Siguen los incendios en las islas entrerrianas
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Piden más control y prevención sobre los incendios en las islas frente a Rosario
Fecha de Publicación: 13/02/2020
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Santa Fe - Entre Ríos
Los incendios en la zona de las islas entrerrianas frente a Rosario volvieron a producirse en los últimos días. Estas quemas pueden traer problemas en esa región y también en la vecina, de nuestra provincia del otro lado del Paraná. Un tema que parece no terminar de resolverse.
Las quemas producidas en los últimos días en las islas frente a Rosario volvieron a poner en agenda un tema que parecía ya olvidado. Los incendios frente a la ciudad más poblada de la provincia perjudican a una cantidad de actores vasta: la fauna, la flora, los pobladores, los transeúntes, los turistas y también los habitantes de la Cuna de la Bandera.
La ONG Taller Ecologista, que tiene sede en Rosario, trabaja desde hace lustros la temática de la conservación de ese gran reservorio natural que pertenece a la jurisdicción de Victoria, en Entre Ríos. Un territorio grande formado por grandes extensiones de tierra y también de agua.
Laura Prol, coordinadora del área Humedales de la institución, dialogó con Mirador Provincial sobre la actualidad de esas extensiones vecinas a nuestra provincia. Con respecto a las novedades, aseguró: "Sabemos por los medios que la vicegobernadora de Entre Ríos (Laura Stratta) se comprometió con el intendente de Victoria (Domingo Maiocco) a desarrollar acciones en el territorio de las islas para mejorar la gestión en el municipio".
Sobre los incidentes en este 2020, Prol afirmó: "Nuestra organización viene trabajando desde hace varios años en el delta del Paraná. Los incendios provocados por quemas de pastizales se verifican desde 2004 y están vinculados a la expansión ganadera. De ahí en adelante se sucedieron una serie de episodios de incendios. El más importante fue en 2008, que se estima se quemó un 16 por ciento de toda la superficie del delta". Tras esos episodios, se alcanzó un acuerdo entre Santa Fe, Entre Ríos y Nación para armar un plan de desarrollo estratégico y de conservación del delta. "Eso se concretó con respecto a las quemas en acciones de monitoreo y control de los incendios", agregó Laura. "Lo que funcionó luego de esos grandes incendios ya no está funcionando porque se siguen repitiendo. Victoria no puede controlar la situación. Por eso, lo que pedimos es que nuevamente las dos provincias, Nación y los municipios logren mecanismos coordinados para manejar esta situación".
Ley pendiente
Desde 2014 existe un plan que establece lineamientos de manejo y conservación. No obstante, está pendiente una ley de presupuestos mínimos de protección de humedales, según comentó Prol. "Eso sí es fundamental. Hubo una serie de iniciativas de presupuestos mínimos, pero finalmente no se sancionó".
Consecuencias en la salud
Los incendios más perjudiciales se produjeron en 2008. Allí hubo gente que sufrió problemas en Rosario, pero los problemas más graves los tuvieron los habitantes de la zona rural. "Hubo gente que tenía afectaciones. Sobre todo respiratorias. No solamente de los rosarinos, sino también de los pobladores de las islas, que están al lado de las columnas de fuego y de humo. Ellos nos contaban que habían tenido problemas de salud importantes. Algunos tuvieron que ser hospitalizados. Si son situaciones que se agravan, van a tener un impacto", subrayó la activista.
"En el departamento de Victoria, en pocos años se quintuplicó la actividad ganadera -dijo Prol-. Las quemas son una práctica tradicional de manejo de los pastizales naturales. Esas quemas se solían hacer al final del invierno y al comienzo de la primavera para la renovación de los pastos. Con el crecimiento de la actividad ganadera y el uso de estas técnicas, se desembocó en esos grandes incendios. Al día de hoy, vemos que se repiten".
Laura Prol consignó que 2008 fue un año con escasas precipitaciones y que éste también lo es. "Nos encontramos en un período de aguas bajas desde hace muchos meses. Entonces es un ambiente propicio para la propagación de incendios". Por último, resaltó la tarea de concientización y prevención sobre esta temática. "Eso nos comprende a todos", afirmó.
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Fecha de Publicación: 13/02/2020
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Santa Fe - Entre Ríos
Los incendios en la zona de las islas entrerrianas frente a Rosario volvieron a producirse en los últimos días. Estas quemas pueden traer problemas en esa región y también en la vecina, de nuestra provincia del otro lado del Paraná. Un tema que parece no terminar de resolverse.
Las quemas producidas en los últimos días en las islas frente a Rosario volvieron a poner en agenda un tema que parecía ya olvidado. Los incendios frente a la ciudad más poblada de la provincia perjudican a una cantidad de actores vasta: la fauna, la flora, los pobladores, los transeúntes, los turistas y también los habitantes de la Cuna de la Bandera.
La ONG Taller Ecologista, que tiene sede en Rosario, trabaja desde hace lustros la temática de la conservación de ese gran reservorio natural que pertenece a la jurisdicción de Victoria, en Entre Ríos. Un territorio grande formado por grandes extensiones de tierra y también de agua.
Laura Prol, coordinadora del área Humedales de la institución, dialogó con Mirador Provincial sobre la actualidad de esas extensiones vecinas a nuestra provincia. Con respecto a las novedades, aseguró: "Sabemos por los medios que la vicegobernadora de Entre Ríos (Laura Stratta) se comprometió con el intendente de Victoria (Domingo Maiocco) a desarrollar acciones en el territorio de las islas para mejorar la gestión en el municipio".
Sobre los incidentes en este 2020, Prol afirmó: "Nuestra organización viene trabajando desde hace varios años en el delta del Paraná. Los incendios provocados por quemas de pastizales se verifican desde 2004 y están vinculados a la expansión ganadera. De ahí en adelante se sucedieron una serie de episodios de incendios. El más importante fue en 2008, que se estima se quemó un 16 por ciento de toda la superficie del delta". Tras esos episodios, se alcanzó un acuerdo entre Santa Fe, Entre Ríos y Nación para armar un plan de desarrollo estratégico y de conservación del delta. "Eso se concretó con respecto a las quemas en acciones de monitoreo y control de los incendios", agregó Laura. "Lo que funcionó luego de esos grandes incendios ya no está funcionando porque se siguen repitiendo. Victoria no puede controlar la situación. Por eso, lo que pedimos es que nuevamente las dos provincias, Nación y los municipios logren mecanismos coordinados para manejar esta situación".
Ley pendiente
Desde 2014 existe un plan que establece lineamientos de manejo y conservación. No obstante, está pendiente una ley de presupuestos mínimos de protección de humedales, según comentó Prol. "Eso sí es fundamental. Hubo una serie de iniciativas de presupuestos mínimos, pero finalmente no se sancionó".
Consecuencias en la salud
Los incendios más perjudiciales se produjeron en 2008. Allí hubo gente que sufrió problemas en Rosario, pero los problemas más graves los tuvieron los habitantes de la zona rural. "Hubo gente que tenía afectaciones. Sobre todo respiratorias. No solamente de los rosarinos, sino también de los pobladores de las islas, que están al lado de las columnas de fuego y de humo. Ellos nos contaban que habían tenido problemas de salud importantes. Algunos tuvieron que ser hospitalizados. Si son situaciones que se agravan, van a tener un impacto", subrayó la activista.
"En el departamento de Victoria, en pocos años se quintuplicó la actividad ganadera -dijo Prol-. Las quemas son una práctica tradicional de manejo de los pastizales naturales. Esas quemas se solían hacer al final del invierno y al comienzo de la primavera para la renovación de los pastos. Con el crecimiento de la actividad ganadera y el uso de estas técnicas, se desembocó en esos grandes incendios. Al día de hoy, vemos que se repiten".
Laura Prol consignó que 2008 fue un año con escasas precipitaciones y que éste también lo es. "Nos encontramos en un período de aguas bajas desde hace muchos meses. Entonces es un ambiente propicio para la propagación de incendios". Por último, resaltó la tarea de concientización y prevención sobre esta temática. "Eso nos comprende a todos", afirmó.
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Minería en Malargüe, otro dolor de cabeza para el Atuel
Presionan por minería al sur del Atuel
Fecha de Publicación: 13/02/2020
Fuente: La Arena
Provincia/Región: Mendoza - La Pampa
Desde la provincia de Mendoza continúan con el manejo unilateral de los recursos hídricos que son interprovinciales y ahora insisten en avanzar con la minería contaminante, por fuera de los alcances de la ley provincial 7722, en la cuenca del río Atuel, lo cual representa un importante peligro para el medio ambiente.
En este caso el que alzó la voz fue el intendente de Malargüe, Juan Manuel Ojeda, quien ratificó su postura de que la comuna sea excluida de los alcances de la ley 7722 e insistió en hacer minería hacia el sur de la cuenca del río Atuel. Además, consideró que con el gobernador Rodolfo Suárez «vamos a tener Portezuelo».
Ojeda remarcó que desde el municipio «seguimos buscando que Malargüe pueda ser excluido de los alcances de la 7722, por supuesto invitando a los intendentes de General Alvear y San Rafael, a que podamos ordenar la cuenca del Atuel».
En ese sentido, se mostró «convencido» de que «hay que aplicar la 7722 en esa cuenca y hacia el sur que se pueda hacer minería. Los dirigentes tenemos que ser racionales y no fanáticos».
«Malargüe tiene que ser una prueba piloto de la provincia para demostrar que se puede hacer minería con los controles y la tecnología que esté y demás. Por otro lado, yo estoy convencido de que Malargüe va a ser dentro de poco, un departamento petrolero, minero, agropecuario, turístico», afirmó en una entrevista con el diario mendocino Los Andes.
A su vez, aclaró que aún no le ha planteado la propuesta a Suárez, aunque anticipó que ha dialogado con legisladores. «Creo que el gobernador tomó una decisión y lo acompaño porque en ese momento la sociedad le dijo que no, del Atuel hacia arriba. Del Atuel hacia abajo no fue así, con lo cual tenemos que seguir dando la batalla. En definitiva el Poder Legislativo es el que tiene que avanzar con este ordenamiento y nosotros mostrar gestos de dialogo», indicó.
Cuestión ambiental
Ojeda afirmó que mantiene una excelente relación con el intendente de General Alvear, Walter Marcolini y, al ser consultado si esta cercanía permitirá llegar a un entendimiento por la minería al sur de la cuenca del Atuel, aseveró: «Los malargüinos ya ofrecimos todo lo que podíamos ofrecer. Hemos mostrado generosidad y una visión sobre el tema. Ahora, si Mendoza o Alvear y San Rafael dicen que no a esa idea, están ensañados con Malargüe».
«Ya no pasa por una cuestión ambiental, pasa por una cuestión salarial, que es distinto. Entiendo que el agua de la cuenca no se toca, ahora el resto de Malargüe no afecta a la provincia», agregó.
Ojeda destacó que «nuestro pueblo creció en base a la minería y el que tiene la posibilidad de conocer Malargüe, sabe que tiene una calidad ambiental inmejorable. Antes de ser petrolero, fue minero y ganadero».
«Tuvo minas de plomo, zinc, fluorita, oro, uranio, asfaltita, entre otros minerales. Eso ya se explotó sin los controles y no ves nada contaminado. Hoy, hay que poner la tecnología, el conocimiento, las instituciones, al servicio del desarrollo de Mendoza y del desarrollo de Malargüe», sostuvo.
«Dejar la politiquería»
El jefe comunal ratificó su intención de que lograr «trabajo» y «desarrollo» con un «departamento esté limpio». En ese sentido, opinó que «el compromiso ambiental que ha tenido Malargüe no lo han tenido otros departamentos. Yo paso por algunos ríos de Alvear y los mismos vecinos tiran basura al costado».
Sin embargo, en sus declaraciones deslizó un pequeño detalle: Malargüe no consume el agua del Atuel. «Generemos un control y un compromiso ambiental, si el más interesado en cuidar el Atuel son San Rafael y Alvear, porque Malargüe no consume agua de ese río. Dejemos de simplificar las discusiones en politiquerío barato, como normalmente se dice», disparó.
Portezuelo
En otro tramo de la entrevista, Ojeda destacó las gestiones de gobernadores anteriores, quienes mantuvieron una postura de manejo unilateral y de despojo del cauce a la provincia de La Pampa. «Alfredo Cornejo duplicó la cantidad de gas en Malargüe; renovó las concesiones de áreas petroleras, reguló el fracking, tuvimos la apertura de la carga pesada por el paso Pehuenche. Fue, lejos, el que más peleó por Malargüe».
A su vez, en relación a la obra de Portezuelo del Viento, destacó la figura de Julio Cobos y de Cornejo porque, a pesar de la resistencia de La Pampa, Buenos Aires y Neuquén, la construcción de la represa «va a ser una realidad gracias a él y a Cornejo».
Finalmente, opinó sobre la gestión del actual gobernador y afirmó: «Tengo fe que va a gobernar sin tanto centralismo. Creo que con Suárez van a salir las cloacas y vamos a tener Portezuelo».
Atuel no pero Grande sí
Las expresiones del intendente de Malargüe dejaron entrever que la única preocupación es no contaminar el cauce del río Atuel. Sin embargo, si la minería contaminante avanza corre riesgo el agua del río Grande, uno de los principales afluentes del río Colorado.
«Entiendo que el agua de la cuenca (del Atuel) no se toca», señaló Ojeda en relación a la necesidad de generar, junto a San Rafael y General Alvear, «un control y un compromiso ambiental», debido a que esas localidades son «las más interesadas en cuidar el Atuel», porque «Malargüe no consume agua de ese río».
Por estos motivos, su intención es avanzar con la minería al sur de la cuenca, donde se encuentra el río Grande. Esto representa otra contradicción, debido a que el gobierno de Mendoza actualmente está obsesionado con la idea de avanzar en la construcción de Portezuelo del Viento, con lo que se efectivizará el trasvase del Grande al Atuel.
Por estos motivos, si el agua del río Grande se ve afectada por la minería contaminante, el cauce del Atuel también podría sufrir la misma suerte.
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Fecha de Publicación: 13/02/2020
Fuente: La Arena
Provincia/Región: Mendoza - La Pampa
Desde la provincia de Mendoza continúan con el manejo unilateral de los recursos hídricos que son interprovinciales y ahora insisten en avanzar con la minería contaminante, por fuera de los alcances de la ley provincial 7722, en la cuenca del río Atuel, lo cual representa un importante peligro para el medio ambiente.
En este caso el que alzó la voz fue el intendente de Malargüe, Juan Manuel Ojeda, quien ratificó su postura de que la comuna sea excluida de los alcances de la ley 7722 e insistió en hacer minería hacia el sur de la cuenca del río Atuel. Además, consideró que con el gobernador Rodolfo Suárez «vamos a tener Portezuelo».
Ojeda remarcó que desde el municipio «seguimos buscando que Malargüe pueda ser excluido de los alcances de la 7722, por supuesto invitando a los intendentes de General Alvear y San Rafael, a que podamos ordenar la cuenca del Atuel».
En ese sentido, se mostró «convencido» de que «hay que aplicar la 7722 en esa cuenca y hacia el sur que se pueda hacer minería. Los dirigentes tenemos que ser racionales y no fanáticos».
«Malargüe tiene que ser una prueba piloto de la provincia para demostrar que se puede hacer minería con los controles y la tecnología que esté y demás. Por otro lado, yo estoy convencido de que Malargüe va a ser dentro de poco, un departamento petrolero, minero, agropecuario, turístico», afirmó en una entrevista con el diario mendocino Los Andes.
A su vez, aclaró que aún no le ha planteado la propuesta a Suárez, aunque anticipó que ha dialogado con legisladores. «Creo que el gobernador tomó una decisión y lo acompaño porque en ese momento la sociedad le dijo que no, del Atuel hacia arriba. Del Atuel hacia abajo no fue así, con lo cual tenemos que seguir dando la batalla. En definitiva el Poder Legislativo es el que tiene que avanzar con este ordenamiento y nosotros mostrar gestos de dialogo», indicó.
Cuestión ambiental
Ojeda afirmó que mantiene una excelente relación con el intendente de General Alvear, Walter Marcolini y, al ser consultado si esta cercanía permitirá llegar a un entendimiento por la minería al sur de la cuenca del Atuel, aseveró: «Los malargüinos ya ofrecimos todo lo que podíamos ofrecer. Hemos mostrado generosidad y una visión sobre el tema. Ahora, si Mendoza o Alvear y San Rafael dicen que no a esa idea, están ensañados con Malargüe».
«Ya no pasa por una cuestión ambiental, pasa por una cuestión salarial, que es distinto. Entiendo que el agua de la cuenca no se toca, ahora el resto de Malargüe no afecta a la provincia», agregó.
Ojeda destacó que «nuestro pueblo creció en base a la minería y el que tiene la posibilidad de conocer Malargüe, sabe que tiene una calidad ambiental inmejorable. Antes de ser petrolero, fue minero y ganadero».
«Tuvo minas de plomo, zinc, fluorita, oro, uranio, asfaltita, entre otros minerales. Eso ya se explotó sin los controles y no ves nada contaminado. Hoy, hay que poner la tecnología, el conocimiento, las instituciones, al servicio del desarrollo de Mendoza y del desarrollo de Malargüe», sostuvo.
«Dejar la politiquería»
El jefe comunal ratificó su intención de que lograr «trabajo» y «desarrollo» con un «departamento esté limpio». En ese sentido, opinó que «el compromiso ambiental que ha tenido Malargüe no lo han tenido otros departamentos. Yo paso por algunos ríos de Alvear y los mismos vecinos tiran basura al costado».
Sin embargo, en sus declaraciones deslizó un pequeño detalle: Malargüe no consume el agua del Atuel. «Generemos un control y un compromiso ambiental, si el más interesado en cuidar el Atuel son San Rafael y Alvear, porque Malargüe no consume agua de ese río. Dejemos de simplificar las discusiones en politiquerío barato, como normalmente se dice», disparó.
Portezuelo
En otro tramo de la entrevista, Ojeda destacó las gestiones de gobernadores anteriores, quienes mantuvieron una postura de manejo unilateral y de despojo del cauce a la provincia de La Pampa. «Alfredo Cornejo duplicó la cantidad de gas en Malargüe; renovó las concesiones de áreas petroleras, reguló el fracking, tuvimos la apertura de la carga pesada por el paso Pehuenche. Fue, lejos, el que más peleó por Malargüe».
A su vez, en relación a la obra de Portezuelo del Viento, destacó la figura de Julio Cobos y de Cornejo porque, a pesar de la resistencia de La Pampa, Buenos Aires y Neuquén, la construcción de la represa «va a ser una realidad gracias a él y a Cornejo».
Finalmente, opinó sobre la gestión del actual gobernador y afirmó: «Tengo fe que va a gobernar sin tanto centralismo. Creo que con Suárez van a salir las cloacas y vamos a tener Portezuelo».
Atuel no pero Grande sí
Las expresiones del intendente de Malargüe dejaron entrever que la única preocupación es no contaminar el cauce del río Atuel. Sin embargo, si la minería contaminante avanza corre riesgo el agua del río Grande, uno de los principales afluentes del río Colorado.
«Entiendo que el agua de la cuenca (del Atuel) no se toca», señaló Ojeda en relación a la necesidad de generar, junto a San Rafael y General Alvear, «un control y un compromiso ambiental», debido a que esas localidades son «las más interesadas en cuidar el Atuel», porque «Malargüe no consume agua de ese río».
Por estos motivos, su intención es avanzar con la minería al sur de la cuenca, donde se encuentra el río Grande. Esto representa otra contradicción, debido a que el gobierno de Mendoza actualmente está obsesionado con la idea de avanzar en la construcción de Portezuelo del Viento, con lo que se efectivizará el trasvase del Grande al Atuel.
Por estos motivos, si el agua del río Grande se ve afectada por la minería contaminante, el cauce del Atuel también podría sufrir la misma suerte.
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La RAMCC de asamblea en Bariloche
Se realizará una nueva asamblea de intendentes frente al cambio climático
Fecha de Publicación: 13/02/2020
Fuente: Impulso Negocios
Provincia/Región: Nacional
La tercera edición de la Asamblea Nacional de Intendentes de la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático (RAMCC) tendrá lugar a principios de abril, en la ciudad rionegrina de San Carlos de Bariloche. Allí los jefes comunales compartirán experiencias y analizarán proyectos para el cuidado del ambiente.
En tanto, la cumbre, según los organizadores de la Municipalidad barilochense, se llevará a cabo entre el viernes 3 y el sábado 4 de abril en el salón BEC (Bariloche Eventos y Convenciones).
A su vez, los organizadores informaron que en esta nueva edición de la asamblea de la RAMCC habrá reuniones de trabajo entre las decenas de intendentes que participen. La idea de los encuentros es planificar acciones climáticas, renovar el Consejo de Intendentes, aprobar la memoria y balance anual, entre otras actividades.
Por otro lado, la asamblea contará con conferencias de especialistas regionales e internacionales, acto de entrega de reconocimientos y la presentación de proyectos ambientales de la ciudad sede.
Los organizadores indicaron que cincuenta municipios de distintas provincias ya confirmaron su participación, mientras que continuaban las invitaciones a todas las comunas que integran la red.
En ese sentido, según pudo averiguar Impulso, la ciudad de Rosario, que fue sede de la asamblea en el año 2018, continúa siendo parte de la red y fue invitada a la edición 2020, aunque aún no hay confirmación de la participación del intendente Pablo Javkin en el evento.
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Fecha de Publicación: 13/02/2020
Fuente: Impulso Negocios
Provincia/Región: Nacional
La tercera edición de la Asamblea Nacional de Intendentes de la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático (RAMCC) tendrá lugar a principios de abril, en la ciudad rionegrina de San Carlos de Bariloche. Allí los jefes comunales compartirán experiencias y analizarán proyectos para el cuidado del ambiente.
En tanto, la cumbre, según los organizadores de la Municipalidad barilochense, se llevará a cabo entre el viernes 3 y el sábado 4 de abril en el salón BEC (Bariloche Eventos y Convenciones).
A su vez, los organizadores informaron que en esta nueva edición de la asamblea de la RAMCC habrá reuniones de trabajo entre las decenas de intendentes que participen. La idea de los encuentros es planificar acciones climáticas, renovar el Consejo de Intendentes, aprobar la memoria y balance anual, entre otras actividades.
Por otro lado, la asamblea contará con conferencias de especialistas regionales e internacionales, acto de entrega de reconocimientos y la presentación de proyectos ambientales de la ciudad sede.
Los organizadores indicaron que cincuenta municipios de distintas provincias ya confirmaron su participación, mientras que continuaban las invitaciones a todas las comunas que integran la red.
En ese sentido, según pudo averiguar Impulso, la ciudad de Rosario, que fue sede de la asamblea en el año 2018, continúa siendo parte de la red y fue invitada a la edición 2020, aunque aún no hay confirmación de la participación del intendente Pablo Javkin en el evento.
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Glifosato en el agua de lluvia
Encuentran glifosato en agua de lluvia en la provincia de Buenos Aires
Fecha de Publicación: 12/02/2020
Fuente: Notas Periodismo Popular
Provincia/Región: Buenos Aires
Investigadoras de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) dieron a conocer el resultado de un estudio que reveló la presencia de este elemento contaminante en la localidad de Coronel Suárez. Aclararon que todavía no llegó a las napas subterráneas.
El Espacio Multidisciplinario de Interacción Socio Ambiental (EMISA) de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) señaló que, luego de realizar un estudio en la localidad bonaerense de Coronel Suárez, descubrieron la presencia de glifosato en el agua de lluvia. La investigación fue encabezada por Carina Apartín (licenciada en Bioquímica), Constanza Bernasconi y Agustina Etchegoyen (licenciadas en Química).
Desde hace años que el EMISA viene trabajando “sobre la problemática del uso de agrotóxicos, principalmente desde el enfoque ambiental”, según detalló el portal Periferia. Puntualmente estudian “la contaminación de los agrotóxicos en el agua, el suelo y en distintos escenarios: en ambiente rural, las ciudades, en escenarios de mayor riesgo como pueden ser las escuelas rurales fumigadas”.
En lo que respecta a la investigación llevada a cabo en Coronel Suárez, las científicas apuntaron que detectaron la presencia del glifosato que es “aplicado en el suelo, en diferentes etapas” en otros lugares como “en el agua de lluvia”. “Por suerte, no todavía en el agua subterránea”, destacaron.
No obstante sostuvieron que debido a “las cantidades que se están aplicando” no se descarta que “en algún momento” aparezca también en las napas.
Asimismo explicaron que “este trabajo estuvo dedicado a herbicidas, más que nada la presencia de glifosato y su metabolito, metal ampa, en donde en Coronel Suárez se detectó este elemento”. Pero también apareció en otros lugares “tanto en la provincia de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires”.
Finalmente remarcaron que “no hay regulaciones específicas” y tampoco se cuenta “con niveles guía” para este tipo de casos.
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Fecha de Publicación: 12/02/2020
Fuente: Notas Periodismo Popular
Provincia/Región: Buenos Aires
Investigadoras de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) dieron a conocer el resultado de un estudio que reveló la presencia de este elemento contaminante en la localidad de Coronel Suárez. Aclararon que todavía no llegó a las napas subterráneas.
El Espacio Multidisciplinario de Interacción Socio Ambiental (EMISA) de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) señaló que, luego de realizar un estudio en la localidad bonaerense de Coronel Suárez, descubrieron la presencia de glifosato en el agua de lluvia. La investigación fue encabezada por Carina Apartín (licenciada en Bioquímica), Constanza Bernasconi y Agustina Etchegoyen (licenciadas en Química).
Desde hace años que el EMISA viene trabajando “sobre la problemática del uso de agrotóxicos, principalmente desde el enfoque ambiental”, según detalló el portal Periferia. Puntualmente estudian “la contaminación de los agrotóxicos en el agua, el suelo y en distintos escenarios: en ambiente rural, las ciudades, en escenarios de mayor riesgo como pueden ser las escuelas rurales fumigadas”.
En lo que respecta a la investigación llevada a cabo en Coronel Suárez, las científicas apuntaron que detectaron la presencia del glifosato que es “aplicado en el suelo, en diferentes etapas” en otros lugares como “en el agua de lluvia”. “Por suerte, no todavía en el agua subterránea”, destacaron.
No obstante sostuvieron que debido a “las cantidades que se están aplicando” no se descarta que “en algún momento” aparezca también en las napas.
Asimismo explicaron que “este trabajo estuvo dedicado a herbicidas, más que nada la presencia de glifosato y su metabolito, metal ampa, en donde en Coronel Suárez se detectó este elemento”. Pero también apareció en otros lugares “tanto en la provincia de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires”.
Finalmente remarcaron que “no hay regulaciones específicas” y tampoco se cuenta “con niveles guía” para este tipo de casos.
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“Si estás en la playa, que el mar suene más”
Volver a oír el mar: Las Grutas debate sobre la contaminación sonora
Fecha de Publicación: 12/02/2020
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Nacional
Esta temporada se viralizó una campaña que instaló la discusión sobre una costumbre que no permite escuchar los sonidos propios de este paisaje.
Sentarse a orillas del mar, y poder escucharlo. Que sólo sea el ruido de las olas el que se imponga, y no la música que a todo volumen escucha a través de un parlante el turista que se instaló al lado. O el voceo de los vendedores ambulantes. O la canción que suena una y otra vez desde un parador.
Ésa parece ser una misión imposible durante el verano. Pero, en esta temporada, el asunto estalló. “Es que cada vez hay más gente que baja con sus propios parlantes a la playa. Y la contaminación sonora se convirtió en un problema que está en boca de todos”, señaló Alicia Paugest (JSRN), la presidenta del Concejo Deliberante de la actual gestión municipal, que asumió hace poco más de un mes.
“Hace bastante que se habla de sonidos invasivos. De hecho, existen antiguas ordenanzas que los regulan, pero que no estaban siendo aplicadas. Y las molestias son cada vez más notorias. Por caso, unos vecinos del balneario nos acercaron hace unos días una nota pidiendo que hagamos algo con respecto a los paradores que por la noche funcionan como boliches. Porque la música sigue a todo volumen incluso cuando la actividad termina, ya que los chicos se quedan en la costanera o en la orilla, con sus parlantes personales a todo lo que dan” amplió Paugest.
Intangible
El tema, sin embargo, no es de fácil abordaje. “Lo que pasa es que el sonido es algo intangible, y la gente tal vez no registra que está invadiendo al otro. Si yo llegara con un balde de agua y mojara a otro turista, quedaría en claro mi actitud desubicada y agresiva. Pero algunos no ven que llegar y plantar un parlante con la música ‘al taco’ es tan violento como lo que puse de ejemplo. Porque no sólo escucharé yo, sino que aturdiré al que está leyendo cerca mío, o al que, simplemente, quiere estar tranquilo disfrutando del mar, sin que nadie le musicalice la experiencia”.
La que comparte estas reflexiones es Úrsula Riso, una diseñadora gráfica que vive en Santa Teresita, la localidad del partido de la costa, en la Provincia de Buenos Aires.
Ella es la creadora de un cartel que este verano se viralizó por redes sociales. Y, sin proponérselo, visibilizó un tema que molestaba a muchos.
Que suene fuerte
“Si estás en la playa, que el mar suene más”, reza el letrero, que tiene dibujado un parlante con una línea roja que lo cruza.
Esa campaña golpeó fuerte aquí en Las Grutas, donde la que se compartió a través de Facebook o estados de Whatsapp fue una versión menos elegante del mismo cartel. Una que dice “Si vas a la playa, metete el parlante en el oje…” y, más abajo, con letras pequeñas, agrega “o ponelo bajito pa’ que escuches vos, tu familia, amigos, novie, amante, perrito, etc…”
Varios de los que veranean en la villa coinciden con la contundencia del letrero.
“Es difícil encontrar un lugar donde estar tranquila- contó Laura, una turista de Neuquén que suele visitar las playas del balneario-Antes era más fácil, te alejabas de los paradores si no querías bullicio. Tal vez los vendedores ambulantes podían molestar un poco si estabas en una playa céntrica. Pero ahora es casi imposible. Vayas donde vayas, puede bajar alguien con un parlante enorme que te enloquece con música que vos no tenés ganas de escuchar, se lamentó la mujer.
“Es algo que vamos a abordar de manera integral, consultando a todos los actores involucrados, y planteando una campaña de concientización” prometió, por su parte, la concejal Paugest. “Asumimos con la temporada en marcha-agregó - pero a partir de abril vamos a abocarnos al tema, para que el próximo verano sea diferente-aseguró-Porque es una problemática sobre la que nos están reclamando desde distintos sectores” finalizó la edil.
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El mar Vs. los parlantes, un mensaje que hizo ruido
Comenzó en una playa lejana a estas costas, en Santa Teresita, provincia de Buenos Aires. Pero, rápidamente, el pedido de que el mar suene más que los parlantes se hizo viral, y pegó fuerte en Las Grutas, donde la leyenda invadió perfiles de Facebook y estados de whatsapp.
Hoy, su reclamo, encarna al de gran parte de la gente que vacaciona en lugares de playa.
"Pegó tanto porque evidentemente esta moda de llevar la música a todos lados colmó el vaso. Eso se sumó a todos los sonidos que ya contaminaban, y, ahora, estar junto al mar dejó de ser lo que era”, consideró la chica.
“El 11 de enero subí la gráfica, que se me ocurrió para concientizar a la gente sobre esta moda de escuchar música a todo volumen cuando baja con sus parlantes a la playa. Pero, evidentemente, que eso cambie era el deseo de muchos. Por eso el posteo explotó”, contó Úrsula Riso, la diseñadora que creó el letrero.
Como en su ciudad tiene una escuelita de surf solidaria, esto le sirvió para apoyar su emprendimiento. “Los que me conocen me pidieron una impresión del cartel. Lo que obtuve, a modo de contribución, fue para equipar de elementos a la escuelita, a la que ya van más de 50 chicos” , detalló, con orgullo. “Espero que el letrero sirva para generar conciencia”.
¿Se vienen las playas sectorizadas?
Las nuevas tendencias y costumbres hacen que el uso del espacio público esté en constante discusión. Y eso es más notorio en la playa, que en plena temporada concentra a un público masivo.
Por eso, para que la gente conviva en un marco de respeto, pero sin resignar su forma de interactuar al aire libre, crear espacios diferenciados es una de las posibilidades que, en breve, entraría en discusión.
“Todavía no tenemos nada definido, porque será un tema que abordaremos en lo sucesivo. Pero crear sectores en algunos balnearios será una opción para tener en cuenta, y poner en consideración. No sólo para los que quieran bajar, por caso, con parlantes para escuchar su propia música. Sino para aquellos que, por ejemplo, tengan mascotas, y quieran bajar a la orilla con perros de razas no peligrosas” manifestó Alicia Paugest (JSRN), la presidenta del Concejo Deliberante local.
Con respecto a la contaminación sonora, explicó que “existen ordenanzas de gestiones anteriores con regulaciones definidas, que impiden el voceo de los vendedores ambulantes, e, incluso, regulan los decibeles admitidos para la música que suena en un parador. Pero hay que revisar y actualizar esas normas y definir su abordaje con las áreas que se deben ocupar del control. Además de invertir, por ejemplo, en los elementos necesarios para medir decibeles, que en este momento no existen en el municipio”, sostuvo la edil.
Cabe destacar que, este año, en algunas provincias por la moda que se popularizó entre los más jóvenes de bajar a la playa con parlantes y bebidas alcohólicas para montar sus propias fiestas al aire libre, se establecieron severos controles.
En Mar del Plata, por caso, el balneario Playa Grande comenzó a aplicar reglas ya existentes que prohíben el consumo de alcohol en espacios públicos, y a controlar los niveles en los que los particulares reproducen su música.
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Fecha de Publicación: 12/02/2020
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Nacional
Esta temporada se viralizó una campaña que instaló la discusión sobre una costumbre que no permite escuchar los sonidos propios de este paisaje.
Sentarse a orillas del mar, y poder escucharlo. Que sólo sea el ruido de las olas el que se imponga, y no la música que a todo volumen escucha a través de un parlante el turista que se instaló al lado. O el voceo de los vendedores ambulantes. O la canción que suena una y otra vez desde un parador.
Ésa parece ser una misión imposible durante el verano. Pero, en esta temporada, el asunto estalló. “Es que cada vez hay más gente que baja con sus propios parlantes a la playa. Y la contaminación sonora se convirtió en un problema que está en boca de todos”, señaló Alicia Paugest (JSRN), la presidenta del Concejo Deliberante de la actual gestión municipal, que asumió hace poco más de un mes.
“Hace bastante que se habla de sonidos invasivos. De hecho, existen antiguas ordenanzas que los regulan, pero que no estaban siendo aplicadas. Y las molestias son cada vez más notorias. Por caso, unos vecinos del balneario nos acercaron hace unos días una nota pidiendo que hagamos algo con respecto a los paradores que por la noche funcionan como boliches. Porque la música sigue a todo volumen incluso cuando la actividad termina, ya que los chicos se quedan en la costanera o en la orilla, con sus parlantes personales a todo lo que dan” amplió Paugest.
Intangible
El tema, sin embargo, no es de fácil abordaje. “Lo que pasa es que el sonido es algo intangible, y la gente tal vez no registra que está invadiendo al otro. Si yo llegara con un balde de agua y mojara a otro turista, quedaría en claro mi actitud desubicada y agresiva. Pero algunos no ven que llegar y plantar un parlante con la música ‘al taco’ es tan violento como lo que puse de ejemplo. Porque no sólo escucharé yo, sino que aturdiré al que está leyendo cerca mío, o al que, simplemente, quiere estar tranquilo disfrutando del mar, sin que nadie le musicalice la experiencia”.
La que comparte estas reflexiones es Úrsula Riso, una diseñadora gráfica que vive en Santa Teresita, la localidad del partido de la costa, en la Provincia de Buenos Aires.
Ella es la creadora de un cartel que este verano se viralizó por redes sociales. Y, sin proponérselo, visibilizó un tema que molestaba a muchos.
Que suene fuerte
“Si estás en la playa, que el mar suene más”, reza el letrero, que tiene dibujado un parlante con una línea roja que lo cruza.
Esa campaña golpeó fuerte aquí en Las Grutas, donde la que se compartió a través de Facebook o estados de Whatsapp fue una versión menos elegante del mismo cartel. Una que dice “Si vas a la playa, metete el parlante en el oje…” y, más abajo, con letras pequeñas, agrega “o ponelo bajito pa’ que escuches vos, tu familia, amigos, novie, amante, perrito, etc…”
Varios de los que veranean en la villa coinciden con la contundencia del letrero.
“Es difícil encontrar un lugar donde estar tranquila- contó Laura, una turista de Neuquén que suele visitar las playas del balneario-Antes era más fácil, te alejabas de los paradores si no querías bullicio. Tal vez los vendedores ambulantes podían molestar un poco si estabas en una playa céntrica. Pero ahora es casi imposible. Vayas donde vayas, puede bajar alguien con un parlante enorme que te enloquece con música que vos no tenés ganas de escuchar, se lamentó la mujer.
“Es algo que vamos a abordar de manera integral, consultando a todos los actores involucrados, y planteando una campaña de concientización” prometió, por su parte, la concejal Paugest. “Asumimos con la temporada en marcha-agregó - pero a partir de abril vamos a abocarnos al tema, para que el próximo verano sea diferente-aseguró-Porque es una problemática sobre la que nos están reclamando desde distintos sectores” finalizó la edil.
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El mar Vs. los parlantes, un mensaje que hizo ruido
Comenzó en una playa lejana a estas costas, en Santa Teresita, provincia de Buenos Aires. Pero, rápidamente, el pedido de que el mar suene más que los parlantes se hizo viral, y pegó fuerte en Las Grutas, donde la leyenda invadió perfiles de Facebook y estados de whatsapp.
Hoy, su reclamo, encarna al de gran parte de la gente que vacaciona en lugares de playa.
"Pegó tanto porque evidentemente esta moda de llevar la música a todos lados colmó el vaso. Eso se sumó a todos los sonidos que ya contaminaban, y, ahora, estar junto al mar dejó de ser lo que era”, consideró la chica.
“El 11 de enero subí la gráfica, que se me ocurrió para concientizar a la gente sobre esta moda de escuchar música a todo volumen cuando baja con sus parlantes a la playa. Pero, evidentemente, que eso cambie era el deseo de muchos. Por eso el posteo explotó”, contó Úrsula Riso, la diseñadora que creó el letrero.
Como en su ciudad tiene una escuelita de surf solidaria, esto le sirvió para apoyar su emprendimiento. “Los que me conocen me pidieron una impresión del cartel. Lo que obtuve, a modo de contribución, fue para equipar de elementos a la escuelita, a la que ya van más de 50 chicos” , detalló, con orgullo. “Espero que el letrero sirva para generar conciencia”.
¿Se vienen las playas sectorizadas?
Las nuevas tendencias y costumbres hacen que el uso del espacio público esté en constante discusión. Y eso es más notorio en la playa, que en plena temporada concentra a un público masivo.
Por eso, para que la gente conviva en un marco de respeto, pero sin resignar su forma de interactuar al aire libre, crear espacios diferenciados es una de las posibilidades que, en breve, entraría en discusión.
“Todavía no tenemos nada definido, porque será un tema que abordaremos en lo sucesivo. Pero crear sectores en algunos balnearios será una opción para tener en cuenta, y poner en consideración. No sólo para los que quieran bajar, por caso, con parlantes para escuchar su propia música. Sino para aquellos que, por ejemplo, tengan mascotas, y quieran bajar a la orilla con perros de razas no peligrosas” manifestó Alicia Paugest (JSRN), la presidenta del Concejo Deliberante local.
Con respecto a la contaminación sonora, explicó que “existen ordenanzas de gestiones anteriores con regulaciones definidas, que impiden el voceo de los vendedores ambulantes, e, incluso, regulan los decibeles admitidos para la música que suena en un parador. Pero hay que revisar y actualizar esas normas y definir su abordaje con las áreas que se deben ocupar del control. Además de invertir, por ejemplo, en los elementos necesarios para medir decibeles, que en este momento no existen en el municipio”, sostuvo la edil.
Cabe destacar que, este año, en algunas provincias por la moda que se popularizó entre los más jóvenes de bajar a la playa con parlantes y bebidas alcohólicas para montar sus propias fiestas al aire libre, se establecieron severos controles.
En Mar del Plata, por caso, el balneario Playa Grande comenzó a aplicar reglas ya existentes que prohíben el consumo de alcohol en espacios públicos, y a controlar los niveles en los que los particulares reproducen su música.
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Biocombustibles complicados por las petroleras
La pelea que faltaba: petroleras vs. biocombustibles
Fecha de Publicación: 12/02/2020
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
La ley de 2006 establece un corte con los combustibles verdes de 12% en naftas y 10% en gasoil. Los productores se quejan por insumos dolarizados, un precio congelado y demoras en los pagos por parte de las petroleras. Temen el fin del régimen.
Cuando Argentina comenzó a tomar conciencia del cambio climático nacieron los incentivos para ir desterrando los combustibles fósiles. En 2006 salió la ley y desde entonces poner la caña de azúcar, el maíz o la soja en el tanque del auto dejó de ser una rareza. No fue fácil alumbrar una norma que exige que el 12% se complete con bioetanol (proviene del maíz y la caña) en el caso de las naftas y el 10% de biodiesel (de soja) en el gasoil. Ese corte se transformó en uno de los principales alicientes para la industria azucarera del Norte y un impulso a expandir la frontera agrícola. Hay otros países que marcaron el paso como Brasil y van mucho más allá. Pero por acá la resistencia de las petroleras en perder porciones del negocio hace temer la marcha atrás del régimen que vence en mayo de 2021.
En este mientras tanto, hay quejas por el precio que perciben los combustibles verdes. Todo iba viento en popa hasta que el ex Shell y ex ministro de Energía Juan José Aranguren, les cambió la fórmula. En 2006 el precio del litro de biocombustible equivalía a un dólar. Hoy se paga $ 29,80 en el caso del bioetanol y $ 45 en el biodiesel. En Brasil lo mantienen a un dólar el litro. Y aquí sostienen que las petroleras ganan en base a su aporte ya que lo cobran al público muy por encima de esos valores.
De acuerdo a un estudio de la cámara sectorial, desde abril de 2017 el índice de precios mayorista creció 201%, el de las naftas, 159%, el del etanol en base a maíz 107% mientras que el que se produce con caña, subió 98%. Del lado de las petroleras reprochan las ventajas impositivas de los biocombustibles exentos del impuesto específico que ellas tributan y que llega al 21% en el caso de la nafta súper. Argumentan que el costo fiscal de mantener el régimen es “enorme”.
Por cierto, desde 2006 se desarrolló una industria que admite jugadores de todo tamaño. Rápidamente generaron una enorme capacidad de producción que encuentra una salida relativa en la exportación. El biodiesel se envía a Europa, gracias a una cuota de 1,2 millones de toneladas anuales que abrió Bruselas tras una larga disputa. No alcanza. La capacidad ociosa de la industria llega al 50%, señaló Claudio Molina de la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno.
En cuanto al etanol de caña, los principales productores son el Grupo Los Balcanes ( familia Rocchia Ferro), Tabacal de la estadounidense Seaboard y Ledesma (Blaquier). En el maíz, la cooperativa Aca, Aceitera General Deheza (Urquía), Bunge y la caída en desgracia Vicentín, de la familia con el mismo nombre.
Quienes comenzaron a hacer pública la situación fueron los ingenios: tienen de aliado al gobierno de Tucumán que, con 15 ingenios, produce el 65% del azúcar del país. En Salta se cosecha otro 10% y en Jujuy, el 25% restante. Se trata de un sector que ocupa a 40.000 personas y es por lejos el principal empleador privado en el NOA. A su vez, el horizonte para el cultivo de azúcar pinta complicado. La actividad quedó excluida del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur y por tanto no se puede embarcar al viejo continente ya que le aplica un arancel de 500% para defender su azúcar de remolacha. Y si bien Argentina sigue dulce gracias a la cuota con que la beneficia EE.UU., en la que se paga US$ 450 la tonelada, el doble que en cualquier otro destino, el volumen de esos embarques es pequeño.
A todo esto, los trabajadores ven peligrar sus puestos. El Secretario de la Federación que los agrupa (FASiPeGyBio), Pedro Milla, advierte: “Están cerrando fábricas. Las pymes compran sus insumos en dólares pero no pueden trasladarlo al regirse por el precio fijado por la Secretaría de Energía. Para colmo, las petroleras adquieren el biodiésel en pesos y lo pagan a los 45 días de la entrega, sin ningún ajuste por el costo financiero” explicó.
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Fecha de Publicación: 12/02/2020
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
La ley de 2006 establece un corte con los combustibles verdes de 12% en naftas y 10% en gasoil. Los productores se quejan por insumos dolarizados, un precio congelado y demoras en los pagos por parte de las petroleras. Temen el fin del régimen.
Cuando Argentina comenzó a tomar conciencia del cambio climático nacieron los incentivos para ir desterrando los combustibles fósiles. En 2006 salió la ley y desde entonces poner la caña de azúcar, el maíz o la soja en el tanque del auto dejó de ser una rareza. No fue fácil alumbrar una norma que exige que el 12% se complete con bioetanol (proviene del maíz y la caña) en el caso de las naftas y el 10% de biodiesel (de soja) en el gasoil. Ese corte se transformó en uno de los principales alicientes para la industria azucarera del Norte y un impulso a expandir la frontera agrícola. Hay otros países que marcaron el paso como Brasil y van mucho más allá. Pero por acá la resistencia de las petroleras en perder porciones del negocio hace temer la marcha atrás del régimen que vence en mayo de 2021.
En este mientras tanto, hay quejas por el precio que perciben los combustibles verdes. Todo iba viento en popa hasta que el ex Shell y ex ministro de Energía Juan José Aranguren, les cambió la fórmula. En 2006 el precio del litro de biocombustible equivalía a un dólar. Hoy se paga $ 29,80 en el caso del bioetanol y $ 45 en el biodiesel. En Brasil lo mantienen a un dólar el litro. Y aquí sostienen que las petroleras ganan en base a su aporte ya que lo cobran al público muy por encima de esos valores.
De acuerdo a un estudio de la cámara sectorial, desde abril de 2017 el índice de precios mayorista creció 201%, el de las naftas, 159%, el del etanol en base a maíz 107% mientras que el que se produce con caña, subió 98%. Del lado de las petroleras reprochan las ventajas impositivas de los biocombustibles exentos del impuesto específico que ellas tributan y que llega al 21% en el caso de la nafta súper. Argumentan que el costo fiscal de mantener el régimen es “enorme”.
Por cierto, desde 2006 se desarrolló una industria que admite jugadores de todo tamaño. Rápidamente generaron una enorme capacidad de producción que encuentra una salida relativa en la exportación. El biodiesel se envía a Europa, gracias a una cuota de 1,2 millones de toneladas anuales que abrió Bruselas tras una larga disputa. No alcanza. La capacidad ociosa de la industria llega al 50%, señaló Claudio Molina de la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno.
En cuanto al etanol de caña, los principales productores son el Grupo Los Balcanes ( familia Rocchia Ferro), Tabacal de la estadounidense Seaboard y Ledesma (Blaquier). En el maíz, la cooperativa Aca, Aceitera General Deheza (Urquía), Bunge y la caída en desgracia Vicentín, de la familia con el mismo nombre.
Quienes comenzaron a hacer pública la situación fueron los ingenios: tienen de aliado al gobierno de Tucumán que, con 15 ingenios, produce el 65% del azúcar del país. En Salta se cosecha otro 10% y en Jujuy, el 25% restante. Se trata de un sector que ocupa a 40.000 personas y es por lejos el principal empleador privado en el NOA. A su vez, el horizonte para el cultivo de azúcar pinta complicado. La actividad quedó excluida del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur y por tanto no se puede embarcar al viejo continente ya que le aplica un arancel de 500% para defender su azúcar de remolacha. Y si bien Argentina sigue dulce gracias a la cuota con que la beneficia EE.UU., en la que se paga US$ 450 la tonelada, el doble que en cualquier otro destino, el volumen de esos embarques es pequeño.
A todo esto, los trabajadores ven peligrar sus puestos. El Secretario de la Federación que los agrupa (FASiPeGyBio), Pedro Milla, advierte: “Están cerrando fábricas. Las pymes compran sus insumos en dólares pero no pueden trasladarlo al regirse por el precio fijado por la Secretaría de Energía. Para colmo, las petroleras adquieren el biodiésel en pesos y lo pagan a los 45 días de la entrega, sin ningún ajuste por el costo financiero” explicó.
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Misiones: el Estado autorizó desmontes en tierras indígenas
Denuncian que el Ministerio de Ecología autorizó desmonte en Campo Grande
Fecha de Publicación: 11/02/2020
Fuente: Primera Edición
Provincia/Región: Misiones
Se trata de un área sagrada para los pueblos originarios que forma parte del territorio protegido por la Ley Nacional 26.160. Las comunidades enviaron un recurso para frenar el daño a la selva.
Referentes misioneros del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA) denunciaron la terrible situación vivida durante la mañana de este jueves 6 de febrero cuando, utilizando el cuerpo, un grupo de indígenas logró frenar que máquinas avancen sobre una porción de la selva.
El conflicto se vivió en un área ubicada dentro de Campo Grande y que pertenece a la comunidad de Ka’a Kupe, ubicada en cercanías de la ruta provincial 7. La discusión por estas tierras en realidad está vigente desde el 2019, cuando las comunidades originarias denunciaron que el Ministerio de Ecología de Misiones autorizó el desmonte de las tierras sagradas.
En diálogo con PRIMERA EDICIÓN la coordinadora provincial de ENDEPA, María Josefa “Kiki” Ramírez, señaló que “en abril se cumple un año desde que se comenzó a dialogar sobre estas tierras. Resulta que el Ministerio de Ecología junto a una empresa de Buenos Aires avisaron a la comunidad de los trabajos que se harían en la zona. Ese espacio explotado se encuentra dentro del relevamiento territorial en base a la Ley Nacional 26.160, donde se demarcan los territorios protegidos. Ellos poseen una carpeta técnica con una resolución del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas donde reconocen que ese territorio es de uso público, actual y tradicional de la comunidad”.
Sobre esta resolución de protección territorial, explicó que “si bien no se trata de un título de propiedad, es una herramienta legal que tiene la comunidad para defender ese espacio. Más adelante quizás consigan una titularidad pero quieren que estos lugares conserven el monte y no sean dañados”.
Por otra parte, indicó que “un grupo de unas 20 comunidades originarias de Misiones, recibieron estas carpetas en diciembre pasado. Sin embargo, este pueblo tiene una carpeta técnica hace cerca de tres años, porque fue una de las primeras relevadas en la provincia”.
Ramírez contó que para evitar que se destruya aún más la selva, “se organizaron grupos de personas a un lado y al otro del camino para de esta forma impedir la entrada de los camiones. Los indígenas se plantaron y no dejaron pasar las máquinas. Ellos pusieron el cuerpo, prácticamente arriesgando su vida, ya que el Ministerio de Ecología no estaba haciendo nada”. Además de indígenas de la comunidad de Ka’a Kupe, estuvieron presentes también representantes de Yvy Chi y Ko’eju.
Cuando este grupo llegó al área del desmonte y fueron testigos del daño hecho a la naturaleza decidieron actuar: “Llamamos al ministro de Ecología (Mario Vialey) para decirle lo que estaba sucediendo porque el día anterior la abogada de las comunidades estuvo reunida con él para presentar una carta documento, pero las máquinas seguían trabajando. Luego de dar a conocer esta situación se logró suspender el corte de los árboles. Es un parate momentáneo, así que no sabemos qué criterios seguirán de ahora en más y si volverán”, remarcó.
Cintia, otra de las referentes de ENDEPA en la provincia, contó a PRIMERA EDICIÓN que “cuando llegamos con el grupo mbya hasta esa zona escuchamos cómo cortaban los árboles y fue realmente desgarrador. Lo que se hizo fue sentarse en uno de los pasos de los senderos para que no vuelvan a entrar al monte”. Las comunidades originarias de Ruiz de Montoya y Campo Grande por el momento permanecen atentas a las decisiones que se tomarán desde las autoridades responsables del cuidado de la biodiversidad de Misiones.
“Hace más de una semana que la comunidad se enteró de que el desmonte había comenzado en esa zona y a partir de ahí hemos iniciado un contacto con Ecología para ver porqué nunca hubo una respuesta del recurso administrativo presentado previamente. Sucede que el año pasado, cuando se enteraron que se habilitaría trabajar en estas tierras para sacar madera, se presentó un recurso donde se solicitó que no se ponga en marcha el permiso”, precisó Kiki Ramírez.
Sin embargo, “nunca hubo respuestas de la presentación hecha. Desde el Ministerio de Ecología se excusaron que hubo un recambio de autoridades y no podían encontrar el pedido pero una vez que lo encontraron, dijeron que el área Jurídica estaba de feria. Eso fue preocupante porque mientras tanto teníamos 10 motosierras derribando árboles todo el tiempo, además de camiones y tractores que ingresaban en esos terrenos”, agregó.
En cuanto al daño hecho, Ramírez señaló que “la comunidad se dio cuenta hace una semana de que las máquinas iniciaron el trabajo pero por lo que está desmontado pareciera que hace varios días. Por lo cual suponemos que inició desde enero”.
“Ecología no hizo nada”, denunció EMiPA luego del desmonte en Campo Grande
Lo aseguró Baigorri, del Equipo de Misiones de la Pastoral Aborigen, tras la reunión que mantuvieron las comunidades mbya guaraní con el ministro Vialey. Temen que los trabajos continúen en otras zonas. La empresa responsable de la deforestación decidió frenar las maquinarias ante la protesta.
Tras esperar más de tres horas por la llegada del ministro de Ecología, Mario Vialey, finalmente se realizó este viernes la reunión con las comunidades originarias que protestaron por el desmonte en Campo Grande.
A pesar de que por ahora las máquinas se retiraron del lugar, afirman que el Ministerio autorizó la deforestación y no medió para frenarlo una vez que iniciaron las protestas donde los mbya se pararon frente a las máquinas para impedir el ingreso al territorio sagrado.
“El Ministerio de Ecología no hizo nada al respecto, fue una decisión de la empresa el frenar el desmonte luego de la protesta de las comunidades. El lote 7 es un área relevada por las comunidades y que permanece dentro de la ley 26.160”, aseguró a PRIMERA EDICIÓN el referente del Equipo de Misiones de la Pastoral Aborigen (EMiPA), Vasco Baigorri.
Indicó además que “suspendieron el corte de la rodal tres por la importancia que tiene este monte para los pueblos pero que eso no quitaba que puedan iniciar otras talas en otros espacios. Eso no iba a aceptarse por las comunidades de ninguna forma”.
Sobre esta demarcación, explicó que “los rodales son espacios donde se hace una investigación de los árboles que hay y se decide cuál se va a cortar. Es lo que se llama una tala selectiva, son círculos demarcados”.
Este espacio, perteneciente a la aldea Ka’a Kupe, se encuentra bajo el relevamiento de protección de territorio indígena, pero durante enero se desarrolló una grave deforestación en el lugar.
Por el momento, las comunidades permanecen en alerta ante la posibilidad de que los desmonten continúen en otras áreas relevadas del territorio indígena.
Por otra parte, sobre el recurso presentado desde las comunidades mbya guaraní, Baigorri señaló que “la nota fue presentada el 11 de diciembre pasado pero dijo que no la había visto y que los abogados estaban de vacaciones. Se le dijo que un Ministerio no debería quedar sin cuerpo Jurídico. Así que por el momento prometió que cuando volviera de Buenos Aires vería qué se puede hacer pero que se hace difícil si las comunidades no están abiertas al diálogo”.
A lo largo de la reunión “le explicamos claramente la visión sobre el monte que tienen las comunidades y el dolor de ver esos árboles caídos que son importantísimos para su cultura. Además de que creemos que todo lo que fuese la audiencia pública no fue cumplido de la manera que es necesario para proceder con la tala”.
En cuanto a la tardanza para dar inicio a la reunión, detalló que “nos dijo que como no conocían el lugar, siguieron de largo, pero estaba con dos guardaparques que deberían estar atentos a la ubicación y conocer este lugar. Llegó mucho más tarde para una reunión que duró casi dos horas”.
Por su parte, el mburuvichá de Tekoa Ka’a Kupe, Mario Borjas, contó a PRIMERA EDICIÓN acerca del operativo para frenar el desmonte que durante el jueves “los hombres volvieron a la comunidad cerca de las 11 de la noche. Lo que pasó fue que las personas que tumbaron los árboles decidieron parar en un momento luego del diálogo que hubo con las comunidades pero un grupo de seis hombres decidió quedarse en el lugar por si volvían a querer cortar los árboles”.
El daño hecho
Fueron unos 21 rollos de madera los que se encontraban al costado de los terrenos cuando llegaron los indígenas a frenar el desmonte. Desconocen si quitaron más árboles en enero.
En agenda
El cacique de la aldea Ka´a Kupe, Mario Borjas, remarcó que “tenemos que dialogar con el ministro de Ecología varias cuestiones y tomar una decisión por este tema de los territorios”.
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Fecha de Publicación: 11/02/2020
Fuente: Primera Edición
Provincia/Región: Misiones
Se trata de un área sagrada para los pueblos originarios que forma parte del territorio protegido por la Ley Nacional 26.160. Las comunidades enviaron un recurso para frenar el daño a la selva.
Referentes misioneros del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA) denunciaron la terrible situación vivida durante la mañana de este jueves 6 de febrero cuando, utilizando el cuerpo, un grupo de indígenas logró frenar que máquinas avancen sobre una porción de la selva.
El conflicto se vivió en un área ubicada dentro de Campo Grande y que pertenece a la comunidad de Ka’a Kupe, ubicada en cercanías de la ruta provincial 7. La discusión por estas tierras en realidad está vigente desde el 2019, cuando las comunidades originarias denunciaron que el Ministerio de Ecología de Misiones autorizó el desmonte de las tierras sagradas.
En diálogo con PRIMERA EDICIÓN la coordinadora provincial de ENDEPA, María Josefa “Kiki” Ramírez, señaló que “en abril se cumple un año desde que se comenzó a dialogar sobre estas tierras. Resulta que el Ministerio de Ecología junto a una empresa de Buenos Aires avisaron a la comunidad de los trabajos que se harían en la zona. Ese espacio explotado se encuentra dentro del relevamiento territorial en base a la Ley Nacional 26.160, donde se demarcan los territorios protegidos. Ellos poseen una carpeta técnica con una resolución del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas donde reconocen que ese territorio es de uso público, actual y tradicional de la comunidad”.
Sobre esta resolución de protección territorial, explicó que “si bien no se trata de un título de propiedad, es una herramienta legal que tiene la comunidad para defender ese espacio. Más adelante quizás consigan una titularidad pero quieren que estos lugares conserven el monte y no sean dañados”.
Por otra parte, indicó que “un grupo de unas 20 comunidades originarias de Misiones, recibieron estas carpetas en diciembre pasado. Sin embargo, este pueblo tiene una carpeta técnica hace cerca de tres años, porque fue una de las primeras relevadas en la provincia”.
Ramírez contó que para evitar que se destruya aún más la selva, “se organizaron grupos de personas a un lado y al otro del camino para de esta forma impedir la entrada de los camiones. Los indígenas se plantaron y no dejaron pasar las máquinas. Ellos pusieron el cuerpo, prácticamente arriesgando su vida, ya que el Ministerio de Ecología no estaba haciendo nada”. Además de indígenas de la comunidad de Ka’a Kupe, estuvieron presentes también representantes de Yvy Chi y Ko’eju.
Cuando este grupo llegó al área del desmonte y fueron testigos del daño hecho a la naturaleza decidieron actuar: “Llamamos al ministro de Ecología (Mario Vialey) para decirle lo que estaba sucediendo porque el día anterior la abogada de las comunidades estuvo reunida con él para presentar una carta documento, pero las máquinas seguían trabajando. Luego de dar a conocer esta situación se logró suspender el corte de los árboles. Es un parate momentáneo, así que no sabemos qué criterios seguirán de ahora en más y si volverán”, remarcó.
Cintia, otra de las referentes de ENDEPA en la provincia, contó a PRIMERA EDICIÓN que “cuando llegamos con el grupo mbya hasta esa zona escuchamos cómo cortaban los árboles y fue realmente desgarrador. Lo que se hizo fue sentarse en uno de los pasos de los senderos para que no vuelvan a entrar al monte”. Las comunidades originarias de Ruiz de Montoya y Campo Grande por el momento permanecen atentas a las decisiones que se tomarán desde las autoridades responsables del cuidado de la biodiversidad de Misiones.
“Hace más de una semana que la comunidad se enteró de que el desmonte había comenzado en esa zona y a partir de ahí hemos iniciado un contacto con Ecología para ver porqué nunca hubo una respuesta del recurso administrativo presentado previamente. Sucede que el año pasado, cuando se enteraron que se habilitaría trabajar en estas tierras para sacar madera, se presentó un recurso donde se solicitó que no se ponga en marcha el permiso”, precisó Kiki Ramírez.
Sin embargo, “nunca hubo respuestas de la presentación hecha. Desde el Ministerio de Ecología se excusaron que hubo un recambio de autoridades y no podían encontrar el pedido pero una vez que lo encontraron, dijeron que el área Jurídica estaba de feria. Eso fue preocupante porque mientras tanto teníamos 10 motosierras derribando árboles todo el tiempo, además de camiones y tractores que ingresaban en esos terrenos”, agregó.
En cuanto al daño hecho, Ramírez señaló que “la comunidad se dio cuenta hace una semana de que las máquinas iniciaron el trabajo pero por lo que está desmontado pareciera que hace varios días. Por lo cual suponemos que inició desde enero”.
“Ecología no hizo nada”, denunció EMiPA luego del desmonte en Campo Grande
Lo aseguró Baigorri, del Equipo de Misiones de la Pastoral Aborigen, tras la reunión que mantuvieron las comunidades mbya guaraní con el ministro Vialey. Temen que los trabajos continúen en otras zonas. La empresa responsable de la deforestación decidió frenar las maquinarias ante la protesta.
Tras esperar más de tres horas por la llegada del ministro de Ecología, Mario Vialey, finalmente se realizó este viernes la reunión con las comunidades originarias que protestaron por el desmonte en Campo Grande.
A pesar de que por ahora las máquinas se retiraron del lugar, afirman que el Ministerio autorizó la deforestación y no medió para frenarlo una vez que iniciaron las protestas donde los mbya se pararon frente a las máquinas para impedir el ingreso al territorio sagrado.
“El Ministerio de Ecología no hizo nada al respecto, fue una decisión de la empresa el frenar el desmonte luego de la protesta de las comunidades. El lote 7 es un área relevada por las comunidades y que permanece dentro de la ley 26.160”, aseguró a PRIMERA EDICIÓN el referente del Equipo de Misiones de la Pastoral Aborigen (EMiPA), Vasco Baigorri.
Indicó además que “suspendieron el corte de la rodal tres por la importancia que tiene este monte para los pueblos pero que eso no quitaba que puedan iniciar otras talas en otros espacios. Eso no iba a aceptarse por las comunidades de ninguna forma”.
Sobre esta demarcación, explicó que “los rodales son espacios donde se hace una investigación de los árboles que hay y se decide cuál se va a cortar. Es lo que se llama una tala selectiva, son círculos demarcados”.
Este espacio, perteneciente a la aldea Ka’a Kupe, se encuentra bajo el relevamiento de protección de territorio indígena, pero durante enero se desarrolló una grave deforestación en el lugar.
Por el momento, las comunidades permanecen en alerta ante la posibilidad de que los desmonten continúen en otras áreas relevadas del territorio indígena.
Por otra parte, sobre el recurso presentado desde las comunidades mbya guaraní, Baigorri señaló que “la nota fue presentada el 11 de diciembre pasado pero dijo que no la había visto y que los abogados estaban de vacaciones. Se le dijo que un Ministerio no debería quedar sin cuerpo Jurídico. Así que por el momento prometió que cuando volviera de Buenos Aires vería qué se puede hacer pero que se hace difícil si las comunidades no están abiertas al diálogo”.
A lo largo de la reunión “le explicamos claramente la visión sobre el monte que tienen las comunidades y el dolor de ver esos árboles caídos que son importantísimos para su cultura. Además de que creemos que todo lo que fuese la audiencia pública no fue cumplido de la manera que es necesario para proceder con la tala”.
En cuanto a la tardanza para dar inicio a la reunión, detalló que “nos dijo que como no conocían el lugar, siguieron de largo, pero estaba con dos guardaparques que deberían estar atentos a la ubicación y conocer este lugar. Llegó mucho más tarde para una reunión que duró casi dos horas”.
Por su parte, el mburuvichá de Tekoa Ka’a Kupe, Mario Borjas, contó a PRIMERA EDICIÓN acerca del operativo para frenar el desmonte que durante el jueves “los hombres volvieron a la comunidad cerca de las 11 de la noche. Lo que pasó fue que las personas que tumbaron los árboles decidieron parar en un momento luego del diálogo que hubo con las comunidades pero un grupo de seis hombres decidió quedarse en el lugar por si volvían a querer cortar los árboles”.
El daño hecho
Fueron unos 21 rollos de madera los que se encontraban al costado de los terrenos cuando llegaron los indígenas a frenar el desmonte. Desconocen si quitaron más árboles en enero.
En agenda
El cacique de la aldea Ka´a Kupe, Mario Borjas, remarcó que “tenemos que dialogar con el ministro de Ecología varias cuestiones y tomar una decisión por este tema de los territorios”.
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La Pampa: constatan incumplimiento de "Campo Limpio"
El Gobierno inspeccionó las obras y constató que Campo Limpio no finalizó las tareas
Fecha de Publicación: 11/02/2020
Fuente: InfoPico
Provincia/Región: La Pampa
Prosiguiendo con la tarea de contralor de la Ley Nacional N° 27.279 de “Presupuestos Mínimos de Protección ambiental para la Gestión de Envases Vacíos de Fitosanitarios”, el Gobierno de la provincia de La Pampa a través de la Subsecretaría de Ambiente constató horas atrás el nivel de avance de las obras en el Centro de Acopio (CAT) que la Fundación Campo Limpio, entidad que contiene al 80% de los registrantes de productos fitosanitarios en La Pampa, tenía el compromiso de construir bajo todos los parámetros técnicos establecidos por Ley en las localidades de Alta Italia, Colonia Barón y Macachín.
Superada ampliamente la fecha inicial para llevar a cabo las tareas y, por ende, efectivizada la aplicación de la Ley en cuanto a la prohibición de la venta de agroquímicos, se ratifica que la medida persistiría hasta tanto la Fundación Campo Limpio no cumpla con lo comprometido en el Plan de Gestión aprobado por La Pampa.
En horas de la mañana, personal técnico de la Subsecretaría de Ambiente junto al Escribano General de Gobierno, concretaron una visita a los centros de acopio de las localidades de Alta Italia y Colonia Barón, donde se constató que no finalizaron la obra en la localidad de Colonia Barón.
Tal situación implica un expreso incumplimiento de la Fundación Campo Limpio habida cuenta que, ante el Gobierno provincial, se había comprometido a culminar las tareas para el viernes pasado.
La inspección realizada permitió corroborar que en el CAT de Colonia Barón no tenía instalado aún, entre otros elementos, el sistema informático y los enlaces a la red de Internet.
Además, resultó notoria la falta de obra en los sanitarios, oficina, instalación eléctrica, cartelería, limpieza general y resguardo de los tanques soterrados.
Detalles
Sobre el particular desde la Subsecretaría de Ambiente recordaron los detalles en cuanto a instalaciones y prestación, que deben tener los Centros de Acopio Transitorio de acuerdo a la reglamentación que determina los aspectos constructivos.
Los mismos deben estar aislados físicamente con tejidos y paredes, pisos impermeables, un muro circundante que impida el ingreso de agua de lluvia y el drenaje hacia afuera de acumulaciones de líquidos que pudieran derramarse, estar techados y construidos con materiales resistentes al fuego o con características de incombustibilidad.
En caso de no tener muros circundantes que limite el drenaje hacia afuera de líquidos que pudieran derramarse el piso deberá contar con una pendiente que permita su drenaje hacia una cámara aislada, la cámara deberá estar dimensionada a esos efectos.
También deben contar con buena ventilación, estar destinados exclusivamente al almacenamiento de envases vacíos de fitosanitarios contando con un espacio que permita almacenar de manera separada los dos tipos de envases (A y B según la Ley), disponer de un sistema de protección y lucha contra incendios, poseer suficiente iluminación sea natural o artificial, contar con elementos de protección personal y espacios destinados para la higiene de los mismos en caso de posible afectación.
Compromiso
La organización Campo Limpio, se comprometió a establecer la logística general para la gestión de los envases, consistente en la construcción de tres Centros de Acopio Transitorio (CAT’S) de envases en las localidades de Alta Italia, Colonia Barón y Macachín, además de la instalación de un sistema que garantice la trazabilidad, el control de los envases vacíos y de los procesos del sistema, como así también la elaboración e implementación de programas de capacitación y concientización sobre manejo adecuado de los envases.
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Fecha de Publicación: 11/02/2020
Fuente: InfoPico
Provincia/Región: La Pampa
Prosiguiendo con la tarea de contralor de la Ley Nacional N° 27.279 de “Presupuestos Mínimos de Protección ambiental para la Gestión de Envases Vacíos de Fitosanitarios”, el Gobierno de la provincia de La Pampa a través de la Subsecretaría de Ambiente constató horas atrás el nivel de avance de las obras en el Centro de Acopio (CAT) que la Fundación Campo Limpio, entidad que contiene al 80% de los registrantes de productos fitosanitarios en La Pampa, tenía el compromiso de construir bajo todos los parámetros técnicos establecidos por Ley en las localidades de Alta Italia, Colonia Barón y Macachín.
Superada ampliamente la fecha inicial para llevar a cabo las tareas y, por ende, efectivizada la aplicación de la Ley en cuanto a la prohibición de la venta de agroquímicos, se ratifica que la medida persistiría hasta tanto la Fundación Campo Limpio no cumpla con lo comprometido en el Plan de Gestión aprobado por La Pampa.
En horas de la mañana, personal técnico de la Subsecretaría de Ambiente junto al Escribano General de Gobierno, concretaron una visita a los centros de acopio de las localidades de Alta Italia y Colonia Barón, donde se constató que no finalizaron la obra en la localidad de Colonia Barón.
Tal situación implica un expreso incumplimiento de la Fundación Campo Limpio habida cuenta que, ante el Gobierno provincial, se había comprometido a culminar las tareas para el viernes pasado.
La inspección realizada permitió corroborar que en el CAT de Colonia Barón no tenía instalado aún, entre otros elementos, el sistema informático y los enlaces a la red de Internet.
Además, resultó notoria la falta de obra en los sanitarios, oficina, instalación eléctrica, cartelería, limpieza general y resguardo de los tanques soterrados.
Detalles
Sobre el particular desde la Subsecretaría de Ambiente recordaron los detalles en cuanto a instalaciones y prestación, que deben tener los Centros de Acopio Transitorio de acuerdo a la reglamentación que determina los aspectos constructivos.
Los mismos deben estar aislados físicamente con tejidos y paredes, pisos impermeables, un muro circundante que impida el ingreso de agua de lluvia y el drenaje hacia afuera de acumulaciones de líquidos que pudieran derramarse, estar techados y construidos con materiales resistentes al fuego o con características de incombustibilidad.
En caso de no tener muros circundantes que limite el drenaje hacia afuera de líquidos que pudieran derramarse el piso deberá contar con una pendiente que permita su drenaje hacia una cámara aislada, la cámara deberá estar dimensionada a esos efectos.
También deben contar con buena ventilación, estar destinados exclusivamente al almacenamiento de envases vacíos de fitosanitarios contando con un espacio que permita almacenar de manera separada los dos tipos de envases (A y B según la Ley), disponer de un sistema de protección y lucha contra incendios, poseer suficiente iluminación sea natural o artificial, contar con elementos de protección personal y espacios destinados para la higiene de los mismos en caso de posible afectación.
Compromiso
La organización Campo Limpio, se comprometió a establecer la logística general para la gestión de los envases, consistente en la construcción de tres Centros de Acopio Transitorio (CAT’S) de envases en las localidades de Alta Italia, Colonia Barón y Macachín, además de la instalación de un sistema que garantice la trazabilidad, el control de los envases vacíos y de los procesos del sistema, como así también la elaboración e implementación de programas de capacitación y concientización sobre manejo adecuado de los envases.
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Nace el 'Programa Provincial de Cambio Climático' en Chubut
Chubut creó un Programa Provincial para abordar la problemática ambiental
Fecha de Publicación: 11/02/2020
Fuente: ADN Sur
Provincia/Región: Chubut
La provincia cuenta con un nueva política para elaborar proyectos y programas orientados a minimizar los impactos de este fenómeno en el territorio chubutense y las comunidades
A través de la Resolución 029/20, firmada por el ministro de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, Eduardo Arzani, la provincia cuenta con esta nueva política de abordaje de la problemática ambiental, a partir de la cual se coordinarán proyectos y programas vinculados a la temática que se ejecuten en el territorio chubutense.
El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, que conduce Eduardo Arzani, creó el “Programa Provincial de Cambio Climático”, que tiene como objetivo principal coordinar todos los proyectos y programas vinculados a la temática que se ejecuten en el territorio provincial.
En ese marco, el titular de la cartera ambiental sostuvo que “la firma de esta la Resolución 029/20 y la creación de un programa específico para el abordaje de esta problemática ambiental a nivel global, de la cual no estamos ajenos, forma parte de un trabajo que se viene realizando en los últimos meses a pedido del Gobernador, y que está relacionado con la necesidad de minimizar los impactos de este fenómeno en el territorio y las comunidades”.
“Es un hecho reconocido por la comunidad científica, y del cual podemos dar fe los ciudadanos, que las consecuencias del calentamiento global se están haciendo sentir cada vez más”, reconoció Arzani, agregando que “en este mismo sentido, estamos avanzando en el armado del “Sistema de Alerta Temprana” (SAT), que contará con financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI), para aumentar nuestra capacidad de respuesta ante eventos extremos como los que hemos atravesado”.
Asimismo, el funcionario provincial destacó que “el trabajo que iniciamos en los últimos meses del año pasado, orientado a estas problemáticas, como por ejemplo Cambio Climático y Objetivos de Desarrollo Sostenible, entre otros de carácter global, nos obliga a trabajar en base a diagnósticos, recolección de datos, planificación y trabajo articulado entre las diferentes áreas del Estado, tanto provincial como nacional y municipal, lo cual es muy importante para diseñar las políticas ambientales que la provincia necesita de acá a los próximos años”.
Características del Programa
El “Programa Provincial de Cambio Climático” formará parte de la misma estructura de la cartera ambiental y será responsabilidad de la Subsecretaria de Gestión Ambiental, a través de su Dirección General de Gestión Ambiental.
Además de coordinar todos los Proyectos y Programas en ejecución o a ejecutarse dentro de la provincia, el Programa tiene como objetivos impulsar vínculos de cooperación científica, técnica y/o financiera con actores públicos y privados; asesorar a la Dirección General de Gestión Ambiental en materia de Cambio Climático y Cooperación Internacional; y convocar y poner en funcionamiento la Comisión Asesora sobre Cambio Climático, integrada por representantes de diferentes organismos provinciales y entes del conocimiento.
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Fecha de Publicación: 11/02/2020
Fuente: ADN Sur
Provincia/Región: Chubut
La provincia cuenta con un nueva política para elaborar proyectos y programas orientados a minimizar los impactos de este fenómeno en el territorio chubutense y las comunidades
A través de la Resolución 029/20, firmada por el ministro de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, Eduardo Arzani, la provincia cuenta con esta nueva política de abordaje de la problemática ambiental, a partir de la cual se coordinarán proyectos y programas vinculados a la temática que se ejecuten en el territorio chubutense.
El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, que conduce Eduardo Arzani, creó el “Programa Provincial de Cambio Climático”, que tiene como objetivo principal coordinar todos los proyectos y programas vinculados a la temática que se ejecuten en el territorio provincial.
En ese marco, el titular de la cartera ambiental sostuvo que “la firma de esta la Resolución 029/20 y la creación de un programa específico para el abordaje de esta problemática ambiental a nivel global, de la cual no estamos ajenos, forma parte de un trabajo que se viene realizando en los últimos meses a pedido del Gobernador, y que está relacionado con la necesidad de minimizar los impactos de este fenómeno en el territorio y las comunidades”.
“Es un hecho reconocido por la comunidad científica, y del cual podemos dar fe los ciudadanos, que las consecuencias del calentamiento global se están haciendo sentir cada vez más”, reconoció Arzani, agregando que “en este mismo sentido, estamos avanzando en el armado del “Sistema de Alerta Temprana” (SAT), que contará con financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI), para aumentar nuestra capacidad de respuesta ante eventos extremos como los que hemos atravesado”.
Asimismo, el funcionario provincial destacó que “el trabajo que iniciamos en los últimos meses del año pasado, orientado a estas problemáticas, como por ejemplo Cambio Climático y Objetivos de Desarrollo Sostenible, entre otros de carácter global, nos obliga a trabajar en base a diagnósticos, recolección de datos, planificación y trabajo articulado entre las diferentes áreas del Estado, tanto provincial como nacional y municipal, lo cual es muy importante para diseñar las políticas ambientales que la provincia necesita de acá a los próximos años”.
Características del Programa
El “Programa Provincial de Cambio Climático” formará parte de la misma estructura de la cartera ambiental y será responsabilidad de la Subsecretaria de Gestión Ambiental, a través de su Dirección General de Gestión Ambiental.
Además de coordinar todos los Proyectos y Programas en ejecución o a ejecutarse dentro de la provincia, el Programa tiene como objetivos impulsar vínculos de cooperación científica, técnica y/o financiera con actores públicos y privados; asesorar a la Dirección General de Gestión Ambiental en materia de Cambio Climático y Cooperación Internacional; y convocar y poner en funcionamiento la Comisión Asesora sobre Cambio Climático, integrada por representantes de diferentes organismos provinciales y entes del conocimiento.
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Fallo histórico en Santa Fe contra las fumigaciones
Fallo histórico: prohíben fumigar a menos de 800 metros de Sastre
Fecha de Publicación: 10/02/2020
Fuente: El Ciudadano
Provincia/Región: Santa Fe
Hasta 2019, la localidad santafesina tenía el límite a 100 metros para fumigar cerca de las viviendas urbanas, donde además de los hogares hay clubes. El promedio de enfermedades cancerígenas es un tercio más alto que el nacional: “Todos tenemos un familiar muerto de cáncer", dice una vecina
Los vecinos de Sastre –una localidad de seis mil habitantes en el centro de la provincia de Santa Fe– lograron un triunfo en la pelea judicial en contra de los pesticidas y en defensa de su salud. Durante años, la Municipalidad permitió la fumigación con agroquímicos a sólo cien metros del ejido urbano, en la práctica esto implica que quienes tienen sus hogares cerca del área de cultivos, soja principalmente, reciben de lleno los químicos que utilizan los productores agrícolas. La normativa tiene efectos fácilmente mensurables: la tasa de enfermedades oncológicas es un tercio más alta que el promedio nacional, así surge de un estudio de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) que fue presentado a la Municipalidad luego de un campamento sanitario que se llevó adelante en marzo de 2017.
El 5 de febrero de este año, apenas terminada la feria judicial, el juez en lo Civil, Comercial y Laboral Nº 1 de Rafaela, Duilio Hail, dictó una cautelar en la que limita el uso terrestre de agroquímicos a una distancia de 800 metros de los límites urbanos para la localidad de Sastre. Ruth Oitana de los vecinos autoconvocados en Unión Ciudadana por la Vida y el Ambiente atendió a Tiempo Argentino y expresó que se trata de “una noticia maravillosa” porque incluye a toda la ciudad, en ese sentido, es un caso similar a lo que pasó en Pergamino, ya que no se limita a un barrio, pero la medida aún no está firme y puede ser recurrida.
El juez en su fallo explica que la propia Municipalidad demandada “reconoce la existencia de una normativa contraria a derecho cuando en su modificación amplía drásticamente el perímetro de fumigación aérea y duplica el de fumigación terrestre, a esa circunstancia se suman los documentos acompañados por los actores, particularmente planos y fotografías que fueron ‘explicados’ in situ en la audiencia del 29-10-19 con indicación de los asistentes del lugar de ubicación de clubes, escuelas y viviendas de los reclamantes próximas al perímetro urbano”. La modificación a la que remite el fallo es la ampliación del área fumigable por vía aérea a 3.000 metros y la terrestre de 100 a 200.
El fallo toma en cuenta los informes de la Agencia Internacional para la investigación del Cáncer dependiente de la OMS del 20 de marzo de 2015 presentados por la querella y referenciados por la fiscalía, dichos informes “califican al herbicida glifosato como ‘potecialmente carcinogénico'”, también menciona investigaciones del Laboratorio de embriología molecular de CONICET (UBA) y otro elaborado por la UNL en el marco de la causa “Peralta”, además de antecedentes nacionales y de la Unión Europea.
El juez Hail valora los derechos en juego, salud vs. negocio: “por un lado uno de tipo patrimonial constituido por el derecho a cultivar la tierra con el aditamento del mayor valor agregado por el uso de fitosanitarios, mientras que por el otro estamos en presencia del derecho a la salud de un contingente de personas”, por lo tanto dice el magistrado “debo definirme en favor de los amparistas por cuanto el derecho a la salud se torna en un bien fundamental y su menoscabo podría resultar irreparable”.
El caso y una sociedad dividida
La historia judicial de esta causa no viene de muy lejos aunque ha afectado la vida cotidiana de los vecinos de Sastre, porque “acá todos nos conocemos”, como dice una vecina de la localidad. En enero de 2018 se presenta una denuncia “porque fumigaban muy cerca de un club donde un grupo de chicos jugaba al fútbol, luego, en marzo, una vecina presenta otra denuncia ya que fumigaban muy cerca de su casa”.
A partir de allí los vecinos se presentaron en el Consejo Deliberante local y comenzaron una serie de reuniones para que dictaran una ordenanza que ampliara la zona de exclusión de fumigación. Ruth Oitana, de los vecinos autoconvocados, explica que presentaron evidencia científica para sustentar su reclamo y que los ediles no pensaran que se trataba sólo de un “capricho”. Hasta octubre de ese año –cuentan desde la asociación– no lograron muchos avances, pero durante ese mes los padres de la niña Zoe Giraudo, paciente oncológica que se recuperaba de un linfoma no hodgkin –enfermedad que desde 2015 la OMS ha relacionado directamente con el uso de glifosato (y que está referenciada en la reciente cautelar)–, debía volver a su casa que si bien está dentro de la ciudad, dista apenas 400 metros de la zona de fumigación. En ese momento el Consejo Deliberante intentó sacar una ordenanza que ampliaba la zona de exclusión a 500 metros, pero la norma nunca fue promulgada por presión de los productores.
Las consecuencias sociales en una localidad pequeña es fuerte y causa grandes divisiones: “El tema se puso muy tenso y los padres de Zoe recurrieron a la Defensoría de la provincia y junto con los vecinos presentaron en 29 de noviembre de 2018 un amparo contra la Municipalidad. Al mes el juez dictó una medida cautelar que disponía 400 metros de exclusión”, cuenta la cronología previa a esta cautelar Oitana.
En esta instancia los productores agrícolas hacen aparición y se presentan como terceros damnificados, y logran tumbar esa cautelar. La causa volvió a foja cero y, en septiembre de 2019, una ordenanza dictamina los límites en 200 m y 3000 m para las fumigaciones terrestres y aérea respectivamente. Luego, la causa no se movió hasta octubre de 2019 en que hubo una mediación a la que la municipalidad no se presentó, pero el juez escuchó a las partes, incluidos los productores y los representantes legales de la provincia. De allí sale la cautelar.
El lobby de los productores agropecuarios es fuerte en la zona ya que “representan el poder real, el poder económico”, incluso cuentan vecinos: “le dicen a nuestros empleadores que nos echen del trabajo, boicotean nuestros negocios. Hemos perdido amigos, se han roto familias, porque los productores no quieren ver alternativas para dejar de envenenarnos y envenenarse”, y advierten: “Acá, en la zona, todos tenemos un familiar muerto de cáncer”.
La realidad de esta lucha por la salud pública versus el interés económico es palpable para los vecinos, según explican: “Los que tienen el poder económico logran cosas que nos parecen imposibles, como hacer caer una medida cautelar en una feria judicial. Los intereses son muy grandes, ellos tienen los mejores estudios de abogados y nosotros tuvimos que recurrir a la Defensoría porque no podemos pagar un abogado. Pero por ahí nos toca un juez como Hail que se toma su tiempo pero estudia seriamente el tema”.
La Unión Ciudadana por la Vida y el Ambiente emitió un comunicado en el que convocan a la población a “denunciar cualquier hecho violatorio de la orden judicial, a los productores a tomar conciencia y respetar las leyes y los mandatos judiciales y a la Municipalidad a revertir la postura asumida tanto en la ciudad como dentro del juicio de amparo, que incluso mereció el reproche del magistrado interviniente”. Un hecho a remarcar es como los productores niegan el efecto nocivo de los pesticidas, que ya están prohibidos en Europa y cuyas empresas enfrentan demandas varias veces millonarias.
Los vecinos, que poseen una página en la red social Facebook con el nombre de su organización, califican la medida como “histórica” y celebran que, “aunque fuere con demora a raíz de distintas alternativas acontecidas en el transcurso del proceso que serán objeto de análisis y explicación en otra oportunidad, toda la población de Sastre obtenga algo de alivio a tantos padecimientos causados por las fumigaciones cercanas”.
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Fecha de Publicación: 10/02/2020
Fuente: El Ciudadano
Provincia/Región: Santa Fe
Hasta 2019, la localidad santafesina tenía el límite a 100 metros para fumigar cerca de las viviendas urbanas, donde además de los hogares hay clubes. El promedio de enfermedades cancerígenas es un tercio más alto que el nacional: “Todos tenemos un familiar muerto de cáncer", dice una vecina
Los vecinos de Sastre –una localidad de seis mil habitantes en el centro de la provincia de Santa Fe– lograron un triunfo en la pelea judicial en contra de los pesticidas y en defensa de su salud. Durante años, la Municipalidad permitió la fumigación con agroquímicos a sólo cien metros del ejido urbano, en la práctica esto implica que quienes tienen sus hogares cerca del área de cultivos, soja principalmente, reciben de lleno los químicos que utilizan los productores agrícolas. La normativa tiene efectos fácilmente mensurables: la tasa de enfermedades oncológicas es un tercio más alta que el promedio nacional, así surge de un estudio de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) que fue presentado a la Municipalidad luego de un campamento sanitario que se llevó adelante en marzo de 2017.
El 5 de febrero de este año, apenas terminada la feria judicial, el juez en lo Civil, Comercial y Laboral Nº 1 de Rafaela, Duilio Hail, dictó una cautelar en la que limita el uso terrestre de agroquímicos a una distancia de 800 metros de los límites urbanos para la localidad de Sastre. Ruth Oitana de los vecinos autoconvocados en Unión Ciudadana por la Vida y el Ambiente atendió a Tiempo Argentino y expresó que se trata de “una noticia maravillosa” porque incluye a toda la ciudad, en ese sentido, es un caso similar a lo que pasó en Pergamino, ya que no se limita a un barrio, pero la medida aún no está firme y puede ser recurrida.
El juez en su fallo explica que la propia Municipalidad demandada “reconoce la existencia de una normativa contraria a derecho cuando en su modificación amplía drásticamente el perímetro de fumigación aérea y duplica el de fumigación terrestre, a esa circunstancia se suman los documentos acompañados por los actores, particularmente planos y fotografías que fueron ‘explicados’ in situ en la audiencia del 29-10-19 con indicación de los asistentes del lugar de ubicación de clubes, escuelas y viviendas de los reclamantes próximas al perímetro urbano”. La modificación a la que remite el fallo es la ampliación del área fumigable por vía aérea a 3.000 metros y la terrestre de 100 a 200.
El fallo toma en cuenta los informes de la Agencia Internacional para la investigación del Cáncer dependiente de la OMS del 20 de marzo de 2015 presentados por la querella y referenciados por la fiscalía, dichos informes “califican al herbicida glifosato como ‘potecialmente carcinogénico'”, también menciona investigaciones del Laboratorio de embriología molecular de CONICET (UBA) y otro elaborado por la UNL en el marco de la causa “Peralta”, además de antecedentes nacionales y de la Unión Europea.
El juez Hail valora los derechos en juego, salud vs. negocio: “por un lado uno de tipo patrimonial constituido por el derecho a cultivar la tierra con el aditamento del mayor valor agregado por el uso de fitosanitarios, mientras que por el otro estamos en presencia del derecho a la salud de un contingente de personas”, por lo tanto dice el magistrado “debo definirme en favor de los amparistas por cuanto el derecho a la salud se torna en un bien fundamental y su menoscabo podría resultar irreparable”.
El caso y una sociedad dividida
La historia judicial de esta causa no viene de muy lejos aunque ha afectado la vida cotidiana de los vecinos de Sastre, porque “acá todos nos conocemos”, como dice una vecina de la localidad. En enero de 2018 se presenta una denuncia “porque fumigaban muy cerca de un club donde un grupo de chicos jugaba al fútbol, luego, en marzo, una vecina presenta otra denuncia ya que fumigaban muy cerca de su casa”.
A partir de allí los vecinos se presentaron en el Consejo Deliberante local y comenzaron una serie de reuniones para que dictaran una ordenanza que ampliara la zona de exclusión de fumigación. Ruth Oitana, de los vecinos autoconvocados, explica que presentaron evidencia científica para sustentar su reclamo y que los ediles no pensaran que se trataba sólo de un “capricho”. Hasta octubre de ese año –cuentan desde la asociación– no lograron muchos avances, pero durante ese mes los padres de la niña Zoe Giraudo, paciente oncológica que se recuperaba de un linfoma no hodgkin –enfermedad que desde 2015 la OMS ha relacionado directamente con el uso de glifosato (y que está referenciada en la reciente cautelar)–, debía volver a su casa que si bien está dentro de la ciudad, dista apenas 400 metros de la zona de fumigación. En ese momento el Consejo Deliberante intentó sacar una ordenanza que ampliaba la zona de exclusión a 500 metros, pero la norma nunca fue promulgada por presión de los productores.
Las consecuencias sociales en una localidad pequeña es fuerte y causa grandes divisiones: “El tema se puso muy tenso y los padres de Zoe recurrieron a la Defensoría de la provincia y junto con los vecinos presentaron en 29 de noviembre de 2018 un amparo contra la Municipalidad. Al mes el juez dictó una medida cautelar que disponía 400 metros de exclusión”, cuenta la cronología previa a esta cautelar Oitana.
En esta instancia los productores agrícolas hacen aparición y se presentan como terceros damnificados, y logran tumbar esa cautelar. La causa volvió a foja cero y, en septiembre de 2019, una ordenanza dictamina los límites en 200 m y 3000 m para las fumigaciones terrestres y aérea respectivamente. Luego, la causa no se movió hasta octubre de 2019 en que hubo una mediación a la que la municipalidad no se presentó, pero el juez escuchó a las partes, incluidos los productores y los representantes legales de la provincia. De allí sale la cautelar.
El lobby de los productores agropecuarios es fuerte en la zona ya que “representan el poder real, el poder económico”, incluso cuentan vecinos: “le dicen a nuestros empleadores que nos echen del trabajo, boicotean nuestros negocios. Hemos perdido amigos, se han roto familias, porque los productores no quieren ver alternativas para dejar de envenenarnos y envenenarse”, y advierten: “Acá, en la zona, todos tenemos un familiar muerto de cáncer”.
La realidad de esta lucha por la salud pública versus el interés económico es palpable para los vecinos, según explican: “Los que tienen el poder económico logran cosas que nos parecen imposibles, como hacer caer una medida cautelar en una feria judicial. Los intereses son muy grandes, ellos tienen los mejores estudios de abogados y nosotros tuvimos que recurrir a la Defensoría porque no podemos pagar un abogado. Pero por ahí nos toca un juez como Hail que se toma su tiempo pero estudia seriamente el tema”.
La Unión Ciudadana por la Vida y el Ambiente emitió un comunicado en el que convocan a la población a “denunciar cualquier hecho violatorio de la orden judicial, a los productores a tomar conciencia y respetar las leyes y los mandatos judiciales y a la Municipalidad a revertir la postura asumida tanto en la ciudad como dentro del juicio de amparo, que incluso mereció el reproche del magistrado interviniente”. Un hecho a remarcar es como los productores niegan el efecto nocivo de los pesticidas, que ya están prohibidos en Europa y cuyas empresas enfrentan demandas varias veces millonarias.
Los vecinos, que poseen una página en la red social Facebook con el nombre de su organización, califican la medida como “histórica” y celebran que, “aunque fuere con demora a raíz de distintas alternativas acontecidas en el transcurso del proceso que serán objeto de análisis y explicación en otra oportunidad, toda la población de Sastre obtenga algo de alivio a tantos padecimientos causados por las fumigaciones cercanas”.
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Empresa forestal logra importante certificación internacional
Primera empresa forestal del país certificada por cuidar servicios ecosistémicos
Fecha de Publicación: 10/02/2020
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Nacional
Una empresa forestal logró una certificación internacional de manejo responsable de bosques, por la preservación de los servicios ecosistémicos de la biodiversidad en sus predios de Delta del Paraná y Misiones. Es la primera firma de la Argentina en lograr un estándar de este tipo y la décima en el mundo.
El cuidado de los servicios ecosistémicos que proveen los bosques nativos y las forestaciones, así como la necesidad de adoptar pautas de manejo productivo con bajo impacto ambiental en pos de la preservación de los recursos naturales y la biodiversidad, es una demanda cada vez más presente y priorizada por los actores sociales.
“Con el apoyo de un equipo de investigadores del INTA y del Conicet, la empresa forestal Arauco Argentina logró una certificación internacional de manejo responsable de bosques otorgada por el Forest Stewardship Council (FSC, según su sigla en inglés), por la preservación de los servicios ecosistémicos de la biodiversidad en sus predios de Delta del Paraná –Buenos Aires– y en la selva paranaense –Misiones–. Es la primera firma del país en lograr un estándar de este tipo y la décima en el mundo”, informó ayer INTA.
En esta línea, la certificación reconoce la contribución de la empresa a la conservación de dos de las especies de mamíferos más emblemáticas de la Argentina: el yaguareté (Panthera onca) en Misiones y el ciervo de los pantanos (Blastocerus dichotomus) en el Delta del Paraná. Ambas especies se encuentran en la lista roja de especies amenazadas de extinción, tanto a escala mundial como nacional.
En el caso del ciervo de los pantanos, el conocimiento utilizado como base para la gestión de la certificación fue obtenido por un equipo de investigadores del INTA, del Conicet y de la Asociación para la Conservación y el Estudio de la Naturaleza, quienes integran el Proyecto Pantano y se encargaron de evaluar el rol del predio “Oasis” (de alrededor de 11.000 hectáreas) para la conservación de la especie en el Bajo Delta del Paraná.
En el caso del yaguareté, la certificación recurrió a los estudios realizados por un equipo de científicos del Conicet y del Centro de Investigaciones del Bosque Atlántico (CeIBA) de Iguazú -Misiones-, quienes desde hace más de 13 años llevan a cabo relevamientos con cámaras trampas en la zona.
De acuerdo con Ricardo Austin, gerente forestal de Arauco Argentina, “la certificación FSC de los Servicios Ecosistémicos muestra que soluciones innovadoras y creativas son necesarias para compatibilizar el desarrollo productivo nacional con la conservación de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos derivados”.
En esta línea, Austin remarcó la importancia de la articulación entre el sector productivo y el académico-ambiental como estrategia para el desarrollo de acciones de gestión sostenible de los territorios.
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Fecha de Publicación: 10/02/2020
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Nacional
Una empresa forestal logró una certificación internacional de manejo responsable de bosques, por la preservación de los servicios ecosistémicos de la biodiversidad en sus predios de Delta del Paraná y Misiones. Es la primera firma de la Argentina en lograr un estándar de este tipo y la décima en el mundo.
El cuidado de los servicios ecosistémicos que proveen los bosques nativos y las forestaciones, así como la necesidad de adoptar pautas de manejo productivo con bajo impacto ambiental en pos de la preservación de los recursos naturales y la biodiversidad, es una demanda cada vez más presente y priorizada por los actores sociales.
“Con el apoyo de un equipo de investigadores del INTA y del Conicet, la empresa forestal Arauco Argentina logró una certificación internacional de manejo responsable de bosques otorgada por el Forest Stewardship Council (FSC, según su sigla en inglés), por la preservación de los servicios ecosistémicos de la biodiversidad en sus predios de Delta del Paraná –Buenos Aires– y en la selva paranaense –Misiones–. Es la primera firma del país en lograr un estándar de este tipo y la décima en el mundo”, informó ayer INTA.
En esta línea, la certificación reconoce la contribución de la empresa a la conservación de dos de las especies de mamíferos más emblemáticas de la Argentina: el yaguareté (Panthera onca) en Misiones y el ciervo de los pantanos (Blastocerus dichotomus) en el Delta del Paraná. Ambas especies se encuentran en la lista roja de especies amenazadas de extinción, tanto a escala mundial como nacional.
En el caso del ciervo de los pantanos, el conocimiento utilizado como base para la gestión de la certificación fue obtenido por un equipo de investigadores del INTA, del Conicet y de la Asociación para la Conservación y el Estudio de la Naturaleza, quienes integran el Proyecto Pantano y se encargaron de evaluar el rol del predio “Oasis” (de alrededor de 11.000 hectáreas) para la conservación de la especie en el Bajo Delta del Paraná.
En el caso del yaguareté, la certificación recurrió a los estudios realizados por un equipo de científicos del Conicet y del Centro de Investigaciones del Bosque Atlántico (CeIBA) de Iguazú -Misiones-, quienes desde hace más de 13 años llevan a cabo relevamientos con cámaras trampas en la zona.
De acuerdo con Ricardo Austin, gerente forestal de Arauco Argentina, “la certificación FSC de los Servicios Ecosistémicos muestra que soluciones innovadoras y creativas son necesarias para compatibilizar el desarrollo productivo nacional con la conservación de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos derivados”.
En esta línea, Austin remarcó la importancia de la articulación entre el sector productivo y el académico-ambiental como estrategia para el desarrollo de acciones de gestión sostenible de los territorios.
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La contaminación del Río Uruguay es evidente
La contaminación del río Uruguay ya no se puede ocultar
Fecha de Publicación: 10/02/2020
Fuente: Diario El Sol
Provincia/Región: Entre Ríos
El agua se convirtió en una manta verde que baña las arenas de Playa Norte en Colón. Aseguran que la bajante y el calor también influyen en el fenómeno.
El agua verde en el río Uruguay conmovió a todos los que la vieron. Tanto en vivo como en las redes sociales. El medio colonense «Yo Opino» fue el primero en subir las imágenes y con el correr de la tarde comenzaron a llegar a «Uno» vía WhatsApp y Facebook. Las personas que conocen Playa Norte de Colón aseguran que la contaminación viene de aguas arriba.
La pronunciada bajante y las altas temperaturas también colaboran para que el cause se transforme en una manta verde que asusta, sobre todo a los turistas que visitan la costa del río Uruguay. Desde Colón confirmaron que los guardavidas tienen instrucciones de poner las banderas amarillas y comentarles a los visitantes lo que sucede para evitar el pánico.
El bioquímico especializado en ambiente Julio Fernández, explico a ERA Verde que la presencia en grandes cantidades de estas algas se debe a que sus alimentos en el agua estimulan su desarrollo y que en determinadas condiciones climáticas hace que “explote”.
Las floraciones algales están provocadas básicamente por nutrientes que drenan de los sistemas productivos agrícolas. “El fósforo y nitrógeno están presentes en estos fertilizantes; éstos escurre y son alimentos para que proliferen las algas. En aguas estancadas, con poca circulación del caudal de agua y con temperaturas de verano, se produce una mayor reproducción”, detalló.
La “eutrofización”, tal como se conoce el fenómeno de exceso de algas, es “un problema mundial”, reconoce Fernández, ya que numerosos espejos de agua, arroyos, ríos, lagos, reciben derivados del modelo productivo a escala intensiva por el drenaje pluvial. “Hay lugares que se tienen capas de varios centímetros de bacterias bajo el agua”, graficó.
En algunos lugares se lo controla, en otros se los elimina mediante costos procesos. El tema no es algo sencillo, ya que las algas son los organismos que inauguraron la vida en la Tierra y forman parte de la evolución de otros seres. “La cuestión es evitar la fuente causante en demasía. Si es por producción agrícola en caso de las algas o por el vertido de los desagües cloacales sin tratamientos en caso de Coliformes Fecales, Escherichia coli. Mientras haya nutrientes es difícil de combatir”, observó el bioquímico.
En la región, la eliminación de las algas se da esperando lluvias que las “barran” o que con la crecida del río se disipen.
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Fecha de Publicación: 10/02/2020
Fuente: Diario El Sol
Provincia/Región: Entre Ríos
El agua se convirtió en una manta verde que baña las arenas de Playa Norte en Colón. Aseguran que la bajante y el calor también influyen en el fenómeno.
El agua verde en el río Uruguay conmovió a todos los que la vieron. Tanto en vivo como en las redes sociales. El medio colonense «Yo Opino» fue el primero en subir las imágenes y con el correr de la tarde comenzaron a llegar a «Uno» vía WhatsApp y Facebook. Las personas que conocen Playa Norte de Colón aseguran que la contaminación viene de aguas arriba.
La pronunciada bajante y las altas temperaturas también colaboran para que el cause se transforme en una manta verde que asusta, sobre todo a los turistas que visitan la costa del río Uruguay. Desde Colón confirmaron que los guardavidas tienen instrucciones de poner las banderas amarillas y comentarles a los visitantes lo que sucede para evitar el pánico.
El bioquímico especializado en ambiente Julio Fernández, explico a ERA Verde que la presencia en grandes cantidades de estas algas se debe a que sus alimentos en el agua estimulan su desarrollo y que en determinadas condiciones climáticas hace que “explote”.
Las floraciones algales están provocadas básicamente por nutrientes que drenan de los sistemas productivos agrícolas. “El fósforo y nitrógeno están presentes en estos fertilizantes; éstos escurre y son alimentos para que proliferen las algas. En aguas estancadas, con poca circulación del caudal de agua y con temperaturas de verano, se produce una mayor reproducción”, detalló.
La “eutrofización”, tal como se conoce el fenómeno de exceso de algas, es “un problema mundial”, reconoce Fernández, ya que numerosos espejos de agua, arroyos, ríos, lagos, reciben derivados del modelo productivo a escala intensiva por el drenaje pluvial. “Hay lugares que se tienen capas de varios centímetros de bacterias bajo el agua”, graficó.
En algunos lugares se lo controla, en otros se los elimina mediante costos procesos. El tema no es algo sencillo, ya que las algas son los organismos que inauguraron la vida en la Tierra y forman parte de la evolución de otros seres. “La cuestión es evitar la fuente causante en demasía. Si es por producción agrícola en caso de las algas o por el vertido de los desagües cloacales sin tratamientos en caso de Coliformes Fecales, Escherichia coli. Mientras haya nutrientes es difícil de combatir”, observó el bioquímico.
En la región, la eliminación de las algas se da esperando lluvias que las “barran” o que con la crecida del río se disipen.
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La Antártida vivió el día más caluroso de su historia
Así se vivió en la Antártida el día más cálido desde que hay registros
Fecha de Publicación: 08/02/2020
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Antártida
Sorprendidos, preocupados, con vientos cálidos y una jornada que permitió salir de las bases. Así vivió la Antártida su jornada más calurosa de la que se tenga registro cuando el termómetro marcó -la tarde de este jueves- los 18.3°c en la zona donde está instalada la base Esperanza de la Argentina.
Con esta marca, se superó en casi un grado el récord anterior que se había dado el 24 de marzo del 2015 cuando la temperatura trepó hasta los 17.5, también en ese mismo asentamiento científico y militar.
Sergio Montoya, suboficial ayudante de la Fuerza Aérea y meteorólogo, fue el encargo de informar el récord. En diálogo con LA NACION, contó: "El pronóstico en la previa ya nos había dicho que había masas de aire muy cerca que iban a ser descendentes y podían producir. Se esperaba una máxima de 10 grados, como mucho. Se esperaban temperaturas altas, pero no tan extremas. Varios factores apostaron para que se diera esta temperatura a pesar de estar en una zona de glaciar y más alta. Es sorprendente tener estas temperaturas".
Este militar de 50 años, que cumple funciones para el Servicio Meteorológico Nacional, llegó a la Base Esperanza el 4 de diciembre del año pasado y permanecerá hasta diciembre. "Trabajamos trihorario donde tomamos todos los datos: temperatura, humedad, viento, nubosidad, fenómenos, presión atmosférica. Somos dos meteorólogos que hibernamos por 12 meses. El registro se hace cada tres horas: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 00. En este caso, en el registro de las 15, se marcó el récord".
La sorpresa fue compartida por todos los que están en la estación científica situada en punta Foca, entre las Caletas Águila y Choza.
"Estamos sorprendidos, y ese es el comentario de todos los que estamos en la base", dijo a LA NACION, Víctor Hugo Navarro Zalazar, profesor de la Escuela Provincial N°38 "Presidente Raúl Ricardo Alfonsín" que está instalada en Esperanza y donde comenzarán a tomar clases 14 chicos el próximo 2 de marzo.
El hombre de 41 años llegó por segunda vez hasta la base, luego de haber cumplido una campaña de 12 meses en el 2018. Al igual que hace dos años, está junto a su esposa, Mariana Ibarra, que es la directora de la escuela, y sus dos hijos, Victoriano, de 11 y Juan Ignacio de 8.
"Desde temprano arrancamos el día con repliegue de gente y, desde esa hora, se notaba que había temperaturas positivas. Pasado el mediodía se registraron 18.3°, que para acá es demasiado. Salimos a caminar mientras el viento lo permitía. Cuando se registró el máximo, había un poquito de viento, pero cálido. Algo atípico para acá", describió el docente.
Ante la consulta de si debieron sacarse algunas capas de ropa, respondió: "Tanto como para sacarnos capas de ropa no estaba, pero sí lo sentíamos en las partes del cuerpo que están expuestas al sol".
"En el 2018, cuando estuve acá, se registró el récord histórico de intensidad del viento, con 340 kilómetros por hora. Ahora me toca estar en el año de la temperatura más alta. Lamentablemente, este récord no es bueno porque afecta a los glaciares y al clima", contó a modo de anécdota, pero con un dejo de preocupación.
Cambio climático: sus efectos y cómo se sintió en otras bases
"No es algo normal. Preocupa que se den este tipo de temperaturas porque se derriten más los glaciares y, a lo largo o corto plazo, traerá alguna consecuencia", explicó el meteorólogo Montoya.
Desde la base Carlini, donde está el epicentro de las investigaciones científicas durante las campañas de verano, la científica Liliana Quartino dijo: "Desde nuestra llegada el 7 de enero no han habido nevadas. Sin embargo, sí ha estado lloviendo mucho. En años anteriores, las precipitaciones solo eran en forma de nieve".
"Las 'áreas rocosas' que se ven en el glaciar, son los espacios en donde se ha ido derritiendo el glaciar. A esas 'áreas' las denominamos 'nueva áreas libres de hielo'. Cada día se escucha la caída de numerosos bloques de hielo del Glaciar Fourcade, es como que aquí 'vemos' y 'escuchamos' el cambio climático", detalló Quartino.
En el caso de la base Marambio, también se registró la temperatura más alta para un día de febrero desde 1971. Alcanzó 14.1°C y superó los 13.8°C del 24 de febrero de 2013.
Gustavo Adolfo Lezcano es profesor y uno de los expedicionario al Desierto Blanco. "Me encuentro en la Base Marambio, como invitado junto con el grupo de Glaciología, siendo el jefe de proyecto y junto al ingeniero científico Sebastián Marinsek, del Instituto Antártico Argentino. Estamos estudiamos el balance de masa de los glaciares, sus cambios dinámicos y la relación con el cambio climático", explicó a este medio.
Sobre cómo se vivió la jornada récord, dijo: "El día se vio muy productivo, los distintos grupos de científicos pudieron salir al terreno a realizar su trabajo, con menos ropas de lo habitual".
Luego analizó la temperatura y su relación con el cambio climático: "El aumento de temperatura tiene como incidencia en los glaciares la perdida de masa. Justamente es el trabajo de medición que realizaremos en estos días en la Bahía del Diablo, Isla Vega, unos 60 kilómetros al noroeste de Marambio. Todo esto gracias a que recibimos el apoyo de las autoridades de Tierra del Fuego".
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Fecha de Publicación: 08/02/2020
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Antártida
Sorprendidos, preocupados, con vientos cálidos y una jornada que permitió salir de las bases. Así vivió la Antártida su jornada más calurosa de la que se tenga registro cuando el termómetro marcó -la tarde de este jueves- los 18.3°c en la zona donde está instalada la base Esperanza de la Argentina.
Con esta marca, se superó en casi un grado el récord anterior que se había dado el 24 de marzo del 2015 cuando la temperatura trepó hasta los 17.5, también en ese mismo asentamiento científico y militar.
Sergio Montoya, suboficial ayudante de la Fuerza Aérea y meteorólogo, fue el encargo de informar el récord. En diálogo con LA NACION, contó: "El pronóstico en la previa ya nos había dicho que había masas de aire muy cerca que iban a ser descendentes y podían producir. Se esperaba una máxima de 10 grados, como mucho. Se esperaban temperaturas altas, pero no tan extremas. Varios factores apostaron para que se diera esta temperatura a pesar de estar en una zona de glaciar y más alta. Es sorprendente tener estas temperaturas".
Este militar de 50 años, que cumple funciones para el Servicio Meteorológico Nacional, llegó a la Base Esperanza el 4 de diciembre del año pasado y permanecerá hasta diciembre. "Trabajamos trihorario donde tomamos todos los datos: temperatura, humedad, viento, nubosidad, fenómenos, presión atmosférica. Somos dos meteorólogos que hibernamos por 12 meses. El registro se hace cada tres horas: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 00. En este caso, en el registro de las 15, se marcó el récord".
La sorpresa fue compartida por todos los que están en la estación científica situada en punta Foca, entre las Caletas Águila y Choza.
"Estamos sorprendidos, y ese es el comentario de todos los que estamos en la base", dijo a LA NACION, Víctor Hugo Navarro Zalazar, profesor de la Escuela Provincial N°38 "Presidente Raúl Ricardo Alfonsín" que está instalada en Esperanza y donde comenzarán a tomar clases 14 chicos el próximo 2 de marzo.
El hombre de 41 años llegó por segunda vez hasta la base, luego de haber cumplido una campaña de 12 meses en el 2018. Al igual que hace dos años, está junto a su esposa, Mariana Ibarra, que es la directora de la escuela, y sus dos hijos, Victoriano, de 11 y Juan Ignacio de 8.
"Desde temprano arrancamos el día con repliegue de gente y, desde esa hora, se notaba que había temperaturas positivas. Pasado el mediodía se registraron 18.3°, que para acá es demasiado. Salimos a caminar mientras el viento lo permitía. Cuando se registró el máximo, había un poquito de viento, pero cálido. Algo atípico para acá", describió el docente.
Ante la consulta de si debieron sacarse algunas capas de ropa, respondió: "Tanto como para sacarnos capas de ropa no estaba, pero sí lo sentíamos en las partes del cuerpo que están expuestas al sol".
"En el 2018, cuando estuve acá, se registró el récord histórico de intensidad del viento, con 340 kilómetros por hora. Ahora me toca estar en el año de la temperatura más alta. Lamentablemente, este récord no es bueno porque afecta a los glaciares y al clima", contó a modo de anécdota, pero con un dejo de preocupación.
Cambio climático: sus efectos y cómo se sintió en otras bases
"No es algo normal. Preocupa que se den este tipo de temperaturas porque se derriten más los glaciares y, a lo largo o corto plazo, traerá alguna consecuencia", explicó el meteorólogo Montoya.
Desde la base Carlini, donde está el epicentro de las investigaciones científicas durante las campañas de verano, la científica Liliana Quartino dijo: "Desde nuestra llegada el 7 de enero no han habido nevadas. Sin embargo, sí ha estado lloviendo mucho. En años anteriores, las precipitaciones solo eran en forma de nieve".
"Las 'áreas rocosas' que se ven en el glaciar, son los espacios en donde se ha ido derritiendo el glaciar. A esas 'áreas' las denominamos 'nueva áreas libres de hielo'. Cada día se escucha la caída de numerosos bloques de hielo del Glaciar Fourcade, es como que aquí 'vemos' y 'escuchamos' el cambio climático", detalló Quartino.
En el caso de la base Marambio, también se registró la temperatura más alta para un día de febrero desde 1971. Alcanzó 14.1°C y superó los 13.8°C del 24 de febrero de 2013.
Gustavo Adolfo Lezcano es profesor y uno de los expedicionario al Desierto Blanco. "Me encuentro en la Base Marambio, como invitado junto con el grupo de Glaciología, siendo el jefe de proyecto y junto al ingeniero científico Sebastián Marinsek, del Instituto Antártico Argentino. Estamos estudiamos el balance de masa de los glaciares, sus cambios dinámicos y la relación con el cambio climático", explicó a este medio.
Sobre cómo se vivió la jornada récord, dijo: "El día se vio muy productivo, los distintos grupos de científicos pudieron salir al terreno a realizar su trabajo, con menos ropas de lo habitual".
Luego analizó la temperatura y su relación con el cambio climático: "El aumento de temperatura tiene como incidencia en los glaciares la perdida de masa. Justamente es el trabajo de medición que realizaremos en estos días en la Bahía del Diablo, Isla Vega, unos 60 kilómetros al noroeste de Marambio. Todo esto gracias a que recibimos el apoyo de las autoridades de Tierra del Fuego".
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Agricultura conciente: solo 1 de 50 establecimientos
Uno cada 50 establecimientos rurales del país hace producción agroecológica, orgánica o biodinámica
Fecha de Publicación: 08/02/2020
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Nacional
Uno de cada 50 establecimientos rurales del país ya hace producción agroecológica, orgánica o biodinámica, de acuerdo al último censo nacional agropecuario publicado por el Indec, y según Eduardo Cerdá, titular de la red que aglutina a estos productores en Argentina y Uruguay, “es el modelo que hay que mirar para los próximos años”.
“Hay evidencia de que el modelo actual no dio respuestas a lo que se suponía, que era aumentar los rendimientos, porque se incrementaron mucho más los costos, y pasamos de pocas plantas resistentes a 40 especies resistentes y a usar más de 500 millones de litros de agroquímicos por año”, explicó Cerdá, presidente de la Red Nacional de Municipios y Comunidades que fomentan la Agroecología (Renama).
“Nuestra matriz ambiental no puede metabolizar esos productos y hoy encontramos agrotóxicos en el suelo, en el aire, el agua, en las nubes y, además, van complicando la matriz de los suelos que son clave para la producción agropecuaria”, señaló.
De las 250.881 explotaciones rurales relevadas, 2.544 afirmaron practicar agricultura orgánica, 409 agricultura biodinámica y 2.324 agroecología (en total 5277).
Según el censo, la mayor cantidad de prácticas de agricultura orgánica se localiza en Jujuy, seguida por Misiones, en tanto la mayor cantidad de prácticas agroecológicas se encontraron en la provincia de Buenos Aires, seguida por la provincia de Salta.
“Es el modelo que hay que mirar para los próximos años, es un mito que necesitamos el sistema actual para alimentar al mundo, porque lamentablemente no lo estamos haciendo y, además, lo que producimos tienen residuos de sustancias peligrosas”, indicó Cerdá.
Y agregó que “se trata de una propuesta superadora con soluciones a los problemas de este modelo porque ya se perdió la mitad de la materia orgánica de los suelos”.
“Nosotros -dijo- producimos en niveles similares de rendimiento con menos costo, con menores cantidades o muchas veces sin nada de químicos”.
En ese sentido, remarcó que “hay intención del gobierno actual y de los municipios de fomentar la agroecología, de favorecer la investigación, la comunicación para que se pueda tener más información y generar experiencias para que más productores vean”.
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Fecha de Publicación: 08/02/2020
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Nacional
Uno de cada 50 establecimientos rurales del país ya hace producción agroecológica, orgánica o biodinámica, de acuerdo al último censo nacional agropecuario publicado por el Indec, y según Eduardo Cerdá, titular de la red que aglutina a estos productores en Argentina y Uruguay, “es el modelo que hay que mirar para los próximos años”.
“Hay evidencia de que el modelo actual no dio respuestas a lo que se suponía, que era aumentar los rendimientos, porque se incrementaron mucho más los costos, y pasamos de pocas plantas resistentes a 40 especies resistentes y a usar más de 500 millones de litros de agroquímicos por año”, explicó Cerdá, presidente de la Red Nacional de Municipios y Comunidades que fomentan la Agroecología (Renama).
“Nuestra matriz ambiental no puede metabolizar esos productos y hoy encontramos agrotóxicos en el suelo, en el aire, el agua, en las nubes y, además, van complicando la matriz de los suelos que son clave para la producción agropecuaria”, señaló.
De las 250.881 explotaciones rurales relevadas, 2.544 afirmaron practicar agricultura orgánica, 409 agricultura biodinámica y 2.324 agroecología (en total 5277).
Según el censo, la mayor cantidad de prácticas de agricultura orgánica se localiza en Jujuy, seguida por Misiones, en tanto la mayor cantidad de prácticas agroecológicas se encontraron en la provincia de Buenos Aires, seguida por la provincia de Salta.
“Es el modelo que hay que mirar para los próximos años, es un mito que necesitamos el sistema actual para alimentar al mundo, porque lamentablemente no lo estamos haciendo y, además, lo que producimos tienen residuos de sustancias peligrosas”, indicó Cerdá.
Y agregó que “se trata de una propuesta superadora con soluciones a los problemas de este modelo porque ya se perdió la mitad de la materia orgánica de los suelos”.
“Nosotros -dijo- producimos en niveles similares de rendimiento con menos costo, con menores cantidades o muchas veces sin nada de químicos”.
En ese sentido, remarcó que “hay intención del gobierno actual y de los municipios de fomentar la agroecología, de favorecer la investigación, la comunicación para que se pueda tener más información y generar experiencias para que más productores vean”.
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Gobierno pampeano propuso nueva ley de agroquímicos
La ley prohibirá fumigar a menos de 500 metros de los pueblos
Fecha de Publicación: 08/02/2020
Fuente: La Arena
Provincia/Región: La Pampa
El Gobierno provincial presentó ayer el proyecto de la Ley de Gestión Integral de Plaguicidas para, en caso de ser aprobado, ser aplicada en toda la provincia en reemplazo de la Ley Nº 1173 en vigencia. En su articulado, la iniciativa prohíbe la aplicación terrestre en áreas urbanas y a menos de 500 metros del ejido. Para la aplicación aérea, no se podrá fumigar a menos de tres mil metros del ejido urbano.
La normativa tiene como primer objetivo la protección de la salud humana, la sanidad, calidad animal y vegetal, el ambiente, sus recursos naturales y ecosistemas, y la producción agropecuaria entre los principales puntos.
El proyecto de ley ingresó por Mesa de Entradas para que este miércoles, en sesiones extraordinarias, comience su tratamiento legislativo. Desde el Ejecutivo, destacaron que desde la sanción de actual ley, creció de manera inusitada el uso de plaguicidas, lo que trajo aparejado prácticas deficientes, manejos, usos y aplicaciones inadecuadas y riesgosas de los productos. Por estos motivos, consideraron oportuno extremar los recaudos en su utilización, con el dictado de una normativa adecuada a las exigencias actuales.
A su vez, el Gobierno señaló que el marco jurídico vigente (artículo 41º de la Constitución Nacional, artículo 18º de la Constitución Provincial, Ley Nacional General de Ambiente Nº 25675 y la recientemente sancionada Ley Ambiental Provincial Nº 3195) «entiende al derecho al medio ambiente sano como un derecho humano básico y esencial, siendo necesario para su concreción el dictado de normativa tendiente, por un lado, a la preservación y protección del ambiente desde una mirada ecosistémica y, por otro, a la mitigación de efectos negativos, minimización de riesgos, restauración y recomposición del daño ambiental en su caso ocasionado por las actividades productivas».
Además, la Ley Nacional General de Ambiente Nº 25675 estableció los presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable.
En ese sentido, destacó que «como sociedad debemos tomar conciencia que de la posibilidad de gozar de un ambiente sano, limpio y equilibrado, depende la concreción de otros derechos humanos fundamentales, como lo son el derecho a la vida y el derecho a la salud».
Modificaciones.
La ley presentada se estructura en ocho capítulos: Disposiciones Generales, De los Plaguicidas de Uso Urbano y Rural, de la Autoridad de Aplicación, de la Comisión Interdisciplinaria, del Consejo Consultor, de los Envases y Residuos derivados de la Ley, de las Infracciones y Sanciones y de las Disposiciones Complementarias.
Entre las novedades, la norma define claramente los objetivos, el ámbito de aplicación, contiene un glosario de las definiciones y siglas, establece prohibiciones en el uso de plaguicidas de uso urbano y rural, dispone los actos que se encontrarán sujetos a autorización y define nociones tales como: la prescripción de compra agronómica, las recetas urbanas y rurales, el remito agronómico.
Con respecto a las distancias, el proyecto presentado establece la prohibición de la aplicación terrestre de productos plaguicidas en áreas urbanas y a menos de 500 metros desde el límite de la finalización de dicha área. En relación a la aplicación aérea, prohíbe la fumigación en la zona urbana y a una distancia de tres mil metros desde el limite de finalización de dicha área.
Autoridades de aplicación.
El proyecto contempla tres autoridades de aplicación, los Ministerios de la Producción y de Salud (a través de los organismos o dependencias pertinentes) y la Subsecretaría de Salud. Además, crea una Comisión Interdisciplinaria que se integrará por las tres autoridades de aplicación antes enunciadas y funcionará como órgano de consulta, asesoramiento y toma de decisiones vinculantes en aquellas cuestiones complejas en el marco de la Ley y un Consejo Consultor, ya más amplio en su composición, que tendrá como misión principal asesorar a la Comisión.
Con respecto a los incumplimientos, el proyecto dispone un régimen claro y contundente en materia de infracciones y sanciones, las cuales se graduarán de acuerdo al daño causado, la naturaleza de la infracción cometida, las circunstancias, la gravedad de la falta y los antecedentes del infractor y el peligro causado.
Asimismo, prevé que todos aquellos que, de un modo directo o indirecto, hubieran participado en la comisión del hecho son responsables ante la Autoridad de Aplicación, siendo pasibles de sanciones solidarias o individuales, de acuerdo a la infracción constatada. Las posibles sanciones no serán excluyentes y podrán aplicarse en forma concurrente y en el caso de que el infractor fuere una persona jurídica, sus socios y miembros serán solidariamente responsables junto con sus directores, administradores y/o gerentes.
«Garantizar un ambiente sano»
Para la Provincia, los principios ambientales de prevención, precaución, sustentabilidad, equidad generacional y progresividad se convierten en ejes rectores de orden público ambiental que contribuyen y fortalecen la política de ambiental provincial. «Es fundamental armonizar el desarrollo de la actividad agropecuaria con el ambiente, a través de la adopción de las más racionales y eficientes técnicas y uso controlado y adecuado de los plaguicidas para así garantizar un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las generaciones futuras», sostuvieron.
En ese sentido, desde el Ejecutivo remarcaron que «resulta imprescindible actualizar la normativa en la materia, adecuándola a las exigencias constitucionales antes referidas y a nuestra realidad social, económica, ambiental y política, procurando una gestión y uso adecuado de los productos plaguicidas en las actividades que -directa o indirectamente- requieren de tales productos».
En los últimos años, desde el gobierno remarcaron que se viene asumiendo fervientemente un rol activo y participativo, canalizando y atendiendo los reclamos de la sociedad civil respecto al uso de plaguicidas, regulando su uso como así también la actividad de todos los actores intervinientes: productores agropecuarios, empresarios, profesionales, aplicadores y usuarios en general, atento que ello implica un potencial riesgo y la posibilidad de configurar daños para la salud humana, al ambiente y la calidad agroalimentaria.
«Las sustancias químicas son parte de nuestra vida diaria, prácticamente todos los productos manufacturados implican el uso de estas sustancias. Muchas de ellas, cuando se utilizan adecuadamente, pueden contribuir significativamente al mejoramiento de la calidad de vida, salud y bienestar. No obstante ello, el mal uso o un uso sin el control necesario inciden negativamente en la salud de las personas y en el ambiente del que todos formamos parte», sostuvieron desde el Ejecutivo.
«El uso de plaguicidas es necesario muchas veces en los cultivos para evitar pérdidas inaceptables de la producción agrícola. Sin embargo, «puede llegar a plantear riesgos para la salud de los agricultores y las personas que trabajan con esos productos por una manipulación incorrecta o inadecuada que se haga de ellos», advirtieron.
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Fecha de Publicación: 08/02/2020
Fuente: La Arena
Provincia/Región: La Pampa
El Gobierno provincial presentó ayer el proyecto de la Ley de Gestión Integral de Plaguicidas para, en caso de ser aprobado, ser aplicada en toda la provincia en reemplazo de la Ley Nº 1173 en vigencia. En su articulado, la iniciativa prohíbe la aplicación terrestre en áreas urbanas y a menos de 500 metros del ejido. Para la aplicación aérea, no se podrá fumigar a menos de tres mil metros del ejido urbano.
La normativa tiene como primer objetivo la protección de la salud humana, la sanidad, calidad animal y vegetal, el ambiente, sus recursos naturales y ecosistemas, y la producción agropecuaria entre los principales puntos.
El proyecto de ley ingresó por Mesa de Entradas para que este miércoles, en sesiones extraordinarias, comience su tratamiento legislativo. Desde el Ejecutivo, destacaron que desde la sanción de actual ley, creció de manera inusitada el uso de plaguicidas, lo que trajo aparejado prácticas deficientes, manejos, usos y aplicaciones inadecuadas y riesgosas de los productos. Por estos motivos, consideraron oportuno extremar los recaudos en su utilización, con el dictado de una normativa adecuada a las exigencias actuales.
A su vez, el Gobierno señaló que el marco jurídico vigente (artículo 41º de la Constitución Nacional, artículo 18º de la Constitución Provincial, Ley Nacional General de Ambiente Nº 25675 y la recientemente sancionada Ley Ambiental Provincial Nº 3195) «entiende al derecho al medio ambiente sano como un derecho humano básico y esencial, siendo necesario para su concreción el dictado de normativa tendiente, por un lado, a la preservación y protección del ambiente desde una mirada ecosistémica y, por otro, a la mitigación de efectos negativos, minimización de riesgos, restauración y recomposición del daño ambiental en su caso ocasionado por las actividades productivas».
Además, la Ley Nacional General de Ambiente Nº 25675 estableció los presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable.
En ese sentido, destacó que «como sociedad debemos tomar conciencia que de la posibilidad de gozar de un ambiente sano, limpio y equilibrado, depende la concreción de otros derechos humanos fundamentales, como lo son el derecho a la vida y el derecho a la salud».
Modificaciones.
La ley presentada se estructura en ocho capítulos: Disposiciones Generales, De los Plaguicidas de Uso Urbano y Rural, de la Autoridad de Aplicación, de la Comisión Interdisciplinaria, del Consejo Consultor, de los Envases y Residuos derivados de la Ley, de las Infracciones y Sanciones y de las Disposiciones Complementarias.
Entre las novedades, la norma define claramente los objetivos, el ámbito de aplicación, contiene un glosario de las definiciones y siglas, establece prohibiciones en el uso de plaguicidas de uso urbano y rural, dispone los actos que se encontrarán sujetos a autorización y define nociones tales como: la prescripción de compra agronómica, las recetas urbanas y rurales, el remito agronómico.
Con respecto a las distancias, el proyecto presentado establece la prohibición de la aplicación terrestre de productos plaguicidas en áreas urbanas y a menos de 500 metros desde el límite de la finalización de dicha área. En relación a la aplicación aérea, prohíbe la fumigación en la zona urbana y a una distancia de tres mil metros desde el limite de finalización de dicha área.
Autoridades de aplicación.
El proyecto contempla tres autoridades de aplicación, los Ministerios de la Producción y de Salud (a través de los organismos o dependencias pertinentes) y la Subsecretaría de Salud. Además, crea una Comisión Interdisciplinaria que se integrará por las tres autoridades de aplicación antes enunciadas y funcionará como órgano de consulta, asesoramiento y toma de decisiones vinculantes en aquellas cuestiones complejas en el marco de la Ley y un Consejo Consultor, ya más amplio en su composición, que tendrá como misión principal asesorar a la Comisión.
Con respecto a los incumplimientos, el proyecto dispone un régimen claro y contundente en materia de infracciones y sanciones, las cuales se graduarán de acuerdo al daño causado, la naturaleza de la infracción cometida, las circunstancias, la gravedad de la falta y los antecedentes del infractor y el peligro causado.
Asimismo, prevé que todos aquellos que, de un modo directo o indirecto, hubieran participado en la comisión del hecho son responsables ante la Autoridad de Aplicación, siendo pasibles de sanciones solidarias o individuales, de acuerdo a la infracción constatada. Las posibles sanciones no serán excluyentes y podrán aplicarse en forma concurrente y en el caso de que el infractor fuere una persona jurídica, sus socios y miembros serán solidariamente responsables junto con sus directores, administradores y/o gerentes.
«Garantizar un ambiente sano»
Para la Provincia, los principios ambientales de prevención, precaución, sustentabilidad, equidad generacional y progresividad se convierten en ejes rectores de orden público ambiental que contribuyen y fortalecen la política de ambiental provincial. «Es fundamental armonizar el desarrollo de la actividad agropecuaria con el ambiente, a través de la adopción de las más racionales y eficientes técnicas y uso controlado y adecuado de los plaguicidas para así garantizar un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las generaciones futuras», sostuvieron.
En ese sentido, desde el Ejecutivo remarcaron que «resulta imprescindible actualizar la normativa en la materia, adecuándola a las exigencias constitucionales antes referidas y a nuestra realidad social, económica, ambiental y política, procurando una gestión y uso adecuado de los productos plaguicidas en las actividades que -directa o indirectamente- requieren de tales productos».
En los últimos años, desde el gobierno remarcaron que se viene asumiendo fervientemente un rol activo y participativo, canalizando y atendiendo los reclamos de la sociedad civil respecto al uso de plaguicidas, regulando su uso como así también la actividad de todos los actores intervinientes: productores agropecuarios, empresarios, profesionales, aplicadores y usuarios en general, atento que ello implica un potencial riesgo y la posibilidad de configurar daños para la salud humana, al ambiente y la calidad agroalimentaria.
«Las sustancias químicas son parte de nuestra vida diaria, prácticamente todos los productos manufacturados implican el uso de estas sustancias. Muchas de ellas, cuando se utilizan adecuadamente, pueden contribuir significativamente al mejoramiento de la calidad de vida, salud y bienestar. No obstante ello, el mal uso o un uso sin el control necesario inciden negativamente en la salud de las personas y en el ambiente del que todos formamos parte», sostuvieron desde el Ejecutivo.
«El uso de plaguicidas es necesario muchas veces en los cultivos para evitar pérdidas inaceptables de la producción agrícola. Sin embargo, «puede llegar a plantear riesgos para la salud de los agricultores y las personas que trabajan con esos productos por una manipulación incorrecta o inadecuada que se haga de ellos», advirtieron.
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