Justicia protege a vecinos de Pergamino de fumigaciones
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Fallo histórico: la Justicia Federal prohibió las fumigaciones a 3 mil metros en Pergamino
Fecha de Publicación: 05/09/2019
Fuente: InfoCielo
Provincia/Región: Buenos Aires
Después de numerosos estudios que mostraron la contaminación del agua y la presencia de grandes dosis de diferentes agroquímicos, el Juzgado Federal de San Nicolás estableció que no se podrá fumigar a menos de mil metros en forma terrestre y a menos de tres mil, de forma aérea, respecto a la planta urbana. El dato clave fue la confirmación de que los fitosanitarios en sangre producen “daños genéticos”.
En Pergamino, el drama por el agua contaminada está llegando a una resolución histórica. El Juzgado Federal Nº 2 de San Nicolás a cargo del juez Carlos Villafuerte Ruzzo dictó una resolución que prohíbe las fumigaciones terrestres a más de mil metros y las áreas, a más de tres mil.
El único precedente hasta ahora a nivel nacional había sido en Entre Ríos, luego de que el Supremo Tribunal de Justicia así lo estableciera para esa provincia. En tanto, se convierte en el primer caso emitido en territorio bonaerense.
La medida es extensiva de lo ya ordenado por el juez en abril de este año, cuando había pedido suspender provisoriamente las fumigaciones, mientras se determinaba el impacto que los distintos agroquímicos en las poblaciones cercanas.
En efecto, meses después, dos informes distintos concluyeron en que la cantidad de cáncer y enfermedades respiratorias y de piel tenía que ver con la presencia de 18 tipos distintos de agroquímicos en el agua analizada en los barrios afectados.
El nuevo fallo –que tendrá un impacto a nivel provincial y nacional- le pide además al intendente Javier Martínez (de Juntos por el Cambio) que le informe sobre la cantidad de parajes y pueblos rurales que existen dentro del Partido de Pergamino, para que también se fijen una distancia considerable para las fumigaciones en esas zonas.
Uno de los argumentos que llevaron a convencer al juez para ordenar las fumigaciones a más de mil metro se basa en el último informe del equipo de investigación de Genotoxicidad de la Universidad Nacional de Río Cuarto a cargo de la Doctora en Biología, Delia Aiassa. Ese estudio demostró que los agroquímicos en sangre pueden producir “daños genéticos” y así se convalidó a base de las diferentes enfermedades que sufre toda una familia de Pergamino.
De hecho, en el propio informe a cargo de la doctora Aiassa, se sugería que la distancia para las fumigaciones debía ser a más de mil metros, propio de la experiencia ya recogida respecto a casos similares ocurridos en Córdoba.
En la reflexión del propio magistrado, se evidencia que el Estado “no tiene la capacidad de restituir del daño” que ya generó la contaminación del agua y que por eso, las medidas ahora ordenadas apuntan más que nada a prevenir casos futuros. El fallo pone en aprietos al gobierno de la Provincia y también del municipio a cargo del intendente Javier Martínez, quien hasta entonces había negado la contaminación del agua. “El tema del agua es algo complejo, está manoseado políticamente y siempre surge en épocas electorales. (…) Se encontró una partícula de glifosato en miles y miles de litros porque nuestro suelo se aplica esa sustancia hace mucho tiempo, pero lo que tiene no es dañino”, había dicho hace poco.
Por su parte, el fiscal de la causa Matías Di Lello se mostró a favor del fallo y destacó que según los numerosos estudios ya realizados, ya no se discute que el agua de Pergamino esté contaminada. Para el fiscal, los nuevos informes deberían apuntar a esclarecer qué niveles de toxicidad marcan.
Sobre esto, es importante recordar que la propia Autoridad del Agua a cargo de Provincia confirmó que las napas de agua de Pergamino obtienen niveles altos –no permitidos- de arsénico, y que según lo aportado por los profesionales que actuaron en la causa, este material tiene un efecto aún más dañino cuando se mescla con las partículas de agroquímicos que se hallan en el agua.
Resumen de la Causa
El primer estudio que les dio la razón a los vecinos, fue realizado por especialistas del Conicet y del Inta- Balcarce, así como por el especialista de la Universidad Nacional de La Plata, Damián Marino. Allí se arrojó niveles altos de agroquímicos en el agua. Sin embargo, posteriormente el municipio encomendó un estudio paralelo realizado por la Autoridad del Agua de la provincia (ASA), que contradijo lo anteriormente dicho.
A pesar de lo que había arrojado los análisis previos de dos laboratorios, el municipio ordenó una muestra que llevó a cabo Bromatología y la Autoridad del Agua de la Provincia, quienes posteriormente publicaron sus resultados y descartaron que el agua esté contaminada.
Para destrabar el conflicto, el juez Villafuerte Ruzo dispuso que por ahora se suspenda cualquier tipo de fumigación y ordenó que se realice un nuevo análisis al equipo de Toxicología de la Corte Suprema de la Nación. El cual, coincidió en que el agua de los pergaminenses estaba contaminada.
La última novedad fue que la propia Autoridad del Agua aseguró que el agua de la ciudad contiene niveles altísimos de arsénico. Pese a que el mismo se trata de un material natural -no producto de una contaminación externa-, potencia la peligrosidad para la salud humana en contacto con los agroquímicos.
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Finalmente le otorgan probation a empresario contaminador
Otorgan probation a Rocchia Ferro en causa por contaminación de un pueblo
Fecha de Publicación: 05/09/2019
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Santiago del Estero
El Tribunal Oral Federal (TOF) de Santiago del Estero hizo lugar a la suspensión del juicio a prueba (probation) que se seguía al industrial tucumano Jorge Rocchia Ferro y a José Ramón Coronel, dueño y gerente del ingenio y destilería La Florida. Ambos están acusados por el vuelco de millones de litros de vinaza, entre fines de 2012 y principios de 2013, que inundaron El Palomar, una pequeña localidad del departamento Jiménez.
Por entonces, la planta industrial descargó el efluente industrial a través de un canal interprovincial que une La Florida (Tucumán) con Jiménez (Santiago del Estero).
El cuerpo tomó esta decisión a instancias de las víctimas que aceptaron la reparación económica de unos 28,5 millones de pesos aproximadamente que hizo el empresario, y que consideraron importante. Las víctimas estuvieron representadas por las querellas: Fiscalía de Estado de Santiago del Estero (asistieron los abogados Marcelo Acuña y José Pérez Neme); la Fiscalía de Estado de Tucumán -se acumuló a este expediente una causa que tenía Rocchia Ferro en esa provincia- (representada por Mario Fabián Nahas); y Oscar Sarrulle, excamarista federal tucumano que vive en El Palomar y que fue querellante particular en representación de los vecinos.
Por su parte, el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por la fiscal general federal Indiana Garzón, asistida por el Dr. Pablo Álvarez, quien tras una extensa argumentación, expresó su rechazo a la probation y adelantó que recurrirá la sentencia ante Casación.
El ofrecimiento de Rocchia Ferro a través de su abogado Arnaldo Ahumada, para reparar el daño causado, incluye la compra de vehículos y embarcaciones para las dos provincias, el montaje de un laboratorio de última generación para el control de calidad de aguas en Santiago del Estero.
En el caso de El Palomar, el industrial se comprometió en un término de 12 meses a ejecutar un plan de obras que incluye: albergue para docentes, un puente peatonal para cruzar el canal interprovincial y llegar a la escuela, la construcción de una tapa para un pozo ciego que hay en el establecimiento, de un salón techado para juegos infantiles de los alumnos, el alambrado perimetral y un portón de ingreso para la escuela; también la construcción de un pozo de más de 130 metros de profundidad y sistema eléctrico de bombeo para obtener agua potable y las obras de red (éstas últimas planteadas por Sarrulle). También ofrece 20 becas para estudiantes de El Palomar para que estudien en la Universidad San Pablo en Tucumán.
La resolución del TOF que estuvo integrado por Abelardo Basbús, Federico Bothamley y Juan Carlos Reynaga respetó el “deseo de las víctimas”, de aceptar el ofrecimiento de reparación del daño que de una propuesta original de $18 millones, se pasó a $ 27 millones el año pasado y luego a más de $28,5 millones teniendo en cuenta las observaciones planteadas por la Fiscalía de Estado (que a su vez trasladó planteos de la Defensoría del Pueblo y la Secretaría del Agua).
Fuentes judiciales indicaron que la resolución tomó en cuenta las corrientes actuales del Derecho Penal que tienden a reforzar el papel de las víctimas, a quienes se escuchó en este caso.
La suspensión del juicio a prueba es por tres años y dispone una serie de conductas que deberán cumplir Rocchia Ferro y Coronel: fijar residencia; realizar estudios o prácticas necesarias para su capacitación laboral y profesional en materia ambiental, realizar a posterior seminarios en la Universidad San Pablo de Tucumán referidos a la contaminación y sus implicancias y dos charlas informativas respecto de la problemática de la contaminación ambiental y sus posibles soluciones en la Escuela de la localidad El Palomar, que deberán ser acreditadas por el juez de Ejecución Penal, en este caso Abelardo Basbús.
Los acusados también deberán comprometerse a llevar a cabo el plan vinaza cero, acreditando de manera periódica su cumplimiento.
También se emplazó a Rocchia Ferro y Coronel para que cumplan en el término de 30 días con la compra de bienes ofrecidos a las víctimas, y en el plazo de 12 meses, con las obras comprometidas. Además, el TOF resolvió que se haga efectivo el embargo de $ 200 mil que pesaba sobre ambos.
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Fecha de Publicación: 05/09/2019
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Santiago del Estero
El Tribunal Oral Federal (TOF) de Santiago del Estero hizo lugar a la suspensión del juicio a prueba (probation) que se seguía al industrial tucumano Jorge Rocchia Ferro y a José Ramón Coronel, dueño y gerente del ingenio y destilería La Florida. Ambos están acusados por el vuelco de millones de litros de vinaza, entre fines de 2012 y principios de 2013, que inundaron El Palomar, una pequeña localidad del departamento Jiménez.
Por entonces, la planta industrial descargó el efluente industrial a través de un canal interprovincial que une La Florida (Tucumán) con Jiménez (Santiago del Estero).
El cuerpo tomó esta decisión a instancias de las víctimas que aceptaron la reparación económica de unos 28,5 millones de pesos aproximadamente que hizo el empresario, y que consideraron importante. Las víctimas estuvieron representadas por las querellas: Fiscalía de Estado de Santiago del Estero (asistieron los abogados Marcelo Acuña y José Pérez Neme); la Fiscalía de Estado de Tucumán -se acumuló a este expediente una causa que tenía Rocchia Ferro en esa provincia- (representada por Mario Fabián Nahas); y Oscar Sarrulle, excamarista federal tucumano que vive en El Palomar y que fue querellante particular en representación de los vecinos.
Por su parte, el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por la fiscal general federal Indiana Garzón, asistida por el Dr. Pablo Álvarez, quien tras una extensa argumentación, expresó su rechazo a la probation y adelantó que recurrirá la sentencia ante Casación.
El ofrecimiento de Rocchia Ferro a través de su abogado Arnaldo Ahumada, para reparar el daño causado, incluye la compra de vehículos y embarcaciones para las dos provincias, el montaje de un laboratorio de última generación para el control de calidad de aguas en Santiago del Estero.
En el caso de El Palomar, el industrial se comprometió en un término de 12 meses a ejecutar un plan de obras que incluye: albergue para docentes, un puente peatonal para cruzar el canal interprovincial y llegar a la escuela, la construcción de una tapa para un pozo ciego que hay en el establecimiento, de un salón techado para juegos infantiles de los alumnos, el alambrado perimetral y un portón de ingreso para la escuela; también la construcción de un pozo de más de 130 metros de profundidad y sistema eléctrico de bombeo para obtener agua potable y las obras de red (éstas últimas planteadas por Sarrulle). También ofrece 20 becas para estudiantes de El Palomar para que estudien en la Universidad San Pablo en Tucumán.
La resolución del TOF que estuvo integrado por Abelardo Basbús, Federico Bothamley y Juan Carlos Reynaga respetó el “deseo de las víctimas”, de aceptar el ofrecimiento de reparación del daño que de una propuesta original de $18 millones, se pasó a $ 27 millones el año pasado y luego a más de $28,5 millones teniendo en cuenta las observaciones planteadas por la Fiscalía de Estado (que a su vez trasladó planteos de la Defensoría del Pueblo y la Secretaría del Agua).
Fuentes judiciales indicaron que la resolución tomó en cuenta las corrientes actuales del Derecho Penal que tienden a reforzar el papel de las víctimas, a quienes se escuchó en este caso.
La suspensión del juicio a prueba es por tres años y dispone una serie de conductas que deberán cumplir Rocchia Ferro y Coronel: fijar residencia; realizar estudios o prácticas necesarias para su capacitación laboral y profesional en materia ambiental, realizar a posterior seminarios en la Universidad San Pablo de Tucumán referidos a la contaminación y sus implicancias y dos charlas informativas respecto de la problemática de la contaminación ambiental y sus posibles soluciones en la Escuela de la localidad El Palomar, que deberán ser acreditadas por el juez de Ejecución Penal, en este caso Abelardo Basbús.
Los acusados también deberán comprometerse a llevar a cabo el plan vinaza cero, acreditando de manera periódica su cumplimiento.
También se emplazó a Rocchia Ferro y Coronel para que cumplan en el término de 30 días con la compra de bienes ofrecidos a las víctimas, y en el plazo de 12 meses, con las obras comprometidas. Además, el TOF resolvió que se haga efectivo el embargo de $ 200 mil que pesaba sobre ambos.
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Santa Fe sigue debatiendo una nueva ley de agroquímico
La Legislatura santafesina deberá debatir una nueva ley de agroquímico
Fecha de Publicación: 05/09/2019
Fuente: Sin Mordaza
Provincia/Región: Santa Fe
Hay tres proyectos en análisis pero no hay ninguna certeza de que se traten este año.
La utilización intensiva de agroquímicos que demanda el modelo agroindustrial argentino hace tiempo que es tema de debate social. Esto por sus consecuencias negativas sobre la salud del ambiente y de las personas. Sin embargo, y en el medio de fuertes intereses cruzados, el debate político viene a la rastra. Y todavía no ha podido consensuar una nueva legislación para lo que es hoy la principal problemática socioambiental de la zona agrícola nacional.
Legislatura santafesina
En Santa Fe actualmente hay tres proyectos de ley en la Legislatura que buscan ordenar el uso de esos insumos. A través de la modificación de la ley 11.273, que data de 1995 cuando aún ni siquiera se había autorizado el uso de semillas modificadas en el país. El debate, que está en la comisión de Asuntos Constitucionales y que -en los papeles- debería llegar al recinto en un par de semanas, está tensionado por las diferentes posiciones que existen. Esto en relación a las distancias a las cuáles se puede fumigar de cascos urbanos tanto de manera terrestre como aérea. Así como a la presencia de depósitos de agroquímicos dentro de núcleos habitados.
Con inciertas chances de avanzar de manera concreta en el tema en lo que resta del año. Y en medio de la eterna transición política provincial, Entre Ríos (donde hay una guerra virtual entre docentes, el poder judicial, el Ejecutivo y la Mesa de Enlace por las distancias a las fumigaciones) ofrece un espejo donde Santa Fe puede mirarse. Y ver qué pasa cuando la inacción política no resuelve una demanda que ya lleva años.
Tres proyectos en pugna
Hoy hay tres proyectos en discusión. Uno fue presentado en febrero pasado por el diputado Carlos del Frade y Mercedes Meier (Frente Social y Popular). Es apoyado por varios diputados más entre los cuáles se encuentran Rubén Giustiniani y Silvia Augsburger (Igualdad y Participación), Silvia Simoncini y Patricia Chialvo (peronismo), Palo Oliver (radicalismo) y Verónica Benas (Pares).
Retoma la propuesta histórica de la multisectorial Paren de Fumigarnos. Presentada por primera vez por José Tessa. Busca prohibir tanto las aspersiones aéreas como la presencia de depósitos de estos insumos químicos en zonas habitadas. Y propone una distancia de 1.500 metros para las aplicaciones terrestres.
Un segundo proyecto es el que impulsa el radical Santiago Mascheroni, presidente de la Comisión de Medioambiente. También pone de manera gradual límites más estrictos a las fumigaciones pero no avanza sobre el tema de los depósitos. Además, prohíbe las aspersiones aéreas a menos de 3.000 metros de las zonas habitadas.
El tercer proyecto es el que suele denominarse “Ley Bertero” (fue presentado originalmente, hace años, por la socialista Inés Bertero). Y es el más resistido por las organizaciones socioambientales, que consideran que es regresivo en cuanto a las distancias que plantea para la aplicación de estos productos al plantear varias excepciones posibles a la norma.
Paren de Fumigarnos
Desde la Multisectorial Paren de Fumigarnos expresaron su preocupación por lo que pueda pasar en la Legislatura. “La solución es el cambio de este modelo químico dependiente por uno agroecológico. Pero en ‘defensa propia’ y para poner a resguardo a los vecinos más expuestos hemos propuesto modificaciones a la ley actual”, expresaron desde esa agrupación. Estos cambios buscan incorporar zonas de resguardo de 1.500 metros como tiene San Luis. Y la prohibición de las aspersiones aéreas.
Para los ambientalistas, el proyecto de Mascheroni “es aceptable”. Ya que contempla una zona de resguardo para las fumigaciones terrestres a la que se llegaría de forma progresiva en dos años.
Todos los cañones de la Multisectorial apuntan contra el tercer proyecto. Que según puntualizaron “lleva estas zonas sin químicos de 200 a 300 metros según haya o no barrera forestal. Y permite las fumigaciones aéreas a 800 metros de las viviendas si es necesario”. “Es un proyecto de ley regresivo y anticonstitucional. Solo pensado para la renta de algunos pocos y el perjuicio de las verdaderas mayorías”, expresaron los ambientalistas.
Continuidades y rupturas políticas
A pesar de la creciente presión social sobre el tema, no hay certezas de que salga una nueva ley de la Legislatura antes de fin de año. En opinión de Del Frade “ni Lifschitz ni Perotti quieren que se trate y eso es un problema”.
Un diagnóstico parecido trazó Rafael Colombo, del colectivo ambientalista Capibara. Para quien “en la legislatura hay actitudes no homogéneas del oficialismo y de la oposición con muchas vacilaciones. Que no auguran un buen final en este año parlamentario para una reforma de la ley”,
El abogado explicó que desde Capibara apoyan el proyecto histórico de “Paren de Fumigarnos” y que hace falta una “reforma integral” del corpus normativo sobre agroquímicos que incluya, además de límites y prohibiciones, una Ley de Silos y otra de promoción de la agroecología junto a la creación “de un Observatorio de Agrotóxicos”.
Colombo avanzó en el análisis de lo que consideró “las contradicciones del oficialismo” entre las cuáles, en su opinión, “la más flagrante es la de Lifschitz”.
“En la Tercera Cumbre Climática hizo una crítica directa al sistema agroindustrial actua. Planteando límites a su rentabilidad y una mayor conciencia sobre la contaminación con agroquímicos. Mientras su ministra de la Producción (Alicia Ciciliani) apuntala el discurso de las denominadas Buenas Prácticas Agrícolas que son un eufemismo del capitalismo agroindustrial para no revisarse a sí mismo”, dijo el referente de Capibara.
En relación a lo que esperan del nuevo gobierno provincial, explicó que (tal como hicieron con el gobernador saliente) le presentarán a Perotti una propuesta ambiental desde Capibara así como los proyectos que trabajan desde la Multisectorial. “Es una persona ligada a los intereses económicos productivos de la provincia pero eso no quiere decir que no pueda ser receptivo. Han pasado los años y el escenario social ha cambiado mucho”, puntualizó.
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Fecha de Publicación: 05/09/2019
Fuente: Sin Mordaza
Provincia/Región: Santa Fe
Hay tres proyectos en análisis pero no hay ninguna certeza de que se traten este año.
La utilización intensiva de agroquímicos que demanda el modelo agroindustrial argentino hace tiempo que es tema de debate social. Esto por sus consecuencias negativas sobre la salud del ambiente y de las personas. Sin embargo, y en el medio de fuertes intereses cruzados, el debate político viene a la rastra. Y todavía no ha podido consensuar una nueva legislación para lo que es hoy la principal problemática socioambiental de la zona agrícola nacional.
Legislatura santafesina
En Santa Fe actualmente hay tres proyectos de ley en la Legislatura que buscan ordenar el uso de esos insumos. A través de la modificación de la ley 11.273, que data de 1995 cuando aún ni siquiera se había autorizado el uso de semillas modificadas en el país. El debate, que está en la comisión de Asuntos Constitucionales y que -en los papeles- debería llegar al recinto en un par de semanas, está tensionado por las diferentes posiciones que existen. Esto en relación a las distancias a las cuáles se puede fumigar de cascos urbanos tanto de manera terrestre como aérea. Así como a la presencia de depósitos de agroquímicos dentro de núcleos habitados.
Con inciertas chances de avanzar de manera concreta en el tema en lo que resta del año. Y en medio de la eterna transición política provincial, Entre Ríos (donde hay una guerra virtual entre docentes, el poder judicial, el Ejecutivo y la Mesa de Enlace por las distancias a las fumigaciones) ofrece un espejo donde Santa Fe puede mirarse. Y ver qué pasa cuando la inacción política no resuelve una demanda que ya lleva años.
Tres proyectos en pugna
Hoy hay tres proyectos en discusión. Uno fue presentado en febrero pasado por el diputado Carlos del Frade y Mercedes Meier (Frente Social y Popular). Es apoyado por varios diputados más entre los cuáles se encuentran Rubén Giustiniani y Silvia Augsburger (Igualdad y Participación), Silvia Simoncini y Patricia Chialvo (peronismo), Palo Oliver (radicalismo) y Verónica Benas (Pares).
Retoma la propuesta histórica de la multisectorial Paren de Fumigarnos. Presentada por primera vez por José Tessa. Busca prohibir tanto las aspersiones aéreas como la presencia de depósitos de estos insumos químicos en zonas habitadas. Y propone una distancia de 1.500 metros para las aplicaciones terrestres.
Un segundo proyecto es el que impulsa el radical Santiago Mascheroni, presidente de la Comisión de Medioambiente. También pone de manera gradual límites más estrictos a las fumigaciones pero no avanza sobre el tema de los depósitos. Además, prohíbe las aspersiones aéreas a menos de 3.000 metros de las zonas habitadas.
El tercer proyecto es el que suele denominarse “Ley Bertero” (fue presentado originalmente, hace años, por la socialista Inés Bertero). Y es el más resistido por las organizaciones socioambientales, que consideran que es regresivo en cuanto a las distancias que plantea para la aplicación de estos productos al plantear varias excepciones posibles a la norma.
Paren de Fumigarnos
Desde la Multisectorial Paren de Fumigarnos expresaron su preocupación por lo que pueda pasar en la Legislatura. “La solución es el cambio de este modelo químico dependiente por uno agroecológico. Pero en ‘defensa propia’ y para poner a resguardo a los vecinos más expuestos hemos propuesto modificaciones a la ley actual”, expresaron desde esa agrupación. Estos cambios buscan incorporar zonas de resguardo de 1.500 metros como tiene San Luis. Y la prohibición de las aspersiones aéreas.
Para los ambientalistas, el proyecto de Mascheroni “es aceptable”. Ya que contempla una zona de resguardo para las fumigaciones terrestres a la que se llegaría de forma progresiva en dos años.
Todos los cañones de la Multisectorial apuntan contra el tercer proyecto. Que según puntualizaron “lleva estas zonas sin químicos de 200 a 300 metros según haya o no barrera forestal. Y permite las fumigaciones aéreas a 800 metros de las viviendas si es necesario”. “Es un proyecto de ley regresivo y anticonstitucional. Solo pensado para la renta de algunos pocos y el perjuicio de las verdaderas mayorías”, expresaron los ambientalistas.
Continuidades y rupturas políticas
A pesar de la creciente presión social sobre el tema, no hay certezas de que salga una nueva ley de la Legislatura antes de fin de año. En opinión de Del Frade “ni Lifschitz ni Perotti quieren que se trate y eso es un problema”.
Un diagnóstico parecido trazó Rafael Colombo, del colectivo ambientalista Capibara. Para quien “en la legislatura hay actitudes no homogéneas del oficialismo y de la oposición con muchas vacilaciones. Que no auguran un buen final en este año parlamentario para una reforma de la ley”,
El abogado explicó que desde Capibara apoyan el proyecto histórico de “Paren de Fumigarnos” y que hace falta una “reforma integral” del corpus normativo sobre agroquímicos que incluya, además de límites y prohibiciones, una Ley de Silos y otra de promoción de la agroecología junto a la creación “de un Observatorio de Agrotóxicos”.
Colombo avanzó en el análisis de lo que consideró “las contradicciones del oficialismo” entre las cuáles, en su opinión, “la más flagrante es la de Lifschitz”.
“En la Tercera Cumbre Climática hizo una crítica directa al sistema agroindustrial actua. Planteando límites a su rentabilidad y una mayor conciencia sobre la contaminación con agroquímicos. Mientras su ministra de la Producción (Alicia Ciciliani) apuntala el discurso de las denominadas Buenas Prácticas Agrícolas que son un eufemismo del capitalismo agroindustrial para no revisarse a sí mismo”, dijo el referente de Capibara.
En relación a lo que esperan del nuevo gobierno provincial, explicó que (tal como hicieron con el gobernador saliente) le presentarán a Perotti una propuesta ambiental desde Capibara así como los proyectos que trabajan desde la Multisectorial. “Es una persona ligada a los intereses económicos productivos de la provincia pero eso no quiere decir que no pueda ser receptivo. Han pasado los años y el escenario social ha cambiado mucho”, puntualizó.
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Grave: modifican decreto y se permite importar basura
Macri modificó un decreto que habilita a importar basura peligrosa sin controles
Fecha de Publicación: 04/09/2019
Fuente: InfoCielo
Provincia/Región: Nacional
La modificación de un viejo decreto deja al país al borde transformarse un basural de residuos peligrosos proveniente de otros países. A la par, recicladores se ven afectados por la caída del precio de elementos como el cartón y el plástico, ante la mayor demanda. El decreto original lo había firmado Menem en 1992 luego de un escándalo por la llegada de residuos nucleares al país.
Un polémico decreto firmado por el gobierno de Mauricio Macri pasó desapercibido la semana pasada: se trata una modificación de la vieja orden Nº 181/1992 que por entonces habilitaba a la importación de basura de otros países y que generó un escándalo por la aparición de residuos nucleares en el gobierno de Menem.
Ahora, las modificaciones pasaron tan solo por un solo artículo y según trabajadores de la Economía Popular y ambientalistas, el mismo “flexibiliza el debido control ecológico”, librando a la Argentina a transformarse en un país receptor de basura peligrosa como la nuclear, proveniente de Europa y otras regiones.
Esto, además de poner en peligro al medio ambiente, representa una dura contradicción en términos ecológicos: mientras el gobierno no destina los suficientes fondos para reciclar la basura que se genera en su propio país, se destinarán millones para pagar la basura que descartan otras naciones. Todo esto, mientras países como China y parte de la Unión Europea prohíben el ingreso de basura a sus países.
Los primeros en denunciar este nuevo decreto fueron los Cartoneros y Recicladores urbanos que a las claras, hoy se constituyen como de los principales recolectores de cartones, plásticos y otros elementos que terminan descartados de la basura, para ser reciclados.
Según la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR), en nuestro país se generan 40.000 toneladas de basura por mes y el 40% podría ser reciclado. “De esta cantidad solo se recicla la mitad gracias al trabajo cotidiano de los cartoneros (150.000 en todo el país)”, explican.
“En lugar de potenciar la recolección y reciclado de los residuos que tiramos los argentinos, se facilita la importación de los residuos de los europeos. Esto perjudica a los cartoneros que trabajamos de esa recolección y de la venta de ese material. Y en el medio de una crisis social y económica, significa que nos llevan al hambre”, expresaron en un comunicado.
“Antes se tenía que demostrar que lo que llegaba eran residuos inocuos y se tramitaba en la Secretaría de Ambiente un permiso específico para cada importación. Ahora simplemente se puede importar sin esa necesidad. Esto es muy peligroso para los recicladores de la Argentina”, describió para INFOCIELO, Alejandro Valiente, miembro del equipo técnico de la FACCyR.
Para los cartoneros y recicladores esto es una mala noticia, porque ante más demanda de cartón en el país, menor será su valor y por lo tanto menor los ingresos de sus trabajadores. Que, valga la aclaración, integran un sector social más que vulnerable en la población.
Los especialistas explican que en los primeros meses del 2019 se importó más cartón para reciclar que todo en 2018 y este fenómeno se dio sin el aval del nuevo decreto. Por lo que la situación para el mercado del cartón y otros elementos reciclables podría complicarse aún más.
“Todavía se puede recuperar y reciclar el doble de lo que hoy se recicla. En vez de reciclar los residuos que generamos en Argentina vamos a comprar a precio dólar lo que tiran otros. En lugar de estimular la importación de residuos, el gobierno debería potenciar el trabajo de los que ya reciclamos para que juntemos cada vez más residuos, podamos vivir en un ambiente sano, y avanzar hacia una economía sustentable con basura cero”, se quejaron desde el Movimiento de Trabajadores de la Economía Popular (MTE).
Con el nuevo decreto 591/2019 el país se vuelve un receptor de basura peligrosa y el Estado destinará fondos que podría utilizarlos para el reciclado de su propia basura. Algo que a las claras parece tratarse de un negocio que huele mal.
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Fecha de Publicación: 04/09/2019
Fuente: InfoCielo
Provincia/Región: Nacional
La modificación de un viejo decreto deja al país al borde transformarse un basural de residuos peligrosos proveniente de otros países. A la par, recicladores se ven afectados por la caída del precio de elementos como el cartón y el plástico, ante la mayor demanda. El decreto original lo había firmado Menem en 1992 luego de un escándalo por la llegada de residuos nucleares al país.
Un polémico decreto firmado por el gobierno de Mauricio Macri pasó desapercibido la semana pasada: se trata una modificación de la vieja orden Nº 181/1992 que por entonces habilitaba a la importación de basura de otros países y que generó un escándalo por la aparición de residuos nucleares en el gobierno de Menem.
Ahora, las modificaciones pasaron tan solo por un solo artículo y según trabajadores de la Economía Popular y ambientalistas, el mismo “flexibiliza el debido control ecológico”, librando a la Argentina a transformarse en un país receptor de basura peligrosa como la nuclear, proveniente de Europa y otras regiones.
Esto, además de poner en peligro al medio ambiente, representa una dura contradicción en términos ecológicos: mientras el gobierno no destina los suficientes fondos para reciclar la basura que se genera en su propio país, se destinarán millones para pagar la basura que descartan otras naciones. Todo esto, mientras países como China y parte de la Unión Europea prohíben el ingreso de basura a sus países.
Los primeros en denunciar este nuevo decreto fueron los Cartoneros y Recicladores urbanos que a las claras, hoy se constituyen como de los principales recolectores de cartones, plásticos y otros elementos que terminan descartados de la basura, para ser reciclados.
Según la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR), en nuestro país se generan 40.000 toneladas de basura por mes y el 40% podría ser reciclado. “De esta cantidad solo se recicla la mitad gracias al trabajo cotidiano de los cartoneros (150.000 en todo el país)”, explican.
“En lugar de potenciar la recolección y reciclado de los residuos que tiramos los argentinos, se facilita la importación de los residuos de los europeos. Esto perjudica a los cartoneros que trabajamos de esa recolección y de la venta de ese material. Y en el medio de una crisis social y económica, significa que nos llevan al hambre”, expresaron en un comunicado.
“Antes se tenía que demostrar que lo que llegaba eran residuos inocuos y se tramitaba en la Secretaría de Ambiente un permiso específico para cada importación. Ahora simplemente se puede importar sin esa necesidad. Esto es muy peligroso para los recicladores de la Argentina”, describió para INFOCIELO, Alejandro Valiente, miembro del equipo técnico de la FACCyR.
Para los cartoneros y recicladores esto es una mala noticia, porque ante más demanda de cartón en el país, menor será su valor y por lo tanto menor los ingresos de sus trabajadores. Que, valga la aclaración, integran un sector social más que vulnerable en la población.
Los especialistas explican que en los primeros meses del 2019 se importó más cartón para reciclar que todo en 2018 y este fenómeno se dio sin el aval del nuevo decreto. Por lo que la situación para el mercado del cartón y otros elementos reciclables podría complicarse aún más.
“Todavía se puede recuperar y reciclar el doble de lo que hoy se recicla. En vez de reciclar los residuos que generamos en Argentina vamos a comprar a precio dólar lo que tiran otros. En lugar de estimular la importación de residuos, el gobierno debería potenciar el trabajo de los que ya reciclamos para que juntemos cada vez más residuos, podamos vivir en un ambiente sano, y avanzar hacia una economía sustentable con basura cero”, se quejaron desde el Movimiento de Trabajadores de la Economía Popular (MTE).
Con el nuevo decreto 591/2019 el país se vuelve un receptor de basura peligrosa y el Estado destinará fondos que podría utilizarlos para el reciclado de su propia basura. Algo que a las claras parece tratarse de un negocio que huele mal.
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Gobierno de Jujuy planea expropiar tierras indígenas
Inconstitucional: Morales quiere expropiar tierras a pueblos originarios
Fecha de Publicación: 04/09/2019
Fuente: Nuestras Voces
Provincia/Región: Jujuy
El gobernador Gerardo Morales está apurado por hacerse de tierras en Salinas Grandes y Lagunas de Guayatayo antes del 10 de diciembre porque perderá la hegemonía en Jujuy. Busca liberar un crédito del BID de $ 53 millones que fue subejectuado y cuyo avance falseó ante el organismo. Las tierras pertenecen a pueblos originarios y la Constitución prohíbe su expropiación. El trasfondo del negocio del litio que Mauricio Macri impulsa junto a Morales atacando a las comunidades y el medio ambiente.
Gerardo Morales pretende expropiar iregularmente tierras de comunidades originarias. La excusa es para «desarrollar un Centro de Interpretación Turística» en Salinas Grandes y Lagunas de Guayatayoc. Sin embargo, la Constitución Nacional establece que los territorios comunitarios no están sujetos a ser declarados «de utilidad pública». El gobernador radical jujeño y ladero incondicional de Mauricio Macri se enfrenta una vez más a los pueblos originarios, que reclaman que se respete el Convenio 169 de la OIT, que establece que se debe realizar una consulta previa, libre e informada toda vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarlos directamente.
Morales está apurado por hacerse de las tierras antes del 10 de diciembre, cuando cambiará la composición de la Cámara de Diputados provincial y perderá la hegemonía propia, se esconde detrás de la maniobra el desembolso de un crédito del BID de alrededor de 53 millones de pesos previsto entre 2019 y 2020. A pesar que en el presupuesto de este año figura que se realizaría un avance de obra del 27,5%, al mes de septiembre ni siquiera cuentan con el espacio físico para realizar la construcción. Los diputados de la oposición aseguran que el crédito no fue autorizado por la legislatura y se desconoce si la partida ya fue desembolsada.
Esta semana, integrantes de las comunidades indígenas de Saladillos Ronqui Angosto y San Miguel del Colorado viajaron alrededor de 150 kilómetros para llegar a San Salvador de Jujuy. En la tarde del miércoles, apenas horas antes de la sesión, tomaron conocimiento que la Cámara de Diputados trataría la expropiación de tres hectáreas que pertenecen a las familias Alancay y Tolaba, pero que se encuentran censadas como parte de los pueblos originarios que habitan en la zona.
Acompañados por Oscar Tolaba, comisionado municipal de Purmamarca, distrito dentro del cual se encuentran los territorios, llegaron hasta la legislatura de Jujuy para exigir que no se tratara el proyecto por ser violatorio del artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional que establece que las tierras comunitarias no son enajenables. Pero además, reclamaron que el proyecto de expropiación del terreno no fue objeto de consulta en los términos del derecho establecido en el Convenio 169 de la OIT, ni siquiera informado a las comunidades indígenas que tampoco participaron en su elaboración.
Si bien uno de los argumentos para expropiar las tierras es que las mismas son privadas, la abogada Alicia Chalabe señaló: “Eso es lo que dice el gobierno, pero junto a las comunidades de San Miguel del Colorado y de Saladillos presentamos una nota en la legislatura acompañando la documentación en la que manifiesta que estos titulares, estos dueños de la tierra privada están censados en la comunidad y el terreno que se pretende expropiar forma parte del croquis de la propiedad comunitaria de la comunidad aborígen de Saladillos, por lo tanto ha cambiado el carácter la tierra. Esto ha sido presentado en la secretaria de Pueblos Indígenas en el mes de junio de este año”.
Otro de los argumentos del gobierno es que parte de la familia estaba de acuerdo con la expropiación. Sin embargo, en la reunión con los legisladores de la oposición Chalabe manifestó que eso no era así, que no había ninguna documentación que respaldara dicha afirmación y que todos los integrantes de los Tolaba Alancay estaban en contra de la medida.
El gobierno proyecta en esas tierras la realización de un Centro de Interpretación Turística con el objeto de “ayudar a conocer y entender el patrimonio, a divulgar ese conocimiento para que sea respetado y así pueda ser integrado al lugar. La labor básica consistirá en mostrar la realidad actual y pasada de forma didáctica, divertida, participativa y amena para todos los públicos a través de un recorrido interactivo para que el visitante, en contacto directo con el patrimonio, pueda comprender qué ocurrió en el lugar, en cada momento histórico, cómo afectó la evolución y cómo influyen en la actual forma de vivir de los habitantes del lugar, apuntando a la conservación de ese territorio”. Sin embargo, las comunidades que viven en esas tierras ancestralmente y que también desarrollan actividades turísticas que le permiten auto sustentarse, jamás fueron consultadas ni informadas sobre el proyecto.
“A partir de la sanción de la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación, se estableció el límite al ejercicio de los derechos individuales que debe ser compatible con los derechos de incidencia colectiva. En este caso se encuentran en vilo los derechos de las comunidades indígenas de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc sobre el patrimonio y territorio comunitario de las mismas. Esta norma refiere que debe conformarse las normas del derecho administrativo nacional y local dictadas en el interés público y no debe afectar el funcionamiento ni la sustentabilidad de los ecosistemas respetando entre otros el agua, los valores culturales, el paisaje. Así, no hemos formado parte ni intervenido de manera alguna en el proyecto en cuestión que rechazamos”, señalaron las comunidades en una nota que enviaron al titular del Poder Ejecutivo y a la secretaria de Pueblos Indígenas, Alejandra Liquin.
En ese marco, Marina Vilte, abogada e integrante de la Asamblea de Autoconvocados de Purmamarca en diálogo con Nuestras Voces señaló: “Si este proyecto fuera de buena fe, lo hubieran conversado con las comunidades y hubieran puesto todo lo necesario para que la propia comunidad desarrolle su actividad turística, porque instalar un centro de recepción de turistas lo único que hace hoy es atentar contra el pequeño e incipiente progreso que va generando la gente del lugar de forma autosustentada. Las comunidades saben muy bien qué hacer. Saben muy bien hacer sus tejidos, saben muy bien hacer sus manufacturas, saben muy bien desarrollar su ganadería, saben muy bien hacer lo que hacen de manera ancestral hace siglos y siglos. Entonces lo único que puede hacer el Estado acá es impulsar la actividad turística propuesta por las comunidades, pero como quieren algo totalmente independiente avasallan todo, no establecen canales de diálogo y nunca nos informan nada”, sostuvo.
En el mismo sentido, Oscar Tolaba, comisionado de Purmamarca aseguró que “las comunidades saben bien qué tienen que hacer en su territorio. Acá las comunidades no han sido consultadas y por eso cuando pasó todo esto, nosotros nos enteramos del proyecto de ley, me consultaron a mí y nosotros desde la comisión municipal tampoco estábamos enterados. Y la idea es esa, que se nos informe y se nos consulte para poder saber y poder opinar y poder decir que está bien y que se está por hacer mal en el territorio sobre todo. Es importante que se los consulte porque ellos actualmente explotan el tema turístico. Nosotros desde Purmamarca impulsamos muchísimo el tema Salinas. De hecho, fue declarado una de las siete maravillas de Argentina. Por eso es importante cuidarla y quién mejor para cuidar algo que es de nuestra tierra que la gente que siempre la habitó. Hoy las comunidades, sobre todo las de Salinas están muy sensibles por la posible explotación del litio. Entonces cualquier intromisión dentro del territorio es alertante para todos los comuneros”, sostuvo.
Desde principios de año, las comunidades de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc mantienen un duro enfrentamiento con el gobierno que impulsa proyectos de extracción de litio en el territorio. Los pueblos que habitan la Cuenca reclamaron sobre los daños ambientales que producen los proyectos mineros tal como se están realizando y sobre la intromisión del gobierno sin respeto a los derechos de los habitantes ancestrales del lugar.
“Si ellos pretenden que entendamos que este proyecto nada tiene que ver con la política minera, en cuanto al litio, no somos ingenuos”, afirmó Vilte. Y explicó: “Casualmente este terreno se encuentra muy cercano a la comunidad de Inti Quillas, donde ya se encuentra aprobada una explotación del litio –aunque sin acuerdo de los pueblos originarios–. En febrero, las comunidades de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc dijeron no al litio y no al ingreso de sus territorios, y nuevamente Morales, con este proyecto firmado de puño y letra de su parte, está avasallando a nuestras comunidades. No quiso entablar un diálogo y esto lo podemos probar porque ni siquiera el comisionado de Purmamarca estaba al tanto del proyecto. Si realmente el interés que hay fuera el proyecto turístico, ¿cómo no van a articular con las comunidades?”
Lo cierto es que el gobierno espera contar con 53 millones de pesos para realizar el Centro de Interpretación Turística cuyas funciones serían: brindar información turística, registrar la cantidad de visitantes a Salinas Grandes, monitorear las actividades turísticas que se realizan en el lugar, transmitir la información sobre los elementos o hechos de la vida cotidiana pasados y presentes, fomentar la conservación de la biodiversidad, incentivar la visita de visitantes y turistas a pueblos y lugares aledaños y servir como punto de partida para la realización de recorridos de los visitantes.
Natalia Morales, diputada provincial del Frente de Izquierdas, aseguró que “detrás hay intereses de los empresarios del turismo que hacen negocio en territorio indígena, en comunidades originarias que hasta la UCA dio cuenta que son las más empobrecidas de la provincia, incluso del país y también del negocio de la megaminería. No es casual que en la misma sesión donde se pretendía tratar este proyecto se vote un proyecto de ley que no se discutió en comisiones donde van a refrendar el interés del litio como recurso estratégico. Esto implica abrir el porton de mano a mano para las multinacionales mineras que en este momento están en la provincia y están saqueando todos los recursos minerales a costa de los derechos de las comunidades y contaminando el agua, tal como lo denunciaron”.
Por su parte, Alejandra Cejas, diputada provincial del PJ, expresó a este medio: “el gobierno avanza sobre las comiunidades, sobre todos los jujeños. Tiene una mecánica incorporada de la expropiación de tierras, de utilizar esta herramienta pública, de saquear las tierras para hacer emprendimientos que poco se conocen. Es el caso en la Quebrada y Puna que afecta a las comunidades directamente: en El Perchel, en Huacalera, en Guayatayoc que es insignia de la lucha de las comunidades contra el gobierno. En Valles y Ramal tenemos la discusión de las tierras de los diques. Ahora en La Esperanza, en Calilegua. Le gusta quedarse con tierras ajenas, nunca se sabe cuál es el beneficio, de hecho no hay beneficio. Y en el tema de las comunidades en particular, la ley de expropiación de tierras sin consulta previa y para que pasen los electroductos fue la primera avanzada de esa ley. Lo único que hicieron es despojar a las comunidades de sus tierras desconociendo sus derechos constitucionales e internacionales que los ampara”.
Tras la reunión con los diputados de la oposición que los recibieron en la legislatura, las comunidades lograron que el proyecto volviera a comisión. Sin embargo el estado de alerta continúa porque detrás de la expropiación de las tierras se encuentra el desembolso del crédito del Banco Interamericano de Desarrollo cuyas condiciones los legisladores desconocen ya que se aprobó sin pasar por la Cámara.
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Fecha de Publicación: 04/09/2019
Fuente: Nuestras Voces
Provincia/Región: Jujuy
El gobernador Gerardo Morales está apurado por hacerse de tierras en Salinas Grandes y Lagunas de Guayatayo antes del 10 de diciembre porque perderá la hegemonía en Jujuy. Busca liberar un crédito del BID de $ 53 millones que fue subejectuado y cuyo avance falseó ante el organismo. Las tierras pertenecen a pueblos originarios y la Constitución prohíbe su expropiación. El trasfondo del negocio del litio que Mauricio Macri impulsa junto a Morales atacando a las comunidades y el medio ambiente.
Gerardo Morales pretende expropiar iregularmente tierras de comunidades originarias. La excusa es para «desarrollar un Centro de Interpretación Turística» en Salinas Grandes y Lagunas de Guayatayoc. Sin embargo, la Constitución Nacional establece que los territorios comunitarios no están sujetos a ser declarados «de utilidad pública». El gobernador radical jujeño y ladero incondicional de Mauricio Macri se enfrenta una vez más a los pueblos originarios, que reclaman que se respete el Convenio 169 de la OIT, que establece que se debe realizar una consulta previa, libre e informada toda vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarlos directamente.
Morales está apurado por hacerse de las tierras antes del 10 de diciembre, cuando cambiará la composición de la Cámara de Diputados provincial y perderá la hegemonía propia, se esconde detrás de la maniobra el desembolso de un crédito del BID de alrededor de 53 millones de pesos previsto entre 2019 y 2020. A pesar que en el presupuesto de este año figura que se realizaría un avance de obra del 27,5%, al mes de septiembre ni siquiera cuentan con el espacio físico para realizar la construcción. Los diputados de la oposición aseguran que el crédito no fue autorizado por la legislatura y se desconoce si la partida ya fue desembolsada.
Esta semana, integrantes de las comunidades indígenas de Saladillos Ronqui Angosto y San Miguel del Colorado viajaron alrededor de 150 kilómetros para llegar a San Salvador de Jujuy. En la tarde del miércoles, apenas horas antes de la sesión, tomaron conocimiento que la Cámara de Diputados trataría la expropiación de tres hectáreas que pertenecen a las familias Alancay y Tolaba, pero que se encuentran censadas como parte de los pueblos originarios que habitan en la zona.
Acompañados por Oscar Tolaba, comisionado municipal de Purmamarca, distrito dentro del cual se encuentran los territorios, llegaron hasta la legislatura de Jujuy para exigir que no se tratara el proyecto por ser violatorio del artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional que establece que las tierras comunitarias no son enajenables. Pero además, reclamaron que el proyecto de expropiación del terreno no fue objeto de consulta en los términos del derecho establecido en el Convenio 169 de la OIT, ni siquiera informado a las comunidades indígenas que tampoco participaron en su elaboración.
Si bien uno de los argumentos para expropiar las tierras es que las mismas son privadas, la abogada Alicia Chalabe señaló: “Eso es lo que dice el gobierno, pero junto a las comunidades de San Miguel del Colorado y de Saladillos presentamos una nota en la legislatura acompañando la documentación en la que manifiesta que estos titulares, estos dueños de la tierra privada están censados en la comunidad y el terreno que se pretende expropiar forma parte del croquis de la propiedad comunitaria de la comunidad aborígen de Saladillos, por lo tanto ha cambiado el carácter la tierra. Esto ha sido presentado en la secretaria de Pueblos Indígenas en el mes de junio de este año”.
Otro de los argumentos del gobierno es que parte de la familia estaba de acuerdo con la expropiación. Sin embargo, en la reunión con los legisladores de la oposición Chalabe manifestó que eso no era así, que no había ninguna documentación que respaldara dicha afirmación y que todos los integrantes de los Tolaba Alancay estaban en contra de la medida.
El gobierno proyecta en esas tierras la realización de un Centro de Interpretación Turística con el objeto de “ayudar a conocer y entender el patrimonio, a divulgar ese conocimiento para que sea respetado y así pueda ser integrado al lugar. La labor básica consistirá en mostrar la realidad actual y pasada de forma didáctica, divertida, participativa y amena para todos los públicos a través de un recorrido interactivo para que el visitante, en contacto directo con el patrimonio, pueda comprender qué ocurrió en el lugar, en cada momento histórico, cómo afectó la evolución y cómo influyen en la actual forma de vivir de los habitantes del lugar, apuntando a la conservación de ese territorio”. Sin embargo, las comunidades que viven en esas tierras ancestralmente y que también desarrollan actividades turísticas que le permiten auto sustentarse, jamás fueron consultadas ni informadas sobre el proyecto.
“A partir de la sanción de la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación, se estableció el límite al ejercicio de los derechos individuales que debe ser compatible con los derechos de incidencia colectiva. En este caso se encuentran en vilo los derechos de las comunidades indígenas de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc sobre el patrimonio y territorio comunitario de las mismas. Esta norma refiere que debe conformarse las normas del derecho administrativo nacional y local dictadas en el interés público y no debe afectar el funcionamiento ni la sustentabilidad de los ecosistemas respetando entre otros el agua, los valores culturales, el paisaje. Así, no hemos formado parte ni intervenido de manera alguna en el proyecto en cuestión que rechazamos”, señalaron las comunidades en una nota que enviaron al titular del Poder Ejecutivo y a la secretaria de Pueblos Indígenas, Alejandra Liquin.
En ese marco, Marina Vilte, abogada e integrante de la Asamblea de Autoconvocados de Purmamarca en diálogo con Nuestras Voces señaló: “Si este proyecto fuera de buena fe, lo hubieran conversado con las comunidades y hubieran puesto todo lo necesario para que la propia comunidad desarrolle su actividad turística, porque instalar un centro de recepción de turistas lo único que hace hoy es atentar contra el pequeño e incipiente progreso que va generando la gente del lugar de forma autosustentada. Las comunidades saben muy bien qué hacer. Saben muy bien hacer sus tejidos, saben muy bien hacer sus manufacturas, saben muy bien desarrollar su ganadería, saben muy bien hacer lo que hacen de manera ancestral hace siglos y siglos. Entonces lo único que puede hacer el Estado acá es impulsar la actividad turística propuesta por las comunidades, pero como quieren algo totalmente independiente avasallan todo, no establecen canales de diálogo y nunca nos informan nada”, sostuvo.
En el mismo sentido, Oscar Tolaba, comisionado de Purmamarca aseguró que “las comunidades saben bien qué tienen que hacer en su territorio. Acá las comunidades no han sido consultadas y por eso cuando pasó todo esto, nosotros nos enteramos del proyecto de ley, me consultaron a mí y nosotros desde la comisión municipal tampoco estábamos enterados. Y la idea es esa, que se nos informe y se nos consulte para poder saber y poder opinar y poder decir que está bien y que se está por hacer mal en el territorio sobre todo. Es importante que se los consulte porque ellos actualmente explotan el tema turístico. Nosotros desde Purmamarca impulsamos muchísimo el tema Salinas. De hecho, fue declarado una de las siete maravillas de Argentina. Por eso es importante cuidarla y quién mejor para cuidar algo que es de nuestra tierra que la gente que siempre la habitó. Hoy las comunidades, sobre todo las de Salinas están muy sensibles por la posible explotación del litio. Entonces cualquier intromisión dentro del territorio es alertante para todos los comuneros”, sostuvo.
Desde principios de año, las comunidades de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc mantienen un duro enfrentamiento con el gobierno que impulsa proyectos de extracción de litio en el territorio. Los pueblos que habitan la Cuenca reclamaron sobre los daños ambientales que producen los proyectos mineros tal como se están realizando y sobre la intromisión del gobierno sin respeto a los derechos de los habitantes ancestrales del lugar.
“Si ellos pretenden que entendamos que este proyecto nada tiene que ver con la política minera, en cuanto al litio, no somos ingenuos”, afirmó Vilte. Y explicó: “Casualmente este terreno se encuentra muy cercano a la comunidad de Inti Quillas, donde ya se encuentra aprobada una explotación del litio –aunque sin acuerdo de los pueblos originarios–. En febrero, las comunidades de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc dijeron no al litio y no al ingreso de sus territorios, y nuevamente Morales, con este proyecto firmado de puño y letra de su parte, está avasallando a nuestras comunidades. No quiso entablar un diálogo y esto lo podemos probar porque ni siquiera el comisionado de Purmamarca estaba al tanto del proyecto. Si realmente el interés que hay fuera el proyecto turístico, ¿cómo no van a articular con las comunidades?”
Lo cierto es que el gobierno espera contar con 53 millones de pesos para realizar el Centro de Interpretación Turística cuyas funciones serían: brindar información turística, registrar la cantidad de visitantes a Salinas Grandes, monitorear las actividades turísticas que se realizan en el lugar, transmitir la información sobre los elementos o hechos de la vida cotidiana pasados y presentes, fomentar la conservación de la biodiversidad, incentivar la visita de visitantes y turistas a pueblos y lugares aledaños y servir como punto de partida para la realización de recorridos de los visitantes.
Natalia Morales, diputada provincial del Frente de Izquierdas, aseguró que “detrás hay intereses de los empresarios del turismo que hacen negocio en territorio indígena, en comunidades originarias que hasta la UCA dio cuenta que son las más empobrecidas de la provincia, incluso del país y también del negocio de la megaminería. No es casual que en la misma sesión donde se pretendía tratar este proyecto se vote un proyecto de ley que no se discutió en comisiones donde van a refrendar el interés del litio como recurso estratégico. Esto implica abrir el porton de mano a mano para las multinacionales mineras que en este momento están en la provincia y están saqueando todos los recursos minerales a costa de los derechos de las comunidades y contaminando el agua, tal como lo denunciaron”.
Por su parte, Alejandra Cejas, diputada provincial del PJ, expresó a este medio: “el gobierno avanza sobre las comiunidades, sobre todos los jujeños. Tiene una mecánica incorporada de la expropiación de tierras, de utilizar esta herramienta pública, de saquear las tierras para hacer emprendimientos que poco se conocen. Es el caso en la Quebrada y Puna que afecta a las comunidades directamente: en El Perchel, en Huacalera, en Guayatayoc que es insignia de la lucha de las comunidades contra el gobierno. En Valles y Ramal tenemos la discusión de las tierras de los diques. Ahora en La Esperanza, en Calilegua. Le gusta quedarse con tierras ajenas, nunca se sabe cuál es el beneficio, de hecho no hay beneficio. Y en el tema de las comunidades en particular, la ley de expropiación de tierras sin consulta previa y para que pasen los electroductos fue la primera avanzada de esa ley. Lo único que hicieron es despojar a las comunidades de sus tierras desconociendo sus derechos constitucionales e internacionales que los ampara”.
Tras la reunión con los diputados de la oposición que los recibieron en la legislatura, las comunidades lograron que el proyecto volviera a comisión. Sin embargo el estado de alerta continúa porque detrás de la expropiación de las tierras se encuentra el desembolso del crédito del Banco Interamericano de Desarrollo cuyas condiciones los legisladores desconocen ya que se aprobó sin pasar por la Cámara.
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Entre Rios: repudio de la Asamblea a declaraciones de Bordet
La Asamblea Ciudadana repudió declaraciones de Bordet sobre la lucha contra UPM Botnia
Fecha de Publicación: 04/09/2019
Fuente: Analisis Digital
Provincia/Región: Entre Rios
En la inauguración del nuevo Consulado de Uruguay en Paraná, el miércoles 28 pasado, el gobernador, Gustavo Bordet, junto al actual canciller uruguayo Rodolfo Nin Novoa y el nuevo cónsul Darío Estades, entre otros funcionarios, descalificó el accionar de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú ante el conflicto no concluido por la instalación de la pastera de Botnia en Fray Bentos.
Dijo Gustavo Bordet: “Siempre tuve una posición claramente definida a favor de no cortar los vínculos y puentes, sino tender lazos de unión, no podíamos permitir que se corten las relaciones bilaterales entre dos pueblos. No podíamos permitir estar separados por una disputa absolutamente estéril y esto nos permitió generar lazos de confianza entre intendentes uruguayos y argentinos”.
Al respecto, la Asamblea sostuvo: “Lo primero que debiera entender de una vez y para siempre el gobernador Bordet es que a pesar de los años transcurridos desde que la Corte Internacional de Justicia emitiera su fallo sobre la pastera de Fray Bentos, el conflicto por el funcionamiento de dicha planta a orillas del Río Uruguay no ha concluido y permanece latente”.
El canciller uruguayo Nin Novoa ha dicho que la planta de celulosa de Fray Bentos “no está contaminando o contamina mínimamente si se puede decir de esa manera”, lo cual es falso y fácilmente demostrable con la documentación en poder de la Asamblea y que la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) no hace pública. El ex vicepresidente del vecino país también afirmó que, en relación con la segunda planta de celulosa finlandesa a construirse a orillas del río Negro y que va a contaminar el curso del río Uruguay, “se están tomando muchos más recaudos”.
“Nin Novoa miente y lo hace con absoluta impunidad: el análisis del Estudio de Impacto Ambientad de la nueva planta de celulosa UPM2 se hizo en apenas ocho meses, encabezados por el siempre ubicuo ex vocal y presidente de la CARU, Eduardo Lorenzo”, advirtió la Asamblea.
“Los más de 100 documentos uruguayos en poder de la Asamblea de Gualeguaychú –algunos de ellos decretos secretos- así lo prueban”, agregaron.
También los asambleístas recordaron que el nuevo cónsul Estades en el año 2006, confeccionó dos Informes de Inteligencia que fueron remitidos por los servicios de espionaje militar al presidente Tabaré Vázquez, alertando de posibles “sabotajes” a la planta de Fray Bentos. Una copia de esos informes incluso llegó a los archivos del famoso Programa X de la Gendarmería Argentina, cuya existencia fue denunciada y luego comprobada por la Justicia Federal de nuestro país. La ex ministra de Defensa uruguaya en aquellos años, Azucena Berruti, dio testimonio de tan graves sucesos. Estades y Daniel Dimasi, quien figuraba como funcionario de la CARU en el Puente Internacional General San Martín, aunque en realidad era un agente de Inteligencia.
El actual Cónsul uruguayo en Paraná, Estades y su colega Dimasi se infiltraron más de una vez entre los manifestantes que mantenían el corte de la Ruta Nacional N° 136.
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Fecha de Publicación: 04/09/2019
Fuente: Analisis Digital
Provincia/Región: Entre Rios
En la inauguración del nuevo Consulado de Uruguay en Paraná, el miércoles 28 pasado, el gobernador, Gustavo Bordet, junto al actual canciller uruguayo Rodolfo Nin Novoa y el nuevo cónsul Darío Estades, entre otros funcionarios, descalificó el accionar de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú ante el conflicto no concluido por la instalación de la pastera de Botnia en Fray Bentos.
Dijo Gustavo Bordet: “Siempre tuve una posición claramente definida a favor de no cortar los vínculos y puentes, sino tender lazos de unión, no podíamos permitir que se corten las relaciones bilaterales entre dos pueblos. No podíamos permitir estar separados por una disputa absolutamente estéril y esto nos permitió generar lazos de confianza entre intendentes uruguayos y argentinos”.
Al respecto, la Asamblea sostuvo: “Lo primero que debiera entender de una vez y para siempre el gobernador Bordet es que a pesar de los años transcurridos desde que la Corte Internacional de Justicia emitiera su fallo sobre la pastera de Fray Bentos, el conflicto por el funcionamiento de dicha planta a orillas del Río Uruguay no ha concluido y permanece latente”.
El canciller uruguayo Nin Novoa ha dicho que la planta de celulosa de Fray Bentos “no está contaminando o contamina mínimamente si se puede decir de esa manera”, lo cual es falso y fácilmente demostrable con la documentación en poder de la Asamblea y que la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) no hace pública. El ex vicepresidente del vecino país también afirmó que, en relación con la segunda planta de celulosa finlandesa a construirse a orillas del río Negro y que va a contaminar el curso del río Uruguay, “se están tomando muchos más recaudos”.
“Nin Novoa miente y lo hace con absoluta impunidad: el análisis del Estudio de Impacto Ambientad de la nueva planta de celulosa UPM2 se hizo en apenas ocho meses, encabezados por el siempre ubicuo ex vocal y presidente de la CARU, Eduardo Lorenzo”, advirtió la Asamblea.
“Los más de 100 documentos uruguayos en poder de la Asamblea de Gualeguaychú –algunos de ellos decretos secretos- así lo prueban”, agregaron.
También los asambleístas recordaron que el nuevo cónsul Estades en el año 2006, confeccionó dos Informes de Inteligencia que fueron remitidos por los servicios de espionaje militar al presidente Tabaré Vázquez, alertando de posibles “sabotajes” a la planta de Fray Bentos. Una copia de esos informes incluso llegó a los archivos del famoso Programa X de la Gendarmería Argentina, cuya existencia fue denunciada y luego comprobada por la Justicia Federal de nuestro país. La ex ministra de Defensa uruguaya en aquellos años, Azucena Berruti, dio testimonio de tan graves sucesos. Estades y Daniel Dimasi, quien figuraba como funcionario de la CARU en el Puente Internacional General San Martín, aunque en realidad era un agente de Inteligencia.
El actual Cónsul uruguayo en Paraná, Estades y su colega Dimasi se infiltraron más de una vez entre los manifestantes que mantenían el corte de la Ruta Nacional N° 136.
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Rechazo a desmontes que propone el gobierno de Jujuy
El gobierno de Jujuy quiere realizar desmontes masivos en la zona del ramal
Fecha de Publicación: 04/09/2019
Fuente: Jujuy Dice
Provincia/Región: Jujuy
Según indican, es para el desarrollo agrícola. Sin embargo, se trata de una zona de suma importancia para la biodiversidad.
Durante la mañana de hoy, el gobierno provincial, a través del Ministerio de Ministerio de Ambiente y la Secretaría de Desarrollo Sustentable, desarrollará una audiencia pública para consultar a la comunidad sobre el pedido de autorización de desmonte en la localidad de Palma Sola, en el departamento de Santa Bárbara, y zonas aledañas.
En total, habrá 3 audiencias, en las cuales el gobierno intentará darle un marco legal al desmonte masivo en zonas que son de suma importancia para la biodiversidad. Tal es así, que el mismo gobierno, días atrás, compartió una publicación, donde expresaba “26 de agosto: día de la reserva de la biósfera de las Yungas”, y donde se remarcaba que el área posee “importancia estratégica para la conservación de la biodiversidad y la promoción del desarrollo sustentable en nuestra provincia, el país y el mundo”.
Sin embargo, esta medida, que deberá ser debatida en las audiencias, va en sentido totalmente opuesto.
La primera, estimada para las 8.30, es por el pedido de desmonte realizado por Falcón Juan Ignacio y otros, según consigna el comunicado del Ministerio de Ambiente, luego de la presentación de un estudio de impacto ambiental, en el cual se enmarca dentro del plan de cambio y uso de suelo.
La segunda audiencia, para las 10.30, responde a las mismas características (pedido de desmonte bajo el plan de cambio y uso de suelo) de la primera, aunque bajo la solicitud de Sergio Javier Gurrieri.
Por último, a las 12.30, la convocatoria es realizada por el pedido realizado por Marcelo Ricotti, quien presentó el pedido, también de desmonte, bajo este plan de cambio y uso de suelo, con fines agrícolas.
Las tres audiencias se llevarán a cabo en el Salón de Punto Digital, ubicado en la calle Jujuy y Formosa, en la localidad de El Piquete.
Por su parte, las familias campesinas de esa región, alertaron que los estudios de impacto ambiental presentaron “graves irregularidades” en el proceso de elaboración, de la misma manera, que la convocatoria de las audiencias públicas, por lo que exigen la paralizar los “futuros y actuales desmontes que aprobó el gobierno provincial y nacional”.
Además, reclaman que se respete y promueva sus derechos, como campesinos e indígenas, como así también se cumpla con el respeto por “su forma de vida con producción orgánica y autosustentable y Saberes Ancestrales”.
De esta manera, el gobierno de Gerardo Morales, con la ayuda de la ministra de Medio Ambiente, María Inés Zigarán, y el secretario de Desarrollo Sustentable, Antonio Alejo, ponen en peligro una zona que es vital para conservación de la biodiversidad.
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Fecha de Publicación: 04/09/2019
Fuente: Jujuy Dice
Provincia/Región: Jujuy
Según indican, es para el desarrollo agrícola. Sin embargo, se trata de una zona de suma importancia para la biodiversidad.
Durante la mañana de hoy, el gobierno provincial, a través del Ministerio de Ministerio de Ambiente y la Secretaría de Desarrollo Sustentable, desarrollará una audiencia pública para consultar a la comunidad sobre el pedido de autorización de desmonte en la localidad de Palma Sola, en el departamento de Santa Bárbara, y zonas aledañas.
En total, habrá 3 audiencias, en las cuales el gobierno intentará darle un marco legal al desmonte masivo en zonas que son de suma importancia para la biodiversidad. Tal es así, que el mismo gobierno, días atrás, compartió una publicación, donde expresaba “26 de agosto: día de la reserva de la biósfera de las Yungas”, y donde se remarcaba que el área posee “importancia estratégica para la conservación de la biodiversidad y la promoción del desarrollo sustentable en nuestra provincia, el país y el mundo”.
Sin embargo, esta medida, que deberá ser debatida en las audiencias, va en sentido totalmente opuesto.
La primera, estimada para las 8.30, es por el pedido de desmonte realizado por Falcón Juan Ignacio y otros, según consigna el comunicado del Ministerio de Ambiente, luego de la presentación de un estudio de impacto ambiental, en el cual se enmarca dentro del plan de cambio y uso de suelo.
La segunda audiencia, para las 10.30, responde a las mismas características (pedido de desmonte bajo el plan de cambio y uso de suelo) de la primera, aunque bajo la solicitud de Sergio Javier Gurrieri.
Por último, a las 12.30, la convocatoria es realizada por el pedido realizado por Marcelo Ricotti, quien presentó el pedido, también de desmonte, bajo este plan de cambio y uso de suelo, con fines agrícolas.
Las tres audiencias se llevarán a cabo en el Salón de Punto Digital, ubicado en la calle Jujuy y Formosa, en la localidad de El Piquete.
Por su parte, las familias campesinas de esa región, alertaron que los estudios de impacto ambiental presentaron “graves irregularidades” en el proceso de elaboración, de la misma manera, que la convocatoria de las audiencias públicas, por lo que exigen la paralizar los “futuros y actuales desmontes que aprobó el gobierno provincial y nacional”.
Además, reclaman que se respete y promueva sus derechos, como campesinos e indígenas, como así también se cumpla con el respeto por “su forma de vida con producción orgánica y autosustentable y Saberes Ancestrales”.
De esta manera, el gobierno de Gerardo Morales, con la ayuda de la ministra de Medio Ambiente, María Inés Zigarán, y el secretario de Desarrollo Sustentable, Antonio Alejo, ponen en peligro una zona que es vital para conservación de la biodiversidad.
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Registraron 124 sismos cercanas a Vaca Muerta
Según un estudio, se registraron 124 sismos en las inmediaciones de Vaca Muerta
Fecha de Publicación: 03/09/2019
Fuente: Vía Pais
Provincia/Región: Neuquén
Javier Grosso, geógrafo a cargo del informe, afirmó que los movimientos en Sauzal Bonito estarían vinculado con el fracking en la extracción del petróleo.
La población rural de Sauzal Bonito, según un estudio que publicó este viernes el Observatorio Petrolero Sur, sufrió durante el 2019 un total de 124 movimientos sísmicos, 13 de los cuales fueron en agosto.
Javier Grosso, geógrafo y docente de la Universidad Nacional del Comahue, elaboró un informe y un mapa de lo que calificó como “una problemática emergente” a partir del desarrollo de yacimientos de hidrocarburos no convencionales con la técnica de hidrofractura o fracking.
Grosso ubicó a “los movimientos sísmicos con epicentro entre 4.000 y 12.000 metros de profundidad, que se vinculan con fallas geológicas que se reactivaron, y los pozos para extracción de hidrocarburos con uso de fracking, con una profundidad de entre 3000 y 6000 metros”.
“El corte temporal abarca el período 2015 a 2019, que coincide con el boom de la explotación de la formación Vaca Muerta”, consideró el estudio que se basó en la información suministrada por la Subsecretaría de Energía, Minería e Hidrocarburos de la Nación, el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) y el Centro Sismológico de Chile.
El geógrafo afirmó que el aumento de los sismos en la zona neuquina está vinculado con “el fracking en Vaca Muerta” y recalcó que “es un elemento de fuerza suficiente para aplicar el principio de precaución”.
El gobierno de Neuquén, a cargo de Omar Gutiérrez, instaló sismógrafos en Sauzal Bonito y en Añelo para determinar las causas de los reiterados temblores percibidos por la población de esa zona en los últimos meses.
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La quema de cañaverales en Tucumán continúa
Práctica dañina: se incrementó la quema de cañaverales en la provincia
Fecha de Publicación: 03/09/2019
Fuente: Primera Fuente
Provincia/Región: Tucumán
El subsecretario de Protección Ambiental, Marcelo Lizárraga, dijo que se observa con preocupación el incremento del fuego en cañaverales y pastizales en las últimas semanas, “por lo que se intensifican los controles que habitualmente hacemos, esta vez con apoyo aéreo, para localizar flagancias con el fin de realizar intervenciones policiales en directo”.
Señaló que la acción forma parte de las tareas habituales de la Dirección de Fiscalización Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente que tiene a su cargo el combate del fuego en la caña de azúcar.
En lo que va del año se registraron más de 40 focos ígneos, número sensiblemente menor que el año anterior, ya que para este época del 2018 se habían registrado 200 incendios.
Mientras tanto, el Gobierno afirma que se realizan controles terrestres y aéreos en distintas localidades con el fin de detectar y multar la quema de caña y pastizales en los campos. Para ello, a bordo de un helicóptero Bell de la Dirección de Aeronáutica de la Provincia, técnicos de la Secretaría de Medio Ambiente realizan labores de geolocalización de incendios con el fin de apercibir esta práctica.
Las zonas más vulnerables son Cruz Alta, al este; Simoca y Bella Vista; y Monteros y Chicligasta, al sur de la provincia, Famaillá y Lúles.
En estas áreas se refuerzan los controles que inician en mayo y culminan en noviembre y diciembre cuando comienzan las lluvias. El clima invernal, con altas temperaturas durante el día, sequía y fuertes vientos contribuye a que se esparza el fuego.
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Fecha de Publicación: 03/09/2019
Fuente: Primera Fuente
Provincia/Región: Tucumán
El subsecretario de Protección Ambiental, Marcelo Lizárraga, dijo que se observa con preocupación el incremento del fuego en cañaverales y pastizales en las últimas semanas, “por lo que se intensifican los controles que habitualmente hacemos, esta vez con apoyo aéreo, para localizar flagancias con el fin de realizar intervenciones policiales en directo”.
Señaló que la acción forma parte de las tareas habituales de la Dirección de Fiscalización Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente que tiene a su cargo el combate del fuego en la caña de azúcar.
En lo que va del año se registraron más de 40 focos ígneos, número sensiblemente menor que el año anterior, ya que para este época del 2018 se habían registrado 200 incendios.
Mientras tanto, el Gobierno afirma que se realizan controles terrestres y aéreos en distintas localidades con el fin de detectar y multar la quema de caña y pastizales en los campos. Para ello, a bordo de un helicóptero Bell de la Dirección de Aeronáutica de la Provincia, técnicos de la Secretaría de Medio Ambiente realizan labores de geolocalización de incendios con el fin de apercibir esta práctica.
Las zonas más vulnerables son Cruz Alta, al este; Simoca y Bella Vista; y Monteros y Chicligasta, al sur de la provincia, Famaillá y Lúles.
En estas áreas se refuerzan los controles que inician en mayo y culminan en noviembre y diciembre cuando comienzan las lluvias. El clima invernal, con altas temperaturas durante el día, sequía y fuertes vientos contribuye a que se esparza el fuego.
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Alerta sobre la situación de lo empresas de biocombustibles
Biocombustibles: alertan que tras el congelamiento de precios hay 60.000 empleos en riesgo
Fecha de Publicación: 03/09/2019
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
La Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe) alertó que en el sector productor de biocombustibles, que tiene su mayor producción en esa provincia, están en riesgo 60.000 empleos directos.
La advertencia es por el congelamiento de precios que, igual que las naftas y el gasoil, también afecta a esta actividad. Ayer, en referencia al biodiésel, que se usa en la mezcla al 10% con el gasoil, la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustible (Cepreb) había señalado que las firmas están paralizadas y le apuntó a la extensión a los precios de los biocombustibles del congelamiento dispuesto por 90 días por el Gobierno para las naftas y el gasoil.
"Los pequeños y medianos productores de biodiésel nos vemos afectados una vez más por las decisiones arbitrarias, discriminatorias, unilaterales e intempestivas del gobierno nacional: la extensión al precio de los biocombustibles del congelamiento de los precios del gasoil y las naftas nos deja sin recursos para mantener nuestra producción y pone en riesgo miles de puestos de trabajo. Hoy, todo el sector del biodiésel para el mercado interno está paralizado", dijo Cepreb.
En este contexto, Fisfe indicó que "todas las industrias del sector en la Argentina, en su mayoría pymes, hoy están trabajando a pérdida".
Además, precisó que "hay 60.000 empleos directos en riesgo" en la actividad. "Son 54 plantas de biocombustibles, de las cuales 19 plantas son de bioetanol y 35 de biodiésel, distribuidas en 10 provincias: Tucumán, Salta, Jujuy, San Luis, Córdoba, Santiago del Estero, Entre Ríos, Buenos Aires, La Pampa, y Santa Fe", afirmó Fisfe.
Los industriales venían reclamando porque el Gobierno modificó tres veces las fórmulas de cálculo para el precio de los biocombustibles, dejando valores por debajo de los costos. Ahora se suma el reclamo por el congelamiento de precios.
"Las empresas quieren acompañar este triste momento económico que vive el país, pero para ello necesitan poder trabajar y dar empleo, aún sin renta alguna. En este momento, por las variables de la macroeconomía, ninguna tiene más resto. Y de no mediar medidas urgentes, la situación se hará más complicada aún", indicó Fisfe.
Para esa cámara, si para el jueves próximo no hay alguna medida o solución ante la crisis "se paralizará por completo la actividad".
Vale recordar que el sector nació tras la ley de biocombustibles de 2006, que brindó un apoyo para que las pymes abastecieran el mercado interno.
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Fecha de Publicación: 03/09/2019
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
La Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe) alertó que en el sector productor de biocombustibles, que tiene su mayor producción en esa provincia, están en riesgo 60.000 empleos directos.
La advertencia es por el congelamiento de precios que, igual que las naftas y el gasoil, también afecta a esta actividad. Ayer, en referencia al biodiésel, que se usa en la mezcla al 10% con el gasoil, la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustible (Cepreb) había señalado que las firmas están paralizadas y le apuntó a la extensión a los precios de los biocombustibles del congelamiento dispuesto por 90 días por el Gobierno para las naftas y el gasoil.
"Los pequeños y medianos productores de biodiésel nos vemos afectados una vez más por las decisiones arbitrarias, discriminatorias, unilaterales e intempestivas del gobierno nacional: la extensión al precio de los biocombustibles del congelamiento de los precios del gasoil y las naftas nos deja sin recursos para mantener nuestra producción y pone en riesgo miles de puestos de trabajo. Hoy, todo el sector del biodiésel para el mercado interno está paralizado", dijo Cepreb.
En este contexto, Fisfe indicó que "todas las industrias del sector en la Argentina, en su mayoría pymes, hoy están trabajando a pérdida".
Además, precisó que "hay 60.000 empleos directos en riesgo" en la actividad. "Son 54 plantas de biocombustibles, de las cuales 19 plantas son de bioetanol y 35 de biodiésel, distribuidas en 10 provincias: Tucumán, Salta, Jujuy, San Luis, Córdoba, Santiago del Estero, Entre Ríos, Buenos Aires, La Pampa, y Santa Fe", afirmó Fisfe.
Los industriales venían reclamando porque el Gobierno modificó tres veces las fórmulas de cálculo para el precio de los biocombustibles, dejando valores por debajo de los costos. Ahora se suma el reclamo por el congelamiento de precios.
"Las empresas quieren acompañar este triste momento económico que vive el país, pero para ello necesitan poder trabajar y dar empleo, aún sin renta alguna. En este momento, por las variables de la macroeconomía, ninguna tiene más resto. Y de no mediar medidas urgentes, la situación se hará más complicada aún", indicó Fisfe.
Para esa cámara, si para el jueves próximo no hay alguna medida o solución ante la crisis "se paralizará por completo la actividad".
Vale recordar que el sector nació tras la ley de biocombustibles de 2006, que brindó un apoyo para que las pymes abastecieran el mercado interno.
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Código Minero: Nación y provincias acuerdan revisarlo
Nación y provincias acuerdan revisar el Código Minero junto al sector privado
Fecha de Publicación: 02/09/2019
Fuente: Telam
Provincia/Región: Nacional
Con el objetivo de avanzar en la modernización de la actividad para mejorar las prácticas sectoriales, las provincias se reunieron con el Gobierno, para debatir la reforma de largo plazo que será analizada y consensuada junto al sector privado.
El gobierno nacional y las provincias acordaron revisar el Código Minero a través de una reforma normativa de largo plazo que será analizada, debatida y consensuada junto al sector privado.
Así lo informó el Ministerio de Producción, luego de que la secretaria de Política Minera, Carolina Sánchez, encabezara la primera mesa de trabajo con las provincias para iniciar la etapa de revisión del Código y avanzar en su modernización, en base a las mejores prácticas sectoriales.
“La minería nos enfrenta a nuevos desafíos y nos da la oportunidad de debatir, analizar y acordar cuáles son las condiciones apropiadas de desarrollo de la actividad con un marco legal que garantice la aplicación de las mejores prácticas disponibles junto a los protagonistas, que son las provincias”, sostuvo Sánchez, informó el Ministerio a través de un comunicado.
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Fecha de Publicación: 02/09/2019
Fuente: Telam
Provincia/Región: Nacional
Con el objetivo de avanzar en la modernización de la actividad para mejorar las prácticas sectoriales, las provincias se reunieron con el Gobierno, para debatir la reforma de largo plazo que será analizada y consensuada junto al sector privado.
El gobierno nacional y las provincias acordaron revisar el Código Minero a través de una reforma normativa de largo plazo que será analizada, debatida y consensuada junto al sector privado.
Así lo informó el Ministerio de Producción, luego de que la secretaria de Política Minera, Carolina Sánchez, encabezara la primera mesa de trabajo con las provincias para iniciar la etapa de revisión del Código y avanzar en su modernización, en base a las mejores prácticas sectoriales.
“La minería nos enfrenta a nuevos desafíos y nos da la oportunidad de debatir, analizar y acordar cuáles son las condiciones apropiadas de desarrollo de la actividad con un marco legal que garantice la aplicación de las mejores prácticas disponibles junto a los protagonistas, que son las provincias”, sostuvo Sánchez, informó el Ministerio a través de un comunicado.
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Tucumán: sigue la quema de cañaverales
En dos días hubo 45 focos de incendios por quema de cañaverales
Fecha de Publicación: 02/09/2019
Fuente: Primera Fuente
Provincia/Región: Tucumán
“A pesar de las recomendaciones la gente sigue quemando”, explicó, a primerafuente, Eduardo Figueroa, jefe de Bomberos Voluntarios de Concepción
Durante esta época del año el trabajo de los bomberos en el sur tucumano se intensifica debido a la quema ilegal de cañaverales.
“Este fin de semana tuvimos al menos 45 intervenciones producto de la quema sistemática de caña en diferentes campos. Es lamentable que los dueños de las fincas no tomen conciencia del daño que eso produce a toda la sociedad. El humo y las partículas quedan flotando en el ambiente y luego todo eso respiramos”, señaló Figueroa.
En una parte de la nota, con nuestro portal, el jefe de Bomberos Voluntarios de Concepción se refirió a los incontrolables incendios que se producen desde hace más de 20 días en el Amazonas, el pulmón del mundo.
“Tenemos que tomar conciencia del daño que se produce cuando se quema. Es terrible lo que ocurre en Brasil, el fuego se tornó incontrolable. Hay mucha gente tratando de socar el fuego pero está difícil por la sequía y los vientos. Sin ser dramático aquí durante el año tenemos varias Amazonas producto de la quema de cañaverales. Es importante cuidar el medio ambiente debemos trabajar para conseguir erradicar esta mala costumbre”, puntualizó.
Aunque el Gobierno de Tucumán informó que incrementó las fiscalizaciones del campo tucumano, a través de la Secretaría de Medio Ambiente debido a la quema ilegal de cañaverales, esta práctica no ha cesado.
Basta solamente con transitar la ruta nacional 38 en cualquier hora del día y se pueden observar las llamas y densas columnas de humo que brotan de los terrenos plantados con caña.
También en el mundo virtual de las redes sociales a diario se viralizan filmaciones y fotos denunciando los incendios.
“Anoche en Los Córdoba, entre Alberdi y Aguilares, no se podía respirar en la ruta 38 por la quema de maloja. A 4 días de una tragedia terrible que enlutó el sur, otra vez la indiferencia de la gente y el desprecio por la vida de los que transitamos a diario para ir a trabajar. La impunidad nuestra de cada día. ¿Quién controla todo esto?”, escribió en las redes sociales, una vecina de Alberdi.
De acuerdo a publicaciones realizadas por el Gobierno tucumano los controles son llevados a cabo por los inspectores de Fiscalización Ambiental, Defensa Civil, Policía Ecológica y la secretaría de Estado.
Asimismo instan a la comunidad a llamar al 103 para realizar la denuncia sobre los lugares donde se realiza la quema “indicando el lugar, tratando siempre de dar precisiones para agilizar el arribo de las patrullas ambientales para combatir el fuego”.
“Tras identificar a los propietarios de las tierras en las que se produce el fuego, se los multa a través de la Dirección de Fiscalización Ambiental. Además, los hechos son encuadrados en la tipología delictiva correspondiente por intermedio de la División de Delitos Rurales y Ambientales de la Policía, que envía sumarios a la Justicia para impulsar causas penales”, según reza la publicación.
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Fecha de Publicación: 02/09/2019
Fuente: Primera Fuente
Provincia/Región: Tucumán
“A pesar de las recomendaciones la gente sigue quemando”, explicó, a primerafuente, Eduardo Figueroa, jefe de Bomberos Voluntarios de Concepción
Durante esta época del año el trabajo de los bomberos en el sur tucumano se intensifica debido a la quema ilegal de cañaverales.
“Este fin de semana tuvimos al menos 45 intervenciones producto de la quema sistemática de caña en diferentes campos. Es lamentable que los dueños de las fincas no tomen conciencia del daño que eso produce a toda la sociedad. El humo y las partículas quedan flotando en el ambiente y luego todo eso respiramos”, señaló Figueroa.
En una parte de la nota, con nuestro portal, el jefe de Bomberos Voluntarios de Concepción se refirió a los incontrolables incendios que se producen desde hace más de 20 días en el Amazonas, el pulmón del mundo.
“Tenemos que tomar conciencia del daño que se produce cuando se quema. Es terrible lo que ocurre en Brasil, el fuego se tornó incontrolable. Hay mucha gente tratando de socar el fuego pero está difícil por la sequía y los vientos. Sin ser dramático aquí durante el año tenemos varias Amazonas producto de la quema de cañaverales. Es importante cuidar el medio ambiente debemos trabajar para conseguir erradicar esta mala costumbre”, puntualizó.
Aunque el Gobierno de Tucumán informó que incrementó las fiscalizaciones del campo tucumano, a través de la Secretaría de Medio Ambiente debido a la quema ilegal de cañaverales, esta práctica no ha cesado.
Basta solamente con transitar la ruta nacional 38 en cualquier hora del día y se pueden observar las llamas y densas columnas de humo que brotan de los terrenos plantados con caña.
También en el mundo virtual de las redes sociales a diario se viralizan filmaciones y fotos denunciando los incendios.
“Anoche en Los Córdoba, entre Alberdi y Aguilares, no se podía respirar en la ruta 38 por la quema de maloja. A 4 días de una tragedia terrible que enlutó el sur, otra vez la indiferencia de la gente y el desprecio por la vida de los que transitamos a diario para ir a trabajar. La impunidad nuestra de cada día. ¿Quién controla todo esto?”, escribió en las redes sociales, una vecina de Alberdi.
De acuerdo a publicaciones realizadas por el Gobierno tucumano los controles son llevados a cabo por los inspectores de Fiscalización Ambiental, Defensa Civil, Policía Ecológica y la secretaría de Estado.
Asimismo instan a la comunidad a llamar al 103 para realizar la denuncia sobre los lugares donde se realiza la quema “indicando el lugar, tratando siempre de dar precisiones para agilizar el arribo de las patrullas ambientales para combatir el fuego”.
“Tras identificar a los propietarios de las tierras en las que se produce el fuego, se los multa a través de la Dirección de Fiscalización Ambiental. Además, los hechos son encuadrados en la tipología delictiva correspondiente por intermedio de la División de Delitos Rurales y Ambientales de la Policía, que envía sumarios a la Justicia para impulsar causas penales”, según reza la publicación.
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Más demanejo de residuos petroleros en Neuquén
Abrieron una investigación por los residuos contaminantes arrojados en Plottier
Fecha de Publicación: 02/09/2019
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Neuquén
Fueron detectados por un vecino, quien avisó en el mismo momento en el que las bolsas eran descargadas. Aunque fueron retirados del lugar, buscarán a los responsables.
Será la fiscalía de Delitos Ambientales la que determine responsabilidades y penalidades ante el vertido que se interceptó “in fraganti” en la zona urbana de Plottier, dijo el gerente del Ente de Desarrollo (EDEP), Marcos García.
Recordó que todos los residuos detectados en el camión que alcanzó a descargar bolsas en el suelo, deben tener tratamiento especial para su deposición final. El remito del chofer del transporte Crexell decía que su carga venía de Fortín de Piedra y que el generador sería TecPetrol.
Además de la intervención judicial, se involucró en el operativo a la secretaría de Medio Ambiente provincial, que fiscaliza el transporte de residuos contaminantes o peligrosos.
“Afortunadamente el vecino llamó en el momento en que se producía el hecho, se pudo registrar todo, avisar a los funcionarios y las entidades de Medio Ambiente que están encargadas de que esto no suceda y a quienes tienen que investigar lo que pasó”, dijo García.
García tiene a su cargo el área de Medio Ambiente de Plottier. En el momento en que un transporte dejó en un terreno bolsas de arena de las que se usan en los pozos petroleros, con restos de otros recipientes y barros de hidrocarburos, el vecino Víctor Olmedo activó la alarma con un certero llamado a las áreas de Defensa Civil y de Medio Ambiente de la comuna para frenar la situación.
Según explicó el gerente del EDEP, en el lugar constataron unos 9 metros cúbicos de bolsas de arena que adentro tenían otros envases, depositadas en un área residencial en las afueras de la localidad.
Específicamente a unos 1.500 metros a la salida oeste de la ciudad desde la Ruta 22 en dirección a Senillosa, un transporte dejó en el sector una montaña de bolsas.
“Algunos de los envases tenían etiquetas de que eran propiedad de Halliburton y el remito del chofer era de transportes Crexell, que venía de Fortín de Piedra; así es que se llamó a estas firmas el sábado por la tarde”, agregó García.
Explicó que luego la firma Crexell levantó el residuo y dispuso de los servicios de un camión Vactor para hacer el saneamiento del terreno, es decir, absorber la primera capa de tierra que pudo haber estado en contacto con las bolsas vacías que contenían residuos contaminantes.
“Algunos envases decían producto tóxico, cancerígeno e irritante, la mayor parte eran envases vacíos, aunque había restos de lo que podrían ser barros o similar. Lo importante es que reconocieron que eran de ellos, se lo llevaron y realizaron el saneamiento”, dijo García.
Por su parte la empresa Crexell informó que “el manejo de estos residuos ‘no contaminantes’ ha sido realizado por el transportista y por dos empleados de esta empresa sin la autorización de la misma” y que “tal hecho no resulta de responsabilidad de Tecpetrol, ni de Halliburton ni tampoco de Transportes Crexell, siendo el obrar de terceras personas”. Añadió que lo está investigando.
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Fecha de Publicación: 02/09/2019
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Neuquén
Fueron detectados por un vecino, quien avisó en el mismo momento en el que las bolsas eran descargadas. Aunque fueron retirados del lugar, buscarán a los responsables.
Será la fiscalía de Delitos Ambientales la que determine responsabilidades y penalidades ante el vertido que se interceptó “in fraganti” en la zona urbana de Plottier, dijo el gerente del Ente de Desarrollo (EDEP), Marcos García.
Recordó que todos los residuos detectados en el camión que alcanzó a descargar bolsas en el suelo, deben tener tratamiento especial para su deposición final. El remito del chofer del transporte Crexell decía que su carga venía de Fortín de Piedra y que el generador sería TecPetrol.
Además de la intervención judicial, se involucró en el operativo a la secretaría de Medio Ambiente provincial, que fiscaliza el transporte de residuos contaminantes o peligrosos.
“Afortunadamente el vecino llamó en el momento en que se producía el hecho, se pudo registrar todo, avisar a los funcionarios y las entidades de Medio Ambiente que están encargadas de que esto no suceda y a quienes tienen que investigar lo que pasó”, dijo García.
García tiene a su cargo el área de Medio Ambiente de Plottier. En el momento en que un transporte dejó en un terreno bolsas de arena de las que se usan en los pozos petroleros, con restos de otros recipientes y barros de hidrocarburos, el vecino Víctor Olmedo activó la alarma con un certero llamado a las áreas de Defensa Civil y de Medio Ambiente de la comuna para frenar la situación.
Según explicó el gerente del EDEP, en el lugar constataron unos 9 metros cúbicos de bolsas de arena que adentro tenían otros envases, depositadas en un área residencial en las afueras de la localidad.
Específicamente a unos 1.500 metros a la salida oeste de la ciudad desde la Ruta 22 en dirección a Senillosa, un transporte dejó en el sector una montaña de bolsas.
“Algunos de los envases tenían etiquetas de que eran propiedad de Halliburton y el remito del chofer era de transportes Crexell, que venía de Fortín de Piedra; así es que se llamó a estas firmas el sábado por la tarde”, agregó García.
Explicó que luego la firma Crexell levantó el residuo y dispuso de los servicios de un camión Vactor para hacer el saneamiento del terreno, es decir, absorber la primera capa de tierra que pudo haber estado en contacto con las bolsas vacías que contenían residuos contaminantes.
“Algunos envases decían producto tóxico, cancerígeno e irritante, la mayor parte eran envases vacíos, aunque había restos de lo que podrían ser barros o similar. Lo importante es que reconocieron que eran de ellos, se lo llevaron y realizaron el saneamiento”, dijo García.
Por su parte la empresa Crexell informó que “el manejo de estos residuos ‘no contaminantes’ ha sido realizado por el transportista y por dos empleados de esta empresa sin la autorización de la misma” y que “tal hecho no resulta de responsabilidad de Tecpetrol, ni de Halliburton ni tampoco de Transportes Crexell, siendo el obrar de terceras personas”. Añadió que lo está investigando.
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Asbesto en el Subte: piden citar a funcionarios
Por la contaminación de asbesto en el Subte, piden citar a funcionarios de Sbase y el gobierno
Fecha de Publicación: 31/08/2019
Fuente: Telam
Provincia/Región: CABA
Según los diputados de la izquierda, "la empresa Metrovías S.A. ha reconocido la presencia de asbesto en el subte" y, además "admitió en un comunicado público que varios trabajadores de la línea B, del taller Rancagua, ya padecen de afecciones en su salud producto del asbesto".
A raíz de la "presencia" del material cancerígeno conocido como asbesto en formaciones del Subte y la detección de "afecciones en la salud" en los trabajadores que realizan tareas de mantenimiento, los diputados del Frente de Izquierda presentaron cuatro iniciativas en las que solicitan, entre otros puntos, la citación de funcionarios de Sbase y del Gobierno porteño a la Legislatura.
En ese sentido, los representantes de los partidos que integran el FIT afirmaron que "de 100 trabajadores que fueron sometidos a estudios médicos, al menos en 5 se detectó afecciones a su salud producto de la presencia de asbesto en su cuerpo".
La candidata a diputada nacional , Myriam Bregman (PTS-FIT),presentó un proyecto de pedido de informes y declarar, al mismo tiempo, la "Emergencia en Salud Laboral en el ámbito del Subterráneo de Buenos Aires".
Se busca así "garantizar todos los recursos técnicos, a costa de la empresa y el Estado, para que puedan realizarse los estudios médicos necesarios a la totalidad de sus trabajadores y trabajadoras a fin de determinar si tienen afecciones debido a la presencia de asbesto en las formaciones del conjunto de las líneas de subte y Premetro".
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Fecha de Publicación: 31/08/2019
Fuente: Telam
Provincia/Región: CABA
Según los diputados de la izquierda, "la empresa Metrovías S.A. ha reconocido la presencia de asbesto en el subte" y, además "admitió en un comunicado público que varios trabajadores de la línea B, del taller Rancagua, ya padecen de afecciones en su salud producto del asbesto".
A raíz de la "presencia" del material cancerígeno conocido como asbesto en formaciones del Subte y la detección de "afecciones en la salud" en los trabajadores que realizan tareas de mantenimiento, los diputados del Frente de Izquierda presentaron cuatro iniciativas en las que solicitan, entre otros puntos, la citación de funcionarios de Sbase y del Gobierno porteño a la Legislatura.
En ese sentido, los representantes de los partidos que integran el FIT afirmaron que "de 100 trabajadores que fueron sometidos a estudios médicos, al menos en 5 se detectó afecciones a su salud producto de la presencia de asbesto en su cuerpo".
La candidata a diputada nacional , Myriam Bregman (PTS-FIT),presentó un proyecto de pedido de informes y declarar, al mismo tiempo, la "Emergencia en Salud Laboral en el ámbito del Subterráneo de Buenos Aires".
Se busca así "garantizar todos los recursos técnicos, a costa de la empresa y el Estado, para que puedan realizarse los estudios médicos necesarios a la totalidad de sus trabajadores y trabajadoras a fin de determinar si tienen afecciones debido a la presencia de asbesto en las formaciones del conjunto de las líneas de subte y Premetro".
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El extractivismo no se toca. Fernández con mineras
Alberto Fernández dio señales a favor de la explotación minera
Fecha de Publicación: 31/08/2019
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
El candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, se reunió con las gobernadoras de Catamarca, Lucía Corpacci, y de Santa Cruz, Alicia Kirchner, junto con representantes de empresas mineras radicadas en ambas provincias, a quienes dijo que "la única solución" para el futuro del país es "exportar".
Fernández remarcó que la "única solución para el futuro de la Argentina es exportar" y anunció: "Estamos trabajando para que las inversiones en Vaca Muerta y en la producción de litio cuenten con un marco legal que brinde seguridad jurídica".
Además, el candidato del Frente de Todos les pidió a los gobernadores y empresas que hagan un "esfuerzo conjunto" y "una tarea de educación para que la sociedad comprenda que la minería es una oportunidad".
Durante el encuentro, que se llevó a cabo ayer al mediodía en el Hotel Howard Johnson de la calle Florida, Alberto Fernández pidió "avanzar hacia la sustentabilidad social y económica de la minería".
Del encuentro, además de las gobernadoras, participaron representantes de las empresas YMAD, Galan Lithium, Neo Lithium Corp, Liex SA, Lundin Group, Minera Esperanza, Lake Resources, Grosso Group y Loma Negra, Posco, Yamana, Galaxy, Circum Pacific y Buena Vista Gold, Glencore. También directivos de la Minera Alumbrera, Livent Corp, Antofalla Minerals, Anglogold Ashanti, Patagonia Gold, Minera Santa Cruz, Panamerican Silver, Don Nicolás SA, Newmont Goldcorp y Yamana Gold.
El objetivo del encuentro fue dialogar "acerca de la actualidad, proyecciones y necesidades del sector minero en el corto, mediano y largo plazo". La idea es que los empresarios expresasen las realidades y puntos de vista del sector. Esta es la primera reunión del candidato con empresas mineras en el contexto electoral. Durante el encuentro, Fernández les planteó a los empresarios que desde hace seis meses vienen trabajando en normas que den previsibilidad a la actividad minera para los próximos 10 años.
Indicó que viene trabajando desde hace seis meses en normas sobre el yacimiento Vaca Muerta y otras para el explotación del litio y el silicio, que "son posibilidades que vemos de producción, exportación e ingreso de divisas".
Solicitó tanto a los gobernadores como a los empresarios que expliquen la importancia de la actividad minera para la economía y lograr consenso social para su explotación.
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Fecha de Publicación: 31/08/2019
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
El candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, se reunió con las gobernadoras de Catamarca, Lucía Corpacci, y de Santa Cruz, Alicia Kirchner, junto con representantes de empresas mineras radicadas en ambas provincias, a quienes dijo que "la única solución" para el futuro del país es "exportar".
Fernández remarcó que la "única solución para el futuro de la Argentina es exportar" y anunció: "Estamos trabajando para que las inversiones en Vaca Muerta y en la producción de litio cuenten con un marco legal que brinde seguridad jurídica".
Además, el candidato del Frente de Todos les pidió a los gobernadores y empresas que hagan un "esfuerzo conjunto" y "una tarea de educación para que la sociedad comprenda que la minería es una oportunidad".
Durante el encuentro, que se llevó a cabo ayer al mediodía en el Hotel Howard Johnson de la calle Florida, Alberto Fernández pidió "avanzar hacia la sustentabilidad social y económica de la minería".
Del encuentro, además de las gobernadoras, participaron representantes de las empresas YMAD, Galan Lithium, Neo Lithium Corp, Liex SA, Lundin Group, Minera Esperanza, Lake Resources, Grosso Group y Loma Negra, Posco, Yamana, Galaxy, Circum Pacific y Buena Vista Gold, Glencore. También directivos de la Minera Alumbrera, Livent Corp, Antofalla Minerals, Anglogold Ashanti, Patagonia Gold, Minera Santa Cruz, Panamerican Silver, Don Nicolás SA, Newmont Goldcorp y Yamana Gold.
El objetivo del encuentro fue dialogar "acerca de la actualidad, proyecciones y necesidades del sector minero en el corto, mediano y largo plazo". La idea es que los empresarios expresasen las realidades y puntos de vista del sector. Esta es la primera reunión del candidato con empresas mineras en el contexto electoral. Durante el encuentro, Fernández les planteó a los empresarios que desde hace seis meses vienen trabajando en normas que den previsibilidad a la actividad minera para los próximos 10 años.
Indicó que viene trabajando desde hace seis meses en normas sobre el yacimiento Vaca Muerta y otras para el explotación del litio y el silicio, que "son posibilidades que vemos de producción, exportación e ingreso de divisas".
Solicitó tanto a los gobernadores como a los empresarios que expliquen la importancia de la actividad minera para la economía y lograr consenso social para su explotación.
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