Audiencia por el Riachuelo: más de lo mismo y enojo de vecinos
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Reunión por el Riachuelo: entre la indignación de los vecinos y las explicaciones de los funcionarios
Fecha de Publicación: 17/07/2019
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Riachuelo
"Estoy indignada. Me voy. Esta audiencia es una mentira. En once años, no mejoró en nada la calidad de vida de la gente que vive en el Riachuelo. Es más, diría que empeoró, porque la contaminación industrial se incrementó y no se controla". Quien sale de la quinta audiencia pública por el saneamiento de la cuenca Matanza Riachuelo con esa estrepitosa declaración es Beatriz Mendoza, la vecina que hace 11 años le dio el nombre al fallo de la Corte Suprema de Justicia que ordenó a los gobiernos nacional, provincial y de la Ciudad llevar adelante obras para sanear el Riachuelo.
El fallo Mendoza se convirtió en un hito en el derecho ambiental: por primera vez la Justicia apuntaba a los responsables no de la contaminación sino de las pésimas condiciones de vida de los habitantes de la cuenca y mandaba a los gobiernos a tomar acciones concretas para cambiar esa realidad. Pero, a once años de ese fallo histórico los cambios no llegaron, según denuncian Mendoza y muchos de los vecinos que esta mañana participaron de la audiencia pública.
El contrapunto era evidente entre los funcionarios que presentaban obras y avances como hitos en la historia del sanitarismo argentino y los vecinos y representantes de las organizaciones sociales que hablaban desde el hartazgo para decir que los cambios no se veían. Incluso hubo un vecino que se quebró y terminó su presentación entre lágrimas.
"Ayer llovió y el agua está al borde de nuestra casa. Nos seguimos inundando porque las obras en el arroyo Santa Catalina no se hacen. Los basurales, dicen que los sacaron pero cuando venía para acá veía basura cada 50 metros. Basta de mandarnos chapas y colchones cuando nos inundamos. Necesitamos que no nos abandonen", dijo Ramón Acosta, un vecino que forma parte del foro hídrico de Lomas de Zamora. "Hace poco vinieron a mi casa a hacer un censo con vecinos, pero las preguntas eran muy básicas. No se interesaron en la salud. No preguntaron cuántos casos de cáncer hubo en las familias, son muchos", apuntó Natalia Noga, su esposa.
La voz de las autoridades
"El fallo Mendoza lleva 11 años y cuando se plantea así, la gente internaliza que no se hizo nada. Y no es cierto. Eso es una prueba de que esta es una política de Estado y que los proyectos son a largo plazo", argumenta Lucas Figueras, presidente de la Acumar, el ente tripartito que integran Nación, provincia y ciudad de Buenos Aires y que está mandado por la Corte a sanear el Riachuelo.
Figueras asumió hace cuatro meses, después de la renuncia de la directora anterior, que recibió fuertes cuestionamientos por los pocos avances que hace dos años fueron estimados por el cuerpo colegiado de organizaciones que creó la Corte para monitorear las obras. Sólo se avanzó en el 20% del plan, se dijo entonces. El año pasado, las críticas fueron a que los informes presentados por Acumar eran inconsistentes y no les permitían evaluar los avances, que a juzgar por la opinión de los vecinos no les estaban cambiando la calidad de vida a la gente.
"No podemos hablar de plazos. Todas las políticas públicas que se hicieron hasta ahora con el Riachuelo fracasaron. Esta es la primera vez que se está trabajando en serio. La obra del colector del margen izquierdo y la construcción del emisario van a permitir para 2021 o 2022 reducir un 50% el problema de contaminación de la cuenca. Y esa obra tiene un 50% de avance", asegura Figueras. Es decir, que hasta ahora, el avance rondaría el 25%, número que no es enunciado oficialmente por los funcionarios.
"Sólo el 5 % de la contaminación del Riachuelo y su cuenca proviene de las industrias. Y en ese sentido se están haciendo obras que serán de gran importancia, como la planta de tratamiento de efluentes conjunta en Lanús y otras", dice Figueras. "El 95% de la contaminación del río tiene que ver con vertidos cloacales y a eso hay que sumarle el problema de los residuos sólidos urbanos", apunta el director de Acumar.
Cuando distintos funcionarios planearon números similares en la audiencia pública, hubo indignación entre los vecinos presentes. Uno de los funcionarios contó que se habían cerrado los dos macrobasurales que quedaban en la cuenca: los de Marcos Paz y el de Cañuelas. Pero, en algunos casos, todavía subsisten los microbasurales en las márgenes, dijo y mostró fotos de cómo se habían hecho limpieza de los terrenos en la zona y a los tres días estaba otra vez lleno de montañas de basura.
"Siempre se responsabiliza al vecino, pero yo me pregunto qué haría cualquier vecino si saca la basura y no se la pasan a recolectar. ¿Dónde la lleva? En mi barrio, el camión recolector pasa tres veces por semana, cuando en el centro pasa todos los días. Lo mismo se dice de las cloacas. Se están haciendo obras de plantas de tratamientos. Pero la conexión domiciliaria va a quedar a cargo de los vecinos. Prometen créditos y subsidios, pero piensen qué muchos somos vecinos que no podemos pagar una tarifa social, si van a esperar solucionar la contaminación cloacal con obras que paguen los vecinos, estamos hechos", dice Sergio González, vecino de Lanús que participó como orador.
"Nosotros vamos a tener en cuenta las posibilidades de cada vecino, y se prevén subsidios para quienes no puedan pagar. En dos años ya se conectaron más de mil hogares con subsidios del 100% a la red", apunta Figueras. Un número que contrasta contra los casi 2,2 millones de habitantes de la cuenca que no tienen cloacas.
Un funcionario proyectó los números y los plazos de conexión a las 15 plantas de tratamiento de desechos cloacales: once están en servicio, dos proyectadas, una en obra y una planificada. Un vecino le contestó que era una utopía. Una de las plantas en funcionamiento, la de Lanús, conectará a las cloacas a unos 90.000 vecinos. Hoy, sólo 7000 vecinos están conectados. "Y 4000 de ellos son vecinos porteños, no del partido", denunció González.
"Estamos cansados de escuchar siempre los mismos argumentos. En cada audiencia se habla de lo mismo. Se habla de obras, como si el objetivo del saneamiento del Riachuelo fuera descontaminar un río. Lo que el fallo de la Corte ordenó es un abordaje integral. El problema no es un río, no es el agua, es la sociedad que vive en un territorio", apunta Horacio Corti, defensor general del Ministerio Público de la Ciudad.
"Siguen haciendo diagnósticos técnicos sin entender el verdadero problema. A otras audiencias veníamos preocupados, ahora venimos angustiados. Porque vemos que no hay una decisión política de sanear el Riachuelo. La gestión de Acumar oscila entre subejecución y desfinanciamiento. En este informe que nos presentan no tenemos datos, no se puede realizar un control. No sabemos si se tira más plomo o benceno. La Corte produjo un diseño institucional de cómo sanear el Riachuelo. Hoy ese diseño no existe. Para controlar que se cumpla el fallo se creó un cuerpo colegiado, formado por organizaciones ambientales y vecinales y presidida por la Defensoría del Pueblo de la Nación. Pero como no tenemos un defensor, no hay quién lidere esa defensa. Y la Corte no hace nada. Sólo manda una vez al año un pedido al Congreso para que se designe un defensor", advirtió Fernando Fimognare, de la Defensoría del Pueblo porteña.
La Fundación Ambiente y Recursos Naturales es una de las cinco organizaciones que conforman el cuerpo colegiado, junto a Greenpeace, el Cels, la Comisión de Vecinos de La Boca y la Asociación Civil de Derechos Humanos que son responsables de monitorear el Plan Integral de Saneamiento Ambiental (Pisa) que surgió a partir del fallo de la Corte. "No entiendo para qué es esta audiencia. ¿Para qué venimos? ¿Para escucharlos actualizar el estado del Pisa? Nosotros venimos a repetir lo mismo que en las audiencias anteriores. Porque muy poco ha cambiado, no se está avanzando", aseguró Santiago Cane, de Farn. "Acumar coordina la política pública de limpieza del Riachuelo. ¿Quién la define? Los gobiernos, que son los condenados en el fallo de la Corte, a mejorar la calidad de vida de los habitantes. Esa política no se ve", aseguró el representante de Farn.
"Usted va a terminar procesado por inacción, porque no hace nada por la contaminación del aire y del agua", terminó su presentación, indignado, Raul Estrada Oyuela, de la Asociación de Vecinos de La Boca, parte del cuerpo colegiado, apuntando al director de Acumar.
"Le pusieron mi nombre a uno de los caños de la obra del margen izquierdo del Riachuelo. Soy el emisario Beatriz Mendoza, cosa que me indignó. Soy el nombre de un fallo histórico. Pero sabés qué es lo triste. Que eso no le cambió la vida a nadie. Cuando la Corte se pronunció, me llené de esperanzas. Pero ahora veo que la gente vive igual o peor. Y la Corte no hace nada. No exige el cumplimiento del fallo. La Acumar y todos los funcionarios juegan a la obsolescencia, a decir que están haciendo mucho pero que no se ve. El problema es que la contaminación es un ente abstracto. Y sus consecuencias no se ven, hasta que llega una inundación como la de La Plata y se cobra muchas vidas. Es lamentable", asegura Mendoza, mientras sale del Centro Metropolitano de Diseño donde se realizó la audiencia.
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Fecha de Publicación: 17/07/2019
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Riachuelo
"Estoy indignada. Me voy. Esta audiencia es una mentira. En once años, no mejoró en nada la calidad de vida de la gente que vive en el Riachuelo. Es más, diría que empeoró, porque la contaminación industrial se incrementó y no se controla". Quien sale de la quinta audiencia pública por el saneamiento de la cuenca Matanza Riachuelo con esa estrepitosa declaración es Beatriz Mendoza, la vecina que hace 11 años le dio el nombre al fallo de la Corte Suprema de Justicia que ordenó a los gobiernos nacional, provincial y de la Ciudad llevar adelante obras para sanear el Riachuelo.
El fallo Mendoza se convirtió en un hito en el derecho ambiental: por primera vez la Justicia apuntaba a los responsables no de la contaminación sino de las pésimas condiciones de vida de los habitantes de la cuenca y mandaba a los gobiernos a tomar acciones concretas para cambiar esa realidad. Pero, a once años de ese fallo histórico los cambios no llegaron, según denuncian Mendoza y muchos de los vecinos que esta mañana participaron de la audiencia pública.
El contrapunto era evidente entre los funcionarios que presentaban obras y avances como hitos en la historia del sanitarismo argentino y los vecinos y representantes de las organizaciones sociales que hablaban desde el hartazgo para decir que los cambios no se veían. Incluso hubo un vecino que se quebró y terminó su presentación entre lágrimas.
"Ayer llovió y el agua está al borde de nuestra casa. Nos seguimos inundando porque las obras en el arroyo Santa Catalina no se hacen. Los basurales, dicen que los sacaron pero cuando venía para acá veía basura cada 50 metros. Basta de mandarnos chapas y colchones cuando nos inundamos. Necesitamos que no nos abandonen", dijo Ramón Acosta, un vecino que forma parte del foro hídrico de Lomas de Zamora. "Hace poco vinieron a mi casa a hacer un censo con vecinos, pero las preguntas eran muy básicas. No se interesaron en la salud. No preguntaron cuántos casos de cáncer hubo en las familias, son muchos", apuntó Natalia Noga, su esposa.
La voz de las autoridades
"El fallo Mendoza lleva 11 años y cuando se plantea así, la gente internaliza que no se hizo nada. Y no es cierto. Eso es una prueba de que esta es una política de Estado y que los proyectos son a largo plazo", argumenta Lucas Figueras, presidente de la Acumar, el ente tripartito que integran Nación, provincia y ciudad de Buenos Aires y que está mandado por la Corte a sanear el Riachuelo.
Figueras asumió hace cuatro meses, después de la renuncia de la directora anterior, que recibió fuertes cuestionamientos por los pocos avances que hace dos años fueron estimados por el cuerpo colegiado de organizaciones que creó la Corte para monitorear las obras. Sólo se avanzó en el 20% del plan, se dijo entonces. El año pasado, las críticas fueron a que los informes presentados por Acumar eran inconsistentes y no les permitían evaluar los avances, que a juzgar por la opinión de los vecinos no les estaban cambiando la calidad de vida a la gente.
"No podemos hablar de plazos. Todas las políticas públicas que se hicieron hasta ahora con el Riachuelo fracasaron. Esta es la primera vez que se está trabajando en serio. La obra del colector del margen izquierdo y la construcción del emisario van a permitir para 2021 o 2022 reducir un 50% el problema de contaminación de la cuenca. Y esa obra tiene un 50% de avance", asegura Figueras. Es decir, que hasta ahora, el avance rondaría el 25%, número que no es enunciado oficialmente por los funcionarios.
"Sólo el 5 % de la contaminación del Riachuelo y su cuenca proviene de las industrias. Y en ese sentido se están haciendo obras que serán de gran importancia, como la planta de tratamiento de efluentes conjunta en Lanús y otras", dice Figueras. "El 95% de la contaminación del río tiene que ver con vertidos cloacales y a eso hay que sumarle el problema de los residuos sólidos urbanos", apunta el director de Acumar.
Cuando distintos funcionarios planearon números similares en la audiencia pública, hubo indignación entre los vecinos presentes. Uno de los funcionarios contó que se habían cerrado los dos macrobasurales que quedaban en la cuenca: los de Marcos Paz y el de Cañuelas. Pero, en algunos casos, todavía subsisten los microbasurales en las márgenes, dijo y mostró fotos de cómo se habían hecho limpieza de los terrenos en la zona y a los tres días estaba otra vez lleno de montañas de basura.
"Siempre se responsabiliza al vecino, pero yo me pregunto qué haría cualquier vecino si saca la basura y no se la pasan a recolectar. ¿Dónde la lleva? En mi barrio, el camión recolector pasa tres veces por semana, cuando en el centro pasa todos los días. Lo mismo se dice de las cloacas. Se están haciendo obras de plantas de tratamientos. Pero la conexión domiciliaria va a quedar a cargo de los vecinos. Prometen créditos y subsidios, pero piensen qué muchos somos vecinos que no podemos pagar una tarifa social, si van a esperar solucionar la contaminación cloacal con obras que paguen los vecinos, estamos hechos", dice Sergio González, vecino de Lanús que participó como orador.
"Nosotros vamos a tener en cuenta las posibilidades de cada vecino, y se prevén subsidios para quienes no puedan pagar. En dos años ya se conectaron más de mil hogares con subsidios del 100% a la red", apunta Figueras. Un número que contrasta contra los casi 2,2 millones de habitantes de la cuenca que no tienen cloacas.
Un funcionario proyectó los números y los plazos de conexión a las 15 plantas de tratamiento de desechos cloacales: once están en servicio, dos proyectadas, una en obra y una planificada. Un vecino le contestó que era una utopía. Una de las plantas en funcionamiento, la de Lanús, conectará a las cloacas a unos 90.000 vecinos. Hoy, sólo 7000 vecinos están conectados. "Y 4000 de ellos son vecinos porteños, no del partido", denunció González.
"Estamos cansados de escuchar siempre los mismos argumentos. En cada audiencia se habla de lo mismo. Se habla de obras, como si el objetivo del saneamiento del Riachuelo fuera descontaminar un río. Lo que el fallo de la Corte ordenó es un abordaje integral. El problema no es un río, no es el agua, es la sociedad que vive en un territorio", apunta Horacio Corti, defensor general del Ministerio Público de la Ciudad.
"Siguen haciendo diagnósticos técnicos sin entender el verdadero problema. A otras audiencias veníamos preocupados, ahora venimos angustiados. Porque vemos que no hay una decisión política de sanear el Riachuelo. La gestión de Acumar oscila entre subejecución y desfinanciamiento. En este informe que nos presentan no tenemos datos, no se puede realizar un control. No sabemos si se tira más plomo o benceno. La Corte produjo un diseño institucional de cómo sanear el Riachuelo. Hoy ese diseño no existe. Para controlar que se cumpla el fallo se creó un cuerpo colegiado, formado por organizaciones ambientales y vecinales y presidida por la Defensoría del Pueblo de la Nación. Pero como no tenemos un defensor, no hay quién lidere esa defensa. Y la Corte no hace nada. Sólo manda una vez al año un pedido al Congreso para que se designe un defensor", advirtió Fernando Fimognare, de la Defensoría del Pueblo porteña.
La Fundación Ambiente y Recursos Naturales es una de las cinco organizaciones que conforman el cuerpo colegiado, junto a Greenpeace, el Cels, la Comisión de Vecinos de La Boca y la Asociación Civil de Derechos Humanos que son responsables de monitorear el Plan Integral de Saneamiento Ambiental (Pisa) que surgió a partir del fallo de la Corte. "No entiendo para qué es esta audiencia. ¿Para qué venimos? ¿Para escucharlos actualizar el estado del Pisa? Nosotros venimos a repetir lo mismo que en las audiencias anteriores. Porque muy poco ha cambiado, no se está avanzando", aseguró Santiago Cane, de Farn. "Acumar coordina la política pública de limpieza del Riachuelo. ¿Quién la define? Los gobiernos, que son los condenados en el fallo de la Corte, a mejorar la calidad de vida de los habitantes. Esa política no se ve", aseguró el representante de Farn.
"Usted va a terminar procesado por inacción, porque no hace nada por la contaminación del aire y del agua", terminó su presentación, indignado, Raul Estrada Oyuela, de la Asociación de Vecinos de La Boca, parte del cuerpo colegiado, apuntando al director de Acumar.
"Le pusieron mi nombre a uno de los caños de la obra del margen izquierdo del Riachuelo. Soy el emisario Beatriz Mendoza, cosa que me indignó. Soy el nombre de un fallo histórico. Pero sabés qué es lo triste. Que eso no le cambió la vida a nadie. Cuando la Corte se pronunció, me llené de esperanzas. Pero ahora veo que la gente vive igual o peor. Y la Corte no hace nada. No exige el cumplimiento del fallo. La Acumar y todos los funcionarios juegan a la obsolescencia, a decir que están haciendo mucho pero que no se ve. El problema es que la contaminación es un ente abstracto. Y sus consecuencias no se ven, hasta que llega una inundación como la de La Plata y se cobra muchas vidas. Es lamentable", asegura Mendoza, mientras sale del Centro Metropolitano de Diseño donde se realizó la audiencia.
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Vaca Muerta: la justicia ordena informar el impacto
La Justicia ordenó a YPF informar sobre el impacto ambiental de Vaca Muerta
Fecha de Publicación: 17/07/2019
Fuente: Cba24N
Provincia/Región: Neuquén
La Jueza Federal Cecilia Gilardi Madariaga de Negre, a cargo del Juzgado de primera instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N°8 de Capital Federal, hizo lugar a la acción presentada por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), y ordenó a YPF a que en el plazo de 30 días hábiles brinde la información de carácter ambiental vinculada a las actividades que dicha empresa ejecuta en el yacimiento de Vaca Muerta, en la Provincia de Neuquén.
La demanda se inició luego de que la fundación solicitara en dos oportunidades la información referida, en el marco de lo normado por la Ley General del Ambiente y la Ley de Acceso a Información Pública Ambiental, negándose la empresa a brindarla bajo el fundamento de que se encuentra alcanzada por la excepción que rige para las sociedades anónimas sujetas al régimen de oferta pública.
En la sentencia, la Jueza destaca la importancia del derecho de acceso a la información pública, el que resulta trascendental para la vigencia del Estado de Derecho y a los fines de la transparencia en la gestión democrática; y, sobre el derecho de acceso a la información ambiental en particular, sostiene que es uno de los pilares fundamentales sobre los que se asienta la protección del medio ambiente, en su triple dimensión: la participación, el acceso a la información pública en sí y la obligación de los estados de garantizar la plena vigencia de dicha accesibilidad.
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Fecha de Publicación: 17/07/2019
Fuente: Cba24N
Provincia/Región: Neuquén
La Jueza Federal Cecilia Gilardi Madariaga de Negre, a cargo del Juzgado de primera instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N°8 de Capital Federal, hizo lugar a la acción presentada por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), y ordenó a YPF a que en el plazo de 30 días hábiles brinde la información de carácter ambiental vinculada a las actividades que dicha empresa ejecuta en el yacimiento de Vaca Muerta, en la Provincia de Neuquén.
La demanda se inició luego de que la fundación solicitara en dos oportunidades la información referida, en el marco de lo normado por la Ley General del Ambiente y la Ley de Acceso a Información Pública Ambiental, negándose la empresa a brindarla bajo el fundamento de que se encuentra alcanzada por la excepción que rige para las sociedades anónimas sujetas al régimen de oferta pública.
En la sentencia, la Jueza destaca la importancia del derecho de acceso a la información pública, el que resulta trascendental para la vigencia del Estado de Derecho y a los fines de la transparencia en la gestión democrática; y, sobre el derecho de acceso a la información ambiental en particular, sostiene que es uno de los pilares fundamentales sobre los que se asienta la protección del medio ambiente, en su triple dimensión: la participación, el acceso a la información pública en sí y la obligación de los estados de garantizar la plena vigencia de dicha accesibilidad.
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Asambleas jujeñas piden ser escuchadas por el litio
Litio y extractivismo: las asambleas jujeñas se movilizan y reclaman que se escuche su voz
Fecha de Publicación: 17/07/2019
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Jujuy
El litio y otros minerales son uno de los negocios más rentables para las empresas trasnacionales y Argentina cuenta con una de las leyes más flexibles de la región. En ese marco las comunidades buscan proteger su territorio de daños irreparables.
La provincia de Jujuy avanza con una amplia agenda extractivista a todo vapor: nuevos proyectos, sumados a otros que vienen desde varios años atrás que el gobierno de Gerardo Morales impulsa con fuerza. La polémica acompaña a estos emprendimientos, por un lado, los pasivos ambientales que anteriores experiencias han dejado en los territorios que explotaron, pero también la falta de consultas, previas, libres e informadas a las comunidades originarias que obliga la ley. Por otro lado, los puestos de trabajo que implican estos desarrollos mineros hace que una parte de la población no los vea con malos ojos y desatienda el costo ambiental a mediano y largo plazo.
A lo largo y ancho de la Puna, inclusive en las poblaciones de la Quebrada de Humahuaca, asambleas ambientales de comunidades y pobladores han vuelto a despertar alarmados por estos proyectos. “Las asambleas tienen una dinámica en directa relación con los avances mineros –cuenta a Tiempo un asambleísta de Abrapampa–, en toda la Puna empezamos a juntarnos especialmente cuando hay movimientos en el territorio, como ahora está pasando con algunos proyectos y emprendimientos con minería de litio”.
En enero y febrero, las comunidades empezaron con medidas concretas de resistencia, como los cortes de la Ruta 52 de comunidades de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc. Este sábado 6 de julio en la localidad de Pozo Colorado, se realizó una asamblea que además contó con representantes de la Comunidad de Mudana y Cimarrones (de la Asamblea de Autoconvocados de Huacalera), Ayllu Inti Yaku Apu Coyamboy (de Coranzuli) que también se encuentran amenazadas por proyectos extractivos en sus territorios.
En la Puna, las asambleas vienen trabajando desde antes de 2011 en defensa del territorio. Toda esa experiencia acumulada es la que intentan articular en los diferentes espacios. Aunque a veces parecen hibernar, de repente se reavivan ante algún hecho puntual, como sucedió en enero y febrero de este año en Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc cuando expulsaron a Ekekos S.A. y AIS Resources Limited de su territorio. En ese momento, las asambleas emitieron un comunicado en el que expresaron “que el gobierno sepa de una vez por todas que no vamos a aceptar ninguna exploración ni explotación de minera de litio y que no hay vuelta atrás, que no esté llamando a mesas chicas ni reuniones para convencer a dirigentes. Y que si intenta ingresar otra empresa vamos a tomar posición y vamos a sacarlos”.
La asamblea del último sábado ratificó el documento del 22 febrero en uno de cuyos puntos dice que “ninguna comunidad en particular está autorizada a aprobar, autorizar ni mantener negocios vinculados a actividades que afecten negativamente al territorio”.
Un reclamo de las asambleas es que los gobiernos no respetan el territorio comunitario, “nunca lo han hecho, pero las comunidades ya han conformado un protocolo de consulta, que salió con mucho de trabajo de asamblea. Y desde la gestión Morales, al que se le regaló un ejemplar, nunca, nunca se nos llamó y vemos como los intereses de los gobiernos y de las empresas priman más que los de los dueños verdaderos del territorio”, declaran. El protocolo se llama Kachi Yupi, y el gobernador Gerardo Morales supo prometer sacarlo por decreto y reglamentarlo, hasta la fecha eso no sucedió. Sin embargo, la consulta previa, libre e informada se encuentra en el convenio 169 de la OIT y se incorporó por ley nacional en 1992.
La voz de las asambleas no encuentra suficiente eco en los medios de comunicación, enfrentan intereses varias veces millonarios y aunque son los únicos que se encuentran en el territorio no son tomados como interlocutores válidos hasta que logran una acción de gran visibilización. El gobernador Morales, por su parte, mantiene su gran apuesta por el litio, según sus estimados unos 2.000 millones de dólares llegaron a la provincia interesados especialmente por la flexibilidad de la legislación nacional. China está entre los países con mayor interés, al punto que Morales ya realizó tres viajes al país asiático y se reunió con su presidente durante la cumbre del G20 que se realizó en Buenos Aires.
Argentina posee el costo de producción más bajo del denominado triángulo del litio (el NOA junto con Bolivia y norte de Chile poseen más del 75% de las reservas del mundo), que se relaciona con el modo de explotación por medio de la evaporación de agua para producir el carbonato de litio. El agua dulce en la región es un bien precioso y escaso. “Ahora la gente empieza a ver consecuencias ambientales de otros proyectos que avanzaron. En el litio, el problema es el uso del agua que cambia el sistema de la salina, las imágenes del impacto visual ya son elocuentes”, cuenta Enrique, de la Biblioteca Andina Ñawpayachaykuna , quien sigue el proceso de cerca.
Otro punto de alerta en el caso de minería de otros metales es Rinconada, con minas Chinchillas (SSR Mining Puna) que a fines del 2018 empezó la explotación a cielo abierto de plomo, plata y zinc, luego del cierre de Mina Pirquitas en 2016. En esa zona las comunidades tienen una tradición minera a lo que se suma la estrategia del gobierno y de las empresas de convencer a la población por medio de las fuentes de trabajo que generan estos proyectos. “Nosotros comprendemos la necesidad de trabajar. Incluso se ve una suerte de enfrentamiento generacional, con la gente mayor que tienen experiencia en las consecuencias, porque cerca de Rinconada hay pasivos ambientales que no han sido remediados, que están activos, como mina La pulpera, Minera Aguilar (que contaminó el río Yacoraite, que desemboca en el río Grande de Jujuy), Mina Loma Blanca, Mina Providencia, que son emprendimientos pequeños”.
El más emblemático de estos proyectos es la mina Pan de azúcar. Los relatos coinciden en que al llegar al lugar se siente el olor a plomo. Ese pasivo ambiental drena y en época de lluvia va por distintos arroyos y ríos durante el verano a desembocar en la laguna de Pozuelos, que es un Monumento Natural Nacional. “Los estudios de 2016 y 2017 ya detectaron una subida del ph del agua”, cuentan los asambleístas.
El ruido que producen estos emprendimientos de litio y otros metales hace que la gente se empiece juntar, los rumores llegan hasta la misma Quebrada de Humahuaca. Hasta los turistas que pasan por ese territorio se ven interpelados por carteles, llamados a asambleas, megáfonos. La asamblea de Huacalera está muy activa en la zona, en el documento del último sábado reafirmaron que los datos de catastro minero de la provincia de Jujuy el gobierno ofrece múltiples proyectos mineros en esa zona.
Al no tener información directa, fuera de la que brinda la página web, es la experiencia la que les reclama atención. “Cuando empezamos a ver movimiento de maquinarias o empiezan a dar vuelta las camionetas de las mineras ya sabemos que están por emprender algo. De la noche a la mañana te construyen o arreglan caminos. Por eso el tema de la consulta es tan importante. Por ejemplo eso pasó en la mina de cobre que había cerrado en Rumicruz que los puneños se alertaron al ver que el Estado de repente comenzó a arreglar un camino. Algo parecido pasa en Huacalera, y lo más probable es que estén buscando realizar exploraciones en la zona”.
Ya desde Purmamarca arranca la movilización asamblearia, los vecinos autoconvocados de allí impidieron hace no mucho la privatización del cerro De los siete colores y el Camino de los colorados. Aún están peleando por el agua, dado que hay una obra en marcha que toma agua de Laguna La Doncella para enviarla a otros sitios de la provincia. “Desconocemos aún los fines reales de este emprendimiento”, aseguran y desde su sitio en la red Facebook denuncian: “Aquí la consulta libre, previa e informada jamás existió y se alteró un patrimonio ecológico de forma irreversible”.
“En concreto lo que nos moviliza es la defensa del territorio de la Pachamama”, dicen desde Abra Pampa, una de las poblaciones más emblemáticas en cuanto a daño ambiental. Niños y adultos de esa localidad tenían niveles de plomo nocivos para la salud en su sangre a más de 20 años de que se fuera una minera de allí.
Pese a las largas distancias, a los impedimentos impuestos por los gobiernos nacional y provincial y a la falta de información, las comunidades y los asambleístas de la Puna se están movilizando, compartiendo experiencias, autogestionándose y articulando entre ellas ante el avance de la minería extractiva.
En junio, la empresa de capitales mixtos Jemse se asoció con la italiana Seri para desarrollar una fábrica para ensamblar baterías de litio en la localidad de Perico, donde ya construyeron un aeropuerto. Esto por su puesto no quita que las regalías que quedan en Jujuy, como en el resto de las provincias, sigue siendo del 3 por ciento de boca de mina, el ínimo de la región. Los otros tres países del triángulo del litio participan fuertemente de la lógica extractivista pero desde otra mirada. El Estado chileno concentra la producción y ha reducido las licencias en la zona cordillerana y Bolivia ha nacionalizado sus yacimientos.
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Fecha de Publicación: 17/07/2019
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Jujuy
El litio y otros minerales son uno de los negocios más rentables para las empresas trasnacionales y Argentina cuenta con una de las leyes más flexibles de la región. En ese marco las comunidades buscan proteger su territorio de daños irreparables.
La provincia de Jujuy avanza con una amplia agenda extractivista a todo vapor: nuevos proyectos, sumados a otros que vienen desde varios años atrás que el gobierno de Gerardo Morales impulsa con fuerza. La polémica acompaña a estos emprendimientos, por un lado, los pasivos ambientales que anteriores experiencias han dejado en los territorios que explotaron, pero también la falta de consultas, previas, libres e informadas a las comunidades originarias que obliga la ley. Por otro lado, los puestos de trabajo que implican estos desarrollos mineros hace que una parte de la población no los vea con malos ojos y desatienda el costo ambiental a mediano y largo plazo.
A lo largo y ancho de la Puna, inclusive en las poblaciones de la Quebrada de Humahuaca, asambleas ambientales de comunidades y pobladores han vuelto a despertar alarmados por estos proyectos. “Las asambleas tienen una dinámica en directa relación con los avances mineros –cuenta a Tiempo un asambleísta de Abrapampa–, en toda la Puna empezamos a juntarnos especialmente cuando hay movimientos en el territorio, como ahora está pasando con algunos proyectos y emprendimientos con minería de litio”.
En enero y febrero, las comunidades empezaron con medidas concretas de resistencia, como los cortes de la Ruta 52 de comunidades de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc. Este sábado 6 de julio en la localidad de Pozo Colorado, se realizó una asamblea que además contó con representantes de la Comunidad de Mudana y Cimarrones (de la Asamblea de Autoconvocados de Huacalera), Ayllu Inti Yaku Apu Coyamboy (de Coranzuli) que también se encuentran amenazadas por proyectos extractivos en sus territorios.
En la Puna, las asambleas vienen trabajando desde antes de 2011 en defensa del territorio. Toda esa experiencia acumulada es la que intentan articular en los diferentes espacios. Aunque a veces parecen hibernar, de repente se reavivan ante algún hecho puntual, como sucedió en enero y febrero de este año en Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc cuando expulsaron a Ekekos S.A. y AIS Resources Limited de su territorio. En ese momento, las asambleas emitieron un comunicado en el que expresaron “que el gobierno sepa de una vez por todas que no vamos a aceptar ninguna exploración ni explotación de minera de litio y que no hay vuelta atrás, que no esté llamando a mesas chicas ni reuniones para convencer a dirigentes. Y que si intenta ingresar otra empresa vamos a tomar posición y vamos a sacarlos”.
La asamblea del último sábado ratificó el documento del 22 febrero en uno de cuyos puntos dice que “ninguna comunidad en particular está autorizada a aprobar, autorizar ni mantener negocios vinculados a actividades que afecten negativamente al territorio”.
Un reclamo de las asambleas es que los gobiernos no respetan el territorio comunitario, “nunca lo han hecho, pero las comunidades ya han conformado un protocolo de consulta, que salió con mucho de trabajo de asamblea. Y desde la gestión Morales, al que se le regaló un ejemplar, nunca, nunca se nos llamó y vemos como los intereses de los gobiernos y de las empresas priman más que los de los dueños verdaderos del territorio”, declaran. El protocolo se llama Kachi Yupi, y el gobernador Gerardo Morales supo prometer sacarlo por decreto y reglamentarlo, hasta la fecha eso no sucedió. Sin embargo, la consulta previa, libre e informada se encuentra en el convenio 169 de la OIT y se incorporó por ley nacional en 1992.
La voz de las asambleas no encuentra suficiente eco en los medios de comunicación, enfrentan intereses varias veces millonarios y aunque son los únicos que se encuentran en el territorio no son tomados como interlocutores válidos hasta que logran una acción de gran visibilización. El gobernador Morales, por su parte, mantiene su gran apuesta por el litio, según sus estimados unos 2.000 millones de dólares llegaron a la provincia interesados especialmente por la flexibilidad de la legislación nacional. China está entre los países con mayor interés, al punto que Morales ya realizó tres viajes al país asiático y se reunió con su presidente durante la cumbre del G20 que se realizó en Buenos Aires.
Argentina posee el costo de producción más bajo del denominado triángulo del litio (el NOA junto con Bolivia y norte de Chile poseen más del 75% de las reservas del mundo), que se relaciona con el modo de explotación por medio de la evaporación de agua para producir el carbonato de litio. El agua dulce en la región es un bien precioso y escaso. “Ahora la gente empieza a ver consecuencias ambientales de otros proyectos que avanzaron. En el litio, el problema es el uso del agua que cambia el sistema de la salina, las imágenes del impacto visual ya son elocuentes”, cuenta Enrique, de la Biblioteca Andina Ñawpayachaykuna , quien sigue el proceso de cerca.
Otro punto de alerta en el caso de minería de otros metales es Rinconada, con minas Chinchillas (SSR Mining Puna) que a fines del 2018 empezó la explotación a cielo abierto de plomo, plata y zinc, luego del cierre de Mina Pirquitas en 2016. En esa zona las comunidades tienen una tradición minera a lo que se suma la estrategia del gobierno y de las empresas de convencer a la población por medio de las fuentes de trabajo que generan estos proyectos. “Nosotros comprendemos la necesidad de trabajar. Incluso se ve una suerte de enfrentamiento generacional, con la gente mayor que tienen experiencia en las consecuencias, porque cerca de Rinconada hay pasivos ambientales que no han sido remediados, que están activos, como mina La pulpera, Minera Aguilar (que contaminó el río Yacoraite, que desemboca en el río Grande de Jujuy), Mina Loma Blanca, Mina Providencia, que son emprendimientos pequeños”.
El más emblemático de estos proyectos es la mina Pan de azúcar. Los relatos coinciden en que al llegar al lugar se siente el olor a plomo. Ese pasivo ambiental drena y en época de lluvia va por distintos arroyos y ríos durante el verano a desembocar en la laguna de Pozuelos, que es un Monumento Natural Nacional. “Los estudios de 2016 y 2017 ya detectaron una subida del ph del agua”, cuentan los asambleístas.
El ruido que producen estos emprendimientos de litio y otros metales hace que la gente se empiece juntar, los rumores llegan hasta la misma Quebrada de Humahuaca. Hasta los turistas que pasan por ese territorio se ven interpelados por carteles, llamados a asambleas, megáfonos. La asamblea de Huacalera está muy activa en la zona, en el documento del último sábado reafirmaron que los datos de catastro minero de la provincia de Jujuy el gobierno ofrece múltiples proyectos mineros en esa zona.
Al no tener información directa, fuera de la que brinda la página web, es la experiencia la que les reclama atención. “Cuando empezamos a ver movimiento de maquinarias o empiezan a dar vuelta las camionetas de las mineras ya sabemos que están por emprender algo. De la noche a la mañana te construyen o arreglan caminos. Por eso el tema de la consulta es tan importante. Por ejemplo eso pasó en la mina de cobre que había cerrado en Rumicruz que los puneños se alertaron al ver que el Estado de repente comenzó a arreglar un camino. Algo parecido pasa en Huacalera, y lo más probable es que estén buscando realizar exploraciones en la zona”.
Ya desde Purmamarca arranca la movilización asamblearia, los vecinos autoconvocados de allí impidieron hace no mucho la privatización del cerro De los siete colores y el Camino de los colorados. Aún están peleando por el agua, dado que hay una obra en marcha que toma agua de Laguna La Doncella para enviarla a otros sitios de la provincia. “Desconocemos aún los fines reales de este emprendimiento”, aseguran y desde su sitio en la red Facebook denuncian: “Aquí la consulta libre, previa e informada jamás existió y se alteró un patrimonio ecológico de forma irreversible”.
“En concreto lo que nos moviliza es la defensa del territorio de la Pachamama”, dicen desde Abra Pampa, una de las poblaciones más emblemáticas en cuanto a daño ambiental. Niños y adultos de esa localidad tenían niveles de plomo nocivos para la salud en su sangre a más de 20 años de que se fuera una minera de allí.
Pese a las largas distancias, a los impedimentos impuestos por los gobiernos nacional y provincial y a la falta de información, las comunidades y los asambleístas de la Puna se están movilizando, compartiendo experiencias, autogestionándose y articulando entre ellas ante el avance de la minería extractiva.
En junio, la empresa de capitales mixtos Jemse se asoció con la italiana Seri para desarrollar una fábrica para ensamblar baterías de litio en la localidad de Perico, donde ya construyeron un aeropuerto. Esto por su puesto no quita que las regalías que quedan en Jujuy, como en el resto de las provincias, sigue siendo del 3 por ciento de boca de mina, el ínimo de la región. Los otros tres países del triángulo del litio participan fuertemente de la lógica extractivista pero desde otra mirada. El Estado chileno concentra la producción y ha reducido las licencias en la zona cordillerana y Bolivia ha nacionalizado sus yacimientos.
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La Capital Federal tendrá temperaturas como Sidney
Cambio climático: Buenos Aires tendrá temperaturas similares a Sidney
Fecha de Publicación: 16/07/2019
Fuente: Telefe Noticias
Provincia/Región: Capital Federal
En esa ciudad australiana, el invierno no es tan crudo y la temperatura para esa época del año suele variar entre los 13 y 24 grados.
Un nuevo estudio estima el impacto futuro del cambio climático en las ciudades. La investigación fue realizada por Crowther Lab, un grupo de investigación que forma parte de la Universidad EHT Zurich de Suiza.
El estudio calculó aumentos probables de temperatura en 520 ciudades de más de un millón de habitantes para 2050.
Tanto Buenos Aires como Montevideo tendrán las temperaturas de Sidney. El informe también estima el aumento de temperatura previsto para el mes más caliente del año y el promedio anual para 2050 en cada ciudad.
En esa ciudad australiana, el invierno no es tan crudo y la temperatura para esa época del año suele variar entre los 13 y 24 grados.
La temperatura media anual en Sídney es de 18,5 grados, mientras que en Buenos Aires es de 17,5.
El Crowther Lab es un grupo de investigación dirigido por el científico británico Thomas Crowther, profesor de Ecología de Sistemas en la Universidad EHT Zurich.
El informe señala que los aumentos de temperatura estarán acompañados de otros problemas, como lluvias más intensas y períodos de sequía más severos.
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Fecha de Publicación: 16/07/2019
Fuente: Telefe Noticias
Provincia/Región: Capital Federal
En esa ciudad australiana, el invierno no es tan crudo y la temperatura para esa época del año suele variar entre los 13 y 24 grados.
Un nuevo estudio estima el impacto futuro del cambio climático en las ciudades. La investigación fue realizada por Crowther Lab, un grupo de investigación que forma parte de la Universidad EHT Zurich de Suiza.
El estudio calculó aumentos probables de temperatura en 520 ciudades de más de un millón de habitantes para 2050.
Tanto Buenos Aires como Montevideo tendrán las temperaturas de Sidney. El informe también estima el aumento de temperatura previsto para el mes más caliente del año y el promedio anual para 2050 en cada ciudad.
En esa ciudad australiana, el invierno no es tan crudo y la temperatura para esa época del año suele variar entre los 13 y 24 grados.
La temperatura media anual en Sídney es de 18,5 grados, mientras que en Buenos Aires es de 17,5.
El Crowther Lab es un grupo de investigación dirigido por el científico británico Thomas Crowther, profesor de Ecología de Sistemas en la Universidad EHT Zurich.
El informe señala que los aumentos de temperatura estarán acompañados de otros problemas, como lluvias más intensas y períodos de sequía más severos.
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Departamentos de Mendoza reticentes al fracking
El director de Turismo municipal dijo que San Rafael debe fijar postura en relación al fracking
Fecha de Publicación: 16/07/2019
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza
“Hay departamentos, como General Alvear o San Carlos, que ya tienen una posición definida en torno a lo que quieren para el futuro”, fueron las filosas palabras del titular de la Dirección de Turismo de San Rafael en torno a la fractura hidráulica (fracking) como método de extracción de petróleo y gas.
El funcionario comunal dijo que “toda la ciudadanía debe involucrarse en el tema” y de una vez por todas “definir el destino económico de San Rafael”.
“Es momento de discutir si vamos a optar por el fracking o no. Tenemos que poner sobre la balanza muchas cosas y definir la matriz productiva. Ver si será la minería, el turismo o la agricultura”, deslizó Javier Muñoz.
Invitó a los prestadores turísticos a marcar postura y adjuntó: “No hay que olvidarse que el turista que viene a San Rafael prefiere el contacto con la naturaleza y pide productos orgánicos”.
Sin vueltas lanzó que prefiere un departamento “limpio y sin contaminación, preservando todo lo que tiene que ver con la naturaleza”.
Al tiempo que pidió mayor compromiso a otros sectores, manifestó: “Hay que mirar hacia el futuro y tener en cuenta lo que le dejamos a futuras generaciones. Tenemos que respetar nuestro lugar y convivir con la flora y la fauna”.
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Fecha de Publicación: 16/07/2019
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza
“Hay departamentos, como General Alvear o San Carlos, que ya tienen una posición definida en torno a lo que quieren para el futuro”, fueron las filosas palabras del titular de la Dirección de Turismo de San Rafael en torno a la fractura hidráulica (fracking) como método de extracción de petróleo y gas.
El funcionario comunal dijo que “toda la ciudadanía debe involucrarse en el tema” y de una vez por todas “definir el destino económico de San Rafael”.
“Es momento de discutir si vamos a optar por el fracking o no. Tenemos que poner sobre la balanza muchas cosas y definir la matriz productiva. Ver si será la minería, el turismo o la agricultura”, deslizó Javier Muñoz.
Invitó a los prestadores turísticos a marcar postura y adjuntó: “No hay que olvidarse que el turista que viene a San Rafael prefiere el contacto con la naturaleza y pide productos orgánicos”.
Sin vueltas lanzó que prefiere un departamento “limpio y sin contaminación, preservando todo lo que tiene que ver con la naturaleza”.
Al tiempo que pidió mayor compromiso a otros sectores, manifestó: “Hay que mirar hacia el futuro y tener en cuenta lo que le dejamos a futuras generaciones. Tenemos que respetar nuestro lugar y convivir con la flora y la fauna”.
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Riachuelo: presentaron avances en obras de saneamiento
Gobierno y AySA presentaron avances de la megaobra Sistema Riachuelo
Fecha de Publicación: 16/07/2019
Fuente: Ámbito Financiero
Provincia/Región: Riachuelo
El ministro Rogelio Frigerio y el presidente de AySA, José Luis Inglese, presentaron en el Palacio de Aguas el documental "Sistema Riachuelo". Se mostraron los avances de una obra que beneficiará a más de 4,3 millones de personas.
La empresa pública Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA) presentó este jueves en el Palacio de Aguas el documental "Sistema Riachuelo" junto a los avances del plan Emisario. En el acto estuvieron el ministro Rogelio Frigerio y el presidente de AySA, José Luis Inglese, entre otras autoridades de la firma. Allí Frigerio subrayó la importancia de la construcción: "Es una obra que tiene que ver con cumplir con la Justicia, con lo que nos ha impuesto en tanto la obligación de la limpieza del Riachuelo".
"Se trata del primer sistema troncal cloacal que se hace en el país en más de 70 años", afirmó Frigerio y remarcó que "tiene que terminarse en el próximo mandato", ya que el 2021 es la fecha prevista de la finalización de la obra que marcha en tiempo y forma. Sin embargo, a un mes de las PASO, sus palabras se vinculan con la necesidad del Gobierno de salir a difundir los logros de la administración en los últimos cuatro años de gestión, más teniendo en cuenta que esta obra es una presea que pese a su importancia estructural y su impacto social aún no está finalizada y es difícil de exhibir a los votantes.
El plan Emisario Sistema Riachuelo, encarado por AySA, bajo la órbita del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, continúa al día de hoy su avance: llevan construidos 16 km (de 30 km) del mega túnel, 19% de la planta de tratamiento de y más de 9 km de los 12 km del túnel emisario que discurre bajo el Río de la Plata.
Impacto, financiamiento y continuidad
La obra hidráulica es en tamaño y costo de las más importantes que se realizan en el país. Se trata de una red de túneles subterráneos de más de 40 km que transportará y tratará los residuos cloacales de 4,3 millones de personas. Adicionalmente, traerá alivio al Riachuelo, donde se vierten en la actualidad muchos de esos efluentes. Tiene un presupuesto total de u$s1.200 millones, u$s840 millones financiados por el Banco Mundial y u$s360 millones por el Gobierno nacional.
"Hubo una decisión política de continuar esta obra más allá de las dificultades. Este es un ejemplo de cómo somos capaces de tomar un curso de acción para resolver problemas históricos”, dijo el presidente de AySA durante el encuentro. Luego, en diálogo con Ámbito, Inglese, destacó la importancia del Sistema Riachuelo: "Tiene impacto en la salud, en el medioambiente y en el desarrollo urbano". "Vamos a poder darle conexiones cloacales a un millón y medio más de personas", expresó y apuntó que va a solucionar un 80% de los contaminantes que se vierten al Riachuelo (los orgánicos), a la vez que auguró que muchas zonas postergadas en desarrollo urbano se potenciarán a nivel económico, social y urbanístico.
Consultado sobre si el cambio de signo político del Gobierno podría significar un obstáculo, Inglese fue enfático al sostener que "de ninguna manera" afectaría al plan Emisario. "Estas son obras que significan políticas de Estado y no política partidaria. Por otro lado, el apoyo y la supervisión del Banco Mundial que financia esto le da una continuidad, una seriedad, una transparencia a este tipo de obras que trascienden los cambios de gobierno".
"Desde que nos hicimos cargo en enero de 2016 hemos logrado llevar a la empresa al equilibro operativo. Cuando nos hicimos cargo, de cada $100 que salían de la empresa sólo $12 entraban por recaudación tarifaria y los otros $88 los tenía que aportar el Estado Nacional. Hoy con los aumentos en términos reales de las tarifas a valores razonables, con la recaudación tarifaria y recupero fiscal estamos en equilibrio operativo", explicó el presidente de AySA sobre la situación económica de la empresa y detalló que sí administran fondos gubernamentales con destino a obras de infraestructura.
Por último, Inglese insistió en la importancia a futuro de las obras maestras "que no se ven". "Nos hemos hecho cargo de nuevos municipios desde 2016. Tenemos que darle agua segura a 4 millones de personas y cloacas a más 7 millones de personas. Hay que seguir haciendo las grandes obras y las 'obras finas', que son en definitiva las que le dan el servicio a la gente".
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Fecha de Publicación: 16/07/2019
Fuente: Ámbito Financiero
Provincia/Región: Riachuelo
El ministro Rogelio Frigerio y el presidente de AySA, José Luis Inglese, presentaron en el Palacio de Aguas el documental "Sistema Riachuelo". Se mostraron los avances de una obra que beneficiará a más de 4,3 millones de personas.
La empresa pública Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA) presentó este jueves en el Palacio de Aguas el documental "Sistema Riachuelo" junto a los avances del plan Emisario. En el acto estuvieron el ministro Rogelio Frigerio y el presidente de AySA, José Luis Inglese, entre otras autoridades de la firma. Allí Frigerio subrayó la importancia de la construcción: "Es una obra que tiene que ver con cumplir con la Justicia, con lo que nos ha impuesto en tanto la obligación de la limpieza del Riachuelo".
"Se trata del primer sistema troncal cloacal que se hace en el país en más de 70 años", afirmó Frigerio y remarcó que "tiene que terminarse en el próximo mandato", ya que el 2021 es la fecha prevista de la finalización de la obra que marcha en tiempo y forma. Sin embargo, a un mes de las PASO, sus palabras se vinculan con la necesidad del Gobierno de salir a difundir los logros de la administración en los últimos cuatro años de gestión, más teniendo en cuenta que esta obra es una presea que pese a su importancia estructural y su impacto social aún no está finalizada y es difícil de exhibir a los votantes.
El plan Emisario Sistema Riachuelo, encarado por AySA, bajo la órbita del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, continúa al día de hoy su avance: llevan construidos 16 km (de 30 km) del mega túnel, 19% de la planta de tratamiento de y más de 9 km de los 12 km del túnel emisario que discurre bajo el Río de la Plata.
Impacto, financiamiento y continuidad
La obra hidráulica es en tamaño y costo de las más importantes que se realizan en el país. Se trata de una red de túneles subterráneos de más de 40 km que transportará y tratará los residuos cloacales de 4,3 millones de personas. Adicionalmente, traerá alivio al Riachuelo, donde se vierten en la actualidad muchos de esos efluentes. Tiene un presupuesto total de u$s1.200 millones, u$s840 millones financiados por el Banco Mundial y u$s360 millones por el Gobierno nacional.
"Hubo una decisión política de continuar esta obra más allá de las dificultades. Este es un ejemplo de cómo somos capaces de tomar un curso de acción para resolver problemas históricos”, dijo el presidente de AySA durante el encuentro. Luego, en diálogo con Ámbito, Inglese, destacó la importancia del Sistema Riachuelo: "Tiene impacto en la salud, en el medioambiente y en el desarrollo urbano". "Vamos a poder darle conexiones cloacales a un millón y medio más de personas", expresó y apuntó que va a solucionar un 80% de los contaminantes que se vierten al Riachuelo (los orgánicos), a la vez que auguró que muchas zonas postergadas en desarrollo urbano se potenciarán a nivel económico, social y urbanístico.
Consultado sobre si el cambio de signo político del Gobierno podría significar un obstáculo, Inglese fue enfático al sostener que "de ninguna manera" afectaría al plan Emisario. "Estas son obras que significan políticas de Estado y no política partidaria. Por otro lado, el apoyo y la supervisión del Banco Mundial que financia esto le da una continuidad, una seriedad, una transparencia a este tipo de obras que trascienden los cambios de gobierno".
"Desde que nos hicimos cargo en enero de 2016 hemos logrado llevar a la empresa al equilibro operativo. Cuando nos hicimos cargo, de cada $100 que salían de la empresa sólo $12 entraban por recaudación tarifaria y los otros $88 los tenía que aportar el Estado Nacional. Hoy con los aumentos en términos reales de las tarifas a valores razonables, con la recaudación tarifaria y recupero fiscal estamos en equilibrio operativo", explicó el presidente de AySA sobre la situación económica de la empresa y detalló que sí administran fondos gubernamentales con destino a obras de infraestructura.
Por último, Inglese insistió en la importancia a futuro de las obras maestras "que no se ven". "Nos hemos hecho cargo de nuevos municipios desde 2016. Tenemos que darle agua segura a 4 millones de personas y cloacas a más 7 millones de personas. Hay que seguir haciendo las grandes obras y las 'obras finas', que son en definitiva las que le dan el servicio a la gente".
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Crédito fiscal para quienes generen con renovables
El Gobierno dará hasta $ 1 millón de crédito fiscal a quienes generen su propia energía renovable
Fecha de Publicación: 15/07/2019
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Nacional
El Gobierno dará hasta $ 1 millón de crédito fiscal a los usuarios que generen electricidad a partir de fuentes de energías renovables, y la vuelquen a la red de distribución.
Lo decidió a través de la disposición 83/2019 de la Subsecretaría de Energías Renovables y Eficiencia Energética, publicada este viernes en el Boletín Oficial.
La norma aprobó el "Procedimiento para la Obtención del Certificado de Crédito Fiscal del Régimen de Fomento a la Generación Distribuida de Energías Renovables", y dispuso los montos a asignar como beneficio promocional.
El Certificado de Crédito Fiscal se otorgará a usuarios generadores que instalen nuevos equipos de generación distribuida.
La compra del mismo por el cual se solicita el beneficio deberá ser posterior a la fecha de entrada en vigencia de la disposición 48 del 16 de abril de 2019 de la Subsecretaría.
Un usuario generador podrá recibir como máximo un Certificado de Crédito Fiscal, por punto de suministro, identificado con el correspondiente Número de Identificación de Suministro (NIS).
El monto de este beneficio será equivalente a $ 15 por unidad de potencia expresada en vatios, para aquellos usuarios generadores que hayan instalado un equipo de generación distribuida con conexión a la red de distribución.
Este monto será otorgado hasta un máximo de $ 1 millón, y será aplicable para las solicitudes de reserva de cupo aprobadas con anterioridad al 31 de diciembre de 2020.
El Régimen de Fomento a la Generación Distribuida de Energía Renovable Integrada a la Red Eléctrica Pública procura establecer las condiciones jurídicas y contractuales para la generación de energía eléctrica de origen renovable por parte de usuarios de la red de distribución, para su autoconsumo con eventual inyección de excedentes a la red. Para ello se establecieron beneficios promocionales.
La resolución precisó que la instrumentación y aplicación del Certificado de Crédito Fiscal, será regulada por la Subsecretaría y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
Los bonos electrónicos representativos de los Certificados Fiscales emitidos tendrán una vigencia de cinco años, contados desde el 1 de enero del año siguiente al de la fecha de otorgamiento.
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Fecha de Publicación: 15/07/2019
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Nacional
El Gobierno dará hasta $ 1 millón de crédito fiscal a los usuarios que generen electricidad a partir de fuentes de energías renovables, y la vuelquen a la red de distribución.
Lo decidió a través de la disposición 83/2019 de la Subsecretaría de Energías Renovables y Eficiencia Energética, publicada este viernes en el Boletín Oficial.
La norma aprobó el "Procedimiento para la Obtención del Certificado de Crédito Fiscal del Régimen de Fomento a la Generación Distribuida de Energías Renovables", y dispuso los montos a asignar como beneficio promocional.
El Certificado de Crédito Fiscal se otorgará a usuarios generadores que instalen nuevos equipos de generación distribuida.
La compra del mismo por el cual se solicita el beneficio deberá ser posterior a la fecha de entrada en vigencia de la disposición 48 del 16 de abril de 2019 de la Subsecretaría.
Un usuario generador podrá recibir como máximo un Certificado de Crédito Fiscal, por punto de suministro, identificado con el correspondiente Número de Identificación de Suministro (NIS).
El monto de este beneficio será equivalente a $ 15 por unidad de potencia expresada en vatios, para aquellos usuarios generadores que hayan instalado un equipo de generación distribuida con conexión a la red de distribución.
Este monto será otorgado hasta un máximo de $ 1 millón, y será aplicable para las solicitudes de reserva de cupo aprobadas con anterioridad al 31 de diciembre de 2020.
El Régimen de Fomento a la Generación Distribuida de Energía Renovable Integrada a la Red Eléctrica Pública procura establecer las condiciones jurídicas y contractuales para la generación de energía eléctrica de origen renovable por parte de usuarios de la red de distribución, para su autoconsumo con eventual inyección de excedentes a la red. Para ello se establecieron beneficios promocionales.
La resolución precisó que la instrumentación y aplicación del Certificado de Crédito Fiscal, será regulada por la Subsecretaría y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
Los bonos electrónicos representativos de los Certificados Fiscales emitidos tendrán una vigencia de cinco años, contados desde el 1 de enero del año siguiente al de la fecha de otorgamiento.
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Preparan a cóndores para ser liberados
Seis cóndores andinos se preparan para ser liberados en la Patagonia
Fecha de Publicación: 15/07/2019
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
Los ejemplares viajan desde la Ciudad de Buenos Aires al sur del país para comenzar su adaptación al entorno en el que próximamente serán liberados.
Seis ejemplares de cóndor andino (Vultur gryphus) fueron trasladados desde el Ecoparque de Buenos Aires a la base de campo del Programa de Conservación del Cóndor Andino (PCCA) en Sierra Paileman, departamento Valcheta, provincia de Río Negro, para ser incluidos en la próxima liberación en la costa atlántica patagónica. Los animales permanecerán en recintos de liberación, fortaleciendo sus lazos sociales y familiarizándose con su nuevo hogar, antes de la suelta que está programada para septiembre.
Los cóndores tienen diferentes historias, Karut (Trueno) nació en el Ecoparque de la Ciudad de Buenos Aires, fue incubado artificialmente y criado con asistencia de títeres de látex; Suyan (Esperanza) nació en el Parque Faunístico y Ecológico Yastay de La Rioja; Amancay (Flor) nació en el Bioparque Temaikén; Takiyiwe (Libertad) nació en el Parque Faunístico San Juan, mientras que Paqarina (Generadora de Vida) y Ñorquinquera (Sonido de Agua) fueron rescatadas en Río Negro y rehabilitadas en el Ecoparque porteño.
Todos ellos forman parte del esfuerzo conjunto de conservación denominado "El Retorno del cóndor al mar". El mismo es posible bajo un trabajo en red y gracias a la intervención de varias instituciones, nacionales e internacionales, que articulan el retorno de estas aves a la costa atlántica de la Patagonia.
Además de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, participan el Ecoparque de Buenos Aires y la Fundación Bioandina argentina; con la colaboración de Aerolíneas Argentinas, el Parque Faunístico y Ecológico Yastay de La Rioja, las secretarías de Ambiente de Río Negro, La Rioja y San Juan; el Ministerio de Ambiente y Control de Desarrollo Sustentable de Chubut; el Parque Faunístico de San Juan; el Bioparque Temaikén; la Fundación Patagonia Natural; la Fundación Bioparc, y las asociaciones internacionales Association Beauval Nature Pour la Conservation et la Recherche, Asociación Beauval Nature, AFdPZ y Grand Parc du Puy du Fou de Francia.
Liberación
Cabe destacar que existen dos metodologías para liberar cóndores. Los individuos con experiencia de vuelo pueden ser liberados de forma individual y directa, ya que cuentan con la capacidad necesaria para sobrevivir en vida silvestre. Sin embargo, los ejemplares sin experiencia de vuelo, como estos seis pichones, necesitan un trabajo más intensivo de cuidado, ya que no saben volar y morirían en vida silvestre sin el cuidado necesario.
Por tal motivo, deben ser liberados en bandada, en grupos bien socializados para reforzar su contacto y unión. Y una vez puestos en libertad necesitan ser asistidos, durante al menos un año, hasta que logren su independencia total en vida silvestre.
Estas condiciones de trabajo solo están disponibles en Argentina en la Sierra Paileman, Río Negro, como parte de la costa atlántica patagónica. Allí el PCCA cuenta con una base totalmente equipada y un equipo técnico de asistentes de campo del Ecoparque porteño capacitado para sostener las actividades de conservación in situ a lo largo de todo el año.
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San Martín de los Andes: residuos desbocados
El dramático problema de la basura en San Martín de los Andes
Fecha de Publicación: 15/07/2019
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Neuquén
Pablo Saracco, habitante de la ciudad neuquina, recoge el crudo testimonio de vecinas de Chacra 32 sobre las graves consecuencias de vivir al lado de un basural a cielo abierto y su larga lucha para frenar la contaminación.
La desesperación y la angustia que genera convivir con un basural a cielo abierto sintetizada en el testimonio de Julieta, acompañada por un grupo de vecinas de Chacra 32. En la zona viven unas 5.000 personas, a 18 km del casco urbano de San Martín de los Andes.
A continuación, el posteo de Pablo Saracco, autor del video, en Facebook. Es el anterior al de la publicación del video. "Te voy a contar un secreto: tu basura no desaparece. Fui a ver con mis propios ojos, donde va mi basura y la tuya, y ver qué hacen con ella (solo la apilan, para luego taparla con tierra y armar otra montaña). A observarla de cerca, pisarla, olerla, sentirla".
"Estar parado arriba una montaña de basura de todo tipo, de 50 metros de altura, condimentada con pilas de excrementos humanos, era algo necesario para mi. Suena raro. Pero era necesario.
"Estuve haciendo un vídeo con algunos vecinos. Muy pocos se acercaron, porque la mayoría se desentiende del problema. (y además jugaba la selección... dejémoslo ahí mejor)".
"Les recomiendo que vayan y visiten el lugar en donde la basura que generan ustedes mismos, termina. Van a comprender muchas cosas, aunque sospecho que muchos seguirán sin comprender nada en absoluto.
Hasta en un descuido, enterré mi pié izquierdo hasta el tobillo, en uno de los depósitos de "barros" provenientes de la planta de tratamiento cloacal, que no es otra cosa que mierda humana. Pero les puedo asegurar que aprendí mucho el día de hoy. Ah sí, ganó Argentina. Todos contentos".
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Fecha de Publicación: 15/07/2019
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Neuquén
Pablo Saracco, habitante de la ciudad neuquina, recoge el crudo testimonio de vecinas de Chacra 32 sobre las graves consecuencias de vivir al lado de un basural a cielo abierto y su larga lucha para frenar la contaminación.
La desesperación y la angustia que genera convivir con un basural a cielo abierto sintetizada en el testimonio de Julieta, acompañada por un grupo de vecinas de Chacra 32. En la zona viven unas 5.000 personas, a 18 km del casco urbano de San Martín de los Andes.
A continuación, el posteo de Pablo Saracco, autor del video, en Facebook. Es el anterior al de la publicación del video. "Te voy a contar un secreto: tu basura no desaparece. Fui a ver con mis propios ojos, donde va mi basura y la tuya, y ver qué hacen con ella (solo la apilan, para luego taparla con tierra y armar otra montaña). A observarla de cerca, pisarla, olerla, sentirla".
"Estar parado arriba una montaña de basura de todo tipo, de 50 metros de altura, condimentada con pilas de excrementos humanos, era algo necesario para mi. Suena raro. Pero era necesario.
"Estuve haciendo un vídeo con algunos vecinos. Muy pocos se acercaron, porque la mayoría se desentiende del problema. (y además jugaba la selección... dejémoslo ahí mejor)".
"Les recomiendo que vayan y visiten el lugar en donde la basura que generan ustedes mismos, termina. Van a comprender muchas cosas, aunque sospecho que muchos seguirán sin comprender nada en absoluto.
Hasta en un descuido, enterré mi pié izquierdo hasta el tobillo, en uno de los depósitos de "barros" provenientes de la planta de tratamiento cloacal, que no es otra cosa que mierda humana. Pero les puedo asegurar que aprendí mucho el día de hoy. Ah sí, ganó Argentina. Todos contentos".
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La Corte falló a favor de la conservación de humedales
La Corte frenó megaproyecto inmobiliario por cuestiones ambientales
Fecha de Publicación: 13/07/2019
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Nacional - Entre Ríos
Abarca un área de 110 hectáreas, con 200 unidades departamentales, un hotel de 150 habitaciones, un paseo comercial, y áreas exclusivas de recreación, esparcimiento y deporte. El máximo tribunal dejó sin efecto una sentencia del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, que había rechazado una acción de amparo interpuesta por vecinos.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó un fallo en favor de la protección de los humedales por su papel clave en la protección del medio ambiente y frenó un megaemprendimiento inmobiliario en la ribera del río Gualeguaychú. El máximo tribunal dejó sin efecto una sentencia del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, que había rechazado una acción de amparo interpuesta por vecinos.
Se trata del Barrio Náutico Amarras de Gualeguaychú, un proyecto inmobiliario de la empresa Altos de Unzué, localizado en el Municipio de Puerto General Belgrano, justo frente a la ciudad de Gualeguaychú, lindero al Parque Unzué, que abarca un área de 110 hectáreas, con 200 unidades departamentales, un hotel de 150 habitaciones, un paseo comercial, y áreas exclusivas de recreación, esparcimiento y deporte.
Al anular el fallo del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, la Corte Suprema de Justicia de la Nación atendió argumentos esgrimidos por los vecinos, que alegaron que en la decisión de no dar lugar al recurso de amparo no se había tenido en cuenta que "la provincia tiene a su cargo la gestión y el uso sustentable de las cuencas hídricas y los sistemas de humedales".
En este sentido, el fallo dictado con las firmas de los ministros Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti, indica que, entre las funciones de los humedales se destacan las del "control de crecidas e inundaciones, ya que almacenan grandes cantidades de agua durante las crecidas y reducen el caudal máximo de los ríos y, por ende, el peligro de inundación aguas abajo".
Además, basado en la Convención Ramsar de 1997, el Máximo Tribunal señala que, entre muchas otras funciones, los humedales cumplen un rol vital en la "protección de tormentas, recarga de acuíferos, y retención de sedimentos y agentes contaminantes".
De acuerdo con el fallo difundido a través del Centro de Información Judicial (CIJ), la Corte Suprema de Justicia de la Nación entendió que la decisión de la Justicia entrerriana de rechazar el amparo interpuesto por los vecinos había resultado "arbitraria", por incurrir "en una apreciación meramente ritual e insuficiente" y por haber omitido "considerar el derecho a vivir en un ambiente sano".
Por ese motivo, además de anular la sentencia dictada por el Superior Tribunal de Justicia entrerriano, la Corte Suprema ordenó al tribunal de origen dictar una nueva resolución, atendiendo los principios de política ambiental y, también, los surgidos del Congreso Nacional de Derecho Ambiental de 2016 y de la Declaración de Jueces sobre Justicia del Agua, del Foro Mundial del Agua de 2018.
Entre los argumentos esgrimidos por el máximo tribunal, se cuenta el hecho de que la propia empresa, Altos de Unzué, en su estudio de impacto ambiental, había reconocido que "se realizarían trabajos en un humedal -dentro de un área natural protegida- y que se generarían impactos permanentes e irreversibles".
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Fecha de Publicación: 13/07/2019
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Nacional - Entre Ríos
Abarca un área de 110 hectáreas, con 200 unidades departamentales, un hotel de 150 habitaciones, un paseo comercial, y áreas exclusivas de recreación, esparcimiento y deporte. El máximo tribunal dejó sin efecto una sentencia del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, que había rechazado una acción de amparo interpuesta por vecinos.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó un fallo en favor de la protección de los humedales por su papel clave en la protección del medio ambiente y frenó un megaemprendimiento inmobiliario en la ribera del río Gualeguaychú. El máximo tribunal dejó sin efecto una sentencia del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, que había rechazado una acción de amparo interpuesta por vecinos.
Se trata del Barrio Náutico Amarras de Gualeguaychú, un proyecto inmobiliario de la empresa Altos de Unzué, localizado en el Municipio de Puerto General Belgrano, justo frente a la ciudad de Gualeguaychú, lindero al Parque Unzué, que abarca un área de 110 hectáreas, con 200 unidades departamentales, un hotel de 150 habitaciones, un paseo comercial, y áreas exclusivas de recreación, esparcimiento y deporte.
Al anular el fallo del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, la Corte Suprema de Justicia de la Nación atendió argumentos esgrimidos por los vecinos, que alegaron que en la decisión de no dar lugar al recurso de amparo no se había tenido en cuenta que "la provincia tiene a su cargo la gestión y el uso sustentable de las cuencas hídricas y los sistemas de humedales".
En este sentido, el fallo dictado con las firmas de los ministros Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti, indica que, entre las funciones de los humedales se destacan las del "control de crecidas e inundaciones, ya que almacenan grandes cantidades de agua durante las crecidas y reducen el caudal máximo de los ríos y, por ende, el peligro de inundación aguas abajo".
Además, basado en la Convención Ramsar de 1997, el Máximo Tribunal señala que, entre muchas otras funciones, los humedales cumplen un rol vital en la "protección de tormentas, recarga de acuíferos, y retención de sedimentos y agentes contaminantes".
De acuerdo con el fallo difundido a través del Centro de Información Judicial (CIJ), la Corte Suprema de Justicia de la Nación entendió que la decisión de la Justicia entrerriana de rechazar el amparo interpuesto por los vecinos había resultado "arbitraria", por incurrir "en una apreciación meramente ritual e insuficiente" y por haber omitido "considerar el derecho a vivir en un ambiente sano".
Por ese motivo, además de anular la sentencia dictada por el Superior Tribunal de Justicia entrerriano, la Corte Suprema ordenó al tribunal de origen dictar una nueva resolución, atendiendo los principios de política ambiental y, también, los surgidos del Congreso Nacional de Derecho Ambiental de 2016 y de la Declaración de Jueces sobre Justicia del Agua, del Foro Mundial del Agua de 2018.
Entre los argumentos esgrimidos por el máximo tribunal, se cuenta el hecho de que la propia empresa, Altos de Unzué, en su estudio de impacto ambiental, había reconocido que "se realizarían trabajos en un humedal -dentro de un área natural protegida- y que se generarían impactos permanentes e irreversibles".
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Entre Ríos: agro movilizado por limitante a fumigaciones
Entre Ríos: 300 productores se movilizaron contra una restricción a los agroquímicos
Fecha de Publicación: 13/07/2019
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Entre Ríos
Unos 300 productores se concentraron hoy en el acceso al túnel Paraná-Santa Fe en reclamo por un fallo judicial que limita las aplicaciones de agroquímicos en Entre Ríos.
"La medida buscó visualizar el reclamo de cientos de productores que han quedado sin posibilidades de producir sus establecimientos debido a un fallo que excluye de aplicar agroquímicos en un radio de 1000 y 3000 metros (para aplicaciones terrestres y aéreas, respectivamente) alrededor de las escuelas rurales", dijo Walter Feldkamp, director de la Sociedad Rural Argentina (SRA) en Entre Ríos.
La provincia tiene 1095 escuelas rurales y, según el dirigente, la restricción significa que solo para aplicaciones terrestres más de 300.000 hectáreas quedarán totalmente improductivas. "Buscamos que el Ejecutivo provincial saque un pronto decreto reglamentado distancias y se pueda trabajar como en cualquier otra provincia", indicó.
"Los tiempos biológicos del campo no son los mismos que los tiempos de la justicia y la política. Estamos convencidos que nos asiste la ciencia, la técnica, el INTA, el Sensasa, el informe de los cuatro Ministerios de la Nación (los exMinisterios de Agroindustria, Ambiente, Salud y Ciencia avanzaron en un documento con recomendaciones para aplicar), la legislación comparada y el sentido común. En ningún lugar del mundo existen estas zonas de exclusión con semejantes distancias", remarcó el ruralista.
"El sector debe producir en forma sustentable, es decir sustentable económica, social y ambiental, y con estos fallos es imposible que así sea", agregó.
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Gobierno de Entre Ríos fomenta el ecoturismo
El gobierno promueve circuitos de Ecoturismo en la provincia
Fecha de Publicación: 13/07/2019
Fuente: AIM Digital
Provincia/Región: Entre Ríos
A los ya implementados en Paraná y Victoria, se suman los nuevos circuitos en Santa Elena y Gualeguaychú, que se inaugurarán próximamente. La iniciativa se enmarca en las acciones que lleva adelante el programa Cuidadores de la Casa Común, impulsado por el Ministerio de Desarrollo Social.
El gobierno provincial, a través del Ministerio de Desarrollo Social, impulsa el programa Cuidadores de la Casa Común mediante el cual se lleva adelante un proyecto de turismo comunitario que impulsa circuitos de Ecoturismo en diversas localidades, con el fin de poner en valor los espacios verdes en territorio, cuidar el medioambiente y preservar la flora y fauna local, además de proporcionar una salida laboral sustentable a aquellos jóvenes en condición de vulnerabilidad económica.
Acerca de esta iniciativa, la ministra de Desarrollo Social, Laura Stratta, manifestó: “Este programa funciona porque está integrado por jóvenes que están convencidos de que pueden transformar sus vidas, mejorar su comunidad y cuidar el medio ambiente, porque Cuidadores de la Casa Común cobra sentido cuando no pensamos únicamente en el proyecto de trabajo de cada uno, sino cuando podemos ver el impacto que esto tiene en nuestra comunidad. Nosotros tenemos que aportar a una buena convivencia, saber lo que le pasa a mi vecino y ser solidario. Estamos convencidos de que si entre todos nos comprometemos podemos construir una casa común más digna y que nos contenga a todos”.
De esta manera, actualmente funcionan dos circuitos de Ecoturismo en la localidad de Paraná y de Victoria, pero se está trabajando para que en un corto lapso de tiempo, puedan inaugurarse en las localidades de Santa Elena del departamento La Paz, y en Gualeguaychú.
A este respecto, una de las coordinadoras de la propuesta, Soledad Ferreira, explicó: “Esto se implementa en algunas de las localidades donde se encuentra el programa Cuidadores de la Casa Común, queremos construir otra forma de hacer turismo, que tenga que ver con las comunidades, que sean ellas quienes decidan qué y cómo contar, como mostrarse y dar diferentes servicios. Cada localidad tiene sus particularidades porque hay que salir y despegarse del turismo comercial, tiene que ver con la forma de vivir, de ser, con el patrimonio cultural y ambiental”.
En la capital provincial, jóvenes integrantes del programa Cuidadores de la Casa Común junto a la organización Eco Urbano y Baqueanos del Río, generaron un proyecto ambiental denominado Humedales del Río Paraná, el mismo está ubicado en el Barrio San Martín y cuenta con un itinerario orientado al reconocimiento de la bio-diversidad de la zona, la flora y fauna autóctona, el avistaje de aves, las lagunas y cavas, además de poder disfrutar de productos gastronómicos locales hechos por los propios cuidadores.
En este sentido, uno de los primeros en sumarse a este proyecto, fue el baqueano del Río Luis Romero, quien detalló: “El Ministerio de Desarrollo Social me invitó a participar hace unos años, al comienzo del programa Cuidadores de la Casa Común con el fin de concientizar y sensibilizar a los jóvenes que participan de Cuidadores de los temas ambientales, asi que pasamos directamente a trabajar sobre el territorio y a conocerlo de tal manera que uno pueda ser consciente de lo que está trabajando. Por eso, es en los humedales del río Paraná que estamos llevando a cabo un emprendimiento de turismo comunitario donde podemos descubrir la naturaleza, es una belleza imponente y frágil, que deja sorprendido a la gente que nos visita, porque se expresa con sus lagunas, su vegetación, su flora y su fauna. Nosotros queremos transformar una realidad, estamos soñando un proyecto de turismo comunitario que mejore la calidad de vida de nuestros vecinos de Paraná”.
Asimismo, en la localidad de Victoria, se lleva a cabo un recorrido histórico de ecoturismo en el Barrio Quinto Cuartel, con avistaje de aves y de plantas nativas por la costa. Los guías, integrantes del programa Cuidadores de la Casa Común, conocen el territorio de las islas y costa de la Cuenca Sur del Río de la Plata – Río Paraná y brindan información al respecto a los turistas, y, paralelamente protegen los cursos de agua.
Una de las integrantes del programa Cuidadores de la Casa Común, que participa del proyecto, es la joven Verónica de la localidad de Victoria: “Empezamos con turismo comunitario hace un año, con el objetivo de revalorizar nuestro barrio, el Quinto Cuartel, mostrando todo lo que es la historia y también lo que tiene que ver con la naturaleza que tiene el barrio”.
En la localidad de Santa Elena, del departamento La Paz, se están delineando los circuitos en base a la historia del frigorífico y la pesca artesanal; en este sentido, María, que es parte de los Cuidadores de la localidad, contó cómo se está desarrollando la iniciativa en su comunidad: “Este es el tercer año que estamos con Cuidadores, pero recién este año comenzamos con turismo comunitario, es algo nuevo para nosotros, hay muchos lugares que no se conocían y ya estuvimos viendo varios para hacer el circuito, nos encontramos con muchas cosas que desconocíamos, está muy bueno y es muy interesante. Hace meses que estamos funcionando y preparando todo, creemos que el mes que viene, en agosto, podremos empezar con los circuitos con gente que vendrá a recorrer y visitarnos”.
De igual manera en Gualeguaychú, los jóvenes Cuidadores de la Casa Común se encuentran trabajando para delinear un circuito turístico ecológico basado en los caminos del Gualeyán y el arroyo Las Moras. En ese sentido, uno de los talleristas de turismo comunitario, Federico, explicó: “La idea de este proyecto es poder incorporar que no existe el turismo comunitario sin la comunidad, porque es la comunidad la que se organiza para poder desarrollar la actividad. Nuestra matriz es la idea de que con nuestra presencia podemos ocupar un espacio, darle movilidad a los diferentes lugares de los barrios de dónde venimos, y mostrar una forma de hacer turismo alternativa a las que se conocen al día de hoy”.
Para finalizar, Ferreira, destacó la importancia del tendido de redes en turismo comunitario: “Estamos trabajando en Victoria, Paraná, Santa Elena y Gualeguaychú, siempre hay condimentos ambientales, culturales que se van cruzando, un peso de la historia que todos queremos reflotar, porque si la comunidad misma no las rescata, otros no lo va a hacer, entonces sobre eso es que trabajamos fuertemente desde este turismo comunitario”.
Sobre el programa
Cuidadores se implementa en diversas localidades de Entre Ríos, tales como Paraná, Villaguay, Victoria, Cerrito, Santa Elena, Gualeguaychú y Concordia, y comenzó a aplicarse en 2016 como experiencia piloto a partir de la encíclica Laudato Si, del Papa Francisco, en la que se realiza un llamado a los gobiernos y a los jóvenes a trabajar por el cuidado de la naturaleza, generando proyectos productivos que permitan un trabajo digno.
En este marco, los jóvenes que participan de la propuesta llevan adelante distintos rubros laborales como reciclado, gastronomía, peluquería, trabajos con telas y carpintería, entre otros.
Este programa promueve el proceso de inserción socio-laboral de jóvenes en situación de vulnerabilidad, brindando capacitación, acompañamiento y contención para la realización de proyectos laborales sustentables. Los principales objetivos que persigue son el desarrollo personal, la construcción de lazos comunitarios y el cuidado del planeta.
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Fecha de Publicación: 13/07/2019
Fuente: AIM Digital
Provincia/Región: Entre Ríos
A los ya implementados en Paraná y Victoria, se suman los nuevos circuitos en Santa Elena y Gualeguaychú, que se inaugurarán próximamente. La iniciativa se enmarca en las acciones que lleva adelante el programa Cuidadores de la Casa Común, impulsado por el Ministerio de Desarrollo Social.
El gobierno provincial, a través del Ministerio de Desarrollo Social, impulsa el programa Cuidadores de la Casa Común mediante el cual se lleva adelante un proyecto de turismo comunitario que impulsa circuitos de Ecoturismo en diversas localidades, con el fin de poner en valor los espacios verdes en territorio, cuidar el medioambiente y preservar la flora y fauna local, además de proporcionar una salida laboral sustentable a aquellos jóvenes en condición de vulnerabilidad económica.
Acerca de esta iniciativa, la ministra de Desarrollo Social, Laura Stratta, manifestó: “Este programa funciona porque está integrado por jóvenes que están convencidos de que pueden transformar sus vidas, mejorar su comunidad y cuidar el medio ambiente, porque Cuidadores de la Casa Común cobra sentido cuando no pensamos únicamente en el proyecto de trabajo de cada uno, sino cuando podemos ver el impacto que esto tiene en nuestra comunidad. Nosotros tenemos que aportar a una buena convivencia, saber lo que le pasa a mi vecino y ser solidario. Estamos convencidos de que si entre todos nos comprometemos podemos construir una casa común más digna y que nos contenga a todos”.
De esta manera, actualmente funcionan dos circuitos de Ecoturismo en la localidad de Paraná y de Victoria, pero se está trabajando para que en un corto lapso de tiempo, puedan inaugurarse en las localidades de Santa Elena del departamento La Paz, y en Gualeguaychú.
A este respecto, una de las coordinadoras de la propuesta, Soledad Ferreira, explicó: “Esto se implementa en algunas de las localidades donde se encuentra el programa Cuidadores de la Casa Común, queremos construir otra forma de hacer turismo, que tenga que ver con las comunidades, que sean ellas quienes decidan qué y cómo contar, como mostrarse y dar diferentes servicios. Cada localidad tiene sus particularidades porque hay que salir y despegarse del turismo comercial, tiene que ver con la forma de vivir, de ser, con el patrimonio cultural y ambiental”.
En la capital provincial, jóvenes integrantes del programa Cuidadores de la Casa Común junto a la organización Eco Urbano y Baqueanos del Río, generaron un proyecto ambiental denominado Humedales del Río Paraná, el mismo está ubicado en el Barrio San Martín y cuenta con un itinerario orientado al reconocimiento de la bio-diversidad de la zona, la flora y fauna autóctona, el avistaje de aves, las lagunas y cavas, además de poder disfrutar de productos gastronómicos locales hechos por los propios cuidadores.
En este sentido, uno de los primeros en sumarse a este proyecto, fue el baqueano del Río Luis Romero, quien detalló: “El Ministerio de Desarrollo Social me invitó a participar hace unos años, al comienzo del programa Cuidadores de la Casa Común con el fin de concientizar y sensibilizar a los jóvenes que participan de Cuidadores de los temas ambientales, asi que pasamos directamente a trabajar sobre el territorio y a conocerlo de tal manera que uno pueda ser consciente de lo que está trabajando. Por eso, es en los humedales del río Paraná que estamos llevando a cabo un emprendimiento de turismo comunitario donde podemos descubrir la naturaleza, es una belleza imponente y frágil, que deja sorprendido a la gente que nos visita, porque se expresa con sus lagunas, su vegetación, su flora y su fauna. Nosotros queremos transformar una realidad, estamos soñando un proyecto de turismo comunitario que mejore la calidad de vida de nuestros vecinos de Paraná”.
Asimismo, en la localidad de Victoria, se lleva a cabo un recorrido histórico de ecoturismo en el Barrio Quinto Cuartel, con avistaje de aves y de plantas nativas por la costa. Los guías, integrantes del programa Cuidadores de la Casa Común, conocen el territorio de las islas y costa de la Cuenca Sur del Río de la Plata – Río Paraná y brindan información al respecto a los turistas, y, paralelamente protegen los cursos de agua.
Una de las integrantes del programa Cuidadores de la Casa Común, que participa del proyecto, es la joven Verónica de la localidad de Victoria: “Empezamos con turismo comunitario hace un año, con el objetivo de revalorizar nuestro barrio, el Quinto Cuartel, mostrando todo lo que es la historia y también lo que tiene que ver con la naturaleza que tiene el barrio”.
En la localidad de Santa Elena, del departamento La Paz, se están delineando los circuitos en base a la historia del frigorífico y la pesca artesanal; en este sentido, María, que es parte de los Cuidadores de la localidad, contó cómo se está desarrollando la iniciativa en su comunidad: “Este es el tercer año que estamos con Cuidadores, pero recién este año comenzamos con turismo comunitario, es algo nuevo para nosotros, hay muchos lugares que no se conocían y ya estuvimos viendo varios para hacer el circuito, nos encontramos con muchas cosas que desconocíamos, está muy bueno y es muy interesante. Hace meses que estamos funcionando y preparando todo, creemos que el mes que viene, en agosto, podremos empezar con los circuitos con gente que vendrá a recorrer y visitarnos”.
De igual manera en Gualeguaychú, los jóvenes Cuidadores de la Casa Común se encuentran trabajando para delinear un circuito turístico ecológico basado en los caminos del Gualeyán y el arroyo Las Moras. En ese sentido, uno de los talleristas de turismo comunitario, Federico, explicó: “La idea de este proyecto es poder incorporar que no existe el turismo comunitario sin la comunidad, porque es la comunidad la que se organiza para poder desarrollar la actividad. Nuestra matriz es la idea de que con nuestra presencia podemos ocupar un espacio, darle movilidad a los diferentes lugares de los barrios de dónde venimos, y mostrar una forma de hacer turismo alternativa a las que se conocen al día de hoy”.
Para finalizar, Ferreira, destacó la importancia del tendido de redes en turismo comunitario: “Estamos trabajando en Victoria, Paraná, Santa Elena y Gualeguaychú, siempre hay condimentos ambientales, culturales que se van cruzando, un peso de la historia que todos queremos reflotar, porque si la comunidad misma no las rescata, otros no lo va a hacer, entonces sobre eso es que trabajamos fuertemente desde este turismo comunitario”.
Sobre el programa
Cuidadores se implementa en diversas localidades de Entre Ríos, tales como Paraná, Villaguay, Victoria, Cerrito, Santa Elena, Gualeguaychú y Concordia, y comenzó a aplicarse en 2016 como experiencia piloto a partir de la encíclica Laudato Si, del Papa Francisco, en la que se realiza un llamado a los gobiernos y a los jóvenes a trabajar por el cuidado de la naturaleza, generando proyectos productivos que permitan un trabajo digno.
En este marco, los jóvenes que participan de la propuesta llevan adelante distintos rubros laborales como reciclado, gastronomía, peluquería, trabajos con telas y carpintería, entre otros.
Este programa promueve el proceso de inserción socio-laboral de jóvenes en situación de vulnerabilidad, brindando capacitación, acompañamiento y contención para la realización de proyectos laborales sustentables. Los principales objetivos que persigue son el desarrollo personal, la construcción de lazos comunitarios y el cuidado del planeta.
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El Gran Chaco y la proyección de la deforestación
Deforestación: estiman que en 2028 se habrán perdido una superficie de bosques nativos equivalente a 200 veces la Ciudad de Buenos Aires
Fecha de Publicación: 12/07/2019
Fuente: Chaco
Provincia/Región: Nacional
Según un estudio realizado por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) en conjunto con Fundación Vida Silvestre Argentina, si se mantiene la tendencia de los últimos años, la pérdida se daría fuertemente en la región del Gran Chaco, donde se encuentra el mayor remanente de bosques nativos del país.
Un reciente estudio presentado en conjunto entre el INTA y Fundación Vida Silvestre Argentina analiza los escenarios futuros de deforestación, según las alternativas de expansión agropecuaria en el Gran Chaco Argentino. La investigación plantea proyecciones de cambios en el uso del suelo (expansión agropecuaria) para el año 2028 bajo diferentes escenarios de control de la deforestación. El objetivo fue evaluar los efectos sobre el medio ambiente en cada escenario, por medio de la cuantificación y localización de la pérdida de bosques y áreas naturales; la pérdida de hábitat en áreas prioritarias para la conservación y la caída del nivel de provisión de servicios ecosistémicos (Para acceder a la información completa hacer click aquí).
Entre los escenarios elaborados se identifica el llamado tendencial o Business as usual (BAU), un modelo inercial que proyecta el comportamiento actual hasta el año 2028, considerando las tasas de deforestación entre los años 2007 y 2014. En dicho período se registró una pérdida de 1,95 millones de hectáreas de bosques, a una tasa anual de desmonte de 0,94%, comparable a la que ocurre en los focos de deforestación más altos del mundo. Por lo tanto, el escenario BAU plantea que, de continuar con la misma tendencia hasta el año 2028, se producirá una pérdida adicional de 4 millones de hectáreas de ecosistemas naturales, lo que equivale a casi 200 veces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires. Asimismo, aproximadamente la mitad de dicha pérdida de ecosistemas se localizará en áreas prioritarias para la conservación de la biodiversidad, es decir, de alto valor de conservación.
Estos datos resultan alarmantes, ya que las consecuencias de la deforestación tienen un impacto negativo no sólo en lo ambiental, sino también en lo social y económico. La deforestación contribuye al cambio climático -ya que se incrementan las emisiones de dióxido de carbono (CO2)-, reduce el hábitat para especies animales y vegetales amenazadas de extinción, y dificulta la capacidad de los suelos de regular excedentes de agua y, por ende, inundaciones. Pero también atenta gravemente contra el desarrollo sustentable de la sociedad, ya que disminuye la disponibilidad futura de servicios ecosistémicos, entre ellos la regulación del clima, la captación y reserva de agua dulce, y la estabilidad de los suelos para la producción de alimentos. Por otra parte, el avance de la frontera agropecuaria y la consecuente pérdida de bosques no se da en zonas despobladas, sino que ocurre, por lo general, en tierras de uso tradicional de comunidades indígenas y campesinas, lo que genera poblaciones desplazadas y reactiva los históricos conflictos por la tenencia de dichas tierras. (Aguiar et al, 2018)
Durante las últimas décadas, el Chaco se ha convertido en una de las regiones con mayores tasas de transformación a nivel mundial, lo que ha provocado controversias entre algunos sectores de la sociedad, con posturas más “productivas”, por un lado, que alientan la incorporación de nuevas tierras para la agricultura y, por el otro, visiones de la comunidad científica, las comunidades locales y las ONG, que advierten sobre los riesgos en la falta de sustentabilidad de los ecosistemas y las asimetrías sociales.
¿Qué podemos hacer al respecto?
Uno de los mayores desafíos de los países en desarrollo es resolver el conflicto entre la producción de alimentos y la conservación de la naturaleza. El incremento del consumo y la demanda de alimentos por parte de los países desarrollados y emergentes está siendo abastecido a través de la expansión o la intensificación de la agricultura en regiones tropicales y subtropicales de países en desarrollo y esto puede verse en gran medida en Latinoamérica, donde se localizan extensas áreas con potencial para dicha expansión. (Aguiar et al, 2018)
Para hacer frente a esta problemática es importante que se implementen políticas de regulación y control, entre ellas la correcta aplicación de la Ley 26.331 de “Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos –conocida como “Ley de Bosques”-. El estudio realizado por el INTA plantea otro posible escenario, de Aplicación Legal, en el cual si la Ley de Bosques se cumple de forma estricta, se podrían evitar deforestaciones por 1,81 millones de hectáreas, reduciendo la pérdida de bosques a la mitad respecto del escenario tendencial. La buena noticia es que, de acuerdo con el mismo estudio, la aplicación legal estricta no impide el crecimiento agroganadero. En efecto, la agricultura y la ganadería podrían aumentar su superficie en la misma magnitud que en escenario tendencial, ocupando las tierras ya transformadas en el caso de la agricultura y adoptando un manejo de bosques con ganadería integrada (MBGI) en el caso de la ganadería.
Por esta razón, resulta imprescindible apelar a la correcta implementación de dicha Ley, como primera medida para evitar la pérdida de los bosques nativos y sus graves consecuencias. Existen oportunidades de fortalecer la Ley de Bosques y mejorar su desempeño a través del accionar conjunto y la vinculación entre los diferentes sectores de la sociedad. En primer lugar, se deben fortalecer los mecanismos de control y de sanción de la deforestación ilegal. Hoy en día aproximadamente la mitad de la deforestación ocurre en zonas protegidas por la Ley de Bosques (UMSEF, 2018). Los procesos de ordenamiento territorial de bosque nativo (OTBN) deben ser mejorados en las próximas actualizaciones pendientes, actualmente alrededor de 8 millones de hectáreas de bosques no se encuentran categorizadas bajo los OTBN y por lo tanto no están protegidas por la Ley. Por último, la asignación de fondos para incentivar el manejo sostenible ha sido absolutamente insuficiente, llegando en el 2019 a menos del 5% del mínimo previsto en la Ley de Bosques.
El Gran Chaco, entre los lugares de mayor deforestación del mundo
El Gran Chaco es la ecorregión boscosa más extensa del continente americano después del Amazonas, con una diversidad ambiental y social excepcional. Se extiende en gran parte de Argentina, Paraguay, Bolivia y una pequeña porción de Brasil y sus ambientes —bosques, matorrales, praderas, sabanas, pantanos y humedales— la hacen una región única en el mundo. En Argentina tiene una extensión equivalente a dos veces la provincia de Buenos Aires, abarcando las provincias de Chaco, Santiago del Estero, Formosa, norte de Santa Fe, Córdoba y San Luis, este de Salta, Tucumán, La Rioja, Catamarca, y el oeste de Corrientes. Esta inmensa ecorregión, alberga más de 3400 especies de plantas, 500 especies de aves, 150 especies de mamíferos, 120 de reptiles y aproximadamente 100 de anfibios. Entre estas especies se encuentran el oso hormiguero, el yaguareté, el tatú carreta, el tapir, el pecarí, el loro hablador, el quebracho, el algarrobo y el palo santo, muchas de ellas en peligro crítico de extinción.
El Gran Chaco es una de las principales ecorregiones del país y se encuentra seriamente amenazada. Lamentablemente, es uno los 11 sitios con mayor deforestación del mundo y niveles más altos de degradación. Desde hace más de un siglo esta región enfrenta la pérdida sostenida de su patrimonio natural y cultural a causa del uso no planificado de los recursos y el avance de la frontera agropecuaria. La desidia es tal que, en Argentina, durante los últimos 35 años hemos perdido 12 millones de hectáreas de zonas boscosas en la región chaqueña, lo que significa aproximadamente un 20% de sus ecosistemas naturales (bosques, arbustales, sabanas y pastizales). La mayor proporción de esta transformación ocurrió durante los últimos quince años y se concentró principalmente en las provincias de Chaco, Salta y Santiago del Estero.
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Fecha de Publicación: 12/07/2019
Fuente: Chaco
Provincia/Región: Nacional
Según un estudio realizado por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) en conjunto con Fundación Vida Silvestre Argentina, si se mantiene la tendencia de los últimos años, la pérdida se daría fuertemente en la región del Gran Chaco, donde se encuentra el mayor remanente de bosques nativos del país.
Un reciente estudio presentado en conjunto entre el INTA y Fundación Vida Silvestre Argentina analiza los escenarios futuros de deforestación, según las alternativas de expansión agropecuaria en el Gran Chaco Argentino. La investigación plantea proyecciones de cambios en el uso del suelo (expansión agropecuaria) para el año 2028 bajo diferentes escenarios de control de la deforestación. El objetivo fue evaluar los efectos sobre el medio ambiente en cada escenario, por medio de la cuantificación y localización de la pérdida de bosques y áreas naturales; la pérdida de hábitat en áreas prioritarias para la conservación y la caída del nivel de provisión de servicios ecosistémicos (Para acceder a la información completa hacer click aquí).
Entre los escenarios elaborados se identifica el llamado tendencial o Business as usual (BAU), un modelo inercial que proyecta el comportamiento actual hasta el año 2028, considerando las tasas de deforestación entre los años 2007 y 2014. En dicho período se registró una pérdida de 1,95 millones de hectáreas de bosques, a una tasa anual de desmonte de 0,94%, comparable a la que ocurre en los focos de deforestación más altos del mundo. Por lo tanto, el escenario BAU plantea que, de continuar con la misma tendencia hasta el año 2028, se producirá una pérdida adicional de 4 millones de hectáreas de ecosistemas naturales, lo que equivale a casi 200 veces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires. Asimismo, aproximadamente la mitad de dicha pérdida de ecosistemas se localizará en áreas prioritarias para la conservación de la biodiversidad, es decir, de alto valor de conservación.
Estos datos resultan alarmantes, ya que las consecuencias de la deforestación tienen un impacto negativo no sólo en lo ambiental, sino también en lo social y económico. La deforestación contribuye al cambio climático -ya que se incrementan las emisiones de dióxido de carbono (CO2)-, reduce el hábitat para especies animales y vegetales amenazadas de extinción, y dificulta la capacidad de los suelos de regular excedentes de agua y, por ende, inundaciones. Pero también atenta gravemente contra el desarrollo sustentable de la sociedad, ya que disminuye la disponibilidad futura de servicios ecosistémicos, entre ellos la regulación del clima, la captación y reserva de agua dulce, y la estabilidad de los suelos para la producción de alimentos. Por otra parte, el avance de la frontera agropecuaria y la consecuente pérdida de bosques no se da en zonas despobladas, sino que ocurre, por lo general, en tierras de uso tradicional de comunidades indígenas y campesinas, lo que genera poblaciones desplazadas y reactiva los históricos conflictos por la tenencia de dichas tierras. (Aguiar et al, 2018)
Durante las últimas décadas, el Chaco se ha convertido en una de las regiones con mayores tasas de transformación a nivel mundial, lo que ha provocado controversias entre algunos sectores de la sociedad, con posturas más “productivas”, por un lado, que alientan la incorporación de nuevas tierras para la agricultura y, por el otro, visiones de la comunidad científica, las comunidades locales y las ONG, que advierten sobre los riesgos en la falta de sustentabilidad de los ecosistemas y las asimetrías sociales.
¿Qué podemos hacer al respecto?
Uno de los mayores desafíos de los países en desarrollo es resolver el conflicto entre la producción de alimentos y la conservación de la naturaleza. El incremento del consumo y la demanda de alimentos por parte de los países desarrollados y emergentes está siendo abastecido a través de la expansión o la intensificación de la agricultura en regiones tropicales y subtropicales de países en desarrollo y esto puede verse en gran medida en Latinoamérica, donde se localizan extensas áreas con potencial para dicha expansión. (Aguiar et al, 2018)
Para hacer frente a esta problemática es importante que se implementen políticas de regulación y control, entre ellas la correcta aplicación de la Ley 26.331 de “Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos –conocida como “Ley de Bosques”-. El estudio realizado por el INTA plantea otro posible escenario, de Aplicación Legal, en el cual si la Ley de Bosques se cumple de forma estricta, se podrían evitar deforestaciones por 1,81 millones de hectáreas, reduciendo la pérdida de bosques a la mitad respecto del escenario tendencial. La buena noticia es que, de acuerdo con el mismo estudio, la aplicación legal estricta no impide el crecimiento agroganadero. En efecto, la agricultura y la ganadería podrían aumentar su superficie en la misma magnitud que en escenario tendencial, ocupando las tierras ya transformadas en el caso de la agricultura y adoptando un manejo de bosques con ganadería integrada (MBGI) en el caso de la ganadería.
Por esta razón, resulta imprescindible apelar a la correcta implementación de dicha Ley, como primera medida para evitar la pérdida de los bosques nativos y sus graves consecuencias. Existen oportunidades de fortalecer la Ley de Bosques y mejorar su desempeño a través del accionar conjunto y la vinculación entre los diferentes sectores de la sociedad. En primer lugar, se deben fortalecer los mecanismos de control y de sanción de la deforestación ilegal. Hoy en día aproximadamente la mitad de la deforestación ocurre en zonas protegidas por la Ley de Bosques (UMSEF, 2018). Los procesos de ordenamiento territorial de bosque nativo (OTBN) deben ser mejorados en las próximas actualizaciones pendientes, actualmente alrededor de 8 millones de hectáreas de bosques no se encuentran categorizadas bajo los OTBN y por lo tanto no están protegidas por la Ley. Por último, la asignación de fondos para incentivar el manejo sostenible ha sido absolutamente insuficiente, llegando en el 2019 a menos del 5% del mínimo previsto en la Ley de Bosques.
El Gran Chaco, entre los lugares de mayor deforestación del mundo
El Gran Chaco es la ecorregión boscosa más extensa del continente americano después del Amazonas, con una diversidad ambiental y social excepcional. Se extiende en gran parte de Argentina, Paraguay, Bolivia y una pequeña porción de Brasil y sus ambientes —bosques, matorrales, praderas, sabanas, pantanos y humedales— la hacen una región única en el mundo. En Argentina tiene una extensión equivalente a dos veces la provincia de Buenos Aires, abarcando las provincias de Chaco, Santiago del Estero, Formosa, norte de Santa Fe, Córdoba y San Luis, este de Salta, Tucumán, La Rioja, Catamarca, y el oeste de Corrientes. Esta inmensa ecorregión, alberga más de 3400 especies de plantas, 500 especies de aves, 150 especies de mamíferos, 120 de reptiles y aproximadamente 100 de anfibios. Entre estas especies se encuentran el oso hormiguero, el yaguareté, el tatú carreta, el tapir, el pecarí, el loro hablador, el quebracho, el algarrobo y el palo santo, muchas de ellas en peligro crítico de extinción.
El Gran Chaco es una de las principales ecorregiones del país y se encuentra seriamente amenazada. Lamentablemente, es uno los 11 sitios con mayor deforestación del mundo y niveles más altos de degradación. Desde hace más de un siglo esta región enfrenta la pérdida sostenida de su patrimonio natural y cultural a causa del uso no planificado de los recursos y el avance de la frontera agropecuaria. La desidia es tal que, en Argentina, durante los últimos 35 años hemos perdido 12 millones de hectáreas de zonas boscosas en la región chaqueña, lo que significa aproximadamente un 20% de sus ecosistemas naturales (bosques, arbustales, sabanas y pastizales). La mayor proporción de esta transformación ocurrió durante los últimos quince años y se concentró principalmente en las provincias de Chaco, Salta y Santiago del Estero.
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La Pampa, Glifosato y casos juducializados
Glifosato prohibido: en Chubut sí, en La Pampa no
Fecha de Publicación: 12/07/2019
Fuente: La Arena
Provincia/Región: La Pampa
Chubut se convirtió en la primera provincia que prohíbe oficialmente la venta, fabricación y utilización de glifosato. En La Pampa el Poder Judicial dejó un caso testigo de la contaminación en el olvido.
Hace tan solo algunos días, la provincia del sur argentino, a través de un decreto de su gobernador, Mariano Arcioni, promulgó la ley provincial que prohíbe el uso de ese agroquímico en todo su territorio. Más al norte, en la provincia de La Pampa un vecino de Guatraché, Héctor Rolando, ex diputado provincial del PJ y dos veces intendente, no encuentra eco en la Justicia para su denuncia contra el reelecto Intendente de Cambiemos Jorge Arrese, al que acusa de «utilizar de manera ilegal e irregular el herbicida Glifosato de Monsanto (Bayer) poniendo en riesgo la salud de la población».
La acusación apuntó a que la comuna «utiliza el pesticida en mochilas de fumigación del personal municipal sin barbijos ni control de dosis incumpliendo la ley provincial 1173». Sin embargo, la desidia judicial hace que los habitantes de La Pampa se enfrenten a diario a contratistas y productores por fumigaciones en áreas rurales y periurbanas. Aquí se sabe que hay innumerables proyectos de organizaciones intermedias a punto de ingresar a la Legislatura, que ahora se acelerarán.
Guatraché en la mira
En La Pampa el caso más sensible sucede en Guatraché y refiere a la salud de la esposa del litigante. En la denuncia se afirma que es de público conocimiento que la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC sigla inglesa), que depende de la OMS, incorporó al glifosato en la lista de sustancias carcinógenas para humanos desde 2015.
La cónyuge de Rolando es atendida en un centro de salud santarroseño. Al iniciar la consulta médica, el profesional que la atendió le consultó si tenía contacto con pesticidas o glifosato. Le llamaban la atención las manchas aparecidas en un pulmón, las cuales podían advertirse gracias a las tomografías que le habían practicado a la paciente. El fiscal que interviene en la investigación, Juan Bautista Méndez, solicitó al Sanatorio Santa Rosa la historia clínica de la mujer, pero al parecer no avanzó más allá de eso.
En Argentina ya son doce los municipios que aprobaron ordenanzas que prohíben el uso, la venta y la comercialización del herbicida glifosato -clave para el cultivo de soja transgénica- bajo sus jurisdicciones. El diputado provincial Darío Hernández presentó hace poco un proyecto para prohibir la fumigación aérea a 3.000 metros de los radios urbanos de municipalidades y comisiones de fomento del producto glifosato. Además, la prohibición se extendería dentro de un radio de 1.500 metros cuando la aplicación sea terrestre.
Denuncias y desmentidas
En el expediente, caratulado «MPF c/Arrese, Sergio, Rolando Héctor (denunciante) s/investigación preliminar», el fiscal consultó al jefe comunal si en la localidad existía alguna ordenanza que regulara el uso de fertilizantes en el radio urbano y si la comuna había comprado el agroquímico (glifosato). Si esto era así, el fiscal pidió que se respondiera si se hizo por licitación privada y cuáles eran los datos del proveedor.
La presidenta del Concejo Deliberante, María Cristina Fantini, al igual que el intendente Arrese informaron al Ministerio Público Fiscal que no poseían ordenanza regulatoria del uso de glifosato en el radio urbano. Sin embargo, el 10 de mayo de 2013 el Consejo Deliberante sancionó la Ordenanza 508/13, cuyo artículo 2º dice: «Queda prohibido en todo el ejido urbano, a partir de promulgación de ordenanza, circular, estacionar y depositar máquinas de fumigación, ya sea en espacios libres o cerrados cargados de agroquímicos».
En su artículo 4º, la norma explicita que «la fumigación terrestre solo está permitida a partir de los mil metros del límite del ejido urbano». Pero además, el 10 de agosto de 2006, Guatraché adhirió a la Ley 1914, Ambiental Provincial. En el expediente aparece la factura 868 del 3 de noviembre de 2017 de la firma Agronomía Guatraché donde surge que la comuna adquirió 40 bidones Glifosato Action Full y Glifosato Magnum Súper II.
Un TIP de otro país
El 24 de octubre del año pasado, el Tribunal de Impugnación Penal (TIP) por intermedio del juez Pablo Balaguer no hizo lugar al recurso de apelación luego de que el juez achense Héctor Freigedo confirmara que Rolando no podía constituirse como querellante particular en la causa donde denunció el presunto uso ilegal y almacenamiento del agroquímico glifosato por parte del municipio guatrachense.
El magistrado de General Acha consideró que Rolando carecía de «legitimación» porque los delitos investigados tenían «como bienes jurídicos afectados a la salud pública y/o a la administración pública», por lo que el denunciante no revestía el carácter de ofendido penalmente. La defensa, en manos de Guillermo Galcerán, sostuvo que «si bien dichas figuras (penales) en ‘forma primordial’ protegen bienes jurídicos como la administración o salud pública, ello en modo alguno impide que esas mismas conductas investigadas afecten otros bienes jurídicos distintos pero también protegidos por el Código Penal; los que eventualmente facultaría la intervención del titular de ese bien jurídico como querellante particular».
Los hechos denunciados no solo afectan bienes sino la salud personal e integridad física del denunciante, por lo cual hay dos ofendidos penalmente por dicho delito. Balaguer, al rechazar la apelación, argumentó que la investigación aún no está formalizada, no existiendo calificación jurídica de los hechos investigados.
Insólitamente, el TIP falló además que, «más allá de los bienes jurídicos que se ven afectados por la calificación provisoria que podrían tener los hechos, no se reconoce que Rolando haya subsidiariamente visto vulnerado de forma directa y real alguno de sus derechos hasta este estado del proceso».
Realmente, en épocas donde tanto en el país y en el mundo estos casos son considerados de alta prioridad y celeridad para ser tratados, al parecer aquí deberán atravesar innumerables pasos jurídicos en medio de daños colaterales de alta gravedad para la salud de nuestros comprovincianos.
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Fecha de Publicación: 12/07/2019
Fuente: La Arena
Provincia/Región: La Pampa
Chubut se convirtió en la primera provincia que prohíbe oficialmente la venta, fabricación y utilización de glifosato. En La Pampa el Poder Judicial dejó un caso testigo de la contaminación en el olvido.
Hace tan solo algunos días, la provincia del sur argentino, a través de un decreto de su gobernador, Mariano Arcioni, promulgó la ley provincial que prohíbe el uso de ese agroquímico en todo su territorio. Más al norte, en la provincia de La Pampa un vecino de Guatraché, Héctor Rolando, ex diputado provincial del PJ y dos veces intendente, no encuentra eco en la Justicia para su denuncia contra el reelecto Intendente de Cambiemos Jorge Arrese, al que acusa de «utilizar de manera ilegal e irregular el herbicida Glifosato de Monsanto (Bayer) poniendo en riesgo la salud de la población».
La acusación apuntó a que la comuna «utiliza el pesticida en mochilas de fumigación del personal municipal sin barbijos ni control de dosis incumpliendo la ley provincial 1173». Sin embargo, la desidia judicial hace que los habitantes de La Pampa se enfrenten a diario a contratistas y productores por fumigaciones en áreas rurales y periurbanas. Aquí se sabe que hay innumerables proyectos de organizaciones intermedias a punto de ingresar a la Legislatura, que ahora se acelerarán.
Guatraché en la mira
En La Pampa el caso más sensible sucede en Guatraché y refiere a la salud de la esposa del litigante. En la denuncia se afirma que es de público conocimiento que la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC sigla inglesa), que depende de la OMS, incorporó al glifosato en la lista de sustancias carcinógenas para humanos desde 2015.
La cónyuge de Rolando es atendida en un centro de salud santarroseño. Al iniciar la consulta médica, el profesional que la atendió le consultó si tenía contacto con pesticidas o glifosato. Le llamaban la atención las manchas aparecidas en un pulmón, las cuales podían advertirse gracias a las tomografías que le habían practicado a la paciente. El fiscal que interviene en la investigación, Juan Bautista Méndez, solicitó al Sanatorio Santa Rosa la historia clínica de la mujer, pero al parecer no avanzó más allá de eso.
En Argentina ya son doce los municipios que aprobaron ordenanzas que prohíben el uso, la venta y la comercialización del herbicida glifosato -clave para el cultivo de soja transgénica- bajo sus jurisdicciones. El diputado provincial Darío Hernández presentó hace poco un proyecto para prohibir la fumigación aérea a 3.000 metros de los radios urbanos de municipalidades y comisiones de fomento del producto glifosato. Además, la prohibición se extendería dentro de un radio de 1.500 metros cuando la aplicación sea terrestre.
Denuncias y desmentidas
En el expediente, caratulado «MPF c/Arrese, Sergio, Rolando Héctor (denunciante) s/investigación preliminar», el fiscal consultó al jefe comunal si en la localidad existía alguna ordenanza que regulara el uso de fertilizantes en el radio urbano y si la comuna había comprado el agroquímico (glifosato). Si esto era así, el fiscal pidió que se respondiera si se hizo por licitación privada y cuáles eran los datos del proveedor.
La presidenta del Concejo Deliberante, María Cristina Fantini, al igual que el intendente Arrese informaron al Ministerio Público Fiscal que no poseían ordenanza regulatoria del uso de glifosato en el radio urbano. Sin embargo, el 10 de mayo de 2013 el Consejo Deliberante sancionó la Ordenanza 508/13, cuyo artículo 2º dice: «Queda prohibido en todo el ejido urbano, a partir de promulgación de ordenanza, circular, estacionar y depositar máquinas de fumigación, ya sea en espacios libres o cerrados cargados de agroquímicos».
En su artículo 4º, la norma explicita que «la fumigación terrestre solo está permitida a partir de los mil metros del límite del ejido urbano». Pero además, el 10 de agosto de 2006, Guatraché adhirió a la Ley 1914, Ambiental Provincial. En el expediente aparece la factura 868 del 3 de noviembre de 2017 de la firma Agronomía Guatraché donde surge que la comuna adquirió 40 bidones Glifosato Action Full y Glifosato Magnum Súper II.
Un TIP de otro país
El 24 de octubre del año pasado, el Tribunal de Impugnación Penal (TIP) por intermedio del juez Pablo Balaguer no hizo lugar al recurso de apelación luego de que el juez achense Héctor Freigedo confirmara que Rolando no podía constituirse como querellante particular en la causa donde denunció el presunto uso ilegal y almacenamiento del agroquímico glifosato por parte del municipio guatrachense.
El magistrado de General Acha consideró que Rolando carecía de «legitimación» porque los delitos investigados tenían «como bienes jurídicos afectados a la salud pública y/o a la administración pública», por lo que el denunciante no revestía el carácter de ofendido penalmente. La defensa, en manos de Guillermo Galcerán, sostuvo que «si bien dichas figuras (penales) en ‘forma primordial’ protegen bienes jurídicos como la administración o salud pública, ello en modo alguno impide que esas mismas conductas investigadas afecten otros bienes jurídicos distintos pero también protegidos por el Código Penal; los que eventualmente facultaría la intervención del titular de ese bien jurídico como querellante particular».
Los hechos denunciados no solo afectan bienes sino la salud personal e integridad física del denunciante, por lo cual hay dos ofendidos penalmente por dicho delito. Balaguer, al rechazar la apelación, argumentó que la investigación aún no está formalizada, no existiendo calificación jurídica de los hechos investigados.
Insólitamente, el TIP falló además que, «más allá de los bienes jurídicos que se ven afectados por la calificación provisoria que podrían tener los hechos, no se reconoce que Rolando haya subsidiariamente visto vulnerado de forma directa y real alguno de sus derechos hasta este estado del proceso».
Realmente, en épocas donde tanto en el país y en el mundo estos casos son considerados de alta prioridad y celeridad para ser tratados, al parecer aquí deberán atravesar innumerables pasos jurídicos en medio de daños colaterales de alta gravedad para la salud de nuestros comprovincianos.
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Cofema trabaja en la tipificación de los delitos ambientales
Avanza tratamiento de tipificación de delitos ambientales
Fecha de Publicación: 12/07/2019
Fuente: Momarandu
Provincia/Región: Nacional
Autoridades provinciales, entre ellas por Corrientes, trataron avances en implementación de la ley de bosques, la ejecución de FOBOSQUE y anteproyectos de ley de biodiversidad y de evaluación de impacto ambiental y la tipificación de los delitos ambientales en el marco del proyecto de Reforma Integral del Código Penal.
Fue durante un encuentro de la cartera de Ambiente nacional con referentes provinciales de la asamblea del COFEMA. La actividad continúa el trabajo interjurisdiccional del organismo que encabeza Sergio Bergman y contó con la presencia de funcionarios de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y referentes ambientales de todo el país.
La asamblea trató con exposiciones los anteproyectos de ley de biodiversidad y el de evaluación de impacto ambiental y la tipificación de los delitos ambientales en el marco del proyecto de Reforma Integral del Código Penal.
Al comenzar la sesión, las autoridades realizaron un homenaje a la recientemente fallecida Yolanda Ortiz, quien fue la primera secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano de Argentina en 1973, convirtiéndose así también en la primera mujer en ejercer ese cargo en América Latina.
Posteriormente, se trataron los avances en la implementación de la ley de bosques, la ejecución de FOBOSQUE y el estado de las rendiciones. Y, más tarde, Mariela Chervin, subsecretaria Interjurisdiccional e Interinstitucional, expuso sobre la Estrategia Nacional contra Cebos Tóxicos, un trabajo colaborativo orientado a la protección del cóndor andino.
Pablo Santori, director de Inspecciones de la Secretaría de Ambiente nacional, brindó detalles sobre las capacitaciones en inspecciones realizadas en numerosas provincias, alcanzando a más de 200 agentes, y sobre el estado de avance en la adquisición de equipamiento.
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Fecha de Publicación: 12/07/2019
Fuente: Momarandu
Provincia/Región: Nacional
Autoridades provinciales, entre ellas por Corrientes, trataron avances en implementación de la ley de bosques, la ejecución de FOBOSQUE y anteproyectos de ley de biodiversidad y de evaluación de impacto ambiental y la tipificación de los delitos ambientales en el marco del proyecto de Reforma Integral del Código Penal.
Fue durante un encuentro de la cartera de Ambiente nacional con referentes provinciales de la asamblea del COFEMA. La actividad continúa el trabajo interjurisdiccional del organismo que encabeza Sergio Bergman y contó con la presencia de funcionarios de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y referentes ambientales de todo el país.
La asamblea trató con exposiciones los anteproyectos de ley de biodiversidad y el de evaluación de impacto ambiental y la tipificación de los delitos ambientales en el marco del proyecto de Reforma Integral del Código Penal.
Al comenzar la sesión, las autoridades realizaron un homenaje a la recientemente fallecida Yolanda Ortiz, quien fue la primera secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano de Argentina en 1973, convirtiéndose así también en la primera mujer en ejercer ese cargo en América Latina.
Posteriormente, se trataron los avances en la implementación de la ley de bosques, la ejecución de FOBOSQUE y el estado de las rendiciones. Y, más tarde, Mariela Chervin, subsecretaria Interjurisdiccional e Interinstitucional, expuso sobre la Estrategia Nacional contra Cebos Tóxicos, un trabajo colaborativo orientado a la protección del cóndor andino.
Pablo Santori, director de Inspecciones de la Secretaría de Ambiente nacional, brindó detalles sobre las capacitaciones en inspecciones realizadas en numerosas provincias, alcanzando a más de 200 agentes, y sobre el estado de avance en la adquisición de equipamiento.
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