La Justicia argentina cómplice del genocidio por Glifosato
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Glifosato: la Corte Suprema y toda la Justicia argentina es cómplice del genocidio
Fecha de Publicación: 20/06/2019
Fuente: Agencia NOVA
Provincia/Región: Nacional
Como profesional del Derecho, el dolor y la impotencia ante tanta connivencia del Poder Judicial es inconmensurable. ¿Cuántos más deben morir para que entiendan que el Roundup glifosato y todas sus formulaciones son cancerígenas? Algunos científicos ya lo consideran más tóxico que el DDT, que para prohibirlo llevó más de 50 años y quien logró tal hazaña y no pudo verlo en vida, fue la bióloga Rachel Carson, quien falleció en 1964.
La Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC-OMS) también clasificó a los insecticidas DDT y lindano. El DDT fue clasificado como “probable cancerígeno” en base a pruebas suficientes de que produce cáncer en animales de experimentación y existen “pruebas limitadas” en humanos. En 1973, once años después de la publicación de "Primavera silenciosa", la EPA (Agencia de Protección Medioambiental de Estados Unidos) prohibió el uso del DDT. En Argentina, recién se prohibió en 1990.
Pero ya no tendrán justicia los afectados que han fallecido por los efectos de las fumigaciones con agrotóxicos en Argentina. Tal es el caso de la beba Julieta Florencia Sandoval, quien nació el 15 de abril de 2010, y murió a los siete meses, el 13 de diciembre del mismo año, en Bandera, Santiago del Estero. Ya no podía respirar porque sus pulmones eran apretados contra la escoliosis severa de su columna, tenía una traqueotomía, nació con varias malformaciones, hidrocefalia, parálisis facial y parálisis cerebral. Fue concebida en un ambiente impactado por agroquímicos. Un feto que a los 28 días de gestación ya recibía todos los efectos de los tóxicos. Sus padres trabajaban en el campo, su tío y su abuelo eran fumigadores terrestres en los famosos "mosquitos". Su abuelo falleció y su abuela padece varias enfermedades por compartir la misma casa contaminada.
Fabián Tomasi, el fumigador de Basavilbaso, Entre Ríos, falleció a los 52 años en septiembre de 2018. Padecía una polineuropatía tóxica severa. Él no se cansaba difundir los peligros a los que fue expuesto cuando llenaba los tanques de las avionetas con Round Up y distintos cocteles manipulándolos sin ninguna protección, y hasta jugando con las gotas de los picos de la avioneta, donde bajo su sombra, almorzaba a la vera de los sembradíos que serían fumigados minutos después.
Ambos son actores en el amparo y sus desprendimientos a la fecha, pero también fallecieron algunos testigos de ese agrocidio. Entre ellos el científico doctor Andrés Carrasco, en mayo de 2014, investigador del Conicet, quien fue director del laboratorio de Embriología Molecular de la UBA y puso en alerta al país que los intereses de quienes lideran la economía mundial ponían en serio riesgo la salud. Los mismos que hoy festejan la cosecha récord de soja.
El doctor Hugo Néstor “Bubi” Gómez Demaio, con una incalculable prueba fotográfica y empírica de las malformaciones más diversas en los niños de Misiones, nos dejó en julio de 2017 y poco después el 13 de diciembre de 2017 falleció el médico santafesino Rodolfo Páramo, quien denunció los primeros 12 casos de nacimientos con malformaciones en la ciudad de Malabrigo. Mi gran amigo, y todos mis compañeros de Congresos y viajes se han ido y duele seguir esta lucha sin ellos.
A diferencia de los Tribunales estadounidenses, nuestra Justicia Federal Argentina rechazó los autos “Giménez, Alicia Fany y Otros C/ Ministerio de Agroindustria y Otros s/ Medida Cautelar (Autónoma)” donde un grupo de ciudadanos demandaron ponerle un límite a los agrotóxicos.
Los abogados iniciaron la causa madre en el año 2012 ante la Corte Suprema de Argentina, los doctores Horacio Rodolfo Belosi, Miguel Araya, Daniel Eduardo Salaberry, Graciela Cristina Vizcay Gomez, Jorge Alberto Mosset Iturraspe Cravin, y Santiago Andres Kapun. Algunos de ellos fueron letrados en el leading case "Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/ Estado Nacional y otros s/ daños y perjuicios"(daños derivados de la contaminación ambiental del Río Matanza - Riachuelo) donde la Corte dio cátedra, a diferencia de su actual composición.
Se trata de la demanda contra las provincias de Entre Ríos, Buenos Aires y Santiago del Estero, contra el Ministerio de Agroindustria, contra el Consejo Federal de Medio Ambiente y las empresas Monsanto; Dow AgroSciences, Nidera y Syngenta, entre otras.
Los amparistas buscamos una declaración judicial sobre la determinación científica de la inocuidad de los Organismos Genéticamente Modificados (OGM) de origen animal o vegetal. También se requirió que se ordenara la suspensión provisional de “la comercialización, venta y aplicación de productos que contengan glifosato y sales derivadas” y estén directamente relacionados con el cultivo de soja, maíz, girasol, trigo, algodón, y de todos los actos administrativos que aprobaron desde la Resolución nula N*167/1997. Esa suspensión provisional también abarca la aplicación de agroquímicos, herbicidas, fitosanitarios, fungicidas y/o “cualquier otro paquete químico atado al uso de las semillas transgénicas”, ya sea mediante fumigaciones terrestres (mosquitos, mochilas, aspersores) o aéreas (avión) que contengan glifosato como principio activo o sales derivadas del mismo”.
Cada una de las presentaciones desde el año 2012 a la fecha, fueron sistemáticamente rechazadas por cuanto juzgado sorteado en los que cayera, como si fuera una papa caliente. Aquí en la imagen que adjunto están solo algunas de las causas llevadas a Tribunales que se desprenden del amparo presentado en 2012. Uno de ellos que data del año 2014 espera hoy los votos de la Corte Suprema, y se encuentra en el despacho del juez Rosenkrantz.
El presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, falló o firmó resoluciones sobre 20 empresas que antes de estar en la Corte, defendió como abogado. Las benefició a todas, pese a que el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación es claro en su artículo 17 respecto a la recusación con expresión de causa. Sin embargo, el presidente de la Corte no obedeció el mandato de la ley, contrariando lo dicho en su primer discurso de apertura del año judicial el 19 de marzo último, donde reconoció que el Poder Judicial atraviesa una “crisis de legitimidad” y de “confianza” que “hay dudas de que nos comportemos como verdaderos jueces de la democracia republicana” y que “se empieza a generalizar la sospecha de que servimos a intereses diferentes al derecho”.
A diferencia de Argentina, en Estados Unidos la primer demanda de este tipo que llegó a juicio y condenó a Monsanto a pagar más de 289.25 millones de dólares en daños, incluidos 250 millones de dólares en daños punitivos por ocultar con malicia la peligrosidad del producto estrella de la compañía. La jueza del caso redujo estos últimos a 39.2 millones, en una orden con fecha del 22 de octubre de 2018, dejando el monto final en 79.5 millones y reconfirmando la culpabilidad de Monsanto.
En agosto de 2018, un jardinero de escuelas de 46 años llamado Dwayne Johnson usaba regularmente a Roundup en su trabajo en el distrito escolar en el norte California. Después de pasar años mezclando y rociando la sustancia química, Johnson desarrolló una erupción, que se convirtió en lesiones y luego en linfoma no Hodgkin. El caso fue tramitado de urgencia porque a Johnson le pueden quedar meses de vida. El jurado consideró probado que los agrotóxicos Roundup y Ranger Pro causaron el linfoma y que Monsanto no informó en el marbete la peligrosidad de los formulados, componentes que la sentencia considera que causan cáncer.
En California es obligatorio que todo lo que lleve un componente cancerígeno esté etiquetado. El abogado de Monsanto citó décadas de estudios en los que no existe ninguna relación entre el glifosato y el tipo de cáncer que padece Johnson. Pero la conclusión de que Monsanto "obró de mala fe" se basó en que el Centro Internacional de Investigación del Cáncer, un organismo de la Organización Mundial de la Salud, califica el glifosato como “probablemente cancerígeno” y el fallo encontró al herbicida de la empresa como "un factor sustancial para causar cáncer".
En marzo de 2019, la exposición al Roundup también fue un "factor determinante" en el desarrollo del cáncer de Edwin Hardeman Hardeman, quien fue diagnosticado con linfoma no Hodgkin en febrero de 2015 después de usar Roundup en su propiedad rociandolo más de 300 veces en 26 años.
También a finales de marzo de 2019 condenó a la compañía Monsanto a pagar más de 2.000 millones de dólares a Alva y Alberta Pilliod, un matrimonio de 70 años de San Francisco que usó el herbicida Roundup en sus tierras, y contrajeron cáncer. Monsanto deberá pagarles una indemnización de 2.000 millones de dólares (1.000 millones a cada uno) además de otros 55 millones en compensación por pérdidas económicas y perjuicio moral, entre otros. Alva Pilliod fue diagnosticado con linfoma no Hodgkin en 2011 y Alberta fue diagnosticada en 2015.
A partir de marzo de 2019, el glifosato se ha restringido en 28 países de todo el mundo. En una encuesta de 2016, aproximadamente el 66 por ciento de los encuestados en los cinco países más grandes de la Unión Europea apoyaron la prohibición de los productos con glifosato.
Pero todo lo que antecede parece no ser suficiente para los jueces de Argentina, ni para la Corte Suprema, que rechaza todos los amparos y se convierte en cómplice del genocidio en masa de los más de 44 millones de habitantes que en forma directa e indirecta somos envenenados a diario por todas esas empresas. Que además nos alimentan con la cuota diaria de venenos, talan nuestros bosques, causan inundaciones y el mayor número de alergias y enfermedades que afectan en su mayoría a niños que son los que más expuestos están a los riesgos y a la ubicuidad de los venenos, tanto en zonas de sembradíos como en las ciudades.
Bayer compró Monsanto solo dos meses antes del veredicto de Dwayne Johnson, y deberá enfrentar más de 13 mil juicios en los Estados Unidos. Muchas de las víctimas no llegarán a la sentencia con vida. Y las familias de los jueces también están en la lista, nadie está salvo del Roundup.
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Petrolera provoca desastre en Salta
Una petrolera china quedó en capilla por manejos irregulares en el área Chirete
Fecha de Publicación: 20/06/2019
Fuente: El Tribuno (Salta)
Provincia/Región: Salta
High Luck debe aclarar el destino de 13 millones de litros sacados del pozo LB X-2001. Por denunciar desastres en su finca, un criollo de Los Blancos estuvo detenido 7 días.
En el mejor de los sueños uno imaginaría petróleo que fluye en el fondo de su casa y un porvenir de riqueza asegurado por el oro negro. Sin embargo, para los Robledo, una familia criolla del Chaco salteño, ese sueño hecho realidad se convirtió en la peor de las pesadillas.
En diciembre de 2018 se confirmó un importante hallazgo en Chirete, una de las áreas libres licitadas por el Gobierno provincial en Rivadavia Banda Norte. El nombre de una compañía china, High Luck Group, ganó los titulares de la prensa y sus acciones empezaron a cotizar en alza.
El pasado 24 de mayo, en una inspección, funcionarios de la Secretaría de Energía de Salta advirtieron en el área 16 irregularidades ambientales y operativas por las que pidieron abrir un proceso de sanción.
High Luck y su socia argentina, Pampa Energía, fueron intimadas el 30 de mayo, pero un breve y ambiguo parte oficial, publicado el viernes último, bajó llamativamente los decibeles del lapidario informe.
La inspección que se concretó el 24 de mayo había sido reclamada por los herederos de Fernando Robledo, titular registral de una finca ubicada a 3 kilómetros de la localidad de Los Blancos.
El descubrimiento de petróleo se produjo dentro de ese inmueble rural identificado con el catastro 1728 de Rivadavia.
Por exigir el resarcimiento de los daños, Jorge Robledo, uno de los más de 20 herederos declarados en la sucesión, estuvo detenido siete días ¿La razón? Un piquete que él y otros familiares hicieron el camino vecinal que lleva al pozo petrolero, a través de su propia finca, en reclamo de Justicia.
Adónde fue el petróleo
Según registros del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG), Chirete produjo desde diciembre de 2018 hasta marzo último cerca de 13 millones de litros de crudo. El IAPG es la entidad civil que inversores de todo el mundo tienen como referente técnica de la industria hidrocarburífera del país desde hace 62 años. Aunque en sus registros el área aparece con producción, High Luck y Pampa Energía aún no tienen oficializada la concesión, porque el pasado 22 de febrero la Secretaría de Energía les extendió la vigencia del permiso de exploración hasta noviembre próximo.
El pasado 30 de mayo, el mismo organismo provincial intimó al grupo empresario para que aclare el destino del petróleo que fue retirado del área, desde fines de 2018, en camiones tanque.
Según las estadísticas del IAPG, actualizadas hasta el primer trimestre del año, en diciembre Chirete produjo un promedio de 3 metros cúbicos diarios (m3/día) de crudo.
En enero los bombeos se incrementaron a 70 m3/día. En febrero, la producción saltó a 206 m3/día y al mes siguiente sumó otros 165 m3/día hasta el 17 de marzo, cuando cerraron el pozo de Los Blancos "para recuperar presión". Así lo manifestó el personal del área a los funcionarios provinciales que realizaron la exhaustiva inspección. Esa comisión estuvo integrada por el director de Hidrocarburos, Jorge Guantay; otro profesional de esa dependencia, Mariano Villagra, y la jefa del Programa de Fiscalización Ambiental, Mariana López Martínez.
En su informe, tras describir desmontes y aperturas de caminos irregulares, los tres funcionarios pidieron iniciar los procesos de sanción correspondientes contra High Luck y Pampa Energía, conforme lo establece la ley provincial 7070 de protección del medio ambiente.
La Justicia avaló los atropellos en el área Chirete
La familia criolla que litiga contra las petroleras High Luck y Pampa Energía en Los Blancos, por las afectaciones sufridas en su finca, se siente traicionada por la Justicia.
Los damnificados son más de 20 herederos de la sucesión de Fernando Robledo, en la que la jueza Civil y Comercial 1 de Orán, Eugenia Fernández de Ulivarri, designó como administradora judicial a la abogada Romina Aída Tapia el 21 de marzo de 2018.
Dos meses después de su posesionamiento, Tapia firmó con High Luck un contrato de servidumbre que los herederos de Fernando Robledo consideran ilegítimo. “En el nombramiento de la administradora de la sucesión, la jueza pasó por alto el consentimiento que establece el artículo 733 del Código Procesal Civil y Comercial de Salta”, denunciaron.
En el polémico acuerdo, la administradora judicial y High Luck pactaron el pago de una suma total de $250 mil por la servidumbre, el permiso de acceso, la ocupación parcial de la finca, las intervenciones planificadas por la petrolera asiática, los daños emergentes y el lucro cesante. Además, por una de las cláusulas, la empresa quedó eximida de la obligación de depositar la suma pactada mientras no se cuente con la homologación judicial del convenio.
Al tomar conocimiento del acuerdo, por una copia que les entregó la propia petrolera, los Robledo desconocieron su validez con una carta documento que remitieron el 29 de junio de 2018. “Esto se hizo antes de que entrara en vigencia el acuerdo”, remarcó el abogado Mario Torrente, quien representa a la mayor parte de los herederos declarados en la sucesión.
Ante el atropello de derechos, los Robledo recurrieron a profesionales que elaboraron un informe ambiental. En ese estudio, los daños relevados en la finca de 6.000 hectáreas se estimaron en 1,2 millones de dólares.
En diciembre de 2018, los superficiarios afectados citaron a la operadora asiática del área Chirete a una mediación. Los apoderados de la empresa se presentaron a la audiencia solo para pedir el cierre de la mediación sin escuchar los motivos del reclamo.
Poco después, Felipe Fernando Robledo presentó una denuncia contra la administradora judicial de la sucesión y pidió su remoción por “mal desempeño”.
El pasado 26 de marzo, los criollos afectados presentaron una demanda por daños y perjuicios, junto a una medida cautelar de no innovar, ante la jueza Civil y Comercial 6 de Salta, María Alejandra Filtrín, quien se declaró incompetente. El pronunciamiento de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Salta se hace esperar en la Sala 5 del tribunal.
Desde el 30 de abril, con sendas notas, los Robledo también denunciaron manejos irregulares de la petrolera en sus tierras y solicitaron que intervenga la Secretaría de Energía. La inspección concretada el pasado 24 de mayo confirmó muchas de las irregularidades que los superficiarios afectados atribuyeron a las petroleras que están asociadas en el área Chirete. Sin embargo, la Justicia siguió ausente en Los Blancos.
Cansados e impotentes ante la continuidad de los atropellos, los puesteros damnificados decidieron manifestarse con un piquete en el camino de acceso que se desprende de la ruta nacional 81, hacia la locación del pozo LB X-2001, a lo largo de siete kilómetros que atraviesan su finca ganadera.
Aquella protesta terminó con uno de los herederos declarados, Jorge Nelson Robledo, detenido el 1 de junio. El maestro chaqueño, que se jubiló en octubre de 2018, fue liberado siete días después por el juez Nelso Aramayo de Tartagal. La fiscal de Embarcación, Gabriela Souto, había pedido que siga detenido por desobediencia judicial, resistencia a la autoridad y interrupción del transporte. Un video prueba que en ningún momento se resistió al arresto.
El piquete sí impidió que la High Luck y Pampa Energía (accionista de la refinería de Campo Durán) sacaran camiones tanque con petróleo. Fueron cientos de viajes con un destino que aún espera ser aclarado públicamente, porque según el IAPG salieron de Chirete cerca de 13 millones entre diciembre de 2018 y marzo último.
High Luck, en inglés significa “Mucha suerte”. Y, según parece, la necesitará para sortear sanciones.
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Fecha de Publicación: 20/06/2019
Fuente: El Tribuno (Salta)
Provincia/Región: Salta
High Luck debe aclarar el destino de 13 millones de litros sacados del pozo LB X-2001. Por denunciar desastres en su finca, un criollo de Los Blancos estuvo detenido 7 días.
En el mejor de los sueños uno imaginaría petróleo que fluye en el fondo de su casa y un porvenir de riqueza asegurado por el oro negro. Sin embargo, para los Robledo, una familia criolla del Chaco salteño, ese sueño hecho realidad se convirtió en la peor de las pesadillas.
En diciembre de 2018 se confirmó un importante hallazgo en Chirete, una de las áreas libres licitadas por el Gobierno provincial en Rivadavia Banda Norte. El nombre de una compañía china, High Luck Group, ganó los titulares de la prensa y sus acciones empezaron a cotizar en alza.
El pasado 24 de mayo, en una inspección, funcionarios de la Secretaría de Energía de Salta advirtieron en el área 16 irregularidades ambientales y operativas por las que pidieron abrir un proceso de sanción.
High Luck y su socia argentina, Pampa Energía, fueron intimadas el 30 de mayo, pero un breve y ambiguo parte oficial, publicado el viernes último, bajó llamativamente los decibeles del lapidario informe.
La inspección que se concretó el 24 de mayo había sido reclamada por los herederos de Fernando Robledo, titular registral de una finca ubicada a 3 kilómetros de la localidad de Los Blancos.
El descubrimiento de petróleo se produjo dentro de ese inmueble rural identificado con el catastro 1728 de Rivadavia.
Por exigir el resarcimiento de los daños, Jorge Robledo, uno de los más de 20 herederos declarados en la sucesión, estuvo detenido siete días ¿La razón? Un piquete que él y otros familiares hicieron el camino vecinal que lleva al pozo petrolero, a través de su propia finca, en reclamo de Justicia.
Adónde fue el petróleo
Según registros del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG), Chirete produjo desde diciembre de 2018 hasta marzo último cerca de 13 millones de litros de crudo. El IAPG es la entidad civil que inversores de todo el mundo tienen como referente técnica de la industria hidrocarburífera del país desde hace 62 años. Aunque en sus registros el área aparece con producción, High Luck y Pampa Energía aún no tienen oficializada la concesión, porque el pasado 22 de febrero la Secretaría de Energía les extendió la vigencia del permiso de exploración hasta noviembre próximo.
El pasado 30 de mayo, el mismo organismo provincial intimó al grupo empresario para que aclare el destino del petróleo que fue retirado del área, desde fines de 2018, en camiones tanque.
Según las estadísticas del IAPG, actualizadas hasta el primer trimestre del año, en diciembre Chirete produjo un promedio de 3 metros cúbicos diarios (m3/día) de crudo.
En enero los bombeos se incrementaron a 70 m3/día. En febrero, la producción saltó a 206 m3/día y al mes siguiente sumó otros 165 m3/día hasta el 17 de marzo, cuando cerraron el pozo de Los Blancos "para recuperar presión". Así lo manifestó el personal del área a los funcionarios provinciales que realizaron la exhaustiva inspección. Esa comisión estuvo integrada por el director de Hidrocarburos, Jorge Guantay; otro profesional de esa dependencia, Mariano Villagra, y la jefa del Programa de Fiscalización Ambiental, Mariana López Martínez.
En su informe, tras describir desmontes y aperturas de caminos irregulares, los tres funcionarios pidieron iniciar los procesos de sanción correspondientes contra High Luck y Pampa Energía, conforme lo establece la ley provincial 7070 de protección del medio ambiente.
La Justicia avaló los atropellos en el área Chirete
La familia criolla que litiga contra las petroleras High Luck y Pampa Energía en Los Blancos, por las afectaciones sufridas en su finca, se siente traicionada por la Justicia.
Los damnificados son más de 20 herederos de la sucesión de Fernando Robledo, en la que la jueza Civil y Comercial 1 de Orán, Eugenia Fernández de Ulivarri, designó como administradora judicial a la abogada Romina Aída Tapia el 21 de marzo de 2018.
Dos meses después de su posesionamiento, Tapia firmó con High Luck un contrato de servidumbre que los herederos de Fernando Robledo consideran ilegítimo. “En el nombramiento de la administradora de la sucesión, la jueza pasó por alto el consentimiento que establece el artículo 733 del Código Procesal Civil y Comercial de Salta”, denunciaron.
En el polémico acuerdo, la administradora judicial y High Luck pactaron el pago de una suma total de $250 mil por la servidumbre, el permiso de acceso, la ocupación parcial de la finca, las intervenciones planificadas por la petrolera asiática, los daños emergentes y el lucro cesante. Además, por una de las cláusulas, la empresa quedó eximida de la obligación de depositar la suma pactada mientras no se cuente con la homologación judicial del convenio.
Al tomar conocimiento del acuerdo, por una copia que les entregó la propia petrolera, los Robledo desconocieron su validez con una carta documento que remitieron el 29 de junio de 2018. “Esto se hizo antes de que entrara en vigencia el acuerdo”, remarcó el abogado Mario Torrente, quien representa a la mayor parte de los herederos declarados en la sucesión.
Ante el atropello de derechos, los Robledo recurrieron a profesionales que elaboraron un informe ambiental. En ese estudio, los daños relevados en la finca de 6.000 hectáreas se estimaron en 1,2 millones de dólares.
En diciembre de 2018, los superficiarios afectados citaron a la operadora asiática del área Chirete a una mediación. Los apoderados de la empresa se presentaron a la audiencia solo para pedir el cierre de la mediación sin escuchar los motivos del reclamo.
Poco después, Felipe Fernando Robledo presentó una denuncia contra la administradora judicial de la sucesión y pidió su remoción por “mal desempeño”.
El pasado 26 de marzo, los criollos afectados presentaron una demanda por daños y perjuicios, junto a una medida cautelar de no innovar, ante la jueza Civil y Comercial 6 de Salta, María Alejandra Filtrín, quien se declaró incompetente. El pronunciamiento de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Salta se hace esperar en la Sala 5 del tribunal.
Desde el 30 de abril, con sendas notas, los Robledo también denunciaron manejos irregulares de la petrolera en sus tierras y solicitaron que intervenga la Secretaría de Energía. La inspección concretada el pasado 24 de mayo confirmó muchas de las irregularidades que los superficiarios afectados atribuyeron a las petroleras que están asociadas en el área Chirete. Sin embargo, la Justicia siguió ausente en Los Blancos.
Cansados e impotentes ante la continuidad de los atropellos, los puesteros damnificados decidieron manifestarse con un piquete en el camino de acceso que se desprende de la ruta nacional 81, hacia la locación del pozo LB X-2001, a lo largo de siete kilómetros que atraviesan su finca ganadera.
Aquella protesta terminó con uno de los herederos declarados, Jorge Nelson Robledo, detenido el 1 de junio. El maestro chaqueño, que se jubiló en octubre de 2018, fue liberado siete días después por el juez Nelso Aramayo de Tartagal. La fiscal de Embarcación, Gabriela Souto, había pedido que siga detenido por desobediencia judicial, resistencia a la autoridad y interrupción del transporte. Un video prueba que en ningún momento se resistió al arresto.
El piquete sí impidió que la High Luck y Pampa Energía (accionista de la refinería de Campo Durán) sacaran camiones tanque con petróleo. Fueron cientos de viajes con un destino que aún espera ser aclarado públicamente, porque según el IAPG salieron de Chirete cerca de 13 millones entre diciembre de 2018 y marzo último.
High Luck, en inglés significa “Mucha suerte”. Y, según parece, la necesitará para sortear sanciones.
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Frenan desmontes en Chaco
Desmonte ilegal: Operativo conjunto en Taco Pozo para detener a una topadora
Fecha de Publicación: 20/06/2019
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Chaco
El accionar se llevó adelante en el marco del pedido del gobernador Domingo Peppo de incrementar los controles para reprimir los desmontes clandestinos, en custodia de los bosques nativos.
El Ministerio de Producción, continúa realizando operativos de Fiscalización Forestal en varios puntos de la provincia del Chaco; en este caso, a través de inspectores de la Dirección de Bosques y con la colaboración de la Policía del Chaco, detuvieron una topadora que se encontraba realizando tareas de desmonte sin permiso.
Estos operativos se profundizaron desde una instrucción impuesta por el Ejecutivo en virtud de incrementar los controles para reprimir los desmontes clandestinos, en custodia de los bosques nativos. El operativo más relevante se llevó adelante en la zona rural de la localidad de Taco Pozo, donde se pudo detener el trabajo ilegal de una topadora.
La intervención se dio gracias al servicio de detección que elaboró el Centro Geo Información dependiente de la Subsecretaría de Recursos Naturales, en la cual a través del análisis de imágenes satelitales, se percibió un desmonte sin permiso en un predio. Inmediatamente el sistema de información geográfico utilizado cruzó la información con el catastro provincial, identificando catastralmente el inmueble afectado y los datos identificatorios del titular.
Con esta información, el Departamento de Fiscalización y control de la Dirección de Bosques ordenó la inspección y se solicitó el auxilio de la Policía de la Provincia del Chaco para el operativo, para resguardar la integridad de los funcionarios e inspectores actuantes.
Previo al operativo, se tuvo que solicitar a través de los abogados de la Dirección de Bosques la orden judicial de allanamiento al juzgado de paz de la localidad de Taco Pozo, autoridad judicial competente.
Como resultados se detuvo el avance de la topadora y se procedió al secuestro judicial de la Topadora y el tractor con Rolo utilizado para el desmonte. Además, se labraron las actas de inspección y de infracción correspondiente.
Controles en tránsito
Independientemente, de los controles sobre desmontes clandestinos, se efectuaron inspecciones sobre el transporte de productos forestales. Así, se destaca los controles realizados sobre la ruta nacional 16, en inmediaciones de la localidad de Puerto Tirol.
Esta actividad de fiscalización es central para la custodia de los bosques nativos porque se enfoca en supervisar que la madera nativa obtenida provenga de un permiso otorgado por el organismo, y por el otro lado, verificar que los productos logrados se industrialicen en la provincia del chaco, generando valor agregado con mano de obra local, por las industrias chaqueñas.
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Fecha de Publicación: 20/06/2019
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Chaco
El accionar se llevó adelante en el marco del pedido del gobernador Domingo Peppo de incrementar los controles para reprimir los desmontes clandestinos, en custodia de los bosques nativos.
El Ministerio de Producción, continúa realizando operativos de Fiscalización Forestal en varios puntos de la provincia del Chaco; en este caso, a través de inspectores de la Dirección de Bosques y con la colaboración de la Policía del Chaco, detuvieron una topadora que se encontraba realizando tareas de desmonte sin permiso.
Estos operativos se profundizaron desde una instrucción impuesta por el Ejecutivo en virtud de incrementar los controles para reprimir los desmontes clandestinos, en custodia de los bosques nativos. El operativo más relevante se llevó adelante en la zona rural de la localidad de Taco Pozo, donde se pudo detener el trabajo ilegal de una topadora.
La intervención se dio gracias al servicio de detección que elaboró el Centro Geo Información dependiente de la Subsecretaría de Recursos Naturales, en la cual a través del análisis de imágenes satelitales, se percibió un desmonte sin permiso en un predio. Inmediatamente el sistema de información geográfico utilizado cruzó la información con el catastro provincial, identificando catastralmente el inmueble afectado y los datos identificatorios del titular.
Con esta información, el Departamento de Fiscalización y control de la Dirección de Bosques ordenó la inspección y se solicitó el auxilio de la Policía de la Provincia del Chaco para el operativo, para resguardar la integridad de los funcionarios e inspectores actuantes.
Previo al operativo, se tuvo que solicitar a través de los abogados de la Dirección de Bosques la orden judicial de allanamiento al juzgado de paz de la localidad de Taco Pozo, autoridad judicial competente.
Como resultados se detuvo el avance de la topadora y se procedió al secuestro judicial de la Topadora y el tractor con Rolo utilizado para el desmonte. Además, se labraron las actas de inspección y de infracción correspondiente.
Controles en tránsito
Independientemente, de los controles sobre desmontes clandestinos, se efectuaron inspecciones sobre el transporte de productos forestales. Así, se destaca los controles realizados sobre la ruta nacional 16, en inmediaciones de la localidad de Puerto Tirol.
Esta actividad de fiscalización es central para la custodia de los bosques nativos porque se enfoca en supervisar que la madera nativa obtenida provenga de un permiso otorgado por el organismo, y por el otro lado, verificar que los productos logrados se industrialicen en la provincia del chaco, generando valor agregado con mano de obra local, por las industrias chaqueñas.
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ecosistemas,
legislación y derecho ambiental
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Forman una red federal para asistir varamientos
Crean una red federal para asistir varamientos de fauna marina en las costas argentinas
Fecha de Publicación: 20/06/2019
Fuente: Grupo La Provincia
Provincia/Región: Nacional
La Secretaría de Ambiente de la Nación en conjunto con provincias costeras, organizaciones y referentes académicos crearon hoy la Red Federal de Asistencia a Varamientos de Fauna Marina, para rescatar a ballenas, orcas, delfines, elefantes, lobos, aves y tortugas marinas en situación de riesgo en las costas.
"El rescate de fauna marina se da en situaciones complejas, donde cada minuto cuenta, y en muchos casos involucra a especies amenazadas. Esta red nos permite estar mejor preparados, reforzar las capacidades de respuesta y ampliar las estrategias preventivas", aseguró Javier García Espil, director nacional de Gestión Ambiental del Agua y los Ecosistemas Acuáticos.
Según comentó, los eventos de animales marinos en situación de riesgo en las costas argentinas incrementaron en los últimos años.
"La iniciativa para fortalecer la conservación de la biodiversidad en un marco de ordenamiento ambiental de los espacios costeros y marítimos", destacó.
En este sentido, habrá manuales de procedimiento para la atención de fauna marina en situación de vulnerabilidad siguiendo estándares internacionales y se favorecerá el intercambio de información entre las provincias y organismos.
Además, se creará un registro nacional de varamientos para identificar los problemas ambientales que afecten a la fauna en nuestras costas y mares.
La red está integrada por las provincias de Buenos Aires, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Entre Ríos, la Administración de Parques Nacionales, Prefectura Naval Argentina, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y participan organizaciones de la sociedad civil y las principales instituciones académicas que trabajan en la temática.
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Ambiente presenta un plan contra los cebos tóxicos
Ambiente presentó la Estrategia Nacional Contra el Uso de Cebos Tóxicos
Fecha de Publicación: 19/06/2019
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación junto a la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial de Mendoza y la Fundación Bioandina Argentina presentaron la Estrategia Nacional Contra el Uso de Cebos Tóxicos, en el marco de un trabajo articulado para preservar al cóndor, ave emblemática y especie clave en el equilibrio del ecosistema andino.
En representación de la Secretaría de Ambiente de la Nación, que conduce Sergio Bergman, estuvieron presentes Mariela Chervin, subsecretaria Interjurisdiccional e Interinstitucional, y Catalina Caillet-Bois, directora de Educación Ambiental. “Estamos en Mendoza, en el lanzamiento de esta estrategia, que trabajamos desde nuestra Secretaría junto con la Fundación Bioandina, con la Secretaría de Ambiente provincial y con cada una de las 14 provincias que tienen distribución del cóndor en nuestro país. Estamos inaugurando una muestra participativa de concientización, junto con un taller con actores locales donde apuntamos a construir el contenido de la estrategia y del protocolo de actuación ante casos de envenenamiento”, detalló Chervin en relación a esta iniciativa de preservación y conservación.
La muestra mencionada es una exposición científica, cultural y educativa sobre el Programa Conservación del Cóndor Andino que se realiza en el Museo de la Educación de Mendoza, como parte de una campaña de concientización orientada a desestimar el uso de cebos tóxicos. Allí se entregaron kits de intervención de urgencia ante casos de envenenamiento, que están destinados a las 14 provincias donde habita el cóndor andino para trabajar bajo protocolos de bioseguridad, facilitando la toma de muestras para estudios científicos y acciones legales y permitiendo sanear las zonas donde se haya cometido envenenamiento.
En relación a este equipamiento, la subsecretaria nacional detalló: “Este kit, que se entrega a la autoridad ambiental provincial, está compuesto por elementos de bioseguridad para el personal que trabaja a campo ante la detección de estos casos. También contiene elementos para la toma de muestras y posterior realización de análisis toxicológicos; es un equipamiento para documentar los hallazgos y poder diseñar políticas públicas en la materia. Entre ellos, GPS para georeferenciar lo que se encuentra a campo y cámaras de fotos especiales”.
La Estrategia Nacional Contra el Uso de Cebos Tóxicos está orientada a la elaboración de una guía de buenas prácticas sobre el cuidado de la fauna local y parte de la construcción participativa de las instituciones protagónicas involucradas en esta problemática. Las acciones previstas se sustentan en cinco pilares fundamentales: campañas educativas, encuestas a pobladores rurales, talleres de capacitación, entrega de kits de urgencia y estudios de toxicología.
Estuvieron presentes, además, autoridades de Gendarmería Nacional, Policía Rural, ONG, referentes académicos y guardaparques.
Por su parte, mañana se realizará una jornada de capacitación sobre el cóndor andino y la problemática del uso de cebos tóxicos. En ese contexto, Luis Jácome, de la Fundación Bioandina, presentará el Programa Conservación del Cóndor Andino —que contempla la rehabilitación de ejemplares de esta especie y su posterior liberación al entorno natural—, y abordará las principales amenazas que afectan al animal, en particular el impacto negativo que sufre derivado del uso de cebos tóxicos.
Asimismo, representantes la Secretaría de Ambiente de Mendoza expondrán sobre el “caso Los Molles”, en relación al hallazgo de 34 cóndores muertos por envenenamiento en la localidad mendocina de Malargüe, en enero de 2018.
Durante la jornada, Rayén Estrada Pacheco, de la Fundación Bioandina, hablará sobre la problemática del uso de cebos tóxicos para la vida silvestre y la salud humana, y, luego, sobre los protocolos de actuación ante casos de envenenamiento por la utilización de estos productos.
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Fecha de Publicación: 19/06/2019
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación junto a la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial de Mendoza y la Fundación Bioandina Argentina presentaron la Estrategia Nacional Contra el Uso de Cebos Tóxicos, en el marco de un trabajo articulado para preservar al cóndor, ave emblemática y especie clave en el equilibrio del ecosistema andino.
En representación de la Secretaría de Ambiente de la Nación, que conduce Sergio Bergman, estuvieron presentes Mariela Chervin, subsecretaria Interjurisdiccional e Interinstitucional, y Catalina Caillet-Bois, directora de Educación Ambiental. “Estamos en Mendoza, en el lanzamiento de esta estrategia, que trabajamos desde nuestra Secretaría junto con la Fundación Bioandina, con la Secretaría de Ambiente provincial y con cada una de las 14 provincias que tienen distribución del cóndor en nuestro país. Estamos inaugurando una muestra participativa de concientización, junto con un taller con actores locales donde apuntamos a construir el contenido de la estrategia y del protocolo de actuación ante casos de envenenamiento”, detalló Chervin en relación a esta iniciativa de preservación y conservación.
La muestra mencionada es una exposición científica, cultural y educativa sobre el Programa Conservación del Cóndor Andino que se realiza en el Museo de la Educación de Mendoza, como parte de una campaña de concientización orientada a desestimar el uso de cebos tóxicos. Allí se entregaron kits de intervención de urgencia ante casos de envenenamiento, que están destinados a las 14 provincias donde habita el cóndor andino para trabajar bajo protocolos de bioseguridad, facilitando la toma de muestras para estudios científicos y acciones legales y permitiendo sanear las zonas donde se haya cometido envenenamiento.
En relación a este equipamiento, la subsecretaria nacional detalló: “Este kit, que se entrega a la autoridad ambiental provincial, está compuesto por elementos de bioseguridad para el personal que trabaja a campo ante la detección de estos casos. También contiene elementos para la toma de muestras y posterior realización de análisis toxicológicos; es un equipamiento para documentar los hallazgos y poder diseñar políticas públicas en la materia. Entre ellos, GPS para georeferenciar lo que se encuentra a campo y cámaras de fotos especiales”.
La Estrategia Nacional Contra el Uso de Cebos Tóxicos está orientada a la elaboración de una guía de buenas prácticas sobre el cuidado de la fauna local y parte de la construcción participativa de las instituciones protagónicas involucradas en esta problemática. Las acciones previstas se sustentan en cinco pilares fundamentales: campañas educativas, encuestas a pobladores rurales, talleres de capacitación, entrega de kits de urgencia y estudios de toxicología.
Estuvieron presentes, además, autoridades de Gendarmería Nacional, Policía Rural, ONG, referentes académicos y guardaparques.
Por su parte, mañana se realizará una jornada de capacitación sobre el cóndor andino y la problemática del uso de cebos tóxicos. En ese contexto, Luis Jácome, de la Fundación Bioandina, presentará el Programa Conservación del Cóndor Andino —que contempla la rehabilitación de ejemplares de esta especie y su posterior liberación al entorno natural—, y abordará las principales amenazas que afectan al animal, en particular el impacto negativo que sufre derivado del uso de cebos tóxicos.
Asimismo, representantes la Secretaría de Ambiente de Mendoza expondrán sobre el “caso Los Molles”, en relación al hallazgo de 34 cóndores muertos por envenenamiento en la localidad mendocina de Malargüe, en enero de 2018.
Durante la jornada, Rayén Estrada Pacheco, de la Fundación Bioandina, hablará sobre la problemática del uso de cebos tóxicos para la vida silvestre y la salud humana, y, luego, sobre los protocolos de actuación ante casos de envenenamiento por la utilización de estos productos.
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Riachuelo: prorrogarían la emergencia social
Promueven en la Legislatura una prórroga a la emergencia social de la Cuenta Matanza Riachuelo
Fecha de Publicación: 19/06/2019
Fuente: Grupo La Provincia
Provincia/Región: Riachuelo
Los bloques de Vamos Juntos y Evolución de la Legislatura presentaron sendos proyectos para prorrogar la vigencia de la ley que declaró la emergencia social, urbanística, ambiental y sanitaria de la Cuenca Matanza Riachuelo en la Ciudad, que fue aprobada en 2011 para "asegurar un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano" en esa zona del sur capitalino.
Las iniciativas fueron elaboradas por la legisladora Mercedes De las Casas, del oficialismo; y Patricia Vischi, de Evolución, y promueven la extensión de la ley por cinco y tres años, respectivamente; al tiempo que estipulan una serie de modificaciones respecto del artículo de la norma que obliga informar en la Legislatura por el estado de situación de la Cuenca.
La ley 3947 fijó las acciones que debía llevar adelante la Ciudad tendientes a asegurar el cumplimiento de las metas contempladas en el Plan Integral de Saneamiento Ambiental, acordado en el ámbito de la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (ACuMaR).
En su aprobación inicial, contemplaba cinco años de vigencia de la emergencia, en tanto que en 2016 se aprobó en la Legislatura una prórroga por tres años más, lo que caducará en septiembre próximo, por lo cual se planteó una nueva extensión hasta 2022.
Al respecto, la legisladora De las Casas indicó que "corresponde propiciar su prórroga una vez más, toda vez que el proceso de saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo aún no ha concluido, sin perjuicio de evidenciarse un gran avance".
Por su parte, Vischi sostuvo que "es indudable que se han realizado obras luego de estos ocho años de trabajo para la recuperación de la calidad de vida de los vecinos lindantes con la Cuenca. Pero la difícil situación inicial impidió dar por cumplido los objetivos marcados por la legislación, por lo que es menester dar un nuevo tiempo prudencial para poder dar por concluidas las tareas".
En tanto, los dos proyectos que serán debatidos por la Comisión de Ambiente de la Legislatura contemplan una serie de cambios a la redacción del artículo 7 de la ley de emergencia, el que establece la realización de una reunión anual en la Legislatura para que el Ejecutivo porteño dé detalles del estado de situación de la Cuenca.
En ese marco, la propuesta de Vischi agrega que, además de la reunión, el Ejecutivo deba enviar "con al menos 30 días de antelación un cuadro sintético de los avances obtenidos en la mejora de la calidad de vida de la población afectada".
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Fecha de Publicación: 19/06/2019
Fuente: Grupo La Provincia
Provincia/Región: Riachuelo
Los bloques de Vamos Juntos y Evolución de la Legislatura presentaron sendos proyectos para prorrogar la vigencia de la ley que declaró la emergencia social, urbanística, ambiental y sanitaria de la Cuenca Matanza Riachuelo en la Ciudad, que fue aprobada en 2011 para "asegurar un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano" en esa zona del sur capitalino.
Las iniciativas fueron elaboradas por la legisladora Mercedes De las Casas, del oficialismo; y Patricia Vischi, de Evolución, y promueven la extensión de la ley por cinco y tres años, respectivamente; al tiempo que estipulan una serie de modificaciones respecto del artículo de la norma que obliga informar en la Legislatura por el estado de situación de la Cuenca.
La ley 3947 fijó las acciones que debía llevar adelante la Ciudad tendientes a asegurar el cumplimiento de las metas contempladas en el Plan Integral de Saneamiento Ambiental, acordado en el ámbito de la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (ACuMaR).
En su aprobación inicial, contemplaba cinco años de vigencia de la emergencia, en tanto que en 2016 se aprobó en la Legislatura una prórroga por tres años más, lo que caducará en septiembre próximo, por lo cual se planteó una nueva extensión hasta 2022.
Al respecto, la legisladora De las Casas indicó que "corresponde propiciar su prórroga una vez más, toda vez que el proceso de saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo aún no ha concluido, sin perjuicio de evidenciarse un gran avance".
Por su parte, Vischi sostuvo que "es indudable que se han realizado obras luego de estos ocho años de trabajo para la recuperación de la calidad de vida de los vecinos lindantes con la Cuenca. Pero la difícil situación inicial impidió dar por cumplido los objetivos marcados por la legislación, por lo que es menester dar un nuevo tiempo prudencial para poder dar por concluidas las tareas".
En tanto, los dos proyectos que serán debatidos por la Comisión de Ambiente de la Legislatura contemplan una serie de cambios a la redacción del artículo 7 de la ley de emergencia, el que establece la realización de una reunión anual en la Legislatura para que el Ejecutivo porteño dé detalles del estado de situación de la Cuenca.
En ese marco, la propuesta de Vischi agrega que, además de la reunión, el Ejecutivo deba enviar "con al menos 30 días de antelación un cuadro sintético de los avances obtenidos en la mejora de la calidad de vida de la población afectada".
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Contaminación y vulnerabilidad en el conurbano
Conurbano sur: contaminación hídrica y vulnerabilidad social
Fecha de Publicación: 18/06/2019
Fuente: InfoBAE
Provincia/Región: Buenos Aires
En el marco del Programa de Estudios en Ambiente y Territorio (PEAT), creado con el objetivo de generar un impacto en la comunidad, la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ) busca fortalecer el trabajo de los vecinos, los municipios y las industrias para una gestión sustentable del recurso hídrico en la cuenca del arroyo Las Conchitas, cuya jurisdicción es compartida por Florencio Varela y Berazategui. El equipo de investigación es conducido por Alejandro Crojethovich, doctor en Ciencias Biológicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) que cuenta además con un Ph. D. en Ecología y Medio Ambiente de la Universidad Complutense de Madrid.
Al referirse a las características de Las Conchitas, este investigador aclara que se trata de "un arroyo de llanura, que no tiene un escurrimiento de agua muy poderoso y al que le cuesta depurarse", al tiempo que puntualiza que la contaminación del arroyo "depende de los usos del suelo y varía entre la cuenca alta, donde las condiciones ambientales son mejores, y la cuenca media y baja, donde empieza a haber usos industriales y la contaminación es mucho más marcada". Respecto de la vulnerabilidad social, Crojethovich señala: "Una mala calidad del agua y la presencia de población con un bajo nivel socioeconómico, instalada cerca del arroyo, permite extraer conclusiones respecto de la mayor vulnerabilidad frente a su crecida o en lo que se refiere al contacto de población local con el agua del arroyo, que se filtra a las napas y, en definitiva, va a parar a las canillas". "Toda esa conjunción crea una situación de vulnerabilidad frente a los recursos contaminados", añade.
En cuanto al trabajo de campo, una integrante del equipo de investigación, Clarisa Cánepa, estudiante de la Lienciatura en Gestión Ambiental de la UNAJ y becaria del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), explica que han venido realizando un seguimiento mediante un sistema de información geográfica (SIG) y mediante la toma de muestras en el campo cada 50 días. "Para determinar la calidad del agua ?explica? se medieron varios parámetros, entre ellos el oxígeno disuelto, la acidez (pH) y la demanda química de oxígeno (DQO)".
Al analizar el impacto del cambio climático, Crojethovich señala: "Los sistemas urbanos van a ser más golpeados por los efectos del cambio climático: desbordes de agua del arroyo, inundaciones que invaden las casas y enfermedades hídricas por contaminación industrial. Todo ese se va a ir exacerbando. El cambio climático es inevitable, pero cuanto más resiliente sea la sociedad, el golpe será menor y la adaptabilidad mayor". En ese sentido, advierte: "Si se logra organizar en el territorio a los actores sociales, se puede prever que frente a un brusco cambio climático, la población tenga más resiliencia y pueda enfrenta mejor esos cambios".
"Estamos evaluando cómo diferentes actores sociales que utilizan el agua, como son las industrias, los municipios y la propia población, se pueden organizar para lograr que haya una gestión más sustentable del recurso, pensando, además, que se encuentran en una zona que en el mediano y largo plazo va ser fuertemente impactada por el cambio climático", añade. En concreto, se están organizando talleres con la población, se están iniciando conversaciones con distintas cámaras empresarias locales y, a partir de un programa de pasantías implementado por el Municipio de Florencio Varela, dos alumnos de la UNAJ se han incroporado como inspectores municipales.
El objetivo final es, tal como destaca Crojethovich, que esta cuenca "se convierta, a nivel del Conurbano, en una prueba piloto donde haya un monitoreo constante y se pueda ir evaluando cómo evoluciona la relación entre los distintos actores". "La Universidad es la catalizadora de ese proceso de reunir a los actores que intervienen en el territorio para que trabajen juntos y puedan consensuar pautas para la gestión de los recursos hídricos", concluye.
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Ya hay dos proyectos para modificar la ley 7.722
La Legislatura analiza dos proyectos para actualizar la ley 7.722
Fecha de Publicación: 18/06/2019
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
El primero trata sobre la creación de los Parques Industriales Mineros Controlados, y el segundo sobre la modificación misma de la norma.
La tan aclamada “Ley del agua”, militada por quienes se decían protectores del medio ambiente, demostró no haber cumplido con el fin esperado por la misma norma dado que aquel supuesto control que debía ejercer dicho cuerpo normativo sobre la actividad minera metalífera en la Provincia de Mendoza nunca llegó a efectivizarse.
Desde la sanción de la ley 7.722, en 2007, ningún proyecto minero ha sido aprobado en la Legislatura de la Provincia. Con este antecedente se confirma aquel argumento tan negado por los detractores de la minería de que ésta no era una ley anti-minera, sino que el objeto de la misma era controlar a la actividad y cuidar el medio ambiente.
El actual artículo 3 de la ley 7.722 pone como exigencia que los proyectos mineros metalíferos que hayan obtenido la correspondiente Declaración de Impacto Ambiental (DIA), deban ser ratificados por ley. Lo cierto es que desde la sanción de dicha ley, el fin para lo cual la mencionada norma fue sancionada, nunca llegó a cumplirse dado que, desde entonces, ningún proyecto ha pasado el filtro de la Legislatura, convirtiendo a aquella ratificación, en un mero embudo partidista de la política mendocina.
En el transcurso de estos 11 años, desde la sanción de aquella ley, se ha dictado una serie de normas que sí tendieron a proteger el patrimonio medioambiental de los mendocinos y con herramientas que permitieron abordar a la minería dentro de un desarrollo sustentable para el territorio.
Ejemplo de ello fueron: la Ley de Glaciares y su Inventario; la aprobación e implementación del Plan Provincial de Ordenamiento Territorial; la firma del Nuevo Pacto Federal Minero; y la elaboración de la Política de Desarrollo para la Actividad Minera de la Provincia de Mendoza. Todas ellas en la actualidad nos llevan a afirmar que ahora sí contamos con herramientas eficaces que otorgan la posibilidad de definir para cada caso qué tipo de actividad puede realizarse, dónde, y cómo controlarla.
Por esos motivos, y por el hecho de que no existe ningún procedimiento de ninguna industria nacional que requiera de una ratificación legislativa a una autorización ambiental previamente otorgada por los organismos técnicos correspondientes -excepto la actividad minera metalífera de Mendoza-, es que en la Legislatura Provincial se están tratando dos proyectos sobre legislación ambiental minera de modo de actualizar aquella ley 7.722 a los tiempos que corren. El primero trata sobre la creación de los Parques Industriales Mineros Controlados, y el segundo sobre la modificación misma de la ley 7.722.
Ambos proyectos remplazan aquella ratificación legislativa de las DIA de Proyectos de Prospección, Exploración, Explotación y/o Industrialización de Minerales Metalíferos, por la creación de una Comisión Legislativa compuesta por ambas Cámaras, de seguimiento y control de las actividades mineras.
Resulta razonable y dentro de sus competencias otorgar al órgano legislativo su función de control y no continuar otorgándole aquella facultad prohibitiva de una actividad, puesto que, como toda actividad industrial específica, necesita del análisis técnico de especialistas que avalen y autoricen o no, un determinado proyecto minero.
La DIA técnicamente es un acto administrativo dictado por un órgano técnico que pone fin al proceso de evaluación de impacto ambiental, cuya voluntad exteriorizada a través de una autorización, debe contener necesariamente una decisión fundada y ser susceptible de la vía recursiva, conforme al derecho humano fundamental de una efectiva tutela judicial (artículo 25 Convención Americana sobre Derechos Humanos); y que sólo compete a la autoridad administrativa competente (en este caso del Poder Ejecutivo a través de sus órganos técnicos), propio de la División de Poderes reconocido constitucionalmente. Sin embargo, con la actual ley 7.722 no sólo no se permite la posibilidad de recurrir una decisión que rechace -no ratifique- un proyecto determinado; sino que además avanza sobre poderes específicos otorgados a otros órganos constitucionales.
A este principio de separación de poderes la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 310:120. 1987) ha dicho que no sólo ha sido dispuesto para controlar al poder, sino que también responde a una necesaria especialización que deben tener los órganos del poder para lograr la óptima gestión de los intereses públicos.
Justamente en base al principio republicano de gobierno entendemos que resulta razonable remplazar aquella ratificación legislativa por un efectivo control ejercido por el Poder Legislativo, a través de la constitución de una Comisión Bicameral, que pueda controlar y darle seguimiento a los proyectos mineros metalíferos en la Provincia, ya que aquella ratificación no sólo ha demostrado ser una herramienta ineficaz y obstructiva, sino que además ha superado ampliamente las facultades constitucionales otorgadas a la Legislatura Provincial.
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Fecha de Publicación: 18/06/2019
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
El primero trata sobre la creación de los Parques Industriales Mineros Controlados, y el segundo sobre la modificación misma de la norma.
La tan aclamada “Ley del agua”, militada por quienes se decían protectores del medio ambiente, demostró no haber cumplido con el fin esperado por la misma norma dado que aquel supuesto control que debía ejercer dicho cuerpo normativo sobre la actividad minera metalífera en la Provincia de Mendoza nunca llegó a efectivizarse.
Desde la sanción de la ley 7.722, en 2007, ningún proyecto minero ha sido aprobado en la Legislatura de la Provincia. Con este antecedente se confirma aquel argumento tan negado por los detractores de la minería de que ésta no era una ley anti-minera, sino que el objeto de la misma era controlar a la actividad y cuidar el medio ambiente.
El actual artículo 3 de la ley 7.722 pone como exigencia que los proyectos mineros metalíferos que hayan obtenido la correspondiente Declaración de Impacto Ambiental (DIA), deban ser ratificados por ley. Lo cierto es que desde la sanción de dicha ley, el fin para lo cual la mencionada norma fue sancionada, nunca llegó a cumplirse dado que, desde entonces, ningún proyecto ha pasado el filtro de la Legislatura, convirtiendo a aquella ratificación, en un mero embudo partidista de la política mendocina.
En el transcurso de estos 11 años, desde la sanción de aquella ley, se ha dictado una serie de normas que sí tendieron a proteger el patrimonio medioambiental de los mendocinos y con herramientas que permitieron abordar a la minería dentro de un desarrollo sustentable para el territorio.
Ejemplo de ello fueron: la Ley de Glaciares y su Inventario; la aprobación e implementación del Plan Provincial de Ordenamiento Territorial; la firma del Nuevo Pacto Federal Minero; y la elaboración de la Política de Desarrollo para la Actividad Minera de la Provincia de Mendoza. Todas ellas en la actualidad nos llevan a afirmar que ahora sí contamos con herramientas eficaces que otorgan la posibilidad de definir para cada caso qué tipo de actividad puede realizarse, dónde, y cómo controlarla.
Por esos motivos, y por el hecho de que no existe ningún procedimiento de ninguna industria nacional que requiera de una ratificación legislativa a una autorización ambiental previamente otorgada por los organismos técnicos correspondientes -excepto la actividad minera metalífera de Mendoza-, es que en la Legislatura Provincial se están tratando dos proyectos sobre legislación ambiental minera de modo de actualizar aquella ley 7.722 a los tiempos que corren. El primero trata sobre la creación de los Parques Industriales Mineros Controlados, y el segundo sobre la modificación misma de la ley 7.722.
Ambos proyectos remplazan aquella ratificación legislativa de las DIA de Proyectos de Prospección, Exploración, Explotación y/o Industrialización de Minerales Metalíferos, por la creación de una Comisión Legislativa compuesta por ambas Cámaras, de seguimiento y control de las actividades mineras.
Resulta razonable y dentro de sus competencias otorgar al órgano legislativo su función de control y no continuar otorgándole aquella facultad prohibitiva de una actividad, puesto que, como toda actividad industrial específica, necesita del análisis técnico de especialistas que avalen y autoricen o no, un determinado proyecto minero.
La DIA técnicamente es un acto administrativo dictado por un órgano técnico que pone fin al proceso de evaluación de impacto ambiental, cuya voluntad exteriorizada a través de una autorización, debe contener necesariamente una decisión fundada y ser susceptible de la vía recursiva, conforme al derecho humano fundamental de una efectiva tutela judicial (artículo 25 Convención Americana sobre Derechos Humanos); y que sólo compete a la autoridad administrativa competente (en este caso del Poder Ejecutivo a través de sus órganos técnicos), propio de la División de Poderes reconocido constitucionalmente. Sin embargo, con la actual ley 7.722 no sólo no se permite la posibilidad de recurrir una decisión que rechace -no ratifique- un proyecto determinado; sino que además avanza sobre poderes específicos otorgados a otros órganos constitucionales.
A este principio de separación de poderes la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 310:120. 1987) ha dicho que no sólo ha sido dispuesto para controlar al poder, sino que también responde a una necesaria especialización que deben tener los órganos del poder para lograr la óptima gestión de los intereses públicos.
Justamente en base al principio republicano de gobierno entendemos que resulta razonable remplazar aquella ratificación legislativa por un efectivo control ejercido por el Poder Legislativo, a través de la constitución de una Comisión Bicameral, que pueda controlar y darle seguimiento a los proyectos mineros metalíferos en la Provincia, ya que aquella ratificación no sólo ha demostrado ser una herramienta ineficaz y obstructiva, sino que además ha superado ampliamente las facultades constitucionales otorgadas a la Legislatura Provincial.
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Entre Ríos: Bordet quiere modificar normativa de fumigaciones
Agroquímicos: el decreto que prepara el Gobierno sobre fumigaciones diferenciaría tipos de cultivo
Fecha de Publicación: 18/06/2019
Fuente: APFDigital
Provincia/Región: Entre Ríos
Lo adelantó el propio gobernador Gustavo Bordet en declaraciones a APFDigital
Dijo que trabajan con otros organismos para buscar “una lógica diferente a la establecida en el fallo judicial que, entiendo, no es la correcta”
Se manifestó a favor de dejar de lado los “límites excluyentes” y precisó que “hay que hacer un análisis por tipo de cultivo y tipo de establecimiento escolar”
Desde que la Justicia provincial rechazó el decreto sobre fumigaciones con agroquímicos cerca de escuelas rurales y dejó en pie las distancias de 3000 y 1000 metros para aspersiones aéreas y terrestres establecidas en el fallo del juez Oscar Benedetto, el Gobierno provincial trabaja en un nuevo decreto.
“Venimos muy adelantados; tengo previsto reunirme ahora más tarde con el Fiscal de Estado y el Secretario de Producción que vienen trabajando con ambas partes y también con la universidad”, precisó Gustavo Bordet.
Luego adelantó por qué camino está avanzando el Gobierno: “Estamos encontrando una lógica diferente a la establecida en el fallo judicial que entiendo, no es la correcta, de tomar limites excluyentes; sino que hay que hacer un análisis por tipo de cultivo y tipo de establecimiento educativo y escolar. Hay que hacer un análisis puntual y determinado”, señaló Bordet y se manifestó “optimista en poder encontrar una norma que contemple las posiciones centrales de todas las partes y que sea efectiva y que se pueda llevar adelante manteniendo nuestro sistema productivo sin afectar la salud”, afirmó ante la consulta de esta Agencia.
Sostuvo luego que se trabaja en pos de los consensos “para confluir en un marco que tiene que ser además de un decreto una ley, que se genere una discusión en el Poder Legislativo que posibilite darle una fuerza legal”, expresó el mandatario.
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Fecha de Publicación: 18/06/2019
Fuente: APFDigital
Provincia/Región: Entre Ríos
Lo adelantó el propio gobernador Gustavo Bordet en declaraciones a APFDigital
Dijo que trabajan con otros organismos para buscar “una lógica diferente a la establecida en el fallo judicial que, entiendo, no es la correcta”
Se manifestó a favor de dejar de lado los “límites excluyentes” y precisó que “hay que hacer un análisis por tipo de cultivo y tipo de establecimiento escolar”
Desde que la Justicia provincial rechazó el decreto sobre fumigaciones con agroquímicos cerca de escuelas rurales y dejó en pie las distancias de 3000 y 1000 metros para aspersiones aéreas y terrestres establecidas en el fallo del juez Oscar Benedetto, el Gobierno provincial trabaja en un nuevo decreto.
“Venimos muy adelantados; tengo previsto reunirme ahora más tarde con el Fiscal de Estado y el Secretario de Producción que vienen trabajando con ambas partes y también con la universidad”, precisó Gustavo Bordet.
Luego adelantó por qué camino está avanzando el Gobierno: “Estamos encontrando una lógica diferente a la establecida en el fallo judicial que entiendo, no es la correcta, de tomar limites excluyentes; sino que hay que hacer un análisis por tipo de cultivo y tipo de establecimiento educativo y escolar. Hay que hacer un análisis puntual y determinado”, señaló Bordet y se manifestó “optimista en poder encontrar una norma que contemple las posiciones centrales de todas las partes y que sea efectiva y que se pueda llevar adelante manteniendo nuestro sistema productivo sin afectar la salud”, afirmó ante la consulta de esta Agencia.
Sostuvo luego que se trabaja en pos de los consensos “para confluir en un marco que tiene que ser además de un decreto una ley, que se genere una discusión en el Poder Legislativo que posibilite darle una fuerza legal”, expresó el mandatario.
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Parque eólico de Jaramillo entró en operaciones
El mayor parque eólico del país entró en operaciones y produce energía para 100.000 hogares
Fecha de Publicación: 17/06/2019
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional - Santa Cruz
Ayer quedó inaugurado el parque eólico con mayor potencia instalada del país, de 126 MW, en Jaramillo, a 100 kilómetros de Pico Truncado, en Santa Cruz. Se trata del Bicentenario, construido por la empresa PCR con una inversión de US$200 millones, tras ser adjudicado por la Secretaría de Energía a través del programa RenovAr 1.5.
El parque cuenta con 35 aerogeneradores Vestas V117, a lo largo de un predio de 2455 héctareas, y fue construido por 200 trabajadores en 18 meses. Generará 620.000 MW/h al año con los que se alimentará de energía renovable a 100.000 hogares del país y a Acindar, la compañía con la cual la empresa PCR suscribió a un contrato en el mercado a término (Mater). Según indicaron, este proyecto contribuirá a reducir la emisión de 250.000 toneladas de dióxido de carbono por año.
Por otro lado, PCR se encuentra en plena construcción de otros dos parques eólicos: San Jorge y El Mataco, por un total de 100 MW cada uno, correspondientes al programa Renovar 2. Ambos están ubicados en Tornquist, provincia de Buenos Aires, y tendrán una inversión total de US$300 millones.
El acto de ayer fue encabezado por Martin Fernando Brandi, presidente de PCR, y contó con la presencia la senadora María Belén Tapia, los intendentes de Puerto Deseado y Pico Truncado, otras autoridades nacionales, provinciales y municipales, como así también representantes de entidades financieras y bancos internacionales.
"Es un sueño hecho realidad; nuestro interés por las energías renovables está previsto en el planeamiento estratégico de los accionistas de PCR desde 1999", señaló Brandi. "Los lineamientos de la ley 27.191, su reglamentación con un marco modelo y el impulso del programa RenovAr fueron la clave para avanzar definitivamente en este rumbo", agregó.
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Fecha de Publicación: 17/06/2019
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional - Santa Cruz
Ayer quedó inaugurado el parque eólico con mayor potencia instalada del país, de 126 MW, en Jaramillo, a 100 kilómetros de Pico Truncado, en Santa Cruz. Se trata del Bicentenario, construido por la empresa PCR con una inversión de US$200 millones, tras ser adjudicado por la Secretaría de Energía a través del programa RenovAr 1.5.
El parque cuenta con 35 aerogeneradores Vestas V117, a lo largo de un predio de 2455 héctareas, y fue construido por 200 trabajadores en 18 meses. Generará 620.000 MW/h al año con los que se alimentará de energía renovable a 100.000 hogares del país y a Acindar, la compañía con la cual la empresa PCR suscribió a un contrato en el mercado a término (Mater). Según indicaron, este proyecto contribuirá a reducir la emisión de 250.000 toneladas de dióxido de carbono por año.
Por otro lado, PCR se encuentra en plena construcción de otros dos parques eólicos: San Jorge y El Mataco, por un total de 100 MW cada uno, correspondientes al programa Renovar 2. Ambos están ubicados en Tornquist, provincia de Buenos Aires, y tendrán una inversión total de US$300 millones.
El acto de ayer fue encabezado por Martin Fernando Brandi, presidente de PCR, y contó con la presencia la senadora María Belén Tapia, los intendentes de Puerto Deseado y Pico Truncado, otras autoridades nacionales, provinciales y municipales, como así también representantes de entidades financieras y bancos internacionales.
"Es un sueño hecho realidad; nuestro interés por las energías renovables está previsto en el planeamiento estratégico de los accionistas de PCR desde 1999", señaló Brandi. "Los lineamientos de la ley 27.191, su reglamentación con un marco modelo y el impulso del programa RenovAr fueron la clave para avanzar definitivamente en este rumbo", agregó.
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Ley forestal: la actividad afectaría áreas de diversidad
Aves Argentinas pidió revisar ley forestal para proteger pastizales y humedales
Fecha de Publicación: 17/06/2019
Fuente: Diario El Comercial
Provincia/Región: Nacional
La ONG “Aves Argentinas” pidió la revisión de la Ley 25.080 y sus criterios ambientales para forestaciones en áreas naturales de pastizales y humedales.
Sostiene que la intensificación y aumento de la actividad forestal en la región NEA, en especial en Corrientes, afectaría áreas de diversidad de aves, entre ellas poblaciones remanentes de especies en peligro de extinción.
En un crítico y controvertido documento, Aves Argentinas dejó expresado la posición institucional de la organización respecto la reciente prórroga y modificación de la Ley 25.080 de Inversiones para los bosques cultivados (Boletín Oficial N°34027 del 4 de enero de 2019), junto con la opinión sobre la presentación por parte del gobierno nacional del Programa ForestAR 2030.
“Habiendo analizado la documentación que oportunamente se puso a nuestra consideración, planteamos una serie de preocupaciones y recomendaciones que contribuyan a garantizar la conservación de la biodiversidad en pastizales y humedales en convivencia con plantaciones forestales (pino y eucalipto) en el Noreste de la Argentina”, señalaron en el documento que desde Aves Argentinas(Asociación Ornitológica del Plata) dieron a difusión en la última semana a través de su sitio oficial y redes sociales, y reproducida por Argentina Forestal.
Del documento se desprende que su preocupación está focalizada principalmente en el crecimiento forestal de la provincia de Corrientes, y entre las observaciones de importancia marcaron que “hay que asegurar en las Evaluaciones Ambientales Estratégicas (EAE) la conservación de la biodiversidad con la creación de áreas protegidas y corredores biológicos significativos dentro de las cuencas forestales designadas por la Ley 25.080”.
De esta forma, desde Aves Argentinas expusieron preocupaciones ambientales ante el crecimiento de las forestaciones en Corrientes y proponen recomendaciones ambientales para incorporar en la Ley Nacional 25.080 de promoción forestal.
La organización conformada por profesionales biólogos, agrónomos y naturalista, decidió acompañar la difusión de su documento con un audiovisual en el que, en su mensaje, más que recomendaciones hacen aseveraciones de “daños ambientales” que se estarían generando sobre ecosistemas y especies de aves en la actualidad consecuencia del incremento de las forestaciones y, responsabilizando además por ello, al sistema nacional de promoción forestal, ya que fue la herramienta que permitió esta extensión de plantaciones en propiedades privadas y reservas del Iberá con áreas naturales de campos de pastizales y humedales.
Con el documento difundido, colocan en agenda forestal correntina el planteo de revisión de proyectos privados que fueron aprobados por el gobierno de la provincia dentro de la Reserva Iberá, por ejemplo, en el que consideran” tienen un ecosistema y diversidad que se debiera preservar por sobre las reconversión a forestaciones de pino o eucalipto”.
Sin embargo, este crítico documento institucional con tales preocupaciones aún no habría sido presentado formalmente a las autoridades provinciales. En una entrevista con ArgentinaForestal.com, el director de Recursos Forestales del Ministerio de Producción de Corrientes, Roberto Rojas, explicó que: “Hemos tomado conocimiento de esta preocupación por medios informales, pero en nuestra Dirección aún no han presentado ninguna nota para revisar alguna inquietud”.
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Fecha de Publicación: 17/06/2019
Fuente: Diario El Comercial
Provincia/Región: Nacional
La ONG “Aves Argentinas” pidió la revisión de la Ley 25.080 y sus criterios ambientales para forestaciones en áreas naturales de pastizales y humedales.
Sostiene que la intensificación y aumento de la actividad forestal en la región NEA, en especial en Corrientes, afectaría áreas de diversidad de aves, entre ellas poblaciones remanentes de especies en peligro de extinción.
En un crítico y controvertido documento, Aves Argentinas dejó expresado la posición institucional de la organización respecto la reciente prórroga y modificación de la Ley 25.080 de Inversiones para los bosques cultivados (Boletín Oficial N°34027 del 4 de enero de 2019), junto con la opinión sobre la presentación por parte del gobierno nacional del Programa ForestAR 2030.
“Habiendo analizado la documentación que oportunamente se puso a nuestra consideración, planteamos una serie de preocupaciones y recomendaciones que contribuyan a garantizar la conservación de la biodiversidad en pastizales y humedales en convivencia con plantaciones forestales (pino y eucalipto) en el Noreste de la Argentina”, señalaron en el documento que desde Aves Argentinas(Asociación Ornitológica del Plata) dieron a difusión en la última semana a través de su sitio oficial y redes sociales, y reproducida por Argentina Forestal.
Del documento se desprende que su preocupación está focalizada principalmente en el crecimiento forestal de la provincia de Corrientes, y entre las observaciones de importancia marcaron que “hay que asegurar en las Evaluaciones Ambientales Estratégicas (EAE) la conservación de la biodiversidad con la creación de áreas protegidas y corredores biológicos significativos dentro de las cuencas forestales designadas por la Ley 25.080”.
De esta forma, desde Aves Argentinas expusieron preocupaciones ambientales ante el crecimiento de las forestaciones en Corrientes y proponen recomendaciones ambientales para incorporar en la Ley Nacional 25.080 de promoción forestal.
La organización conformada por profesionales biólogos, agrónomos y naturalista, decidió acompañar la difusión de su documento con un audiovisual en el que, en su mensaje, más que recomendaciones hacen aseveraciones de “daños ambientales” que se estarían generando sobre ecosistemas y especies de aves en la actualidad consecuencia del incremento de las forestaciones y, responsabilizando además por ello, al sistema nacional de promoción forestal, ya que fue la herramienta que permitió esta extensión de plantaciones en propiedades privadas y reservas del Iberá con áreas naturales de campos de pastizales y humedales.
Con el documento difundido, colocan en agenda forestal correntina el planteo de revisión de proyectos privados que fueron aprobados por el gobierno de la provincia dentro de la Reserva Iberá, por ejemplo, en el que consideran” tienen un ecosistema y diversidad que se debiera preservar por sobre las reconversión a forestaciones de pino o eucalipto”.
Sin embargo, este crítico documento institucional con tales preocupaciones aún no habría sido presentado formalmente a las autoridades provinciales. En una entrevista con ArgentinaForestal.com, el director de Recursos Forestales del Ministerio de Producción de Corrientes, Roberto Rojas, explicó que: “Hemos tomado conocimiento de esta preocupación por medios informales, pero en nuestra Dirección aún no han presentado ninguna nota para revisar alguna inquietud”.
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Salta: empresarios contra ley de glaciares
Advertencia empresarial sobre la ley de glaciares
Fecha de Publicación: 17/06/2019
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta
El fallo de la Corte Suprema que ratificó la constitucionalidad de la ley de glaciares sigue trayendo cola. El presidente de la Cámara de Minería de Salta, Facundo Huidobro, sostuvo que esa resolución judicial "desalienta la inversión en exploración" para nuevos proyectos mineros.
Aunque Salta no tiene ninguna cantera que afecte la normativa nacional, como sí ocurre en otras seis provincias, la declaración de Huidobro apunta a una preocupación sectorial referida a que los inversores, que son extranjeros en este rubro, necesitan certidumbres muy concretas y garantías legales para iniciar algún emprendimiento de explotación de los recursos minerales.
"A pesar de que el fallo refiere a la provincia de San Juan y a Barrick Gold, para los inversores Argentina es una sola región", precisó el dirigente empresarial.
La decisión del máximo tribunal de Justicia del país, que se conoció la semana pasada, marcó el final de un planteo iniciado en 2011 por la multinacional Barrick Gold, que opera los yacimientos sanjuaninos Pascua Lama y Veladero. La minera alertaba que los límites que fija la legislación ambiental para proteger las áreas de glaciares y periglaciares prácticamente la deja sin muchas chances de producir.
Tras la sentencia de la Corte, que fue unánime, 44 proyectos mineros (ubicados en Santa Cruz, Chubut, Mendoza, San Juan, La Rioja y Catamarca) quedaron por fuera de la ley de glaciares y deberán replantear su explotación. La mayoría de ellos aún están en etapa de estudio, aunque desde el sector empresarial ya advirtieron que la paralización de los mismos puede representar una pérdida de inversiones de entre 10 mil a 18 mil millones de dólares.
"Si bien en Salta no hay grandes glaciares ni ambientes periglaciares como en la alta cordillera, el impacto deviene por la sensación de los inversores sobre estos fallos", señaló Huidobro. Explicó, además, que "muchas empresas que realizan o tienen pensado invertir en exploración obviamente lo están pensando dos veces con este tipo de fallos".
El titular de la Cámara de Minería apeló también a que las administraciones provinciales deben hacer valer la autonomía que les otorga la Constitución nacional en la administración de sus recursos naturales. En ese sentido, en la edición de El Tribuno de ayer se explicó que en Salta rige una ley provincial de protección de glaciares (Ley 7.625), sancionada en agosto de 2010, meses antes de que salga la normativa nacional.
El secretario de Minería de la Provincia, Daniel Blasco, explicó para esa nota que lo que se hizo en el marco de la ley nacional de glaciares es agregar a los catastros de los territorios que se disponen para la explotación minera los datos de geolocalización de los 646 glaciares y periglaciares que fueron relevados en Salta bajo la normativa superior.
Huidobro dijo que ley nacional de glaciares carece de definiciones "técnicas sobre ambiente glaciar y periglaciar".
En el mismo sentido se manifestó Gustavo Carracedo, presidente de la Cámara de Proveedores de Empresas Mineras de Salta (Capemisa). "Nuestra postura no es en contra de la ley sino en contra de la forma en la que está redactada, porque carece de definiciones técnicas claras. Por ejemplo, sobre lo que es una área periglaciar y cuáles son los límites que la definen", dijo el dirigente a este diario.
Afirmó que lo que desalienta la inversión en el sector son los constantes cambios de reglas en la actividad.
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Fecha de Publicación: 17/06/2019
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta
El fallo de la Corte Suprema que ratificó la constitucionalidad de la ley de glaciares sigue trayendo cola. El presidente de la Cámara de Minería de Salta, Facundo Huidobro, sostuvo que esa resolución judicial "desalienta la inversión en exploración" para nuevos proyectos mineros.
Aunque Salta no tiene ninguna cantera que afecte la normativa nacional, como sí ocurre en otras seis provincias, la declaración de Huidobro apunta a una preocupación sectorial referida a que los inversores, que son extranjeros en este rubro, necesitan certidumbres muy concretas y garantías legales para iniciar algún emprendimiento de explotación de los recursos minerales.
"A pesar de que el fallo refiere a la provincia de San Juan y a Barrick Gold, para los inversores Argentina es una sola región", precisó el dirigente empresarial.
La decisión del máximo tribunal de Justicia del país, que se conoció la semana pasada, marcó el final de un planteo iniciado en 2011 por la multinacional Barrick Gold, que opera los yacimientos sanjuaninos Pascua Lama y Veladero. La minera alertaba que los límites que fija la legislación ambiental para proteger las áreas de glaciares y periglaciares prácticamente la deja sin muchas chances de producir.
Tras la sentencia de la Corte, que fue unánime, 44 proyectos mineros (ubicados en Santa Cruz, Chubut, Mendoza, San Juan, La Rioja y Catamarca) quedaron por fuera de la ley de glaciares y deberán replantear su explotación. La mayoría de ellos aún están en etapa de estudio, aunque desde el sector empresarial ya advirtieron que la paralización de los mismos puede representar una pérdida de inversiones de entre 10 mil a 18 mil millones de dólares.
"Si bien en Salta no hay grandes glaciares ni ambientes periglaciares como en la alta cordillera, el impacto deviene por la sensación de los inversores sobre estos fallos", señaló Huidobro. Explicó, además, que "muchas empresas que realizan o tienen pensado invertir en exploración obviamente lo están pensando dos veces con este tipo de fallos".
El titular de la Cámara de Minería apeló también a que las administraciones provinciales deben hacer valer la autonomía que les otorga la Constitución nacional en la administración de sus recursos naturales. En ese sentido, en la edición de El Tribuno de ayer se explicó que en Salta rige una ley provincial de protección de glaciares (Ley 7.625), sancionada en agosto de 2010, meses antes de que salga la normativa nacional.
El secretario de Minería de la Provincia, Daniel Blasco, explicó para esa nota que lo que se hizo en el marco de la ley nacional de glaciares es agregar a los catastros de los territorios que se disponen para la explotación minera los datos de geolocalización de los 646 glaciares y periglaciares que fueron relevados en Salta bajo la normativa superior.
Huidobro dijo que ley nacional de glaciares carece de definiciones "técnicas sobre ambiente glaciar y periglaciar".
En el mismo sentido se manifestó Gustavo Carracedo, presidente de la Cámara de Proveedores de Empresas Mineras de Salta (Capemisa). "Nuestra postura no es en contra de la ley sino en contra de la forma en la que está redactada, porque carece de definiciones técnicas claras. Por ejemplo, sobre lo que es una área periglaciar y cuáles son los límites que la definen", dijo el dirigente a este diario.
Afirmó que lo que desalienta la inversión en el sector son los constantes cambios de reglas en la actividad.
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El litio y el riesgo hídrico
Estudios técnicos revelan riesgo hídrico en zonas de explotación de litio
Fecha de Publicación: 15/06/2019
Fuente: FARN
Provincia/Región: Nacional
FARN hace un llamado a las autoridades de las provincias de Salta y Jujuy, así como a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, a actuar de manera inmediata en base a lo estipulado por los principios precautorio y preventivo que prevé la Ley General del Ambiente, para dar respuesta, sin dilación, a la situación de riesgo inminente en la valiosa Puna argentina.
La organización remarca que existe evidencia suficiente para presuponer daños irreparables, con consecuencias directas para las comunidades que viven de los salares, por lo que considera mandatorio poner un freno al inicio de operaciones de nuevos proyectos y/o al avance de los existentes hasta tanto se realicen estudios completos que garanticen que el ambiente no será significativamente afectado. Ignorar este cuadro alarmante, así como la aplicación de las normas ambientales vigentes, no es más que una decisión política que conlleva sendas responsabilidades.
Por ser el más ligero de los minerales, el litio es un excelente almacenador de energía y, por tanto, un gran “aliado” frente al cambio climático ya que, al poder acumular energía derivada de una fuente renovable, las baterías de ion-litio podrían contribuir a reducir la dependencia de los combustibles fósiles. Estas baterías son, además, utilizadas para garantizar distintos tipos de movilidad eléctrica.
Este mineral “maravilla” se encuentra esencialmente en Argentina, Bolivia y Chile, países que conforman el llamado “triángulo del Cono Sur del Litio”, con aproximadamente el 70% de las reservas de salmueras de este mineral a nivel mundial. Más precisamente, está en los salares de altura de la región de la Puna, a más de 3000 metros sobre el nivel del mar, en ecosistemas considerados frágiles y con escasez hídrica donde, no obstante, desde tiempos ancestrales y en armonía con la naturaleza, habita una importante cantidad de comunidades indígenas.
El interés por este mineral ha generado la movilización de recursos del sector público, y principalmente del sector privado, para conocer sus cualidades, cómo puede ser integrado a dispositivos electrónicos y baterías, y de qué manera hacer más eficientes las baterías de distinto tipo. Sin embargo, muy pocos son los estudios que han analizado en profundidad los impactos de la extracción de litio en las fuentes de agua de las regiones áridas en que se encuentra este mineral.
Para paliar esta falencia, en 2010 la Defensoría del Pueblo de la Nación convocó a un grupo de especialistas para que hiciera un análisis de la situación del agua en estos frágiles ecosistemas, en un contexto en que la exploración y extracción de litio se encontraban aún en etapas iniciales. En ese marco, un estudio fechado en 2012 ya advertía acerca de un potencial riesgo hídrico para las cuencas estudiadas en la Puna argentina.
Es en base a estos antecedentes que FARN, en colaboración con la expertise de Marcelo Sticco, Patricio Scravaglieri y Antonella Damiani, se propuso indagar en profundidad la situación de los recursos hídricos de la zona afectada, teniendo en cuenta todos los proyectos que, en distintas etapas de desarrollo, están vigentes en los salares de la Puna en la actualidad.
El estudio se focalizó en dos cuencas específicas y utilizó como principal fuente la información técnica de las propias empresas mineras que es de pública disponibilidad. Se estudió la situación del agua en:
1) Olaroz-Caucharí, provincia de Jujuy, cuenca en la que existen tres proyectos, uno de ellos en extracción desde 2015 y otro cuya explotación fue recientemente autorizada; y
2) Salinas Grandes y Lagunas de Guayatayoc, en las provincias de Salta y Jujuy, donde existen tres proyectos en etapa de exploración a pesar de la presencia de comunidades que se oponen terminantemente a la extracción de litio.
Los objetivos específicos fueron conocer la conexión entre el agua salada y las zonas de agua dulce, y aproximarse al balance hídrico de cada una de las cuencas estudiadas; esto es, conocer la cantidad de agua que naturalmente entra al salar y aquella que sale, para así comprender mejor las posibilidades de riesgo hídrico a las que pueden resultar expuestos estos frágiles ecosistemas al verse afectados en cuanto a su disponibilidad de agua.
Compartimos aquí las principales conclusiones respecto de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, ya que el análisis vinculado a Olaroz-Caucharí se encuentra en proceso de finalización.
Entre los principales hallazgos se resaltan los siguientes:
- En los salares de la Puna existen cuerpos de agua dulce y de agua salada que forman parte de un mismo acuífero. En el centro de la cuenca está el agua con alto contenido de sales disueltas (también conocidas como salmueras), entre las que se hallan los compuestos de litio; en tanto que en las zonas periféricas se encuentra el agua dulce o de baja salinidad. Pero existe conexión entre el agua dulce y el agua salada: las distintas masas de agua se encuentran conectadas en una zona de “mezcla” o “intermedia” en la que ambos tipos entran en contacto. La explotación de litio se realiza a partir de la extracción de sales contenidas en la salmuera en las zonas centrales de los salares, lo que produce efectos en las zonas de agua dulce, que se moviliza hacia las zonas de extracción de litio y, así, se saliniza de manera irreversible, en tanto ya no puede volver a su estado anterior.
- Debido a las escasas precipitaciones en la zona, se concluye que se extraerá mayor cantidad de agua que aquella que ingresará al sistema de forma natural. Esto porque el uso de agua por parte de las empresas mineras (descarga), de acuerdo con la proyección de construcción de pozos, es superior al nivel de ingreso (recarga).
- Además, se calcula que solamente el 5% del agua de lluvia –escasa de por sí- ingresa al subsuelo. Como consecuencia se genera un desequilibrio que afecta el nivel de agua subterránea de forma gradual, lo que finalmente provoca el desplazamiento del agua dulce -ubicada en zonas adyacentes a salares en vegas y lagos a mayor altura- a una mayor velocidad hacia el centro del salar (movimiento centrípeto, desde el borde hacia adentro) por tratarse este último de una zona más baja, desde la que se extrae la salmuera.
Si bien el contenido de la investigación y las opiniones expresadas son de exclusiva responsabilidad de los autores y la autora y no reflejan necesariamente la opinión de nuestra organización, FARN considera de vital importancia contar con estudios del estilo que pongan en la agenda, para su oportuna discusión, los aspectos generalmente ignorados de la cuestión del litio; esto es, los impactos ambientales vinculados a su extracción.
El cuadro de alarma que plantean las conclusiones a las que arriba esta investigación, aun cuando sus resultados son preliminares, alcanza para dar cuenta del panorama de riesgo para los ecosistemas que supone la extracción de litio y, por tanto, la importancia de poner en funcionamiento una serie de mecanismos y herramientas para salvaguardar la valiosa Puna argentina, ecorregión que se encuentra entre las prioridades de conservación. También es de tenerse en cuenta que Salinas Grandes fue elegida como una de las siete maravillas naturales de la Argentina. Asimismo, destacamos que el estudio no tiene en cuenta los usos de agua por parte de las comunidades, circunstancia que ha de ser integrada en tanto podría agravar el impacto de la extracción de salmueras previsto por esta investigación.
Por todo lo expuesto, FARN hace un llamado a las autoridades competentes, tanto en las provincias de Salta y de Jujuy como a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, a actuar de manera inmediata en base a lo estipulado por los principios precautorio y preventivo -además de los de solidaridad y cooperación- que prevé la Ley General del Ambiente, para dar respuesta, sin dilación, a la situación de riesgo inminente al sistema hídrico de la Puna argentina.
En ese sentido, se recuerda que el principio de prevención, previsto en el artículo 4 de la Ley General del Ambiente N° 25.675, establece que “las causas y las fuentes de los problemas ambientales se atenderán en forma prioritaria e integrada, tratando de prevenir los efectos negativos que sobre el ambiente se pueden producir”. Además el principio precautorio sostiene que “cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente”.
Ambos principios son de aplicación directa para el caso de Salinas Grandes ya que, por un lado, el de prevención obliga a actuar para prevenir impactos negativos que puedan darse sobre los salares de la Puna y, por otro, aun cuando estudios como el aquí presentado puedan ser complementados con investigaciones adicionales que den mayor certeza respecto de la envergadura de los daños en los recursos hídricos, existe evidencia suficiente para presuponer son irreparables e implican consecuencias directas para las comunidades que viven de los salares.
Por ello es mandatorio que se ponga un freno al inicio de operaciones de nuevos proyectos y/o al avance de los existentes hasta tanto se realicen estudios completos que garanticen que el ambiente en la cuenca de referencia no será significativamente afectado.
Existe hoy normativa ambiental suficiente, vigente tanto a nivel provincial como nacional, para abordar la problemática aquí planteada, con herramientas que evalúen acumulativamente los impactos ambientales previstos a nivel cuenca, por lo que ignorar este cuadro alarmante y la aplicación de las normas no es más que una decisión política que conlleva sendas responsabilidades.
Por otra parte, esta situación moviliza a las comunidades que habitan la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc en defensa de sus derechos. Preocupadas por el agua y su vida, ven las amenazas concretas que genera la explotación de litio en sus posibilidades futuras, ya que dependen del agua -escasa de por sí- para el desarrollo de distintas actividades económicas y la reproducción de su vida cultural. Por eso, realizaron acciones para llamar la atención de las autoridades, que en ningún caso dieron una respuesta acorde a la gravedad de lo denunciado.
Con esta publicación esperamos, por un lado, traer elementos fundamentales para un debate basado en evidencia científica que dé cuenta de que no se puede seguir avanzando a ciegas en la explotación de un mineral, sin evaluar suficientemente sus impactos ambientales. Por otro, contribuir al debate de sustentabilidad desde una perspectiva amplia, problematizando la forma en que mayoritariamente se piensan las cuestiones relativas al litio, con la mera enunciación de su potencial para la contribución a la transición energética global como “excusa suficiente” para pasar por alto debates fundamentales que involucran tanto aspectos ambientales como sociales y culturales.
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Fecha de Publicación: 15/06/2019
Fuente: FARN
Provincia/Región: Nacional
FARN hace un llamado a las autoridades de las provincias de Salta y Jujuy, así como a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, a actuar de manera inmediata en base a lo estipulado por los principios precautorio y preventivo que prevé la Ley General del Ambiente, para dar respuesta, sin dilación, a la situación de riesgo inminente en la valiosa Puna argentina.
La organización remarca que existe evidencia suficiente para presuponer daños irreparables, con consecuencias directas para las comunidades que viven de los salares, por lo que considera mandatorio poner un freno al inicio de operaciones de nuevos proyectos y/o al avance de los existentes hasta tanto se realicen estudios completos que garanticen que el ambiente no será significativamente afectado. Ignorar este cuadro alarmante, así como la aplicación de las normas ambientales vigentes, no es más que una decisión política que conlleva sendas responsabilidades.
Por ser el más ligero de los minerales, el litio es un excelente almacenador de energía y, por tanto, un gran “aliado” frente al cambio climático ya que, al poder acumular energía derivada de una fuente renovable, las baterías de ion-litio podrían contribuir a reducir la dependencia de los combustibles fósiles. Estas baterías son, además, utilizadas para garantizar distintos tipos de movilidad eléctrica.
Este mineral “maravilla” se encuentra esencialmente en Argentina, Bolivia y Chile, países que conforman el llamado “triángulo del Cono Sur del Litio”, con aproximadamente el 70% de las reservas de salmueras de este mineral a nivel mundial. Más precisamente, está en los salares de altura de la región de la Puna, a más de 3000 metros sobre el nivel del mar, en ecosistemas considerados frágiles y con escasez hídrica donde, no obstante, desde tiempos ancestrales y en armonía con la naturaleza, habita una importante cantidad de comunidades indígenas.
El interés por este mineral ha generado la movilización de recursos del sector público, y principalmente del sector privado, para conocer sus cualidades, cómo puede ser integrado a dispositivos electrónicos y baterías, y de qué manera hacer más eficientes las baterías de distinto tipo. Sin embargo, muy pocos son los estudios que han analizado en profundidad los impactos de la extracción de litio en las fuentes de agua de las regiones áridas en que se encuentra este mineral.
Para paliar esta falencia, en 2010 la Defensoría del Pueblo de la Nación convocó a un grupo de especialistas para que hiciera un análisis de la situación del agua en estos frágiles ecosistemas, en un contexto en que la exploración y extracción de litio se encontraban aún en etapas iniciales. En ese marco, un estudio fechado en 2012 ya advertía acerca de un potencial riesgo hídrico para las cuencas estudiadas en la Puna argentina.
Es en base a estos antecedentes que FARN, en colaboración con la expertise de Marcelo Sticco, Patricio Scravaglieri y Antonella Damiani, se propuso indagar en profundidad la situación de los recursos hídricos de la zona afectada, teniendo en cuenta todos los proyectos que, en distintas etapas de desarrollo, están vigentes en los salares de la Puna en la actualidad.
El estudio se focalizó en dos cuencas específicas y utilizó como principal fuente la información técnica de las propias empresas mineras que es de pública disponibilidad. Se estudió la situación del agua en:
1) Olaroz-Caucharí, provincia de Jujuy, cuenca en la que existen tres proyectos, uno de ellos en extracción desde 2015 y otro cuya explotación fue recientemente autorizada; y
2) Salinas Grandes y Lagunas de Guayatayoc, en las provincias de Salta y Jujuy, donde existen tres proyectos en etapa de exploración a pesar de la presencia de comunidades que se oponen terminantemente a la extracción de litio.
Los objetivos específicos fueron conocer la conexión entre el agua salada y las zonas de agua dulce, y aproximarse al balance hídrico de cada una de las cuencas estudiadas; esto es, conocer la cantidad de agua que naturalmente entra al salar y aquella que sale, para así comprender mejor las posibilidades de riesgo hídrico a las que pueden resultar expuestos estos frágiles ecosistemas al verse afectados en cuanto a su disponibilidad de agua.
Compartimos aquí las principales conclusiones respecto de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, ya que el análisis vinculado a Olaroz-Caucharí se encuentra en proceso de finalización.
Entre los principales hallazgos se resaltan los siguientes:
- En los salares de la Puna existen cuerpos de agua dulce y de agua salada que forman parte de un mismo acuífero. En el centro de la cuenca está el agua con alto contenido de sales disueltas (también conocidas como salmueras), entre las que se hallan los compuestos de litio; en tanto que en las zonas periféricas se encuentra el agua dulce o de baja salinidad. Pero existe conexión entre el agua dulce y el agua salada: las distintas masas de agua se encuentran conectadas en una zona de “mezcla” o “intermedia” en la que ambos tipos entran en contacto. La explotación de litio se realiza a partir de la extracción de sales contenidas en la salmuera en las zonas centrales de los salares, lo que produce efectos en las zonas de agua dulce, que se moviliza hacia las zonas de extracción de litio y, así, se saliniza de manera irreversible, en tanto ya no puede volver a su estado anterior.
- Debido a las escasas precipitaciones en la zona, se concluye que se extraerá mayor cantidad de agua que aquella que ingresará al sistema de forma natural. Esto porque el uso de agua por parte de las empresas mineras (descarga), de acuerdo con la proyección de construcción de pozos, es superior al nivel de ingreso (recarga).
- Además, se calcula que solamente el 5% del agua de lluvia –escasa de por sí- ingresa al subsuelo. Como consecuencia se genera un desequilibrio que afecta el nivel de agua subterránea de forma gradual, lo que finalmente provoca el desplazamiento del agua dulce -ubicada en zonas adyacentes a salares en vegas y lagos a mayor altura- a una mayor velocidad hacia el centro del salar (movimiento centrípeto, desde el borde hacia adentro) por tratarse este último de una zona más baja, desde la que se extrae la salmuera.
Si bien el contenido de la investigación y las opiniones expresadas son de exclusiva responsabilidad de los autores y la autora y no reflejan necesariamente la opinión de nuestra organización, FARN considera de vital importancia contar con estudios del estilo que pongan en la agenda, para su oportuna discusión, los aspectos generalmente ignorados de la cuestión del litio; esto es, los impactos ambientales vinculados a su extracción.
El cuadro de alarma que plantean las conclusiones a las que arriba esta investigación, aun cuando sus resultados son preliminares, alcanza para dar cuenta del panorama de riesgo para los ecosistemas que supone la extracción de litio y, por tanto, la importancia de poner en funcionamiento una serie de mecanismos y herramientas para salvaguardar la valiosa Puna argentina, ecorregión que se encuentra entre las prioridades de conservación. También es de tenerse en cuenta que Salinas Grandes fue elegida como una de las siete maravillas naturales de la Argentina. Asimismo, destacamos que el estudio no tiene en cuenta los usos de agua por parte de las comunidades, circunstancia que ha de ser integrada en tanto podría agravar el impacto de la extracción de salmueras previsto por esta investigación.
Por todo lo expuesto, FARN hace un llamado a las autoridades competentes, tanto en las provincias de Salta y de Jujuy como a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, a actuar de manera inmediata en base a lo estipulado por los principios precautorio y preventivo -además de los de solidaridad y cooperación- que prevé la Ley General del Ambiente, para dar respuesta, sin dilación, a la situación de riesgo inminente al sistema hídrico de la Puna argentina.
En ese sentido, se recuerda que el principio de prevención, previsto en el artículo 4 de la Ley General del Ambiente N° 25.675, establece que “las causas y las fuentes de los problemas ambientales se atenderán en forma prioritaria e integrada, tratando de prevenir los efectos negativos que sobre el ambiente se pueden producir”. Además el principio precautorio sostiene que “cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente”.
Ambos principios son de aplicación directa para el caso de Salinas Grandes ya que, por un lado, el de prevención obliga a actuar para prevenir impactos negativos que puedan darse sobre los salares de la Puna y, por otro, aun cuando estudios como el aquí presentado puedan ser complementados con investigaciones adicionales que den mayor certeza respecto de la envergadura de los daños en los recursos hídricos, existe evidencia suficiente para presuponer son irreparables e implican consecuencias directas para las comunidades que viven de los salares.
Por ello es mandatorio que se ponga un freno al inicio de operaciones de nuevos proyectos y/o al avance de los existentes hasta tanto se realicen estudios completos que garanticen que el ambiente en la cuenca de referencia no será significativamente afectado.
Existe hoy normativa ambiental suficiente, vigente tanto a nivel provincial como nacional, para abordar la problemática aquí planteada, con herramientas que evalúen acumulativamente los impactos ambientales previstos a nivel cuenca, por lo que ignorar este cuadro alarmante y la aplicación de las normas no es más que una decisión política que conlleva sendas responsabilidades.
Por otra parte, esta situación moviliza a las comunidades que habitan la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc en defensa de sus derechos. Preocupadas por el agua y su vida, ven las amenazas concretas que genera la explotación de litio en sus posibilidades futuras, ya que dependen del agua -escasa de por sí- para el desarrollo de distintas actividades económicas y la reproducción de su vida cultural. Por eso, realizaron acciones para llamar la atención de las autoridades, que en ningún caso dieron una respuesta acorde a la gravedad de lo denunciado.
Con esta publicación esperamos, por un lado, traer elementos fundamentales para un debate basado en evidencia científica que dé cuenta de que no se puede seguir avanzando a ciegas en la explotación de un mineral, sin evaluar suficientemente sus impactos ambientales. Por otro, contribuir al debate de sustentabilidad desde una perspectiva amplia, problematizando la forma en que mayoritariamente se piensan las cuestiones relativas al litio, con la mera enunciación de su potencial para la contribución a la transición energética global como “excusa suficiente” para pasar por alto debates fundamentales que involucran tanto aspectos ambientales como sociales y culturales.
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OPDS quiere controlar los cerdos silvestres
El OPDS inició un plan para reducir la población de cerdos silvestres y proteger al venado de las pampas
Fecha de Publicación: 15/06/2019
Fuente: OPDS
Provincia/Región: Buenos Aires
La creciente población del cerdo silvestre, conocido como chancho cimarrón y actualmente estimada en cerca de 9.000 ejemplares, pone en peligro a unos 300 venados de las pampas, el cérvido más amenazado del país e incluido en la lista de especies en extinción, que habita en el área natural protegida Bahía Samborombón, en el este bonaerense. Es que los descendientes de los primeros cerdos domésticos soltados en estas tierras por los conquistadores españoles hace más de cinco siglos, se convirtieron en el principal riesgo de esta especie declarada Monumento Natural de la Provincia de Buenos Aires en 1995.
Para controlar esta especie exótica e invasora, el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) puso en marcha un proyecto piloto, que busca reducir la población a niveles que no afecten la fauna nativa y la producción ganadera de la zona, además de evitar un riesgo sanitario ya que los cerdos silvestres son portadores de enfermedades como la tuberculosis, la leptospirosis y la brucelosis, transmisibles al ganado y a los humanos.
Dicho proyecto se asienta sobre dos pilares fundamentales, uno es a través de la Disposición 3/2019 que habilita los controles poblacionales bajo supervisión y capacitación de los Guardaparques del Organismo. El otro es la utilización de trampas circulares construidas especialmente en material metálico expandido. Tienen 6 metros de diámetro y un dispenser automático que, alimentado a energía arroja maíz con el fin de atraer a los chanchos. (Ver video).
Al mismo tiempo se desarrollan monitoreos en poblaciones de cerdos silvestres y venados que permitan evaluar con el paso del tiempo, la efectividad de los métodos de control e incrementar el conocimiento acerca de comportamientos y relación entre ambas especies.
“Este plan forma parte de las estrategias de la Provincia para conservar al venado de las pampas. Estamos analizando el funcionamiento de las trampas con la idea de montar otras en distintos puntos de la Bahía, y al mismo tiempo monitoreos para evaluar el estado poblacional de la especie. En la actualidad, quedan sólo cerca de 300 ejemplares en la provincia, distribuidos en la Bahía Samborombón, desde el sur del Río Salado hasta la ría de San Clemente del Tuyú”, informó Marcelo Yasky, director provincial de Recursos Naturales y Ordenamiento Ambiental Territorial del OPDS.
“El proyecto habilita a los establecimientos privados ganaderos a realizar acciones de control de esta especie dañina, siempre bajo el desarrollo de buenas prácticas ambientales. Esta semana hicimos la primera reunión con los productores de General Conesa. Creemos que el avance de esta iniciativa radica en el trabajo mancomunado entre el OPDS y los productores de la región”, agregó Yasky.
El venado de las pampas (Ozotoceros bezoarticus celer), también conocido como “ciervo pampero, venado pampero o ciervo campero”, es un pequeño cérvido que tuvo una amplia distribución en los pastizales sudamericanos. Hasta fines del siglo XIX, esta valiosa especie autóctona fue uno de los animales más típicos y abundantes de la provincia. Pero la sobre explotación de su cuero y carne, y la modificación de gran parte de su hábitat por la intensificación de la agricultura y la ganadería, provocaron una fuerte reducción de sus poblaciones.
“Los cerdos silvestres no son originarios del continente americano, sino descendientes de los primeros cerdos domésticos que los españoles trajeron a estas pampas en el siglo XVI. Hubo otra introducción importante a principios del siglo XX: el estanciero vasco-francés Pedro Luro, propulsor del desarrollo de Mar del Plata, introdujo al jabalí puro desde Europa, con fines cinegéticos, es decir de caza. Las dos corrientes de invasión se hibridaron y comenzó un proceso de crecimiento y expansión”, explicó Bruno Carpinetti, coordinador técnico del proyecto, guardaparque del OPDS y profesor titular de la Cátedra de Ecología y Recursos Naturales de la Universidad Nacional Arturo Jauretche.
“El chancho cimarrón lleva más de cinco siglos de adaptación al medio ambiente. En las tierras bonaerenses encontró un buen hábitat en el que no tiene predador. Son la principal amenaza de los venados, más que la caza furtiva. Existen evidencias de que los chanchos pueden predar las crías de venados”, afirmó Gabriel Castresana, guardaparque de la reserva Bahía Samborombón y coordinador operativo del plan piloto.
Técnicamente, el chancho cimarrón y el cerdo doméstico de cualquier sistema de crianza, pertenecen a la misma especie: Sus scrofa. Lo que cambia es el fenotipo, determinado básicamente por su hábitat y costumbres: entre otras características, a diferencia del doméstico, el cerdo silvestre tiene el hocico alargado que ha desarrollado como resultado de la ardua tarea de conseguir su alimento por sus propios medios.
“El rey de los pastizales”
El venado de las pampas está incluido en la lista de especies en peligro de extinción de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y de la Convención Internacional para el Tráfico de Especies Silvestres de Flora y Fauna (CITES), de la cual Argentina es uno de los países firmantes. Fue declarado Monumento Natural de la Provincia de Buenos Aires mediante la Ley Nº 11.689, que incluye la veda total y permanente de su caza.
El venado frecuenta zonas de campo abierto y pastizales altos con presencia de arbustos, aunque se lo puede ver en zonas anegadizas y cangrejales, y evita las zonas boscosas.
Los machos adultos alcanzan 70-75 cm en la cruz, con un peso aproximado de 30-40 kg, siendo las hembras ligeramente menores. El pelaje es color bayo claro en su parte dorsal y los flancos, mientras que el vientre y la parte inferior de la cola es de crema claro. Sólo los machos presentan astas de unos 30 cm de longitud, con 3 puntas, producto de una ramificación en la base de la misma, que se renuevan cada año. A partir de fines del invierno nacen las crías, que se ocultan entre los pastos gracias a su pelaje manchado que persiste hasta los tres meses.
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Fecha de Publicación: 15/06/2019
Fuente: OPDS
Provincia/Región: Buenos Aires
La creciente población del cerdo silvestre, conocido como chancho cimarrón y actualmente estimada en cerca de 9.000 ejemplares, pone en peligro a unos 300 venados de las pampas, el cérvido más amenazado del país e incluido en la lista de especies en extinción, que habita en el área natural protegida Bahía Samborombón, en el este bonaerense. Es que los descendientes de los primeros cerdos domésticos soltados en estas tierras por los conquistadores españoles hace más de cinco siglos, se convirtieron en el principal riesgo de esta especie declarada Monumento Natural de la Provincia de Buenos Aires en 1995.
Para controlar esta especie exótica e invasora, el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) puso en marcha un proyecto piloto, que busca reducir la población a niveles que no afecten la fauna nativa y la producción ganadera de la zona, además de evitar un riesgo sanitario ya que los cerdos silvestres son portadores de enfermedades como la tuberculosis, la leptospirosis y la brucelosis, transmisibles al ganado y a los humanos.
Dicho proyecto se asienta sobre dos pilares fundamentales, uno es a través de la Disposición 3/2019 que habilita los controles poblacionales bajo supervisión y capacitación de los Guardaparques del Organismo. El otro es la utilización de trampas circulares construidas especialmente en material metálico expandido. Tienen 6 metros de diámetro y un dispenser automático que, alimentado a energía arroja maíz con el fin de atraer a los chanchos. (Ver video).
Al mismo tiempo se desarrollan monitoreos en poblaciones de cerdos silvestres y venados que permitan evaluar con el paso del tiempo, la efectividad de los métodos de control e incrementar el conocimiento acerca de comportamientos y relación entre ambas especies.
“Este plan forma parte de las estrategias de la Provincia para conservar al venado de las pampas. Estamos analizando el funcionamiento de las trampas con la idea de montar otras en distintos puntos de la Bahía, y al mismo tiempo monitoreos para evaluar el estado poblacional de la especie. En la actualidad, quedan sólo cerca de 300 ejemplares en la provincia, distribuidos en la Bahía Samborombón, desde el sur del Río Salado hasta la ría de San Clemente del Tuyú”, informó Marcelo Yasky, director provincial de Recursos Naturales y Ordenamiento Ambiental Territorial del OPDS.
“El proyecto habilita a los establecimientos privados ganaderos a realizar acciones de control de esta especie dañina, siempre bajo el desarrollo de buenas prácticas ambientales. Esta semana hicimos la primera reunión con los productores de General Conesa. Creemos que el avance de esta iniciativa radica en el trabajo mancomunado entre el OPDS y los productores de la región”, agregó Yasky.
El venado de las pampas (Ozotoceros bezoarticus celer), también conocido como “ciervo pampero, venado pampero o ciervo campero”, es un pequeño cérvido que tuvo una amplia distribución en los pastizales sudamericanos. Hasta fines del siglo XIX, esta valiosa especie autóctona fue uno de los animales más típicos y abundantes de la provincia. Pero la sobre explotación de su cuero y carne, y la modificación de gran parte de su hábitat por la intensificación de la agricultura y la ganadería, provocaron una fuerte reducción de sus poblaciones.
“Los cerdos silvestres no son originarios del continente americano, sino descendientes de los primeros cerdos domésticos que los españoles trajeron a estas pampas en el siglo XVI. Hubo otra introducción importante a principios del siglo XX: el estanciero vasco-francés Pedro Luro, propulsor del desarrollo de Mar del Plata, introdujo al jabalí puro desde Europa, con fines cinegéticos, es decir de caza. Las dos corrientes de invasión se hibridaron y comenzó un proceso de crecimiento y expansión”, explicó Bruno Carpinetti, coordinador técnico del proyecto, guardaparque del OPDS y profesor titular de la Cátedra de Ecología y Recursos Naturales de la Universidad Nacional Arturo Jauretche.
“El chancho cimarrón lleva más de cinco siglos de adaptación al medio ambiente. En las tierras bonaerenses encontró un buen hábitat en el que no tiene predador. Son la principal amenaza de los venados, más que la caza furtiva. Existen evidencias de que los chanchos pueden predar las crías de venados”, afirmó Gabriel Castresana, guardaparque de la reserva Bahía Samborombón y coordinador operativo del plan piloto.
Técnicamente, el chancho cimarrón y el cerdo doméstico de cualquier sistema de crianza, pertenecen a la misma especie: Sus scrofa. Lo que cambia es el fenotipo, determinado básicamente por su hábitat y costumbres: entre otras características, a diferencia del doméstico, el cerdo silvestre tiene el hocico alargado que ha desarrollado como resultado de la ardua tarea de conseguir su alimento por sus propios medios.
“El rey de los pastizales”
El venado de las pampas está incluido en la lista de especies en peligro de extinción de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y de la Convención Internacional para el Tráfico de Especies Silvestres de Flora y Fauna (CITES), de la cual Argentina es uno de los países firmantes. Fue declarado Monumento Natural de la Provincia de Buenos Aires mediante la Ley Nº 11.689, que incluye la veda total y permanente de su caza.
El venado frecuenta zonas de campo abierto y pastizales altos con presencia de arbustos, aunque se lo puede ver en zonas anegadizas y cangrejales, y evita las zonas boscosas.
Los machos adultos alcanzan 70-75 cm en la cruz, con un peso aproximado de 30-40 kg, siendo las hembras ligeramente menores. El pelaje es color bayo claro en su parte dorsal y los flancos, mientras que el vientre y la parte inferior de la cola es de crema claro. Sólo los machos presentan astas de unos 30 cm de longitud, con 3 puntas, producto de una ramificación en la base de la misma, que se renuevan cada año. A partir de fines del invierno nacen las crías, que se ocultan entre los pastos gracias a su pelaje manchado que persiste hasta los tres meses.
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Una planta carnívora se transforma en amenaza a Reserva
La increíble historia de la planta carnívora que amenaza Puerto Blest
Fecha de Publicación: 15/06/2019
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
La descubrieron por casualidad en febrero de 2018. Biólogas de la UNC constataron que era exótica y peligrosa. Parques Nacionales aplicó el protocolo para erradicarla. Los monitoreos continuarán.
Apenas fijó la mirada en la turbera, María Fernanda Tazzin advirtió que algo extraño había en el entorno. Su curiosidad le martilló el pulso y decidió acercarse lo que más pudo para observar de qué se trataba. Quedó sorprendida con el hallazgo. Había hecho un seguimiento fotográfico de una planta nativa, que crece en ese lugar de Puerto Blest, y estaba contenta porque una había florecido. Pero al lado había otra planta, roja, diminuta, que nunca había observado. Quedó encandilada desde el primer instante con esa nueva especie. Nunca pensó que esa planta tan bella representaba una amenaza para el ecosistema.
Esa tarde del 22 de febrero del año pasado, María Fernanda regresó, emocionada, de la excursión de Puerto Blest. En el viaje de regreso les había contado a sus compañeros guías de turismo del sorprendente hallazgo. Y comenzaron la búsqueda con la expectativa de establecer de qué especie se trataba. En ese momento desconocía que era una Drosera Rotundifolia, una planta carnívora que captura insectos y les extrae los nutrientes hasta matarlos lentamente.
Decidió contactarse con personal del departamento de Conservación del Parque Nacional Nahuel Huapi para comentarles de la planta. La escucharon, con algo de incredulidad.
Contó que consultaron a biólogos de la Universidad Nacional del Comahue, que descartaron la existencia de otra planta nativa carnívora. La única en la zona era, hasta el año pasado, la Pinguicola australandina, que María Fernanda había fotografiado en Puerto Blest en varias ocasiones. Lo extraño es que la planta desconocida había crecido junto a la Pinguicola australandina.
No se quedó quieta y siguió tratando de obtener más información. Como trabaja de guía de turismo, aprovechó cada viaje a Puerto Blest para seguir el desarrollo de la especie desconocida. “Primero vino la floración y la planta largó como una varita negra”, explicó. Aunque se perdió ese instante, porque regresó una semana después a la turbera. “Cuando volví ya estaba la flor cerrada. Fue muy rápida la floración”, lamentó a pesar de que pasó un año.
Dijo que personal de Parques Nacionales viajó en abril del año pasado al lugar y sacaron cuatro especímenes para analizarlos.
Mientras, María Fernanda elaboró sus propias hipótesis. “Deseaba, primero, que fuera una planta nueva o una aparición espontánea introducida naturalmente o una evolución distinta”, recordó. “Inclusive ya estábamos especulando con el nombre”, comentó. Quería que esta nueva especie sea identificada con el sello de Argentina, o Patagonia o, en todo caso, con Puerto Blest.
En esas especulaciones andaba María Fernanda cuando recibió la noticia menos esperada. Era agosto pasado, cuando le informaron que los estudios genéticos que biólogos de la Universidad Nacional del Comahue hicieron “determinaron en un ciento por ciento que la planta había sido introducida por el hombre”. Esa no era la peor noticia. Se trataba de una especie exótica y carnívora, que había que erradicar con premura. “Me dio mucha pena cuando me enteré que era exótica”, sostuvo. “Es que es muy linda y me encantó encontrarla”, enfatizó.
Reconoció que el seguimiento de la planta cansó un poco a su familia. “Mi marido me decía: bueno, capítulo 28 que pasó hoy con la plantita”, confió.
Dijo que la gente de Parques Nacionales la invitó a principios de noviembre pasado cuando hicieron la primera etapa para retirarla. No pudo asistir porque trabajó. “Pero me alivió mucho porque me iba a generar algún dolor tener que sacarla”, aseguró.
Durante casi 8 meses observó todo el tiempo esa planta hermosa por fuera, pero peligrosa por dentro. “De ser una hija pródiga pasó a ser un bicho que había que sacar”, señaló con ingenio. “Pero estoy convencida de que se está haciendo lo correcto”, remató María Fernanda.
El largo camino de la semilla en la suela de un zapato
La doctora en Botánica Rominal Vidall Russell confirmó en agosto pasado que la planta que había encandilado a la guía de turismo María Fernanda Tazzin era una especie exótica después de analizar abundante bibliografía y hacer un estudio genético.
Se trataba de una Drosera Rotundifolia, que es oriunda del hemisferio norte del planeta. Crece en turberas de Estados Unidos, Canadá, Europa y Asia.
“Que la haya traído un ave queda descartado. Por más que hay migración norte-sur”, sostuvo. “Lo más probable es que haya venido con el humano, en un calzado”, indicó. Recordó que alrededor de 60 mil personas por año visitan Puerto Blest.
“Hay un entablonado de mirador y la turbera es un lugar inundado con un musgo que absorbe mucha agua. Entonces, son suelos pobres en nitrógeno, que es un sitio ideal para este tipo de plantas”, explicó la licenciada en Biología, doctora en Botánica e investigadora del Conicet.
“Tiene las hojas y los pelos grandulares que secretan una sustancia pegajosa donde se quedan los insectos pegados y la planta absorbe los nutrientes de esos insectos a través de la hoja”, explicó. Dijo que es una planta que necesita del nitrógeno del insecto porque crece en suelos con poco nitrógeno. Describió que es una planta que crece unos 15 centímetros y y tiene unas rosetas de unos 3 centímetros.
“Como cualquier especie exótica va a empezar a interactuar con otros microorganismos, con insectos, plantas y afecta las condiciones naturales del ecosistema”, advirtió.
Vidal Russell es doctora en Botánica especializada en plantas parásitas como el quintral “que es la más famosa” en la zona o el farolito chino de las lengas.
Contó que la planta la encontró la guía de turismo María Fernanda Tazzin que trabaja con excursiones a Puerto Blest. “Le llamó la atención la planta porque nunca la había visto”, indicó Vidal Russell.
Fernanda mandó las fotos a Parques Nacionales, donde “se dieron cuenta de que no era una especie del lugar y ellos se contactaron con el Departamento de Botánica de la UNCo”, recordó. Destacó que trabajó junto a su colega Cecilia Ezcurra y Gloria Fernández Cánepa (de Parques Nacionales).
“En abril me la trajeron y la empezamos a estudiar morfológicamente”, explicó. Buscaron en bibliografía especializada y de esa forma pudieron determinar de qué especie de trataba.
Luego, Vidal Russell contó que extrajo ADN de la planta para la identificación de marcadores moleculares. Así concluyó que era una Drosera Rotundifolia.
Dijo que el ADN que obtuvieron de la planta lo compararon con la base de datos de todas las droseras y nos indicó que era Rotundifolia. Ese hallazgo se hizo en agosto pasado.
“En noviembre personal de Parques fue a removerla a Puerto Blest cuando se confirmó que era una especie exótica y se aplicó el protocolo de Parques para erradicarla”, sostuvo Vidal Russell.
“En noviembre sacaron unos cien ejemplares y ahora en febrero pasado fueron otra vez y sacaron otro centenar. Pero en abril regresaron y no había nada”, destacó. El objetivo es seguir con las campañas de monitoreo porque esparce una semilla de 1 milímetro. “Hay que seguir con el monitoreo y expandirlo un poco al lado de la pasarela para verificar que no se haya expandido. Estamos esperando hasta la primavera para ver si germinan. Por eso, no cantemos victoria”, enfatizó Vidal Russell.
La mujer araña del turismo
“Los guías de turismo somos los que más en contacto estamos con el entorno natural”, asegura María Fernanda. “Aunque vamos todos los días a Puerto Blest, estamos enamorados del entorno”, afirmó la mujer que es oriunda de Córdoba, y hace 11 años que vive en Bariloche. Estudió la carrera de guía de turismo y se recibió hace 3 años.
Era una forma de estar en contacto con la naturaleza, que la apasiona. Siempre quiso estudiar biología, pero no pudo. “Me gusta mucho la biología”, asegura.
“En Puerto Blest soy la mujer araña”, ironizó. Explicó que así la bautizaron sus compañeros “porque hay una araña a la que no le dan mucha bolilla que teje en dos colores y me puse a investigar. Fui a consultar a un especialista que me hable de la araña”. “Es la Thaida Peculiaris. Teje en lo que yo llamo color araña: gris, blanco, transparente. Lo que uno crea ver”, aseguró. Dijo que hubo un chico de 13 años que hizo la excursión a Puerto Blest sólo para conocer el hábitat de la araña. “¿Acá es donde teje la araña?, me preguntó”, rememora ella, apasionada.
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Fecha de Publicación: 15/06/2019
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
La descubrieron por casualidad en febrero de 2018. Biólogas de la UNC constataron que era exótica y peligrosa. Parques Nacionales aplicó el protocolo para erradicarla. Los monitoreos continuarán.
Apenas fijó la mirada en la turbera, María Fernanda Tazzin advirtió que algo extraño había en el entorno. Su curiosidad le martilló el pulso y decidió acercarse lo que más pudo para observar de qué se trataba. Quedó sorprendida con el hallazgo. Había hecho un seguimiento fotográfico de una planta nativa, que crece en ese lugar de Puerto Blest, y estaba contenta porque una había florecido. Pero al lado había otra planta, roja, diminuta, que nunca había observado. Quedó encandilada desde el primer instante con esa nueva especie. Nunca pensó que esa planta tan bella representaba una amenaza para el ecosistema.
Esa tarde del 22 de febrero del año pasado, María Fernanda regresó, emocionada, de la excursión de Puerto Blest. En el viaje de regreso les había contado a sus compañeros guías de turismo del sorprendente hallazgo. Y comenzaron la búsqueda con la expectativa de establecer de qué especie se trataba. En ese momento desconocía que era una Drosera Rotundifolia, una planta carnívora que captura insectos y les extrae los nutrientes hasta matarlos lentamente.
Decidió contactarse con personal del departamento de Conservación del Parque Nacional Nahuel Huapi para comentarles de la planta. La escucharon, con algo de incredulidad.
Contó que consultaron a biólogos de la Universidad Nacional del Comahue, que descartaron la existencia de otra planta nativa carnívora. La única en la zona era, hasta el año pasado, la Pinguicola australandina, que María Fernanda había fotografiado en Puerto Blest en varias ocasiones. Lo extraño es que la planta desconocida había crecido junto a la Pinguicola australandina.
No se quedó quieta y siguió tratando de obtener más información. Como trabaja de guía de turismo, aprovechó cada viaje a Puerto Blest para seguir el desarrollo de la especie desconocida. “Primero vino la floración y la planta largó como una varita negra”, explicó. Aunque se perdió ese instante, porque regresó una semana después a la turbera. “Cuando volví ya estaba la flor cerrada. Fue muy rápida la floración”, lamentó a pesar de que pasó un año.
Dijo que personal de Parques Nacionales viajó en abril del año pasado al lugar y sacaron cuatro especímenes para analizarlos.
Mientras, María Fernanda elaboró sus propias hipótesis. “Deseaba, primero, que fuera una planta nueva o una aparición espontánea introducida naturalmente o una evolución distinta”, recordó. “Inclusive ya estábamos especulando con el nombre”, comentó. Quería que esta nueva especie sea identificada con el sello de Argentina, o Patagonia o, en todo caso, con Puerto Blest.
En esas especulaciones andaba María Fernanda cuando recibió la noticia menos esperada. Era agosto pasado, cuando le informaron que los estudios genéticos que biólogos de la Universidad Nacional del Comahue hicieron “determinaron en un ciento por ciento que la planta había sido introducida por el hombre”. Esa no era la peor noticia. Se trataba de una especie exótica y carnívora, que había que erradicar con premura. “Me dio mucha pena cuando me enteré que era exótica”, sostuvo. “Es que es muy linda y me encantó encontrarla”, enfatizó.
Reconoció que el seguimiento de la planta cansó un poco a su familia. “Mi marido me decía: bueno, capítulo 28 que pasó hoy con la plantita”, confió.
Dijo que la gente de Parques Nacionales la invitó a principios de noviembre pasado cuando hicieron la primera etapa para retirarla. No pudo asistir porque trabajó. “Pero me alivió mucho porque me iba a generar algún dolor tener que sacarla”, aseguró.
Durante casi 8 meses observó todo el tiempo esa planta hermosa por fuera, pero peligrosa por dentro. “De ser una hija pródiga pasó a ser un bicho que había que sacar”, señaló con ingenio. “Pero estoy convencida de que se está haciendo lo correcto”, remató María Fernanda.
El largo camino de la semilla en la suela de un zapato
La doctora en Botánica Rominal Vidall Russell confirmó en agosto pasado que la planta que había encandilado a la guía de turismo María Fernanda Tazzin era una especie exótica después de analizar abundante bibliografía y hacer un estudio genético.
Se trataba de una Drosera Rotundifolia, que es oriunda del hemisferio norte del planeta. Crece en turberas de Estados Unidos, Canadá, Europa y Asia.
“Que la haya traído un ave queda descartado. Por más que hay migración norte-sur”, sostuvo. “Lo más probable es que haya venido con el humano, en un calzado”, indicó. Recordó que alrededor de 60 mil personas por año visitan Puerto Blest.
“Hay un entablonado de mirador y la turbera es un lugar inundado con un musgo que absorbe mucha agua. Entonces, son suelos pobres en nitrógeno, que es un sitio ideal para este tipo de plantas”, explicó la licenciada en Biología, doctora en Botánica e investigadora del Conicet.
“Tiene las hojas y los pelos grandulares que secretan una sustancia pegajosa donde se quedan los insectos pegados y la planta absorbe los nutrientes de esos insectos a través de la hoja”, explicó. Dijo que es una planta que necesita del nitrógeno del insecto porque crece en suelos con poco nitrógeno. Describió que es una planta que crece unos 15 centímetros y y tiene unas rosetas de unos 3 centímetros.
“Como cualquier especie exótica va a empezar a interactuar con otros microorganismos, con insectos, plantas y afecta las condiciones naturales del ecosistema”, advirtió.
Vidal Russell es doctora en Botánica especializada en plantas parásitas como el quintral “que es la más famosa” en la zona o el farolito chino de las lengas.
Contó que la planta la encontró la guía de turismo María Fernanda Tazzin que trabaja con excursiones a Puerto Blest. “Le llamó la atención la planta porque nunca la había visto”, indicó Vidal Russell.
Fernanda mandó las fotos a Parques Nacionales, donde “se dieron cuenta de que no era una especie del lugar y ellos se contactaron con el Departamento de Botánica de la UNCo”, recordó. Destacó que trabajó junto a su colega Cecilia Ezcurra y Gloria Fernández Cánepa (de Parques Nacionales).
“En abril me la trajeron y la empezamos a estudiar morfológicamente”, explicó. Buscaron en bibliografía especializada y de esa forma pudieron determinar de qué especie de trataba.
Luego, Vidal Russell contó que extrajo ADN de la planta para la identificación de marcadores moleculares. Así concluyó que era una Drosera Rotundifolia.
Dijo que el ADN que obtuvieron de la planta lo compararon con la base de datos de todas las droseras y nos indicó que era Rotundifolia. Ese hallazgo se hizo en agosto pasado.
“En noviembre personal de Parques fue a removerla a Puerto Blest cuando se confirmó que era una especie exótica y se aplicó el protocolo de Parques para erradicarla”, sostuvo Vidal Russell.
“En noviembre sacaron unos cien ejemplares y ahora en febrero pasado fueron otra vez y sacaron otro centenar. Pero en abril regresaron y no había nada”, destacó. El objetivo es seguir con las campañas de monitoreo porque esparce una semilla de 1 milímetro. “Hay que seguir con el monitoreo y expandirlo un poco al lado de la pasarela para verificar que no se haya expandido. Estamos esperando hasta la primavera para ver si germinan. Por eso, no cantemos victoria”, enfatizó Vidal Russell.
La mujer araña del turismo
“Los guías de turismo somos los que más en contacto estamos con el entorno natural”, asegura María Fernanda. “Aunque vamos todos los días a Puerto Blest, estamos enamorados del entorno”, afirmó la mujer que es oriunda de Córdoba, y hace 11 años que vive en Bariloche. Estudió la carrera de guía de turismo y se recibió hace 3 años.
Era una forma de estar en contacto con la naturaleza, que la apasiona. Siempre quiso estudiar biología, pero no pudo. “Me gusta mucho la biología”, asegura.
“En Puerto Blest soy la mujer araña”, ironizó. Explicó que así la bautizaron sus compañeros “porque hay una araña a la que no le dan mucha bolilla que teje en dos colores y me puse a investigar. Fui a consultar a un especialista que me hable de la araña”. “Es la Thaida Peculiaris. Teje en lo que yo llamo color araña: gris, blanco, transparente. Lo que uno crea ver”, aseguró. Dijo que hubo un chico de 13 años que hizo la excursión a Puerto Blest sólo para conocer el hábitat de la araña. “¿Acá es donde teje la araña?, me preguntó”, rememora ella, apasionada.
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