Ana Zabaloy: murió un símbolo de la lucha contra agrotóxicos
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Murió la directora de una de las escuelas fumigadas con agrotóxicos
Fecha de Publicación: 12/06/2019
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional
Estaba al frente de la escuela rural 11, de San Antonio de Areco. Lideró la lucha para que dejaran de envenenar a sus alumnos.
Fue directora de una de las tantas escuelas fumigadas a lo largo y ancho del país. Le puso el cuerpo a los agrotóxicos y salió a pelear para que dejaran de fumigar, por aire y por tierra, a sus alumnos. El domingo por la tarde, a la hora de la siesta, murió en su pueblo de San Antonio de Areco, al que defendió del veneno, la docente Ana Zabaloy, que había sido directora de la Escuela Rural número 11 de esa ciudad. De tanto poner el cuerpo, fue afectada por una serie de enfermedades provocadas por la agresión permanente de los venenos que se utilizan para aumentar las ganancias de los terratenientes. "Se nos fue Ana Zabaloy, una de nuestras maestras fumigadas, emblema de la lucha contra el uso de agrotóxicos en la provincia de Buenos Aires y símbolo de la batalla que libran las docentes en nuestras escuelas rurales", declaró Patricio Eleisegui, autor del libro "Envenenados: Una bomba química nos extermina en silencio".
En un comunicado, el Consejo Ejecutivo Provincial de Suteba expresó que "despide con dolor" a la docente fallecida y al mismo tiempo convoca a "redoblar la lucha contra las fumigaciones, porque ese es el mejor homenaje" a Zabaloy. El sindicato que agrupa a los docentes bonaerenses destacó que ella "luchó incansablemente contra las fumigaciones sobre las escuelas y colaboró con el Suteba de San Antonio de Areco en la elaboración de la Ordenanza 4226/17, que limita el uso de los agrotóxicos, y que prohíbe su aplicación aérea", algo que se hacía con frecuencia en la escuela rural 11 en la que Zabaloy fue directora.
Además de asumir el compromiso de "mantener su lucha para evitar que los agroquímicos perjudiquen la salud de nuestro pueblo", Suteba exigió "a quienes gobiernan que se legisle de modo tal que las prácticas agrícolas sean eficaces y saludables". La entidad gremial advirtió que "el cuidado de la vida debe prevalecer por encima del negocio de las minorías privilegiadas que hoy gozan de impunidad". Eleisegui, por su parte, señaló que la docente fallecida "sufrió en su cuerpo los efectos de venenos como el 2,4-D", cuyo uso fue prohibido en varios países. Su historia clínica fue mudando "de una parestesia facial a la insuficiencia respiratoria, pasando por consecuencias de salud mucho más graves", hasta que "devino en otro ejemplo de cómo el modelo agrotóxico apaga nuestra supervivencia".
En el recuerdo a Zabaloy, se resaltó que "peleó del lado y a favor de la vida hasta que decidió volverse eterna". También le rindió homenaje el senador nacional Fernando "Pino" Solanas, quien dijo que "murió de cáncer una de las 'maestras fumigadas' que vivió protegiendo la escuela rural, donde era directora y donde padeció las enfermedades que la llevaron a la muerte. Eso pasó al recibir, igual que sus alumnos, pulverizaciones con agroquímicos" durante años.
El 5 de octubre de 2015 la Escuela 11 José Manuel Estrada, ubicada a 20 kilómetros del casco urbano de Areco, fue fumigada una vez más, en horario escolar, incumpliendo las normas establecidas por la normativa vigente en la zona. Ese día, como tantos otros, Ana Zabaloy salió al aire por la Red de Medios Alternativos para denunciar que estaban usando "sustancias muy fuertes que en otros países se han prohibido y que eso esté pasando en el patio de la escuela es preocupante".
La maestra rural precisó que ese lunes de octubre "cuando salimos al patio, nos sentamos en las hamacas, y vimos un mosquito (la máquina que se usa para fumigar), cruzando la calle de la escuela, a unos 30 metros", en plena tarea de fumigación. Precisó que "el mosquito iba dando toda una vuelta alrededor del terreno y en ese momento estaba pasando enfrente de la escuela, algo que ya nos ha pasado en otras ocasiones".
Las normativas, es cierto, tienen una importancia relativa a nivel de prevención dado que, como denunció ese día Zabaloy, fijan que se debe fumigar a una distancia de 100 metros "que no es nada, pero en este caso, además, era menor la distancia todavía". Tampoco lo podían hacer en horario escolar, pero igual lo hacían. Como consecuencia de "poner el cuerpo", como lo hizo siempre, la maestra rural es otra víctima de los agrotóxicos.
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Fecha de Publicación: 12/06/2019
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional
Estaba al frente de la escuela rural 11, de San Antonio de Areco. Lideró la lucha para que dejaran de envenenar a sus alumnos.
Fue directora de una de las tantas escuelas fumigadas a lo largo y ancho del país. Le puso el cuerpo a los agrotóxicos y salió a pelear para que dejaran de fumigar, por aire y por tierra, a sus alumnos. El domingo por la tarde, a la hora de la siesta, murió en su pueblo de San Antonio de Areco, al que defendió del veneno, la docente Ana Zabaloy, que había sido directora de la Escuela Rural número 11 de esa ciudad. De tanto poner el cuerpo, fue afectada por una serie de enfermedades provocadas por la agresión permanente de los venenos que se utilizan para aumentar las ganancias de los terratenientes. "Se nos fue Ana Zabaloy, una de nuestras maestras fumigadas, emblema de la lucha contra el uso de agrotóxicos en la provincia de Buenos Aires y símbolo de la batalla que libran las docentes en nuestras escuelas rurales", declaró Patricio Eleisegui, autor del libro "Envenenados: Una bomba química nos extermina en silencio".
En un comunicado, el Consejo Ejecutivo Provincial de Suteba expresó que "despide con dolor" a la docente fallecida y al mismo tiempo convoca a "redoblar la lucha contra las fumigaciones, porque ese es el mejor homenaje" a Zabaloy. El sindicato que agrupa a los docentes bonaerenses destacó que ella "luchó incansablemente contra las fumigaciones sobre las escuelas y colaboró con el Suteba de San Antonio de Areco en la elaboración de la Ordenanza 4226/17, que limita el uso de los agrotóxicos, y que prohíbe su aplicación aérea", algo que se hacía con frecuencia en la escuela rural 11 en la que Zabaloy fue directora.
Además de asumir el compromiso de "mantener su lucha para evitar que los agroquímicos perjudiquen la salud de nuestro pueblo", Suteba exigió "a quienes gobiernan que se legisle de modo tal que las prácticas agrícolas sean eficaces y saludables". La entidad gremial advirtió que "el cuidado de la vida debe prevalecer por encima del negocio de las minorías privilegiadas que hoy gozan de impunidad". Eleisegui, por su parte, señaló que la docente fallecida "sufrió en su cuerpo los efectos de venenos como el 2,4-D", cuyo uso fue prohibido en varios países. Su historia clínica fue mudando "de una parestesia facial a la insuficiencia respiratoria, pasando por consecuencias de salud mucho más graves", hasta que "devino en otro ejemplo de cómo el modelo agrotóxico apaga nuestra supervivencia".
En el recuerdo a Zabaloy, se resaltó que "peleó del lado y a favor de la vida hasta que decidió volverse eterna". También le rindió homenaje el senador nacional Fernando "Pino" Solanas, quien dijo que "murió de cáncer una de las 'maestras fumigadas' que vivió protegiendo la escuela rural, donde era directora y donde padeció las enfermedades que la llevaron a la muerte. Eso pasó al recibir, igual que sus alumnos, pulverizaciones con agroquímicos" durante años.
El 5 de octubre de 2015 la Escuela 11 José Manuel Estrada, ubicada a 20 kilómetros del casco urbano de Areco, fue fumigada una vez más, en horario escolar, incumpliendo las normas establecidas por la normativa vigente en la zona. Ese día, como tantos otros, Ana Zabaloy salió al aire por la Red de Medios Alternativos para denunciar que estaban usando "sustancias muy fuertes que en otros países se han prohibido y que eso esté pasando en el patio de la escuela es preocupante".
La maestra rural precisó que ese lunes de octubre "cuando salimos al patio, nos sentamos en las hamacas, y vimos un mosquito (la máquina que se usa para fumigar), cruzando la calle de la escuela, a unos 30 metros", en plena tarea de fumigación. Precisó que "el mosquito iba dando toda una vuelta alrededor del terreno y en ese momento estaba pasando enfrente de la escuela, algo que ya nos ha pasado en otras ocasiones".
Las normativas, es cierto, tienen una importancia relativa a nivel de prevención dado que, como denunció ese día Zabaloy, fijan que se debe fumigar a una distancia de 100 metros "que no es nada, pero en este caso, además, era menor la distancia todavía". Tampoco lo podían hacer en horario escolar, pero igual lo hacían. Como consecuencia de "poner el cuerpo", como lo hizo siempre, la maestra rural es otra víctima de los agrotóxicos.
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Ley de glaciares: Catamarca convoca a sectores
Minería convocó a sectores económicos
Fecha de Publicación: 12/06/2019
Fuente: El Ancasti
Provincia/Región: Catamarca
La Secretaría de Estado de Minería convocó a una reunión a empresarios, gremialistas, legisladores, proveedores y técnicos para comenzar a debatir los alcances de la Ley de Glaciares (26.639) en la Provincia.
A modo de conclusión, todos coincidieron en la necesidad de trabajar una legislación local en la que se incluya un inventario de los glaciares que pudiera haber en territorio provincial y que compatibilice el cuidado del medio ambiente con el desarrollo de actividades productivas como la minería, el turismo y otras industrias.
Para ello, trabajará junto con el equipo del organismo minero la doctora en Geología Adriana Niz, de la UNCA, una experta en la temática, y miembros de organismos internacionales.
Del encuentro, que se llevó a cabo el viernes, participaron representantes de la Intersindical Mineral, de la Unión Industrial y de la Unión Comercial, de las empresas mineras, de las cámaras de proveedores, de las organizaciones de desocupados y legisladores provinciales. El secretario de Minería, Rodolfo Micone, explicó los aspectos técnicos e implicancias de esta ley nacional y el asesor legal de la Secretaría, los alcances jurídicos. Niz, por su parte, aclaró términos y definiciones.
Todos los asistentes coincidieron en la necesidad de que la Provincia, como dueña de sus recursos naturales, sea la que defina cómo cuidar sus recursos y qué hacer con ellos.
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Fecha de Publicación: 12/06/2019
Fuente: El Ancasti
Provincia/Región: Catamarca
La Secretaría de Estado de Minería convocó a una reunión a empresarios, gremialistas, legisladores, proveedores y técnicos para comenzar a debatir los alcances de la Ley de Glaciares (26.639) en la Provincia.
A modo de conclusión, todos coincidieron en la necesidad de trabajar una legislación local en la que se incluya un inventario de los glaciares que pudiera haber en territorio provincial y que compatibilice el cuidado del medio ambiente con el desarrollo de actividades productivas como la minería, el turismo y otras industrias.
Para ello, trabajará junto con el equipo del organismo minero la doctora en Geología Adriana Niz, de la UNCA, una experta en la temática, y miembros de organismos internacionales.
Del encuentro, que se llevó a cabo el viernes, participaron representantes de la Intersindical Mineral, de la Unión Industrial y de la Unión Comercial, de las empresas mineras, de las cámaras de proveedores, de las organizaciones de desocupados y legisladores provinciales. El secretario de Minería, Rodolfo Micone, explicó los aspectos técnicos e implicancias de esta ley nacional y el asesor legal de la Secretaría, los alcances jurídicos. Niz, por su parte, aclaró términos y definiciones.
Todos los asistentes coincidieron en la necesidad de que la Provincia, como dueña de sus recursos naturales, sea la que defina cómo cuidar sus recursos y qué hacer con ellos.
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Vienen a auditar las emisiones de gases de efecto invernadero
El país, bajo la lupa de organismos internacionales por el cambio climático
Fecha de Publicación: 12/06/2019
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Desde el lunes pasado, dos equipos técnicos internacionales revisan cientos de planillas de Excel con datos sobre cómo la Argentina está controlando sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) para alcanzar su compromiso de no liberar al ambiente más de 483 megatoneladas de dióxido de carbono (CO2) en la próxima década. Esos datos forman parte del borrador del tercer Inventario Nacional de GEI, que se conocerá recién en la segunda mitad del año.
"Si el inventario de 2030 dice que alcanzamos ese valor, habremos hecho las cosas bien. Si estamos por encima, las habremos hecho mal. Pero vamos camino a cumplir con esa contribución nacional comprometida en 2016", dijo Carlos Gentile, secretario de Cambio Climático y Desarrollo Sustentable.
Por ahora, está disponible online la segunda actualización del inventario, que cubre el período 1990-2014 y se puede consultar en https://inventariogei.ambiente.gob.ar. Incluye, por sectores, cómo la producción de energía, la industria, el manejo de los residuos y la explotación agropecuaria, con sus usos, contribuyen con las emisiones de los GEI, entre los que prevalece el CO2, que favorecen el calentamiento global y el cambio climático. El país aporta el 0,7% de las emisiones atmosféricas contaminantes mundiales.
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Fecha de Publicación: 12/06/2019
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Desde el lunes pasado, dos equipos técnicos internacionales revisan cientos de planillas de Excel con datos sobre cómo la Argentina está controlando sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) para alcanzar su compromiso de no liberar al ambiente más de 483 megatoneladas de dióxido de carbono (CO2) en la próxima década. Esos datos forman parte del borrador del tercer Inventario Nacional de GEI, que se conocerá recién en la segunda mitad del año.
"Si el inventario de 2030 dice que alcanzamos ese valor, habremos hecho las cosas bien. Si estamos por encima, las habremos hecho mal. Pero vamos camino a cumplir con esa contribución nacional comprometida en 2016", dijo Carlos Gentile, secretario de Cambio Climático y Desarrollo Sustentable.
Por ahora, está disponible online la segunda actualización del inventario, que cubre el período 1990-2014 y se puede consultar en https://inventariogei.ambiente.gob.ar. Incluye, por sectores, cómo la producción de energía, la industria, el manejo de los residuos y la explotación agropecuaria, con sus usos, contribuyen con las emisiones de los GEI, entre los que prevalece el CO2, que favorecen el calentamiento global y el cambio climático. El país aporta el 0,7% de las emisiones atmosféricas contaminantes mundiales.
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Seis proyectos que intentan salvar nuestras especies
Seis proyectos para proteger especies autóctonas de la Argentina
Fecha de Publicación: 11/06/2019
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
El Aguila Coronada, el Caballito de Mar Patagónico, el Gato Andino, el Tordo Amarillo, el Puma y el Centro de Rescate de Fauna de la Ciudad de Buenos Aires son las proyectos que conoceremos en "Héroes de la Conservación" la nueva serie documental de naturaleza realizada por National Geographic y narrada por Ricardo Darín.
Transcurre en nueve provincias de Argentina (San Luis, Mendoza, Corrientes, Jujuy, Salta, La Pampa, Río Negro, Santa Cruz y Buenos Aires), visibilizando algunas de las tantas historias contadas por sus protagonistas que forman parte de proyectos apasionados y silenciosos de conservación en el país.
Más de 20.000 km. recorridos y unos sesenta días de rodaje en campo fueron necesarios para contar estas historias realizadas por Jumara Films y Kenya Films. El estreno fue el 5 de junio como festejo por el Día Mundial del Medioambiente.
Seis trabajos que hablan de tenacidad y dedicación con la esperanza de cambiar la realidad de muchas especies que se encuentran en situación crítica. Historias contadas por sus protagonistas: aquellas personas que están detrás de los proyectos aportando su formación, sus ideas, su creatividad y su talento al mundo de la conservación.
Ver la Nota Completa
Fecha de Publicación: 11/06/2019
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
El Aguila Coronada, el Caballito de Mar Patagónico, el Gato Andino, el Tordo Amarillo, el Puma y el Centro de Rescate de Fauna de la Ciudad de Buenos Aires son las proyectos que conoceremos en "Héroes de la Conservación" la nueva serie documental de naturaleza realizada por National Geographic y narrada por Ricardo Darín.
Transcurre en nueve provincias de Argentina (San Luis, Mendoza, Corrientes, Jujuy, Salta, La Pampa, Río Negro, Santa Cruz y Buenos Aires), visibilizando algunas de las tantas historias contadas por sus protagonistas que forman parte de proyectos apasionados y silenciosos de conservación en el país.
Más de 20.000 km. recorridos y unos sesenta días de rodaje en campo fueron necesarios para contar estas historias realizadas por Jumara Films y Kenya Films. El estreno fue el 5 de junio como festejo por el Día Mundial del Medioambiente.
Seis trabajos que hablan de tenacidad y dedicación con la esperanza de cambiar la realidad de muchas especies que se encuentran en situación crítica. Historias contadas por sus protagonistas: aquellas personas que están detrás de los proyectos aportando su formación, sus ideas, su creatividad y su talento al mundo de la conservación.
Ver la Nota Completa
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Llegó el rotulado de eficiencia energética para autos
El 15 % de los autos que se comercialice tendrá una etiqueta de eficiencia energética
Fecha de Publicación: 11/06/2019
Fuente: Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
La misma incluye datos sobre el consumo de combustible y las emisiones de CO2. El etiquetado pone a disposición de los usuarios información útil sobre el ahorro de combustible y el cuidado del ambiente.
A partir de hoy, al menos un 15% de los autos que se venden en los mismos. Km de distancia recorrida) y las emisiones de CO2 (en gramos por kilómetro recorrido).
El etiquetado tiene como finalidad la disposición de los usuarios la información útil sobre el ahorro de combustible y el cuidado del ambiente, la información sobre la hora de elegir y adquirir un vehículo.
Se trata de autos livianos (hasta 3.500 kg) con la etiqueta informativa de eficiencia energética, según Resolución 85/2018 de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y la norma IRAM-AITA 10274. En lo sucesivo se agregan más modelos hasta alcanzar, en junio de 2020, la totalidad de los vehículos nuevos comercializados.
Así lo anunciaron este mediodía el secretario de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman y los representantes de la Secretaría de Energía del Ministerio de Hacienda, el coordinador de Transporte de la Subsecretaría de Energías Renovables y Eficiencia Energética, Fernando Lía, y el director de Educación y Fomento en Uso Responsable de la Energía, Juan Manuel Ojea, en el evento “Sin contaminación del aire”, en el marco de la celebración por el Día Mundial del Ambiente realizada en la Plaza de las Armas Ejército Argentino.
Allí, Bergman aseguró: “Junto con nuestros compañeros de energía, les presentamos esta iniciativa de etiquetado vehicular. La idea es que progresivamente todos los vehículos tienen un etiquetado ”. Al tiempo de señalar: “No nos olvidamos de uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 es reflexionar sobre cómo producir, cómo consumir y cómo cambiamos nuestros hábitos”; en particular, sobre el sector automotriz, remarcó la importancia "de que esa industria tiene una calificación en términos de cómo impacta en el ambiente y cuánto se impacta en la salud de la gente".
Finalmente, el funcionario nacional destacó: "Nos alegra poder hacer lo que el Presidente nos pide, trabajar como un equipo, todas las secretarías y ministerios de diferentes incumbencias, haciendo juntos este trabajo convergente".
El evento también contó con la presencia del subsecretario de fiscalización y la recomendación de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Juan Trebino; El embajador de Canadá, David Usher; El presidente de APRA, Juan Filgueira Risso, entre otros.
Beneficios de la etiqueta de eficiencia energética:
· Hacer una comparación entre los vehículos según su consumo y desempeño;
· Poder optar por el auto más eficiente, es decir, el que menos energía consumir, manteniendo la misma prestación;
· Ahorrar dinero como producto del ahorro de combustible.
La información se convirtió en la etiqueta se obtuvo la redacción se obtuvo en la redacción IRAM / AITA 10274-1, que se describe la información que se debe seguir para realizar la transmisión de emisiones de CO2 y el consumo de combustible de los vehículos livianos.
El formato de la etiqueta debe cumplirse según lo detallado en la norma IRAM / AITA 10274-2 y debe incluir la información de la marca comercial, modelo, tipo de combustible, cilindrada del motor, marchas del automóvil y nivel de emisiones. La correspondiente norma europea de cumplimiento.
En su parte inferior, por su parte, se incorporó un código QR que remite al sitio web oficial de etiquetado vehicular.
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Fecha de Publicación: 11/06/2019
Fuente: Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
La misma incluye datos sobre el consumo de combustible y las emisiones de CO2. El etiquetado pone a disposición de los usuarios información útil sobre el ahorro de combustible y el cuidado del ambiente.
A partir de hoy, al menos un 15% de los autos que se venden en los mismos. Km de distancia recorrida) y las emisiones de CO2 (en gramos por kilómetro recorrido).
El etiquetado tiene como finalidad la disposición de los usuarios la información útil sobre el ahorro de combustible y el cuidado del ambiente, la información sobre la hora de elegir y adquirir un vehículo.
Se trata de autos livianos (hasta 3.500 kg) con la etiqueta informativa de eficiencia energética, según Resolución 85/2018 de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y la norma IRAM-AITA 10274. En lo sucesivo se agregan más modelos hasta alcanzar, en junio de 2020, la totalidad de los vehículos nuevos comercializados.
Así lo anunciaron este mediodía el secretario de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman y los representantes de la Secretaría de Energía del Ministerio de Hacienda, el coordinador de Transporte de la Subsecretaría de Energías Renovables y Eficiencia Energética, Fernando Lía, y el director de Educación y Fomento en Uso Responsable de la Energía, Juan Manuel Ojea, en el evento “Sin contaminación del aire”, en el marco de la celebración por el Día Mundial del Ambiente realizada en la Plaza de las Armas Ejército Argentino.
Allí, Bergman aseguró: “Junto con nuestros compañeros de energía, les presentamos esta iniciativa de etiquetado vehicular. La idea es que progresivamente todos los vehículos tienen un etiquetado ”. Al tiempo de señalar: “No nos olvidamos de uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 es reflexionar sobre cómo producir, cómo consumir y cómo cambiamos nuestros hábitos”; en particular, sobre el sector automotriz, remarcó la importancia "de que esa industria tiene una calificación en términos de cómo impacta en el ambiente y cuánto se impacta en la salud de la gente".
Finalmente, el funcionario nacional destacó: "Nos alegra poder hacer lo que el Presidente nos pide, trabajar como un equipo, todas las secretarías y ministerios de diferentes incumbencias, haciendo juntos este trabajo convergente".
El evento también contó con la presencia del subsecretario de fiscalización y la recomendación de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Juan Trebino; El embajador de Canadá, David Usher; El presidente de APRA, Juan Filgueira Risso, entre otros.
Beneficios de la etiqueta de eficiencia energética:
· Hacer una comparación entre los vehículos según su consumo y desempeño;
· Poder optar por el auto más eficiente, es decir, el que menos energía consumir, manteniendo la misma prestación;
· Ahorrar dinero como producto del ahorro de combustible.
La información se convirtió en la etiqueta se obtuvo la redacción se obtuvo en la redacción IRAM / AITA 10274-1, que se describe la información que se debe seguir para realizar la transmisión de emisiones de CO2 y el consumo de combustible de los vehículos livianos.
El formato de la etiqueta debe cumplirse según lo detallado en la norma IRAM / AITA 10274-2 y debe incluir la información de la marca comercial, modelo, tipo de combustible, cilindrada del motor, marchas del automóvil y nivel de emisiones. La correspondiente norma europea de cumplimiento.
En su parte inferior, por su parte, se incorporó un código QR que remite al sitio web oficial de etiquetado vehicular.
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Salta: investigadoras a favor de la nueva ley penal
Investigadoras salteñas, a favor de que se penalicen los delitos ambientales
Fecha de Publicación: 11/06/2019
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta
En el proyecto se tipifican conductas como delitos y se les impone sanciones penales, que van desde multas hasta prisión. Javier Corbalán
En el marco del programa Justicia 2020, que lleva adelante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, el 25 de marzo último se elevó al Congreso nacional un proyecto de reforma del Código Penal, que incluirá por primera vez un capítulo sobre delitos ambientales.
Ayer, por la tarde, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, presentó esta iniciativa en el Senado de la Nación, junto con los miembros de la comisión para la Reforma del Código Penal, tras ser invitado por la Cámara Alta. La comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado estudiará el proyecto las próximas semanas.
Las abogadas e investigadoras María Cristina Garros Martínez, Rosa Inés Torres Fernández, María Celeste Martínez y Elizabeth Safar, quienes integran el Instituto de Derecho Ambiental y de la Sustentabilidad (Ideas) de la Universidad Católica de Salta (Ucasal), se expresaron a favor de que se penalicen los delitos contra el medioambiente.
En un artículo, que acercaron a El Tribuno por el Día del Medio Ambiente, que se celebra hoy en todo el mundo, analizaron la propuesta del Ejecutivo nacional, con la intención de aportar al debate. Desde el Ideas enviaron trabajos sobre este tema a publicaciones especializadas en derecho ambiental e intervinieron en una propuesta de la cátedra de Derecho Penal, que llegó a la comisión redactora del Poder Ejecutivo.
Las especialistas mencionaron que en el proyecto se tipifican conductas como delitos y se les imponen sanciones penales, que van desde multas hasta la prisión, y se agravan cuando se trata de áreas protegidas. "Todas las figuras que han sido detalladas son delitos contra el ambiente y contra la vida de todos los seres vivos, humanos y animales", expresaron.
Insistieron en que el estado de gravedad en que está el ambiente hace necesario adoptar medidas fuertes. "Ahora nos encontramos con la disminución de los bosques, con la contaminación de las aguas de los mares, océanos, ríos y con el aire alterado", graficaron.
Manifestaron que la necesidad de la ampliación y la tipificación penal es el "reflejo" del fracaso administrativo en la gestión y el control de la protección del ambiente y en la falta de conciencia y solidaridad en cuanto al desarrollo, consumo y uso de los recursos por parte de los sectores privado y civil.
En el escrito, mencionaron al experto en derecho penal Edgardo Alberto Donna, quien considera que la tarea del legislador en materia de medioambiente ha sido insuficiente. "Resulta necesario proteger el medio ambiente como un bien jurídico independiente y efectuar la tipificación de las conductas dañosas como delitos ambientales en el Código Penal de la Nación Argentina, para que sean reprimidas las acciones cometidas por el ser humano, con el fin de evitar que continúen cometiéndose daños al medioambiente", expresaron.
Invitaron a la sociedad a comprometerse para dejar a las generaciones presentes y futuras un ambiente en camino de recuperación: "Ojalá que los legisladores piensen en los derechos humanos y no en intereses sectoriales, económicos o personales; que piensen en el ambiente como la tierra que es la casa común, que piensen en sus hijos y nietos, en los seres sintientes y en todos los ciudadanos que representan".
"Un artículo llamador"
La especialista en derecho ambiental, exjueza de la Corte de Justicia de la Provincia de Salta y directora del Ideas, María Cristina Garros Martínez, se refirió, al hablar con El Tribuno, al "capítulo totalmente novedoso de delitos ambientales".
"Hay que empezar a pensar, a debatir, a conversar, porque es un artículo llamador. Habrá gente que está en contra de que se incluya. Entonces, hay que debatirlo y no que salga de un día para el otro", alertó.
Señaló que casi no se habla de este tema en los medios de comunicación, como sí sucede con el femicidio o el aborto. Afirmó que deben existir sanciones penales por delitos ambientales. "Vemos que a las sanciones administrativas -multas- las apelan y, al final, el empresario incluye la supuesta multa que le van a aplicar en su presupuesto y sigue desmontando, por ejemplo", señaló.
Mencionó que en otros estados existen sanciones penales por delitos ambientales: además de multas a las empresas, se aplican penas de prisión a los directivos. Mencionó el caso de Brasil, que tiene tribunales ambientales, algunos de los cuales son itinerantes.
Garros Martínez se mostró a favor de dejar de lado el antropocentrismo: "Hay una tendencia fuerte, que, en general, es tomada por los más jóvenes, que dice que hay que cuidar el ambiente en sí mismo. Es lo que propone el papa Francisco en la (encíclica) "Laudato si', cuando dice que cuidemos la casa común. Es lo que dicen los pueblos indígenas: la Pachamama es la que nos da la vida, por el cultivo, por la tierra, por el aire, por todo".
Criticaron aspectos de la redacción
La propuesta de reforma del Código Penal incorpora el título “Delitos contra el ambiente”, con ocho capítulos: contaminación y otros daños al ambiente, delitos contra la biodiversidad, delitos contra la fauna silvestre y otros animales, maltrato y crueldad con animales, delitos contra los bosques nativos y protectores, delitos contra el patrimonio genético, definiciones y disposiciones generales.
Las investigadoras salteñas criticaron que las figuras resultaran extensas y que hubiera confusión en los términos técnicos. Plantearon que esto no es conveniente por la interpretación y la lectura que podrían hacer quienes pudieran resultar punibles.
Sobre maltrato animal
En relación con la inclusión de los delitos de maltrato animal dentro de los delitos contra el ambiente, las especialistas evaluaron que se trata de un retroceso de más de 70 años en la valoración de los animales y que implica una visión antropocéntrica. Advirtieron que la doctrina y la jurisprudencia nacional más reciente, de vanguardia a nivel mundial, considera al animal como sujeto de derecho.
“La biodiversidad es protegida desde una concepción de especie y su conservación y no, desde la individualidad del animal por su capacidad de ser sintiente, como está previsto en la vigente Ley Penal 14.346, que data de 1954, de actos de maltrato y crueldad animal, cuyo bien jurídico protegido es el animal en su individualidad como víctima de maltrato (y no el hombre o la especie)”.
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Fecha de Publicación: 11/06/2019
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta
En el proyecto se tipifican conductas como delitos y se les impone sanciones penales, que van desde multas hasta prisión. Javier Corbalán
En el marco del programa Justicia 2020, que lleva adelante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, el 25 de marzo último se elevó al Congreso nacional un proyecto de reforma del Código Penal, que incluirá por primera vez un capítulo sobre delitos ambientales.
Ayer, por la tarde, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, presentó esta iniciativa en el Senado de la Nación, junto con los miembros de la comisión para la Reforma del Código Penal, tras ser invitado por la Cámara Alta. La comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado estudiará el proyecto las próximas semanas.
Las abogadas e investigadoras María Cristina Garros Martínez, Rosa Inés Torres Fernández, María Celeste Martínez y Elizabeth Safar, quienes integran el Instituto de Derecho Ambiental y de la Sustentabilidad (Ideas) de la Universidad Católica de Salta (Ucasal), se expresaron a favor de que se penalicen los delitos contra el medioambiente.
En un artículo, que acercaron a El Tribuno por el Día del Medio Ambiente, que se celebra hoy en todo el mundo, analizaron la propuesta del Ejecutivo nacional, con la intención de aportar al debate. Desde el Ideas enviaron trabajos sobre este tema a publicaciones especializadas en derecho ambiental e intervinieron en una propuesta de la cátedra de Derecho Penal, que llegó a la comisión redactora del Poder Ejecutivo.
Las especialistas mencionaron que en el proyecto se tipifican conductas como delitos y se les imponen sanciones penales, que van desde multas hasta la prisión, y se agravan cuando se trata de áreas protegidas. "Todas las figuras que han sido detalladas son delitos contra el ambiente y contra la vida de todos los seres vivos, humanos y animales", expresaron.
Insistieron en que el estado de gravedad en que está el ambiente hace necesario adoptar medidas fuertes. "Ahora nos encontramos con la disminución de los bosques, con la contaminación de las aguas de los mares, océanos, ríos y con el aire alterado", graficaron.
Manifestaron que la necesidad de la ampliación y la tipificación penal es el "reflejo" del fracaso administrativo en la gestión y el control de la protección del ambiente y en la falta de conciencia y solidaridad en cuanto al desarrollo, consumo y uso de los recursos por parte de los sectores privado y civil.
En el escrito, mencionaron al experto en derecho penal Edgardo Alberto Donna, quien considera que la tarea del legislador en materia de medioambiente ha sido insuficiente. "Resulta necesario proteger el medio ambiente como un bien jurídico independiente y efectuar la tipificación de las conductas dañosas como delitos ambientales en el Código Penal de la Nación Argentina, para que sean reprimidas las acciones cometidas por el ser humano, con el fin de evitar que continúen cometiéndose daños al medioambiente", expresaron.
Invitaron a la sociedad a comprometerse para dejar a las generaciones presentes y futuras un ambiente en camino de recuperación: "Ojalá que los legisladores piensen en los derechos humanos y no en intereses sectoriales, económicos o personales; que piensen en el ambiente como la tierra que es la casa común, que piensen en sus hijos y nietos, en los seres sintientes y en todos los ciudadanos que representan".
"Un artículo llamador"
La especialista en derecho ambiental, exjueza de la Corte de Justicia de la Provincia de Salta y directora del Ideas, María Cristina Garros Martínez, se refirió, al hablar con El Tribuno, al "capítulo totalmente novedoso de delitos ambientales".
"Hay que empezar a pensar, a debatir, a conversar, porque es un artículo llamador. Habrá gente que está en contra de que se incluya. Entonces, hay que debatirlo y no que salga de un día para el otro", alertó.
Señaló que casi no se habla de este tema en los medios de comunicación, como sí sucede con el femicidio o el aborto. Afirmó que deben existir sanciones penales por delitos ambientales. "Vemos que a las sanciones administrativas -multas- las apelan y, al final, el empresario incluye la supuesta multa que le van a aplicar en su presupuesto y sigue desmontando, por ejemplo", señaló.
Mencionó que en otros estados existen sanciones penales por delitos ambientales: además de multas a las empresas, se aplican penas de prisión a los directivos. Mencionó el caso de Brasil, que tiene tribunales ambientales, algunos de los cuales son itinerantes.
Garros Martínez se mostró a favor de dejar de lado el antropocentrismo: "Hay una tendencia fuerte, que, en general, es tomada por los más jóvenes, que dice que hay que cuidar el ambiente en sí mismo. Es lo que propone el papa Francisco en la (encíclica) "Laudato si', cuando dice que cuidemos la casa común. Es lo que dicen los pueblos indígenas: la Pachamama es la que nos da la vida, por el cultivo, por la tierra, por el aire, por todo".
Criticaron aspectos de la redacción
La propuesta de reforma del Código Penal incorpora el título “Delitos contra el ambiente”, con ocho capítulos: contaminación y otros daños al ambiente, delitos contra la biodiversidad, delitos contra la fauna silvestre y otros animales, maltrato y crueldad con animales, delitos contra los bosques nativos y protectores, delitos contra el patrimonio genético, definiciones y disposiciones generales.
Las investigadoras salteñas criticaron que las figuras resultaran extensas y que hubiera confusión en los términos técnicos. Plantearon que esto no es conveniente por la interpretación y la lectura que podrían hacer quienes pudieran resultar punibles.
Sobre maltrato animal
En relación con la inclusión de los delitos de maltrato animal dentro de los delitos contra el ambiente, las especialistas evaluaron que se trata de un retroceso de más de 70 años en la valoración de los animales y que implica una visión antropocéntrica. Advirtieron que la doctrina y la jurisprudencia nacional más reciente, de vanguardia a nivel mundial, considera al animal como sujeto de derecho.
“La biodiversidad es protegida desde una concepción de especie y su conservación y no, desde la individualidad del animal por su capacidad de ser sintiente, como está previsto en la vigente Ley Penal 14.346, que data de 1954, de actos de maltrato y crueldad animal, cuyo bien jurídico protegido es el animal en su individualidad como víctima de maltrato (y no el hombre o la especie)”.
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Ya quieren cambiar la ley de glaciares ante el fallo adverso
El Gobierno planea modificar una ley por el fallo de glaciares
Fecha de Publicación: 10/06/2019
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: Nacional
Buscan definir con precisión el ambiente periglaciar para evitar controversias que entorpezcan la minería.
El día después de conocido el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación referido a la demanda de inconstitucionalidad de la Ley de Glaciares, en el Gobierno provincial buscan ahora modificar la legislación local, con una nueva norma o con precisiones a la vigente, la 8.144. La idea es definir con precisión el ambiente periglaciar, mencionado en forma genérica en la ley nacional, la 26.639, y que podría prestarse para confusiones, para evitar controversias que puedan entorpecer el desarrollo de la actividad minera en San Juan.
"Hay una indefinición del ambiente periglaciar, que es muy amplio y las sociedades científicas han dicho que hay que precisarlo porque es un concepto indefinido que, de esa forma, abarca toda la cordillera", dijo ayer el fiscal de Estado, Jorge Alvo. El funcionario, junto al ministro de Minería, Alberto Hensel, participó ayer en una conferencia de prensa para explicar los alcances del fallo del máximo tribunal de justicia del país. "En principio, el fallo de ninguna manera afecta el normal desarrollo de la actividad minera en San Juan. Es un claro reconocimiento a las atribuciones y derechos de las provincias sobre sus recursos originarios y una mención al necesario funcionamiento del sistema federal", dijo, tal como lo había adelantado el día anterior.
La Corte Suprema se pronunció el martes rechazando una demanda de inconstitucionalidad de la ley 26.639, planteada por las empresas mineras Barrick Exploraciones Argentinas S.A. y Exploraciones Mineras Argentinas SA, concesionarias del emprendimiento Pascua Lama y Minera Argentina Gold SA, del proyecto Veladero.
Despejada la duda en el sentido de que con el dictamen no se verán afectados los proyectos en marcha ni los futuros, en el Gobierno sanjuanino buscan avanzar en un camino en el que no se vayan a encontrar obstáculos que puedan entorpecer la actividad. Una de las cuestiones es la indefinición del término ambiente periglaciar, demasiado amplio, por lo que en la administración provincial entienden que hay que avanzar para despejar cualquier duda. Una alternativa, la más cercana según las fuentes consultadas, es o bien modificar la norma provincial o sancionar una nueva que aclare convenientemente el término. Intentar una modificación de la Ley de Glaciares, que es sobre la que se ha pronunciado la Corte Suprema, está descartado porque sería incentivar una nuevo debate nacional sobre la minería, una posibilidad que en el Gobierno local no ven con buenos ojos. Otras alternativas, mencionadas por el propio fiscal Alvo, podría ser a través de un decreto reglamentario. "Lo más propicio sería una reforma de la ley o del decreto reglamentario, para que no haya ahora la incertidumbre que hay". También podrían ser ordenanzas municipales en los departamentos mineros, como Iglesia, Jáchal y Calingasta. Además falta avanzar con el inventario de los glaciares argentinos que realiza el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla, ver infografía).
Quien también opinó sobre el fallo judicial fue el abogado Diego Seguí, de la Asamblea Jáchal No Se Toca. "Una crítica es que la participación de la Provincia haya sido en adhesión al interés privado y particular de una empresa y no tomando participación defendiendo el interés general, público y colectivo", expresó el profesional. Y sobre la resolución agregó que "la Corte no tenía mucho margen para decir otra cosa que la que dijo, desestimó primero el planteo de inconstitucionalidad in límine, diciendo que no se han reunido los requisitos formales para la admisión. Sin embargo ha dicho que frente a un interés individual y uno colectivo debe primar este último". "Entiendo que lo que la Corte ha hecho es transmitir seguridad jurídica respecto a que hay lugares que no se pueden afectar, lo que lleva tranquilidad para los inversores también", sostuvo.
Desde la Fiscalía de Estado, que defiende los intereses de la provincia, se hace hincapié en que no hay que perder de vista la preservación del recurso hídrico, sea para el consumo humano, la agricultura, la biodiversidad, para recarga de cuencas hidrográficas u otras cuestiones científicas. Y después que, donde se vaya a desarrollar cualquier actividad, hay que cuidar estos conceptos de agua, ya sea como glaciar, glaciar cubierto, ambiente periglaciar, y determinar dónde habría una afectación al recurso del agua. En definitiva, tener seguridad jurídica para que lleguen inversiones y licencia social para que las permitan avanzar.
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Fecha de Publicación: 10/06/2019
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: Nacional
Buscan definir con precisión el ambiente periglaciar para evitar controversias que entorpezcan la minería.
El día después de conocido el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación referido a la demanda de inconstitucionalidad de la Ley de Glaciares, en el Gobierno provincial buscan ahora modificar la legislación local, con una nueva norma o con precisiones a la vigente, la 8.144. La idea es definir con precisión el ambiente periglaciar, mencionado en forma genérica en la ley nacional, la 26.639, y que podría prestarse para confusiones, para evitar controversias que puedan entorpecer el desarrollo de la actividad minera en San Juan.
"Hay una indefinición del ambiente periglaciar, que es muy amplio y las sociedades científicas han dicho que hay que precisarlo porque es un concepto indefinido que, de esa forma, abarca toda la cordillera", dijo ayer el fiscal de Estado, Jorge Alvo. El funcionario, junto al ministro de Minería, Alberto Hensel, participó ayer en una conferencia de prensa para explicar los alcances del fallo del máximo tribunal de justicia del país. "En principio, el fallo de ninguna manera afecta el normal desarrollo de la actividad minera en San Juan. Es un claro reconocimiento a las atribuciones y derechos de las provincias sobre sus recursos originarios y una mención al necesario funcionamiento del sistema federal", dijo, tal como lo había adelantado el día anterior.
La Corte Suprema se pronunció el martes rechazando una demanda de inconstitucionalidad de la ley 26.639, planteada por las empresas mineras Barrick Exploraciones Argentinas S.A. y Exploraciones Mineras Argentinas SA, concesionarias del emprendimiento Pascua Lama y Minera Argentina Gold SA, del proyecto Veladero.
Despejada la duda en el sentido de que con el dictamen no se verán afectados los proyectos en marcha ni los futuros, en el Gobierno sanjuanino buscan avanzar en un camino en el que no se vayan a encontrar obstáculos que puedan entorpecer la actividad. Una de las cuestiones es la indefinición del término ambiente periglaciar, demasiado amplio, por lo que en la administración provincial entienden que hay que avanzar para despejar cualquier duda. Una alternativa, la más cercana según las fuentes consultadas, es o bien modificar la norma provincial o sancionar una nueva que aclare convenientemente el término. Intentar una modificación de la Ley de Glaciares, que es sobre la que se ha pronunciado la Corte Suprema, está descartado porque sería incentivar una nuevo debate nacional sobre la minería, una posibilidad que en el Gobierno local no ven con buenos ojos. Otras alternativas, mencionadas por el propio fiscal Alvo, podría ser a través de un decreto reglamentario. "Lo más propicio sería una reforma de la ley o del decreto reglamentario, para que no haya ahora la incertidumbre que hay". También podrían ser ordenanzas municipales en los departamentos mineros, como Iglesia, Jáchal y Calingasta. Además falta avanzar con el inventario de los glaciares argentinos que realiza el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla, ver infografía).
Quien también opinó sobre el fallo judicial fue el abogado Diego Seguí, de la Asamblea Jáchal No Se Toca. "Una crítica es que la participación de la Provincia haya sido en adhesión al interés privado y particular de una empresa y no tomando participación defendiendo el interés general, público y colectivo", expresó el profesional. Y sobre la resolución agregó que "la Corte no tenía mucho margen para decir otra cosa que la que dijo, desestimó primero el planteo de inconstitucionalidad in límine, diciendo que no se han reunido los requisitos formales para la admisión. Sin embargo ha dicho que frente a un interés individual y uno colectivo debe primar este último". "Entiendo que lo que la Corte ha hecho es transmitir seguridad jurídica respecto a que hay lugares que no se pueden afectar, lo que lleva tranquilidad para los inversores también", sostuvo.
Desde la Fiscalía de Estado, que defiende los intereses de la provincia, se hace hincapié en que no hay que perder de vista la preservación del recurso hídrico, sea para el consumo humano, la agricultura, la biodiversidad, para recarga de cuencas hidrográficas u otras cuestiones científicas. Y después que, donde se vaya a desarrollar cualquier actividad, hay que cuidar estos conceptos de agua, ya sea como glaciar, glaciar cubierto, ambiente periglaciar, y determinar dónde habría una afectación al recurso del agua. En definitiva, tener seguridad jurídica para que lleguen inversiones y licencia social para que las permitan avanzar.
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Otra iniciativa que busca prohibir el Glifosato
El Senado busca regular el uso de agroquímicos
Fecha de Publicación: 10/06/2019
Fuente: Revista Chacra
Provincia/Región: Nacional
Los asesores de las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, y de Ambiente y Desarrollo Sustentable se reunirán para analizar proyectos.
La iniciativa prohíbe en todo el territorio nacional la utilización del herbicida "Glifosato", sus productos formulados y derivados, a partir del quinto año de sancionada la presente ley, a fin de proteger la salud e integridad física de la población, de las futuras generaciones y del ambiente.
En sus argumentos, indica que la Ley 25.675, de Ambiente establece que la política ambiental nacional está sujeta, entre otros, al principio precautorio y al de prevención. Si bien los datos y casos denunciados en relación al glifosato habilitaban su aplicación desde hace tiempo, la reciente declaración de la OMS "nos obliga a ponerlos en funcionamiento y detener el uso de este producto categorizado como probablemente cancerígeno. La protección de la salud pública es una política de Estado".
Entre los proyectos de ley, se encuentra un texto del senador José Ojeda (FPV-Tierra del Fuego), que prohíbe en todo el territorio nacional la utilización del herbicida "glifosato", sus productos formulados y derivados.
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Fecha de Publicación: 10/06/2019
Fuente: Revista Chacra
Provincia/Región: Nacional
Los asesores de las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, y de Ambiente y Desarrollo Sustentable se reunirán para analizar proyectos.
La iniciativa prohíbe en todo el territorio nacional la utilización del herbicida "Glifosato", sus productos formulados y derivados, a partir del quinto año de sancionada la presente ley, a fin de proteger la salud e integridad física de la población, de las futuras generaciones y del ambiente.
En sus argumentos, indica que la Ley 25.675, de Ambiente establece que la política ambiental nacional está sujeta, entre otros, al principio precautorio y al de prevención. Si bien los datos y casos denunciados en relación al glifosato habilitaban su aplicación desde hace tiempo, la reciente declaración de la OMS "nos obliga a ponerlos en funcionamiento y detener el uso de este producto categorizado como probablemente cancerígeno. La protección de la salud pública es una política de Estado".
Entre los proyectos de ley, se encuentra un texto del senador José Ojeda (FPV-Tierra del Fuego), que prohíbe en todo el territorio nacional la utilización del herbicida "glifosato", sus productos formulados y derivados.
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Construyeron casas con materiales de descarte industrial
Una ONG construyó cerca de 200 casas con materiales reciclados
Fecha de Publicación: 10/06/2019
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
Techo utiliza los desechos que donan las empresas para la construcción de viviendas de emergencia en los asentamientos del país. Realizan pilotes y ecoplacas que buscan reemplazar la madera con material de descarte industrial, compuesto de celulosa y polímeros.
La organización social Techo realizó alrededor de 200 viviendas con material reciclado del descarte de plástico de distintas empresas y evitó que más 900 toneladas fueran a la basura en los últimos dos años, informaron hoy desde la institución.
Según explicaron, la Fábrica Social de la ONG utiliza los desechos que donan las empresas para la construcción de viviendas de emergencia en los asentamientos del país, con el cual realizan pilotes y ecoplacas que buscan reemplazar la madera con material de descarte industrial, compuesto de celulosa y polímeros.
“Actualmente estos descartes van a parar a relleno sanitario como disposición final. Nosotros les acercamos la oportunidad a las empresas de transformar este descarte en placas y pilotes, que utilizamos como material en nuestras viviendas de emergencia", explicó a Télam Joaquín Castro Madero, gerente general de la Fábrica Social.
Techo lleva producidas más de 8.000 viviendas de emergencia para palear la situación de emergencia habitacional, precariedad y hacinamiento en la que viven miles de personas en los asentamientos de nuestro país, según informaron en un comunicado.
"Invitamos a las empresas a ser parte de un programa de triple impacto: se reducen considerablemente los costos de la vivienda, reducimos el deterioro del medio ambiente y generamos un impacto positivo directo en las familias con las que trabajamos", aseguró Castro Madero.
"Además nos permite crecer creando más puestos de trabajo formal para los vecinos de asentamientos en la línea de producción”, concluyó.
El proceso cuenta con el asesoramiento del Instituto Argentino del Envase (IAE), entidad que certifica el tratamiento de los materiales y el desarrollo de los nuevos productos de material reciclado.
La Fábrica también lleva a cabo productos, objetos y muebles, realizados con la madera sobrante de la producción de viviendas de emergencia.
De este modo, las cuatro toneladas de madera sobrante que se obtienen cada mes se vuelven productos para financiar el trabajo que lleva a cabo la organización, explicaron.
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Fecha de Publicación: 10/06/2019
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
Techo utiliza los desechos que donan las empresas para la construcción de viviendas de emergencia en los asentamientos del país. Realizan pilotes y ecoplacas que buscan reemplazar la madera con material de descarte industrial, compuesto de celulosa y polímeros.
La organización social Techo realizó alrededor de 200 viviendas con material reciclado del descarte de plástico de distintas empresas y evitó que más 900 toneladas fueran a la basura en los últimos dos años, informaron hoy desde la institución.
Según explicaron, la Fábrica Social de la ONG utiliza los desechos que donan las empresas para la construcción de viviendas de emergencia en los asentamientos del país, con el cual realizan pilotes y ecoplacas que buscan reemplazar la madera con material de descarte industrial, compuesto de celulosa y polímeros.
“Actualmente estos descartes van a parar a relleno sanitario como disposición final. Nosotros les acercamos la oportunidad a las empresas de transformar este descarte en placas y pilotes, que utilizamos como material en nuestras viviendas de emergencia", explicó a Télam Joaquín Castro Madero, gerente general de la Fábrica Social.
Techo lleva producidas más de 8.000 viviendas de emergencia para palear la situación de emergencia habitacional, precariedad y hacinamiento en la que viven miles de personas en los asentamientos de nuestro país, según informaron en un comunicado.
"Invitamos a las empresas a ser parte de un programa de triple impacto: se reducen considerablemente los costos de la vivienda, reducimos el deterioro del medio ambiente y generamos un impacto positivo directo en las familias con las que trabajamos", aseguró Castro Madero.
"Además nos permite crecer creando más puestos de trabajo formal para los vecinos de asentamientos en la línea de producción”, concluyó.
El proceso cuenta con el asesoramiento del Instituto Argentino del Envase (IAE), entidad que certifica el tratamiento de los materiales y el desarrollo de los nuevos productos de material reciclado.
La Fábrica también lleva a cabo productos, objetos y muebles, realizados con la madera sobrante de la producción de viviendas de emergencia.
De este modo, las cuatro toneladas de madera sobrante que se obtienen cada mes se vuelven productos para financiar el trabajo que lleva a cabo la organización, explicaron.
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Multa millonaria a minera en San Juan
San Juan impuso una millonaria multa a una empresa minera por negligencia y omisión
Fecha de Publicación: 08/06/2019
Fuente: Diario La Provincia
Provincia/Región: San Juan
El ministro de Minería Alberto Hensel impuso a Pachón SA la multa de $41,5 millones y la imposibilidad de presentar nuevos Informes de Impacto Ambiental.
Por no haber informado de primera mano de la existencia de la escombrera Cerro Amarillo constituida por Minera Pelambres en territorio sanjuanino, la firma Pachón SA (PSA) deberá pagar una multa de 41,5 millones de pesos, además de remediar de forma completa el suelo para poder seguir presentando Informes de Impacto Ambiental (IIA).
Esta medida es inédita en la historia minera provincial y el ministro Alberto Hensel firmó una instrucción de sumario sin precedentes por varios aspectos. Por primera vez se sanciona a una empresa en etapa exploratoria por omitir responsabilidades. Es decir, permitió que se construyera una escombrera de 40 millones de toneladas de material estéril en territorio sanjuanino, sin informar a la autoridad minera de inmediato.
PSA informó dónde estaba la escombrera pero nunca dijo cuándo la encontraron, y así figura en el dictamen. La autoridad minera tiene que salir no a castigar, sino a modificar conductas.
Hensel remarcó que la decisión política es alentar las inversiones en el sector minero, pero sin especulación. “Que desarrollen los proyectos. Esto muestra la posición del gobierno de que hay que cumplir con la ley. La seguridad jurídica es avenida de doble mano, para ellos y nosotros. Se traduce en estos instrumentos y en el cumplimiento estricto de la normativa ambiental minera”, aseguró Hensel.
Qué dice la resolución 561 MM-19
“Que de los cargos ampliados se presupone una actitud negligente por parte de la empresa PSA, puesto que hizo menos de lo que debió hacer ante el hallazgo de material fragmentado producto de faenas mineras (Escombrera), enclavado dentro de una propiedad minera concedida a la sumariada y dentro del territorio argentino”.
Que en virtud del Código de Minería y del derecho a un ambiente sano “se exige que ante la existencia de un hecho o acción que en forma actual o inminente pueda lesionar, alterar, degradar o causar un peligro, riesgo o daño al ambiente, quienes tengan la obligación de preservarlo, deben actuar con premura y poner en conocimiento de inmediato a las Autoridades Ambientales el hecho ocurrido a fin evitar un daño mayor”.
“Que la idea fuerza acerca del deber de comunicar o dar aviso de modo inmediato a la Autoridad Minera, resulta de aplicación a cualquier etapa de la actividad minera (prospección, exploración u explotación) y a cualquier clase de evento, intempestivo o no, que ocasione en forma actual o inminente algún peligro, riesgo o daño entre los cuales el ambiente sin dudas se encuentra incluido”.
“Que en consonancia con lo manifestado, surge en forma inequívoca desde el artículo 256° del Código de Minería, que todo obligado a presentar Informe de Impacto Ambiental debe no sólo actualizar el mencionado informe en forma bianual, sino también comunicar hechos nuevos que se hubieren producido”.
Por lo tanto, el Ministerio de Minería resolvió “se proceda a rechazar los Informes de Impacto Ambiental (IIA) de actualización presentados por PSA”. Asimismo, determinó que “corresponde aplicar acumulativamente las multas analizadas conforme la conducta asumida por PSA. Ello equivale a un total de 60 veces el canon anual que abona la mina, que arriba a la suma de Pesos Cuarenta y Un Millones Cuatrocientos Noventa y Un Mil Doscientos con 00/100 ($ 41.491.200,00)”.
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Fecha de Publicación: 08/06/2019
Fuente: Diario La Provincia
Provincia/Región: San Juan
El ministro de Minería Alberto Hensel impuso a Pachón SA la multa de $41,5 millones y la imposibilidad de presentar nuevos Informes de Impacto Ambiental.
Por no haber informado de primera mano de la existencia de la escombrera Cerro Amarillo constituida por Minera Pelambres en territorio sanjuanino, la firma Pachón SA (PSA) deberá pagar una multa de 41,5 millones de pesos, además de remediar de forma completa el suelo para poder seguir presentando Informes de Impacto Ambiental (IIA).
Esta medida es inédita en la historia minera provincial y el ministro Alberto Hensel firmó una instrucción de sumario sin precedentes por varios aspectos. Por primera vez se sanciona a una empresa en etapa exploratoria por omitir responsabilidades. Es decir, permitió que se construyera una escombrera de 40 millones de toneladas de material estéril en territorio sanjuanino, sin informar a la autoridad minera de inmediato.
PSA informó dónde estaba la escombrera pero nunca dijo cuándo la encontraron, y así figura en el dictamen. La autoridad minera tiene que salir no a castigar, sino a modificar conductas.
Hensel remarcó que la decisión política es alentar las inversiones en el sector minero, pero sin especulación. “Que desarrollen los proyectos. Esto muestra la posición del gobierno de que hay que cumplir con la ley. La seguridad jurídica es avenida de doble mano, para ellos y nosotros. Se traduce en estos instrumentos y en el cumplimiento estricto de la normativa ambiental minera”, aseguró Hensel.
Qué dice la resolución 561 MM-19
“Que de los cargos ampliados se presupone una actitud negligente por parte de la empresa PSA, puesto que hizo menos de lo que debió hacer ante el hallazgo de material fragmentado producto de faenas mineras (Escombrera), enclavado dentro de una propiedad minera concedida a la sumariada y dentro del territorio argentino”.
Que en virtud del Código de Minería y del derecho a un ambiente sano “se exige que ante la existencia de un hecho o acción que en forma actual o inminente pueda lesionar, alterar, degradar o causar un peligro, riesgo o daño al ambiente, quienes tengan la obligación de preservarlo, deben actuar con premura y poner en conocimiento de inmediato a las Autoridades Ambientales el hecho ocurrido a fin evitar un daño mayor”.
“Que la idea fuerza acerca del deber de comunicar o dar aviso de modo inmediato a la Autoridad Minera, resulta de aplicación a cualquier etapa de la actividad minera (prospección, exploración u explotación) y a cualquier clase de evento, intempestivo o no, que ocasione en forma actual o inminente algún peligro, riesgo o daño entre los cuales el ambiente sin dudas se encuentra incluido”.
“Que en consonancia con lo manifestado, surge en forma inequívoca desde el artículo 256° del Código de Minería, que todo obligado a presentar Informe de Impacto Ambiental debe no sólo actualizar el mencionado informe en forma bianual, sino también comunicar hechos nuevos que se hubieren producido”.
Por lo tanto, el Ministerio de Minería resolvió “se proceda a rechazar los Informes de Impacto Ambiental (IIA) de actualización presentados por PSA”. Asimismo, determinó que “corresponde aplicar acumulativamente las multas analizadas conforme la conducta asumida por PSA. Ello equivale a un total de 60 veces el canon anual que abona la mina, que arriba a la suma de Pesos Cuarenta y Un Millones Cuatrocientos Noventa y Un Mil Doscientos con 00/100 ($ 41.491.200,00)”.
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Salta busca la creación de fiscalías ambientales
Avanza la creación de fiscalías para el medio ambiente
Fecha de Publicación: 08/06/2019
Fuente: El Tribuno (Salta)
Provincia/Región: Salta
El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, recibió al senador por Metán, Roberto Gramaglia, autor del proyecto que establece la creación en el ámbito de la Procuración General, de la Fiscalía con competencia en Protección del Medio Ambiente, Animales y Patrimonio Cultural. Abordará integralmente la problemática ambiental, el resguardo del patrimonio cultural de Salta y el maltrato animal.
Cornejo realizó distintos aportes a la iniciativa del legislador Gramaglia, quien recordó que el proyecto de ley volvió a la Cámara de Senadores después de haber obtenido media sanción en Diputados y con modificaciones.
La iniciativa de ley establece que el fiscal de Medio Ambiente ejercerá sus funciones ante autoridades administrativas nacionales, provinciales y municipales, entidades descentralizadas del Estado, empresas prestadoras de servicios públicos y tribunales arbitrales y judiciales que correspondan, en función de las intervenciones y acciones que instauren en defensa del ambiente natural y construido y el patrimonio cultural provincial.
El proyecto ingresó a comisión el 18 de octubre del año pasado, se aprobó en el Senado el 29 de noviembre del mismo año y fue aprobado con modificaciones por Diputados, el 14 de mayo último.
En la Cámara Baja, los legisladores modificaron el punto que establecía la creación de ocho fiscalías divididas y en cambio, decidieron aprobar la creación de una sola, para sumar otras en forma progresiva.
Al término de la reunión, Gramaglia dijo que el próximo paso será compartir los aportes del procurador con sus pares y definir cómo será aprobada la ley. "Me llevo ideas claras sobre cómo abordar la problemática", afirmó el legislador.
Necesario
La creación de una Fiscalía Ambiental es muy necesaria en el sur provincial, ya que el fiscal a cargo podría intervenir directamente en las problemáticas ambientales, como la mortandad de peces que se produjo en dique El Tunal y generó una gran polémica.
Debido a ello, el juez del Tribunal de Juicio de Metán, Sebastián Fucho, encabezó en marzo pasado una inspección ocular en el lago, en el marco de un recurso de amparo presentado por el intendente de El Galpón, Federico Sacca, por la muerte de miles de especies, que se produjo en febrero.
La acción de amparo, que debe resolver el magistrado, es en contra de la Secretaría de Recursos Hídricos de la provincia, AES Central Hidroeléctrica El Tunal y la Policía de la provincia, división Lacustre.
"Como es de público conocimiento aparecieron miles de peces sin vida en dique El Tunal. Muchas fueron las versiones de la causa de la mortalidad, pero todas ellas carecieron de rigor científico. Lo único que objetivamente se comprobó fue el brusco descenso del nivel de agua del dique y que sería esa la causa que provocó la muerte de los peces", dijo Sacca en la presentación.
"Al ser muy numerosa la fauna ictícola y al disminuir el oxígeno, por menor cantidad de agua, se produjo la muerte de las especies, que aparecieron en sectores del dique e inclusive en inmediaciones al predio del Club de Pesca y Caza 20 de Febrero, lo cual torna poco creíble la teoría de que la muerte de los peces obedeció a detonaciones de explosivos", dijo.
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Fecha de Publicación: 08/06/2019
Fuente: El Tribuno (Salta)
Provincia/Región: Salta
El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, recibió al senador por Metán, Roberto Gramaglia, autor del proyecto que establece la creación en el ámbito de la Procuración General, de la Fiscalía con competencia en Protección del Medio Ambiente, Animales y Patrimonio Cultural. Abordará integralmente la problemática ambiental, el resguardo del patrimonio cultural de Salta y el maltrato animal.
Cornejo realizó distintos aportes a la iniciativa del legislador Gramaglia, quien recordó que el proyecto de ley volvió a la Cámara de Senadores después de haber obtenido media sanción en Diputados y con modificaciones.
La iniciativa de ley establece que el fiscal de Medio Ambiente ejercerá sus funciones ante autoridades administrativas nacionales, provinciales y municipales, entidades descentralizadas del Estado, empresas prestadoras de servicios públicos y tribunales arbitrales y judiciales que correspondan, en función de las intervenciones y acciones que instauren en defensa del ambiente natural y construido y el patrimonio cultural provincial.
El proyecto ingresó a comisión el 18 de octubre del año pasado, se aprobó en el Senado el 29 de noviembre del mismo año y fue aprobado con modificaciones por Diputados, el 14 de mayo último.
En la Cámara Baja, los legisladores modificaron el punto que establecía la creación de ocho fiscalías divididas y en cambio, decidieron aprobar la creación de una sola, para sumar otras en forma progresiva.
Al término de la reunión, Gramaglia dijo que el próximo paso será compartir los aportes del procurador con sus pares y definir cómo será aprobada la ley. "Me llevo ideas claras sobre cómo abordar la problemática", afirmó el legislador.
Necesario
La creación de una Fiscalía Ambiental es muy necesaria en el sur provincial, ya que el fiscal a cargo podría intervenir directamente en las problemáticas ambientales, como la mortandad de peces que se produjo en dique El Tunal y generó una gran polémica.
Debido a ello, el juez del Tribunal de Juicio de Metán, Sebastián Fucho, encabezó en marzo pasado una inspección ocular en el lago, en el marco de un recurso de amparo presentado por el intendente de El Galpón, Federico Sacca, por la muerte de miles de especies, que se produjo en febrero.
La acción de amparo, que debe resolver el magistrado, es en contra de la Secretaría de Recursos Hídricos de la provincia, AES Central Hidroeléctrica El Tunal y la Policía de la provincia, división Lacustre.
"Como es de público conocimiento aparecieron miles de peces sin vida en dique El Tunal. Muchas fueron las versiones de la causa de la mortalidad, pero todas ellas carecieron de rigor científico. Lo único que objetivamente se comprobó fue el brusco descenso del nivel de agua del dique y que sería esa la causa que provocó la muerte de los peces", dijo Sacca en la presentación.
"Al ser muy numerosa la fauna ictícola y al disminuir el oxígeno, por menor cantidad de agua, se produjo la muerte de las especies, que aparecieron en sectores del dique e inclusive en inmediaciones al predio del Club de Pesca y Caza 20 de Febrero, lo cual torna poco creíble la teoría de que la muerte de los peces obedeció a detonaciones de explosivos", dijo.
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San Juan impulsa el reciclado de pilas
Ambiente comenzó la elaboración de procedimientos de reciclado de pilas
Fecha de Publicación: 08/06/2019
Fuente: Gobierno de San Juan
Provincia/Región: San Juan
Las investigaciones comenzaron junto a la Facultad de Ingeniería. El objetivo es realizar procedimientos para el reciclado de las pilas y baterías de toda la provincia.
La Planta de Tratamiento de Residuos de Aparatos Eléctricas y Electrónicas (RAEE), Pilas y Baterías, que funcionará en el Parque Industrial Tecnológico Ambiental Regional, estará ubicada en el Parque Industrial Tecnológico Ambiental Regional (PITAR).
Para ello, ya fue realizada la audiencia pública a través de la cual los ciudadanos se manifiestan ante la autoridad de aplicación, de modo de influir en el proceso toma de decisión referido a la factibilidad ambiental del proyecto. Para ello fueron convocadas personas físicas, jurídicas, públicas o privadas, a las organizaciones no gubernamentales debidamente acreditadas interesadas en la preservación del medio ambiente.
Con vistas a una pronta instalación de la planta de reciclado de pilas, la Secretaría de Ambiente y la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan, a través del Departamento de Ingeniería Química, comenzaron con el desarrollo de procedimientos.
Para ello, especialistas de ambas reparticiones realizaron la toma de muestras en contenedores de pilas, para iniciar la elaboración de procedimientos de reciclado de cada uno de los componentes, según el tipo de pila.
Componentes
Las pilas y las baterías son pequeñas celdas o cámaras electroquímicas compuestas por distintos tipos de componentes, los que están contenidos en su interior con el fin de desencadenar la reacción química que permite la posterior generación de energía.
El zinc, el óxido de manganeso, el níquel, el cadmio y el óxido de mercurio son algunos de los compuestos más utilizados para la fabricación de estos dispositivos energéticos en diferentes formatos y voltajes.
Todos estos elementos químicos son metales pesados y poseen un alto poder de contaminación, con efectos sumamente tóxicos sobre cualquier organismo viviente. Por eso, es fundamental que estos químicos siempre estén envasados herméticamente incluso después del vencimiento de su vida útil.
Aunque la mayoría de los fabricantes del rubro se han esforzado para que sus productos sean seguros, lo cierto es que las carcasas metálicas de las pilas y las baterías no pueden evitar que los componentes químicos que almacenan tomen contacto con el exterior. Es que el metal de las carcasas puede sufrir una corrosión interna (cuando la pila o batería se gasta y los componentes ácidos comienzan a corroer la cobertura metálica desde el interior) y/o una corrosión externa (la humedad y otros factores climáticos también contribuyen a la oxidación de la carcasa). Dadas las dificultades para mantener estos compuestos corrosivos dentro de sus envases originales, se deben tomar precauciones especiales al momento de desechar las pilas y baterías en desuso.
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Fecha de Publicación: 08/06/2019
Fuente: Gobierno de San Juan
Provincia/Región: San Juan
Las investigaciones comenzaron junto a la Facultad de Ingeniería. El objetivo es realizar procedimientos para el reciclado de las pilas y baterías de toda la provincia.
La Planta de Tratamiento de Residuos de Aparatos Eléctricas y Electrónicas (RAEE), Pilas y Baterías, que funcionará en el Parque Industrial Tecnológico Ambiental Regional, estará ubicada en el Parque Industrial Tecnológico Ambiental Regional (PITAR).
Para ello, ya fue realizada la audiencia pública a través de la cual los ciudadanos se manifiestan ante la autoridad de aplicación, de modo de influir en el proceso toma de decisión referido a la factibilidad ambiental del proyecto. Para ello fueron convocadas personas físicas, jurídicas, públicas o privadas, a las organizaciones no gubernamentales debidamente acreditadas interesadas en la preservación del medio ambiente.
Con vistas a una pronta instalación de la planta de reciclado de pilas, la Secretaría de Ambiente y la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan, a través del Departamento de Ingeniería Química, comenzaron con el desarrollo de procedimientos.
Para ello, especialistas de ambas reparticiones realizaron la toma de muestras en contenedores de pilas, para iniciar la elaboración de procedimientos de reciclado de cada uno de los componentes, según el tipo de pila.
Componentes
Las pilas y las baterías son pequeñas celdas o cámaras electroquímicas compuestas por distintos tipos de componentes, los que están contenidos en su interior con el fin de desencadenar la reacción química que permite la posterior generación de energía.
El zinc, el óxido de manganeso, el níquel, el cadmio y el óxido de mercurio son algunos de los compuestos más utilizados para la fabricación de estos dispositivos energéticos en diferentes formatos y voltajes.
Todos estos elementos químicos son metales pesados y poseen un alto poder de contaminación, con efectos sumamente tóxicos sobre cualquier organismo viviente. Por eso, es fundamental que estos químicos siempre estén envasados herméticamente incluso después del vencimiento de su vida útil.
Aunque la mayoría de los fabricantes del rubro se han esforzado para que sus productos sean seguros, lo cierto es que las carcasas metálicas de las pilas y las baterías no pueden evitar que los componentes químicos que almacenan tomen contacto con el exterior. Es que el metal de las carcasas puede sufrir una corrosión interna (cuando la pila o batería se gasta y los componentes ácidos comienzan a corroer la cobertura metálica desde el interior) y/o una corrosión externa (la humedad y otros factores climáticos también contribuyen a la oxidación de la carcasa). Dadas las dificultades para mantener estos compuestos corrosivos dentro de sus envases originales, se deben tomar precauciones especiales al momento de desechar las pilas y baterías en desuso.
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Arcioni no vetó la ley. El glifosato prohibido en Chubut
El gobierno de Chubut promulgó una ley que prohíbe el glifosato
Fecha de Publicación: 07/06/2019
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Chubut
La norma había sido aprobada de manera unánime por la Legislatura provincial el 16 de mayo. El gobernador Mariano Arcioni había anticipado que la iba a vetar, algo que finalmente no sucedió
Chubut se convirtió esta semana en la primera provincia argentina en prohibir oficialmente la fabricación, comercialización y uso del herbicida glifosato en todo su territorio.
A través de un decreto firmado este martes, el gobernador provincial, Mariano Arcioni, refrendó con su firma la promulgación de la ley, que había sido aprobada de manera unánime por la Legislatura local el pasado 16 de mayo.
La decisión generó sorpresa porque el mandatario se había pronunciado en contra de la iniciativa y, de hecho, había anunciado que la vetaría. El 22 de mayo pasado, Arcioni le dijo a distintos medios chubutenses que el proyecto tenía fines electorales, con miras a los comicios provinciales del próximo 9 de junio: "No se hizo participar a absolutamente nadie. Fue de una irresponsabilidad total. En principio, la vamos a vetar, pero con fundamentos, y vamos a convocar a todos los sectores para ver la reglamentación y los cuidados que corresponden", dijo en su momento.
Hasta ahora el gobernador no ha dado una explicación pública acerca de las razones que motivaron el cambio de posición respecto al tema.
En concreto, la ley prohíbe en todo el territorio de la provincia la "importación, introducción, tenencia con fines de comercialización, fabricación, fraccionamiento, distribución, transporte y aplicación del herbicida glifosato en todas sus variantes. Como así también se prohíben todos los productos que tengan como base o principio activo el glifosato".
Si bien Chubut se convirtió en pionera en el plano provincial, no es la primera jurisdicción que toma pasos en este sentido. En noviembre de 2017 el Concejo Municipal de Rosario aprobó un proyecto que prohíbe su uso en la ciudad.
A la hora de fundamentar el proyecto, Osvaldo Miatello, su impulsor, indicó que "son muchos los informes e investigaciones que arrojaron resultados alarmantes sobre los efectos que tiene el herbicida".
En tanto, en abril de 2018, el Concejo Deliberante de Gualeguaychú, en Entre Ríos, aprobó una ordenanza que prohíbe la aplicación, expendio, almacenamiento, transporte, comercialización y venta del glifosato en todo el límite urbano.
En los últimos meses, distintas cortes condenaron a Monsanto (ahora propiedad de la alemana Bayer), una de las empresas multinacionales que comercializan productos a base de glifosato, a pagar millonarias indemnizaciones a particulares como consecuencia de los efectos nocivos del herbicida.
En mayo pasado, un jurado de California condenó a Monsanto a pagar más de USD 2 mil millones en el marco de una demanda presentada por una pareja, que aseguró que el herbicida Roundup con base de glifosato les causó que contrajeran un linfoma no Hodgkin. Este fue el tercer fallo consecutivo de un jurado estadounidense contra la compañía.
El jurado determinó que la compañía era responsable y ordenó el pago de USD 18 millones en daños compensatorios y mil millones de dólares en daños punitivos a Alva Pilliod y USD 37 millones en daños compensatorios y mil millones en daños punitivos a su esposa, Alberta Pilliod.
El jurado sostuvo que Roundup había sido diseñado de manera defectuosa, que Monsanto no advirtió sobre el riesgo de cáncer del herbicida y que la compañía actuó de manera negligente.
En tanto, el 10 de febrero, la revista ScienceDirect publicó los resultados de una investigación que relacionaba la exposición a herbicidas con glifosato con un aumento del 41% en la probabilidad de desarrollar linfoma no Hodgkin (LNH).
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Fecha de Publicación: 07/06/2019
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Chubut
La norma había sido aprobada de manera unánime por la Legislatura provincial el 16 de mayo. El gobernador Mariano Arcioni había anticipado que la iba a vetar, algo que finalmente no sucedió
Chubut se convirtió esta semana en la primera provincia argentina en prohibir oficialmente la fabricación, comercialización y uso del herbicida glifosato en todo su territorio.
A través de un decreto firmado este martes, el gobernador provincial, Mariano Arcioni, refrendó con su firma la promulgación de la ley, que había sido aprobada de manera unánime por la Legislatura local el pasado 16 de mayo.
La decisión generó sorpresa porque el mandatario se había pronunciado en contra de la iniciativa y, de hecho, había anunciado que la vetaría. El 22 de mayo pasado, Arcioni le dijo a distintos medios chubutenses que el proyecto tenía fines electorales, con miras a los comicios provinciales del próximo 9 de junio: "No se hizo participar a absolutamente nadie. Fue de una irresponsabilidad total. En principio, la vamos a vetar, pero con fundamentos, y vamos a convocar a todos los sectores para ver la reglamentación y los cuidados que corresponden", dijo en su momento.
Hasta ahora el gobernador no ha dado una explicación pública acerca de las razones que motivaron el cambio de posición respecto al tema.
En concreto, la ley prohíbe en todo el territorio de la provincia la "importación, introducción, tenencia con fines de comercialización, fabricación, fraccionamiento, distribución, transporte y aplicación del herbicida glifosato en todas sus variantes. Como así también se prohíben todos los productos que tengan como base o principio activo el glifosato".
Si bien Chubut se convirtió en pionera en el plano provincial, no es la primera jurisdicción que toma pasos en este sentido. En noviembre de 2017 el Concejo Municipal de Rosario aprobó un proyecto que prohíbe su uso en la ciudad.
A la hora de fundamentar el proyecto, Osvaldo Miatello, su impulsor, indicó que "son muchos los informes e investigaciones que arrojaron resultados alarmantes sobre los efectos que tiene el herbicida".
En tanto, en abril de 2018, el Concejo Deliberante de Gualeguaychú, en Entre Ríos, aprobó una ordenanza que prohíbe la aplicación, expendio, almacenamiento, transporte, comercialización y venta del glifosato en todo el límite urbano.
En los últimos meses, distintas cortes condenaron a Monsanto (ahora propiedad de la alemana Bayer), una de las empresas multinacionales que comercializan productos a base de glifosato, a pagar millonarias indemnizaciones a particulares como consecuencia de los efectos nocivos del herbicida.
En mayo pasado, un jurado de California condenó a Monsanto a pagar más de USD 2 mil millones en el marco de una demanda presentada por una pareja, que aseguró que el herbicida Roundup con base de glifosato les causó que contrajeran un linfoma no Hodgkin. Este fue el tercer fallo consecutivo de un jurado estadounidense contra la compañía.
El jurado determinó que la compañía era responsable y ordenó el pago de USD 18 millones en daños compensatorios y mil millones de dólares en daños punitivos a Alva Pilliod y USD 37 millones en daños compensatorios y mil millones en daños punitivos a su esposa, Alberta Pilliod.
El jurado sostuvo que Roundup había sido diseñado de manera defectuosa, que Monsanto no advirtió sobre el riesgo de cáncer del herbicida y que la compañía actuó de manera negligente.
En tanto, el 10 de febrero, la revista ScienceDirect publicó los resultados de una investigación que relacionaba la exposición a herbicidas con glifosato con un aumento del 41% en la probabilidad de desarrollar linfoma no Hodgkin (LNH).
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BA produce en renovables para un millón de hogares
La Provincia ya genera energía limpia para abastecer un millón de hogares
Fecha de Publicación: 07/06/2019
Fuente: OPDS
Provincia/Región: Buenos Aires
Desde la creación del Renovar, el plan de Energías Renovables impulsado por la Secretaría de Energía de la Nación, el territorio bonaerense está en condiciones de generar más de 350 MW de energía a través de los parques eólicos construidos a partir de 2016.
A los proyectos ya inaugurados como Parque Corti en Bahía Blanca o Parque Villalonga en Carmen de Patagones, se sumarán este año 7 nuevos emprendimientos de energía eólica que en condiciones óptimas podrán generar 600 MW, el equivalente al consumo de dos millones de hogares.
“Invertir en las energías renovables es apostar de manera sustentable a nuestro futuro y el de las nuevas generaciones. Uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el 7, de energía asequible y no contaminante, promueve la energía limpia. Y diversificar nuestra matriz energética es a la vez clave para para el desarrollo productivo de nuestro país” afirmó Rodrigo Aybar, director ejecutivo del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS).
El OPDS es la autoridad ambiental de la Provincia de Buenos Aires, que evalúa el impacto ambiental de los proyecto de generación de energía renovable (entre otros) conforme lo dispone la Ley 11.723. En ese marco, esta semana se publicó la Resolución 264/19 que crea una instancia de certificación de prefactibilidad para estos proyectos. El fin es otorgar una primera aprobación general para dar mayor seguridad y agilidad a las licitaciones, como las del Plan RENOVAR.
Una vez aprobado y adjudicado el proyecto, puede solicitar la Declaración de Impacto Ambiental para operar, que también otorga el OPDS. En este sentido, se decidió agilizar el primer paso para la presentación de proyectos, con este nuevo certificado de prefactibilidad, que el inversor puede obtener en un mes. “Esta prefactibilidad es una buena noticia para fomentar el uso de energías renovables en línea con el compromiso que asumimos en el Acuerdo de París en la lucha contra el cambio climático”, sostuvo Aybar
El municipio de Bahía Blanca por ejemplo, ya produce más energía con el viento de la que consumen sus hogares. Sólo en los dos primeros meses de 2019 los molinos eólicos inyectaron a la red 170 GWh, mientras que la distribuidora local de energía entregó en la ciudad 120 GWh en el mismo período. Otros parques se desarrollan en Necochea, Miramar y Villarino.
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Fecha de Publicación: 07/06/2019
Fuente: OPDS
Provincia/Región: Buenos Aires
Desde la creación del Renovar, el plan de Energías Renovables impulsado por la Secretaría de Energía de la Nación, el territorio bonaerense está en condiciones de generar más de 350 MW de energía a través de los parques eólicos construidos a partir de 2016.
A los proyectos ya inaugurados como Parque Corti en Bahía Blanca o Parque Villalonga en Carmen de Patagones, se sumarán este año 7 nuevos emprendimientos de energía eólica que en condiciones óptimas podrán generar 600 MW, el equivalente al consumo de dos millones de hogares.
“Invertir en las energías renovables es apostar de manera sustentable a nuestro futuro y el de las nuevas generaciones. Uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el 7, de energía asequible y no contaminante, promueve la energía limpia. Y diversificar nuestra matriz energética es a la vez clave para para el desarrollo productivo de nuestro país” afirmó Rodrigo Aybar, director ejecutivo del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS).
El OPDS es la autoridad ambiental de la Provincia de Buenos Aires, que evalúa el impacto ambiental de los proyecto de generación de energía renovable (entre otros) conforme lo dispone la Ley 11.723. En ese marco, esta semana se publicó la Resolución 264/19 que crea una instancia de certificación de prefactibilidad para estos proyectos. El fin es otorgar una primera aprobación general para dar mayor seguridad y agilidad a las licitaciones, como las del Plan RENOVAR.
Una vez aprobado y adjudicado el proyecto, puede solicitar la Declaración de Impacto Ambiental para operar, que también otorga el OPDS. En este sentido, se decidió agilizar el primer paso para la presentación de proyectos, con este nuevo certificado de prefactibilidad, que el inversor puede obtener en un mes. “Esta prefactibilidad es una buena noticia para fomentar el uso de energías renovables en línea con el compromiso que asumimos en el Acuerdo de París en la lucha contra el cambio climático”, sostuvo Aybar
El municipio de Bahía Blanca por ejemplo, ya produce más energía con el viento de la que consumen sus hogares. Sólo en los dos primeros meses de 2019 los molinos eólicos inyectaron a la red 170 GWh, mientras que la distribuidora local de energía entregó en la ciudad 120 GWh en el mismo período. Otros parques se desarrollan en Necochea, Miramar y Villarino.
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Salta: avanza la minería sobre la Puna
Avanzan las conversaciones para impulsar el proyecto de desarrollo minero en la Puna
Fecha de Publicación: 07/06/2019
Fuente: Informate Salta
Provincia/Región: Salta
Fue en el marco de una ronda de trabajo -que nucleó a cámaras mineras, empresarios, legisladores e intendentes- durante la cual se avanzó en el marco legal que generará el respaldo necesario para atraer más inversiones a la zona y continuar con el trabajo concretado en el lugar.
El Jefe de Gabinete de Ministros, Fernando Yarade encabezó una nueva ronda de trabajo que nucleó a cámaras mineras, empresarios, legisladores e intendentes de la región de la Puna. La finalidad es continuar avanzando con el paquete de medidas destinadas al desarrollo de la industria minera en Salta y al crecimiento de las comunas involucradas en la actividad.
En la oportunidad también se analizaron cuestiones vinculadas al proyecto que generará el respaldo necesario para atraer más inversiones a la zona, especialmente aquellas que generen gran impacto social.
Durante el encuentro, legisladores y jefes comunales destacaron la decisión política de continuar aportando al desarrollo económico de la Puna, principalmente regulando la contratación de la mano de obra local y manteniendo la estabilidad fiscal; característica indispensable para dotar a Salta de mayor previsibilidad.
Antes de concluir con el encuentro, Yarade garantizó que el Estado brindará a éstas empresas las herramientas necesarias para efectivizar el crecimiento previsto para el área.
También se evaluó la posibilidad de que la Provincia optimice los caminos, para mejorar la transitabilidad vehicular de la zona.
Acompañaron al Jefe de Gabinete en esta ronda de trabajo: el presidente de la Cámara de Diputados, Manuel Santiago Godoy, los ministros de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable, Graciela Pinal de Cid, y de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia, Marcelo López Arias.
También estuvieron presentes el secretario de Minería, Ricardo Blasco; representantes de los municipios de San Antonio de los Cobres, La Poma y Tolar Grande; legisladores de los departamentos La Poma y Los Andes; el presidente de la Cámara Minera de Salta, Facundo Huidobro, el presidente de la Cámara de Proveedores de Empresas Mineras de la Puna, Luis Vaca y empresarios del sector.
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Fecha de Publicación: 07/06/2019
Fuente: Informate Salta
Provincia/Región: Salta
Fue en el marco de una ronda de trabajo -que nucleó a cámaras mineras, empresarios, legisladores e intendentes- durante la cual se avanzó en el marco legal que generará el respaldo necesario para atraer más inversiones a la zona y continuar con el trabajo concretado en el lugar.
El Jefe de Gabinete de Ministros, Fernando Yarade encabezó una nueva ronda de trabajo que nucleó a cámaras mineras, empresarios, legisladores e intendentes de la región de la Puna. La finalidad es continuar avanzando con el paquete de medidas destinadas al desarrollo de la industria minera en Salta y al crecimiento de las comunas involucradas en la actividad.
En la oportunidad también se analizaron cuestiones vinculadas al proyecto que generará el respaldo necesario para atraer más inversiones a la zona, especialmente aquellas que generen gran impacto social.
Durante el encuentro, legisladores y jefes comunales destacaron la decisión política de continuar aportando al desarrollo económico de la Puna, principalmente regulando la contratación de la mano de obra local y manteniendo la estabilidad fiscal; característica indispensable para dotar a Salta de mayor previsibilidad.
Antes de concluir con el encuentro, Yarade garantizó que el Estado brindará a éstas empresas las herramientas necesarias para efectivizar el crecimiento previsto para el área.
También se evaluó la posibilidad de que la Provincia optimice los caminos, para mejorar la transitabilidad vehicular de la zona.
Acompañaron al Jefe de Gabinete en esta ronda de trabajo: el presidente de la Cámara de Diputados, Manuel Santiago Godoy, los ministros de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable, Graciela Pinal de Cid, y de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia, Marcelo López Arias.
También estuvieron presentes el secretario de Minería, Ricardo Blasco; representantes de los municipios de San Antonio de los Cobres, La Poma y Tolar Grande; legisladores de los departamentos La Poma y Los Andes; el presidente de la Cámara Minera de Salta, Facundo Huidobro, el presidente de la Cámara de Proveedores de Empresas Mineras de la Puna, Luis Vaca y empresarios del sector.
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