Multa millonaria a minera en San Juan
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San Juan impuso una millonaria multa a una empresa minera por negligencia y omisión
Fecha de Publicación: 08/06/2019
Fuente: Diario La Provincia
Provincia/Región: San Juan
El ministro de Minería Alberto Hensel impuso a Pachón SA la multa de $41,5 millones y la imposibilidad de presentar nuevos Informes de Impacto Ambiental.
Por no haber informado de primera mano de la existencia de la escombrera Cerro Amarillo constituida por Minera Pelambres en territorio sanjuanino, la firma Pachón SA (PSA) deberá pagar una multa de 41,5 millones de pesos, además de remediar de forma completa el suelo para poder seguir presentando Informes de Impacto Ambiental (IIA).
Esta medida es inédita en la historia minera provincial y el ministro Alberto Hensel firmó una instrucción de sumario sin precedentes por varios aspectos. Por primera vez se sanciona a una empresa en etapa exploratoria por omitir responsabilidades. Es decir, permitió que se construyera una escombrera de 40 millones de toneladas de material estéril en territorio sanjuanino, sin informar a la autoridad minera de inmediato.
PSA informó dónde estaba la escombrera pero nunca dijo cuándo la encontraron, y así figura en el dictamen. La autoridad minera tiene que salir no a castigar, sino a modificar conductas.
Hensel remarcó que la decisión política es alentar las inversiones en el sector minero, pero sin especulación. “Que desarrollen los proyectos. Esto muestra la posición del gobierno de que hay que cumplir con la ley. La seguridad jurídica es avenida de doble mano, para ellos y nosotros. Se traduce en estos instrumentos y en el cumplimiento estricto de la normativa ambiental minera”, aseguró Hensel.
Qué dice la resolución 561 MM-19
“Que de los cargos ampliados se presupone una actitud negligente por parte de la empresa PSA, puesto que hizo menos de lo que debió hacer ante el hallazgo de material fragmentado producto de faenas mineras (Escombrera), enclavado dentro de una propiedad minera concedida a la sumariada y dentro del territorio argentino”.
Que en virtud del Código de Minería y del derecho a un ambiente sano “se exige que ante la existencia de un hecho o acción que en forma actual o inminente pueda lesionar, alterar, degradar o causar un peligro, riesgo o daño al ambiente, quienes tengan la obligación de preservarlo, deben actuar con premura y poner en conocimiento de inmediato a las Autoridades Ambientales el hecho ocurrido a fin evitar un daño mayor”.
“Que la idea fuerza acerca del deber de comunicar o dar aviso de modo inmediato a la Autoridad Minera, resulta de aplicación a cualquier etapa de la actividad minera (prospección, exploración u explotación) y a cualquier clase de evento, intempestivo o no, que ocasione en forma actual o inminente algún peligro, riesgo o daño entre los cuales el ambiente sin dudas se encuentra incluido”.
“Que en consonancia con lo manifestado, surge en forma inequívoca desde el artículo 256° del Código de Minería, que todo obligado a presentar Informe de Impacto Ambiental debe no sólo actualizar el mencionado informe en forma bianual, sino también comunicar hechos nuevos que se hubieren producido”.
Por lo tanto, el Ministerio de Minería resolvió “se proceda a rechazar los Informes de Impacto Ambiental (IIA) de actualización presentados por PSA”. Asimismo, determinó que “corresponde aplicar acumulativamente las multas analizadas conforme la conducta asumida por PSA. Ello equivale a un total de 60 veces el canon anual que abona la mina, que arriba a la suma de Pesos Cuarenta y Un Millones Cuatrocientos Noventa y Un Mil Doscientos con 00/100 ($ 41.491.200,00)”.
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Fecha de Publicación: 08/06/2019
Fuente: Diario La Provincia
Provincia/Región: San Juan
El ministro de Minería Alberto Hensel impuso a Pachón SA la multa de $41,5 millones y la imposibilidad de presentar nuevos Informes de Impacto Ambiental.
Por no haber informado de primera mano de la existencia de la escombrera Cerro Amarillo constituida por Minera Pelambres en territorio sanjuanino, la firma Pachón SA (PSA) deberá pagar una multa de 41,5 millones de pesos, además de remediar de forma completa el suelo para poder seguir presentando Informes de Impacto Ambiental (IIA).
Esta medida es inédita en la historia minera provincial y el ministro Alberto Hensel firmó una instrucción de sumario sin precedentes por varios aspectos. Por primera vez se sanciona a una empresa en etapa exploratoria por omitir responsabilidades. Es decir, permitió que se construyera una escombrera de 40 millones de toneladas de material estéril en territorio sanjuanino, sin informar a la autoridad minera de inmediato.
PSA informó dónde estaba la escombrera pero nunca dijo cuándo la encontraron, y así figura en el dictamen. La autoridad minera tiene que salir no a castigar, sino a modificar conductas.
Hensel remarcó que la decisión política es alentar las inversiones en el sector minero, pero sin especulación. “Que desarrollen los proyectos. Esto muestra la posición del gobierno de que hay que cumplir con la ley. La seguridad jurídica es avenida de doble mano, para ellos y nosotros. Se traduce en estos instrumentos y en el cumplimiento estricto de la normativa ambiental minera”, aseguró Hensel.
Qué dice la resolución 561 MM-19
“Que de los cargos ampliados se presupone una actitud negligente por parte de la empresa PSA, puesto que hizo menos de lo que debió hacer ante el hallazgo de material fragmentado producto de faenas mineras (Escombrera), enclavado dentro de una propiedad minera concedida a la sumariada y dentro del territorio argentino”.
Que en virtud del Código de Minería y del derecho a un ambiente sano “se exige que ante la existencia de un hecho o acción que en forma actual o inminente pueda lesionar, alterar, degradar o causar un peligro, riesgo o daño al ambiente, quienes tengan la obligación de preservarlo, deben actuar con premura y poner en conocimiento de inmediato a las Autoridades Ambientales el hecho ocurrido a fin evitar un daño mayor”.
“Que la idea fuerza acerca del deber de comunicar o dar aviso de modo inmediato a la Autoridad Minera, resulta de aplicación a cualquier etapa de la actividad minera (prospección, exploración u explotación) y a cualquier clase de evento, intempestivo o no, que ocasione en forma actual o inminente algún peligro, riesgo o daño entre los cuales el ambiente sin dudas se encuentra incluido”.
“Que en consonancia con lo manifestado, surge en forma inequívoca desde el artículo 256° del Código de Minería, que todo obligado a presentar Informe de Impacto Ambiental debe no sólo actualizar el mencionado informe en forma bianual, sino también comunicar hechos nuevos que se hubieren producido”.
Por lo tanto, el Ministerio de Minería resolvió “se proceda a rechazar los Informes de Impacto Ambiental (IIA) de actualización presentados por PSA”. Asimismo, determinó que “corresponde aplicar acumulativamente las multas analizadas conforme la conducta asumida por PSA. Ello equivale a un total de 60 veces el canon anual que abona la mina, que arriba a la suma de Pesos Cuarenta y Un Millones Cuatrocientos Noventa y Un Mil Doscientos con 00/100 ($ 41.491.200,00)”.
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Salta busca la creación de fiscalías ambientales
Avanza la creación de fiscalías para el medio ambiente
Fecha de Publicación: 08/06/2019
Fuente: El Tribuno (Salta)
Provincia/Región: Salta
El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, recibió al senador por Metán, Roberto Gramaglia, autor del proyecto que establece la creación en el ámbito de la Procuración General, de la Fiscalía con competencia en Protección del Medio Ambiente, Animales y Patrimonio Cultural. Abordará integralmente la problemática ambiental, el resguardo del patrimonio cultural de Salta y el maltrato animal.
Cornejo realizó distintos aportes a la iniciativa del legislador Gramaglia, quien recordó que el proyecto de ley volvió a la Cámara de Senadores después de haber obtenido media sanción en Diputados y con modificaciones.
La iniciativa de ley establece que el fiscal de Medio Ambiente ejercerá sus funciones ante autoridades administrativas nacionales, provinciales y municipales, entidades descentralizadas del Estado, empresas prestadoras de servicios públicos y tribunales arbitrales y judiciales que correspondan, en función de las intervenciones y acciones que instauren en defensa del ambiente natural y construido y el patrimonio cultural provincial.
El proyecto ingresó a comisión el 18 de octubre del año pasado, se aprobó en el Senado el 29 de noviembre del mismo año y fue aprobado con modificaciones por Diputados, el 14 de mayo último.
En la Cámara Baja, los legisladores modificaron el punto que establecía la creación de ocho fiscalías divididas y en cambio, decidieron aprobar la creación de una sola, para sumar otras en forma progresiva.
Al término de la reunión, Gramaglia dijo que el próximo paso será compartir los aportes del procurador con sus pares y definir cómo será aprobada la ley. "Me llevo ideas claras sobre cómo abordar la problemática", afirmó el legislador.
Necesario
La creación de una Fiscalía Ambiental es muy necesaria en el sur provincial, ya que el fiscal a cargo podría intervenir directamente en las problemáticas ambientales, como la mortandad de peces que se produjo en dique El Tunal y generó una gran polémica.
Debido a ello, el juez del Tribunal de Juicio de Metán, Sebastián Fucho, encabezó en marzo pasado una inspección ocular en el lago, en el marco de un recurso de amparo presentado por el intendente de El Galpón, Federico Sacca, por la muerte de miles de especies, que se produjo en febrero.
La acción de amparo, que debe resolver el magistrado, es en contra de la Secretaría de Recursos Hídricos de la provincia, AES Central Hidroeléctrica El Tunal y la Policía de la provincia, división Lacustre.
"Como es de público conocimiento aparecieron miles de peces sin vida en dique El Tunal. Muchas fueron las versiones de la causa de la mortalidad, pero todas ellas carecieron de rigor científico. Lo único que objetivamente se comprobó fue el brusco descenso del nivel de agua del dique y que sería esa la causa que provocó la muerte de los peces", dijo Sacca en la presentación.
"Al ser muy numerosa la fauna ictícola y al disminuir el oxígeno, por menor cantidad de agua, se produjo la muerte de las especies, que aparecieron en sectores del dique e inclusive en inmediaciones al predio del Club de Pesca y Caza 20 de Febrero, lo cual torna poco creíble la teoría de que la muerte de los peces obedeció a detonaciones de explosivos", dijo.
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Fecha de Publicación: 08/06/2019
Fuente: El Tribuno (Salta)
Provincia/Región: Salta
El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, recibió al senador por Metán, Roberto Gramaglia, autor del proyecto que establece la creación en el ámbito de la Procuración General, de la Fiscalía con competencia en Protección del Medio Ambiente, Animales y Patrimonio Cultural. Abordará integralmente la problemática ambiental, el resguardo del patrimonio cultural de Salta y el maltrato animal.
Cornejo realizó distintos aportes a la iniciativa del legislador Gramaglia, quien recordó que el proyecto de ley volvió a la Cámara de Senadores después de haber obtenido media sanción en Diputados y con modificaciones.
La iniciativa de ley establece que el fiscal de Medio Ambiente ejercerá sus funciones ante autoridades administrativas nacionales, provinciales y municipales, entidades descentralizadas del Estado, empresas prestadoras de servicios públicos y tribunales arbitrales y judiciales que correspondan, en función de las intervenciones y acciones que instauren en defensa del ambiente natural y construido y el patrimonio cultural provincial.
El proyecto ingresó a comisión el 18 de octubre del año pasado, se aprobó en el Senado el 29 de noviembre del mismo año y fue aprobado con modificaciones por Diputados, el 14 de mayo último.
En la Cámara Baja, los legisladores modificaron el punto que establecía la creación de ocho fiscalías divididas y en cambio, decidieron aprobar la creación de una sola, para sumar otras en forma progresiva.
Al término de la reunión, Gramaglia dijo que el próximo paso será compartir los aportes del procurador con sus pares y definir cómo será aprobada la ley. "Me llevo ideas claras sobre cómo abordar la problemática", afirmó el legislador.
Necesario
La creación de una Fiscalía Ambiental es muy necesaria en el sur provincial, ya que el fiscal a cargo podría intervenir directamente en las problemáticas ambientales, como la mortandad de peces que se produjo en dique El Tunal y generó una gran polémica.
Debido a ello, el juez del Tribunal de Juicio de Metán, Sebastián Fucho, encabezó en marzo pasado una inspección ocular en el lago, en el marco de un recurso de amparo presentado por el intendente de El Galpón, Federico Sacca, por la muerte de miles de especies, que se produjo en febrero.
La acción de amparo, que debe resolver el magistrado, es en contra de la Secretaría de Recursos Hídricos de la provincia, AES Central Hidroeléctrica El Tunal y la Policía de la provincia, división Lacustre.
"Como es de público conocimiento aparecieron miles de peces sin vida en dique El Tunal. Muchas fueron las versiones de la causa de la mortalidad, pero todas ellas carecieron de rigor científico. Lo único que objetivamente se comprobó fue el brusco descenso del nivel de agua del dique y que sería esa la causa que provocó la muerte de los peces", dijo Sacca en la presentación.
"Al ser muy numerosa la fauna ictícola y al disminuir el oxígeno, por menor cantidad de agua, se produjo la muerte de las especies, que aparecieron en sectores del dique e inclusive en inmediaciones al predio del Club de Pesca y Caza 20 de Febrero, lo cual torna poco creíble la teoría de que la muerte de los peces obedeció a detonaciones de explosivos", dijo.
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San Juan impulsa el reciclado de pilas
Ambiente comenzó la elaboración de procedimientos de reciclado de pilas
Fecha de Publicación: 08/06/2019
Fuente: Gobierno de San Juan
Provincia/Región: San Juan
Las investigaciones comenzaron junto a la Facultad de Ingeniería. El objetivo es realizar procedimientos para el reciclado de las pilas y baterías de toda la provincia.
La Planta de Tratamiento de Residuos de Aparatos Eléctricas y Electrónicas (RAEE), Pilas y Baterías, que funcionará en el Parque Industrial Tecnológico Ambiental Regional, estará ubicada en el Parque Industrial Tecnológico Ambiental Regional (PITAR).
Para ello, ya fue realizada la audiencia pública a través de la cual los ciudadanos se manifiestan ante la autoridad de aplicación, de modo de influir en el proceso toma de decisión referido a la factibilidad ambiental del proyecto. Para ello fueron convocadas personas físicas, jurídicas, públicas o privadas, a las organizaciones no gubernamentales debidamente acreditadas interesadas en la preservación del medio ambiente.
Con vistas a una pronta instalación de la planta de reciclado de pilas, la Secretaría de Ambiente y la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan, a través del Departamento de Ingeniería Química, comenzaron con el desarrollo de procedimientos.
Para ello, especialistas de ambas reparticiones realizaron la toma de muestras en contenedores de pilas, para iniciar la elaboración de procedimientos de reciclado de cada uno de los componentes, según el tipo de pila.
Componentes
Las pilas y las baterías son pequeñas celdas o cámaras electroquímicas compuestas por distintos tipos de componentes, los que están contenidos en su interior con el fin de desencadenar la reacción química que permite la posterior generación de energía.
El zinc, el óxido de manganeso, el níquel, el cadmio y el óxido de mercurio son algunos de los compuestos más utilizados para la fabricación de estos dispositivos energéticos en diferentes formatos y voltajes.
Todos estos elementos químicos son metales pesados y poseen un alto poder de contaminación, con efectos sumamente tóxicos sobre cualquier organismo viviente. Por eso, es fundamental que estos químicos siempre estén envasados herméticamente incluso después del vencimiento de su vida útil.
Aunque la mayoría de los fabricantes del rubro se han esforzado para que sus productos sean seguros, lo cierto es que las carcasas metálicas de las pilas y las baterías no pueden evitar que los componentes químicos que almacenan tomen contacto con el exterior. Es que el metal de las carcasas puede sufrir una corrosión interna (cuando la pila o batería se gasta y los componentes ácidos comienzan a corroer la cobertura metálica desde el interior) y/o una corrosión externa (la humedad y otros factores climáticos también contribuyen a la oxidación de la carcasa). Dadas las dificultades para mantener estos compuestos corrosivos dentro de sus envases originales, se deben tomar precauciones especiales al momento de desechar las pilas y baterías en desuso.
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Fecha de Publicación: 08/06/2019
Fuente: Gobierno de San Juan
Provincia/Región: San Juan
Las investigaciones comenzaron junto a la Facultad de Ingeniería. El objetivo es realizar procedimientos para el reciclado de las pilas y baterías de toda la provincia.
La Planta de Tratamiento de Residuos de Aparatos Eléctricas y Electrónicas (RAEE), Pilas y Baterías, que funcionará en el Parque Industrial Tecnológico Ambiental Regional, estará ubicada en el Parque Industrial Tecnológico Ambiental Regional (PITAR).
Para ello, ya fue realizada la audiencia pública a través de la cual los ciudadanos se manifiestan ante la autoridad de aplicación, de modo de influir en el proceso toma de decisión referido a la factibilidad ambiental del proyecto. Para ello fueron convocadas personas físicas, jurídicas, públicas o privadas, a las organizaciones no gubernamentales debidamente acreditadas interesadas en la preservación del medio ambiente.
Con vistas a una pronta instalación de la planta de reciclado de pilas, la Secretaría de Ambiente y la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan, a través del Departamento de Ingeniería Química, comenzaron con el desarrollo de procedimientos.
Para ello, especialistas de ambas reparticiones realizaron la toma de muestras en contenedores de pilas, para iniciar la elaboración de procedimientos de reciclado de cada uno de los componentes, según el tipo de pila.
Componentes
Las pilas y las baterías son pequeñas celdas o cámaras electroquímicas compuestas por distintos tipos de componentes, los que están contenidos en su interior con el fin de desencadenar la reacción química que permite la posterior generación de energía.
El zinc, el óxido de manganeso, el níquel, el cadmio y el óxido de mercurio son algunos de los compuestos más utilizados para la fabricación de estos dispositivos energéticos en diferentes formatos y voltajes.
Todos estos elementos químicos son metales pesados y poseen un alto poder de contaminación, con efectos sumamente tóxicos sobre cualquier organismo viviente. Por eso, es fundamental que estos químicos siempre estén envasados herméticamente incluso después del vencimiento de su vida útil.
Aunque la mayoría de los fabricantes del rubro se han esforzado para que sus productos sean seguros, lo cierto es que las carcasas metálicas de las pilas y las baterías no pueden evitar que los componentes químicos que almacenan tomen contacto con el exterior. Es que el metal de las carcasas puede sufrir una corrosión interna (cuando la pila o batería se gasta y los componentes ácidos comienzan a corroer la cobertura metálica desde el interior) y/o una corrosión externa (la humedad y otros factores climáticos también contribuyen a la oxidación de la carcasa). Dadas las dificultades para mantener estos compuestos corrosivos dentro de sus envases originales, se deben tomar precauciones especiales al momento de desechar las pilas y baterías en desuso.
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Arcioni no vetó la ley. El glifosato prohibido en Chubut
El gobierno de Chubut promulgó una ley que prohíbe el glifosato
Fecha de Publicación: 07/06/2019
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Chubut
La norma había sido aprobada de manera unánime por la Legislatura provincial el 16 de mayo. El gobernador Mariano Arcioni había anticipado que la iba a vetar, algo que finalmente no sucedió
Chubut se convirtió esta semana en la primera provincia argentina en prohibir oficialmente la fabricación, comercialización y uso del herbicida glifosato en todo su territorio.
A través de un decreto firmado este martes, el gobernador provincial, Mariano Arcioni, refrendó con su firma la promulgación de la ley, que había sido aprobada de manera unánime por la Legislatura local el pasado 16 de mayo.
La decisión generó sorpresa porque el mandatario se había pronunciado en contra de la iniciativa y, de hecho, había anunciado que la vetaría. El 22 de mayo pasado, Arcioni le dijo a distintos medios chubutenses que el proyecto tenía fines electorales, con miras a los comicios provinciales del próximo 9 de junio: "No se hizo participar a absolutamente nadie. Fue de una irresponsabilidad total. En principio, la vamos a vetar, pero con fundamentos, y vamos a convocar a todos los sectores para ver la reglamentación y los cuidados que corresponden", dijo en su momento.
Hasta ahora el gobernador no ha dado una explicación pública acerca de las razones que motivaron el cambio de posición respecto al tema.
En concreto, la ley prohíbe en todo el territorio de la provincia la "importación, introducción, tenencia con fines de comercialización, fabricación, fraccionamiento, distribución, transporte y aplicación del herbicida glifosato en todas sus variantes. Como así también se prohíben todos los productos que tengan como base o principio activo el glifosato".
Si bien Chubut se convirtió en pionera en el plano provincial, no es la primera jurisdicción que toma pasos en este sentido. En noviembre de 2017 el Concejo Municipal de Rosario aprobó un proyecto que prohíbe su uso en la ciudad.
A la hora de fundamentar el proyecto, Osvaldo Miatello, su impulsor, indicó que "son muchos los informes e investigaciones que arrojaron resultados alarmantes sobre los efectos que tiene el herbicida".
En tanto, en abril de 2018, el Concejo Deliberante de Gualeguaychú, en Entre Ríos, aprobó una ordenanza que prohíbe la aplicación, expendio, almacenamiento, transporte, comercialización y venta del glifosato en todo el límite urbano.
En los últimos meses, distintas cortes condenaron a Monsanto (ahora propiedad de la alemana Bayer), una de las empresas multinacionales que comercializan productos a base de glifosato, a pagar millonarias indemnizaciones a particulares como consecuencia de los efectos nocivos del herbicida.
En mayo pasado, un jurado de California condenó a Monsanto a pagar más de USD 2 mil millones en el marco de una demanda presentada por una pareja, que aseguró que el herbicida Roundup con base de glifosato les causó que contrajeran un linfoma no Hodgkin. Este fue el tercer fallo consecutivo de un jurado estadounidense contra la compañía.
El jurado determinó que la compañía era responsable y ordenó el pago de USD 18 millones en daños compensatorios y mil millones de dólares en daños punitivos a Alva Pilliod y USD 37 millones en daños compensatorios y mil millones en daños punitivos a su esposa, Alberta Pilliod.
El jurado sostuvo que Roundup había sido diseñado de manera defectuosa, que Monsanto no advirtió sobre el riesgo de cáncer del herbicida y que la compañía actuó de manera negligente.
En tanto, el 10 de febrero, la revista ScienceDirect publicó los resultados de una investigación que relacionaba la exposición a herbicidas con glifosato con un aumento del 41% en la probabilidad de desarrollar linfoma no Hodgkin (LNH).
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Fecha de Publicación: 07/06/2019
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Chubut
La norma había sido aprobada de manera unánime por la Legislatura provincial el 16 de mayo. El gobernador Mariano Arcioni había anticipado que la iba a vetar, algo que finalmente no sucedió
Chubut se convirtió esta semana en la primera provincia argentina en prohibir oficialmente la fabricación, comercialización y uso del herbicida glifosato en todo su territorio.
A través de un decreto firmado este martes, el gobernador provincial, Mariano Arcioni, refrendó con su firma la promulgación de la ley, que había sido aprobada de manera unánime por la Legislatura local el pasado 16 de mayo.
La decisión generó sorpresa porque el mandatario se había pronunciado en contra de la iniciativa y, de hecho, había anunciado que la vetaría. El 22 de mayo pasado, Arcioni le dijo a distintos medios chubutenses que el proyecto tenía fines electorales, con miras a los comicios provinciales del próximo 9 de junio: "No se hizo participar a absolutamente nadie. Fue de una irresponsabilidad total. En principio, la vamos a vetar, pero con fundamentos, y vamos a convocar a todos los sectores para ver la reglamentación y los cuidados que corresponden", dijo en su momento.
Hasta ahora el gobernador no ha dado una explicación pública acerca de las razones que motivaron el cambio de posición respecto al tema.
En concreto, la ley prohíbe en todo el territorio de la provincia la "importación, introducción, tenencia con fines de comercialización, fabricación, fraccionamiento, distribución, transporte y aplicación del herbicida glifosato en todas sus variantes. Como así también se prohíben todos los productos que tengan como base o principio activo el glifosato".
Si bien Chubut se convirtió en pionera en el plano provincial, no es la primera jurisdicción que toma pasos en este sentido. En noviembre de 2017 el Concejo Municipal de Rosario aprobó un proyecto que prohíbe su uso en la ciudad.
A la hora de fundamentar el proyecto, Osvaldo Miatello, su impulsor, indicó que "son muchos los informes e investigaciones que arrojaron resultados alarmantes sobre los efectos que tiene el herbicida".
En tanto, en abril de 2018, el Concejo Deliberante de Gualeguaychú, en Entre Ríos, aprobó una ordenanza que prohíbe la aplicación, expendio, almacenamiento, transporte, comercialización y venta del glifosato en todo el límite urbano.
En los últimos meses, distintas cortes condenaron a Monsanto (ahora propiedad de la alemana Bayer), una de las empresas multinacionales que comercializan productos a base de glifosato, a pagar millonarias indemnizaciones a particulares como consecuencia de los efectos nocivos del herbicida.
En mayo pasado, un jurado de California condenó a Monsanto a pagar más de USD 2 mil millones en el marco de una demanda presentada por una pareja, que aseguró que el herbicida Roundup con base de glifosato les causó que contrajeran un linfoma no Hodgkin. Este fue el tercer fallo consecutivo de un jurado estadounidense contra la compañía.
El jurado determinó que la compañía era responsable y ordenó el pago de USD 18 millones en daños compensatorios y mil millones de dólares en daños punitivos a Alva Pilliod y USD 37 millones en daños compensatorios y mil millones en daños punitivos a su esposa, Alberta Pilliod.
El jurado sostuvo que Roundup había sido diseñado de manera defectuosa, que Monsanto no advirtió sobre el riesgo de cáncer del herbicida y que la compañía actuó de manera negligente.
En tanto, el 10 de febrero, la revista ScienceDirect publicó los resultados de una investigación que relacionaba la exposición a herbicidas con glifosato con un aumento del 41% en la probabilidad de desarrollar linfoma no Hodgkin (LNH).
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BA produce en renovables para un millón de hogares
La Provincia ya genera energía limpia para abastecer un millón de hogares
Fecha de Publicación: 07/06/2019
Fuente: OPDS
Provincia/Región: Buenos Aires
Desde la creación del Renovar, el plan de Energías Renovables impulsado por la Secretaría de Energía de la Nación, el territorio bonaerense está en condiciones de generar más de 350 MW de energía a través de los parques eólicos construidos a partir de 2016.
A los proyectos ya inaugurados como Parque Corti en Bahía Blanca o Parque Villalonga en Carmen de Patagones, se sumarán este año 7 nuevos emprendimientos de energía eólica que en condiciones óptimas podrán generar 600 MW, el equivalente al consumo de dos millones de hogares.
“Invertir en las energías renovables es apostar de manera sustentable a nuestro futuro y el de las nuevas generaciones. Uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el 7, de energía asequible y no contaminante, promueve la energía limpia. Y diversificar nuestra matriz energética es a la vez clave para para el desarrollo productivo de nuestro país” afirmó Rodrigo Aybar, director ejecutivo del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS).
El OPDS es la autoridad ambiental de la Provincia de Buenos Aires, que evalúa el impacto ambiental de los proyecto de generación de energía renovable (entre otros) conforme lo dispone la Ley 11.723. En ese marco, esta semana se publicó la Resolución 264/19 que crea una instancia de certificación de prefactibilidad para estos proyectos. El fin es otorgar una primera aprobación general para dar mayor seguridad y agilidad a las licitaciones, como las del Plan RENOVAR.
Una vez aprobado y adjudicado el proyecto, puede solicitar la Declaración de Impacto Ambiental para operar, que también otorga el OPDS. En este sentido, se decidió agilizar el primer paso para la presentación de proyectos, con este nuevo certificado de prefactibilidad, que el inversor puede obtener en un mes. “Esta prefactibilidad es una buena noticia para fomentar el uso de energías renovables en línea con el compromiso que asumimos en el Acuerdo de París en la lucha contra el cambio climático”, sostuvo Aybar
El municipio de Bahía Blanca por ejemplo, ya produce más energía con el viento de la que consumen sus hogares. Sólo en los dos primeros meses de 2019 los molinos eólicos inyectaron a la red 170 GWh, mientras que la distribuidora local de energía entregó en la ciudad 120 GWh en el mismo período. Otros parques se desarrollan en Necochea, Miramar y Villarino.
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Fecha de Publicación: 07/06/2019
Fuente: OPDS
Provincia/Región: Buenos Aires
Desde la creación del Renovar, el plan de Energías Renovables impulsado por la Secretaría de Energía de la Nación, el territorio bonaerense está en condiciones de generar más de 350 MW de energía a través de los parques eólicos construidos a partir de 2016.
A los proyectos ya inaugurados como Parque Corti en Bahía Blanca o Parque Villalonga en Carmen de Patagones, se sumarán este año 7 nuevos emprendimientos de energía eólica que en condiciones óptimas podrán generar 600 MW, el equivalente al consumo de dos millones de hogares.
“Invertir en las energías renovables es apostar de manera sustentable a nuestro futuro y el de las nuevas generaciones. Uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el 7, de energía asequible y no contaminante, promueve la energía limpia. Y diversificar nuestra matriz energética es a la vez clave para para el desarrollo productivo de nuestro país” afirmó Rodrigo Aybar, director ejecutivo del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS).
El OPDS es la autoridad ambiental de la Provincia de Buenos Aires, que evalúa el impacto ambiental de los proyecto de generación de energía renovable (entre otros) conforme lo dispone la Ley 11.723. En ese marco, esta semana se publicó la Resolución 264/19 que crea una instancia de certificación de prefactibilidad para estos proyectos. El fin es otorgar una primera aprobación general para dar mayor seguridad y agilidad a las licitaciones, como las del Plan RENOVAR.
Una vez aprobado y adjudicado el proyecto, puede solicitar la Declaración de Impacto Ambiental para operar, que también otorga el OPDS. En este sentido, se decidió agilizar el primer paso para la presentación de proyectos, con este nuevo certificado de prefactibilidad, que el inversor puede obtener en un mes. “Esta prefactibilidad es una buena noticia para fomentar el uso de energías renovables en línea con el compromiso que asumimos en el Acuerdo de París en la lucha contra el cambio climático”, sostuvo Aybar
El municipio de Bahía Blanca por ejemplo, ya produce más energía con el viento de la que consumen sus hogares. Sólo en los dos primeros meses de 2019 los molinos eólicos inyectaron a la red 170 GWh, mientras que la distribuidora local de energía entregó en la ciudad 120 GWh en el mismo período. Otros parques se desarrollan en Necochea, Miramar y Villarino.
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Salta: avanza la minería sobre la Puna
Avanzan las conversaciones para impulsar el proyecto de desarrollo minero en la Puna
Fecha de Publicación: 07/06/2019
Fuente: Informate Salta
Provincia/Región: Salta
Fue en el marco de una ronda de trabajo -que nucleó a cámaras mineras, empresarios, legisladores e intendentes- durante la cual se avanzó en el marco legal que generará el respaldo necesario para atraer más inversiones a la zona y continuar con el trabajo concretado en el lugar.
El Jefe de Gabinete de Ministros, Fernando Yarade encabezó una nueva ronda de trabajo que nucleó a cámaras mineras, empresarios, legisladores e intendentes de la región de la Puna. La finalidad es continuar avanzando con el paquete de medidas destinadas al desarrollo de la industria minera en Salta y al crecimiento de las comunas involucradas en la actividad.
En la oportunidad también se analizaron cuestiones vinculadas al proyecto que generará el respaldo necesario para atraer más inversiones a la zona, especialmente aquellas que generen gran impacto social.
Durante el encuentro, legisladores y jefes comunales destacaron la decisión política de continuar aportando al desarrollo económico de la Puna, principalmente regulando la contratación de la mano de obra local y manteniendo la estabilidad fiscal; característica indispensable para dotar a Salta de mayor previsibilidad.
Antes de concluir con el encuentro, Yarade garantizó que el Estado brindará a éstas empresas las herramientas necesarias para efectivizar el crecimiento previsto para el área.
También se evaluó la posibilidad de que la Provincia optimice los caminos, para mejorar la transitabilidad vehicular de la zona.
Acompañaron al Jefe de Gabinete en esta ronda de trabajo: el presidente de la Cámara de Diputados, Manuel Santiago Godoy, los ministros de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable, Graciela Pinal de Cid, y de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia, Marcelo López Arias.
También estuvieron presentes el secretario de Minería, Ricardo Blasco; representantes de los municipios de San Antonio de los Cobres, La Poma y Tolar Grande; legisladores de los departamentos La Poma y Los Andes; el presidente de la Cámara Minera de Salta, Facundo Huidobro, el presidente de la Cámara de Proveedores de Empresas Mineras de la Puna, Luis Vaca y empresarios del sector.
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Fecha de Publicación: 07/06/2019
Fuente: Informate Salta
Provincia/Región: Salta
Fue en el marco de una ronda de trabajo -que nucleó a cámaras mineras, empresarios, legisladores e intendentes- durante la cual se avanzó en el marco legal que generará el respaldo necesario para atraer más inversiones a la zona y continuar con el trabajo concretado en el lugar.
El Jefe de Gabinete de Ministros, Fernando Yarade encabezó una nueva ronda de trabajo que nucleó a cámaras mineras, empresarios, legisladores e intendentes de la región de la Puna. La finalidad es continuar avanzando con el paquete de medidas destinadas al desarrollo de la industria minera en Salta y al crecimiento de las comunas involucradas en la actividad.
En la oportunidad también se analizaron cuestiones vinculadas al proyecto que generará el respaldo necesario para atraer más inversiones a la zona, especialmente aquellas que generen gran impacto social.
Durante el encuentro, legisladores y jefes comunales destacaron la decisión política de continuar aportando al desarrollo económico de la Puna, principalmente regulando la contratación de la mano de obra local y manteniendo la estabilidad fiscal; característica indispensable para dotar a Salta de mayor previsibilidad.
Antes de concluir con el encuentro, Yarade garantizó que el Estado brindará a éstas empresas las herramientas necesarias para efectivizar el crecimiento previsto para el área.
También se evaluó la posibilidad de que la Provincia optimice los caminos, para mejorar la transitabilidad vehicular de la zona.
Acompañaron al Jefe de Gabinete en esta ronda de trabajo: el presidente de la Cámara de Diputados, Manuel Santiago Godoy, los ministros de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable, Graciela Pinal de Cid, y de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia, Marcelo López Arias.
También estuvieron presentes el secretario de Minería, Ricardo Blasco; representantes de los municipios de San Antonio de los Cobres, La Poma y Tolar Grande; legisladores de los departamentos La Poma y Los Andes; el presidente de la Cámara Minera de Salta, Facundo Huidobro, el presidente de la Cámara de Proveedores de Empresas Mineras de la Puna, Luis Vaca y empresarios del sector.
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Zaffaroni expuso sobre agroquímicos en el Vaticano
Zaffaroni expone en el Vaticano sobre agroquímicos
Fecha de Publicación: 06/06/2019
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Con una nutrida delegación argentina, encabezada por el exjuez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni, comenzó hoy en el Vaticano una Cumbre Panamericana de jueces sobre Derechos Sociales y Doctrina Franciscana, que cerrará mañana el papa Francisco .
"Pensamos que este va a ser un encuentro decisivo", dijo el arzobispo argentino Marcelo Sánchez Sorondo, canciller de la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales, al inaugurar el evento en el aula magna de la Casina Pío IV, espectacular edificio del Renacimiento enclavado en los Jardines del Vaticano. "Si no se reconocen primero los derechos humanos de cada hombre y mujer, no hay otros derechos. El Papa justamente lo sintetiza como Trabajo, Tierra y Techo pero el tema de los derechos es más complejo. Este encuentro no va a ser sólo expresión de discursos, sino decisiones concretas para tratar que realmente los derechos humanos se apliquen y sean disponibles para todos los habitantes del mundo. Tenemos los instrumentos globales para hacerlo, pero no siempre las fuerzas internacionales, las multinacionales, nos ayudan a la realización de los mismos", agregó.
Sánchez Sorondo ya había convocado a jueces de todo el mundo en junio de 2016 para disertar sobre la trata de personas y el crimen organizado y a juezas y fiscales, en noviembre de 2017. Esta vez, tal como explicó Andrés Gallardo, titular del juzgado N° 2 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires y organizador de la cumbre, la reunión es una continuación de la "Primera Jornada sobre Derechos Sociales y Doctrina Franciscana" que se realizó el 4 de junio del año pasado en la Facultad de Derecho de la UBA.
"Espero que podamos juntos desarrollar la misma sinergia que hubo entonces y que logremos corrernos del rígido papel que se le suele asignar a la figura judicial, para sensibilizarnos y comunicarnos desde otro perfil. Que humanicemos nuestro discurso para humanizar luego nuestras prácticas", dijo en la apertura Gallardo, hablando ante magistrados de Estados Unidos, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Colombia, México y demás países del continente.
Formada por más de 20 jueces, la delegación argentina es la más numerosa. Al margen de Zaffaroni, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que disertará mañana, al igual que sus colegas Carlos Balbín, Fabiana Schafrik, Guillermo Treacy y Roberto Pompa, asisten como observadores Inés Weinberg -Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la CABA y candidata del Gobierno para liderar la Procuración General de la Nación-, Alejandra Villasur, Graciela Christe, Horacio Corti, Silvia Escobar, Francisco Ferrer, María Jazmín Gallardo, César Raúl Jímenez, Elena Liberatori, Mable López Oliva, Adriana Alicia Micale, Juan Manuel Olmos, Alejandra Petrella, Mariana Pucciarello, Bruno Quadri, Luis Raffaghelli, Darío Reynoso, Guadalupe Quillén Reynoso, Felipe Silva Camilo, Graciela Slavin.
Gallardo, autor de "Francisco vs. Moloch. Ideas para una revolución ecosocial", destacó que la cumbre culminará no sólo con un documento final, sino también con la conformación de un Comité Permanente de jueces Panamericano. "La idea es lograr la mayor concreción posible de derechos sociales y ambientales y a su vez, que sea una herramienta de defensa recíproca al magistrado, porque no se nos escapa que la concreción de estos derechos nos genera a veces conflictos entre el poder político y el poder judicial", explicó a LA NACION. "Como dice Francisco, queremos ser levadura. Somos una minoría, pero la idea es que con esa función de levadura logremos expandir rápidamente los derechos sociales y que se sume mucha más gente. Creemos que hay una necesidad, sobre todo en la Argentina, de encontrar agrupamientos genuinos, transparentes, claros, con mensajes alejados de las cuestiones partidarias, coyunturales", agregó.
En su exposición, el juez Gustavo Moreno, Asesor Tutelar ante la Cámara de Apelaciones N° 2 porteño, aseguró que el desafío de la cumbre es "la exigibilidad y la justiciabilidad" de los derechos económicos y sociales. Subrayó que pese a que, por ejemplo, 196 países ratificaron la Convención sobre los Derechos del Niño, la realidad es que pocos respetan este tratado internacional. "Al menos en mi país, más del 40% de los niños y adolescentes son pobres, según cifras de la Unicef, o de la UCA", lamentó. "¿Cuál es la relación de un tratado internacional, de aplicación inmediata, frente al 40% de niños pobres?", preguntó. "Algo estamos haciendo mal", reconoció.
"Ajustes estructurales"
"Hay muchos obstáculos a los derechos económicos y sociales que son puestos, generalmente, para reconocer no sólo la posibilidad de la garantía, sino para que estos se apliquen directamente. Y un tema central es la Ley de Presupuesto, los fondos que son necesarios para los derechos sociales", también puntualizó Moreno. El magistrado, que citó al Papa y destacó la triste realidad de los descartados, por otro lado criticó "los ajustes estructurales potenciados por organismos de financiamiento internacional que generan más pobres", aludiendo silenciosamente al Gobierno, sin nombrarlo y desencadenando un aplauso de parte de varios colegas argentinos.
"Recientemente Francisco dijo que 'donde hay un buen juez, la sociedad anda bien'. Me atrevería humildemente a interpretar que el buen juez al que se refiere el Santo Padre es sin duda aquel hombre o aquella mujer que en cumplimiento de su magistratura garantiza frente a los poderosos la sed de justicia que tienen los movimientos populares que reclaman tierra, techo y trabajo, como otras personas descartadas y desplazadas con el mismo clamor de justicia", concluyó Moreno.
En una pausa Zaffaroni -que contó que ya se encontraba en Italia porque fue profesor invitado de un curso en Nápoles-, adelantó a LA NACION que mañana, en su exposición, hablará sobre agroquímicos y lo que se puede hacer judicialmente para proteger a la población de su abuso. "Somos el país que tiene el mayor consumo de glifosato por cabeza. Eso tiene efecto inmediato en el caso de la fumigación y tiene un efecto más tardío sobre la alimentación de todos, porque quedan residuos", explicó. "Judicialmente se puede controlar lo que es la fumigación. El problema es que hay que enfrentarse con todo un aparato de política económica de exportación", apuntó. En cuanto a las expectativas de la cumbre, se manifestó esperanzado en que quede algo permanente; aunque opinó que "habría que hacer un observatorio, más que una comisión, para que haya un monitoreo de los derechos sociales en toda la región".
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Fecha de Publicación: 06/06/2019
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Con una nutrida delegación argentina, encabezada por el exjuez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni, comenzó hoy en el Vaticano una Cumbre Panamericana de jueces sobre Derechos Sociales y Doctrina Franciscana, que cerrará mañana el papa Francisco .
"Pensamos que este va a ser un encuentro decisivo", dijo el arzobispo argentino Marcelo Sánchez Sorondo, canciller de la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales, al inaugurar el evento en el aula magna de la Casina Pío IV, espectacular edificio del Renacimiento enclavado en los Jardines del Vaticano. "Si no se reconocen primero los derechos humanos de cada hombre y mujer, no hay otros derechos. El Papa justamente lo sintetiza como Trabajo, Tierra y Techo pero el tema de los derechos es más complejo. Este encuentro no va a ser sólo expresión de discursos, sino decisiones concretas para tratar que realmente los derechos humanos se apliquen y sean disponibles para todos los habitantes del mundo. Tenemos los instrumentos globales para hacerlo, pero no siempre las fuerzas internacionales, las multinacionales, nos ayudan a la realización de los mismos", agregó.
Sánchez Sorondo ya había convocado a jueces de todo el mundo en junio de 2016 para disertar sobre la trata de personas y el crimen organizado y a juezas y fiscales, en noviembre de 2017. Esta vez, tal como explicó Andrés Gallardo, titular del juzgado N° 2 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires y organizador de la cumbre, la reunión es una continuación de la "Primera Jornada sobre Derechos Sociales y Doctrina Franciscana" que se realizó el 4 de junio del año pasado en la Facultad de Derecho de la UBA.
"Espero que podamos juntos desarrollar la misma sinergia que hubo entonces y que logremos corrernos del rígido papel que se le suele asignar a la figura judicial, para sensibilizarnos y comunicarnos desde otro perfil. Que humanicemos nuestro discurso para humanizar luego nuestras prácticas", dijo en la apertura Gallardo, hablando ante magistrados de Estados Unidos, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Colombia, México y demás países del continente.
Formada por más de 20 jueces, la delegación argentina es la más numerosa. Al margen de Zaffaroni, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que disertará mañana, al igual que sus colegas Carlos Balbín, Fabiana Schafrik, Guillermo Treacy y Roberto Pompa, asisten como observadores Inés Weinberg -Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la CABA y candidata del Gobierno para liderar la Procuración General de la Nación-, Alejandra Villasur, Graciela Christe, Horacio Corti, Silvia Escobar, Francisco Ferrer, María Jazmín Gallardo, César Raúl Jímenez, Elena Liberatori, Mable López Oliva, Adriana Alicia Micale, Juan Manuel Olmos, Alejandra Petrella, Mariana Pucciarello, Bruno Quadri, Luis Raffaghelli, Darío Reynoso, Guadalupe Quillén Reynoso, Felipe Silva Camilo, Graciela Slavin.
Gallardo, autor de "Francisco vs. Moloch. Ideas para una revolución ecosocial", destacó que la cumbre culminará no sólo con un documento final, sino también con la conformación de un Comité Permanente de jueces Panamericano. "La idea es lograr la mayor concreción posible de derechos sociales y ambientales y a su vez, que sea una herramienta de defensa recíproca al magistrado, porque no se nos escapa que la concreción de estos derechos nos genera a veces conflictos entre el poder político y el poder judicial", explicó a LA NACION. "Como dice Francisco, queremos ser levadura. Somos una minoría, pero la idea es que con esa función de levadura logremos expandir rápidamente los derechos sociales y que se sume mucha más gente. Creemos que hay una necesidad, sobre todo en la Argentina, de encontrar agrupamientos genuinos, transparentes, claros, con mensajes alejados de las cuestiones partidarias, coyunturales", agregó.
En su exposición, el juez Gustavo Moreno, Asesor Tutelar ante la Cámara de Apelaciones N° 2 porteño, aseguró que el desafío de la cumbre es "la exigibilidad y la justiciabilidad" de los derechos económicos y sociales. Subrayó que pese a que, por ejemplo, 196 países ratificaron la Convención sobre los Derechos del Niño, la realidad es que pocos respetan este tratado internacional. "Al menos en mi país, más del 40% de los niños y adolescentes son pobres, según cifras de la Unicef, o de la UCA", lamentó. "¿Cuál es la relación de un tratado internacional, de aplicación inmediata, frente al 40% de niños pobres?", preguntó. "Algo estamos haciendo mal", reconoció.
"Ajustes estructurales"
"Hay muchos obstáculos a los derechos económicos y sociales que son puestos, generalmente, para reconocer no sólo la posibilidad de la garantía, sino para que estos se apliquen directamente. Y un tema central es la Ley de Presupuesto, los fondos que son necesarios para los derechos sociales", también puntualizó Moreno. El magistrado, que citó al Papa y destacó la triste realidad de los descartados, por otro lado criticó "los ajustes estructurales potenciados por organismos de financiamiento internacional que generan más pobres", aludiendo silenciosamente al Gobierno, sin nombrarlo y desencadenando un aplauso de parte de varios colegas argentinos.
"Recientemente Francisco dijo que 'donde hay un buen juez, la sociedad anda bien'. Me atrevería humildemente a interpretar que el buen juez al que se refiere el Santo Padre es sin duda aquel hombre o aquella mujer que en cumplimiento de su magistratura garantiza frente a los poderosos la sed de justicia que tienen los movimientos populares que reclaman tierra, techo y trabajo, como otras personas descartadas y desplazadas con el mismo clamor de justicia", concluyó Moreno.
En una pausa Zaffaroni -que contó que ya se encontraba en Italia porque fue profesor invitado de un curso en Nápoles-, adelantó a LA NACION que mañana, en su exposición, hablará sobre agroquímicos y lo que se puede hacer judicialmente para proteger a la población de su abuso. "Somos el país que tiene el mayor consumo de glifosato por cabeza. Eso tiene efecto inmediato en el caso de la fumigación y tiene un efecto más tardío sobre la alimentación de todos, porque quedan residuos", explicó. "Judicialmente se puede controlar lo que es la fumigación. El problema es que hay que enfrentarse con todo un aparato de política económica de exportación", apuntó. En cuanto a las expectativas de la cumbre, se manifestó esperanzado en que quede algo permanente; aunque opinó que "habría que hacer un observatorio, más que una comisión, para que haya un monitoreo de los derechos sociales en toda la región".
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Chaco prohibió todo tipo de caza por el año
Por la emergencia hídrica, el gobierno prohibió la caza mayor y menor en el Chaco
Fecha de Publicación: 06/06/2019
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Chaco
El gobierno del Chaco dispuso la prohibición de la caza menor y mayor en todo el territorio provincial hasta el 31 de diciembre del corriente año. La medida se tomó en virtud de los efectos adversos que provocó la emergencia hídrica, situación que alteró el hábitat natural y las costumbres de rutina de nuestras especies silvestr
Así lo anunciaron funcionarios provinciales en la mañana de este viernes, en conferencia de prensa. Estuvieron presentes los ministros de Producción Marcelo Repetto, de Seguridad Daniel Chorvat y de Planificación y Ambiente Martin Nievas, a quienes acompañaron el subsecretario de Recursos Naturales Luciano Olivares, el jefe de la Policía del Chaco Fernando Romero y el director de Fauna y Áreas Naturales Protegidas Edgardo Wiltchiensky. También participaron el intendente del Parque Nacional El Impenetrable Leonardo Juber, el jefe del Escuadrón Sáenz Peña de Gendarmería Nacional Alberto Farías, funcionarios de la Administración de Parques Nacionales y técnicos del área de Recursos Naturales del Ministerio de Producción.
El subsecretario Olivares informó que a través de la Disposición N° 555/19 impulsada por el área a su cargo se prohíbe la actividad de caza mayor y menor en todo el territorio chaqueño, hasta el 31 de diciembre del 2019, inclusive. Indicó que la medida adoptada responde a la situación climática desfavorable que se mantuvo con gran frecuencia y en forma reiterada durante el transcurso del año, inclusive hasta mediados de este mes, siendo las zonas más afectadas de la provincia los Departamentos Mayor L. J. Fontana, Tapenagá, Santa María de Oro, San Fernando, 12 de Octubre, General Güemes, General Belgrano, San Lorenzo, 2 de Abril, Comandante Fernández, Chacabuco y 9 de Julio.
Olivares dijo que para dar cumplimiento efectivo a esta normativa se solicitó el auxilio de las fuerzas de Seguridad Provincial y de jurisdicción nacional.
“Esta emergencia hídrica implica una alta vulnerabilidad para poblaciones de nuestra fauna, al reducirse en muchas áreas la superficie por la cual pueden movilizarse y refugiarse, quedando expuestos y afectados por la caza mayor y menor, que implicaría un grave riesgo de producir daños al desarrollo natural de las mismas”, indicó el funcionario.
En paralelo, Olivares detalló que se registró el tránsito de ejemplares de la especie Yaguareté (Panthera Onca) en el Impenetrable Chaqueño, lo cual fue constatado por Guardaparques de la Dirección de Fauna y Áreas Naturales Protegidas, siendo esta especie monumento natural provincial, que habitan suelos de las provincias de Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Formosa, Misiones y Chaco.
El subsecretario indicó que en nuestra región las poblaciones de Yaguareté se encuentran en estado crítico, por lo que el Gobierno de la provincia viene realizando una serie de acciones tendientes a su rescate y conservación para las futuras generaciones.
Seguidamente, el ministro de Producción Marcelo Repetto reafirmó el compromiso que tiene el Gobierno del Chaco en la preservación y cuidado de sus Recursos Naturales: “En forma permanente vamos tomando medidas a partir de situaciones que se dan en territorio”, expresó y añadió: “Agradezco la presencia de los medios, porque muchas veces vende más una postal en la puerta de Casa de Gobierno que las acciones que hacen miles de nuestros inspectores, fuerzas policiales y de seguridad, que en silencio hacen su trabajo para preservar nuestra flora y fauna y, por supuesto, todo nuestro medio ambiente”.
El ministro celebró “que se cristalicen este tipo de iniciativas que fueron trabajadas técnicamente, porque entendemos que es responsabilidad del Estado provincial y nacional, de los municipios, las entidades vinculadas y el ciudadano, el cuidar y proteger este ambiente que nos alberga y pertenece”.
Posteriormente, el ministro de Planificación y Ambiente Martín Nievas señaló que “esta medida que hoy anunciamos no es aislada, sino que forma parte de la definición que tomó desde el mismo comienzo de gestión el gobernador Domingo Peppo, de cuidar nuestra casa y nuestro hogar común, como lo pidió el Papa Francisco”.
“Esta medida pretende proteger nuestra rica fauna en esta situación de emergencia en la que se encuentra nuestra provincia y esto nos lleva a generar educación sobre la necesidad de actuar en defensa de nuestros recursos naturales”, dijo Nievas, quien agregó que “el gobernador Peppo tomó días atrás una decisión muy valiente, al suspender todos los desmontes para preservar nuestros bosques nativos, convocando a las ONGés para que nos ayuden para avanzar en el desarrollo de la provincia con sustentabilidad”.
Nievas también hizo referencia a la presencia de un ejemplar de yaguareté en el interior de la provincia y en este sentido reiteró “el compromiso del Gobierno provincial de realizar todas las acciones que vayan en protección de un monumento natural como lo es este animal” y pidió a la población que “en caso de divisar la presencia de un yaguareté realice la denuncia correspondiente, así podemos intervenir y articular una acción para proteger a esta especie”.
En tanto, el ministro de Seguridad Daniel Chorvat destacó que “el compromiso de cuidar nuestro hogar, como lo pide el gobernador Peppo, lo hacemos hoy operativo a través de esta medida, que involucra un trabajo coordinado entre todas las áreas de nuestra fuerza de seguridad, para la protección de nuestras especies”.
A todo esto, el jefe de la Policía del Chaco Fernando Romero aseguró que la fuerza “incrementará los controles para cumplir con esta normativa y con el compromiso asumido desde siempre, que es el resguardo de la fauna y flora de nuestra provincia”.
“Hace tiempo que la Policía del Chaco viene realizando operativos donde se procede al secuestro de elementos utilizados para la pesca indiscriminada o la caza furtiva y es por eso que contamos con un puesto de control en la zona de la Línea Barilari o la Picada Olmos para la protección de áreas protegidas y de nuestras especies autóctonas, como el yaguareté, considerado monumento natural”, indicó el jefe policial.
Finalmente, el director de Fauna y Áreas Naturales Protegidas Edgardo Wilchiensky detalló que desde el área a su cargo se hará un seguimiento de las condiciones climáticas en nuestra provincia y anticipó que una vez que las condiciones climáticas vayan mejorando y quede superada la etapa de emergencia, se estudiará el levantamiento de la medida de prohibición de caza menor y mayor.
“Para poder cumplir acabadamente con este medida será muy valiosa la colaboración de las fuerzas de seguridad, en especial la Policía del Chaco, Gendarmería y Prefectura, que acompañarán a nuestros inspectores en todos los procedimientos que se realicen dentro del territorio provincial para preservar nuestras especies”, enfatizó Wilchiensky.
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Fecha de Publicación: 06/06/2019
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Chaco
El gobierno del Chaco dispuso la prohibición de la caza menor y mayor en todo el territorio provincial hasta el 31 de diciembre del corriente año. La medida se tomó en virtud de los efectos adversos que provocó la emergencia hídrica, situación que alteró el hábitat natural y las costumbres de rutina de nuestras especies silvestr
Así lo anunciaron funcionarios provinciales en la mañana de este viernes, en conferencia de prensa. Estuvieron presentes los ministros de Producción Marcelo Repetto, de Seguridad Daniel Chorvat y de Planificación y Ambiente Martin Nievas, a quienes acompañaron el subsecretario de Recursos Naturales Luciano Olivares, el jefe de la Policía del Chaco Fernando Romero y el director de Fauna y Áreas Naturales Protegidas Edgardo Wiltchiensky. También participaron el intendente del Parque Nacional El Impenetrable Leonardo Juber, el jefe del Escuadrón Sáenz Peña de Gendarmería Nacional Alberto Farías, funcionarios de la Administración de Parques Nacionales y técnicos del área de Recursos Naturales del Ministerio de Producción.
El subsecretario Olivares informó que a través de la Disposición N° 555/19 impulsada por el área a su cargo se prohíbe la actividad de caza mayor y menor en todo el territorio chaqueño, hasta el 31 de diciembre del 2019, inclusive. Indicó que la medida adoptada responde a la situación climática desfavorable que se mantuvo con gran frecuencia y en forma reiterada durante el transcurso del año, inclusive hasta mediados de este mes, siendo las zonas más afectadas de la provincia los Departamentos Mayor L. J. Fontana, Tapenagá, Santa María de Oro, San Fernando, 12 de Octubre, General Güemes, General Belgrano, San Lorenzo, 2 de Abril, Comandante Fernández, Chacabuco y 9 de Julio.
Olivares dijo que para dar cumplimiento efectivo a esta normativa se solicitó el auxilio de las fuerzas de Seguridad Provincial y de jurisdicción nacional.
“Esta emergencia hídrica implica una alta vulnerabilidad para poblaciones de nuestra fauna, al reducirse en muchas áreas la superficie por la cual pueden movilizarse y refugiarse, quedando expuestos y afectados por la caza mayor y menor, que implicaría un grave riesgo de producir daños al desarrollo natural de las mismas”, indicó el funcionario.
En paralelo, Olivares detalló que se registró el tránsito de ejemplares de la especie Yaguareté (Panthera Onca) en el Impenetrable Chaqueño, lo cual fue constatado por Guardaparques de la Dirección de Fauna y Áreas Naturales Protegidas, siendo esta especie monumento natural provincial, que habitan suelos de las provincias de Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Formosa, Misiones y Chaco.
El subsecretario indicó que en nuestra región las poblaciones de Yaguareté se encuentran en estado crítico, por lo que el Gobierno de la provincia viene realizando una serie de acciones tendientes a su rescate y conservación para las futuras generaciones.
Seguidamente, el ministro de Producción Marcelo Repetto reafirmó el compromiso que tiene el Gobierno del Chaco en la preservación y cuidado de sus Recursos Naturales: “En forma permanente vamos tomando medidas a partir de situaciones que se dan en territorio”, expresó y añadió: “Agradezco la presencia de los medios, porque muchas veces vende más una postal en la puerta de Casa de Gobierno que las acciones que hacen miles de nuestros inspectores, fuerzas policiales y de seguridad, que en silencio hacen su trabajo para preservar nuestra flora y fauna y, por supuesto, todo nuestro medio ambiente”.
El ministro celebró “que se cristalicen este tipo de iniciativas que fueron trabajadas técnicamente, porque entendemos que es responsabilidad del Estado provincial y nacional, de los municipios, las entidades vinculadas y el ciudadano, el cuidar y proteger este ambiente que nos alberga y pertenece”.
Posteriormente, el ministro de Planificación y Ambiente Martín Nievas señaló que “esta medida que hoy anunciamos no es aislada, sino que forma parte de la definición que tomó desde el mismo comienzo de gestión el gobernador Domingo Peppo, de cuidar nuestra casa y nuestro hogar común, como lo pidió el Papa Francisco”.
“Esta medida pretende proteger nuestra rica fauna en esta situación de emergencia en la que se encuentra nuestra provincia y esto nos lleva a generar educación sobre la necesidad de actuar en defensa de nuestros recursos naturales”, dijo Nievas, quien agregó que “el gobernador Peppo tomó días atrás una decisión muy valiente, al suspender todos los desmontes para preservar nuestros bosques nativos, convocando a las ONGés para que nos ayuden para avanzar en el desarrollo de la provincia con sustentabilidad”.
Nievas también hizo referencia a la presencia de un ejemplar de yaguareté en el interior de la provincia y en este sentido reiteró “el compromiso del Gobierno provincial de realizar todas las acciones que vayan en protección de un monumento natural como lo es este animal” y pidió a la población que “en caso de divisar la presencia de un yaguareté realice la denuncia correspondiente, así podemos intervenir y articular una acción para proteger a esta especie”.
En tanto, el ministro de Seguridad Daniel Chorvat destacó que “el compromiso de cuidar nuestro hogar, como lo pide el gobernador Peppo, lo hacemos hoy operativo a través de esta medida, que involucra un trabajo coordinado entre todas las áreas de nuestra fuerza de seguridad, para la protección de nuestras especies”.
A todo esto, el jefe de la Policía del Chaco Fernando Romero aseguró que la fuerza “incrementará los controles para cumplir con esta normativa y con el compromiso asumido desde siempre, que es el resguardo de la fauna y flora de nuestra provincia”.
“Hace tiempo que la Policía del Chaco viene realizando operativos donde se procede al secuestro de elementos utilizados para la pesca indiscriminada o la caza furtiva y es por eso que contamos con un puesto de control en la zona de la Línea Barilari o la Picada Olmos para la protección de áreas protegidas y de nuestras especies autóctonas, como el yaguareté, considerado monumento natural”, indicó el jefe policial.
Finalmente, el director de Fauna y Áreas Naturales Protegidas Edgardo Wilchiensky detalló que desde el área a su cargo se hará un seguimiento de las condiciones climáticas en nuestra provincia y anticipó que una vez que las condiciones climáticas vayan mejorando y quede superada la etapa de emergencia, se estudiará el levantamiento de la medida de prohibición de caza menor y mayor.
“Para poder cumplir acabadamente con este medida será muy valiosa la colaboración de las fuerzas de seguridad, en especial la Policía del Chaco, Gendarmería y Prefectura, que acompañarán a nuestros inspectores en todos los procedimientos que se realicen dentro del territorio provincial para preservar nuestras especies”, enfatizó Wilchiensky.
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Treater: no se halló hidrocarburos en el predio
Cómo sigue el caso de las piletas de Añelo
Fecha de Publicación: 06/06/2019
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
Una pericia no halló hidrocarburos en el predio de Treater SA, pero el fiscal del caso anticipó que pedirá un nuevo estudio.
Las piletas en Añelo que tiene la empresa Treater Neuquén SA no contaminaron el suelo. Los resultados de los análisis de laboratorio, en el contexto de una denuncia penal, apenas detectaron la presencia de hidrocarburos.
La empresa había sido denunciada por la Confederación Mapuche del Neuquén, apoyada por Greenpeace Argentina, debido a varias fotos que circularon de las piletas de acopio rebasadas de recortes de perforación de la industria petrolera.
Pero la causa no se cierra y la historia sigue. El fiscal de Delitos Ambientales, Maximiliano Breide Obeid, no quedó conforme con las pericias y pidió otra, con un laboratorio distinto, fuera de la zona petrolera y que no esté vinculado directamente a la industria de Vaca Muerta.
¿Las razones? El resultado de las pericias, tomadas de 20 muestras en 10 puntos diferentes del predio de Treater SA, reveló un ínfimo porcentaje de contaminación. Apenas entre 0,2% y 0,5%, muy por debajo del máximo tolerable que es 1%. El informe no conformó a los investigadores, ya que se trataría de una tierra común, como si fuese “de chacra”, algo que no concuerda con toda la descarga de desechos del predio.
La empresa tomó el resultado del laboratorio Induslab SRL de Catriel como la primera batalla ganada y en estos días aprovechó para replicarla a través de un comunicado: “Los resultados de las muestras son muy importantes porque llevan tranquilidad a toda la comunidad de Añelo, a la que pertenecemos y donde viven la mayoría de nuestros trabajadores y trabajadoras”.
La empresa fue determinante y respondió varios cuestionamientos que la tuvieron en la primera plana hasta en diarios europeos. “No somos un basurero petrolero. Somos una empresa de servicios ambientales que trata los residuos de la industria petrolera. Cumplimos con la ley y todos los requisitos que conlleva la actividad que realizamos”, indicaron en el comunicado.
No obstante, la causa sigue y todavía el fiscal no tiene previsto formular cargos ni archivar el expediente con estas pruebas, según lo que informó.
“El resultado arrojó un valor menor al que sale de la planta de tratamiento, lo cual es muy raro. Es una primera muestra exploratoria que estamos haciendo, vamos a hacer seguramente una contraprueba con otras muestras”, informó a +e el fiscal Breide Obeid.
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Fecha de Publicación: 06/06/2019
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
Una pericia no halló hidrocarburos en el predio de Treater SA, pero el fiscal del caso anticipó que pedirá un nuevo estudio.
Las piletas en Añelo que tiene la empresa Treater Neuquén SA no contaminaron el suelo. Los resultados de los análisis de laboratorio, en el contexto de una denuncia penal, apenas detectaron la presencia de hidrocarburos.
La empresa había sido denunciada por la Confederación Mapuche del Neuquén, apoyada por Greenpeace Argentina, debido a varias fotos que circularon de las piletas de acopio rebasadas de recortes de perforación de la industria petrolera.
Pero la causa no se cierra y la historia sigue. El fiscal de Delitos Ambientales, Maximiliano Breide Obeid, no quedó conforme con las pericias y pidió otra, con un laboratorio distinto, fuera de la zona petrolera y que no esté vinculado directamente a la industria de Vaca Muerta.
¿Las razones? El resultado de las pericias, tomadas de 20 muestras en 10 puntos diferentes del predio de Treater SA, reveló un ínfimo porcentaje de contaminación. Apenas entre 0,2% y 0,5%, muy por debajo del máximo tolerable que es 1%. El informe no conformó a los investigadores, ya que se trataría de una tierra común, como si fuese “de chacra”, algo que no concuerda con toda la descarga de desechos del predio.
La empresa tomó el resultado del laboratorio Induslab SRL de Catriel como la primera batalla ganada y en estos días aprovechó para replicarla a través de un comunicado: “Los resultados de las muestras son muy importantes porque llevan tranquilidad a toda la comunidad de Añelo, a la que pertenecemos y donde viven la mayoría de nuestros trabajadores y trabajadoras”.
La empresa fue determinante y respondió varios cuestionamientos que la tuvieron en la primera plana hasta en diarios europeos. “No somos un basurero petrolero. Somos una empresa de servicios ambientales que trata los residuos de la industria petrolera. Cumplimos con la ley y todos los requisitos que conlleva la actividad que realizamos”, indicaron en el comunicado.
No obstante, la causa sigue y todavía el fiscal no tiene previsto formular cargos ni archivar el expediente con estas pruebas, según lo que informó.
“El resultado arrojó un valor menor al que sale de la planta de tratamiento, lo cual es muy raro. Es una primera muestra exploratoria que estamos haciendo, vamos a hacer seguramente una contraprueba con otras muestras”, informó a +e el fiscal Breide Obeid.
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La ley de glaciares fue ratificada por la Corte Suprema
La Corte Suprema ratificó que es constitucional la ley de glaciares
Fecha de Publicación: 05/06/2019
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
El máximo tribunal cerró así una causa iniciada por Barrick Gold en 2001. Con la ley en plena vigencia, podrían verse afectados 40 proyectos mineros en marcha y posibles inversiones por 18.000 millones de dólares.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró constitucional la Ley de Glaciares. Se trata de la norma que protege los cuerpos de agua de la Argentina y determina, entre otras cosas, dónde puede haber actividad minera y dónde no. El fallo implicará lecturas múltiples. Será leído y celebrado por ambientalistas como una medida en defensa del Medio Ambiente. Pero generará un fuerte rechazo de la industria minera, la principal perjudicada por esta decisión. Por elevación, significará un golpe para el Gobierno, que buscaba modificar la ley para garantizarse nuevas inversiones del sector.
La decisión del máximo tribunal es el punto final de un largo camino, iniciado en 2011 por la minera Barrick Gold, que opera los yacimientos de Pascua Lama y Veladero en San Juan. Entonces, la empresa pidió que se revisará la legalidad de dicha normativa. Planteaba que debían ser redefinidos los límites geográficos y morfológicos de los sitios donde puede practicarse la actividad porque en buena medida, así como está escrita la ley, los dejaba fuera del negocio.
La decisión de la Corte de declarar constitucional la ley, en contra de las pretensiones de Barrick, no solo supone un problema para esta compañía, sino que además definirá la suerte de otros 44 proyectos mineros que por su ubicación, de acuerdo con datos de la Secretaría de Ambiente, afectan áreas glaciares (glaciar propiamente dicho) o periglaciares (suelo congelado).
El fallo salió de manera unánime y que los jueces del cuerpo judicial citaron entre sus argumentos la división de poderes y la garantía constitucional del artículo 41 por un ambiente sano, así como también el cumplimiento del Acuerdo de París, en términos de lucha contra el cambio climático.
La ley de protección de glaciares establece los presupuestos mínimos para "la protección de los glaciares y del ambiente periglaciar con el objeto de preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano; para la agricultura y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas; para la protección de la biodiversidad, como fuente de información científica y como atractivo turístico".
La norma tuvo un debut intrincado. El 10 de noviembre de 2008, al poco tiempo de ser sancionada, Cristina Kirchner la vetó, argumentando que excedía las facultades reservadas a la Nación en el artículo 41 de la Constitución. Sobradas fuentes señalaron entonces que aquella decisión presidencial se había dado como una concesión a las presiones de la industria minera. El periodismo lo llamó “El veto Barrick”, aludiendo a la minera Barrick Gold, cuyos proyectos Pascua Lama y Veladero, en la provincia de San Juan, se veían comprometidos por la aplicación de la ley.
Lo que vino después fue una fuerte presión social, con ecos en el parlamento, y la reglamentación definitiva en 2011, a pesar de la resistencia de la industria y por impulso del entonces diputado Miguel Bonasso.
Durante los años siguientes, por medio de amparos judiciales, la aplicación de la norma fue quedando en suspenso una y otra vez. Las mineras pudieron seguir operando. Pero esto no impidió que el Instituto Argentino de Glaciología, el IANIGLA, llevara adelante el conteo de todos los glaciares del país, un inventario que la misma ley ordenaba que se hiciera. Hace justo un año se conoció el resultado de ese relevamiento. En la Argentina hay 16.968 cuerpos de hielo (16.078 en la Cordillera y 890 en las Islas del Atlántico Sur). Ocupan 8.484 kilómetros cuadrados.
La minería es una industria muy apuntalada por el gobierno de Cambiemos y sobre todo por el puñado de gobernadores de la provincias mineras. Tanto es así que en 2017 se conoció un paper del gobierno en el que se planteaba directamente una reforma de la ley de glaciares casi a pedido de las mineras. De acuerdo con datos de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros, el sector emplea a más de 80.000 personas y el año pasado pagó casi 30.000 millones de pesos en impuestos a las provincias y a la Nación. Pero el caramelo son las inversiones por casi 18.000 millones de dólares que el sector le viene prometiendo al Gobierno desde 2015. En buena medida, muchas de esas inversiones permanecieron frenadas por dos escenarios indefinidos, lo que ocurriera con la situación económica y el destino final de la ley de los cuerpos de hielo cordilleranos. Ese que se conocerá hoy.
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Fecha de Publicación: 05/06/2019
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
El máximo tribunal cerró así una causa iniciada por Barrick Gold en 2001. Con la ley en plena vigencia, podrían verse afectados 40 proyectos mineros en marcha y posibles inversiones por 18.000 millones de dólares.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró constitucional la Ley de Glaciares. Se trata de la norma que protege los cuerpos de agua de la Argentina y determina, entre otras cosas, dónde puede haber actividad minera y dónde no. El fallo implicará lecturas múltiples. Será leído y celebrado por ambientalistas como una medida en defensa del Medio Ambiente. Pero generará un fuerte rechazo de la industria minera, la principal perjudicada por esta decisión. Por elevación, significará un golpe para el Gobierno, que buscaba modificar la ley para garantizarse nuevas inversiones del sector.
La decisión del máximo tribunal es el punto final de un largo camino, iniciado en 2011 por la minera Barrick Gold, que opera los yacimientos de Pascua Lama y Veladero en San Juan. Entonces, la empresa pidió que se revisará la legalidad de dicha normativa. Planteaba que debían ser redefinidos los límites geográficos y morfológicos de los sitios donde puede practicarse la actividad porque en buena medida, así como está escrita la ley, los dejaba fuera del negocio.
La decisión de la Corte de declarar constitucional la ley, en contra de las pretensiones de Barrick, no solo supone un problema para esta compañía, sino que además definirá la suerte de otros 44 proyectos mineros que por su ubicación, de acuerdo con datos de la Secretaría de Ambiente, afectan áreas glaciares (glaciar propiamente dicho) o periglaciares (suelo congelado).
El fallo salió de manera unánime y que los jueces del cuerpo judicial citaron entre sus argumentos la división de poderes y la garantía constitucional del artículo 41 por un ambiente sano, así como también el cumplimiento del Acuerdo de París, en términos de lucha contra el cambio climático.
La ley de protección de glaciares establece los presupuestos mínimos para "la protección de los glaciares y del ambiente periglaciar con el objeto de preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano; para la agricultura y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas; para la protección de la biodiversidad, como fuente de información científica y como atractivo turístico".
La norma tuvo un debut intrincado. El 10 de noviembre de 2008, al poco tiempo de ser sancionada, Cristina Kirchner la vetó, argumentando que excedía las facultades reservadas a la Nación en el artículo 41 de la Constitución. Sobradas fuentes señalaron entonces que aquella decisión presidencial se había dado como una concesión a las presiones de la industria minera. El periodismo lo llamó “El veto Barrick”, aludiendo a la minera Barrick Gold, cuyos proyectos Pascua Lama y Veladero, en la provincia de San Juan, se veían comprometidos por la aplicación de la ley.
Lo que vino después fue una fuerte presión social, con ecos en el parlamento, y la reglamentación definitiva en 2011, a pesar de la resistencia de la industria y por impulso del entonces diputado Miguel Bonasso.
Durante los años siguientes, por medio de amparos judiciales, la aplicación de la norma fue quedando en suspenso una y otra vez. Las mineras pudieron seguir operando. Pero esto no impidió que el Instituto Argentino de Glaciología, el IANIGLA, llevara adelante el conteo de todos los glaciares del país, un inventario que la misma ley ordenaba que se hiciera. Hace justo un año se conoció el resultado de ese relevamiento. En la Argentina hay 16.968 cuerpos de hielo (16.078 en la Cordillera y 890 en las Islas del Atlántico Sur). Ocupan 8.484 kilómetros cuadrados.
La minería es una industria muy apuntalada por el gobierno de Cambiemos y sobre todo por el puñado de gobernadores de la provincias mineras. Tanto es así que en 2017 se conoció un paper del gobierno en el que se planteaba directamente una reforma de la ley de glaciares casi a pedido de las mineras. De acuerdo con datos de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros, el sector emplea a más de 80.000 personas y el año pasado pagó casi 30.000 millones de pesos en impuestos a las provincias y a la Nación. Pero el caramelo son las inversiones por casi 18.000 millones de dólares que el sector le viene prometiendo al Gobierno desde 2015. En buena medida, muchas de esas inversiones permanecieron frenadas por dos escenarios indefinidos, lo que ocurriera con la situación económica y el destino final de la ley de los cuerpos de hielo cordilleranos. Ese que se conocerá hoy.
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El PI quiere derogar la ley antiminera mendocina
Este es el proyecto del PI que plantea derogar la ley 7722
Fecha de Publicación: 05/06/2019
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza
Fue presentado por el diputado provincial del Partido Intransigente y precandidato a intendente de Maipú, Eduardo Martínez Guerra. Plantea derogar la legislación vigente y crear un Consejo Provincial de Protección del Agua y del Ambiente como órgano responsable de proponer una "política hídrica y ambiental consensuada para la preservación y uso eficiente de los recursos.
En medio de la campaña electoral, el Partido Intransigente ha puesto en el centro de la discusión un tema que históricamente ha sido sensible en la provincia de Mendoza. En concreto, el diputado provincial y precandidato a intendente de Maipú, Eduardo Martínez, presentó un proyecto que plantea la derogación de la ley 7722 que limita la minería en la provincia.
El proyecto de Martínez contó con la colaboración del geólogo Eliseo Sepúlveda y el geógrafo Julio Guarido. Ambos son afiliados del PI y forman parte de los cuadros técnicos del partido que lleva a Dante González como precandidato a gobernador.
En sus fundamentos, el proyecto explica que cuando se sancionó la ley 7722 en el año 207, no existía la misma tecnología que hoy para controlar los emprendimientos mineros.
En este sentido, aseguran que es una ley que no está destinada a proteger el recurso hídrico sino más bien está destinada a obstaculizar el desarrollo de la actividad minera. "La protección del agua no debe ponerse en duda, por el contrario, debe establecerse una estructura fortalecida de control, que concentre el conocimiento específico respecto a la actividad a controlar, que incorpore en la toma de decisiones a sectores de la sociedad, que desarrolle su labor en conjunto con las jurisdicciones de protección ambiental y que planifique la actividad", sostiene el proyecto.
Por eso, en su artículo 1 contempla la creación del Consejo Provincial de Protección del Agua y del Ambiente, en adelante denominado “COPROAA”,como órgano consultivo, responsable de elaborar y proponer política hídrica y ambiental consensuada para la preservación y uso eficiente de los recursos.
Además de enumerar las funciones del COPROAA, en el artículo 14 aparece el punto más polémico de la normativa. Allí, plantea la derogación de la Ley Provincial 7722. Esa posibilidad ya ha sido calificada como inviable por funcionarios del gobierno provincial.
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Fecha de Publicación: 05/06/2019
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza
Fue presentado por el diputado provincial del Partido Intransigente y precandidato a intendente de Maipú, Eduardo Martínez Guerra. Plantea derogar la legislación vigente y crear un Consejo Provincial de Protección del Agua y del Ambiente como órgano responsable de proponer una "política hídrica y ambiental consensuada para la preservación y uso eficiente de los recursos.
En medio de la campaña electoral, el Partido Intransigente ha puesto en el centro de la discusión un tema que históricamente ha sido sensible en la provincia de Mendoza. En concreto, el diputado provincial y precandidato a intendente de Maipú, Eduardo Martínez, presentó un proyecto que plantea la derogación de la ley 7722 que limita la minería en la provincia.
El proyecto de Martínez contó con la colaboración del geólogo Eliseo Sepúlveda y el geógrafo Julio Guarido. Ambos son afiliados del PI y forman parte de los cuadros técnicos del partido que lleva a Dante González como precandidato a gobernador.
En sus fundamentos, el proyecto explica que cuando se sancionó la ley 7722 en el año 207, no existía la misma tecnología que hoy para controlar los emprendimientos mineros.
En este sentido, aseguran que es una ley que no está destinada a proteger el recurso hídrico sino más bien está destinada a obstaculizar el desarrollo de la actividad minera. "La protección del agua no debe ponerse en duda, por el contrario, debe establecerse una estructura fortalecida de control, que concentre el conocimiento específico respecto a la actividad a controlar, que incorpore en la toma de decisiones a sectores de la sociedad, que desarrolle su labor en conjunto con las jurisdicciones de protección ambiental y que planifique la actividad", sostiene el proyecto.
Por eso, en su artículo 1 contempla la creación del Consejo Provincial de Protección del Agua y del Ambiente, en adelante denominado “COPROAA”,como órgano consultivo, responsable de elaborar y proponer política hídrica y ambiental consensuada para la preservación y uso eficiente de los recursos.
Además de enumerar las funciones del COPROAA, en el artículo 14 aparece el punto más polémico de la normativa. Allí, plantea la derogación de la Ley Provincial 7722. Esa posibilidad ya ha sido calificada como inviable por funcionarios del gobierno provincial.
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Justicia del Chaco suspendió más de 50 permisos de desmonte
La Justicia del Chaco ordenó frenar desmontes en zonas protegidas
Fecha de Publicación: 05/06/2019
Fuente: Urgente 24
Provincia/Región: Chaco
"De ahora en más hay una nueva esperanza para los 20 yaguaretés que luchan por sobrevivir en la región chaqueña" asegura Greenpeace, organización que denunció el incumplimiento de la Ley de Bosques en la provincia.
El Juzgado Civil y Comercial N°21 de Resistencia suspendió más de 50 permisos de desmonte en áreas donde está prohibido deforestar. La medida se mantendrá hasta que se resuelva un recurso de amparo presentado por la Defensoría del Pueblo de Chaco.
"Hace algunos días velamos una figura del yaguareté frente a la Casa de Gobierno de la provincia" detalla una comunicado de Greenpeace. "Así, demostramos una vez más cómo se extingue la especie por culpa de la destrucción de bosques nativos. No hacía falta fingir la tristeza. Sabíamos que en ese momento cientos de árboles estaban desapareciendo bajo las palas afiladas y las cadenas de las topadoras", reconoce la organización internacional
"Sin dudas, el avance de la justicia es posible porque más de 180 mil personas se sumaron a la campaña en defensa de la tierras que acompaña el Foro Gualamba, el Centro Mandela, el grupo de organizaciones Somos Monte y pueblos originarios de la provincia".reconoce Greenpeace.
Luego agrega "Ahora tenemos que controlar que el fallo se cumpla y las topadoras no avancen sobre El Impenetrable" explica la filial argentina
"Hoy el yaguareté correrá por el monte protegido, sin ruidos de máquinas destructoras. Mientras tanto, vamos a seguir reclamando hasta que los desmontes ilegales terminen para siempre", concluye el comunicado que al pie refiere la firma de integrantes de la Campaña de bosques. Positivo.
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Fecha de Publicación: 05/06/2019
Fuente: Urgente 24
Provincia/Región: Chaco
"De ahora en más hay una nueva esperanza para los 20 yaguaretés que luchan por sobrevivir en la región chaqueña" asegura Greenpeace, organización que denunció el incumplimiento de la Ley de Bosques en la provincia.
El Juzgado Civil y Comercial N°21 de Resistencia suspendió más de 50 permisos de desmonte en áreas donde está prohibido deforestar. La medida se mantendrá hasta que se resuelva un recurso de amparo presentado por la Defensoría del Pueblo de Chaco.
"Hace algunos días velamos una figura del yaguareté frente a la Casa de Gobierno de la provincia" detalla una comunicado de Greenpeace. "Así, demostramos una vez más cómo se extingue la especie por culpa de la destrucción de bosques nativos. No hacía falta fingir la tristeza. Sabíamos que en ese momento cientos de árboles estaban desapareciendo bajo las palas afiladas y las cadenas de las topadoras", reconoce la organización internacional
"Sin dudas, el avance de la justicia es posible porque más de 180 mil personas se sumaron a la campaña en defensa de la tierras que acompaña el Foro Gualamba, el Centro Mandela, el grupo de organizaciones Somos Monte y pueblos originarios de la provincia".reconoce Greenpeace.
Luego agrega "Ahora tenemos que controlar que el fallo se cumpla y las topadoras no avancen sobre El Impenetrable" explica la filial argentina
"Hoy el yaguareté correrá por el monte protegido, sin ruidos de máquinas destructoras. Mientras tanto, vamos a seguir reclamando hasta que los desmontes ilegales terminen para siempre", concluye el comunicado que al pie refiere la firma de integrantes de la Campaña de bosques. Positivo.
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Agua Rica: 15 días para presentar pruebas
Amparo ambiental: otorgan plazo de 15 días para presentar pruebas
Fecha de Publicación: 04/06/2019
Fuente: El Ancasti (Catamarca)
Provincia/Región: Catamarca
El juez Rodolfo Cecenarro pide que las partes presenten pruebas para hacer valer sus derechos.
El juez de Control de Garantías, Rodolfo Oscar Cecenarro, resolvió otorgar un plazo de 15 días para presentar sus pruebas a todas las partes involucradas en el amparo ambiental por el que se suspendió la actividad minera en Andalgalá. Es para resolver la continuidad o no de la actividad ante las noticias por la reactivación del proyecto.
El emplazamiento es para demostrar cuáles son los cuidados previstos para garantizar la salud, el bienestar de la población y la producción. Los ambientalistas, por su parte, tendrán que acreditar su postura en contra de la actividad. Es por eso que fueron notificados la empresa Minera Agua Rica, los amparistas, el Estado provincial y la Municipalidad de Andalgalá.
Hay que recordar que en enero de 2010, Vecinos Autoconvocados por la Vida, de Andalgalá, presentaron un recurso de amparo ante la Corte de Justicia, que se rechazó en todas las instancias provinciales.
En noviembre de 2012, los amparistas presentan el recurso de queja ante la Corte Suprema de la Nación.
En marzo de 2016, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó que se revea la sentencia local y que se atienda el pedido del amparo. El recurso volvió al juzgado de Andalgalá. En septiembre de 2016, el juez Cecenarro, resuelve la suspensión de la actividad minera. Luego fue recusado y la causa se quedó sin juez por dos años. Volvió de nuevo el año pasado.
En noviembre de 2018, una comisión encabezada por el fiscal penal de Andalgalá, Alejandro Scidá, visitó el predio de Agua Rica en Minas Capillitas para realizar una inspección ocular y así saber si la empresa estuvo cumpliendo la orden del juez de Control de Garantías, Rodolfo Cecenarro que suspendía sus actividades.
Además del fiscal, la comitiva estuvo integrada por técnicos de los grupos ambientalistas que iniciaron la denuncia en contra de la actividad minera en 2010, representantes de la empresa Yamana Gold y especialistas de la Universidad Nacional de Catamarca que fueron convocados por el propio Scidá para que actúen como peritos de la Justicia.
Ahora el magistrado pide que se presenten pruebas. Recuerda que ya pasaron 9 años desde la presentación del recurso. Sostiene que ante la naturaleza de la cuestión planteada, la prioridad es el "deber de prevención, sin perjuicio de las medidas cautelares ya adoptadas en el momento conforme a las circunstancias existentes en ese momento, atento al nuevo escenario fáctico y de posible afectación de intereses colectivos y consecuente impacto socio económico, se impone la adopción de medidas razonables".
Cecenarro sostiene que a fin de "conjugar el interés general con el legítimo derecho de las partes, siendo necesario, contar con bases científicas, asegurando la participación ciudadana, estimo beneficioso para el caso que las partes ofrezcan la prueba que consideren conducentes e idóneas a fin de hacer valer sus derechos". Para su dictamen, Cecenarro recuerda que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo que las cuestiones en debate involucran "el derecho humano de todos los habitantes a la salud y a gozar de un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer a las generaciones futura" y por eso recomendaba el acceso a la Justicia.
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Los plásticos de un solo uso en debate, también acá
Buscan reducir los plásticos de un solo uso para enfrentar la contaminación
Fecha de Publicación: 04/06/2019
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Nacional
La restricción de sorbetes en restaurantes o la prohibición de entregar bolsas de polietileno en mercados forman parte de una tendencia mundial que incluye a Argentina para buscar una solución a la contaminación del plástico, propuesta que debe contemplar un camino de transición para la industria y poner el foco en la educación ambiental, aconsejaron especialistas.
Cada minuto se compran un millón de botellas de plástico y se usan 500.000 millones al año, mientras que casi una tercera parte de todos los envases de plástico salen de los sistemas de alcantarillado y ocho millones de toneladas acaban en los océanos cada año, amenazando a la vida marina, de acuerdo con estimaciones de la ONU.
En esta línea, la cuarta asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente logró en marzo último un acuerdo global para “reducir el consumo de plásticos de un solo uso.
La situación nacional
En Argentina, ya comenzaron algunas regulaciones al respecto como en Ushuaia, que en febrero pasado se convirtió en la primera ciudad de la Patagonia que prohibió el uso de material plástico descartable en los locales de comidas.
O la decisión de Carlos Arroyo -titular de la Municipalidad de General Pueyrredón, cuya cabecera es Mar del Plata- que el mes pasado decretó la prohibición del uso de plásticos, como sorbetes, vasos y cubiertos, en todo el sector costero con el objetivo de “proteger el medio ambiente”.
Por su parte, en la ciudad de Buenos Aires, Maximiliano Ferraro, legislador de “Vamos Juntos”, presentó en el parlamento local “un paquete de proyectos que buscan reducir o limitar el uso de ciertos plásticos que por distintos motivos no se están pudiendo recuperar y/o reciclar”.
Sobre este tema, la coordinadora del Proyecto Basura Marina de Fundación Vida Silvestre Argentina indicó que “la producción de plásticos aumentó desde los años 50 hasta ahora a un ritmo de ocho por ciento anual, llegando en 2015 a producir el peso de la población humana”, y agregó que “solamente nueve por ciento de todo el plástico que se produjo se recicló, 12 por ciento se incineró y el resto quedó en el ambiente”.
Por eso mencionó que -al no procesar semejante cantidad de residuos plásticos- las medidas que están tomando los países “son disminuir la demanda, la producción y el consumo de plástico”, aunque destacó la importancia de una “buena gestión”.
En cuanto a la regulación de materiales descartables, sugirió que hay que “respetar una transición, en la que los comercios y las industrias puedan tener un tiempo para acomodarse a los nuevos productos que van a tener que diseñar o entregar”.
En relación con las medidas que buscan reemplazar al plástico por otros materiales -como papel, cartón, aluminio- Verónica Ramos, directora Ejecutiva de la entidad especializada en plásticos y medio ambiente Ecoplas, explicó que “la sustitución de un material por otro no aportará soluciones”, porque esos serán los que luego “aparecerán abandonados en las playas”. “Èste será el nuevo resultado ya que no estamos apuntando ni al consumo responsable ni a la educación ciudadana para evitar los residuos dispersos”, sostuvo la especialista.
En este sentido, enfatizó la necesidad de que para diseñar regulaciones vinculadas con la problemática del plástico se busque una salida “en conjunto” con referentes del medio ambiente para contemplar que en algunos casos es mejor “educar, antes de prohibir”, y “trabajar en equipo”.
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Fecha de Publicación: 04/06/2019
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Nacional
La restricción de sorbetes en restaurantes o la prohibición de entregar bolsas de polietileno en mercados forman parte de una tendencia mundial que incluye a Argentina para buscar una solución a la contaminación del plástico, propuesta que debe contemplar un camino de transición para la industria y poner el foco en la educación ambiental, aconsejaron especialistas.
Cada minuto se compran un millón de botellas de plástico y se usan 500.000 millones al año, mientras que casi una tercera parte de todos los envases de plástico salen de los sistemas de alcantarillado y ocho millones de toneladas acaban en los océanos cada año, amenazando a la vida marina, de acuerdo con estimaciones de la ONU.
En esta línea, la cuarta asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente logró en marzo último un acuerdo global para “reducir el consumo de plásticos de un solo uso.
La situación nacional
En Argentina, ya comenzaron algunas regulaciones al respecto como en Ushuaia, que en febrero pasado se convirtió en la primera ciudad de la Patagonia que prohibió el uso de material plástico descartable en los locales de comidas.
O la decisión de Carlos Arroyo -titular de la Municipalidad de General Pueyrredón, cuya cabecera es Mar del Plata- que el mes pasado decretó la prohibición del uso de plásticos, como sorbetes, vasos y cubiertos, en todo el sector costero con el objetivo de “proteger el medio ambiente”.
Por su parte, en la ciudad de Buenos Aires, Maximiliano Ferraro, legislador de “Vamos Juntos”, presentó en el parlamento local “un paquete de proyectos que buscan reducir o limitar el uso de ciertos plásticos que por distintos motivos no se están pudiendo recuperar y/o reciclar”.
Sobre este tema, la coordinadora del Proyecto Basura Marina de Fundación Vida Silvestre Argentina indicó que “la producción de plásticos aumentó desde los años 50 hasta ahora a un ritmo de ocho por ciento anual, llegando en 2015 a producir el peso de la población humana”, y agregó que “solamente nueve por ciento de todo el plástico que se produjo se recicló, 12 por ciento se incineró y el resto quedó en el ambiente”.
Por eso mencionó que -al no procesar semejante cantidad de residuos plásticos- las medidas que están tomando los países “son disminuir la demanda, la producción y el consumo de plástico”, aunque destacó la importancia de una “buena gestión”.
En cuanto a la regulación de materiales descartables, sugirió que hay que “respetar una transición, en la que los comercios y las industrias puedan tener un tiempo para acomodarse a los nuevos productos que van a tener que diseñar o entregar”.
En relación con las medidas que buscan reemplazar al plástico por otros materiales -como papel, cartón, aluminio- Verónica Ramos, directora Ejecutiva de la entidad especializada en plásticos y medio ambiente Ecoplas, explicó que “la sustitución de un material por otro no aportará soluciones”, porque esos serán los que luego “aparecerán abandonados en las playas”. “Èste será el nuevo resultado ya que no estamos apuntando ni al consumo responsable ni a la educación ciudadana para evitar los residuos dispersos”, sostuvo la especialista.
En este sentido, enfatizó la necesidad de que para diseñar regulaciones vinculadas con la problemática del plástico se busque una salida “en conjunto” con referentes del medio ambiente para contemplar que en algunos casos es mejor “educar, antes de prohibir”, y “trabajar en equipo”.
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Por rotura de cloacas y contaminación, una multa millonaria
Multa millonaria por la contaminación en un barrio de Roca
Fecha de Publicación: 04/06/2019
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
La empresa ARSA, el DPA y la Provincia tendrán que pagar 5,7 millones de astreintes por no reparar a tiempo el sistema cloacal de Los Olmos. La Justicia dijo que actuaron con desidia ante los vecinos. Todo empezó con un amparo del municipio.
La empresa ARSA, el gobierno provincial y el Departamento Provincial de Aguas no cumplieron con los vecinos del barrio Los Olmos y el costo será millonario.
La Justicia decidió liquidar las astreintes impuestas a principios de año, en el marco de un amparo ambiental que presentó el municipio de Roca por la contaminación generada en ese sector de la ciudad, que padece graves desbordes cloacales desde hace más de un año.
Según se desprende de la resolución, la multa alcanza los 5,7 millones de pesos y puede incrementarse a medida que pasen los días sin soluciones para los frentistas.
La cifra es resultado de 114 días de incumplimiento -entre el 31 de enero y el 24 de mayo- a un valor de 50.000 pesos diarios.
Cabe recordar que el barrio Los Olmos es epicentro desde hace meses de un colapso en la red de cloacas, que intentó atenuarse con by pass en distintos sectores al tiempo que se proyectaban obras de fondo.
Sin embargo, los compromisos asumidos por ARSA, el DPA y la Provincia ante la Justicia no se cumplieron y desde tribunales consideraron agotado el tiempo de espera.
La sentencia emitida el jueves pasado por la jueza María del Carmen Villalba destaca que las soluciones habían sido prometidas para marzo, pero “en mayo de 2019, la situación no ha variado”.
Por el contrario, se advirtió que “se han generado nuevos volcados de líquidos cloacales y se ha empeorado la situación en el sector, sin que la demandada haya asumido las obligaciones que le fueron impuestas en el mes de diciembre de 2018”.
“Se vislumbra en el caso concreto una desidia de los demandados, quienes se han mostrado reacios a cumplir con las obligaciones a su cargo, por lo cual, encontrándose efectivizadas las astreintes mediante auto de fecha 28-01-2019, se impone liquidar las mismas”, sostuvo la magistrada.
El fallo asegura que se dio cumplimiento con el debido proceso y que la demandada “ha podido ejercer válidamente su derecho de defensa”, pero “ha quedado acreditado que ésta ha vulnerado el derecho de los habitantes del Barrio Los Olmos de General Roca, con lo cual se justifica la liquidación efectuada precedentemente, la que podrá ser ampliada hasta el efectivo cumplimiento del saneamiento del sector”.
El amparo había sido presentado por el municipio de Roca el 12 de octubre del 2018 y las pericias iniciales concluyeron que “el lecho del desagüe está en muy mal estado por los vertidos cloacales, siendo un peligro de contaminación para la población que circula por el sector”.
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Fecha de Publicación: 04/06/2019
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
La empresa ARSA, el DPA y la Provincia tendrán que pagar 5,7 millones de astreintes por no reparar a tiempo el sistema cloacal de Los Olmos. La Justicia dijo que actuaron con desidia ante los vecinos. Todo empezó con un amparo del municipio.
La empresa ARSA, el gobierno provincial y el Departamento Provincial de Aguas no cumplieron con los vecinos del barrio Los Olmos y el costo será millonario.
La Justicia decidió liquidar las astreintes impuestas a principios de año, en el marco de un amparo ambiental que presentó el municipio de Roca por la contaminación generada en ese sector de la ciudad, que padece graves desbordes cloacales desde hace más de un año.
Según se desprende de la resolución, la multa alcanza los 5,7 millones de pesos y puede incrementarse a medida que pasen los días sin soluciones para los frentistas.
La cifra es resultado de 114 días de incumplimiento -entre el 31 de enero y el 24 de mayo- a un valor de 50.000 pesos diarios.
Cabe recordar que el barrio Los Olmos es epicentro desde hace meses de un colapso en la red de cloacas, que intentó atenuarse con by pass en distintos sectores al tiempo que se proyectaban obras de fondo.
Sin embargo, los compromisos asumidos por ARSA, el DPA y la Provincia ante la Justicia no se cumplieron y desde tribunales consideraron agotado el tiempo de espera.
La sentencia emitida el jueves pasado por la jueza María del Carmen Villalba destaca que las soluciones habían sido prometidas para marzo, pero “en mayo de 2019, la situación no ha variado”.
Por el contrario, se advirtió que “se han generado nuevos volcados de líquidos cloacales y se ha empeorado la situación en el sector, sin que la demandada haya asumido las obligaciones que le fueron impuestas en el mes de diciembre de 2018”.
“Se vislumbra en el caso concreto una desidia de los demandados, quienes se han mostrado reacios a cumplir con las obligaciones a su cargo, por lo cual, encontrándose efectivizadas las astreintes mediante auto de fecha 28-01-2019, se impone liquidar las mismas”, sostuvo la magistrada.
El fallo asegura que se dio cumplimiento con el debido proceso y que la demandada “ha podido ejercer válidamente su derecho de defensa”, pero “ha quedado acreditado que ésta ha vulnerado el derecho de los habitantes del Barrio Los Olmos de General Roca, con lo cual se justifica la liquidación efectuada precedentemente, la que podrá ser ampliada hasta el efectivo cumplimiento del saneamiento del sector”.
El amparo había sido presentado por el municipio de Roca el 12 de octubre del 2018 y las pericias iniciales concluyeron que “el lecho del desagüe está en muy mal estado por los vertidos cloacales, siendo un peligro de contaminación para la población que circula por el sector”.
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