Chaco suspendió todo tipo de desmontes
00:00 | 
Publicado por
Eco Sitio |
El gobierno de Chaco decretó suspender los desmontes en los bosques nativos
Fecha de Publicación: 02/02/2019
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Chaco
Será hasta que se evalúen las denuncias y observaciones realizadas por las organizaciones ambientalistas. La norma abarca las zonas de categoría "amarilla"
Domingo Peppo, gobernador de la provincia de Chaco, derogó ayer las disposiciones que permitían el desmonte del bosque chaqueño y adelantó que convocará a una reunión a las entidades ambientalistas "para brindar un informe de la situación". La intención, según adelantó, es participar en conjunto del proceso de "actualización del Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos".
El decreto provincial 298/19 "suspendió la actualización del ordenamiento territorial hasta tanto se evalúen observaciones sobre el tema", aseguraron desde el Ejecutivo chaqueño.
La decisión fue anunciada por el gobernador luego de la reunión que mantuvo con los funcionarios del Ministerio de la Producción para “analizar la situación del bosque chaqueño ante las denuncias sobre desmontes ilegales".
El propio mandatario provincial anunció la decisión en su cuenta de Twitter: "Ayer firmé un decreto que suspende los #desmontes en el #Chaco, deroga las disposiciones que permitían presentar proyectos de cambio de uso de suelo en categoría amarilla y suspende la actualización del ordenamiento territorial hasta que no se evalúen las observaciones de las ONG".
Según la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, de 2007, determina que en Categoría II (amarillo) se encuentran "los sectores de alto o medio valor de conservación, que pueden estar degradados pero que si se los restaura pueden tener un valor alto de conservación". Esas áreas no pueden desmontarse, pero podrán ser sometidos al aprovechamiento sostenible, turismo, recolección e investigación científica.
En los anuncios desde sus redes, Peppo publicó también las páginas del decreto firmado: "Desde @ChacoGobierno venimos trabajando en la detección de #desmontes #clandestinos y sus respectivas sanciones, gracias al accionar en respeto de las leyes vigentes y al ordenamiento territorial. @GreenpeaceArg".
"Convocaremos a las organizaciones relacionadas con el tema para brindar un informe de la situación, por eso las instamos a participar del proceso de actualización del Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos", finalizó.
En tanto, desde Greenpeace calificaron al decreto como "un gran paso en la defensa de nuestros bosques nativos" puesto que deroga las tres disposiciones "mediante las cuales se autorizaban los desmontes en bosques protegidos y que suspende la actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques, ya que debe garantizarse la no regresión de las zonas protegidas y la participación ciudadana", aseguró Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de bosques de la entidad ambientalista.
Pese a ello, la ONG reclama que "aún no fueron cancelados los permisos otorgados y que tampoco se ha dispuesto un plan de reforestación para los desmontes ya ejecutados".
El Impenetrable chaqueño es la zona que más desmontes ilegales sufrió y Chaco fue la provincia que más se desmontó durante los últimos tres años.
"La ley Nacional de Bosques dicta que la actualización de los Ordenamientos Territoriales no deben significar un retroceso en las zonas protegidas y se debe garantizar la participación ciudadana", finalizó Cruz.
.
Fecha de Publicación: 02/02/2019
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Chaco
Será hasta que se evalúen las denuncias y observaciones realizadas por las organizaciones ambientalistas. La norma abarca las zonas de categoría "amarilla"
Domingo Peppo, gobernador de la provincia de Chaco, derogó ayer las disposiciones que permitían el desmonte del bosque chaqueño y adelantó que convocará a una reunión a las entidades ambientalistas "para brindar un informe de la situación". La intención, según adelantó, es participar en conjunto del proceso de "actualización del Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos".
El decreto provincial 298/19 "suspendió la actualización del ordenamiento territorial hasta tanto se evalúen observaciones sobre el tema", aseguraron desde el Ejecutivo chaqueño.
La decisión fue anunciada por el gobernador luego de la reunión que mantuvo con los funcionarios del Ministerio de la Producción para “analizar la situación del bosque chaqueño ante las denuncias sobre desmontes ilegales".
El propio mandatario provincial anunció la decisión en su cuenta de Twitter: "Ayer firmé un decreto que suspende los #desmontes en el #Chaco, deroga las disposiciones que permitían presentar proyectos de cambio de uso de suelo en categoría amarilla y suspende la actualización del ordenamiento territorial hasta que no se evalúen las observaciones de las ONG".
Según la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, de 2007, determina que en Categoría II (amarillo) se encuentran "los sectores de alto o medio valor de conservación, que pueden estar degradados pero que si se los restaura pueden tener un valor alto de conservación". Esas áreas no pueden desmontarse, pero podrán ser sometidos al aprovechamiento sostenible, turismo, recolección e investigación científica.
En los anuncios desde sus redes, Peppo publicó también las páginas del decreto firmado: "Desde @ChacoGobierno venimos trabajando en la detección de #desmontes #clandestinos y sus respectivas sanciones, gracias al accionar en respeto de las leyes vigentes y al ordenamiento territorial. @GreenpeaceArg".
"Convocaremos a las organizaciones relacionadas con el tema para brindar un informe de la situación, por eso las instamos a participar del proceso de actualización del Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos", finalizó.
En tanto, desde Greenpeace calificaron al decreto como "un gran paso en la defensa de nuestros bosques nativos" puesto que deroga las tres disposiciones "mediante las cuales se autorizaban los desmontes en bosques protegidos y que suspende la actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques, ya que debe garantizarse la no regresión de las zonas protegidas y la participación ciudadana", aseguró Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de bosques de la entidad ambientalista.
Pese a ello, la ONG reclama que "aún no fueron cancelados los permisos otorgados y que tampoco se ha dispuesto un plan de reforestación para los desmontes ya ejecutados".
El Impenetrable chaqueño es la zona que más desmontes ilegales sufrió y Chaco fue la provincia que más se desmontó durante los últimos tres años.
"La ley Nacional de Bosques dicta que la actualización de los Ordenamientos Territoriales no deben significar un retroceso en las zonas protegidas y se debe garantizar la participación ciudadana", finalizó Cruz.
.
Las represas de Santa Cruz podrían avanzar más lento
Advierten que las represas podrían seguir a paso lento
Fecha de Publicación: 02/02/2019
Fuente: La Opinión Austral
Provincia/Región: Santa Cruz
Es lo que habrían sugerido desde la Secretaría de Energía de la Nación que ahora conduce Gustavo Lopetegui. Se suponía que la obra tendría una ejecución de cinco años y que, en su plenitud, unos 6.500 obreros estarían en sus obradores.
El diario Clarín publicó este fin de semana que desde la cartera que conduce Gustavo Lopetegui habrían dado la orden de que la obra avance, pero “ralentizada”, es decir, sin cumplir con la curva de avance y mano de obra que se anunció en 2015.
Cuando, el 14 de enero, Mauricio Macri estuvo junto a la gobernadora Alicia Kirchner en las futuras represas, sostuvo que “sin energía no se puede desarrollar nada”, augurando que la obra, antes llamada Néstor Kirchner y Jorge Cepernic, será “un antes y un después para la Patagonia”, porque “marca lo que venimos haciendo desde el primer día: crear las bases que permitan el desarrollo para todos los argentinos”.
Originalmente, el plazo de la obra estipulaba cinco años de ejecución, en los que se iba a ver una verdadera revolución de empleo, de plena ocupación y de actividad económica en la provincia. Al menos de esa forma lo había anunciado el anterior gobierno, quien aseguró que en el máximo de la curva habría unos 6.900 obreros en el lugar.
Ambas represas sumarán una potencia total de 1.740 MW, el 13% de la potencia media de Argentina, y aportarán 5.000 GWh/año, el 5% de la energía anual del país.
Con la visita del presidente, la obra volvió a ponerse en discusión respecto a los puestos de trabajo porque el secretario general de la Uocra, Mateo Suárez, acusó que sólo en esta zona tiene más de 2.000 desocupados, esto en medio de denuncias cruzadas acerca de los presuntos ingresos al obrador de personas que no están radicadas en la provincia.
Los reportes que la obra arrojó este mes indican que la construcción de las represas hidroeléctricas tiene un avance de obra de 13% y emplea en la actualidad a unos mil trabajadores, de acuerdo al monitoreo que realiza el Gobierno Nacional a través de la empresa Integración Energética Argentina (IEASA – ex Enarsa).
Las obras deberían estar finalizadas en 2022 por el consorcio integrado por las empresas Electroingeniería, Hidrocuyo y la china Gezhouba, encargada del financiamiento que se pagará con la propia generación de las centrales.
Además de la millonaria inversión, la obra prevé generar más de 6.000 empleos directos y aproximadamente 15.000 empleos indirectos durante la construcción, y tras su finalización contará con 100 puestos permanentes para su operación.
Las actividades que actualmente se realizan en el proyecto contemplan obras permanentes, como excavaciones para obras de hormigón y construcción de presas, movimiento de suelo para desvío del río, monitoreos ambientales, recepción de equipos y materiales, y otras transitorias, como infraestructura de villas y montaje de módulos habitacionales y de servicios.
En la visita presidencial se explicó que “las obras se están acelerando en los meses del verano” y ya se está en condiciones de avanzar en la construcción de los primeros muros y estructuras de hormigón, un ritmo de obra que permite proyectar el inicio del llenado de la represa hacia fines de 2021.
Tras la revisión integral del proyecto encarado en 2016, la obra avanzó con una reducción presupuestaria que pasó de los US$ 6.200 millones originales a US$ 3.800 millones, a partir de la desdolarización del contrato y la eliminación de turbogeneradores innecesarios.
.
Fecha de Publicación: 02/02/2019
Fuente: La Opinión Austral
Provincia/Región: Santa Cruz
Es lo que habrían sugerido desde la Secretaría de Energía de la Nación que ahora conduce Gustavo Lopetegui. Se suponía que la obra tendría una ejecución de cinco años y que, en su plenitud, unos 6.500 obreros estarían en sus obradores.
El diario Clarín publicó este fin de semana que desde la cartera que conduce Gustavo Lopetegui habrían dado la orden de que la obra avance, pero “ralentizada”, es decir, sin cumplir con la curva de avance y mano de obra que se anunció en 2015.
Cuando, el 14 de enero, Mauricio Macri estuvo junto a la gobernadora Alicia Kirchner en las futuras represas, sostuvo que “sin energía no se puede desarrollar nada”, augurando que la obra, antes llamada Néstor Kirchner y Jorge Cepernic, será “un antes y un después para la Patagonia”, porque “marca lo que venimos haciendo desde el primer día: crear las bases que permitan el desarrollo para todos los argentinos”.
Originalmente, el plazo de la obra estipulaba cinco años de ejecución, en los que se iba a ver una verdadera revolución de empleo, de plena ocupación y de actividad económica en la provincia. Al menos de esa forma lo había anunciado el anterior gobierno, quien aseguró que en el máximo de la curva habría unos 6.900 obreros en el lugar.
Ambas represas sumarán una potencia total de 1.740 MW, el 13% de la potencia media de Argentina, y aportarán 5.000 GWh/año, el 5% de la energía anual del país.
Con la visita del presidente, la obra volvió a ponerse en discusión respecto a los puestos de trabajo porque el secretario general de la Uocra, Mateo Suárez, acusó que sólo en esta zona tiene más de 2.000 desocupados, esto en medio de denuncias cruzadas acerca de los presuntos ingresos al obrador de personas que no están radicadas en la provincia.
Los reportes que la obra arrojó este mes indican que la construcción de las represas hidroeléctricas tiene un avance de obra de 13% y emplea en la actualidad a unos mil trabajadores, de acuerdo al monitoreo que realiza el Gobierno Nacional a través de la empresa Integración Energética Argentina (IEASA – ex Enarsa).
Las obras deberían estar finalizadas en 2022 por el consorcio integrado por las empresas Electroingeniería, Hidrocuyo y la china Gezhouba, encargada del financiamiento que se pagará con la propia generación de las centrales.
Además de la millonaria inversión, la obra prevé generar más de 6.000 empleos directos y aproximadamente 15.000 empleos indirectos durante la construcción, y tras su finalización contará con 100 puestos permanentes para su operación.
Las actividades que actualmente se realizan en el proyecto contemplan obras permanentes, como excavaciones para obras de hormigón y construcción de presas, movimiento de suelo para desvío del río, monitoreos ambientales, recepción de equipos y materiales, y otras transitorias, como infraestructura de villas y montaje de módulos habitacionales y de servicios.
En la visita presidencial se explicó que “las obras se están acelerando en los meses del verano” y ya se está en condiciones de avanzar en la construcción de los primeros muros y estructuras de hormigón, un ritmo de obra que permite proyectar el inicio del llenado de la represa hacia fines de 2021.
Tras la revisión integral del proyecto encarado en 2016, la obra avanzó con una reducción presupuestaria que pasó de los US$ 6.200 millones originales a US$ 3.800 millones, a partir de la desdolarización del contrato y la eliminación de turbogeneradores innecesarios.
.
Un campamento de cazadores furtivos en Misiones
Desmantelaron a un campamento de cazadores furtivos
Fecha de Publicación: 02/02/2019
Fuente: Telam
Provincia/Región: Misiones
Efectivos de la policía y el Ministerio de Ecología de Misiones desmantelaron un campamento de cazadores furtivos en la localidad de Santiago de Liniers, ubicada a 24 kil'ometros al norte de la ciudad de Posadas..
En el lugar se incautaron armas, animales faenados, redes para pesca y motos, informaron este domingo fuentes policiales.
El hecho tuvo lugar ayer en un área protegida, situada en el km 60 (Ruta 17) de la localidad misionera de Santiago de Liniers.
Según indicaron los voceros a télam, a través de un amplio operativo en conjunto con guardaparques del Ministerio de Ecología de la Provincia, se dio con "cazadores furtivos" que habían sido señalados a través de una denuncia al 911.
"Los efectivos rastrillaron varios kilómetros monte adentro hasta que se encontraron con un campamento donde estaban tres hombres, quienes se escaparon corriendo", mencionaron las fuentes.
En el lugar los cazadores "abandonaron dos caballos; tres motos sin dominio; una pistola y cartuchos de diversos calibres de escopeta; dos animales faenados; machetes, redes para pesca otros elementos utilizados para la pesca furtiva", detallaron.
.
Fecha de Publicación: 02/02/2019
Fuente: Telam
Provincia/Región: Misiones
Efectivos de la policía y el Ministerio de Ecología de Misiones desmantelaron un campamento de cazadores furtivos en la localidad de Santiago de Liniers, ubicada a 24 kil'ometros al norte de la ciudad de Posadas..
En el lugar se incautaron armas, animales faenados, redes para pesca y motos, informaron este domingo fuentes policiales.
El hecho tuvo lugar ayer en un área protegida, situada en el km 60 (Ruta 17) de la localidad misionera de Santiago de Liniers.
Según indicaron los voceros a télam, a través de un amplio operativo en conjunto con guardaparques del Ministerio de Ecología de la Provincia, se dio con "cazadores furtivos" que habían sido señalados a través de una denuncia al 911.
"Los efectivos rastrillaron varios kilómetros monte adentro hasta que se encontraron con un campamento donde estaban tres hombres, quienes se escaparon corriendo", mencionaron las fuentes.
En el lugar los cazadores "abandonaron dos caballos; tres motos sin dominio; una pistola y cartuchos de diversos calibres de escopeta; dos animales faenados; machetes, redes para pesca otros elementos utilizados para la pesca furtiva", detallaron.
.
Humedales sin protección
Humedales: pese a que previenen inundaciones, están poco protegidos
Fecha de Publicación: 01/02/2019
Fuente: La Nacion
Provincia/Región: Nacional
Los humedales son considerados verdaderas fábricas de vida para el planeta. Son ecosistemas claves para mitigar el cambio climático, frenar los gases de efecto invernadero y prevenir inundaciones , ya que ayudan a absorber las lluvias, que son cada vez más frecuentes y fuertes. No hace falta ir hasta el Bañado de la Estrella, en Formosa, las turberas de Tierra del Fuego o los Esteros del Iberá, en Corrientes, para estar cerca de un humedal. Hay algunos en medio de las ciudades, como la Reserva Ecológica Costanera Sur, en CABA, o la Reserva Natural Provincial Santa Catalina, en la localidad bonaerense de Lomas de Zamora. Pero, a pesar de su enorme utilidad y sus muchos aportes, se están perdiendo.
Frente a esta realidad, y a la espera de una ley que implemente una política nacional de conservación, presupuesto mínimo y manejo sustentable, hay organizaciones ambientales que trabajan con las comunidades para evitar que los humedales se sigan degradando. Según los especialistas, es una de las deudas ambientales más urgentes del país.
En el monumento natural Laguna de los Pozuelos, en Jujuy, la laguna se estaba secando y escaseaban los pastos para alimentar a los animales. Hace dos años, la Fundación Humedales comenzó a trabajar junto con las poblaciones locales a partir de diferentes acciones, como el manejo sustentable del pastoreo.
Se trata de áreas sumamente diversas, con particularidades únicas. Además de su biodiversidad y aporte medioambiental, suministran alimento y medios de vida a millones de personas que desarrollan actividades productivas, como agricultura, ganadería, pesca, forestación y turismo.
La Argentina tiene declarados 23 humedales de relevancia internacional, pero son muchos más los que forman parte del territorio nacional. Se estima que ocupan 600.000 km2, es decir, el 21,5% del país.
Hace cuatro años, después de una intensa campaña comunitaria y más de 55.000 firmas de los vecinos, Santa Catalina fue declarada reserva. Casi la mitad de sus hectáreas pertenecen a un humedal, uno de los últimos de la ribera sur de la cuenca Matanza-Riachuelo. "Sirve de esponja para que Lomas de Zamora no se inunde", grafica Ana Di Pangracio, directora ejecutiva adjunta de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN). "Es uno de los humedales que pusimos en valor para decir que no todo en el Riachuelo está podrido y contaminado, sino que hay sitios naturales que aún se preservan muy bien, básicamente, gracias a los vecinos", agrega.
Choque de intereses
Uno de los obstáculos para conservar estos ecosistemas es su desconocimiento. "El concepto de humedal aparece concretamente en las agendas de los medios de comunicación y en la boca de la gente cuando empiezan las inundaciones. Hasta ese momento, no había una valorización", afirma Marta Andelman, coordinadora de Comunicaciones de la Fundación Humedales, parte de la red global de Wetlands International.
Diego Moreno, secretario de Política Ambiental en Recursos Naturales, explica que hoy el foco está puesto en lograr una base de información sólida. "Hasta ahora no existía y nos va a dar muchas más certidumbres para el debate y el consenso. Esta ha sido, en buena medida, la causa por lo cual los proyectos de ley no prosperaron", sostiene.
Desde 2011 se lleva a cabo un inventario coordinado por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, en el que participan más de 60 expertos, ONG y universidades, quienes acordaron una definición teórica, llevada a terreno y consensuada con el Consejo Federal de Medio Ambiente (Confema). Allí están involucradas las provincias, que son en definitiva las que decidirán cómo manejar cada humedal en sus territorios.
Ya se concluyó el primer nivel del inventario, que es un mapa muy macro de cuáles son las distintas regiones y qué tipo de estos ecosistemas contienen. Para Ana Di Pangracio, también permitirá tener una foto del momento presente para después ir evaluando los cambios y contar con números certeros sobre cuánto retroceden estos espacios en nuestro país.
Desde la Fundación Humedales, una de las ONG que participan, Marco Vermaasen, coordinador de Políticas del Programa Corredor Azul, enfatiza que es necesario que haya una ley que brinde un marco institucional.
En dos oportunidades, los proyectos de ley presentados en el Congreso de la Nación obtuvieron media sanción y luego fueron rechazados, y no solo por la falta de precisión para definir estos ecosistemas, sino también porque existen intereses encontrados.
"La ley prosperó en el Senado, pero se trabó dos veces en Diputados. Hay que acercarse a los sectores que se oponen, sobre todo al agropecuario y al inmobiliario, según la zona del país, para que entiendan que no es una cuestión de humedales versus desarrollo, sino que se puede hacer un trabajo en armonía y sostenible", explica Di Pangracio.
Desde la Fundación Vida Silvestre Argentina, Fernando Miñarro considera que una ley es urgente, necesaria y posible, especialmente ante el avance de la conversión de los humedales en las últimas décadas.
Las ONG que están trabajando en la norma entienden que hay intereses agroindustriales e inmobiliarios, pero también preconceptos erróneos. "El problema -describe Vermaasen- es que muchos que ya desarrollan actividades económicas dentro de los humedales, como agricultura, urbanismo o ganadería, consideran que si algo se define como un humedal puede ser una interferencia para su desarrollo económico".
Otro gran debate es qué restricciones habrá en cada uno de esos sitios. "Es una condición sine qua non que lo que se presume un humedal se proteja hasta que esté hecho el inventario. Necesitamos la atención del público, que la gente sepa qué son estos espacios y presione para que se apruebe algo que es para el bien de todos", concluye Vermaasen.
.
El modelo agroindustrial sigue matando abejas
Apicultores indignados: murieron miles de abejas luego de ser fumigadas con agroquímicos
Fecha de Publicación: 01/02/2019
Fuente: InfoCielo
Provincia/Región: Buenos Aires
Un grupo de apicultores de Ayacucho denuncia la pérdida de varias colmenas tras una fumigación aérea no notificada. Calculan 70 mil pesos de pérdidas. La nueva resolución que firmó el gobierno de la provincia habilita a fumigaciones cercanas a poblaciones rurales, escuelas y cursos de agua.
En Ayacucho, apicultores denuncian la pérdida de gran parte de sus colmenas luego de una fumigación aérea que no fue previamente notificada. El hecho, responde a la nueva resolución firmada por el gobierno de la provincia, en el cual –contrariamente a lo que había dictado la Suprema Corte Bonaerense en 2012-, habilita a fumigar a pocos metros de localidades rurales, así como escuelas y cursos de agua.
En un video, uno de los apicultores muestra la cantidad de colmenas afectadas por el rocío de los agroquímicos, evidenciando la muerte de una cantidad gigantesca de abejas. Los productores hablan de una pérdida que va entre los 50 y 70 mil pesos.
“Los dueños están fumigando. No nos informan, entonces al pasar el avión, matan todo. Hay productos que están aprobados y no matan ni la abeja, ni mariposas, ni polinizadores. Pero salen mucho más. Si nos avisaran, se podría convivir”, dijo para INFOCIELO, Guillermo Landagaray, apicultor de Ayacucho.
Las denuncias por fumigaciones con productos que no solo afectan a la fauna y flora, sino también a la salud humana, no son nuevas en el Partido. De hecho, en septiembre pasado la directora de la escuela rural 28 de Ayacucho realizó una denuncia formal luego de que un mosquito fumigara a tan solo 20 metros del establecimiento, en horario de clase.
Por precaución, la docente y algunos alumnos tuvieron que ser atendidos en un hospital.
La nueva resolución que firmó el gobierno de María Eugenia Vidal, de la mano de su ministro y ex gerente de Monsanto Leonardo Sarquís, deja el camino libre para que las fumigaciones se realicen a escasos metros de centros poblacionales y márgenes de curso de agua.
La medida contradice a lo dictado por la Corte Bonaerense en 2012, que declaró ilegal las fumigaciones de agrotóxicos a menos de mil metros de viviendas.
Desde entonces, diferentes localidades de la provincia han tenido intentos de regulaciones y también, casos en donde algunos municipios reducían considerablemente los metros de distancia para las fumigaciones.
Estos casos se dieron especialmente en Chascomús y Benito Juárez, en donde a contraposición de vecinos que reclamaron una regulación menos permisiva, se fallaba a favor del productor.
Por el caso de Chascomús, el máximo tribunal debió interceder nuevamente el año pasado, en donde se prohibió las fumigaciones terrestres a menos de mil metros.
Sin embargo, el gobierno de la provincia avanzó con una resolución contraria. En uno de sus puntos más polémicos, el Ejecutivo permite ahora las fumigaciones hasta las 7:59 de la mañana, es decir, a tan solo un minuto del ingreso de los alumnos de las escuelas rurales.
“El control sobre las prácticas de fumigaciones y agrotóxicos es otro problema importante de esta ordenanza y de medidas similares que proponen una zona de restricción, porque la cadena de fiscalización es corruptible: el control sobre la receta del agrotóxico que se emplea, sobre la distancia a la que se está fumigando de casas, escuelas rurales y cursos de agua, sobre el manejo de los residuos de fertilizantes y plaguicidas, implicaría toda una larga cadena de fiscalización que, indudablemente, va a tener fisuras”, analizó para la Agencia Andar, Pablo Kulbaba, integrante de la asamblea Paren de fumigarnos de Chascomús.
Los productos tradicionalmente utilizados para eliminar plagas son el glifosato, atrazina, 2.4-D, glufosinato de amonio y otros químicos. Gran parte de la comunidad científica, e incluso la propia Organización Mundial de la Salud (OMS), han advertido las consecuencias ante la exposición de estos agroquímicos.
Entre ellos, problemas respiratorios, afecciones de piel, hipotiroidismo y distintos tipos de cáncer.
.
Fecha de Publicación: 01/02/2019
Fuente: InfoCielo
Provincia/Región: Buenos Aires
Un grupo de apicultores de Ayacucho denuncia la pérdida de varias colmenas tras una fumigación aérea no notificada. Calculan 70 mil pesos de pérdidas. La nueva resolución que firmó el gobierno de la provincia habilita a fumigaciones cercanas a poblaciones rurales, escuelas y cursos de agua.
En Ayacucho, apicultores denuncian la pérdida de gran parte de sus colmenas luego de una fumigación aérea que no fue previamente notificada. El hecho, responde a la nueva resolución firmada por el gobierno de la provincia, en el cual –contrariamente a lo que había dictado la Suprema Corte Bonaerense en 2012-, habilita a fumigar a pocos metros de localidades rurales, así como escuelas y cursos de agua.
En un video, uno de los apicultores muestra la cantidad de colmenas afectadas por el rocío de los agroquímicos, evidenciando la muerte de una cantidad gigantesca de abejas. Los productores hablan de una pérdida que va entre los 50 y 70 mil pesos.
“Los dueños están fumigando. No nos informan, entonces al pasar el avión, matan todo. Hay productos que están aprobados y no matan ni la abeja, ni mariposas, ni polinizadores. Pero salen mucho más. Si nos avisaran, se podría convivir”, dijo para INFOCIELO, Guillermo Landagaray, apicultor de Ayacucho.
Las denuncias por fumigaciones con productos que no solo afectan a la fauna y flora, sino también a la salud humana, no son nuevas en el Partido. De hecho, en septiembre pasado la directora de la escuela rural 28 de Ayacucho realizó una denuncia formal luego de que un mosquito fumigara a tan solo 20 metros del establecimiento, en horario de clase.
Por precaución, la docente y algunos alumnos tuvieron que ser atendidos en un hospital.
La nueva resolución que firmó el gobierno de María Eugenia Vidal, de la mano de su ministro y ex gerente de Monsanto Leonardo Sarquís, deja el camino libre para que las fumigaciones se realicen a escasos metros de centros poblacionales y márgenes de curso de agua.
La medida contradice a lo dictado por la Corte Bonaerense en 2012, que declaró ilegal las fumigaciones de agrotóxicos a menos de mil metros de viviendas.
Desde entonces, diferentes localidades de la provincia han tenido intentos de regulaciones y también, casos en donde algunos municipios reducían considerablemente los metros de distancia para las fumigaciones.
Estos casos se dieron especialmente en Chascomús y Benito Juárez, en donde a contraposición de vecinos que reclamaron una regulación menos permisiva, se fallaba a favor del productor.
Por el caso de Chascomús, el máximo tribunal debió interceder nuevamente el año pasado, en donde se prohibió las fumigaciones terrestres a menos de mil metros.
Sin embargo, el gobierno de la provincia avanzó con una resolución contraria. En uno de sus puntos más polémicos, el Ejecutivo permite ahora las fumigaciones hasta las 7:59 de la mañana, es decir, a tan solo un minuto del ingreso de los alumnos de las escuelas rurales.
“El control sobre las prácticas de fumigaciones y agrotóxicos es otro problema importante de esta ordenanza y de medidas similares que proponen una zona de restricción, porque la cadena de fiscalización es corruptible: el control sobre la receta del agrotóxico que se emplea, sobre la distancia a la que se está fumigando de casas, escuelas rurales y cursos de agua, sobre el manejo de los residuos de fertilizantes y plaguicidas, implicaría toda una larga cadena de fiscalización que, indudablemente, va a tener fisuras”, analizó para la Agencia Andar, Pablo Kulbaba, integrante de la asamblea Paren de fumigarnos de Chascomús.
Los productos tradicionalmente utilizados para eliminar plagas son el glifosato, atrazina, 2.4-D, glufosinato de amonio y otros químicos. Gran parte de la comunidad científica, e incluso la propia Organización Mundial de la Salud (OMS), han advertido las consecuencias ante la exposición de estos agroquímicos.
Entre ellos, problemas respiratorios, afecciones de piel, hipotiroidismo y distintos tipos de cáncer.
.
En Santa Fe impulsan marcha por los agrotóxicos
Impulsan Marcha de los Barbijos en Rosario contra el uso masivo de agrotóxicos
Fecha de Publicación: 01/02/2019
Fuente: El Ciudadano
Provincia/Región: Santa Fe
La Multisectorial paren de Fumigarnos llamó a una demostración contra el paquete hegemónico de cultivos transgénicos y químicos para el 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente. También será para cuestionar un modelo productivo basado en el extractivismo
El colectivo Paren de Fumigarnos anunció la organización de una Marcha nacional de los barbijos en reclamo de mayores regulaciones estatales al uso de agrotóxicos y en cuestionamiento al paquete de producción agraria en base a semillas transgénicas y uso masivo de productos químicos. La actividad, en principio, está programada para el 5 de junio, que es el Día mundial del Medio Ambiente, en Rosario.
Los convocantes anunciaron que habrá una primera reunión organizativa el sábado 16 de febrero, a las 18.30, en el Centro Cultural La Toma de Tucumán 1349.
Será una puesta en escena para hacer visible los padecimientos de vecinos de pueblos sometidos a fumigaciones cercanas a sus viviendas, y a las escuelas, por parte de productores y aplicadores de los campos aledaños.
Antecedente cercano
Un caso reciente de los conflictos de intereses en los que varios estamentos del Estado inclinan la balanza por la parte más fuerte es el de la comuna santafesina de Sastre, en el centro de la provincia.
Una jueza, en plena feria judicial, ordenó suspender una medida cautelar que impedía fumigar cerca del ejido urbano de esa localidad del departamento San Martín. La medida fue pedida por los padres de una niña de dos años que padece cáncer, en base a la presunción sobre los efectos cancerígenos de los agroquímicos avalada por la Organización Mundial de la Salud. La magistrada revirtió así el dictamen que prohibía realizar aplicaciones terrestres en un radio menor a 400 metros de la comuna, zona de resguardo que se ampliaba a 1.500 metros para fumigaciones aéreas.
La jueza de turno en feria Beatriz Forno de Piedrabuena dio rápida cabida a la presentación de unos 20 productores de Sastre para anular la medida cautelar que pidieron los padres de Zoe Giraudo, una niña de dos años que sufre cáncer y que vive en una casa expuesta a las fumigaciones. Ese reclamo había sido aceptado en diciembre pasado por el juez de primera instancia de distrito en lo Civil, Comercial y Laboral 11 de San Jorge, Daniel Zoso. Duró poco.
Los productores no esperaron a que termine el receso del Poder Judicial, y en enero ingresaron a la causa como terceros interesados para apelar la cautelar ambiental invocando su “derecho a trabajar”. Los patrocinó el abogado Iván Cullen y no están solos. El propio municipio de Sastre contrató a un asesor externo para los mismos fines: dejar en la nada el pedido de los padres de la niña, que acompañaron vecinos luego de que durante todo 2018 solicitaran al gobierno local la readecuación de la norma local sobre fitosanitarios sin éxito.
El colectivo Paren de Fumigarnos cuestionaron, en el llamamiento a la Marcha de los barbijos, el perfil económico extractivista de sucesivas gestiones nacionales, que apostaron como sustento productivo a los agronegocios, la minería, los hidrocarburos y las explotaciones forestales sin reaseguro de sustentabilidad.
Los organizadores de la protesta apuntan tanto a gobiernos “de derecha” como a los llamados progresistas en las direcciones políticas que cuestionan. Le contraponen las numerosas organizaciones vecinales, ambientalistas, ecologistas y sociales que pusieron bajo la lupa el modelo por sus consecuencias ambientales y sobre la salud de las personas. Llamaron a unir los esfuerzos de todos y confluir el próximo Día mundial del Medio Ambiente en una marcha con sede en Rosario.
.
Fecha de Publicación: 01/02/2019
Fuente: El Ciudadano
Provincia/Región: Santa Fe
La Multisectorial paren de Fumigarnos llamó a una demostración contra el paquete hegemónico de cultivos transgénicos y químicos para el 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente. También será para cuestionar un modelo productivo basado en el extractivismo
El colectivo Paren de Fumigarnos anunció la organización de una Marcha nacional de los barbijos en reclamo de mayores regulaciones estatales al uso de agrotóxicos y en cuestionamiento al paquete de producción agraria en base a semillas transgénicas y uso masivo de productos químicos. La actividad, en principio, está programada para el 5 de junio, que es el Día mundial del Medio Ambiente, en Rosario.
Los convocantes anunciaron que habrá una primera reunión organizativa el sábado 16 de febrero, a las 18.30, en el Centro Cultural La Toma de Tucumán 1349.
Será una puesta en escena para hacer visible los padecimientos de vecinos de pueblos sometidos a fumigaciones cercanas a sus viviendas, y a las escuelas, por parte de productores y aplicadores de los campos aledaños.
Antecedente cercano
Un caso reciente de los conflictos de intereses en los que varios estamentos del Estado inclinan la balanza por la parte más fuerte es el de la comuna santafesina de Sastre, en el centro de la provincia.
Una jueza, en plena feria judicial, ordenó suspender una medida cautelar que impedía fumigar cerca del ejido urbano de esa localidad del departamento San Martín. La medida fue pedida por los padres de una niña de dos años que padece cáncer, en base a la presunción sobre los efectos cancerígenos de los agroquímicos avalada por la Organización Mundial de la Salud. La magistrada revirtió así el dictamen que prohibía realizar aplicaciones terrestres en un radio menor a 400 metros de la comuna, zona de resguardo que se ampliaba a 1.500 metros para fumigaciones aéreas.
La jueza de turno en feria Beatriz Forno de Piedrabuena dio rápida cabida a la presentación de unos 20 productores de Sastre para anular la medida cautelar que pidieron los padres de Zoe Giraudo, una niña de dos años que sufre cáncer y que vive en una casa expuesta a las fumigaciones. Ese reclamo había sido aceptado en diciembre pasado por el juez de primera instancia de distrito en lo Civil, Comercial y Laboral 11 de San Jorge, Daniel Zoso. Duró poco.
Los productores no esperaron a que termine el receso del Poder Judicial, y en enero ingresaron a la causa como terceros interesados para apelar la cautelar ambiental invocando su “derecho a trabajar”. Los patrocinó el abogado Iván Cullen y no están solos. El propio municipio de Sastre contrató a un asesor externo para los mismos fines: dejar en la nada el pedido de los padres de la niña, que acompañaron vecinos luego de que durante todo 2018 solicitaran al gobierno local la readecuación de la norma local sobre fitosanitarios sin éxito.
El colectivo Paren de Fumigarnos cuestionaron, en el llamamiento a la Marcha de los barbijos, el perfil económico extractivista de sucesivas gestiones nacionales, que apostaron como sustento productivo a los agronegocios, la minería, los hidrocarburos y las explotaciones forestales sin reaseguro de sustentabilidad.
Los organizadores de la protesta apuntan tanto a gobiernos “de derecha” como a los llamados progresistas en las direcciones políticas que cuestionan. Le contraponen las numerosas organizaciones vecinales, ambientalistas, ecologistas y sociales que pusieron bajo la lupa el modelo por sus consecuencias ambientales y sobre la salud de las personas. Llamaron a unir los esfuerzos de todos y confluir el próximo Día mundial del Medio Ambiente en una marcha con sede en Rosario.
.
Luminaria pública peligrosa
Advierten sobre posible contaminación con mercurio del alumbrado público en más de 30 municipios bonaerenses
Fecha de Publicación: 31/01/2019
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Buenos Aires
Es por las luminarias que fueron reemplazadas y cuyo tratamiento no se hizo de manera correcta. Las misma situación podría presentarse en varias provincias
"La exposición al mercurio (incluso a pequeñas cantidades) puede causar graves problemas de salud y es peligrosa para el desarrollo intrauterino y en las primeras etapas de vida. Puede ser tóxico para los sistemas nervioso e inmunitario, el aparato digestivo, la piel y los pulmones riñones y ojos", advierte la Organización Mundial de Salud, que considera a este metal líquido como uno de los diez productos o grupos de productos químicos que plantean especiales problemas de salud pública.
Y la advertencia no es gratuita. El mercurio es un elemento utilizado en sinfín de productos de uso cotidiano para millones de personas. Está presente, por ejemplo, en pilas, termómetros, barómetros, amalgamas dentales, algunos cosméticos y hasta en productos farmacéuticos. Pero el listado no termina ahí. Uno de los elementos más típicos hecho con compuestos de ese metal son las viejas lámparas usadas para el alumbrado público, que con el desarrollo de nuevas tecnologías (como el sistema Led), se comenzaron reemplazar desde hace ya varios años en muchos países y también en la Argentina. La idea era y es instalar lámparas más amables con el medio ambiente y que ayuden también a preservar la salud pública.
Era una decisión necesaria que se debía adoptar en todo el mundo, pues la toxicidad del mercurio es conocida y el daño que infringe al medio ambiente y a la población si es expuesta a él, es innegable e irreversible. Además, para muchos gobiernos el ahorro energético que implica cambiar las viejas bombitas es económicamente necesario. Sin embargo, el reemplazo de esas luminarias no es una tarea simple o que se pueda hacer sin mayores controles. Por su composición a base del metal, las lámparas antiguas son consideradas residuos peligrosos y su manejo debe cumplir con leyes, provinciales, nacionales e incluso supranacionales, aunque hay una fuerte sospecha de que en muchos lugares del país esto no se cumple.
Mario Caparelli es abogado y presidente de la Asociación Inquietudes Ciudadanas, una ONG con una vasta experiencia en temas ambientales, que desde hace algunos años viene recibiendo denuncias anónimas de miles de vecinos de la provincia de Buenos Aires acerca de la problemática de las luminarias que fueron reemplazadas.
Al ver que se repetían los casos, comenzaron a investigar y notaron que son cientos los municipios que informaron acerca de planes para reemplazar la iluminación pública, adjudicaron contratos a través de licitaciones, cambiaron las bombitas pero en ningún caso dieron cuenta de cómo destruyeron el material antiguo o si es que lo hicieron.
"La cuestión es que en todo este sistema de sustitución de lámparas que se ha dispuesto hay dos leyes nacionales que prohíben la importación y comercialización de las anteriores. En casi todas las provincias comenzaron a sustituir ese tipo de luminarias, pero el problema es que las lámparas antiguas contienen mercurio o tienen otros componentes derivados del mercurio. Se convierten entonces en un residuo tóxico porque el mercurio es altamente tóxico. Entonces, tienen que ser destruidas. El tema es que no lo hacen", denunció Caparelli en diálogo con Infobae.
Fue así que la investigación les permitió saber que en los municipios de la provincia de Buenos Aires, pero también en muchas provincias como Santa Fe, Córdoba o Mendoza, pasa lo mismo. "Juntamos mucha documentación. Casi todos los municipios bonaerenses o las provincias empezaron a sustituirlas desde hace un par de años, pero en ninguna de estas licitaciones y sustituciones se dice qué se hace con las lámparas usadas", agregó.
En todo este sistema de sustitución de lámparas que se ha dispuesto hay dos leyes nacionales que prohíben la importación y comercialización de las anteriores. En casi todas las provincias comenzaron a sustituir ese tipo de luminarias, pero el problema es que las lámparas antiguas contienen mercurio o tienen otros componentes derivados del mercurio. Se convierten entonces en un residuo tóxico
En la investigación, la ONG recopiló datos publicados por los municipios acerca del programa de sustitución de las luminarias. Empezaron a notar que eran miles y miles las bombitas que fueron cambiadas pero de las que aún no se sabe dónde están. Incluso, descubrieron que ninguno de los gobiernos locales informó en los pliegos de licitación qué debía hacerse con el material reemplazado, tal como lo marca la Ley Nacional 24.051 de Residuos Peligrosos y la Ley 27.356, mediante la cual Argentina suscribe el Convenio de Minamata, un acuerdo firmado por varios países en 2013 después de lo ocurrido en esa ciudad japonesa donde miles de personas murieron intoxicadas por mercurio. En el convenio, distintos estados se comprometieron a aplicar una serie de medidas para acabar con las emisiones de mercurio a la atmósfera y reducir paulatinamente los productos que contienen el metal.
"Esas lámparas usadas tienen que ser destruidas, mandadas a un sitio de disposición final como residuo tóxico. No solamente que tengan mercurio sino que tenga otros componentes que también ya se consideran tóxicos, como lámparas fluorescentes por ejemplo. Es grave porque se violan leyes nacionales y supranacionales", resaltó.
Ante la cantidad de lugares que decidieron cambiar la iluminación, Caparelli y su equipo se enfocaron primero en pedir información a un total de 32 municipios bonaerenses (los de mayor densidad poblacional) y a las capitales provinciales para saber qué pasó con las bombitas que fueron sacadas.
La Ley 25.831 de acceso a la información ambiental ampara la Asociación a solicitar todos los datos respecto a este tema y así lo hicieron. En estos días comenzaron a enviar cartas a cada uno de los gobiernos locales y en caso de no recibir respuesta en un máximo de 30 días, recurrirán a un tribunal Contencioso Administrativo y pedir que judicialmente se los obligue a responder. "Son datos que están en los registros públicos de los municipios. El derecho de información es constitucional y tengo el derecho a difundirla", remarcó.
Casi todos los municipios bonaerenses o las provincias empezaron a sustituirlas desde hace un par de años, pero en ninguna de estas licitaciones y sustituciones se dice qué se hace con las lámparas usadas
Por lo pronto se vienen comunicado vía mail con los municipios de Almirante Brown, Avellaneda, Berisso, Berazategui, Campana, Cañuelas, Escobar, Exaltación de la Cruz, Ezeiza, Florencio Varela, San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Plata, Lanús, Luján, Malvinas Argentinas, Mercedes, Merlo, Moreno, Morón, Pilar, Quilmes, San Miguel, Tres de febrero, Zárate, Bahía Blanca, Mar del Plata, Miramar, Dolores y Pinamar. En cada uno de estos lugares se llevaron a cabo planes de recambio de luminarias pero todos omitieron decir cómo fue la disposición final de los residuos. Hasta ahora no contestaron.
"Tenemos por ejemplo en Rosario un llamado a licitación en donde no se le da instrucciones al proveedor sobre qué hacer con las que sustituye. Incluso algunos municipios han hecho otra cosa que es mucho peor, que es una doble ilegalidad. Las sustituidas las instalan en lugares alejados para darle luminaria a lugares oscuros, peligrosos o que no han tenido luz. Esto duplica la ilegalidad", denunció. Este caso por ejemplo ocurrió en Morón, donde la propia municipalidad confesó en su página web que reutilizó las lámparas viejas, algo prohibido por ley.
"Hay una presunción muy grande de que lo que no se destruye desaparece del mundo ideal, pero no del mundo real porque engrosa basurales y lugares no aptos. En general hay una sobreprotección jurídica o legal y un desparpajo en violar la ley. Ya sea por ignorancia, dolo o por interés. Esto no es de una jurisdicción sola. En Mendoza, por ejemplo, dictaron una resolución de la Secretaría de Ambiente diciendo que esto es peligro y lo vamos a destruir y los municipios no la acatan. Es curioso. En Córdoba pasa algo similar. Todo los vamos a averiguar y van a tener que responder", advirtió el letrado.
Argentina suscribe el Convenio de Minamata, un acuerdo firmado por varios países en 2013 después de lo ocurrido en esa ciudad japonesa donde miles de personas murieron intoxicadas por mercurio. En el convenio, distintos estados se comprometieron a aplicar una serie de medidas para acabar con las emisiones de mercurio a la atmósfera y reducir paulatinamente los productos que contienen el metal
En ese sentido, Caparelli dijo que legalmente el Estado debe proveer la protección del ambiente a toda la población. Según la Constitución en su artículo 43 -aclara- cada ciudadano tiene el derecho de gozar de un ambiente sano y la autoridad tiene que garantizar la protección de ese derecho.
"La autoridad tiene un plus. Y a eso se le agrega la ley del Ambiente que dice que todos los que intervienen en un hecho contaminante, cuando no se ha podido determinar cuál ha sido la participación, son todos solidariamente responsables. En este caso, autoridad provincial, autoridad municipal y proveedor. Son solidariamente responsables del daño que pudieron haber causado al ambiente. ¿Dónde están esas lámparas? Tienen que haberse destruido ¿Por qué no se llevaron a destrucción final o por qué no lo informaron? Se jactaron de que las cambiaron, pero no dijeron cómo destruyeron las viejas", cuestionó.
Son miles y miles de luminarias cambiadas en todos los municipios y provincias. En Córdoba -precisa el presidente de la ONG- "se habla de 21.500. Un total del 1.000 cuadras con Led en Morón, Escobar con unos 7.000 puntos con nuevas lámparas, La Plata lleva 60 cuadras (14 mil nuevas luces que se suman a las 4000 que ya se instalaron), 50 mil luces en San Isidro, en Campana fueron 3.400 luminarias nuevas, 3500 en Lanús, como para citar algún ejemplo". En Rosario se reemplazaron unas 15.000, la misma cantidad en Hurlingham o 3.500 en Quilmes. Se anunciaron 800 nuevas en San Martín y Tres de Febrero tiene 3.100 nuevas, añadió.
Los efectos al salud
Según dijo a Infobae Eduardo Scarlato, jefe de Toxicología del Hospital de Clínicas, cada lamparita tiene entre 5 y 10 miligramos de mercurio.
"El mercurio es un metal que va seguir siendo usado. El tema central es cómo se dispone de ese mercurio y que esas lamparitas son muy frágiles. Cada una tiene en promedio de ocho miligramos de mercurio y cuando se rompen se libera ese vapor al medio ambiente o al hogar. Si sumamos que son millones de lámparas, son toneladas las de mercurio que han sido liberadas. Es un riesgo para el medioambiente", alertó el experto. El mercurio es un metal que no se crea ni se destruye. Está en la naturaleza, una vez que se libere puede entrar en distintos procesos con las consecuencias que eso puede acarrear" agregó.
Según el médico, hay dos tipos de riesgo con el mercurio: el denominado de "exposición aguda" que desarrolla un efecto perjudicial dentro de 24 horas y el de "la exposición crónica", que es cuando se expone a muy bajas concentraciones durante mucho tiempo.
"La bombita en sí no trae riesgo. El problema surge cuando esa lámpara se rompe y se libera. Se trata del único metal líquido a temperatura ambiente. Los efectos del mercurio se saben de antaño. Acá el problema es qué se hace con eso. No es que nos volvamos "químicofóbicos" porque cualquier sustancia de la naturaleza conlleva un peligro. Lo importante es saber con qué medidas de seguridad lo tratamos. Estas bombitas quemadas son desechos peligrosos. La responsabilidad del correcto tratamiento es de los gobiernos y su disposición final no entraña mayores costos, sólo gente idónea para hacerlo", resaltó Scarlato.
El mercurio es un metal que va seguir siendo usado. El tema central es cómo se dispone de ese mercurio y que esas lamparitas son muy frágiles. Cada una tiene en promedio de ocho miligramos de mercurio y cuando se rompen se libera ese vapor al medio ambiente o al hogar. Si sumamos que son millones de lámparas, son toneladas las de mercurio que han sido liberadas. Es un riesgo para el medioambiente
La triple violación a las leyes
Las licitaciones para cambiar las luminarias comenzaron aproximadamente en el año 2011 y para fin de 2019 ya deberían estar sustituidas todas las lámparas con mercurio, según la ley. En la ONG tienen la sospecha de que otros municipios del país incurrieron en la misma falta y esperan que hagan de ahora en más lo correcto pero que paguen civil y penalmente por lo que hicieron indebidamente. "Si ninguna licitación obliga, incurren en la violación. Tanto como el que licita como el que adjudica. Pero también el organismo provincial de control es responsable. Los tres son solidariamente responsables. No se puede simplemente almacenar eso, es peligroso. Puede haber peligro de ruptura", advirtió el titular de la entidad.
La Ley Nacional de Residuos Peligrosos tiene sanciones para aquel que altere el ambiente y lo contamine. En este caso, también habrían violado la ley provincial 14.321 sobre RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos), que dice que la enorme cantidad de residuos eléctricos y electrónicos deben ser reducidos.
"El foco de la cuestión es que se está violando la ley. La supranacional del Convenio, la Nacional de residuos públicos, la Ley general del Ambiente que también tiene vigencia en todo el país y en la provincia de Buenos Aires la ley especial sobre los RAEE", resaltó el experto.
Finalmente, el abogado recordó que no es necesario esperar a que alguien se enferme para tomar medidas. Según explicó, "el principio precautorio dice que aún en ausencia absoluta de certeza de lo que puede ocurrir hay que tomar medidas" pero "sabiendo que el mercurio es tóxico de por sí, no se puede dejar de tomar alguna".
"No importa que no sepan, pero en este caso se sabe. En Minomata sí sabían lo que iba a pasar. ¿Qué tenemos que pensar? Que hay un costo que han querido evitarse en detrimento de la salud pública. Porque el convenio de salud pública dice que deben eliminarse todos aquellos aparatos que contengan mercurio o un componente. El destino de eso es un misterio. Se va a averiguar. Estamos mandando mails pero lo vamos a hacer", sentenció.
.
Fecha de Publicación: 31/01/2019
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Buenos Aires
Es por las luminarias que fueron reemplazadas y cuyo tratamiento no se hizo de manera correcta. Las misma situación podría presentarse en varias provincias
"La exposición al mercurio (incluso a pequeñas cantidades) puede causar graves problemas de salud y es peligrosa para el desarrollo intrauterino y en las primeras etapas de vida. Puede ser tóxico para los sistemas nervioso e inmunitario, el aparato digestivo, la piel y los pulmones riñones y ojos", advierte la Organización Mundial de Salud, que considera a este metal líquido como uno de los diez productos o grupos de productos químicos que plantean especiales problemas de salud pública.
Y la advertencia no es gratuita. El mercurio es un elemento utilizado en sinfín de productos de uso cotidiano para millones de personas. Está presente, por ejemplo, en pilas, termómetros, barómetros, amalgamas dentales, algunos cosméticos y hasta en productos farmacéuticos. Pero el listado no termina ahí. Uno de los elementos más típicos hecho con compuestos de ese metal son las viejas lámparas usadas para el alumbrado público, que con el desarrollo de nuevas tecnologías (como el sistema Led), se comenzaron reemplazar desde hace ya varios años en muchos países y también en la Argentina. La idea era y es instalar lámparas más amables con el medio ambiente y que ayuden también a preservar la salud pública.
Era una decisión necesaria que se debía adoptar en todo el mundo, pues la toxicidad del mercurio es conocida y el daño que infringe al medio ambiente y a la población si es expuesta a él, es innegable e irreversible. Además, para muchos gobiernos el ahorro energético que implica cambiar las viejas bombitas es económicamente necesario. Sin embargo, el reemplazo de esas luminarias no es una tarea simple o que se pueda hacer sin mayores controles. Por su composición a base del metal, las lámparas antiguas son consideradas residuos peligrosos y su manejo debe cumplir con leyes, provinciales, nacionales e incluso supranacionales, aunque hay una fuerte sospecha de que en muchos lugares del país esto no se cumple.
Mario Caparelli es abogado y presidente de la Asociación Inquietudes Ciudadanas, una ONG con una vasta experiencia en temas ambientales, que desde hace algunos años viene recibiendo denuncias anónimas de miles de vecinos de la provincia de Buenos Aires acerca de la problemática de las luminarias que fueron reemplazadas.
Al ver que se repetían los casos, comenzaron a investigar y notaron que son cientos los municipios que informaron acerca de planes para reemplazar la iluminación pública, adjudicaron contratos a través de licitaciones, cambiaron las bombitas pero en ningún caso dieron cuenta de cómo destruyeron el material antiguo o si es que lo hicieron.
"La cuestión es que en todo este sistema de sustitución de lámparas que se ha dispuesto hay dos leyes nacionales que prohíben la importación y comercialización de las anteriores. En casi todas las provincias comenzaron a sustituir ese tipo de luminarias, pero el problema es que las lámparas antiguas contienen mercurio o tienen otros componentes derivados del mercurio. Se convierten entonces en un residuo tóxico porque el mercurio es altamente tóxico. Entonces, tienen que ser destruidas. El tema es que no lo hacen", denunció Caparelli en diálogo con Infobae.
Fue así que la investigación les permitió saber que en los municipios de la provincia de Buenos Aires, pero también en muchas provincias como Santa Fe, Córdoba o Mendoza, pasa lo mismo. "Juntamos mucha documentación. Casi todos los municipios bonaerenses o las provincias empezaron a sustituirlas desde hace un par de años, pero en ninguna de estas licitaciones y sustituciones se dice qué se hace con las lámparas usadas", agregó.
En todo este sistema de sustitución de lámparas que se ha dispuesto hay dos leyes nacionales que prohíben la importación y comercialización de las anteriores. En casi todas las provincias comenzaron a sustituir ese tipo de luminarias, pero el problema es que las lámparas antiguas contienen mercurio o tienen otros componentes derivados del mercurio. Se convierten entonces en un residuo tóxico
En la investigación, la ONG recopiló datos publicados por los municipios acerca del programa de sustitución de las luminarias. Empezaron a notar que eran miles y miles las bombitas que fueron cambiadas pero de las que aún no se sabe dónde están. Incluso, descubrieron que ninguno de los gobiernos locales informó en los pliegos de licitación qué debía hacerse con el material reemplazado, tal como lo marca la Ley Nacional 24.051 de Residuos Peligrosos y la Ley 27.356, mediante la cual Argentina suscribe el Convenio de Minamata, un acuerdo firmado por varios países en 2013 después de lo ocurrido en esa ciudad japonesa donde miles de personas murieron intoxicadas por mercurio. En el convenio, distintos estados se comprometieron a aplicar una serie de medidas para acabar con las emisiones de mercurio a la atmósfera y reducir paulatinamente los productos que contienen el metal.
"Esas lámparas usadas tienen que ser destruidas, mandadas a un sitio de disposición final como residuo tóxico. No solamente que tengan mercurio sino que tenga otros componentes que también ya se consideran tóxicos, como lámparas fluorescentes por ejemplo. Es grave porque se violan leyes nacionales y supranacionales", resaltó.
Ante la cantidad de lugares que decidieron cambiar la iluminación, Caparelli y su equipo se enfocaron primero en pedir información a un total de 32 municipios bonaerenses (los de mayor densidad poblacional) y a las capitales provinciales para saber qué pasó con las bombitas que fueron sacadas.
La Ley 25.831 de acceso a la información ambiental ampara la Asociación a solicitar todos los datos respecto a este tema y así lo hicieron. En estos días comenzaron a enviar cartas a cada uno de los gobiernos locales y en caso de no recibir respuesta en un máximo de 30 días, recurrirán a un tribunal Contencioso Administrativo y pedir que judicialmente se los obligue a responder. "Son datos que están en los registros públicos de los municipios. El derecho de información es constitucional y tengo el derecho a difundirla", remarcó.
Casi todos los municipios bonaerenses o las provincias empezaron a sustituirlas desde hace un par de años, pero en ninguna de estas licitaciones y sustituciones se dice qué se hace con las lámparas usadas
Por lo pronto se vienen comunicado vía mail con los municipios de Almirante Brown, Avellaneda, Berisso, Berazategui, Campana, Cañuelas, Escobar, Exaltación de la Cruz, Ezeiza, Florencio Varela, San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Plata, Lanús, Luján, Malvinas Argentinas, Mercedes, Merlo, Moreno, Morón, Pilar, Quilmes, San Miguel, Tres de febrero, Zárate, Bahía Blanca, Mar del Plata, Miramar, Dolores y Pinamar. En cada uno de estos lugares se llevaron a cabo planes de recambio de luminarias pero todos omitieron decir cómo fue la disposición final de los residuos. Hasta ahora no contestaron.
"Tenemos por ejemplo en Rosario un llamado a licitación en donde no se le da instrucciones al proveedor sobre qué hacer con las que sustituye. Incluso algunos municipios han hecho otra cosa que es mucho peor, que es una doble ilegalidad. Las sustituidas las instalan en lugares alejados para darle luminaria a lugares oscuros, peligrosos o que no han tenido luz. Esto duplica la ilegalidad", denunció. Este caso por ejemplo ocurrió en Morón, donde la propia municipalidad confesó en su página web que reutilizó las lámparas viejas, algo prohibido por ley.
"Hay una presunción muy grande de que lo que no se destruye desaparece del mundo ideal, pero no del mundo real porque engrosa basurales y lugares no aptos. En general hay una sobreprotección jurídica o legal y un desparpajo en violar la ley. Ya sea por ignorancia, dolo o por interés. Esto no es de una jurisdicción sola. En Mendoza, por ejemplo, dictaron una resolución de la Secretaría de Ambiente diciendo que esto es peligro y lo vamos a destruir y los municipios no la acatan. Es curioso. En Córdoba pasa algo similar. Todo los vamos a averiguar y van a tener que responder", advirtió el letrado.
Argentina suscribe el Convenio de Minamata, un acuerdo firmado por varios países en 2013 después de lo ocurrido en esa ciudad japonesa donde miles de personas murieron intoxicadas por mercurio. En el convenio, distintos estados se comprometieron a aplicar una serie de medidas para acabar con las emisiones de mercurio a la atmósfera y reducir paulatinamente los productos que contienen el metal
En ese sentido, Caparelli dijo que legalmente el Estado debe proveer la protección del ambiente a toda la población. Según la Constitución en su artículo 43 -aclara- cada ciudadano tiene el derecho de gozar de un ambiente sano y la autoridad tiene que garantizar la protección de ese derecho.
"La autoridad tiene un plus. Y a eso se le agrega la ley del Ambiente que dice que todos los que intervienen en un hecho contaminante, cuando no se ha podido determinar cuál ha sido la participación, son todos solidariamente responsables. En este caso, autoridad provincial, autoridad municipal y proveedor. Son solidariamente responsables del daño que pudieron haber causado al ambiente. ¿Dónde están esas lámparas? Tienen que haberse destruido ¿Por qué no se llevaron a destrucción final o por qué no lo informaron? Se jactaron de que las cambiaron, pero no dijeron cómo destruyeron las viejas", cuestionó.
Son miles y miles de luminarias cambiadas en todos los municipios y provincias. En Córdoba -precisa el presidente de la ONG- "se habla de 21.500. Un total del 1.000 cuadras con Led en Morón, Escobar con unos 7.000 puntos con nuevas lámparas, La Plata lleva 60 cuadras (14 mil nuevas luces que se suman a las 4000 que ya se instalaron), 50 mil luces en San Isidro, en Campana fueron 3.400 luminarias nuevas, 3500 en Lanús, como para citar algún ejemplo". En Rosario se reemplazaron unas 15.000, la misma cantidad en Hurlingham o 3.500 en Quilmes. Se anunciaron 800 nuevas en San Martín y Tres de Febrero tiene 3.100 nuevas, añadió.
Los efectos al salud
Según dijo a Infobae Eduardo Scarlato, jefe de Toxicología del Hospital de Clínicas, cada lamparita tiene entre 5 y 10 miligramos de mercurio.
"El mercurio es un metal que va seguir siendo usado. El tema central es cómo se dispone de ese mercurio y que esas lamparitas son muy frágiles. Cada una tiene en promedio de ocho miligramos de mercurio y cuando se rompen se libera ese vapor al medio ambiente o al hogar. Si sumamos que son millones de lámparas, son toneladas las de mercurio que han sido liberadas. Es un riesgo para el medioambiente", alertó el experto. El mercurio es un metal que no se crea ni se destruye. Está en la naturaleza, una vez que se libere puede entrar en distintos procesos con las consecuencias que eso puede acarrear" agregó.
Según el médico, hay dos tipos de riesgo con el mercurio: el denominado de "exposición aguda" que desarrolla un efecto perjudicial dentro de 24 horas y el de "la exposición crónica", que es cuando se expone a muy bajas concentraciones durante mucho tiempo.
"La bombita en sí no trae riesgo. El problema surge cuando esa lámpara se rompe y se libera. Se trata del único metal líquido a temperatura ambiente. Los efectos del mercurio se saben de antaño. Acá el problema es qué se hace con eso. No es que nos volvamos "químicofóbicos" porque cualquier sustancia de la naturaleza conlleva un peligro. Lo importante es saber con qué medidas de seguridad lo tratamos. Estas bombitas quemadas son desechos peligrosos. La responsabilidad del correcto tratamiento es de los gobiernos y su disposición final no entraña mayores costos, sólo gente idónea para hacerlo", resaltó Scarlato.
El mercurio es un metal que va seguir siendo usado. El tema central es cómo se dispone de ese mercurio y que esas lamparitas son muy frágiles. Cada una tiene en promedio de ocho miligramos de mercurio y cuando se rompen se libera ese vapor al medio ambiente o al hogar. Si sumamos que son millones de lámparas, son toneladas las de mercurio que han sido liberadas. Es un riesgo para el medioambiente
La triple violación a las leyes
Las licitaciones para cambiar las luminarias comenzaron aproximadamente en el año 2011 y para fin de 2019 ya deberían estar sustituidas todas las lámparas con mercurio, según la ley. En la ONG tienen la sospecha de que otros municipios del país incurrieron en la misma falta y esperan que hagan de ahora en más lo correcto pero que paguen civil y penalmente por lo que hicieron indebidamente. "Si ninguna licitación obliga, incurren en la violación. Tanto como el que licita como el que adjudica. Pero también el organismo provincial de control es responsable. Los tres son solidariamente responsables. No se puede simplemente almacenar eso, es peligroso. Puede haber peligro de ruptura", advirtió el titular de la entidad.
La Ley Nacional de Residuos Peligrosos tiene sanciones para aquel que altere el ambiente y lo contamine. En este caso, también habrían violado la ley provincial 14.321 sobre RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos), que dice que la enorme cantidad de residuos eléctricos y electrónicos deben ser reducidos.
"El foco de la cuestión es que se está violando la ley. La supranacional del Convenio, la Nacional de residuos públicos, la Ley general del Ambiente que también tiene vigencia en todo el país y en la provincia de Buenos Aires la ley especial sobre los RAEE", resaltó el experto.
Finalmente, el abogado recordó que no es necesario esperar a que alguien se enferme para tomar medidas. Según explicó, "el principio precautorio dice que aún en ausencia absoluta de certeza de lo que puede ocurrir hay que tomar medidas" pero "sabiendo que el mercurio es tóxico de por sí, no se puede dejar de tomar alguna".
"No importa que no sepan, pero en este caso se sabe. En Minomata sí sabían lo que iba a pasar. ¿Qué tenemos que pensar? Que hay un costo que han querido evitarse en detrimento de la salud pública. Porque el convenio de salud pública dice que deben eliminarse todos aquellos aparatos que contengan mercurio o un componente. El destino de eso es un misterio. Se va a averiguar. Estamos mandando mails pero lo vamos a hacer", sentenció.
.
Turismo en reservas y la fauna
El avance del turismo sobre las reservas
Fecha de Publicación: 31/01/2019
Fuente: El Diario de Madryn
Provincia/Región: Río Negro
A 60 kilómetros de la ciudad rionegrina de Viedma está “La Lobería” un escenario de restingas y una serie de diques de contornos irregulares que en bajamar propician el florecer de piletones naturales. Está rodeada por altos acantilados, lo que la coloca en una posición estratégica frente a otras playas, ya que casi está afectada por viento. Además, tiene aguas cálidas, producto de la acción de la corriente marina del Brasil que toca las costas hasta la altura del Golfo San Matías. Pero a la vez, es el primer apostadero de lobos marinos de un pelo de la Patagonia y uno de los más importantes del mundo.
Lobos y hombres
O sea, desde hace años la zona se debate entre un paraíso turístico desconocido por la gran mayoría, y la reserva natural de lobos marinos. Este debate se hizo carne hace unos días cuando pareció entre las sombrillas un ejemplar adulto de lobo marino, generando la curiosidad entre los turistas.
Curiosidad que derivó en molestia en los vecinos y lugareños, quienes aseguran que se trata de una zona en la que no debería haber personas. Según publicó el Diario Río Negro, las personas que captaron el momento con sus celulares, el mamífero se paseó entre las reposeras, inspeccionó su territorio y luego se marchó.
Desde la página de Facebook del balneario pidieron a la comunidad no molestarlos, ni acercarse o darles de comer para evitar perturbar su hábitat.
En las redes, los usuarios se lamentaron por la situación y sentenciaron: “en una época no podías bajar al hábitat de los lobos. Era hermoso verlos dormir sin que nadie los molestara. En qué momento se cambió esa disposición. Hemos visto cómo quedan las playas llenas de bolsas y pañales cuando se van las familias”.
Recomendaciones
La aparición de fauna silvestre en las costas patagónicas es algo mucho más común que lo que cree la mayoría de los turistas, y ante este tipo de situaciones, desde la Dirección de Fauna y Flora Silvestre y la Red de Fauna Costera solicitan que no toquen ni se acerquen a estos animales, ya que pueden sentirse agredidos y defenderse causando daño a las personas.
Frente a apariciones de fauna marina costera, las recomendaciones a seguir son no interrumpir su salida al mar, no dejar que se acerquen los animales domésticos, no mojarlos ni forzarlos a volver al mar, no arriesgarse a mover el animal, solamente dejarlo reposar en su sitio, sin perturbaciones y ante cualquier duda llamar al teléfono 103 para comunicarse con la Red de Fauna Costera.
.
Fecha de Publicación: 31/01/2019
Fuente: El Diario de Madryn
Provincia/Región: Río Negro
A 60 kilómetros de la ciudad rionegrina de Viedma está “La Lobería” un escenario de restingas y una serie de diques de contornos irregulares que en bajamar propician el florecer de piletones naturales. Está rodeada por altos acantilados, lo que la coloca en una posición estratégica frente a otras playas, ya que casi está afectada por viento. Además, tiene aguas cálidas, producto de la acción de la corriente marina del Brasil que toca las costas hasta la altura del Golfo San Matías. Pero a la vez, es el primer apostadero de lobos marinos de un pelo de la Patagonia y uno de los más importantes del mundo.
Lobos y hombres
O sea, desde hace años la zona se debate entre un paraíso turístico desconocido por la gran mayoría, y la reserva natural de lobos marinos. Este debate se hizo carne hace unos días cuando pareció entre las sombrillas un ejemplar adulto de lobo marino, generando la curiosidad entre los turistas.
Curiosidad que derivó en molestia en los vecinos y lugareños, quienes aseguran que se trata de una zona en la que no debería haber personas. Según publicó el Diario Río Negro, las personas que captaron el momento con sus celulares, el mamífero se paseó entre las reposeras, inspeccionó su territorio y luego se marchó.
Desde la página de Facebook del balneario pidieron a la comunidad no molestarlos, ni acercarse o darles de comer para evitar perturbar su hábitat.
En las redes, los usuarios se lamentaron por la situación y sentenciaron: “en una época no podías bajar al hábitat de los lobos. Era hermoso verlos dormir sin que nadie los molestara. En qué momento se cambió esa disposición. Hemos visto cómo quedan las playas llenas de bolsas y pañales cuando se van las familias”.
Recomendaciones
La aparición de fauna silvestre en las costas patagónicas es algo mucho más común que lo que cree la mayoría de los turistas, y ante este tipo de situaciones, desde la Dirección de Fauna y Flora Silvestre y la Red de Fauna Costera solicitan que no toquen ni se acerquen a estos animales, ya que pueden sentirse agredidos y defenderse causando daño a las personas.
Frente a apariciones de fauna marina costera, las recomendaciones a seguir son no interrumpir su salida al mar, no dejar que se acerquen los animales domésticos, no mojarlos ni forzarlos a volver al mar, no arriesgarse a mover el animal, solamente dejarlo reposar en su sitio, sin perturbaciones y ante cualquier duda llamar al teléfono 103 para comunicarse con la Red de Fauna Costera.
.
Duras multas en Misiones por atropellar animales
Aplicarán duras multas por atropellar animales en áreas protegidas: hasta $ 500 mil
Fecha de Publicación: 31/01/2019
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Misiones
Los conductores de vehículos que dañen la fauna nativa de Misiones cuando transiten por zonas protegidas de la provincia tendrán que pagar costosas multas de hasta 500 mil pesos, según informaron este jueves desde el ministerio local de Ecología y Recursos Naturales Renovables.
La iniciativa surgió ante la cantidad de animales silvestres atropellados y abandonados en las rutas dentro de las áreas naturales protegidas de la provincia.
El hecho más reciente fue la semana pasada cuando un colectivo de media distancia atropelló y mató a una ejemplar de ocelote cuando atravesaba la ruta nacional 12 junto a su cría en pleno Parque Nacional Iguazú.
Atropellar a un yaguareté tendrá la multa más costosa, 500 mil pesos, según establece la resolución, que además estipula la creación de un Registro de Conductores Infractores a la Fauna Nativa.
El Boletín Oficial del jueves dictamina la entrada en vigencia de esta lista de infractores la cual, según lo establece la Ley de Áreas Naturales Protegidas XVI N° 29, prohibirá el ingreso a los Parques
Provinciales a quienes figuren en el mismo y serán "escrachados"
.
Fecha de Publicación: 31/01/2019
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Misiones
Los conductores de vehículos que dañen la fauna nativa de Misiones cuando transiten por zonas protegidas de la provincia tendrán que pagar costosas multas de hasta 500 mil pesos, según informaron este jueves desde el ministerio local de Ecología y Recursos Naturales Renovables.
La iniciativa surgió ante la cantidad de animales silvestres atropellados y abandonados en las rutas dentro de las áreas naturales protegidas de la provincia.
El hecho más reciente fue la semana pasada cuando un colectivo de media distancia atropelló y mató a una ejemplar de ocelote cuando atravesaba la ruta nacional 12 junto a su cría en pleno Parque Nacional Iguazú.
Atropellar a un yaguareté tendrá la multa más costosa, 500 mil pesos, según establece la resolución, que además estipula la creación de un Registro de Conductores Infractores a la Fauna Nativa.
El Boletín Oficial del jueves dictamina la entrada en vigencia de esta lista de infractores la cual, según lo establece la Ley de Áreas Naturales Protegidas XVI N° 29, prohibirá el ingreso a los Parques
Provinciales a quienes figuren en el mismo y serán "escrachados"
.
Inundaciones: el problema es de raíz
Inundación sin raíces
Fecha de Publicación: 30/01/2019
Fuente: Pagina 12
Provincia/Región: Litoral
Investigaciones sobre la región del Chaco Seco determinaron que la deforestación impide que los árboles absorban agua. El resultado es el aumento de flujos de agua en napas y superficie.
Inundación, muertes, pérdidas millonarias, pedido de obras, imágenes de animales y cultivos bajo el agua, lamentos y el empresariado del agronegocio que reclama subsidios. Culpan a “lluvias extraordinarias” e invisibilizan la acción del hombre: en la región del Chaco argentino se desmontaron desde 1976 casi nueve millones de hectáreas, equivalente a 440 veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires. El 61 por ciento se dio a partir de fines de la década del noventa, cuando comenzó a avanzar el modelo transgénico. El Gobierno recortó el 95 por ciento del presupuesto de protección de bosques y el presidente Macri propuso “acostumbrarse” a las inundaciones.
Misiones, Corrientes y Entre Ríos sufrieron inundaciones en 2015. Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires en 2016. La Pampa, Córdoba, Tucumán, Formosa y Salta en 2017. En 2018, otra vez Salta y Buenos Aires. Argentina sufre cada vez más inundaciones y desde el sector empresario y político se responsabiliza al clima y a la falta de obras hidráulicas. “Sembramos soja hasta en las macetas y eso nos está afectando”, sinceró en 2017 el intendente de Salto, Ricardo Alessandro, cuando su partido quedó bajo el agua.
La Red Agroforestal Chaco Argentino (Redaf) sistematizó datos estadísticos desde 1976 sobre la región del Chaco Seco (zonas de Salta, Formosa, Santiago del Estero, Chaco, Córdoba, Santa Fe, Catamarca, Tucumán, San Luis, San Juan, Jujuy y La Rioja). En base a imágenes satelitales junto al INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) y al Laboratorio de Análisis Regional y Teledetección (LART) de la Facultad de Agronomía de la UBA determinó que desde 1976 hasta 2018 se desmontaron 8,9 millones de hectáreas. Desde la sanción de la Ley de Bosques (2007) se arrasaron 2,4 millones de hectáreas de esa región.
“A partir de la década de los 90 se produjo un acelerado proceso de deforestación, concentrado especialmente en la región chaqueña. Entre los años 1996 y 2006 se deforestaron casi tres millones de hectáreas en el Chaco Seco, principalmente con destino a la expansión de los cultivos de exportación, en especial la soja”, explicó la Redaf en su informe “A 10 años de la Ley de Bosques”.
La inundación de las últimas semanas afectó con más dureza a Chaco, Corrientes, Santiago del Estero y Santa Fe. Desde 1976 hasta 2017 se arrasaron 1.420.938 hectáreas en Chaco, 3.221.388 en Santiago del Estero y 142.233 en Santa Fe, detalla el informe de la Redaf. En 2017, el entonces subdirector de Recursos Naturales de Santa Fe, Carlos Chiarulli, reconoció que la provincia perdió el 82 por ciento de sus bosques en sólo ochenta años (le quedan 1,2 millón de hectáreas). El principal motivo fue el avance de la frontera agropecuaria.
Emilio Spataro, de la organización Amigos de la Tierra Argentina (ATA), denunció que Corrientes perdió el 75 por ciento (2,3 millones de hectáreas) de su superficie forestal original. “En los 15 años que van de la década del 90 a la primer década del este siglo se destruyó el 25 por ciento del total”, precisó.
El Centro Nelson Mandela es un espacio de referencia en el estudio del desmonte en Chaco. Rolando Nuñez, su coordinador, no tiene dudas: “Hemos perdido el balance ambiental producto del avance de las actividades del hombre, fundamentalmente el avance de la frontera agropecuaria transgénica y de la ganadería”, afirmó Nuñez.
El informe “Desmontes S.A. La responsabilidad empresaria y gubernamental en la violación de la Ley de Bosques” (de Greenpeace) denuncia que Chaco es la provincia donde más bosques se destruyeron durante los últimos tres años (103.908 hectáreas). La organización alertó que el gobierno provincial pretende desmontar tres millones de hectáreas del Impenetrable chaqueño.
“El árbol es una bomba extractora de agua”, explicó Ernesto Viglizzo, del INTA La Pampa. Con más de treinta años de trabajo en la institución, remarcó las consecuencias de eliminar el monte. Su testimonio aparece el documental-científico encabezado por el investigador Esteban Jobbágy (“Río nuevo”), que revela la aparición de nuevos cursos de agua en San Luis. El documental confirma el vínculo entre el ascenso de napas, los excesos hídricos y el modelo agropecuario. Detallaron que las pasturas transpiran (“evaporan”) 1075 milímetros al año, mientras que cultivos como soja y maíz sólo transpiran 680 milímetros. La diferencia de agua permanece en la tierra, eleva la napa y facilita la inundación.
.
Etiquetas:
desastres naturales,
Desmontes,
ecosistemas,
excesos hídricos,
informes,
Litoral Argentino
|
0
comentarios
La FAUBA propone microalgas para limpiar el Riachuelo
Un equipo de Agronomía, detrás del sueño de limpiar el Riachuelo usando microalgas
Fecha de Publicación: 30/01/2019
Fuente: Bichos de Campo
Provincia/Región: Riachuelo
Que la Cuenca Matanza-Riachuelo es una de las más contaminadas del país, no caben dudas. Un basural a cielo abierto, cuyo saneamiento fue prometido por cuanto Gobierno hubo en las últimas décadas. La tarea de sanearlo está a cargo de la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), creada por ley, que hace 10 años puso en marcha el llamado Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA).
Un equipo de investigadores de la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA) se sumó a la titánica tarea de limpiar el Riachuelo. Asegura que probó con éxito una técnica novedosa, denominada “biosorción”, para sanear efluentes industriales contaminados con metales pesados en la Cuenca.
“La investigación pasa por utilizar biomasa de microalgas para remover materiales pesados. Mezclamos esa biomasa, la cual tiene capacidad de retener los metales presentes en un efluente. Un caso es el del Zinc, generado por la industria de la galvanoplastia y que conlleva graves problemas para la salud humana”, comentó a Bichos de Campo, Agustín Rearte, docente e investigador de la cátedra de química inorgánica y analítica de la FAUBA.
El proyecto “AlgAr”, que busca la promoción de esta tecnología de microalgas para tratar efluentes, está liderado por alumnos y docentes de esa facultad, y cuenta además con el apoyo de IncUBAgro.
“Poner en funcionamiento una planta de tratamiento de microalgas para una empresa oscila desde los 500.000 pesos hasta el millón de pesos, intentando reducir al máximo los costos de inversión y de implementación. Y luego queda el costo operativo de la planta. Lo bueno es que cuanto más aumenta el volumen de tratamiento, mayor es la diferencia de reducción de costos. Por ende hay un beneficio económico para las empresas”, remarcó el investigador.
Rearte contó que “ya estamos tratando con municipios como el de Mercedes y con frigoríficos, pero aún no hay nada concreto. Estamos esperando a quien quiera invertir (en esta tecnología), el cuello de botella”, describió.
“Lo interesante es que esa biomasa la generamos a partir de otros tratamientos biológicos para remover materia orgánica de efluentes y con esos tratamientos generamos la biomasa de microalgas, la misma que utilizamos en nuestros experimentos para tratar efluentes con metales pesados. La idea era tratar 2 efluentes con diferentes tecnologías y evaluar su eficiencia. Hoy estamos tratando de llevar esas tecnologías a la industria”, agregó el investigador.
Rearte aseguró que también trabajan observando la acción de las microalgas en otros metales tales como Cromo, que se utiliza mucho en curtiembres, y Plomo, otro elemento contaminante presente en la Cuenca.
¿Entonces será posible poder sanear o reducir la contaminación en la Cuenca Matanza-Riachuelo? Hay dos medidas, según Rearte, que deberían tomarse: “Una es la precautoria, y es que las industrias tomen conciencia ambiental y no viertan efluentes contaminados. Esa es la primera base. Y por otro lado están las estrategias de saneamiento in situ, en el Riachuelo, estudiando cómo mantener los márgenes vegetados, reducir la velocidad y erosión del río para que no haya sedimentos, etcétera. Lo que nos falta son industrias interesadas en aplicar los criterios de asesoramiento y en invertir”, aclaró.
.
Fecha de Publicación: 30/01/2019
Fuente: Bichos de Campo
Provincia/Región: Riachuelo
Que la Cuenca Matanza-Riachuelo es una de las más contaminadas del país, no caben dudas. Un basural a cielo abierto, cuyo saneamiento fue prometido por cuanto Gobierno hubo en las últimas décadas. La tarea de sanearlo está a cargo de la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), creada por ley, que hace 10 años puso en marcha el llamado Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA).
Un equipo de investigadores de la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA) se sumó a la titánica tarea de limpiar el Riachuelo. Asegura que probó con éxito una técnica novedosa, denominada “biosorción”, para sanear efluentes industriales contaminados con metales pesados en la Cuenca.
“La investigación pasa por utilizar biomasa de microalgas para remover materiales pesados. Mezclamos esa biomasa, la cual tiene capacidad de retener los metales presentes en un efluente. Un caso es el del Zinc, generado por la industria de la galvanoplastia y que conlleva graves problemas para la salud humana”, comentó a Bichos de Campo, Agustín Rearte, docente e investigador de la cátedra de química inorgánica y analítica de la FAUBA.
El proyecto “AlgAr”, que busca la promoción de esta tecnología de microalgas para tratar efluentes, está liderado por alumnos y docentes de esa facultad, y cuenta además con el apoyo de IncUBAgro.
“Poner en funcionamiento una planta de tratamiento de microalgas para una empresa oscila desde los 500.000 pesos hasta el millón de pesos, intentando reducir al máximo los costos de inversión y de implementación. Y luego queda el costo operativo de la planta. Lo bueno es que cuanto más aumenta el volumen de tratamiento, mayor es la diferencia de reducción de costos. Por ende hay un beneficio económico para las empresas”, remarcó el investigador.
Rearte contó que “ya estamos tratando con municipios como el de Mercedes y con frigoríficos, pero aún no hay nada concreto. Estamos esperando a quien quiera invertir (en esta tecnología), el cuello de botella”, describió.
“Lo interesante es que esa biomasa la generamos a partir de otros tratamientos biológicos para remover materia orgánica de efluentes y con esos tratamientos generamos la biomasa de microalgas, la misma que utilizamos en nuestros experimentos para tratar efluentes con metales pesados. La idea era tratar 2 efluentes con diferentes tecnologías y evaluar su eficiencia. Hoy estamos tratando de llevar esas tecnologías a la industria”, agregó el investigador.
Rearte aseguró que también trabajan observando la acción de las microalgas en otros metales tales como Cromo, que se utiliza mucho en curtiembres, y Plomo, otro elemento contaminante presente en la Cuenca.
¿Entonces será posible poder sanear o reducir la contaminación en la Cuenca Matanza-Riachuelo? Hay dos medidas, según Rearte, que deberían tomarse: “Una es la precautoria, y es que las industrias tomen conciencia ambiental y no viertan efluentes contaminados. Esa es la primera base. Y por otro lado están las estrategias de saneamiento in situ, en el Riachuelo, estudiando cómo mantener los márgenes vegetados, reducir la velocidad y erosión del río para que no haya sedimentos, etcétera. Lo que nos falta son industrias interesadas en aplicar los criterios de asesoramiento y en invertir”, aclaró.
.
Córdoba: tres años que se incumple con la ley de bosques
La ley de bosques tampoco será tratada este año
Fecha de Publicación: 30/01/2019
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Desde hace tres años que la provincia de Córdoba incumple con la ley nacional de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de Bosques Nativos (26.331), a raíz de la falta de actualización del mapa ambiental que de manera obligatoria debió realizar hace cinco años.
El primer ordenamiento territorial aprobado por la Legislatura provincial data de agosto de 2010. A los cinco años debió actualizar el mapa ambiental. Es decir que desde mediados de 2015, Córdoba está al margen de la norma.
Pasaron tres años sin la renovación del mapa de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), y en un año marcado por el pulso electoral, más la fuerte polémica que se activa con el debate de este tema, se descuenta que la iniciativa se tomará otro año sabático.
A menos de cuatro meses de las elecciones provinciales, la actualización del OTBN, durante el primer semestre del año, seguirá en punto muerto. Tampoco hay expectativas de que se promueva su debate, en una segunda etapa del año, marcada por los comicios nacionales.
Lo cierto es que Córdoba tiene en la columna del haber la sanción de una normativa remozada con su correspondiente mapa ambiental de zonas rojas, amarillas y verdes, las cuales marcan el nivel de intervención o restricción del uso del monte.
La fuerte polémica que se genera en torno a ley de bosques por las posiciones antagónicas de ambientalistas y ruralistas, encima, en un año dominado por el amplio cronograma electoral, desalienta cualquier chance de habilitar un escenario de debate en el recinto legislativo.
“No hay nada al respecto”, respondió ante la consulta de La Voz el presidente provisorio, a cargo de la Legislatura, Oscar González.
Además, la espada legislativa del oficialismo afirmó: “No hemos discutido la agenda parlamentaria de este año. Esperaremos el discurso de apertura de sesiones del gobernador”, que será el 1° de febrero.
En el oficialismo evitan decir públicamente que el debate en torno a la ley de bosques volverá a quedar pendiente durante 2019, aunque en privado hay múltiples voces que admiten que “no es el momento ya que estamos a las puertas de las elecciones”.
En la vereda de enfrente, la oposición renovó sus críticas contra el accionar del oficialismo y a la política ambiental del Gobierno provincial.
El titular de la bancada radical, Orlando Arduh, afirmó que “la UCR siempre tuvo voluntad de discusión y de consensuar sobre esta ley, pero lamentablemente sabemos los tiempos legislativos que maneja UPC y los intereses que están en juego sobre todo en un año electoral”.
El parlamentario le pidió al oficialismo “dejar de buscar culpables y hacerse cargo”. Así le atribuyó a la Provincia estar “en falta” desde 2015 con la Nación, en referencia a la ley nacional 26.331.
Al reclamar un “debate serio” con la participación de todos los actores, la legisladora Liliana Montero expresó que “si bien es preocupante que no se actualicen los mapas, más preocupante es que no se busquen las herramientas de participación transparente que permitan la construcción en beneficio del desarrollo sustentable y el cuidado de nuestro bosque”.
La opositora demandó “respetar la ley nacional vigente” de presupuestos mínimos que rige en todo el país. “De allí hay que partir”, acentuó.
El parlamentario del Frente de Izquierda Ezequiel Peressini renovó su rechazo “a cualquier proyecto del Gobierno”, ya que resaltó que los cambios a ley de bosques “se deben hacer con una nueva Comisión de Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo (COTBN) y con un proceso democrático”.
Desde el bloque Córdoba Podemos, Carmen Nebreda sostuvo que “Córdoba no tiene más tiempo de no discutir el tema de ambiente”. Argumentó que “es una de las provincias que más ha devastado el medio ambiente”.
Nebreda también fue muy crítica con el accionar de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia. Manifestó que “los informes que está dando los hace con los conceptos de un proyecto de ley que fue rechazado”, en alusión a la iniciativa presentada en 2016 y que no avanzó en la Unicameral por el rechazo del colectivo ambientalista.
Ante los cuestionamientos, González resaltó que “la oposición está para criticar”, pero también devolvió la pelota al terreno opositor, al advertir que “si no hay consenso en los bloques, no vamos a avanzar sobre este tema”.
Este medio gestionó ante el área de prensa conocer la posición de la Secretaría de Ambiente de la Provincia. La respuesta fue que no habrá declaraciones ya que el tema se encuentra en el ámbito legislativo.
Por su parte, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, no quiso entrar en polémica por la falta de actualización de la ley de bosques de Córdoba.
En cambio, sí se refirió al Segundo Inventario Nacional de Bosques Nativos (INBN2) a través del cual se obtendrá información actualizada del patrimonio de bosques nativos en el país, con un avance del 48 por ciento.
El último intento
La búsqueda de aprobar un nuevo esquema regulatorio para el bosque nativo en Córdoba se dio en el marco de la presentación del proyecto de ley 20.811 impulsado por un grupo de 12 legisladores (10 oficialistas y dos radicales), allá por diciembre de 2016. Ese intento fracasó.
En los primeros meses de 2017, se activó el tratamiento de dicha iniciativa que en sus fundamentos daba cuenta de que estaba “vencido el mapa de OTBN”. Asimismo, se justificaba la aplicación de nuevas tecnologías para la actualización del ordenamiento territorial, dando paso así a una “normativa más moderna”.
La dura resistencia del colectivo de organizaciones ambientalistas hizo naufragar el debate acerca de una nueva norma para regular la conservación, el manejo sostenible y el aprovechamiento con cambio de uso de suelo de los bosques existentes en la provincia.
Los ambientalistas afirmaron que el proyecto oficialista “agravaría” la situación ambiental de la provincia. También hubo reparos de las universidades nacionales con sede en Córdoba.
Se intentó remar contra la corriente, ya que había consenso de Unión por Córdoba y la Unión Cívica Radical, pero el rechazo ambientalista, sumado a las elecciones legislativas de 2017, imposibilitaron que la iniciativa avanzara en su debate en el recinto. A fines de ese año, el proyecto perdió estado parlamentario.
Durante el año pasado, el tema no estuvo en agenda en ningún momento. Ni el oficialismo, ni el sector del radicalismo “procampo” promovió la discusión. Mucho menos lo harán este 2019, cuya atención estará puesta en las elecciones provinciales y nacionales.
La Nación avanza con el inventario de bosques nativos en el país
La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación lleva adelante en el país el Segundo Inventario Nacional de Bosques Nativos (INBN2), con un grado de avance del 48 por ciento.
“Es una deuda que el país tenía pendiente desde hacía 11 años, ya que desde 2007, cuando se sancionó la ley de presupuestos mínimos (26.331), nunca se había realizado. El último relevamiento a escala nacional se inició en 1998 y finalizó en 2005, y la ley de bosques nativos establece que el inventario debe actualizarse cada cinco años como máximo”, afirmó su titular, Sergio Bergman.
Con este plan ya puesto en marcha se instalarán y se medirán 4.200 “parcelas remedibles” en todo el territorio nacional. En Córdoba, serán 116 de las 370 que se colocarán en las tres provincias de la Región Centro.
Esta herramienta, considerada “estratégica” para planificar políticas de conservación y de manejo sustentable de los bosques, busca promover la información actualizada del patrimonio de bosques nativos del país.
Desde el organismo de Ambiente de Nación, se indicó que en territorio cordobés se relevarán bosques de las regiones de parque chaqueño y espinal.
El Director Nacional de Bosque, Juan Pedro Cano, declaró a La Voz que el inventario en Córdoba “se va a realizar durante los próximos seis meses”. Es el plazo máximo que establece el contrato firmado por la Nación con las adjudicatarias.
Cabe mencionar que, a principios de enero, la secretaría a cargo de Bergman firmó la adjudicación de la licitación pública nacional N°2/2108 para la contratación del servicio de instalación de un total de 627 “parcelas remedibles” en cinco provincias: Misiones, Corrientes, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos.
El relevamiento del patrimonio forestal nativo se hace a través de un sistema de monitoreo de la cobertura forestal. Esto implica la instalación de una red de parcelas que permiten el muestreo permanente, con el objetivo de verificar los cambios que ocurren en los bosques.
.
Arrancaron los sismos derivados de Vaca Muerta
Vecinos podrían bloquear Vaca Muerta: sufrieron 20 sismos en 24 horas
Fecha de Publicación: 29/01/2019
Fuente: El Chubutense
Provincia/Región: Neuquén
“Se nos están partiendo las paredes de las viviendas, y las más precarias se están por caer”, manifestaron los vecinos, quienes amenazan con realizar un bloqueo para los vehículos de la actividad petrolera.
Vecinos del paraje Sauzal Bonito, ubicado a dos kilómetros del área Fortín de Piedra de Vaca Muerta, en la cuenca neuquina, se vieron afectados desde ayer miércoles y hasta la madrugada de este jueves por más de 20 sismos de distinta intensidad que provocaron daños en las viviendas y anticiparon que si las autoridades provinciales no atienden la problemática de la zona, podrían realizar un bloqueo para los vehículos que ingresan al área de operaciones.
En diálogo con Télam, un vecino del poblado rural, Carlos Pérez, explicó que “esto empezó hace unos meses, antes no había sismos, creemos que el causal son los trabajos no convencionales de las petroleras, la fractura hidráulica”.
“Sentimos más de 20 movimientos durante el miércoles, y este jueves a la mañana volvió a temblar”, relató Pérez y agregó que “se está enfermando la gente, los chicos tienen mucho miedo”.
“Ya le dijimos a Provincia que se nos están partiendo las paredes de las viviendas, y las más precarias se están por caer”, manifestó el vecino.
Este jueves mediodía se reunieron las 100 familias que residen en el paraje y resolvieron movilizarse a la ruta provincial 17 para llevar a cabo “un preaviso y hablar con la gente de las empresas” y, en el caso de no tener respuestas, mañana viernes realizarán un bloqueo para los vehículos de la actividad petrolera.
Vaca Muerta? es una formación geológica de Shale situado en la cuenca Neuquina? en las provincias de Neuquén, Río Negro, La Pampa y Mendoza.
Según el informe “Sismicidad en Sauzal Bonito, Cuenca Neuquina” elaborado por Joaquín Vásquez Marín, director de Sismología de Chile y miembro del Departamento de Analistas de la organización homónima, la zona del poblado forma parte de la estructura de la Dorsal de Huincul, un sistema de fallas geológicas, que podría ser responsable de los fenómenos sísmicos registrados en los últimos tiempos en esa región. Pero agrega que no obstante, los constantes movimientos telúricos también podrían estar relacionados con el fracking o estimulación hidráulica, método de extracción utilizado por las explotaciones no convencionales de hidrocarburos”. El documento fue dado a conocer el pasado 4 de enero.
.
El Impenetrable cae por empresas que no son del Chaco
Desmontes en El Impenetrable: la mayoría de empresas beneficiadas no son del Chaco
Fecha de Publicación: 29/01/2019
Fuente: Chaco Dia por Dia
Provincia/Región: Chaco
De las 67 autorizaciones de desmonte por más de 50 mil hectáreas en zona prohibida otorgadas en el Chaco, la gran mayoría de empresas beneficiadas se encuentran radicadas en la Ciudad de Buenos Aires y las provincias de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires
¿Qué tienen en común Cuenca del Salado SA, Quenia SA, MSU SA, Cofaco SA, Orlando Luis Vicentín, Alejandro Carlos Duhau, Agroganadera La Familia SA, Triad SA, Agroconsulting SA, Ag Postis SA? Son empresas que están radicadas fuera de la provincia del Chaco y forman el selecto lote de las autorizadas a “recategorizar” más de 50 mil hectáreas que se encontraban en zona Amarilla (de acuerdo al mapa de Organización Territorial de Bosques Nativos (OTBN) de la ley nacional de Bosques Nativos –Nº 26.331-) y en las que encuentra prohibido deforestar o desarrollar algún tipo de actividad agrícola, especialmente la agricultura transgénica, intensiva e industrial.
De acuerdo a la información difundida por la organización ambientalista Greenpace, puntualmente son 67 las autorizaciones de “recategorización predial” otorgada en los últimos años por la Subsecretaría de Recursos Naturales del Chaco para favorecer el avance de la frontera agropecuaria en zonas prohibidas por la ley. Vale recordar que, días atrás, la misma Subsecretaría informó que durante 2018 se habían suspendido las autorizaciones para recategorización predial que es un eufemismo para explotar zonas prohibidas por la ley nacional de Bosques.
Para citar el caso más notable por la cantidad de hectáreas involucradas, la Subsecretaría de Recursos Naturales del Chaco autorizó a la empresa Cuenca del Salado SA, con domicilio en la localidad bonaerense de Villa Moquehua, a recategorizar en el Departamento Almirante Brown más de 12 mil hectáreas de bosques en Zona Amarilla para la siembra de soja, una de sus principales actividades.
En estos 67 casos en particular, hablamos de autorizaciones que fueron firmadas por el organismo público que tiene como función hacer cumplir las leyes, es decir, que gozan la presunción de legitimidad. Ni siquiera mencionamos aquellos desmontes que también se concretan pero sin autorización y que la Subsecretaría de Recursos Naturales suele reconocer aunque alega no contar con las herramientas necesarias para fiscalizar en todo el territorio provincial.
Según Greenpeace, debido a la cantidad de predios y la superficie forestal afectada, nos encontramos con un cambio importante del OTBN original sin haber cumplido los requerimientos establecidos por la Ley Nacional de Bosques y su decreto reglamentario, ni con una resolución del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA).
Penalizar a los desmontadores y a sus cómplices
En 2016, un grupo de legisladores nacionales junto a Greenpeace presentaron un proyecto de ley para incorporar en el Código Penal la pena de 2 a 10 años de cárcel para quiénes violaran la ley de Bosques Nativos, aunque es claro el lobby del sector que hasta hoy ha impedido el debate. De aprobarse, otorgaría herramientas a la justicia para investigar los delitos ambientales, teniendo en cuenta que, actualmente, las sanciones se reducen a multas económicas y, en muchas ocasiones, ni siquiera se llega a tales instancias debido a la connivencia existente entre las autoridades provinciales y el sector empresario. En ese sentido, el proyecto de ley también prevé sanciones para los funcionarios públicos que otorguen autorizaciones de “desmonte, incendio, cambio de uso de suelo o la destrucción de bosques nativos cuando no podía hacerlo por estar prohibida dicha autorización por leyes o reglamentos vigentes a la fecha de la comisión del delito”.
.
Fecha de Publicación: 29/01/2019
Fuente: Chaco Dia por Dia
Provincia/Región: Chaco
De las 67 autorizaciones de desmonte por más de 50 mil hectáreas en zona prohibida otorgadas en el Chaco, la gran mayoría de empresas beneficiadas se encuentran radicadas en la Ciudad de Buenos Aires y las provincias de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires
¿Qué tienen en común Cuenca del Salado SA, Quenia SA, MSU SA, Cofaco SA, Orlando Luis Vicentín, Alejandro Carlos Duhau, Agroganadera La Familia SA, Triad SA, Agroconsulting SA, Ag Postis SA? Son empresas que están radicadas fuera de la provincia del Chaco y forman el selecto lote de las autorizadas a “recategorizar” más de 50 mil hectáreas que se encontraban en zona Amarilla (de acuerdo al mapa de Organización Territorial de Bosques Nativos (OTBN) de la ley nacional de Bosques Nativos –Nº 26.331-) y en las que encuentra prohibido deforestar o desarrollar algún tipo de actividad agrícola, especialmente la agricultura transgénica, intensiva e industrial.
De acuerdo a la información difundida por la organización ambientalista Greenpace, puntualmente son 67 las autorizaciones de “recategorización predial” otorgada en los últimos años por la Subsecretaría de Recursos Naturales del Chaco para favorecer el avance de la frontera agropecuaria en zonas prohibidas por la ley. Vale recordar que, días atrás, la misma Subsecretaría informó que durante 2018 se habían suspendido las autorizaciones para recategorización predial que es un eufemismo para explotar zonas prohibidas por la ley nacional de Bosques.
Para citar el caso más notable por la cantidad de hectáreas involucradas, la Subsecretaría de Recursos Naturales del Chaco autorizó a la empresa Cuenca del Salado SA, con domicilio en la localidad bonaerense de Villa Moquehua, a recategorizar en el Departamento Almirante Brown más de 12 mil hectáreas de bosques en Zona Amarilla para la siembra de soja, una de sus principales actividades.
En estos 67 casos en particular, hablamos de autorizaciones que fueron firmadas por el organismo público que tiene como función hacer cumplir las leyes, es decir, que gozan la presunción de legitimidad. Ni siquiera mencionamos aquellos desmontes que también se concretan pero sin autorización y que la Subsecretaría de Recursos Naturales suele reconocer aunque alega no contar con las herramientas necesarias para fiscalizar en todo el territorio provincial.
Según Greenpeace, debido a la cantidad de predios y la superficie forestal afectada, nos encontramos con un cambio importante del OTBN original sin haber cumplido los requerimientos establecidos por la Ley Nacional de Bosques y su decreto reglamentario, ni con una resolución del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA).
Penalizar a los desmontadores y a sus cómplices
En 2016, un grupo de legisladores nacionales junto a Greenpeace presentaron un proyecto de ley para incorporar en el Código Penal la pena de 2 a 10 años de cárcel para quiénes violaran la ley de Bosques Nativos, aunque es claro el lobby del sector que hasta hoy ha impedido el debate. De aprobarse, otorgaría herramientas a la justicia para investigar los delitos ambientales, teniendo en cuenta que, actualmente, las sanciones se reducen a multas económicas y, en muchas ocasiones, ni siquiera se llega a tales instancias debido a la connivencia existente entre las autoridades provinciales y el sector empresario. En ese sentido, el proyecto de ley también prevé sanciones para los funcionarios públicos que otorguen autorizaciones de “desmonte, incendio, cambio de uso de suelo o la destrucción de bosques nativos cuando no podía hacerlo por estar prohibida dicha autorización por leyes o reglamentos vigentes a la fecha de la comisión del delito”.
.
Etiquetas:
bosques nativos,
Chaco,
Desmontes,
ecosistemas,
industrias - empresas - economía
|
0
comentarios
La Pampa: proyecto para regular plaguicidas no agricolas
Berhongaray elevó un proyecto de ley para regular el uso de plaguicidas
Fecha de Publicación: 29/01/2019
Fuente: La Arena
Provincia/Región: La Pampa
Martín Berhongaray, diputado provincial por el Frepam, ingresó al cuerpo legislativo provincial un proyecto de ley que busca dar un marco regulatorio al uso y venta de plaguicidas y tener así un control sobre este tipo de productos químicos que, sin el debido cuidado, pueden ser perjudiciales para la salud de los vecinos como para el medioambiente.
La utilización de plaguicidas de uso domiciliario, como así también otros productos químicos que sin el debido cuidado pueden ser nocivos tanto a la salud humana como así también al medio ambiente, es un tema recurrente en la agenda socioambiental argentina que, en los últimos años, también comenzó a hacer eco en las discusiones políticas de diferentes niveles del Estado.
La falta de regulación sobre la cantidad de insumos químicos que se utilizan para controlar las plagas y la preocupación expresada por vecinos y organizaciones ambientalistas respecto a las consecuencias sobre la salud de los pesticidas reactualizaron también el debate a nivel legislativo.
En ese contexto, el diputado provincial por el radicalismo, Martín Berhongaray ingresó a la Cámara de Diputados de nuestra provincia un proyecto de ley destinado a regular las tareas vinculadas a la venta y aplicación de plaguicidas en áreas urbanas así como en los establecimientos que lo requieran para el control de plagas dentro de los ejidos urbanos.
Según señaló el propio legislador, “se trata de una regulación pendiente en La Pampa, de extrema necesidad”. En la elaboración del mismo, trabajaron junto a Berhongaray el ingeniero Federico Ingentron junto a miembros de la Comisión Provincial de Sanidad Vegetal (Coprosave).
Urgencia.
La urgencia del tratamiento de este tipo de normativas se debe a que todos los plaguicidas -tanto agrícolas como domiciliarios- presentan un cierto grado de toxicidad, por lo que requieren de un manejo responsable para no generar daños ya que lejos de lo que muchos piensan, que este tipo de productos aunque sean de uso hogareño no significa que esté libre de todo riesgo.
Como consecuencia, es que los gobiernos provinciales tienen la responsabilidad de regular la comercialización y aplicación de éstos dentro sus jurisdicciones. En este sentido, La Pampa cuenta con legislación respecto a la utilización de agroquímicos, pero ésta centra su atención sobre los productos plaguicidas químicos o biológicos de uso agropecuario, sin realizar definiciones claras sobre los productos para el control de plagas urbanas.
En este sentido, el proyecto presentado por el legislador provincial busca el resguardo de la salud humana a través de la regulación de las tareas relacionadas a la venta o aplicación de plaguicidas que puedan comprometer la calidad de vida de la población o el medio ambiente.
Puntos.
Como puntos destacados dentro de la normativa, el proyecto propone la creación de una entidad encargada de velar por el control, el cual tendrá en sus manos el deber de llevar adelante un registro de personas físicas y jurídicas relacionadas al expendio y aplicación de plaguicidas, así como también de los productos químicos habilitados como prohibidos.
Por otro lado, estimula la creación de un registro de asesores fitosanitarios, quienes serán los encargados de asesorar a los usuarios directos sobre todo lo referido al uso seguro y eficaz, a la manipulación y a las medidas de seguridad toxicológicas y eco-toxicológicas.
Sanciones.
Esta iniciativa también contempla una serie de sanciones que se aplicarán en caso de que no se cumpla algún punto del marco normativo. De esta manera, propone que la autoridad de aplicación, previo sumario administrativo, podrá aplicar a los sujetos: llamado de atención, apercibimiento, multa, decomiso de los productos, suspensión o baja del registro, inhabilitación temporal o permanente, clausura parcial o total de locales y depósitos y el secuestro de los equipos de aplicación.
¿Qué son?
Los plaguicidas o pesticidas son las sustancias utilizadas para atraer, repeler, controlar o eliminar a organismos vivos que dañen a los vegetales o sus productos, ectoparásitos (pulga, garrapata, etc.) o vectores de enfermedades que afecten al hombre o los animales (mosquitos, vinchucas, roedores, etc.), en viviendas, núcleos urbanos o locales de trabajo, según determinó la Coordinación de Políticas Socioambientales de la Nación.
Los más utilizados en el hogar son los que actúan sobre los insectos (insecticidas y repelentes) y sobre roedores (rodenticidas). Los plaguicidas se comercializan en aerosoles, líquidos termo evaporables, tabletas, espirales y cremas, generalmente listos para su uso aunque algunos requieren su dilución en agua. Los repelentes, en forma de lociones, cremas, aerosoles o vaporizadores. Los plaguicidas no son sustancias inocuas. Muchos de ellos son agresivos para la salud humana y contaminan el ambiente. Las personas se exponen a través del aire, del agua y del alimento que consumen, la ropa, los utensilios domésticos y las herramientas de trabajo.
.
Fecha de Publicación: 29/01/2019
Fuente: La Arena
Provincia/Región: La Pampa
Martín Berhongaray, diputado provincial por el Frepam, ingresó al cuerpo legislativo provincial un proyecto de ley que busca dar un marco regulatorio al uso y venta de plaguicidas y tener así un control sobre este tipo de productos químicos que, sin el debido cuidado, pueden ser perjudiciales para la salud de los vecinos como para el medioambiente.
La utilización de plaguicidas de uso domiciliario, como así también otros productos químicos que sin el debido cuidado pueden ser nocivos tanto a la salud humana como así también al medio ambiente, es un tema recurrente en la agenda socioambiental argentina que, en los últimos años, también comenzó a hacer eco en las discusiones políticas de diferentes niveles del Estado.
La falta de regulación sobre la cantidad de insumos químicos que se utilizan para controlar las plagas y la preocupación expresada por vecinos y organizaciones ambientalistas respecto a las consecuencias sobre la salud de los pesticidas reactualizaron también el debate a nivel legislativo.
En ese contexto, el diputado provincial por el radicalismo, Martín Berhongaray ingresó a la Cámara de Diputados de nuestra provincia un proyecto de ley destinado a regular las tareas vinculadas a la venta y aplicación de plaguicidas en áreas urbanas así como en los establecimientos que lo requieran para el control de plagas dentro de los ejidos urbanos.
Según señaló el propio legislador, “se trata de una regulación pendiente en La Pampa, de extrema necesidad”. En la elaboración del mismo, trabajaron junto a Berhongaray el ingeniero Federico Ingentron junto a miembros de la Comisión Provincial de Sanidad Vegetal (Coprosave).
Urgencia.
La urgencia del tratamiento de este tipo de normativas se debe a que todos los plaguicidas -tanto agrícolas como domiciliarios- presentan un cierto grado de toxicidad, por lo que requieren de un manejo responsable para no generar daños ya que lejos de lo que muchos piensan, que este tipo de productos aunque sean de uso hogareño no significa que esté libre de todo riesgo.
Como consecuencia, es que los gobiernos provinciales tienen la responsabilidad de regular la comercialización y aplicación de éstos dentro sus jurisdicciones. En este sentido, La Pampa cuenta con legislación respecto a la utilización de agroquímicos, pero ésta centra su atención sobre los productos plaguicidas químicos o biológicos de uso agropecuario, sin realizar definiciones claras sobre los productos para el control de plagas urbanas.
En este sentido, el proyecto presentado por el legislador provincial busca el resguardo de la salud humana a través de la regulación de las tareas relacionadas a la venta o aplicación de plaguicidas que puedan comprometer la calidad de vida de la población o el medio ambiente.
Puntos.
Como puntos destacados dentro de la normativa, el proyecto propone la creación de una entidad encargada de velar por el control, el cual tendrá en sus manos el deber de llevar adelante un registro de personas físicas y jurídicas relacionadas al expendio y aplicación de plaguicidas, así como también de los productos químicos habilitados como prohibidos.
Por otro lado, estimula la creación de un registro de asesores fitosanitarios, quienes serán los encargados de asesorar a los usuarios directos sobre todo lo referido al uso seguro y eficaz, a la manipulación y a las medidas de seguridad toxicológicas y eco-toxicológicas.
Sanciones.
Esta iniciativa también contempla una serie de sanciones que se aplicarán en caso de que no se cumpla algún punto del marco normativo. De esta manera, propone que la autoridad de aplicación, previo sumario administrativo, podrá aplicar a los sujetos: llamado de atención, apercibimiento, multa, decomiso de los productos, suspensión o baja del registro, inhabilitación temporal o permanente, clausura parcial o total de locales y depósitos y el secuestro de los equipos de aplicación.
¿Qué son?
Los plaguicidas o pesticidas son las sustancias utilizadas para atraer, repeler, controlar o eliminar a organismos vivos que dañen a los vegetales o sus productos, ectoparásitos (pulga, garrapata, etc.) o vectores de enfermedades que afecten al hombre o los animales (mosquitos, vinchucas, roedores, etc.), en viviendas, núcleos urbanos o locales de trabajo, según determinó la Coordinación de Políticas Socioambientales de la Nación.
Los más utilizados en el hogar son los que actúan sobre los insectos (insecticidas y repelentes) y sobre roedores (rodenticidas). Los plaguicidas se comercializan en aerosoles, líquidos termo evaporables, tabletas, espirales y cremas, generalmente listos para su uso aunque algunos requieren su dilución en agua. Los repelentes, en forma de lociones, cremas, aerosoles o vaporizadores. Los plaguicidas no son sustancias inocuas. Muchos de ellos son agresivos para la salud humana y contaminan el ambiente. Las personas se exponen a través del aire, del agua y del alimento que consumen, la ropa, los utensilios domésticos y las herramientas de trabajo.
.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
Suscribirse
Entradas
Comentarios