Castores arrasaron con 30 mil hectáreas de bosque fueguino
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La biodiversidad fueguina en jaque: desaparecieron 30 mil hectáreas de bosque nativo por los castores exóticos
Fecha de Publicación: 11/01/2019
Fuente: InfoBaeInfoBae
Provincia/Región: Tierra del Fuego
Varios ecosistemas naturales de la Argentina se vieron fuertemente afectados por cientos de especies exóticas. Sin predadores naturales, el castor terminó siendo en Tierra del Fuego uno de los invasores más perjudiciales para el hábitat y el principal responsable de daños irreversibles al ambiente y a la economía regional
Según la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, unas 722 especies que componen la fauna y la flora actual de nuestro país no son nativas. El organismo cataloga a ocho de estas especies introducidas como "invasoras", tipificación que hace referencia a la alta velocidad con la que éstas se reproducen y a la voracidad con la que ocupan el territorio.
En Tierra del Fuego, el emblema de los animales invasores que mayor daño han provocado al hábitat es el castor. Este roedor semiacuático nativo de América del Norte y Eurasia fue introducido en 1946 en territorio fueguino con la idea de crear una industria peletera. Unos años después, cuando este desarrollo dejó de ser negocio comenzaron los problemas para la biodiversidad: solamente 20 castores liberados -sin predadores naturales que pudiera realizar algún "control" dentro de una cadena trófica- bastaron para que, años después, una población de 100 mil animales acabaran destruyendo bosques enteros de lenga, guindo y ñire.
Unas 722 especies que componen la fauna y la flora actual de nuestro país no son nativas, informó la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Y el castor es uno de los invasores que más daño provocan
Sumado a esto, la ocupación del 95% de los cursos de agua para fabricar diques, con la consiguiente modificación de la topografía local, originaron graves inundaciones en cientos de caminos y puentes que terminaron provocando incalculables pérdidas económicas. Las 30 mil hectáreas de bosque nativo que ya se perdieron suman un territorio dos veces superior a la superficie de la Ciudad de Buenos Aires.
El Estado nacional implementó hace tiempo un plan piloto en siete áreas en las que se proponen cazar con trampas humanitarias a todos los ejemplares para luego restaurar los ambientes afectados. El trabajo se desarrolla en coordinación con Chile, hacia donde también se expandió la población. La tarea es ardua y polémica.medio.
Las 30 mil hectáreas de bosque nativo que ya se perdieron en Tierra del Fuego suman un territorio dos veces superior a la superficie de la Ciudad de Buenos Aires
Las invasoras constituyen una grave amenaza para la vida de los animales y vegetales locales: dispersan nuevos virus y hongos, cambian paisajes autóctonos y amenazan con quebrar economías regionales. Durante 2015, solo unas 13 especies exóticas provocaron un daño de 2.543 millones de dólares cuantificadas en pérdidas de producción, gastos para control de su propagación e investigación del fenómeno.
Todo un problema que hay que resolver con políticas de Estado y toma de conciencia y compromiso de la sociedad.
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Fecha de Publicación: 11/01/2019
Fuente: InfoBaeInfoBae
Provincia/Región: Tierra del Fuego
Varios ecosistemas naturales de la Argentina se vieron fuertemente afectados por cientos de especies exóticas. Sin predadores naturales, el castor terminó siendo en Tierra del Fuego uno de los invasores más perjudiciales para el hábitat y el principal responsable de daños irreversibles al ambiente y a la economía regional
Según la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, unas 722 especies que componen la fauna y la flora actual de nuestro país no son nativas. El organismo cataloga a ocho de estas especies introducidas como "invasoras", tipificación que hace referencia a la alta velocidad con la que éstas se reproducen y a la voracidad con la que ocupan el territorio.
En Tierra del Fuego, el emblema de los animales invasores que mayor daño han provocado al hábitat es el castor. Este roedor semiacuático nativo de América del Norte y Eurasia fue introducido en 1946 en territorio fueguino con la idea de crear una industria peletera. Unos años después, cuando este desarrollo dejó de ser negocio comenzaron los problemas para la biodiversidad: solamente 20 castores liberados -sin predadores naturales que pudiera realizar algún "control" dentro de una cadena trófica- bastaron para que, años después, una población de 100 mil animales acabaran destruyendo bosques enteros de lenga, guindo y ñire.
Unas 722 especies que componen la fauna y la flora actual de nuestro país no son nativas, informó la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Y el castor es uno de los invasores que más daño provocan
Sumado a esto, la ocupación del 95% de los cursos de agua para fabricar diques, con la consiguiente modificación de la topografía local, originaron graves inundaciones en cientos de caminos y puentes que terminaron provocando incalculables pérdidas económicas. Las 30 mil hectáreas de bosque nativo que ya se perdieron suman un territorio dos veces superior a la superficie de la Ciudad de Buenos Aires.
El Estado nacional implementó hace tiempo un plan piloto en siete áreas en las que se proponen cazar con trampas humanitarias a todos los ejemplares para luego restaurar los ambientes afectados. El trabajo se desarrolla en coordinación con Chile, hacia donde también se expandió la población. La tarea es ardua y polémica.medio.
Las 30 mil hectáreas de bosque nativo que ya se perdieron en Tierra del Fuego suman un territorio dos veces superior a la superficie de la Ciudad de Buenos Aires
Las invasoras constituyen una grave amenaza para la vida de los animales y vegetales locales: dispersan nuevos virus y hongos, cambian paisajes autóctonos y amenazan con quebrar economías regionales. Durante 2015, solo unas 13 especies exóticas provocaron un daño de 2.543 millones de dólares cuantificadas en pérdidas de producción, gastos para control de su propagación e investigación del fenómeno.
Todo un problema que hay que resolver con políticas de Estado y toma de conciencia y compromiso de la sociedad.
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Córdoba sin Ley de Bosques vigente
Ley de Bosques: “El debate no se va a realizar antes de las elecciones”
Fecha de Publicación: 11/01/2019
Fuente: El Puntal de Río Cuarto
Provincia/Región: Córdoba
Legisladores provinciales opinan que se trata de un tema “muy urticante” como para ponerlo en agenda previo a los comicios de mayo. Desde el oficialismo admiten que están incumpliendo la normativa vigente nacional
La actualización del mapa con el ordenamiento territorial de los bosques nativos no formó parte del temario de la Unicameral durante 2018 y según pronostican los legisladores consultados por este medio, tampoco se discutirá antes de la elección provincial en mayo.
“El armado del mapa ambiental tiene que estar consensuado con todos los sectores”, dice Germán Buttarelli (UPC), presidente de la comisión de Asuntos Ecológicos. “En febrero comenzaremos a establecer los temas de la agenda de los próximos meses y esperamos tener todo el consenso, para que nos nos genere otro problema”, añade. “Como presidente de la comisión me comprometo a seguir avanzando con la creación de reservas naturales como hemos venido haciendo”, indicó Buttarelli.
Para cumplimentar con el requisito de actualización del mapa de ordenamiento territorial de bosques nativos -que está en falta- una de las posibilidades que están analizando desde el oficialismo -en conjunto con otros bloques- es adherir a la ley nacional de bosques, para generar los cambios necesarios en el esquema territorial, pero sin modificar la ley provincial.
En tanto, desde la oposición critican que no se haya avanzado en el tema y ven con preocupación que a causa de este motivo esté frenado el envío de los fondos de la Nación para la conservación de los bosques nativos.
Proyecto trunco
“Hay demasiados intereses creados para llegar a un consenso”, opinó la legisladora Amalia Vagni (UCR). “Al haber datos erróneos, porque hoy la Provincia está manejándose con un mapa de la vieja ley, que fue hecho a los apurones y no se condice con la realidad del bosque nativo de Córdoba, protestan los del campo y los campesinos y al desobedecer las voces y no haberlas escuchado, es un proyecto de ley trunco”.
“No creo que se vaya modificar el texto de la ley hasta el 12 de mayo”, opinó Vagni.
-Policía Ambiental informó que a través de satélites controlan el desmonte. ¿Es suficiente?
-No se trata sólo de monitorear con satélite, hay que labrar el acta. Además de que preocupa lo que hacen aquellos que infringen la ley, peor es lo que autoriza Secretaría de Ambiente con el avance de la cuestión urbana que afecta no sólo en materia de bosque nativo, sino de servicios insuficientes para atender a las necesidades de la población. Avavanza de forma tan vertiginosa la urbanización, que incluso a la vera de los lugares donde hay agua van a verse afectados por la falta de este servicio.
Necesidad de consenso
El legislador Martín Fresneda (Córdoba Podemos) dijo: “Justamente, en un período electoral es un tema tan sensible que yo no creo que pase nada”.
“Yo creo que el año pasado desistieron del proyecto de ley de modificación de la 9814, que fue archivado. Lo más acertado sería encontrar una definición de consenso para actualizar el mapa y exigir que actualicen el pago de Nación”, sostuvo.
“Lo que puede suceder, al menos, lo que estuvimos hablando y que será lo acertado para resolver el tema de la actualización del mapa de ordenamiento territorial, sería una adhesión de la legislatura a la ley nacional y armar un proceso participativo para actualizar el mapa”, señaló.
Fresneda apuntó contra el gobierno nacional por incumplir con los fondos de protección ambiental, establecidos en la ley 26.331. “Con la inflación que tuvo la Argentina es una vergüenza que el Gobierno pague $ 50 la hectárea por el servicio ambiental”.
-¿Está en pie el registro de infractores?
-La Nación debería tener registro, pero no está muy severa ni puede exigir mucho porque tampoco cumple la ley 26.631 con respecto al envío de los fondos.
Es muy relajado el tema, dicho hasta por los propios infractores cuando se ha dado el proceso de discusión de la ley frustada, estuvimos escuchando a todos los sectores y el sistema de infracciones no funcionaba. Por ahí prefieren pagar la multa a evitar avanzar sobre la zona.
-Algunos sectores ambientalistas temen que la ley agroforestal soslaye el debate por la ley de bosques. ¿Qué opina?
-Me parece que es complementario. Hay que tener un control como lo realiza el Foro Ambiental por el listado de especies prohibidas y permitidas, pero el lado industrial que puede tener la ley me parece bien. La ley expresamente prohíbe el enriquecimiento de bosque nativo con exóticas, y cuando se incumpla habrá que denunciarlo. Pero lo positivo es que hay que sumar árboles y aumentar la cobetura vegetal y siempre tiene que tener un manejo en función de la cuenca y de la eco región. Tenemos dos leyes, la 9814 que si se cumpliera junto con la ley nacional 26.631 Córdoba estaría cumpliendo el estándar ambiental. Depende de Nación que baje recursos y plata y de la Provincia que siga manteniendo compromiso.
En falta
La legisladora Liliana Montero (Bloque unipersonal) expresó: “Ni se abordó el tema. Se quedó en stand by”.
“No creo que pongan un tema tan urticante en agenda en un acto electoral”, dijo. Y agregó: “Con la movilización de las distintas organizaciones y asambleas, no creo que la provincia avance en medio de procesos electorales”.
“Estábamos en falta antes del 2016, incumpliendo por no presentar los mapas y el problema es que no estamos pudiendo imponer un ordenamiento y cumplir la ley”, advirtió.
Además, la legisladora cuestionó la efectividad de las las sanciones estipuladas para prevenir el desmonte y se refirió también a la ley agroforestal: “Quiere tapar el tema del desmonte”, expresó.
“El Foro Ambiental Córdoba realizó un análisis muy crítico sobre las especies que están en los listados porque hay algunas que no deberían estar”, afirmó.
Finalmente, cuestionó que los gobiernos utilizan como eslogan la expresión “nos debe preocupar el tema ambiental” porque para demostrarlo “tienen que poner plata”, expresó. “Ese es el problema de la política: estamos en siglo XXI, pero nos manejamos como si estuviéramos en el siglo XIX. Hoy la gente se entera de todas las acciones de gobierno”, cerró.
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Fecha de Publicación: 11/01/2019
Fuente: El Puntal de Río Cuarto
Provincia/Región: Córdoba
Legisladores provinciales opinan que se trata de un tema “muy urticante” como para ponerlo en agenda previo a los comicios de mayo. Desde el oficialismo admiten que están incumpliendo la normativa vigente nacional
La actualización del mapa con el ordenamiento territorial de los bosques nativos no formó parte del temario de la Unicameral durante 2018 y según pronostican los legisladores consultados por este medio, tampoco se discutirá antes de la elección provincial en mayo.
“El armado del mapa ambiental tiene que estar consensuado con todos los sectores”, dice Germán Buttarelli (UPC), presidente de la comisión de Asuntos Ecológicos. “En febrero comenzaremos a establecer los temas de la agenda de los próximos meses y esperamos tener todo el consenso, para que nos nos genere otro problema”, añade. “Como presidente de la comisión me comprometo a seguir avanzando con la creación de reservas naturales como hemos venido haciendo”, indicó Buttarelli.
Para cumplimentar con el requisito de actualización del mapa de ordenamiento territorial de bosques nativos -que está en falta- una de las posibilidades que están analizando desde el oficialismo -en conjunto con otros bloques- es adherir a la ley nacional de bosques, para generar los cambios necesarios en el esquema territorial, pero sin modificar la ley provincial.
En tanto, desde la oposición critican que no se haya avanzado en el tema y ven con preocupación que a causa de este motivo esté frenado el envío de los fondos de la Nación para la conservación de los bosques nativos.
Proyecto trunco
“Hay demasiados intereses creados para llegar a un consenso”, opinó la legisladora Amalia Vagni (UCR). “Al haber datos erróneos, porque hoy la Provincia está manejándose con un mapa de la vieja ley, que fue hecho a los apurones y no se condice con la realidad del bosque nativo de Córdoba, protestan los del campo y los campesinos y al desobedecer las voces y no haberlas escuchado, es un proyecto de ley trunco”.
“No creo que se vaya modificar el texto de la ley hasta el 12 de mayo”, opinó Vagni.
-Policía Ambiental informó que a través de satélites controlan el desmonte. ¿Es suficiente?
-No se trata sólo de monitorear con satélite, hay que labrar el acta. Además de que preocupa lo que hacen aquellos que infringen la ley, peor es lo que autoriza Secretaría de Ambiente con el avance de la cuestión urbana que afecta no sólo en materia de bosque nativo, sino de servicios insuficientes para atender a las necesidades de la población. Avavanza de forma tan vertiginosa la urbanización, que incluso a la vera de los lugares donde hay agua van a verse afectados por la falta de este servicio.
Necesidad de consenso
El legislador Martín Fresneda (Córdoba Podemos) dijo: “Justamente, en un período electoral es un tema tan sensible que yo no creo que pase nada”.
“Yo creo que el año pasado desistieron del proyecto de ley de modificación de la 9814, que fue archivado. Lo más acertado sería encontrar una definición de consenso para actualizar el mapa y exigir que actualicen el pago de Nación”, sostuvo.
“Lo que puede suceder, al menos, lo que estuvimos hablando y que será lo acertado para resolver el tema de la actualización del mapa de ordenamiento territorial, sería una adhesión de la legislatura a la ley nacional y armar un proceso participativo para actualizar el mapa”, señaló.
Fresneda apuntó contra el gobierno nacional por incumplir con los fondos de protección ambiental, establecidos en la ley 26.331. “Con la inflación que tuvo la Argentina es una vergüenza que el Gobierno pague $ 50 la hectárea por el servicio ambiental”.
-¿Está en pie el registro de infractores?
-La Nación debería tener registro, pero no está muy severa ni puede exigir mucho porque tampoco cumple la ley 26.631 con respecto al envío de los fondos.
Es muy relajado el tema, dicho hasta por los propios infractores cuando se ha dado el proceso de discusión de la ley frustada, estuvimos escuchando a todos los sectores y el sistema de infracciones no funcionaba. Por ahí prefieren pagar la multa a evitar avanzar sobre la zona.
-Algunos sectores ambientalistas temen que la ley agroforestal soslaye el debate por la ley de bosques. ¿Qué opina?
-Me parece que es complementario. Hay que tener un control como lo realiza el Foro Ambiental por el listado de especies prohibidas y permitidas, pero el lado industrial que puede tener la ley me parece bien. La ley expresamente prohíbe el enriquecimiento de bosque nativo con exóticas, y cuando se incumpla habrá que denunciarlo. Pero lo positivo es que hay que sumar árboles y aumentar la cobetura vegetal y siempre tiene que tener un manejo en función de la cuenca y de la eco región. Tenemos dos leyes, la 9814 que si se cumpliera junto con la ley nacional 26.631 Córdoba estaría cumpliendo el estándar ambiental. Depende de Nación que baje recursos y plata y de la Provincia que siga manteniendo compromiso.
En falta
La legisladora Liliana Montero (Bloque unipersonal) expresó: “Ni se abordó el tema. Se quedó en stand by”.
“No creo que pongan un tema tan urticante en agenda en un acto electoral”, dijo. Y agregó: “Con la movilización de las distintas organizaciones y asambleas, no creo que la provincia avance en medio de procesos electorales”.
“Estábamos en falta antes del 2016, incumpliendo por no presentar los mapas y el problema es que no estamos pudiendo imponer un ordenamiento y cumplir la ley”, advirtió.
Además, la legisladora cuestionó la efectividad de las las sanciones estipuladas para prevenir el desmonte y se refirió también a la ley agroforestal: “Quiere tapar el tema del desmonte”, expresó.
“El Foro Ambiental Córdoba realizó un análisis muy crítico sobre las especies que están en los listados porque hay algunas que no deberían estar”, afirmó.
Finalmente, cuestionó que los gobiernos utilizan como eslogan la expresión “nos debe preocupar el tema ambiental” porque para demostrarlo “tienen que poner plata”, expresó. “Ese es el problema de la política: estamos en siglo XXI, pero nos manejamos como si estuviéramos en el siglo XIX. Hoy la gente se entera de todas las acciones de gobierno”, cerró.
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La Plata, aumenta su producción... de residuos
La Plata batió un récord en la cantidad de basura que envió a la Ceamse durante 2018
Fecha de Publicación: 11/01/2019
Fuente: El Día de La Plata
Provincia/Región: Buenos Aires
Con poco más de 323 mil toneladas superó la cantidad de 2017 y se busca el origen de ese fenómeno en tiempos en los que la crisis económica jaqueó el consumo en general
Desafiando los tiempos de “vacas flacas” para el bolsillo y la consecuente caída en el consumo de toda clase de productos, los platenses generaron a lo largo de 2018 más basura que durante 2017. Así lo indican las estadísticas municipales, que colocan la temporada que pasó como récord en envío de residuos al relleno sanitario y la planta de tratamiento mecánico-biológico (TMB) que Ceamse opera camino a Punta Lara.
Concretamente, la cantidad de desechos que la Comuna remitió al complejo de diagonal 74 y arroyo El Gato en los últimos doce meses fue de poco más de 323 mil toneladas, un cinco por ciento por encima de las 308 mil que se habían alcanzado el año anterior.
La cifra se comenzó a consolidar en un primer semestre de relativa bonanza económica, en el que se enviaron a disposición final y reciclaje 160 mil toneladas; a partir de julio, los volúmenes asignados al enterramiento comenzaron a descender a medida que aumentaban los que se sometían a los procesos de la flamante planta TMB; también acusaron un declive las cantidades globales, para repuntar de manera ostensible con las Fiestas.
En este sentido, desde el área de Espacios Públicos y Gestión Ambiental local explicaron que lo habitual es que la flota de camiones “cola de pato” -cuya capacidad de carga individual es de 7 a 8 mil kilos- recoja unas mil toneladas de residuos por día. Sin embargo, las semanas festivas recargaron esas cantidades en un 25 a 30 por ciento, con el descarte masivo de papel de regalo, restos de pirotecnia, cajas, plásticos, botellas y latas, platos y vasos descartables.
En la Comuna estimaron que la generación de residuos diaria, en nuestro medio, promedia un kilogramo por habitante, y evaluaron que “el desafío para lo que viene es seguir incrementando las toneladas recolectadas, dado que desde el inicio de esta gestión los resultados siempre fueron evolutivos”.
De acuerdo con el Censo Nacional 2010, el partido de La Plata contaba con unos 650 mil habitantes; en la actualidad, la mayoría de las estimaciones fijan ese número entre 700 y 750 mil. Esto implica que en 2010, cuando Coordinación Ecológica Área Metropolitana, Sociedad del Estado (Ceamse) registró el ingreso de 177.280 toneladas de basura locales a su predio ensenadense, cada habitante descartaba, en promedio, 0,74 kilogramos de basura por día. Ahora ese coeficiente estaría por encima de 1,15.
Otro de los desafíos del corto plazo pasará por el grado de adaptación vecinal a las condiciones del nuevo pliego de recolección, en dos frentes: la inclusión de unas dos mil cuadras de la periferia hasta ahora al margen de los recorridos de Esur, y la progresiva instalación de dos contenedores por cuadra -uno para residuos reciclables y otro para húmedos- que se iniciará en el microcentro y los ejes comerciales e irá avanzando cada dos años.
Estos cambios tendrán impacto estadístico, tal como lo tuvieron en los años recientes la tendencia declinante del compromiso comunitario con la separación en origen -esquema de “bolsas verdes”, que llegó a englobar más del diez por ciento del total- y el declarado cese de los enterramientos clandestinos en canteras y cavas, que Gestión Ambiental estimó en 600 toneladas anuales.
En Berisso y Ensenada, hasta septiembre de 2018 se habían enviado 16.500 y 25.351 toneladas respectivamente. En ambos casos restaba incluir en los registros publicados por la Ceamse lo acumulado en el último trimestre, con lo que se cerraría el computo final anual.
Con todo, La Plata no ocupa el podio bonaerense en lo que a residuos concierne. Está por debajo de La Matanza -el distrito más populoso del Conurbano-, Lanús y Lomas de Zamora. Los expertos destacan que los vaivenes en la generación de basura responden a ciclos estacionales y económicos, con un piso que siempre se amplía por el inexorable aumento de la base demográfica. Un ejemplo claro lo ofreció la debacle de inicios de la década pasada, cuando de las 213.302 toneladas contabilizadas en 2001 se cayó a 185.611 en 2002 y a 168.337 en 2003.
La secuencia completa de la última década arranca con 188.306 toneladas (2009), y sigue hasta nuestros días con 177.280 (2010); 167.694 (2011); 229.391 (2012), 218.921 (2013); 173.030 (2014); 207.812 (2015); 276.455 (2016); 308.413 (2017); y 323.000 (2018). En este período, la cantidad de basura registrada creció un 71,5 por ciento, y todo indica que la tendencia continuará.
La llamativa caída de 2014 fue interpretada por algunas organizaciones de defensa del medio ambiente como una señal de que los masivos vuelcos clandestinos detectados en cavas y canteras de diferentes localidades estaban en su apogeo.
Desde marzo próximo, la planta TMB levantada a la vera del Gato entrará en régimen pleno, reemplazando definitivamente al vertedero aledaño. Allí se intentará recuperar, en promedio, un 60 por ciento del material desechado por la gente, y enfardar el 40 por ciento para su oso como relleno de cavas y canteras.
60 por ciento Es la porción de basura que espera “recuperar” para diferentes usos la planta de TMB de Ensenada, que comenzaría a operar las 24 horas en marzo próximo. El otro 40 por ciento se usaría para rellenar cavas y canteras.
1.15 kilos Los que genera cotidianamente, en promedio, cada habitante de nuestra ciudad. Hace una década, ese coeficiente rondaba 0,74 kilogramos de residuos por día.
71.5 por ciento Es lo que creció el tonelaje de desperdicios enviados por La Plata a disposición final a lo largo de la última década; se pasó de 188.306 toneladas en 2009 a 323 mil en 2018.
15 mil El aumento en la cantidad de residuos que la Comuna entregó a CEAMSE, medido en toneladas, respecto de 2017.
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Fecha de Publicación: 11/01/2019
Fuente: El Día de La Plata
Provincia/Región: Buenos Aires
Con poco más de 323 mil toneladas superó la cantidad de 2017 y se busca el origen de ese fenómeno en tiempos en los que la crisis económica jaqueó el consumo en general
Desafiando los tiempos de “vacas flacas” para el bolsillo y la consecuente caída en el consumo de toda clase de productos, los platenses generaron a lo largo de 2018 más basura que durante 2017. Así lo indican las estadísticas municipales, que colocan la temporada que pasó como récord en envío de residuos al relleno sanitario y la planta de tratamiento mecánico-biológico (TMB) que Ceamse opera camino a Punta Lara.
Concretamente, la cantidad de desechos que la Comuna remitió al complejo de diagonal 74 y arroyo El Gato en los últimos doce meses fue de poco más de 323 mil toneladas, un cinco por ciento por encima de las 308 mil que se habían alcanzado el año anterior.
La cifra se comenzó a consolidar en un primer semestre de relativa bonanza económica, en el que se enviaron a disposición final y reciclaje 160 mil toneladas; a partir de julio, los volúmenes asignados al enterramiento comenzaron a descender a medida que aumentaban los que se sometían a los procesos de la flamante planta TMB; también acusaron un declive las cantidades globales, para repuntar de manera ostensible con las Fiestas.
En este sentido, desde el área de Espacios Públicos y Gestión Ambiental local explicaron que lo habitual es que la flota de camiones “cola de pato” -cuya capacidad de carga individual es de 7 a 8 mil kilos- recoja unas mil toneladas de residuos por día. Sin embargo, las semanas festivas recargaron esas cantidades en un 25 a 30 por ciento, con el descarte masivo de papel de regalo, restos de pirotecnia, cajas, plásticos, botellas y latas, platos y vasos descartables.
En la Comuna estimaron que la generación de residuos diaria, en nuestro medio, promedia un kilogramo por habitante, y evaluaron que “el desafío para lo que viene es seguir incrementando las toneladas recolectadas, dado que desde el inicio de esta gestión los resultados siempre fueron evolutivos”.
De acuerdo con el Censo Nacional 2010, el partido de La Plata contaba con unos 650 mil habitantes; en la actualidad, la mayoría de las estimaciones fijan ese número entre 700 y 750 mil. Esto implica que en 2010, cuando Coordinación Ecológica Área Metropolitana, Sociedad del Estado (Ceamse) registró el ingreso de 177.280 toneladas de basura locales a su predio ensenadense, cada habitante descartaba, en promedio, 0,74 kilogramos de basura por día. Ahora ese coeficiente estaría por encima de 1,15.
Otro de los desafíos del corto plazo pasará por el grado de adaptación vecinal a las condiciones del nuevo pliego de recolección, en dos frentes: la inclusión de unas dos mil cuadras de la periferia hasta ahora al margen de los recorridos de Esur, y la progresiva instalación de dos contenedores por cuadra -uno para residuos reciclables y otro para húmedos- que se iniciará en el microcentro y los ejes comerciales e irá avanzando cada dos años.
Estos cambios tendrán impacto estadístico, tal como lo tuvieron en los años recientes la tendencia declinante del compromiso comunitario con la separación en origen -esquema de “bolsas verdes”, que llegó a englobar más del diez por ciento del total- y el declarado cese de los enterramientos clandestinos en canteras y cavas, que Gestión Ambiental estimó en 600 toneladas anuales.
En Berisso y Ensenada, hasta septiembre de 2018 se habían enviado 16.500 y 25.351 toneladas respectivamente. En ambos casos restaba incluir en los registros publicados por la Ceamse lo acumulado en el último trimestre, con lo que se cerraría el computo final anual.
Con todo, La Plata no ocupa el podio bonaerense en lo que a residuos concierne. Está por debajo de La Matanza -el distrito más populoso del Conurbano-, Lanús y Lomas de Zamora. Los expertos destacan que los vaivenes en la generación de basura responden a ciclos estacionales y económicos, con un piso que siempre se amplía por el inexorable aumento de la base demográfica. Un ejemplo claro lo ofreció la debacle de inicios de la década pasada, cuando de las 213.302 toneladas contabilizadas en 2001 se cayó a 185.611 en 2002 y a 168.337 en 2003.
La secuencia completa de la última década arranca con 188.306 toneladas (2009), y sigue hasta nuestros días con 177.280 (2010); 167.694 (2011); 229.391 (2012), 218.921 (2013); 173.030 (2014); 207.812 (2015); 276.455 (2016); 308.413 (2017); y 323.000 (2018). En este período, la cantidad de basura registrada creció un 71,5 por ciento, y todo indica que la tendencia continuará.
La llamativa caída de 2014 fue interpretada por algunas organizaciones de defensa del medio ambiente como una señal de que los masivos vuelcos clandestinos detectados en cavas y canteras de diferentes localidades estaban en su apogeo.
Desde marzo próximo, la planta TMB levantada a la vera del Gato entrará en régimen pleno, reemplazando definitivamente al vertedero aledaño. Allí se intentará recuperar, en promedio, un 60 por ciento del material desechado por la gente, y enfardar el 40 por ciento para su oso como relleno de cavas y canteras.
60 por ciento Es la porción de basura que espera “recuperar” para diferentes usos la planta de TMB de Ensenada, que comenzaría a operar las 24 horas en marzo próximo. El otro 40 por ciento se usaría para rellenar cavas y canteras.
1.15 kilos Los que genera cotidianamente, en promedio, cada habitante de nuestra ciudad. Hace una década, ese coeficiente rondaba 0,74 kilogramos de residuos por día.
71.5 por ciento Es lo que creció el tonelaje de desperdicios enviados por La Plata a disposición final a lo largo de la última década; se pasó de 188.306 toneladas en 2009 a 323 mil en 2018.
15 mil El aumento en la cantidad de residuos que la Comuna entregó a CEAMSE, medido en toneladas, respecto de 2017.
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Uso indiscriminado de agroquímicos en Buenos Aires
Veneno en la tierra: la Provincia autorizó el uso indiscriminado de agrotóxicos
Fecha de Publicación: 10/01/2019
Fuente: InfoNews
Provincia/Región: Buenos Aires
El actual ministro de Agroindustria bonaerense y exgerente de Monsanto, Leonardo Sarquís, habilitó el uso de estos venenos en todo el territorio.
La provincia de Buenos Aires emitió una resolución que entrará en vigencia el jueves próximo y que autoriza la fumigación con agrotóxicos en toda el territorio bonaerense, legalizando la aplicación de estos venenos en lotes linderos a las ciudades.
Contra esta norma se expresaron organizaciones y personalidades señalando que "busca promover el modelo de agronegocios basados en el uso indiscriminado de agrotóxicos, poniendo en riesgo no solo la salud de toda la población sino la afectación del medio ambiente y la soberanía alimentaria".
Uno de los aspectos que resaltan las ONG;s y personalidades es que quien tuvo a cargo la medida, el Ministro de Agroindustria de la provincia, Leonardo Sarquís, es uno de los Ceo de Monsanto, más precisamente exgerente de la división Semillas.
En ese sentido, criticaron que la medida porque "no especifica ningún tipo de distancia mínima entre la aplicación de los agroquímicos y las viviendas donde reside la población".
Además la resolución autoriza a fumigar con agrotóxicos a las reservas naturales y a los márgenes de arroyos, ríos y lagos, de donde proviene el agua que muchas personas utilizan a diario para cocinar, lavar y asearse.
También la norma debilita el control del Estado en la aplicación de agrotóxicos, al delegar en los ingenieros agrónomos contratados por las empresas y los privados.
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Fecha de Publicación: 10/01/2019
Fuente: InfoNews
Provincia/Región: Buenos Aires
El actual ministro de Agroindustria bonaerense y exgerente de Monsanto, Leonardo Sarquís, habilitó el uso de estos venenos en todo el territorio.
La provincia de Buenos Aires emitió una resolución que entrará en vigencia el jueves próximo y que autoriza la fumigación con agrotóxicos en toda el territorio bonaerense, legalizando la aplicación de estos venenos en lotes linderos a las ciudades.
Contra esta norma se expresaron organizaciones y personalidades señalando que "busca promover el modelo de agronegocios basados en el uso indiscriminado de agrotóxicos, poniendo en riesgo no solo la salud de toda la población sino la afectación del medio ambiente y la soberanía alimentaria".
Uno de los aspectos que resaltan las ONG;s y personalidades es que quien tuvo a cargo la medida, el Ministro de Agroindustria de la provincia, Leonardo Sarquís, es uno de los Ceo de Monsanto, más precisamente exgerente de la división Semillas.
En ese sentido, criticaron que la medida porque "no especifica ningún tipo de distancia mínima entre la aplicación de los agroquímicos y las viviendas donde reside la población".
Además la resolución autoriza a fumigar con agrotóxicos a las reservas naturales y a los márgenes de arroyos, ríos y lagos, de donde proviene el agua que muchas personas utilizan a diario para cocinar, lavar y asearse.
También la norma debilita el control del Estado en la aplicación de agrotóxicos, al delegar en los ingenieros agrónomos contratados por las empresas y los privados.
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223 loros habladores en el baúl de un automóvil
Más de 200 loros habladores fueron rescatados del mercado negro
Fecha de Publicación: 10/01/2019
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Santiago del Estero
Los uniformados de la ciudad de Campo Gallo, en la provincia de Santiago del Estero, lograron truncar la comercialización de 223 especies del loro hablador. Las aves eran transportadas en el baúl de un automóvil por su vendedor y comprador. Los animales estaban destinados al mercado negro.
Las autoridades policiales efectuaron el procedimiento, en la Ruta Nacional N° 92 mientras efectuaban un control vehicular rutinario. Allí lograron detener la marcha de un automóvil marca Fiat, modelo Siena, color blanco.
Tras identificar a los dos individuos ocupantes de 38 y 68 años, oriundos de la provincia de Santa Fe, los efectivos policiales procedieron a requisar el vehículo. En el baúl del rodado encontraron la totalidad de 223 aves.
El conductor manifestó haber efectuado un contacto en la ciudad de Monte Quemado, también en Santiago del Estero, quien se los vendió y este a su vez a su acompañante. El destino de las aves sería la provincia de Santa Fe y posterior el mercado negro.
La policía de la provincia santiagueña dio inmediata intervención a la Fiscalía de Turno, quien dispuso el secuestro de los animales, la identificación de los sujetos y su posterior puesta en libertad.
En consecuencia, los guardianes del orden contactaron a los encargados de la Dirección de Fauna provincial en Santiago del Estero, quienes efectuaron las actas de secuestro. Mientras el rodado utilizado para el transporte también quedó retenido.
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Fecha de Publicación: 10/01/2019
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Santiago del Estero
Los uniformados de la ciudad de Campo Gallo, en la provincia de Santiago del Estero, lograron truncar la comercialización de 223 especies del loro hablador. Las aves eran transportadas en el baúl de un automóvil por su vendedor y comprador. Los animales estaban destinados al mercado negro.
Las autoridades policiales efectuaron el procedimiento, en la Ruta Nacional N° 92 mientras efectuaban un control vehicular rutinario. Allí lograron detener la marcha de un automóvil marca Fiat, modelo Siena, color blanco.
Tras identificar a los dos individuos ocupantes de 38 y 68 años, oriundos de la provincia de Santa Fe, los efectivos policiales procedieron a requisar el vehículo. En el baúl del rodado encontraron la totalidad de 223 aves.
El conductor manifestó haber efectuado un contacto en la ciudad de Monte Quemado, también en Santiago del Estero, quien se los vendió y este a su vez a su acompañante. El destino de las aves sería la provincia de Santa Fe y posterior el mercado negro.
La policía de la provincia santiagueña dio inmediata intervención a la Fiscalía de Turno, quien dispuso el secuestro de los animales, la identificación de los sujetos y su posterior puesta en libertad.
En consecuencia, los guardianes del orden contactaron a los encargados de la Dirección de Fauna provincial en Santiago del Estero, quienes efectuaron las actas de secuestro. Mientras el rodado utilizado para el transporte también quedó retenido.
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Chubut: gobernador afirmó que la minería no es la"salvación"
Para Arcioni, la minería no representa una "salvación"
Fecha de Publicación: 10/01/2019
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Chubut
"Tenemos que potenciar la matriz productiva, el turismo y no pensar en la minería como una salvación", indicó el gobernador de Chubut en relación a los recursos que tiene la provincia y la industrialización de los mismos. "Nosotros tenemos que industrializar los recursos para después poder hablar de otra cuestión", agregó el mandatario.
El gobernador Mariano Arcioni mantuvo este sábado actividad en la comuna rural de Carrenleufú y remarcó que “la gente de la provincia tiene que entender y ver el esfuerzo que estamos haciendo junto a todos los intendentes y jefes comunales, independientemente del partido político que sea, para sacar la provincia adelante”.
“Nosotros estamos codo a codo trabajando, eso es lo que necesitamos y lo estamos haciendo y logrando”, manifestó Arcioni y aclaró que “tenemos que ser cuidadosos cuando nos vienen con las propuestas mágicas porque no existen; las propuestas mágicas de campaña de hace 3 años no se cumplieron ninguna”.
En ese contexto, el gobernador sostuvo que “ellos (Gobierno Nacional) entienden que con la minería la provincia va a tener desarrollo, y Chubut no se va a desarrollar con lo extractivo, ya quedó demostrado que Chubut es de matriz productiva primaria, nosotros tenemos que industrializar los recursos para después poder hablar de otra cuestión”. A su vez, Arcioni señaló que “hay recursos maravillosos, vamos a seguir potenciando el turismo, las fiestas populares hermosas que tiene la provincia con sus vecinos, y eso tenemos que potenciar antes de la minería”.
Y añadió: “el Gobierno Nacional viene con sus políticas a querer avallar la soberanía de nuestra provincia, entonces primero acá en nuestra provincia se habla con la verdad, vamos a decir las cosas dónde se tienen que decir y cómo se deben decir, con el respeto que se merece la institucionalidad, pero nosotros nos tenemos que hacernos valer como lo hicimos a lo largo de todo el año pasado; cuando nos han querido quitar las asignaciones familiares, nos han querido quitar las zona de jubilaciones y pensiones, cuando nos han querido quitar la tarifa de gas, y fuimos los primeros en presentar el amparo legal, los impuestos a la ganancias, y todo eso lo hemos revertido, porque fuimos a discutirlo en donde lo teníamos que hacer”.
Al respecto, el mandatario provincial detalló que “este año habrá nuevos aumentos, para que tengan un parámetro en la tarifa eléctrica se aumentó 1500%, a eso súmale la tarifa de gas, la quita del subsidio del transporte, es decir que es muy grave cuando tenemos una devaluación de los salarios del 40%, entonces que sigan recargando al ciudadano y al trabajador la verdad que no es un Gobierno sensible, y no es lo que la provincia del Chubut quiere y necesita”.
“Nosotros queremos un Gobierno que trabaje para la gente, que sea sensible, que diga la verdad, y entienda a todos los Intendentes por igual, independientemente de las fuerzas políticas, y de esa forma reactivar y buscar el desarrollo de nuestra querida provincia”.
Por último, el gobernador recordó que “cuando vienen los funcionarios de Nación a querer decirnos soluciones mágicas, sabemos que no lo van hacer, porque cuando uno analiza y observa estos 3 años de gestión la pobreza infantil es casi del 50%, tenemos una inflación que a lo largo de estos años ya acumuló más del 170%, tenemos el 30% de desocupación, cuando las pymes cierran día a día, todas esas cuestiones están a la vista, entonces no me vengan a decir que con soluciones mágicas van hacer algo”.
“Nosotros a pesar de la crisis seguimos trabajando, hemos dejado la precarización laboral, con 587 trabajadores en educación, casi 200 en familia, y muchos más trabajadores que nos dejamos afuera, entonces esas cosas tenemos que buscar y apostar al desarrollo productivo de la provincia”, cerró Arcioni.
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Fecha de Publicación: 10/01/2019
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Chubut
"Tenemos que potenciar la matriz productiva, el turismo y no pensar en la minería como una salvación", indicó el gobernador de Chubut en relación a los recursos que tiene la provincia y la industrialización de los mismos. "Nosotros tenemos que industrializar los recursos para después poder hablar de otra cuestión", agregó el mandatario.
El gobernador Mariano Arcioni mantuvo este sábado actividad en la comuna rural de Carrenleufú y remarcó que “la gente de la provincia tiene que entender y ver el esfuerzo que estamos haciendo junto a todos los intendentes y jefes comunales, independientemente del partido político que sea, para sacar la provincia adelante”.
“Nosotros estamos codo a codo trabajando, eso es lo que necesitamos y lo estamos haciendo y logrando”, manifestó Arcioni y aclaró que “tenemos que ser cuidadosos cuando nos vienen con las propuestas mágicas porque no existen; las propuestas mágicas de campaña de hace 3 años no se cumplieron ninguna”.
En ese contexto, el gobernador sostuvo que “ellos (Gobierno Nacional) entienden que con la minería la provincia va a tener desarrollo, y Chubut no se va a desarrollar con lo extractivo, ya quedó demostrado que Chubut es de matriz productiva primaria, nosotros tenemos que industrializar los recursos para después poder hablar de otra cuestión”. A su vez, Arcioni señaló que “hay recursos maravillosos, vamos a seguir potenciando el turismo, las fiestas populares hermosas que tiene la provincia con sus vecinos, y eso tenemos que potenciar antes de la minería”.
Y añadió: “el Gobierno Nacional viene con sus políticas a querer avallar la soberanía de nuestra provincia, entonces primero acá en nuestra provincia se habla con la verdad, vamos a decir las cosas dónde se tienen que decir y cómo se deben decir, con el respeto que se merece la institucionalidad, pero nosotros nos tenemos que hacernos valer como lo hicimos a lo largo de todo el año pasado; cuando nos han querido quitar las asignaciones familiares, nos han querido quitar las zona de jubilaciones y pensiones, cuando nos han querido quitar la tarifa de gas, y fuimos los primeros en presentar el amparo legal, los impuestos a la ganancias, y todo eso lo hemos revertido, porque fuimos a discutirlo en donde lo teníamos que hacer”.
Al respecto, el mandatario provincial detalló que “este año habrá nuevos aumentos, para que tengan un parámetro en la tarifa eléctrica se aumentó 1500%, a eso súmale la tarifa de gas, la quita del subsidio del transporte, es decir que es muy grave cuando tenemos una devaluación de los salarios del 40%, entonces que sigan recargando al ciudadano y al trabajador la verdad que no es un Gobierno sensible, y no es lo que la provincia del Chubut quiere y necesita”.
“Nosotros queremos un Gobierno que trabaje para la gente, que sea sensible, que diga la verdad, y entienda a todos los Intendentes por igual, independientemente de las fuerzas políticas, y de esa forma reactivar y buscar el desarrollo de nuestra querida provincia”.
Por último, el gobernador recordó que “cuando vienen los funcionarios de Nación a querer decirnos soluciones mágicas, sabemos que no lo van hacer, porque cuando uno analiza y observa estos 3 años de gestión la pobreza infantil es casi del 50%, tenemos una inflación que a lo largo de estos años ya acumuló más del 170%, tenemos el 30% de desocupación, cuando las pymes cierran día a día, todas esas cuestiones están a la vista, entonces no me vengan a decir que con soluciones mágicas van hacer algo”.
“Nosotros a pesar de la crisis seguimos trabajando, hemos dejado la precarización laboral, con 587 trabajadores en educación, casi 200 en familia, y muchos más trabajadores que nos dejamos afuera, entonces esas cosas tenemos que buscar y apostar al desarrollo productivo de la provincia”, cerró Arcioni.
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Llegaron dos hembras yaguareté para el Iberá
Apoyo a la conservación del yaguareté
Fecha de Publicación: 09/01/2019
Fuente: Senasa
Provincia/Región: Corrientes
Llegaron a la Argentina dos hembras de esta especie para repoblar el Parque Nacional Iberá. El Senasa controló la documentación sanitaria durante la importación e inspeccionará la cuarentena.
El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) constató sanitariamente, en la localidad misionera de Puerto Iguazú, la importación de dos hembras de la especie yaguareté (Panthera onca) de 1 año y siete meses de edad, provenientes de la República de Brasil, cuyo destino final –culminada la cuarentena– será el Parque Nacional Iberá en la provincia de Corrientes, en el marco de un programa de conservación de fauna en peligro de extinción.
El Senasa otorgó el permiso de tránsito para transportar a las hembras en rutas argentinas y labró un acta de constatación donde se acredita que los animales permanecerán en observación y en un periodo de adaptación en el establecimiento de Cuarentena Internacional de Felinos de la localidad correntina de San Cayetano.
“Entre otras actividades el Senasa controló el cumplimiento de las garantías sanitarias de cuarentena y pruebas diagnósticas realizadas en origen. Y de esta manera, con sus controles sanitarios, el organismo se encuentra apoyando a la conservación de especies en peligro de extinción. Lo que significa un hecho muy importante para el ecosistema y la fauna silvestre”, señaló Juan Ressel, veterinario del Senasa en el Paso internacional Foz do Iguazú - Puerto Iguazú.
Juruna y Mariua perdieron a su madre en manos de cazadores furtivos y fueron rescatadas desde recién nacidas por el Criadouro NEX No Extinction de Brasilia. Juruna significa boca negra en guaraní y Mariua es una región geográfica de Brasil.
El servicio veterinario de la institución de origen evaluó a los ejemplares genética y sanitariamente durante los treinta días previos a la fecha estipulada para su exportación, así constató que no presentan signos clínicos de enfermedades infectocontagiosas.
Durante los próximos 30 días las yaguaretés no podrán estar en contacto con otros animales (cuarentena obligatoria) y serán controladas por un veterinario del Servicio que deberá corroborar la ausencia de signos clínicos de enfermedades transmisibles y controlará que se cumplimenten las tareas sanitarias necesarias para asegurar la sanidad de los ejemplares importados. Finalizado este periodo estarán en condiciones de ser trasladadas al Centro de Reintroducción de Yaguareté, en el Parque Iberá.
El yaguareté es el felino más grande del continente americano, los machos alcanzan los 2,50 metros de longitud, incluida la cola, y llegan a pesar hasta 140 kilos, y es el tercero en corpulencia a escala mundial, después del tigre de bengala y el león. Su nombre es de origen guaraní y significa “verdadera fiera”.
En la actualidad solo quedan alrededor de 200 ejemplares de yaguareté repartidos en tres poblaciones separadas en ecosistemas boscosos del norte argentino y se enfrentan al grave peligro de desaparecer.
En Corrientes dejaron de verse yaguaretés a mediados del siglo pasado. Hasta que se puso en funcionamiento el Centro de Reintroducción de Yaguareté (CRY) en la Isla San Alonso con el objetivo de criar yaguaretés que aprendan a vivir en libertad en un área del Parque Nacional del Iberá.
El pasado 6 de junio de 2018 nacieron Arami y Mbarete los primeros dos cachorros de yaguareté de origen correntino en el Centro de Reintroducción de esta especie, en la isla de San Alonso, Parque Nacional Iberá, tras décadas de ausencia en la región. Ahora se sumarán las dos hembras provenientes de Brasil.
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Fecha de Publicación: 09/01/2019
Fuente: Senasa
Provincia/Región: Corrientes
Llegaron a la Argentina dos hembras de esta especie para repoblar el Parque Nacional Iberá. El Senasa controló la documentación sanitaria durante la importación e inspeccionará la cuarentena.
El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) constató sanitariamente, en la localidad misionera de Puerto Iguazú, la importación de dos hembras de la especie yaguareté (Panthera onca) de 1 año y siete meses de edad, provenientes de la República de Brasil, cuyo destino final –culminada la cuarentena– será el Parque Nacional Iberá en la provincia de Corrientes, en el marco de un programa de conservación de fauna en peligro de extinción.
El Senasa otorgó el permiso de tránsito para transportar a las hembras en rutas argentinas y labró un acta de constatación donde se acredita que los animales permanecerán en observación y en un periodo de adaptación en el establecimiento de Cuarentena Internacional de Felinos de la localidad correntina de San Cayetano.
“Entre otras actividades el Senasa controló el cumplimiento de las garantías sanitarias de cuarentena y pruebas diagnósticas realizadas en origen. Y de esta manera, con sus controles sanitarios, el organismo se encuentra apoyando a la conservación de especies en peligro de extinción. Lo que significa un hecho muy importante para el ecosistema y la fauna silvestre”, señaló Juan Ressel, veterinario del Senasa en el Paso internacional Foz do Iguazú - Puerto Iguazú.
Juruna y Mariua perdieron a su madre en manos de cazadores furtivos y fueron rescatadas desde recién nacidas por el Criadouro NEX No Extinction de Brasilia. Juruna significa boca negra en guaraní y Mariua es una región geográfica de Brasil.
El servicio veterinario de la institución de origen evaluó a los ejemplares genética y sanitariamente durante los treinta días previos a la fecha estipulada para su exportación, así constató que no presentan signos clínicos de enfermedades infectocontagiosas.
Durante los próximos 30 días las yaguaretés no podrán estar en contacto con otros animales (cuarentena obligatoria) y serán controladas por un veterinario del Servicio que deberá corroborar la ausencia de signos clínicos de enfermedades transmisibles y controlará que se cumplimenten las tareas sanitarias necesarias para asegurar la sanidad de los ejemplares importados. Finalizado este periodo estarán en condiciones de ser trasladadas al Centro de Reintroducción de Yaguareté, en el Parque Iberá.
El yaguareté es el felino más grande del continente americano, los machos alcanzan los 2,50 metros de longitud, incluida la cola, y llegan a pesar hasta 140 kilos, y es el tercero en corpulencia a escala mundial, después del tigre de bengala y el león. Su nombre es de origen guaraní y significa “verdadera fiera”.
En la actualidad solo quedan alrededor de 200 ejemplares de yaguareté repartidos en tres poblaciones separadas en ecosistemas boscosos del norte argentino y se enfrentan al grave peligro de desaparecer.
En Corrientes dejaron de verse yaguaretés a mediados del siglo pasado. Hasta que se puso en funcionamiento el Centro de Reintroducción de Yaguareté (CRY) en la Isla San Alonso con el objetivo de criar yaguaretés que aprendan a vivir en libertad en un área del Parque Nacional del Iberá.
El pasado 6 de junio de 2018 nacieron Arami y Mbarete los primeros dos cachorros de yaguareté de origen correntino en el Centro de Reintroducción de esta especie, en la isla de San Alonso, Parque Nacional Iberá, tras décadas de ausencia en la región. Ahora se sumarán las dos hembras provenientes de Brasil.
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Rescate de lobos marinos por la contaminación del mar
Por la contaminación, cada año se rescatan entre 30 y 40 lobos marinos en la Costa Atlántica
Fecha de Publicación: 09/01/2019
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Buenos Aires
El dato proviene de la Fundación Fauna Argentina, que trabaja para salvar a los mamíferos que quedan atrapados entre redes perdidas, sunchos de embalaje y una gran cantidad de residuos derivados de la actividad pesquera. El video que muestra como un lobo marino lucha por quitarse un desecho que lo lastima
En los últimos días circuló un video que muestra el vano intento de un lobo marino por liberarse de un aro de plástico incrustado en la zona del cuello en la Escollera Sur de Mar del Plata. Las imágenes pusieron en agenda nuevamente una problemática de larga data que se repite no solo en La Feliz sino a lo largo de toda la costa bonaerense.
El censo de basura costera 2018 realizado por la Fundación Vida Silvestre en 16 localidades, arrojó resultados preocupantes: en 81 héctareas de relevamiento recolectaron 46.673 piezas de residuos, entre colillas de cigarro, bolsas, restos de nylon, vidrios, telgopor, botellas, tapitad y demás. El 82% del total eran elementos de plástico.
Juan Antonio Lorenzani es coordinador de la Fundación Fauna Argentina, una organización que desde 1982 se encarga del cuidado de especies marinas, especialmente de los lobos marinos, símbolos de la ciudad costera.
En diálogo con Infobae, el experto comentó que debido a la contaminación ambiental por año deben rescatar a entre 30 y 40 ejemplares afectados por "pedazos de redes, nylon, sogas, tanzas", que se suman a restos de plásticos, aros de botellas, anzuelos, entre otros elementos.
Además, contó que a muchos de los mamíferos, al igual que el del video en cuestión difundido por el diario La Capital, los deben liberar de sunchos. "Son elementos de forma circular que caen al agua. Se usan generalmente para prensar las cajas en el área del puerto. Se lo enganchan cuando nadan, les cortan la piel y después van penetrando en la zona muscular", explicó.
Para ello desarrollaron una herramienta especial, "un tipo de vara larga y liviana -de 1,5, 2 y 5 metros- que permite acercarse al animal de un modo seguro y evitando el uso de dardos tranquilizantes", detalló.
"Hay épocas en las que se llegaron a cortar hasta tres o cuatro sunchos por animal", agregó Lorenzani y apuntó que en temporada de verano se produce una merma de trabajo porque "la colonia de la Escollera Sur es de machos que emigran a las colonias de Uruguay, a la isla de Lobos o hacia el sur hasta fines de febrero o principios de marzo, cuando regresan".
Los sunchos de embalajes y la mayoría de los productos que afectan a los lobos marinos provienen de la actividad pesquera, puntualizó el experto.
Guillermo Cañete, que es integrante del Programa Marino de la Fundación Vida Silvestre, consideró que esto se debe a un combo de causales. "Algunas son la falta de conciencia, las prácticas pesqueras no responsables y el no cumplimiento de algunas regulaciones", señaló a Infobae.
Cañete contó que mediante el programa de su organización trabajan en la conservación de la biodiversidad y la pesca sustentable, proponiendo por ejemplo, "mejorar los dispositivos de pesca para bajar esta incidencia de la actividad sobre albatros, petreles, tortugas, mamíferos marinos y otros".
Independientemente de la producción pesquera, el problema de la contaminación marina se eleva a escalas globales. Un análisis de Naciones Unidas alertó que por año se arrojan 13 millones de toneladas de plástico a las aguas y pronosticó que para 2050 se estima que podría haber más plástico que peces en los océanos.
Ante este contexto, Cañete sostiene que hay mucho por cambiar: "Si seguimos consumiendo como lo estamos haciendo hoy seguramente los niveles de contaminación van a aumentar. Pero lo bueno es que se están llevando adelante iniciativas para frenar este problema. Por ejemplo, en Mar del Plata se trabaja en disminuir el ingreso de plástico al mar, controlando lo que pasa con los efluentes y desagües pluviales".
Por su parte, Lorenzani destacó que hace dos meses tuvieron reuniones con el consorcio regional puerto Mar del Plata, encargado del funcionamiento interno del puerto, en las que "se comprometieron a tener más cuidado" y hacer hincapié en que los residuos no caigan al agua.
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Fecha de Publicación: 09/01/2019
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Buenos Aires
El dato proviene de la Fundación Fauna Argentina, que trabaja para salvar a los mamíferos que quedan atrapados entre redes perdidas, sunchos de embalaje y una gran cantidad de residuos derivados de la actividad pesquera. El video que muestra como un lobo marino lucha por quitarse un desecho que lo lastima
En los últimos días circuló un video que muestra el vano intento de un lobo marino por liberarse de un aro de plástico incrustado en la zona del cuello en la Escollera Sur de Mar del Plata. Las imágenes pusieron en agenda nuevamente una problemática de larga data que se repite no solo en La Feliz sino a lo largo de toda la costa bonaerense.
El censo de basura costera 2018 realizado por la Fundación Vida Silvestre en 16 localidades, arrojó resultados preocupantes: en 81 héctareas de relevamiento recolectaron 46.673 piezas de residuos, entre colillas de cigarro, bolsas, restos de nylon, vidrios, telgopor, botellas, tapitad y demás. El 82% del total eran elementos de plástico.
Juan Antonio Lorenzani es coordinador de la Fundación Fauna Argentina, una organización que desde 1982 se encarga del cuidado de especies marinas, especialmente de los lobos marinos, símbolos de la ciudad costera.
En diálogo con Infobae, el experto comentó que debido a la contaminación ambiental por año deben rescatar a entre 30 y 40 ejemplares afectados por "pedazos de redes, nylon, sogas, tanzas", que se suman a restos de plásticos, aros de botellas, anzuelos, entre otros elementos.
Además, contó que a muchos de los mamíferos, al igual que el del video en cuestión difundido por el diario La Capital, los deben liberar de sunchos. "Son elementos de forma circular que caen al agua. Se usan generalmente para prensar las cajas en el área del puerto. Se lo enganchan cuando nadan, les cortan la piel y después van penetrando en la zona muscular", explicó.
Para ello desarrollaron una herramienta especial, "un tipo de vara larga y liviana -de 1,5, 2 y 5 metros- que permite acercarse al animal de un modo seguro y evitando el uso de dardos tranquilizantes", detalló.
"Hay épocas en las que se llegaron a cortar hasta tres o cuatro sunchos por animal", agregó Lorenzani y apuntó que en temporada de verano se produce una merma de trabajo porque "la colonia de la Escollera Sur es de machos que emigran a las colonias de Uruguay, a la isla de Lobos o hacia el sur hasta fines de febrero o principios de marzo, cuando regresan".
Los sunchos de embalajes y la mayoría de los productos que afectan a los lobos marinos provienen de la actividad pesquera, puntualizó el experto.
Guillermo Cañete, que es integrante del Programa Marino de la Fundación Vida Silvestre, consideró que esto se debe a un combo de causales. "Algunas son la falta de conciencia, las prácticas pesqueras no responsables y el no cumplimiento de algunas regulaciones", señaló a Infobae.
Cañete contó que mediante el programa de su organización trabajan en la conservación de la biodiversidad y la pesca sustentable, proponiendo por ejemplo, "mejorar los dispositivos de pesca para bajar esta incidencia de la actividad sobre albatros, petreles, tortugas, mamíferos marinos y otros".
Independientemente de la producción pesquera, el problema de la contaminación marina se eleva a escalas globales. Un análisis de Naciones Unidas alertó que por año se arrojan 13 millones de toneladas de plástico a las aguas y pronosticó que para 2050 se estima que podría haber más plástico que peces en los océanos.
Ante este contexto, Cañete sostiene que hay mucho por cambiar: "Si seguimos consumiendo como lo estamos haciendo hoy seguramente los niveles de contaminación van a aumentar. Pero lo bueno es que se están llevando adelante iniciativas para frenar este problema. Por ejemplo, en Mar del Plata se trabaja en disminuir el ingreso de plástico al mar, controlando lo que pasa con los efluentes y desagües pluviales".
Por su parte, Lorenzani destacó que hace dos meses tuvieron reuniones con el consorcio regional puerto Mar del Plata, encargado del funcionamiento interno del puerto, en las que "se comprometieron a tener más cuidado" y hacer hincapié en que los residuos no caigan al agua.
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Arrancó la "nueva" Embalse
Con Embalse, el 8,5% de la energía será nuclear
Fecha de Publicación: 09/01/2019
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba - Nacional
El ajuste fiscal y el cierre del mercado crediticio para la Argentina llegaron al área energética y el Gobierno descartó en forma definitiva la posibilidad de construir una central nuclear en Río Negro con financiamiento propio, por lo que sólo avanzará con una planta en la localidad bonaerense de Lima.
Así lo confirmó ayer a La Voz en exclusiva el subsecretario de Energía Nuclear, Julián Gadano, quien participó de la puesta en marcha de la “segunda vida” de la Central de Embalse, en la localidad cordobesa de Calamuchita, que permitirá llevar al 8,54% el aporte nuclear al sistema energético nacional.
Con la puesta en marcha de Embalse, ahora el sistema de energía nuclear de la Argentina cuenta con tres centrales, que se completa con Atucha I y Atucha II, ubicadas en Lima.
La cuarta estaba planificada como Atucha III, para funcionar a base de uranio natural y agua pesada en Lima. El inicio de obra estaba previsto para el primer trimestre de 2018, con financiamiento del Tesoro nacional.
Las restricciones presupuestarias por el ajuste fiscal emprendido por Cambiemos para reducir un déficit histórico y estructural y luego de la crisis cambiaria que terminó en un fuerte estrés financiero y pedido de auxilio al FMI, sepultaron la iniciativa.
Y la quinta central, que tendrá una potencia de 1.150 megavatios y funcionará con uranio enriquecido y agua liviana, estaba planificada para Río Negro pero ahora el proyecto se trasladó a Lima, en reemplazo de Atucha III. El objetivo oficial es iniciarla en 2020.
Gadano le explicó a La Voz que la planta que se construirá es la “más compleja” de las dos, dado que se ha decidido “privilegiar la central de uranio enriquecido” con tecnología y financiamiento de China, por unos 6.900 millones de dólares.
“Tenemos sitio en Lima (a metros de Atucha I y II) ya aprobado para una central. El terreno ya está expropiado, ya es propiedad de la empresa (administradora Nucleoeléctrica Argentina). Falta permiso ambiental y algunos trámites, pero estamos encaminados”, dijo Gadano.
Crédito chino
El crédito del gigante asiático, acordado en el marco del G-20 por el presidente Mauricio Macri y su par chino Xi Jinping, provendrá del banco ICBC (entre otros) y financiará el 85% de la construcción, con un plazo de 20 años, un período de gracia de ocho años y tasa preferencial.
Gadano destacó el acuerdo alcanzado con China al aclarar que Nucleoeléctrica Argentina empezará a pagar esta deuda al final de la construcción, cuando la planta ya esté operando, generando electricidad y facturando por ella.
Cuando la entonces presidenta Cristina Kirchner firmó en febrero de 2015 el primer acuerdo crediticio por 14 mil millones de dólares para las dos centrales, la deuda caía sobre el Tesoro.
Pero al llegar Macri, renegoció para que Nucleoeléctrica Argentina asuma el costo de una planta. Y la otra la dejó en pausa hasta que ahora decidió no avanzar.
“¿Qué pasó con la otra planta?”, consultó La Voz, a lo que Gadano respondió que dados los objetivos de lograr déficit fiscal cero, se necesitaba “cambiar la ingeniería financiera del préstamo”.
Como la empresa Nucleoeléctrica Argentina no puede tomar un préstamo por 14 mil millones de dólares, se decidió elegir una sola central.
“Nos pareció mucho mejor acelerar la construcción de la quinta, que será con tecnología basada en PWR (Pressurized Water Reactor, es un tipo de reactor nuclear que usa agua liviana como refrigerante), con un diseño modernizado post-Fukushima”.
Poderío nuclear
Con la puesta en marcha de la Central de Embalse, la Argentina pasará a tener el 8,54% de su potencia eléctrica bruta a base del recurso atómico, según precisaron a La Voz expertos de la empresa administradora Nucleoeléctrica Argentina. Si se mide por potencia instalada, en cambio, representan el 6%.
Atucha I aporta al sistema interconectado nacional 362 megavatios eléctricos desde la localidad bonaerense de Lima; y Atucha II, ubicada en el mismo lugar, cuenta con una potencia de 745 megavatios eléctricos. Estas dos plantas están hoy paradas por problemas operativos y volverían a la plenitud en uno o dos meses, por los trabajos contrarreloj que se están desarrollando para reactivarlas, según precisó Gadano.
Embalse pasará a ubicarse entonces en el segundo lugar con una potencia de 683 megavatios eléctricos, lo que representa el 38,15% del total disponible de poderío energético nuclear en la Argentina.
Matriz eléctrica
El Sistema Argentino de Interconexión (Sadi), la principal red de transporte de energía eléctrica, colecta y distribuye la potencia generada por 10 tipos de tecnologías distintas en el país.
Según datos de la Secretaría de Energía de la Nación consultados por La Voz, la potencia energética de fuente hidráulica concentra el 29% del total; y los ciclos combinados –en los que se transforma la energía térmica del gas natural en electricidad–, el 29,2%
El 18,09% proviene de turbogás; el 12%, de turbovapor; el 8,54%, de nuclear (con la entrada plena en operaciones de Embalse, era de 4,7% antes); el 5,1%, de motores diésel; el 0,6%, de eólica; el 0,1%, de biogás; el 0,01%, de solar; y el 1,3%, de pequeñas hidroeléctricas.
La potencia nuclear argentina, en datos
Cuánto aporta cada central y cuál es su tecnología.
Embalse. Antes de su extensión de vida, la Central Nuclear de Embalse tenía una potencia de 648 MWe. Durante las tareas de reacondicionamiento se repotenció la planta, incrementando su potencia a 683 MWe, es decir, un 6% más que su capacidad de generación anterior. Trabajando al 80% aportaría el 3,25% de la energía del país. Su reactor son tubos de presión (Candu). La potencia térmica es de 2.109 MWt, la potencia eléctrica bruta es de 683 MWe y usa como combustible el uranio natural.
Atucha I. Trabaja con un reactor recipiente de presión Siemens. Tiene una potencia térmica de 1.179 MWt y una potencia eléctrica bruta de 362 MWe. Usa uranio levemente enriquecido (0,85%). Aporta el 1,74% trabajando al 80% de su capacidad.
Atucha II. Trabaja con un tipo de reactor de recipiente de presión. Su potencia térmica es de 2.175 MWt y su potencia eléctrica bruta es de 745 MWe. Usa como combustible el uranio natural. Trabajando al 80% de su capacidad aporta el 3,54% de la energía del país.
Sonamos, la Barrick Gold dice que "estamos de regreso"
Ceo de Barrick Gold: "Mi mensaje para Argentina y Chile es que estamos de regreso"
Fecha de Publicación: 08/01/2019
Fuente: Cronista
Provincia/Región: Nacional
El nuevo CEO de Barrick Gold se ha comprometido a reducir el número de trabajadores en su oficina central en Toronto y revertir los planes para contratar analistas y codificadores de big data, mientras busca entregar el control de las operaciones a los sitios mineros locales.
Mark Bristow, un sudafricano de habla sencilla que se convirtió en el máximo responsable del mayor productor de oro del mundo después de la adquisición el año pasado de Randgold Resources, la minera de oro que él fundó en 1995, quiere que Barrick sea uan organzación más ágil con una estructura menos vertical.
‘No queremos dirigir las minas” desde una oficina central, afirmó Bristow, un crítico frecuente de desperdicios y gastos excesivos en la industria del oro, que le hizo perder dinero a los accionistas en la última década.
Sus comentarios son las primeras señales de que Bristow establecerá la dura cultura de Randgold, lo que ayudó a que se convirtiera en una de las acciones con mejor desempeño en Londres antes de dejar de cotizar después de la adquisición.
No obstante, los analistas sostienen que los teléfonos chinos que compiten con el iPhone son 50% más baratos y ofrecen funciones más innovadoras
Hablaba mientras el miércoles empezaban a operar las acciones de la compañía fusionada en Nueva York, que subieron 3% a u$s 13,54, lo que elevó su capitalización bursátil a u$s 16.000 millones.
Desde que se anunció la adquisición en septiembre, Barrick ha eliminado un piso completo de su oficina central en Toronto, contó Bristow. El objetivo es reducir el número de empleados a 70, comparado con los alrededor de 150 que había en septiembre.
En un giro en la estrategia de Barrick, Bristow dijo que eliminará los equipos internos de codificación y tecnología de la compañía, que se crearonn en EE.UU. en los últimos años como parte de un esfuerzo por aprovechar las últimas tecnologías digitales para bajar costos en las minas. Michelle Ash, quien era directora de innovación en Barrick, dejó la compañía a fines del año pasado.
‘Lo que queremos hacer es asegurarnos de que implementamos eso en el lugar‘, dijo Bristow. ‘No queremos que la cola mueva al perro, queremos que la tecnología sea una parte integral de las operaciones diarias. El gerente de la mina debería obtener los datos primero‘.
Bristow, que es geólogo, dijo que Barrick no tendrá miedo de operar en países riesgosos o trabajar en proyectos difíciles. Quiere aumentar su exposición a la República Democrática del Congo, dijo, y desarrollar proyectos de cobre y oro en América del Sur.
Bristow y John Thornton, presidente ejecutivo de Barrick, han dicho que se centrarán principalmente en cinco minas de ‘clase mundial‘, incluidas Cortez y Goldstrike en Nevada, Kibali en la República Democrática del Congo, Loulo-Gounkoto en Mali y Pueblo Viejo en República Dominicana.
Otras operaciones ‘no centrales‘ se vendieron, contaron.
Barrick ya informó que buscarán comprador para su participación de 50% en la mina Kalgoorlie en Australia, aunque Bristow dijo que el proceso no ha comenzado.
Los analistas también han especulado con que la mina de cobre Lumwana de la compañía en Zambia también podría incluirse en el bloque.
Bristow viajó recientemente a Chile, donde el gigantesco proyecto de Pascua Lama de Barrick en la frontera con Argentina está cerrado desde 2013 debido a dificultades ambientales.
‘Definitivamente estamos allá para quedarnos‘, dijo Bristow. ‘Mi mensaje para Argentina y Chile es que Barrick está de regreso‘.
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Fecha de Publicación: 08/01/2019
Fuente: Cronista
Provincia/Región: Nacional
El nuevo CEO de Barrick Gold se ha comprometido a reducir el número de trabajadores en su oficina central en Toronto y revertir los planes para contratar analistas y codificadores de big data, mientras busca entregar el control de las operaciones a los sitios mineros locales.
Mark Bristow, un sudafricano de habla sencilla que se convirtió en el máximo responsable del mayor productor de oro del mundo después de la adquisición el año pasado de Randgold Resources, la minera de oro que él fundó en 1995, quiere que Barrick sea uan organzación más ágil con una estructura menos vertical.
‘No queremos dirigir las minas” desde una oficina central, afirmó Bristow, un crítico frecuente de desperdicios y gastos excesivos en la industria del oro, que le hizo perder dinero a los accionistas en la última década.
Sus comentarios son las primeras señales de que Bristow establecerá la dura cultura de Randgold, lo que ayudó a que se convirtiera en una de las acciones con mejor desempeño en Londres antes de dejar de cotizar después de la adquisición.
No obstante, los analistas sostienen que los teléfonos chinos que compiten con el iPhone son 50% más baratos y ofrecen funciones más innovadoras
Hablaba mientras el miércoles empezaban a operar las acciones de la compañía fusionada en Nueva York, que subieron 3% a u$s 13,54, lo que elevó su capitalización bursátil a u$s 16.000 millones.
Desde que se anunció la adquisición en septiembre, Barrick ha eliminado un piso completo de su oficina central en Toronto, contó Bristow. El objetivo es reducir el número de empleados a 70, comparado con los alrededor de 150 que había en septiembre.
En un giro en la estrategia de Barrick, Bristow dijo que eliminará los equipos internos de codificación y tecnología de la compañía, que se crearonn en EE.UU. en los últimos años como parte de un esfuerzo por aprovechar las últimas tecnologías digitales para bajar costos en las minas. Michelle Ash, quien era directora de innovación en Barrick, dejó la compañía a fines del año pasado.
‘Lo que queremos hacer es asegurarnos de que implementamos eso en el lugar‘, dijo Bristow. ‘No queremos que la cola mueva al perro, queremos que la tecnología sea una parte integral de las operaciones diarias. El gerente de la mina debería obtener los datos primero‘.
Bristow, que es geólogo, dijo que Barrick no tendrá miedo de operar en países riesgosos o trabajar en proyectos difíciles. Quiere aumentar su exposición a la República Democrática del Congo, dijo, y desarrollar proyectos de cobre y oro en América del Sur.
Bristow y John Thornton, presidente ejecutivo de Barrick, han dicho que se centrarán principalmente en cinco minas de ‘clase mundial‘, incluidas Cortez y Goldstrike en Nevada, Kibali en la República Democrática del Congo, Loulo-Gounkoto en Mali y Pueblo Viejo en República Dominicana.
Otras operaciones ‘no centrales‘ se vendieron, contaron.
Barrick ya informó que buscarán comprador para su participación de 50% en la mina Kalgoorlie en Australia, aunque Bristow dijo que el proceso no ha comenzado.
Los analistas también han especulado con que la mina de cobre Lumwana de la compañía en Zambia también podría incluirse en el bloque.
Bristow viajó recientemente a Chile, donde el gigantesco proyecto de Pascua Lama de Barrick en la frontera con Argentina está cerrado desde 2013 debido a dificultades ambientales.
‘Definitivamente estamos allá para quedarnos‘, dijo Bristow. ‘Mi mensaje para Argentina y Chile es que Barrick está de regreso‘.
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Nativos siguen la lucha por el derecho sobre sus tierras
Los indígenas argentinos luchan por el derecho sobre sus tierras
Fecha de Publicación: 08/01/2019
Fuente: Agencia IPS
Provincia/Región: Nacional
Nancy López vive en una casa de barro, madera y latón, dentro de un terreno privado dedicado a la agricultura. Forma parte de una comunidad indígena del norte argentino de 12 familias que, como casi todas, no tiene título del suelo que ocupa y vive bajo la amenaza constante del desalojo.
Viuda y con nueve hijos, la mujer escuchó relatos de tiempos mejores. “Mi papá me contaba que antes podían ir, volver y quedarse donde quisieran. No se hablaba de tierras privadas, no había soja, no había alambrados. Se sentían libres. Hoy nos dicen usurpadores”, contó a IPS.
López pertenece a los wichí, uno de los pueblos indígenas más numerosos de los 31 registrados en Argentina. Según datos oficiales, los habitantes originarios representan 2,38 por ciento de la población total de este país sudamericano de 44 millones de personas, aunque especialistas y dirigentes indígenas consideran que el porcentaje real es muy superior.
Actualmente, los indígenas argentinos luchan por conservar su forma de vida en un contexto crítico que se debe, fundamentalmente, a los conflictos territoriales.
El 92 por ciento de las comunidades no tiene título de propiedad de la tierra que habita, según un relevamiento publicado en 2017 por la Auditoría General de la Nación, organismo de control que depende del Poder Legislativo.
La dimensión del conflicto es enorme. Aproximadamente la mitad de las 1.600 comunidades originarias que existen en el país han realizado o están realizando el proceso de relevamiento de sus tierras que el Estado empezó hace más de 10 años y reclaman ocho millones y medio de hectáreas, más que la superficie de Panamá.
El telón de fondo es el patrón de discriminación que en Argentina persiste a pesar de los avances normativos, como lo percibió en 2011, durante una visita al país, el entonces relator especial de las Naciones Unidas sobre los pueblos indígenas, James Anaya.
“Existen todavía legados de la época de colonización y la historia de exclusión sigue siendo muy visible”, escribió el relator en su informe.
Nancy López, quien ejerce un papel de liderazgo en su comunidad, dice que los niños ya no quieren hablar la lengua wichí, porque si lo hacen los discriminan en las escuelas, en las que debe existir un auxiliar bilingüe, de acuerdo a la Ley de Educación Nacional, vigente desde 2006.
“Al auxiliar bilingüe lo ponen a sacar fotocopias o a hacer mandados. Apenas les traduce a los chicos cuáles son las tareas. Hay mucho racismo”, contó López, mientras los niños de la comunidad jugaban con barro bajo la lluvia.
Su comunidad, El Quebracho, es una de las decenas que se ubican cerca de Tartagal, una ciudad de 80.000 habitantes en la provincia de Salta, sobre la ruta 86, que en realidad es un precario camino de tierra y barro que conduce a la frontera paraguaya.
López explica que su comunidad se instaló hace unos seis años en el campo donde hoy vive, sin permiso del dueño, “porque esto antiguamente era monte”, que es como en Argentina se llama a las áreas rurales naturales, que no han sido afectadas por actividades productivas.
Del monte, justamente, es de donde han nutrido históricamente sus necesidades de alimento, medicina o madera para construir sus casas los wichí y otros pueblos indígenas de la zona, que son cazadores-recolectores.
Pero cada vez hay menos monte. Junto con la vecina Santiago del Estero, Salta es la provincia argentina que más deforestación sufrió en los últimos años, por la expansión de la frontera agropecuaria, empujada principalmente por la soja transgénica, que hoy ocupa más de la mitad de la superficie sembrada en el país.
“A las comunidades indígenas nos fueron corriendo (echando) de Tartagal a medida que la ciudad se fue agrandando y entonces vamos donde podemos”, explica López, quien recuerda que hace un par de años fueron desalojados en un operativo en el que participaron unos 200 policías.
“Nos quedamos viviendo al costado de la ruta unos dos meses, hasta que los policías se fueron y volvimos a entrar. No tenemos otro lugar adónde ir. Antes todo era monte. Hoy estamos acorralados por la soja”, narró.
Desde su organización como nación, en 1853, Argentina se fijó como uno de sus objetivos primordiales excluir o asimilar a los indígenas.
De hecho, su Constitución, promulgada aquel año, exhortaba a “conservar el trato pacífico con los indios, y promover la conversión de ellos al catolicismo”, mientras, en cambio, imponía al gobierno, en el artículo 25 aún vigente, la obligación de fomentar la inmigración europea.
La directiva sobre la población originaria estuvo activa hasta hace apenas 25 años. Solo en 1994, durante la última reforma constitucional, se la reemplazó por un artículo que reconoce “la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas” y “la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan”.
Sin embargo, según el relator Anaya, el cambio constitucional no modificó una realidad marcada por “la desposesión histórica de grandes extensiones de tierras por estancieros y por la presencia de empresas agropecuarias, petroleras y mineras que operan en tierras reclamadas por comunidades indígenas”.
En 2006, el legislativo Congreso Nacional se hizo eco de la situación y sancionó la Ley de Comunidades Indígenas, que declaró la emergencia territorial indígena, ordenó la realización de relevamientos de los suelos ocupados ancestralmente y suspendió los desalojos, aun con sentencia judicial, por un plazo de cuatro años.
Desde entonces, sin embargo, el relevamiento ni siquiera empezó para la mitad de las comunidades, a pesar de que la ley ha sido prorrogada tres veces. Y aquellos que tienen relevamiento, en su gran mayoría tampoco tienen título de propiedad comunitaria.
Hoy en día se denuncia, además, que se siguen realizando desalojos, aunque la ley vigente los prohíbe hasta 2021.
Así, no extraña que sean territoriales la enorme mayoría de los conflictos que involucran a indígenas en Argentina, de acuerdo a Amnistía Internacional, que en 2017 difundió un estudio que detectó 225 situaciones no resueltas en todo el país.
“Algunas provincias han otorgado títulos de propiedad, pero no existen en la Argentina mecanismos institucionales de acceso a la propiedad comunitaria indígena. Hace falta una ley nacional”, dijo a IPS la abogada Gabriela Kletzel, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Esa organización no gubernamental tramita ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el caso de un grupo de comunidades, cuya propiedad sobre 400.000 hectáreas fue reconocida por el gobierno de la provincia de Salta en 2014.
“Sin embargo, esas comunidades aún no pueden disponer del territorio porque no tienen título de propiedad. Y todavía no consiguen que familias criollas saquen de su tierra el ganado vacuno, que destruye los recursos naturales que son fundamento de la vida indígena”, dijo Kletzel.
John Palmer, un antropólogo inglés que llegó a Salta hace más de 30 años y se casó con una indígena wichí, explicó a IPS: “Los indígenas que viven en la periferia de las ciudades son refugiados, que han sido desplazados de su lugar en el bosque, desde hace 100 años por campesinos no indígenas que llegaron con sus vacas y, en las últimas décadas, por los intereses productivistas del agro”.
“La destrucción del monte acabó con todos los recursos de su economía. Así, como muchos animales que ya no tiene qué comer, vinieron a las ciudades”, concluyó Palmer, quien vivió largos años en una comunidad rural wichí hasta que se trasladó a Tartagal con su esposa y los cinco hijos de ambos.
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Fecha de Publicación: 08/01/2019
Fuente: Agencia IPS
Provincia/Región: Nacional
Nancy López vive en una casa de barro, madera y latón, dentro de un terreno privado dedicado a la agricultura. Forma parte de una comunidad indígena del norte argentino de 12 familias que, como casi todas, no tiene título del suelo que ocupa y vive bajo la amenaza constante del desalojo.
Viuda y con nueve hijos, la mujer escuchó relatos de tiempos mejores. “Mi papá me contaba que antes podían ir, volver y quedarse donde quisieran. No se hablaba de tierras privadas, no había soja, no había alambrados. Se sentían libres. Hoy nos dicen usurpadores”, contó a IPS.
López pertenece a los wichí, uno de los pueblos indígenas más numerosos de los 31 registrados en Argentina. Según datos oficiales, los habitantes originarios representan 2,38 por ciento de la población total de este país sudamericano de 44 millones de personas, aunque especialistas y dirigentes indígenas consideran que el porcentaje real es muy superior.
Actualmente, los indígenas argentinos luchan por conservar su forma de vida en un contexto crítico que se debe, fundamentalmente, a los conflictos territoriales.
El 92 por ciento de las comunidades no tiene título de propiedad de la tierra que habita, según un relevamiento publicado en 2017 por la Auditoría General de la Nación, organismo de control que depende del Poder Legislativo.
La dimensión del conflicto es enorme. Aproximadamente la mitad de las 1.600 comunidades originarias que existen en el país han realizado o están realizando el proceso de relevamiento de sus tierras que el Estado empezó hace más de 10 años y reclaman ocho millones y medio de hectáreas, más que la superficie de Panamá.
El telón de fondo es el patrón de discriminación que en Argentina persiste a pesar de los avances normativos, como lo percibió en 2011, durante una visita al país, el entonces relator especial de las Naciones Unidas sobre los pueblos indígenas, James Anaya.
“Existen todavía legados de la época de colonización y la historia de exclusión sigue siendo muy visible”, escribió el relator en su informe.
Nancy López, quien ejerce un papel de liderazgo en su comunidad, dice que los niños ya no quieren hablar la lengua wichí, porque si lo hacen los discriminan en las escuelas, en las que debe existir un auxiliar bilingüe, de acuerdo a la Ley de Educación Nacional, vigente desde 2006.
“Al auxiliar bilingüe lo ponen a sacar fotocopias o a hacer mandados. Apenas les traduce a los chicos cuáles son las tareas. Hay mucho racismo”, contó López, mientras los niños de la comunidad jugaban con barro bajo la lluvia.
Su comunidad, El Quebracho, es una de las decenas que se ubican cerca de Tartagal, una ciudad de 80.000 habitantes en la provincia de Salta, sobre la ruta 86, que en realidad es un precario camino de tierra y barro que conduce a la frontera paraguaya.
López explica que su comunidad se instaló hace unos seis años en el campo donde hoy vive, sin permiso del dueño, “porque esto antiguamente era monte”, que es como en Argentina se llama a las áreas rurales naturales, que no han sido afectadas por actividades productivas.
Del monte, justamente, es de donde han nutrido históricamente sus necesidades de alimento, medicina o madera para construir sus casas los wichí y otros pueblos indígenas de la zona, que son cazadores-recolectores.
Pero cada vez hay menos monte. Junto con la vecina Santiago del Estero, Salta es la provincia argentina que más deforestación sufrió en los últimos años, por la expansión de la frontera agropecuaria, empujada principalmente por la soja transgénica, que hoy ocupa más de la mitad de la superficie sembrada en el país.
“A las comunidades indígenas nos fueron corriendo (echando) de Tartagal a medida que la ciudad se fue agrandando y entonces vamos donde podemos”, explica López, quien recuerda que hace un par de años fueron desalojados en un operativo en el que participaron unos 200 policías.
“Nos quedamos viviendo al costado de la ruta unos dos meses, hasta que los policías se fueron y volvimos a entrar. No tenemos otro lugar adónde ir. Antes todo era monte. Hoy estamos acorralados por la soja”, narró.
Desde su organización como nación, en 1853, Argentina se fijó como uno de sus objetivos primordiales excluir o asimilar a los indígenas.
De hecho, su Constitución, promulgada aquel año, exhortaba a “conservar el trato pacífico con los indios, y promover la conversión de ellos al catolicismo”, mientras, en cambio, imponía al gobierno, en el artículo 25 aún vigente, la obligación de fomentar la inmigración europea.
La directiva sobre la población originaria estuvo activa hasta hace apenas 25 años. Solo en 1994, durante la última reforma constitucional, se la reemplazó por un artículo que reconoce “la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas” y “la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan”.
Sin embargo, según el relator Anaya, el cambio constitucional no modificó una realidad marcada por “la desposesión histórica de grandes extensiones de tierras por estancieros y por la presencia de empresas agropecuarias, petroleras y mineras que operan en tierras reclamadas por comunidades indígenas”.
En 2006, el legislativo Congreso Nacional se hizo eco de la situación y sancionó la Ley de Comunidades Indígenas, que declaró la emergencia territorial indígena, ordenó la realización de relevamientos de los suelos ocupados ancestralmente y suspendió los desalojos, aun con sentencia judicial, por un plazo de cuatro años.
Desde entonces, sin embargo, el relevamiento ni siquiera empezó para la mitad de las comunidades, a pesar de que la ley ha sido prorrogada tres veces. Y aquellos que tienen relevamiento, en su gran mayoría tampoco tienen título de propiedad comunitaria.
Hoy en día se denuncia, además, que se siguen realizando desalojos, aunque la ley vigente los prohíbe hasta 2021.
Así, no extraña que sean territoriales la enorme mayoría de los conflictos que involucran a indígenas en Argentina, de acuerdo a Amnistía Internacional, que en 2017 difundió un estudio que detectó 225 situaciones no resueltas en todo el país.
“Algunas provincias han otorgado títulos de propiedad, pero no existen en la Argentina mecanismos institucionales de acceso a la propiedad comunitaria indígena. Hace falta una ley nacional”, dijo a IPS la abogada Gabriela Kletzel, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Esa organización no gubernamental tramita ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el caso de un grupo de comunidades, cuya propiedad sobre 400.000 hectáreas fue reconocida por el gobierno de la provincia de Salta en 2014.
“Sin embargo, esas comunidades aún no pueden disponer del territorio porque no tienen título de propiedad. Y todavía no consiguen que familias criollas saquen de su tierra el ganado vacuno, que destruye los recursos naturales que son fundamento de la vida indígena”, dijo Kletzel.
John Palmer, un antropólogo inglés que llegó a Salta hace más de 30 años y se casó con una indígena wichí, explicó a IPS: “Los indígenas que viven en la periferia de las ciudades son refugiados, que han sido desplazados de su lugar en el bosque, desde hace 100 años por campesinos no indígenas que llegaron con sus vacas y, en las últimas décadas, por los intereses productivistas del agro”.
“La destrucción del monte acabó con todos los recursos de su economía. Así, como muchos animales que ya no tiene qué comer, vinieron a las ciudades”, concluyó Palmer, quien vivió largos años en una comunidad rural wichí hasta que se trasladó a Tartagal con su esposa y los cinco hijos de ambos.
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Duro comunicado de la Asamblea Ambiental Gualeguaychú
Asamblea Ambiental Gualeguaychú: “Se terminan los tiempos, las alertas y la paciencia”
Fecha de Publicación: 08/01/2019
Fuente: Radio Máxima
Provincia/Región: Entre Ríos
En un fuerte pronunciamiento, los ambientalistas explicitan fuertes críticas a las autoridades nacionales, provinciales y locales por sus políticas ambientales a lo largo de 2018
En las últimas horas la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú dio a conocer un extenso documento en que detallan la preocupante situación en ocho cuestiones ambientales y realizan severas críticas al accionar de las autoridades de la CARU y de la Cancillería, a varios legisladores -entre ellos Juan José Bahillo, Alfredo De Ángeli y Nicolás Mattiauda- y a los titulares de Producción y Ambiente de la provincia. También se refieren -aunque sin mencionar su nombre- al Intendente de Concepción del Uruguay, Eduardo Lauritto. Además, hacen foco en el accionar en materia ambiental de los Gobiernos provincial -particularmente en la figura del Gobernador Bordet- y en el orden municipal, en lo referido a la situación de la Planta de Efluentes Cloacales y el Ecoparque. El texto completo del documento es el siguiente:
Se terminan los tiempos, las alertas y la paciencia
La Asamblea Ambiental Ciudadana de Gualeguaychú se dirige a la Opinión Pública
1. BOTNIA
En noviembre de 2017, el Gobierno del Presidente uruguayo Tabaré Vázquez, firmó con Botnia el primero de los documentos para la instalación de una segunda planta de pasta de celulosa, esta vez a orillas del río Negro. Una planta que duplicará a la que la misma corporación posee en Fray Bentos.
Al respecto, en junio de este año, la Asamblea Ciudadana Ambiental alertó a las autoridades de la Cancillería Argentina y de la CARU sobre dos cuestiones muy preocupantes.
La primera son los desechos industriales que dicha futura planta arrojará al río Negro, curso que desemboca en el Uruguay en la zona de La Pesquería, en la costa Uruguay Sur. El efecto acumulativo de dichos efluentes debe ser tenido muy en cuenta ya que deben sumarse los futuros desechos a los que ya produce la actual pastera de Botnia ubicada en Fray Bentos. Sobre este aspecto, el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya fue taxativo en su Fallo de 2010, cuando advirtió a Uruguay y Argentina que deben abstenerse de aumentar el grado de contaminación en el río Uruguay con nuevos emprendimientos industriales de magnitud.
El otro aspecto grave lo constituye el hecho de que Botnia haya expresado al Gobierno uruguayo que la primera alternativa a la localización de su segunda planta en el Departamento de Durazno sea Fray Bentos.
En tal sentido, poco después de la reunión celebrada en junio en la Cancillería, la CARU dio a conocer un documento titulado “Plan de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Río Uruguay en Áreas de Plantas de Celulosa”, publicado en el sitio web del Ente Binacional el 20 de julio de 2018.
En la Introducción de dicho Plan, se lee textualmente: “Teniendo en cuenta la implantación futura de plantas de celulosa y en el marco del actual PROGRAMA DE EVALUACIÓN DE CALIDAD DE AGUAS Y CONTROL DE LA CONTAMINACION DEL RIO URUGUAY (PROCON) se desarrolló un esquema cuya acción se centra en zonas de posible influencia de los emprendimientos”.
Más adelante, se describen las nuevas áreas a monitorear en el curso del río Uruguay, y entre ellas figura “el área de influencia del emprendimiento M’Bopicua”, que como es de dominio público es el lugar donde originalmente se iba a establecer la pastera de ENCE y que tras su decisión de abandonar el proyecto vendió esas tierras a Botnia. Precisamente, este sería el lugar donde podría llegar a instalarse la planta Botnia II si resultara inviable localizarla a orillas del río Negro.
Para la CARU existe una posibilidad concreta de “la implantación futura de plantas de celulosa” sobre el río Uruguay, hecho que ha quedado en evidencia en el documento al que se hace referencia, el cual, misteriosamente ha desaparecido del sitio oficial del organismo y ha dejado de ser público.
Tanto la posibilidad de un posible aumento de la contaminación por acumulación del río Uruguay como la posibilidad concreta de que una segunda pastera de Botnia termine instalándose Fray Bentos, son competencia de nuestra Cancillería y de la CARU, que tienen pleno conocimiento de la situación y tienen la obligación de requerir la información pertinente a las autoridades uruguayas. Desconocemos si desde el 18 de junio último y hasta a la fecha, han realizado gestión alguna en esta trascendental cuestión.
Está latente la probabilidad de que todo cuanto ha venido batallando la Asamblea Ciudadana Ambiental durante estos años con Botnia I se reproduzca. La Asamblea ya logró que la española ENCE no se instale en el río Uruguay, pero ahora podemos llegar a tener una Botnia II. Y si el Gobierno Nacional no actúa a tiempo, una vez más, tendremos hechos consumados.
Una vez más, la Asamblea Ciudadana advirtió con mucha antelación, profusa documentación y datos técnicos que la posibilidad de que Botnia II se instale a orillas del río Negro uruguayo es técnica y ambientalmente imposible. Las autoridades nacionales, a través de la CARU deberían informar que temperamento adoptarán ante el severo alerta planteado y actuar a tiempo, porque existen plazos estipulados en el Estatuto de río Uruguay para las reclamaciones. Plazos que si se obvian, pueden originar hechos consumados.
Si así ocurriera, las autoridades deberían ser conscientes que Gualeguaychú dará una nueva batalla. Y ésta vez, será inevitable.
Con relación al conflicto no concluido sobre la planta de Botnia existente en Fray Bentos, hay otra cuestión muy preocupante. Los últimos informes mensuales respecto al monitoreo de la planta Orión que figuran publicados en el sitio oficial del organismo binacional son los correspondiente a los meses de agosto a noviembre de 2017. Los mismos se publicaron el 25 de septiembre de este año y, desde entonces, no se conocen nuevos resultados al respecto.
2. MONITOREO DEL AIRE
Por otra parte, la Asamblea Ciudadana Ambiental desde hace más de dos años, viene realizando un permanente seguimiento para que de una vez por todas sepamos qué aire estamos respirando en la ciudad. La contaminación atmosférica que produce Botnia Fray Bentos es cada vez mayor, y va de la mano del aumento de su producción autorizada por el ex presidente José Mujica.
En este punto, seguimos dando vueltas para que, entre el Municipio, la Provincia y la Nación, se pongan en marcha el equipo de la CNEA que hace años venimos reclamando, y que por cuestiones burocráticas está demorada, impidiendo que conozcamos la calidad del aire que respiramos día a día en Gualeguaychú.
3. FUMIGACIONES
Asimismo, el Gobierno Nacional viene otorgando excepcionales facilidades a las multinacionales que en nuestro país realizan una actividad extractivista sin precedentes, llámese fracking, minas a cielo abierto y también en materia de agro negocios, a través del uso indiscriminado y muchas veces sin control alguno, de agrotóxicos potencialmente cancerígenos en las actividades productivas.
La Asamblea Ciudadana Ambiental reafirma que hasta que no se demuestre que alguna de estas sustancias que se utilizan en dichas actividades no daña la salud humana, se opone tenazmente, haciendo valer el principio precautorio que fija la ley vigente en todo el territorio nacional en materia de Ambiente.
En Entre Ríos, esta política se replica sin subterfugios. La actitud demostrada por el Ejecutivo provincial de apelar fallos judiciales de primera instancia y, no solo eso, del Superior Tribunal de Justicia que ordenan y establecen perímetros de seguridad en las fumigaciones terrestres y aéreas alrededor de escuelas y poblaciones rurales y cursos de agua, es escandalosa.
Es llamativo que a la responsable del Consejo General de Educación de la provincia, no se le haya escuchado una sola manifestación pública durante 2018, solidarizándose con los docentes y alumnos que permanentemente son fumigados.
También resulta vergonzoso que el Senador Departamental de Gualeguaychú, Nicolás Mattiauda y el Senador Nacional Alfredo De Ángeli estén presionando junto a la Mesa de Enlace para que se reglamente con un Decreto del gobernador Bordet el fallo judicial emitido por el Superior Tribunal respecto a las fumigaciones. En la parte resolutiva del mencionado fallo no existe referencia alguna por parte de los tres Vocales ordenando al Poder Ejecutivo Provincial a dictar decreto alguno. Muy por el contrario, uno de ellos en su voto particular llega a exhortar al Poder Legislativo a sancionar una nueva ley en materia de agrotóxicos que sustituya la actual que rige en Entre Ríos. Si se produjera alguna norma regulatoria respecto de la sentencia judicial, los responsables inevitablemente deberán ser llevados ante la Justicia sin miramiento alguno.
4. LEY DE LA MADERA
Muestra de la genuflexión del Gobierno provincial hacia el de la Nación, ha sido la derogación de la llamada Ley de la Madera en Entre Ríos. Con el pretexto de hacer aumentar el proceso productivo en la provincia, los rollizos en bruto de eucaliptus están siendo exportados a China desde Concepción del Uruguay, con el silencio cómplice del Intendente de esa ciudad, que hasta la fecha no ha emitido opinión al respecto.
Es un secreto a voces que, mientras una parte de estos embarques de troncos van al gigante asiático, otros van veladamente al Puerto de Montevideo como materia prima que luego se desvía hacia las dos pasteras que están activas en Uruguay. La vergonzante derogación de esa ley, impulsada por el Gobernador Bordet y votada por la inmensa mayoría de diputados y senadores provinciales, solo buscaba defender los intereses de la Asociación Forestal Argentina (AFOA) y vender fundamentalmente a las industrias pasteras del Uruguay.
Las mentiras esbozadas por el Gobernador Bordet intentando justificar que la derogación de la ley permitiría reactivar la industria maderera entrerriana, la incorporación de valor agregado y la construcción de viviendas están a la vista de todos. Sobran los dedos de una mano para contabilizar los “proyectos de desarrollo maderero” mientras los productores del sector padecen una crisis sin precedentes. Y no solo esto: las prometidas 250 casas de madera que Bordet anunció que se iban a construir en 2018 no existen.
5. GLIFOSATO
Existe un apoyo manifiesto del Gobierno de Entre Ríos hacia los sectores concentrados de la producción agrícola a favor del uso de agrotóxicos. La actuación de las Secretarías de Ambiente y de Producción de la provincia es impresentable y los responsables de dichos organismos, Barbieri y Gabbás son los ejecutores de esta política que prioriza el agro negocio a la salud de los entrerrianos. Resultan patéticos argumentos tales como “uso racional” o “buenas prácticas” en el uso de estos venenos.
Afortunadamente, para el ejido de Gualeguaychú hubo una resolución muy concreta de prohibición para el uso, almacenamiento, tenencia y comercialización del glifosato, si bien la Municipalidad de Gualeguaychú debería proponer la modificación de los irrisorios montos de las multas que se fijaron por Ordenanza a los infractores. Asimismo aún no se ha reglamentado la Ordenanza, también ya aprobada, que regula la aplicación del resto de los agrotóxicos. Se desconoce si la misma contará con un presupuesto capaz de hacer efectivo un verdadero control sobre los productores y profesionales las empresas de fumigación.
Si bien apoyamos esta clase de normativas, la Asamblea cree que estas medidas deben ser prudentes y consensuadas, llegando a acuerdos con plazos determinados, dando tiempo a los productores para adaptarse y lograr una producción sana y sin contaminantes.
6. PLANTA DE EFLUENTES CLOACALES
Otra de las cuestiones muy preocupante es el lamentable estado de funcionamiento de la Planta de Efluentes Cloacales, que es una de las causas más importantes de la contaminación del río Gualeguaychú. Hay que recordar que el Intendente y hoy Diputado Nacional Juan José Bahillo ya decía en 2011 que el funcionamiento de la planta “siempre fue óptimo”. Una falsedad que repetiría sin vergüenza alguna en varias oportunidades, todas ellas documentadas, entre octubre de 2012 y hasta 2015.
La nueva gestión municipal a partir de diciembre de 2015, reconoció que el funcionamiento de la planta no era el adecuado. Pero pese a los Convenios firmados con Universidades Nacionales, diferentes reparaciones que debieron hacerse, renovación de algunos componentes de la planta, el resultado sigue siendo el mismo. O peor. En este sentido, la Asamblea Ciudadana Ambiental renueva el fuerte reclamo que viene ejerciendo a través del Foro Ambiental, para que se ponga en condiciones definitivamente la Planta de Efluentes y cesar con la contaminación del río Gualeguaychú.
7. PLANTA EFLUENTES PIG
Celebramos la concreción de la nueva planta de tratamiento de efluentes del Parque Industrial de Gualeguaychú y su derivación aguas debajo de la Toma de Agua de nuestra ciudad. Este logro se debe al permanente reclamo de los vecinos del Barrio Don Pedro quienes lograron que interviniera la UFIMA. También destacamos el accionar del Foro Ambiental y la presión de la Justicia para conseguir una solución definitiva a la grave situación de contaminación ambiental denunciada.
8. ECOPARQUE
Un párrafo final merece la situación en el Ecoparque de nuestra ciudad, ya que el mismo quedaría sin capacidad para el tratamiento y enterramiento de los residuos urbanos. Una obra sobre la que, la Auditoría General de la Nación, en mayo de 2015, reveló que existieron irregularidades atribuibles a la anterior gestión municipal y que nunca se investigaron.
Cuatro años después de su construcción y puesta en funcionamiento, el Ecoparque prácticamente está al límite de su operación y ahora será necesario que la Municipalidad negocie un nuevo crédito para su ampliación. La Asamblea Ciudadana Ambiental exige a las autoridades locales que hagan público a la brevedad cuál será el accionar concreto que llevarán a cabo para lograr que el Ecoparque continúe funcionando.
Finalmente, ante este terrible panorama de lo que ha acontecido en el año que está finalizando en materia ambiental en nuestra ciudad como así también en la provincia como en la Nación, desde la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú, advertimos seriamente a las autoridades que actúen conforme a cumplir con la obligación constitucional de garantizar el derecho de la población a que su salud sea preservada y a vivir en un ambiente sano.
Los tiempos, las alertas y la paciencia, se terminan.
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Fecha de Publicación: 08/01/2019
Fuente: Radio Máxima
Provincia/Región: Entre Ríos
En un fuerte pronunciamiento, los ambientalistas explicitan fuertes críticas a las autoridades nacionales, provinciales y locales por sus políticas ambientales a lo largo de 2018
En las últimas horas la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú dio a conocer un extenso documento en que detallan la preocupante situación en ocho cuestiones ambientales y realizan severas críticas al accionar de las autoridades de la CARU y de la Cancillería, a varios legisladores -entre ellos Juan José Bahillo, Alfredo De Ángeli y Nicolás Mattiauda- y a los titulares de Producción y Ambiente de la provincia. También se refieren -aunque sin mencionar su nombre- al Intendente de Concepción del Uruguay, Eduardo Lauritto. Además, hacen foco en el accionar en materia ambiental de los Gobiernos provincial -particularmente en la figura del Gobernador Bordet- y en el orden municipal, en lo referido a la situación de la Planta de Efluentes Cloacales y el Ecoparque. El texto completo del documento es el siguiente:
Se terminan los tiempos, las alertas y la paciencia
La Asamblea Ambiental Ciudadana de Gualeguaychú se dirige a la Opinión Pública
1. BOTNIA
En noviembre de 2017, el Gobierno del Presidente uruguayo Tabaré Vázquez, firmó con Botnia el primero de los documentos para la instalación de una segunda planta de pasta de celulosa, esta vez a orillas del río Negro. Una planta que duplicará a la que la misma corporación posee en Fray Bentos.
Al respecto, en junio de este año, la Asamblea Ciudadana Ambiental alertó a las autoridades de la Cancillería Argentina y de la CARU sobre dos cuestiones muy preocupantes.
La primera son los desechos industriales que dicha futura planta arrojará al río Negro, curso que desemboca en el Uruguay en la zona de La Pesquería, en la costa Uruguay Sur. El efecto acumulativo de dichos efluentes debe ser tenido muy en cuenta ya que deben sumarse los futuros desechos a los que ya produce la actual pastera de Botnia ubicada en Fray Bentos. Sobre este aspecto, el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya fue taxativo en su Fallo de 2010, cuando advirtió a Uruguay y Argentina que deben abstenerse de aumentar el grado de contaminación en el río Uruguay con nuevos emprendimientos industriales de magnitud.
El otro aspecto grave lo constituye el hecho de que Botnia haya expresado al Gobierno uruguayo que la primera alternativa a la localización de su segunda planta en el Departamento de Durazno sea Fray Bentos.
En tal sentido, poco después de la reunión celebrada en junio en la Cancillería, la CARU dio a conocer un documento titulado “Plan de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Río Uruguay en Áreas de Plantas de Celulosa”, publicado en el sitio web del Ente Binacional el 20 de julio de 2018.
En la Introducción de dicho Plan, se lee textualmente: “Teniendo en cuenta la implantación futura de plantas de celulosa y en el marco del actual PROGRAMA DE EVALUACIÓN DE CALIDAD DE AGUAS Y CONTROL DE LA CONTAMINACION DEL RIO URUGUAY (PROCON) se desarrolló un esquema cuya acción se centra en zonas de posible influencia de los emprendimientos”.
Más adelante, se describen las nuevas áreas a monitorear en el curso del río Uruguay, y entre ellas figura “el área de influencia del emprendimiento M’Bopicua”, que como es de dominio público es el lugar donde originalmente se iba a establecer la pastera de ENCE y que tras su decisión de abandonar el proyecto vendió esas tierras a Botnia. Precisamente, este sería el lugar donde podría llegar a instalarse la planta Botnia II si resultara inviable localizarla a orillas del río Negro.
Para la CARU existe una posibilidad concreta de “la implantación futura de plantas de celulosa” sobre el río Uruguay, hecho que ha quedado en evidencia en el documento al que se hace referencia, el cual, misteriosamente ha desaparecido del sitio oficial del organismo y ha dejado de ser público.
Tanto la posibilidad de un posible aumento de la contaminación por acumulación del río Uruguay como la posibilidad concreta de que una segunda pastera de Botnia termine instalándose Fray Bentos, son competencia de nuestra Cancillería y de la CARU, que tienen pleno conocimiento de la situación y tienen la obligación de requerir la información pertinente a las autoridades uruguayas. Desconocemos si desde el 18 de junio último y hasta a la fecha, han realizado gestión alguna en esta trascendental cuestión.
Está latente la probabilidad de que todo cuanto ha venido batallando la Asamblea Ciudadana Ambiental durante estos años con Botnia I se reproduzca. La Asamblea ya logró que la española ENCE no se instale en el río Uruguay, pero ahora podemos llegar a tener una Botnia II. Y si el Gobierno Nacional no actúa a tiempo, una vez más, tendremos hechos consumados.
Una vez más, la Asamblea Ciudadana advirtió con mucha antelación, profusa documentación y datos técnicos que la posibilidad de que Botnia II se instale a orillas del río Negro uruguayo es técnica y ambientalmente imposible. Las autoridades nacionales, a través de la CARU deberían informar que temperamento adoptarán ante el severo alerta planteado y actuar a tiempo, porque existen plazos estipulados en el Estatuto de río Uruguay para las reclamaciones. Plazos que si se obvian, pueden originar hechos consumados.
Si así ocurriera, las autoridades deberían ser conscientes que Gualeguaychú dará una nueva batalla. Y ésta vez, será inevitable.
Con relación al conflicto no concluido sobre la planta de Botnia existente en Fray Bentos, hay otra cuestión muy preocupante. Los últimos informes mensuales respecto al monitoreo de la planta Orión que figuran publicados en el sitio oficial del organismo binacional son los correspondiente a los meses de agosto a noviembre de 2017. Los mismos se publicaron el 25 de septiembre de este año y, desde entonces, no se conocen nuevos resultados al respecto.
2. MONITOREO DEL AIRE
Por otra parte, la Asamblea Ciudadana Ambiental desde hace más de dos años, viene realizando un permanente seguimiento para que de una vez por todas sepamos qué aire estamos respirando en la ciudad. La contaminación atmosférica que produce Botnia Fray Bentos es cada vez mayor, y va de la mano del aumento de su producción autorizada por el ex presidente José Mujica.
En este punto, seguimos dando vueltas para que, entre el Municipio, la Provincia y la Nación, se pongan en marcha el equipo de la CNEA que hace años venimos reclamando, y que por cuestiones burocráticas está demorada, impidiendo que conozcamos la calidad del aire que respiramos día a día en Gualeguaychú.
3. FUMIGACIONES
Asimismo, el Gobierno Nacional viene otorgando excepcionales facilidades a las multinacionales que en nuestro país realizan una actividad extractivista sin precedentes, llámese fracking, minas a cielo abierto y también en materia de agro negocios, a través del uso indiscriminado y muchas veces sin control alguno, de agrotóxicos potencialmente cancerígenos en las actividades productivas.
La Asamblea Ciudadana Ambiental reafirma que hasta que no se demuestre que alguna de estas sustancias que se utilizan en dichas actividades no daña la salud humana, se opone tenazmente, haciendo valer el principio precautorio que fija la ley vigente en todo el territorio nacional en materia de Ambiente.
En Entre Ríos, esta política se replica sin subterfugios. La actitud demostrada por el Ejecutivo provincial de apelar fallos judiciales de primera instancia y, no solo eso, del Superior Tribunal de Justicia que ordenan y establecen perímetros de seguridad en las fumigaciones terrestres y aéreas alrededor de escuelas y poblaciones rurales y cursos de agua, es escandalosa.
Es llamativo que a la responsable del Consejo General de Educación de la provincia, no se le haya escuchado una sola manifestación pública durante 2018, solidarizándose con los docentes y alumnos que permanentemente son fumigados.
También resulta vergonzoso que el Senador Departamental de Gualeguaychú, Nicolás Mattiauda y el Senador Nacional Alfredo De Ángeli estén presionando junto a la Mesa de Enlace para que se reglamente con un Decreto del gobernador Bordet el fallo judicial emitido por el Superior Tribunal respecto a las fumigaciones. En la parte resolutiva del mencionado fallo no existe referencia alguna por parte de los tres Vocales ordenando al Poder Ejecutivo Provincial a dictar decreto alguno. Muy por el contrario, uno de ellos en su voto particular llega a exhortar al Poder Legislativo a sancionar una nueva ley en materia de agrotóxicos que sustituya la actual que rige en Entre Ríos. Si se produjera alguna norma regulatoria respecto de la sentencia judicial, los responsables inevitablemente deberán ser llevados ante la Justicia sin miramiento alguno.
4. LEY DE LA MADERA
Muestra de la genuflexión del Gobierno provincial hacia el de la Nación, ha sido la derogación de la llamada Ley de la Madera en Entre Ríos. Con el pretexto de hacer aumentar el proceso productivo en la provincia, los rollizos en bruto de eucaliptus están siendo exportados a China desde Concepción del Uruguay, con el silencio cómplice del Intendente de esa ciudad, que hasta la fecha no ha emitido opinión al respecto.
Es un secreto a voces que, mientras una parte de estos embarques de troncos van al gigante asiático, otros van veladamente al Puerto de Montevideo como materia prima que luego se desvía hacia las dos pasteras que están activas en Uruguay. La vergonzante derogación de esa ley, impulsada por el Gobernador Bordet y votada por la inmensa mayoría de diputados y senadores provinciales, solo buscaba defender los intereses de la Asociación Forestal Argentina (AFOA) y vender fundamentalmente a las industrias pasteras del Uruguay.
Las mentiras esbozadas por el Gobernador Bordet intentando justificar que la derogación de la ley permitiría reactivar la industria maderera entrerriana, la incorporación de valor agregado y la construcción de viviendas están a la vista de todos. Sobran los dedos de una mano para contabilizar los “proyectos de desarrollo maderero” mientras los productores del sector padecen una crisis sin precedentes. Y no solo esto: las prometidas 250 casas de madera que Bordet anunció que se iban a construir en 2018 no existen.
5. GLIFOSATO
Existe un apoyo manifiesto del Gobierno de Entre Ríos hacia los sectores concentrados de la producción agrícola a favor del uso de agrotóxicos. La actuación de las Secretarías de Ambiente y de Producción de la provincia es impresentable y los responsables de dichos organismos, Barbieri y Gabbás son los ejecutores de esta política que prioriza el agro negocio a la salud de los entrerrianos. Resultan patéticos argumentos tales como “uso racional” o “buenas prácticas” en el uso de estos venenos.
Afortunadamente, para el ejido de Gualeguaychú hubo una resolución muy concreta de prohibición para el uso, almacenamiento, tenencia y comercialización del glifosato, si bien la Municipalidad de Gualeguaychú debería proponer la modificación de los irrisorios montos de las multas que se fijaron por Ordenanza a los infractores. Asimismo aún no se ha reglamentado la Ordenanza, también ya aprobada, que regula la aplicación del resto de los agrotóxicos. Se desconoce si la misma contará con un presupuesto capaz de hacer efectivo un verdadero control sobre los productores y profesionales las empresas de fumigación.
Si bien apoyamos esta clase de normativas, la Asamblea cree que estas medidas deben ser prudentes y consensuadas, llegando a acuerdos con plazos determinados, dando tiempo a los productores para adaptarse y lograr una producción sana y sin contaminantes.
6. PLANTA DE EFLUENTES CLOACALES
Otra de las cuestiones muy preocupante es el lamentable estado de funcionamiento de la Planta de Efluentes Cloacales, que es una de las causas más importantes de la contaminación del río Gualeguaychú. Hay que recordar que el Intendente y hoy Diputado Nacional Juan José Bahillo ya decía en 2011 que el funcionamiento de la planta “siempre fue óptimo”. Una falsedad que repetiría sin vergüenza alguna en varias oportunidades, todas ellas documentadas, entre octubre de 2012 y hasta 2015.
La nueva gestión municipal a partir de diciembre de 2015, reconoció que el funcionamiento de la planta no era el adecuado. Pero pese a los Convenios firmados con Universidades Nacionales, diferentes reparaciones que debieron hacerse, renovación de algunos componentes de la planta, el resultado sigue siendo el mismo. O peor. En este sentido, la Asamblea Ciudadana Ambiental renueva el fuerte reclamo que viene ejerciendo a través del Foro Ambiental, para que se ponga en condiciones definitivamente la Planta de Efluentes y cesar con la contaminación del río Gualeguaychú.
7. PLANTA EFLUENTES PIG
Celebramos la concreción de la nueva planta de tratamiento de efluentes del Parque Industrial de Gualeguaychú y su derivación aguas debajo de la Toma de Agua de nuestra ciudad. Este logro se debe al permanente reclamo de los vecinos del Barrio Don Pedro quienes lograron que interviniera la UFIMA. También destacamos el accionar del Foro Ambiental y la presión de la Justicia para conseguir una solución definitiva a la grave situación de contaminación ambiental denunciada.
8. ECOPARQUE
Un párrafo final merece la situación en el Ecoparque de nuestra ciudad, ya que el mismo quedaría sin capacidad para el tratamiento y enterramiento de los residuos urbanos. Una obra sobre la que, la Auditoría General de la Nación, en mayo de 2015, reveló que existieron irregularidades atribuibles a la anterior gestión municipal y que nunca se investigaron.
Cuatro años después de su construcción y puesta en funcionamiento, el Ecoparque prácticamente está al límite de su operación y ahora será necesario que la Municipalidad negocie un nuevo crédito para su ampliación. La Asamblea Ciudadana Ambiental exige a las autoridades locales que hagan público a la brevedad cuál será el accionar concreto que llevarán a cabo para lograr que el Ecoparque continúe funcionando.
Finalmente, ante este terrible panorama de lo que ha acontecido en el año que está finalizando en materia ambiental en nuestra ciudad como así también en la provincia como en la Nación, desde la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú, advertimos seriamente a las autoridades que actúen conforme a cumplir con la obligación constitucional de garantizar el derecho de la población a que su salud sea preservada y a vivir en un ambiente sano.
Los tiempos, las alertas y la paciencia, se terminan.
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Los bosques siguen penando, cada vez menos presupuesto
Nación se queda con dinero de las provincias para preservar los bosques
Fecha de Publicación: 07/01/2019
Fuente: Primera Edición
Provincia/Región: Nacional
Por ley se establece que se debe destinar un 0,3% del presupuesto nacional a las áreas protegidas. Sin embargo de una suma equivalente a $12.516 millones para 2019, el Estado nacional sólo distribuirá $570 millones.
En los primeros ocho años de vigencia de la Ley de Bosques, que entró en vigencia en 2010, el Estado Nacional debería haber transferido a las provincias compensaciones ambientales por al menos 28.960 millones de pesos. Pero apenas desembolsó 1.546 millones.
Por lo tanto, si se suman las asignaciones correspondientes al período comprendido entre 2010 y 2017, puede advertirse que en ese lapso el Estado nacional se apropió de unos 27.400 millones de pesos nominales pertenecientes a las provincias.
Misiones tiene un tercio de su territorio como áreas protegidas y reservas naturales, por lo tanto, el dinero que pueda llegar para preservación ambiental es muy importante ya que los beneficios de un medio ambiente sano llegan a todos los argentinos, a través del oxígeno, el suelo, el agua y la biodiversidad. La superficie total de la provincia alcanza las 3.000.000 de hectáreas y el total de superficie aproximada bajo alguna categoria de protección ambiental es de 1.394.000 has.
Para el año 2019 la situación no cambia. Al contrario: empeora.
El Gobierno nacional violará por décimo año consecutivo lo establecido por la “Ley de Bosques”, que indica que el 0,3% del presupuesto nacional debe destinarse a la preservación de los bosques. Ese porcentaje equivale, en el presupuesto del 2019, a la suma de 12.516 millones de pesos, mientras que en concepto de retenciones agroindustriales deberían sumarse al menos otros 2000 millones.
Es decir: el año que viene el Fondo de Conservación de los Bosques Nativos debería ser por lo menos de 14.500 millones de pesos. Sin embargo, el proyecto de Presupuesto 2019 asigna una partida de apenas 570,5 millones de pesos (cerca del 5% del monto correspondiente).
Los datos surgen del último “Informe del estado del ambiente 2017” publicado esta semana por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo sustentable de la Nación.
La Ley 26.331 (“Ley de Bosques”) dispone la creación de un Fondo de Conservación de los Bosques Nativos, cuyo propósito es compensar a las provincias y a los propietarios de campos que, debido al ordenamiento territorial establecido en cada jurisdicción, no puedan poner en producción el territorio en cuestión.Dicho fondo –según lo que determina la Ley de Bosques– debe ser integrado por partidas anuales que “no podrán ser inferiores al 0,3% del Presupuesto Nacional” y por “el 2,0% del total de las retenciones a las exportaciones de productos primarios y secundarios provenientes de la agricultura, ganadería y sector forestal correspondientes al año anterior del ejercicio en consideración”.
El incumplimiento sistemático en la conformación del Fondo de Conservación de los Bosques Nativos constituye una apropiación indebida, por parte del Estado nacional, de recursos pertenecientes a las provincias.No es una maniobra exclusiva del Gobierno de Mauricio Macri. En la década kirchnerista se incumplía de la misma manera.
Reclamo misionero
Esta situación generó un reclamo de la diputada nacional por Misiones, Verónica Derna, ex ministra de Ecología, quien sostuvo ante la Cámara de Diputados de la Nación que “hace casi diez años el Gobierno nacional se queda con parte de los recursos que por ley se deben destinar al cuidado de los bosques y solamente incluye una pequeña parte en el presupuesto anual”.
Para 2019, en el artículo 16, se asignaron al Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos un monto de $570.500.000 y para el Programa Nacional de Protección de los Bosques Nativos un monto de $25.000.000. Sin embargo, este monto estipulado corresponde apenas al 5% de lo que debiera establecerse a la protección de nuestros bosques si se cumpliera la ley.
Derna fue más precisa al señalar que el monto debe proteger casi 30 millones de hectáreas, por lo tanto “es equivalente a un peso por hectárea por mes, equivalente a doce pesos por hectárea por año”.“Por ello solicitamos un aumento, hay herramientas para hacerlo por decisión administrativa”, agregó.
“No solo lo pedimos nosotros, sino también el Cofema (Consejo Federal de Medio Ambiente) y también lo han pedido Fundaciones como Vida Silvestre, Bosques Nativos Argentinos y propietarios de reservas privadas”, dijo la ex ministra.
Recordó que “en 2017 fuimos escuchados y una vez que planteamos el problema, el aumento se vio reflejado en una respuesta por decisión administrativa. Este año tenemos el mismo presupuesto que el año pasado y esto en relación a la cantidad de hectáreas de bosque nativo, que son más de 30 millones, es equivalente a un peso por hectárea por mes, equivalente a doce pesos por hectárea por año”.
“Por ello solicitamos un aumento, hay herramientas para hacerlo. Solicitamos que sea por decisión administrativa, lo faculta el artículo 16”, enfatizó.
“Conservar los bosques nativos es conservar el suelo, la flora, fauna, la biodiversidad, y nos brinda mejor calidad de vida”, finalizó Derna.
Crítico informe de la AGN
Un informe elaborado este año por la Auditoría General de la Nación (AGN) denunció que “la falta de presupuesto adecuado se traduce en el terreno en una baja efectividad de protección de los bosques nativos, ya que se financian menos planes que los presentados en las provincias”, además de propiciar “un monitoreo y control débil e insuficiente por falta de recursos tanto a nivel provincial como nacional (falta de equipamiento, vehículos y personal para las tareas de monitoreo y fiscalización)”.
“A diez años de la sanción de la Ley (de Bosques) 26.331, el monto previsto en las sucesivas leyes nacionales de presupuesto ha sido marcadamente inferior al que correspondería”, agrega.
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Fecha de Publicación: 07/01/2019
Fuente: Primera Edición
Provincia/Región: Nacional
Por ley se establece que se debe destinar un 0,3% del presupuesto nacional a las áreas protegidas. Sin embargo de una suma equivalente a $12.516 millones para 2019, el Estado nacional sólo distribuirá $570 millones.
En los primeros ocho años de vigencia de la Ley de Bosques, que entró en vigencia en 2010, el Estado Nacional debería haber transferido a las provincias compensaciones ambientales por al menos 28.960 millones de pesos. Pero apenas desembolsó 1.546 millones.
Por lo tanto, si se suman las asignaciones correspondientes al período comprendido entre 2010 y 2017, puede advertirse que en ese lapso el Estado nacional se apropió de unos 27.400 millones de pesos nominales pertenecientes a las provincias.
Misiones tiene un tercio de su territorio como áreas protegidas y reservas naturales, por lo tanto, el dinero que pueda llegar para preservación ambiental es muy importante ya que los beneficios de un medio ambiente sano llegan a todos los argentinos, a través del oxígeno, el suelo, el agua y la biodiversidad. La superficie total de la provincia alcanza las 3.000.000 de hectáreas y el total de superficie aproximada bajo alguna categoria de protección ambiental es de 1.394.000 has.
Para el año 2019 la situación no cambia. Al contrario: empeora.
El Gobierno nacional violará por décimo año consecutivo lo establecido por la “Ley de Bosques”, que indica que el 0,3% del presupuesto nacional debe destinarse a la preservación de los bosques. Ese porcentaje equivale, en el presupuesto del 2019, a la suma de 12.516 millones de pesos, mientras que en concepto de retenciones agroindustriales deberían sumarse al menos otros 2000 millones.
Es decir: el año que viene el Fondo de Conservación de los Bosques Nativos debería ser por lo menos de 14.500 millones de pesos. Sin embargo, el proyecto de Presupuesto 2019 asigna una partida de apenas 570,5 millones de pesos (cerca del 5% del monto correspondiente).
Los datos surgen del último “Informe del estado del ambiente 2017” publicado esta semana por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo sustentable de la Nación.
La Ley 26.331 (“Ley de Bosques”) dispone la creación de un Fondo de Conservación de los Bosques Nativos, cuyo propósito es compensar a las provincias y a los propietarios de campos que, debido al ordenamiento territorial establecido en cada jurisdicción, no puedan poner en producción el territorio en cuestión.Dicho fondo –según lo que determina la Ley de Bosques– debe ser integrado por partidas anuales que “no podrán ser inferiores al 0,3% del Presupuesto Nacional” y por “el 2,0% del total de las retenciones a las exportaciones de productos primarios y secundarios provenientes de la agricultura, ganadería y sector forestal correspondientes al año anterior del ejercicio en consideración”.
El incumplimiento sistemático en la conformación del Fondo de Conservación de los Bosques Nativos constituye una apropiación indebida, por parte del Estado nacional, de recursos pertenecientes a las provincias.No es una maniobra exclusiva del Gobierno de Mauricio Macri. En la década kirchnerista se incumplía de la misma manera.
Reclamo misionero
Esta situación generó un reclamo de la diputada nacional por Misiones, Verónica Derna, ex ministra de Ecología, quien sostuvo ante la Cámara de Diputados de la Nación que “hace casi diez años el Gobierno nacional se queda con parte de los recursos que por ley se deben destinar al cuidado de los bosques y solamente incluye una pequeña parte en el presupuesto anual”.
Para 2019, en el artículo 16, se asignaron al Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos un monto de $570.500.000 y para el Programa Nacional de Protección de los Bosques Nativos un monto de $25.000.000. Sin embargo, este monto estipulado corresponde apenas al 5% de lo que debiera establecerse a la protección de nuestros bosques si se cumpliera la ley.
Derna fue más precisa al señalar que el monto debe proteger casi 30 millones de hectáreas, por lo tanto “es equivalente a un peso por hectárea por mes, equivalente a doce pesos por hectárea por año”.“Por ello solicitamos un aumento, hay herramientas para hacerlo por decisión administrativa”, agregó.
“No solo lo pedimos nosotros, sino también el Cofema (Consejo Federal de Medio Ambiente) y también lo han pedido Fundaciones como Vida Silvestre, Bosques Nativos Argentinos y propietarios de reservas privadas”, dijo la ex ministra.
Recordó que “en 2017 fuimos escuchados y una vez que planteamos el problema, el aumento se vio reflejado en una respuesta por decisión administrativa. Este año tenemos el mismo presupuesto que el año pasado y esto en relación a la cantidad de hectáreas de bosque nativo, que son más de 30 millones, es equivalente a un peso por hectárea por mes, equivalente a doce pesos por hectárea por año”.
“Por ello solicitamos un aumento, hay herramientas para hacerlo. Solicitamos que sea por decisión administrativa, lo faculta el artículo 16”, enfatizó.
“Conservar los bosques nativos es conservar el suelo, la flora, fauna, la biodiversidad, y nos brinda mejor calidad de vida”, finalizó Derna.
Crítico informe de la AGN
Un informe elaborado este año por la Auditoría General de la Nación (AGN) denunció que “la falta de presupuesto adecuado se traduce en el terreno en una baja efectividad de protección de los bosques nativos, ya que se financian menos planes que los presentados en las provincias”, además de propiciar “un monitoreo y control débil e insuficiente por falta de recursos tanto a nivel provincial como nacional (falta de equipamiento, vehículos y personal para las tareas de monitoreo y fiscalización)”.
“A diez años de la sanción de la Ley (de Bosques) 26.331, el monto previsto en las sucesivas leyes nacionales de presupuesto ha sido marcadamente inferior al que correspondería”, agrega.
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Buenos Aires: oposición preocupada por las fumigaciones
La oposición cuestionó resolución sobre aplicación de agroquímicos en la Provincia
Fecha de Publicación: 07/01/2019
Fuente: Infocielo
Provincia/Región: Buenos Aires
Mediante un comunicado, diputados de Unidad Ciudadana rechazaron la resolución del Ministerio de Agroindustria bonaerense, la cual determina que a partir de enero regirán nuevas pautas para la aplicación de fitosanitarios.
"Entendemos que la utilización de agroquímicos en la producción agropecuaria es una práctica necesaria para la obtención de mejores rindes, pero creemos imperioso que las normas que regulan su aplicación sean lo suficientemente claras y taxativas para evitar su uso inapropiado, minimizando la posibilidad de contaminación de áreas sensibles, de manera de preservar la salud de la población bonaerense", sostiene un proyecto de declaración de diputados bonaerenses de Unidad Ciudadana.
Los legisladores rechazan la resolución que entró en vigencia este 1° de enero y piden al Ejecutivo bonaerense que la deje sin efecto porque la misma no establece "presupuestos mínimos de distancia o superficie que permitan garantizar el resguardo de la vida y la salud humana".
La mencionada resolución, la cual firmaron cerca de 30 municipios, establece que se dispondrán controles en determinadas zonas de amortiguamiento en lotes en áreas urbanas, zona residencial extraurbana y áreas de población dispersa; márgenes de cursos de agua o cuerpos de agua y zonas de bombeo; establecimientos educativos; áreas de esparcimiento; y reservas naturales. Sin embargo, el cuestionamiento pasa porque estos 12 principios y 23 recomendaciones no tienen en su escrito las distancias concretas de prohibición.
En ese sentido, el diputado bonaerense Mariano Pinedo destacó que desde su espacio político están desarrollando acciones de rechazo y repudio en todos los municipios del interior y avanzarán con una presentación judicial para que se impida de inmediato su aplicación. "Si vivís en un barrio lindero a un potrero o mandas a tus hijos a una escuela rural, te pueden fumigar hasta en la puerta. Eso dice la resolución de María Eugenia Vidal que pedimos se deje sin efecto. Cuidemos la salud, el medio ambiente y el alimento. Las personas están primero", escribió en cuenta de Twitter.
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Fecha de Publicación: 07/01/2019
Fuente: Infocielo
Provincia/Región: Buenos Aires
Mediante un comunicado, diputados de Unidad Ciudadana rechazaron la resolución del Ministerio de Agroindustria bonaerense, la cual determina que a partir de enero regirán nuevas pautas para la aplicación de fitosanitarios.
"Entendemos que la utilización de agroquímicos en la producción agropecuaria es una práctica necesaria para la obtención de mejores rindes, pero creemos imperioso que las normas que regulan su aplicación sean lo suficientemente claras y taxativas para evitar su uso inapropiado, minimizando la posibilidad de contaminación de áreas sensibles, de manera de preservar la salud de la población bonaerense", sostiene un proyecto de declaración de diputados bonaerenses de Unidad Ciudadana.
Los legisladores rechazan la resolución que entró en vigencia este 1° de enero y piden al Ejecutivo bonaerense que la deje sin efecto porque la misma no establece "presupuestos mínimos de distancia o superficie que permitan garantizar el resguardo de la vida y la salud humana".
La mencionada resolución, la cual firmaron cerca de 30 municipios, establece que se dispondrán controles en determinadas zonas de amortiguamiento en lotes en áreas urbanas, zona residencial extraurbana y áreas de población dispersa; márgenes de cursos de agua o cuerpos de agua y zonas de bombeo; establecimientos educativos; áreas de esparcimiento; y reservas naturales. Sin embargo, el cuestionamiento pasa porque estos 12 principios y 23 recomendaciones no tienen en su escrito las distancias concretas de prohibición.
En ese sentido, el diputado bonaerense Mariano Pinedo destacó que desde su espacio político están desarrollando acciones de rechazo y repudio en todos los municipios del interior y avanzarán con una presentación judicial para que se impida de inmediato su aplicación. "Si vivís en un barrio lindero a un potrero o mandas a tus hijos a una escuela rural, te pueden fumigar hasta en la puerta. Eso dice la resolución de María Eugenia Vidal que pedimos se deje sin efecto. Cuidemos la salud, el medio ambiente y el alimento. Las personas están primero", escribió en cuenta de Twitter.
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Recorrerán todo el Limay para mostrar la contaminación
Con una travesía de 11 días mostrarán cómo se contamina el Limay
Fecha de Publicación: 07/01/2019
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
Compararán las imágenes y el agua de la naciente con la confluencia del Neuquén, para demostrar la necesidad de evitar un “Riachuelo” patagónico.
Los vecinos que reclaman las aguas limpias del Limay organizaron una travesía de once días por el río que lleva un mensaje de concientización a lo largo de 550 kilómetros sobre el espejo de agua.
Buscarán sortear las cinco presas que se cruzan su trayecto hasta la confluencia y navegarlo completo.
La actividad será un llamado de atención sobre cómo el agua que nace cristalina, inolora y sin bacterias muta a los pocos kilómetros aguas abajo en una curso de agua que se monitorea permanentemente porque se desconfía hasta la aptitud balnearia de su curso.
Se trata de un grupo de los “amigos de los ríos”, “Salvemos los ríos”, “Amigos del Limay” o los vecinos de Neuquén que pelean por mantener las aguas lo más limpias posibles de los ríos que nacen de las vertientes de deshielo y que lamentablemente a Neuquén llegan a los balnearios con coliformes, entre otros residuos.
El resto de los vecinos que comparten la misma intención se reunirán en Olascoaga al fondo, en el balneario Río Grande, en un aniversario más de la multitudinaria marcha vecinal que espontáneamente nació de un posteo en las redes que interpeló: “vamos a dejar que el Limay se convierta en un Riachuelo?”
Se planea hacer una actividad con el arribo de los navegantes que además conmemore los tres años de la primera marchan en defensa de los ríos en la capital neuquina. Habría charlas con diferentes profesionales del ambiente y junta de firmas para exigir el vertido cero.
La “expedición” desde la naciente del Limay comenzará el 4 de enero y se estima termine el 14.
“Vamos a ver el río que recibimos de la naciente en el Nahuel Huapi y baja recorriendo lugares que muchos no conocen, a pesar de que se trata de toda gente preparada para hacer esta travesía”, dijo Luis Arellano, uno de los organizadores e integrantes de la travesía del Limay.
Explicó que pocos han realizado el trayecto aguas abajo debido a la dificultad de sortear 5 presas sobre el curso del Limay.
“La idea es mostrar cómo es aquello y documentarlo, y preguntarnos por los cambios que nosotros percibimos a través del río: las pisciculturas que están sobre el Alicura, el paso por Piedra y Picún; y las zonas que conocemos más como de Senillosa a Plottier y Neuquén”, dijo Luis Arellano, uno de los integrantes de la expedición.
Se pretenderá interpelar a los funcionarios sobre las diferencias que se perciben en los tramos “y qué harán para que esto termine y podamos volver a tener el río de generaciones anteriores”, dijo Arellano.
Habrá fotos, filmaciones y todo lo que sirva para “difundir cómo es el río Limay a lo largo de su recorrido y cómo lo estamos entregando a la provincia de Río Negro en la confluencia con el río Neuquén, que es casi una cloaca”, comentó.
Una aventura que incluye pasar por todas las presas
El viaje por el curso del Limay con 30 ó 40 kilómetros de avance diarios busca ser un aporte sobre el conocimiento del río. Desde la organización sostienen que nadie ama lo que no conoce, por eso esta premisa de recorrerlo desde adentro y hacer esta prueba que es exigente hasta para los más experimentados del remo.
Viajan kayaquistas que están en condiciones físicas y con embarcaciones aptas para el recorrido y que cumplan los requisitos de seguridad que exige Prefectura; sin embargo, muy pocas personas han realizado el viaje total por las complicaciones que involucra un viaje que debe sortear cinco represas.
“Hay que bajarse con el kayak y viajar por cañadones y la barda por sectores donde no hay camino, con todo el equipamiento de viaje a cuestas, para retomar el río aguas abajo de Alicura, Piedra del Águila, Pichi Picún Leufú, Chocón y Arroyito”, describió Arellano.
Agregó que la travesía es poco realizada porque muchos de los deportistas o pescadores priorizan algún tramos: “se rema en el Limay medio desde Pichi Picún hasta donde nace el Chocón; otros desde Dina Huapi hasta confluencia Traful (confluencia Alicura). Hay sectores donde la ruta está a 40 kilómetros del lago, entonces cualquier asistencia por alguna emergencia se torna difícil, con poca comunicación y dificultades para el apoyo logístico, esto hace que la travesía total por el Limay sea incómoda”, describió Arellano.
En cada etapa los navegantes tendrán descansos con acampes agrestes. Por ahora hay un equipo de travesía conformado por 6 personas. Hay algunos sectores del río que será imperioso suspender cuando haya vientos de 60 ó 70 kilómetros “y por experiencia sabemos que hay que suspender por la peligrosidad, por esto se buscará ir con personas preparadas que puedan documentar en fotos e imágenes todo, para que la gente conozca y como dice el eslogan de la travesía, ame lo que tenemos a partir de que lo conoce”, sostuvo.
Arrelano agregó que con las acciones que se hicieron “algún éxito se tuvo” pero aún “ hay mucho más para hacer, e invertir en saneamiento y cuidado nuestros recursos”.
Son 550 km de travesía que va desde la naciente del río Limay en el lago Nahuel Huapi hasta su confluencia con el río Neuquén, con partida el 4 de enero.
“Para bajar por el Limay hay que sortear 5 represas. Es incómodo, muy complejo y pocos lo hacen entero, sí por tramos”.
Luis Arellano, integrante de la organización Salvemos los Ríos.
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