Crece el rechazo a 'privatización' de Parques Nacionales
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Rechazo al proyecto del Gobierno de 'privatizar' los Parques Nacionales
Fecha de Publicación: 21/11/2018
Fuente: Primera Edición
Provincia/Región: Misiones
La iniciativa, que incluye el área protegida de Iguazú, fue revelada por la Nación a los funcionarios provinciales en la reunión conjunta de los Consejos Federales de Turismo y el de Medio Ambiente.
En principio, el Gobierno nacional planea empezar con la Administración de Parques Nacionales (APN), pero la idea es que se incorporen áreas naturales protegidas, tanto provinciales como privadas.
En el proyecto está incluido el Parque Iguazú, que según detalla la Nación en el programa “destino únicos para inversiones”: es “el área protegida de mayor biodiversidad del país, una experiencia única e inolvidable en la tierra de los grandes ríos, donde emocionan las maravillosas Cataratas, los sonidos y aromas de la selva”.
La idea cuenta con la intervención de las Secretaría de Turismo y de Medio Ambiente, porque “debe tener un equilibrio entre visitas, desarrollo de economías locales y sustentabilidad de los proyectos”. Incluso, la Nación reveló sus verdaderas intenciones a los funcionarios provinciales en la reunión, en conjunto, del Consejo Federal de Turismo (CFT) y el Consejo Federal de Medioambiente (Cofema). Allí las autoridades nacionales explicaron que la tipología de inversión es muy reducida y con estrictos estándares de construcción sustentable.
En ese encuentro, la Nación aseguró que ningún emprendimiento afectará “lo que ha sido el espíritu de la administración de parques, que tiene que ver con la conservación”, según comentó una fuente de APN, quien agregó que “son ideas de emprendimientos chicos, amigables con el entorno, desde la arquitectura hasta los materiales que se utilicen y son todas en áreas que ya tienen uso público. No se construirá ninguno en áreas donde no se reciban visitas. Ya tiene el visto bueno del área de conservación de parques”.
El ministro de Ecología provincial, Juan Manuel Díaz, comentó ayer a este Diario que “no tenemos más información general al respecto, no se presentó un proyecto concreto sino más bien un programa para inversiones en Parques Nacionales, de autoridades nacionales”. Díaz apuntó que “si hay un proyecto en concreto (por parte de la Nación) tendrán que cumplir con la Ley 25.675 y 26.331, presentando un estudio de impacto ambiental y social”.
Rotundo rechazo
Esta polémica decisión nacional alertó a los ecologistas misioneros, quienes, ante la consulta de PRIMERA EDICIÓN, advirtieron que “defenderán las áreas naturales hasta las últimas consecuencias”.
La agrupación Capuera tendrá una reunión, tras la cual, se expedirán sobre el polémico proyecto, pero algunos de sus referentes ya adelantaron el rotundo rechazo a la iniciativa nacional.
Una de sus integrantes, Cristina Besold, indicó a PRIMERA EDICIÓN que “cuanto más prístino y más conservado estén nuestros bienes naturales, más valor adquieren a nivel local e internacional, por lo tanto generar una herida más a la Selva Paranaense es contraproducente”. “Y en Misiones, el concepto que tenemos que incorporar funcionarios y ciudadanos, es el de recuperar la selva. Tanto en concepto como en acción”, afirmó.
Besold remarcó que “pasamos de ser una provincia de vanguardia con el primer y único Ministerio de Ecología y una red de áreas protegidas a una que hoy, tristemente, se destaca por permitir la fractura del Corredor Verde, lo último que quedaba de Selva Paranaense en bloque continuo en el mundo, con todo lo que eso representa para el turismo, el agua, la biodiversidad”. “Entonces, los misioneros necesitamos señales claras de defensa y recuperación de los bienes naturales. Y que cuando existan proyectos como éste, se nos informe y seamos nosotros quienes decidamos. Necesitamos contar con la información precisa y a tiempo, sobre proyectos que afecten a nuestros bienes”, cerró.
El guardaparque Diego Ciarmiello, también parte de Capuera pero a su vez integrante de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) comentó que el rumor venía corriendo entre los trabajadores del Parque y que el avance de la Nación, se decidió incluir un punto en el temario del plenario provincial que realizará el gremio la semana que viene.
“Nosotros cuestionamos las políticas nacionales del Gobierno en relación a los Parques Nacionales, en su búsqueda de inversiones y desarrollo nos preocupa mucho”, comentó el dirigente de ATE. Ciarmiello señaló que “los sindicatos del ámbito de Parques ya empezamos a alertarnos sobre la posibilidad de que se resten tierras para empezar emprendimientos turísticos. Es decir, la preoucupación es más fuerte porque hay una mirada sobre el desarrollo de los parques que es muy distinta al deseo de quienes estamos en el área ambiental”. “Todo desarrollo turístico debe estar en parte externa del Parque no dentro, para que no suceda lo que hoy en día sucede en área Cataratas donde los monos y coatíes tiene una conducta difícil de resolver. Los hoteles deben estar fuera de los parques nacionales, ser vecinos pero no dentro”, cerró.
En este sentido, el titular de Amigos de los Parques, José Barrios, dijo que “como Fundación defensora del medio ambiente nos parece que es algo que va en contra de lo que tanto cuidamos. Es una barbaridad, no podemos permitir esto. Cuando se va llenando de infraestructura un lugar tan sensible como es el Parque Nacional Cataratas, empezamos a perder la belleza de a poco”. “Esa villa turística se va a ir armando en Cataratas y qué queda para Iguazú, que está necesitando inversiones”, se preguntó.
Barrios amenazó que “sí hay que ir a cerrar el Parque lo vamos a hacer. No vamos a permitir que sigan postergando a la ciudad. Todo emprendimiento trae cuestiones privadas e Iguazú sigue perdiendo muchas cosas”.
Para el ambientalista, si esto se concreta, la ciudad se convertirá en “la villa misera de las Cataratas”. Y fundamentó:?“hay personal de Parques que no sabía de este proyecto y que, incluso, no está de acuerdo con esta inversión. No podemos dejar que se lleven al turista, directamente, del aeropuerto a las Cataratas. Nos extraña que Parques Nacionales no tenga en cuenta a la ciudad, donde hay muchos lugares para hacer grandes cosas sin perjudicar el medio ambiente”.
A medida de la preferida de Macri
Una fuente proveniente de Parques Nacionales estimó que sería diseñado a medida de un empresario favorito del presidente Mauricio Macri. El mismo que ya tendría un emprendimiento hotelero en Iguazú y que pretendería extenderse. Es un hotel de lujo, ubicado en las 600 hectáreas y que no tiene ningún contacto con la ciudad y que incluso, el personal debería firmar un contrato de fidelidad.
Awasi tiene alrededor de 15 emprendimientos en todo el país. Es un empresa de las favoritas del Presidente y, cada vez que viaja a alguna ciudad donde esta cadena tiene un hotel, Macri decide hospedarse en estos lujosos emprendimientos.
El programa tiene como objetivo de diversificar la oferta de servicios ecoturísticos en áreas naturales protegidas, de importancia y reconocimiento internacional; para captar nuevos mercados y extender la estadía promedio de los visitantes, de forma tal de aumentar el gasto turístico y dinamizar las economías regionales. Las propuestas deberán cumplir con los puntos de bases y condiciones y un concurso publico que se va a realizar. Según la Nacional, todo tiene una burocracia con pasos ordenados, abiertos, transparentes.
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Fecha de Publicación: 21/11/2018
Fuente: Primera Edición
Provincia/Región: Misiones
La iniciativa, que incluye el área protegida de Iguazú, fue revelada por la Nación a los funcionarios provinciales en la reunión conjunta de los Consejos Federales de Turismo y el de Medio Ambiente.
En principio, el Gobierno nacional planea empezar con la Administración de Parques Nacionales (APN), pero la idea es que se incorporen áreas naturales protegidas, tanto provinciales como privadas.
En el proyecto está incluido el Parque Iguazú, que según detalla la Nación en el programa “destino únicos para inversiones”: es “el área protegida de mayor biodiversidad del país, una experiencia única e inolvidable en la tierra de los grandes ríos, donde emocionan las maravillosas Cataratas, los sonidos y aromas de la selva”.
La idea cuenta con la intervención de las Secretaría de Turismo y de Medio Ambiente, porque “debe tener un equilibrio entre visitas, desarrollo de economías locales y sustentabilidad de los proyectos”. Incluso, la Nación reveló sus verdaderas intenciones a los funcionarios provinciales en la reunión, en conjunto, del Consejo Federal de Turismo (CFT) y el Consejo Federal de Medioambiente (Cofema). Allí las autoridades nacionales explicaron que la tipología de inversión es muy reducida y con estrictos estándares de construcción sustentable.
En ese encuentro, la Nación aseguró que ningún emprendimiento afectará “lo que ha sido el espíritu de la administración de parques, que tiene que ver con la conservación”, según comentó una fuente de APN, quien agregó que “son ideas de emprendimientos chicos, amigables con el entorno, desde la arquitectura hasta los materiales que se utilicen y son todas en áreas que ya tienen uso público. No se construirá ninguno en áreas donde no se reciban visitas. Ya tiene el visto bueno del área de conservación de parques”.
El ministro de Ecología provincial, Juan Manuel Díaz, comentó ayer a este Diario que “no tenemos más información general al respecto, no se presentó un proyecto concreto sino más bien un programa para inversiones en Parques Nacionales, de autoridades nacionales”. Díaz apuntó que “si hay un proyecto en concreto (por parte de la Nación) tendrán que cumplir con la Ley 25.675 y 26.331, presentando un estudio de impacto ambiental y social”.
Rotundo rechazo
Esta polémica decisión nacional alertó a los ecologistas misioneros, quienes, ante la consulta de PRIMERA EDICIÓN, advirtieron que “defenderán las áreas naturales hasta las últimas consecuencias”.
La agrupación Capuera tendrá una reunión, tras la cual, se expedirán sobre el polémico proyecto, pero algunos de sus referentes ya adelantaron el rotundo rechazo a la iniciativa nacional.
Una de sus integrantes, Cristina Besold, indicó a PRIMERA EDICIÓN que “cuanto más prístino y más conservado estén nuestros bienes naturales, más valor adquieren a nivel local e internacional, por lo tanto generar una herida más a la Selva Paranaense es contraproducente”. “Y en Misiones, el concepto que tenemos que incorporar funcionarios y ciudadanos, es el de recuperar la selva. Tanto en concepto como en acción”, afirmó.
Besold remarcó que “pasamos de ser una provincia de vanguardia con el primer y único Ministerio de Ecología y una red de áreas protegidas a una que hoy, tristemente, se destaca por permitir la fractura del Corredor Verde, lo último que quedaba de Selva Paranaense en bloque continuo en el mundo, con todo lo que eso representa para el turismo, el agua, la biodiversidad”. “Entonces, los misioneros necesitamos señales claras de defensa y recuperación de los bienes naturales. Y que cuando existan proyectos como éste, se nos informe y seamos nosotros quienes decidamos. Necesitamos contar con la información precisa y a tiempo, sobre proyectos que afecten a nuestros bienes”, cerró.
El guardaparque Diego Ciarmiello, también parte de Capuera pero a su vez integrante de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) comentó que el rumor venía corriendo entre los trabajadores del Parque y que el avance de la Nación, se decidió incluir un punto en el temario del plenario provincial que realizará el gremio la semana que viene.
“Nosotros cuestionamos las políticas nacionales del Gobierno en relación a los Parques Nacionales, en su búsqueda de inversiones y desarrollo nos preocupa mucho”, comentó el dirigente de ATE. Ciarmiello señaló que “los sindicatos del ámbito de Parques ya empezamos a alertarnos sobre la posibilidad de que se resten tierras para empezar emprendimientos turísticos. Es decir, la preoucupación es más fuerte porque hay una mirada sobre el desarrollo de los parques que es muy distinta al deseo de quienes estamos en el área ambiental”. “Todo desarrollo turístico debe estar en parte externa del Parque no dentro, para que no suceda lo que hoy en día sucede en área Cataratas donde los monos y coatíes tiene una conducta difícil de resolver. Los hoteles deben estar fuera de los parques nacionales, ser vecinos pero no dentro”, cerró.
En este sentido, el titular de Amigos de los Parques, José Barrios, dijo que “como Fundación defensora del medio ambiente nos parece que es algo que va en contra de lo que tanto cuidamos. Es una barbaridad, no podemos permitir esto. Cuando se va llenando de infraestructura un lugar tan sensible como es el Parque Nacional Cataratas, empezamos a perder la belleza de a poco”. “Esa villa turística se va a ir armando en Cataratas y qué queda para Iguazú, que está necesitando inversiones”, se preguntó.
Barrios amenazó que “sí hay que ir a cerrar el Parque lo vamos a hacer. No vamos a permitir que sigan postergando a la ciudad. Todo emprendimiento trae cuestiones privadas e Iguazú sigue perdiendo muchas cosas”.
Para el ambientalista, si esto se concreta, la ciudad se convertirá en “la villa misera de las Cataratas”. Y fundamentó:?“hay personal de Parques que no sabía de este proyecto y que, incluso, no está de acuerdo con esta inversión. No podemos dejar que se lleven al turista, directamente, del aeropuerto a las Cataratas. Nos extraña que Parques Nacionales no tenga en cuenta a la ciudad, donde hay muchos lugares para hacer grandes cosas sin perjudicar el medio ambiente”.
A medida de la preferida de Macri
Una fuente proveniente de Parques Nacionales estimó que sería diseñado a medida de un empresario favorito del presidente Mauricio Macri. El mismo que ya tendría un emprendimiento hotelero en Iguazú y que pretendería extenderse. Es un hotel de lujo, ubicado en las 600 hectáreas y que no tiene ningún contacto con la ciudad y que incluso, el personal debería firmar un contrato de fidelidad.
Awasi tiene alrededor de 15 emprendimientos en todo el país. Es un empresa de las favoritas del Presidente y, cada vez que viaja a alguna ciudad donde esta cadena tiene un hotel, Macri decide hospedarse en estos lujosos emprendimientos.
El programa tiene como objetivo de diversificar la oferta de servicios ecoturísticos en áreas naturales protegidas, de importancia y reconocimiento internacional; para captar nuevos mercados y extender la estadía promedio de los visitantes, de forma tal de aumentar el gasto turístico y dinamizar las economías regionales. Las propuestas deberán cumplir con los puntos de bases y condiciones y un concurso publico que se va a realizar. Según la Nacional, todo tiene una burocracia con pasos ordenados, abiertos, transparentes.
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Argentina presente en la 14° COP de diversidad biológica
Argentina presente en la 14° Conferencia de las Partes sobre diversidad biológica en Egipto
Fecha de Publicación: 21/11/2018
Fuente: Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
Una delegación argentina participa en Sharm El-Sheikh, Egipto, de la 14° Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica y de la 3° Reunión de las Partes del Protocolo de Nagoya. La misma está liderada por el secretario de Política Ambiental en Recursos Naturales, Diego Moreno, e integrada por un equipo de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que conduce Sergio Bergman, y del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.
En ese espacio, Moreno cerró el Segmento de Alto Nivel de la Conferencia, en donde leyó la declaración del Grupo de Países de América Latina y el Caribe (GRULAC). “Los países del GRULAC nos encontramos situados geográficamente en una región muy diversa, con una tradición vinculada a la naturaleza, por lo que somos conscientes de la necesidad de integrar la biodiversidad en los planes, programas y políticas sectoriales, contribuyendo a la Agenda 2030, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y al cumplimiento efectivo de las Metas Aichi para la Diversidad Biológica”, aseguró.
En el documento se reafirman los compromisos asumidos en la Conferencia de Cancún de 2016. Aquella declaración propugnó la integración de la biodiversidad en sectores productivos como la agroindustria, el turismo, la pesca y la explotación forestal.
“El GRULAC considera prioritario continuar trabajando en dar mayor visibilidad a la biodiversidad en la agenda internacional”, agregó el funcionario.”También confiamos en que la implementación del convenio y sus protocolos debe ser armoniosa para lograr la plena implementación de sus tres objetivos; haciendo especial énfasis en la participación justa y equitativa de los beneficios resultantes de la utilización de los recursos genéticos”, indicó.
Durante su intervención, el Secretario también se apoyó en la Declaración de Sharm El-Sheikh que amplía la integración de la biodiversidad a los sectores de salud, infraestructura, minería, energía, manufactura y procesamiento.
Finalmente, Moreno aseguró: “Este Segmento de Alto Nivel de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad 2018 nos proporcionó una plataforma clave para estos objetivos, propiciando el diálogo de alto nivel que planteó distintas perspectivas para expandir el alcance del CDB en las agendas de otros sectores de forma armónica y efectiva”.
La delegación continuará con exposiciones en el marco del encuentro internacional y debatirá durante las próximas dos semanas sobre asuntos estratégicos para el país, como los recursos genéticos, las áreas marinas protegidas y el uso sustentable de la biodiversidad. También trabajará en una estrategia para la protección de la diversidad biológica en el escenario posterior al 2020.
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Fecha de Publicación: 21/11/2018
Fuente: Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
Una delegación argentina participa en Sharm El-Sheikh, Egipto, de la 14° Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica y de la 3° Reunión de las Partes del Protocolo de Nagoya. La misma está liderada por el secretario de Política Ambiental en Recursos Naturales, Diego Moreno, e integrada por un equipo de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que conduce Sergio Bergman, y del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.
En ese espacio, Moreno cerró el Segmento de Alto Nivel de la Conferencia, en donde leyó la declaración del Grupo de Países de América Latina y el Caribe (GRULAC). “Los países del GRULAC nos encontramos situados geográficamente en una región muy diversa, con una tradición vinculada a la naturaleza, por lo que somos conscientes de la necesidad de integrar la biodiversidad en los planes, programas y políticas sectoriales, contribuyendo a la Agenda 2030, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y al cumplimiento efectivo de las Metas Aichi para la Diversidad Biológica”, aseguró.
En el documento se reafirman los compromisos asumidos en la Conferencia de Cancún de 2016. Aquella declaración propugnó la integración de la biodiversidad en sectores productivos como la agroindustria, el turismo, la pesca y la explotación forestal.
“El GRULAC considera prioritario continuar trabajando en dar mayor visibilidad a la biodiversidad en la agenda internacional”, agregó el funcionario.”También confiamos en que la implementación del convenio y sus protocolos debe ser armoniosa para lograr la plena implementación de sus tres objetivos; haciendo especial énfasis en la participación justa y equitativa de los beneficios resultantes de la utilización de los recursos genéticos”, indicó.
Durante su intervención, el Secretario también se apoyó en la Declaración de Sharm El-Sheikh que amplía la integración de la biodiversidad a los sectores de salud, infraestructura, minería, energía, manufactura y procesamiento.
Finalmente, Moreno aseguró: “Este Segmento de Alto Nivel de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad 2018 nos proporcionó una plataforma clave para estos objetivos, propiciando el diálogo de alto nivel que planteó distintas perspectivas para expandir el alcance del CDB en las agendas de otros sectores de forma armónica y efectiva”.
La delegación continuará con exposiciones en el marco del encuentro internacional y debatirá durante las próximas dos semanas sobre asuntos estratégicos para el país, como los recursos genéticos, las áreas marinas protegidas y el uso sustentable de la biodiversidad. También trabajará en una estrategia para la protección de la diversidad biológica en el escenario posterior al 2020.
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Botnia 2 impugnada técnicamente
La DINAMA impugna varios aspectos del Impacto Ambiental de la pastera Botnia 2
Fecha de Publicación: 21/11/2018
Fuente: Radio Máxima
Provincia/Región: Entre Ríos
Los severos problemas técnicos y ambientales que plantea el documento sobre el proyecto que los finlandeses pretenden llevar a orillas del río Negro, podía activar el “plan B” explicitado por UPM al Gobierno uruguayo que es instalarse en Fray Bentos
La “Descripción del Proyecto”, de 171 páginas, y los dos tomos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) que en conjunto suman 559 páginas, más sus respectivos anexos presentados por las sociedades Cuecar y Blanvira en representación de UPM se encuentra bajo análisis en la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA).
En una primera instancia el mencionado organismo lo devolvió con casi una docena de objeciones para que se rehiciera el Estudio, que se ha vuelto a presentar pero que, en su segunda versión ya suma siete solicitudes de información adicional, por cuanto hay aspectos del nuevo EIA que no terminan de convencer a los técnicos de la DINAMA.
En la introducción, el documento recuerda que la capacidad de producción de la planta de celulosa será de 2,1 millones de toneladas por año, con posibilidad de aumentar hasta 11%, y que la planta producirá 310 megavatios de energía. Se aclara que no se incluye dentro del informe el impacto de la vía férrea y las modificaciones de la terminal en el Puerto de Montevideo, que tendrán evaluaciones ambientales separadas.
También se señala que la planta utilizará en promedio 23 metros cúbicos de agua por tonelada de producción, lo que implica que en un año, utilizará 48,3 millones de metros cúbicos de agua, lo cual ha encendido las alarmas en la Dirección Nacional de Agua (DINAGUA), que estima que el río Negro carece de semejante caudal.
No obstante, y a modo de clara advertencia, la empresa menciona que en el Anexo 4 del Contrato firmado el 4 de noviembre de 2017 con el Gobierno de Uruguay, éste se comprometió a “conceder u obtener la concesión de derechos de uso del agua para los procesos industriales asociados a la planta”, así como a hacer “que se establezca un caudal mínimo en el río Negro aguas abajo de la Represa Gabriel Terra (Rincón del Bonete)”.
En materia de transporte, UPM también le “recuerda” a la DINAMA que el Gobierno uruguayo se comprometió, en el mismo Anexo, a “garantizar un nivel de servicio de una serie de corredores de rutas y caminos para permitir la circulación con tritrenes y semirremolques de 48 toneladas”.
Materia prima
La empresa prevé que la futura planta tendrá un consumo de madera de entre 3,3 y 3,7 metros cúbicos por tonelada de celulosa. Se abastecerá de plantaciones de eucaliptos de los departamentos de Tacuarembó, Rivera, Durazno, Cerro Largo y Florida y, en menor medida, de plantaciones en ubicadas en Lavalleja y Treinta y Tres. Actualmente, hay un área forestada disponible de entre 180 y 220.000 hectáreas para abastecer a la planta y estima que esta área deberá incrementarse entre 60 y 90.000 hectáreas para lograr abastecer de forma sostenible a la pastera. Este incremento significaría que el área forestada en Uruguay aumentaría entre un 6 y un 9 por ciento, pero no explica quién será el encargado de semejante tarea ni tampoco los plazos.
Insumos peligrosos desde Fray Bentos
El abastecimiento de la pastera implicará una circulación de entre 600 y 650 camiones por día. Los tramos más afectados serán la Ruta 5, desde la Ruta 43 a la planta, desde Carlos Reyles a la planta y desde Durazno a Carlos Reyles. También se verán afectados varios tramos de las Rutas 14 y 43.
Asimismo, desde la fábrica Kemira, ubicada en la Zona Franca Fray Bentos y hacia Pueblo Centenario (la planta) circularan diariamente dos camiones cargados de peróxido de hidrógeno y tres camiones cargados de clorato de sodio, mientras que, desde Montevideo y con el mismo destino, lo harán cuatro camiones cargados de piedra caliza y dos cargados de hidróxido de calcio.
Esta última sustancia, también conocida como “cal muerta” o “cal apagada”, en contacto con el agua reacciona violentamente y ataca varios metales. El clorato de sodio se usa para hacer dióxido de cloro que, al 95%, se usa como blanqueador de pulpa de madera. Es altamente tóxico para los seres humanos si se lo inhala, y provoca serias afecciones en piel y ojos si se lo manipula manualmente. Es un material con alto riesgo de ignición y explosión en mezclas secas con otras sustancias orgánicas.
Finalmente, el peróxido de hidrógeno conocido popularmente como agua oxigenada, también se utiliza en la industria de la celulosa como blanqueador. El peróxido de hidrogeno que fabrica Kemira en Fray Bentos tiene una concentración que está muy por encima del 30 por ciento, lo cual lo hace altamente corrosivo y su inhalación puede ser fatal para los seres humanos. Es decir que la aplicación industrial de esta sustancia, no tiene nada que ver con el agua oxigenada que se puede adquirir en una farmacia por ejemplo, que es una solución al 3 por ciento.
Salvo el caso de los áridos, el resto de los insumos que UPM quiere transportar en camiones, son sustancias químicas altamente peligrosas y volátiles. La posibilidad de pueda ocurrir un accidente en una ruta, por ejemplo, espanta a los técnicos de la DINAMA, que no terminan de entender cómo una empresa que se jacta y pregona públicamente que maneja altos estándares de seguridad, proponga una forma altamente riesgosa de transporte para dichos insumos. Además consideran inexplicable que en semejante proyecto -que duplica al que ya tiene funcionando UPM en Uruguay-, no esté previsto construir una segunda fábrica de Kemira, como la que tiene instalada en Fray Bentos.
Efluentes e Impacto Ambiental
En cuanto al tratamiento de efluentes, se descargarán 106.500 metros cúbicos por día de efluentes tratados y, según sostiene la empresa, no se superarán las concentraciones máximas permitidas por la normativa uruguaya.
El EIA sostiene que la planta utilizará “las mejores técnicas disponibles” según los parámetros de la Unión Europea y realiza una valoración de los impactos ambientales de la pastera en distintas dimensiones, clasificando estos en “significancia baja”, “significancia media” y “significancia alta”.
Entre los impactos con “significancia baja” ubica, por ejemplo, la afectación de los usos del Embalse Baygorria, el “agotamiento de recursos naturales no renovables”, el incremento del tránsito local, el incremento de la presión sobre los acuíferos y el deterioro de ecosistemas naturales.
Entre los impactos con “significancia media”, se menciona el incremento del área destinada a plantaciones, la “disminución de la disponibilidad del recurso hídrico”, “molestias en áreas turísticas y recreativas por olores”, las “molestias por ruido a localidades cercanas” y el deterioro de la infraestructura vial.
Finalmente, los impactos de “significancia alta” mencionados por UPM son, entre otros, la afectación a la producción de energía hidráulica, afectación a los niveles de calidad del aire, afectación a la salud de la población de localidades cercanas a la planta por emisiones al aire, la contaminación eutrófica en el embalse Baygorria, el aumento de riesgo de floraciones algales, la afectación a la salud por la presencia de cianotoxinas y la afectación al tránsito.
Sin embargo, en cuanto al efecto de la pastera en la calidad del aire, el análisis técnico presentado concluye que es “admisible para el medio receptor”, o que la percepción de olores se localiza en los alrededores de la planta y no va más allá.
En materia de consumo de agua, el estudio realizado por la empresa Ecometrix e incorporado al documento de Impacto Ambiental, concluye que el consumo de la planta no será “significativo para el cuerpo receptor”, que “la cantidad extraída de agua del recurso no estaría por sí misma generando ningún tipo de alteración en cuanto a niveles”, y que “la afectación a la producción de energía eléctrica sería insignificante”. Ambos aspectos son puestos seriamente en duda tanto por la DINAMA como por la estatal Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE).
Contaminación por acumulación
Los impactos sobre la calidad del agua que podría generar la planta son “los más significativos de todos los identificados”, admite el Estudio. “Esto no implica que el impacto no sea admisible, sino que se trata del que presenta mayor relevancia para su estudio y evaluación”, añade. Entre otras medidas de mitigación en este caso, UPM menciona el establecimiento de un límite más estricto para el fósforo total en la descarga de efluentes respecto a lo establecido en la normativa, y el apoyo financiero de la empresa tanto a la investigación en el río Negro como a la adecuación de los sistemas de saneamiento de Paso de los Toros, en Tacuerembó y Pueblo Centenario en Durazno.
Algo que para la DINAMA es claramente insuficiente o como una gota en un océano, dada la alta contaminación que ya presenta el río Negro, aspecto éste que “no será tan fácil” de mitigar –no ya de solucionar- tal como fue reconocido públicamente hasta por la ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.
UPM propone fijar un caudal mínimo aguas abajo de la represa de Rincón del Bonete que “contrarreste el efecto de la carga vertida por el efluente (106.500 m3)” de la futura pastera, e incluso sugiere al Gobierno uruguayo fijarlo en 65 metros cúbicos por segundo. “El caudal mínimo exigido implicará, por un lado, un aumento del caudal de dilución en el embalse, asegurando una dilución mínima de 50 veces, y, por el otro, reduce la lenticidad del embalse, con lo que se consigue menos situaciones favorables para las floraciones algales”.
Para la DINAMA, es imposible que el caudal del río Negro se pueda fijar en 65 millones de litros por segundo. Pero además, el cálculo de dilución planteado en el Estudio de Impacto Ambiental de UPM, fue demostrado por los técnicos de la DINAMA como erróneo. Aun cuando se pudieran disponer de esos 65 metros cúbicos por segundo de agua en el río Negro, solo se llegaría a diluir apenas un 17 por ciento de los 106 millones de litros de efluentes diarios que arrojará la nueva pastera una vez esté en funcionamiento.
El hecho de que gran parte de las aguas llegarían contaminadas por los efluentes de la pastera, a traves del río Negro hasta su desembocadura en el rio Uruguay, generaría dos situaciones altamente conflictivas que las autoridades uruguayas no ignoran.
Por un lado la nueva generación de vertidos contaminantes que llegarían al río Uruguay, se sumarían a los que ya provoca UPM en Fray Bentos. Y además, eso desencadenaría la obligatoria intervención de Argentina a través de la CARU, para denunciar el incumplimiento del Fallo del Tribunal de La Haya, que en su sentencia de 2010, estableció la prohibición expresa para ambos países de generar nuevos vertidos contaminantes por acumulación, con nuevos emprendimientos industriales que alteren la calidad del agua del río Uruguay.
Y hay un tercer problema, y más grave aún. Si por todo esto se termina rechazando definitivamente la instalación de la nueva pastera a orillas del río Negro, UPM ha planteado por escrito al Gobierno de Tabaré Vázquez, que la primera alternativa es llevar el proyecto a Fray Bentos. El conflicto con Argentina y particularmente con Gualeguaychú y que ya existe por la presencia de la actual planta de UPM en dicha ciudad uruguaya, no solo se agravaría. Sería inevitable.
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Fecha de Publicación: 21/11/2018
Fuente: Radio Máxima
Provincia/Región: Entre Ríos
Los severos problemas técnicos y ambientales que plantea el documento sobre el proyecto que los finlandeses pretenden llevar a orillas del río Negro, podía activar el “plan B” explicitado por UPM al Gobierno uruguayo que es instalarse en Fray Bentos
La “Descripción del Proyecto”, de 171 páginas, y los dos tomos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) que en conjunto suman 559 páginas, más sus respectivos anexos presentados por las sociedades Cuecar y Blanvira en representación de UPM se encuentra bajo análisis en la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA).
En una primera instancia el mencionado organismo lo devolvió con casi una docena de objeciones para que se rehiciera el Estudio, que se ha vuelto a presentar pero que, en su segunda versión ya suma siete solicitudes de información adicional, por cuanto hay aspectos del nuevo EIA que no terminan de convencer a los técnicos de la DINAMA.
En la introducción, el documento recuerda que la capacidad de producción de la planta de celulosa será de 2,1 millones de toneladas por año, con posibilidad de aumentar hasta 11%, y que la planta producirá 310 megavatios de energía. Se aclara que no se incluye dentro del informe el impacto de la vía férrea y las modificaciones de la terminal en el Puerto de Montevideo, que tendrán evaluaciones ambientales separadas.
También se señala que la planta utilizará en promedio 23 metros cúbicos de agua por tonelada de producción, lo que implica que en un año, utilizará 48,3 millones de metros cúbicos de agua, lo cual ha encendido las alarmas en la Dirección Nacional de Agua (DINAGUA), que estima que el río Negro carece de semejante caudal.
No obstante, y a modo de clara advertencia, la empresa menciona que en el Anexo 4 del Contrato firmado el 4 de noviembre de 2017 con el Gobierno de Uruguay, éste se comprometió a “conceder u obtener la concesión de derechos de uso del agua para los procesos industriales asociados a la planta”, así como a hacer “que se establezca un caudal mínimo en el río Negro aguas abajo de la Represa Gabriel Terra (Rincón del Bonete)”.
En materia de transporte, UPM también le “recuerda” a la DINAMA que el Gobierno uruguayo se comprometió, en el mismo Anexo, a “garantizar un nivel de servicio de una serie de corredores de rutas y caminos para permitir la circulación con tritrenes y semirremolques de 48 toneladas”.
Materia prima
La empresa prevé que la futura planta tendrá un consumo de madera de entre 3,3 y 3,7 metros cúbicos por tonelada de celulosa. Se abastecerá de plantaciones de eucaliptos de los departamentos de Tacuarembó, Rivera, Durazno, Cerro Largo y Florida y, en menor medida, de plantaciones en ubicadas en Lavalleja y Treinta y Tres. Actualmente, hay un área forestada disponible de entre 180 y 220.000 hectáreas para abastecer a la planta y estima que esta área deberá incrementarse entre 60 y 90.000 hectáreas para lograr abastecer de forma sostenible a la pastera. Este incremento significaría que el área forestada en Uruguay aumentaría entre un 6 y un 9 por ciento, pero no explica quién será el encargado de semejante tarea ni tampoco los plazos.
Insumos peligrosos desde Fray Bentos
El abastecimiento de la pastera implicará una circulación de entre 600 y 650 camiones por día. Los tramos más afectados serán la Ruta 5, desde la Ruta 43 a la planta, desde Carlos Reyles a la planta y desde Durazno a Carlos Reyles. También se verán afectados varios tramos de las Rutas 14 y 43.
Asimismo, desde la fábrica Kemira, ubicada en la Zona Franca Fray Bentos y hacia Pueblo Centenario (la planta) circularan diariamente dos camiones cargados de peróxido de hidrógeno y tres camiones cargados de clorato de sodio, mientras que, desde Montevideo y con el mismo destino, lo harán cuatro camiones cargados de piedra caliza y dos cargados de hidróxido de calcio.
Esta última sustancia, también conocida como “cal muerta” o “cal apagada”, en contacto con el agua reacciona violentamente y ataca varios metales. El clorato de sodio se usa para hacer dióxido de cloro que, al 95%, se usa como blanqueador de pulpa de madera. Es altamente tóxico para los seres humanos si se lo inhala, y provoca serias afecciones en piel y ojos si se lo manipula manualmente. Es un material con alto riesgo de ignición y explosión en mezclas secas con otras sustancias orgánicas.
Finalmente, el peróxido de hidrógeno conocido popularmente como agua oxigenada, también se utiliza en la industria de la celulosa como blanqueador. El peróxido de hidrogeno que fabrica Kemira en Fray Bentos tiene una concentración que está muy por encima del 30 por ciento, lo cual lo hace altamente corrosivo y su inhalación puede ser fatal para los seres humanos. Es decir que la aplicación industrial de esta sustancia, no tiene nada que ver con el agua oxigenada que se puede adquirir en una farmacia por ejemplo, que es una solución al 3 por ciento.
Salvo el caso de los áridos, el resto de los insumos que UPM quiere transportar en camiones, son sustancias químicas altamente peligrosas y volátiles. La posibilidad de pueda ocurrir un accidente en una ruta, por ejemplo, espanta a los técnicos de la DINAMA, que no terminan de entender cómo una empresa que se jacta y pregona públicamente que maneja altos estándares de seguridad, proponga una forma altamente riesgosa de transporte para dichos insumos. Además consideran inexplicable que en semejante proyecto -que duplica al que ya tiene funcionando UPM en Uruguay-, no esté previsto construir una segunda fábrica de Kemira, como la que tiene instalada en Fray Bentos.
Efluentes e Impacto Ambiental
En cuanto al tratamiento de efluentes, se descargarán 106.500 metros cúbicos por día de efluentes tratados y, según sostiene la empresa, no se superarán las concentraciones máximas permitidas por la normativa uruguaya.
El EIA sostiene que la planta utilizará “las mejores técnicas disponibles” según los parámetros de la Unión Europea y realiza una valoración de los impactos ambientales de la pastera en distintas dimensiones, clasificando estos en “significancia baja”, “significancia media” y “significancia alta”.
Entre los impactos con “significancia baja” ubica, por ejemplo, la afectación de los usos del Embalse Baygorria, el “agotamiento de recursos naturales no renovables”, el incremento del tránsito local, el incremento de la presión sobre los acuíferos y el deterioro de ecosistemas naturales.
Entre los impactos con “significancia media”, se menciona el incremento del área destinada a plantaciones, la “disminución de la disponibilidad del recurso hídrico”, “molestias en áreas turísticas y recreativas por olores”, las “molestias por ruido a localidades cercanas” y el deterioro de la infraestructura vial.
Finalmente, los impactos de “significancia alta” mencionados por UPM son, entre otros, la afectación a la producción de energía hidráulica, afectación a los niveles de calidad del aire, afectación a la salud de la población de localidades cercanas a la planta por emisiones al aire, la contaminación eutrófica en el embalse Baygorria, el aumento de riesgo de floraciones algales, la afectación a la salud por la presencia de cianotoxinas y la afectación al tránsito.
Sin embargo, en cuanto al efecto de la pastera en la calidad del aire, el análisis técnico presentado concluye que es “admisible para el medio receptor”, o que la percepción de olores se localiza en los alrededores de la planta y no va más allá.
En materia de consumo de agua, el estudio realizado por la empresa Ecometrix e incorporado al documento de Impacto Ambiental, concluye que el consumo de la planta no será “significativo para el cuerpo receptor”, que “la cantidad extraída de agua del recurso no estaría por sí misma generando ningún tipo de alteración en cuanto a niveles”, y que “la afectación a la producción de energía eléctrica sería insignificante”. Ambos aspectos son puestos seriamente en duda tanto por la DINAMA como por la estatal Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE).
Contaminación por acumulación
Los impactos sobre la calidad del agua que podría generar la planta son “los más significativos de todos los identificados”, admite el Estudio. “Esto no implica que el impacto no sea admisible, sino que se trata del que presenta mayor relevancia para su estudio y evaluación”, añade. Entre otras medidas de mitigación en este caso, UPM menciona el establecimiento de un límite más estricto para el fósforo total en la descarga de efluentes respecto a lo establecido en la normativa, y el apoyo financiero de la empresa tanto a la investigación en el río Negro como a la adecuación de los sistemas de saneamiento de Paso de los Toros, en Tacuerembó y Pueblo Centenario en Durazno.
Algo que para la DINAMA es claramente insuficiente o como una gota en un océano, dada la alta contaminación que ya presenta el río Negro, aspecto éste que “no será tan fácil” de mitigar –no ya de solucionar- tal como fue reconocido públicamente hasta por la ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.
UPM propone fijar un caudal mínimo aguas abajo de la represa de Rincón del Bonete que “contrarreste el efecto de la carga vertida por el efluente (106.500 m3)” de la futura pastera, e incluso sugiere al Gobierno uruguayo fijarlo en 65 metros cúbicos por segundo. “El caudal mínimo exigido implicará, por un lado, un aumento del caudal de dilución en el embalse, asegurando una dilución mínima de 50 veces, y, por el otro, reduce la lenticidad del embalse, con lo que se consigue menos situaciones favorables para las floraciones algales”.
Para la DINAMA, es imposible que el caudal del río Negro se pueda fijar en 65 millones de litros por segundo. Pero además, el cálculo de dilución planteado en el Estudio de Impacto Ambiental de UPM, fue demostrado por los técnicos de la DINAMA como erróneo. Aun cuando se pudieran disponer de esos 65 metros cúbicos por segundo de agua en el río Negro, solo se llegaría a diluir apenas un 17 por ciento de los 106 millones de litros de efluentes diarios que arrojará la nueva pastera una vez esté en funcionamiento.
El hecho de que gran parte de las aguas llegarían contaminadas por los efluentes de la pastera, a traves del río Negro hasta su desembocadura en el rio Uruguay, generaría dos situaciones altamente conflictivas que las autoridades uruguayas no ignoran.
Por un lado la nueva generación de vertidos contaminantes que llegarían al río Uruguay, se sumarían a los que ya provoca UPM en Fray Bentos. Y además, eso desencadenaría la obligatoria intervención de Argentina a través de la CARU, para denunciar el incumplimiento del Fallo del Tribunal de La Haya, que en su sentencia de 2010, estableció la prohibición expresa para ambos países de generar nuevos vertidos contaminantes por acumulación, con nuevos emprendimientos industriales que alteren la calidad del agua del río Uruguay.
Y hay un tercer problema, y más grave aún. Si por todo esto se termina rechazando definitivamente la instalación de la nueva pastera a orillas del río Negro, UPM ha planteado por escrito al Gobierno de Tabaré Vázquez, que la primera alternativa es llevar el proyecto a Fray Bentos. El conflicto con Argentina y particularmente con Gualeguaychú y que ya existe por la presencia de la actual planta de UPM en dicha ciudad uruguaya, no solo se agravaría. Sería inevitable.
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Córdoba tiene un tercio de sus mamíferos en peligro
Más de un tercio de los mamíferos de Córdoba está en peligro de extinción
Fecha de Publicación: 20/11/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Venados de las Pampas, tarucas, yaguaretés y osos hormigueros habitaban las tierras cordobesas. Ya no hay rastros de ellos en la provincia. Si no se toman medidas, otras especies podrían correr la misma suerte.
Córdoba tiene 68 mamíferos autóctonos y el 37 por ciento de ellos está en riesgo de extinguirse. El relevamiento fue realizado por los biólogos de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) Ricardo Torres y Daniela Tamburini, con el apoyo de la Secretaría de Ambiente de la Provincia.
Los científicos también editaron un libro, con el aporte de varios colegas, que cuenta con una descripción de cada especie, mapa de distribución y otros datos.
Hay cinco especies que están en “peligro crítico” de extinguirse dentro de Córdoba: guanaco, pecarí quimilero, aguará guazú, tapetí y carpincho.
Para otros 12, su categorización es “en peligro” y ocho fueron incluidas dentro de la categoría “vulnerable”. El resto fueron etiquetadas como “cercana a la amenaza” y “preocupación menor”.
Torres, del Instituto de Diversidad y Ecología Animal (UNC-Conicet), apunta que hay algunas especies que a nivel nacional no están en peligro, pero sí se encuentran amenazadas dentro del territorio provincial.
“El pecarí de collar (en peligro), la vizcacha (vulnerable) y la corzuela parda (vulnerable) son muy abundantes en otras regiones del país, pero en Córdoba están en peligro debido al estado ambiental en que se encuentra la provincia”, dice.
El caso de la vizcacha es emblemático. “El Código Rural de Córdoba, de 1886, fomenta la extinción de la vizcacha y todavía no fue derogado”, dice Tamburini, investigadora del Centro de Ecología y Recursos Naturales Renovables (Cernar).
Torres agrega: “La gente ya no las mata porque no se ven ejemplares. Después se quejan de que los pumas comen cabras y ovejas. Lo que ocurre es que se quedaron sin sus presas naturales”.
Roedores y murciélagos
La mayoría de los mamíferos presentes en Córdoba son murciélagos y roedores. “No son de los animales más queridos, pero sí son importantes para el ser humano porque contribuyen al control de plagas y a la diseminación de semillas. Otros son reservorios de patógenos, como el de la fiebre hemorrágica y el de hantavirus”, dice Torres.
En tanto, Tamburini apunta: “La fauna siempre fue considerada como un elemento molesto. La única ley que tiene Córdoba es de 1958 y es una ley de caza, no de protección”.
En este sentido, los investigadores esperan que la Secretaría de Ambiente refrende esta categorización de los mamíferos a través de una resolución provincial.
“De esta forma, se pueden generar mecanismos para que las actividades productivas en las zonas donde habitan las especies más amenazadas sean sustentables o muy restringidas”, dice Torres.
Los nuevos parques nacionales en la estancia Pinas, en Traslasierra, y al norte de Mar Chiquita, en los Bañados del Río Dulce, cubrirán las regiones más biodiversas de la provincia.
“En el oeste provincial sería necesario un planeamiento sustentable de los predios. Esto no significa que todo sea parque nacional, sino que se realiza un uso más sustentable del territorio”, dice Torres.
La pérdida de hábitat es, por lejos, la mayor amenaza para los mamíferos cordobeses. Luego le siguen la caza y el impacto de la urbanización, en especial en el oeste de la provincia.
El biólogo explica que a pesar de que los mamíferos son animales grandes y más “queridos” por el ser humano, se ven poco en Córdoba. “Tienen hábitos nocturnos por su propia naturaleza, pero también obligados por la presión antrópica”, explica.
En este sentido, espera que el libro sirva para difundir este conocimiento, en especial, en las escuelas. De cada especie hay descripción, su hábitat y distribución en Córdoba, además de mencionar las principales amenazas. Cuenta con un mapa de distribución realizado a partir de un modelo matemático bien preciso.
La vida animal en Córdoba, vulnerable
Existen especies que están muy amenazadas.
Venados de las Pampas, tarucas, yaguaretés y osos hormigueros eran parte de la fauna autóctona cordobesa.
Se categorizó en este lugar a las especies guanaco, pecarí quimilero, aguará guazú, tapetí y carpincho.
El pecarí de collar (en peligro), la vizcacha (vulnerable) y la corzuela parda (vulnerable) son abundantes en otros puntos del país.
Ratones subterráneos y un zorro que sólo vive en las Sierras
El Parque nacional Quebrada del Condorito le dio protección al zorro colorado de achala, en peligro.
El grupo más curioso de las 68 especies de mamíferos que viven en Córdoba es el de los tuco-tuco. “Son roedores de hábitos subterráneos. “Tienen los ojos bien arriba en el cráneo para poder asomarse mínimamente en la superficie. También garras potentes en las patas para cavar”, explica el investigador Torres.
Y agrega: “Tienen pelos en las palmas de las patas que usan para limpiarse la tierra que desprenden cuando cavan. De hecho, el nombre científico Ctenomys alude a eso: ‘ctenos’, significa peine y ‘omys’, ratón”.
El nombre vulgar tuco-tuco se debe a la onomatopeya que hacen para comunicarse entre sí. Tres de los cinco endemismos cordobeses (especies que sólo viven en la provincia) corresponden a este grupo.
Otra especie ciento por ciento cordobesa es el ratón serrano (Akodon polopi), que sólo habita las zonas altas de las sierras de Córdoba.
El quinto endemismo es el zorro colorado de Achala (Lycalopex culpaeus smithersi). “En realidad es una subespecie. Es más colorado y más chico que el zorro colorado. El Parque Nacional Quebrada del Condorito le dio la protección, si no su situación sería crítica”, dice Torres.
En peligro crítico
Mientras el guanaco (Lama guanicoe) no es una especie en riesgo a nivel global (categoría “preocupación menor”), su estado es crítico en Córdoba.
“Sólo quedan ejemplares en la estancia de Pinas y cerca de esta, además de los que se reintrodujeron en Condorito. Hace unos años también había un grupo en el Monte de las Barrancas (Salinas Grandes), pero la caza furtiva los eliminó, a pesar de ser una reserva provincial”, relata Torres.
Otra especie que pende de un hilo es el pecarí quimilero (Catagonus wagneri). “Hasta el año pasado, no sabíamos que estaba presente en Córdoba. Recién lo estamos empezando a estudiar y ya está condenada a desaparecer si no hacemos algo ahora, porque lo están cazando y su hábitat se reduce”, comenta Tamburini.
El aguará aguazú (Chrysocyon brachyurus), un cánido, es el único carnívoro en peligro crítico en Córdoba. Recientemente, se lo redescubrió en los bañados del río Dulce y en las costas de Mar Chiquita, aunque en muy escaso número.
Las otras dos especies que están en la misma situación son el tapetí (Sylvilagus brasiliensis), de la familia de las liebres y los conejos, y el carpincho (Hydrochoerus hydrochaeris), el roedor más grande del mundo. En ambos casos, su situación a nivel global es de “preocupación menor”.
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Fecha de Publicación: 20/11/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Venados de las Pampas, tarucas, yaguaretés y osos hormigueros habitaban las tierras cordobesas. Ya no hay rastros de ellos en la provincia. Si no se toman medidas, otras especies podrían correr la misma suerte.
Córdoba tiene 68 mamíferos autóctonos y el 37 por ciento de ellos está en riesgo de extinguirse. El relevamiento fue realizado por los biólogos de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) Ricardo Torres y Daniela Tamburini, con el apoyo de la Secretaría de Ambiente de la Provincia.
Los científicos también editaron un libro, con el aporte de varios colegas, que cuenta con una descripción de cada especie, mapa de distribución y otros datos.
Hay cinco especies que están en “peligro crítico” de extinguirse dentro de Córdoba: guanaco, pecarí quimilero, aguará guazú, tapetí y carpincho.
Para otros 12, su categorización es “en peligro” y ocho fueron incluidas dentro de la categoría “vulnerable”. El resto fueron etiquetadas como “cercana a la amenaza” y “preocupación menor”.
Torres, del Instituto de Diversidad y Ecología Animal (UNC-Conicet), apunta que hay algunas especies que a nivel nacional no están en peligro, pero sí se encuentran amenazadas dentro del territorio provincial.
“El pecarí de collar (en peligro), la vizcacha (vulnerable) y la corzuela parda (vulnerable) son muy abundantes en otras regiones del país, pero en Córdoba están en peligro debido al estado ambiental en que se encuentra la provincia”, dice.
El caso de la vizcacha es emblemático. “El Código Rural de Córdoba, de 1886, fomenta la extinción de la vizcacha y todavía no fue derogado”, dice Tamburini, investigadora del Centro de Ecología y Recursos Naturales Renovables (Cernar).
Torres agrega: “La gente ya no las mata porque no se ven ejemplares. Después se quejan de que los pumas comen cabras y ovejas. Lo que ocurre es que se quedaron sin sus presas naturales”.
Roedores y murciélagos
La mayoría de los mamíferos presentes en Córdoba son murciélagos y roedores. “No son de los animales más queridos, pero sí son importantes para el ser humano porque contribuyen al control de plagas y a la diseminación de semillas. Otros son reservorios de patógenos, como el de la fiebre hemorrágica y el de hantavirus”, dice Torres.
En tanto, Tamburini apunta: “La fauna siempre fue considerada como un elemento molesto. La única ley que tiene Córdoba es de 1958 y es una ley de caza, no de protección”.
En este sentido, los investigadores esperan que la Secretaría de Ambiente refrende esta categorización de los mamíferos a través de una resolución provincial.
“De esta forma, se pueden generar mecanismos para que las actividades productivas en las zonas donde habitan las especies más amenazadas sean sustentables o muy restringidas”, dice Torres.
Los nuevos parques nacionales en la estancia Pinas, en Traslasierra, y al norte de Mar Chiquita, en los Bañados del Río Dulce, cubrirán las regiones más biodiversas de la provincia.
“En el oeste provincial sería necesario un planeamiento sustentable de los predios. Esto no significa que todo sea parque nacional, sino que se realiza un uso más sustentable del territorio”, dice Torres.
La pérdida de hábitat es, por lejos, la mayor amenaza para los mamíferos cordobeses. Luego le siguen la caza y el impacto de la urbanización, en especial en el oeste de la provincia.
El biólogo explica que a pesar de que los mamíferos son animales grandes y más “queridos” por el ser humano, se ven poco en Córdoba. “Tienen hábitos nocturnos por su propia naturaleza, pero también obligados por la presión antrópica”, explica.
En este sentido, espera que el libro sirva para difundir este conocimiento, en especial, en las escuelas. De cada especie hay descripción, su hábitat y distribución en Córdoba, además de mencionar las principales amenazas. Cuenta con un mapa de distribución realizado a partir de un modelo matemático bien preciso.
La vida animal en Córdoba, vulnerable
Existen especies que están muy amenazadas.
Venados de las Pampas, tarucas, yaguaretés y osos hormigueros eran parte de la fauna autóctona cordobesa.
Se categorizó en este lugar a las especies guanaco, pecarí quimilero, aguará guazú, tapetí y carpincho.
El pecarí de collar (en peligro), la vizcacha (vulnerable) y la corzuela parda (vulnerable) son abundantes en otros puntos del país.
Ratones subterráneos y un zorro que sólo vive en las Sierras
El Parque nacional Quebrada del Condorito le dio protección al zorro colorado de achala, en peligro.
El grupo más curioso de las 68 especies de mamíferos que viven en Córdoba es el de los tuco-tuco. “Son roedores de hábitos subterráneos. “Tienen los ojos bien arriba en el cráneo para poder asomarse mínimamente en la superficie. También garras potentes en las patas para cavar”, explica el investigador Torres.
Y agrega: “Tienen pelos en las palmas de las patas que usan para limpiarse la tierra que desprenden cuando cavan. De hecho, el nombre científico Ctenomys alude a eso: ‘ctenos’, significa peine y ‘omys’, ratón”.
El nombre vulgar tuco-tuco se debe a la onomatopeya que hacen para comunicarse entre sí. Tres de los cinco endemismos cordobeses (especies que sólo viven en la provincia) corresponden a este grupo.
Otra especie ciento por ciento cordobesa es el ratón serrano (Akodon polopi), que sólo habita las zonas altas de las sierras de Córdoba.
El quinto endemismo es el zorro colorado de Achala (Lycalopex culpaeus smithersi). “En realidad es una subespecie. Es más colorado y más chico que el zorro colorado. El Parque Nacional Quebrada del Condorito le dio la protección, si no su situación sería crítica”, dice Torres.
En peligro crítico
Mientras el guanaco (Lama guanicoe) no es una especie en riesgo a nivel global (categoría “preocupación menor”), su estado es crítico en Córdoba.
“Sólo quedan ejemplares en la estancia de Pinas y cerca de esta, además de los que se reintrodujeron en Condorito. Hace unos años también había un grupo en el Monte de las Barrancas (Salinas Grandes), pero la caza furtiva los eliminó, a pesar de ser una reserva provincial”, relata Torres.
Otra especie que pende de un hilo es el pecarí quimilero (Catagonus wagneri). “Hasta el año pasado, no sabíamos que estaba presente en Córdoba. Recién lo estamos empezando a estudiar y ya está condenada a desaparecer si no hacemos algo ahora, porque lo están cazando y su hábitat se reduce”, comenta Tamburini.
El aguará aguazú (Chrysocyon brachyurus), un cánido, es el único carnívoro en peligro crítico en Córdoba. Recientemente, se lo redescubrió en los bañados del río Dulce y en las costas de Mar Chiquita, aunque en muy escaso número.
Las otras dos especies que están en la misma situación son el tapetí (Sylvilagus brasiliensis), de la familia de las liebres y los conejos, y el carpincho (Hydrochoerus hydrochaeris), el roedor más grande del mundo. En ambos casos, su situación a nivel global es de “preocupación menor”.
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Se creará una reserva ambiental en Campo de Mayo
Macri creará una reserva ambiental en Campo de Mayo
Fecha de Publicación: 20/11/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Buenos Aires
"Me propuse unir a los argentinos. Y el tema del medioambiente nos une", dijo el Presidente.
El presidente Mauricio Macri anunció hoy la creación de la Reserva Ambiental de la Defensa Campo de Mayo, en el partido bonaerense de San Miguel.
Puntualizó que será “una parte importante en este compromiso que todos tenemos de cuidar el plantea para nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos”.
El Jefe de Estado remarcó que el nuevo espacio constituye “un área protegida, una reserva ambiental”, enclavada en una zona del conurbano bonaerense donde viven casi 10 millones de vecinos, que podrá ser visitada por el público.
“Cuando estén terminadas todas las obras, las familias van a poder tomar mate, hacer deporte, leer; será un lugar de visita y de disfrute de todos”, sostuvo Macri, en el acto de presentación que realizó en junto al ministro de Defensa, Oscar Aguad.
También participaron el secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman; el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, y el titular de Parques Nacionales, Eugenio Bréard.
La reserva
La reserva de 1880 hectáreas -equivalentes a unas 1320 manzanas- se convertirá en una de las áreas urbanas protegidas más extensas del país y se sumará a los parques nacionales de Córdoba, Tucumán y Campana creados en los últimos tres años.
El Presidente señaló que será reforestada con árboles nativos, se preservará la vegetación original y se llevarán a cabo acciones para defender las especies que viven en el área.
Puntualizó que se trata de una iniciativa de “largo plazo porque la urbanización del Gran Buenos Aires va a seguir avanzando y este lugar no”.
“Será un lugar libre de cemento” y “una fuente de oxígeno” en el “área urbana más importante del país”, afirmó.
Sostuvo que “si cuidamos y ponemos en valor lo que tenemos, no solo hacemos nuestro aporte a la lucha contra el cambio climático, sino que también será fuente de desarrollo local y de generación de empleo, que es algo a lo que estamos todos muy comprometidos”.
“Me propuse desde el primer día unir a los argentinos. Sé que en algunas cosas tenemos diferentes opiniones, pero en este tema de cuidar el medio ambiente siento que estamos muy unidos”, añadió.
Remarcó la importancia de tomar conciencia sobre la preservación del planeta y adoptar medidas para mitigar las consecuencias del cambio climático, ya que “cada vez estamos sufriendo más problemas de inundaciones, sequías, aludes, que afectan la vida y el futuro de todos”.
Afirmó que “la forma de evitar que esto retroceda en términos de mejorar el medio ambiente es generar espacios como éste” y felicitó a las Fuerzas Armadas “por sumarse a esta iniciativa”.
El decreto mediante el cual fue creado el espacio asegura la tutela ambiental y la conservación de la diversidad biológica de Campo de Mayo, sin alterar las condiciones de dominio del bien ni las actividades de la Defensa Nacional.
La normativa también contempla la preservación de los Sitios de Memoria del Terrorismo de Estado, con el fin de conservar y aportar a la puesta en valor de los ejes de Memoria, Verdad y Justicia.
Campo de Mayo tiene 8000 hectáreas que abarcan los municipios de San Miguel y Tigre, es desde 1901 la principal guarnición militar del área metropolitana y una de las más grandes del país.
Las otras reservas naturales del área de Defensa son Campo Garabato e Isla El Tala (Santa Fe), Campo Mar Chiquita-Dragones de Malvinas y Baterías-Charles Darwin (Buenos Aires), La Calera y Ascochinga (Córdoba), Punta Buenos Aires (Chubut) y Puerto Península (Misiones).
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Fecha de Publicación: 20/11/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Buenos Aires
"Me propuse unir a los argentinos. Y el tema del medioambiente nos une", dijo el Presidente.
El presidente Mauricio Macri anunció hoy la creación de la Reserva Ambiental de la Defensa Campo de Mayo, en el partido bonaerense de San Miguel.
Puntualizó que será “una parte importante en este compromiso que todos tenemos de cuidar el plantea para nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos”.
El Jefe de Estado remarcó que el nuevo espacio constituye “un área protegida, una reserva ambiental”, enclavada en una zona del conurbano bonaerense donde viven casi 10 millones de vecinos, que podrá ser visitada por el público.
“Cuando estén terminadas todas las obras, las familias van a poder tomar mate, hacer deporte, leer; será un lugar de visita y de disfrute de todos”, sostuvo Macri, en el acto de presentación que realizó en junto al ministro de Defensa, Oscar Aguad.
También participaron el secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman; el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, y el titular de Parques Nacionales, Eugenio Bréard.
La reserva
La reserva de 1880 hectáreas -equivalentes a unas 1320 manzanas- se convertirá en una de las áreas urbanas protegidas más extensas del país y se sumará a los parques nacionales de Córdoba, Tucumán y Campana creados en los últimos tres años.
El Presidente señaló que será reforestada con árboles nativos, se preservará la vegetación original y se llevarán a cabo acciones para defender las especies que viven en el área.
Puntualizó que se trata de una iniciativa de “largo plazo porque la urbanización del Gran Buenos Aires va a seguir avanzando y este lugar no”.
“Será un lugar libre de cemento” y “una fuente de oxígeno” en el “área urbana más importante del país”, afirmó.
Sostuvo que “si cuidamos y ponemos en valor lo que tenemos, no solo hacemos nuestro aporte a la lucha contra el cambio climático, sino que también será fuente de desarrollo local y de generación de empleo, que es algo a lo que estamos todos muy comprometidos”.
“Me propuse desde el primer día unir a los argentinos. Sé que en algunas cosas tenemos diferentes opiniones, pero en este tema de cuidar el medio ambiente siento que estamos muy unidos”, añadió.
Remarcó la importancia de tomar conciencia sobre la preservación del planeta y adoptar medidas para mitigar las consecuencias del cambio climático, ya que “cada vez estamos sufriendo más problemas de inundaciones, sequías, aludes, que afectan la vida y el futuro de todos”.
Afirmó que “la forma de evitar que esto retroceda en términos de mejorar el medio ambiente es generar espacios como éste” y felicitó a las Fuerzas Armadas “por sumarse a esta iniciativa”.
El decreto mediante el cual fue creado el espacio asegura la tutela ambiental y la conservación de la diversidad biológica de Campo de Mayo, sin alterar las condiciones de dominio del bien ni las actividades de la Defensa Nacional.
La normativa también contempla la preservación de los Sitios de Memoria del Terrorismo de Estado, con el fin de conservar y aportar a la puesta en valor de los ejes de Memoria, Verdad y Justicia.
Campo de Mayo tiene 8000 hectáreas que abarcan los municipios de San Miguel y Tigre, es desde 1901 la principal guarnición militar del área metropolitana y una de las más grandes del país.
Las otras reservas naturales del área de Defensa son Campo Garabato e Isla El Tala (Santa Fe), Campo Mar Chiquita-Dragones de Malvinas y Baterías-Charles Darwin (Buenos Aires), La Calera y Ascochinga (Córdoba), Punta Buenos Aires (Chubut) y Puerto Península (Misiones).
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¿Venta de terrenos dentro del Parque Nacional Iguazú?
Denuncian la venta de terrenos dentro del Parque Nacional Iguazú
Fecha de Publicación: 20/11/2018
Fuente: La Voz de Cataratas
Provincia/Región: Misiones
La fundación “Amigos de los Parques”, denuncia que existe un proyecto de venta de parcelas en el Parque Nacional Iguazú, por parte del Directorio de Parques Nacionales, Secretaría de Ambiente de la Nación a cargo del Rabino Bergman, Secretaría de Turismo a cargo de Gustavo Santos y la Agencia Argentina de inversiones y comercio internacional.
El proyecto de concesión de espacios protegidos se encuentra a la vista de todos en la página oficial de www.argentina.gob.ar/oportunidades-naturales/parques al ingresar cualquier persona obtiene detalles de todos los beneficios que el inversor tendrá al ganar la licitación, promociona al destino destacando lo redituable que es el área.
Referentes del turismo de todo el país participaron de una reunión del Consejo Federal de Turismo (CFT), en conjunto con el Consejo Federal de Medioambiente (Cofema), provincia de Misiones, donde se presentó un proyecto para construir infraestructura turística dentro del Parque Nacional Iguazú y otras áreas protegidas. La iniciativa se denomina ‘Oportunidades naturales, inversión privada para el desarrollo de servicios turísticos en áreas protegidas’.
El evento se desarrolló el pasado miércoles en las instalaciones del Hotel Intercontinental de la Ciudad de Buenos Aires y fue encabezado por el secretario de Medioambiente de la Nación, Sergio Bergman, y el de Turismo, Gustavo Santos. Por la provincia estuvieron presentes Fabio Zapelli, subsecretario de Ecoturismo, y el ministro de Ecología, Juan Manuel Díaz.
Desde gobierno Nacional informaron que el proyecto ya fue presentado en la World Travel Market de Londres, Inglaterra, y según datos aportados en la reunión los distintos posibles inversionistas, recibieron con gran entusiasmo la idea. Este proyecto transforma a las áreas protegidas en destinos de naturaleza. Siempre dentro del turismo sustentable. Y aclararon que Nadie va a destruir el Parque Iguazú.
Al igual que Cataratas, se eligieron otros 19 parques nacionales y varias áreas protegidas. El espacio misionero, al igual que los otros seleccionados, fueron electos “por una cuestión de facilitación de áreas que tienen aeropuertos, rutas y ciudades con servicios y gastronomía cerca”.
Esta situación mantiene en estado de alerta a la Fundación Amigos de los Parques preocupados ante el ofrecimiento por parte del gobierno nacional a inversores que quieran invertir dentro del área protegida del Parque Nacional Iguazú, y de otros parques nacionales del país. Fomentando la creación de villas turísticas dentro del area protegida avanzando dentro de la naturaleza limitando aun más la libre circulación de los animales.
La fundación denuncia que "existe un proyecto de venta de parcelas en el Parque Nacional Iguazú, por parte del Directorio de Parques Nacionales, Secretaría de Ambiente de la Nación a cargo del Rabino Bergman, Secretaría de Turismo a cargo de Gustavo Santos y la Agencia Argentina de inversiones y comercio internacional.
"En el Parque Nacional Iguazú hay proyectos de licitación de áreas socialmente y ambientalmente sensibles, uno de ellos es el Camping Ñandú, que históricamente era un espacio utilizado por los Iguazuenses para refrescarse durante el verano. Otro de los espacios que se pretende privatizar es el Camping Yaguareté, en la entrada de Cataratas, ese lugar de aproximadamente cinco hectáreas, Parques Nacionales había cedido al Ministerio de Educación y deportes de la Provincia de Misiones a través de un convenio, y según las estadísticas, en los últimos años, tuvieron la posibilidad de conocer Cataratas, gracias a que tenían donde alojarse de manera gratuita, niños de distintas escuelas primarias de los pueblos más alejados de la provincia de misiones y de bajo recursos.
El proyecto ya se encuentra diseñado, consiste en la construcción de “Glamping en Campamento Temático Mundo Selva” esto incluye alojamiento tipo cabañas con lugares para hasta 8 personas, que incluiría servicios gastronómicos, kioscos, merchandaising, estacionamiento, excursiones en bicicleta, avistaje de aves con guías especializados, caminatas en la selva, tanto de día como de noche, en el Camping Ñandú y en el Camping Yaguareté y el inversor no puede modificar el proyecto. Estas villa turísticas, provocaran que el turista no conozca la ciudad ya que tendrá todo en el lugar. Esto perjudica también al municipio y a la provincia ya que los emprendimientos no tributaran al municipio y tampoco fomentara el movimiento turístico en la ciudad.
Otro de los espacios que incluye Hostería dentro del parque Nacional Iguazú, es en el límite esté en el paraje Cabureí Andresito Reserva Alto Iguazú (ex Yvy Pora) y en el límite del kilómetro 5, camino al Santuario de Puerto Iguazú, de frente al río iguazu, una Hostería con alojamiento importante con capacidad de alojar a grupos importante. Recordemos que al estar dentro de la jurisdicción de parques nacionales no tributan impuestos al municipio. Estas inversiones a la espalda del municipio, siguen sin dar beneficios directos a la ciudad de
Iguazú.
Estamos muy preocupados con esta situación por el avance de desmonte en zona de amortiguación y reserva del área protegida, así como inversiones en el área cataratas, intentando trasladar la villa turística al Parque Nacional Iguazú y no a la ciudad, dando la espalda al pueblo. Creemos que el Parque Nacional Iguazú como institución debería alentar la inversión en la ciudad, para mejorar la calidad de vida de los iguazuences” indicó José Barrios presidente de la fundación amigos de los parques a LaVozdeCataratas
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Fecha de Publicación: 20/11/2018
Fuente: La Voz de Cataratas
Provincia/Región: Misiones
La fundación “Amigos de los Parques”, denuncia que existe un proyecto de venta de parcelas en el Parque Nacional Iguazú, por parte del Directorio de Parques Nacionales, Secretaría de Ambiente de la Nación a cargo del Rabino Bergman, Secretaría de Turismo a cargo de Gustavo Santos y la Agencia Argentina de inversiones y comercio internacional.
El proyecto de concesión de espacios protegidos se encuentra a la vista de todos en la página oficial de www.argentina.gob.ar/oportunidades-naturales/parques al ingresar cualquier persona obtiene detalles de todos los beneficios que el inversor tendrá al ganar la licitación, promociona al destino destacando lo redituable que es el área.
Referentes del turismo de todo el país participaron de una reunión del Consejo Federal de Turismo (CFT), en conjunto con el Consejo Federal de Medioambiente (Cofema), provincia de Misiones, donde se presentó un proyecto para construir infraestructura turística dentro del Parque Nacional Iguazú y otras áreas protegidas. La iniciativa se denomina ‘Oportunidades naturales, inversión privada para el desarrollo de servicios turísticos en áreas protegidas’.
El evento se desarrolló el pasado miércoles en las instalaciones del Hotel Intercontinental de la Ciudad de Buenos Aires y fue encabezado por el secretario de Medioambiente de la Nación, Sergio Bergman, y el de Turismo, Gustavo Santos. Por la provincia estuvieron presentes Fabio Zapelli, subsecretario de Ecoturismo, y el ministro de Ecología, Juan Manuel Díaz.
Desde gobierno Nacional informaron que el proyecto ya fue presentado en la World Travel Market de Londres, Inglaterra, y según datos aportados en la reunión los distintos posibles inversionistas, recibieron con gran entusiasmo la idea. Este proyecto transforma a las áreas protegidas en destinos de naturaleza. Siempre dentro del turismo sustentable. Y aclararon que Nadie va a destruir el Parque Iguazú.
Al igual que Cataratas, se eligieron otros 19 parques nacionales y varias áreas protegidas. El espacio misionero, al igual que los otros seleccionados, fueron electos “por una cuestión de facilitación de áreas que tienen aeropuertos, rutas y ciudades con servicios y gastronomía cerca”.
Esta situación mantiene en estado de alerta a la Fundación Amigos de los Parques preocupados ante el ofrecimiento por parte del gobierno nacional a inversores que quieran invertir dentro del área protegida del Parque Nacional Iguazú, y de otros parques nacionales del país. Fomentando la creación de villas turísticas dentro del area protegida avanzando dentro de la naturaleza limitando aun más la libre circulación de los animales.
La fundación denuncia que "existe un proyecto de venta de parcelas en el Parque Nacional Iguazú, por parte del Directorio de Parques Nacionales, Secretaría de Ambiente de la Nación a cargo del Rabino Bergman, Secretaría de Turismo a cargo de Gustavo Santos y la Agencia Argentina de inversiones y comercio internacional.
"En el Parque Nacional Iguazú hay proyectos de licitación de áreas socialmente y ambientalmente sensibles, uno de ellos es el Camping Ñandú, que históricamente era un espacio utilizado por los Iguazuenses para refrescarse durante el verano. Otro de los espacios que se pretende privatizar es el Camping Yaguareté, en la entrada de Cataratas, ese lugar de aproximadamente cinco hectáreas, Parques Nacionales había cedido al Ministerio de Educación y deportes de la Provincia de Misiones a través de un convenio, y según las estadísticas, en los últimos años, tuvieron la posibilidad de conocer Cataratas, gracias a que tenían donde alojarse de manera gratuita, niños de distintas escuelas primarias de los pueblos más alejados de la provincia de misiones y de bajo recursos.
El proyecto ya se encuentra diseñado, consiste en la construcción de “Glamping en Campamento Temático Mundo Selva” esto incluye alojamiento tipo cabañas con lugares para hasta 8 personas, que incluiría servicios gastronómicos, kioscos, merchandaising, estacionamiento, excursiones en bicicleta, avistaje de aves con guías especializados, caminatas en la selva, tanto de día como de noche, en el Camping Ñandú y en el Camping Yaguareté y el inversor no puede modificar el proyecto. Estas villa turísticas, provocaran que el turista no conozca la ciudad ya que tendrá todo en el lugar. Esto perjudica también al municipio y a la provincia ya que los emprendimientos no tributaran al municipio y tampoco fomentara el movimiento turístico en la ciudad.
Otro de los espacios que incluye Hostería dentro del parque Nacional Iguazú, es en el límite esté en el paraje Cabureí Andresito Reserva Alto Iguazú (ex Yvy Pora) y en el límite del kilómetro 5, camino al Santuario de Puerto Iguazú, de frente al río iguazu, una Hostería con alojamiento importante con capacidad de alojar a grupos importante. Recordemos que al estar dentro de la jurisdicción de parques nacionales no tributan impuestos al municipio. Estas inversiones a la espalda del municipio, siguen sin dar beneficios directos a la ciudad de
Iguazú.
Estamos muy preocupados con esta situación por el avance de desmonte en zona de amortiguación y reserva del área protegida, así como inversiones en el área cataratas, intentando trasladar la villa turística al Parque Nacional Iguazú y no a la ciudad, dando la espalda al pueblo. Creemos que el Parque Nacional Iguazú como institución debería alentar la inversión en la ciudad, para mejorar la calidad de vida de los iguazuences” indicó José Barrios presidente de la fundación amigos de los parques a LaVozdeCataratas
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Fracking: para muesta basta Allen
Enfermedades, contaminación y derrumbes en Allen, el pueblo en el que los cultivos conviven con el fracking
Fecha de Publicación: 19/11/2018
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Río Negro
Leucemia, viviendas derrumbadas, sonidos insoportables, emisiones de gases tóxicos, gastroenteritis, vómitos, derrames. El relato se repite de vecino a vecino. Solo cambian las formas, pero las vivencias y creencias son similares. Para las petroleras, en cambio, es un ejemplo de una industria que genera unos 3 mil puestos de trabajo en todo Río Negro y que el año pasado le dejó a la provincia 500 millones de pesos en regalías. Junto a un equipo de Greenpeace, Infobae visitó Allen, la capital nacional de la pera, en Vaca Muerta, donde los cultivos de frutas que se consumen en el resto del país conviven con los pozos de fracking.
Allen es parte del yacimiento Estación Fernández Oro, en el sector rionegrino de Vaca Muerta. La explotación de hidrocarburos tiene varias décadas en la zona, pero con la irrupción de la técnica del fracking los pozos se multiplicaron en el área, donde el tight gas es la vedette. Aunque ni siquiera están claras las consecuencias a largo plazo del fracking sobre la salud y el medio ambiente, no hubo debate previo. Alguien decidió que así iba a ser y la vida cambió para siempre. La mayoría de los vecinos no quiere hablar, pero la regla tiene varias excepciones. ¿Es posible la convivencia del fracking con los cultivos si el gas y el petróleo pagan 10 veces más por hectárea? ¿Afecta la salud de los vecinos? ¿Y el medio ambiente?
"Simulacros"
Los accidentes en los pozos de la zona están lejos de ser una excepción. La sucesión es notable y contrasta con las afirmaciones del gobierno de la vecina provincia de Neuquén, que tras el derrame de crudo que ocurrió el 19 de octubre en Bandurria Sur, informó que desde 2014 no había habido problemas en la "zona". Esa declaración tenía una intencionalidad: instalar la idea de que en todo Vaca Muerta no hubo accidentes en los últimos años, y así lo comunicó buena parte de la prensa local. Naturalmente, es mentira.
En el Observatorio Petrolero Sur armaron una línea de tiempo de los accidentes solo en Allen. En 2014 explotaron dos pozos y otro se incendió y provocó llamas de hasta 15 metros de altura. El 2015 fue el año de los derrames. Fueron cuatro. En uno de ellos, en julio, los fluidos terminaron en una laguna que se conecta con otras que, a su vez, desembocan en el río Negro. La empresa Yacimientos del Sur (YSUR, subsidiaria de YPF) les ofreció a una veintena de vecinos de Calle Ciega 10 una compensación de 44 mil pesos al año, pero les exigió a cambio una cláusula de confidencialidad, la colaboración con la empresa en caso de protestas y la renuncia a nuevos reclamos.
Ese año también hubo una sucesión de explosiones en el pozo EFO 280, pero para el gobierno rionegrino fue un mero "silbido". Tras la denuncia de los vecinos, el secretario de Energía, Marcelo Echegoyen, fue contundente. "Estoy viendo en Google Earth y acá no hay ningún barrio", declaró.
Al año siguiente se produjo el accidente más importante que se conoce en la zona, cuando se fugaron 240 mil litros de la llamada "agua de formación" de los pozos 360 y 362. Murieron animales y árboles frutales.
Hubo más incidentes. La mayoría de las veces, según los vecinos, les dicen que son simulacros, lo que contrasta -de acuerdo a esos testimonios-, con la cara de pánico de los trabajadores.
La polémica se redobla cuando la encargada de controlar está íntimamente ligada a la industria petroquímica. La secretaria de Ambiente de Río Negro, Dina Migani, es una de las dueñas de Quinpe SRL, una empresa que se dedica al transporte, almacenaje y distribución de productos químicos y residuos relacionados con la extracción de hidrocarburos; y entre sus clientes tiene a YPF, Petrobras, Halliburton, TGS y Schlumberger, de acuerdo a una denuncia por contaminación que presentó este año la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), por pedido del presidente del Concejo Deliberante de Estación Fernández Oro, Claudio Correa.
Contaminación invisible
Más allá de los accidentes, la contaminación de los pozos de gas y petróleo muchas veces no se puede ver. Eso es lo que buscó demostrar la ONG Earthworks cuando visitó Estación Fernández Oro con una cámara infrarroja traída desde los Estados Unidos para registrar gases invisibles que son altamente tóxicos y potencialmente mortales, conocidos como compuestos orgánicos volátiles (COVs), entre los que se encuentran benceno, butano, etilbenceno, metano, propano, octano, tolueno y xileno.
"Las personas expuestas a la contaminación de COVs que hemos detectado en Argentina pueden sufrir consecuencias a la salud al corto y al largo plazo, incluyendo padecimientos de cáncer", explicó el ambientalista Pete Dronkers, de la ONG.
El siguiente video fue filmado el 29 de marzo en un pozo de fracking en el corazón de la zona productiva de Allen, cerca del Río Negro. Como se puede ver, en las primeras imágenes no se ve nada raro, porque la contaminación no es visible, pero una vez que se activa el sensor infrarrojo, la enorme pluma de compuestos orgánicos volátiles queda expuesta:
Sin registros
—¿De dónde sos?
—De Allen
—Yo también.
—Yo también.
El diálogo, simplificado en este artículo, se dio en una sala de espera de un hospital de Neuquén en la que varias madres se dieron cuenta de que tenían dos denominadores en común: conviven con el fracking y los agroquímicos, y sus hijos tienen leucemia. Entonces surgió una sospecha que luego fue admitida por el ministro de Salud provincial, Fabián Zgaib, a una periodista de Roca, y por su secretario a los vecinos: que en Allen hay al menos 7 casos de leucemia, es decir, entre tres y cuatro veces más de lo que estadísticamente es esperable.
Poco después una médica que pidió mantener su identidad reservada engrosó la cifra y le confesó a los vecinos que en realidad eran 12 casos, pero que como la mayoría estaban siendo atendidos en Neuquén, las estadísticas de Río Negro no lo reflejaban. Oficialmente, para la Provincia, hubo cuatro muertes y cinco internaciones por leucemia en Allen entre 2013 y 2017.
Infobae solicitó los datos duros a la cartera sanitaria, pero se encontró con muy poca colaboración. Eso sí: no quisieron decir cuántos casos hay en total ni desmintieron los siete denunciados por los vecinos. "Desconozco", se limitó a aclarar un vocero. Al margen de que la información no se pudo chequear, lo que queda al descubierto es una constante de las zonas en las que hay proyectos extractivistas sospechados de contaminación: el secretismo de las estadísticas médicas.
Al respecto, Allen tiene otro caso paradigmático, el de Rubén Ibáñez, que vive con su esposa y uno de sus hijos en el barrio Costa Este. Era el casero del Vivero El Alto, que ahora está abandonado. La dueña -dice- aceptó una "ayuda" de YPF para que unas cañerías pasen por debajo de sus tierras y dejó de lado el camino productivo. Detrás de su casa, a unos 10 metros, hay un arroyo. Del otro lado hay instalaciones petroleras de cuya existencia la familia Ibáñez se enteró por el ruido, cuando levantaron la torre de fracking. Nadie le avisó.
En la familia Ibáñez están convencidos de que los problemas de salud de Rubén empezaron de la mano del pozo AP.RN.EFE 141, que explotó a las 21 horas del 19 de marzo de 2014. "Saltaron las válvulas y se produjo una llamarada. Todo alrededor tembló. Fueron muchas horas con los gases tóxicos saliendo. Nadie nos vino a ayudar. La médica que llegó después no quería ni bajarse de la ambulancia para verme", repasó Rubén. "Yo empecé con asma y problemas respiratorios, y al final me encontraron una mancha en el pulmón derecho, pese a que nunca fumé", contó.
La palabra cáncer no es parte de su relato. Pero su esposa es más cruda. "Tiene un tumor", lanzó Zulema Campos mientras miraba su celular gastado en la cocina de su casa. "El agua no sirve ni para regar las plantas, porque sale contaminada. Todo es un desastre acá", se quejó. Poco antes de recibir a Infobae habían sufrido otro accidente de gran magnitud.
A Rubén no le quisieron dar los resultados de sus estudios en el hospital de Allen y, según denunció, tuvo que impulsar una acción judicial para acceder a sus antecedentes. La fiscal Julieta Villa ordenó un allanamiento en el que solo encontró la tapa de su historia clínica. No había nada más. Alguien quiso ocultar el antecedente.
El caso de Allen recuerda al de Bothel, un pequeño municipio alemán del estado de Baja Sajonia en el que la tasa de cáncer duplica a la esperada en la zona. En uno de sus pueblos, Bellen, uno de cada cinco vecinos tiene cáncer. ¿Los más comunes? Leucemia y linfoma. ¿Las causas? No están claras, pero ante la consulta de Infobae el médico local Mathias Bantz dijo que sospechan de la extracción de gas a través de fracking.
Determinar las causas de los problemas de salud asociados al ambiente siempre es un desafío. Y en el caso de Allen hay "por lo menos tres líneas de acumulación" de contaminación, según advirtió a este medio la socióloga Maristella Svampa, que acaba de publicar Chacra 51 (Sudamericana) sobre las transformaciones en Allen. "La primera, que está ligada al uso de agroquímicos en la agricultura; la segunda es la primera avanzada petrolera de los setenta en adelante; y la tercera es el fracking, que es como el tiro del final", indicó.
Fracking y salud
Quizás la falta de claridad sobre la situación de la leucemia en Allen y el caso de Rubén Ibáñez tengan que ver con los estudios que vinculan al fracking con los problemas de salud. Lejos del discurso que rezan las petroleras, una de las investigaciones más importantes sobre el tema fue realizada por la Universidad de Yale en base a 624 pozos en el Condado de Washington, en Pensilvania, y concluyó que la frecuencia de los problemas de salud aumentan a medida que las personas viven más cerca de los pozos. Las enfermedades que más encontraron fueron erupciones cutáneas y problemas en las vías respiratorias.
Esos resultados van en la misma línea de dos estudios que vinculan el fracking al aumento de la tasa de hospitalizaciones en Pensilvania. Hay también un estudio en Estados Unidos que detectó hasta un 600% de aumento en la mortalidad infantil en las zonas cercanas a los pozos, otro que relaciona el fracking con el bajo peso al nacer y un tercero que lo asocia a defectos congénitos de corazón y de tubo neural en recién nacidos. También hay una investigación de la Universidad de Massachusetts con ratones que lo vincula al cáncer de mama. Y en los Estados Unidos encontraron que aumentaron las enfermedades de los perros que viven en torno a las torres.
El propio Departamento de Salud de Nueva York emitió un dictamen antes de prohibir el fracking en el Estado de Nueva York que concluyó que hay muchas lagunas de conocimiento hasta ahora, ya que los estudios son pocos y limitados, pero aclaró que los resultados son "sugerentes". Por eso la pregunta es si acaso en materia sanitaria la norma no debería ser la prevención.
Agua, derrumbes y sonidos insoportables
Aunque los activistas antifracking suelen subrayar entre sus argumentos los peligros del cambio climático, los vecinos no hablan de eso, sino de problemas concretos. Su preocupación es otra. Estela Sánchez vivía en Guerrico, a unos 12 kilómetros de Allen. Tuvo que abandonar su casa porque el agua salía literalmente negra. Los análisis solicitados por el Departamento Provincial de Aguas a los que accedió Infobae detectaron la presencia de 0,10 miligramos por litro de hidrocarburos en el agua que salía de sus canillas. También había algunos químicos que no deberían haber estado en el agua, como manganeso, hierro total y carbonatos. Otros valores dieron por encima de lo aconsejable, como dureza total, bicarbonatos, sulfatos y el PH, entre otros.
Estela cambió, entonces, la chacra en la que plantaba peras y manzanas por una casa en la ciudad de Allen. Sin embargo, como muchos de sus vecinos, sigue comprando agua embotellada.
Roxana Velarde llegó hace 20 años a Allen. Pero la vida, dice, ya no es igual. "Lo primero que empezamos a notar son los problemas de salud. Vómitos, dolores de estómago, dolor de cabeza, olor a azufre todo el tiempo; vecinos con pancreatitis, dolores muy seguido", repasó.
Su caso está entre los más extremos: su casa literalmente se vino abajo. Aclaró que no es la única y recordó su nefasta experiencia. Comentó que todo empezó cuando se hizo intenso el tránsito en la zona por los camiones. El piso se empezó a levantar y las paredes, a rajar. Luego arrancó el fracking y hace unos seis meses llegó su Día D. "Estábamos todos afuera, tomando mate. Adentro estaban mi nieto de 3 años y uno de mis hijos mirando la televisión cuando se cayó el techo de una pieza y de la mitad del living. Ellos por suerte estaban en la parte del comedor, si no los podría haber aplastado", advirtió.
A pesar de que todos los testimonios tienen muchos lugares comunes, a diferencia de otros sitios en los que hay conflictos ambientales, en Allen no hay una organización que nuclee a los vecinos. Uno de los pocos que impulsa algún tipo de lucha colectiva es Juan Carlos Ponce, miembro de la Asamblea por el Agua.
"Defiendo la tierra, porque me crié en las chacras", expuso Ponce, gasista matriculado de profesión. "Acá en verano no se puede respirar. Pero además de la contaminación, el ruido es insoportable. Nosotros con un recurso de amparo logramos una multa de 2,5 millones de pesos a unas torres por contaminación sonora", indicó.
RSE
Aunque para Juan Ponce "la responsabilidad social empresaria es una coima", en YPF la ven como una estrategia válida para relacionarse con la comunidad en la que desarrollan sus actividades "orientados a generar valor compartido, fortalecer la licencia social y el compromiso de los empleados de la compañía", según explicaron desde la empresa a Infobae.
La Fundación YPF trabajó en el desarrollo del Plan Allen Sostenible. Además, desde 2014 realizó 26 capacitaciones en la zona, de las que participaron 484 alumnos que se especializaron en distintas áreas como construcción, energía eléctrica y software.
Para los próximos cuatro años, además, la empresa acordó con el gobierno provincial y la municipalidad un plan de obras por más de 50 millones de pesos para la construcción de una nueva terminal de ómnibus, la entrega de asfalto para pavimentación de calles y el mejoramiento de espacios verdes.
La petrolera, además, ya realizó la conexión de 115 viviendas del barrio Costa Este a la red troncal de gas. También entregó hornos, calefactores y termotanques. La inversión fue de 15 millones de pesos. Y planea construir un nuevo centro operativo de 1.200 metros cuadrados cubiertos para concentrar toda su operación de la provincia de Río Negro en Allen.
Petróleo en la comida
Sin embargo, la convivencia con los vecinos y la producción tiene sus límites. Con la premisa de que el fracking y el cultivo de frutas, verduras y hortalizas no son compatibles, en agosto de 2013, el Concejo Deliberante de Allen aprobó una ordenanza que prohibía el fracking en el ejido de la comuna y le pidió al gobierno provincial que impulse en la justicia una medida de no innovar. Pero tres meses después, el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro declaró la inconstitucionalidad de la norma, porque consideró que la provincia tiene "competencia exclusiva" en materia hidrocarburífera.
Según explicaron a Infobae tras un pedido de acceso a la información, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) no mide la presencia de sustancias relacionadas con la producción de hidrocarburos en las frutas y hortalizas producidas en Allen, ya que sus controles se centran en residuos de agroquímicos. La pregunta es si los hidrocarburos o los elementos químicos que participan del proceso de extracción pueden contaminar la producción. Y si acaso el Senasa no debería controlarlo.
La Concerned Health Professionals de Nueva York publica desde hace años un compendio de hallazgos científicos sobre el fracking, cuyas autoras estuvieron el año pasado en Allen. Un capítulo entero del texto está destinado a las amenazas para la agricultura y la calidad del suelo en base a lo que ocurrió en algunas zonas de los Estados Unidos.
Algo que se encuentra muy seguido -y está documentado en California- es que varias compañías utilizan los pozos para eliminar las aguas residuales del fracking (flowback), que se conectan con fuentes de agua de calidad, en las que se detectaron arsénico, talio y nitratos. Esta técnica que se usa en casi la totalidad de los pozos en Vaca Muerta ha generado casos de contaminación, aunque las empresas aseguran que es un método seguro que está sometido a controles internos y externos.
"El porcentaje de agua que retorna luego de su inyección en el pozo es de entre un 25 y un 50%. La misma es sometida a un proceso físico químico de tratamiento para que alcance los valores del permiso de vertido -inyección en pozos sumideros- que otorga la autoridad de aplicación. Esto implica que el agua que se inyecta queda con una calidad de agua como la que existen en esas profundidades, que no es potable en su condición natural", explicaron desde YPF.
"Hoy casi la totalidad de las aguas de flowback de no convencional son vertidas en pozos sumideros muy profundos que en el caso de Vaca Muerta superan los 1200 mts de profundidad. Los cursos de agua potable se encuentran en esa zona por arriba de los 450 metros y se elige la formación que está a 1200 mts para inyección porque hay un sello geológico que la separa de los acuíferos usables. Por lo tanto es imposible que esas aguas se mezclen", abundaron desde YPF.
No obstante, no todos están de acuerdo con esa idea. "Cuando se haga la fractura hidráulica el hidrocarburo buscará la superficie y en ese camino está el acuífero. Entonces que haya 1700 metros de distancia [entre la formación y la fuente de agua] no es impedimento para que se contamine el agua, es solo cuestión de tiempo. Incluso los riesgos pueden suceder cuando la compañía se haya ido", advirtió el ingeniero en petróleo Eduardo D´Elía, citado por el investigador Diego Rodil, en un estudio que fue censurado por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.
Hay otros problemas detectados vinculados a la agricultura. Por ejemplo en Dakota del Norte, por los derrames, algunos niveles de cloruros fueron tan altos que superaron la capacidad de medición del Departamento de Salud. En Pensilvania, el Departamento de Protección Ambiental encontró que las fugas de las lagunas de aguas residuales contaminaron el suelo y las aguas subterráneas. En un tercer estudio, dos científicos de Colorado concluyeron que la restauración de las zonas en las que hay pozos requiere décadas e intensos esfuerzos. Por último está el problema de la contaminación lumínica, ya que los pozos están iluminados las 24 horas del día.
Producción
En 2015 se conoció una denuncia que tuvo amplia repercusión, cuando la productora de frutas orgánicas Jessica Lamperti, de Allen, contó en su cuenta de Facebook que un cliente del exterior le había dicho que quería "fruta libre de fracking" y que ya no le iba a comprar.
Según datos del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), en 2008 en Allen se plantaron 6.453,3 hectáreas de peras y manzanas. El año pasado fueron 5.445 hectáreas, es decir, más de mil hectáreas menos.
La explicación, para Diego Rodil, es compleja. Dijo: "Hay multicausalidad, pero las malas políticas hacia las economías regionales y la vía libre al fracking, sin consulta a la ciudadanía, son las principales responsables".
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Fecha de Publicación: 19/11/2018
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Río Negro
Leucemia, viviendas derrumbadas, sonidos insoportables, emisiones de gases tóxicos, gastroenteritis, vómitos, derrames. El relato se repite de vecino a vecino. Solo cambian las formas, pero las vivencias y creencias son similares. Para las petroleras, en cambio, es un ejemplo de una industria que genera unos 3 mil puestos de trabajo en todo Río Negro y que el año pasado le dejó a la provincia 500 millones de pesos en regalías. Junto a un equipo de Greenpeace, Infobae visitó Allen, la capital nacional de la pera, en Vaca Muerta, donde los cultivos de frutas que se consumen en el resto del país conviven con los pozos de fracking.
Allen es parte del yacimiento Estación Fernández Oro, en el sector rionegrino de Vaca Muerta. La explotación de hidrocarburos tiene varias décadas en la zona, pero con la irrupción de la técnica del fracking los pozos se multiplicaron en el área, donde el tight gas es la vedette. Aunque ni siquiera están claras las consecuencias a largo plazo del fracking sobre la salud y el medio ambiente, no hubo debate previo. Alguien decidió que así iba a ser y la vida cambió para siempre. La mayoría de los vecinos no quiere hablar, pero la regla tiene varias excepciones. ¿Es posible la convivencia del fracking con los cultivos si el gas y el petróleo pagan 10 veces más por hectárea? ¿Afecta la salud de los vecinos? ¿Y el medio ambiente?
"Simulacros"
Los accidentes en los pozos de la zona están lejos de ser una excepción. La sucesión es notable y contrasta con las afirmaciones del gobierno de la vecina provincia de Neuquén, que tras el derrame de crudo que ocurrió el 19 de octubre en Bandurria Sur, informó que desde 2014 no había habido problemas en la "zona". Esa declaración tenía una intencionalidad: instalar la idea de que en todo Vaca Muerta no hubo accidentes en los últimos años, y así lo comunicó buena parte de la prensa local. Naturalmente, es mentira.
En el Observatorio Petrolero Sur armaron una línea de tiempo de los accidentes solo en Allen. En 2014 explotaron dos pozos y otro se incendió y provocó llamas de hasta 15 metros de altura. El 2015 fue el año de los derrames. Fueron cuatro. En uno de ellos, en julio, los fluidos terminaron en una laguna que se conecta con otras que, a su vez, desembocan en el río Negro. La empresa Yacimientos del Sur (YSUR, subsidiaria de YPF) les ofreció a una veintena de vecinos de Calle Ciega 10 una compensación de 44 mil pesos al año, pero les exigió a cambio una cláusula de confidencialidad, la colaboración con la empresa en caso de protestas y la renuncia a nuevos reclamos.
Ese año también hubo una sucesión de explosiones en el pozo EFO 280, pero para el gobierno rionegrino fue un mero "silbido". Tras la denuncia de los vecinos, el secretario de Energía, Marcelo Echegoyen, fue contundente. "Estoy viendo en Google Earth y acá no hay ningún barrio", declaró.
Al año siguiente se produjo el accidente más importante que se conoce en la zona, cuando se fugaron 240 mil litros de la llamada "agua de formación" de los pozos 360 y 362. Murieron animales y árboles frutales.
Hubo más incidentes. La mayoría de las veces, según los vecinos, les dicen que son simulacros, lo que contrasta -de acuerdo a esos testimonios-, con la cara de pánico de los trabajadores.
La polémica se redobla cuando la encargada de controlar está íntimamente ligada a la industria petroquímica. La secretaria de Ambiente de Río Negro, Dina Migani, es una de las dueñas de Quinpe SRL, una empresa que se dedica al transporte, almacenaje y distribución de productos químicos y residuos relacionados con la extracción de hidrocarburos; y entre sus clientes tiene a YPF, Petrobras, Halliburton, TGS y Schlumberger, de acuerdo a una denuncia por contaminación que presentó este año la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), por pedido del presidente del Concejo Deliberante de Estación Fernández Oro, Claudio Correa.
Contaminación invisible
Más allá de los accidentes, la contaminación de los pozos de gas y petróleo muchas veces no se puede ver. Eso es lo que buscó demostrar la ONG Earthworks cuando visitó Estación Fernández Oro con una cámara infrarroja traída desde los Estados Unidos para registrar gases invisibles que son altamente tóxicos y potencialmente mortales, conocidos como compuestos orgánicos volátiles (COVs), entre los que se encuentran benceno, butano, etilbenceno, metano, propano, octano, tolueno y xileno.
"Las personas expuestas a la contaminación de COVs que hemos detectado en Argentina pueden sufrir consecuencias a la salud al corto y al largo plazo, incluyendo padecimientos de cáncer", explicó el ambientalista Pete Dronkers, de la ONG.
El siguiente video fue filmado el 29 de marzo en un pozo de fracking en el corazón de la zona productiva de Allen, cerca del Río Negro. Como se puede ver, en las primeras imágenes no se ve nada raro, porque la contaminación no es visible, pero una vez que se activa el sensor infrarrojo, la enorme pluma de compuestos orgánicos volátiles queda expuesta:
Sin registros
—¿De dónde sos?
—De Allen
—Yo también.
—Yo también.
El diálogo, simplificado en este artículo, se dio en una sala de espera de un hospital de Neuquén en la que varias madres se dieron cuenta de que tenían dos denominadores en común: conviven con el fracking y los agroquímicos, y sus hijos tienen leucemia. Entonces surgió una sospecha que luego fue admitida por el ministro de Salud provincial, Fabián Zgaib, a una periodista de Roca, y por su secretario a los vecinos: que en Allen hay al menos 7 casos de leucemia, es decir, entre tres y cuatro veces más de lo que estadísticamente es esperable.
Poco después una médica que pidió mantener su identidad reservada engrosó la cifra y le confesó a los vecinos que en realidad eran 12 casos, pero que como la mayoría estaban siendo atendidos en Neuquén, las estadísticas de Río Negro no lo reflejaban. Oficialmente, para la Provincia, hubo cuatro muertes y cinco internaciones por leucemia en Allen entre 2013 y 2017.
Infobae solicitó los datos duros a la cartera sanitaria, pero se encontró con muy poca colaboración. Eso sí: no quisieron decir cuántos casos hay en total ni desmintieron los siete denunciados por los vecinos. "Desconozco", se limitó a aclarar un vocero. Al margen de que la información no se pudo chequear, lo que queda al descubierto es una constante de las zonas en las que hay proyectos extractivistas sospechados de contaminación: el secretismo de las estadísticas médicas.
Al respecto, Allen tiene otro caso paradigmático, el de Rubén Ibáñez, que vive con su esposa y uno de sus hijos en el barrio Costa Este. Era el casero del Vivero El Alto, que ahora está abandonado. La dueña -dice- aceptó una "ayuda" de YPF para que unas cañerías pasen por debajo de sus tierras y dejó de lado el camino productivo. Detrás de su casa, a unos 10 metros, hay un arroyo. Del otro lado hay instalaciones petroleras de cuya existencia la familia Ibáñez se enteró por el ruido, cuando levantaron la torre de fracking. Nadie le avisó.
En la familia Ibáñez están convencidos de que los problemas de salud de Rubén empezaron de la mano del pozo AP.RN.EFE 141, que explotó a las 21 horas del 19 de marzo de 2014. "Saltaron las válvulas y se produjo una llamarada. Todo alrededor tembló. Fueron muchas horas con los gases tóxicos saliendo. Nadie nos vino a ayudar. La médica que llegó después no quería ni bajarse de la ambulancia para verme", repasó Rubén. "Yo empecé con asma y problemas respiratorios, y al final me encontraron una mancha en el pulmón derecho, pese a que nunca fumé", contó.
La palabra cáncer no es parte de su relato. Pero su esposa es más cruda. "Tiene un tumor", lanzó Zulema Campos mientras miraba su celular gastado en la cocina de su casa. "El agua no sirve ni para regar las plantas, porque sale contaminada. Todo es un desastre acá", se quejó. Poco antes de recibir a Infobae habían sufrido otro accidente de gran magnitud.
A Rubén no le quisieron dar los resultados de sus estudios en el hospital de Allen y, según denunció, tuvo que impulsar una acción judicial para acceder a sus antecedentes. La fiscal Julieta Villa ordenó un allanamiento en el que solo encontró la tapa de su historia clínica. No había nada más. Alguien quiso ocultar el antecedente.
El caso de Allen recuerda al de Bothel, un pequeño municipio alemán del estado de Baja Sajonia en el que la tasa de cáncer duplica a la esperada en la zona. En uno de sus pueblos, Bellen, uno de cada cinco vecinos tiene cáncer. ¿Los más comunes? Leucemia y linfoma. ¿Las causas? No están claras, pero ante la consulta de Infobae el médico local Mathias Bantz dijo que sospechan de la extracción de gas a través de fracking.
Determinar las causas de los problemas de salud asociados al ambiente siempre es un desafío. Y en el caso de Allen hay "por lo menos tres líneas de acumulación" de contaminación, según advirtió a este medio la socióloga Maristella Svampa, que acaba de publicar Chacra 51 (Sudamericana) sobre las transformaciones en Allen. "La primera, que está ligada al uso de agroquímicos en la agricultura; la segunda es la primera avanzada petrolera de los setenta en adelante; y la tercera es el fracking, que es como el tiro del final", indicó.
Fracking y salud
Quizás la falta de claridad sobre la situación de la leucemia en Allen y el caso de Rubén Ibáñez tengan que ver con los estudios que vinculan al fracking con los problemas de salud. Lejos del discurso que rezan las petroleras, una de las investigaciones más importantes sobre el tema fue realizada por la Universidad de Yale en base a 624 pozos en el Condado de Washington, en Pensilvania, y concluyó que la frecuencia de los problemas de salud aumentan a medida que las personas viven más cerca de los pozos. Las enfermedades que más encontraron fueron erupciones cutáneas y problemas en las vías respiratorias.
Esos resultados van en la misma línea de dos estudios que vinculan el fracking al aumento de la tasa de hospitalizaciones en Pensilvania. Hay también un estudio en Estados Unidos que detectó hasta un 600% de aumento en la mortalidad infantil en las zonas cercanas a los pozos, otro que relaciona el fracking con el bajo peso al nacer y un tercero que lo asocia a defectos congénitos de corazón y de tubo neural en recién nacidos. También hay una investigación de la Universidad de Massachusetts con ratones que lo vincula al cáncer de mama. Y en los Estados Unidos encontraron que aumentaron las enfermedades de los perros que viven en torno a las torres.
El propio Departamento de Salud de Nueva York emitió un dictamen antes de prohibir el fracking en el Estado de Nueva York que concluyó que hay muchas lagunas de conocimiento hasta ahora, ya que los estudios son pocos y limitados, pero aclaró que los resultados son "sugerentes". Por eso la pregunta es si acaso en materia sanitaria la norma no debería ser la prevención.
Agua, derrumbes y sonidos insoportables
Aunque los activistas antifracking suelen subrayar entre sus argumentos los peligros del cambio climático, los vecinos no hablan de eso, sino de problemas concretos. Su preocupación es otra. Estela Sánchez vivía en Guerrico, a unos 12 kilómetros de Allen. Tuvo que abandonar su casa porque el agua salía literalmente negra. Los análisis solicitados por el Departamento Provincial de Aguas a los que accedió Infobae detectaron la presencia de 0,10 miligramos por litro de hidrocarburos en el agua que salía de sus canillas. También había algunos químicos que no deberían haber estado en el agua, como manganeso, hierro total y carbonatos. Otros valores dieron por encima de lo aconsejable, como dureza total, bicarbonatos, sulfatos y el PH, entre otros.
Estela cambió, entonces, la chacra en la que plantaba peras y manzanas por una casa en la ciudad de Allen. Sin embargo, como muchos de sus vecinos, sigue comprando agua embotellada.
Roxana Velarde llegó hace 20 años a Allen. Pero la vida, dice, ya no es igual. "Lo primero que empezamos a notar son los problemas de salud. Vómitos, dolores de estómago, dolor de cabeza, olor a azufre todo el tiempo; vecinos con pancreatitis, dolores muy seguido", repasó.
Su caso está entre los más extremos: su casa literalmente se vino abajo. Aclaró que no es la única y recordó su nefasta experiencia. Comentó que todo empezó cuando se hizo intenso el tránsito en la zona por los camiones. El piso se empezó a levantar y las paredes, a rajar. Luego arrancó el fracking y hace unos seis meses llegó su Día D. "Estábamos todos afuera, tomando mate. Adentro estaban mi nieto de 3 años y uno de mis hijos mirando la televisión cuando se cayó el techo de una pieza y de la mitad del living. Ellos por suerte estaban en la parte del comedor, si no los podría haber aplastado", advirtió.
A pesar de que todos los testimonios tienen muchos lugares comunes, a diferencia de otros sitios en los que hay conflictos ambientales, en Allen no hay una organización que nuclee a los vecinos. Uno de los pocos que impulsa algún tipo de lucha colectiva es Juan Carlos Ponce, miembro de la Asamblea por el Agua.
"Defiendo la tierra, porque me crié en las chacras", expuso Ponce, gasista matriculado de profesión. "Acá en verano no se puede respirar. Pero además de la contaminación, el ruido es insoportable. Nosotros con un recurso de amparo logramos una multa de 2,5 millones de pesos a unas torres por contaminación sonora", indicó.
RSE
Aunque para Juan Ponce "la responsabilidad social empresaria es una coima", en YPF la ven como una estrategia válida para relacionarse con la comunidad en la que desarrollan sus actividades "orientados a generar valor compartido, fortalecer la licencia social y el compromiso de los empleados de la compañía", según explicaron desde la empresa a Infobae.
La Fundación YPF trabajó en el desarrollo del Plan Allen Sostenible. Además, desde 2014 realizó 26 capacitaciones en la zona, de las que participaron 484 alumnos que se especializaron en distintas áreas como construcción, energía eléctrica y software.
Para los próximos cuatro años, además, la empresa acordó con el gobierno provincial y la municipalidad un plan de obras por más de 50 millones de pesos para la construcción de una nueva terminal de ómnibus, la entrega de asfalto para pavimentación de calles y el mejoramiento de espacios verdes.
La petrolera, además, ya realizó la conexión de 115 viviendas del barrio Costa Este a la red troncal de gas. También entregó hornos, calefactores y termotanques. La inversión fue de 15 millones de pesos. Y planea construir un nuevo centro operativo de 1.200 metros cuadrados cubiertos para concentrar toda su operación de la provincia de Río Negro en Allen.
Petróleo en la comida
Sin embargo, la convivencia con los vecinos y la producción tiene sus límites. Con la premisa de que el fracking y el cultivo de frutas, verduras y hortalizas no son compatibles, en agosto de 2013, el Concejo Deliberante de Allen aprobó una ordenanza que prohibía el fracking en el ejido de la comuna y le pidió al gobierno provincial que impulse en la justicia una medida de no innovar. Pero tres meses después, el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro declaró la inconstitucionalidad de la norma, porque consideró que la provincia tiene "competencia exclusiva" en materia hidrocarburífera.
Según explicaron a Infobae tras un pedido de acceso a la información, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) no mide la presencia de sustancias relacionadas con la producción de hidrocarburos en las frutas y hortalizas producidas en Allen, ya que sus controles se centran en residuos de agroquímicos. La pregunta es si los hidrocarburos o los elementos químicos que participan del proceso de extracción pueden contaminar la producción. Y si acaso el Senasa no debería controlarlo.
La Concerned Health Professionals de Nueva York publica desde hace años un compendio de hallazgos científicos sobre el fracking, cuyas autoras estuvieron el año pasado en Allen. Un capítulo entero del texto está destinado a las amenazas para la agricultura y la calidad del suelo en base a lo que ocurrió en algunas zonas de los Estados Unidos.
Algo que se encuentra muy seguido -y está documentado en California- es que varias compañías utilizan los pozos para eliminar las aguas residuales del fracking (flowback), que se conectan con fuentes de agua de calidad, en las que se detectaron arsénico, talio y nitratos. Esta técnica que se usa en casi la totalidad de los pozos en Vaca Muerta ha generado casos de contaminación, aunque las empresas aseguran que es un método seguro que está sometido a controles internos y externos.
"El porcentaje de agua que retorna luego de su inyección en el pozo es de entre un 25 y un 50%. La misma es sometida a un proceso físico químico de tratamiento para que alcance los valores del permiso de vertido -inyección en pozos sumideros- que otorga la autoridad de aplicación. Esto implica que el agua que se inyecta queda con una calidad de agua como la que existen en esas profundidades, que no es potable en su condición natural", explicaron desde YPF.
"Hoy casi la totalidad de las aguas de flowback de no convencional son vertidas en pozos sumideros muy profundos que en el caso de Vaca Muerta superan los 1200 mts de profundidad. Los cursos de agua potable se encuentran en esa zona por arriba de los 450 metros y se elige la formación que está a 1200 mts para inyección porque hay un sello geológico que la separa de los acuíferos usables. Por lo tanto es imposible que esas aguas se mezclen", abundaron desde YPF.
No obstante, no todos están de acuerdo con esa idea. "Cuando se haga la fractura hidráulica el hidrocarburo buscará la superficie y en ese camino está el acuífero. Entonces que haya 1700 metros de distancia [entre la formación y la fuente de agua] no es impedimento para que se contamine el agua, es solo cuestión de tiempo. Incluso los riesgos pueden suceder cuando la compañía se haya ido", advirtió el ingeniero en petróleo Eduardo D´Elía, citado por el investigador Diego Rodil, en un estudio que fue censurado por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.
Hay otros problemas detectados vinculados a la agricultura. Por ejemplo en Dakota del Norte, por los derrames, algunos niveles de cloruros fueron tan altos que superaron la capacidad de medición del Departamento de Salud. En Pensilvania, el Departamento de Protección Ambiental encontró que las fugas de las lagunas de aguas residuales contaminaron el suelo y las aguas subterráneas. En un tercer estudio, dos científicos de Colorado concluyeron que la restauración de las zonas en las que hay pozos requiere décadas e intensos esfuerzos. Por último está el problema de la contaminación lumínica, ya que los pozos están iluminados las 24 horas del día.
Producción
En 2015 se conoció una denuncia que tuvo amplia repercusión, cuando la productora de frutas orgánicas Jessica Lamperti, de Allen, contó en su cuenta de Facebook que un cliente del exterior le había dicho que quería "fruta libre de fracking" y que ya no le iba a comprar.
Según datos del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), en 2008 en Allen se plantaron 6.453,3 hectáreas de peras y manzanas. El año pasado fueron 5.445 hectáreas, es decir, más de mil hectáreas menos.
La explicación, para Diego Rodil, es compleja. Dijo: "Hay multicausalidad, pero las malas políticas hacia las economías regionales y la vía libre al fracking, sin consulta a la ciudadanía, son las principales responsables".
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Jujuy convoca a conservación de bosques nativos
Jujuy: abren convocatoria 2019 para la conservación de bosques nativos
Fecha de Publicación: 19/11/2018
Fuente: Jujuy al Dia
Provincia/Región: Jujuy
El Ministerio de Ambiente abrió la convocatoria 2019 de los Fondos para el Enriquecimiento y Conservación de los Bosques Nativos (Ley N° 26.331), para la presentación de planes y proyectos de manejo sustentable y de conservación de áreas boscosas de la provincia, a ejecutarse en predios incorporados en el Plan de Ordenamiento Territorial Adaptativo para las áreas boscosas de la provincia.
Mediante Resolución N° 135/2018 – MA, el Ministerio de Ambiente de Jujuy dispuso la apertura de la convocatoria de Bosques Nativos 2019, desde el 13 de noviembre hasta el 28 de diciembre del 2018, en el marco de la ley de presupuestos mínimos Nº 26.331.
Dicha norma establece recursos para la protección ambiental, el enriquecimiento, la restauración, la conservación, el aprovechamiento y el manejo sostenible de los bosques nativos, y de los servicios ambientales que éstos brindan a la sociedad. Asimismo, establece un régimen de fomento y criterios para la distribución de fondos por los servicios ambientales que prestan.
De este modo, la convocatoria permitirá que se ejecuten fondos en los predios incorporados al Plan de Ordenamiento Territorial adaptativo para las áreas boscosas de la Provincia, y serán financiados por los fondos previstos en la propia Ley.
La implementación de las acciones constituye una de las prioridades en materia de política ambiental de la Provincia, que estableció la zonificación de los bosques nativos a través del Plan de Ordenamiento Territorial Adaptativo para Áreas Boscosas.
Los interesados deberán registrarse en la página web del Ministerio de Ambiente: www.ambientejujuy.gob.ar, registrar el solicitante y el técnico responsable, cargándose los datos en forma digital. Los formularios a presentar, están disponibles en la misma web.
Cabe destacar que el soporte documental que debe presentarse para el cumplimiento de los requisitos formales exigidos, deberá ser ingresado por mesa de entrada de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Ministerio de Ambiente, ubicado en calle República de Siria Nº 147, de San Salvador de Jujuy, con lo que la inscripción quedará formalizada.
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Fecha de Publicación: 19/11/2018
Fuente: Jujuy al Dia
Provincia/Región: Jujuy
El Ministerio de Ambiente abrió la convocatoria 2019 de los Fondos para el Enriquecimiento y Conservación de los Bosques Nativos (Ley N° 26.331), para la presentación de planes y proyectos de manejo sustentable y de conservación de áreas boscosas de la provincia, a ejecutarse en predios incorporados en el Plan de Ordenamiento Territorial Adaptativo para las áreas boscosas de la provincia.
Mediante Resolución N° 135/2018 – MA, el Ministerio de Ambiente de Jujuy dispuso la apertura de la convocatoria de Bosques Nativos 2019, desde el 13 de noviembre hasta el 28 de diciembre del 2018, en el marco de la ley de presupuestos mínimos Nº 26.331.
Dicha norma establece recursos para la protección ambiental, el enriquecimiento, la restauración, la conservación, el aprovechamiento y el manejo sostenible de los bosques nativos, y de los servicios ambientales que éstos brindan a la sociedad. Asimismo, establece un régimen de fomento y criterios para la distribución de fondos por los servicios ambientales que prestan.
De este modo, la convocatoria permitirá que se ejecuten fondos en los predios incorporados al Plan de Ordenamiento Territorial adaptativo para las áreas boscosas de la Provincia, y serán financiados por los fondos previstos en la propia Ley.
La implementación de las acciones constituye una de las prioridades en materia de política ambiental de la Provincia, que estableció la zonificación de los bosques nativos a través del Plan de Ordenamiento Territorial Adaptativo para Áreas Boscosas.
Los interesados deberán registrarse en la página web del Ministerio de Ambiente: www.ambientejujuy.gob.ar, registrar el solicitante y el técnico responsable, cargándose los datos en forma digital. Los formularios a presentar, están disponibles en la misma web.
Cabe destacar que el soporte documental que debe presentarse para el cumplimiento de los requisitos formales exigidos, deberá ser ingresado por mesa de entrada de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Ministerio de Ambiente, ubicado en calle República de Siria Nº 147, de San Salvador de Jujuy, con lo que la inscripción quedará formalizada.
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Un oso melero ofrecido por red social
Insólito: Se ofrecía en redes sociales oso melero
Fecha de Publicación: 19/11/2018
Fuente: Nuevo Diario
Provincia/Región: Santiago del Estero
En el día de hoy se realizó un procedimiento para rescatar un oso melero (tamandúa tetradáctilo) el cual estaba a la venta a través de redes sociales.
Tras virilizarse imágenes del animal, Gendarmería recaudo información suficiente para dar con el paradero del mismo, que se encontraba en la casa de su captor en cercanías de zona Rural, Localidad Pinto, logrando rescatarlo del ciudadano que lo tenía en cautiverio.
Intervino Dirección de Fauna Provincial cumpliendo con la Ley Provincial 4.802 de protección de fauna silvestre, quienes liberarían más tarde al animal en un lugar seguro.
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Fecha de Publicación: 19/11/2018
Fuente: Nuevo Diario
Provincia/Región: Santiago del Estero
En el día de hoy se realizó un procedimiento para rescatar un oso melero (tamandúa tetradáctilo) el cual estaba a la venta a través de redes sociales.
Tras virilizarse imágenes del animal, Gendarmería recaudo información suficiente para dar con el paradero del mismo, que se encontraba en la casa de su captor en cercanías de zona Rural, Localidad Pinto, logrando rescatarlo del ciudadano que lo tenía en cautiverio.
Intervino Dirección de Fauna Provincial cumpliendo con la Ley Provincial 4.802 de protección de fauna silvestre, quienes liberarían más tarde al animal en un lugar seguro.
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Multa histórica en Misiones por desmontes
Ecología aplicó multa de casi 4 millones de pesos por desmonte ilegal e intimó al infractor a restaurar la superficie desmontada
Fecha de Publicación: 18/11/2018
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Misiones
Desde la Dirección General de Bosques Nativos, dependiente del Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables, se procedió a sancionar al propietario de dos inmuebles radicados uno en el municipio de San Vicente y otro en el municipio de Bernardo de Irigoyen, por desmontar, en el primero una superficie total 82,50 has (categoría II-Amarillo de la Ley XVI N°105 de Bosques Nativos) en virtud del Acta de Constatación realizada en fecha 11 de Enero de 2017, y en el segundo caso por constatación realizada en fecha 05 de Abril de 2018, en que se detectó el cambio de uso de suelo de una superficie total de 205,52 has, desmonte sin autorización de la autoridad de aplicación conforme a lo establecido por el Art. 11 y 12 de la Ley XVI Nº 105, Decreto Reglamentario Nº 67/11 y Ley Nacional Nº 26331.
Habiéndose llevado adelante la etapa probatoria en ambos sumarios se procedió a establecer una sanción pecuniaria por un importe de total de tres millones ochocientos treinta y dos mil novecientos ochenta y cuatro pesos, ($ 3.832.984), monto que se encuentra en proceso administrativo de cobro y asimismo también se estableció como sanción accesoria la obligación de restauración, para lo cual fue intimado para que dentro del plazo de treinta días presente un Plan de Restauración de la superficie desmontada sobre suelo no apto para cambio de uso de suelo, a los fines de que la misma vuelva a contar con bosque nativo, y el cual será sometido a monitoreo por técnicos del Ministerio de Ecología y de RNR.
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Fecha de Publicación: 18/11/2018
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Misiones
Desde la Dirección General de Bosques Nativos, dependiente del Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables, se procedió a sancionar al propietario de dos inmuebles radicados uno en el municipio de San Vicente y otro en el municipio de Bernardo de Irigoyen, por desmontar, en el primero una superficie total 82,50 has (categoría II-Amarillo de la Ley XVI N°105 de Bosques Nativos) en virtud del Acta de Constatación realizada en fecha 11 de Enero de 2017, y en el segundo caso por constatación realizada en fecha 05 de Abril de 2018, en que se detectó el cambio de uso de suelo de una superficie total de 205,52 has, desmonte sin autorización de la autoridad de aplicación conforme a lo establecido por el Art. 11 y 12 de la Ley XVI Nº 105, Decreto Reglamentario Nº 67/11 y Ley Nacional Nº 26331.
Habiéndose llevado adelante la etapa probatoria en ambos sumarios se procedió a establecer una sanción pecuniaria por un importe de total de tres millones ochocientos treinta y dos mil novecientos ochenta y cuatro pesos, ($ 3.832.984), monto que se encuentra en proceso administrativo de cobro y asimismo también se estableció como sanción accesoria la obligación de restauración, para lo cual fue intimado para que dentro del plazo de treinta días presente un Plan de Restauración de la superficie desmontada sobre suelo no apto para cambio de uso de suelo, a los fines de que la misma vuelva a contar con bosque nativo, y el cual será sometido a monitoreo por técnicos del Ministerio de Ecología y de RNR.
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Avanza la inminente modificación de la 7722
Avanza proyecto del PJ para cambiar ley 7.722 y reactivar la minería
Fecha de Publicación: 18/11/2018
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
Funcionarios del Gobierno avalan la iniciativa. La semana que viene se discutirá en comisiones si se debate o no sobre tablas.
Luego de numerosas audiencias en las que participaron varias organizaciones de la sociedad civil, ambientalistas, empresarios mineros, especialistas y funcionarios de gobierno, la Legislatura finalmente decidirá si debate o no en el recinto las modificaciones planteadas a la ley 7.722, reconocida como ley antiminera.
La semana que viene se reunirán las comisiones de Hidrocarburos, Ambiente y Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC), cuyos legisladores miembros decidirán si sacan o no el despacho del proyecto que modifica la ley votada en 2007.
Actualmente hay dos proyectos de senadores peronistas (Alejandro Abraham y Juan Agulles) que se han puesto en discusión, pero en principio tomarán como base el del ex intendente de Guaymallén, al que lo someterán a una serie de modificaciones, según se han propuesto en estas discusiones.
Desde el Gobierno no se opusieron al tratamiento del tema en la Legislatura, y si bien se mantienen al margen con las declaraciones, algunos funcionarios han propuesto modificar la 7.722 para que se puedan establecer otros proyectos mineros.
Es el caso del subsecretario de Energía, Emilio Guiñazú, quien sostuvo ayer, durante la audiencia en el salón Rojas del anexo del Senado, que "la postura del Gobierno está marcada en el trabajo que se hizo sobre desarrollo de política minera. Evaluamos que estos proyectos son coherentes con lo que proponemos", señaló el funcionario.
Asimismo, sostuvo que si bien la iniciativa es mejorable, su espíritu es perfeccionarla para que la provincia controle el desarrollo minero y también el recurso hídrico.
"Estamos absolutamente capacitados para controlar actividades de esta naturaleza, como lo hacemos desde hace 100 años con el petróleo", dijo.
En este sentido, opinó que en la minería "se está viendo una foto con 10 años de atraso" y que en la actualidad las empresas se manejan con otro tipo de prácticas, estándares y se someten a controles que han evolucionado.
Cambios al proyecto
Guiñazú consideró en su presentación que el proyecto de Abraham debería mantener las restricciones en la utilización de las sustancias peligrosas "que se hacen necesarias para la protección del agua", pero sí repensar en qué parte del territorio de la provincia, tal como está actualmente explicitado en la 7.722.
"¿Hace falta prohibirlo en todo el territorio, o en los que tienen más sensibilidad respecto del recurso hídrico?", se preguntó el funcionario, y acotó que, siempre teniendo en cuenta la protección del agua, se debería permitir la utilización de estas sustancias en los lugares donde no hay riesgo de contaminar las fuentes de recursos hídricos.
"Hay que perfeccionar la ley pero que no se transforme en lo que se acusa, una ley antiminera. Que no se transforme en una ley que impida el crecimiento de Mendoza", finalizó.
En tanto, el secretario de Ambiente, Humberto Mingorance, hizo hincapié en el acceso a la información que debe tener tanto la sociedad como los diferentes organismos de control en el Estado, y también se mostró de acuerdo en realizar una "reingeniería" de la ley.
"En principio los recursos disponibles permiten hacer una reingeniería de la ley, aggiornarla para proteger el ambiente, pero que se pueda desarrollar la actividad en términos de viabilidad, desarrollo y equilibrio territorial", expresó.
Sobre los controles, destacó las mejoras y avances tecnológicos para ser más precisos y rápidos en la fiscalización del trabajo de las mineras, pero puso énfasis la "gran institucionalidad" de la provincia para realizar bien el trabajo desde cada lugar.
Finalmente, comentó que no serían "más de 40 a 50 los proyectos mineros que podrían darse en Mendoza de minería en estos próximos años" y que lo que hay que hacer es "generar las exigencias a las empresas".
Voces a favor y en contra de la modificación
El debate tuvo varias posturas, además de la de funcionarios de gobierno. Se acopló por ejemplo el titular de Irrigación, Sergio Marinelli, quien comentó sobre la posibilidad de "no quedarse quieto para ver quién le quita el agua a quién", respecto a las diferentes actividades industriales. "Es indispensable ser eficientes para mantener los niveles de actividad. Y sobre todo, para incrementarlos. El objetivo es ir hacia el desarrollo", agregó.
En contra se manifestó el abogado ambientalista Enrique Viale, quien acusó a las empresas mineras de dar un "terrorismo estadístico", con datos falsos. "Nos oponemos a la minera trasnacional, por su escala, modalidad de explotación y que la hace inherentemente contaminante, insostenible e imposible de controlar", dijo.
Por su parte, Maristella Svampa, socióloga del Conicet, acusó al gobierno y a las megamineras de "esconder y falsear" números y confrontó a la minería con las actividades agrícolas. Además dijo que este tema se convirtió en un "problema público" y que la gente "fue tomando conciencia de los daños irreversibles a los ecosistemas", que puede generar esta actividad.
Daniel Jerez, titular de la Dirección Nacional de Promoción Minera, habló sobre la posibilidad de que conviva la minería y la agroindustria. "Hay cientos de países en el mundo que son extraordinarios productores de fruta, de vino y también tienen minería. El ejemplo es Chile. El mundo no estaría comprando la fruta chilena y el vino chileno si estuviera contaminada", explicó.
Guillermo Pensado, licenciado en Geología, se mostró también a favor de la modificación de la 7.722 y destacó que en San Juan, por ejemplo "el agua que consume la minería metalífera equivale a una finca de 150 hectáreas, es decir, el 0,1% de la demanda neta que entró en la finca".
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Fecha de Publicación: 18/11/2018
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
Funcionarios del Gobierno avalan la iniciativa. La semana que viene se discutirá en comisiones si se debate o no sobre tablas.
Luego de numerosas audiencias en las que participaron varias organizaciones de la sociedad civil, ambientalistas, empresarios mineros, especialistas y funcionarios de gobierno, la Legislatura finalmente decidirá si debate o no en el recinto las modificaciones planteadas a la ley 7.722, reconocida como ley antiminera.
La semana que viene se reunirán las comisiones de Hidrocarburos, Ambiente y Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC), cuyos legisladores miembros decidirán si sacan o no el despacho del proyecto que modifica la ley votada en 2007.
Actualmente hay dos proyectos de senadores peronistas (Alejandro Abraham y Juan Agulles) que se han puesto en discusión, pero en principio tomarán como base el del ex intendente de Guaymallén, al que lo someterán a una serie de modificaciones, según se han propuesto en estas discusiones.
Desde el Gobierno no se opusieron al tratamiento del tema en la Legislatura, y si bien se mantienen al margen con las declaraciones, algunos funcionarios han propuesto modificar la 7.722 para que se puedan establecer otros proyectos mineros.
Es el caso del subsecretario de Energía, Emilio Guiñazú, quien sostuvo ayer, durante la audiencia en el salón Rojas del anexo del Senado, que "la postura del Gobierno está marcada en el trabajo que se hizo sobre desarrollo de política minera. Evaluamos que estos proyectos son coherentes con lo que proponemos", señaló el funcionario.
Asimismo, sostuvo que si bien la iniciativa es mejorable, su espíritu es perfeccionarla para que la provincia controle el desarrollo minero y también el recurso hídrico.
"Estamos absolutamente capacitados para controlar actividades de esta naturaleza, como lo hacemos desde hace 100 años con el petróleo", dijo.
En este sentido, opinó que en la minería "se está viendo una foto con 10 años de atraso" y que en la actualidad las empresas se manejan con otro tipo de prácticas, estándares y se someten a controles que han evolucionado.
Cambios al proyecto
Guiñazú consideró en su presentación que el proyecto de Abraham debería mantener las restricciones en la utilización de las sustancias peligrosas "que se hacen necesarias para la protección del agua", pero sí repensar en qué parte del territorio de la provincia, tal como está actualmente explicitado en la 7.722.
"¿Hace falta prohibirlo en todo el territorio, o en los que tienen más sensibilidad respecto del recurso hídrico?", se preguntó el funcionario, y acotó que, siempre teniendo en cuenta la protección del agua, se debería permitir la utilización de estas sustancias en los lugares donde no hay riesgo de contaminar las fuentes de recursos hídricos.
"Hay que perfeccionar la ley pero que no se transforme en lo que se acusa, una ley antiminera. Que no se transforme en una ley que impida el crecimiento de Mendoza", finalizó.
En tanto, el secretario de Ambiente, Humberto Mingorance, hizo hincapié en el acceso a la información que debe tener tanto la sociedad como los diferentes organismos de control en el Estado, y también se mostró de acuerdo en realizar una "reingeniería" de la ley.
"En principio los recursos disponibles permiten hacer una reingeniería de la ley, aggiornarla para proteger el ambiente, pero que se pueda desarrollar la actividad en términos de viabilidad, desarrollo y equilibrio territorial", expresó.
Sobre los controles, destacó las mejoras y avances tecnológicos para ser más precisos y rápidos en la fiscalización del trabajo de las mineras, pero puso énfasis la "gran institucionalidad" de la provincia para realizar bien el trabajo desde cada lugar.
Finalmente, comentó que no serían "más de 40 a 50 los proyectos mineros que podrían darse en Mendoza de minería en estos próximos años" y que lo que hay que hacer es "generar las exigencias a las empresas".
Voces a favor y en contra de la modificación
El debate tuvo varias posturas, además de la de funcionarios de gobierno. Se acopló por ejemplo el titular de Irrigación, Sergio Marinelli, quien comentó sobre la posibilidad de "no quedarse quieto para ver quién le quita el agua a quién", respecto a las diferentes actividades industriales. "Es indispensable ser eficientes para mantener los niveles de actividad. Y sobre todo, para incrementarlos. El objetivo es ir hacia el desarrollo", agregó.
En contra se manifestó el abogado ambientalista Enrique Viale, quien acusó a las empresas mineras de dar un "terrorismo estadístico", con datos falsos. "Nos oponemos a la minera trasnacional, por su escala, modalidad de explotación y que la hace inherentemente contaminante, insostenible e imposible de controlar", dijo.
Por su parte, Maristella Svampa, socióloga del Conicet, acusó al gobierno y a las megamineras de "esconder y falsear" números y confrontó a la minería con las actividades agrícolas. Además dijo que este tema se convirtió en un "problema público" y que la gente "fue tomando conciencia de los daños irreversibles a los ecosistemas", que puede generar esta actividad.
Daniel Jerez, titular de la Dirección Nacional de Promoción Minera, habló sobre la posibilidad de que conviva la minería y la agroindustria. "Hay cientos de países en el mundo que son extraordinarios productores de fruta, de vino y también tienen minería. El ejemplo es Chile. El mundo no estaría comprando la fruta chilena y el vino chileno si estuviera contaminada", explicó.
Guillermo Pensado, licenciado en Geología, se mostró también a favor de la modificación de la 7.722 y destacó que en San Juan, por ejemplo "el agua que consume la minería metalífera equivale a una finca de 150 hectáreas, es decir, el 0,1% de la demanda neta que entró en la finca".
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Entre Ríos va a la CSJ para fumigar cerca de escuelas
Entre Ríos recurrió a la Corte Suprema por una prohibición a los agroquímicos
Fecha de Publicación: 18/11/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Entre Ríos
En Entre Ríos estiman que entre 300.000 y 350.000 hectáreas se dejarían de sembrar por la restricción judicial
El fiscal de Estado de Entre Ríos, Julio Rodríguez Signes, interpuso esta mañana un recurso extraordinario federal (REF) en la Corte Suprema de Justicia de la Nación ante una prohibición judicial para la aplicación de fitosanitarios cerca de las escuelas rurales.
El mes pasado, la Sala de Procedimientos Constitucionales del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos, en voto dividido, confirmó una sentencia de la Cámara Civil, Sala Segunda, que prohibió aplicar fitosanitarios en un radio de entre 1000 y 3000 metros, en forma terrestre y aérea respectivamente, alrededor de todas las escuelas rurales de la provincia. No hizo lugar a una apelación planteada por el gobierno de Entre Ríos. La decisión de la Justicia llegó tras una acción de amparo ambiental colectivo impulsado por el Foro Ecologista de Paraná (FEP) y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer).
En diálogo con LA NACION, Rodríguez Signes se mostró preocupado por el impacto económico del fallo en su provincia. Además, indicó que, desde el punto de vista jurídico, uno de los argumentos principales de su defensa es que la sentencia de primera instancia conculca el principio de división de poderes y afecta directamente los derechos de los productores. "Por esto el proceso tiene falencias importantes", dijo.
"No se podía sustanciar por vía de una acción de amparo por la complejidad del asunto. Asimismo, afectó a 45.000 productores que no fueron parte del proceso y, por último, el juez de primera instancia al dictar sentencia invadió competencias del Poder Legislativo porque en vez de resolver el caso concreto dictó una norma jurídica de carácter abstracto y general", remarcó el funcionario judicial.
"Soy consciente que el tema ambiental es una materia muy sensible, pero pretendíamos que se tramitara ante el Poder Legislativo o a través de las secretarías de Ambiente y de Producción de la provincia", añadió.
En tanto, los productores piden que el Estado provincial acelere sus acciones y presente informes requeridos sobre la aplicación de fitosanitarios por el juez Oscar Daniel Benedetto, el magistrado del fallo inicial.
"Nos preocupa cierta inacción del gobierno, necesitamos soluciones urgentes", indicó Walter Feldkamp, director de la Sociedad Rural Argentina (SRA) en Entre Ríos.
El viernes pasado, los productores se reunieron en un campo en Gualeguaychú y elaboraron un documento para presentar al gobernador Gustavo Bordet.
Para Miguel Pacheco, gerente de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, la situación "se resuelve con un decreto reglamentario" que introduzca a los establecimientos educativos rurales en la ley ya existente que no los tenía incluidos.
"Además, la documentación que debe presentar el Gobierno al juez existe; son 33 jornadas de estudios técnicos que muestran cómo es la deriva en la aplicación de los fitosanitarios", expresó. Agregó: "El sector está convulsionado, por eso pedimos una audiencia urgente con el gobernador Gustavo Bordet".
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Fecha de Publicación: 18/11/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Entre Ríos
En Entre Ríos estiman que entre 300.000 y 350.000 hectáreas se dejarían de sembrar por la restricción judicial
El fiscal de Estado de Entre Ríos, Julio Rodríguez Signes, interpuso esta mañana un recurso extraordinario federal (REF) en la Corte Suprema de Justicia de la Nación ante una prohibición judicial para la aplicación de fitosanitarios cerca de las escuelas rurales.
El mes pasado, la Sala de Procedimientos Constitucionales del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos, en voto dividido, confirmó una sentencia de la Cámara Civil, Sala Segunda, que prohibió aplicar fitosanitarios en un radio de entre 1000 y 3000 metros, en forma terrestre y aérea respectivamente, alrededor de todas las escuelas rurales de la provincia. No hizo lugar a una apelación planteada por el gobierno de Entre Ríos. La decisión de la Justicia llegó tras una acción de amparo ambiental colectivo impulsado por el Foro Ecologista de Paraná (FEP) y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer).
En diálogo con LA NACION, Rodríguez Signes se mostró preocupado por el impacto económico del fallo en su provincia. Además, indicó que, desde el punto de vista jurídico, uno de los argumentos principales de su defensa es que la sentencia de primera instancia conculca el principio de división de poderes y afecta directamente los derechos de los productores. "Por esto el proceso tiene falencias importantes", dijo.
"No se podía sustanciar por vía de una acción de amparo por la complejidad del asunto. Asimismo, afectó a 45.000 productores que no fueron parte del proceso y, por último, el juez de primera instancia al dictar sentencia invadió competencias del Poder Legislativo porque en vez de resolver el caso concreto dictó una norma jurídica de carácter abstracto y general", remarcó el funcionario judicial.
"Soy consciente que el tema ambiental es una materia muy sensible, pero pretendíamos que se tramitara ante el Poder Legislativo o a través de las secretarías de Ambiente y de Producción de la provincia", añadió.
En tanto, los productores piden que el Estado provincial acelere sus acciones y presente informes requeridos sobre la aplicación de fitosanitarios por el juez Oscar Daniel Benedetto, el magistrado del fallo inicial.
"Nos preocupa cierta inacción del gobierno, necesitamos soluciones urgentes", indicó Walter Feldkamp, director de la Sociedad Rural Argentina (SRA) en Entre Ríos.
El viernes pasado, los productores se reunieron en un campo en Gualeguaychú y elaboraron un documento para presentar al gobernador Gustavo Bordet.
Para Miguel Pacheco, gerente de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, la situación "se resuelve con un decreto reglamentario" que introduzca a los establecimientos educativos rurales en la ley ya existente que no los tenía incluidos.
"Además, la documentación que debe presentar el Gobierno al juez existe; son 33 jornadas de estudios técnicos que muestran cómo es la deriva en la aplicación de los fitosanitarios", expresó. Agregó: "El sector está convulsionado, por eso pedimos una audiencia urgente con el gobernador Gustavo Bordet".
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Dictamen para avanzar en la ley de semillas del agronegocio
"Los semilleros" cosecharán su propia ley en el Congreso
Fecha de Publicación: 17/11/2018
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
El oficialismo dio ayer el primer paso para avanzar en la aprobación de una nueva ley de semillas y creaciones fitogenéticas, que aumentará el control y el cobro de regalías por la utilización de semillas patentadas, y buscará tratar la iniciativa, exigida en todo el mundo por la multinacionales semilleras, el próximo 21 de noviembre en el recinto. La Multisectorial Contra la Ley Bayer-Monsanto, integrada por un centenar de organizaciones campesinas, sociales y académicas, advirtió que la norma avanza contra el “derecho de uso propio” de los agricultores y criminaliza el intercambio de semillas nativas. Además denunció que fue “negociada fuera de la Cámara de Diputados por los semilleros y los grandes productores agrupados en la Sociedad Rural”.
La iniciativa propone derogar la ley 20.247 para avanzar en la “unificación de todos los derechos y patentes” de obtentores y multiplicadores de semillas e intensificar el rol de policía de del Instituto Nacional de Semillas (Inase).
El titular de la Comisión de Agricultura, el radical Atilio Benedetti, aseguró que el proyecto fue “el resumen de ideas que surge del mejor saber” y consideró que la derogación de la 20.247 es necesaria para “estar a la altura de los tiempos”. La Multisectorial, por el contrario, denunció que el debate parlamentario fue una “puesta en escena” y que “el proyecto nunca se hizo público”.
Las organizaciones campesinas y académicas resaltaron que la Argentina “reconoce adecuadamente los derechos de los obtentores vegetales”, y cuenta con jurisprudencia específica a partir de un fallo de la Cámara Federal Civil y Comercial porteña. “Se trata de un sistema de reconocimiento y protección de derechos que rige en nuestra agricultura desde hace 40 años, y que ahora pretende ser profundizado sin el debate adecuado”, destacaron.
Benedetti, a su turno, defendió el proyecto que las multinacionales quieren imponer desde 2012, y sostuvo que se trata del “corolario de un centenar de exposiciones (...) con absoluta libertad”. Subrayó que la norma impone “un umbral que salvaguarda todos los pequeños productores de la Argentina, desde los pueblos originarios hasta aquellos cuyo nivel no exceda la categoría micro pyme”.
Dichos argumentos fueron rechazados por la Multisectorial que indicó que “desde hace meses las corporaciones del agronegocio vienen negociando con el Poder Ejecutivo los lineamientos generales” de la iniciativa, que obtuvo dictamen de mayoría, y denunciaron a las multinacionales Bayer-Monsanto, Syngenta-Chemchina, Corteva (DowDuPont) y Basf.
Además, sus críticos advirtieron que el proyecto podría extinguir el “derecho de uso propio” de los agricultores -en contradicción con la ley 27.118 de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar- y hace más expeditivo el cobro de regalías “cada vez que un agricultor o agricultora utilice una semilla sujeta a derechos de obtentor, transformando así un derecho de todos en una excepción para quienes estén inscriptos en los registros ad-hoc”.
Los legisladores de la oposición de las comisiones de Agricultura, Presupuesto y Legislación General, por su parte, señalaron que la nueva norma establece "una sola puerta de cobro". El nuevo mecanismo representará "varios cientos de millones para Monsanto-Bayer”, advirtió el legislador Luis Basterra (FpV-PJ), quien lamentó que “no hubo un proyecto sobre el cual opinar”.
Según publicó el Parlamentario.com, los legisladores Juan José Bahillo (Justicialismo), Axel Kicillof (Fpv) y Elda Pertile solicitaron continuar con el debate en comisión para incorporar los reclamos de los sectores de la agricultura familiar y las economías regionales, además de subsanar otras cuestiones, entre ellas, que “el Estado se hará cargo de parte de la patente que se le va a pagar a Monsanto”.
La Multisectorial agregó que la aprobación de la ley habilitaría la persecución contra los productores, como ya está ocurriendo en los países donde se aprobaron legislaciones similares y un “mayor control corporativo sobre los alimentos y sus precios, en detrimento de la soberanía alimentaria y tecnológica”.
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Fecha de Publicación: 17/11/2018
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
El oficialismo dio ayer el primer paso para avanzar en la aprobación de una nueva ley de semillas y creaciones fitogenéticas, que aumentará el control y el cobro de regalías por la utilización de semillas patentadas, y buscará tratar la iniciativa, exigida en todo el mundo por la multinacionales semilleras, el próximo 21 de noviembre en el recinto. La Multisectorial Contra la Ley Bayer-Monsanto, integrada por un centenar de organizaciones campesinas, sociales y académicas, advirtió que la norma avanza contra el “derecho de uso propio” de los agricultores y criminaliza el intercambio de semillas nativas. Además denunció que fue “negociada fuera de la Cámara de Diputados por los semilleros y los grandes productores agrupados en la Sociedad Rural”.
La iniciativa propone derogar la ley 20.247 para avanzar en la “unificación de todos los derechos y patentes” de obtentores y multiplicadores de semillas e intensificar el rol de policía de del Instituto Nacional de Semillas (Inase).
El titular de la Comisión de Agricultura, el radical Atilio Benedetti, aseguró que el proyecto fue “el resumen de ideas que surge del mejor saber” y consideró que la derogación de la 20.247 es necesaria para “estar a la altura de los tiempos”. La Multisectorial, por el contrario, denunció que el debate parlamentario fue una “puesta en escena” y que “el proyecto nunca se hizo público”.
Las organizaciones campesinas y académicas resaltaron que la Argentina “reconoce adecuadamente los derechos de los obtentores vegetales”, y cuenta con jurisprudencia específica a partir de un fallo de la Cámara Federal Civil y Comercial porteña. “Se trata de un sistema de reconocimiento y protección de derechos que rige en nuestra agricultura desde hace 40 años, y que ahora pretende ser profundizado sin el debate adecuado”, destacaron.
Benedetti, a su turno, defendió el proyecto que las multinacionales quieren imponer desde 2012, y sostuvo que se trata del “corolario de un centenar de exposiciones (...) con absoluta libertad”. Subrayó que la norma impone “un umbral que salvaguarda todos los pequeños productores de la Argentina, desde los pueblos originarios hasta aquellos cuyo nivel no exceda la categoría micro pyme”.
Dichos argumentos fueron rechazados por la Multisectorial que indicó que “desde hace meses las corporaciones del agronegocio vienen negociando con el Poder Ejecutivo los lineamientos generales” de la iniciativa, que obtuvo dictamen de mayoría, y denunciaron a las multinacionales Bayer-Monsanto, Syngenta-Chemchina, Corteva (DowDuPont) y Basf.
Además, sus críticos advirtieron que el proyecto podría extinguir el “derecho de uso propio” de los agricultores -en contradicción con la ley 27.118 de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar- y hace más expeditivo el cobro de regalías “cada vez que un agricultor o agricultora utilice una semilla sujeta a derechos de obtentor, transformando así un derecho de todos en una excepción para quienes estén inscriptos en los registros ad-hoc”.
Los legisladores de la oposición de las comisiones de Agricultura, Presupuesto y Legislación General, por su parte, señalaron que la nueva norma establece "una sola puerta de cobro". El nuevo mecanismo representará "varios cientos de millones para Monsanto-Bayer”, advirtió el legislador Luis Basterra (FpV-PJ), quien lamentó que “no hubo un proyecto sobre el cual opinar”.
Según publicó el Parlamentario.com, los legisladores Juan José Bahillo (Justicialismo), Axel Kicillof (Fpv) y Elda Pertile solicitaron continuar con el debate en comisión para incorporar los reclamos de los sectores de la agricultura familiar y las economías regionales, además de subsanar otras cuestiones, entre ellas, que “el Estado se hará cargo de parte de la patente que se le va a pagar a Monsanto”.
La Multisectorial agregó que la aprobación de la ley habilitaría la persecución contra los productores, como ya está ocurriendo en los países donde se aprobaron legislaciones similares y un “mayor control corporativo sobre los alimentos y sus precios, en detrimento de la soberanía alimentaria y tecnológica”.
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La Barrick también acusada de evasora
En la causa por evasión, Barrick dijo que la AFIP cambió el criterio impositivo
Fecha de Publicación: 17/11/2018
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: Nacional
La minera explicó que en 2010 y 2011 pagó todos los impuestos que hoy están bajo la lupa de la entidad fiscal.
La AFIP había salido con los tapones de punta contra la minera Barrick al denunciar a cinco exdirectivos y un ejecutivo en funciones por una evasión impositiva ocurrida en 2010 y 2011 de poco más de 543 millones de pesos, habían revelado fuentes calificadas. Ante la consulta de este medio, la empresa emitió ayer un comunicado en el que se defendió y remarcó que "seis años después de presentar sus declaraciones juradas, un cambio retroactivo en el criterio fiscal sumió a la compañía en un conflicto inesperado". En ese marco, en el escrito se destaca que la compañía "ha calculado, declarado y pagado correctamente todos los impuestos que corresponden en todos los períodos", además de resaltar que aplicaron las normas vigentes, "respetando los criterios oportunamente aceptados por la autoridad fiscal".
En líneas generales, la disputa estalló porque el organismo recaudador entiende que Barrick hizo pasar como préstamos aportes de capital de entidades extranjeras, bajo el control de la casa matriz Barrick Gold Corporation. ¿En qué incide esto? En que al registrarse como préstamos en el balance anual, figuran como pasivos que aumentan los gastos y cuando estos se restan de los ingresos que tiene la compañía, es menor la base imponible de donde se calcula el impuesto, por lo tanto, se paga menos de Ganancias. Esa mecánica es el que habría ocasionado el mayor volumen de la presunta evasión, según la AFIP.
Si bien la minera no lo señala en el comunicado, las fuentes explicaron que el cambio de criterio del fisco se produjo en 2016. Barrick sí señaló "que este reclamo retroactivo fue apelado oportunamente" y que "se encuentra aún pendiente de resolución". El organismo administrativo que tiene la causa es el Tribunal Fiscal de la Nación. En el escrito también resaltan que hay "puntos de vista contrapuestos entre nuestra empresa y AFIP" y que defenderán "el criterio aplicado por la compañía". Esto último significa, según se desprende, que apuntarán a que lo que recibieron de las compañías del exterior fueron préstamos y no aportes de capital. Además, agregaron que "en ningún momento la compañía ocultó información" al punto que "la información en que la autoridad impositiva fundó su reclamo es la que fue oportunamente presentada en forma voluntaria" y que la disputa encuadra en "una cuestión de interpretación normativa ajena al ámbito penal".
El tema no es menor porque, de comprobarse, se trataría de la evasión más grande de la historia local. El organismo recaudador no se anduvo con vueltas y radicó la denuncia en la Justicia Federal. El fiscal Francisco Maldonado le pidió al juez Leopoldo Rago Gallo que abra la investigación y este, luego de analizar el expediente, fijó las fechas para indagar a los presuntos responsables que trabajaron entre 2010 y 2011. El 12 de diciembre interrogará a los peruanos Igor Alcides Gonzáles Galindo, expresidente de la región de Sudamérica de Barrick, y a Dante Luis Vargas Ghersi, exgerente General de Veladero. El día siguiente se sentarán frente al magistrado Julio Claudeville, ex gerente de Asuntos Corporativos, y Jimena Daneri, ex gerente de Legales de Argentina. Y el 18 del mes que viene serán indagados Hernán Zaballa y Alejandro Minuto (hoy en funciones). Sus situaciones son delicadas, ya que por ahora están encuadrados en la figura de evasión agravada (por montos superiores a 15 millones de pesos), la cual tiene una escala penal que va de tres años y seis meses a nueve años de prisión. Así, en el caso de recaer condena, esta no es excarcelable.
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Fecha de Publicación: 17/11/2018
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: Nacional
La minera explicó que en 2010 y 2011 pagó todos los impuestos que hoy están bajo la lupa de la entidad fiscal.
La AFIP había salido con los tapones de punta contra la minera Barrick al denunciar a cinco exdirectivos y un ejecutivo en funciones por una evasión impositiva ocurrida en 2010 y 2011 de poco más de 543 millones de pesos, habían revelado fuentes calificadas. Ante la consulta de este medio, la empresa emitió ayer un comunicado en el que se defendió y remarcó que "seis años después de presentar sus declaraciones juradas, un cambio retroactivo en el criterio fiscal sumió a la compañía en un conflicto inesperado". En ese marco, en el escrito se destaca que la compañía "ha calculado, declarado y pagado correctamente todos los impuestos que corresponden en todos los períodos", además de resaltar que aplicaron las normas vigentes, "respetando los criterios oportunamente aceptados por la autoridad fiscal".
En líneas generales, la disputa estalló porque el organismo recaudador entiende que Barrick hizo pasar como préstamos aportes de capital de entidades extranjeras, bajo el control de la casa matriz Barrick Gold Corporation. ¿En qué incide esto? En que al registrarse como préstamos en el balance anual, figuran como pasivos que aumentan los gastos y cuando estos se restan de los ingresos que tiene la compañía, es menor la base imponible de donde se calcula el impuesto, por lo tanto, se paga menos de Ganancias. Esa mecánica es el que habría ocasionado el mayor volumen de la presunta evasión, según la AFIP.
Si bien la minera no lo señala en el comunicado, las fuentes explicaron que el cambio de criterio del fisco se produjo en 2016. Barrick sí señaló "que este reclamo retroactivo fue apelado oportunamente" y que "se encuentra aún pendiente de resolución". El organismo administrativo que tiene la causa es el Tribunal Fiscal de la Nación. En el escrito también resaltan que hay "puntos de vista contrapuestos entre nuestra empresa y AFIP" y que defenderán "el criterio aplicado por la compañía". Esto último significa, según se desprende, que apuntarán a que lo que recibieron de las compañías del exterior fueron préstamos y no aportes de capital. Además, agregaron que "en ningún momento la compañía ocultó información" al punto que "la información en que la autoridad impositiva fundó su reclamo es la que fue oportunamente presentada en forma voluntaria" y que la disputa encuadra en "una cuestión de interpretación normativa ajena al ámbito penal".
El tema no es menor porque, de comprobarse, se trataría de la evasión más grande de la historia local. El organismo recaudador no se anduvo con vueltas y radicó la denuncia en la Justicia Federal. El fiscal Francisco Maldonado le pidió al juez Leopoldo Rago Gallo que abra la investigación y este, luego de analizar el expediente, fijó las fechas para indagar a los presuntos responsables que trabajaron entre 2010 y 2011. El 12 de diciembre interrogará a los peruanos Igor Alcides Gonzáles Galindo, expresidente de la región de Sudamérica de Barrick, y a Dante Luis Vargas Ghersi, exgerente General de Veladero. El día siguiente se sentarán frente al magistrado Julio Claudeville, ex gerente de Asuntos Corporativos, y Jimena Daneri, ex gerente de Legales de Argentina. Y el 18 del mes que viene serán indagados Hernán Zaballa y Alejandro Minuto (hoy en funciones). Sus situaciones son delicadas, ya que por ahora están encuadrados en la figura de evasión agravada (por montos superiores a 15 millones de pesos), la cual tiene una escala penal que va de tres años y seis meses a nueve años de prisión. Así, en el caso de recaer condena, esta no es excarcelable.
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Jujuy: lanzan campaña de educación sobre biodiversidad
Educación ambiental en biodiversidad
Fecha de Publicación: 17/11/2018
Fuente: Jujuy al Dia
Provincia/Región: Jujuy
El Ministerio de Ambiente de la Provincia, a través del Centro de Atención a la Fauna Autóctona de Jujuy (CAFAJu), en el marco de la política de Educación Ambiental y en su misión de sensibilizar y concientizar a niños y jóvenes sobre el valor e importancia de la conservación y cuidado del ambiente y de los animales silvestres, recibió a 245 alumnos de establecimientos educativos de distintos niveles de capital y el interior, durante los últimos meses.
A través del proyecto “Construyendo Caminos”, el personal del CAFAJu brindó una serie de charlas sobre la fauna autóctona de la región, flora, eco regiones y medio ambiente, a diferentes instituciones educativas de nivel inicial, primario y secundario de la provincia. Además de realizar visitas guiadas por el predio y ofrecer observación de algunos individuos de fauna silvestres que están siendo recuperados en el Centro.
Se trata de un espacio de diálogo y aprendizaje, por medio del cual se fortalece la articulación del Ministerio de Ambiente y los establecimientos educativos; además de facilitar el vínculo entre el CAFAJu y los docentes y alumnos, a partir de la demanda vinculada a la formación para el cuidado y preservación del medio natural.
Cabe destacar que la apertura representa además la posibilidad de trabajar desde los primeros años de las etapas educativas respecto a la valoración y concientización del cuidado y el respeto por todos los organismos que forman parte del ambiente. Más aun en una etapa clave para el desarrollo de capacidades y generación de conocimiento y conciencia ambiental en las personas.
En ese sentido el proyecto apunta a garantizar el acceso al conocimiento, con experiencias directas, a través de acciones conjuntas entre el CAFAJu e Instituciones Educativas de la provincia.
A partir de la información brindada a los niños, niñas y jóvenes, se busca que incorporen el conocimiento con el fin de que sean un efecto multiplicador de esta información tanto en sus hogares como en todo su entorno.
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Fecha de Publicación: 17/11/2018
Fuente: Jujuy al Dia
Provincia/Región: Jujuy
El Ministerio de Ambiente de la Provincia, a través del Centro de Atención a la Fauna Autóctona de Jujuy (CAFAJu), en el marco de la política de Educación Ambiental y en su misión de sensibilizar y concientizar a niños y jóvenes sobre el valor e importancia de la conservación y cuidado del ambiente y de los animales silvestres, recibió a 245 alumnos de establecimientos educativos de distintos niveles de capital y el interior, durante los últimos meses.
A través del proyecto “Construyendo Caminos”, el personal del CAFAJu brindó una serie de charlas sobre la fauna autóctona de la región, flora, eco regiones y medio ambiente, a diferentes instituciones educativas de nivel inicial, primario y secundario de la provincia. Además de realizar visitas guiadas por el predio y ofrecer observación de algunos individuos de fauna silvestres que están siendo recuperados en el Centro.
Se trata de un espacio de diálogo y aprendizaje, por medio del cual se fortalece la articulación del Ministerio de Ambiente y los establecimientos educativos; además de facilitar el vínculo entre el CAFAJu y los docentes y alumnos, a partir de la demanda vinculada a la formación para el cuidado y preservación del medio natural.
Cabe destacar que la apertura representa además la posibilidad de trabajar desde los primeros años de las etapas educativas respecto a la valoración y concientización del cuidado y el respeto por todos los organismos que forman parte del ambiente. Más aun en una etapa clave para el desarrollo de capacidades y generación de conocimiento y conciencia ambiental en las personas.
En ese sentido el proyecto apunta a garantizar el acceso al conocimiento, con experiencias directas, a través de acciones conjuntas entre el CAFAJu e Instituciones Educativas de la provincia.
A partir de la información brindada a los niños, niñas y jóvenes, se busca que incorporen el conocimiento con el fin de que sean un efecto multiplicador de esta información tanto en sus hogares como en todo su entorno.
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