Zonas protegidas de Corrientes desmontadas por dragados
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Grupos ecologistas exigen que se detenga el dragado del Riachuelo por el impacto ambiental
Fecha de Publicación: 12/11/2018
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Corrientes
Organizaciones vinculadas al cuidado del medio ambiente enviaron una carta al gobernador Gustavo Valdés exigiendo la paralización de la obra sobre el curso del Riachuelo. Aseguran que es ilegal y exigen medidas contra funcionarios.
Desde hace varias semanas se vienen generando fuertes reclamos contra las obras de dragado que la Provincia viene realizando sobre el Riachuelo en la zona de San Luis del Palmar. Aseguran que se desmontan zonas protegidas y hay un fuerte impacto negativo en el medio ambiente.
Ahora 22 organizaciones, fundaciones, colectivos y asambleas ambientalistas de distintos puntos del país apoyaron el reclamo. A través de una carta al gobernador Gustavo Valdés exigen la inmediata paralización de los desmontes de las selvas ribereñas del Riachuelo y el dragado de su cauce.
En la misiva los ecologista expresaron su enojo al afirmar que “en momentos en los cuales enfrentamos enormes desafíos por los desmontes ilegales que privados llevan a cabo en varias provincias de nuestro país, socavando los fundamentos de la Ley de Bosques.
Para el ecologista Emilio Spataro (Amigos de la Tierra Argentina), “la absoluta ilegalidad de los desmontes ya fue probada por sendos intercambios epistolares entre la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Corrientes, el ICAA y la Dirección de Recursos Forestales, donde queda de manifiesto el total desconocimiento que ésta última tenía sobre los desmontes que el mismo ICAA impulsaba con la contratación directa de la empresa ECODYMA S.A.”, declaró recordando que desde el 11 de septiembre todo esto fue denunciado penalmente en la Fiscalía de Instrucción N°5 a cargo de la Dra. Graciela Fernádez Contarde, sin que hasta la fecha se hayan producido imputaciones ni medidas judiciales.
Por otra parte desde Guardianes del Iberá Sergio Mendez declaro que “la obra nunca tuvo ningún sentido en beneficio de los afectados de las inundaciones, todo lo contrario en las últimas lluvias se evidencio como el suelo desnudo de la ribera, producto del desmonte y de los movimiento de sedimentos, fue a parar al río, profundizando los problemas de escurrimiento que el dragado supuestamente debía resolver. Por todo el daño generado y la arbitrariedad de las decisiones del ICAA es que vamos a seguir movilizándonos hasta que haya una respuesta política ante tanta destrucción ambiental.”.
A su vez exigieron la inmediata separación de su cargo de Mario Rujana, actual director del Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (ICAA) y presidente del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA).
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Fecha de Publicación: 12/11/2018
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Corrientes
Organizaciones vinculadas al cuidado del medio ambiente enviaron una carta al gobernador Gustavo Valdés exigiendo la paralización de la obra sobre el curso del Riachuelo. Aseguran que es ilegal y exigen medidas contra funcionarios.
Desde hace varias semanas se vienen generando fuertes reclamos contra las obras de dragado que la Provincia viene realizando sobre el Riachuelo en la zona de San Luis del Palmar. Aseguran que se desmontan zonas protegidas y hay un fuerte impacto negativo en el medio ambiente.
Ahora 22 organizaciones, fundaciones, colectivos y asambleas ambientalistas de distintos puntos del país apoyaron el reclamo. A través de una carta al gobernador Gustavo Valdés exigen la inmediata paralización de los desmontes de las selvas ribereñas del Riachuelo y el dragado de su cauce.
En la misiva los ecologista expresaron su enojo al afirmar que “en momentos en los cuales enfrentamos enormes desafíos por los desmontes ilegales que privados llevan a cabo en varias provincias de nuestro país, socavando los fundamentos de la Ley de Bosques.
Para el ecologista Emilio Spataro (Amigos de la Tierra Argentina), “la absoluta ilegalidad de los desmontes ya fue probada por sendos intercambios epistolares entre la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Corrientes, el ICAA y la Dirección de Recursos Forestales, donde queda de manifiesto el total desconocimiento que ésta última tenía sobre los desmontes que el mismo ICAA impulsaba con la contratación directa de la empresa ECODYMA S.A.”, declaró recordando que desde el 11 de septiembre todo esto fue denunciado penalmente en la Fiscalía de Instrucción N°5 a cargo de la Dra. Graciela Fernádez Contarde, sin que hasta la fecha se hayan producido imputaciones ni medidas judiciales.
Por otra parte desde Guardianes del Iberá Sergio Mendez declaro que “la obra nunca tuvo ningún sentido en beneficio de los afectados de las inundaciones, todo lo contrario en las últimas lluvias se evidencio como el suelo desnudo de la ribera, producto del desmonte y de los movimiento de sedimentos, fue a parar al río, profundizando los problemas de escurrimiento que el dragado supuestamente debía resolver. Por todo el daño generado y la arbitrariedad de las decisiones del ICAA es que vamos a seguir movilizándonos hasta que haya una respuesta política ante tanta destrucción ambiental.”.
A su vez exigieron la inmediata separación de su cargo de Mario Rujana, actual director del Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (ICAA) y presidente del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA).
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La limpieza del Riachuelo empantanada con causas judiciales
Los problemas judiciales de empresarios atentan contra la limpieza del Riachuelo
Fecha de Publicación: 12/11/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Riachuelo
Lo advirtió el juez federal Sergio Torres, que está a cargo de supervisar las tareas de saneamiento; las compañías de Wagner y Calcaterra participan del proceso Lo advirtió el juez federal Sergio Torres, que está a cargo de supervisar las tareas de saneamiento; las compañías de Wagner y Calcaterra participan del proceso
Los problemas con la justicia que enfrentan grandes empresarios, como Carlos Wagner y Ángel Calcaterra, procesados y embargados en el caso de los cuadernos de las coimas, comprometen las obras destinadas a la limpieza del Riachuelo
Así lo advirtió el juez federal Sergio Torres, uno de los magistrados a quienes la Corte Suprema les encomendó el seguimiento de las tareas de saneamiento. Ayer, Torres advirtió que no se están cumpliendo los plazos de avance previstos, detalló las causas penales y comerciales que complican a una de las empresas involucradas y pidió informes al Gobierno para saber cómo "garantizarán la continuación de las obras".
Torres explicó que los trabajos están divididos en tres lotes, asignados a distintas UTES (uniones transitorias de empresas) y que el primer y tercer lote cuentan con financiamiento del Banco Mundial. Este organismo, relató el juez, incluyó entre los deberes de las compañías el cumplimiento de "las más estrictas normas de ética durante el proceso de licitación y ejecución de los contratos".
Torres les pidió al presidente de AySA, José Luis Inglese, a la presidenta de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar), Dorina Bonetti, que dentro de los próximos 15 días deben hacer saber al tribunal las "acciones dispuestas" para "afrontar la situación descripta" y "el modo en que garantizarán la continuación de las obras de los tres lotes del sistema". Además, dispuso que se le de intervención a la Jefatura de Gabinete, a la Procuración del Tesoro de la Nación, a la AGN, a la Sigen y a la Oficina Anticorrupción.
En la UTE que lleva adelante el primer lote interviene Iecsa. Torres consignó ayer que Calcaterra, como "presidente y accionista de la empresa Iecsa", fue procesado y embargado por Bonadio. También, que Héctor Sanchez Caballero, CEO de Iecsa, fue indagado y se le dictó una falta de mérito. El juez advirtió no obstante que en marzo de 2017 Calcaterra le había vendido su participación en la firma a Pampa Energía.
El presidente de Pampa Energía, Marcelo Mindlin, fue indagado en la causa de los cuadernos el 17 de octubre pasado.
En cuanto al lote 3, Torres destacó la presencia de Chediack SA como parte de la UTE a cargo de las obras y consignó que Juan Chediack, su presidente, fue procesado y embargado por Bonadio.
En el lote 2 -sin las reglas impuestas por el financiamiento del Banco Mundial- interviene CPS SA, de Cristóbal López y Fabian De Souza, sociedad que está concursada en la quiebra de Oil Combustibles, afirmó el juez. Además, López y De Souza están inhibidos, junto con todas sus empresas, incluida CPS, advirtió Torres. El magistrado relató en su resolución que esta compañía intentó -hasta ahora sin éxito- vender su parte en este contrato.
De la misma UTE que tiene a cargo el lote 2 participa también Esuco, la firma de Wagner, que además de estar procesado y embargado por Bonadio en el caso de los cuadernos de las coimas, está procesado en el caso Odebrecht. El juez Sebastián Casanello lo consideró parte de una estafa al Estado con licitaciones digitadas y beneficios ilegales en favor de las empresas adjudicatarias de dos obras (una planta potabilizadora de aguas y una depuradora). Una de esas empresas era Esuco. Casanello prohibió además que la firma se desprendiera de activos registrables o modificara su composición accionaria.
Torres incluyó en su resolución cuadros que muestran los atrasos en el avance de cada uno de los tramos de las obras comprometidas y advirtió que al menos en lo que respecta al lote 2, que está atado a los tiempos de los otros dos, la fecha de final de obra prevista (13 de marzo de 2019) es "a todas luces evidente" que será "de cumplimiento imposible".
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Fecha de Publicación: 12/11/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Riachuelo
Lo advirtió el juez federal Sergio Torres, que está a cargo de supervisar las tareas de saneamiento; las compañías de Wagner y Calcaterra participan del proceso Lo advirtió el juez federal Sergio Torres, que está a cargo de supervisar las tareas de saneamiento; las compañías de Wagner y Calcaterra participan del proceso
Los problemas con la justicia que enfrentan grandes empresarios, como Carlos Wagner y Ángel Calcaterra, procesados y embargados en el caso de los cuadernos de las coimas, comprometen las obras destinadas a la limpieza del Riachuelo
Así lo advirtió el juez federal Sergio Torres, uno de los magistrados a quienes la Corte Suprema les encomendó el seguimiento de las tareas de saneamiento. Ayer, Torres advirtió que no se están cumpliendo los plazos de avance previstos, detalló las causas penales y comerciales que complican a una de las empresas involucradas y pidió informes al Gobierno para saber cómo "garantizarán la continuación de las obras".
Torres explicó que los trabajos están divididos en tres lotes, asignados a distintas UTES (uniones transitorias de empresas) y que el primer y tercer lote cuentan con financiamiento del Banco Mundial. Este organismo, relató el juez, incluyó entre los deberes de las compañías el cumplimiento de "las más estrictas normas de ética durante el proceso de licitación y ejecución de los contratos".
Torres les pidió al presidente de AySA, José Luis Inglese, a la presidenta de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar), Dorina Bonetti, que dentro de los próximos 15 días deben hacer saber al tribunal las "acciones dispuestas" para "afrontar la situación descripta" y "el modo en que garantizarán la continuación de las obras de los tres lotes del sistema". Además, dispuso que se le de intervención a la Jefatura de Gabinete, a la Procuración del Tesoro de la Nación, a la AGN, a la Sigen y a la Oficina Anticorrupción.
En la UTE que lleva adelante el primer lote interviene Iecsa. Torres consignó ayer que Calcaterra, como "presidente y accionista de la empresa Iecsa", fue procesado y embargado por Bonadio. También, que Héctor Sanchez Caballero, CEO de Iecsa, fue indagado y se le dictó una falta de mérito. El juez advirtió no obstante que en marzo de 2017 Calcaterra le había vendido su participación en la firma a Pampa Energía.
El presidente de Pampa Energía, Marcelo Mindlin, fue indagado en la causa de los cuadernos el 17 de octubre pasado.
En cuanto al lote 3, Torres destacó la presencia de Chediack SA como parte de la UTE a cargo de las obras y consignó que Juan Chediack, su presidente, fue procesado y embargado por Bonadio.
En el lote 2 -sin las reglas impuestas por el financiamiento del Banco Mundial- interviene CPS SA, de Cristóbal López y Fabian De Souza, sociedad que está concursada en la quiebra de Oil Combustibles, afirmó el juez. Además, López y De Souza están inhibidos, junto con todas sus empresas, incluida CPS, advirtió Torres. El magistrado relató en su resolución que esta compañía intentó -hasta ahora sin éxito- vender su parte en este contrato.
De la misma UTE que tiene a cargo el lote 2 participa también Esuco, la firma de Wagner, que además de estar procesado y embargado por Bonadio en el caso de los cuadernos de las coimas, está procesado en el caso Odebrecht. El juez Sebastián Casanello lo consideró parte de una estafa al Estado con licitaciones digitadas y beneficios ilegales en favor de las empresas adjudicatarias de dos obras (una planta potabilizadora de aguas y una depuradora). Una de esas empresas era Esuco. Casanello prohibió además que la firma se desprendiera de activos registrables o modificara su composición accionaria.
Torres incluyó en su resolución cuadros que muestran los atrasos en el avance de cada uno de los tramos de las obras comprometidas y advirtió que al menos en lo que respecta al lote 2, que está atado a los tiempos de los otros dos, la fecha de final de obra prevista (13 de marzo de 2019) es "a todas luces evidente" que será "de cumplimiento imposible".
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Ushuaia crea una reserva natural urbana
Crean una nueva reserva natural en Ushuaia
Fecha de Publicación: 12/11/2018
Fuente: El Sureño
Provincia/Región: Tierra del Fuego
Ayer, en sesión ordinaria los ediles aprobaron establecer como reserva natural urbana el predio lindero al Bosque Nativo Yatana, el cual está ubicado en las calles 25 de Mayo y Magallanes. La reserva fue otorgada a la Fundación Cultivar
A través de un proyecto impulsado por el concejal Ricardo Garramuño (MPF), los concejales aprobaron establecer como reserva natural urbana el predio lindero al Bosque Nativo Yatana, con el objeto de proteger y mantener la diversidad biológica y otros valores naturales del área, garantizando el uso público controlado, la educación ambiental, el arte y las actividades culturales y turísticas en el sector.
El proyecto establece que el predio será dado en custodia a la Fundación Cultivar, “en reconocimiento al trabajo realizado por la profesora de pintura Mónica Alvarado, quien continuó con el trabajo de preservación del bosque nativo que realizó su madre, María del Rosario López de Alvarado”.
Mónica Alvarado agradeció a los concejales por la iniciativa y sostuvo que “hacemos un trabajo con absoluta entrega y dedicación, un espacio de esperanza que ha sido visitado por más de 18 mil niños” y agregó que “necesitamos más naturaleza en Ushuaia donde expresar la cultura y el arte, por supuesto por eso les pido el acompañamiento de todos”.
Por su parte el profesor e historiador Roberto Santana dijo que “nunca pensé que el bosque se iba a convertir en un arte en medio de la ciudad y aprovecho esta oportunidad para hacerle saber a todos los vecinos que ese espacio es suyo y necesitamos cuidarlo entre todos”.
Jardín Botánico
A requerimiento del Ejecutivo Municipal, los concejales aprobaron por unanimidad ceder en uso y custodia un predio ubicado en el Valle de Andorra para la asociación civil Nuria Tierra del Fuego con el objetivo de crear en ese predio el primero Jardín Botánico de la ciudad.
El proyecto recuerda que la asociación cuida y protege ese espacio hace mucho tiempo, por lo que “el Municipio le cede en uso y custodia por el termino de 20 años, una fracción fiscal sin mensura, ubicada en la vertiente sudoccidental del Valle de Andorra”.
La asociación Nuria Tierra del Fuego deberá presentar el proyecto del Jardín Botánico en un plazo no mayor a 90 días a los fines de su evaluación y aprobación por parte de las áreas técnicas municipales.
El proyecto deberá, además, mantener la conservación, enriquecimiento y propagación de flora como una herramienta para concientización, educación y formación de la cultura.
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Fecha de Publicación: 12/11/2018
Fuente: El Sureño
Provincia/Región: Tierra del Fuego
Ayer, en sesión ordinaria los ediles aprobaron establecer como reserva natural urbana el predio lindero al Bosque Nativo Yatana, el cual está ubicado en las calles 25 de Mayo y Magallanes. La reserva fue otorgada a la Fundación Cultivar
A través de un proyecto impulsado por el concejal Ricardo Garramuño (MPF), los concejales aprobaron establecer como reserva natural urbana el predio lindero al Bosque Nativo Yatana, con el objeto de proteger y mantener la diversidad biológica y otros valores naturales del área, garantizando el uso público controlado, la educación ambiental, el arte y las actividades culturales y turísticas en el sector.
El proyecto establece que el predio será dado en custodia a la Fundación Cultivar, “en reconocimiento al trabajo realizado por la profesora de pintura Mónica Alvarado, quien continuó con el trabajo de preservación del bosque nativo que realizó su madre, María del Rosario López de Alvarado”.
Mónica Alvarado agradeció a los concejales por la iniciativa y sostuvo que “hacemos un trabajo con absoluta entrega y dedicación, un espacio de esperanza que ha sido visitado por más de 18 mil niños” y agregó que “necesitamos más naturaleza en Ushuaia donde expresar la cultura y el arte, por supuesto por eso les pido el acompañamiento de todos”.
Por su parte el profesor e historiador Roberto Santana dijo que “nunca pensé que el bosque se iba a convertir en un arte en medio de la ciudad y aprovecho esta oportunidad para hacerle saber a todos los vecinos que ese espacio es suyo y necesitamos cuidarlo entre todos”.
Jardín Botánico
A requerimiento del Ejecutivo Municipal, los concejales aprobaron por unanimidad ceder en uso y custodia un predio ubicado en el Valle de Andorra para la asociación civil Nuria Tierra del Fuego con el objetivo de crear en ese predio el primero Jardín Botánico de la ciudad.
El proyecto recuerda que la asociación cuida y protege ese espacio hace mucho tiempo, por lo que “el Municipio le cede en uso y custodia por el termino de 20 años, una fracción fiscal sin mensura, ubicada en la vertiente sudoccidental del Valle de Andorra”.
La asociación Nuria Tierra del Fuego deberá presentar el proyecto del Jardín Botánico en un plazo no mayor a 90 días a los fines de su evaluación y aprobación por parte de las áreas técnicas municipales.
El proyecto deberá, además, mantener la conservación, enriquecimiento y propagación de flora como una herramienta para concientización, educación y formación de la cultura.
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Un ex directivo de mineras como jefe de la Policía Minera
Nuevo jefe de la Policía Minera, con un plan para tener datos rápidos y certeros de las minas
Fecha de Publicación: 11/11/2018
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: San Juan
Federico Vera Frassinelli, quien lleva una década trabajando en el ámbito de la minería, asumió este lunes.
En la mañana de este lunes, entró en funciones el nuevo jefe de la Policía Minera de la provincia, Federico Vera Franssinelli, quien aseguró que apuntará al trabajo coordinado de las secretarías y que se realizará “controles instantáneos” de la tarea de los emprendimientos de la provincia.
“Algo que es tendencia es que los distintos ámbitos del Gobierno funcionen como organismos estancos, hay poca interrelación entre las distintas áreas. Como vengo de la parte privada tengo muy fuertemente arraigado el trabajo en equipo y pretendo que todas las secretarías a mi cargo funcionen de ese modo”, comentó Franssinelli en cuanto al modo en que desarrollará su tarea.
Por otro lado, detalló que habrá cambios en los modos de control de las mineras con la utilización de un software que permitirá acceder a los datos de los emprendimientos de modo instantáneo.
“Este software de monitoreo fue propuesto por el ingeniero Machuca -ex jefe del área- con muy buen tino. A través de él se va a poder constatar casi online la información de las mineras en torno a su funcionamiento”, sostuvo el nuevo Jefe.
Y agregó que “hoy en día, cada 6 meses los proyectos grandes presentan una declaración con referencias del impacto y hay que analizar los datos, que hasta no hace mucho tiempo lo presentaban en papel. Era una tarea compleja. Ahora, con este software, el control será casi instantáneo, vamos a solicitar la información en la misma base de datos del programa y se va a poder chequear que no se hayan salido de los límites de la línea base que debe ser respetada. De este modo, toda variación deberá ser explicada y penalizada”.
Franssinelli se ha desempeñado como como gerente de Operaciones y actualmente en Ingeniería por aproximadamente 10 años en el campo de la minería. He trabajado en empresas como SCR Sibelco, CEFAS SA, Caleras San Juan SA en el área de Minería.
En los últimos años trabajó como gerente de Procesos y Automatización en un Proyecto de Minería en Indonesia.
Es Ingeniero Electrónico recibido en la UNSJ y posee un MBA de la UCCuyo, una Especialización en Salud y Seguridad en el Trabajo en la UTN, es Green Belt Lean Six Sigma y está terminando un Master en Administración de Empresas de Minería.
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Fecha de Publicación: 11/11/2018
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: San Juan
Federico Vera Frassinelli, quien lleva una década trabajando en el ámbito de la minería, asumió este lunes.
En la mañana de este lunes, entró en funciones el nuevo jefe de la Policía Minera de la provincia, Federico Vera Franssinelli, quien aseguró que apuntará al trabajo coordinado de las secretarías y que se realizará “controles instantáneos” de la tarea de los emprendimientos de la provincia.
“Algo que es tendencia es que los distintos ámbitos del Gobierno funcionen como organismos estancos, hay poca interrelación entre las distintas áreas. Como vengo de la parte privada tengo muy fuertemente arraigado el trabajo en equipo y pretendo que todas las secretarías a mi cargo funcionen de ese modo”, comentó Franssinelli en cuanto al modo en que desarrollará su tarea.
Por otro lado, detalló que habrá cambios en los modos de control de las mineras con la utilización de un software que permitirá acceder a los datos de los emprendimientos de modo instantáneo.
“Este software de monitoreo fue propuesto por el ingeniero Machuca -ex jefe del área- con muy buen tino. A través de él se va a poder constatar casi online la información de las mineras en torno a su funcionamiento”, sostuvo el nuevo Jefe.
Y agregó que “hoy en día, cada 6 meses los proyectos grandes presentan una declaración con referencias del impacto y hay que analizar los datos, que hasta no hace mucho tiempo lo presentaban en papel. Era una tarea compleja. Ahora, con este software, el control será casi instantáneo, vamos a solicitar la información en la misma base de datos del programa y se va a poder chequear que no se hayan salido de los límites de la línea base que debe ser respetada. De este modo, toda variación deberá ser explicada y penalizada”.
Franssinelli se ha desempeñado como como gerente de Operaciones y actualmente en Ingeniería por aproximadamente 10 años en el campo de la minería. He trabajado en empresas como SCR Sibelco, CEFAS SA, Caleras San Juan SA en el área de Minería.
En los últimos años trabajó como gerente de Procesos y Automatización en un Proyecto de Minería en Indonesia.
Es Ingeniero Electrónico recibido en la UNSJ y posee un MBA de la UCCuyo, una Especialización en Salud y Seguridad en el Trabajo en la UTN, es Green Belt Lean Six Sigma y está terminando un Master en Administración de Empresas de Minería.
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Chaco sufre la falta de agua
Captura de agua de lluvia apacigua lucha diaria en Chaco argentino
Fecha de Publicación: 11/11/2018
Fuente: Agencia IPS
Provincia/Región: Chaco
“Desde que tengo 8 años me acostumbré a acarrear agua. Hoy, que tengo 63, lo sigo haciendo”, dice Antolín Soraire. Es un campesino alto y de rostro castigado por el sol, que vive en Los Blancos, un pueblo de unas pocas decenas de casas y anchas calles de tierra en la provincia de Salta, en el norte de Argentina.
En esta zona del Chaco, la llanura tropical de más de un millón de kilómetros cuadrados compartida con Bolivia, Brasil y Paraguay, las condiciones de vida no son fáciles.
Durante unos seis meses al año, entre mayo y octubre, no llueve. En el verano austral las temperaturas pueden tornarse crueles: llegan hasta 50 grados centígrados.
Gran parte de los hogares del municipio donde se asienta Los Blancos, Rivadavia Banda Norte, y de otros cercanos está dispersa en parajes rurales, que quedan aislados cuando llueve. La mitad tiene sus necesidades básicas insatisfechas, según datos oficiales, y el acceso al agua es todavía un privilegio, más cuando no hay ríos en el área.
Las perforaciones rara vez se han revelado como una solución. “El agua de las napas es salada y tiene arsénico naturalmente. Hay que ir a más de 450 metros de profundidad para sacar agua buena”, explica Soraire a IPS en esta localidad de unos 1.100 habitantes.
Fue un novedoso sistema autogestionado el que en los últimos tres años trajo esperanza a muchas familias de esta zona, una de las más pobres de la Argentina: la construcción de techos de latón recolectores de agua de lluvia, que es conducida por cañerías a cisternas de cemento enterradas en el suelo.
En cada una de esas cisternas, herméticamente cerradas, se almacenan 16.000 litros de agua de lluvia, lo que se calcula que necesita una familia de cinco personas para beber y cocinar durante los seis meses que suele durar la sequía.
“Cuando yo era chico pasaba el tren una vez por semana y nos dejaba agua. Después el tren dejó de pasar y la cosa se complicó”, recuerda Soraire, que es lo que aquí se conoce como un criollo: es descendiente de los hombres y mujeres blancos que llegaron al Chaco argentino desde fines del Siglo XIX en busca de tierras para criar sus animales, detrás de las expediciones militares que sometían a los indígenas de la región.
Hoy, aunque han pasado los años y la pobreza en la mayor parte de los casos los iguala, todavía se percibe una tensión latente entre criollos e indígenas, quienes viven en comunidades rurales aisladas, en localidades como Los Blancos o en periferias de cascos urbanos.
El ferrocarril que menciona Soraire unió desde principios del siglo XX los 700 kilómetros que separan las ciudades de Formosa y Embarcación, y era prácticamente la única vía de comunicación de esta zona del Chaco, que hasta hace apenas 10 años no tenía ninguna ruta pavimentada.
El tren se detuvo definitivamente en la década de los 90, durante la ola de privatizaciones y recortes de gastos que impuso el presidente neoliberal Carlos Menem (1989-1999).
Aunque se prometió varias veces recuperarlo, en los pueblos del Chaco salteño hoy quedan apenas unos ruinosos recuerdos del ferrocarril: las vías, cubiertas de vegetación, y los viejos edificios de ladrillo a la vista construidos como estaciones ferroviarias, que desde hace años albergan familias sin hogar.
Soraire, quien cría vacas, cerdos y cabras, es parte de uno de los seis equipos –tres de criollos y tres de indígenas- que la Fundación para el Desarrollo en Paz y Justicia (Fundapaz) capacitó para construir cisternas recolectoras de agua de lluvia en la zona cercana a Los Blancos.
“Aquí todos quieren su cisterna. Entonces hacemos relevamientos para ver cuáles son las familias que tienen mayores necesidades”, cuenta a IPS en Los Blancos, Enzo Romero, técnico de Fundapaz, una organización no gubernamental que trabaja hace más de 40 años en el desarrollo rural de los asentamientos indígenas y criollos del Chaco argentino.
El director de Fundapaz, Gabriel Seghezzo, explica que “la familia beneficiada debe hacer un pozo de cinco metros de diametro por 1,20 de profundidad, en el que se entierra la cisterna. Además, tiene que darle alojamiento y comidas a los constructores durante la semana que lleva la construcción”.
“Que le cueste esfuerzo a la familia es muy importante. Para que esto salga bien es imprescindible que los beneficiarios se involucren”, agrega Seghezzo a IPS en Salta, la capital de la provincia.
Fundapaz “importó” el sistema de las cisternas de Brasil, gracias a sus muchos contactos con organizaciones sociales de ese país, en espacial con aquellas que también promueven soluciones para los embates de la sequía crónica en la región del Nordeste.
Romero precisa que hasta ahora se ha construido unos 40 techos recolectores y cisternas –a un costo de unos 1.000 dólares cada sistema- en el municipio de Rivadavia Banda Norte, de unos 12.000 kilómetros cuadrados y unos 10.000 habitantes. Es, por supuesto, una muy pequeña parte de lo que se necesita.
“Ojalá todo el Chaco se sembrara con cisternas y no tengamos que llorar más la falta de agua. No queremos pozos de 500 metros de profundidad u otros grandes proyectos. Confiamos en las soluciones locales”, dice Romero, quien estudió Ingeniería Ambiental en la Universidad Nacional de Salta y hace varios años se mudó a Morillo, la cabecera del municipio, unos 1.600 kilómetros al norte de Buenos Aires.
En la ruta nacional 81, la única carretera asfaltada en la zona, conviene transitar despacio: como en la zona no hay alambrados, cerdos, cabras, gallinas y otros animales que crían indígenas y criollos se cruzan permanentemente.
En los alrededores de la vía, metidas dentro del monte, viven comunidades indígenas, como las conocidas como Lote 6 y Lote 8, que ocupan antiguos terrenos fiscales cuya propiedad fue reconocida a integrantes de la etnia wichí (persona o gente en su lengua), una de las más numerosas de la Argentina, con unas 51.000 personas, según cifras oficiales que se consideran un subregistro.
En el Lote 6, Dorita, madre de siete hijos, vive con su esposo Mariano Barraza, en una casa de ladrillos y techo de latón, en cuyo alrededor pasean cabras y gallinas. Los hijos y sus familias vuelven por temporadas desde Los Blancos, donde los nietos van a la escuela, que no hay en la comunidad, ni tampoco transporte.
A unos cien metros de la vivienda, Dorita, que prefirió no dar su apellido, muestra a IPS una pequeña laguna con aguas verdosas. Es lo que en el Chaco salteño llaman “represa”: un pozo cavado por la familia, para almacenar agua de lluvia.
Las familias del Lote 6 hoy tienen un techo recolector y una cisterna almacenadora, pero antes tomaban el agua de las represas, la misma que los animales utilizaban también para abrevarse o incluso para sus deposiciones.
“Los chicos se enferman. Pero las familias muchas veces consumen esa agua contaminada de las represas porque no tienen más alternativa”, explica a IPS la religiosa católica Silvia Reynoso, quien trabaja para Fundapaz en la zona.
En el vecino Lote 8, el wichí Anacleto Montes, quien tiene un techo recolector de 80 metros cuadrados, explica: “Esto fue una solución. Porque nosotros le pedimos al municipio que nos traiga agua, pero hay veces que el camión no está disponible y el agua no llega”.
Lo que Montes no dice es que el agua en el Chaco salteño ha sido también utilizada como una mercancía del clientelismo político.
Lalo Bertea, quien encabeza la Fundación Tepeyac, una organización vinculada a la Iglesia Católica que hace 20 años trabaja en la zona, explicó a IPS: “Habitualmente en épocas de sequía, la municipalidad reparte agua. Y elige adónde llevar por razones políticas. La gente de la zona ya está tan acostumbrada que lo considera normal”.
“La escasez de agua es el problema social más grave en esta zona del Chaco”, dice Bertea, que sostiene que la recolección de agua de lluvia también tiene sus límites y está experimentando con la compra de bombas mexicanas, para extraer de napas donde existe agua potable a una profundidad razonable.
“Lo increíble de este drama es que el Chaco no es el desierto del Sahara. Hay agua, pero la gran cuestión es cómo recolectarla”, subraya.
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Fecha de Publicación: 11/11/2018
Fuente: Agencia IPS
Provincia/Región: Chaco
“Desde que tengo 8 años me acostumbré a acarrear agua. Hoy, que tengo 63, lo sigo haciendo”, dice Antolín Soraire. Es un campesino alto y de rostro castigado por el sol, que vive en Los Blancos, un pueblo de unas pocas decenas de casas y anchas calles de tierra en la provincia de Salta, en el norte de Argentina.
En esta zona del Chaco, la llanura tropical de más de un millón de kilómetros cuadrados compartida con Bolivia, Brasil y Paraguay, las condiciones de vida no son fáciles.
Durante unos seis meses al año, entre mayo y octubre, no llueve. En el verano austral las temperaturas pueden tornarse crueles: llegan hasta 50 grados centígrados.
Gran parte de los hogares del municipio donde se asienta Los Blancos, Rivadavia Banda Norte, y de otros cercanos está dispersa en parajes rurales, que quedan aislados cuando llueve. La mitad tiene sus necesidades básicas insatisfechas, según datos oficiales, y el acceso al agua es todavía un privilegio, más cuando no hay ríos en el área.
Las perforaciones rara vez se han revelado como una solución. “El agua de las napas es salada y tiene arsénico naturalmente. Hay que ir a más de 450 metros de profundidad para sacar agua buena”, explica Soraire a IPS en esta localidad de unos 1.100 habitantes.
Fue un novedoso sistema autogestionado el que en los últimos tres años trajo esperanza a muchas familias de esta zona, una de las más pobres de la Argentina: la construcción de techos de latón recolectores de agua de lluvia, que es conducida por cañerías a cisternas de cemento enterradas en el suelo.
En cada una de esas cisternas, herméticamente cerradas, se almacenan 16.000 litros de agua de lluvia, lo que se calcula que necesita una familia de cinco personas para beber y cocinar durante los seis meses que suele durar la sequía.
“Cuando yo era chico pasaba el tren una vez por semana y nos dejaba agua. Después el tren dejó de pasar y la cosa se complicó”, recuerda Soraire, que es lo que aquí se conoce como un criollo: es descendiente de los hombres y mujeres blancos que llegaron al Chaco argentino desde fines del Siglo XIX en busca de tierras para criar sus animales, detrás de las expediciones militares que sometían a los indígenas de la región.
Hoy, aunque han pasado los años y la pobreza en la mayor parte de los casos los iguala, todavía se percibe una tensión latente entre criollos e indígenas, quienes viven en comunidades rurales aisladas, en localidades como Los Blancos o en periferias de cascos urbanos.
El ferrocarril que menciona Soraire unió desde principios del siglo XX los 700 kilómetros que separan las ciudades de Formosa y Embarcación, y era prácticamente la única vía de comunicación de esta zona del Chaco, que hasta hace apenas 10 años no tenía ninguna ruta pavimentada.
El tren se detuvo definitivamente en la década de los 90, durante la ola de privatizaciones y recortes de gastos que impuso el presidente neoliberal Carlos Menem (1989-1999).
Aunque se prometió varias veces recuperarlo, en los pueblos del Chaco salteño hoy quedan apenas unos ruinosos recuerdos del ferrocarril: las vías, cubiertas de vegetación, y los viejos edificios de ladrillo a la vista construidos como estaciones ferroviarias, que desde hace años albergan familias sin hogar.
Soraire, quien cría vacas, cerdos y cabras, es parte de uno de los seis equipos –tres de criollos y tres de indígenas- que la Fundación para el Desarrollo en Paz y Justicia (Fundapaz) capacitó para construir cisternas recolectoras de agua de lluvia en la zona cercana a Los Blancos.
“Aquí todos quieren su cisterna. Entonces hacemos relevamientos para ver cuáles son las familias que tienen mayores necesidades”, cuenta a IPS en Los Blancos, Enzo Romero, técnico de Fundapaz, una organización no gubernamental que trabaja hace más de 40 años en el desarrollo rural de los asentamientos indígenas y criollos del Chaco argentino.
El director de Fundapaz, Gabriel Seghezzo, explica que “la familia beneficiada debe hacer un pozo de cinco metros de diametro por 1,20 de profundidad, en el que se entierra la cisterna. Además, tiene que darle alojamiento y comidas a los constructores durante la semana que lleva la construcción”.
“Que le cueste esfuerzo a la familia es muy importante. Para que esto salga bien es imprescindible que los beneficiarios se involucren”, agrega Seghezzo a IPS en Salta, la capital de la provincia.
Fundapaz “importó” el sistema de las cisternas de Brasil, gracias a sus muchos contactos con organizaciones sociales de ese país, en espacial con aquellas que también promueven soluciones para los embates de la sequía crónica en la región del Nordeste.
Romero precisa que hasta ahora se ha construido unos 40 techos recolectores y cisternas –a un costo de unos 1.000 dólares cada sistema- en el municipio de Rivadavia Banda Norte, de unos 12.000 kilómetros cuadrados y unos 10.000 habitantes. Es, por supuesto, una muy pequeña parte de lo que se necesita.
“Ojalá todo el Chaco se sembrara con cisternas y no tengamos que llorar más la falta de agua. No queremos pozos de 500 metros de profundidad u otros grandes proyectos. Confiamos en las soluciones locales”, dice Romero, quien estudió Ingeniería Ambiental en la Universidad Nacional de Salta y hace varios años se mudó a Morillo, la cabecera del municipio, unos 1.600 kilómetros al norte de Buenos Aires.
En la ruta nacional 81, la única carretera asfaltada en la zona, conviene transitar despacio: como en la zona no hay alambrados, cerdos, cabras, gallinas y otros animales que crían indígenas y criollos se cruzan permanentemente.
En los alrededores de la vía, metidas dentro del monte, viven comunidades indígenas, como las conocidas como Lote 6 y Lote 8, que ocupan antiguos terrenos fiscales cuya propiedad fue reconocida a integrantes de la etnia wichí (persona o gente en su lengua), una de las más numerosas de la Argentina, con unas 51.000 personas, según cifras oficiales que se consideran un subregistro.
En el Lote 6, Dorita, madre de siete hijos, vive con su esposo Mariano Barraza, en una casa de ladrillos y techo de latón, en cuyo alrededor pasean cabras y gallinas. Los hijos y sus familias vuelven por temporadas desde Los Blancos, donde los nietos van a la escuela, que no hay en la comunidad, ni tampoco transporte.
A unos cien metros de la vivienda, Dorita, que prefirió no dar su apellido, muestra a IPS una pequeña laguna con aguas verdosas. Es lo que en el Chaco salteño llaman “represa”: un pozo cavado por la familia, para almacenar agua de lluvia.
Las familias del Lote 6 hoy tienen un techo recolector y una cisterna almacenadora, pero antes tomaban el agua de las represas, la misma que los animales utilizaban también para abrevarse o incluso para sus deposiciones.
“Los chicos se enferman. Pero las familias muchas veces consumen esa agua contaminada de las represas porque no tienen más alternativa”, explica a IPS la religiosa católica Silvia Reynoso, quien trabaja para Fundapaz en la zona.
En el vecino Lote 8, el wichí Anacleto Montes, quien tiene un techo recolector de 80 metros cuadrados, explica: “Esto fue una solución. Porque nosotros le pedimos al municipio que nos traiga agua, pero hay veces que el camión no está disponible y el agua no llega”.
Lo que Montes no dice es que el agua en el Chaco salteño ha sido también utilizada como una mercancía del clientelismo político.
Lalo Bertea, quien encabeza la Fundación Tepeyac, una organización vinculada a la Iglesia Católica que hace 20 años trabaja en la zona, explicó a IPS: “Habitualmente en épocas de sequía, la municipalidad reparte agua. Y elige adónde llevar por razones políticas. La gente de la zona ya está tan acostumbrada que lo considera normal”.
“La escasez de agua es el problema social más grave en esta zona del Chaco”, dice Bertea, que sostiene que la recolección de agua de lluvia también tiene sus límites y está experimentando con la compra de bombas mexicanas, para extraer de napas donde existe agua potable a una profundidad razonable.
“Lo increíble de este drama es que el Chaco no es el desierto del Sahara. Hay agua, pero la gran cuestión es cómo recolectarla”, subraya.
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Ambiente y el INTI trabajan en el metano de rellenos
Ambiente y el INTI evaluarán el potencial de captura y aprovechamiento energético del metano en rellenos sanitarios
Fecha de Publicación: 11/11/2018
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
El secretario de Control y Monitoreo Ambiental, Thierry Decoud, firmó junto al presidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), Javier Ibáñez, un convenio para la realización del estudio de evaluación del potencial de captura y aprovechamiento energético del metano que se genera en 13 rellenos sanitarios de Argentina. También comprenderá la evaluación de su efecto en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en dichos sitios.
Los rellenos sanitarios a analizar corresponden a ciudades o consorcios de municipios de más de 200 mil habitantes que prestan el servicio de disposición final adecuada de residuos. El convenio, impulsado desde la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, a cargo de Sergio Bergman, tiene un tiempo previsto de finalización de nueve meses, en los que el equipo del INTI realizará un trabajo de campo en diferentes localidades del país.
Este estudio es un hito en el fortalecimiento de las capacidades institucionales de las jurisdicciones nacional, provincial y municipal en materia de aprovechamiento del metano de rellenos sanitarios. A partir de la labor técnica y profesional que desarrollará el INTI en cada jurisdicción, las provincias y municipios podrán conocer y explorar las posibilidades del tratamiento adecuado del biogás que se genera en los rellenos sanitarios, de manera de aprovechar la energía generada, reducir las emisiones y disminuir su impacto en el calentamiento global, en sintonía con el compromiso asumido por Argentina en el Acuerdo de París.
El convenio se enmarca en el proyecto PROBiogás (GEF ARG/16/G23), “Modelos de negocios sostenibles para la producción de biogás a partir de residuos sólidos urbanos orgánicos”. Es ejecutado a través del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con fondos del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por su sigla en inglés). El estudio permitirá además que nuevos proyectos se presenten al programa de promoción de las energías renovables, RenovAR.
Algunas actividades a realizar
- Estimar la disponibilidad de metano generado con potencial de aprovechamiento para la generación de energía eléctrica en los rellenos sanitarios.
- Elaborar una prefactibilidad económica-financiera de los sistemas requeridos para la extracción de biogás y generación de energía eléctrica.
- Especificar las necesidades y requerimientos técnicos de conexión a la red eléctrica en cada sitio.
- Estimar las emisiones actuales de gases de efecto invernadero de los rellenos seleccionados y la potencialidad de mitigación al cambio climático que permita actualizar la información del sector residuos.
- Analizar el marco normativo-regulatorio de cada jurisdicción asociado a este aprovechamiento.
- Elaborar una propuesta de hoja de ruta para entes gubernamentales que detalle la secuencia de pasos a seguir para la explotación sustentable del biogás generado en rellenos sanitarios.
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Fecha de Publicación: 11/11/2018
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
El secretario de Control y Monitoreo Ambiental, Thierry Decoud, firmó junto al presidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), Javier Ibáñez, un convenio para la realización del estudio de evaluación del potencial de captura y aprovechamiento energético del metano que se genera en 13 rellenos sanitarios de Argentina. También comprenderá la evaluación de su efecto en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en dichos sitios.
Los rellenos sanitarios a analizar corresponden a ciudades o consorcios de municipios de más de 200 mil habitantes que prestan el servicio de disposición final adecuada de residuos. El convenio, impulsado desde la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, a cargo de Sergio Bergman, tiene un tiempo previsto de finalización de nueve meses, en los que el equipo del INTI realizará un trabajo de campo en diferentes localidades del país.
Este estudio es un hito en el fortalecimiento de las capacidades institucionales de las jurisdicciones nacional, provincial y municipal en materia de aprovechamiento del metano de rellenos sanitarios. A partir de la labor técnica y profesional que desarrollará el INTI en cada jurisdicción, las provincias y municipios podrán conocer y explorar las posibilidades del tratamiento adecuado del biogás que se genera en los rellenos sanitarios, de manera de aprovechar la energía generada, reducir las emisiones y disminuir su impacto en el calentamiento global, en sintonía con el compromiso asumido por Argentina en el Acuerdo de París.
El convenio se enmarca en el proyecto PROBiogás (GEF ARG/16/G23), “Modelos de negocios sostenibles para la producción de biogás a partir de residuos sólidos urbanos orgánicos”. Es ejecutado a través del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con fondos del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por su sigla en inglés). El estudio permitirá además que nuevos proyectos se presenten al programa de promoción de las energías renovables, RenovAR.
Algunas actividades a realizar
- Estimar la disponibilidad de metano generado con potencial de aprovechamiento para la generación de energía eléctrica en los rellenos sanitarios.
- Elaborar una prefactibilidad económica-financiera de los sistemas requeridos para la extracción de biogás y generación de energía eléctrica.
- Especificar las necesidades y requerimientos técnicos de conexión a la red eléctrica en cada sitio.
- Estimar las emisiones actuales de gases de efecto invernadero de los rellenos seleccionados y la potencialidad de mitigación al cambio climático que permita actualizar la información del sector residuos.
- Analizar el marco normativo-regulatorio de cada jurisdicción asociado a este aprovechamiento.
- Elaborar una propuesta de hoja de ruta para entes gubernamentales que detalle la secuencia de pasos a seguir para la explotación sustentable del biogás generado en rellenos sanitarios.
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No tan "Buenos Aires"
Malos Aires: cuáles son los barrios porteños más contaminados
Fecha de Publicación: 10/11/2018
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: CABA
Un trabajo de monitoreo realizado por la ONG Greenpeace detectó que en siete de las 15 comunas se registran altos índices de contaminantes en el aire; el Gobierno porteño sostiene que trabaja en el monitoreo y criticó la metodología de medición del estudio
La mala calidad del aire que respiramos es el mayor riesgo para la salud y el ambiente, y una de la mayor causa de muerte infantil en el mundo. Así lo indicó esta semana la Organización Mundial de la Salud (OMS) en la primera conferencia mundial que aborda esta problemática y que se realizó en Suiza. En la ciudad de Buenos Aires no estamos ajenos a este flagelo: Caballito, Barracas, Recoleta, Balvanera, Parque Chacabuco, Villa Crespo, San Cristóbal, Belgrano, Villa Lugano, Flores, Villa Devoto y Retiro son los barrios más afectados, según un relevamiento realizado por la ONG Greenpeace.
"Entre los meses octubre 2017 y julio 2018 realizamos tres mediciones estacionales, -la última junto al INQUIMAE (UBA), y más de 80 vecinos de la ciudad- en las que encontramos niveles de contaminación del aire que sobrepasaban los niveles guía de la OMS. Entre los casos más preocupantes, se cuentan jardines maternales en el área de cobertura de la estación Parque Centenario, que mostraban 30% más dióxido de nitrógeno que la indicada por la estación. Jardines maternales y el hospital Gutiérrez, contrastados contra la estación Córdoba mostraban mucha variabilidad, representando diferencias a nivel de exposición mensual. Incluyendo material particulado 2,5 (que las estaciones del GCBA no monitorea) los resultados fueron elevados en algunos jardines maternales. Una medición barrial de dióxido de nitrógeno junto a vecinos mostró que el 40% de las muestras distribuidas en distintos puntos de la ciudad superaron el nivel guía de la OMS", indicó Mauro Fernández, coordinador de Clima y Energía de Greenpeace en Argentina, Chile y Colombia.
El estudio se realizó en el marco del proyecto de Ciencia Ciudadana de la organización ambientalista, donde unas cien muestras fueron distribuidas a los participantes. Con el apoyo del Instituto de Química Física de los Materiales, Medio Ambiente y Energía (INQUIMAE) de la Universidad de Buenos Aires, Greenpeace emprendió una investigación para medir la composición del aire y sus niveles de contaminación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
"Los combustibles de los vehículos motorizados, principalmente el de los colectivos, generan tóxicos perjudiciales para la salud. Entre los contaminantes dañinos se encuentra el dióxido de nitrógeno (NO2) y Materia Particulada (MP10 y MP2.5) que provocan enfermedades cerebrovasculares, cáncer de pulmón, enfermedades pulmonares e infecciones respiratorias, como la neumonía, entre otras", indicaron en Greenpeace.
Según el estudio, al que tuvo acceso Infobae, el promedio de NO2 de las 87 muestras resultó ser el valor límite establecido por la OMS (21 ppb – partes por billón). "En prácticamente todas las comunas existen puntos por encima de los 21 ppb recomendado por la OMS como promedio anual. En algunos casos, las medianas se sitúan bastante por encima de este valor. De un total de 87 puntos muestreados. Siete comunas de quince actualmente están por encima de estos parámetros", agrega.
En el gobierno porteño indicaron que, aunque trabajan para mejorar el sistema de medición de la calidad del aire, no tienen registros que sobrepasen los niveles establecidos por la OMS ni por la normativa local.
"Desde 2005, la Ciudad comenzó a delinear una red de calidad de aire, única en el país, que se fue ampliando paulatinamente tanto por la incorporación de nuevas estaciones como de contaminantes a ser medidos, tales como SO2 y PM2.5, encontrándonos en la etapa final de puesta a punto de la metodología para su medición. En la actualidad, la red cuenta con cuatro estaciones de calidad de aire: estación La Boca, Córdoba, Parque Centenario y estación CIFA (Centro de Información y Formación Ambiental), la cual se incorporó durante el año en curso y ya se encuentra reportando datos de NO-NO2-NOx y CO. Cada una de las estaciones en cuestión están estratégicamente ubicadas en función de las distintas zonificaciones, para conocer la calidad del aire de la Ciudad, complementándose asimismo con monitoreos manuales", indicó Juan Filgueira, de la Agencia de Protección Ambiental porteña.
El organismo aseguró que "los valores se encuentran por debajo de los niveles admisibles establecidos por la normativa local e inclusive de normas internacionales" y criticó la metodología de medición realizada por la ONG. "Es importante utilizar correctamente niveles de calidad de aire de larga exposición (1 año), además de hacer su comparación con niveles del mismo carácter al comparar es muy importante no confundir niveles de larga exposición con los de corto tiempo, a fin de evitar conclusiones erróneas".
En Greenpeace indicaron que, además de la medición, en su capítulo internacional se mapearon los 50 puntos más contaminados del planeta y, entre ellos está Buenos Aires. Para hacerlo utilizaron imágenes satelitales de la European Space Agency.
La ONG ambientalista recordó que en 2015 el gobierno de la Ciudad firmó la Clean Bus Declaration ante el C40, expresando su compromiso a "reducir emisiones del sector del transporte, mejorando la calidad del aire a través de la introducción de colectivos bajos en emisiones —y, finalmente, con cero emisiones— en sus flotas". Estudios de expertos demostraron que era posible tener un 25% de la flota de transporte público eléctrico para 2020.
"Demandamos que se acelere la transición en línea con el acuerdo y comenzar a minimizar así los impactos en la salud de los vecinos de la ciudad y reforzar los esfuerzos contra el cambio climático", agregó Fernández.
El reporte que la OMS dio a conocer esta semana destaca que el 93% de los menores de 15 años en el mundo (unos 1.800 millones de niños) respiran a diario un aire tan contaminado que perjudica a su salud y su crecimiento. En general, el 91% de todos los habitantes del planeta conviven con un aire contaminado, lo que aumenta el riesgo de cáncer a los pulmones, de derrame cerebral y de enfermedades del corazón.
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Fecha de Publicación: 10/11/2018
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: CABA
Un trabajo de monitoreo realizado por la ONG Greenpeace detectó que en siete de las 15 comunas se registran altos índices de contaminantes en el aire; el Gobierno porteño sostiene que trabaja en el monitoreo y criticó la metodología de medición del estudio
La mala calidad del aire que respiramos es el mayor riesgo para la salud y el ambiente, y una de la mayor causa de muerte infantil en el mundo. Así lo indicó esta semana la Organización Mundial de la Salud (OMS) en la primera conferencia mundial que aborda esta problemática y que se realizó en Suiza. En la ciudad de Buenos Aires no estamos ajenos a este flagelo: Caballito, Barracas, Recoleta, Balvanera, Parque Chacabuco, Villa Crespo, San Cristóbal, Belgrano, Villa Lugano, Flores, Villa Devoto y Retiro son los barrios más afectados, según un relevamiento realizado por la ONG Greenpeace.
"Entre los meses octubre 2017 y julio 2018 realizamos tres mediciones estacionales, -la última junto al INQUIMAE (UBA), y más de 80 vecinos de la ciudad- en las que encontramos niveles de contaminación del aire que sobrepasaban los niveles guía de la OMS. Entre los casos más preocupantes, se cuentan jardines maternales en el área de cobertura de la estación Parque Centenario, que mostraban 30% más dióxido de nitrógeno que la indicada por la estación. Jardines maternales y el hospital Gutiérrez, contrastados contra la estación Córdoba mostraban mucha variabilidad, representando diferencias a nivel de exposición mensual. Incluyendo material particulado 2,5 (que las estaciones del GCBA no monitorea) los resultados fueron elevados en algunos jardines maternales. Una medición barrial de dióxido de nitrógeno junto a vecinos mostró que el 40% de las muestras distribuidas en distintos puntos de la ciudad superaron el nivel guía de la OMS", indicó Mauro Fernández, coordinador de Clima y Energía de Greenpeace en Argentina, Chile y Colombia.
El estudio se realizó en el marco del proyecto de Ciencia Ciudadana de la organización ambientalista, donde unas cien muestras fueron distribuidas a los participantes. Con el apoyo del Instituto de Química Física de los Materiales, Medio Ambiente y Energía (INQUIMAE) de la Universidad de Buenos Aires, Greenpeace emprendió una investigación para medir la composición del aire y sus niveles de contaminación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
"Los combustibles de los vehículos motorizados, principalmente el de los colectivos, generan tóxicos perjudiciales para la salud. Entre los contaminantes dañinos se encuentra el dióxido de nitrógeno (NO2) y Materia Particulada (MP10 y MP2.5) que provocan enfermedades cerebrovasculares, cáncer de pulmón, enfermedades pulmonares e infecciones respiratorias, como la neumonía, entre otras", indicaron en Greenpeace.
Según el estudio, al que tuvo acceso Infobae, el promedio de NO2 de las 87 muestras resultó ser el valor límite establecido por la OMS (21 ppb – partes por billón). "En prácticamente todas las comunas existen puntos por encima de los 21 ppb recomendado por la OMS como promedio anual. En algunos casos, las medianas se sitúan bastante por encima de este valor. De un total de 87 puntos muestreados. Siete comunas de quince actualmente están por encima de estos parámetros", agrega.
En el gobierno porteño indicaron que, aunque trabajan para mejorar el sistema de medición de la calidad del aire, no tienen registros que sobrepasen los niveles establecidos por la OMS ni por la normativa local.
"Desde 2005, la Ciudad comenzó a delinear una red de calidad de aire, única en el país, que se fue ampliando paulatinamente tanto por la incorporación de nuevas estaciones como de contaminantes a ser medidos, tales como SO2 y PM2.5, encontrándonos en la etapa final de puesta a punto de la metodología para su medición. En la actualidad, la red cuenta con cuatro estaciones de calidad de aire: estación La Boca, Córdoba, Parque Centenario y estación CIFA (Centro de Información y Formación Ambiental), la cual se incorporó durante el año en curso y ya se encuentra reportando datos de NO-NO2-NOx y CO. Cada una de las estaciones en cuestión están estratégicamente ubicadas en función de las distintas zonificaciones, para conocer la calidad del aire de la Ciudad, complementándose asimismo con monitoreos manuales", indicó Juan Filgueira, de la Agencia de Protección Ambiental porteña.
El organismo aseguró que "los valores se encuentran por debajo de los niveles admisibles establecidos por la normativa local e inclusive de normas internacionales" y criticó la metodología de medición realizada por la ONG. "Es importante utilizar correctamente niveles de calidad de aire de larga exposición (1 año), además de hacer su comparación con niveles del mismo carácter al comparar es muy importante no confundir niveles de larga exposición con los de corto tiempo, a fin de evitar conclusiones erróneas".
En Greenpeace indicaron que, además de la medición, en su capítulo internacional se mapearon los 50 puntos más contaminados del planeta y, entre ellos está Buenos Aires. Para hacerlo utilizaron imágenes satelitales de la European Space Agency.
La ONG ambientalista recordó que en 2015 el gobierno de la Ciudad firmó la Clean Bus Declaration ante el C40, expresando su compromiso a "reducir emisiones del sector del transporte, mejorando la calidad del aire a través de la introducción de colectivos bajos en emisiones —y, finalmente, con cero emisiones— en sus flotas". Estudios de expertos demostraron que era posible tener un 25% de la flota de transporte público eléctrico para 2020.
"Demandamos que se acelere la transición en línea con el acuerdo y comenzar a minimizar así los impactos en la salud de los vecinos de la ciudad y reforzar los esfuerzos contra el cambio climático", agregó Fernández.
El reporte que la OMS dio a conocer esta semana destaca que el 93% de los menores de 15 años en el mundo (unos 1.800 millones de niños) respiran a diario un aire tan contaminado que perjudica a su salud y su crecimiento. En general, el 91% de todos los habitantes del planeta conviven con un aire contaminado, lo que aumenta el riesgo de cáncer a los pulmones, de derrame cerebral y de enfermedades del corazón.
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Fiesta del desmonte en Salta
Greenpeace representó “la fiesta del desmonte” y denunció que el salteño “Urtubey es cómplice de los criminales”
Fecha de Publicación: 10/11/2018
Fuente: Contexto Tucumán
Provincia/Región: Salta
Con una intervención callejera en el ingreso de la Casa de Salta, activistas de Greenpeace representaron la fiesta del desmonte liderada por el gobernador de la provincia, Juan Manuel Urtubey.
“La fiesta del desmonte suele ser exclusiva para los empresarios y productores agrícolas que, con el aval de los funcionarios, destruyen a su antojo los bosques salteños, a pesar de estar protegidos por la Ley Nacional de Bosques. Por eso, hoy quisimos mostrar la fiesta, para denunciar públicamente la impunidad con la que se manejan en relación a nuestros bosques. Mientras las lluvias inundan a Anta, la fiesta del desmonte continúa.”, expresó Diego Salas, director de desarrollo de Greenpeace.
Según la organización ecologista, en el norte argentino se concentra el 80% de la deforestación del país, en Salta, Chaco, Santiago del Estero y Formosa.
En el caso de Salta, ya fue deforestado el 30% de sus bosques nativos. De acuerdo a datos oficiales, se destruyeron 1.406.005 hectáreas entre 1998 y 2017 en la provincia, 70 veces la superficie de CABA. Desde la sanción de la Ley de Bosques, en 2007, la mitad de los desmonte en Salta fueron ilegales.
A pesar de que tanto la Nación como la Provincia dictaron resoluciones que suspenden los permisos de desmonte en 32 fincas salteñas y obligan a la remediación de las zonas afectadas, la deforestación continúa avanzando.
Tres de las 32 fincas son casos que ya habían sido denunciados en 2014 (1), las estancias Cuchuy (550 hectáreas), Los Pozos (540 hectáreas) y La Peregrina (200 hectáreas). Sus dueños son Alejandro Braun Peña (primo del Jefe de Gabinete de la Nación e integrante del directorio de empresas de la familia Macri), Pedro Cignetti (empresario puntano) y Bruno Varela Marín (empresario uruguayo).
“A pesar de sus promesas de detener el desmonte ilegal en su provincia, el gobernador Urtubey continúa siendo cómplice de estos criminales. Por eso, le exigimos que cumpla su rol y controle el cumplimiento de la normativa vigente, aplique multas significativas y los obligue a reforestar”, señaló Salas.
Etiquetas:
agricultura industrial,
Desmontes,
ecosistemas,
política ambiental,
Salta
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Dos ejemplares de Yaguareté para sumar a su supervivencia
Se permitió el ingreso al país de dos ejemplares hembras de Yaguareté
Fecha de Publicación: 10/11/2018
Fuente: El Intransigente
Provincia/Región: Corrientes
Las especies provienen de Brasil, con destino a la provincia de Corrientes, a las instalaciones del Centro Experimental de Cría de Yaguareté
La Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable, permitió el ingreso al país por vía terrestre, a dos ejemplares hembras de Yaguareté (Panthera onca), por el paso fronterizo Foz do Iguaçu, Brasil – Puerto Iguazú Argentina.
Según la Resolución 52/2018, publicada hoy en el Boletín Oficial, se autorizó la importación de dos ejemplares hembras de Yaguareté (Panthera onca), provenientes de la República Federativa de Brasil, por el paso fronterizo Foz do Iguaçu– Puerto Iguazú, con destino a la provincia de Corrientes, a las instalaciones del Centro Experimental de Cría de Yaguareté (CECY), de la Fundación The Conservation Land Trust.
De esta manera, teniendo en cuenta los términos de la medida, la autorización dispuesta, tendrá vigencia por el término de un año.
En tanto, la Fundación The Conservation Land Trust solicitó la importación de dos ejemplares hembras, de Yaguareté (Panthera onca), provenientes de La República Federativa de Brasil, para incorporarlas al Centro Experimental de Cría de Yaguareté (CECY), los cuales, por motivo de bienestar animal, serán ingresados al país por el paso fronterizo Foz do Iguaçu, perteneciente a Brasil y el Puerto Iguazú, del territorio argentino.
El Decreto N° 666 de fecha 25 de julio de 1997, establece que las autoridades deben respetar el equilibrio entre los diversos beneficios económicos, culturales, agropecuarios, recreativos y estéticos que la fauna silvestre aporta al hombre, dando en todos los casos la debida importancia a su conservación como criterio rector de los actos que se otorguen. En este sentido, “resulta necesario que en la utilización sustentable de la fauna silvestre se prioricen y apliquen todas las medidas y procedimientos necesarios para su preservación”, resalta el texto oficial.
Asimismo, la Dirección Nacional de Biodiversidad de la Secretaría de Política Ambiental en Recursos Naturales de la Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable, elaboró el pertinente informe técnico que avala esta decisión.
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Fecha de Publicación: 10/11/2018
Fuente: El Intransigente
Provincia/Región: Corrientes
Las especies provienen de Brasil, con destino a la provincia de Corrientes, a las instalaciones del Centro Experimental de Cría de Yaguareté
La Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable, permitió el ingreso al país por vía terrestre, a dos ejemplares hembras de Yaguareté (Panthera onca), por el paso fronterizo Foz do Iguaçu, Brasil – Puerto Iguazú Argentina.
Según la Resolución 52/2018, publicada hoy en el Boletín Oficial, se autorizó la importación de dos ejemplares hembras de Yaguareté (Panthera onca), provenientes de la República Federativa de Brasil, por el paso fronterizo Foz do Iguaçu– Puerto Iguazú, con destino a la provincia de Corrientes, a las instalaciones del Centro Experimental de Cría de Yaguareté (CECY), de la Fundación The Conservation Land Trust.
De esta manera, teniendo en cuenta los términos de la medida, la autorización dispuesta, tendrá vigencia por el término de un año.
En tanto, la Fundación The Conservation Land Trust solicitó la importación de dos ejemplares hembras, de Yaguareté (Panthera onca), provenientes de La República Federativa de Brasil, para incorporarlas al Centro Experimental de Cría de Yaguareté (CECY), los cuales, por motivo de bienestar animal, serán ingresados al país por el paso fronterizo Foz do Iguaçu, perteneciente a Brasil y el Puerto Iguazú, del territorio argentino.
El Decreto N° 666 de fecha 25 de julio de 1997, establece que las autoridades deben respetar el equilibrio entre los diversos beneficios económicos, culturales, agropecuarios, recreativos y estéticos que la fauna silvestre aporta al hombre, dando en todos los casos la debida importancia a su conservación como criterio rector de los actos que se otorguen. En este sentido, “resulta necesario que en la utilización sustentable de la fauna silvestre se prioricen y apliquen todas las medidas y procedimientos necesarios para su preservación”, resalta el texto oficial.
Asimismo, la Dirección Nacional de Biodiversidad de la Secretaría de Política Ambiental en Recursos Naturales de la Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable, elaboró el pertinente informe técnico que avala esta decisión.
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Nueva pastera de Botnia se está complicando
Se complica la aprobación de la nueva pastera de Botnia a orillas del río Negro
Fecha de Publicación: 10/11/2018
Fuente: Maxima On Line
Provincia/Región: Nacional
La DINAMA pide a la empresa más estudios sobre la calidad del agua. Se modifica el plazo para aprobar un Estudio de Impacto Ambiental objetado ya en dos ocasiones. Se confirma así lo anticipado por la Asamblea Ciudadana Ambiental en la Cancillería argentina en junio pasado.
La instalación de una nueva planta de celulosa en territorio uruguayo a orillas del río Negro, se complica cada vez más. Las deficiencias detectadas en septiembre pasado en el Estudio de Impacto Ambiental presentado por UPM (ex Botnia) para la construcción de su segunda pastera, se han multiplicado después que la empresa presentó por segunda vez dicho informe ante las autoridades del vecino país.
La semana pasada, la Dirección Nacional de Medio Ambiente del Uruguay (DINAMA) solicitó a los finlandeses que presenten nuevos estudios adicionales sobre la calidad del agua y otras cuestiones, en el marco de los análisis y comprobaciones que vienen realizado los técnicos uruguayos del documento de Impacto Ambiental, cuya convalidación es condición imprescindible para autorizar la implantación de la fábrica de celulosa, que duplicará en tamaño y producción a la ya existente en Fray Bentos.
En septiembre, la DINAMA ya había efectuado más de una docena de objeciones al rechazar el Estudio de Impacto elevado por la empresa y le pidió que lo presentara nuevamente.
Ahora, y ante la nueva decisión adoptada por los técnicos de la DINAMA, la ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Eneida de León, se vio obligada extender, hasta marzo de 2019, la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental que deberá realizarse mediante Audiencia Pública tal como lo prevé la legislación uruguaya. Esto implica que el Estado uruguayo ya no podrá cumplir con su compromiso de otorgar el Certificado de Aptitud Ambiental en enero próximo, como figura en el acuerdo que firmó con la corporación finlandesa en noviembre de 2017.
Así las cosas, y pese a la información "edulcorada" que hizo circular la Presidencia de la República, la ministra de León, junto a su segundo Jorge Rucks y al titular de la DINAMA, Alejandro Nario se trasladaron el pasado jueves a la localidad Paso de los Toros, en el departamento de Durazno, donde UPM planea instalar su nueva pastera. Oficialmente el pretexto del viaje era inauguracón de las actividades de la Comisión de la Cuenca del río Negro, pero en realidad el motivo principal de la ministra de Leòn era mantener un encuentro con el Intendente de Durazno, Carmelo Vidalín, para informarle sobre los nuevos estudios sobre la calidad del agua que deberá presentar UPM, además de un Informe respecto de los terrenos para la construcción de viviendas temporales y las áreas de desarrollo urbano en la zona de la obra, que los finlandeses deberán presentar en un plazo de 30 días.
Asimismo, en dicha reunión, la ministra de León también le refirió a Vidalín que la construcción del ferrocarril que exige UPM para transportar la celulosa desde Paso de los Toros hasta el puerto de Montevideo también está en problemas. Lo que transmitió al Intendente de Durazno fue que el Tribunal de Cuentas del Uruguay ha identificado varias "inconsistencias en el proceso licitatorio", que complican la aprobación de la adjudicación de las obras por parte del citado organismo.
Otra de las cuestiones que abordó la ministra de León en Paso de los Toros se refirió a la problemática que existe respecto a las casi seguras inundaciones que se producirían causadas por cauces internos del río Negro en predios cercanos a las localidades de Pueblo Centenario y Carlos Reyles, una vez instalada la nueva planta de celulosa. En este sentido, de León le informó al intendente Vidalín que los técnicos de la Dirección Nacional de Agua (DINAGUA) trabajan en diversos estudios para establecer fehacientemente cual podría ser el impacto que podría ocasionar dicha situación.
Tras el encuentro con en la Intendencia de Durazno con Vidalín, la ministra de León se trasladó al Parador de Paso de los Toros, donde puso en marcha la Comisión de la Cuenca del Río Negro, dispuesta por un decreto del Ejecutivo que preside Tabaré Vázquez y que deberá abordar la situación de dicho curso de agua.
Durante esa reunión, la Ministra reconoció públicamente que el río Negro “está muy contaminado”, especialmente en “las nacientes y en la cuenca baja” e indicó que solucionar el problema “no es tan fácil como plantea la empresa” (por UPM).
Cabe recordar que, de acuerdo a la Validación de Localización Ambiental (VAL) aprobada por la DINAMA en mayo de este año, y que es el paso previo ineludible para la presentación del Estudio de Impacto Ambiental, en el caso de que la instalación de la nueva pastera de UPM a orillas del río Negro no fuera posible ya sea por razones ambientales o de otra naturaleza, la primera opción alternativa propuesta por la empresa y aceptada por el Gobierno uruguayo, es Fray Bentos.
En junio pasado, un mes después de la pre autorización que recibió UPM de parte de la DINAMA, el Intendente de nuestra ciudad Martín Piaggio, junto al diputado nacional Julio Solanas fueron recibidos en Buenos Aires por altos funcionarios de la Cancillería argentina, en donde además estuvo presente el titular de la CARU.
En dicho encuentro, dos representantes de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú, durante una hora y media, expusieron con datos concretos sobre la imposibilidad que la nueva pastera de UPM pueda instalarse a orillas del río Negro por múltiples razones técnicas, anticiparon que un Estudio de Impacto Ambiental en esas condiciones no podría ser aprobado por la DINAMA, tal como finalmente viene sucediendo y alertaron a las autoridades argentinas sobre la posibilidad real de que la mega planta de celulosa termine por instalarse finalmente en Fray Bentos.
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Fecha de Publicación: 10/11/2018
Fuente: Maxima On Line
Provincia/Región: Nacional
La DINAMA pide a la empresa más estudios sobre la calidad del agua. Se modifica el plazo para aprobar un Estudio de Impacto Ambiental objetado ya en dos ocasiones. Se confirma así lo anticipado por la Asamblea Ciudadana Ambiental en la Cancillería argentina en junio pasado.
La instalación de una nueva planta de celulosa en territorio uruguayo a orillas del río Negro, se complica cada vez más. Las deficiencias detectadas en septiembre pasado en el Estudio de Impacto Ambiental presentado por UPM (ex Botnia) para la construcción de su segunda pastera, se han multiplicado después que la empresa presentó por segunda vez dicho informe ante las autoridades del vecino país.
La semana pasada, la Dirección Nacional de Medio Ambiente del Uruguay (DINAMA) solicitó a los finlandeses que presenten nuevos estudios adicionales sobre la calidad del agua y otras cuestiones, en el marco de los análisis y comprobaciones que vienen realizado los técnicos uruguayos del documento de Impacto Ambiental, cuya convalidación es condición imprescindible para autorizar la implantación de la fábrica de celulosa, que duplicará en tamaño y producción a la ya existente en Fray Bentos.
En septiembre, la DINAMA ya había efectuado más de una docena de objeciones al rechazar el Estudio de Impacto elevado por la empresa y le pidió que lo presentara nuevamente.
Ahora, y ante la nueva decisión adoptada por los técnicos de la DINAMA, la ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Eneida de León, se vio obligada extender, hasta marzo de 2019, la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental que deberá realizarse mediante Audiencia Pública tal como lo prevé la legislación uruguaya. Esto implica que el Estado uruguayo ya no podrá cumplir con su compromiso de otorgar el Certificado de Aptitud Ambiental en enero próximo, como figura en el acuerdo que firmó con la corporación finlandesa en noviembre de 2017.
Así las cosas, y pese a la información "edulcorada" que hizo circular la Presidencia de la República, la ministra de León, junto a su segundo Jorge Rucks y al titular de la DINAMA, Alejandro Nario se trasladaron el pasado jueves a la localidad Paso de los Toros, en el departamento de Durazno, donde UPM planea instalar su nueva pastera. Oficialmente el pretexto del viaje era inauguracón de las actividades de la Comisión de la Cuenca del río Negro, pero en realidad el motivo principal de la ministra de Leòn era mantener un encuentro con el Intendente de Durazno, Carmelo Vidalín, para informarle sobre los nuevos estudios sobre la calidad del agua que deberá presentar UPM, además de un Informe respecto de los terrenos para la construcción de viviendas temporales y las áreas de desarrollo urbano en la zona de la obra, que los finlandeses deberán presentar en un plazo de 30 días.
Asimismo, en dicha reunión, la ministra de León también le refirió a Vidalín que la construcción del ferrocarril que exige UPM para transportar la celulosa desde Paso de los Toros hasta el puerto de Montevideo también está en problemas. Lo que transmitió al Intendente de Durazno fue que el Tribunal de Cuentas del Uruguay ha identificado varias "inconsistencias en el proceso licitatorio", que complican la aprobación de la adjudicación de las obras por parte del citado organismo.
Otra de las cuestiones que abordó la ministra de León en Paso de los Toros se refirió a la problemática que existe respecto a las casi seguras inundaciones que se producirían causadas por cauces internos del río Negro en predios cercanos a las localidades de Pueblo Centenario y Carlos Reyles, una vez instalada la nueva planta de celulosa. En este sentido, de León le informó al intendente Vidalín que los técnicos de la Dirección Nacional de Agua (DINAGUA) trabajan en diversos estudios para establecer fehacientemente cual podría ser el impacto que podría ocasionar dicha situación.
Tras el encuentro con en la Intendencia de Durazno con Vidalín, la ministra de León se trasladó al Parador de Paso de los Toros, donde puso en marcha la Comisión de la Cuenca del Río Negro, dispuesta por un decreto del Ejecutivo que preside Tabaré Vázquez y que deberá abordar la situación de dicho curso de agua.
Durante esa reunión, la Ministra reconoció públicamente que el río Negro “está muy contaminado”, especialmente en “las nacientes y en la cuenca baja” e indicó que solucionar el problema “no es tan fácil como plantea la empresa” (por UPM).
Cabe recordar que, de acuerdo a la Validación de Localización Ambiental (VAL) aprobada por la DINAMA en mayo de este año, y que es el paso previo ineludible para la presentación del Estudio de Impacto Ambiental, en el caso de que la instalación de la nueva pastera de UPM a orillas del río Negro no fuera posible ya sea por razones ambientales o de otra naturaleza, la primera opción alternativa propuesta por la empresa y aceptada por el Gobierno uruguayo, es Fray Bentos.
En junio pasado, un mes después de la pre autorización que recibió UPM de parte de la DINAMA, el Intendente de nuestra ciudad Martín Piaggio, junto al diputado nacional Julio Solanas fueron recibidos en Buenos Aires por altos funcionarios de la Cancillería argentina, en donde además estuvo presente el titular de la CARU.
En dicho encuentro, dos representantes de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú, durante una hora y media, expusieron con datos concretos sobre la imposibilidad que la nueva pastera de UPM pueda instalarse a orillas del río Negro por múltiples razones técnicas, anticiparon que un Estudio de Impacto Ambiental en esas condiciones no podría ser aprobado por la DINAMA, tal como finalmente viene sucediendo y alertaron a las autoridades argentinas sobre la posibilidad real de que la mega planta de celulosa termine por instalarse finalmente en Fray Bentos.
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Riachuelo: Convocan a una nueva Audiencia Pública
Convocamos a una nueva Audiencia Pública
Fecha de Publicación: 09/11/2018
Fuente: Acumar
Provincia/Región: Riachuelo
A partir de este jueves 8 de noviembre todos los interesados en participar como oradores de la Audiencia sobre la Estrategia de Salud Ambiental en la Cuenca Matanza Riachuelo pueden hacerlo a través de la página http://audienciapublica.acumar.gov.ar/
El próximo 23 de noviembre a las 9 de la mañana se desarrollará la Audiencia Pública sobre la Estrategia de Salud Ambiental en la Cuenca Matanza Riachuelo, en el Salón Auditorio de la Universidad de Morón, ubicada en Cabildo 134.
En esta jornada de participación ciudadana autoridades, organizaciones y vecinos expondrán sus inquietudes, ideas y propuestas sobre la Estrategia de Salud en la Cuenca.
Desde el 8 y hasta el 20 de noviembre los interesados en participar como oradores en la Audiencia Pública podrán hacerlo de manera libre y gratuita a través de la web http://audienciapublica.acumar.gov.ar/
“Creemos que lo que estamos presentando responde a una demanda histórica del organismo: un organismo que reconozca el estado real de la Salud Ambiental en la Cuenca Matanza Riachuelo y de respuestas de acción concreta para mejorar la calidad de vida de la gente. Por primera vez, ACUMAR apunta su accionar a la vigilancia sanitaria de los riesgos e impactos; centra su marco conceptual en los determinantes ambientales y la vulnerabilidad de la población; y busca priorizar las intervenciones en las jurisdicciones”, aseguró la presidenta de ACUMAR, Dorina Bonetti y agregó: “Sabemos que esto requiere un fuerte compromiso de trabajo intersectorial, de cada uno de los gobiernos de las jurisdicciones de la Cuenca, sus áreas de salud ambiental, y de otras áreas de organismos gubernamentales y no gubernamentales vinculadas a la resolución de las problemáticas de salud ambiental, y es por ello que entendemos que esta estrategia debe ser expuesta en Audiencia Pública”.
La opinión de los ciudadanos nos permite desarrollar una política pública más participativa y fortalecer la visión vompartida de la Cuenca que queremos. Si querés participar como oyente, no es necesario registrarte. Por dudas o consultas, comunicate al 5236-4189 o a participacion@acumar.gob.ar
Se puede bajar el documento de consulta en el siguiente link: http://www.acumar.gob.ar/eje-social/participacion-social/audiencias-publicas/audiencia-publica-2018-nov/
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Fecha de Publicación: 09/11/2018
Fuente: Acumar
Provincia/Región: Riachuelo
A partir de este jueves 8 de noviembre todos los interesados en participar como oradores de la Audiencia sobre la Estrategia de Salud Ambiental en la Cuenca Matanza Riachuelo pueden hacerlo a través de la página http://audienciapublica.acumar.gov.ar/
El próximo 23 de noviembre a las 9 de la mañana se desarrollará la Audiencia Pública sobre la Estrategia de Salud Ambiental en la Cuenca Matanza Riachuelo, en el Salón Auditorio de la Universidad de Morón, ubicada en Cabildo 134.
En esta jornada de participación ciudadana autoridades, organizaciones y vecinos expondrán sus inquietudes, ideas y propuestas sobre la Estrategia de Salud en la Cuenca.
Desde el 8 y hasta el 20 de noviembre los interesados en participar como oradores en la Audiencia Pública podrán hacerlo de manera libre y gratuita a través de la web http://audienciapublica.acumar.gov.ar/
“Creemos que lo que estamos presentando responde a una demanda histórica del organismo: un organismo que reconozca el estado real de la Salud Ambiental en la Cuenca Matanza Riachuelo y de respuestas de acción concreta para mejorar la calidad de vida de la gente. Por primera vez, ACUMAR apunta su accionar a la vigilancia sanitaria de los riesgos e impactos; centra su marco conceptual en los determinantes ambientales y la vulnerabilidad de la población; y busca priorizar las intervenciones en las jurisdicciones”, aseguró la presidenta de ACUMAR, Dorina Bonetti y agregó: “Sabemos que esto requiere un fuerte compromiso de trabajo intersectorial, de cada uno de los gobiernos de las jurisdicciones de la Cuenca, sus áreas de salud ambiental, y de otras áreas de organismos gubernamentales y no gubernamentales vinculadas a la resolución de las problemáticas de salud ambiental, y es por ello que entendemos que esta estrategia debe ser expuesta en Audiencia Pública”.
La opinión de los ciudadanos nos permite desarrollar una política pública más participativa y fortalecer la visión vompartida de la Cuenca que queremos. Si querés participar como oyente, no es necesario registrarte. Por dudas o consultas, comunicate al 5236-4189 o a participacion@acumar.gob.ar
Se puede bajar el documento de consulta en el siguiente link: http://www.acumar.gob.ar/eje-social/participacion-social/audiencias-publicas/audiencia-publica-2018-nov/
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Represas de Santa Cruz: negocian con pueblos nativos
El Gobierno negocia con comunidades indígenas para destrabar las represas de Santa Cruz
Fecha de Publicación: 09/11/2018
Fuente: EconoJournal
Provincia/Región: Santa Cruz
Integración Energética Argentina (IEASA) confirmó su participación en la reunión de la Mesa de Diálogo convocada por el Instituto de Asuntos Indígenas. Se desarrollará el próximo 6 y 7 de diciembre en la ciudad de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz.
Integración Energética Argentina (IEASA) confirmó su participación en la reunión de la Mesa de Diálogo convocada por el Instituto de Asuntos Indígenas. La misma se desarrollará el próximo jueves 6 y viernes 7 de diciembre en la ciudad de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz.
En tanto, la empresa también brindará asistencia para que el martes 20 y miércoles 21 de noviembre se lleven a cabo espacios de encuentro entre las autoridades comunitarias y los asesores que ellas definan.
Estos encuentros se dan en el marco del desarrollo del proyecto de Aprovechamientos Hidroeléctricos del río Santa Cruz -Represas Cóndor Cliff y La Barrancosa-, convocado por el Estado Nacional a través de la Secretaría de Gobierno de Energía y el Instituto de Asuntos Indígenas a fin de avanzar en el proceso de consulta previa entre los actores involucrados y las comunidades aborígenes.
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Fecha de Publicación: 09/11/2018
Fuente: EconoJournal
Provincia/Región: Santa Cruz
Integración Energética Argentina (IEASA) confirmó su participación en la reunión de la Mesa de Diálogo convocada por el Instituto de Asuntos Indígenas. Se desarrollará el próximo 6 y 7 de diciembre en la ciudad de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz.
Integración Energética Argentina (IEASA) confirmó su participación en la reunión de la Mesa de Diálogo convocada por el Instituto de Asuntos Indígenas. La misma se desarrollará el próximo jueves 6 y viernes 7 de diciembre en la ciudad de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz.
En tanto, la empresa también brindará asistencia para que el martes 20 y miércoles 21 de noviembre se lleven a cabo espacios de encuentro entre las autoridades comunitarias y los asesores que ellas definan.
Estos encuentros se dan en el marco del desarrollo del proyecto de Aprovechamientos Hidroeléctricos del río Santa Cruz -Represas Cóndor Cliff y La Barrancosa-, convocado por el Estado Nacional a través de la Secretaría de Gobierno de Energía y el Instituto de Asuntos Indígenas a fin de avanzar en el proceso de consulta previa entre los actores involucrados y las comunidades aborígenes.
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Misiones: reservas privadas quieren beneficios del BM
Reservas privadas pedirán ser incluidas en los beneficios del Banco Mundial
Fecha de Publicación: 09/11/2018
Fuente: Primera Edición
Provincia/Región: Misiones
La provincia de Misiones tiene aprobada más de una veintena de Reservas Naturales protegidas privadas que pertenecen al circuito Áreas Protegidas Privadas NEA. Es la provincia que más reservas privadas tiene aprobadas por el Ministerio de Ecología, pero la mayoría son pequeñas parcelas o chacras, propiedades que en total conforman unas 10.500 hectáreas.
Cada una de estas unidades funciona de manera particular y tiene sus propios manejos. Algunas de ellas son productivas, pero con los niveles de cuidado del medio ambiente que exige el Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables.
En la reunión que mantuvieron hace una semana en la Reserva Akaguapy de San Vicente participaron referentes de trece reservas naturales entre ellas la anfitriona Akaguapy, además de Puerto Bemberg, Club de Río, Yacutoro, La Coral, El Cantar de la Pachamama, Curindy, FVSA (Fundación Vida Silvestre Argentina) entre responsables de otras.
En el orden del día estaban previstos varios temas de interés para las Reservas Privadas. Allí se propuso generar un convenio con la UNaM para organizar proyectos específicos para las reservas. También generar prácticas profesionales en las reservas de la RED del NEA a la que pertenecen las reservas de Misiones.
En este marco también se evaluó la necesidad de solicitar a la Facultad de Ciencias Forestales de la UNaM de Eldorado una certificación y asesoramiento para que las reservas naturales de manejos privados de Misiones sean incluidas en el sistema de beneficios de Bono de Carbono; que es un aporte monetario que hacen organismos internacionales como el Banco Mundial a los entes privados que cuidan el medio ambiente.
En Argentina, en casi todas las provincias, hay reservas de este tipo y muchas cobran por el beneficio de cuidar el medio ambiente. Pero en Misiones ninguna de las reservas privadas cobra por este “servicio”.
Los referentes de las reservas naturales privadas protegidas entienden que “ofrecen ese servicio ambiental” que reclaman los entes internacionales y que deben ser incluidos en los beneficios económicos que vienen al país para ese fin.
Afirman que, hasta ahora, ofrecen ese “servicio” en forma gratuita y en muchos de los casos perdiendo el lucro por mantener el cuidado del medio ambiente y no son reconocidos. Para comenzar a tramitar necesitan la certificación de una universidad pública y ahí es donde entra la Facultad de Ciencias Forestales.
En este sentido, se propuso en la reunión comenzar a gestionar con el Ministerio de Ecología para que los planes operativos (POA) de los fondos de bosques (Ley 26.331) tengan coherencia entre las reservas beneficiarias y todos puedan homologar algunas acciones o líneas tales como Monitoreos de biodiversidad, etc.
Además, que se pueda contar con profesionales como responsables técnicos que cobren lo justo y sean capacitados para trabajar y planificar en reservas naturales. El reclamo es que la mayor cantidad de estos fondos va a parar a manos de pocas reservas naturales de grandes extensiones que tienen mucho lobby en los medios nacionales.
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Fecha de Publicación: 09/11/2018
Fuente: Primera Edición
Provincia/Región: Misiones
La provincia de Misiones tiene aprobada más de una veintena de Reservas Naturales protegidas privadas que pertenecen al circuito Áreas Protegidas Privadas NEA. Es la provincia que más reservas privadas tiene aprobadas por el Ministerio de Ecología, pero la mayoría son pequeñas parcelas o chacras, propiedades que en total conforman unas 10.500 hectáreas.
Cada una de estas unidades funciona de manera particular y tiene sus propios manejos. Algunas de ellas son productivas, pero con los niveles de cuidado del medio ambiente que exige el Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables.
En la reunión que mantuvieron hace una semana en la Reserva Akaguapy de San Vicente participaron referentes de trece reservas naturales entre ellas la anfitriona Akaguapy, además de Puerto Bemberg, Club de Río, Yacutoro, La Coral, El Cantar de la Pachamama, Curindy, FVSA (Fundación Vida Silvestre Argentina) entre responsables de otras.
En el orden del día estaban previstos varios temas de interés para las Reservas Privadas. Allí se propuso generar un convenio con la UNaM para organizar proyectos específicos para las reservas. También generar prácticas profesionales en las reservas de la RED del NEA a la que pertenecen las reservas de Misiones.
En este marco también se evaluó la necesidad de solicitar a la Facultad de Ciencias Forestales de la UNaM de Eldorado una certificación y asesoramiento para que las reservas naturales de manejos privados de Misiones sean incluidas en el sistema de beneficios de Bono de Carbono; que es un aporte monetario que hacen organismos internacionales como el Banco Mundial a los entes privados que cuidan el medio ambiente.
En Argentina, en casi todas las provincias, hay reservas de este tipo y muchas cobran por el beneficio de cuidar el medio ambiente. Pero en Misiones ninguna de las reservas privadas cobra por este “servicio”.
Los referentes de las reservas naturales privadas protegidas entienden que “ofrecen ese servicio ambiental” que reclaman los entes internacionales y que deben ser incluidos en los beneficios económicos que vienen al país para ese fin.
Afirman que, hasta ahora, ofrecen ese “servicio” en forma gratuita y en muchos de los casos perdiendo el lucro por mantener el cuidado del medio ambiente y no son reconocidos. Para comenzar a tramitar necesitan la certificación de una universidad pública y ahí es donde entra la Facultad de Ciencias Forestales.
En este sentido, se propuso en la reunión comenzar a gestionar con el Ministerio de Ecología para que los planes operativos (POA) de los fondos de bosques (Ley 26.331) tengan coherencia entre las reservas beneficiarias y todos puedan homologar algunas acciones o líneas tales como Monitoreos de biodiversidad, etc.
Además, que se pueda contar con profesionales como responsables técnicos que cobren lo justo y sean capacitados para trabajar y planificar en reservas naturales. El reclamo es que la mayor cantidad de estos fondos va a parar a manos de pocas reservas naturales de grandes extensiones que tienen mucho lobby en los medios nacionales.
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El derrame en Vaca Muerta llega a la Justicia
Piden al fiscal de Neuquén que investigue el derrame de petróleo en Vaca Muerta
Fecha de Publicación: 08/11/2018
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Neuquén
Organizaciones de Derechos Humanos y activistas ambientalistas solicitan que se analicen las responsabilidades en el hecho, tanto de las autoridades políticas como de los empresarios. La fiscalía informó que hace una semana inició un causa de oficio.
Organizaciones de Derechos Humanos, activistas ambientalistas, y la Confederación Mapuche de Neuquén presentaron hoy en fiscalía una denuncia para que se investiguen las responsabilidades penales que les puede caber por el derrame en el yacimiento Bandurria Sur, tanto a las autoridades políticas como a los empresarios.
El hecho ocurrió el jueves 18 de octubre, a la medianoche, afectó 45 hectáreas, según precisó la subsecretaría de Ambiente de la provincia, y se extendió por 36 horas consecutivas.
“No es el primero (el derrame), no es el último, porque tiene que ver con una lógica de esta industria del fracking que no tiene ninguna garantía, ninguna seguridad, que está probado que no te puede garantizar la seguridad y menos todavía la salud del ambiente, porque por esa razón ha sido prohibida en numerosos países”, aseguró Jorge Nahuel, werken de la Confederación.
Agregó: “acá hay un testigo pasivo que es la justicia. Por eso nos entrevistamos con Gerez (fiscal general) que debería estar actuando de oficio ante semejante desastre ecológico y ambiental. Esta debe ser por lo menos la cuarta denuncia penal que nosotros realizamos por distintos incidentes que han ocurrido en Loma La Lata primero, en Loma Campana ahora, en Rincón de los Sauces, en cada uno de esos escenarios ha merecido una denuncia penal nuestra. No vemos de parte de la justicia un accionar a la altura de las necesidades y la urgencia, al contrario, lo que anunció el jefe de fiscales hace diez días atrás es un blindaje jurídico a la industria y eso implica que acá lo que se prioriza es la explotación sin control.”
El presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, Enrique Viale, señaló que los alcances de la presentación: “lo que ocurrió, el desastre del derrame petrolero, configura un delito que está en la ley de residuos peligrosos. Eso para las empresas. Y también vamos a pedir que se investigue si se configuraron los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público de las máximas autoridades ambientales de la provincia”.
Dijo que se ha “sobreactuado el tema de la multa, de los drones, para tratar de disipar lo que tiene consecuencias penales, contaminar es un delito.” Señaló que de no obtener respuesta en las instancias locales irán a los tribunales internacionales.
Desde el ministerio público fiscal se informó que la semana pasada se inició una investigación de oficio, que está a cargo del fiscal jefe Pablo Vignaroli. Entre las medidas dispuestas se le solicitó a la subsecretaría de Ambiente de la provincia que remita los informes sobre el derrame petrolero. Hasta el momento no ha respondido.
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Fecha de Publicación: 08/11/2018
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Neuquén
Organizaciones de Derechos Humanos y activistas ambientalistas solicitan que se analicen las responsabilidades en el hecho, tanto de las autoridades políticas como de los empresarios. La fiscalía informó que hace una semana inició un causa de oficio.
Organizaciones de Derechos Humanos, activistas ambientalistas, y la Confederación Mapuche de Neuquén presentaron hoy en fiscalía una denuncia para que se investiguen las responsabilidades penales que les puede caber por el derrame en el yacimiento Bandurria Sur, tanto a las autoridades políticas como a los empresarios.
El hecho ocurrió el jueves 18 de octubre, a la medianoche, afectó 45 hectáreas, según precisó la subsecretaría de Ambiente de la provincia, y se extendió por 36 horas consecutivas.
“No es el primero (el derrame), no es el último, porque tiene que ver con una lógica de esta industria del fracking que no tiene ninguna garantía, ninguna seguridad, que está probado que no te puede garantizar la seguridad y menos todavía la salud del ambiente, porque por esa razón ha sido prohibida en numerosos países”, aseguró Jorge Nahuel, werken de la Confederación.
Agregó: “acá hay un testigo pasivo que es la justicia. Por eso nos entrevistamos con Gerez (fiscal general) que debería estar actuando de oficio ante semejante desastre ecológico y ambiental. Esta debe ser por lo menos la cuarta denuncia penal que nosotros realizamos por distintos incidentes que han ocurrido en Loma La Lata primero, en Loma Campana ahora, en Rincón de los Sauces, en cada uno de esos escenarios ha merecido una denuncia penal nuestra. No vemos de parte de la justicia un accionar a la altura de las necesidades y la urgencia, al contrario, lo que anunció el jefe de fiscales hace diez días atrás es un blindaje jurídico a la industria y eso implica que acá lo que se prioriza es la explotación sin control.”
El presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, Enrique Viale, señaló que los alcances de la presentación: “lo que ocurrió, el desastre del derrame petrolero, configura un delito que está en la ley de residuos peligrosos. Eso para las empresas. Y también vamos a pedir que se investigue si se configuraron los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público de las máximas autoridades ambientales de la provincia”.
Dijo que se ha “sobreactuado el tema de la multa, de los drones, para tratar de disipar lo que tiene consecuencias penales, contaminar es un delito.” Señaló que de no obtener respuesta en las instancias locales irán a los tribunales internacionales.
Desde el ministerio público fiscal se informó que la semana pasada se inició una investigación de oficio, que está a cargo del fiscal jefe Pablo Vignaroli. Entre las medidas dispuestas se le solicitó a la subsecretaría de Ambiente de la provincia que remita los informes sobre el derrame petrolero. Hasta el momento no ha respondido.
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7.722: intervienen las universidades
Dos universidades se meten en la discusión sobre la minería
Fecha de Publicación: 08/11/2018
Fuente: Diario El Sol
Provincia/Región: Mendoza
En medio del debate por los proyectos que habilitan la minería metalífera en Mendoza, la Universidad Nacional de Cuyo retomó un informe elaborado hace algunos años pero con aspectos vigentes, mientras que la cátedra de Derecho Minero de la Universidad de Champagnat sugirió perfeccionar puntos de las iniciativas en el Senado.
Las modificaciones planteadas a la ley que prohíbe el uso de sustancias químicas (7.722) para la minería está generando un fuerte debate en la sociedad mendocina. El ámbito científico y académico también sumó aportes para ser tenidos en cuenta y pone el acento en lo que debería realizarse desde el Estado si se habilitara la actividad.
En ese sentido, se ubica el trabajo ¿Minería en Mendoza?. Aportes para la evaluación de la actividad minera en el marco de la sustentabilidad.
Este informe fue elaborado por el Instituto de Ciencias Ambientales de la Universidad Nacional de Cuyo en el 2013 y marcó las directrices ante la controversia por instalación de la minera San Jorge en Las Heras para la extracción de oro que, finalmente, no logró el aval legislativo para su puesta en marcha.
A pesar de haber sido publicado en un contexto en el cual no se contaba con el Inventario Nacional de Glaciares o la Ley de Ordenamiento Territorial, donde se fijan restricciones para el desarrollo de la actividad minera, el estudio aborda asuntos de actualidad.
“Si bien el informe elaborado no es exhaustivo al no haberse cubierto la totalidad de las disciplinas que hacen a la valoración ambiental, el mismo comprende los principales aspectos que se deberían tener presentes a fin de dar una opinión fundada y la posibilidad de esbozar una política pública minera que, acompañada por legislación respetuosa y exigente en términos de calidad ambiental y social, resulte en beneficios económicos y fiscales para los intereses de los estados provinciales”, se advierte en el resumen ejecutivo en la presentación.
En tanto, se pone especial énfasis en que “las Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA), generalmente omiten el análisis económico orientado a diferentes aspectos relevantes en el área que se desarrollará el emprendimiento minero, tales como turísticos, energéticos, aquellos relacionados con los gases efecto invernadero, remediación del pasivo resultante, influencia del proyecto minero en el valor de los terrenos (…)”. También se pone de relieve que los informes EIA, regularmente carecen “de una adecuada valoración y vinculación de aspectos arqueológicos, históricos y culturales con aspectos económicos y sociales”.
La directora del Instituto de Ciencias Ambientales, Gabriela Lúquez, destacó que el documento, pese al paso de los años, “hace aportes sobre lo que debería tenerse en cuenta frente a la debilidad de los controles del Estado, que es lo que siempre se cuestiona a este tipo de actividades” y añadió: “Es muy saludable que la provincia revise su matriz productiva y que también lo hagan los municipios que ahora son más protagonistas a partir de los planes de ordenamiento territorial, pero también debe estar acompañado con la opinión de las comunidades donde se asentarán estos proyectos”.
Por último reflexionó: “Debemos repensar los beneficios económicos que se obtendrán por regalías frente a la pérdida de los recursos naturales que se ponen en juego”.
En el análisis los aportes se realizaron por áreas temáticas: Recursos hídricos, Recurso aire, Aspectos sociales, Salud, Aspectos económicos y Ciudado del ambiente.
El informe indica: “Para la preservación del recurso hídrico debe realizarse un estudio profundo para determinar con certeza el posible impacto sobre el agua superficial y subterránea, tanto respecto de la calidad como a la cantidad que insumiría el emprendimiento”.
Cabe destacar que, en la actualidad, el Gobierno, a través del Departamento General de Irrigación, está impulsando una ley en la Legislatura para limitar el uso del agua al haberse profundizado la escasez por la merma en los caudales de los ríos. Hoy se habla de un estado de sequía.
Respecto del cuidado del aire, el estudio agrega: “Se marca la conveniencia de realizar estudios adecuados de base cero en relación con la calidad del aire, con monitoreos periódicos y realizando un cálculo matemático para establecer la distribución de los contaminantes emitidos”.
Sobre los aspectos sociales, “se destaca la necesidad de profundizar todo lo relativo a los aspectos socioeconómicos y culturales de los centros poblacionales potencialmente afectados por el proyecto minero”. Y hace hincapié especialmente en la licencia social: “Es preciso efectuar una consulta sobre la visión, expectativas y opinión de la comunidad”.
Desde el punto de vista de la salud, el informe hace las siguientes recomendaciones: incrementar el control sanitario por el aumento significativo de la población durante el proceso de explotación minera, ante el cual, los hospitales y los centros de salud “resultarán insuficientes, debiendo preverse la mitigación de esa situación”.
Pero también que deberán instalarse especialidades de salud directamente relacionadas con la actividad en temas de toxicidad frente a una potencial contaminación del suelo, del agua y el aire. Finalmente, en materia económica, advierte de la necesidad de evaluar correctamente el valor de los beneficios futuros frente al costo de la explotación de los recursos minerales, “valorados desde el punto de vista económico, social y ambiental”.
“Las vallas normativas de la 7.722”
La Universidad Champagnat presentó en las comisiones de Hidrocarburos, Ambiente y Legislación y Derecho Constitucional un análisis de los proyectos de los senadores Alejandro Abraham y Juan Agulles, un artículo que aborda los aspectos legales realizado por la cátedra de Derecho de Minería y Agrario. Desde esa casa de estudios se destacó que no responde a la postura de la universidad pero que es una contribución a la discusión.
Raúl Javier Rodríguez, el autor, además de ser profesor, ha asesorado a la Cámara de Mendocina de Empresarios Mineros en el planteo de inconstitucionalidad de la ley 7.722. Consultado por los aspectos que menciona su trabajo afirmó: “La evaluación que realizó la cátedra tiene dos partes: por un lado, un análisis de la ley 7.722, que, a nuestro criterio, ha impedido el desarrollo minero en la provincia, mientras que la segunda parte retoma aspectos a mejorar en los proyectos que se están debatiendo en el Senado”.
En cuanto a la norma que está en vigencia y que prohíbe el uso de una serie de sustancias contaminantes para la minería, el documento sostiene: “Esta prohibición que sólo afecta a la minería metalífera constituye una violación al derecho de ejercer industria lícita y a la igualdad ante la ley, ambos contemplados y tutelados en nuestra Carta Magna”.
Y cuestiona que estas sustancias sólo están vedadas para la minería metalífera porque se usan en otras industrias.
“Estas sustancias podrían ser usadas por cualquier persona, incluso por un minero que no emprenda un proyecto no metalífero, pero no por aquellos que quieran hacer minería metalífera”, cuestiona el escrito.
Por otro lado, el informe de la cátedra de Derecho Minero refuta el requisito de que sea la Legislatura la que termine convalidando la declaración de impacto ambiental.
“Este extremo legal ha configurado una evaluación meramente política de un tema que debería ser técnico, aun cuando dentro de la evaluación científica debe cumplirse con herramientas de participación ciudadana, como son la consulta y la audiencia pública”.
En esa línea, esta mirada coincide con el proyecto de Abraham, quien suprime de la norma el rol de la Legislatura en la ratificación del informe de impacto ambiental. “Es conveniente la iniciativa de suprimir la ratificación legislativa y respetar el procedimiento evaluativo ambiental minero”, remarca.
Finalmente, como aporte a las dos iniciativas que vienen a flexibilizar la prohibición del uso de sustancias tóxicas, el informe se inclina por el de la creación de los parques mineros controlados (Agulles), pero advierte que no está aclarado “cómo se crearán, quién los propondrá y aprobará y bajo qué procedimiento”.
Mientras tanto, el jueves volverán a escucharse las postura de los distintos actores y, en esta oportunidad, a quienes mayor resistencia han planteado, como son los integrantes de las Asambleas por el Agua Pura.
Se espera que, antes de la votación, el Gobierno provincial dé a conocer su opinión, la que hasta el momento no ha sido planteada en profundidad.
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Fecha de Publicación: 08/11/2018
Fuente: Diario El Sol
Provincia/Región: Mendoza
En medio del debate por los proyectos que habilitan la minería metalífera en Mendoza, la Universidad Nacional de Cuyo retomó un informe elaborado hace algunos años pero con aspectos vigentes, mientras que la cátedra de Derecho Minero de la Universidad de Champagnat sugirió perfeccionar puntos de las iniciativas en el Senado.
Las modificaciones planteadas a la ley que prohíbe el uso de sustancias químicas (7.722) para la minería está generando un fuerte debate en la sociedad mendocina. El ámbito científico y académico también sumó aportes para ser tenidos en cuenta y pone el acento en lo que debería realizarse desde el Estado si se habilitara la actividad.
En ese sentido, se ubica el trabajo ¿Minería en Mendoza?. Aportes para la evaluación de la actividad minera en el marco de la sustentabilidad.
Este informe fue elaborado por el Instituto de Ciencias Ambientales de la Universidad Nacional de Cuyo en el 2013 y marcó las directrices ante la controversia por instalación de la minera San Jorge en Las Heras para la extracción de oro que, finalmente, no logró el aval legislativo para su puesta en marcha.
A pesar de haber sido publicado en un contexto en el cual no se contaba con el Inventario Nacional de Glaciares o la Ley de Ordenamiento Territorial, donde se fijan restricciones para el desarrollo de la actividad minera, el estudio aborda asuntos de actualidad.
“Si bien el informe elaborado no es exhaustivo al no haberse cubierto la totalidad de las disciplinas que hacen a la valoración ambiental, el mismo comprende los principales aspectos que se deberían tener presentes a fin de dar una opinión fundada y la posibilidad de esbozar una política pública minera que, acompañada por legislación respetuosa y exigente en términos de calidad ambiental y social, resulte en beneficios económicos y fiscales para los intereses de los estados provinciales”, se advierte en el resumen ejecutivo en la presentación.
En tanto, se pone especial énfasis en que “las Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA), generalmente omiten el análisis económico orientado a diferentes aspectos relevantes en el área que se desarrollará el emprendimiento minero, tales como turísticos, energéticos, aquellos relacionados con los gases efecto invernadero, remediación del pasivo resultante, influencia del proyecto minero en el valor de los terrenos (…)”. También se pone de relieve que los informes EIA, regularmente carecen “de una adecuada valoración y vinculación de aspectos arqueológicos, históricos y culturales con aspectos económicos y sociales”.
La directora del Instituto de Ciencias Ambientales, Gabriela Lúquez, destacó que el documento, pese al paso de los años, “hace aportes sobre lo que debería tenerse en cuenta frente a la debilidad de los controles del Estado, que es lo que siempre se cuestiona a este tipo de actividades” y añadió: “Es muy saludable que la provincia revise su matriz productiva y que también lo hagan los municipios que ahora son más protagonistas a partir de los planes de ordenamiento territorial, pero también debe estar acompañado con la opinión de las comunidades donde se asentarán estos proyectos”.
Por último reflexionó: “Debemos repensar los beneficios económicos que se obtendrán por regalías frente a la pérdida de los recursos naturales que se ponen en juego”.
En el análisis los aportes se realizaron por áreas temáticas: Recursos hídricos, Recurso aire, Aspectos sociales, Salud, Aspectos económicos y Ciudado del ambiente.
El informe indica: “Para la preservación del recurso hídrico debe realizarse un estudio profundo para determinar con certeza el posible impacto sobre el agua superficial y subterránea, tanto respecto de la calidad como a la cantidad que insumiría el emprendimiento”.
Cabe destacar que, en la actualidad, el Gobierno, a través del Departamento General de Irrigación, está impulsando una ley en la Legislatura para limitar el uso del agua al haberse profundizado la escasez por la merma en los caudales de los ríos. Hoy se habla de un estado de sequía.
Respecto del cuidado del aire, el estudio agrega: “Se marca la conveniencia de realizar estudios adecuados de base cero en relación con la calidad del aire, con monitoreos periódicos y realizando un cálculo matemático para establecer la distribución de los contaminantes emitidos”.
Sobre los aspectos sociales, “se destaca la necesidad de profundizar todo lo relativo a los aspectos socioeconómicos y culturales de los centros poblacionales potencialmente afectados por el proyecto minero”. Y hace hincapié especialmente en la licencia social: “Es preciso efectuar una consulta sobre la visión, expectativas y opinión de la comunidad”.
Desde el punto de vista de la salud, el informe hace las siguientes recomendaciones: incrementar el control sanitario por el aumento significativo de la población durante el proceso de explotación minera, ante el cual, los hospitales y los centros de salud “resultarán insuficientes, debiendo preverse la mitigación de esa situación”.
Pero también que deberán instalarse especialidades de salud directamente relacionadas con la actividad en temas de toxicidad frente a una potencial contaminación del suelo, del agua y el aire. Finalmente, en materia económica, advierte de la necesidad de evaluar correctamente el valor de los beneficios futuros frente al costo de la explotación de los recursos minerales, “valorados desde el punto de vista económico, social y ambiental”.
“Las vallas normativas de la 7.722”
La Universidad Champagnat presentó en las comisiones de Hidrocarburos, Ambiente y Legislación y Derecho Constitucional un análisis de los proyectos de los senadores Alejandro Abraham y Juan Agulles, un artículo que aborda los aspectos legales realizado por la cátedra de Derecho de Minería y Agrario. Desde esa casa de estudios se destacó que no responde a la postura de la universidad pero que es una contribución a la discusión.
Raúl Javier Rodríguez, el autor, además de ser profesor, ha asesorado a la Cámara de Mendocina de Empresarios Mineros en el planteo de inconstitucionalidad de la ley 7.722. Consultado por los aspectos que menciona su trabajo afirmó: “La evaluación que realizó la cátedra tiene dos partes: por un lado, un análisis de la ley 7.722, que, a nuestro criterio, ha impedido el desarrollo minero en la provincia, mientras que la segunda parte retoma aspectos a mejorar en los proyectos que se están debatiendo en el Senado”.
En cuanto a la norma que está en vigencia y que prohíbe el uso de una serie de sustancias contaminantes para la minería, el documento sostiene: “Esta prohibición que sólo afecta a la minería metalífera constituye una violación al derecho de ejercer industria lícita y a la igualdad ante la ley, ambos contemplados y tutelados en nuestra Carta Magna”.
Y cuestiona que estas sustancias sólo están vedadas para la minería metalífera porque se usan en otras industrias.
“Estas sustancias podrían ser usadas por cualquier persona, incluso por un minero que no emprenda un proyecto no metalífero, pero no por aquellos que quieran hacer minería metalífera”, cuestiona el escrito.
Por otro lado, el informe de la cátedra de Derecho Minero refuta el requisito de que sea la Legislatura la que termine convalidando la declaración de impacto ambiental.
“Este extremo legal ha configurado una evaluación meramente política de un tema que debería ser técnico, aun cuando dentro de la evaluación científica debe cumplirse con herramientas de participación ciudadana, como son la consulta y la audiencia pública”.
En esa línea, esta mirada coincide con el proyecto de Abraham, quien suprime de la norma el rol de la Legislatura en la ratificación del informe de impacto ambiental. “Es conveniente la iniciativa de suprimir la ratificación legislativa y respetar el procedimiento evaluativo ambiental minero”, remarca.
Finalmente, como aporte a las dos iniciativas que vienen a flexibilizar la prohibición del uso de sustancias tóxicas, el informe se inclina por el de la creación de los parques mineros controlados (Agulles), pero advierte que no está aclarado “cómo se crearán, quién los propondrá y aprobará y bajo qué procedimiento”.
Mientras tanto, el jueves volverán a escucharse las postura de los distintos actores y, en esta oportunidad, a quienes mayor resistencia han planteado, como son los integrantes de las Asambleas por el Agua Pura.
Se espera que, antes de la votación, el Gobierno provincial dé a conocer su opinión, la que hasta el momento no ha sido planteada en profundidad.
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