Riachuelo: Convocan a una nueva Audiencia Pública
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Convocamos a una nueva Audiencia Pública
Fecha de Publicación: 09/11/2018
Fuente: Acumar
Provincia/Región: Riachuelo
A partir de este jueves 8 de noviembre todos los interesados en participar como oradores de la Audiencia sobre la Estrategia de Salud Ambiental en la Cuenca Matanza Riachuelo pueden hacerlo a través de la página http://audienciapublica.acumar.gov.ar/
El próximo 23 de noviembre a las 9 de la mañana se desarrollará la Audiencia Pública sobre la Estrategia de Salud Ambiental en la Cuenca Matanza Riachuelo, en el Salón Auditorio de la Universidad de Morón, ubicada en Cabildo 134.
En esta jornada de participación ciudadana autoridades, organizaciones y vecinos expondrán sus inquietudes, ideas y propuestas sobre la Estrategia de Salud en la Cuenca.
Desde el 8 y hasta el 20 de noviembre los interesados en participar como oradores en la Audiencia Pública podrán hacerlo de manera libre y gratuita a través de la web http://audienciapublica.acumar.gov.ar/
“Creemos que lo que estamos presentando responde a una demanda histórica del organismo: un organismo que reconozca el estado real de la Salud Ambiental en la Cuenca Matanza Riachuelo y de respuestas de acción concreta para mejorar la calidad de vida de la gente. Por primera vez, ACUMAR apunta su accionar a la vigilancia sanitaria de los riesgos e impactos; centra su marco conceptual en los determinantes ambientales y la vulnerabilidad de la población; y busca priorizar las intervenciones en las jurisdicciones”, aseguró la presidenta de ACUMAR, Dorina Bonetti y agregó: “Sabemos que esto requiere un fuerte compromiso de trabajo intersectorial, de cada uno de los gobiernos de las jurisdicciones de la Cuenca, sus áreas de salud ambiental, y de otras áreas de organismos gubernamentales y no gubernamentales vinculadas a la resolución de las problemáticas de salud ambiental, y es por ello que entendemos que esta estrategia debe ser expuesta en Audiencia Pública”.
La opinión de los ciudadanos nos permite desarrollar una política pública más participativa y fortalecer la visión vompartida de la Cuenca que queremos. Si querés participar como oyente, no es necesario registrarte. Por dudas o consultas, comunicate al 5236-4189 o a participacion@acumar.gob.ar
Se puede bajar el documento de consulta en el siguiente link: http://www.acumar.gob.ar/eje-social/participacion-social/audiencias-publicas/audiencia-publica-2018-nov/
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Fecha de Publicación: 09/11/2018
Fuente: Acumar
Provincia/Región: Riachuelo
A partir de este jueves 8 de noviembre todos los interesados en participar como oradores de la Audiencia sobre la Estrategia de Salud Ambiental en la Cuenca Matanza Riachuelo pueden hacerlo a través de la página http://audienciapublica.acumar.gov.ar/
El próximo 23 de noviembre a las 9 de la mañana se desarrollará la Audiencia Pública sobre la Estrategia de Salud Ambiental en la Cuenca Matanza Riachuelo, en el Salón Auditorio de la Universidad de Morón, ubicada en Cabildo 134.
En esta jornada de participación ciudadana autoridades, organizaciones y vecinos expondrán sus inquietudes, ideas y propuestas sobre la Estrategia de Salud en la Cuenca.
Desde el 8 y hasta el 20 de noviembre los interesados en participar como oradores en la Audiencia Pública podrán hacerlo de manera libre y gratuita a través de la web http://audienciapublica.acumar.gov.ar/
“Creemos que lo que estamos presentando responde a una demanda histórica del organismo: un organismo que reconozca el estado real de la Salud Ambiental en la Cuenca Matanza Riachuelo y de respuestas de acción concreta para mejorar la calidad de vida de la gente. Por primera vez, ACUMAR apunta su accionar a la vigilancia sanitaria de los riesgos e impactos; centra su marco conceptual en los determinantes ambientales y la vulnerabilidad de la población; y busca priorizar las intervenciones en las jurisdicciones”, aseguró la presidenta de ACUMAR, Dorina Bonetti y agregó: “Sabemos que esto requiere un fuerte compromiso de trabajo intersectorial, de cada uno de los gobiernos de las jurisdicciones de la Cuenca, sus áreas de salud ambiental, y de otras áreas de organismos gubernamentales y no gubernamentales vinculadas a la resolución de las problemáticas de salud ambiental, y es por ello que entendemos que esta estrategia debe ser expuesta en Audiencia Pública”.
La opinión de los ciudadanos nos permite desarrollar una política pública más participativa y fortalecer la visión vompartida de la Cuenca que queremos. Si querés participar como oyente, no es necesario registrarte. Por dudas o consultas, comunicate al 5236-4189 o a participacion@acumar.gob.ar
Se puede bajar el documento de consulta en el siguiente link: http://www.acumar.gob.ar/eje-social/participacion-social/audiencias-publicas/audiencia-publica-2018-nov/
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Represas de Santa Cruz: negocian con pueblos nativos
El Gobierno negocia con comunidades indígenas para destrabar las represas de Santa Cruz
Fecha de Publicación: 09/11/2018
Fuente: EconoJournal
Provincia/Región: Santa Cruz
Integración Energética Argentina (IEASA) confirmó su participación en la reunión de la Mesa de Diálogo convocada por el Instituto de Asuntos Indígenas. Se desarrollará el próximo 6 y 7 de diciembre en la ciudad de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz.
Integración Energética Argentina (IEASA) confirmó su participación en la reunión de la Mesa de Diálogo convocada por el Instituto de Asuntos Indígenas. La misma se desarrollará el próximo jueves 6 y viernes 7 de diciembre en la ciudad de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz.
En tanto, la empresa también brindará asistencia para que el martes 20 y miércoles 21 de noviembre se lleven a cabo espacios de encuentro entre las autoridades comunitarias y los asesores que ellas definan.
Estos encuentros se dan en el marco del desarrollo del proyecto de Aprovechamientos Hidroeléctricos del río Santa Cruz -Represas Cóndor Cliff y La Barrancosa-, convocado por el Estado Nacional a través de la Secretaría de Gobierno de Energía y el Instituto de Asuntos Indígenas a fin de avanzar en el proceso de consulta previa entre los actores involucrados y las comunidades aborígenes.
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Fecha de Publicación: 09/11/2018
Fuente: EconoJournal
Provincia/Región: Santa Cruz
Integración Energética Argentina (IEASA) confirmó su participación en la reunión de la Mesa de Diálogo convocada por el Instituto de Asuntos Indígenas. Se desarrollará el próximo 6 y 7 de diciembre en la ciudad de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz.
Integración Energética Argentina (IEASA) confirmó su participación en la reunión de la Mesa de Diálogo convocada por el Instituto de Asuntos Indígenas. La misma se desarrollará el próximo jueves 6 y viernes 7 de diciembre en la ciudad de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz.
En tanto, la empresa también brindará asistencia para que el martes 20 y miércoles 21 de noviembre se lleven a cabo espacios de encuentro entre las autoridades comunitarias y los asesores que ellas definan.
Estos encuentros se dan en el marco del desarrollo del proyecto de Aprovechamientos Hidroeléctricos del río Santa Cruz -Represas Cóndor Cliff y La Barrancosa-, convocado por el Estado Nacional a través de la Secretaría de Gobierno de Energía y el Instituto de Asuntos Indígenas a fin de avanzar en el proceso de consulta previa entre los actores involucrados y las comunidades aborígenes.
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Misiones: reservas privadas quieren beneficios del BM
Reservas privadas pedirán ser incluidas en los beneficios del Banco Mundial
Fecha de Publicación: 09/11/2018
Fuente: Primera Edición
Provincia/Región: Misiones
La provincia de Misiones tiene aprobada más de una veintena de Reservas Naturales protegidas privadas que pertenecen al circuito Áreas Protegidas Privadas NEA. Es la provincia que más reservas privadas tiene aprobadas por el Ministerio de Ecología, pero la mayoría son pequeñas parcelas o chacras, propiedades que en total conforman unas 10.500 hectáreas.
Cada una de estas unidades funciona de manera particular y tiene sus propios manejos. Algunas de ellas son productivas, pero con los niveles de cuidado del medio ambiente que exige el Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables.
En la reunión que mantuvieron hace una semana en la Reserva Akaguapy de San Vicente participaron referentes de trece reservas naturales entre ellas la anfitriona Akaguapy, además de Puerto Bemberg, Club de Río, Yacutoro, La Coral, El Cantar de la Pachamama, Curindy, FVSA (Fundación Vida Silvestre Argentina) entre responsables de otras.
En el orden del día estaban previstos varios temas de interés para las Reservas Privadas. Allí se propuso generar un convenio con la UNaM para organizar proyectos específicos para las reservas. También generar prácticas profesionales en las reservas de la RED del NEA a la que pertenecen las reservas de Misiones.
En este marco también se evaluó la necesidad de solicitar a la Facultad de Ciencias Forestales de la UNaM de Eldorado una certificación y asesoramiento para que las reservas naturales de manejos privados de Misiones sean incluidas en el sistema de beneficios de Bono de Carbono; que es un aporte monetario que hacen organismos internacionales como el Banco Mundial a los entes privados que cuidan el medio ambiente.
En Argentina, en casi todas las provincias, hay reservas de este tipo y muchas cobran por el beneficio de cuidar el medio ambiente. Pero en Misiones ninguna de las reservas privadas cobra por este “servicio”.
Los referentes de las reservas naturales privadas protegidas entienden que “ofrecen ese servicio ambiental” que reclaman los entes internacionales y que deben ser incluidos en los beneficios económicos que vienen al país para ese fin.
Afirman que, hasta ahora, ofrecen ese “servicio” en forma gratuita y en muchos de los casos perdiendo el lucro por mantener el cuidado del medio ambiente y no son reconocidos. Para comenzar a tramitar necesitan la certificación de una universidad pública y ahí es donde entra la Facultad de Ciencias Forestales.
En este sentido, se propuso en la reunión comenzar a gestionar con el Ministerio de Ecología para que los planes operativos (POA) de los fondos de bosques (Ley 26.331) tengan coherencia entre las reservas beneficiarias y todos puedan homologar algunas acciones o líneas tales como Monitoreos de biodiversidad, etc.
Además, que se pueda contar con profesionales como responsables técnicos que cobren lo justo y sean capacitados para trabajar y planificar en reservas naturales. El reclamo es que la mayor cantidad de estos fondos va a parar a manos de pocas reservas naturales de grandes extensiones que tienen mucho lobby en los medios nacionales.
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Fecha de Publicación: 09/11/2018
Fuente: Primera Edición
Provincia/Región: Misiones
La provincia de Misiones tiene aprobada más de una veintena de Reservas Naturales protegidas privadas que pertenecen al circuito Áreas Protegidas Privadas NEA. Es la provincia que más reservas privadas tiene aprobadas por el Ministerio de Ecología, pero la mayoría son pequeñas parcelas o chacras, propiedades que en total conforman unas 10.500 hectáreas.
Cada una de estas unidades funciona de manera particular y tiene sus propios manejos. Algunas de ellas son productivas, pero con los niveles de cuidado del medio ambiente que exige el Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables.
En la reunión que mantuvieron hace una semana en la Reserva Akaguapy de San Vicente participaron referentes de trece reservas naturales entre ellas la anfitriona Akaguapy, además de Puerto Bemberg, Club de Río, Yacutoro, La Coral, El Cantar de la Pachamama, Curindy, FVSA (Fundación Vida Silvestre Argentina) entre responsables de otras.
En el orden del día estaban previstos varios temas de interés para las Reservas Privadas. Allí se propuso generar un convenio con la UNaM para organizar proyectos específicos para las reservas. También generar prácticas profesionales en las reservas de la RED del NEA a la que pertenecen las reservas de Misiones.
En este marco también se evaluó la necesidad de solicitar a la Facultad de Ciencias Forestales de la UNaM de Eldorado una certificación y asesoramiento para que las reservas naturales de manejos privados de Misiones sean incluidas en el sistema de beneficios de Bono de Carbono; que es un aporte monetario que hacen organismos internacionales como el Banco Mundial a los entes privados que cuidan el medio ambiente.
En Argentina, en casi todas las provincias, hay reservas de este tipo y muchas cobran por el beneficio de cuidar el medio ambiente. Pero en Misiones ninguna de las reservas privadas cobra por este “servicio”.
Los referentes de las reservas naturales privadas protegidas entienden que “ofrecen ese servicio ambiental” que reclaman los entes internacionales y que deben ser incluidos en los beneficios económicos que vienen al país para ese fin.
Afirman que, hasta ahora, ofrecen ese “servicio” en forma gratuita y en muchos de los casos perdiendo el lucro por mantener el cuidado del medio ambiente y no son reconocidos. Para comenzar a tramitar necesitan la certificación de una universidad pública y ahí es donde entra la Facultad de Ciencias Forestales.
En este sentido, se propuso en la reunión comenzar a gestionar con el Ministerio de Ecología para que los planes operativos (POA) de los fondos de bosques (Ley 26.331) tengan coherencia entre las reservas beneficiarias y todos puedan homologar algunas acciones o líneas tales como Monitoreos de biodiversidad, etc.
Además, que se pueda contar con profesionales como responsables técnicos que cobren lo justo y sean capacitados para trabajar y planificar en reservas naturales. El reclamo es que la mayor cantidad de estos fondos va a parar a manos de pocas reservas naturales de grandes extensiones que tienen mucho lobby en los medios nacionales.
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El derrame en Vaca Muerta llega a la Justicia
Piden al fiscal de Neuquén que investigue el derrame de petróleo en Vaca Muerta
Fecha de Publicación: 08/11/2018
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Neuquén
Organizaciones de Derechos Humanos y activistas ambientalistas solicitan que se analicen las responsabilidades en el hecho, tanto de las autoridades políticas como de los empresarios. La fiscalía informó que hace una semana inició un causa de oficio.
Organizaciones de Derechos Humanos, activistas ambientalistas, y la Confederación Mapuche de Neuquén presentaron hoy en fiscalía una denuncia para que se investiguen las responsabilidades penales que les puede caber por el derrame en el yacimiento Bandurria Sur, tanto a las autoridades políticas como a los empresarios.
El hecho ocurrió el jueves 18 de octubre, a la medianoche, afectó 45 hectáreas, según precisó la subsecretaría de Ambiente de la provincia, y se extendió por 36 horas consecutivas.
“No es el primero (el derrame), no es el último, porque tiene que ver con una lógica de esta industria del fracking que no tiene ninguna garantía, ninguna seguridad, que está probado que no te puede garantizar la seguridad y menos todavía la salud del ambiente, porque por esa razón ha sido prohibida en numerosos países”, aseguró Jorge Nahuel, werken de la Confederación.
Agregó: “acá hay un testigo pasivo que es la justicia. Por eso nos entrevistamos con Gerez (fiscal general) que debería estar actuando de oficio ante semejante desastre ecológico y ambiental. Esta debe ser por lo menos la cuarta denuncia penal que nosotros realizamos por distintos incidentes que han ocurrido en Loma La Lata primero, en Loma Campana ahora, en Rincón de los Sauces, en cada uno de esos escenarios ha merecido una denuncia penal nuestra. No vemos de parte de la justicia un accionar a la altura de las necesidades y la urgencia, al contrario, lo que anunció el jefe de fiscales hace diez días atrás es un blindaje jurídico a la industria y eso implica que acá lo que se prioriza es la explotación sin control.”
El presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, Enrique Viale, señaló que los alcances de la presentación: “lo que ocurrió, el desastre del derrame petrolero, configura un delito que está en la ley de residuos peligrosos. Eso para las empresas. Y también vamos a pedir que se investigue si se configuraron los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público de las máximas autoridades ambientales de la provincia”.
Dijo que se ha “sobreactuado el tema de la multa, de los drones, para tratar de disipar lo que tiene consecuencias penales, contaminar es un delito.” Señaló que de no obtener respuesta en las instancias locales irán a los tribunales internacionales.
Desde el ministerio público fiscal se informó que la semana pasada se inició una investigación de oficio, que está a cargo del fiscal jefe Pablo Vignaroli. Entre las medidas dispuestas se le solicitó a la subsecretaría de Ambiente de la provincia que remita los informes sobre el derrame petrolero. Hasta el momento no ha respondido.
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Fecha de Publicación: 08/11/2018
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Neuquén
Organizaciones de Derechos Humanos y activistas ambientalistas solicitan que se analicen las responsabilidades en el hecho, tanto de las autoridades políticas como de los empresarios. La fiscalía informó que hace una semana inició un causa de oficio.
Organizaciones de Derechos Humanos, activistas ambientalistas, y la Confederación Mapuche de Neuquén presentaron hoy en fiscalía una denuncia para que se investiguen las responsabilidades penales que les puede caber por el derrame en el yacimiento Bandurria Sur, tanto a las autoridades políticas como a los empresarios.
El hecho ocurrió el jueves 18 de octubre, a la medianoche, afectó 45 hectáreas, según precisó la subsecretaría de Ambiente de la provincia, y se extendió por 36 horas consecutivas.
“No es el primero (el derrame), no es el último, porque tiene que ver con una lógica de esta industria del fracking que no tiene ninguna garantía, ninguna seguridad, que está probado que no te puede garantizar la seguridad y menos todavía la salud del ambiente, porque por esa razón ha sido prohibida en numerosos países”, aseguró Jorge Nahuel, werken de la Confederación.
Agregó: “acá hay un testigo pasivo que es la justicia. Por eso nos entrevistamos con Gerez (fiscal general) que debería estar actuando de oficio ante semejante desastre ecológico y ambiental. Esta debe ser por lo menos la cuarta denuncia penal que nosotros realizamos por distintos incidentes que han ocurrido en Loma La Lata primero, en Loma Campana ahora, en Rincón de los Sauces, en cada uno de esos escenarios ha merecido una denuncia penal nuestra. No vemos de parte de la justicia un accionar a la altura de las necesidades y la urgencia, al contrario, lo que anunció el jefe de fiscales hace diez días atrás es un blindaje jurídico a la industria y eso implica que acá lo que se prioriza es la explotación sin control.”
El presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, Enrique Viale, señaló que los alcances de la presentación: “lo que ocurrió, el desastre del derrame petrolero, configura un delito que está en la ley de residuos peligrosos. Eso para las empresas. Y también vamos a pedir que se investigue si se configuraron los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público de las máximas autoridades ambientales de la provincia”.
Dijo que se ha “sobreactuado el tema de la multa, de los drones, para tratar de disipar lo que tiene consecuencias penales, contaminar es un delito.” Señaló que de no obtener respuesta en las instancias locales irán a los tribunales internacionales.
Desde el ministerio público fiscal se informó que la semana pasada se inició una investigación de oficio, que está a cargo del fiscal jefe Pablo Vignaroli. Entre las medidas dispuestas se le solicitó a la subsecretaría de Ambiente de la provincia que remita los informes sobre el derrame petrolero. Hasta el momento no ha respondido.
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7.722: intervienen las universidades
Dos universidades se meten en la discusión sobre la minería
Fecha de Publicación: 08/11/2018
Fuente: Diario El Sol
Provincia/Región: Mendoza
En medio del debate por los proyectos que habilitan la minería metalífera en Mendoza, la Universidad Nacional de Cuyo retomó un informe elaborado hace algunos años pero con aspectos vigentes, mientras que la cátedra de Derecho Minero de la Universidad de Champagnat sugirió perfeccionar puntos de las iniciativas en el Senado.
Las modificaciones planteadas a la ley que prohíbe el uso de sustancias químicas (7.722) para la minería está generando un fuerte debate en la sociedad mendocina. El ámbito científico y académico también sumó aportes para ser tenidos en cuenta y pone el acento en lo que debería realizarse desde el Estado si se habilitara la actividad.
En ese sentido, se ubica el trabajo ¿Minería en Mendoza?. Aportes para la evaluación de la actividad minera en el marco de la sustentabilidad.
Este informe fue elaborado por el Instituto de Ciencias Ambientales de la Universidad Nacional de Cuyo en el 2013 y marcó las directrices ante la controversia por instalación de la minera San Jorge en Las Heras para la extracción de oro que, finalmente, no logró el aval legislativo para su puesta en marcha.
A pesar de haber sido publicado en un contexto en el cual no se contaba con el Inventario Nacional de Glaciares o la Ley de Ordenamiento Territorial, donde se fijan restricciones para el desarrollo de la actividad minera, el estudio aborda asuntos de actualidad.
“Si bien el informe elaborado no es exhaustivo al no haberse cubierto la totalidad de las disciplinas que hacen a la valoración ambiental, el mismo comprende los principales aspectos que se deberían tener presentes a fin de dar una opinión fundada y la posibilidad de esbozar una política pública minera que, acompañada por legislación respetuosa y exigente en términos de calidad ambiental y social, resulte en beneficios económicos y fiscales para los intereses de los estados provinciales”, se advierte en el resumen ejecutivo en la presentación.
En tanto, se pone especial énfasis en que “las Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA), generalmente omiten el análisis económico orientado a diferentes aspectos relevantes en el área que se desarrollará el emprendimiento minero, tales como turísticos, energéticos, aquellos relacionados con los gases efecto invernadero, remediación del pasivo resultante, influencia del proyecto minero en el valor de los terrenos (…)”. También se pone de relieve que los informes EIA, regularmente carecen “de una adecuada valoración y vinculación de aspectos arqueológicos, históricos y culturales con aspectos económicos y sociales”.
La directora del Instituto de Ciencias Ambientales, Gabriela Lúquez, destacó que el documento, pese al paso de los años, “hace aportes sobre lo que debería tenerse en cuenta frente a la debilidad de los controles del Estado, que es lo que siempre se cuestiona a este tipo de actividades” y añadió: “Es muy saludable que la provincia revise su matriz productiva y que también lo hagan los municipios que ahora son más protagonistas a partir de los planes de ordenamiento territorial, pero también debe estar acompañado con la opinión de las comunidades donde se asentarán estos proyectos”.
Por último reflexionó: “Debemos repensar los beneficios económicos que se obtendrán por regalías frente a la pérdida de los recursos naturales que se ponen en juego”.
En el análisis los aportes se realizaron por áreas temáticas: Recursos hídricos, Recurso aire, Aspectos sociales, Salud, Aspectos económicos y Ciudado del ambiente.
El informe indica: “Para la preservación del recurso hídrico debe realizarse un estudio profundo para determinar con certeza el posible impacto sobre el agua superficial y subterránea, tanto respecto de la calidad como a la cantidad que insumiría el emprendimiento”.
Cabe destacar que, en la actualidad, el Gobierno, a través del Departamento General de Irrigación, está impulsando una ley en la Legislatura para limitar el uso del agua al haberse profundizado la escasez por la merma en los caudales de los ríos. Hoy se habla de un estado de sequía.
Respecto del cuidado del aire, el estudio agrega: “Se marca la conveniencia de realizar estudios adecuados de base cero en relación con la calidad del aire, con monitoreos periódicos y realizando un cálculo matemático para establecer la distribución de los contaminantes emitidos”.
Sobre los aspectos sociales, “se destaca la necesidad de profundizar todo lo relativo a los aspectos socioeconómicos y culturales de los centros poblacionales potencialmente afectados por el proyecto minero”. Y hace hincapié especialmente en la licencia social: “Es preciso efectuar una consulta sobre la visión, expectativas y opinión de la comunidad”.
Desde el punto de vista de la salud, el informe hace las siguientes recomendaciones: incrementar el control sanitario por el aumento significativo de la población durante el proceso de explotación minera, ante el cual, los hospitales y los centros de salud “resultarán insuficientes, debiendo preverse la mitigación de esa situación”.
Pero también que deberán instalarse especialidades de salud directamente relacionadas con la actividad en temas de toxicidad frente a una potencial contaminación del suelo, del agua y el aire. Finalmente, en materia económica, advierte de la necesidad de evaluar correctamente el valor de los beneficios futuros frente al costo de la explotación de los recursos minerales, “valorados desde el punto de vista económico, social y ambiental”.
“Las vallas normativas de la 7.722”
La Universidad Champagnat presentó en las comisiones de Hidrocarburos, Ambiente y Legislación y Derecho Constitucional un análisis de los proyectos de los senadores Alejandro Abraham y Juan Agulles, un artículo que aborda los aspectos legales realizado por la cátedra de Derecho de Minería y Agrario. Desde esa casa de estudios se destacó que no responde a la postura de la universidad pero que es una contribución a la discusión.
Raúl Javier Rodríguez, el autor, además de ser profesor, ha asesorado a la Cámara de Mendocina de Empresarios Mineros en el planteo de inconstitucionalidad de la ley 7.722. Consultado por los aspectos que menciona su trabajo afirmó: “La evaluación que realizó la cátedra tiene dos partes: por un lado, un análisis de la ley 7.722, que, a nuestro criterio, ha impedido el desarrollo minero en la provincia, mientras que la segunda parte retoma aspectos a mejorar en los proyectos que se están debatiendo en el Senado”.
En cuanto a la norma que está en vigencia y que prohíbe el uso de una serie de sustancias contaminantes para la minería, el documento sostiene: “Esta prohibición que sólo afecta a la minería metalífera constituye una violación al derecho de ejercer industria lícita y a la igualdad ante la ley, ambos contemplados y tutelados en nuestra Carta Magna”.
Y cuestiona que estas sustancias sólo están vedadas para la minería metalífera porque se usan en otras industrias.
“Estas sustancias podrían ser usadas por cualquier persona, incluso por un minero que no emprenda un proyecto no metalífero, pero no por aquellos que quieran hacer minería metalífera”, cuestiona el escrito.
Por otro lado, el informe de la cátedra de Derecho Minero refuta el requisito de que sea la Legislatura la que termine convalidando la declaración de impacto ambiental.
“Este extremo legal ha configurado una evaluación meramente política de un tema que debería ser técnico, aun cuando dentro de la evaluación científica debe cumplirse con herramientas de participación ciudadana, como son la consulta y la audiencia pública”.
En esa línea, esta mirada coincide con el proyecto de Abraham, quien suprime de la norma el rol de la Legislatura en la ratificación del informe de impacto ambiental. “Es conveniente la iniciativa de suprimir la ratificación legislativa y respetar el procedimiento evaluativo ambiental minero”, remarca.
Finalmente, como aporte a las dos iniciativas que vienen a flexibilizar la prohibición del uso de sustancias tóxicas, el informe se inclina por el de la creación de los parques mineros controlados (Agulles), pero advierte que no está aclarado “cómo se crearán, quién los propondrá y aprobará y bajo qué procedimiento”.
Mientras tanto, el jueves volverán a escucharse las postura de los distintos actores y, en esta oportunidad, a quienes mayor resistencia han planteado, como son los integrantes de las Asambleas por el Agua Pura.
Se espera que, antes de la votación, el Gobierno provincial dé a conocer su opinión, la que hasta el momento no ha sido planteada en profundidad.
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Fecha de Publicación: 08/11/2018
Fuente: Diario El Sol
Provincia/Región: Mendoza
En medio del debate por los proyectos que habilitan la minería metalífera en Mendoza, la Universidad Nacional de Cuyo retomó un informe elaborado hace algunos años pero con aspectos vigentes, mientras que la cátedra de Derecho Minero de la Universidad de Champagnat sugirió perfeccionar puntos de las iniciativas en el Senado.
Las modificaciones planteadas a la ley que prohíbe el uso de sustancias químicas (7.722) para la minería está generando un fuerte debate en la sociedad mendocina. El ámbito científico y académico también sumó aportes para ser tenidos en cuenta y pone el acento en lo que debería realizarse desde el Estado si se habilitara la actividad.
En ese sentido, se ubica el trabajo ¿Minería en Mendoza?. Aportes para la evaluación de la actividad minera en el marco de la sustentabilidad.
Este informe fue elaborado por el Instituto de Ciencias Ambientales de la Universidad Nacional de Cuyo en el 2013 y marcó las directrices ante la controversia por instalación de la minera San Jorge en Las Heras para la extracción de oro que, finalmente, no logró el aval legislativo para su puesta en marcha.
A pesar de haber sido publicado en un contexto en el cual no se contaba con el Inventario Nacional de Glaciares o la Ley de Ordenamiento Territorial, donde se fijan restricciones para el desarrollo de la actividad minera, el estudio aborda asuntos de actualidad.
“Si bien el informe elaborado no es exhaustivo al no haberse cubierto la totalidad de las disciplinas que hacen a la valoración ambiental, el mismo comprende los principales aspectos que se deberían tener presentes a fin de dar una opinión fundada y la posibilidad de esbozar una política pública minera que, acompañada por legislación respetuosa y exigente en términos de calidad ambiental y social, resulte en beneficios económicos y fiscales para los intereses de los estados provinciales”, se advierte en el resumen ejecutivo en la presentación.
En tanto, se pone especial énfasis en que “las Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA), generalmente omiten el análisis económico orientado a diferentes aspectos relevantes en el área que se desarrollará el emprendimiento minero, tales como turísticos, energéticos, aquellos relacionados con los gases efecto invernadero, remediación del pasivo resultante, influencia del proyecto minero en el valor de los terrenos (…)”. También se pone de relieve que los informes EIA, regularmente carecen “de una adecuada valoración y vinculación de aspectos arqueológicos, históricos y culturales con aspectos económicos y sociales”.
La directora del Instituto de Ciencias Ambientales, Gabriela Lúquez, destacó que el documento, pese al paso de los años, “hace aportes sobre lo que debería tenerse en cuenta frente a la debilidad de los controles del Estado, que es lo que siempre se cuestiona a este tipo de actividades” y añadió: “Es muy saludable que la provincia revise su matriz productiva y que también lo hagan los municipios que ahora son más protagonistas a partir de los planes de ordenamiento territorial, pero también debe estar acompañado con la opinión de las comunidades donde se asentarán estos proyectos”.
Por último reflexionó: “Debemos repensar los beneficios económicos que se obtendrán por regalías frente a la pérdida de los recursos naturales que se ponen en juego”.
En el análisis los aportes se realizaron por áreas temáticas: Recursos hídricos, Recurso aire, Aspectos sociales, Salud, Aspectos económicos y Ciudado del ambiente.
El informe indica: “Para la preservación del recurso hídrico debe realizarse un estudio profundo para determinar con certeza el posible impacto sobre el agua superficial y subterránea, tanto respecto de la calidad como a la cantidad que insumiría el emprendimiento”.
Cabe destacar que, en la actualidad, el Gobierno, a través del Departamento General de Irrigación, está impulsando una ley en la Legislatura para limitar el uso del agua al haberse profundizado la escasez por la merma en los caudales de los ríos. Hoy se habla de un estado de sequía.
Respecto del cuidado del aire, el estudio agrega: “Se marca la conveniencia de realizar estudios adecuados de base cero en relación con la calidad del aire, con monitoreos periódicos y realizando un cálculo matemático para establecer la distribución de los contaminantes emitidos”.
Sobre los aspectos sociales, “se destaca la necesidad de profundizar todo lo relativo a los aspectos socioeconómicos y culturales de los centros poblacionales potencialmente afectados por el proyecto minero”. Y hace hincapié especialmente en la licencia social: “Es preciso efectuar una consulta sobre la visión, expectativas y opinión de la comunidad”.
Desde el punto de vista de la salud, el informe hace las siguientes recomendaciones: incrementar el control sanitario por el aumento significativo de la población durante el proceso de explotación minera, ante el cual, los hospitales y los centros de salud “resultarán insuficientes, debiendo preverse la mitigación de esa situación”.
Pero también que deberán instalarse especialidades de salud directamente relacionadas con la actividad en temas de toxicidad frente a una potencial contaminación del suelo, del agua y el aire. Finalmente, en materia económica, advierte de la necesidad de evaluar correctamente el valor de los beneficios futuros frente al costo de la explotación de los recursos minerales, “valorados desde el punto de vista económico, social y ambiental”.
“Las vallas normativas de la 7.722”
La Universidad Champagnat presentó en las comisiones de Hidrocarburos, Ambiente y Legislación y Derecho Constitucional un análisis de los proyectos de los senadores Alejandro Abraham y Juan Agulles, un artículo que aborda los aspectos legales realizado por la cátedra de Derecho de Minería y Agrario. Desde esa casa de estudios se destacó que no responde a la postura de la universidad pero que es una contribución a la discusión.
Raúl Javier Rodríguez, el autor, además de ser profesor, ha asesorado a la Cámara de Mendocina de Empresarios Mineros en el planteo de inconstitucionalidad de la ley 7.722. Consultado por los aspectos que menciona su trabajo afirmó: “La evaluación que realizó la cátedra tiene dos partes: por un lado, un análisis de la ley 7.722, que, a nuestro criterio, ha impedido el desarrollo minero en la provincia, mientras que la segunda parte retoma aspectos a mejorar en los proyectos que se están debatiendo en el Senado”.
En cuanto a la norma que está en vigencia y que prohíbe el uso de una serie de sustancias contaminantes para la minería, el documento sostiene: “Esta prohibición que sólo afecta a la minería metalífera constituye una violación al derecho de ejercer industria lícita y a la igualdad ante la ley, ambos contemplados y tutelados en nuestra Carta Magna”.
Y cuestiona que estas sustancias sólo están vedadas para la minería metalífera porque se usan en otras industrias.
“Estas sustancias podrían ser usadas por cualquier persona, incluso por un minero que no emprenda un proyecto no metalífero, pero no por aquellos que quieran hacer minería metalífera”, cuestiona el escrito.
Por otro lado, el informe de la cátedra de Derecho Minero refuta el requisito de que sea la Legislatura la que termine convalidando la declaración de impacto ambiental.
“Este extremo legal ha configurado una evaluación meramente política de un tema que debería ser técnico, aun cuando dentro de la evaluación científica debe cumplirse con herramientas de participación ciudadana, como son la consulta y la audiencia pública”.
En esa línea, esta mirada coincide con el proyecto de Abraham, quien suprime de la norma el rol de la Legislatura en la ratificación del informe de impacto ambiental. “Es conveniente la iniciativa de suprimir la ratificación legislativa y respetar el procedimiento evaluativo ambiental minero”, remarca.
Finalmente, como aporte a las dos iniciativas que vienen a flexibilizar la prohibición del uso de sustancias tóxicas, el informe se inclina por el de la creación de los parques mineros controlados (Agulles), pero advierte que no está aclarado “cómo se crearán, quién los propondrá y aprobará y bajo qué procedimiento”.
Mientras tanto, el jueves volverán a escucharse las postura de los distintos actores y, en esta oportunidad, a quienes mayor resistencia han planteado, como son los integrantes de las Asambleas por el Agua Pura.
Se espera que, antes de la votación, el Gobierno provincial dé a conocer su opinión, la que hasta el momento no ha sido planteada en profundidad.
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Limay: cuestionan análisis de Prefectura
La contaminación de los ríos genera dudas a una ONG
Fecha de Publicación: 08/11/2018
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
Desde la ONG ambientalista Salvemos los Ríos advirtieron sobre la situación de los balnearios, ya que consideran que las obras para mejorar la calidad de las aguas no se concretaron e incluso dudan de que se ejecuten en los próximos meses.
Respecto de la estación de monitoreo inteligente de la calidad de las aguas montada por la Municipalidad el año pasado a través de una aplicación y cuyos resultados se iban a difundir online, Salvemos los Ríos dijo: “Nunca pudimos acceder a esa información”.
Según precisó el representante legal de la ONG, Luis Arellano, el panorama “es complicado en toda la zona Confluencia”.
Indicó que en el caso de Centenario todavía se observan problemas en la planta cloacal que debería verter los líquidos tratados al río Neuquén. Precisó que también observan con preocupación el funcionamiento de la planta de tratamiento de líquidos cloacales de Plottier. “En esa ciudad, el 50 por ciento de la gente no tiene acceso a las cloacas”, recordó Arellano.
Salvemos los Ríos salió a escena en enero de 2017 para denunciar la contaminación de los cursos de agua en Neuquén y, a la vez, reclamar medidas para evitar que la problemática se agudice puesto que advertían que hacían falta obras de infraestructura y mayor control sobre la línea costera.
Sus presunciones no estaban equivocadas ya que el Municipio tuvo que clausurar los balnearios luego de que se detectara la presencia de la bacteria Escherichia coli en las aguas.
Salvemos los Ríos hizo un pedido a la Subsecretaría de Recursos Hídricos y al EPAS para que precisen los alcances de las obras pendientes, pero hasta el momento no tuvieron respuestas.
Cuestionan el informe ambiental
La ONG tomó con pinzas las pericias ambientales realizadas por Prefectura Naval en Planta Tronador. “La Prefectura habló de que hay régimen adecuado, pero no dice que el Limay no está contaminado”, declaró Luis Arellano.
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Fecha de Publicación: 08/11/2018
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
Desde la ONG ambientalista Salvemos los Ríos advirtieron sobre la situación de los balnearios, ya que consideran que las obras para mejorar la calidad de las aguas no se concretaron e incluso dudan de que se ejecuten en los próximos meses.
Respecto de la estación de monitoreo inteligente de la calidad de las aguas montada por la Municipalidad el año pasado a través de una aplicación y cuyos resultados se iban a difundir online, Salvemos los Ríos dijo: “Nunca pudimos acceder a esa información”.
Según precisó el representante legal de la ONG, Luis Arellano, el panorama “es complicado en toda la zona Confluencia”.
Indicó que en el caso de Centenario todavía se observan problemas en la planta cloacal que debería verter los líquidos tratados al río Neuquén. Precisó que también observan con preocupación el funcionamiento de la planta de tratamiento de líquidos cloacales de Plottier. “En esa ciudad, el 50 por ciento de la gente no tiene acceso a las cloacas”, recordó Arellano.
Salvemos los Ríos salió a escena en enero de 2017 para denunciar la contaminación de los cursos de agua en Neuquén y, a la vez, reclamar medidas para evitar que la problemática se agudice puesto que advertían que hacían falta obras de infraestructura y mayor control sobre la línea costera.
Sus presunciones no estaban equivocadas ya que el Municipio tuvo que clausurar los balnearios luego de que se detectara la presencia de la bacteria Escherichia coli en las aguas.
Salvemos los Ríos hizo un pedido a la Subsecretaría de Recursos Hídricos y al EPAS para que precisen los alcances de las obras pendientes, pero hasta el momento no tuvieron respuestas.
Cuestionan el informe ambiental
La ONG tomó con pinzas las pericias ambientales realizadas por Prefectura Naval en Planta Tronador. “La Prefectura habló de que hay régimen adecuado, pero no dice que el Limay no está contaminado”, declaró Luis Arellano.
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Cuenca Salí-Dulce: avanza su Plan Director de Gestión
Avanzan en crear el Plan Director de Gestión Hídrica de Cuenca Salí-Dulce
Fecha de Publicación: 07/11/2018
Fuente: Nuevo Diario
Provincia/Región: Nacional
Con la presencia de representantes de la provincias de Catamarca, Tucumán, Cordoba, Santiago del Estero y de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica de la Nación, se llevó a nuestra Capital la reunión de la Comisión Técnica del Comité Interjurisdiccional de la Cuenca Salí-Dulce en la sede permanente del organismo.
Dentro de la extensa agenda de temas abordados, el defensor del Pueblo de la Provincia, Dr. Lionel Suárez informó el resultado de la reciente inspección a los ingenios en la provincia de Tucumán.
También se convino la necesidad de informar las acciones cotidianas que desarrollan los profesionales que realizan el monitoreo de la calidad de las aguas de la cuenca, ante la difusión en redes sociales de información errónea.
Plan Director
Se contó con la presencia del director de la Consultora encargada de realizar el Plan Director de Gestión Hídrica de la Cuenca, quien brindó un pormenorizado informe del avance de las acciones planificadas.
Asimismo, se decidió la elaboración de un informe conjunto de las provincias de Santiago del Estero y Tucumán con los parámetros de calidad en siete puntos del embalse Río Hondo, ya que además de los controles que cada provincia realiza por su cuenta, desde 2009 a la fecha se registran más de 513 ingresos y relevamientos conjuntos al embalse.
Finalmente, el Dr. Leandro García Silva, representante de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, informó el estado de avance del plan de restauración de bosques nativos que se realiza en nuestra provincia.
Alumnos visitaron el Instituto de Hidrobiología
Desde el Instituto de Investigación y Desarrollo Aplicado de Hidrobiología se informó que el martes 30 de octubre, el colegio Cristo Rey de La Banda, la escuela N° 882 de Sumampa y el instituto Sor María Antonia de Paz y Figueroa visitaron las instalaciones en Las Termas de Río Hondo, durante el recorrido los niños pudieron interiorizarse, mediante una charla y material audiovisual, del cuidado de nuestro medio ambiente. En el acuario, los alumnos conocieron las especies en exhibición, las cuales ponen en valor la biodiversidad autóctona de nuestra cuenca Salí - Dulce.
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Fecha de Publicación: 07/11/2018
Fuente: Nuevo Diario
Provincia/Región: Nacional
Con la presencia de representantes de la provincias de Catamarca, Tucumán, Cordoba, Santiago del Estero y de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica de la Nación, se llevó a nuestra Capital la reunión de la Comisión Técnica del Comité Interjurisdiccional de la Cuenca Salí-Dulce en la sede permanente del organismo.
Dentro de la extensa agenda de temas abordados, el defensor del Pueblo de la Provincia, Dr. Lionel Suárez informó el resultado de la reciente inspección a los ingenios en la provincia de Tucumán.
También se convino la necesidad de informar las acciones cotidianas que desarrollan los profesionales que realizan el monitoreo de la calidad de las aguas de la cuenca, ante la difusión en redes sociales de información errónea.
Plan Director
Se contó con la presencia del director de la Consultora encargada de realizar el Plan Director de Gestión Hídrica de la Cuenca, quien brindó un pormenorizado informe del avance de las acciones planificadas.
Asimismo, se decidió la elaboración de un informe conjunto de las provincias de Santiago del Estero y Tucumán con los parámetros de calidad en siete puntos del embalse Río Hondo, ya que además de los controles que cada provincia realiza por su cuenta, desde 2009 a la fecha se registran más de 513 ingresos y relevamientos conjuntos al embalse.
Finalmente, el Dr. Leandro García Silva, representante de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, informó el estado de avance del plan de restauración de bosques nativos que se realiza en nuestra provincia.
Alumnos visitaron el Instituto de Hidrobiología
Desde el Instituto de Investigación y Desarrollo Aplicado de Hidrobiología se informó que el martes 30 de octubre, el colegio Cristo Rey de La Banda, la escuela N° 882 de Sumampa y el instituto Sor María Antonia de Paz y Figueroa visitaron las instalaciones en Las Termas de Río Hondo, durante el recorrido los niños pudieron interiorizarse, mediante una charla y material audiovisual, del cuidado de nuestro medio ambiente. En el acuario, los alumnos conocieron las especies en exhibición, las cuales ponen en valor la biodiversidad autóctona de nuestra cuenca Salí - Dulce.
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Desafectan parte del PN Calilegua para remediación
Desafectación 'provisoria' de mil hectáreas del Parque Nacional Calilegua
Fecha de Publicación: 07/11/2018
Fuente: El Libertario (Jujuy)
Provincia/Región: Jujuy
La desafectación de mil hectáreas protegidas del Parque Nacional Calilegua (PNC) es una medida “provisoria” para que la provincia pueda hacerse cargo de la gestión de petróleo que “emerge de manera natural”, y luego encare el cese definitivo de la explotación hidrocarburífera y la remediación, informó hoy el ministerio de Ambiente de Jujuy.
“Frente al abandono de la última empresa operadora, Petro AP, la provincia se tuvo que hacer cargo de una situación de emergencia en el Yacimiento Caimancito CNO3 que continuaba en actividad debido a la surgencia natural de petróleo”, señalaron desde la cartera a través de un comunicado prensa.
En este sentido, aseguraron que “se definieron una serie de medidas administrativas que fueron respaldadas jurídicamente, para poder abordar la situación del Yacimiento y evitar una tragedia ambiental, garantizando el compromiso asumido mediante la Ley N° 5.889/2015, de cierre y posterior remediación del PNC”.
Las 1.000 hectáreas sobre las cuales está funcionando actualmente el Yacimiento CNO3, fueron transferidas recientemente por la Nación a la provincia.
“No se trata de una desafectación sino de una condición suspensiva del área hasta que Jujuy pueda garantizar el cierre y la posterior remediación”, aclaró la ministra de Ambiente, María Inés Zigarán.
Por su parte, el secretario de Minería y Recursos Energéticos de Jujuy, Miguel Soler, detalló que los últimos tres años se trabajó “para resolver una situación que arrastra décadas, y que debido a la complejidad exige un tiempo y un proceso administrativo y judicial considerable”.
Al referirse a la empresa Petro AP, agregó que se intentó “por todos los medios que la operadora, que estaba hasta el año pasado, cumpliese con la normativa y comenzara con los trabajos”, lo cual no se logró y se iniciaron las acciones legales correspondientes.
Por último, Soler se refirió a las características de los pozos que hoy permanecen activos de manera natural y dijo que “de 35, hoy hay 11 activos que son surgentes”.
Dicha situación agrega una dificultad técnica a las tareas a realizarse ya que “no se puede cerrar la válvula y retirarse hasta que se consigan los fondos para proceder con todo el trabajo como corresponde”, representando un “serio riesgo” para el lugar.
Cabe señalar que la empresa estatal Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (Jemse) es la que se hizo cargo de seguir operando el yacimiento.
Por su parte, los trabajadores del PNC habían emitido días atrás un comunicado en el que denuncian una “desafectación encubierta”, asegurando que el hecho de que Parque Nacionales ceda jurisdicción y dominio sobre las mil hectáreas “es un precedente terriblemente peligroso”, abriendo paso a que “no exista ningún tipo de control ni fiscalización” sobre ellas.
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Fecha de Publicación: 07/11/2018
Fuente: El Libertario (Jujuy)
Provincia/Región: Jujuy
La desafectación de mil hectáreas protegidas del Parque Nacional Calilegua (PNC) es una medida “provisoria” para que la provincia pueda hacerse cargo de la gestión de petróleo que “emerge de manera natural”, y luego encare el cese definitivo de la explotación hidrocarburífera y la remediación, informó hoy el ministerio de Ambiente de Jujuy.
“Frente al abandono de la última empresa operadora, Petro AP, la provincia se tuvo que hacer cargo de una situación de emergencia en el Yacimiento Caimancito CNO3 que continuaba en actividad debido a la surgencia natural de petróleo”, señalaron desde la cartera a través de un comunicado prensa.
En este sentido, aseguraron que “se definieron una serie de medidas administrativas que fueron respaldadas jurídicamente, para poder abordar la situación del Yacimiento y evitar una tragedia ambiental, garantizando el compromiso asumido mediante la Ley N° 5.889/2015, de cierre y posterior remediación del PNC”.
Las 1.000 hectáreas sobre las cuales está funcionando actualmente el Yacimiento CNO3, fueron transferidas recientemente por la Nación a la provincia.
“No se trata de una desafectación sino de una condición suspensiva del área hasta que Jujuy pueda garantizar el cierre y la posterior remediación”, aclaró la ministra de Ambiente, María Inés Zigarán.
Por su parte, el secretario de Minería y Recursos Energéticos de Jujuy, Miguel Soler, detalló que los últimos tres años se trabajó “para resolver una situación que arrastra décadas, y que debido a la complejidad exige un tiempo y un proceso administrativo y judicial considerable”.
Al referirse a la empresa Petro AP, agregó que se intentó “por todos los medios que la operadora, que estaba hasta el año pasado, cumpliese con la normativa y comenzara con los trabajos”, lo cual no se logró y se iniciaron las acciones legales correspondientes.
Por último, Soler se refirió a las características de los pozos que hoy permanecen activos de manera natural y dijo que “de 35, hoy hay 11 activos que son surgentes”.
Dicha situación agrega una dificultad técnica a las tareas a realizarse ya que “no se puede cerrar la válvula y retirarse hasta que se consigan los fondos para proceder con todo el trabajo como corresponde”, representando un “serio riesgo” para el lugar.
Cabe señalar que la empresa estatal Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (Jemse) es la que se hizo cargo de seguir operando el yacimiento.
Por su parte, los trabajadores del PNC habían emitido días atrás un comunicado en el que denuncian una “desafectación encubierta”, asegurando que el hecho de que Parque Nacionales ceda jurisdicción y dominio sobre las mil hectáreas “es un precedente terriblemente peligroso”, abriendo paso a que “no exista ningún tipo de control ni fiscalización” sobre ellas.
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Reforestación en el sur tucumano supervisado por Nación
La Nación supervisará las obras de reforestación en el sur tucumano
Fecha de Publicación: 07/11/2018
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
Una delegación de la Secretaría de Ambiente llegará el lunes para recorrer zonas de La Cocha y de La Madrid.
Funcionarios nacionales supervisarán la semana próxima la ejecución de programas de recuperación de bosques nativos en el sur tucumano, con la idea de avanzar en barreras naturales para la prevención de inundaciones.
La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación precisó que el lunes se concretará la visita a proyectos de restauración forestal en la provincia, para conocer sus avances y fortalecer el trabajo llevado a cabo. Como representante del área de Ambiente nacional, será Diego Moreno, secretario de Política Ambiental en Recursos Naturales, el encargado de realizar la recorrida por los sitios.
El itinerario incluirá a las 11.30 la visita al proyecto “Las Pastoras enriquecen el monte”, a cargo de Fundación Gran Chaco, en La Madrid. Continuará a las 14.30 con la recorrida por los proyectos “Alternativa de Restauración de Bosques Nativos en Áreas degradadas del sur de la provincia de Tucumán”, a cargo de Fundefma y “Restauración del bosque en áreas transformadas para generar barreras naturales al escurrimiento de agua en el sur de la provincia”, de ProYungas, en las cercanías a La Cocha.
Estas iniciativas fueron seleccionadas en la primera convocatoria del Plan Nacional de Restauración de Bosques Nativos, para las zonas prioritarias de la cuenca Salí-Dulce, el monte y espinal y el bosque andino-patagónico. Se realizan en el marco de ForestAr 2030, la plataforma de forestación creada para consolidar al país como una potencia forestal sustentable y liderada por la Secretaría de Ambiente nacional, que conduce Sergio Bergman.
De la recorrida, también participarán el subsecretario de Recursos Hídricos de la provincia, Carlos Giobellina; la subdirectora de Ordenamiento Territorial de Tucumán, Liliana Fortini; junto a equipos técnicos provinciales.
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Fecha de Publicación: 07/11/2018
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
Una delegación de la Secretaría de Ambiente llegará el lunes para recorrer zonas de La Cocha y de La Madrid.
Funcionarios nacionales supervisarán la semana próxima la ejecución de programas de recuperación de bosques nativos en el sur tucumano, con la idea de avanzar en barreras naturales para la prevención de inundaciones.
La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación precisó que el lunes se concretará la visita a proyectos de restauración forestal en la provincia, para conocer sus avances y fortalecer el trabajo llevado a cabo. Como representante del área de Ambiente nacional, será Diego Moreno, secretario de Política Ambiental en Recursos Naturales, el encargado de realizar la recorrida por los sitios.
El itinerario incluirá a las 11.30 la visita al proyecto “Las Pastoras enriquecen el monte”, a cargo de Fundación Gran Chaco, en La Madrid. Continuará a las 14.30 con la recorrida por los proyectos “Alternativa de Restauración de Bosques Nativos en Áreas degradadas del sur de la provincia de Tucumán”, a cargo de Fundefma y “Restauración del bosque en áreas transformadas para generar barreras naturales al escurrimiento de agua en el sur de la provincia”, de ProYungas, en las cercanías a La Cocha.
Estas iniciativas fueron seleccionadas en la primera convocatoria del Plan Nacional de Restauración de Bosques Nativos, para las zonas prioritarias de la cuenca Salí-Dulce, el monte y espinal y el bosque andino-patagónico. Se realizan en el marco de ForestAr 2030, la plataforma de forestación creada para consolidar al país como una potencia forestal sustentable y liderada por la Secretaría de Ambiente nacional, que conduce Sergio Bergman.
De la recorrida, también participarán el subsecretario de Recursos Hídricos de la provincia, Carlos Giobellina; la subdirectora de Ordenamiento Territorial de Tucumán, Liliana Fortini; junto a equipos técnicos provinciales.
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Abordaron el extractivismo urbano en la CABA
Extractivismo urbano
Fecha de Publicación: 06/11/2018
Fuente: Agencia TSS
Provincia/Región: CABA
Agrupaciones barriales, profesionales y académicos debatieron sobre los problemas y desafíos que enfrentan los espacios urbanos y quienes los habitan frente al impacto de la contaminación, el cambio climático y la especulación inmobiliaria, en medio del debate por la modificación del Código Urbanístico de la Ciudad de Buenos Aires.
Según un relevamiento de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), existen 4300 barrios populares en todo el país, en los cuales viven alrededor de 5 millones de personas. “La mitad de esos barrios fueron creados en los últimos 20 años, el mismo período de aparición y desarrollo del modelo sojero en nuestro país”, dijo el abogado ambientalista Enrique Viale durante un taller realizado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, en el que académicos, profesionales y referentes de organizaciones vecinales se reunieron para reflexionar sobre el impacto de la contaminación y el calentamiento global en las desigualdades urbanas y el acceso a la alimentación y la salud de quienes viven en zonas vulnerables.
“En general, se subestima la cuestión ambiental en los países en desarrollo, como si fuera algo secundario, se cree que de eso podríamos encargarnos si fuéramos Noruega o Suecia y que aquí primero tenemos otras urgencias que atender. Pero lo que tenemos es un modelo sojero que expulsó gente del campo a las ciudades y un modelo de desarrollo de ciudad que también expulsa a partir de la especulación inmobiliaria”, agregó Viale y se refirió a lo que denomina “extractivismo urbano”, como un proceso de desplazamiento poblacional y degradación ambiental en áreas urbanas. “Buscan mercantilizar todo, hasta las relaciones sociales, y la idea de llamarlo así es para que se empiecen a unificar las luchas”, dijo el especialista.
“El metro cuadrado de la vivienda ya no es ni un bien de uso ni de cambio, es un commodity”, sostuvo el arquitecto Gustavo Cañaveral, de UrbanaTV, el canal comunitario ubicado en la Villa 31. Y destacó: “No estamos en contra del desarrollo inmobiliario sino de esa burbuja que no cuenta con que la gente vaya a vivir a las construcciones, sino que las considera como un bien de cambio para grandes inversores. Es importante pensar los procesos de construcción de barrios populares y de desarrollos productivos que generen trabajo, algo que hemos logrado en la Villa 31 y en el barrio Rodrigo Bueno”, ejemplificó.
“Vivimos una situación de contaminación ambiental, entre otros motivos porque las lagunas fueron rellenadas para posibilitar la ampliación e instalación de nuevas empresas. Hay casas que nunca se inundaban y hoy se inundan. Hay pobladores que también contribuyen al relleno de esas lagunas naturales, y si tomamos fotos satelitales de hace 10 años, vemos que hemos ido ganando espacio pero restando el derecho a la salud, porque nos vamos contaminando”, dijo con preocupación Alejandro Martín Álvarez, de Villa Inflamable, en la localidad de Dock Sud, a tan solo cuatro kilómetros del centro porteño. Allí se estima que viven alrededor de 1200 familias. En la zona, hasta el año 2010 había 40 empresas y hoy son 65. “¿Cómo se instalaron? ¿Con qué permisos? ¿Se hicieron estudios de impacto ambiental previos?”, se preguntó Álvarez.
La falta respuestas a esas preguntas y la necesidad de acceder a información fue una de las problemáticas más mencionadas por los vecinos que participaron en el taller. Otro caso lo manifestaron las representates de quienes viven en la Villa 31, en la Ciudad de Buenos Aires, que reclamaron que nadie les haya consultado ni explicado de qué se tratan, cómo funcionan o qué posibilidades y ventajas pueden obtener con los paneles solares que instalaron recientemente en el barrio. “Además, siempre vienen empresas de afuera a arreglarlos, cuando podrían enseñarnos a nosotros cómo repararlos y así también tendríamos una fuente de trabajo”, dijo Mónica Zárate, vecina de la villa.
“Los desastres naturales no tienen nada de naturales, sino que tienen que ver con la forma en que producimos y consumimos. No es casual que se use la dimensión individual para responsabilizar a las víctimas. Por eso, es importante el manejo de la información por parte de las comunidades. Es importante la educación y el acceso a la información para poder decidir, y eso también como responsabilidad del Estado”, sostuvo la especialista en salud pública Natalia Eche Goyemberry, de la Asociacion Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). Claudia Spíndola, del barrio Villa Inflamable, coincidió: “Es cierto que el Estado somos todos, pero la responsabilidad del ambiente es del Gobierno. No le podemos echar la culpa al vecino. Tenemos que mirar al verdadero causante de todo esto, y se necesitan leyes que prohíban y controlen”, afirmó.
Alimentos urbanos y contaminación informativa
“El 75% de las zonas cultivadas en Argentina es de monocultivos. Tenemos la tasa de deforestación mas alta de América Latina, lo que implica una alta concentración de tierras y expulsión de campesinos hacia las ciudades, tanto que el 92% de la población vive en las ciudades, a pesar de que, por cantidad de superficie, el país se encuentra en el octavo lugar del mundo”, dijo Marcos Filardi, de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria (CALISA).
Además, el modelo agroindustrial dominante en el país se basa en el uso de agroquímicos. “Se tiran 400 millones de litros de agrotóxicos por año”, sostuvo Filardi y agregó que la cría de ganado y animales de granja también suele realizarse con alimentos transgénicos que han sido fumigados y se tratan con antibióticos que terminan en el suelo y agua y promueven la resistencia bacteriana. “El agua es cada vez más escasa, está concentrada en menos manos y está contaminada ya desde sus origenes en las zonas de megamineria y fracking, después pasa a la zona agraria y sigue por la industrial y fabril hasta que llega a la ciudad. Entonces, ¿qué comemos, cuál es la calidad de los alimentos?”, se preocupa el abogado.
Desde Villa Inflamable, Álvarez también sumó sus inquietudes: “Hay contaminación no solo por lo que ingerimos sino también por lo que respiramos en el aire y hasta el líquido que tragamos cuando nos lavamos. Debería declararse una emergencia de política ambiental”, advirtió.
El taller fue organizado en el marco del Primer Encuentro Internacional de Ciudades Igualitarias, organizado por el Centro de Estudios y Acción por la Igualdad (CEAPI). “El encuentro se armó junto con una treintena de organizaciones en contraposición al Urban 20, que fue la reunión de alcaldes que coorganizó la alcaldesa de París con la Ciudad de Buenos Aires para nuclear capitales de países del G20 e intentar influir en la agenda de los países con un tinte claramente neoliberal, por lo menos en la mayoría de sus expresiones, y ajeno a la agenda de las organizaciones sociales y pobladores de nuestras ciudades”, dijo Facundo di Filipo, presidente del CEAPI. El taller también coincidió con el debate sobre el Nuevo Código Urbanístico porteño, que ampliaría los límites actuales para la construcción en la ciudad. Di Filipo destacó que dos de los conflictos más importantes a nivel urbanístico en la actualidad son los desalojos que continuamente se desarrollan en La Boca, “un barrio codiciado por el mercado inmobiliario”, y la toma de vecinos de Juárez Celman en Córdoba, “que fue desalojada violentamente dos veces”.
“En la Boca, se trata de hacer desaparecer los conventillos, de sacar a la gente y que sean reemplazados, en vez de que pasen a ser parte de la memoria histórica de nuestra ciudad y la posibilidad de mostrar adónde vivieron los inmigrantes”, ejemplificó Cañaveral. Y concluyó: “En este encuentro, las organizaciones sociales nos juntamos para pensar otro tipo de ciudad frente al modelo neoliberal”.
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Fecha de Publicación: 06/11/2018
Fuente: Agencia TSS
Provincia/Región: CABA
Agrupaciones barriales, profesionales y académicos debatieron sobre los problemas y desafíos que enfrentan los espacios urbanos y quienes los habitan frente al impacto de la contaminación, el cambio climático y la especulación inmobiliaria, en medio del debate por la modificación del Código Urbanístico de la Ciudad de Buenos Aires.
Según un relevamiento de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), existen 4300 barrios populares en todo el país, en los cuales viven alrededor de 5 millones de personas. “La mitad de esos barrios fueron creados en los últimos 20 años, el mismo período de aparición y desarrollo del modelo sojero en nuestro país”, dijo el abogado ambientalista Enrique Viale durante un taller realizado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, en el que académicos, profesionales y referentes de organizaciones vecinales se reunieron para reflexionar sobre el impacto de la contaminación y el calentamiento global en las desigualdades urbanas y el acceso a la alimentación y la salud de quienes viven en zonas vulnerables.
“En general, se subestima la cuestión ambiental en los países en desarrollo, como si fuera algo secundario, se cree que de eso podríamos encargarnos si fuéramos Noruega o Suecia y que aquí primero tenemos otras urgencias que atender. Pero lo que tenemos es un modelo sojero que expulsó gente del campo a las ciudades y un modelo de desarrollo de ciudad que también expulsa a partir de la especulación inmobiliaria”, agregó Viale y se refirió a lo que denomina “extractivismo urbano”, como un proceso de desplazamiento poblacional y degradación ambiental en áreas urbanas. “Buscan mercantilizar todo, hasta las relaciones sociales, y la idea de llamarlo así es para que se empiecen a unificar las luchas”, dijo el especialista.
“El metro cuadrado de la vivienda ya no es ni un bien de uso ni de cambio, es un commodity”, sostuvo el arquitecto Gustavo Cañaveral, de UrbanaTV, el canal comunitario ubicado en la Villa 31. Y destacó: “No estamos en contra del desarrollo inmobiliario sino de esa burbuja que no cuenta con que la gente vaya a vivir a las construcciones, sino que las considera como un bien de cambio para grandes inversores. Es importante pensar los procesos de construcción de barrios populares y de desarrollos productivos que generen trabajo, algo que hemos logrado en la Villa 31 y en el barrio Rodrigo Bueno”, ejemplificó.
“Vivimos una situación de contaminación ambiental, entre otros motivos porque las lagunas fueron rellenadas para posibilitar la ampliación e instalación de nuevas empresas. Hay casas que nunca se inundaban y hoy se inundan. Hay pobladores que también contribuyen al relleno de esas lagunas naturales, y si tomamos fotos satelitales de hace 10 años, vemos que hemos ido ganando espacio pero restando el derecho a la salud, porque nos vamos contaminando”, dijo con preocupación Alejandro Martín Álvarez, de Villa Inflamable, en la localidad de Dock Sud, a tan solo cuatro kilómetros del centro porteño. Allí se estima que viven alrededor de 1200 familias. En la zona, hasta el año 2010 había 40 empresas y hoy son 65. “¿Cómo se instalaron? ¿Con qué permisos? ¿Se hicieron estudios de impacto ambiental previos?”, se preguntó Álvarez.
La falta respuestas a esas preguntas y la necesidad de acceder a información fue una de las problemáticas más mencionadas por los vecinos que participaron en el taller. Otro caso lo manifestaron las representates de quienes viven en la Villa 31, en la Ciudad de Buenos Aires, que reclamaron que nadie les haya consultado ni explicado de qué se tratan, cómo funcionan o qué posibilidades y ventajas pueden obtener con los paneles solares que instalaron recientemente en el barrio. “Además, siempre vienen empresas de afuera a arreglarlos, cuando podrían enseñarnos a nosotros cómo repararlos y así también tendríamos una fuente de trabajo”, dijo Mónica Zárate, vecina de la villa.
“Los desastres naturales no tienen nada de naturales, sino que tienen que ver con la forma en que producimos y consumimos. No es casual que se use la dimensión individual para responsabilizar a las víctimas. Por eso, es importante el manejo de la información por parte de las comunidades. Es importante la educación y el acceso a la información para poder decidir, y eso también como responsabilidad del Estado”, sostuvo la especialista en salud pública Natalia Eche Goyemberry, de la Asociacion Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). Claudia Spíndola, del barrio Villa Inflamable, coincidió: “Es cierto que el Estado somos todos, pero la responsabilidad del ambiente es del Gobierno. No le podemos echar la culpa al vecino. Tenemos que mirar al verdadero causante de todo esto, y se necesitan leyes que prohíban y controlen”, afirmó.
Alimentos urbanos y contaminación informativa
“El 75% de las zonas cultivadas en Argentina es de monocultivos. Tenemos la tasa de deforestación mas alta de América Latina, lo que implica una alta concentración de tierras y expulsión de campesinos hacia las ciudades, tanto que el 92% de la población vive en las ciudades, a pesar de que, por cantidad de superficie, el país se encuentra en el octavo lugar del mundo”, dijo Marcos Filardi, de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria (CALISA).
Además, el modelo agroindustrial dominante en el país se basa en el uso de agroquímicos. “Se tiran 400 millones de litros de agrotóxicos por año”, sostuvo Filardi y agregó que la cría de ganado y animales de granja también suele realizarse con alimentos transgénicos que han sido fumigados y se tratan con antibióticos que terminan en el suelo y agua y promueven la resistencia bacteriana. “El agua es cada vez más escasa, está concentrada en menos manos y está contaminada ya desde sus origenes en las zonas de megamineria y fracking, después pasa a la zona agraria y sigue por la industrial y fabril hasta que llega a la ciudad. Entonces, ¿qué comemos, cuál es la calidad de los alimentos?”, se preocupa el abogado.
Desde Villa Inflamable, Álvarez también sumó sus inquietudes: “Hay contaminación no solo por lo que ingerimos sino también por lo que respiramos en el aire y hasta el líquido que tragamos cuando nos lavamos. Debería declararse una emergencia de política ambiental”, advirtió.
El taller fue organizado en el marco del Primer Encuentro Internacional de Ciudades Igualitarias, organizado por el Centro de Estudios y Acción por la Igualdad (CEAPI). “El encuentro se armó junto con una treintena de organizaciones en contraposición al Urban 20, que fue la reunión de alcaldes que coorganizó la alcaldesa de París con la Ciudad de Buenos Aires para nuclear capitales de países del G20 e intentar influir en la agenda de los países con un tinte claramente neoliberal, por lo menos en la mayoría de sus expresiones, y ajeno a la agenda de las organizaciones sociales y pobladores de nuestras ciudades”, dijo Facundo di Filipo, presidente del CEAPI. El taller también coincidió con el debate sobre el Nuevo Código Urbanístico porteño, que ampliaría los límites actuales para la construcción en la ciudad. Di Filipo destacó que dos de los conflictos más importantes a nivel urbanístico en la actualidad son los desalojos que continuamente se desarrollan en La Boca, “un barrio codiciado por el mercado inmobiliario”, y la toma de vecinos de Juárez Celman en Córdoba, “que fue desalojada violentamente dos veces”.
“En la Boca, se trata de hacer desaparecer los conventillos, de sacar a la gente y que sean reemplazados, en vez de que pasen a ser parte de la memoria histórica de nuestra ciudad y la posibilidad de mostrar adónde vivieron los inmigrantes”, ejemplificó Cañaveral. Y concluyó: “En este encuentro, las organizaciones sociales nos juntamos para pensar otro tipo de ciudad frente al modelo neoliberal”.
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Vaca Muerta: aseguran que la multa será ejemplificadora
YPF recibirá la multa más alta de la historia por el derrame en Vaca Muerta
Fecha de Publicación: 06/11/2018
Fuente: Diario Rio Negro
Provincia/Región: Neuquén
Desde la subsecretaria de Ambiente de Neuquén aseveraron que la sanción será “ejemplificadora” en la provincia. Se habla de cifras millonarias.
Finalmente se confirmó que la sanción económica a YPF por el derrame de hace dos semanas será la “más alta” impuesta por el gobierno hasta la fecha. Si bien aún no está definido el monto exacto que deberá pagar la operadora nacional, desde la subsecretaría de Ambiente de la provincia aseguraron que será una multa “ejemplificadora y sin antecedentes.
“Como aún estamos en el medio del proceso no podemos saber el monto exacto de la multa, es como esperar que un juez de una condena en el medio de un proceso. Lo que si sabemos es que para este tipo de situaciones ambientales la pena ronda entre 100 y 23 mil Jus”, explicó el subsecretario de Ambiente, Juan de Dios Lucchelli.
Para este tipo de situaciones ambientales se utiliza el Jus como parámetros de pago, que es la medida del sistema judicial para fijar los honorarios de los abogados. Hoy el 1 Jus cotiza en $1.237,04.
Según el régimen de sanciones impuestos por la ley de medio ambiente provincial, en este caso la multa oscila entre 100 Jus y 23 mil Jus. Por lo que la multa podría llegar a ser de 28 millones de pesos.
“La multa será muy dura, va a ser ejemplificadora para toda la industria y, además, será la sanción económica más grande en la historia de la industria hidrocarburifera puesta por la provincia de Neuquén para un incidente en esta actividad”, aseguró Lucchelli.
Aún resta terminar con la caracterización de las 45 hectáreas donde se evaluará el daño, y recién ahí se podrá culminar el acto administrativo que derivará en el monto de la sanción. En caso de no estar conforme con la suma, la empresa podrá apelar.
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Fecha de Publicación: 06/11/2018
Fuente: Diario Rio Negro
Provincia/Región: Neuquén
Desde la subsecretaria de Ambiente de Neuquén aseveraron que la sanción será “ejemplificadora” en la provincia. Se habla de cifras millonarias.
Finalmente se confirmó que la sanción económica a YPF por el derrame de hace dos semanas será la “más alta” impuesta por el gobierno hasta la fecha. Si bien aún no está definido el monto exacto que deberá pagar la operadora nacional, desde la subsecretaría de Ambiente de la provincia aseguraron que será una multa “ejemplificadora y sin antecedentes.
“Como aún estamos en el medio del proceso no podemos saber el monto exacto de la multa, es como esperar que un juez de una condena en el medio de un proceso. Lo que si sabemos es que para este tipo de situaciones ambientales la pena ronda entre 100 y 23 mil Jus”, explicó el subsecretario de Ambiente, Juan de Dios Lucchelli.
Para este tipo de situaciones ambientales se utiliza el Jus como parámetros de pago, que es la medida del sistema judicial para fijar los honorarios de los abogados. Hoy el 1 Jus cotiza en $1.237,04.
Según el régimen de sanciones impuestos por la ley de medio ambiente provincial, en este caso la multa oscila entre 100 Jus y 23 mil Jus. Por lo que la multa podría llegar a ser de 28 millones de pesos.
“La multa será muy dura, va a ser ejemplificadora para toda la industria y, además, será la sanción económica más grande en la historia de la industria hidrocarburifera puesta por la provincia de Neuquén para un incidente en esta actividad”, aseguró Lucchelli.
Aún resta terminar con la caracterización de las 45 hectáreas donde se evaluará el daño, y recién ahí se podrá culminar el acto administrativo que derivará en el monto de la sanción. En caso de no estar conforme con la suma, la empresa podrá apelar.
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Los "Caza Tormentas" están en Córdoba
Proyecto Relámpago en Córdoba: comenzó la cacería con equipos “de película”
Fecha de Publicación: 06/11/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Se presentó oficialmente el proyecto Relámpago-Cacti, para estudiar fenómenos meteorológicos extremos de la provincia. En un acto en el Centro Cívico se mostraron las camionetas con los radares que irán a la caza.
Mañana puede ser el bautismo en serio del proyecto internacional Relámpago, destinado a cazar las tormentas en Córdoba, las más potentes del mundo.
Sin embargo, la presentación oficial se realizó ayer en el Centro Cívico de la ciudad de Córdoba con la presencia del gobernador Juan Schiaretti.
Parte del equipamiento que utilizarán para la cacería climática fue exhibido ayer para la prensa, público en general y alumnos de distintas escuelas.
La iniciativa es dirigida por diferentes organismos y universidades de Estados Unidos, que trajeron toneladas de equipos y vehículos a Argentina.
También participan investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba, Universidad de Buenos Aires y personal del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y cuenta con el apoyo del Gobierno de la provincia.
“Es un paso adelante en las previsiones que tenemos que tomar frente al cambio climático”, dijo el gobernador Juan Schiaretti durante el acto de presentación.
El proyecto servirá para conocer cómo está cambiando el clima por la acción del ser humano que sigue emitiendo gases de efecto invernadero. Pero además contribuirá a mejorar los pronósticos del tiempo que escuchamos y leemos a diario.
“Córdoba es un lugar mágico para los meteorólogos y expertos en clima. Las sierras de Córdoba interaccionan con el aire húmedo del Amazonas y generan estas tormentas severas”, comentó Steven Nesbitt, investigador principal de Relámpago.
El equipo de Nesbitt cree que mañana por la noche realizarán la primera “cacería”, según estiman los modelos meteorológicos. Estarán aquí hasta el 20 de diciembre y esperan analizar unas 20 tormentas en ese tiempo.
Los equipos
Entre los equipos que se mostraron en el Centro Cívico estaban los Doppler on Wheels (DOW), unos camiones equipados con radares doppler que van a la caza de las tormentas. Se acercan a ellas para medir cada detalle del fenómeno. Desde adentro del vehículo van captando información en tiempo real.
También había una camioneta encargada de atravesar la tormenta para tomar otras mediciones. Además, los técnicos que van adentro deben bajarse en la mitad del vendaval para colocar pequeñas estaciones meteorológicas a lo largo del camino. Es sin duda el trabajo más arriesgado. Prueba de ello, son las abolladuras que tiene la camioneta producto del granizo.
También se arrojarán radiosondas dentro y cerca de la tormenta. Son globos de helio equipados con sensores de temperatura, humedad y otros parámetros que van midiendo durante su ascenso hasta los 25 kilómetros de altura.
Si bien las tormentas argentinas son problemáticas porque producen inundaciones y caída de granizo, también son importantes para la economía del país. Producen el 80 por ciento de las precipitaciones en la pampa húmeda. Sin tormentas no tendríamos agua para los cultivos, ni para beber.
Villa Yacanto
Otro sitio clave del proyecto está ubicado en Villa Yacanto de Calamuchita. Allí se desarrolla el proyecto Cacti, siglas que en inglés significan Interacciones entre las nubes, aerosoles (partículas sólidas suspendidas en el aire) y terrenos complejos.
En ese lugar de las sierras se originan muchas tormentas que luego llegan incluso hasta la Mesopotamia. El laboratorio instalado en Villa Yacanto cuenta con cerca de 60 instrumentos.
Aportes científicos de los ciudadanos
Tres proyectos. Los cordobeses podrán sumar información al estudio del clima.
Crecidas. En el sitio www.cazadoresdecrecidas.unc.edu.ar pueden subirse videos de crecidas en ríos.
Matteo. Varias escuelas e instituciones tienen su propia estación meteorológica en https://sites.google.com/view/proyectomatteo.
Granizo. Para informar sobre la caída de granizo en mincyt.cba.gov. ar/cosecherosdegranizo.
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Fecha de Publicación: 06/11/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Se presentó oficialmente el proyecto Relámpago-Cacti, para estudiar fenómenos meteorológicos extremos de la provincia. En un acto en el Centro Cívico se mostraron las camionetas con los radares que irán a la caza.
Mañana puede ser el bautismo en serio del proyecto internacional Relámpago, destinado a cazar las tormentas en Córdoba, las más potentes del mundo.
Sin embargo, la presentación oficial se realizó ayer en el Centro Cívico de la ciudad de Córdoba con la presencia del gobernador Juan Schiaretti.
Parte del equipamiento que utilizarán para la cacería climática fue exhibido ayer para la prensa, público en general y alumnos de distintas escuelas.
La iniciativa es dirigida por diferentes organismos y universidades de Estados Unidos, que trajeron toneladas de equipos y vehículos a Argentina.
También participan investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba, Universidad de Buenos Aires y personal del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y cuenta con el apoyo del Gobierno de la provincia.
“Es un paso adelante en las previsiones que tenemos que tomar frente al cambio climático”, dijo el gobernador Juan Schiaretti durante el acto de presentación.
El proyecto servirá para conocer cómo está cambiando el clima por la acción del ser humano que sigue emitiendo gases de efecto invernadero. Pero además contribuirá a mejorar los pronósticos del tiempo que escuchamos y leemos a diario.
“Córdoba es un lugar mágico para los meteorólogos y expertos en clima. Las sierras de Córdoba interaccionan con el aire húmedo del Amazonas y generan estas tormentas severas”, comentó Steven Nesbitt, investigador principal de Relámpago.
El equipo de Nesbitt cree que mañana por la noche realizarán la primera “cacería”, según estiman los modelos meteorológicos. Estarán aquí hasta el 20 de diciembre y esperan analizar unas 20 tormentas en ese tiempo.
Los equipos
Entre los equipos que se mostraron en el Centro Cívico estaban los Doppler on Wheels (DOW), unos camiones equipados con radares doppler que van a la caza de las tormentas. Se acercan a ellas para medir cada detalle del fenómeno. Desde adentro del vehículo van captando información en tiempo real.
También había una camioneta encargada de atravesar la tormenta para tomar otras mediciones. Además, los técnicos que van adentro deben bajarse en la mitad del vendaval para colocar pequeñas estaciones meteorológicas a lo largo del camino. Es sin duda el trabajo más arriesgado. Prueba de ello, son las abolladuras que tiene la camioneta producto del granizo.
También se arrojarán radiosondas dentro y cerca de la tormenta. Son globos de helio equipados con sensores de temperatura, humedad y otros parámetros que van midiendo durante su ascenso hasta los 25 kilómetros de altura.
Si bien las tormentas argentinas son problemáticas porque producen inundaciones y caída de granizo, también son importantes para la economía del país. Producen el 80 por ciento de las precipitaciones en la pampa húmeda. Sin tormentas no tendríamos agua para los cultivos, ni para beber.
Villa Yacanto
Otro sitio clave del proyecto está ubicado en Villa Yacanto de Calamuchita. Allí se desarrolla el proyecto Cacti, siglas que en inglés significan Interacciones entre las nubes, aerosoles (partículas sólidas suspendidas en el aire) y terrenos complejos.
En ese lugar de las sierras se originan muchas tormentas que luego llegan incluso hasta la Mesopotamia. El laboratorio instalado en Villa Yacanto cuenta con cerca de 60 instrumentos.
Aportes científicos de los ciudadanos
Tres proyectos. Los cordobeses podrán sumar información al estudio del clima.
Crecidas. En el sitio www.cazadoresdecrecidas.unc.edu.ar pueden subirse videos de crecidas en ríos.
Matteo. Varias escuelas e instituciones tienen su propia estación meteorológica en https://sites.google.com/view/proyectomatteo.
Granizo. Para informar sobre la caída de granizo en mincyt.cba.gov. ar/cosecherosdegranizo.
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Conicet se pronuncia en contra de la mineríaen Chubut
El CONICET rechaza el proyecto de minería en Chubut y pide un debate serio para impulsar la economía regional
Fecha de Publicación: 05/11/2018
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Chubut
El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas emitió un comunicado donde rechaza el proyecto de zonificación minera en la Meseta chubutense. Considera que la iniciativa es inviable por la escasa intervención del Estado y reclama un debate serio para trabajar sobre el desarrollo territorial de la región.
El presidente Mauricio Macri convocó a una reunión con funcionarios provinciales y nacionales de Chubut para avanzar con la minería en la meseta de la provincia. La iniciativa instó a que legisladores de la Alianza Cambiemos impulsen el debate en la Legislatura donde se apelará a audiencias públicas no vinculantes para escuchar diferentes opiniones y definir si se aprobará el proyecto de zonificación antes de fin de año.
En este marco, el Centro Científico Tecnológico (CENPAT) dependiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), emitió un comunicado para manifestar su rechazo a la minería en Chubut por considerar la baja intervención del Estado.
“Consideramos que el aporte del sector científico y tecnológico a un debate serio e inclusivo permitiría ahondar temáticas claves para la discusión sobre el Desarrollo Territorial de la Meseta Central y otras regiones afectadas. Pensamos en un plan de articulación con el CONICET, las Universidades y otros organismos de ciencia y técnica de manera de garantizar opinión diversa a partir de profesionales de todas las áreas del conocimiento. Entendemos además que dicho conocimiento debe complementarse con aquellos saberes provenientes de las comunidades involucradas, las que deberían ser parte del diálogo en cuestión”, sostiene el comunicado.
El documento también establece: ?creemos importante la creación de una Agencia Estatal de regulación de carácter autónomo y autárquico y con manejo de recursos económicos y profesionales para enfrentar las demandas que surgen del monitoreo y control socio-ambiental de la minería”.
El CENPAT también solicitó abrir un debate consistente en la exploración de modelos de desarrollo socio-económicos alternativos, como la agricultura familiar y comunitaria, una ganadería basada en las nuevas tecnologías, el fortalecimiento de las cadenas de valor y la implementación de una economía social para los productores de la región, o cualquier otro modelo que apueste a diversificar la matriz de producción de la Meseta Central y otras áreas de Chubut sin caer en el modelo extractivo minero como única alternativa.
Así, los directores de la unidades ejecutoras del CONICET-CENPAT rechazaron el modelo de desarrollo minero que no establezca un rol claro para el Estado, las organizaciones civiles, el sector científico y tecnológico, y que arriesgue los recursos naturales de Chubut y comprometa la sustentabilidad de sus ambientes y sus habitantes, considerando que los costos a largo plazo para la comunidad serán mucho más importantes que los posibles beneficios.
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Fecha de Publicación: 05/11/2018
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Chubut
El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas emitió un comunicado donde rechaza el proyecto de zonificación minera en la Meseta chubutense. Considera que la iniciativa es inviable por la escasa intervención del Estado y reclama un debate serio para trabajar sobre el desarrollo territorial de la región.
El presidente Mauricio Macri convocó a una reunión con funcionarios provinciales y nacionales de Chubut para avanzar con la minería en la meseta de la provincia. La iniciativa instó a que legisladores de la Alianza Cambiemos impulsen el debate en la Legislatura donde se apelará a audiencias públicas no vinculantes para escuchar diferentes opiniones y definir si se aprobará el proyecto de zonificación antes de fin de año.
En este marco, el Centro Científico Tecnológico (CENPAT) dependiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), emitió un comunicado para manifestar su rechazo a la minería en Chubut por considerar la baja intervención del Estado.
“Consideramos que el aporte del sector científico y tecnológico a un debate serio e inclusivo permitiría ahondar temáticas claves para la discusión sobre el Desarrollo Territorial de la Meseta Central y otras regiones afectadas. Pensamos en un plan de articulación con el CONICET, las Universidades y otros organismos de ciencia y técnica de manera de garantizar opinión diversa a partir de profesionales de todas las áreas del conocimiento. Entendemos además que dicho conocimiento debe complementarse con aquellos saberes provenientes de las comunidades involucradas, las que deberían ser parte del diálogo en cuestión”, sostiene el comunicado.
El documento también establece: ?creemos importante la creación de una Agencia Estatal de regulación de carácter autónomo y autárquico y con manejo de recursos económicos y profesionales para enfrentar las demandas que surgen del monitoreo y control socio-ambiental de la minería”.
El CENPAT también solicitó abrir un debate consistente en la exploración de modelos de desarrollo socio-económicos alternativos, como la agricultura familiar y comunitaria, una ganadería basada en las nuevas tecnologías, el fortalecimiento de las cadenas de valor y la implementación de una economía social para los productores de la región, o cualquier otro modelo que apueste a diversificar la matriz de producción de la Meseta Central y otras áreas de Chubut sin caer en el modelo extractivo minero como única alternativa.
Así, los directores de la unidades ejecutoras del CONICET-CENPAT rechazaron el modelo de desarrollo minero que no establezca un rol claro para el Estado, las organizaciones civiles, el sector científico y tecnológico, y que arriesgue los recursos naturales de Chubut y comprometa la sustentabilidad de sus ambientes y sus habitantes, considerando que los costos a largo plazo para la comunidad serán mucho más importantes que los posibles beneficios.
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Intendentes quiern en su mayoría cambiar la 7.722
La mayoría de los intendentes, a favor de modificar la 7.722
Fecha de Publicación: 05/11/2018
Fuente: El Sol (Mendoza)
Provincia/Región: Mendoza
En el debate que se está produciendo en el Senado por las modificaciones a la ley que regula la minería, sólo dos departamentos pusieron reparos a la flexibilización de la norma, fue el caso de San Carlos y Alvear.
La iniciativa de dos senadores justicialistas para habilitar la minería metalífera en Mendoza fue respaldada por la mayoría de los intendentes, quienes expusieron sus puntos de vista o enviaron a funcionarios para hacerlo en el Senado de la provincia. Sólo dos municipios se expresaron en contra este jueves: fue el caso de Alvear y de San Carlos.
A instancias de las comisiones que están analizando los proyectos de Juan Agulles y Alejandro Abraham, se convocó a los intendentes de la provincia, aunque no todos pudieron asistir por cuestiones de agenda, según se informó desde la organización.
Entre las voces que se mostraron a favor se ubica la exposición del jefe comunal de Guaymallén, Marcelino Iglesias quien disparó: "La 7.722 atrasa, cuando se sancionó a mí no me gustó porque careció de un debate científico".
También remarcó que "se estigmatizó a la minería que es una actividad lícita y en la cual se utilizan químicos que están presentes en otras, como es la agricultura por ejemplo".
Iglesias le dio un guiño a la iniciativa presentada por Abraham, quien fuera intendente de Guaymallén.
"Lamentablemente los ambientalistas o los integrantes de las asambleas por el agua pura se han apropiado de esta norma y se creó una antinomia que no es tal, agua versus minería", soltó el jefe comunal.
En esa misma línea apuntó: "En mi experiencia como bioquímico, cualquiera de estos productos deben utilizarse con precaución y siguiendo los distintos protocolos, por eso creo que debemos avanzar en esta actividad con los controles necesarios".
Y añadió: "En lo personal, espero que se modifique la ley y celebro que se haya habilitado el debate".
Mientras tanto, en representación a la Municipalidad de Malargüe, su secretario de Gobierno, Carlos Vázquez afirmó: "Nosotros decimos sí a la minería, sí al cuidado del ambiente, a favor de la diversificación de la matriz productiva de la provincia".
Por Godoy Cruz, su director de Ambiente y Energía, Leonardo Mastrangelo, consideró favorable abrir el debate e impulsar esta actividad, sin descuidar la sustentabilidad y las auditorías ambientales que se necesitan.
Por su parte, el director de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Maipú, Luis Lucero, también dio luz verde a esta iniciativa, teniendo en cuenta que en ese departamento se encuentra una zona industrial importante que brinda servicios petroleros.
En tanto, la presidenta del Concejo Deliberante de Capital, Beatriz Martínez, manifestó que desde la municipalidad están de acuerdo con el desarrollo minero de la provincia y la ampliación de la matriz productiva.
Difonso: "Sin la ley, esto sería Jáchal"
Desde una posición diametralmente opuesta brindó su exposición el intendente de San Carlos, Jorge Difonso, autor de la norma que restringe la actividad minera y regula las sustancias que se utiliza para la extracción de minerales.
"Si en Mendoza no tuviéramos la Ley 7.722 esto sería Jáchal", afirmó en consonancia con su posición antiminera y en sintonía con las organizaciones y asambleas por el agua pura.
"En 2007 cuando se debatió esta ley lamentablemente no teníamos ejemplos cercanos de los peligros de habilitar la minería metalífera. Hoy tenemos los antecedentes de los distintos derrames que se produjeron en Jáchal, donde su comunidad no tomó conocimiento por el gobierno o por la empresa, sino por un empleado que a través de un mensaje les advirtió que no consuman ese agua", planteó Difonso.
"Creemos que los mendocinos tenemos que estar orgullosos de la norma que tenemos. Sumado a los casos de contaminación cercanos, debemos advertir la situación de sequía que estamos atravesando y creo que condiciona notablemente la decisión", agregó.
Difonso pidió a los legisladores que tuvieran en cuenta que la proyección es que haya menos agua para los próximos años, "va haber menos agua y tenemos que priorizar el agua para consumo humano y para la producción".
Por último, quien fuera legislador por ese entonces, también recordó que al momento de la redacción de la ley, una especialista aportó la necesidad de establecer cuáles eran las sustancias que debían prohibirse.
En tanto, desde Alvear se transmitió lo que ya venía afirmando su jefe comunal, Walther Marcolini, quien se mostró en defensa de la Ley 7.722 y rechazó la idea de que haya algún tipo de margen como para realizarse cambios. En representación de Marcolini estuvo presente el director de Ambiente, Carlos Pía.
Si bien no hubo representantes por Tunuyán, el intendente Martín Aveiro se mostró en contra de las modificaciones a la norma y acusó a sus "compañeros" de obedecer a intereses del oficialismo, hace algunas semanas atrás.
"La ley va a salir"
El senador Agulles uno de los impulsores de los dos proyectos que están en análisis se mostró optimista de que la ley para habilitar la minería metalífera se apruebe.
"Estamos en un escenario diferente. Y nosotros vamos a tomar todos los aportes que nos hagan. Incluso el de las universidades que estuvieron hoy presentes", indicó.
En la jornada de este jueves también estuvieron presentes representantes de la Universidad Nacional de Cuyo, de la Universidad Champagnat y organizaciones ambientalistas.
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Fecha de Publicación: 05/11/2018
Fuente: El Sol (Mendoza)
Provincia/Región: Mendoza
En el debate que se está produciendo en el Senado por las modificaciones a la ley que regula la minería, sólo dos departamentos pusieron reparos a la flexibilización de la norma, fue el caso de San Carlos y Alvear.
La iniciativa de dos senadores justicialistas para habilitar la minería metalífera en Mendoza fue respaldada por la mayoría de los intendentes, quienes expusieron sus puntos de vista o enviaron a funcionarios para hacerlo en el Senado de la provincia. Sólo dos municipios se expresaron en contra este jueves: fue el caso de Alvear y de San Carlos.
A instancias de las comisiones que están analizando los proyectos de Juan Agulles y Alejandro Abraham, se convocó a los intendentes de la provincia, aunque no todos pudieron asistir por cuestiones de agenda, según se informó desde la organización.
Entre las voces que se mostraron a favor se ubica la exposición del jefe comunal de Guaymallén, Marcelino Iglesias quien disparó: "La 7.722 atrasa, cuando se sancionó a mí no me gustó porque careció de un debate científico".
También remarcó que "se estigmatizó a la minería que es una actividad lícita y en la cual se utilizan químicos que están presentes en otras, como es la agricultura por ejemplo".
Iglesias le dio un guiño a la iniciativa presentada por Abraham, quien fuera intendente de Guaymallén.
"Lamentablemente los ambientalistas o los integrantes de las asambleas por el agua pura se han apropiado de esta norma y se creó una antinomia que no es tal, agua versus minería", soltó el jefe comunal.
En esa misma línea apuntó: "En mi experiencia como bioquímico, cualquiera de estos productos deben utilizarse con precaución y siguiendo los distintos protocolos, por eso creo que debemos avanzar en esta actividad con los controles necesarios".
Y añadió: "En lo personal, espero que se modifique la ley y celebro que se haya habilitado el debate".
Mientras tanto, en representación a la Municipalidad de Malargüe, su secretario de Gobierno, Carlos Vázquez afirmó: "Nosotros decimos sí a la minería, sí al cuidado del ambiente, a favor de la diversificación de la matriz productiva de la provincia".
Por Godoy Cruz, su director de Ambiente y Energía, Leonardo Mastrangelo, consideró favorable abrir el debate e impulsar esta actividad, sin descuidar la sustentabilidad y las auditorías ambientales que se necesitan.
Por su parte, el director de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Maipú, Luis Lucero, también dio luz verde a esta iniciativa, teniendo en cuenta que en ese departamento se encuentra una zona industrial importante que brinda servicios petroleros.
En tanto, la presidenta del Concejo Deliberante de Capital, Beatriz Martínez, manifestó que desde la municipalidad están de acuerdo con el desarrollo minero de la provincia y la ampliación de la matriz productiva.
Difonso: "Sin la ley, esto sería Jáchal"
Desde una posición diametralmente opuesta brindó su exposición el intendente de San Carlos, Jorge Difonso, autor de la norma que restringe la actividad minera y regula las sustancias que se utiliza para la extracción de minerales.
"Si en Mendoza no tuviéramos la Ley 7.722 esto sería Jáchal", afirmó en consonancia con su posición antiminera y en sintonía con las organizaciones y asambleas por el agua pura.
"En 2007 cuando se debatió esta ley lamentablemente no teníamos ejemplos cercanos de los peligros de habilitar la minería metalífera. Hoy tenemos los antecedentes de los distintos derrames que se produjeron en Jáchal, donde su comunidad no tomó conocimiento por el gobierno o por la empresa, sino por un empleado que a través de un mensaje les advirtió que no consuman ese agua", planteó Difonso.
"Creemos que los mendocinos tenemos que estar orgullosos de la norma que tenemos. Sumado a los casos de contaminación cercanos, debemos advertir la situación de sequía que estamos atravesando y creo que condiciona notablemente la decisión", agregó.
Difonso pidió a los legisladores que tuvieran en cuenta que la proyección es que haya menos agua para los próximos años, "va haber menos agua y tenemos que priorizar el agua para consumo humano y para la producción".
Por último, quien fuera legislador por ese entonces, también recordó que al momento de la redacción de la ley, una especialista aportó la necesidad de establecer cuáles eran las sustancias que debían prohibirse.
En tanto, desde Alvear se transmitió lo que ya venía afirmando su jefe comunal, Walther Marcolini, quien se mostró en defensa de la Ley 7.722 y rechazó la idea de que haya algún tipo de margen como para realizarse cambios. En representación de Marcolini estuvo presente el director de Ambiente, Carlos Pía.
Si bien no hubo representantes por Tunuyán, el intendente Martín Aveiro se mostró en contra de las modificaciones a la norma y acusó a sus "compañeros" de obedecer a intereses del oficialismo, hace algunas semanas atrás.
"La ley va a salir"
El senador Agulles uno de los impulsores de los dos proyectos que están en análisis se mostró optimista de que la ley para habilitar la minería metalífera se apruebe.
"Estamos en un escenario diferente. Y nosotros vamos a tomar todos los aportes que nos hagan. Incluso el de las universidades que estuvieron hoy presentes", indicó.
En la jornada de este jueves también estuvieron presentes representantes de la Universidad Nacional de Cuyo, de la Universidad Champagnat y organizaciones ambientalistas.
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Ampliación de parques en Córdoba - Tucumán
Donarán 100.000 hectáreas para ampliar parques nacionales en Córdoba y Tucumán
Fecha de Publicación: 05/11/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Córdoba - Tucumán
La Fundación Wyss, una entidad dedicada a la conservación de territorios naturales, anunció que donará casi US$30 millones para añadir cerca de 100.000 hectáreas a dos nuevos parques nacionales. La estrategia se enmarca en un plan global valuado en US$1000 millones que abarcará a más de una docena de países.
Se trata de los proyectos Aconquija, en la provincia de Tucumán, y Ansenuza, en Córdoba. En el primer caso, la organización aportará hasta US$22 millones para ayudar a la Fundación Flora y Fauna (FFF) a adquirir tierras para este parque, que tendrá una superficie aproximada de 70.000 hectáreas.
"Nos encontramos en proceso de comprar cinco propiedades este año y otra el próximo", sostuvo Sofía Heinonen, que preside FFF y The Conservation Landtrust (TCL), fundación creada por el fallecido magnate Douglas Tompkins, que durante su vida compró y donó más de 200.000 hectáreas en Santa Cruz, Corrientes y Chaco. A la fecha, ya adquirieron unas 43.000 hectáreas en Tucumán.
En Ansenuza, la Fundación Wyss otorgará hasta US$5,8 millones a la organización Aves Argentinas para comprar aproximadamente 26.000 hectáreas de humedales que rodean la laguna Mar Chiquita, uno de los lagos salados más importantes del hemisferio sur. "Todavía no se compró nada. En este momento la unidad ejecutora está definiendo los límites del parque", sostuvo Hernán Casañas, director ejecutivo de Aves Argentinas.
Un tesoro de biodiversidad
Aconquija está ubicado en el oeste de la provincia de Tucumán y alberga una muestra de las ecorregiones yungas y altoandinas. Abundan los alisos del cerro y cobija a más de 400 especies de vertebrados, entre los que se destacan los loros aliseros, gatos andinos, guanacos y ocelotes, entre otros.
"Es el único parque donde, debido al gradiente altitudinal, cuenta con glaciares y selva -afirmó Emiliano Ezcurra, vicepresidente de la Administración de Parques Nacionales-. Hay selva con monos y tucanes a 700 metros y arriba de los 5000 hay glaciares y temperaturas bajo cero. A esto se suma la cuestión de patrimonio arqueológico, dado que allí está la Ciudacita, el yacimiento inca más importante al sur de Machu Picchu".
Por su parte, el futuro parque de Ansenuza tendrá una superficie de 800.000 hectáreas. En Mar Chiquita se encuentran el 66% de todas las especies de aves migratorias y playeras del país, entre ellas tres de las seis especies de flamencos que existen en el mundo. Además, reúne casi el 36% de las 280 especies de aves del país.
"Es un /hotspot/ de biodiversidad por la presencia de aves migratorias y tiene los bañados del río Dulce, donde hay una escala que es, en sí misma, un componente clave porque es lo que permite contener poblaciones en peligro, como los pecaríes, ciervos del pantano y aguará guazú", añadió Ezcurra.
Los entrevistados coincidieron en que la creación de estos parques repercutirá positivamente en la mejora económica de las poblaciones aledañas.
"Nuestra relación con las economías regionales es íntima. Tenemos mediciones realizadas y casos de estudio donde está rigurosamente comprobado el aumento en el empleo en blanco allí donde están los parques nacionales", dijo Ezcurra, que agregó que en los 115 años que tiene la administración el trabajo alrededor de estos territorios no ha caído. "Constantemente tenemos más visitantes, incluso cuando el tipo de cambio no era favorable al turismo", señaló.
"Antes se construían grandes fábricas, ahora lo novedoso está en crear parques nacionales que funcionan como motores de la economía", dijo Heinonen. Y añadió: "No alcanza con comprar tierras. Es necesario también generar infraestructura y preparar a las comunidades para que puedan ofrecer los servicios que se necesitan", sostuvo.
Casañas señaló: "En momentos tan difíciles como los que atraviesa la Argentina, una apuesta a la valorización de nuestras áreas naturales contribuirá de manera significativa a generar nuevos puestos de trabajo".
Más colaboraciones
La Argentina, que suscribió ocho años atrás un compromiso internacionalpara proteger el 17% de sus zonas naturales terrestres hacia 2020, recibe donaciones de tierra a través de tres ONG Flora y Fauna, Aves Argentinas y Banco de Bosques.
La relación entre el Estado y la fundación creada por el multimillonario suizo Hansjörg Wyss, íntimo amigo de Tompkins y su viuda, Kristine McDivitt, data de 2011. "De alguna manera nosotros no solamente heredamos la generosidad de Tompkins traducida en la cantidad de tierras que donó, sino también sus amigos, que están ayudando a continuar su obra", afirmó Ezcurra.
Más allá de Aconquija y Ansenuza, el Gobierno está trabajando en planes para ampliar el Parque Nacional Ciervo de los Pantanos (que une las reservas naturales Otamendi y Río Luján con una parte de las islas del delta de Campana) y Calilegua (en el sudeste de Jujuy). Además prepara la creación de los primeros parques nacionales marinos: Yaganes (69.000 km2 en Tierra del Fuego) y Burwood II (28.000 km2 en el Atlántico Sur).
Como la campaña de la Fundación Wyss apunta a que el 30% del planeta se conserve en su estado natural hacia 2030, Heinonen consideró que es altamente probable que también aporten sumas significativas para estos nuevos proyectos. "A futuro podrían involucrarse en más iniciativas, las oportunidades que ofrece la Argentina son muy interesantes", concluyó.
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Fecha de Publicación: 05/11/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Córdoba - Tucumán
La Fundación Wyss, una entidad dedicada a la conservación de territorios naturales, anunció que donará casi US$30 millones para añadir cerca de 100.000 hectáreas a dos nuevos parques nacionales. La estrategia se enmarca en un plan global valuado en US$1000 millones que abarcará a más de una docena de países.
Se trata de los proyectos Aconquija, en la provincia de Tucumán, y Ansenuza, en Córdoba. En el primer caso, la organización aportará hasta US$22 millones para ayudar a la Fundación Flora y Fauna (FFF) a adquirir tierras para este parque, que tendrá una superficie aproximada de 70.000 hectáreas.
"Nos encontramos en proceso de comprar cinco propiedades este año y otra el próximo", sostuvo Sofía Heinonen, que preside FFF y The Conservation Landtrust (TCL), fundación creada por el fallecido magnate Douglas Tompkins, que durante su vida compró y donó más de 200.000 hectáreas en Santa Cruz, Corrientes y Chaco. A la fecha, ya adquirieron unas 43.000 hectáreas en Tucumán.
En Ansenuza, la Fundación Wyss otorgará hasta US$5,8 millones a la organización Aves Argentinas para comprar aproximadamente 26.000 hectáreas de humedales que rodean la laguna Mar Chiquita, uno de los lagos salados más importantes del hemisferio sur. "Todavía no se compró nada. En este momento la unidad ejecutora está definiendo los límites del parque", sostuvo Hernán Casañas, director ejecutivo de Aves Argentinas.
Un tesoro de biodiversidad
Aconquija está ubicado en el oeste de la provincia de Tucumán y alberga una muestra de las ecorregiones yungas y altoandinas. Abundan los alisos del cerro y cobija a más de 400 especies de vertebrados, entre los que se destacan los loros aliseros, gatos andinos, guanacos y ocelotes, entre otros.
"Es el único parque donde, debido al gradiente altitudinal, cuenta con glaciares y selva -afirmó Emiliano Ezcurra, vicepresidente de la Administración de Parques Nacionales-. Hay selva con monos y tucanes a 700 metros y arriba de los 5000 hay glaciares y temperaturas bajo cero. A esto se suma la cuestión de patrimonio arqueológico, dado que allí está la Ciudacita, el yacimiento inca más importante al sur de Machu Picchu".
Por su parte, el futuro parque de Ansenuza tendrá una superficie de 800.000 hectáreas. En Mar Chiquita se encuentran el 66% de todas las especies de aves migratorias y playeras del país, entre ellas tres de las seis especies de flamencos que existen en el mundo. Además, reúne casi el 36% de las 280 especies de aves del país.
"Es un /hotspot/ de biodiversidad por la presencia de aves migratorias y tiene los bañados del río Dulce, donde hay una escala que es, en sí misma, un componente clave porque es lo que permite contener poblaciones en peligro, como los pecaríes, ciervos del pantano y aguará guazú", añadió Ezcurra.
Los entrevistados coincidieron en que la creación de estos parques repercutirá positivamente en la mejora económica de las poblaciones aledañas.
"Nuestra relación con las economías regionales es íntima. Tenemos mediciones realizadas y casos de estudio donde está rigurosamente comprobado el aumento en el empleo en blanco allí donde están los parques nacionales", dijo Ezcurra, que agregó que en los 115 años que tiene la administración el trabajo alrededor de estos territorios no ha caído. "Constantemente tenemos más visitantes, incluso cuando el tipo de cambio no era favorable al turismo", señaló.
"Antes se construían grandes fábricas, ahora lo novedoso está en crear parques nacionales que funcionan como motores de la economía", dijo Heinonen. Y añadió: "No alcanza con comprar tierras. Es necesario también generar infraestructura y preparar a las comunidades para que puedan ofrecer los servicios que se necesitan", sostuvo.
Casañas señaló: "En momentos tan difíciles como los que atraviesa la Argentina, una apuesta a la valorización de nuestras áreas naturales contribuirá de manera significativa a generar nuevos puestos de trabajo".
Más colaboraciones
La Argentina, que suscribió ocho años atrás un compromiso internacionalpara proteger el 17% de sus zonas naturales terrestres hacia 2020, recibe donaciones de tierra a través de tres ONG Flora y Fauna, Aves Argentinas y Banco de Bosques.
La relación entre el Estado y la fundación creada por el multimillonario suizo Hansjörg Wyss, íntimo amigo de Tompkins y su viuda, Kristine McDivitt, data de 2011. "De alguna manera nosotros no solamente heredamos la generosidad de Tompkins traducida en la cantidad de tierras que donó, sino también sus amigos, que están ayudando a continuar su obra", afirmó Ezcurra.
Más allá de Aconquija y Ansenuza, el Gobierno está trabajando en planes para ampliar el Parque Nacional Ciervo de los Pantanos (que une las reservas naturales Otamendi y Río Luján con una parte de las islas del delta de Campana) y Calilegua (en el sudeste de Jujuy). Además prepara la creación de los primeros parques nacionales marinos: Yaganes (69.000 km2 en Tierra del Fuego) y Burwood II (28.000 km2 en el Atlántico Sur).
Como la campaña de la Fundación Wyss apunta a que el 30% del planeta se conserve en su estado natural hacia 2030, Heinonen consideró que es altamente probable que también aporten sumas significativas para estos nuevos proyectos. "A futuro podrían involucrarse en más iniciativas, las oportunidades que ofrece la Argentina son muy interesantes", concluyó.
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