Misiones: estudian una red de sensores para proteger la selva
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Una red de sensores para proteger la selva misionera
Fecha de Publicación: 04/10/2018
Fuente: Argentina Investiga
Provincia/Región: Misiones
Un equipo de investigadores trabaja para crear una red de monitoreo con el objetivo de controlar áreas protegidas de la selva misionera, estudiarlas con mayor profundidad y protegerlas tanto de amenazas medioambientales como de actividades ilegales que pongan en peligro la flora y fauna de la región.
Misiones posee su superficie geográfica cubierta mayormente por Selva Paranaense; una de las ecorregiones de mayor diversidad biológica del mundo y de altísima prioridad de conservación. Los recursos que provee dicha selva son enormes, pero cada vez más escasos. La extracción de madera nativa es un peligroso proceso, que lentamente elimina el hábitat de especies que necesitan de ciertos árboles para nidificar, cazar y subsistir.
Atentos a esta problemática, investigadores de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Misiones desarrollan una red de sensores autónomos para monitoreo medioambiental y actividad ilegal en selvas misioneras. El director del proyecto, Sergio Moya, explicó que el objetivo es brindar herramientas tecnológicas que sirvan para mejorar los controles en áreas protegidas, como también de ayuda a biólogos y personal encargado del estudio, seguimiento y protección de especies de flora y fauna en peligro de extinción.
La investigación comenzó cuando Moya realizaba el doctorado en Mar del Plata, el que culminó con aportes aplicables a sistemas de comunicación de datos. En 2017, retornó a la Facultad de Ingeniería de Oberá – actualmente es docente y becario posdoctoral de CONICET-. “Desde entonces, y conociendo las grandes carencias tecnológicas que existen en lo vinculado a la protección medioambiental de Misiones, he motivado la creación de una línea de investigación volcada al desarrollo de tecnologías aplicadas a la preservación de una de las ecorregiones más amenazadas a nivel mundial, como lo es la Selva Paranaense, de la cual los últimos remanentes y mejor conservados están en Misiones”, sostuvo el investigador.
Uno de los proyectos es el denominado ‘Sistemas de detección de disparos de armas de fuego en selvas’, que trabaja en el desarrollo de una red de sensores remotos que logren un monitoreo en tiempo real y reporten actividades ilegales como caza y tala furtiva, de manera rápida y segura, a través de la detección automática de disparos de distintos tipos de armas en audios provenientes de micrófonos colocados en la selva.
El buen funcionamiento del algoritmo de detección fue evaluado en sistemas digitales en tiempo real y los resultados fueron publicados en diversas jornadas y congresos nacionales. De esta forma, el ‘cerebro’ del sistema ya está probado; ahora restan las etapas de comunicación entre nodos y las fuentes de tensión que permitirán a cada nodo de la red funcionar de manera autónoma por largos periodos de tiempo. Actualmente, se está en proceso de patentamiento del sistema completo, lo que permitirá controlar áreas de miles de hectáreas de manera eficiente y confiable.
A su vez, el equipo trabaja en ‘Sistemas de grabación de audio autónomos para ambientes selváticos’. Se trata del desarrollo de un grabador de audio que pueda funcionar durante varios meses de manera autónoma (sin necesidad de estar enchufado a la red eléctrica). Cumple el objetivo de proveer una herramienta de estudio para biólogos que requieren registrar los cantos y vocalizaciones de especies que aún no son muy conocidas por la ciencia, o bien, son extremadamente escasas en la Provincia o están en cierto grado de amenaza en la región. Y a esto se suma una investigación sobre ‘Procesamiento de señales de audio para identificación automática de especies’.
Moya se define como un apasionado de la naturaleza y en sus viajes, recorre reservas naturales de la provincia para estudiar comportamientos de aves y la fauna en general. Así también conoció la actividad de los guardaparques. "Uno ve la grandísima extensión de selva que, si bien está protegida por legislaciones, es imposible custodiarla por completo y todo el tiempo de manera efectiva”, afirmó el investigador, y agregó: “Son muchas hectáreas de superficie selvática que deben custodiarse de cazadores y extractores de madera, y para las patrullas de guardaparques es imposible acceder a ciertos lugares debido a las propias características del terreno. Y sería inviable colocar puestos de control con personal en todos los lugares conflictivos que existen en las reservas de Misiones".
También en estos recorridos el investigador notó que la mayoría de los equipos tecnológicos utilizados en la selva (cámaras trampas, grabadores de audio, equipos de rastrero, etc.) son equipos importados, muy costosos y por ende, difíciles de conseguir en la Provincia.
"Con el tiempo uno entiende que la selva y su biodiversidad no es algo que está separado de nosotros o de nuestras ciudades o pueblos, sino que con la pérdida de especies y la fragmentación de la selva se desencadenan efectos trágicos para la sociedad, como enfermedades, crecientes de ríos y arroyos cada vez más fuertes, etc., que afectan el desarrollo de la sociedad, y ¡ni hablar de la extinción de especies!", reflexionó Moya.
Todo esto fue motivo suficiente para estudiar la forma en que, mediante la generación de conocimiento en Misiones y el desarrollo de tecnología específicamente diseñada para las necesidades del medioambiente local, se pueda ayudar a la conservación de las especies en su más amplio significado.
En riesgo
Sobre las especies (flora y fauna) y las zonas en peligro en Misiones, el investigador citó algunas de ellas: las grandes águilas, como la Harpía (Harpía harpyja) y el Águila Monera (Morphnus guianensis), especies que por cientos de años habitaron casi la totalidad de la provincia de Misiones, necesitan de selvas vírgenes con árboles emergentes para moverse. Y, justamente, los árboles emergentes (los de mayor porte) son los primeros en caer por la tala ilegal.
Algunas especies de árboles emergentes, como el Palo Rosa (Aspidosperma polyneuron) y el Pino Paraná (Araucaria angustifolia) llegaron a estar en peligro debido a la tala de madera ilegal. El Palmito (Euterpe edulis) es otra especie de flora en peligro. Respecto a la caza furtiva, actividad ilegal en áreas protegidas, el problema principal ocurre ante la caza de especies en peligro de extinción; sólo por citar algunas, el Tapir (Tapirus terrestris), la Yacutinga (Pipile jacutinga) y el Yaguareté (Phanteraonca). Indirectamente, la caza de chanchos de monte, pacas y demás especies afecta directamente a grandes predadores, como el Yaguareté y el Puma, que ven disminuido el número de sus presas habituales.
Por otro lado, afirmó Moya, existen especies que no son objetivo de cazadores pero que sí requieren de ambientes de flora específicos o grandes extensiones de selva sin intervención (o con poca intervención) para subsistir, por ejemplo, el Zorro Pitoco (Speothos venaticus), Batará Pecho Negro (Biatas nigropectus), Bailarín Castaño (Piprites pileata), Coludito de los Pinos (Leptasthenura setaria), Carpintero Cara Canela (Celeus galeatus), entre varias más.
La investigación
En la actualidad el investigador trabaja con colegas y alumnos en varios equipos que puedan servir para controlar actividades ilegales en selvas del tipo subtropical, como la presente en Misiones. Esta línea de investigación surgió hace poco, y el objetivo es desarrollar un sistema de monitoreo ambiental y detección de caza y tala furtiva, que pueda abarcar grandes superficies mediante una red de sensores autónomos intercomunicados entre sí. Cada uno de los nodos que conforman la red es energéticamente independiente y consumen muy poca energía, explicó Moya.
Uno de los principales avances concretados es el desarrollo de algoritmos que corren en procesadores y en tiempo real y permiten la detección de disparos de armas de fuego a varios kilómetros de distancia con una tasa muy baja de error, robustos a distintos sonidos similares a un disparo que ocurren en la selva. Mediante esto, el objetivo es que este sistema pueda colocarse en áreas remotas y de difícil acceso, y que utilizando esquemas de comunicación inalámbrica de baja potencia permita el reporte de caza furtiva directamente a guardaparques o a donde se requiera, en el momento exacto del evento y reportando su ubicación.
"Tenemos muchos desafíos en frente, como la optimización de los sistemas de alimentación energética, que puedan asegurar el funcionamiento de los equipos en zonas aisladas, las comunicaciones inalámbricas en ambientes selváticos, etc., pero en ello trabajamos", dijo Moya.
De manera similar a la detección de disparos, se estudiaron algoritmos que detecten los sonidos de motosierra para detectar la tala ilegal. "Estos desarrollos los hacemos con el grupo de procesamiento digital de señales del Laboratorio de Electrónica, y comenzamos el estudio de algoritmos de identificación automática de especies de fauna autóctona mediante sus sonidos, con el objetivo de colaborar con instituciones que estudian dichas especies", comentó.
Las metas
El objetivo es que, una vez terminado y probado todo el sistema de detección de actividad ilegal en selvas, el mismo sea implementado en aquellos lugares protegidos en donde los controles no pueden realizarse de manera constante. "También puede utilizarse en zonas intangibles o simplemente donde haya mucha actividad de caza furtiva. Queremos que esto sea utilizado también por propietarios de reservas privadas como herramienta para la protección de su propia tierra. El Estado Provincial también podría hacer uso de estos equipos en muchas de sus áreas protegidas y, al ser un sistema que puede utilizarse en distintos tipos de ambientes, también pueda llevárselo a otras áreas protegidas de Argentina", anheló Moya.
El financiamiento de esta línea de investigación proviene principalmente de tres sectores, la universidad, a través de la Secretaria de Ciencia y Técnica de la Facultad de Ingeniería mediante proyectos acreditados, CONICET y también a partir de un proyecto de desarrollo tecnológico y social (PDTS) con una empresa privada del ámbito local, que aporta los fondos para las campañas de campo y la compra de equipamiento.
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Fecha de Publicación: 04/10/2018
Fuente: Argentina Investiga
Provincia/Región: Misiones
Un equipo de investigadores trabaja para crear una red de monitoreo con el objetivo de controlar áreas protegidas de la selva misionera, estudiarlas con mayor profundidad y protegerlas tanto de amenazas medioambientales como de actividades ilegales que pongan en peligro la flora y fauna de la región.
Misiones posee su superficie geográfica cubierta mayormente por Selva Paranaense; una de las ecorregiones de mayor diversidad biológica del mundo y de altísima prioridad de conservación. Los recursos que provee dicha selva son enormes, pero cada vez más escasos. La extracción de madera nativa es un peligroso proceso, que lentamente elimina el hábitat de especies que necesitan de ciertos árboles para nidificar, cazar y subsistir.
Atentos a esta problemática, investigadores de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Misiones desarrollan una red de sensores autónomos para monitoreo medioambiental y actividad ilegal en selvas misioneras. El director del proyecto, Sergio Moya, explicó que el objetivo es brindar herramientas tecnológicas que sirvan para mejorar los controles en áreas protegidas, como también de ayuda a biólogos y personal encargado del estudio, seguimiento y protección de especies de flora y fauna en peligro de extinción.
La investigación comenzó cuando Moya realizaba el doctorado en Mar del Plata, el que culminó con aportes aplicables a sistemas de comunicación de datos. En 2017, retornó a la Facultad de Ingeniería de Oberá – actualmente es docente y becario posdoctoral de CONICET-. “Desde entonces, y conociendo las grandes carencias tecnológicas que existen en lo vinculado a la protección medioambiental de Misiones, he motivado la creación de una línea de investigación volcada al desarrollo de tecnologías aplicadas a la preservación de una de las ecorregiones más amenazadas a nivel mundial, como lo es la Selva Paranaense, de la cual los últimos remanentes y mejor conservados están en Misiones”, sostuvo el investigador.
Uno de los proyectos es el denominado ‘Sistemas de detección de disparos de armas de fuego en selvas’, que trabaja en el desarrollo de una red de sensores remotos que logren un monitoreo en tiempo real y reporten actividades ilegales como caza y tala furtiva, de manera rápida y segura, a través de la detección automática de disparos de distintos tipos de armas en audios provenientes de micrófonos colocados en la selva.
El buen funcionamiento del algoritmo de detección fue evaluado en sistemas digitales en tiempo real y los resultados fueron publicados en diversas jornadas y congresos nacionales. De esta forma, el ‘cerebro’ del sistema ya está probado; ahora restan las etapas de comunicación entre nodos y las fuentes de tensión que permitirán a cada nodo de la red funcionar de manera autónoma por largos periodos de tiempo. Actualmente, se está en proceso de patentamiento del sistema completo, lo que permitirá controlar áreas de miles de hectáreas de manera eficiente y confiable.
A su vez, el equipo trabaja en ‘Sistemas de grabación de audio autónomos para ambientes selváticos’. Se trata del desarrollo de un grabador de audio que pueda funcionar durante varios meses de manera autónoma (sin necesidad de estar enchufado a la red eléctrica). Cumple el objetivo de proveer una herramienta de estudio para biólogos que requieren registrar los cantos y vocalizaciones de especies que aún no son muy conocidas por la ciencia, o bien, son extremadamente escasas en la Provincia o están en cierto grado de amenaza en la región. Y a esto se suma una investigación sobre ‘Procesamiento de señales de audio para identificación automática de especies’.
Moya se define como un apasionado de la naturaleza y en sus viajes, recorre reservas naturales de la provincia para estudiar comportamientos de aves y la fauna en general. Así también conoció la actividad de los guardaparques. "Uno ve la grandísima extensión de selva que, si bien está protegida por legislaciones, es imposible custodiarla por completo y todo el tiempo de manera efectiva”, afirmó el investigador, y agregó: “Son muchas hectáreas de superficie selvática que deben custodiarse de cazadores y extractores de madera, y para las patrullas de guardaparques es imposible acceder a ciertos lugares debido a las propias características del terreno. Y sería inviable colocar puestos de control con personal en todos los lugares conflictivos que existen en las reservas de Misiones".
También en estos recorridos el investigador notó que la mayoría de los equipos tecnológicos utilizados en la selva (cámaras trampas, grabadores de audio, equipos de rastrero, etc.) son equipos importados, muy costosos y por ende, difíciles de conseguir en la Provincia.
"Con el tiempo uno entiende que la selva y su biodiversidad no es algo que está separado de nosotros o de nuestras ciudades o pueblos, sino que con la pérdida de especies y la fragmentación de la selva se desencadenan efectos trágicos para la sociedad, como enfermedades, crecientes de ríos y arroyos cada vez más fuertes, etc., que afectan el desarrollo de la sociedad, y ¡ni hablar de la extinción de especies!", reflexionó Moya.
Todo esto fue motivo suficiente para estudiar la forma en que, mediante la generación de conocimiento en Misiones y el desarrollo de tecnología específicamente diseñada para las necesidades del medioambiente local, se pueda ayudar a la conservación de las especies en su más amplio significado.
En riesgo
Sobre las especies (flora y fauna) y las zonas en peligro en Misiones, el investigador citó algunas de ellas: las grandes águilas, como la Harpía (Harpía harpyja) y el Águila Monera (Morphnus guianensis), especies que por cientos de años habitaron casi la totalidad de la provincia de Misiones, necesitan de selvas vírgenes con árboles emergentes para moverse. Y, justamente, los árboles emergentes (los de mayor porte) son los primeros en caer por la tala ilegal.
Algunas especies de árboles emergentes, como el Palo Rosa (Aspidosperma polyneuron) y el Pino Paraná (Araucaria angustifolia) llegaron a estar en peligro debido a la tala de madera ilegal. El Palmito (Euterpe edulis) es otra especie de flora en peligro. Respecto a la caza furtiva, actividad ilegal en áreas protegidas, el problema principal ocurre ante la caza de especies en peligro de extinción; sólo por citar algunas, el Tapir (Tapirus terrestris), la Yacutinga (Pipile jacutinga) y el Yaguareté (Phanteraonca). Indirectamente, la caza de chanchos de monte, pacas y demás especies afecta directamente a grandes predadores, como el Yaguareté y el Puma, que ven disminuido el número de sus presas habituales.
Por otro lado, afirmó Moya, existen especies que no son objetivo de cazadores pero que sí requieren de ambientes de flora específicos o grandes extensiones de selva sin intervención (o con poca intervención) para subsistir, por ejemplo, el Zorro Pitoco (Speothos venaticus), Batará Pecho Negro (Biatas nigropectus), Bailarín Castaño (Piprites pileata), Coludito de los Pinos (Leptasthenura setaria), Carpintero Cara Canela (Celeus galeatus), entre varias más.
La investigación
En la actualidad el investigador trabaja con colegas y alumnos en varios equipos que puedan servir para controlar actividades ilegales en selvas del tipo subtropical, como la presente en Misiones. Esta línea de investigación surgió hace poco, y el objetivo es desarrollar un sistema de monitoreo ambiental y detección de caza y tala furtiva, que pueda abarcar grandes superficies mediante una red de sensores autónomos intercomunicados entre sí. Cada uno de los nodos que conforman la red es energéticamente independiente y consumen muy poca energía, explicó Moya.
Uno de los principales avances concretados es el desarrollo de algoritmos que corren en procesadores y en tiempo real y permiten la detección de disparos de armas de fuego a varios kilómetros de distancia con una tasa muy baja de error, robustos a distintos sonidos similares a un disparo que ocurren en la selva. Mediante esto, el objetivo es que este sistema pueda colocarse en áreas remotas y de difícil acceso, y que utilizando esquemas de comunicación inalámbrica de baja potencia permita el reporte de caza furtiva directamente a guardaparques o a donde se requiera, en el momento exacto del evento y reportando su ubicación.
"Tenemos muchos desafíos en frente, como la optimización de los sistemas de alimentación energética, que puedan asegurar el funcionamiento de los equipos en zonas aisladas, las comunicaciones inalámbricas en ambientes selváticos, etc., pero en ello trabajamos", dijo Moya.
De manera similar a la detección de disparos, se estudiaron algoritmos que detecten los sonidos de motosierra para detectar la tala ilegal. "Estos desarrollos los hacemos con el grupo de procesamiento digital de señales del Laboratorio de Electrónica, y comenzamos el estudio de algoritmos de identificación automática de especies de fauna autóctona mediante sus sonidos, con el objetivo de colaborar con instituciones que estudian dichas especies", comentó.
Las metas
El objetivo es que, una vez terminado y probado todo el sistema de detección de actividad ilegal en selvas, el mismo sea implementado en aquellos lugares protegidos en donde los controles no pueden realizarse de manera constante. "También puede utilizarse en zonas intangibles o simplemente donde haya mucha actividad de caza furtiva. Queremos que esto sea utilizado también por propietarios de reservas privadas como herramienta para la protección de su propia tierra. El Estado Provincial también podría hacer uso de estos equipos en muchas de sus áreas protegidas y, al ser un sistema que puede utilizarse en distintos tipos de ambientes, también pueda llevárselo a otras áreas protegidas de Argentina", anheló Moya.
El financiamiento de esta línea de investigación proviene principalmente de tres sectores, la universidad, a través de la Secretaria de Ciencia y Técnica de la Facultad de Ingeniería mediante proyectos acreditados, CONICET y también a partir de un proyecto de desarrollo tecnológico y social (PDTS) con una empresa privada del ámbito local, que aporta los fondos para las campañas de campo y la compra de equipamiento.
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San Juan: crece la depredación de la fauna y flora
La depredación de la fauna y flora silvestre
Fecha de Publicación: 04/10/2018
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: San Juan
A pesar de los controles en áreas protegidas de la provincia, crece la caza furtiva y la comercialización de animales autóctonos y las talas ilegales del monte
En San Juan está prohibida la caza de animales silvestres en peligro de extinción como también la pesca en épocas de veda y la tala de árboles autóctonos que se convierten en leña. La protección de las áreas protegidas está enmarcada en la ley 606-L y el organismo provincial tiene la misión del control preventivo para disuadir a los depredadores y actuar frente el delito consumado.
Sin embargo, los hechos que la misma Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable se encarga de publicitar como exitosos, no parecen reflejar la realidad. Es habitual observar en el Gran San Juan y departamentos alejados, la exhibición de jaulas con pájaros exóticos que se venden impunemente. Asimismo se promociona en corralones la leña proveniente del monte natural.
Todo indica que la normativa vigente, y de la forma que se la aplica, es demasiado permisiva por tratarse de un delito contravencional reprimido hasta con 2 años de prisión y por ello excarcelable para quien cace animales de la fauna protegida o los comercialice. Pero también se secuestran armas y municiones de guerra a los cazadores, agravando la situación de los detenidos in fraganti.
La opinión pública siempre coincide en las críticas que se hacen a los operativos por el celo que pone la repartición y la Justicia que interviene, en mantener en reserva el nombre de los delincuentes y los lugares donde se vendían las piezas incautadas. Tampoco se conocen estadísticas que indiquen cómo terminan los procedimientos, con las sanciones aplicadas incluyendo a las reincidencias, que son muchas según las redes sociales.
Distan mucho estas actuaciones si se las compara con un simple arrebatador detenido que termina en la justicia de Flagrancia. Sin duda es necesario replantear la legislación contra los depredadores del ambiente natural protegido y sancionar duramente a los traficantes que ofrecen hasta por Internet las aves capturadas. La depredación incluye a la "muerte ecológica" provocada por un apropiador cuando libera un animal que ya no puede sobrevivir en su hábitat natural tras haber vivido en cautiverio.
El tráfico ilícito mundial de flora y fauna mueve anualmente unos 23.000 millones de dólares y es el tercer negocio ilegal detrás del de las drogas y armas, según un informe de la ONU. En nuestro país se calcula en casi 100 millones por año ese movimiento clandestino. Son referencias válidas para actuar de inmediato endureciendo las penas.
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Fecha de Publicación: 04/10/2018
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: San Juan
A pesar de los controles en áreas protegidas de la provincia, crece la caza furtiva y la comercialización de animales autóctonos y las talas ilegales del monte
En San Juan está prohibida la caza de animales silvestres en peligro de extinción como también la pesca en épocas de veda y la tala de árboles autóctonos que se convierten en leña. La protección de las áreas protegidas está enmarcada en la ley 606-L y el organismo provincial tiene la misión del control preventivo para disuadir a los depredadores y actuar frente el delito consumado.
Sin embargo, los hechos que la misma Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable se encarga de publicitar como exitosos, no parecen reflejar la realidad. Es habitual observar en el Gran San Juan y departamentos alejados, la exhibición de jaulas con pájaros exóticos que se venden impunemente. Asimismo se promociona en corralones la leña proveniente del monte natural.
Todo indica que la normativa vigente, y de la forma que se la aplica, es demasiado permisiva por tratarse de un delito contravencional reprimido hasta con 2 años de prisión y por ello excarcelable para quien cace animales de la fauna protegida o los comercialice. Pero también se secuestran armas y municiones de guerra a los cazadores, agravando la situación de los detenidos in fraganti.
La opinión pública siempre coincide en las críticas que se hacen a los operativos por el celo que pone la repartición y la Justicia que interviene, en mantener en reserva el nombre de los delincuentes y los lugares donde se vendían las piezas incautadas. Tampoco se conocen estadísticas que indiquen cómo terminan los procedimientos, con las sanciones aplicadas incluyendo a las reincidencias, que son muchas según las redes sociales.
Distan mucho estas actuaciones si se las compara con un simple arrebatador detenido que termina en la justicia de Flagrancia. Sin duda es necesario replantear la legislación contra los depredadores del ambiente natural protegido y sancionar duramente a los traficantes que ofrecen hasta por Internet las aves capturadas. La depredación incluye a la "muerte ecológica" provocada por un apropiador cuando libera un animal que ya no puede sobrevivir en su hábitat natural tras haber vivido en cautiverio.
El tráfico ilícito mundial de flora y fauna mueve anualmente unos 23.000 millones de dólares y es el tercer negocio ilegal detrás del de las drogas y armas, según un informe de la ONU. En nuestro país se calcula en casi 100 millones por año ese movimiento clandestino. Son referencias válidas para actuar de inmediato endureciendo las penas.
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Santa Cruz: una Reserva Natural creada y con polémica
Diputados de UPVM rechazan creación por decreto de una Reserva Natural
Fecha de Publicación: 04/10/2018
Fuente: Tiempo Sur
Provincia/Región: Santa Cruz
Además requieren que el Poder Ejecutivo Provincial instruya a la Fiscalía de Estado para que inicie las acciones pertinentes en procura de obtener la nulidad del decreto mencionado.
La semana pasada informábamos sobre el Decreto 838/2018 del presidente Mauricio Macri que creó la Reserva Natural Silvestre Patagonia en Santa Cruz, luego de la donación de parte de la Fundación Flora y Fauna de más de 38 mil hectáreas.
Este decreto tuvo su reacción en la Legislatura de Santa Cruz. Ingresó un proyecto de ley -autoría de los diputados Carlos Santi y Javier Flores (FPV-PJ)- que declara “la emergencia en materia de posesión y tenencia de tierras rurales en lo referente a la creación de áreas naturales protegidas de acuerdo a las legislaciones provincial y nacional vigente”.
La propuesta –tal cual contamos en su oportunidad- busca prohibir por seis meses que podrían prorrogarse por seis más, cualquier acto administrativo que tienda “nuevas áreas naturales protegidas” hasta que no se diseñe un inventario que integre “la totalidad de los establecimientos agropecuarios de la Provincia de Santa Cruz, que permita delinear, en idéntico período, un plan de desarrollo estratégico de unidades productivas que potencien y reactiven de manera integral y sustentable al sector agropecuario provincial”.
Los diputados de este modo buscan reafirmar lo señalado en la Constitución Provincial, que en el Artículo 104, le otorga a la Legislatura el poder de autorizar de enajenación, autorización y abandono de jurisdicción de las tierras para cederlas al Gobierno nacional, el cual recibió la donación de las tierras por parte de la Fundación Flora y Fauna.
Corresponde a las Provincias- Pero la preocupación por esta situación que además también viene del debate por el Parque Patagonia, también gana adeptos en el bloque de UPVM (Unión Para Vivir Mejor). En la pasada sesión ordinaria tomó estado parlamentario un proyecto firmado por los legisladores Mestelán, Terráz, Valenzuela y Santi, en el que rechazan el Decreto Nacional 838/2018, mediante el cual se crea la Reserva Natural Silvestre Patagonia, en jurisdicción de nuestra Provincia, por avasallar la autonomía Provincial.
Asimismo, requieren al Poder Ejecutivo Provincial, que instruya a la Fiscalía de Estado a los fines de requerirle inicie las acciones pertinentes en procura de obtener la nulidad del decreto mencionado.
“Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio, al margen del régimen federal. El dictado de la norma nacional se ha efectuado en abierta violación de la ley mencionada y de la Constitución Nacional que en su actual redacción luego de la reforma Constitucional de 1994, saldó una añeja discusión sobre la titularidad de los recursos naturales, hoy claramente se expresa en el Artículo 124 in fine de la C.N.”, remarcaron.
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Proyecto de limitar los plásticos en Capital Federal
¿Chau plásticos?: la Legislatura busca prohibir los sorbetes y descartables
Fecha de Publicación: 03/10/2018
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: CABA
Las restricciones al plástico podrían llegar a la ciudad de Buenos Aires. Como ya se legisló en Pinamar y a los intentos en Mar del Plata se suma ahora la Capital, que debate un proyecto de eliminación progresiva de sorbetes y utensilios plásticos descartables. La iniciativa replica prácticas que se concretan en varias ciudades del mundo y obedecen a la preocupación que las Naciones Unidas han manifestado respecto de los residuos que llegan a los mares y se han convertido en verdaderas islas flotantes.
"Los consumidores de pescado ingieren hoy por hoy hasta 11.000 micropartículas de plástico por año para entender que esta problemática ha llegado para instalarse. Nadie está ajeno a sufrir las consecuencias ambientales y sanitarias de la producción irresponsable de plásticos. Sabiendo que hoy se arroja el equivalente a un camión cargado de plástico por minuto a los océanos, que la producción y la demanda permanecen en constante aumento, y que el tiempo de degradación de estos materiales varía entre varias décadas a varios siglos, no tenemos más remedio que tomar medidas al respecto, por más que nos resulten incómodas o incluso drásticas", sostiene uno de los argumentos del proyecto que ingresó en la Legislatura porteña, autoría de Maximiliano Ferraro (Vamos Juntos).
El proyecto, que hoy está en la comisión de Ambiente, también está siendo discutido con el sector del plástico, que se verá obligado a reconvertirse. En ese sentido, el diputado explicó a Infobae que la eliminación será progresiva. Los plazos establecidos en la normativa son:
2020: Prohibición de tener utensilios descartables y sorbetes a la vista en locales de comidas y restaurantes (deben ser entregados en línea de caja)
2022: Prohibición de los sorbetes plásticos que (son lo que mayor daño causan en todo esto),
2026: Prohibición del resto de los utensilios descartables que no sean 100% biodegradables, bajando el porcentaje de componentes de origen orgánico al 40%, a incrementarse gradualmente según plan de progresividad.
La única excepción establecida en el proyecto abarca los utensilios para uso terapéutico y los productos que traigan sorbetes o utensilios de fábrica.
En Ecoplas, una sociedad civil especializada en plásticos y ambiente, rechazan la iniciativa. La industria insiste con que el problema es el mal uso del material y la falta de responsabilidad de descartarlo en el ambiente. "Es más fácil prohibir que educar. Los plásticos de un solo uso de Poliestireno (PS), PET y Polipropileno (PP) son reciclables. Es necesario separarlos en el hogar junto con los otros residuos reciclables (papeles, cartón, hojalata, vidrios y demás plásticos) para que se conviertan en un recurso para la industria recicladora acompañando la economía circular. En Argentina se están reciclando 225.000 toneladas de plástico, con una capacidad ociosa del 50%, por la baja separación de residuos", expresó Verónica Ramos, Gerente de Comunicación y Asuntos Públicos de Ecoplas ante la requisitoria de Infobae.
Y agregaron que, en sintonía con la política de destino final de residuos que planifica el gobierno porteño con la termovalorización o incineración de los residuos, "los plásticos tradicionales tienen un alto poder calorífico por lo que son ideales para la recuperación energética que desarrollará el Gobierno de la Ciudad".
"No es necesario el reemplazo y prohibición que propone el proyecto de ley del diputado Ferraro; debería encauzarse hacia un mensaje positivo a la comunidad: uso responsable y reciclado de plásticos de un solo uso tras la separación en el hogar, junto con los otros residuos reciclables, tales como el papel, cartón, hojalata, vidrios y demás plásticos. Están aprobados por las autoridades competentes en la materia y son necesarios para preservar la salud y evitar contagios", prosiguió Ramos.
La Ciudad de Buenos Aires generó, en 2015, 1.153.38 tn de residuos y más de 143.000 toneladas fueron plásticos (el 13%), según un informe elaborado por la Facultad de Ingeniería de la UBA. Y la ONU, cuya política este año es Un planeta sin plástico, indica que "si las formas de consumo y de gestionar los desechos no cambian, tendremos unos 12.000 millones de toneladas de residuos plásticos en el año 2050".
Sin embargo, el tema también genera polémica en el seno de las negociaciones internacionales. De hecho, hace un par de semanas el G7 y varios países invitados no llegaron a un acuerdo de reducción y eliminación de este tipo de materiales ni pudo establecerse un plazo. Los rechazos más fuertes a una iniciativa canadiense fueron los de Japón y de los Estados Unidos.
"Comparamos normativa y creemos que puede llegar al recinto este año. Estamos trabajando con los sectores planteando plazos razonables. La ley sigue, además, los lineamientos de ciudad verde que desarrolla el Ministerio de Ambiente y Espacio Público porteño", indicó el diputado.
El 1° de enero de 2017 la Ciudad prohibió la entrega de bolsas de polietileno en mercados y supermercados y la gente comenzó a adoptar la costumbre de llevar su propia bolsa o carro. Según cifras oficiales, sólo en un año se redujo la entre de 400 millones de bolsas.
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Fecha de Publicación: 03/10/2018
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: CABA
Las restricciones al plástico podrían llegar a la ciudad de Buenos Aires. Como ya se legisló en Pinamar y a los intentos en Mar del Plata se suma ahora la Capital, que debate un proyecto de eliminación progresiva de sorbetes y utensilios plásticos descartables. La iniciativa replica prácticas que se concretan en varias ciudades del mundo y obedecen a la preocupación que las Naciones Unidas han manifestado respecto de los residuos que llegan a los mares y se han convertido en verdaderas islas flotantes.
"Los consumidores de pescado ingieren hoy por hoy hasta 11.000 micropartículas de plástico por año para entender que esta problemática ha llegado para instalarse. Nadie está ajeno a sufrir las consecuencias ambientales y sanitarias de la producción irresponsable de plásticos. Sabiendo que hoy se arroja el equivalente a un camión cargado de plástico por minuto a los océanos, que la producción y la demanda permanecen en constante aumento, y que el tiempo de degradación de estos materiales varía entre varias décadas a varios siglos, no tenemos más remedio que tomar medidas al respecto, por más que nos resulten incómodas o incluso drásticas", sostiene uno de los argumentos del proyecto que ingresó en la Legislatura porteña, autoría de Maximiliano Ferraro (Vamos Juntos).
El proyecto, que hoy está en la comisión de Ambiente, también está siendo discutido con el sector del plástico, que se verá obligado a reconvertirse. En ese sentido, el diputado explicó a Infobae que la eliminación será progresiva. Los plazos establecidos en la normativa son:
2020: Prohibición de tener utensilios descartables y sorbetes a la vista en locales de comidas y restaurantes (deben ser entregados en línea de caja)
2022: Prohibición de los sorbetes plásticos que (son lo que mayor daño causan en todo esto),
2026: Prohibición del resto de los utensilios descartables que no sean 100% biodegradables, bajando el porcentaje de componentes de origen orgánico al 40%, a incrementarse gradualmente según plan de progresividad.
La única excepción establecida en el proyecto abarca los utensilios para uso terapéutico y los productos que traigan sorbetes o utensilios de fábrica.
En Ecoplas, una sociedad civil especializada en plásticos y ambiente, rechazan la iniciativa. La industria insiste con que el problema es el mal uso del material y la falta de responsabilidad de descartarlo en el ambiente. "Es más fácil prohibir que educar. Los plásticos de un solo uso de Poliestireno (PS), PET y Polipropileno (PP) son reciclables. Es necesario separarlos en el hogar junto con los otros residuos reciclables (papeles, cartón, hojalata, vidrios y demás plásticos) para que se conviertan en un recurso para la industria recicladora acompañando la economía circular. En Argentina se están reciclando 225.000 toneladas de plástico, con una capacidad ociosa del 50%, por la baja separación de residuos", expresó Verónica Ramos, Gerente de Comunicación y Asuntos Públicos de Ecoplas ante la requisitoria de Infobae.
Y agregaron que, en sintonía con la política de destino final de residuos que planifica el gobierno porteño con la termovalorización o incineración de los residuos, "los plásticos tradicionales tienen un alto poder calorífico por lo que son ideales para la recuperación energética que desarrollará el Gobierno de la Ciudad".
"No es necesario el reemplazo y prohibición que propone el proyecto de ley del diputado Ferraro; debería encauzarse hacia un mensaje positivo a la comunidad: uso responsable y reciclado de plásticos de un solo uso tras la separación en el hogar, junto con los otros residuos reciclables, tales como el papel, cartón, hojalata, vidrios y demás plásticos. Están aprobados por las autoridades competentes en la materia y son necesarios para preservar la salud y evitar contagios", prosiguió Ramos.
La Ciudad de Buenos Aires generó, en 2015, 1.153.38 tn de residuos y más de 143.000 toneladas fueron plásticos (el 13%), según un informe elaborado por la Facultad de Ingeniería de la UBA. Y la ONU, cuya política este año es Un planeta sin plástico, indica que "si las formas de consumo y de gestionar los desechos no cambian, tendremos unos 12.000 millones de toneladas de residuos plásticos en el año 2050".
Sin embargo, el tema también genera polémica en el seno de las negociaciones internacionales. De hecho, hace un par de semanas el G7 y varios países invitados no llegaron a un acuerdo de reducción y eliminación de este tipo de materiales ni pudo establecerse un plazo. Los rechazos más fuertes a una iniciativa canadiense fueron los de Japón y de los Estados Unidos.
"Comparamos normativa y creemos que puede llegar al recinto este año. Estamos trabajando con los sectores planteando plazos razonables. La ley sigue, además, los lineamientos de ciudad verde que desarrolla el Ministerio de Ambiente y Espacio Público porteño", indicó el diputado.
El 1° de enero de 2017 la Ciudad prohibió la entrega de bolsas de polietileno en mercados y supermercados y la gente comenzó a adoptar la costumbre de llevar su propia bolsa o carro. Según cifras oficiales, sólo en un año se redujo la entre de 400 millones de bolsas.
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Las reservas y parques comienzan a sentir la crisis
El recorte afecta al parque Quebrada del Condorito
Fecha de Publicación: 03/10/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Señalan riesgos para visitantes y en tareas de conservación. La situación abarca a otras áreas protegidas.
El recorte en los gastos del Estado nacional llegó a la Administración de Parques Nacionales (APN). Según empleados de esta dependencia, están en riesgo la seguridad de los visitantes de estas áreas protegidas y los planes de conservación.
Leonardo Barrios Caro, delegado nexo nacional del gremio Asociación Trabajadores del Estado (ATE), aseguró que la situación es crítica al punto de no tener combustible para viajar hasta los parques para poder recorrerlos.
Barrios Caro es técnico en la Regional Centro de la APN que funciona en la ciudad de Córdoba. Esta sede incluye los parques nacionales Quebrada del Condorito de Córdoba y a Talampaya (La Rioja), Las Quijadas (San Luis), Leoncito y San Guillermo (San Juan).
“Tenemos que poner plata de nuestro bolsillo para poder asistir a las reuniones”, comentó. Y explicó que la delegación tiene 4,5 millones de pesos para funcionamiento y 24 empleados.
A su vez, cada parque maneja su presupuesto y personal. En el caso de Quebrada del Condorito, tiene 25 empleados, de los cuales la mitad está contratada y no saben si seguirán trabajando en 2019.
“Los parques tampoco pueden garantizarles seguridad a los visitantes. Si vas a Condorito y te perdés, hay que pedir asistencia porque no hay combustible”, comentó.
También está en riesgo la conservación de parques porque hay planes de manejo de especies exóticas y otras tareas que se están dejando de hacer por falta de fondos.
“En Condorito se retrasó el proyecto de reintroducción de guanacos. Se iba a traer otra tropilla de 30 ejemplares desde Buenos Aires, pero se pasó para 2019. Ahora sólo quedan 12 animales y está en riesgo la viabilidad de la población”, detalló Barrios Caro.
También explicó que retrasaron un plan de control del jabalí con trampas. Se trata de una especie invasora muy dañina para el ecosistema y que también puede transmitir enfermedades.
“Como los técnicos no tenemos herramientas de trabajo, no podemos realizar los informes. El directorio podría utilizar este argumento para decir que no trabajamos y no renovarnos el contrato”, graficó.
Desde ATE enviaron el miércoles una carta a Eugenio Breard, presidente de APN, con un detalle de estos reclamos. En ella, intiman a la autoridad a que resuelva la situación, porque de lo contrario comenzarán con medidas de fuerza.
“El recorte es del 30 por ciento al 45 por ciento respecto al dinero con el que se pensaba trabajar a inicios de año”, sintetizó Barrios Caro.
A inicios de 2018 se presupuestaron 1.736 millones de pesos para APN. Luego se ajustó a 1.932 millones. Hasta el momento fue pagado el 60 por ciento de ese monto, según el Ministerio de Hacienda.
Para 2019, APN prevé un presupuesto de 2.257 millones de pesos, un 30 por ciento más que los fondos iniciales de 2018. La Quebrada de Condorito pasará de 11,9 millones en 2018 a 14,9 millones para el próximo año. Esto es un incremento del 24,8 por ciento.
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Fecha de Publicación: 03/10/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Señalan riesgos para visitantes y en tareas de conservación. La situación abarca a otras áreas protegidas.
El recorte en los gastos del Estado nacional llegó a la Administración de Parques Nacionales (APN). Según empleados de esta dependencia, están en riesgo la seguridad de los visitantes de estas áreas protegidas y los planes de conservación.
Leonardo Barrios Caro, delegado nexo nacional del gremio Asociación Trabajadores del Estado (ATE), aseguró que la situación es crítica al punto de no tener combustible para viajar hasta los parques para poder recorrerlos.
Barrios Caro es técnico en la Regional Centro de la APN que funciona en la ciudad de Córdoba. Esta sede incluye los parques nacionales Quebrada del Condorito de Córdoba y a Talampaya (La Rioja), Las Quijadas (San Luis), Leoncito y San Guillermo (San Juan).
“Tenemos que poner plata de nuestro bolsillo para poder asistir a las reuniones”, comentó. Y explicó que la delegación tiene 4,5 millones de pesos para funcionamiento y 24 empleados.
A su vez, cada parque maneja su presupuesto y personal. En el caso de Quebrada del Condorito, tiene 25 empleados, de los cuales la mitad está contratada y no saben si seguirán trabajando en 2019.
“Los parques tampoco pueden garantizarles seguridad a los visitantes. Si vas a Condorito y te perdés, hay que pedir asistencia porque no hay combustible”, comentó.
También está en riesgo la conservación de parques porque hay planes de manejo de especies exóticas y otras tareas que se están dejando de hacer por falta de fondos.
“En Condorito se retrasó el proyecto de reintroducción de guanacos. Se iba a traer otra tropilla de 30 ejemplares desde Buenos Aires, pero se pasó para 2019. Ahora sólo quedan 12 animales y está en riesgo la viabilidad de la población”, detalló Barrios Caro.
También explicó que retrasaron un plan de control del jabalí con trampas. Se trata de una especie invasora muy dañina para el ecosistema y que también puede transmitir enfermedades.
“Como los técnicos no tenemos herramientas de trabajo, no podemos realizar los informes. El directorio podría utilizar este argumento para decir que no trabajamos y no renovarnos el contrato”, graficó.
Desde ATE enviaron el miércoles una carta a Eugenio Breard, presidente de APN, con un detalle de estos reclamos. En ella, intiman a la autoridad a que resuelva la situación, porque de lo contrario comenzarán con medidas de fuerza.
“El recorte es del 30 por ciento al 45 por ciento respecto al dinero con el que se pensaba trabajar a inicios de año”, sintetizó Barrios Caro.
A inicios de 2018 se presupuestaron 1.736 millones de pesos para APN. Luego se ajustó a 1.932 millones. Hasta el momento fue pagado el 60 por ciento de ese monto, según el Ministerio de Hacienda.
Para 2019, APN prevé un presupuesto de 2.257 millones de pesos, un 30 por ciento más que los fondos iniciales de 2018. La Quebrada de Condorito pasará de 11,9 millones en 2018 a 14,9 millones para el próximo año. Esto es un incremento del 24,8 por ciento.
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Mendoza: propuesta para modificar la 7722
Abraham propone modificar la 7722 y reactivar la minería
Fecha de Publicación: 03/10/2018
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza
El senador del PJ presentó modificaciones a la ley de 2007 que prohíbe el uso de sustancias tóxicas en la actividad. Considera que los avances científicos permiten un mayor control, y que es indispensable para el desarrollo de Mendoza. Propone destinar regalías a Vivienda, Género y Discapacidad.
El senador peronista Alejandro Abraham (PJ-Unidad Ciudadana) presentó un proyecto para modificar la ley 7722 que prohíbe el uso de sustancias tóxicas en la minería y reactivar la actividad en la provincia ya que "el pueblo no puede más, reclama trabajo, mejores salarios, esperanza, de poder desarrollarse y vivir mejor".
Si bien el texto mantiene la premisa de prohibir el cianuro, el mercurio y el ácido sulfúrico, elimina la parte del anterior que añadía "Y otras sustancias similares", lo que ampliaría el espectro de recursos químicos a utilizar.
Sin embargo Abraham destaca que esta apertura de la actividad se haría con un mayor y estricto control tanto en la etapa previa de la explotación como durante la extracción.
"Una de las principales preocupaciones tanto de los sectores denominados ambientalistas como de la población en general está referido al control de la actividad minera, a despejar dudas y mejorar controles de eventuales desarrollos mineros se endereza la presente ley", señala en su proyecto el exintendente de Guaymallén.
"La ley 7722 ha apuntado a fijar controles y participación previa al desarrollo de la actividad pero poco dice respecto de los controles posteriores al inicio de la misma, en consecuencia la presente modificación viene a subsanar ese vacío legal haciendo posible la actividad pero debidamente controlada (...) El control debe ser amplio y multisectorial, no pudiendo quedar solo en manos del Poder Ejecutivo y entendemos que se tiene que hacer con la mayor participación de los distintos poderes del estado y de la ciudadanía en general", señala.
En este sentido, propone empoderar a la Policía Minera, a la Legislatura y a las ONG ambientalistas como entidades de control de la actividad.
Al mismo tiempo crea una "Tasa Especial Minera" que se destinaría a mejorar los canales de riego y los sistemas de agua potable de la provincia.
En cuanto a las regalías, especifica porcentajes destinados a: la construcción de viviendas a través del IPV, al financiamiento de políticas de género, y a programas de discapacidad, entre otras acciones sociales.
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Fecha de Publicación: 03/10/2018
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza
El senador del PJ presentó modificaciones a la ley de 2007 que prohíbe el uso de sustancias tóxicas en la actividad. Considera que los avances científicos permiten un mayor control, y que es indispensable para el desarrollo de Mendoza. Propone destinar regalías a Vivienda, Género y Discapacidad.
El senador peronista Alejandro Abraham (PJ-Unidad Ciudadana) presentó un proyecto para modificar la ley 7722 que prohíbe el uso de sustancias tóxicas en la minería y reactivar la actividad en la provincia ya que "el pueblo no puede más, reclama trabajo, mejores salarios, esperanza, de poder desarrollarse y vivir mejor".
Si bien el texto mantiene la premisa de prohibir el cianuro, el mercurio y el ácido sulfúrico, elimina la parte del anterior que añadía "Y otras sustancias similares", lo que ampliaría el espectro de recursos químicos a utilizar.
Sin embargo Abraham destaca que esta apertura de la actividad se haría con un mayor y estricto control tanto en la etapa previa de la explotación como durante la extracción.
"Una de las principales preocupaciones tanto de los sectores denominados ambientalistas como de la población en general está referido al control de la actividad minera, a despejar dudas y mejorar controles de eventuales desarrollos mineros se endereza la presente ley", señala en su proyecto el exintendente de Guaymallén.
"La ley 7722 ha apuntado a fijar controles y participación previa al desarrollo de la actividad pero poco dice respecto de los controles posteriores al inicio de la misma, en consecuencia la presente modificación viene a subsanar ese vacío legal haciendo posible la actividad pero debidamente controlada (...) El control debe ser amplio y multisectorial, no pudiendo quedar solo en manos del Poder Ejecutivo y entendemos que se tiene que hacer con la mayor participación de los distintos poderes del estado y de la ciudadanía en general", señala.
En este sentido, propone empoderar a la Policía Minera, a la Legislatura y a las ONG ambientalistas como entidades de control de la actividad.
Al mismo tiempo crea una "Tasa Especial Minera" que se destinaría a mejorar los canales de riego y los sistemas de agua potable de la provincia.
En cuanto a las regalías, especifica porcentajes destinados a: la construcción de viviendas a través del IPV, al financiamiento de políticas de género, y a programas de discapacidad, entre otras acciones sociales.
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Redescubrieron ranas marsupiales en las Yungas salteñas
Redescubrieron a la rana marsupial en las Yungas salteñas
Fecha de Publicación: 02/10/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Salta
Un grupo de investigadores del Instituto de Ecorregiones Andinas encontraron en las Yungas salteñas ejemplares de ranas marsupiales del género Gastrotheca, una especie amenazada, lo que representa una posibilidad para su conservación, según informó el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).
En las selvas de las Yungas del noroeste del país habitan tres especies endémicas de ranas marsupiales del género Gastrotheca.
"Estos anfibios resultan únicos dentro de la biodiversidad del país debido a que las hembras de estas ranas marsupiales llevan a sus renacuajos dentro de un saco de piel que tienen en sus espaldas, para luego liberarlos ya bastante desarrollados en vertientes temporarias donde completan la metamorfosis o directamente 'parir' a los juveniles ya formados, según la especie", indicó Conicet.
A pesar de su singularidad, estas especies se encuentran amenazadas de extinción y en el caso de la Rana Marsupial del Baritú (Gastrotheca chrysosticta) no se había vuelto a observar en su hábitat natural en las Yungas de la provincia de Salta desde el último registro confirmado en el año 1993.
A finales del mes de agosto, un grupo de científicos del Instituto de Ecorregiones Andinas, integrado por Mauricio Akmentins, Martín Boullhesen y Sofía Bardavid, acompañados por personal de la Administración de Parques Nacionales (APN) en calidad de asistentes a la investigación, Fernando Falke y personal de apoyo Clemente Espinoza, registraron ejemplares de Gastrotheca chrysosticta en el Parque Nacional Baritú.
El registro de una población saludable de esta especie desaparecida dentro del área de reserva natural estricta del parque Baritú (decreto 2.149/1990), representa una excelente chance para el futuro de la preservación a largo plazo de la rana marsupial del Baritú.
A su vez, la presencia de esta especie amenazada realza el valor de para la conservación de la biodiversidad de las selvas de las Yungas de este parque nacional.
Para más información, hacer clic en la nota científica publicada en el volumen 32 número 2 de la revista Cuadernos de Herpetología de la Asociación Herpetológica Argentina: Akmentins, M.S., M. Boullhesen, S. Bardavid, C.J. Espinoza & F. Falke. 2018. Rediscovery of Gastrotheca chrysosticta Laurent, 1976 (Anura: Hemiphractidae) in Baritú National Park, Salta, Argentina. Cuadernos de Herpetología: doi: 10.31017/CdH.2018.(2018-021).
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Fecha de Publicación: 02/10/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Salta
Un grupo de investigadores del Instituto de Ecorregiones Andinas encontraron en las Yungas salteñas ejemplares de ranas marsupiales del género Gastrotheca, una especie amenazada, lo que representa una posibilidad para su conservación, según informó el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).
En las selvas de las Yungas del noroeste del país habitan tres especies endémicas de ranas marsupiales del género Gastrotheca.
"Estos anfibios resultan únicos dentro de la biodiversidad del país debido a que las hembras de estas ranas marsupiales llevan a sus renacuajos dentro de un saco de piel que tienen en sus espaldas, para luego liberarlos ya bastante desarrollados en vertientes temporarias donde completan la metamorfosis o directamente 'parir' a los juveniles ya formados, según la especie", indicó Conicet.
A pesar de su singularidad, estas especies se encuentran amenazadas de extinción y en el caso de la Rana Marsupial del Baritú (Gastrotheca chrysosticta) no se había vuelto a observar en su hábitat natural en las Yungas de la provincia de Salta desde el último registro confirmado en el año 1993.
A finales del mes de agosto, un grupo de científicos del Instituto de Ecorregiones Andinas, integrado por Mauricio Akmentins, Martín Boullhesen y Sofía Bardavid, acompañados por personal de la Administración de Parques Nacionales (APN) en calidad de asistentes a la investigación, Fernando Falke y personal de apoyo Clemente Espinoza, registraron ejemplares de Gastrotheca chrysosticta en el Parque Nacional Baritú.
El registro de una población saludable de esta especie desaparecida dentro del área de reserva natural estricta del parque Baritú (decreto 2.149/1990), representa una excelente chance para el futuro de la preservación a largo plazo de la rana marsupial del Baritú.
A su vez, la presencia de esta especie amenazada realza el valor de para la conservación de la biodiversidad de las selvas de las Yungas de este parque nacional.
Para más información, hacer clic en la nota científica publicada en el volumen 32 número 2 de la revista Cuadernos de Herpetología de la Asociación Herpetológica Argentina: Akmentins, M.S., M. Boullhesen, S. Bardavid, C.J. Espinoza & F. Falke. 2018. Rediscovery of Gastrotheca chrysosticta Laurent, 1976 (Anura: Hemiphractidae) in Baritú National Park, Salta, Argentina. Cuadernos de Herpetología: doi: 10.31017/CdH.2018.(2018-021).
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Mareomotriz: cordobeses gana beca para investigación
Tres argentinos ganaron una beca de investigación por un proyecto para la generación de energía mareomotriz
Fecha de Publicación: 02/10/2018
Fuente: Nuestro Mar
Provincia/Región: Córdoba
Son oriundos de Córdoba y fueron distinguidos entre 50 profesionales a través de la beca LafargeHolcim, en el marco de los Premios Next Generation. Los autores proponen una infraestructura para la utilización de la energía producida por las mareas en el estuario de Punta Loyola, en Río Gallegos.
Los primeros ganadores de la beca LafargeHolcim Research in Practice Grant (RPG), entre los que se encuentran tres argentinos, fueron anunciados por autoridades de la Fundación LafargeHolcim y profesores del Instituto Federal Suizo de Tecnología, en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. El objetivo principal de la beca es asesorar y apoyar financieramente a profesionales emergentes para que lleven a cabo investigaciones de vanguardia relacionadas con prácticas sustentables.
Entre los equipos participantes se premió a tres jóvenes egresados de la Universidad Nacional de Córdoba. Stefano Romagnoli, Juan Cruz Serafini y Tomás Pont utilizarán su beca para impulsar un proyecto de infraestructura y paisaje para la generación de energía eléctrica, mediante el aprovechamiento de las corrientes de marea. Además, los integrantes del grupo recibirán soporte y acompañamiento de Holcim Argentina, la filial local de LafargeHolcim.
Los autores proponen una infraestructura para la utilización de la energía producida por las mareas en el estuario de Punta Loyola, en Río Gallegos, considerada como intervención arquitectónica en el paisaje. Esa especie de dique sobre el mar es también una valiosa pieza urbano-arquitectónica que intenta, como sucede en muchos diques, ser aprovechada como recurso turístico, matizada con miradores de aves, refugios, piletas dinámicas, conectores ecológicos y doble-sendas que permiten transitar al borde del agua de mar y de la laguna.
La propuesta fusiona infraestructura, paisaje y arquitectura en un medio natural impactante: los autores pensaron una gigantesca isla de agua en la costa patagónica que, aprovechando los 8 metros promedio de diferencia entre alta y baja mar, pueda producir energía.
Los participantes del Laboratorio Next Generation fueron previamente seleccionados como equipos ganadores de prestigiosos premios LafargeHolcim, realizados en 2017. El laboratorio ofreció una plataforma para el desarrollo de proyectos de vanguardia, intercambiando ideas visionarias sobre el futuro de la construcción sostenible.
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Fecha de Publicación: 02/10/2018
Fuente: Nuestro Mar
Provincia/Región: Córdoba
Son oriundos de Córdoba y fueron distinguidos entre 50 profesionales a través de la beca LafargeHolcim, en el marco de los Premios Next Generation. Los autores proponen una infraestructura para la utilización de la energía producida por las mareas en el estuario de Punta Loyola, en Río Gallegos.
Los primeros ganadores de la beca LafargeHolcim Research in Practice Grant (RPG), entre los que se encuentran tres argentinos, fueron anunciados por autoridades de la Fundación LafargeHolcim y profesores del Instituto Federal Suizo de Tecnología, en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. El objetivo principal de la beca es asesorar y apoyar financieramente a profesionales emergentes para que lleven a cabo investigaciones de vanguardia relacionadas con prácticas sustentables.
Entre los equipos participantes se premió a tres jóvenes egresados de la Universidad Nacional de Córdoba. Stefano Romagnoli, Juan Cruz Serafini y Tomás Pont utilizarán su beca para impulsar un proyecto de infraestructura y paisaje para la generación de energía eléctrica, mediante el aprovechamiento de las corrientes de marea. Además, los integrantes del grupo recibirán soporte y acompañamiento de Holcim Argentina, la filial local de LafargeHolcim.
Los autores proponen una infraestructura para la utilización de la energía producida por las mareas en el estuario de Punta Loyola, en Río Gallegos, considerada como intervención arquitectónica en el paisaje. Esa especie de dique sobre el mar es también una valiosa pieza urbano-arquitectónica que intenta, como sucede en muchos diques, ser aprovechada como recurso turístico, matizada con miradores de aves, refugios, piletas dinámicas, conectores ecológicos y doble-sendas que permiten transitar al borde del agua de mar y de la laguna.
La propuesta fusiona infraestructura, paisaje y arquitectura en un medio natural impactante: los autores pensaron una gigantesca isla de agua en la costa patagónica que, aprovechando los 8 metros promedio de diferencia entre alta y baja mar, pueda producir energía.
Los participantes del Laboratorio Next Generation fueron previamente seleccionados como equipos ganadores de prestigiosos premios LafargeHolcim, realizados en 2017. El laboratorio ofreció una plataforma para el desarrollo de proyectos de vanguardia, intercambiando ideas visionarias sobre el futuro de la construcción sostenible.
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Afirman tener los votos para habilitar la minería en Chubut
Estarían los votos para habilitar la minería en la meseta central
Fecha de Publicación: 02/10/2018
Fuente: El Diario de Madryn
Provincia/Región: Chubut
En el marco de una serie de reuniones que mantuvo entre el miércoles y este jueves con diputados provinciales en la Legislatura, el presidente de la comuna rural de Telsen, Leonardo Bowman, dijo que, en base a las conversaciones, “vemos que la mayoría” de los diputados provinciales está a favor de la zonificación minera en la Meseta del Chubut.
Las declaraciones de Bowman se produjeron luego de que el vicepresidente primero a cargo de la Legislatura, Roddy Ingram, se expresara públicamente a favor de la zonificación, en sintonía con funcionarios del Gobierno como el ministro de Hidrocarburos, Martín Cerdá. Este jueves, Bowman estuvo en la Legislatura junto a otro presidente comunal de la Meseta, Ricardo Sepúlveda, de Gan Gan, y el miércoles había mantenido reuniones con legisladores junto al titular de Paso de Indios, Mario Pichiñán.
“Estuvimos recorriendo despachos de algunos diputados de distintos bloques como para tener un panorama del tema y ver si podemos lograr que se avance definitivamente con la zonificación”, dijo Bowman en declaraciones formuladas en la misma Legislatura.
“Las reuniones en este caso han sido todas de manera individual. Nos hemos reunido con diputados de distintos bloques y tenemos un panorama mucho más claro de lo que pasa en este ámbito”, manifestó.
Comprensión
En este contexto aseguró que “los diputados, en todos los casos que hemos visto, manifiestan una comprensión de la situación de nuestra zona y también obviamente de la situación de la provincia, con la desocupación y demás. Entonces ven en este caso la salida en la actividad minera como un anexo a la producción que tiene la provincia”.
“Consideramos -enfatizó- que está cerca de concretarse e insistiremos para que esto pase antes de fin de año”. Consultado acerca del borrador en el que estaría trabajando el Gobierno del Chubut de acuerdo con publicaciones periodísticas, Bowman confirmó: “Sabemos que se está trabajando concretamente desde el Gobierno en un borrador o en una mejora del proyecto de zonificación. Buscamos el momento en que el Ejecutivo decida blanquear esta situación. Por nuestra parte buscamos en la Legislatura llegar a un punto de definición y poder avanzar con el tratamiento del tema en este ámbito”.
“Estimo que es una cuestión de decisión política porque, con las visitas que hemos hecho, notamos que la mayoría (de los diputados) está para que esto llegue a un punto definitorio positivo para nuestra región”, manifestó.
Por ello, estimó, “se deben charlar algunas cuestiones que tienen que ver con la definición política, poder tratarlo, y llegar a buen puerto con este trabajo que estamos haciendo desde noviembre del año pasado”.
Primer paso
“Este es el primer paso que estamos buscando que se concrete. Después habrá otros pasos más, como el estudio de impacto ambiental y demás. Pero es el primer paso que necesitamos dar para saber la proyección que va a tener nuestra región”, dijo Bowman.
El jefe comunal de Telsen recordó que los referentes de la Meseta se reunieron la semana pasada con el gobernador Mariano Arcioni y que, según lo acordado en ese encuentro, para continuar el diálogo con los distintos sectores políticos, “ahora estamos aquí (por la Legislatura) para tener certeza de lo que pasa. Pediremos una nueva reunión con él o veremos la forma de que podamos avanzar”.
Por último, acerca de la manera en la que se vive en los pueblos de la Meseta la posibilidad de que se apruebe la zonificación minera explicó: “Nosotros venimos desde hace ya casi un año, 10 meses, con actividades en las distintas comunidades. Y al día de la fecha hemos llegado sin novedades concretas del tema”. Por ello “la gente tiene la expectativa puesta en esto porque la situación es muy compleja en todos los aspectos: en la proyección de cada familia, no hay trabajo, es difícil generar alternativas. También hay problemas con los servicios básicos y necesitamos soluciones definitivas para cada tema”.
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Fecha de Publicación: 02/10/2018
Fuente: El Diario de Madryn
Provincia/Región: Chubut
En el marco de una serie de reuniones que mantuvo entre el miércoles y este jueves con diputados provinciales en la Legislatura, el presidente de la comuna rural de Telsen, Leonardo Bowman, dijo que, en base a las conversaciones, “vemos que la mayoría” de los diputados provinciales está a favor de la zonificación minera en la Meseta del Chubut.
Las declaraciones de Bowman se produjeron luego de que el vicepresidente primero a cargo de la Legislatura, Roddy Ingram, se expresara públicamente a favor de la zonificación, en sintonía con funcionarios del Gobierno como el ministro de Hidrocarburos, Martín Cerdá. Este jueves, Bowman estuvo en la Legislatura junto a otro presidente comunal de la Meseta, Ricardo Sepúlveda, de Gan Gan, y el miércoles había mantenido reuniones con legisladores junto al titular de Paso de Indios, Mario Pichiñán.
“Estuvimos recorriendo despachos de algunos diputados de distintos bloques como para tener un panorama del tema y ver si podemos lograr que se avance definitivamente con la zonificación”, dijo Bowman en declaraciones formuladas en la misma Legislatura.
“Las reuniones en este caso han sido todas de manera individual. Nos hemos reunido con diputados de distintos bloques y tenemos un panorama mucho más claro de lo que pasa en este ámbito”, manifestó.
Comprensión
En este contexto aseguró que “los diputados, en todos los casos que hemos visto, manifiestan una comprensión de la situación de nuestra zona y también obviamente de la situación de la provincia, con la desocupación y demás. Entonces ven en este caso la salida en la actividad minera como un anexo a la producción que tiene la provincia”.
“Consideramos -enfatizó- que está cerca de concretarse e insistiremos para que esto pase antes de fin de año”. Consultado acerca del borrador en el que estaría trabajando el Gobierno del Chubut de acuerdo con publicaciones periodísticas, Bowman confirmó: “Sabemos que se está trabajando concretamente desde el Gobierno en un borrador o en una mejora del proyecto de zonificación. Buscamos el momento en que el Ejecutivo decida blanquear esta situación. Por nuestra parte buscamos en la Legislatura llegar a un punto de definición y poder avanzar con el tratamiento del tema en este ámbito”.
“Estimo que es una cuestión de decisión política porque, con las visitas que hemos hecho, notamos que la mayoría (de los diputados) está para que esto llegue a un punto definitorio positivo para nuestra región”, manifestó.
Por ello, estimó, “se deben charlar algunas cuestiones que tienen que ver con la definición política, poder tratarlo, y llegar a buen puerto con este trabajo que estamos haciendo desde noviembre del año pasado”.
Primer paso
“Este es el primer paso que estamos buscando que se concrete. Después habrá otros pasos más, como el estudio de impacto ambiental y demás. Pero es el primer paso que necesitamos dar para saber la proyección que va a tener nuestra región”, dijo Bowman.
El jefe comunal de Telsen recordó que los referentes de la Meseta se reunieron la semana pasada con el gobernador Mariano Arcioni y que, según lo acordado en ese encuentro, para continuar el diálogo con los distintos sectores políticos, “ahora estamos aquí (por la Legislatura) para tener certeza de lo que pasa. Pediremos una nueva reunión con él o veremos la forma de que podamos avanzar”.
Por último, acerca de la manera en la que se vive en los pueblos de la Meseta la posibilidad de que se apruebe la zonificación minera explicó: “Nosotros venimos desde hace ya casi un año, 10 meses, con actividades en las distintas comunidades. Y al día de la fecha hemos llegado sin novedades concretas del tema”. Por ello “la gente tiene la expectativa puesta en esto porque la situación es muy compleja en todos los aspectos: en la proyección de cada familia, no hay trabajo, es difícil generar alternativas. También hay problemas con los servicios básicos y necesitamos soluciones definitivas para cada tema”.
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Las energías renovables generarán miles de puestos de trabajo
Empleo: se prevé el ingreso de más de 17 mil personas al mercado de energías renovables
Fecha de Publicación: 01/10/2018
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Nacional
A partir de informes realizados por la Agencia Internacional de Energías Renovables (Irena), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Subsecretaría de Energías Renovables de la República Argentina, se puede concluir que el crecimiento del empleo en el sector renovable en Argentina en estos años se deberá principalmente al empleo generado por proyectos ganadores del programa RenovAr y MATER.
El incremento se traduce en pasar de 5.170 empleos disponibles en 2015 a unos 17.446 que deberían concretarse en los próximos años tanto para la construcción como para la operación y mantenimiento de los proyectos renovables que inyectarán energía al Sistema Argentino de Interconexión eléctrica (SADI).
El informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) titulado “Empleo verde en la Argentina”, publicado en junio de 2017, indicó que tres años atrás se registraron al menos 10.000 empleos relacionados a la producción de biocombustibles junto a puestos de trabajo en la producción de energía a partir de fuentes renovables no convencionales (ERNC). Aquellos representaron 15% del total de asalariados registrados en el sector de energía, dentro del Sistema Integrado Provisional Argentino (SIPA).
De allí, 5.170 empleos fueron los concretados exclusivamente para ERNC. La mayoría está constituida por trabajos para la generación de energía a partir de biomasa (2.640 puestos de trabajo); luego, 2.420 representaron a pequeños aprovechamientos hidroeléctricos (PAH); y sólo 110 trabajos entre solar fotovoltaica y eólica.
Enfrentando aquellas cifras con las actuales, el reciente informe “Generación de empleo: energías renovables”, publicado por la Subsecretaría de Energías Renovables este segundo semestre de 2018, marca como principal antecedente para el crecimiento del sector como política de estado a la sanción de la ley N° 27191 del Régimen de Fomento Nacional para el Uso de Fuentes Renovables de Energía Destinada a la Producción de Energía Eléctrica.
La citada ley, que fue sancionada en octubre de 2015, junto a su correspondiente reglamentación en marzo de 2016, conformarían la normativa principal del sector para contribuir al alcance de las metas de diversificación de la matriz establecidas.
Entre los instrumentos que impulsarían el movimiento del sector se destacan el programa RenovAr (subasta para la contratación a largo plazo de energía eléctrica de fuente renovable) y Mater (que otorga prioridad de despacho a proyectos desarrollados en el mercado a término entre privados).
A partir de éstos, el cálculo contempla la generación de 17.446 trabajos directos que demandarán los 201 proyectos renovables que surgieron de la Resolución N° 202/16 (10) y de los programas RenovAr (147) y Mater (44).
El informe especifica, además, que se proyectan 15.391 empleos para cubrir actividades de la etapa de construcción, así como 2.055 para la etapa de Operación y Mantenimiento de aquellos parques y centrales renovables.
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Fecha de Publicación: 01/10/2018
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Nacional
A partir de informes realizados por la Agencia Internacional de Energías Renovables (Irena), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Subsecretaría de Energías Renovables de la República Argentina, se puede concluir que el crecimiento del empleo en el sector renovable en Argentina en estos años se deberá principalmente al empleo generado por proyectos ganadores del programa RenovAr y MATER.
El incremento se traduce en pasar de 5.170 empleos disponibles en 2015 a unos 17.446 que deberían concretarse en los próximos años tanto para la construcción como para la operación y mantenimiento de los proyectos renovables que inyectarán energía al Sistema Argentino de Interconexión eléctrica (SADI).
El informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) titulado “Empleo verde en la Argentina”, publicado en junio de 2017, indicó que tres años atrás se registraron al menos 10.000 empleos relacionados a la producción de biocombustibles junto a puestos de trabajo en la producción de energía a partir de fuentes renovables no convencionales (ERNC). Aquellos representaron 15% del total de asalariados registrados en el sector de energía, dentro del Sistema Integrado Provisional Argentino (SIPA).
De allí, 5.170 empleos fueron los concretados exclusivamente para ERNC. La mayoría está constituida por trabajos para la generación de energía a partir de biomasa (2.640 puestos de trabajo); luego, 2.420 representaron a pequeños aprovechamientos hidroeléctricos (PAH); y sólo 110 trabajos entre solar fotovoltaica y eólica.
Enfrentando aquellas cifras con las actuales, el reciente informe “Generación de empleo: energías renovables”, publicado por la Subsecretaría de Energías Renovables este segundo semestre de 2018, marca como principal antecedente para el crecimiento del sector como política de estado a la sanción de la ley N° 27191 del Régimen de Fomento Nacional para el Uso de Fuentes Renovables de Energía Destinada a la Producción de Energía Eléctrica.
La citada ley, que fue sancionada en octubre de 2015, junto a su correspondiente reglamentación en marzo de 2016, conformarían la normativa principal del sector para contribuir al alcance de las metas de diversificación de la matriz establecidas.
Entre los instrumentos que impulsarían el movimiento del sector se destacan el programa RenovAr (subasta para la contratación a largo plazo de energía eléctrica de fuente renovable) y Mater (que otorga prioridad de despacho a proyectos desarrollados en el mercado a término entre privados).
A partir de éstos, el cálculo contempla la generación de 17.446 trabajos directos que demandarán los 201 proyectos renovables que surgieron de la Resolución N° 202/16 (10) y de los programas RenovAr (147) y Mater (44).
El informe especifica, además, que se proyectan 15.391 empleos para cubrir actividades de la etapa de construcción, así como 2.055 para la etapa de Operación y Mantenimiento de aquellos parques y centrales renovables.
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Córdoba trabaja en la reproducción de árboles nativos
Los árboles nativos tienen su lugar de reproducción
Fecha de Publicación: 01/10/2018
Fuente: AgroVoz
Provincia/Región: Córdoba
Después de invertir una buena suma de dinero para refuncionalizar su cámara de enraizamiento de esquejes herbáceos, la comuna de Colonia Vicente Agüero ya está en condiciones de proveer especies forestales autóctonas. Y de posicionarse de cara al futuro como referente en ese rubro.
De hecho, ya cerró acuerdos con su vecina Colonia Caroya, la Sociedad Rural de Villa María, y con un grupo de productores de Marcos Juárez por distintas especies frutales y forestales.
Gracias a un histórico aporte nacional de alrededor de 300 mil pesos en 2011, la comuna logró contar con una cámara que dispone de un invernadero con control de clima. Y mesadas con cama caliente completamente automatizadas (riego, doble sistema de ventilación) que pueden generar condiciones ambientales estables para la reproducción de especies a través de doble método: por semilla y por esquejes o agámica.
A través del primer método lograron reproducir ejemplares de espinillo, tusca, mistol, tala, algarrobo y algarrobo blanco. Pero lo más interesante es que pudieron lograr la reproducción de ejemplares sobre los que no resulta fácil multiplicar por semilla. Como son los casos del tabaquillo, manzano de campo, cina cina, brea, jarilla, quebracho blanco, aguaribay, quebracho colorado, piquillín negro, sombra de toro, chañar y coco de las sierras. Aquí se logró la multiplicación por gajos o esquejes y los primeros resultados se vieron a los dos meses de haberlos plantado en la cámara.
Plan provincial
Patricio Páez Morón, asesor frutihortícola y extensionista del Inta Jesús María, se entusiasma con el proyecto: “La sorpresa es que hasta ahora viene progresando todo. Y ya logramos reproducir especies de monte de Jesús María, de Quilino, y de Traslasierra. No sabemos de otros viveros que hayan podido hacer la experiencia que estamos haciendo acá con la multiplicación agámica de especies de monte. Creemos que va a representar un avance importante y que brindará información que no existía sobre la materia”.
Páez Morón aporta otros datos que sustentan la expectativa que tiene la comuna. Hoy, no existe disponibilidad de plantas nativas de mayor tamaño, fundamentalmente por el costo de mano obra para el llenado de macetas, el costo del sustrato y el espacio e infraestructura necesarios para la recría. Tampoco existe aún demanda privada de plantas nativas. La incertidumbre de venta ha generado que no exista ningún emprendedor particular que produzca grandes volúmenes.
La cámara de Vicente Agüero cuenta con tres mesadas que pueden producir todo el año alrededor de 80 mil plantines por año. Cuando se empiece a cumplir con la Ley N° 10.467 que creó el Plan Provincial Agroforestal, recientemente reglamentada, los dueños de campos en toda la provincia tendrán que cubrir entre dos y cinco por ciento de su superficie con árboles. Será en un plazo de 10 años y se necesitarán cientos de ejemplares. Para ese escenario es que se viene preparando la comuna y se ilusiona con sus posibilidades de ofrecerse como proveedora de nativas, las que mejor se adaptan a nuestros suelos. Solamente ellos estarán en condiciones de aportar 800 mil ejemplares nativos en 10 años.
Un mercado sin techo
El interés que viene generando esta experiencia augura un buen presente y un mejor futuro. Por un lado, porque serán necesarios centros de recría, es decir, viveros donde trasplantar los plantines que salen de la cámara y donde deben pasar un año antes de ser llevados directamente para su uso forestal. Ya hubo muchos viveristas de distintos lugares de la provincia que levantaron la mano y decidieron sumarse.
Por otra parte, es incalculable el mercado que habrá para esos árboles. Como la cámara tiene un fin social también, vecinos de la localidad aportaron especies para nuevos ensayos de multiplicación de especies florales como la rosa china, glicinas y hortensias; y de frutales como granada o higo. La propia comuna, además, anunció su intención de forestar los caminos rurales con una colección de autóctonas cordobesas y de región fitogeográfica del gran Chaco.
Y no paran de crecer las consultas de productores de Villa Allende, Dumesnil, Marcos Juárez y de otros departamentos.
Sostener la tradición
Colonia Vicente Agüero fue fundada todas familias inmigrantes del norte de Italia- se caracterizaron a lo largo de estos años por ser inquietos, creativos, y por tener una enorme diversificación en su producción. De los espárragos, al ajo, la batata, y frutales como durazno y vid han ido cambiando en más de 100 años de historia. Y esa tradición es la que quieren mantener, según sostiene Gustavo Ripeloni, presidente comunal.
“Queríamos darle un impulso a la zona para que vuelva a ser frutihortícola, que podamos sumar más productores y darles trabajo y oportunidades a nuestros vecinos. Vimos también un nicho que había que cubrir y una gran demanda para la que queremos estar preparados. Alrededor del funcionamiento de la cámara giran nuevos negocios para nuestra gente”, señaló Ripeloni.
El jefe comunal se entusiasma, pero también es cauto de cómo tienen que ir avanzando: “Estamos satisfechos con lo que vemos que está produciendo nuestra cámara. Ya estamos receptando demanda y queremos ir respondiendo en el corto plazo en función de nuestras posibilidades porque sabemos que habrá mucho que atender”.
El apoyo de la Secretaría de Agricultura de la Provincia, que está al tanto de la iniciativa, ayudaría seguramente a que se concreten nuevos negocios. Lo que redundará en más árboles autóctonos para Córdoba.
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Fecha de Publicación: 01/10/2018
Fuente: AgroVoz
Provincia/Región: Córdoba
Después de invertir una buena suma de dinero para refuncionalizar su cámara de enraizamiento de esquejes herbáceos, la comuna de Colonia Vicente Agüero ya está en condiciones de proveer especies forestales autóctonas. Y de posicionarse de cara al futuro como referente en ese rubro.
De hecho, ya cerró acuerdos con su vecina Colonia Caroya, la Sociedad Rural de Villa María, y con un grupo de productores de Marcos Juárez por distintas especies frutales y forestales.
Gracias a un histórico aporte nacional de alrededor de 300 mil pesos en 2011, la comuna logró contar con una cámara que dispone de un invernadero con control de clima. Y mesadas con cama caliente completamente automatizadas (riego, doble sistema de ventilación) que pueden generar condiciones ambientales estables para la reproducción de especies a través de doble método: por semilla y por esquejes o agámica.
A través del primer método lograron reproducir ejemplares de espinillo, tusca, mistol, tala, algarrobo y algarrobo blanco. Pero lo más interesante es que pudieron lograr la reproducción de ejemplares sobre los que no resulta fácil multiplicar por semilla. Como son los casos del tabaquillo, manzano de campo, cina cina, brea, jarilla, quebracho blanco, aguaribay, quebracho colorado, piquillín negro, sombra de toro, chañar y coco de las sierras. Aquí se logró la multiplicación por gajos o esquejes y los primeros resultados se vieron a los dos meses de haberlos plantado en la cámara.
Plan provincial
Patricio Páez Morón, asesor frutihortícola y extensionista del Inta Jesús María, se entusiasma con el proyecto: “La sorpresa es que hasta ahora viene progresando todo. Y ya logramos reproducir especies de monte de Jesús María, de Quilino, y de Traslasierra. No sabemos de otros viveros que hayan podido hacer la experiencia que estamos haciendo acá con la multiplicación agámica de especies de monte. Creemos que va a representar un avance importante y que brindará información que no existía sobre la materia”.
Páez Morón aporta otros datos que sustentan la expectativa que tiene la comuna. Hoy, no existe disponibilidad de plantas nativas de mayor tamaño, fundamentalmente por el costo de mano obra para el llenado de macetas, el costo del sustrato y el espacio e infraestructura necesarios para la recría. Tampoco existe aún demanda privada de plantas nativas. La incertidumbre de venta ha generado que no exista ningún emprendedor particular que produzca grandes volúmenes.
La cámara de Vicente Agüero cuenta con tres mesadas que pueden producir todo el año alrededor de 80 mil plantines por año. Cuando se empiece a cumplir con la Ley N° 10.467 que creó el Plan Provincial Agroforestal, recientemente reglamentada, los dueños de campos en toda la provincia tendrán que cubrir entre dos y cinco por ciento de su superficie con árboles. Será en un plazo de 10 años y se necesitarán cientos de ejemplares. Para ese escenario es que se viene preparando la comuna y se ilusiona con sus posibilidades de ofrecerse como proveedora de nativas, las que mejor se adaptan a nuestros suelos. Solamente ellos estarán en condiciones de aportar 800 mil ejemplares nativos en 10 años.
Un mercado sin techo
El interés que viene generando esta experiencia augura un buen presente y un mejor futuro. Por un lado, porque serán necesarios centros de recría, es decir, viveros donde trasplantar los plantines que salen de la cámara y donde deben pasar un año antes de ser llevados directamente para su uso forestal. Ya hubo muchos viveristas de distintos lugares de la provincia que levantaron la mano y decidieron sumarse.
Por otra parte, es incalculable el mercado que habrá para esos árboles. Como la cámara tiene un fin social también, vecinos de la localidad aportaron especies para nuevos ensayos de multiplicación de especies florales como la rosa china, glicinas y hortensias; y de frutales como granada o higo. La propia comuna, además, anunció su intención de forestar los caminos rurales con una colección de autóctonas cordobesas y de región fitogeográfica del gran Chaco.
Y no paran de crecer las consultas de productores de Villa Allende, Dumesnil, Marcos Juárez y de otros departamentos.
Sostener la tradición
Colonia Vicente Agüero fue fundada todas familias inmigrantes del norte de Italia- se caracterizaron a lo largo de estos años por ser inquietos, creativos, y por tener una enorme diversificación en su producción. De los espárragos, al ajo, la batata, y frutales como durazno y vid han ido cambiando en más de 100 años de historia. Y esa tradición es la que quieren mantener, según sostiene Gustavo Ripeloni, presidente comunal.
“Queríamos darle un impulso a la zona para que vuelva a ser frutihortícola, que podamos sumar más productores y darles trabajo y oportunidades a nuestros vecinos. Vimos también un nicho que había que cubrir y una gran demanda para la que queremos estar preparados. Alrededor del funcionamiento de la cámara giran nuevos negocios para nuestra gente”, señaló Ripeloni.
El jefe comunal se entusiasma, pero también es cauto de cómo tienen que ir avanzando: “Estamos satisfechos con lo que vemos que está produciendo nuestra cámara. Ya estamos receptando demanda y queremos ir respondiendo en el corto plazo en función de nuestras posibilidades porque sabemos que habrá mucho que atender”.
El apoyo de la Secretaría de Agricultura de la Provincia, que está al tanto de la iniciativa, ayudaría seguramente a que se concreten nuevos negocios. Lo que redundará en más árboles autóctonos para Córdoba.
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Acuerdo regional sobre el acceso a la información ambiental
Argentina firmó el primer Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y la Justicia en Asuntos Ambientales
Fecha de Publicación: 01/10/2018
Fuente: Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
El Gobierno de la República Argentina firmó esta mañana el primer Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, EEUU. Este convenio, de carácter vinculante, es el primer tratado regional consensuado para proteger los derechos de acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales, cuyo texto fuera adoptado el 4 de marzo de 2018 en Escazú, Costa Rica.
La incorporación de este instrumento requiere que los gobiernos de la región establezcan nuevos estándares para cumplir con el Principio 10 de democracia ambiental, incluido en la Declaración de Río de 1992 sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Este mecanismo llama a garantizar el acceso adecuado a la información pública ambiental; promover la participación ciudadana, individual o colectiva en las cuestiones ambientales en general y en particular; y al acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos.
El acuerdo quedará sujeto a la ratificación de aquellos países que lo hayan rubricado. Para entrar en vigor, requerirá de once Estados Parte. Constituye un instrumento que permitirá hacer evolucionar la legislación de aquellos países de la región que hoy no cuentan con herramientas eficaces para la defensa del ambiente y que ven como necesario mejorar su gestión ambiental mediante el compromiso de la ciudadanía en la toma de decisiones.
El Acuerdo Escazú
El Acuerdo Escazú busca garantizar los derechos de todos los habitantes a la información, participar en la construcción de decisiones que puedan afectar su calidad de vida, y contar con mecanismos adecuados para el acceso a los procedimientos administrativos y judiciales vinculados a tales derechos.
De igual forma, sus contenidos brindarán herramientas para que aquellos países que cuenten con un mayor desarrollo legislativo, como es el caso de Argentina, puedan enfocarse en mejorar la aplicación de sus normas y el cumplimiento de las previsiones que le permiten a la población acceder a información, participar en procesos como los de evaluación del impacto ambiental y también controlar el cumplimiento de las decisiones que puedan adoptarse en materia ambiental teniendo la posibilidad de acceder a la justicia.
El acuerdo establece estándares regionales que deberán ser regulados a nivel nacional, promueve la creación de capacidades, sienta las bases de una estructura institucional de apoyo y ofrece mecanismos para mejorar la formulación de políticas y la toma de decisiones.
Su característica vinculante, implica la obligatoriedad de su aplicación para aquellos países que finalmente lo ratifiquen, para así garantizar dichos derechos, como así también el reconocimiento a principios fundamentales para el derecho ambiental, como los principios “precautorio” y de “prevención”, y el de “no regresión”, que impide a los países derogar las garantías y derechos ya reconocidos por el mismo.
El tratado Escazú apunta a luchar contra la desigualdad y la discriminación, y garantizar los derechos de todas las personas a un ambiente sano y al desarrollo sustentable, dedicando especial atención a las personas y grupos en situación de vulnerabilidad.
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Fecha de Publicación: 01/10/2018
Fuente: Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
El Gobierno de la República Argentina firmó esta mañana el primer Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, EEUU. Este convenio, de carácter vinculante, es el primer tratado regional consensuado para proteger los derechos de acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales, cuyo texto fuera adoptado el 4 de marzo de 2018 en Escazú, Costa Rica.
La incorporación de este instrumento requiere que los gobiernos de la región establezcan nuevos estándares para cumplir con el Principio 10 de democracia ambiental, incluido en la Declaración de Río de 1992 sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Este mecanismo llama a garantizar el acceso adecuado a la información pública ambiental; promover la participación ciudadana, individual o colectiva en las cuestiones ambientales en general y en particular; y al acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos.
El acuerdo quedará sujeto a la ratificación de aquellos países que lo hayan rubricado. Para entrar en vigor, requerirá de once Estados Parte. Constituye un instrumento que permitirá hacer evolucionar la legislación de aquellos países de la región que hoy no cuentan con herramientas eficaces para la defensa del ambiente y que ven como necesario mejorar su gestión ambiental mediante el compromiso de la ciudadanía en la toma de decisiones.
El Acuerdo Escazú
El Acuerdo Escazú busca garantizar los derechos de todos los habitantes a la información, participar en la construcción de decisiones que puedan afectar su calidad de vida, y contar con mecanismos adecuados para el acceso a los procedimientos administrativos y judiciales vinculados a tales derechos.
De igual forma, sus contenidos brindarán herramientas para que aquellos países que cuenten con un mayor desarrollo legislativo, como es el caso de Argentina, puedan enfocarse en mejorar la aplicación de sus normas y el cumplimiento de las previsiones que le permiten a la población acceder a información, participar en procesos como los de evaluación del impacto ambiental y también controlar el cumplimiento de las decisiones que puedan adoptarse en materia ambiental teniendo la posibilidad de acceder a la justicia.
El acuerdo establece estándares regionales que deberán ser regulados a nivel nacional, promueve la creación de capacidades, sienta las bases de una estructura institucional de apoyo y ofrece mecanismos para mejorar la formulación de políticas y la toma de decisiones.
Su característica vinculante, implica la obligatoriedad de su aplicación para aquellos países que finalmente lo ratifiquen, para así garantizar dichos derechos, como así también el reconocimiento a principios fundamentales para el derecho ambiental, como los principios “precautorio” y de “prevención”, y el de “no regresión”, que impide a los países derogar las garantías y derechos ya reconocidos por el mismo.
El tratado Escazú apunta a luchar contra la desigualdad y la discriminación, y garantizar los derechos de todas las personas a un ambiente sano y al desarrollo sustentable, dedicando especial atención a las personas y grupos en situación de vulnerabilidad.
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En Salta, Urtubey sigue permitiendo el desmonte
Denuncian el desmonte ilegal de 700 hectáreas en bosques protegidos
Fecha de Publicación: 30/09/2018
Fuente: El Once
Provincia/Región: Salta
Mediante imágenes satelitales y sobrevuelos, Greenpeace detectó el desmonte ilegal de 700 hectáreas de bosques protegidos en Salta. "Continúa la impunidad para arrasar los bosques", indicaron desde la organización ambientalista.
Greenpeace detectó, mediante imágenes satelitales y sobrevuelos, que Inversora Juramento S.A. desmontó ilegalmente 700 hectáreas de bosques protegidos en las fincas Jumealito, Pozo del Breal y Pozo de la Pichana. Se trata de la mayor empresa agropecuaria del noroeste argentino, cuyos principales accionistas y directores son Jorge Horacio Brito y Jorge Pablo Brito, también directivos del Banco Macro.
Las estancias se encuentran en la zona denominada Bañados del Quirquincho, son linderas a la Reserva Provincial Los Palmares, y forman parte de los Corredores Ecológicos para el Chaco Argentino establecidos por la Secretaría de Ambiente de la Nación. La organización ecologista descubrió que entre junio y agosto de este año se desmontaron 700 hectáreas de bosques nativos clasificados en las Categorías I ? rojo y II ? amarillo, que no permiten desmontes.
"Somos nuevamente testigos de la impunidad con la que grandes empresarios violan la Ley de Bosques en la provincia de Salta y deforestan donde no está permitido, con la inacción o complicidad del gobierno. Esto demuestra claramente porqué el desmonte debe ser considerado como lo que realmente es: un crimen", afirmó Noemí Cruz, coordinadora de la Campaña de Bosques de Greenpeace.
Este caso se suma al que Greenpeace reveló a principios de año y que también demuestra desmonte ilegal en la provincia del norte. A pesar de dos resoluciones de Nación y Salta, las topadoras continuaron arrasando bosques nativos en las estancias Cuchuy (550 hectáreas), Los Pozos (540 hectáreas) y La Peregrina (200 hectáreas). Sus dueños son Alejandro Braun Peña (primo del Jefe de Gabinete de la Nación e integrante del directorio de empresas de la familia Macri), Pedro Cignetti (empresario puntano) y Bruno Varela Marín (empresario uruguayo). Greenpeace había denunciado los casos en 2014.
"El gobernador Urtubey no puede seguir siendo cómplice de estos criminales. Debe controlar que se cumpla la normativa vigente, aplicarles multas significativas y obligarlos a reforestar", señaló Cruz
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Fecha de Publicación: 30/09/2018
Fuente: El Once
Provincia/Región: Salta
Mediante imágenes satelitales y sobrevuelos, Greenpeace detectó el desmonte ilegal de 700 hectáreas de bosques protegidos en Salta. "Continúa la impunidad para arrasar los bosques", indicaron desde la organización ambientalista.
Greenpeace detectó, mediante imágenes satelitales y sobrevuelos, que Inversora Juramento S.A. desmontó ilegalmente 700 hectáreas de bosques protegidos en las fincas Jumealito, Pozo del Breal y Pozo de la Pichana. Se trata de la mayor empresa agropecuaria del noroeste argentino, cuyos principales accionistas y directores son Jorge Horacio Brito y Jorge Pablo Brito, también directivos del Banco Macro.
Las estancias se encuentran en la zona denominada Bañados del Quirquincho, son linderas a la Reserva Provincial Los Palmares, y forman parte de los Corredores Ecológicos para el Chaco Argentino establecidos por la Secretaría de Ambiente de la Nación. La organización ecologista descubrió que entre junio y agosto de este año se desmontaron 700 hectáreas de bosques nativos clasificados en las Categorías I ? rojo y II ? amarillo, que no permiten desmontes.
"Somos nuevamente testigos de la impunidad con la que grandes empresarios violan la Ley de Bosques en la provincia de Salta y deforestan donde no está permitido, con la inacción o complicidad del gobierno. Esto demuestra claramente porqué el desmonte debe ser considerado como lo que realmente es: un crimen", afirmó Noemí Cruz, coordinadora de la Campaña de Bosques de Greenpeace.
Este caso se suma al que Greenpeace reveló a principios de año y que también demuestra desmonte ilegal en la provincia del norte. A pesar de dos resoluciones de Nación y Salta, las topadoras continuaron arrasando bosques nativos en las estancias Cuchuy (550 hectáreas), Los Pozos (540 hectáreas) y La Peregrina (200 hectáreas). Sus dueños son Alejandro Braun Peña (primo del Jefe de Gabinete de la Nación e integrante del directorio de empresas de la familia Macri), Pedro Cignetti (empresario puntano) y Bruno Varela Marín (empresario uruguayo). Greenpeace había denunciado los casos en 2014.
"El gobernador Urtubey no puede seguir siendo cómplice de estos criminales. Debe controlar que se cumpla la normativa vigente, aplicarles multas significativas y obligarlos a reforestar", señaló Cruz
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bosques nativos,
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legislación y derecho ambiental,
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Incendios: la bomba de tiempo que tiene Córdoba
El cementerio de pinos suma riesgos de fuego en Calamuchita
Fecha de Publicación: 30/09/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
En 2013 se quemaron 10 millones de pinos de forestaciones implantadas. Un año antes, dos temporales derribaron cientos de miles. A cinco años, queda aún mucho tirado y sin limpiar. Significa una alta carga combustible.
Cientos de miles de pinos caídos dentro de las forestaciones hace ya cinco años, nunca removidos, contribuyen a aumentar los riesgos de que los incendios, frecuentes en esta época, se propaguen como en un polvorín en la zona alta del Valle de Calamuchita.
Varias zonas con la mayor densidad de pinares de Córdoba se transformaron, desde 2012, en un “cementerio de árboles”.
En 2012 hubo dos fuertes temporales de viento que dejaron por el piso a cientos de miles de pinos. Un año después, en 2013, se registró en esa zona uno de los peores incendios que se recuerde en Córdoba, de esos que los bomberos llaman “explosivos”, por la agresividad y la velocidad con la que avanzan las llamas ante condiciones meteorológicas muy favorables.
En miles de hectáreas con pinares, ese fuego halló un combustible que lo hizo aún más furioso: toneladas de madera en los suelos por los vendavales del año anterior. Buena parte de esa madera, combustible, está allí aún.
Las zonas más afectadas fueron en las cercanías de Villa Yacanto y de Villa Alpina.
Bomberos que conocen el terreno aseguran que nunca se realizó una adecuada tarea integral de limpieza como acción preventiva.
En algunos campos forestados, sus dueños limpiaron. Otros siguen en el abandono y resultan inaccesibles, lo que agrega riesgos.
El Estado nunca ordenó un plan de limpieza efectivo, a pesar de varios anuncios tras el siniestro.
En el primer año, se derivó a aserraderos parte de esa madera caída. Pero bastante más de la mitad quedó, y perdió toda chance de uso comercial. Luego, se quemó en 2013 o se fue degradando.
Las forestaciones con raleos y mantenimiento adecuado fueron y –advierten los bomberos– siguen siendo las menos.
Alerta encendida
En las últimas semanas se encendieron algunas alarmas. Hubo varios focos en esas zonas, que alcanzaron a ser rápidamente controlados por los bomberos.
Fabián Vargas, coordinador de la Regional 7 de Bomberos Voluntarios, advirtió que al recorrer esas áreas se topan “con pinos que se secaron y cayeron de viejos y con forestaciones sucias y otras antiguas que nunca se han limpiado”. Remarcó, como cada año desde 2012, que el riesgo potencial de focos que se desmadren es mayor en estas condiciones.
Roberto Molina, bombero de La Cumbrecita, subrayó que aún permanecen los vestigios de los temporales e incendios antiguos. “Quedaron muchos árboles tirados de 2012, hay que sumarles los del incendio del año siguiente y otros que, con el paso del tiempo, se han caído”, apuntó.
Molina contó que en la mayoría de esos campos forestados y no mantenidos, la zarzamora (una enredadera exótica muy invasiva y considerada plaga) creció sin límites y los hace inaccesibles. “Mientras, los pastizales altos son muy combustibles y hay que agregar la resina que cae de los pinos en pie, que es también combustible”, sostuvo.
El bombero serrano, además guía de montaña, está elaborando un proyecto para limpiar los campos de forma profunda y sugiere utilizar recursos del Plan de Manejo del Fuego.
“Es un proyecto de recuperación de todas las zonas quemadas, incorporando a todos los protagonistas. La idea es limpiarlos con aportes de los municipios, de los dueños de campos, de todos. Si sumamos en prevención, se ahorran luego gastos operativos para mitigar los incendios ya declarados”, opinó.
Recordó, por caso, que días atrás se utilizaron unas 50 personas, tres aviones hidrantes y 14 unidades móviles, durante dos jornadas, por la quema de una superficie de apenas 10 hectáreas. Pero era con pinares, con restos caídos, y la alerta de expansión era alta.
Walter Alvarez es bombero en Villa Yacanto, pueblo que en 2013 estuvo a punto de ser arrasado por el fuego de las forestaciones que lo rodean. “La mayoría de los campos no han sido limpiados, y en los que sacaron los pinos dejaron todos los desperdicios, como ramas. Eso es un riesgo también; además, con el tiempo la zarzamora invadió todo e imposibilita muchos accesos”, apuntó.
Pinares, en reducción
Informes publicados por La Voz calcularon, sobre la base de datos de especialistas, que en aquellos temporales de 2012 cayeron en Calamuchita entre uno y dos millones de pinos. A la vez, en los incendios de septiembre de 2013 se quemaron o cayeron unos 10 millones de árboles en 11 mil hectáreas afectadas por el fuego.
Un par de años después, se había retirado apenas la mitad. El resto quedó hasta hoy.
De las 35 mil hectáreas forestadas con pinares que alguna vez hubo en Córdoba (entre San Clemente al norte y Alpa Corral al sur, pero con foco en Calamuchita) quedan hoy unas 10 mil. El resto se lo fueron llevando los incendios y la comercialización de su madera, con una tasa de extracción superior a la de reforestación.
Los pinares fueron implantados entre las décadas de 1970 y 1980 por leyes de promoción. En un principio se imaginaron para producir papel. Luego, para la industria de la madera.
“Se puede bajar ese peligro con más prevención”
“La situación sigue igual que años atrás. Hay bosques caídos y quemados por todos lados, pero, además, una gran proporción de los árboles que quedaron en pie, pero quemados, fueron atacados por insectos y se siguen cayendo”, apuntó Fernando Martínez, ingeniero agrónomo especializado en forestaciones de pinos.
“Además, como casi ya no hay actividad forestal, se extrae muy poca madera y los yuyos están creciendo en medio de los pinos, todo esto genera una masa combustible descontrolada”, amplió.
Martínez planteó que la mayoría de los productores no limpió sus campos, pero que desde la Provincia no hay ni apoyo, ni incentivos, ni mensajes contundentes de sanción. Uno de los caminos posibles -dijo- podría ser aplicar quemas controladas, pero con estricto control oficial y limitadas sólo a marzo y abril, en sitios específicos.
“La prevención es como vacunarse: el costo es mínimo cuando se vacuna. Pero si todo se quemase no habría bomberos ni plan del fuego que alcance”, opinó.
Por otra parte, Martínez dijo que se gastan recursos en cuestiones menos productivas, como un teléfono 0800 que “casi nunca funciona”, cuando deberían destinarse más a la prevención en escuelas y en los campos, en zonas con actividad forestal abandonada.
También consideró que a muchos caminos serranos, claves para llegar y actuar ante una emergencia, les falta mantenimiento, a cargo de los consorcios camineros.
Como medida para mitigar el peligro, recomendó sembrar especies menos combustibles en calles cortafuego de las forestaciones y combinar pinares con ganadería: los animales -dijo- ayudan a mantener las malezas bajas.
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Fecha de Publicación: 30/09/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
En 2013 se quemaron 10 millones de pinos de forestaciones implantadas. Un año antes, dos temporales derribaron cientos de miles. A cinco años, queda aún mucho tirado y sin limpiar. Significa una alta carga combustible.
Cientos de miles de pinos caídos dentro de las forestaciones hace ya cinco años, nunca removidos, contribuyen a aumentar los riesgos de que los incendios, frecuentes en esta época, se propaguen como en un polvorín en la zona alta del Valle de Calamuchita.
Varias zonas con la mayor densidad de pinares de Córdoba se transformaron, desde 2012, en un “cementerio de árboles”.
En 2012 hubo dos fuertes temporales de viento que dejaron por el piso a cientos de miles de pinos. Un año después, en 2013, se registró en esa zona uno de los peores incendios que se recuerde en Córdoba, de esos que los bomberos llaman “explosivos”, por la agresividad y la velocidad con la que avanzan las llamas ante condiciones meteorológicas muy favorables.
En miles de hectáreas con pinares, ese fuego halló un combustible que lo hizo aún más furioso: toneladas de madera en los suelos por los vendavales del año anterior. Buena parte de esa madera, combustible, está allí aún.
Las zonas más afectadas fueron en las cercanías de Villa Yacanto y de Villa Alpina.
Bomberos que conocen el terreno aseguran que nunca se realizó una adecuada tarea integral de limpieza como acción preventiva.
En algunos campos forestados, sus dueños limpiaron. Otros siguen en el abandono y resultan inaccesibles, lo que agrega riesgos.
El Estado nunca ordenó un plan de limpieza efectivo, a pesar de varios anuncios tras el siniestro.
En el primer año, se derivó a aserraderos parte de esa madera caída. Pero bastante más de la mitad quedó, y perdió toda chance de uso comercial. Luego, se quemó en 2013 o se fue degradando.
Las forestaciones con raleos y mantenimiento adecuado fueron y –advierten los bomberos– siguen siendo las menos.
Alerta encendida
En las últimas semanas se encendieron algunas alarmas. Hubo varios focos en esas zonas, que alcanzaron a ser rápidamente controlados por los bomberos.
Fabián Vargas, coordinador de la Regional 7 de Bomberos Voluntarios, advirtió que al recorrer esas áreas se topan “con pinos que se secaron y cayeron de viejos y con forestaciones sucias y otras antiguas que nunca se han limpiado”. Remarcó, como cada año desde 2012, que el riesgo potencial de focos que se desmadren es mayor en estas condiciones.
Roberto Molina, bombero de La Cumbrecita, subrayó que aún permanecen los vestigios de los temporales e incendios antiguos. “Quedaron muchos árboles tirados de 2012, hay que sumarles los del incendio del año siguiente y otros que, con el paso del tiempo, se han caído”, apuntó.
Molina contó que en la mayoría de esos campos forestados y no mantenidos, la zarzamora (una enredadera exótica muy invasiva y considerada plaga) creció sin límites y los hace inaccesibles. “Mientras, los pastizales altos son muy combustibles y hay que agregar la resina que cae de los pinos en pie, que es también combustible”, sostuvo.
El bombero serrano, además guía de montaña, está elaborando un proyecto para limpiar los campos de forma profunda y sugiere utilizar recursos del Plan de Manejo del Fuego.
“Es un proyecto de recuperación de todas las zonas quemadas, incorporando a todos los protagonistas. La idea es limpiarlos con aportes de los municipios, de los dueños de campos, de todos. Si sumamos en prevención, se ahorran luego gastos operativos para mitigar los incendios ya declarados”, opinó.
Recordó, por caso, que días atrás se utilizaron unas 50 personas, tres aviones hidrantes y 14 unidades móviles, durante dos jornadas, por la quema de una superficie de apenas 10 hectáreas. Pero era con pinares, con restos caídos, y la alerta de expansión era alta.
Walter Alvarez es bombero en Villa Yacanto, pueblo que en 2013 estuvo a punto de ser arrasado por el fuego de las forestaciones que lo rodean. “La mayoría de los campos no han sido limpiados, y en los que sacaron los pinos dejaron todos los desperdicios, como ramas. Eso es un riesgo también; además, con el tiempo la zarzamora invadió todo e imposibilita muchos accesos”, apuntó.
Pinares, en reducción
Informes publicados por La Voz calcularon, sobre la base de datos de especialistas, que en aquellos temporales de 2012 cayeron en Calamuchita entre uno y dos millones de pinos. A la vez, en los incendios de septiembre de 2013 se quemaron o cayeron unos 10 millones de árboles en 11 mil hectáreas afectadas por el fuego.
Un par de años después, se había retirado apenas la mitad. El resto quedó hasta hoy.
De las 35 mil hectáreas forestadas con pinares que alguna vez hubo en Córdoba (entre San Clemente al norte y Alpa Corral al sur, pero con foco en Calamuchita) quedan hoy unas 10 mil. El resto se lo fueron llevando los incendios y la comercialización de su madera, con una tasa de extracción superior a la de reforestación.
Los pinares fueron implantados entre las décadas de 1970 y 1980 por leyes de promoción. En un principio se imaginaron para producir papel. Luego, para la industria de la madera.
“Se puede bajar ese peligro con más prevención”
“La situación sigue igual que años atrás. Hay bosques caídos y quemados por todos lados, pero, además, una gran proporción de los árboles que quedaron en pie, pero quemados, fueron atacados por insectos y se siguen cayendo”, apuntó Fernando Martínez, ingeniero agrónomo especializado en forestaciones de pinos.
“Además, como casi ya no hay actividad forestal, se extrae muy poca madera y los yuyos están creciendo en medio de los pinos, todo esto genera una masa combustible descontrolada”, amplió.
Martínez planteó que la mayoría de los productores no limpió sus campos, pero que desde la Provincia no hay ni apoyo, ni incentivos, ni mensajes contundentes de sanción. Uno de los caminos posibles -dijo- podría ser aplicar quemas controladas, pero con estricto control oficial y limitadas sólo a marzo y abril, en sitios específicos.
“La prevención es como vacunarse: el costo es mínimo cuando se vacuna. Pero si todo se quemase no habría bomberos ni plan del fuego que alcance”, opinó.
Por otra parte, Martínez dijo que se gastan recursos en cuestiones menos productivas, como un teléfono 0800 que “casi nunca funciona”, cuando deberían destinarse más a la prevención en escuelas y en los campos, en zonas con actividad forestal abandonada.
También consideró que a muchos caminos serranos, claves para llegar y actuar ante una emergencia, les falta mantenimiento, a cargo de los consorcios camineros.
Como medida para mitigar el peligro, recomendó sembrar especies menos combustibles en calles cortafuego de las forestaciones y combinar pinares con ganadería: los animales -dijo- ayudan a mantener las malezas bajas.
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Entre Ríos: iniciativa para declarar la emergencia ambiental
Urribarri redobla la apuesta y propone declarar a Entre Ríos en emergencia ambiental
Fecha de Publicación: 30/09/2018
Fuente: El Entre Ríos
Provincia/Región: Entre Ríos
El Presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia, Sergio Urribarri, está decidido a identificarse con la causa ambiental. Prueba de ello es que presentó este martes por la tarde una iniciativa legislativa a partir de la cual se declara “por un plazo mínimo y prorrogable de dos años, el estado de Emergencia Sanitaria y Ambiental en el territorio de la Provincia de Entre Ríos”.
Ello, “en virtud de las agudas consecuencias provocadas sobre la salud de un significativo y creciente número de pobladores debido a las aplicaciones de productos de síntesis química, o de origen biológico o mineral, según la clasificación establecida por la Organización Mundial de la Salud (1992) “como cualquier sustancia o mezcla de sustancias destinadas a prevenir, destruir o controlar pestes incluyendo los vectores de enfermedades humanas o de animales, especies no deseadas de plantas o animales que causen perjuicios o que interfieran de cualquier otra forma en la producción, elaboración, almacenamiento, transporte o comercialización de alimentos, productos agrícolas no elaborados, madera o que puedan administrarse a animales para combatir insectos, arácnidos u otras pestes en o sobre sus cuerpos”.
El proyecto ingresó a la Cámara Baja bajo el Expediente 23.120. En los fundamentos se mencionan la Ley Nacional N° 25.675 y los principios de la política ambiental establecidos en su artículo 4°, particularmente el Principio precautorio que señala que “cuando haya peligro de daño grave o irreversible la ausencia de información o certeza científica, no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente”.
Sostiene que “es necesario la declaración de emergencia ambiental y poder trabajar de manera rápida y expedita frente a los daños ambientales que se están produciendo en la provincia de Entre Ríos, por las fumigaciones con los agrotóxicos. Se parte de un error conceptual al hablar de salud humana como independiente de salud ambiental, a través de las leyes lo que hay que buscar es un ecosistema sano, el ambiente está compuesto por recursos naturales y humano, todo forma parte del ecosistema”.
Paralelamente, se hace alusión al glifosato, “herbicida utilizado para los cultivos con semillas transgénicas que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), es probablemente cancerígeno y que otras investigaciones científicas determinaron que es causante además de cáncer, de numerosas patologías, como malformaciones congénitas, mutaciones genéticas, abortos espontáneos, diversas afecciones respiratorias, alergias y numerosas enfermedades autoinmunes; y que del mismo modo degrada progresivamente el ambiente, contaminando el agua, el suelo, el aire y afectando la flora y la fauna”.
La experiencia de Fabián Tomasi y su reciente fallecimiento son enfatizados en los fundamentos del proyecto, como claro ejemplo de “los estragos que provocan los agroquímicos en las personas que están en contacto con el veneno”.
Se consigna también que “el polémico herbicida de Monsanto ha enfermado a los habitantes de las zonas rurales de la Argentina”, remarcando que Basavilbaso, Gualeguaychú y San Salvador son las ciudades más afectadas de la provincia.
Comité de Intervención
En el articulado del proyecto se establece que el “Poder Ejecutivo Provincial dispondrá la conformación inmediata de un Comité de Intervención sobre el uso de Agroquímicos, para la investigación, prevención, asistencia y tratamiento en casos de intoxicación o que afecten el ecosistema con productos agroquímicos, en todo el territorio provincial”.
Dicho Comité estaría integrado por representantes de la Secretaría de Ambiente, el Ministerio de la Producción y el Ministerio de Salud, y sería presidido por el titular de este último “quien contará con expresas facultades para disponer de recursos humanos y materiales, dentro y fuera de su jurisdicción, dentro del marco legal vigente para tomar las medidas pertinentes en virtud del estado de emergencia”.
En este sentido, en el texto se explicitan los objetivos que tendrá el Comité de Intervención y se dispone que el mismo deberá diseñar un plan de acción que será presentado al Poder Ejecutivo y cuyos lineamientos mínimos se encuentran contemplados en el proyecto.
Cabe mencionar que los integrantes del Comité actuarían con carácter ad honorem y sin perjuicio de sus funciones específicas.
Alcances de la declaración de Emergencia
La iniciativa sostiene que la declaración de Emergencia “es complementaria de las acciones administrativas, civiles y penales que pudieran corresponder por infracciones y/o responsabilidad por violación de la normativa vigente”, de modo tal que “la autoridad de aplicación por sí misma, y con auxilio de la fuerza pública harán efectivas todas las acciones necesarias para hacer cesar las actividades que pudieran en forma real e inminente provocar daños al ecosistema durante el plazo de duración de la emergencia, debiendo adoptar las acciones señaladas en el Plan de Acción para el establecimiento de la salud de la población”.
El proyecto dispone la creación de un fondo de compensación ambiental que estará integrado por recursos provenientes de partidas presupuestarias correspondientes al Ministerio de Salud, indemnizaciones de recomposición fijadas en sede judicial, subsidios, subvenciones, donaciones y/o legados y aquellos que asigne el Estado provincial.
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Fecha de Publicación: 30/09/2018
Fuente: El Entre Ríos
Provincia/Región: Entre Ríos
El Presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia, Sergio Urribarri, está decidido a identificarse con la causa ambiental. Prueba de ello es que presentó este martes por la tarde una iniciativa legislativa a partir de la cual se declara “por un plazo mínimo y prorrogable de dos años, el estado de Emergencia Sanitaria y Ambiental en el territorio de la Provincia de Entre Ríos”.
Ello, “en virtud de las agudas consecuencias provocadas sobre la salud de un significativo y creciente número de pobladores debido a las aplicaciones de productos de síntesis química, o de origen biológico o mineral, según la clasificación establecida por la Organización Mundial de la Salud (1992) “como cualquier sustancia o mezcla de sustancias destinadas a prevenir, destruir o controlar pestes incluyendo los vectores de enfermedades humanas o de animales, especies no deseadas de plantas o animales que causen perjuicios o que interfieran de cualquier otra forma en la producción, elaboración, almacenamiento, transporte o comercialización de alimentos, productos agrícolas no elaborados, madera o que puedan administrarse a animales para combatir insectos, arácnidos u otras pestes en o sobre sus cuerpos”.
El proyecto ingresó a la Cámara Baja bajo el Expediente 23.120. En los fundamentos se mencionan la Ley Nacional N° 25.675 y los principios de la política ambiental establecidos en su artículo 4°, particularmente el Principio precautorio que señala que “cuando haya peligro de daño grave o irreversible la ausencia de información o certeza científica, no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente”.
Sostiene que “es necesario la declaración de emergencia ambiental y poder trabajar de manera rápida y expedita frente a los daños ambientales que se están produciendo en la provincia de Entre Ríos, por las fumigaciones con los agrotóxicos. Se parte de un error conceptual al hablar de salud humana como independiente de salud ambiental, a través de las leyes lo que hay que buscar es un ecosistema sano, el ambiente está compuesto por recursos naturales y humano, todo forma parte del ecosistema”.
Paralelamente, se hace alusión al glifosato, “herbicida utilizado para los cultivos con semillas transgénicas que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), es probablemente cancerígeno y que otras investigaciones científicas determinaron que es causante además de cáncer, de numerosas patologías, como malformaciones congénitas, mutaciones genéticas, abortos espontáneos, diversas afecciones respiratorias, alergias y numerosas enfermedades autoinmunes; y que del mismo modo degrada progresivamente el ambiente, contaminando el agua, el suelo, el aire y afectando la flora y la fauna”.
La experiencia de Fabián Tomasi y su reciente fallecimiento son enfatizados en los fundamentos del proyecto, como claro ejemplo de “los estragos que provocan los agroquímicos en las personas que están en contacto con el veneno”.
Se consigna también que “el polémico herbicida de Monsanto ha enfermado a los habitantes de las zonas rurales de la Argentina”, remarcando que Basavilbaso, Gualeguaychú y San Salvador son las ciudades más afectadas de la provincia.
Comité de Intervención
En el articulado del proyecto se establece que el “Poder Ejecutivo Provincial dispondrá la conformación inmediata de un Comité de Intervención sobre el uso de Agroquímicos, para la investigación, prevención, asistencia y tratamiento en casos de intoxicación o que afecten el ecosistema con productos agroquímicos, en todo el territorio provincial”.
Dicho Comité estaría integrado por representantes de la Secretaría de Ambiente, el Ministerio de la Producción y el Ministerio de Salud, y sería presidido por el titular de este último “quien contará con expresas facultades para disponer de recursos humanos y materiales, dentro y fuera de su jurisdicción, dentro del marco legal vigente para tomar las medidas pertinentes en virtud del estado de emergencia”.
En este sentido, en el texto se explicitan los objetivos que tendrá el Comité de Intervención y se dispone que el mismo deberá diseñar un plan de acción que será presentado al Poder Ejecutivo y cuyos lineamientos mínimos se encuentran contemplados en el proyecto.
Cabe mencionar que los integrantes del Comité actuarían con carácter ad honorem y sin perjuicio de sus funciones específicas.
Alcances de la declaración de Emergencia
La iniciativa sostiene que la declaración de Emergencia “es complementaria de las acciones administrativas, civiles y penales que pudieran corresponder por infracciones y/o responsabilidad por violación de la normativa vigente”, de modo tal que “la autoridad de aplicación por sí misma, y con auxilio de la fuerza pública harán efectivas todas las acciones necesarias para hacer cesar las actividades que pudieran en forma real e inminente provocar daños al ecosistema durante el plazo de duración de la emergencia, debiendo adoptar las acciones señaladas en el Plan de Acción para el establecimiento de la salud de la población”.
El proyecto dispone la creación de un fondo de compensación ambiental que estará integrado por recursos provenientes de partidas presupuestarias correspondientes al Ministerio de Salud, indemnizaciones de recomposición fijadas en sede judicial, subsidios, subvenciones, donaciones y/o legados y aquellos que asigne el Estado provincial.
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