Frenan en la justicia el plan para incinerar basura
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La Justicia porteña suspendió la autorización para incinerar basura
Fecha de Publicación: 02/07/2018
Fuente: Clarin
Provincia/Región: CABA
La Justicia porteña suspendió la autorización para que el Gobierno de la Ciudad pueda incinerar residuos, según fuentes oficiales.
Lo dice un fallo de la jueza Elena Liberatori, del Juzgado de 1° en lo Contencioso y Administrativo porteño, que ordena la "suspensión inmediata de los efectos de la ley 5.966", aprobada por la Legislatura en mayo.
Ambientalistas y cartoneros se oponen a esa norma porque afirman que el sistema que respalda afecta a la salud y al medio ambiente, y temen por las fuentes de trabajo de recicladores. La ONG Greenpeace también indicó que es caro.
El de la basura es un problema clave. Aunque se hicieron campañas en Capital y se entierran menos desechos, el Área Metropolitana está rezagada, lo que se recicla no es suficiente y advierten que en cinco años el relleno sanitario colapsará.
La ley 5.966, del 3 de mayo, modificó a la 1.854, de Basura Cero, de 2005, al autorizar la combustión de residuos sólidos urbanos con recuperación de energía (termovalorización), con independencia del grado de reducción de la cantidad de residuos que son destinados a disposición final a los rellenos sanitarios.
La demanda fue presentada por la Federación de Cooperativas de Reciclado Limitada, la Cooperativa El Ceibo, la Cooperativa de Trabajo El Álamo, la Cooperativa de Trabajo las Madreselvas, la Cooperativa de Trabajo Reciclando Trabajo y Dignidad, la Cooperativa del Sur, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Asociación por la Justicia Ambiental (AJAM) y Greenpeace Argentina. Según el Observatorio del Derecho a la Ciudad, que la patrocinó, en los fundamentos de la sentencia figura que las cuestiones ambientales tienen dispuesto que el procedimiento legislativo sea el de doble lectura y no se cumplió.
El fallo, agregaron las fuentes, también indica que el Plan Urbano Ambiental dispone que debe aprobarse un Código Ambiental para poner en marcha las acciones ordenadas en dicho Plan. "Sobre la base de esta obligación constitucional incumplida desde el año 1996, tanto por el GCBA y por la Legislatura de la Ciudad, se ha construido la costumbre de que los proyectos que involucran materia o asuntos medioambientales, se legislan porprocedimiento común, una verdadera corruptela", señalaron desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad.
Tras aprobarse la ley en cuestión, en el Ministerio de Ambiente y Espacio Público dijeron a Clarín que es más barato recuperar el material reutilizable que quemarlo. Y desde el oficialismo en la Legislatura indicaron que esa norma garantiza que los reciclables no serán incinerados. Pero para ambientalistas este punto no está claro.
De hecho, las cooperativas de recuperadores urbanos, que reúnen a 5.500 trabajadores, indicaron que temen que se quemen también reciclables: entonces se quedarían sin trabajo.
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Fecha de Publicación: 02/07/2018
Fuente: Clarin
Provincia/Región: CABA
La Justicia porteña suspendió la autorización para que el Gobierno de la Ciudad pueda incinerar residuos, según fuentes oficiales.
Lo dice un fallo de la jueza Elena Liberatori, del Juzgado de 1° en lo Contencioso y Administrativo porteño, que ordena la "suspensión inmediata de los efectos de la ley 5.966", aprobada por la Legislatura en mayo.
Ambientalistas y cartoneros se oponen a esa norma porque afirman que el sistema que respalda afecta a la salud y al medio ambiente, y temen por las fuentes de trabajo de recicladores. La ONG Greenpeace también indicó que es caro.
El de la basura es un problema clave. Aunque se hicieron campañas en Capital y se entierran menos desechos, el Área Metropolitana está rezagada, lo que se recicla no es suficiente y advierten que en cinco años el relleno sanitario colapsará.
La ley 5.966, del 3 de mayo, modificó a la 1.854, de Basura Cero, de 2005, al autorizar la combustión de residuos sólidos urbanos con recuperación de energía (termovalorización), con independencia del grado de reducción de la cantidad de residuos que son destinados a disposición final a los rellenos sanitarios.
La demanda fue presentada por la Federación de Cooperativas de Reciclado Limitada, la Cooperativa El Ceibo, la Cooperativa de Trabajo El Álamo, la Cooperativa de Trabajo las Madreselvas, la Cooperativa de Trabajo Reciclando Trabajo y Dignidad, la Cooperativa del Sur, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Asociación por la Justicia Ambiental (AJAM) y Greenpeace Argentina. Según el Observatorio del Derecho a la Ciudad, que la patrocinó, en los fundamentos de la sentencia figura que las cuestiones ambientales tienen dispuesto que el procedimiento legislativo sea el de doble lectura y no se cumplió.
El fallo, agregaron las fuentes, también indica que el Plan Urbano Ambiental dispone que debe aprobarse un Código Ambiental para poner en marcha las acciones ordenadas en dicho Plan. "Sobre la base de esta obligación constitucional incumplida desde el año 1996, tanto por el GCBA y por la Legislatura de la Ciudad, se ha construido la costumbre de que los proyectos que involucran materia o asuntos medioambientales, se legislan porprocedimiento común, una verdadera corruptela", señalaron desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad.
Tras aprobarse la ley en cuestión, en el Ministerio de Ambiente y Espacio Público dijeron a Clarín que es más barato recuperar el material reutilizable que quemarlo. Y desde el oficialismo en la Legislatura indicaron que esa norma garantiza que los reciclables no serán incinerados. Pero para ambientalistas este punto no está claro.
De hecho, las cooperativas de recuperadores urbanos, que reúnen a 5.500 trabajadores, indicaron que temen que se quemen también reciclables: entonces se quedarían sin trabajo.
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Chaco: desmontes en zona roja, denuncian a autoridades
Denuncian a Bosques por autorizar desmontes en una zona protegida del Departamento Brown
Fecha de Publicación: 02/07/2018
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Chaco
Nuevamente el Centro Mandela de Resistencia responsabilizó públicamente a la Dirección de Bosques provincial por el desmonte realizado en el Establecimiento Monterrey, ubicado en la Circunscripción V del Departamento Almirante Brown. En el cual se desmontaron 1.465 hectáreas, sobre una superficie total de 5.791, conformado por la parcela 43 y 44.
En ese sentido, la entidad de DD.HH. capitalina señaló que, “todo esto ocurrió a pesar de que, predominantemente, el campo está ubicado en área protegida porque es Zona Amarilla, según el Mapa de Zonificación del OTBN. “Lo que permite suponer un desmonte clandestino anterior, o una de las tantas intervenciones irregulares de la Dirección de Bosques”.
Y agrega que, “el propietario más conocido es Juan Antonio Aloi, cuyo nombre figura en el cartel colocado en la tranquera para publicar el desmonte que autorizó la Dirección de Bosques y que se ejecutó en ese predio. Se deforestaron 1.465 hectáreas, que se agregaron para hacer agricultura en la chacra transgénica que ya existe en el Establecimiento. A fines de marzo pasado se pudo observar en el lugar una gran plantación de maíz transgénico que fue cultivado en un chacra madura. Al lado del maizal últimamente se desmontó un cuadro de 160 hectáreas, al que hay que restar un monte interno de 25 hectáreas que seguramente será desmontado en poco tiempo”.
Por ora parte, el informe destaca que, “la tranquera de este campo está ubicada en el límite provincial entre Chaco y Santiago del Estero, frente al Parque Nacional COPO y, picada de por medio, linda con la mega Estancia El Juramento, que ya fue motivo de investigación y de publicación por parte del Centro Mandela dado que allí se generan los mismos factores negativos que fueron hallados en la Estancia Monterrey”.
Prohibición
“En la región está prohibida la actividad agrícola. Sin embargo, se practica la agricultura intensiva como en la pampa húmeda a pesar de que los suelos predominantes son frágiles, heterogéneos y erosionables. Justamente por este motivo es que la región ha sido clasificada como zona protegida porque es necesario preservar el monte como único e indispensable techo para proteger los suelos”, aclara el Centro Mandela.
‘Nuevo ataque y negocios contra el monte protegido’
“Tal cual viene repitiéndose en las zonas protegidas de montes nativos, la Dirección de Bosques instrumentó un mecanismo para cambiar la categoría de grandes campos a través del abuso que subyace detrás de los Planes de Aprovechamientos de Cambio de Uso de Suelo, que constituyen todo un gran negocio que permite desmontar y ampliar la frontera agropecuaria, que se blanquea a través de audiencias públicas amañadas y fraudulentas, con mucho dinero que corre de por medio.
La parcela 43 de 3.378 hectáreas, que era tierra pública, se titularizó el 27 de junio de 1991 a favor Hugo Amilcar Haidi; pero se sucedieron varias compraventas, como se repite en toda la región norte de Pampa del Infierno, Los Frentones y Río Muerto. En orden cronológico, compraron y vendieron Hugo Alberto, Jorge Elian y Andrés Miguel, todos de apellido Sveda; Luis Ángel Lancioni y, por último, Juan Antonio Aloi y Marcela Silvia Bortolin, casada con Juan A. Aloi.
La Parcela 44 de 2.413 hectáreas, que también era tierra fiscal, se titularizó el 7 de diciembre de 1998 a nombre de Stella Maris Caprin, casada con Carlos Manuel Pavela. Como en el caso anterior, se sucedieron varias compraventas. Luego de Caprin, compró Alejandro Manuel Pavela y a éste le siguió Carlos Raúl Sierra y, por último, Juan Antonio Aloi”, reza el informe.
“De esta manera cierra el gran negocio de las adjudicaciones en venta de las tierras públicas de Chaco, los intermediarios y los desmontes en zonas protegidas”, afirma el Centro Mandela.
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Fecha de Publicación: 02/07/2018
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Chaco
Nuevamente el Centro Mandela de Resistencia responsabilizó públicamente a la Dirección de Bosques provincial por el desmonte realizado en el Establecimiento Monterrey, ubicado en la Circunscripción V del Departamento Almirante Brown. En el cual se desmontaron 1.465 hectáreas, sobre una superficie total de 5.791, conformado por la parcela 43 y 44.
En ese sentido, la entidad de DD.HH. capitalina señaló que, “todo esto ocurrió a pesar de que, predominantemente, el campo está ubicado en área protegida porque es Zona Amarilla, según el Mapa de Zonificación del OTBN. “Lo que permite suponer un desmonte clandestino anterior, o una de las tantas intervenciones irregulares de la Dirección de Bosques”.
Y agrega que, “el propietario más conocido es Juan Antonio Aloi, cuyo nombre figura en el cartel colocado en la tranquera para publicar el desmonte que autorizó la Dirección de Bosques y que se ejecutó en ese predio. Se deforestaron 1.465 hectáreas, que se agregaron para hacer agricultura en la chacra transgénica que ya existe en el Establecimiento. A fines de marzo pasado se pudo observar en el lugar una gran plantación de maíz transgénico que fue cultivado en un chacra madura. Al lado del maizal últimamente se desmontó un cuadro de 160 hectáreas, al que hay que restar un monte interno de 25 hectáreas que seguramente será desmontado en poco tiempo”.
Por ora parte, el informe destaca que, “la tranquera de este campo está ubicada en el límite provincial entre Chaco y Santiago del Estero, frente al Parque Nacional COPO y, picada de por medio, linda con la mega Estancia El Juramento, que ya fue motivo de investigación y de publicación por parte del Centro Mandela dado que allí se generan los mismos factores negativos que fueron hallados en la Estancia Monterrey”.
Prohibición
“En la región está prohibida la actividad agrícola. Sin embargo, se practica la agricultura intensiva como en la pampa húmeda a pesar de que los suelos predominantes son frágiles, heterogéneos y erosionables. Justamente por este motivo es que la región ha sido clasificada como zona protegida porque es necesario preservar el monte como único e indispensable techo para proteger los suelos”, aclara el Centro Mandela.
‘Nuevo ataque y negocios contra el monte protegido’
“Tal cual viene repitiéndose en las zonas protegidas de montes nativos, la Dirección de Bosques instrumentó un mecanismo para cambiar la categoría de grandes campos a través del abuso que subyace detrás de los Planes de Aprovechamientos de Cambio de Uso de Suelo, que constituyen todo un gran negocio que permite desmontar y ampliar la frontera agropecuaria, que se blanquea a través de audiencias públicas amañadas y fraudulentas, con mucho dinero que corre de por medio.
La parcela 43 de 3.378 hectáreas, que era tierra pública, se titularizó el 27 de junio de 1991 a favor Hugo Amilcar Haidi; pero se sucedieron varias compraventas, como se repite en toda la región norte de Pampa del Infierno, Los Frentones y Río Muerto. En orden cronológico, compraron y vendieron Hugo Alberto, Jorge Elian y Andrés Miguel, todos de apellido Sveda; Luis Ángel Lancioni y, por último, Juan Antonio Aloi y Marcela Silvia Bortolin, casada con Juan A. Aloi.
La Parcela 44 de 2.413 hectáreas, que también era tierra fiscal, se titularizó el 7 de diciembre de 1998 a nombre de Stella Maris Caprin, casada con Carlos Manuel Pavela. Como en el caso anterior, se sucedieron varias compraventas. Luego de Caprin, compró Alejandro Manuel Pavela y a éste le siguió Carlos Raúl Sierra y, por último, Juan Antonio Aloi”, reza el informe.
“De esta manera cierra el gran negocio de las adjudicaciones en venta de las tierras públicas de Chaco, los intermediarios y los desmontes en zonas protegidas”, afirma el Centro Mandela.
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Chaco,
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Misiones sin caza menor para la protección de las especies
Ecología no habilitará más la caza menor en Misiones
Fecha de Publicación: 02/07/2018
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Misiones
Juan Manuel Díaz, ministro de Ecología explicó que el objetivo es tutelar de manera integral la vida de todas las especies animales, y por instrucción del Gobernador de la provincia Hugo Passalacqua, no se habilitará en lo sucesivo la captura de estas especies, constituyendo toda la Provincia de Misiones un espacio libre de caza. La caza menor implica la captura de palomas silvestres, perdices, cuis y liebres, entre otras especies que no se hallan en peligro e incluso son abundantes y susceptibles de control.
Por Resolución N° 246 del Ministerio de Ecología se estableció la no habilitación de la temporada de caza deportiva menor en lo sucesivo. De esta manera el Ministerio se inhibe de hacer uso de una facultad prevista por la Ley de fauna de la provincia XVI N° 8.
La temporada de caza deportiva – que se encuentra permitida habilitar únicamente para el sur de la provincia y por un periodo de 3 meses – no será habilitada éste año ni en lo sucesivo.
La caza menor implica la captura de palomas silvestres, perdices, cuis y liebres, entre otras especies que no se hallan en peligro e incluso son abundantes y susceptibles de control.
A los fines de tutelar de manera integral la vida de todas las especies animales, y por instrucción del Gobernador de la provincia Hugo Passalacqua, el Ministerio de Ecología no habilitará en lo sucesivo la captura de estas especies, constituyendo toda la Provincia de Misiones un espacio libre de actividad cinegética permitida.
Además, la provincia promueve el principio pro-vida a nivel integral, tutelando nuestra rica biodiversidad, la cual importa que el 52% del total nacional se encuentre en Misiones.
Por otro lado se recuerda que la caza furtiva constituye un delito previsto en la Ley 22.421 de Protección de la Fauna Silvestre. Se prevén penas que van hasta los 5 años de cárcel para las figuras más graves, de caza en banda y de especies especialmente protegidas.
Según dijo el Ministro de Ecología se tomó la decisión de terminar con la un modo de agresión a la naturaleza sin justificación. Si bien había una ley que permitía que el Estado desde el organismo competente habilite la caza menor por un período de 3 meses, incluso con especies con superpoblación, hoy esa captura “no se justifica de ninguna manera”.
Contó también que en promedio para cada temporada se habitaban cerca de 50 licencias para la caza menor. “Desde ahora todo tipo de actividad de caza va a ser considerada como caza furtiva y será encuadrada en lo que fija la ley 22.421 de Protección a la Fauna Silvestre que fija penas hasta por 5 años de cárcel. O sea es un delito”, aclaró.
Reconoció también la labor de los guardaparques en toda la Provincia que velan, en las áreas protegidas que son los sitios productores de fauna y de “vida” en la tierra colorada.
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Fecha de Publicación: 02/07/2018
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Misiones
Juan Manuel Díaz, ministro de Ecología explicó que el objetivo es tutelar de manera integral la vida de todas las especies animales, y por instrucción del Gobernador de la provincia Hugo Passalacqua, no se habilitará en lo sucesivo la captura de estas especies, constituyendo toda la Provincia de Misiones un espacio libre de caza. La caza menor implica la captura de palomas silvestres, perdices, cuis y liebres, entre otras especies que no se hallan en peligro e incluso son abundantes y susceptibles de control.
Por Resolución N° 246 del Ministerio de Ecología se estableció la no habilitación de la temporada de caza deportiva menor en lo sucesivo. De esta manera el Ministerio se inhibe de hacer uso de una facultad prevista por la Ley de fauna de la provincia XVI N° 8.
La temporada de caza deportiva – que se encuentra permitida habilitar únicamente para el sur de la provincia y por un periodo de 3 meses – no será habilitada éste año ni en lo sucesivo.
La caza menor implica la captura de palomas silvestres, perdices, cuis y liebres, entre otras especies que no se hallan en peligro e incluso son abundantes y susceptibles de control.
A los fines de tutelar de manera integral la vida de todas las especies animales, y por instrucción del Gobernador de la provincia Hugo Passalacqua, el Ministerio de Ecología no habilitará en lo sucesivo la captura de estas especies, constituyendo toda la Provincia de Misiones un espacio libre de actividad cinegética permitida.
Además, la provincia promueve el principio pro-vida a nivel integral, tutelando nuestra rica biodiversidad, la cual importa que el 52% del total nacional se encuentre en Misiones.
Por otro lado se recuerda que la caza furtiva constituye un delito previsto en la Ley 22.421 de Protección de la Fauna Silvestre. Se prevén penas que van hasta los 5 años de cárcel para las figuras más graves, de caza en banda y de especies especialmente protegidas.
Según dijo el Ministro de Ecología se tomó la decisión de terminar con la un modo de agresión a la naturaleza sin justificación. Si bien había una ley que permitía que el Estado desde el organismo competente habilite la caza menor por un período de 3 meses, incluso con especies con superpoblación, hoy esa captura “no se justifica de ninguna manera”.
Contó también que en promedio para cada temporada se habitaban cerca de 50 licencias para la caza menor. “Desde ahora todo tipo de actividad de caza va a ser considerada como caza furtiva y será encuadrada en lo que fija la ley 22.421 de Protección a la Fauna Silvestre que fija penas hasta por 5 años de cárcel. O sea es un delito”, aclaró.
Reconoció también la labor de los guardaparques en toda la Provincia que velan, en las áreas protegidas que son los sitios productores de fauna y de “vida” en la tierra colorada.
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Demuestran que las plantaciones de pinos afectan la fauna
Plantaciones de pinos modifican la fauna misionera
Fecha de Publicación: 01/07/2018
Fuente: El Territorio
Provincia/Región: Misiones
Un estudio de investigadores de Conicet comprobó que las plantaciones de pinos -la principal especie producida en Argentina para la fabricación de papel y madera- están modificando la diversidad y composición de la fauna en Misiones. Los resultados que permitieron llegar a esta conclusión fueron obtenidos después de comparar las poblaciones de animales presentes en los bosques nativos con las de los que se encuentran en los cultivos forestales y revelaron que tanto los mamíferos como las aves se ven afectados.
La investigación, publicada recientemente en la revista científica Forest Ecology and Managment, también incluye recomendaciones para mejorar los manejos de las plantaciones, con el objetivo de minimizar el impacto de la actividad foresto-industrial en los ecosistemas.
Conservar la continuidad de los parches de bosque, mantener la conectividad con áreas protegidas y permitir el crecimiento de la vegetación bajo los pinos, son algunas de las prácticas sugeridas por los científicos.
Una de las autoras del trabajo, la becaria doctoral del IBS María Eugenia Iezzi, explica que para realizar el estudio se analizó la biodiversidad encontrada en los bosques nativos y en las plantaciones forestales de la provincia de Misiones. “En ambas situaciones, comparamos la composición de todo el grupo de mamíferos, tanto grandes como medianos, y de las aves de suelo o de sotobosque, a través de registros que hicimos con cámaras trampa”, señala, al tiempo que agrega: “Detectamos cambios tanto en el número como en la composición de especies de la fauna que habita ambos ambientes y comprobamos que la diversidad disminuye en las zonas de las plantaciones de pinos”.
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Fecha de Publicación: 01/07/2018
Fuente: El Territorio
Provincia/Región: Misiones
Un estudio de investigadores de Conicet comprobó que las plantaciones de pinos -la principal especie producida en Argentina para la fabricación de papel y madera- están modificando la diversidad y composición de la fauna en Misiones. Los resultados que permitieron llegar a esta conclusión fueron obtenidos después de comparar las poblaciones de animales presentes en los bosques nativos con las de los que se encuentran en los cultivos forestales y revelaron que tanto los mamíferos como las aves se ven afectados.
La investigación, publicada recientemente en la revista científica Forest Ecology and Managment, también incluye recomendaciones para mejorar los manejos de las plantaciones, con el objetivo de minimizar el impacto de la actividad foresto-industrial en los ecosistemas.
Conservar la continuidad de los parches de bosque, mantener la conectividad con áreas protegidas y permitir el crecimiento de la vegetación bajo los pinos, son algunas de las prácticas sugeridas por los científicos.
Una de las autoras del trabajo, la becaria doctoral del IBS María Eugenia Iezzi, explica que para realizar el estudio se analizó la biodiversidad encontrada en los bosques nativos y en las plantaciones forestales de la provincia de Misiones. “En ambas situaciones, comparamos la composición de todo el grupo de mamíferos, tanto grandes como medianos, y de las aves de suelo o de sotobosque, a través de registros que hicimos con cámaras trampa”, señala, al tiempo que agrega: “Detectamos cambios tanto en el número como en la composición de especies de la fauna que habita ambos ambientes y comprobamos que la diversidad disminuye en las zonas de las plantaciones de pinos”.
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Córdoba vuelve a medir la calidad del aire
Después de 17 años, Córdoba vuelve a medir la calidad del aire
Fecha de Publicación: 01/07/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
En su momento, la ciudad de Córdoba fue pionera en medir la calidad de aire en Argentina. Pero los famosos “camioncitos de Martí” se fueron rompiendo y nunca se repararon. Los últimos datos sistemáticos datan de 2001.
Ahora, la Municipalidad de Córdoba volverá a medir esta variable clave para la salud y el ambiente gracias a un convenio firmado con la Facultad Regional Córdoba de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).
El municipio le garantiza un sitio para que especialistas de la UTN instalen el equipo. El lugar elegido es la Casona Municipal (La Rioja y General Paz). Es estratégico porque está en el Centro de la Capital, donde los niveles de polución del aire son altos. Además está muy cerca de Colón y General Paz, donde estuvo más tiempo instalado el último dispositivo que realizó más mediciones en periodos anteriores.
Héctor Macagno, director del Centro de Investigación y Transferencia en Ingeniería Química Ambiental de la UTN, explica que se trata de un equipo que cumple con todas las normativas internacionales y está calibrado con patrones del Primer Mundo.
El aparato puede medir material particulado menor a 10 micrones (PM10), óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno, ozono y monóxido carbono. Sin embargo, la UTN generará un índice de calidad de aire más sencillo para que la Municipalidad lo publiqué en su web y sea más comprensible para los vecinos.
“La idea es generar un índice de calidad del aire que sea público y esté on line. A partir de ese índice se pueden dar diferentes recomendaciones”, explicó Sebastián Roca, subsecretario de Ambiente de la Municipalidad.
Se espera que las primeras mediciones están listas a fines de julio. El convenio es por dos años con renovación automática. “El problema es la continuidad y el mantenimiento de este equipo. El acuerdo garantiza esto y está basado en nuestro interés científico y en la experiencia que tenemos en mediciones de calidad de aire para la industria”, detalló Macagno.
En otras ciudades, como Santiago de Chile, se han tomado medidas de mitigación de la contaminación a partir de estas mediciones. Roca no descartó que en un futuro los datos puedan servir para eso, aunque remarcó: “Primero queremos ver dónde estamos parados para ver qué acciones se pueden tomar”.
Macagno coincidió: “Las mediciones que hay de Córdoba son muy antiguas. Por eso es importante recabar información científica para luego poder tomar alguna decisión, si es necesario”.
Este equipo servirá de referencia para instalar más dispositivos en la ciudad, aunque menos complejos y más económicos. “Tenemos previsto medir en varios puntos con sensores que estamos desarrollando nosotros, pero para eso necesitamos un equipo calibrado para comparar los resultados”, indicó Macagno.
Y Roca agregó: “La idea es avanzar con estaciones no homologadas, pero tener una red que, por ejemplo, tenga al parque Sarmiento y a la reserva San Martín como puntos de referencia, además de otros barrios de la ciudad”.
Córdoba fue pionera en el control de la contaminación ambiental. En la década de 1990, tenía dos camiones que realizaban este trabajo en distintos puntos de la ciudad. En 2001, el proyecto se quedó sin financiamiento.
Hubo un nuevo intento en 2008, pero fracasó. Los últimos y escasos datos difundidos por la Municipalidad son de 2013.
Un índice simple
Seis niveles. El índice será el mismo que utiliza la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. Consiste en una escala de seis niveles, diferenciados por colores.
Verde. Significa buena calidad, por lo que la contaminación atmosférica presenta un riesgo escaso o nulo.
Amarillo. Aceptable, pero podría generar preocupación para personas excepcionalmente sensibles a la contaminación ambiental.
Naranja. Insalubre para grupos sensibles, aunque no afectará a las personas en general.
Rojo. Insalubre. Todos pueden comenzar a padecer efectos en la salud.
Violeta. Condiciones de emergencia. Las probabilidades de que toda la población esté afectada son altas.
Bordó. Peligroso. Alerta sanitaria. Todos pueden padecer efectos sanitarios graves.
En Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires es la única urbe Argentina que mantiene un sistema continuo de calidad de aire. Hay estaciones en La Boca, Parque Centenario, avenida Córdoba y barrio Palermo. El índice porteño es un “semáforo” de siete colores.
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Fecha de Publicación: 01/07/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
En su momento, la ciudad de Córdoba fue pionera en medir la calidad de aire en Argentina. Pero los famosos “camioncitos de Martí” se fueron rompiendo y nunca se repararon. Los últimos datos sistemáticos datan de 2001.
Ahora, la Municipalidad de Córdoba volverá a medir esta variable clave para la salud y el ambiente gracias a un convenio firmado con la Facultad Regional Córdoba de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).
El municipio le garantiza un sitio para que especialistas de la UTN instalen el equipo. El lugar elegido es la Casona Municipal (La Rioja y General Paz). Es estratégico porque está en el Centro de la Capital, donde los niveles de polución del aire son altos. Además está muy cerca de Colón y General Paz, donde estuvo más tiempo instalado el último dispositivo que realizó más mediciones en periodos anteriores.
Héctor Macagno, director del Centro de Investigación y Transferencia en Ingeniería Química Ambiental de la UTN, explica que se trata de un equipo que cumple con todas las normativas internacionales y está calibrado con patrones del Primer Mundo.
El aparato puede medir material particulado menor a 10 micrones (PM10), óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno, ozono y monóxido carbono. Sin embargo, la UTN generará un índice de calidad de aire más sencillo para que la Municipalidad lo publiqué en su web y sea más comprensible para los vecinos.
“La idea es generar un índice de calidad del aire que sea público y esté on line. A partir de ese índice se pueden dar diferentes recomendaciones”, explicó Sebastián Roca, subsecretario de Ambiente de la Municipalidad.
Se espera que las primeras mediciones están listas a fines de julio. El convenio es por dos años con renovación automática. “El problema es la continuidad y el mantenimiento de este equipo. El acuerdo garantiza esto y está basado en nuestro interés científico y en la experiencia que tenemos en mediciones de calidad de aire para la industria”, detalló Macagno.
En otras ciudades, como Santiago de Chile, se han tomado medidas de mitigación de la contaminación a partir de estas mediciones. Roca no descartó que en un futuro los datos puedan servir para eso, aunque remarcó: “Primero queremos ver dónde estamos parados para ver qué acciones se pueden tomar”.
Macagno coincidió: “Las mediciones que hay de Córdoba son muy antiguas. Por eso es importante recabar información científica para luego poder tomar alguna decisión, si es necesario”.
Este equipo servirá de referencia para instalar más dispositivos en la ciudad, aunque menos complejos y más económicos. “Tenemos previsto medir en varios puntos con sensores que estamos desarrollando nosotros, pero para eso necesitamos un equipo calibrado para comparar los resultados”, indicó Macagno.
Y Roca agregó: “La idea es avanzar con estaciones no homologadas, pero tener una red que, por ejemplo, tenga al parque Sarmiento y a la reserva San Martín como puntos de referencia, además de otros barrios de la ciudad”.
Córdoba fue pionera en el control de la contaminación ambiental. En la década de 1990, tenía dos camiones que realizaban este trabajo en distintos puntos de la ciudad. En 2001, el proyecto se quedó sin financiamiento.
Hubo un nuevo intento en 2008, pero fracasó. Los últimos y escasos datos difundidos por la Municipalidad son de 2013.
Un índice simple
Seis niveles. El índice será el mismo que utiliza la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. Consiste en una escala de seis niveles, diferenciados por colores.
Verde. Significa buena calidad, por lo que la contaminación atmosférica presenta un riesgo escaso o nulo.
Amarillo. Aceptable, pero podría generar preocupación para personas excepcionalmente sensibles a la contaminación ambiental.
Naranja. Insalubre para grupos sensibles, aunque no afectará a las personas en general.
Rojo. Insalubre. Todos pueden comenzar a padecer efectos en la salud.
Violeta. Condiciones de emergencia. Las probabilidades de que toda la población esté afectada son altas.
Bordó. Peligroso. Alerta sanitaria. Todos pueden padecer efectos sanitarios graves.
En Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires es la única urbe Argentina que mantiene un sistema continuo de calidad de aire. Hay estaciones en La Boca, Parque Centenario, avenida Córdoba y barrio Palermo. El índice porteño es un “semáforo” de siete colores.
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Científicos mendocinos trabajarán en el informe del IPCC
Científicos locales colaboran en informe sobre cambio climático
Fecha de Publicación: 01/07/2018
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
Juan Rivera y Lucas Ruiz, investigadores asistentes en el Ianigla (Conicet), participarán en la elaboración del sexto Informe del Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC, en inglés). Para ellos, no sólo es una de esas oportunidades que pocas veces se presentan, sino que, sostienen, es la posibilidad de aportar su conocimiento para intentar cambiar el mundo.
El IPCC fue creado en 1988 por las Naciones Unidas y desde entonces publica informes periódicos. Ricardo Villalba, también investigador del Ianigla (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales) integró el equipo que escribió el cuarto informe y que recibió el Premio Nobel de la Paz.
Juan Rivera, doctor en Ciencias de la Atmósfera y los Océanos, escribirá, junto con otras 17 personas, el capítulo que analiza el cambio climático a nivel de los procesos físicos de la atmósfera. Es decir, analizará qué modificaciones se producen en esta debido al aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).
El objetivo, apuntó, es tratar de explicar el proceso atmosférico que tiene como resultado eventos extremos tales como lluvias intensas durante un corto período de tiempo u olas de calor. Y después, evaluar si es atribuible a un incremento en los GEI. "Lo que pasa en Mendoza desde el punto de vista climático tiene mucho que ver con el clima a nivel hemisférico. Yo tengo una visión del hemisferio sur. Ese va a ser mi aporte", señaló Rivera, quien es el único argentino en el capítulo.
Este sexto informe se presentará en 2022, es decir, se trata de una investigación que tomará 4 años de trabajo. Los investigadores desarrollan su labor de modo ad-honorem y coincidirán en persona en cuatro reuniones. La primera de ellas, en estos días sreá en China; la segunda, en enero de 2019, en Canadá; y la tercera, en junio del año próximo, en Francia.
Lucas Ruiz, por su parte, fue convocado para la elaboración del capítulo sobre océanos, criósfera y cambios del nivel del mar. También es el único argentino en este apartado y uno de los tres especialistas en Geología (es doctor en Ciencias Geológicas) entre los 15 investigadores que trabajarán en conjunto.
Para él, el gran desafío será tratar de incluir la problemática del derretimiento de pequeños glaciares, como los que se observan en la Cordillera de Los Andes. Es que si bien no tienen efecto determinante sobre el aumento del nivel de los océanos, como otros, sí generan un impacto significativo en las economías locales y en la vida humana.
Para llegar a esta instancia, Rivera y Ruiz se postularon porque Argentina es uno de los 195 países miembros del IPCC. Luego, debieron pasar por un proceso de selección que realizan el comité de evaluación del organismo.
"Para mí, a nivel científico, es la tarea más importante que me va a tocar hacer. Y voy a encararla pensando en que este puede ser un aporte importante a los gobiernos porque pondrá en evidencia que el clima está cambiando y que se debe hacer algo para que estas tendencias se frenen", planteó Rivera.
Indicó que el escenario más pesimista del informe anterior, el que mostraba lo que iba a ocurrir si se seguía por el mismo camino, implicaba la desaparición de masas de hielo, el ascenso del nivel del mar y el desarrollo de eventos extremos, con el impacto que esto significa para las vidas humanas y los ecosistemas. Pero también consideró que la previsión optimista es inviable porque no se tomaron las medidas que se deberían haber adoptado.
Lucas Ruiz resaltó que el gran desafío del IPCC y las naciones que lo conforman es tratar de cambiar la forma en que se desarrolla la sociedad, su matriz productiva, el modo en que se produce y consume energía. Añadió que todavía se está, después de 30 años de existencia del organismo, trabajando en la toma de conciencia del cambio climático.
"Tener posibilidad de contribuir desde nuestro conocimiento es un orgullo y, sobre todo, un desafío. Nos hemos formado en la universidad pública, trabajamos en el Conicet, que un organismo público, y esta es una forma de poder devolver todo lo que la ciudadanía aportó a nuestro desarrollo profesional", planteó Ruiz.
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Fecha de Publicación: 01/07/2018
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
Juan Rivera y Lucas Ruiz, investigadores asistentes en el Ianigla (Conicet), participarán en la elaboración del sexto Informe del Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC, en inglés). Para ellos, no sólo es una de esas oportunidades que pocas veces se presentan, sino que, sostienen, es la posibilidad de aportar su conocimiento para intentar cambiar el mundo.
El IPCC fue creado en 1988 por las Naciones Unidas y desde entonces publica informes periódicos. Ricardo Villalba, también investigador del Ianigla (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales) integró el equipo que escribió el cuarto informe y que recibió el Premio Nobel de la Paz.
Juan Rivera, doctor en Ciencias de la Atmósfera y los Océanos, escribirá, junto con otras 17 personas, el capítulo que analiza el cambio climático a nivel de los procesos físicos de la atmósfera. Es decir, analizará qué modificaciones se producen en esta debido al aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).
El objetivo, apuntó, es tratar de explicar el proceso atmosférico que tiene como resultado eventos extremos tales como lluvias intensas durante un corto período de tiempo u olas de calor. Y después, evaluar si es atribuible a un incremento en los GEI. "Lo que pasa en Mendoza desde el punto de vista climático tiene mucho que ver con el clima a nivel hemisférico. Yo tengo una visión del hemisferio sur. Ese va a ser mi aporte", señaló Rivera, quien es el único argentino en el capítulo.
Este sexto informe se presentará en 2022, es decir, se trata de una investigación que tomará 4 años de trabajo. Los investigadores desarrollan su labor de modo ad-honorem y coincidirán en persona en cuatro reuniones. La primera de ellas, en estos días sreá en China; la segunda, en enero de 2019, en Canadá; y la tercera, en junio del año próximo, en Francia.
Lucas Ruiz, por su parte, fue convocado para la elaboración del capítulo sobre océanos, criósfera y cambios del nivel del mar. También es el único argentino en este apartado y uno de los tres especialistas en Geología (es doctor en Ciencias Geológicas) entre los 15 investigadores que trabajarán en conjunto.
Para él, el gran desafío será tratar de incluir la problemática del derretimiento de pequeños glaciares, como los que se observan en la Cordillera de Los Andes. Es que si bien no tienen efecto determinante sobre el aumento del nivel de los océanos, como otros, sí generan un impacto significativo en las economías locales y en la vida humana.
Para llegar a esta instancia, Rivera y Ruiz se postularon porque Argentina es uno de los 195 países miembros del IPCC. Luego, debieron pasar por un proceso de selección que realizan el comité de evaluación del organismo.
"Para mí, a nivel científico, es la tarea más importante que me va a tocar hacer. Y voy a encararla pensando en que este puede ser un aporte importante a los gobiernos porque pondrá en evidencia que el clima está cambiando y que se debe hacer algo para que estas tendencias se frenen", planteó Rivera.
Indicó que el escenario más pesimista del informe anterior, el que mostraba lo que iba a ocurrir si se seguía por el mismo camino, implicaba la desaparición de masas de hielo, el ascenso del nivel del mar y el desarrollo de eventos extremos, con el impacto que esto significa para las vidas humanas y los ecosistemas. Pero también consideró que la previsión optimista es inviable porque no se tomaron las medidas que se deberían haber adoptado.
Lucas Ruiz resaltó que el gran desafío del IPCC y las naciones que lo conforman es tratar de cambiar la forma en que se desarrolla la sociedad, su matriz productiva, el modo en que se produce y consume energía. Añadió que todavía se está, después de 30 años de existencia del organismo, trabajando en la toma de conciencia del cambio climático.
"Tener posibilidad de contribuir desde nuestro conocimiento es un orgullo y, sobre todo, un desafío. Nos hemos formado en la universidad pública, trabajamos en el Conicet, que un organismo público, y esta es una forma de poder devolver todo lo que la ciudadanía aportó a nuestro desarrollo profesional", planteó Ruiz.
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Humedales de Santa Fe: suman a las ONGs en su gestión
Los humedales de Santa Fe suman nuevas instancias de gestión
Fecha de Publicación: 30/06/2018
Fuente: La Capital de Rosario
Provincia/Región: Santa Fe
Esta semana se creó un comité intersectorial de manejo del área, con representación de las ONG que trabajan en la problemática.
Los Humedales son sistemas ambientales únicos por su biodiversidad y los beneficios que aportan al entorno. Algunos de esos aportes son moderar las temperaturas extremas y atemperar los pulsos de las inundaciones, dos situaciones que mejoran de forma natural la calidad de vida de las ciudades construidas cerca de esos ecosistemas.
Rosario está bajo la órbita de un Humedal de rango internacional, el sitio Ramsar Delta del Paraná, que si bien en rigor se extiende desde Desvío Arijón hasta Puerto Gaboto extiende sus efectos a toda la zona costera santafesina.
Con el objetivo de mejorar la gestión de un sitio considerado único por sus atributos naturales, la semana pasada se creó un comité intersectorial de manejo del sitio conformado por representantes de los gobiernos santafesino y entrerriano, académicos y grupos ambientalistas de las dos orillas.
La idea es que a partir del comité, las decisiones sobre la gestión del sitio sean participativas e incluyan a sectores no gubernamentales como las organizaciones ambientalistas y las universidades. Trabajarán junto a otros tres comités que asesorarán en temas de producción, turismo y académicos.
Guillermo Martín, de la administración de Parques Nacionales, recordó que dentro del sitio Ramsar existen dos parques: el Pre Delta con sede en Diamante, y el Islas de Santa Fe, que aún no se puede visitar (ver recuadro).
"Con los parques buscamos proveer servicios ambientales, preservar tierras y producir desarrollo con ecoturismo", dijo el funcionario, quien detalló que en los años en que no se registran indundaciones, el Pre Delta recibe en promedio alrededor de 78 mil visitantes.
Martín recordó que el Delta del Paraná tiene 240 mil hectáreas y que su protección (los sitios Ramsar tienen importancia global) tiene rango legal constitucional: "protegerlo es una obligación constitucional del estado argentino". También explicó que se trata de lugares difíciles de manejar que precisan tecnologías apropiadas y recursos.
Por su parte, Vanesa Paccotti, de El Paraná No Se Toca (que junto al Taller Ecologista y Guardianes de Victoria se sumaron a la convocatoria) señaló que harán todo lo que esté a su alcance "para participar en la gestión para la conservación de los humedales y de la gente que los habita tradicionalmente en forma armónica con el ambiente". También dijo que desde los grupos ambientalistas "bregarán para que no sea sólo un «sitio de papel» como muchos otros que a pesar de sus declaraciones formales como áreas protegidas no tienen ningún tipo de efectivización en la protección".
Plan de manejo
Beatriz Giacosa, que tiene a su cargo la coordinación del plan de manejo del sitio, señaló que la idea es generar una propuesta de plan de manejo que estipule "qué se puede hacer, cómo, dónde y con quienes. Esto se hará a través de una planificación participativa, es un proceso de trabajo en conjunto".
Para eso se conformará un equipo de trabajo que estará a cargo de la planificación y de garantizar la participación de los actores civiles. El objetivo es contar con un plan de manejo para el año 2019 que sirva como guía para la gestión del sitio.
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Fecha de Publicación: 30/06/2018
Fuente: La Capital de Rosario
Provincia/Región: Santa Fe
Esta semana se creó un comité intersectorial de manejo del área, con representación de las ONG que trabajan en la problemática.
Los Humedales son sistemas ambientales únicos por su biodiversidad y los beneficios que aportan al entorno. Algunos de esos aportes son moderar las temperaturas extremas y atemperar los pulsos de las inundaciones, dos situaciones que mejoran de forma natural la calidad de vida de las ciudades construidas cerca de esos ecosistemas.
Rosario está bajo la órbita de un Humedal de rango internacional, el sitio Ramsar Delta del Paraná, que si bien en rigor se extiende desde Desvío Arijón hasta Puerto Gaboto extiende sus efectos a toda la zona costera santafesina.
Con el objetivo de mejorar la gestión de un sitio considerado único por sus atributos naturales, la semana pasada se creó un comité intersectorial de manejo del sitio conformado por representantes de los gobiernos santafesino y entrerriano, académicos y grupos ambientalistas de las dos orillas.
La idea es que a partir del comité, las decisiones sobre la gestión del sitio sean participativas e incluyan a sectores no gubernamentales como las organizaciones ambientalistas y las universidades. Trabajarán junto a otros tres comités que asesorarán en temas de producción, turismo y académicos.
Guillermo Martín, de la administración de Parques Nacionales, recordó que dentro del sitio Ramsar existen dos parques: el Pre Delta con sede en Diamante, y el Islas de Santa Fe, que aún no se puede visitar (ver recuadro).
"Con los parques buscamos proveer servicios ambientales, preservar tierras y producir desarrollo con ecoturismo", dijo el funcionario, quien detalló que en los años en que no se registran indundaciones, el Pre Delta recibe en promedio alrededor de 78 mil visitantes.
Martín recordó que el Delta del Paraná tiene 240 mil hectáreas y que su protección (los sitios Ramsar tienen importancia global) tiene rango legal constitucional: "protegerlo es una obligación constitucional del estado argentino". También explicó que se trata de lugares difíciles de manejar que precisan tecnologías apropiadas y recursos.
Por su parte, Vanesa Paccotti, de El Paraná No Se Toca (que junto al Taller Ecologista y Guardianes de Victoria se sumaron a la convocatoria) señaló que harán todo lo que esté a su alcance "para participar en la gestión para la conservación de los humedales y de la gente que los habita tradicionalmente en forma armónica con el ambiente". También dijo que desde los grupos ambientalistas "bregarán para que no sea sólo un «sitio de papel» como muchos otros que a pesar de sus declaraciones formales como áreas protegidas no tienen ningún tipo de efectivización en la protección".
Plan de manejo
Beatriz Giacosa, que tiene a su cargo la coordinación del plan de manejo del sitio, señaló que la idea es generar una propuesta de plan de manejo que estipule "qué se puede hacer, cómo, dónde y con quienes. Esto se hará a través de una planificación participativa, es un proceso de trabajo en conjunto".
Para eso se conformará un equipo de trabajo que estará a cargo de la planificación y de garantizar la participación de los actores civiles. El objetivo es contar con un plan de manejo para el año 2019 que sirva como guía para la gestión del sitio.
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Minería de uranio en Mendoza y nuevos procedimientos
El proceso minero que deberá autorizar Cornejo para evitar más contaminación
Fecha de Publicación: 30/06/2018
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza
La minería está prácticamente prohibida en Mendoza. Pero para poder remediar Sierra Pintada deberá abrirse la planta fabril de San Rafael. El desafío político y social. En octubre se haría la audiencia pública.
Entre los desafíos que le quedan por delante al gobernador Alfredo Cornejo hay uno que sobresale por la complejidad y también porque va a depender de la pericia que tenga para manejarlo sin profundizar los conflictos. Más si se tiene en cuenta que no hay un rédito político al alcance en caso de tener éxito. Se trata del saneamiento de los pasivos ambientales que dejó la planta de procesamiento de uranio Sierra Pintada, en San Rafael, que se transformó en uno de los casos emblemáticos de mal manejo ambiental. Esa planta funcionó por una década, pero lleva mucho más tiempo cerrada y con la contaminación latente: hay millones de toneladas de residuos provenientes de la actividad minera del lugar y también de la planta Dioxitex, de Córdoba.
El problema para la ejecución del proceso de remediación de esos pasivos ambientales es que para hacerlo es necesario "hacer minería". Es decir, para poder neutralizar los residuos debe realizarse un proceso similar al que se hacía para producir uranio, usando sustancias que están prohibidas por la ley 7722. La rendija legal que existe es que esa ley prohíbe el uso de esas sustancias para la explotación minera, pero no para la remediación. Por eso la decisión es avanzar, aunque tanto desde el Ejecutivo como los asesores legales entienden que será necesario un blindaje legal mayor para evitar especulaciones. Es que la desconfianza que hubo siempre sobre el tema es que una vez saneados los pasivos ambientales, la planta vuelva a producir uranio. En realidad ese era el plan inicial incluido en el Plan Nuclear lanzado por Néstor Kirchner y que incluía la reapertura de la mina de San Rafael para que se vuelva a producir uranio en Argentina y dejar de importarlo. Las tensiones sociales generadas en Mendoza y Córdoba frenaron ese intento.
Ahora se escindió la remediación de la reapertura. La Comisión Nacional de Energía Atómica presentó la Manifestación de Impacto Ambiental para ejecutar el proceso y ahora está en análisis.
La intención de las autoridades ambientales es realizar la audiencia pública en octubre de este año y, luego, si no hay objeciones severas, autorizar los trabajos.
El Gobierno ha enfrentado temas que tenían potencial conflictivo con una estrategia propia. Es lo que ocurrió con la autorización del fracking, donde primero se hizo una prueba piloto, luego se comunicó y como tercer paso se reglamentó la actividad. Con el caso Sierra Pintada el camino debe ser más seguro, pues la justicia federal monitorea los avances y hay varios fracasos a cuestas.
El tema plantea un desafío de madurez y pericia política. Para el Gobierno, que debe lograr el consenso para que finalmente la contaminación cese, garantizando un proceso transparente. Y para los sectores defensores del ambiente, que más allá de la desconfianza, deberán ver el bien superior: que la contaminación acumulada por décadas deje de ser un riesgo para los habitantes de San Rafael.
El plan
Si la minería genera desconfianza en algunos sectores de Mendoza, en Sierra Pintada tienen un argumento para ello. Tras el cierre de la producción quedaron 5223 tambores equivalentes a 1.067,60 toneladas de residuos contaminados (que equivalen a 14 toneladas de uranio). Esa basura fue trasladada a Mendoza entre 1995 y el 2000. A ellos se le suma el agua de cantera que surgió de los efluentes del proceso de lixiviación, las colas provenientes del mineral de Uranio proveniente de la lixiviación con ácido sulfúrico (en total más de 1 millón de metros cuadrados), que no fueron neutralizadas, ni cubiertas con material inerte por lo que existe posibilidad de afectación de cursos de agua.
La misma CNEA establece un grupo de riesgos potenciales. En el caso de las colas de uranio, el riesgo de que haya emanaciones de gas Radon a la atmosfera (aunque se encuentra por debajo de los niveles admisibles para viviendas); la Radiación gamma (no existe riesgo mientras no se utilice indebidamente. Se encuentra controlada por Gendarmería y CNEA) y la dispersión por viento agua o dilución. En el caso del agua de cantera, se determinó que existe el riesgo de infiltración a través de fisuras en la roca o que debido al exceso de lluvias se desborde. En tanto que por los residuos sólidos que tienen altos contenidos de uranio y "las condiciones de almacenamiento (bolsas plásticas dentro de tachos metálicos y enterrado bajo las colas de proceso) hacen de los mismos potencialmente peligrosos.
La Auditoría General de la Nación advirtió sobre los incumplimientos de la CNEA en el saneamiento de Sierra Pintada, con un detallado análisis de lo realizado y lo gastado. Allí, por ejemplo, figura que hubo muchos gastos en consultorías ambientales y que los trabajos proyectados no se cumplieron. "No se observan avances en la gestión integral de pasivos ambientales; no se ha tratado ninguno de los pasivos prioritarios (agua de cantera (AC) y residuos sólidos (RS) dispuestos transitoriamente en tambores) aunque se ha avanzado en la realización de obras que permitirán su tratamiento. Respecto de la gestión de los referidos pasivos ambientales prioritarios, la CNEA no ha cumplimentado la totalidad de las acciones requeridas por la Resolución 1779/04 del ex MAOP de Mendoza", dice el informe.
La CNEA ya elevó el plan para remediar que incluye procesos distintos. Para el agua de cantera se propone un sistema de " Resinas de Intercambio ionico - aniónicas - precipitación", con un plan alternativo de nanofiltración, que tiene menos impacto pero un costo muy superior. El tratamiento de los residuos sólidos es el que genera más tensiones por el uso de ácido sulfúrico. "Se deben retirar los tambores de las escombreras, trasladarlos y proceder a la apertura segura, con sistema previsto en el proceso y someterlos a tratamiento", explica el resumen al que accedió MDZ, donde se describen los 7 pasos del proceso que van desde el lavado de esos sólidos con agua de cantera, hasta la disolución con ácido sulfúrico y la neutralización con cal de ese material.
En el Gobierno mantienen la postura de autorizar el proceso solo para la remediación. Y en contraposición aparece de nuevo la variable económica: Argentina necesita uranio para abastecer a las centrales nucleares y la importación complica más las cuentas. Al mismo tiempo el sector minero presiona para que se impulse la actividad.
El plan nuclear lanzado por Kirchner no está abandonado en lo conceptual, más allá de que no lograrán los objetivos planteados para el 2019. Según un informe de la Secretaría de Energía de la Nación de la actual gestión, en el país se consumen 250 toneladas anuales de uranio para los 3 reactores a plena potencia (Atucha I, Atucha II y CN Embalse) y se necesitarán al menos 80 toneladas más para un nuevo generador. Según ese mismo trabajo, en la Argentina, la CNEA informó la existencia de aproximadamente 20.000 tU como "recursos identificados".
En el plan elaborado por el ex ministro Juan José Aranguren se destaca la necesidad de impulsar la producción de uranio para sustituir importaciones y para impulsar esa industria. Sin embargo, se reconoce entre las conclusiones las dificultades por la resistencia social al tema.
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Fecha de Publicación: 30/06/2018
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza
La minería está prácticamente prohibida en Mendoza. Pero para poder remediar Sierra Pintada deberá abrirse la planta fabril de San Rafael. El desafío político y social. En octubre se haría la audiencia pública.
Entre los desafíos que le quedan por delante al gobernador Alfredo Cornejo hay uno que sobresale por la complejidad y también porque va a depender de la pericia que tenga para manejarlo sin profundizar los conflictos. Más si se tiene en cuenta que no hay un rédito político al alcance en caso de tener éxito. Se trata del saneamiento de los pasivos ambientales que dejó la planta de procesamiento de uranio Sierra Pintada, en San Rafael, que se transformó en uno de los casos emblemáticos de mal manejo ambiental. Esa planta funcionó por una década, pero lleva mucho más tiempo cerrada y con la contaminación latente: hay millones de toneladas de residuos provenientes de la actividad minera del lugar y también de la planta Dioxitex, de Córdoba.
El problema para la ejecución del proceso de remediación de esos pasivos ambientales es que para hacerlo es necesario "hacer minería". Es decir, para poder neutralizar los residuos debe realizarse un proceso similar al que se hacía para producir uranio, usando sustancias que están prohibidas por la ley 7722. La rendija legal que existe es que esa ley prohíbe el uso de esas sustancias para la explotación minera, pero no para la remediación. Por eso la decisión es avanzar, aunque tanto desde el Ejecutivo como los asesores legales entienden que será necesario un blindaje legal mayor para evitar especulaciones. Es que la desconfianza que hubo siempre sobre el tema es que una vez saneados los pasivos ambientales, la planta vuelva a producir uranio. En realidad ese era el plan inicial incluido en el Plan Nuclear lanzado por Néstor Kirchner y que incluía la reapertura de la mina de San Rafael para que se vuelva a producir uranio en Argentina y dejar de importarlo. Las tensiones sociales generadas en Mendoza y Córdoba frenaron ese intento.
Ahora se escindió la remediación de la reapertura. La Comisión Nacional de Energía Atómica presentó la Manifestación de Impacto Ambiental para ejecutar el proceso y ahora está en análisis.
La intención de las autoridades ambientales es realizar la audiencia pública en octubre de este año y, luego, si no hay objeciones severas, autorizar los trabajos.
El Gobierno ha enfrentado temas que tenían potencial conflictivo con una estrategia propia. Es lo que ocurrió con la autorización del fracking, donde primero se hizo una prueba piloto, luego se comunicó y como tercer paso se reglamentó la actividad. Con el caso Sierra Pintada el camino debe ser más seguro, pues la justicia federal monitorea los avances y hay varios fracasos a cuestas.
El tema plantea un desafío de madurez y pericia política. Para el Gobierno, que debe lograr el consenso para que finalmente la contaminación cese, garantizando un proceso transparente. Y para los sectores defensores del ambiente, que más allá de la desconfianza, deberán ver el bien superior: que la contaminación acumulada por décadas deje de ser un riesgo para los habitantes de San Rafael.
El plan
Si la minería genera desconfianza en algunos sectores de Mendoza, en Sierra Pintada tienen un argumento para ello. Tras el cierre de la producción quedaron 5223 tambores equivalentes a 1.067,60 toneladas de residuos contaminados (que equivalen a 14 toneladas de uranio). Esa basura fue trasladada a Mendoza entre 1995 y el 2000. A ellos se le suma el agua de cantera que surgió de los efluentes del proceso de lixiviación, las colas provenientes del mineral de Uranio proveniente de la lixiviación con ácido sulfúrico (en total más de 1 millón de metros cuadrados), que no fueron neutralizadas, ni cubiertas con material inerte por lo que existe posibilidad de afectación de cursos de agua.
La misma CNEA establece un grupo de riesgos potenciales. En el caso de las colas de uranio, el riesgo de que haya emanaciones de gas Radon a la atmosfera (aunque se encuentra por debajo de los niveles admisibles para viviendas); la Radiación gamma (no existe riesgo mientras no se utilice indebidamente. Se encuentra controlada por Gendarmería y CNEA) y la dispersión por viento agua o dilución. En el caso del agua de cantera, se determinó que existe el riesgo de infiltración a través de fisuras en la roca o que debido al exceso de lluvias se desborde. En tanto que por los residuos sólidos que tienen altos contenidos de uranio y "las condiciones de almacenamiento (bolsas plásticas dentro de tachos metálicos y enterrado bajo las colas de proceso) hacen de los mismos potencialmente peligrosos.
La Auditoría General de la Nación advirtió sobre los incumplimientos de la CNEA en el saneamiento de Sierra Pintada, con un detallado análisis de lo realizado y lo gastado. Allí, por ejemplo, figura que hubo muchos gastos en consultorías ambientales y que los trabajos proyectados no se cumplieron. "No se observan avances en la gestión integral de pasivos ambientales; no se ha tratado ninguno de los pasivos prioritarios (agua de cantera (AC) y residuos sólidos (RS) dispuestos transitoriamente en tambores) aunque se ha avanzado en la realización de obras que permitirán su tratamiento. Respecto de la gestión de los referidos pasivos ambientales prioritarios, la CNEA no ha cumplimentado la totalidad de las acciones requeridas por la Resolución 1779/04 del ex MAOP de Mendoza", dice el informe.
La CNEA ya elevó el plan para remediar que incluye procesos distintos. Para el agua de cantera se propone un sistema de " Resinas de Intercambio ionico - aniónicas - precipitación", con un plan alternativo de nanofiltración, que tiene menos impacto pero un costo muy superior. El tratamiento de los residuos sólidos es el que genera más tensiones por el uso de ácido sulfúrico. "Se deben retirar los tambores de las escombreras, trasladarlos y proceder a la apertura segura, con sistema previsto en el proceso y someterlos a tratamiento", explica el resumen al que accedió MDZ, donde se describen los 7 pasos del proceso que van desde el lavado de esos sólidos con agua de cantera, hasta la disolución con ácido sulfúrico y la neutralización con cal de ese material.
En el Gobierno mantienen la postura de autorizar el proceso solo para la remediación. Y en contraposición aparece de nuevo la variable económica: Argentina necesita uranio para abastecer a las centrales nucleares y la importación complica más las cuentas. Al mismo tiempo el sector minero presiona para que se impulse la actividad.
El plan nuclear lanzado por Kirchner no está abandonado en lo conceptual, más allá de que no lograrán los objetivos planteados para el 2019. Según un informe de la Secretaría de Energía de la Nación de la actual gestión, en el país se consumen 250 toneladas anuales de uranio para los 3 reactores a plena potencia (Atucha I, Atucha II y CN Embalse) y se necesitarán al menos 80 toneladas más para un nuevo generador. Según ese mismo trabajo, en la Argentina, la CNEA informó la existencia de aproximadamente 20.000 tU como "recursos identificados".
En el plan elaborado por el ex ministro Juan José Aranguren se destaca la necesidad de impulsar la producción de uranio para sustituir importaciones y para impulsar esa industria. Sin embargo, se reconoce entre las conclusiones las dificultades por la resistencia social al tema.
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Neuquén: piden reglamentación de ley para sanear los ríos
Reclaman que se reglamente la ley para sanear los ríos
Fecha de Publicación: 30/06/2018
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
El viernes al mediodía realizaron una manifestación frente al monumento al general San Martín, Integrantes de la ONG Salvemos los Ríos reiteró ayer el pedido para que el gobierno de la provincia de Neuquén reglamente la ley de alerta hídrica ambiental.
Durante el mediodía realizaron una manifestación frente al monumento al general San Martín, como una forma de reclamo para que entre en vigencia la norma (3076), sancionada hace un año y considerada indispensable para sanear los cursos de agua.
Desde la organización manifestaron su preocupación ante la falta de interés del Ejecutivo de reglamentar la ley, teniendo en cuenta la mala situación de los ríos y “los resultados catastróficos” de las pericias ante los vertidos contaminantes, especialmente líquidos cloacales.
Durante la protesta se pintó un mural alusivo y se procedió a juntar firmas, aprovechando la circulación de miles de personas por ese céntrico lugar de la ciudad de Neuquén, para luego ser entregadas en la Casa de Gobierno.
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Fecha de Publicación: 30/06/2018
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
El viernes al mediodía realizaron una manifestación frente al monumento al general San Martín, Integrantes de la ONG Salvemos los Ríos reiteró ayer el pedido para que el gobierno de la provincia de Neuquén reglamente la ley de alerta hídrica ambiental.
Durante el mediodía realizaron una manifestación frente al monumento al general San Martín, como una forma de reclamo para que entre en vigencia la norma (3076), sancionada hace un año y considerada indispensable para sanear los cursos de agua.
Desde la organización manifestaron su preocupación ante la falta de interés del Ejecutivo de reglamentar la ley, teniendo en cuenta la mala situación de los ríos y “los resultados catastróficos” de las pericias ante los vertidos contaminantes, especialmente líquidos cloacales.
Durante la protesta se pintó un mural alusivo y se procedió a juntar firmas, aprovechando la circulación de miles de personas por ese céntrico lugar de la ciudad de Neuquén, para luego ser entregadas en la Casa de Gobierno.
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La UBA presentó un un mapa integrado de la flora
Elaboraron un mapa de la flora argentina útil para la restauración ambiental
Fecha de Publicación: 29/06/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
Científicos de la Facultad de Agronomía de la UBA publicaron un mapa integrado de la flora en Argentina, de consulta libre y gratuita y útil en proyectos de restauración ambiental, a partir de una investigación bibliográfica, relevamiento de campo e imágenes satelitales.
El mapa describe la vegetación espontánea del país -especies que crecen sin ser cultivadas- "con variados usos posibles", reportó Mariano Oyarzabal, investigador del Laboratorio de Análisis Regional y Teledetección de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires.
El territorio nacional quedó así dividido en 50 unidades de vegetación, con un resumen para las especies características de cada área.
"Será de gran valor para definir nuestra geografía desde la ecología y la agroecología", sostuvo Oyarzabal.
El investigador comentó al sitio web Sobre la Tierra que "los mapas fitogeográficos previos son imprecisos o incompletos".
"El desafío fue reunir información y recopilar datos, tarea que llevó un año, aunque completarlo sumó cinco", añadió.
El trabajo fue publicado por la revista Ecología Austral y tiene acceso libre y gratuito. El equipo confía que colabore con proyectos de restauración ecológica y que sea útil en casos de cambio de la cobertura del suelo o invasiones de especies exóticas.
"Nos apoyamos principalmente en el mapa que Ángel Cabrera publicó en 1976. Él dividió la Argentina en grandes territorios fitogeográficos como el Chaco, la Región Pampeana o la Mesopotámica. Después de él, botánicos y ecólogos hicieron mapas de áreas puntuales: algunos diferenciaron la Pampa Austral y la Deprimida, y otros separaron el Chaco árido del semiárido", pero la información se encontraba dispersa, afirmó.
En el caso en que un área presentara bosque típico de la región chaqueña y otro, un pastizal, la información pudo ser corregida "a partir de imágenes satelitales y de las recorridas de campo que algunos autores habían realizado, además de nuestros viajes de relevamiento", informó.
La accesibilidad abierta en línea será garantizada a través de la revista editada por la Asociación Argentina de Ecología, a través de material que puede ser bajado e impreso por aquellos que se propongan estudiarlo.
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http://www.infocampo.com.ar/wp-content/uploads/2018/06/399-3035-2-PB.pdf
Fecha de Publicación: 29/06/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
Científicos de la Facultad de Agronomía de la UBA publicaron un mapa integrado de la flora en Argentina, de consulta libre y gratuita y útil en proyectos de restauración ambiental, a partir de una investigación bibliográfica, relevamiento de campo e imágenes satelitales.
El mapa describe la vegetación espontánea del país -especies que crecen sin ser cultivadas- "con variados usos posibles", reportó Mariano Oyarzabal, investigador del Laboratorio de Análisis Regional y Teledetección de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires.
El territorio nacional quedó así dividido en 50 unidades de vegetación, con un resumen para las especies características de cada área.
"Será de gran valor para definir nuestra geografía desde la ecología y la agroecología", sostuvo Oyarzabal.
El investigador comentó al sitio web Sobre la Tierra que "los mapas fitogeográficos previos son imprecisos o incompletos".
"El desafío fue reunir información y recopilar datos, tarea que llevó un año, aunque completarlo sumó cinco", añadió.
El trabajo fue publicado por la revista Ecología Austral y tiene acceso libre y gratuito. El equipo confía que colabore con proyectos de restauración ecológica y que sea útil en casos de cambio de la cobertura del suelo o invasiones de especies exóticas.
"Nos apoyamos principalmente en el mapa que Ángel Cabrera publicó en 1976. Él dividió la Argentina en grandes territorios fitogeográficos como el Chaco, la Región Pampeana o la Mesopotámica. Después de él, botánicos y ecólogos hicieron mapas de áreas puntuales: algunos diferenciaron la Pampa Austral y la Deprimida, y otros separaron el Chaco árido del semiárido", pero la información se encontraba dispersa, afirmó.
En el caso en que un área presentara bosque típico de la región chaqueña y otro, un pastizal, la información pudo ser corregida "a partir de imágenes satelitales y de las recorridas de campo que algunos autores habían realizado, además de nuestros viajes de relevamiento", informó.
La accesibilidad abierta en línea será garantizada a través de la revista editada por la Asociación Argentina de Ecología, a través de material que puede ser bajado e impreso por aquellos que se propongan estudiarlo.
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http://www.infocampo.com.ar/wp-content/uploads/2018/06/399-3035-2-PB.pdf
Muerte de animales en la ruta 12 genera manifestaciones
Manifestación en la ruta 12 para frenar la muerte de animales silvestres
Fecha de Publicación: 29/06/2018
Fuente: Primera Edición
Provincia/Región: Misiones
Ciudadanos autoconvocados se manifestaron esta mañana en Puerto Iguazú. El objetivo fue generar conciencia sobre el exceso de velocidad y el atropello y muerte de animales silvestres, problema que pone en riesgo a la fauna nativa.
Paradójicamente, en lugar donde se conservan miles de hectáreas de Selva Paranaense es también el sitio donde gran cantidad de fauna silvestre, algunas especies en riesgo de extinción, muere o es herida diariamente por automovilistas. Tristemente, se publica junto a esta nota una foto de un zorro que fue atropellado aquí hace apenas algunas horas.
Desde temprano, guardaparques, guías de turismo, estudiantes y vecinos en general se sumaron a la manifestación que cuenta con el respaldo de la organización Defensores de la Selva Misionera, y que se realizó con el detenimiento de los vehículos y el pedido de transitar a 60 kilómetros por hora en el tramo de la ruta nacional 12 que bordea los parques Nacional Iguazú y provincial Península.
“¿Apurados por llegar? Quieren vivir. Vos perdés segundos… ellos, la vida”, dice el folleto que los manifestantes entregaron a los conductores que circulaban por la zona. “Más de tres mil animales al año son atropellados por conductores irresponsables”, advierte el escrito, apelando al sentido común y al respeto por la vida.
La protesta se realiza para generar conciencia y visibilizar la crítica situación de los animales silvestres en Misiones y si bien tiene lugar en Puerto Iguazú, donde el último martes fue chocado y muerto un puma, los manifestantes aclararon que el objetivo es extender el cuidado a todo el territorio misionero, teniendo en cuenta que son muchas las áreas protegidas atravesadas por rutas asfaltadas, donde el tránsito es constante y es notable la ausencia de medidas concretas para proteger a la fauna.
Además de los parques nombrados, los lugares donde se repite esta situación son el Parque Provincial Urugua-í (ruta 19), el Parque Provincial Cuñá Pirú (ruta 7) y la Reserva de Biosfera Yabotí (ruta 2).
“Las áreas protegidas fueron creadas para preservar la fauna nativa y a la naturaleza en general. Pedimos a las autoridades competentes (Nota: Ministerio de Ecología y las Direcciones Nacional y Provincial de Vialidad) que tomen medidas urgentes para detener los atropellamientos”, recalcaron desde Defensores de la Selva Misionera, y ejemplificaron como acciones la construcción de lomos de burros y pasafaunas en las rutas, y “cercos que garanticen el cruce seguro de la fauna en áreas protegidas”.
Los datos que difunde el Centro Guira Oga, que atiende animales heridos, son contundentes: “En los últimos seis meses se atropellaron 275 animales, en rutas que atraviesan áreas protegidas en Misiones, haciendo un triste promedio de un ejemplar y medio arrollado por día”, reveló Jorge Anfuso, responsable del Centro. De ese total, 18 los felinos muertos.
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Fecha de Publicación: 29/06/2018
Fuente: Primera Edición
Provincia/Región: Misiones
Ciudadanos autoconvocados se manifestaron esta mañana en Puerto Iguazú. El objetivo fue generar conciencia sobre el exceso de velocidad y el atropello y muerte de animales silvestres, problema que pone en riesgo a la fauna nativa.
Paradójicamente, en lugar donde se conservan miles de hectáreas de Selva Paranaense es también el sitio donde gran cantidad de fauna silvestre, algunas especies en riesgo de extinción, muere o es herida diariamente por automovilistas. Tristemente, se publica junto a esta nota una foto de un zorro que fue atropellado aquí hace apenas algunas horas.
Desde temprano, guardaparques, guías de turismo, estudiantes y vecinos en general se sumaron a la manifestación que cuenta con el respaldo de la organización Defensores de la Selva Misionera, y que se realizó con el detenimiento de los vehículos y el pedido de transitar a 60 kilómetros por hora en el tramo de la ruta nacional 12 que bordea los parques Nacional Iguazú y provincial Península.
“¿Apurados por llegar? Quieren vivir. Vos perdés segundos… ellos, la vida”, dice el folleto que los manifestantes entregaron a los conductores que circulaban por la zona. “Más de tres mil animales al año son atropellados por conductores irresponsables”, advierte el escrito, apelando al sentido común y al respeto por la vida.
La protesta se realiza para generar conciencia y visibilizar la crítica situación de los animales silvestres en Misiones y si bien tiene lugar en Puerto Iguazú, donde el último martes fue chocado y muerto un puma, los manifestantes aclararon que el objetivo es extender el cuidado a todo el territorio misionero, teniendo en cuenta que son muchas las áreas protegidas atravesadas por rutas asfaltadas, donde el tránsito es constante y es notable la ausencia de medidas concretas para proteger a la fauna.
Además de los parques nombrados, los lugares donde se repite esta situación son el Parque Provincial Urugua-í (ruta 19), el Parque Provincial Cuñá Pirú (ruta 7) y la Reserva de Biosfera Yabotí (ruta 2).
“Las áreas protegidas fueron creadas para preservar la fauna nativa y a la naturaleza en general. Pedimos a las autoridades competentes (Nota: Ministerio de Ecología y las Direcciones Nacional y Provincial de Vialidad) que tomen medidas urgentes para detener los atropellamientos”, recalcaron desde Defensores de la Selva Misionera, y ejemplificaron como acciones la construcción de lomos de burros y pasafaunas en las rutas, y “cercos que garanticen el cruce seguro de la fauna en áreas protegidas”.
Los datos que difunde el Centro Guira Oga, que atiende animales heridos, son contundentes: “En los últimos seis meses se atropellaron 275 animales, en rutas que atraviesan áreas protegidas en Misiones, haciendo un triste promedio de un ejemplar y medio arrollado por día”, reveló Jorge Anfuso, responsable del Centro. De ese total, 18 los felinos muertos.
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Santa Fe: la ley de agroquímicos y 'cajita feliz'
Agrotóxicos y 'cajita feliz'
Fecha de Publicación: 29/06/2018
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Santa Fe
Por Carlos Del Frade - Frente Social y Popular
Las siempre nombradas transparencia e independencia de los poderes deben tener existencia real en la vida cotidiana de las santafesinas y los santafesinos. Si no es así, la república se convierte en una palabra que solamente existe en el diccionario y la democracia sufre anorexia irreversible. Una de las principales funciones de los diputados provinciales controlar lo que se hace y lo que se dice desde los otros poderes, tanto el Ejecutivo como el Judicial.
Mientras empujamos el tratamiento de la Ley Provincial de Educación y otra que prohiba las fumigaciones aéreas y no permita la aspersión de veneno a no menos de mil quinientos metros de los cascos urbanos como sucede en la provincia de San Luis; es imprescindible que el Poder Ejecutivo responda los pedidos de informes que se presentan, formalmente, con el nombre técnico de Proyectos de Comunicación.
En relación a la salud y el medio ambiente, luego de un trabajo de investigación serio y profundo, llegamos a la conclusión que además del glifosato aparecen cientos de fórmulas de agroquímicos que son iguales o peores por sus efectos sobre los seres vivos.
El expediente 34.615 le pedía al Ejecutivo que explique qué tipos de controles están garantizados sobre la comercialización de 1.497 productos calificados como herbicidas, insecticidas y fungicidas. De los cuales, según el SENASA, hay 819 productos más peligrosos que el Roundup de Monsanto y 678 están calificados con la misma toxicidad.
Según la Cámara de la Industria Argentina de Fertilizantes y Agroquímicos (CIAFA) y las propias empresas productoras de agroquímicos, en el país se comercializan al menos 1.497 productos comerciales de herbicidas, insecticidas y fungicidas.
De esa cantidad, 12 son clasificados con la categoría Ia, 38 son con la categoría Ib, 393 con la categoría II y 376 con la categoría III por lo que 819 tienen toxicidad más peligrosa que el Roundup de Monsanto.
Por eso es fundamental saber si los ministerios de Medio Ambiente, Salud, Producción y Trabajo de Santa Fe tienen estadísticas oficiales sobre la cantidad de agroquímicos que se comercializan y usan en nuestra provincia año a año en cada campaña agrícola y sus efectos en el entorno existencial.
En tanto, en el ámbito educativo, las denuncias de decenas y decenas de docentes en los diecinueve departamentos santafesinos, alertaron sobre una serie de cursos pagos denominados “la cajita feliz”. Preguntamos a través del expediente 34.817 si el Ministerio de Educación tiene conocimiento de los cursos pagos ofrecidos por la Universidad de Lomas de Zamora, la Universidad FASTA (Fraternidad de Agrupaciones de Santo Tomás de Aquino) y la Universidad Abierta Interamericana, entre otras, a cambio de garantizar decenas de puntos en los concursos docentes, especialmente, en educación media y para adultos. Y si la cartera educativa recibió denuncias de docentes en relación a este tema que deja de lado la experiencia de muchas y muchos trabajadores de la educación que resultan damnificados por esta práctica de mercantilización de la educación.
De allí que las respuestas a los pedidos de informes no son una pérdida de tiempo sino un insumo básico para una democracia real y concreta que genere una mejor existencia para los que son más en estos arrabales del mundo.
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Fecha de Publicación: 29/06/2018
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Santa Fe
Por Carlos Del Frade - Frente Social y Popular
Las siempre nombradas transparencia e independencia de los poderes deben tener existencia real en la vida cotidiana de las santafesinas y los santafesinos. Si no es así, la república se convierte en una palabra que solamente existe en el diccionario y la democracia sufre anorexia irreversible. Una de las principales funciones de los diputados provinciales controlar lo que se hace y lo que se dice desde los otros poderes, tanto el Ejecutivo como el Judicial.
Mientras empujamos el tratamiento de la Ley Provincial de Educación y otra que prohiba las fumigaciones aéreas y no permita la aspersión de veneno a no menos de mil quinientos metros de los cascos urbanos como sucede en la provincia de San Luis; es imprescindible que el Poder Ejecutivo responda los pedidos de informes que se presentan, formalmente, con el nombre técnico de Proyectos de Comunicación.
En relación a la salud y el medio ambiente, luego de un trabajo de investigación serio y profundo, llegamos a la conclusión que además del glifosato aparecen cientos de fórmulas de agroquímicos que son iguales o peores por sus efectos sobre los seres vivos.
El expediente 34.615 le pedía al Ejecutivo que explique qué tipos de controles están garantizados sobre la comercialización de 1.497 productos calificados como herbicidas, insecticidas y fungicidas. De los cuales, según el SENASA, hay 819 productos más peligrosos que el Roundup de Monsanto y 678 están calificados con la misma toxicidad.
Según la Cámara de la Industria Argentina de Fertilizantes y Agroquímicos (CIAFA) y las propias empresas productoras de agroquímicos, en el país se comercializan al menos 1.497 productos comerciales de herbicidas, insecticidas y fungicidas.
De esa cantidad, 12 son clasificados con la categoría Ia, 38 son con la categoría Ib, 393 con la categoría II y 376 con la categoría III por lo que 819 tienen toxicidad más peligrosa que el Roundup de Monsanto.
Por eso es fundamental saber si los ministerios de Medio Ambiente, Salud, Producción y Trabajo de Santa Fe tienen estadísticas oficiales sobre la cantidad de agroquímicos que se comercializan y usan en nuestra provincia año a año en cada campaña agrícola y sus efectos en el entorno existencial.
En tanto, en el ámbito educativo, las denuncias de decenas y decenas de docentes en los diecinueve departamentos santafesinos, alertaron sobre una serie de cursos pagos denominados “la cajita feliz”. Preguntamos a través del expediente 34.817 si el Ministerio de Educación tiene conocimiento de los cursos pagos ofrecidos por la Universidad de Lomas de Zamora, la Universidad FASTA (Fraternidad de Agrupaciones de Santo Tomás de Aquino) y la Universidad Abierta Interamericana, entre otras, a cambio de garantizar decenas de puntos en los concursos docentes, especialmente, en educación media y para adultos. Y si la cartera educativa recibió denuncias de docentes en relación a este tema que deja de lado la experiencia de muchas y muchos trabajadores de la educación que resultan damnificados por esta práctica de mercantilización de la educación.
De allí que las respuestas a los pedidos de informes no son una pérdida de tiempo sino un insumo básico para una democracia real y concreta que genere una mejor existencia para los que son más en estos arrabales del mundo.
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Durísimo documento de la Iglesia contra la minería
Ahora la Iglesia va contra la minería: "Trae destrucción y muerte"
Fecha de Publicación: 28/06/2018
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Nacional
En la Semana Social que se realiza en Mar del Plata, representantes eclesiásticos apuntaron contra la actividad minera. Duras palabras del obispo auxiliar de Santiago del Estero.
Con críticas a la megaminería, la segunda jornada de la Semana Social que organiza la Iglesia en la ciudad bonaerense de Mar del Plata con un llamado a los dirigentes políticos a hacer foco en las necesidades de los más pobres a través de una "mirada humanista" y con el eje puesto en el cuidado de medio ambiente.
Bajo el título "El clamor de la tierra es el clamor de los pobres", en el primer panel del día especialistas en relaciones internacionales, obispos y dirigentes sindicales dialogaron sobre la necesidad de no perder de vista el factor ambiental para lograr un futuro sostenible.
En su disertación, el obispo auxiliar de Santiago del Estero, Enrique Martínez Ossola, puso el foco sobre los problemas de la megaminería y habló del caso de Famatina en La Rioja como la lucha de un pueblo por su derecho a un medio ambiente sano.
"Famatina es una expresión de lo que está pasando en La Rioja. La minería no trae progreso a la gente, apenas un poco en una primera etapa, pero luego es sólo es destrucción y muerte", aseveró ante la atenta mirada de unas 500 personas en el salón principal del Hotel 13 de julio, ubicado en el centro de la ciudad de Mar del Plata, donde se desarrolla el encuentro hasta mañana.
En ese marco, el obispo señaló que "Famatina corrió a dos empresas poderosas, pero mientras haya oro van a querer entrar por su gran valor. Pero Famatina no se toca y el agua vale más que el oro".
Por su parte, Humberto Podetti, abogado y especialista en relaciones Internacionales, advirtió que "si no abandonamos el paradigma tecnoeconómico, inexorablemente terminaremos por acabar con la humanidad" y mencionó el Sínodo especial de los Obispos sobre la Amazonía -que se celebrará en octubre de 2019- como clave para el futuro.
Según Podetti, Francisco llamó a "cambiar el paradigma del siglo 21 por una visión humanista" que dé "una respuesta global humanitaria y de la naturaleza" a los conflictos que atraviesa el mundo y dijo que "la defensa de la tierra no debe tener otra visión que la defensa de la vida".
En tanto, el obispo auxiliar de Mercedes-Luján, Eduardo Scheinig, señaló que para el papa Francisco "la ecología debe integrar a las personas" y sostuvo que "el clamor por la tierra es el clamor de los pobres".
"No podemos ver los problemas del agua y el extractivismo de manera ajena. En la naturaleza no hay un afuera donde las cosas puedan ser arrojadas y para los organismos vivos, lo que le afecta uno le afecta a todos", afirmó.
Por último, expuso Julio Castro, secretario general del Sindicato de Obras Sanitarias de la Provincia de Buenos Aires, quien habló sobre "los problemas en la potabilidad en todo el país" y advirtió que "la falta de agua corriente afecta al más humilde, al más pobre y se relaciona directamente con la mortalidad infantil".
"Más déficit en los servicios de agua y cloaca, aumenta la mortalidad infantil. Más servicios, menos mortalidad. El recurso no sobra, sino que es escaso en más del 82% del país", concluyó el dirigente gremial.
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Fecha de Publicación: 28/06/2018
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Nacional
En la Semana Social que se realiza en Mar del Plata, representantes eclesiásticos apuntaron contra la actividad minera. Duras palabras del obispo auxiliar de Santiago del Estero.
Con críticas a la megaminería, la segunda jornada de la Semana Social que organiza la Iglesia en la ciudad bonaerense de Mar del Plata con un llamado a los dirigentes políticos a hacer foco en las necesidades de los más pobres a través de una "mirada humanista" y con el eje puesto en el cuidado de medio ambiente.
Bajo el título "El clamor de la tierra es el clamor de los pobres", en el primer panel del día especialistas en relaciones internacionales, obispos y dirigentes sindicales dialogaron sobre la necesidad de no perder de vista el factor ambiental para lograr un futuro sostenible.
En su disertación, el obispo auxiliar de Santiago del Estero, Enrique Martínez Ossola, puso el foco sobre los problemas de la megaminería y habló del caso de Famatina en La Rioja como la lucha de un pueblo por su derecho a un medio ambiente sano.
"Famatina es una expresión de lo que está pasando en La Rioja. La minería no trae progreso a la gente, apenas un poco en una primera etapa, pero luego es sólo es destrucción y muerte", aseveró ante la atenta mirada de unas 500 personas en el salón principal del Hotel 13 de julio, ubicado en el centro de la ciudad de Mar del Plata, donde se desarrolla el encuentro hasta mañana.
En ese marco, el obispo señaló que "Famatina corrió a dos empresas poderosas, pero mientras haya oro van a querer entrar por su gran valor. Pero Famatina no se toca y el agua vale más que el oro".
Por su parte, Humberto Podetti, abogado y especialista en relaciones Internacionales, advirtió que "si no abandonamos el paradigma tecnoeconómico, inexorablemente terminaremos por acabar con la humanidad" y mencionó el Sínodo especial de los Obispos sobre la Amazonía -que se celebrará en octubre de 2019- como clave para el futuro.
Según Podetti, Francisco llamó a "cambiar el paradigma del siglo 21 por una visión humanista" que dé "una respuesta global humanitaria y de la naturaleza" a los conflictos que atraviesa el mundo y dijo que "la defensa de la tierra no debe tener otra visión que la defensa de la vida".
En tanto, el obispo auxiliar de Mercedes-Luján, Eduardo Scheinig, señaló que para el papa Francisco "la ecología debe integrar a las personas" y sostuvo que "el clamor por la tierra es el clamor de los pobres".
"No podemos ver los problemas del agua y el extractivismo de manera ajena. En la naturaleza no hay un afuera donde las cosas puedan ser arrojadas y para los organismos vivos, lo que le afecta uno le afecta a todos", afirmó.
Por último, expuso Julio Castro, secretario general del Sindicato de Obras Sanitarias de la Provincia de Buenos Aires, quien habló sobre "los problemas en la potabilidad en todo el país" y advirtió que "la falta de agua corriente afecta al más humilde, al más pobre y se relaciona directamente con la mortalidad infantil".
"Más déficit en los servicios de agua y cloaca, aumenta la mortalidad infantil. Más servicios, menos mortalidad. El recurso no sobra, sino que es escaso en más del 82% del país", concluyó el dirigente gremial.
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Llevaban 140 pájaros en peligro de extinción en el auto
Llevaban a Buenos Aires 140 pájaros en peligro de extinción
Fecha de Publicación: 28/06/2018
Fuente: Diario Uno (Entre Ríos)
Provincia/Región: Entre Ríos
En Gualeguay la Policía ubicó en el baúl de un auto que se dirigía hacia la Capital Federal, numerosas aves que están protegidas. Se localizaron cardenales, jilgueros y juanchiviros. Mirá el video de la liberación.
Personal policial de la Dirección de Prevención y Seguridad Vial que cumplía tareas en el puesto a la salida de Gualeguay, localizó en un auto 140 aves en extinción, por lo cuál fueron rescatadas y luego liberadas.
Se informó a UNO, que en el Puesto Caminero Gualeguay se paró la marcha este viernes a la tarde de un Renault Megane que salía de la ciudad con destino hacia Buenos Aires. Tras verificarse la documentación, se solicitó observar el baúl, y en el mismo ubicaron 18 jaulas con numerosas aves.
Tras la intervención de personal de la Dirección de Prevención de Delitos Rurales, se contabilizaron 80 cardenales rojos, 40 jilgueros, 20 juanchiviros y 1 reinamora. Los mismos se encuentras protegidos por ser especies en extinción.
Ante esto, se labraron las actas correspondientes, y los pájaros fueron liberados, tal como establece la ley de caza.
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Fecha de Publicación: 28/06/2018
Fuente: Diario Uno (Entre Ríos)
Provincia/Región: Entre Ríos
En Gualeguay la Policía ubicó en el baúl de un auto que se dirigía hacia la Capital Federal, numerosas aves que están protegidas. Se localizaron cardenales, jilgueros y juanchiviros. Mirá el video de la liberación.
Personal policial de la Dirección de Prevención y Seguridad Vial que cumplía tareas en el puesto a la salida de Gualeguay, localizó en un auto 140 aves en extinción, por lo cuál fueron rescatadas y luego liberadas.
Se informó a UNO, que en el Puesto Caminero Gualeguay se paró la marcha este viernes a la tarde de un Renault Megane que salía de la ciudad con destino hacia Buenos Aires. Tras verificarse la documentación, se solicitó observar el baúl, y en el mismo ubicaron 18 jaulas con numerosas aves.
Tras la intervención de personal de la Dirección de Prevención de Delitos Rurales, se contabilizaron 80 cardenales rojos, 40 jilgueros, 20 juanchiviros y 1 reinamora. Los mismos se encuentras protegidos por ser especies en extinción.
Ante esto, se labraron las actas correspondientes, y los pájaros fueron liberados, tal como establece la ley de caza.
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Presentaron el plan de lucha contra la desertificación a 2030
Se realizó el taller de presentación del plan de lucha contra la desertificación actualizado a 2030
Fecha de Publicación: 28/06/2018
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación
Provincia/Región: Nacional
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación organizó el “Taller de Presentación del Plan de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación actualizado a la meta 2030 y validación de buenas prácticas para la Lucha contra la Desertificación”. El encuentro, que inició ayer y finalizó hoy, fue una instancia para realizar aportes institucionales de carácter nacional e iniciar la etapa de instrumentación.
Cabe señalar que el 81 % de las tierras secas del país —que representan el 70 %— sufren procesos de desertificación. Las provincias afectadas por estos procesos son 15.
“Es un buen momento para repasar los avances en Argentina, replantear metas hacia el futuro y hacerlo en conjunto con el Ministerio de Agroindustria, porque es una temática en la que los temas ambientales y los productivos se cruzan fuertemente y necesitamos articular las políticas para que sean realmente efectivas”, explicó en la apertura el secretario de Política Ambiental en Recursos Naturales de la cartera de Ambiente, Diego Moreno. Sobre la desertificación y la sequía, señaló que “son temas ambientales de los más invisibles y, sin embargo, de los más trascendentes desde el punto de vista del impacto, no solo ambiental, sino también social y económico”. “Todo lo que podamos hacer en materia de prevención y de actuar tempranamente es fundamental”, finalizó Moreno.
“Estamos enfocados en una producción sostenible”, aseguró el subsecretario de Agricultura, del Ministerio de Agroindustria, Luis Urriza. Y respecto al trabajo coordinado de ambas carteras, indicó: “El objetivo es el mismo: no hay ninguna duda de que la producción sostenible se da en un ambiente saludable”.
Por su parte, la directora Nacional de Planificación y Ordenamiento Ambiental del Territorio, Dolores Duvergés, explicó sobre el plan que “se constituye como el elemento central para hacer frente a las causales de la desertificación que tenemos en nuestro país”, y agregó: “Tenemos que lanzar programas que sean efectivos, pudiendo focalizarnos en lo que son las causales de pérdida de nuestros suelos”.
El encuentro contó con la participación del Ministerio de Agroindustria de la Nación, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación y el Programa de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación.
Alcances del plan actualizado a 2030
El taller se realizó como parte de la celebración del Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación, en cuyo marco la Organización de las Naciones Unidas instó a los países a alejarse del uso no sostenible de la tierra y a marcar la diferencia mediante la adhesión al lema “La tierra tiene verdadero valor: invierta en ella”. Es por ello que propuso afianzar el proceso participativo de formulación del Plan de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación actualizado con la meta 2030; hacer conocer y revisar en forma interinstitucional las prácticas de manejo sustentable de tierras para la lucha contra la desertificación; y presentar las iniciativas nacionales de monitoreo de suelos y degradación de tierras de manera conjunta (observatorios nacionales de Suelos Agropecuarios y de Degradación de Tierras y Desertificación).
En lo específico, el plan tiene el objetivo de fortalecer la prevención y mitigación de la desertificación, la degradación de la tierra y las sequías para conservar los servicios ecosistémicos y contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de las poblaciones afectadas, de modo de alcanzar la neutralización de la degradación en el marco del proceso de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. El mismo se compone de cinco temas principales.
Educación y concientización. Apunta a mejorar el acceso a la información destinada a la población. También busca promover la adopción de buenos hábitos de consumo y producción, la inclusión de la temática en las escuelas y la capacitación de profesionales y técnicos.
Marco de políticas y articulación institucional. Propone fomentar sinergias entre los diferentes organismos gubernamentales responsables del diseño e implementación de políticas públicas, así como propiciar mecanismos de articulación entre el sector público, la comunidad académica y científica, la sociedad civil y los sectores productivos para alcanzar la neutralización de la degradación de la tierra en el marco del proceso de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible.
Ciencia, tecnología y conocimientos. Busca contar con una sistematización de la información científica, técnica y tecnológica, e integrar y coordinar dicha información a fines de su utilización en la generación de políticas públicas y desarrollos que permitan luchar contra la desertificación. También apunta a impulsar la innovación tecnológica y el desarrollo de nuevas herramientas e insumos, orientados a la producción y uso sustentable de los ecosistemas.
Fortalecimiento de capacidades para la implementación en el territorio. El propósito es identificar, evaluar y promover —en los múltiples sectores involucrados— prácticas de manejo sustentable de tierras para la prevención, mitigación, adaptación, rehabilitación y remediación. También ampliar la escala de implementación, a través de la formulación y ejecución de proyectos, y promover la capacitación a nivel provincial sobre la aplicación en territorio.
Recursos financieros. El objetivo es definir, de manera consensuada, las temáticas prioritarias así como los criterios de asignación de recursos públicos, de acuerdo a las necesidades nacionales y provinciales. Se priorizarán aquellos programas y proyectos que sean replicables y escalables y produzcan transformaciones ambientales, sociales y económicas positivas y duraderas en el territorio.
La jornada finalizó con la puesta en común del trabajo y el consenso de los participantes en cuanto a las buenas prácticas a seguir para cumplir con los desafíos que plantea la lucha contra la desertificación.
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Fecha de Publicación: 28/06/2018
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación
Provincia/Región: Nacional
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación organizó el “Taller de Presentación del Plan de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación actualizado a la meta 2030 y validación de buenas prácticas para la Lucha contra la Desertificación”. El encuentro, que inició ayer y finalizó hoy, fue una instancia para realizar aportes institucionales de carácter nacional e iniciar la etapa de instrumentación.
Cabe señalar que el 81 % de las tierras secas del país —que representan el 70 %— sufren procesos de desertificación. Las provincias afectadas por estos procesos son 15.
“Es un buen momento para repasar los avances en Argentina, replantear metas hacia el futuro y hacerlo en conjunto con el Ministerio de Agroindustria, porque es una temática en la que los temas ambientales y los productivos se cruzan fuertemente y necesitamos articular las políticas para que sean realmente efectivas”, explicó en la apertura el secretario de Política Ambiental en Recursos Naturales de la cartera de Ambiente, Diego Moreno. Sobre la desertificación y la sequía, señaló que “son temas ambientales de los más invisibles y, sin embargo, de los más trascendentes desde el punto de vista del impacto, no solo ambiental, sino también social y económico”. “Todo lo que podamos hacer en materia de prevención y de actuar tempranamente es fundamental”, finalizó Moreno.
“Estamos enfocados en una producción sostenible”, aseguró el subsecretario de Agricultura, del Ministerio de Agroindustria, Luis Urriza. Y respecto al trabajo coordinado de ambas carteras, indicó: “El objetivo es el mismo: no hay ninguna duda de que la producción sostenible se da en un ambiente saludable”.
Por su parte, la directora Nacional de Planificación y Ordenamiento Ambiental del Territorio, Dolores Duvergés, explicó sobre el plan que “se constituye como el elemento central para hacer frente a las causales de la desertificación que tenemos en nuestro país”, y agregó: “Tenemos que lanzar programas que sean efectivos, pudiendo focalizarnos en lo que son las causales de pérdida de nuestros suelos”.
El encuentro contó con la participación del Ministerio de Agroindustria de la Nación, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación y el Programa de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación.
Alcances del plan actualizado a 2030
El taller se realizó como parte de la celebración del Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación, en cuyo marco la Organización de las Naciones Unidas instó a los países a alejarse del uso no sostenible de la tierra y a marcar la diferencia mediante la adhesión al lema “La tierra tiene verdadero valor: invierta en ella”. Es por ello que propuso afianzar el proceso participativo de formulación del Plan de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación actualizado con la meta 2030; hacer conocer y revisar en forma interinstitucional las prácticas de manejo sustentable de tierras para la lucha contra la desertificación; y presentar las iniciativas nacionales de monitoreo de suelos y degradación de tierras de manera conjunta (observatorios nacionales de Suelos Agropecuarios y de Degradación de Tierras y Desertificación).
En lo específico, el plan tiene el objetivo de fortalecer la prevención y mitigación de la desertificación, la degradación de la tierra y las sequías para conservar los servicios ecosistémicos y contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de las poblaciones afectadas, de modo de alcanzar la neutralización de la degradación en el marco del proceso de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. El mismo se compone de cinco temas principales.
Educación y concientización. Apunta a mejorar el acceso a la información destinada a la población. También busca promover la adopción de buenos hábitos de consumo y producción, la inclusión de la temática en las escuelas y la capacitación de profesionales y técnicos.
Marco de políticas y articulación institucional. Propone fomentar sinergias entre los diferentes organismos gubernamentales responsables del diseño e implementación de políticas públicas, así como propiciar mecanismos de articulación entre el sector público, la comunidad académica y científica, la sociedad civil y los sectores productivos para alcanzar la neutralización de la degradación de la tierra en el marco del proceso de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible.
Ciencia, tecnología y conocimientos. Busca contar con una sistematización de la información científica, técnica y tecnológica, e integrar y coordinar dicha información a fines de su utilización en la generación de políticas públicas y desarrollos que permitan luchar contra la desertificación. También apunta a impulsar la innovación tecnológica y el desarrollo de nuevas herramientas e insumos, orientados a la producción y uso sustentable de los ecosistemas.
Fortalecimiento de capacidades para la implementación en el territorio. El propósito es identificar, evaluar y promover —en los múltiples sectores involucrados— prácticas de manejo sustentable de tierras para la prevención, mitigación, adaptación, rehabilitación y remediación. También ampliar la escala de implementación, a través de la formulación y ejecución de proyectos, y promover la capacitación a nivel provincial sobre la aplicación en territorio.
Recursos financieros. El objetivo es definir, de manera consensuada, las temáticas prioritarias así como los criterios de asignación de recursos públicos, de acuerdo a las necesidades nacionales y provinciales. Se priorizarán aquellos programas y proyectos que sean replicables y escalables y produzcan transformaciones ambientales, sociales y económicas positivas y duraderas en el territorio.
La jornada finalizó con la puesta en común del trabajo y el consenso de los participantes en cuanto a las buenas prácticas a seguir para cumplir con los desafíos que plantea la lucha contra la desertificación.
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