Confirman vuelco clandestino en el "río rojo" de Tigre
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Tigre: confirman que lo que tiñó el río de rojo fue "un vuelco clandestino"
Fecha de Publicación: 28/05/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Buenos Aires
Las aguas del río en Tigre amanecieron teñidas de rojo ayer, causando sorpresa en los vecinos de la zona. Las investigaciones preliminares de laboratorio de la Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires (ADA) determinaron hoy que "se debe a un vuelco clandestino" de algún efluente industrial o naval, informó Fabián Mazzanti, miembro del directorio de ADA, a LA NACIÓN.
La otra posibilidad que se consideró fue la floración de algas rojas, pero fue descartada ya que no hubo presencia de estos organismos en las muestras de agua recolectada.
Desde ayer, Mazzanti estimó que, por el gran volumen de agua teñida, podría deberse a un efluente industrial.
"En este momento está nuestro equipo de ADA conjuntamente con el equipo del Organismo Provincial para el Desarrollo Sustentable (OPDS) y la Policía Ecológica de la Provincia de Buenos Aires haciendo la investigación in situ para determinar el punto exacto del vuelco. Es una tarea compleja", determinó Mazzanti.
Desde ayer, la municipalidad de Tigre advirtió sobre la posible toxicidad del agua. "Se recomienda no exponerse al contacto de las mismas y aguardar a que las autoridades exhiban las medidas de acción, una vez que se realicen los análisis fisicoquímicos del suceso", indicaron en un comunicado oficial por Facebook. Al respecto, Mazzanti recalcó hoy que el laboratorio de ADA aún no ha determinado si el agua es tóxica o no. "Se debe esperar al resultado definitivo del laboratorio que demora aproximadamente 48 horas", dijo.
La coloración afectó a cuatro cauces: el río Reconquista, el Reconquista Chico, el río Tigre y también a la pista nacional de remo.
El color rojo más intenso se registró alrededor de las 10 horas. En la tarde se empezó a disipar hasta que el río retornó a su color habitual.
La municipalidad de Tigre exigió ese mismo día a la OPDS que se detectaran los orígenes de la tonalidad roja en el río.
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Fecha de Publicación: 28/05/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Buenos Aires
Las aguas del río en Tigre amanecieron teñidas de rojo ayer, causando sorpresa en los vecinos de la zona. Las investigaciones preliminares de laboratorio de la Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires (ADA) determinaron hoy que "se debe a un vuelco clandestino" de algún efluente industrial o naval, informó Fabián Mazzanti, miembro del directorio de ADA, a LA NACIÓN.
La otra posibilidad que se consideró fue la floración de algas rojas, pero fue descartada ya que no hubo presencia de estos organismos en las muestras de agua recolectada.
Desde ayer, Mazzanti estimó que, por el gran volumen de agua teñida, podría deberse a un efluente industrial.
"En este momento está nuestro equipo de ADA conjuntamente con el equipo del Organismo Provincial para el Desarrollo Sustentable (OPDS) y la Policía Ecológica de la Provincia de Buenos Aires haciendo la investigación in situ para determinar el punto exacto del vuelco. Es una tarea compleja", determinó Mazzanti.
Desde ayer, la municipalidad de Tigre advirtió sobre la posible toxicidad del agua. "Se recomienda no exponerse al contacto de las mismas y aguardar a que las autoridades exhiban las medidas de acción, una vez que se realicen los análisis fisicoquímicos del suceso", indicaron en un comunicado oficial por Facebook. Al respecto, Mazzanti recalcó hoy que el laboratorio de ADA aún no ha determinado si el agua es tóxica o no. "Se debe esperar al resultado definitivo del laboratorio que demora aproximadamente 48 horas", dijo.
La coloración afectó a cuatro cauces: el río Reconquista, el Reconquista Chico, el río Tigre y también a la pista nacional de remo.
El color rojo más intenso se registró alrededor de las 10 horas. En la tarde se empezó a disipar hasta que el río retornó a su color habitual.
La municipalidad de Tigre exigió ese mismo día a la OPDS que se detectaran los orígenes de la tonalidad roja en el río.
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Afirman que llevará 4 años instalar la incineradora
La planta de incineración de la Ciudad estará instalada en cuatro años
Fecha de Publicación: 28/05/2018
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: CABA
La Ciudad de Buenos Aires avanza con los planes para quemar los residuos. Así lo reconoció el ministro de Ambiente y Espacio Público, Eduardo Macchiavelli, durante la presentación de un laberinto reciclable: "En cuatro años tenemos que tener algo funcionando. Ya firmamos un convenio con Airparif, un organismo público con participación de ONGs francés, que controla la calidad del aire de la Ciudad y también de las plantas de termovalorización. Ese es el modelo que queremos. Algo tenemos que hacer porque en cuatro años el Ceamse colapsa", dijo a Infobae.
El funcionario presentó un laberinto hecho con 15.000 botellas recicladas y reiteró que, aunque el distrito permita la incineración, las políticas de recuperación siguen intactas: "Estamos haciendo la inversión más grande de la historia en materia de reciclado. Son unos 750 millones de pesos sin contabilizar los honorarios de las cooperativas", indicó y destacó que se han renovado 13 de los 15 centros verdes, que hay 222 puntos en toda la ciudad para depositar reciclables y que se está construyendo un nuevo centro para separar y clasificar la basura domiciliaria.
Respecto de la inclusión de la instalación de la planta de termovalorización reiteró que "el lugar todavía no está definido. Seguimos estudiando dónde es posible localizarla" y admitió que cualquier espacio que requiera cambio de zonificación del Código de Planeamiento Urbano porteño requiere de 40 votos en la Legislatura y una audiencia pública.
El convenio con el ente francés se firmó para avanzar en el Sistema de Información Pública del Sector de la Valorización Energética de Residuos, creado dentro de la reforma de la ley de basura cero que se aprobó a fines del mes pasado en la Legislatura.
Las organizaciones ambientales junto a las cooperativas de cartoneros aguardan la publicación de la ley sancionada en el Boletín Oficial para interponer las acciones judiciales correspondientes.
El laberinto se encuentra en la plaza seca junto al Teatro Colón hasta el fin de semana y los vecinos podrán visitarlo desde las 10 a 22. Por la noche, estará totalmente iluminado.
Al ingresar al laberinto, se experimenta un extenso camino rodeado de plásticos, que al observarlos se podrá tomar conciencia sobre la problemática de su uso excesivo y acumulación.
La instalación fue realizada por Luzinterruptus, el colectivo artístico número uno del mundo en acciones de concientización sustentable, junto a cooperativas y voluntarios de la Ciudad. Espacios similares se pueden observar en Londres, en Polonia y en la Plaza Mayor, en Madrid.
"En la actualidad hacemos un uso excesivo del plástico. Es por eso que esta instalación tiene como fin que sigamos reflexionando sobre la importancia de reciclar, y de adoptar una lógica de consumo circular para que las cosas que compramos pueden volver a formar parte de la industria", agregó Macchiavelli.
En ese sentido, en el área ambiental porteña creen que es necesario que el distrito marque el camino hacia una legislación más completa respecto de los residuos que se generan que ascienden a 6500 toneladas por día. Es por eso que se envió un proyecto oficial a la Legislatura para debatir la responsabilidad extendida del productor en materia de pilas.
Según un trabajo realizado por la Defensoría del Pueblo porteña, se descartan 40 millones de pilas al año. En la Argentina, se calcula que se tiran a la basura unas 10 pilas por persona por año.
La principal dificultad a la hora de afrontar una política respecto del tema es legal. Si pilas y baterías no son consideradas residuos peligrosos, no se genera un circuito obligatorio de recolección y disposición final.
También es necesario debatir una ley de envases para que se pueda establecer desde el comienzo de la cadena de producción de residuos. Desde hace 20 años naufragan en el Congreso los proyectos para reglamentar este tema fundamental.
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Fecha de Publicación: 28/05/2018
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: CABA
La Ciudad de Buenos Aires avanza con los planes para quemar los residuos. Así lo reconoció el ministro de Ambiente y Espacio Público, Eduardo Macchiavelli, durante la presentación de un laberinto reciclable: "En cuatro años tenemos que tener algo funcionando. Ya firmamos un convenio con Airparif, un organismo público con participación de ONGs francés, que controla la calidad del aire de la Ciudad y también de las plantas de termovalorización. Ese es el modelo que queremos. Algo tenemos que hacer porque en cuatro años el Ceamse colapsa", dijo a Infobae.
El funcionario presentó un laberinto hecho con 15.000 botellas recicladas y reiteró que, aunque el distrito permita la incineración, las políticas de recuperación siguen intactas: "Estamos haciendo la inversión más grande de la historia en materia de reciclado. Son unos 750 millones de pesos sin contabilizar los honorarios de las cooperativas", indicó y destacó que se han renovado 13 de los 15 centros verdes, que hay 222 puntos en toda la ciudad para depositar reciclables y que se está construyendo un nuevo centro para separar y clasificar la basura domiciliaria.
Respecto de la inclusión de la instalación de la planta de termovalorización reiteró que "el lugar todavía no está definido. Seguimos estudiando dónde es posible localizarla" y admitió que cualquier espacio que requiera cambio de zonificación del Código de Planeamiento Urbano porteño requiere de 40 votos en la Legislatura y una audiencia pública.
El convenio con el ente francés se firmó para avanzar en el Sistema de Información Pública del Sector de la Valorización Energética de Residuos, creado dentro de la reforma de la ley de basura cero que se aprobó a fines del mes pasado en la Legislatura.
Las organizaciones ambientales junto a las cooperativas de cartoneros aguardan la publicación de la ley sancionada en el Boletín Oficial para interponer las acciones judiciales correspondientes.
El laberinto se encuentra en la plaza seca junto al Teatro Colón hasta el fin de semana y los vecinos podrán visitarlo desde las 10 a 22. Por la noche, estará totalmente iluminado.
Al ingresar al laberinto, se experimenta un extenso camino rodeado de plásticos, que al observarlos se podrá tomar conciencia sobre la problemática de su uso excesivo y acumulación.
La instalación fue realizada por Luzinterruptus, el colectivo artístico número uno del mundo en acciones de concientización sustentable, junto a cooperativas y voluntarios de la Ciudad. Espacios similares se pueden observar en Londres, en Polonia y en la Plaza Mayor, en Madrid.
"En la actualidad hacemos un uso excesivo del plástico. Es por eso que esta instalación tiene como fin que sigamos reflexionando sobre la importancia de reciclar, y de adoptar una lógica de consumo circular para que las cosas que compramos pueden volver a formar parte de la industria", agregó Macchiavelli.
En ese sentido, en el área ambiental porteña creen que es necesario que el distrito marque el camino hacia una legislación más completa respecto de los residuos que se generan que ascienden a 6500 toneladas por día. Es por eso que se envió un proyecto oficial a la Legislatura para debatir la responsabilidad extendida del productor en materia de pilas.
Según un trabajo realizado por la Defensoría del Pueblo porteña, se descartan 40 millones de pilas al año. En la Argentina, se calcula que se tiran a la basura unas 10 pilas por persona por año.
La principal dificultad a la hora de afrontar una política respecto del tema es legal. Si pilas y baterías no son consideradas residuos peligrosos, no se genera un circuito obligatorio de recolección y disposición final.
También es necesario debatir una ley de envases para que se pueda establecer desde el comienzo de la cadena de producción de residuos. Desde hace 20 años naufragan en el Congreso los proyectos para reglamentar este tema fundamental.
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La Pampa comienza a debatir la prohibición del fracking
Berhongaray pide 'prohibir' el 'fracking' en La Pampa
Fecha de Publicación: 28/05/2018
Fuente: La Arena
Provincia/Región: La Pampa
Las denuncias de organizaciones ambientalistas por la extracción de hidrocarburos a través del sistema fracking y la posible contaminación de napas en Mendoza, que podría afectar las aguas del río Atuel, encendió la alarma en La Pampa, que carece de una legislación al respecto.
El diputado Martín Behongaray (Frepam) afirmó ayer que “por el momento, no hay una respuesta uniforme” en el país sobre el uso del método de extracción de hidrocarburos no convencionales y que en La Pampa hay que “prohibirlo directamente” hasta que “no existan garantías científicas de que no hay riesgo de contaminación ambiental”.
El presidente de la comisión de Ecología de la Legislatura agregó que “hay que denunciar cualquier intento de Mendoza o de cualquier provincia que pretenda utilizar el sistema de fracturación hidráulica para explotar minas con reservas de hidrocarburos no convencionales”.
En las últimas semanas, ONGs ambientalistas denunciaron que el gobierno mendocino autorizó el fracking en cuatro pozos en la zona de Malargüe y advirtieron que las napas están contaminadas con hidrocarburos, una situación que podría contaminar el río Atuel, que es interprovincial, afectando los intereses de La Pampa.
-Pero en Mendoza esa actividad la autorizó el gobernador Alfredo Cornejo por vía de un decreto…
-Es un acto de irresponsabilidad y además de cuestionable legalidad, porque hay enormes dudas en el mundo detrás de
la técnica del fracking. Hay algunos riesgos que son conocidos y otros desconocidos porque es un secreto empresarial muy bien guardado de las empresas que se encargan de la operación. Pero lo concreto es que se ponen en riesgo los acuíferos porque se usan enormes cantidades de productos químicos que tienen una alta toxicidad, son altamente contaminantes.
-¿Por qué dice que el decreto es de cuestionable legalidad?
-Porque un gobierno no puede tomar esas decisiones de manera unilateral cuando se trata de recursos que son interprovinciales, y está claro que se viene actuando sobre una cuenca que la provincia de Mendoza comparte con La Pampa. Ese tipo de decisiones además de arbitrarias, son inconstitucionales.
-¿Por qué avanzan en el mundo este tipo de técnicas como el fracking?
-Muy simple, hay mucha plata de por medio. Cada vez hay menos yacimientos de gas convencionales porque se vienen agotando, y surge la necesidad de explotar los yacimientos no convencionales que presentan algunas dificultades técnicas para la extracción porque ese gas está alojado en rocas que tienen una baja porosidad y son poco permeables, lo que hace mucho más lento y menos rentable al proceso. Para agilizarlo se usa la técnica del fracking que acelera el ritmo de extracción y así se hace rentable la explotación. Se inyectan grandes cantidades de agua a alta presión y se usan aditivos específicos de los cuales muchos tienen una alta toxicidad.
-¿Cómo responde la legislación argentina a esta cuestionada técnica?
-Por el momento no hay una respuesta uniforme. Con esta historia de que los recursos naturales son de las provincias, lo cual es falso cuando hablamos de recursos interprovinciales, cada provincia decide lo que le parece. El tema del fracking debe formar parte de los presupuestos mínimos ambientales a ser exigidos en todo el país, y que hasta que no exista certeza científica de que una práctica semejante no va a contaminar, hay que prohibirla terminantemente.
-¿Hoy no está esa certeza?
-Todo lo contrario, todos los indicios hablan del enorme riesgo ambiental que hay detrás de esa actividad. Hay riesgos de explosión, de escapes de gas, de escapes de ácido sulfhídrico que es sumamente tóxico, pueden ocurrir derrumbes de la formación sobre la tubería, y todo eso puede perjudicar seriamente a los acuíferos subterráneos y hasta contaminar el aire. Además es bestial las cantidades de agua que se utilizan en cada pozo.
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Fecha de Publicación: 28/05/2018
Fuente: La Arena
Provincia/Región: La Pampa
Las denuncias de organizaciones ambientalistas por la extracción de hidrocarburos a través del sistema fracking y la posible contaminación de napas en Mendoza, que podría afectar las aguas del río Atuel, encendió la alarma en La Pampa, que carece de una legislación al respecto.
El diputado Martín Behongaray (Frepam) afirmó ayer que “por el momento, no hay una respuesta uniforme” en el país sobre el uso del método de extracción de hidrocarburos no convencionales y que en La Pampa hay que “prohibirlo directamente” hasta que “no existan garantías científicas de que no hay riesgo de contaminación ambiental”.
El presidente de la comisión de Ecología de la Legislatura agregó que “hay que denunciar cualquier intento de Mendoza o de cualquier provincia que pretenda utilizar el sistema de fracturación hidráulica para explotar minas con reservas de hidrocarburos no convencionales”.
En las últimas semanas, ONGs ambientalistas denunciaron que el gobierno mendocino autorizó el fracking en cuatro pozos en la zona de Malargüe y advirtieron que las napas están contaminadas con hidrocarburos, una situación que podría contaminar el río Atuel, que es interprovincial, afectando los intereses de La Pampa.
-Pero en Mendoza esa actividad la autorizó el gobernador Alfredo Cornejo por vía de un decreto…
-Es un acto de irresponsabilidad y además de cuestionable legalidad, porque hay enormes dudas en el mundo detrás de
la técnica del fracking. Hay algunos riesgos que son conocidos y otros desconocidos porque es un secreto empresarial muy bien guardado de las empresas que se encargan de la operación. Pero lo concreto es que se ponen en riesgo los acuíferos porque se usan enormes cantidades de productos químicos que tienen una alta toxicidad, son altamente contaminantes.
-¿Por qué dice que el decreto es de cuestionable legalidad?
-Porque un gobierno no puede tomar esas decisiones de manera unilateral cuando se trata de recursos que son interprovinciales, y está claro que se viene actuando sobre una cuenca que la provincia de Mendoza comparte con La Pampa. Ese tipo de decisiones además de arbitrarias, son inconstitucionales.
-¿Por qué avanzan en el mundo este tipo de técnicas como el fracking?
-Muy simple, hay mucha plata de por medio. Cada vez hay menos yacimientos de gas convencionales porque se vienen agotando, y surge la necesidad de explotar los yacimientos no convencionales que presentan algunas dificultades técnicas para la extracción porque ese gas está alojado en rocas que tienen una baja porosidad y son poco permeables, lo que hace mucho más lento y menos rentable al proceso. Para agilizarlo se usa la técnica del fracking que acelera el ritmo de extracción y así se hace rentable la explotación. Se inyectan grandes cantidades de agua a alta presión y se usan aditivos específicos de los cuales muchos tienen una alta toxicidad.
-¿Cómo responde la legislación argentina a esta cuestionada técnica?
-Por el momento no hay una respuesta uniforme. Con esta historia de que los recursos naturales son de las provincias, lo cual es falso cuando hablamos de recursos interprovinciales, cada provincia decide lo que le parece. El tema del fracking debe formar parte de los presupuestos mínimos ambientales a ser exigidos en todo el país, y que hasta que no exista certeza científica de que una práctica semejante no va a contaminar, hay que prohibirla terminantemente.
-¿Hoy no está esa certeza?
-Todo lo contrario, todos los indicios hablan del enorme riesgo ambiental que hay detrás de esa actividad. Hay riesgos de explosión, de escapes de gas, de escapes de ácido sulfhídrico que es sumamente tóxico, pueden ocurrir derrumbes de la formación sobre la tubería, y todo eso puede perjudicar seriamente a los acuíferos subterráneos y hasta contaminar el aire. Además es bestial las cantidades de agua que se utilizan en cada pozo.
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Monitoreo de calidad de agua de la costa del Río de la Plata
La Nación y los gobiernos locales monitorean la calidad de agua de la costa del Río de la Plata
Fecha de Publicación: 28/05/2018
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
Se llevó a cabo la campaña otoñal de muestreo de la calidad de agua en las costas del Río de la Plata. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, a cargo de Sergio Bergman, coordinó la actividad con los 9 municipios costeros del Río de la Plata: San Fernando, Tigre, San Isidro, Vicente López, Avellaneda, Quilmes, Berazategui, Ensenada y Berisso, y también la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
De esta manera, tuvo lugar la segunda campaña de calidad de agua que realiza trimestralmente la red de municipios costeros del Río de la Plata (denominada RIIGLO, por sus siglas, Red de Intercambio de Información de los Gobiernos Locales). Este muestreo es parte de un programa de monitoreo de calidad de agua que permite evaluar el estado ambiental del agua en la zona costera y analizar su evolución a lo largo del tiempo, brindando información estandarizada para la gestión ambiental.
El director nacional de Gestión Ambiental del Agua y los Ecosistemas Acuáticos, Javier García Espil, señaló que “el Río de la Plata es la principal fuente de agua potable del Área Metropolitana de Buenos Aires, y sus costas brindan espacios para la recreación y el esparcimiento de la población”. Asimismo, agregó: “Monitorear su calidad de agua es vital para cuidar el ambiente y la salud de las personas”. “Con los municipios y el Gobierno de la Ciudad trabajamos para un ordenamiento ambiental de la costa rioplatense que sostenga ecosistemas saludables”, finalizó García Espil.
En ese sentido, a través de la Dirección Nacional de Gestión Ambiental del Agua y los Ecosistemas Acuáticos, la cartera de Ambiente, articuló la iniciativa de forma de asegurar que el muestreo sea simultáneo en todas las jurisdicciones. Es así como, algunos puntos se toman desde muelles, otros desde playas o la rambla y otros puntos embarcados. El muestreo se realiza en un total de 42 puntos a lo largo de unos 100 km de costa desde Tigre hasta Berisso.
Además de la coordinación, el Ministerio se ocupa de retirar las muestras de cada municipio y llevarlas al laboratorio, para que realicen los estudios de rigor. Entre los análisis de laboratorio y los medidos in situ (oxígeno disuelto, temperatura y pH) se incluyen 15 parámetros que intentan reflejar el impacto de las diversas fuentes contaminantes que recibe el Río de la Plata, entre ellos hay parámetros físico-químicos básicos, microbiológicos que dan cuenta de la contaminación de origen cloacal, contaminantes orgánicos, metales pesados e hidrocarburos de diverso origen industrial, e indicadores de eutrofización, todos ellos para contrastar con niveles de referencia que permiten conocer si es apto desde el punto de vista recreativo con contacto directo.
Los resultados, de acceso público, están disponibles en http://calidaddeagua.ambiente.gob.ar
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Fecha de Publicación: 28/05/2018
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
Se llevó a cabo la campaña otoñal de muestreo de la calidad de agua en las costas del Río de la Plata. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, a cargo de Sergio Bergman, coordinó la actividad con los 9 municipios costeros del Río de la Plata: San Fernando, Tigre, San Isidro, Vicente López, Avellaneda, Quilmes, Berazategui, Ensenada y Berisso, y también la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
De esta manera, tuvo lugar la segunda campaña de calidad de agua que realiza trimestralmente la red de municipios costeros del Río de la Plata (denominada RIIGLO, por sus siglas, Red de Intercambio de Información de los Gobiernos Locales). Este muestreo es parte de un programa de monitoreo de calidad de agua que permite evaluar el estado ambiental del agua en la zona costera y analizar su evolución a lo largo del tiempo, brindando información estandarizada para la gestión ambiental.
El director nacional de Gestión Ambiental del Agua y los Ecosistemas Acuáticos, Javier García Espil, señaló que “el Río de la Plata es la principal fuente de agua potable del Área Metropolitana de Buenos Aires, y sus costas brindan espacios para la recreación y el esparcimiento de la población”. Asimismo, agregó: “Monitorear su calidad de agua es vital para cuidar el ambiente y la salud de las personas”. “Con los municipios y el Gobierno de la Ciudad trabajamos para un ordenamiento ambiental de la costa rioplatense que sostenga ecosistemas saludables”, finalizó García Espil.
En ese sentido, a través de la Dirección Nacional de Gestión Ambiental del Agua y los Ecosistemas Acuáticos, la cartera de Ambiente, articuló la iniciativa de forma de asegurar que el muestreo sea simultáneo en todas las jurisdicciones. Es así como, algunos puntos se toman desde muelles, otros desde playas o la rambla y otros puntos embarcados. El muestreo se realiza en un total de 42 puntos a lo largo de unos 100 km de costa desde Tigre hasta Berisso.
Además de la coordinación, el Ministerio se ocupa de retirar las muestras de cada municipio y llevarlas al laboratorio, para que realicen los estudios de rigor. Entre los análisis de laboratorio y los medidos in situ (oxígeno disuelto, temperatura y pH) se incluyen 15 parámetros que intentan reflejar el impacto de las diversas fuentes contaminantes que recibe el Río de la Plata, entre ellos hay parámetros físico-químicos básicos, microbiológicos que dan cuenta de la contaminación de origen cloacal, contaminantes orgánicos, metales pesados e hidrocarburos de diverso origen industrial, e indicadores de eutrofización, todos ellos para contrastar con niveles de referencia que permiten conocer si es apto desde el punto de vista recreativo con contacto directo.
Los resultados, de acceso público, están disponibles en http://calidaddeagua.ambiente.gob.ar
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La causa Colombres sigue su curso y traban embargo
Confirman procesamiento de dos industriales tucumanos por contaminar la cuenca Salí - Dulce
Fecha de Publicación: 27/05/2018
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán
Los hermanos Colombres son señalados por la Justicia como presuntos autores responsables de delito ambiental. Se les trabó un embargo de $2 millones a cada uno, a partir de una causa iniciada en el año 2006 en Tucumán.
La Cámara Federal de Tucumán confirmó el procesamiento sin prisión preventiva de los industriales azucareros José Agustín Colombres y Julio José Colombres por resultar presuntos autores responsables del delito de contaminación ambiental previsto en el artículo 55 de la Ley 24.051.
El fallo fue firmado por los jueces de cámara Ricardo Mario Sanjuan y Ernesto Clemente Wayar.
Los imputados son responsables de la firma "Azucarera J. M. Terán S.A", a cargo del ingenio Santa Bárbara, ubicado en la localidad tucumana de Santa Bárbara, al sudeste de Aguilares, departamento Río Chico, tributario de la cuenca Salí-Dulce que desemboca en el embalse de Las Termas de Río Hondo.
Importante embargo
La Cámara confirmó en un fallo firmado el 16 de mayo pasado, a partir de una resolución del 4 de julio de 2017, en la que también se decidió trabar un embargo en sus bienes hasta cubrir la suma de 2 millones de pesos por cada uno de ellos.
El millonario embargo "es para garantizar la pena pecuniaria, las costas procesales y responsabilidades civiles que pudieran derivarse del ilícito imputado (Art. 518 del CPPN)".
Entre los considerandos del fallo se ordenó el procesamiento sin prisión preventiva (arts. 306, 310 y ss. del CPPN).
La causa se inició en 2006, mediante una actuación del fiscal federal Gustavo Gómez, para determinar si las denuncias por contaminación contra Azucarera J. M. Terán tenían asidero, y por lo tanto, si existía infracción a la Ley 24.051. Asimismo, indica el fallo que "el señor fiscal general ante la Cámara, en su presentación, manifiesta su voluntad de no adherir al recurso de apelación interpuesto por la defensa de los procesados".
La Justicia determinó que a partir del material probatorio colectado, existen indicios suficientes para estimar, con el grado de probabilidad necesario a esta altura del proceso, que dicho ingenio por medio de sus responsables habría llevado a cabo la conducta prevista en el Art. 55 de la Ley 20.051.
Cabe resaltar que varios ingenios con destilería de alcohol de Tucumán provocaron grandes desastres ecológicos que perjudicaron seriamente el ecosistema del embalse en su momento. Ello, como resultado de la contaminación de las industrias, particularmente de los ingenios que producen bioetanol y arrojaron vinaza a los tributarios de la cuenca.
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Fecha de Publicación: 27/05/2018
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán
Los hermanos Colombres son señalados por la Justicia como presuntos autores responsables de delito ambiental. Se les trabó un embargo de $2 millones a cada uno, a partir de una causa iniciada en el año 2006 en Tucumán.
La Cámara Federal de Tucumán confirmó el procesamiento sin prisión preventiva de los industriales azucareros José Agustín Colombres y Julio José Colombres por resultar presuntos autores responsables del delito de contaminación ambiental previsto en el artículo 55 de la Ley 24.051.
El fallo fue firmado por los jueces de cámara Ricardo Mario Sanjuan y Ernesto Clemente Wayar.
Los imputados son responsables de la firma "Azucarera J. M. Terán S.A", a cargo del ingenio Santa Bárbara, ubicado en la localidad tucumana de Santa Bárbara, al sudeste de Aguilares, departamento Río Chico, tributario de la cuenca Salí-Dulce que desemboca en el embalse de Las Termas de Río Hondo.
Importante embargo
La Cámara confirmó en un fallo firmado el 16 de mayo pasado, a partir de una resolución del 4 de julio de 2017, en la que también se decidió trabar un embargo en sus bienes hasta cubrir la suma de 2 millones de pesos por cada uno de ellos.
El millonario embargo "es para garantizar la pena pecuniaria, las costas procesales y responsabilidades civiles que pudieran derivarse del ilícito imputado (Art. 518 del CPPN)".
Entre los considerandos del fallo se ordenó el procesamiento sin prisión preventiva (arts. 306, 310 y ss. del CPPN).
La causa se inició en 2006, mediante una actuación del fiscal federal Gustavo Gómez, para determinar si las denuncias por contaminación contra Azucarera J. M. Terán tenían asidero, y por lo tanto, si existía infracción a la Ley 24.051. Asimismo, indica el fallo que "el señor fiscal general ante la Cámara, en su presentación, manifiesta su voluntad de no adherir al recurso de apelación interpuesto por la defensa de los procesados".
La Justicia determinó que a partir del material probatorio colectado, existen indicios suficientes para estimar, con el grado de probabilidad necesario a esta altura del proceso, que dicho ingenio por medio de sus responsables habría llevado a cabo la conducta prevista en el Art. 55 de la Ley 20.051.
Cabe resaltar que varios ingenios con destilería de alcohol de Tucumán provocaron grandes desastres ecológicos que perjudicaron seriamente el ecosistema del embalse en su momento. Ello, como resultado de la contaminación de las industrias, particularmente de los ingenios que producen bioetanol y arrojaron vinaza a los tributarios de la cuenca.
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El agro "en alerta" por cambios en delitos ambientales
Alerta en el agro ante potenciales penas por delitos ambientales
Fecha de Publicación: 27/05/2018
Fuente: AgroVoz
Provincia/Región: Nacional
Referentes del agro consideran que es necesario abrir un debate y apoyar un cambio cultural para limitar las agresiones al ambiente, pero al mismo tiempo dejaron sentada su preocupación ante la propuesta de incluir en el Código Penal de la Nación el título "Delitos contra el ambiente y la gestión ambiental" y penas de hasta 10 años para los responsables.
Dirigentes del sector dieron cuenta de este alerta tras una reunión –que se concretó la semana pasada-- de la Comisión para la Reforma del Código Penal a la que asistieron funcionarios de los Ministerios de Agroindustria, Ambiente y de Justicia, junto a los expertos que intervienen en el tema.
Al respecto, este martes la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro) emitió un comunicado en el que resume la postura de "cuidar el ambiente, sin afectar la producción", mientras advierte que se trata de un tema delicado, con muchos aspectos a analizar.
En su contenido, la entidad rural menciona que ha participado activamente de la elaboración de medidas de sugerencia en las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), inclusive con la elaboración de normativa que ha sido de utilidad en varias localidades del país.
En lo medular, dice coincidir "con el trabajo que están llevando adelante los Ministerios de Justicia, de Agroindustria, de Ambiente para lograr aportes acerca de delito ambiental en el proceso de reforma del Código Penal".
Cambio cultural
Frente a las BPA, agrega, "es necesario apoyar un cambio cultural que permita su cumplimiento. Las entidades deberemos seguir trabajando en la concientización de la cadena de producción con el objetivo de limitar las agresiones al ambiente".
Por la misma cuerda, Coninagro afirma que "si bien es muy positivo abrir un debate, es un tema delicado, ya que hay muchos conceptos a analizar para cuidar el ambiente sin afectar la producción".
Comisión
La comisión específica tiene a su cargo elevar al Poder Ejecutivo nacional un anteproyecto de ley de reforma y actualización integral del Código Penal, que concentre toda la legislación penal en un único cuerpo normativo.
Delitos y condenas
En concreto, se consensuó la incorporación de los delitos de contaminación y daño al ambiente con pena de hasta cinco años de prisión y multa (medida en días multa), tomando como parámetro la legislación nacional y provincial en la materia.
Asimismo, se establecieron agravantes con pena de hasta 10 años de prisión cuando se cause un daño grave al ambiente o cuando se desechen sustancias tóxicas prohibidas al entorno natural (de acuerdo con la Ley de Residuos Peligrosos) y se afecte la salud humana.
Además, se acordó establecer los delitos contra la biodiversidad con pena de hasta tres años de prisión y multa cuando se introduzca en el ecosistema algún ejemplar de especie de flora o fauna exótica invasora.
En tanto, se prevé fijar pena de hasta seis años de prisión y multa para quien propague en la naturaleza organismos genéticamente modificados idóneos para provocar daños en el ambiente o en la salud de las personas.
Por último, se prevé el delito de incendio forestal si resultan gravemente dañados los recursos naturales, como también para la modificación de humedales con peligro para el ambiente si se infringe las leyes nacionales o provinciales.
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Fecha de Publicación: 27/05/2018
Fuente: AgroVoz
Provincia/Región: Nacional
Referentes del agro consideran que es necesario abrir un debate y apoyar un cambio cultural para limitar las agresiones al ambiente, pero al mismo tiempo dejaron sentada su preocupación ante la propuesta de incluir en el Código Penal de la Nación el título "Delitos contra el ambiente y la gestión ambiental" y penas de hasta 10 años para los responsables.
Dirigentes del sector dieron cuenta de este alerta tras una reunión –que se concretó la semana pasada-- de la Comisión para la Reforma del Código Penal a la que asistieron funcionarios de los Ministerios de Agroindustria, Ambiente y de Justicia, junto a los expertos que intervienen en el tema.
Al respecto, este martes la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro) emitió un comunicado en el que resume la postura de "cuidar el ambiente, sin afectar la producción", mientras advierte que se trata de un tema delicado, con muchos aspectos a analizar.
En su contenido, la entidad rural menciona que ha participado activamente de la elaboración de medidas de sugerencia en las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), inclusive con la elaboración de normativa que ha sido de utilidad en varias localidades del país.
En lo medular, dice coincidir "con el trabajo que están llevando adelante los Ministerios de Justicia, de Agroindustria, de Ambiente para lograr aportes acerca de delito ambiental en el proceso de reforma del Código Penal".
Cambio cultural
Frente a las BPA, agrega, "es necesario apoyar un cambio cultural que permita su cumplimiento. Las entidades deberemos seguir trabajando en la concientización de la cadena de producción con el objetivo de limitar las agresiones al ambiente".
Por la misma cuerda, Coninagro afirma que "si bien es muy positivo abrir un debate, es un tema delicado, ya que hay muchos conceptos a analizar para cuidar el ambiente sin afectar la producción".
Comisión
La comisión específica tiene a su cargo elevar al Poder Ejecutivo nacional un anteproyecto de ley de reforma y actualización integral del Código Penal, que concentre toda la legislación penal en un único cuerpo normativo.
Delitos y condenas
En concreto, se consensuó la incorporación de los delitos de contaminación y daño al ambiente con pena de hasta cinco años de prisión y multa (medida en días multa), tomando como parámetro la legislación nacional y provincial en la materia.
Asimismo, se establecieron agravantes con pena de hasta 10 años de prisión cuando se cause un daño grave al ambiente o cuando se desechen sustancias tóxicas prohibidas al entorno natural (de acuerdo con la Ley de Residuos Peligrosos) y se afecte la salud humana.
Además, se acordó establecer los delitos contra la biodiversidad con pena de hasta tres años de prisión y multa cuando se introduzca en el ecosistema algún ejemplar de especie de flora o fauna exótica invasora.
En tanto, se prevé fijar pena de hasta seis años de prisión y multa para quien propague en la naturaleza organismos genéticamente modificados idóneos para provocar daños en el ambiente o en la salud de las personas.
Por último, se prevé el delito de incendio forestal si resultan gravemente dañados los recursos naturales, como también para la modificación de humedales con peligro para el ambiente si se infringe las leyes nacionales o provinciales.
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El fallo sobre el Atuel en 90 días
La Corte postergó 90 días el fallo por el caudal del Atuel
Fecha de Publicación: 27/05/2018
Fuente: La Arena
Provincia/Región: La Pampa - Mendoza
La Corte Suprema de Justicia de la Nación fijó ayer un nuevo plazo de 90 días hábiles para que La Pampa, Mendoza y la Nación se pongan de acuerdo con el caudal que debe escurrir del río Atuel en territorio pampeano. Esos 90 días para esta “solución dirimente” del conflicto implican una extensión de plazos hasta el mes de octubre al menos. La Corte ordenó que el debate en estos tres meses incluya el plan de obras presentado por Mendoza en la audiencia del 9 de mayo. Ese análisis debe realizarse en el marco de la CIAI, como reclamó La Pampa.
En el día de ayer, la Corte Suprema de Justicia de la Nación fijó un nuevo plazo para la resolución del conflicto por el cese de escurrimientos en el río Atuel, originado por el accionar unilateral e inconsulto de la provincia de Mendoza, informó ayer el procurador Hernán Pérez Araujo, uno de los abogados pampeanos que representa al Estado provincial en las instancias judiciales.
Ante la falta de acuerdo de las partes en la audiencia de conciliación del día 9 de mayo, el órgano resolvió fijar un plazo de 90 días para que ambas provincias y el Estado Nacional arriben a una solución dirimente del conflicto.
“Además, debemos analizar la propuesta realizada por Mendoza ante la Corte en la audiencia, y determinar las obras conducentes para la resolución definitiva del conflicto, así como los costos y porcentajes en que se afrontaran los mismos”, detalló Pérez Araujo, hablando en nombre de los integrantes de la Comisión Interprovincial del Atuel Inferior (CIAI).
Si bien esto es reiteración de lo sentenciado el 1 de diciembre de 2017, ahora el tribunal ha decidido, ante el plan de obras presentado por Mendoza en la propia Corte, y no en la CIAI, que ese plan sea analizado en el organismo de cuenca, tal como debió haberse hecho desde un principio y así lo manifestó La Pampa, tanto ante el Máximo Tribunal como en la reunión del Grupo de Trabajo de la CIAI del 16 de mayo.
“La resolución, en vez de darle traslado a La Pampa del plan de obras presentado por Mendoza, nos manda a analizarlo en el marco de la CIAI. Seguramente podríamos habernos ahorrado este paso si la delegación mendocina lo hubiese presentado en la CIAI en primera instancia, tal como se lo reclamamos, pero ellos insisten en menospreciar la tarea del organismo de cuenca”, sostuvo el procurador.
Tal como el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, lo adelantara al cierre de la audiencia de conciliación, en caso de que no arribarse a un acuerdo, las tres partes deberán informar las razones que lo justifiquen y será el Tribunal quien en ausencia de una solución acordada por las tres jurisdicciones defina el curso de acción.
“Esperábamos que la Corte resolviera rápido, como lo ha hecho, y que se expida por la determinación de un caudal hídrico apto para la reconstitución del ecosistema en nuestro noroeste pampeano, manifestó el Procurador. Debemos seguir esperando, atento a que, en la misma lógica que la aplicada en la sentencia del 1 de diciembre, la Corte reitera que el conflicto sea dirimido, en esta instancia, por las provincias y la Nación”.
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Fecha de Publicación: 27/05/2018
Fuente: La Arena
Provincia/Región: La Pampa - Mendoza
La Corte Suprema de Justicia de la Nación fijó ayer un nuevo plazo de 90 días hábiles para que La Pampa, Mendoza y la Nación se pongan de acuerdo con el caudal que debe escurrir del río Atuel en territorio pampeano. Esos 90 días para esta “solución dirimente” del conflicto implican una extensión de plazos hasta el mes de octubre al menos. La Corte ordenó que el debate en estos tres meses incluya el plan de obras presentado por Mendoza en la audiencia del 9 de mayo. Ese análisis debe realizarse en el marco de la CIAI, como reclamó La Pampa.
En el día de ayer, la Corte Suprema de Justicia de la Nación fijó un nuevo plazo para la resolución del conflicto por el cese de escurrimientos en el río Atuel, originado por el accionar unilateral e inconsulto de la provincia de Mendoza, informó ayer el procurador Hernán Pérez Araujo, uno de los abogados pampeanos que representa al Estado provincial en las instancias judiciales.
Ante la falta de acuerdo de las partes en la audiencia de conciliación del día 9 de mayo, el órgano resolvió fijar un plazo de 90 días para que ambas provincias y el Estado Nacional arriben a una solución dirimente del conflicto.
“Además, debemos analizar la propuesta realizada por Mendoza ante la Corte en la audiencia, y determinar las obras conducentes para la resolución definitiva del conflicto, así como los costos y porcentajes en que se afrontaran los mismos”, detalló Pérez Araujo, hablando en nombre de los integrantes de la Comisión Interprovincial del Atuel Inferior (CIAI).
Si bien esto es reiteración de lo sentenciado el 1 de diciembre de 2017, ahora el tribunal ha decidido, ante el plan de obras presentado por Mendoza en la propia Corte, y no en la CIAI, que ese plan sea analizado en el organismo de cuenca, tal como debió haberse hecho desde un principio y así lo manifestó La Pampa, tanto ante el Máximo Tribunal como en la reunión del Grupo de Trabajo de la CIAI del 16 de mayo.
“La resolución, en vez de darle traslado a La Pampa del plan de obras presentado por Mendoza, nos manda a analizarlo en el marco de la CIAI. Seguramente podríamos habernos ahorrado este paso si la delegación mendocina lo hubiese presentado en la CIAI en primera instancia, tal como se lo reclamamos, pero ellos insisten en menospreciar la tarea del organismo de cuenca”, sostuvo el procurador.
Tal como el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, lo adelantara al cierre de la audiencia de conciliación, en caso de que no arribarse a un acuerdo, las tres partes deberán informar las razones que lo justifiquen y será el Tribunal quien en ausencia de una solución acordada por las tres jurisdicciones defina el curso de acción.
“Esperábamos que la Corte resolviera rápido, como lo ha hecho, y que se expida por la determinación de un caudal hídrico apto para la reconstitución del ecosistema en nuestro noroeste pampeano, manifestó el Procurador. Debemos seguir esperando, atento a que, en la misma lógica que la aplicada en la sentencia del 1 de diciembre, la Corte reitera que el conflicto sea dirimido, en esta instancia, por las provincias y la Nación”.
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UNCuyo confirma la contaminación en Jáchal
Un derrame de silencio
Fecha de Publicación: 26/05/2018
Fuente: Página/12
Provincia/Región: San Juan
Un estudio de la Universidad Nacional de Cuyo confirmó la contaminación del río La Palca, en San Juan, por nuevos derrames no informados por la Barrick Gold. La Asamblea de Jáchal denuncia a la mina de oro Veladero y al Gobierno.
El río La Palca, cercano a la mina de oro Veladero (de la empresa Barrick Gold, en San Juan), sufre un incremento exponencial de mercurio, manganeso y aluminio. “Padecemos el envenenamiento del agua de la cuenca del Río Jáchal a causa de los derrames mineros”, denunció la Asamblea de Jáchal, en base un estudio de la Universidad de Cuyo, y responsabilizó a la empresa por un nuevo derrame. El subsecretario de Desarrollo Minero de Nación, Mario Capello, se burló de las críticas a la minería y afirmó que “el cianuro lo puede consumir el ser humano”. El gobierno nacional intenta modificar la Ley de Glaciares para avanzar con proyectos mineros.
La Asamblea de Jáchal accedió a un estudio de aguas de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) y confirmó la contaminación con mercurio, manganeso, aluminio, antimonio, bario, plata, plomo, cromo, níquel, cadmio y cobalto. Los análisis, solicitados por la Municipalidad de Jáchal, fueron realizados por el Laboratorio de Análisis Instrumental de la UNCuyo el 28 de febrero en el río La Palca, que recibe sus aguas de los ríos Potrerillos y Las Traguas, que pasan directamente por la mina Veladero. La Palca aporta el 70 por ciento del caudal del río Jáchal.
La Universidad de Cuyo confirmó la presencia de mercurio en 10 microgramos por litro de agua (el límite máximo para irrigación, según la Ley de Residuos Peligrosos, es de 0,1). También se hallaron 34 miligramos de manganeso por litro de agua (la ley establece un máximo de 0,20). El aluminio llegó a 1992 miligramos (el máximo es de 5).
La Asamblea de Jáchal tomó como referencia los estudios del Centro de Investigación para la Prevención de la Contaminación Ambiental Minero Industrial (Cipcami –dependiente de la Provincia–), que monitoreó el río durante seis años (entre 2004 y 2010). “Durante todos esos años los valores de mercurio, manganeso y aluminio no superaban los límites establecidos por la Ley de Residuos Peligrosos”, recordó la Asamblea.
Los análisis de la Universidad de Cuyo, comparados con el Cipcami, muestran un incremento del 5000 por ciento en mercurio, del 18.000 por ciento en manganeso y del 50.000 por ciento en aluminio.
“Estos nuevos análisis demuestran que en febrero de 2018 hubo otro gran derrame ocultado por la empresa y el Gobierno”, denunció la Asamblea de Jáchal. Como sucedió con los derrames de septiembre de 2015 y 2016, el mercurio, el manganeso y el aluminio se elevaron de manera drástica. “Estamos seguros de que hubo nuevos derrames”, afirmó Saúl Zeballos, asambleísta de Jáchal.
La Asamblea denunció que el intendente de Jáchal, Miguel Angel Vega, ocultó los análisis de la Universidad de Cuyo.
El gobierno provincial, a cargo de Sergio Uñac, y Barrick Gold tuvieron el mismo discurso. Sostuvieron que no hubo derrames nuevos y que los ríos tienen esos metales de “forma natural”.
La Asamblea le respondió en un comunicado: “El Gobierno y la empresa siguen mintiendo, la cuenca del Río Jáchal está siendo envenenada gravemente por la actividad megaminera”. Y recordaron que Barrick Gold opera en zona prohibida por la Ley de Glaciares. Exigen su retiro y que remedie la contaminación.
El derrame del 13 de septiembre de 2015 transcendió por mensajes de WhatsApp de trabajadores mineros a sus familias en Jáchal, donde alertaban que no tomen agua. En un primer momento, el gobierno provincial y Barrick Gold negaron el derrame. Cuando ya no pudieron ocultarlo, Barrick reconoció el derrame de 15.000 litros de agua con cianuro, pero aseguró que no llegó al río y desmintió la contaminación. Una semana después, el 21 de septiembre, aceptó que fueron 224.000 litros y que llegó al río. Dos días después, intervención judicial mediante, Barrick Gold reconoció que derramó al menos 1.070.000 litros de “solución cianurada”.
Por el derrame de cianuro de Barrick hay dos causas judiciales. Una tramita en tribunales federales, donde el juez Sebastián Casanello procesó a los ex secretarios de Minería, Jorge Mayoral, y de Ambiente, Sergio Lorusso, por incumplimiento de deberes de funcionario público y abuso de autoridad. Enrique Viale, de la Asociación de Abogados Ambientales y uno de los letrados de la Asamblea de Jáchal, explicó que es “vergonzoso” el accionar del Poder Judicial de San Juan. La causa está en manos del Pablo Oritja y sólo procesó a ocho empleados de segunda línea de la empresa por violación de la Ley de Residuos Peligrosos. “Dejó libre de toda responsabilidad a los directivos de la empresa y a los funcionarios provinciales”, denunció Viale.
La Asamblea de Jáchal responsabilizó al gobernador Uñac, al ministro de Minería provincial, Alberto Hansel; al presidente Macri y a los ministros Juan José Aranguren y Sergio Bergman. “Saben de la contaminación, tienen la información, pero no dicen la verdad porque solo les interesa proteger a la Barrick y seguir metiendo megamineras”, denunciaron. Y alertaron que el Gobierno quiere modificar la Ley de Glaciares para favorecer el avance minero.
En abril pasado, en la provincia se realizó la “Exposición Internacional San Juan factor de Desarrollo de la Minería Argentina”. En línea con los anuncios de Aranguren y Bergman, el gobernador Sergio Uñac y el subsecretario de minería de Nación, Mario Capello, reclamaron la modificación de la Ley de Glaciares para “favorecer la llegada de inversiones”. Capello dio un paso más al defender la minería y afirmó que “el cianuro es una sal, lo puede consumir el ser humano, los animales, absolutamente todos”.
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Fecha de Publicación: 26/05/2018
Fuente: Página/12
Provincia/Región: San Juan
Un estudio de la Universidad Nacional de Cuyo confirmó la contaminación del río La Palca, en San Juan, por nuevos derrames no informados por la Barrick Gold. La Asamblea de Jáchal denuncia a la mina de oro Veladero y al Gobierno.
El río La Palca, cercano a la mina de oro Veladero (de la empresa Barrick Gold, en San Juan), sufre un incremento exponencial de mercurio, manganeso y aluminio. “Padecemos el envenenamiento del agua de la cuenca del Río Jáchal a causa de los derrames mineros”, denunció la Asamblea de Jáchal, en base un estudio de la Universidad de Cuyo, y responsabilizó a la empresa por un nuevo derrame. El subsecretario de Desarrollo Minero de Nación, Mario Capello, se burló de las críticas a la minería y afirmó que “el cianuro lo puede consumir el ser humano”. El gobierno nacional intenta modificar la Ley de Glaciares para avanzar con proyectos mineros.
La Asamblea de Jáchal accedió a un estudio de aguas de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) y confirmó la contaminación con mercurio, manganeso, aluminio, antimonio, bario, plata, plomo, cromo, níquel, cadmio y cobalto. Los análisis, solicitados por la Municipalidad de Jáchal, fueron realizados por el Laboratorio de Análisis Instrumental de la UNCuyo el 28 de febrero en el río La Palca, que recibe sus aguas de los ríos Potrerillos y Las Traguas, que pasan directamente por la mina Veladero. La Palca aporta el 70 por ciento del caudal del río Jáchal.
La Universidad de Cuyo confirmó la presencia de mercurio en 10 microgramos por litro de agua (el límite máximo para irrigación, según la Ley de Residuos Peligrosos, es de 0,1). También se hallaron 34 miligramos de manganeso por litro de agua (la ley establece un máximo de 0,20). El aluminio llegó a 1992 miligramos (el máximo es de 5).
La Asamblea de Jáchal tomó como referencia los estudios del Centro de Investigación para la Prevención de la Contaminación Ambiental Minero Industrial (Cipcami –dependiente de la Provincia–), que monitoreó el río durante seis años (entre 2004 y 2010). “Durante todos esos años los valores de mercurio, manganeso y aluminio no superaban los límites establecidos por la Ley de Residuos Peligrosos”, recordó la Asamblea.
Los análisis de la Universidad de Cuyo, comparados con el Cipcami, muestran un incremento del 5000 por ciento en mercurio, del 18.000 por ciento en manganeso y del 50.000 por ciento en aluminio.
“Estos nuevos análisis demuestran que en febrero de 2018 hubo otro gran derrame ocultado por la empresa y el Gobierno”, denunció la Asamblea de Jáchal. Como sucedió con los derrames de septiembre de 2015 y 2016, el mercurio, el manganeso y el aluminio se elevaron de manera drástica. “Estamos seguros de que hubo nuevos derrames”, afirmó Saúl Zeballos, asambleísta de Jáchal.
La Asamblea denunció que el intendente de Jáchal, Miguel Angel Vega, ocultó los análisis de la Universidad de Cuyo.
El gobierno provincial, a cargo de Sergio Uñac, y Barrick Gold tuvieron el mismo discurso. Sostuvieron que no hubo derrames nuevos y que los ríos tienen esos metales de “forma natural”.
La Asamblea le respondió en un comunicado: “El Gobierno y la empresa siguen mintiendo, la cuenca del Río Jáchal está siendo envenenada gravemente por la actividad megaminera”. Y recordaron que Barrick Gold opera en zona prohibida por la Ley de Glaciares. Exigen su retiro y que remedie la contaminación.
El derrame del 13 de septiembre de 2015 transcendió por mensajes de WhatsApp de trabajadores mineros a sus familias en Jáchal, donde alertaban que no tomen agua. En un primer momento, el gobierno provincial y Barrick Gold negaron el derrame. Cuando ya no pudieron ocultarlo, Barrick reconoció el derrame de 15.000 litros de agua con cianuro, pero aseguró que no llegó al río y desmintió la contaminación. Una semana después, el 21 de septiembre, aceptó que fueron 224.000 litros y que llegó al río. Dos días después, intervención judicial mediante, Barrick Gold reconoció que derramó al menos 1.070.000 litros de “solución cianurada”.
Por el derrame de cianuro de Barrick hay dos causas judiciales. Una tramita en tribunales federales, donde el juez Sebastián Casanello procesó a los ex secretarios de Minería, Jorge Mayoral, y de Ambiente, Sergio Lorusso, por incumplimiento de deberes de funcionario público y abuso de autoridad. Enrique Viale, de la Asociación de Abogados Ambientales y uno de los letrados de la Asamblea de Jáchal, explicó que es “vergonzoso” el accionar del Poder Judicial de San Juan. La causa está en manos del Pablo Oritja y sólo procesó a ocho empleados de segunda línea de la empresa por violación de la Ley de Residuos Peligrosos. “Dejó libre de toda responsabilidad a los directivos de la empresa y a los funcionarios provinciales”, denunció Viale.
La Asamblea de Jáchal responsabilizó al gobernador Uñac, al ministro de Minería provincial, Alberto Hansel; al presidente Macri y a los ministros Juan José Aranguren y Sergio Bergman. “Saben de la contaminación, tienen la información, pero no dicen la verdad porque solo les interesa proteger a la Barrick y seguir metiendo megamineras”, denunciaron. Y alertaron que el Gobierno quiere modificar la Ley de Glaciares para favorecer el avance minero.
En abril pasado, en la provincia se realizó la “Exposición Internacional San Juan factor de Desarrollo de la Minería Argentina”. En línea con los anuncios de Aranguren y Bergman, el gobernador Sergio Uñac y el subsecretario de minería de Nación, Mario Capello, reclamaron la modificación de la Ley de Glaciares para “favorecer la llegada de inversiones”. Capello dio un paso más al defender la minería y afirmó que “el cianuro es una sal, lo puede consumir el ser humano, los animales, absolutamente todos”.
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La Nuclear de Embalse tuvo un accidente
Advierten por un accidente en la Central de Embalse
Fecha de Publicación: 26/05/2018
Fuente: Hoy Día
Provincia/Región: Córdoba
El presidente de la Fundación para la Defensa del Ambiente, Raúl Montenegro, anunció ayer la difusión en Estados Unidos, y simultáneamente en Argentina, del accidente radiactivo que tuvo lugar a fines del año pasado en la Central Nuclear de Embalse de Río Tercero. “Lo ocurrido delata que secretismo e irresponsabilidad son una combinación altamente peligrosa, y un anticipo de lo que puede ocurrir si la central empezara a operar”, aseguró el biólogo.
Al respecto, precisó que el hecho sucedió mientras se efectuaba el re entubado del reactor, actualmente detenido y en proceso de remodelación. Montenegro informó en la víspera que participó de una conferencia internacional organizada por la Universidad de California en Santa Cruz, Estados Unidos, que reúne a premios Nóbel Alternativos de dicho país y de Canadá, además de docentes e investigadores de numerosas universidades. Sobre el particular, alertó sobre “la mayor peligrosidad del reactor Candú, ilegalmente remodelado para que su vida útil pueda extenderse otros 30 años, una obra decidida y concretada por los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner primero, y Mauricio Macri después”. “Pese a la parodia de estudio de impacto ambiental y audiencia pública organizados por el gobierno de Córdoba, es una obra que sigue siendo ilegal”, aseguró el titular de Funam.
Durante el encuentro, Montenegro denunció internacionalmente que la coexistencia en el reactor de partes nuevas y antiguas, y la creciente acumulación de combustible nuclear agotado altamente radiactivo en los silos de cemento, próximos a la central, “lo vuelven más vulnerable y de alto riesgo. De chocar un avión de gran porte contra los silos podría ocurrir una catástrofe veinte veces mayor a la ocurrida en Chernobyl, afectando la salud humana y el ambiente en un radio de 500 kilómetros alrededor del reactor”.
Por su parte, recordó que “el 17 de noviembre de 2017 se produjo el salto de varios sellos de contención durante el re entubado del reactor nuclear de Embalse, lo que permitió la liberación de vapor con tritio 3 radiactivo. En esa área, se encontraban unas 50 personas. Durante las cinco horas que duró el episodio hubo registros altos de tritio radiactivo al mediodía y a las 14 horas, situación que forzó la evacuación total del área contaminada”.
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Fecha de Publicación: 26/05/2018
Fuente: Hoy Día
Provincia/Región: Córdoba
El presidente de la Fundación para la Defensa del Ambiente, Raúl Montenegro, anunció ayer la difusión en Estados Unidos, y simultáneamente en Argentina, del accidente radiactivo que tuvo lugar a fines del año pasado en la Central Nuclear de Embalse de Río Tercero. “Lo ocurrido delata que secretismo e irresponsabilidad son una combinación altamente peligrosa, y un anticipo de lo que puede ocurrir si la central empezara a operar”, aseguró el biólogo.
Al respecto, precisó que el hecho sucedió mientras se efectuaba el re entubado del reactor, actualmente detenido y en proceso de remodelación. Montenegro informó en la víspera que participó de una conferencia internacional organizada por la Universidad de California en Santa Cruz, Estados Unidos, que reúne a premios Nóbel Alternativos de dicho país y de Canadá, además de docentes e investigadores de numerosas universidades. Sobre el particular, alertó sobre “la mayor peligrosidad del reactor Candú, ilegalmente remodelado para que su vida útil pueda extenderse otros 30 años, una obra decidida y concretada por los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner primero, y Mauricio Macri después”. “Pese a la parodia de estudio de impacto ambiental y audiencia pública organizados por el gobierno de Córdoba, es una obra que sigue siendo ilegal”, aseguró el titular de Funam.
Durante el encuentro, Montenegro denunció internacionalmente que la coexistencia en el reactor de partes nuevas y antiguas, y la creciente acumulación de combustible nuclear agotado altamente radiactivo en los silos de cemento, próximos a la central, “lo vuelven más vulnerable y de alto riesgo. De chocar un avión de gran porte contra los silos podría ocurrir una catástrofe veinte veces mayor a la ocurrida en Chernobyl, afectando la salud humana y el ambiente en un radio de 500 kilómetros alrededor del reactor”.
Por su parte, recordó que “el 17 de noviembre de 2017 se produjo el salto de varios sellos de contención durante el re entubado del reactor nuclear de Embalse, lo que permitió la liberación de vapor con tritio 3 radiactivo. En esa área, se encontraban unas 50 personas. Durante las cinco horas que duró el episodio hubo registros altos de tritio radiactivo al mediodía y a las 14 horas, situación que forzó la evacuación total del área contaminada”.
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El mercado del biodiesel muy complicado
Se le viene la noche al biodiesel argentino en los mercados externos
Fecha de Publicación: 26/05/2018
Fuente: AgriTotal
Provincia/Región: Nacional
Las autoridades económicas del gobierno nacional están planificando incrementar el derecho de exportación del biodiesel del actual 8% a una base de al menos 15%. En la Unión Europea avanza una nueva investigación orientada a bloquear nuevamente el ingreso del biocombustible argentino a ese mercado.
La situación de la industria elaboradora de biodiesel -que forma parte de la cadena de valor sojera- enfrenta una situación compleja. Negociadores argentinos intentan que, luego del bloqueo aplicado por el gobierno estadounidense, la gestión de Donald Trump habilite un cupo de importación para el biodiesel local libre de aranceles (aunque no se trata de una tarea sencilla).
"El desafío para la industria argentina de biodiesel pasa por lograr un aumento progresivo del corte con gasoil del actual 12% al 15% y posteriormente al 20%", indicó Claudio Molina, director Ejecutivo de la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno.
"Incluso podría evaluarse la implementación del uso directo de biodiesel, con surtidores B100, para aprovechar la ventaja del bajo precio relativo que hoy tiene el biodiesel respecto del gasoil", añadió. Molina además recordó que existen proyectos para incorporar un corte de biodiesel del 20% en el transporte automotor de pasajeros.
Si bien desde 2014 está vigente una resolución (1125/13) que indica que en "las empresas en las cuales sea técnicamente posible la utilización de biodiesel para la generación eléctrica" deberán realizar un corte del 10%, el uso del biocombustible para ese propósito no se está instrumentando. "El gobierno tiene la obligación -y no lo hace- de procurar el cumplimiento de esa norma", alertó Molina.
En el primer trimestre de 2018, según los últimos datos oficiales publicados, las exportaciones argentinas de biodiesel sumaron 319.109 toneladas por un valor FOB de 223,6 millones de dólares. En enero-marzo de 2017 se habían colocado en mercados externos 180.750 toneladas.
El 50% del volumen total exportado en los primeros tres meses de este año se colocó en Holanda, mientras que otro 37% de declaró con destino a Malta (nación integrante de la UE). El resto de las ventas fueron para Canadá (9%) y Perú (4%).
Sin embargo, las autoridades de la Comisión Europea (CE) iniciaron a fines de enero pasado una nueva investigación ("procedimiento antisubvenciones") contra el biodiesel de origen argentino para intentar bloquear nuevamente el ingreso del mismo en algún momento del último trimestre de 2018 o el primero de 2019.
"Sustituir los mercados de EE.UU. y Europa es muy difícil. Existen mercados interesantes como el de Canadá y Australia; muy lentamente se podrá ir aprovechando la paulatina apertura de China e India fundamentalmente, no descartando otro país de Asia-Pacífico, donde competimos con el aceite de palma de Indonesia y Malasia", explicó Molina.
"Un eventual aumento de retenciones, en un contexto de precios bajos del biodiesel en los mercados internacionales, afectará muchísimo la economía de las firmas exportadoras de ese biocombustibles, quienes tendrán dificultades para mantener el ritmo de negocios que vienen desarrollando", concluyó.
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Fecha de Publicación: 26/05/2018
Fuente: AgriTotal
Provincia/Región: Nacional
Las autoridades económicas del gobierno nacional están planificando incrementar el derecho de exportación del biodiesel del actual 8% a una base de al menos 15%. En la Unión Europea avanza una nueva investigación orientada a bloquear nuevamente el ingreso del biocombustible argentino a ese mercado.
La situación de la industria elaboradora de biodiesel -que forma parte de la cadena de valor sojera- enfrenta una situación compleja. Negociadores argentinos intentan que, luego del bloqueo aplicado por el gobierno estadounidense, la gestión de Donald Trump habilite un cupo de importación para el biodiesel local libre de aranceles (aunque no se trata de una tarea sencilla).
"El desafío para la industria argentina de biodiesel pasa por lograr un aumento progresivo del corte con gasoil del actual 12% al 15% y posteriormente al 20%", indicó Claudio Molina, director Ejecutivo de la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno.
"Incluso podría evaluarse la implementación del uso directo de biodiesel, con surtidores B100, para aprovechar la ventaja del bajo precio relativo que hoy tiene el biodiesel respecto del gasoil", añadió. Molina además recordó que existen proyectos para incorporar un corte de biodiesel del 20% en el transporte automotor de pasajeros.
Si bien desde 2014 está vigente una resolución (1125/13) que indica que en "las empresas en las cuales sea técnicamente posible la utilización de biodiesel para la generación eléctrica" deberán realizar un corte del 10%, el uso del biocombustible para ese propósito no se está instrumentando. "El gobierno tiene la obligación -y no lo hace- de procurar el cumplimiento de esa norma", alertó Molina.
En el primer trimestre de 2018, según los últimos datos oficiales publicados, las exportaciones argentinas de biodiesel sumaron 319.109 toneladas por un valor FOB de 223,6 millones de dólares. En enero-marzo de 2017 se habían colocado en mercados externos 180.750 toneladas.
El 50% del volumen total exportado en los primeros tres meses de este año se colocó en Holanda, mientras que otro 37% de declaró con destino a Malta (nación integrante de la UE). El resto de las ventas fueron para Canadá (9%) y Perú (4%).
Sin embargo, las autoridades de la Comisión Europea (CE) iniciaron a fines de enero pasado una nueva investigación ("procedimiento antisubvenciones") contra el biodiesel de origen argentino para intentar bloquear nuevamente el ingreso del mismo en algún momento del último trimestre de 2018 o el primero de 2019.
"Sustituir los mercados de EE.UU. y Europa es muy difícil. Existen mercados interesantes como el de Canadá y Australia; muy lentamente se podrá ir aprovechando la paulatina apertura de China e India fundamentalmente, no descartando otro país de Asia-Pacífico, donde competimos con el aceite de palma de Indonesia y Malasia", explicó Molina.
"Un eventual aumento de retenciones, en un contexto de precios bajos del biodiesel en los mercados internacionales, afectará muchísimo la economía de las firmas exportadoras de ese biocombustibles, quienes tendrán dificultades para mantener el ritmo de negocios que vienen desarrollando", concluyó.
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Catamarca: docentes obligados a 'hablar bien' de las mineras
Docentes de Catamarca 'presionados' para 'hablar bien' de las mineras
Fecha de Publicación: 25/05/2018
Fuente: El Intransigente
Provincia/Región: Catamarca
Crudo testimonio de una exdirectora de Tinogasta (Catamarca) que denuncia que el Estado es “borrado” por las firmas internacionales que explotan litio en la zona.
Susana de Lovera, docente y exdirectora, ambientalista, habló con El Intransigente y denunció la manipulación y presión que sufren los trabajadores de la educación en Tinogasta y Fiambalá, provincia de Catamarca, zona del litio -mineral más conocido como “oro blanco”-, para “hablar bien” de las mineras, en este caso Liex S.A. que trabaja en la Cordillera en el proyecto Tres Quebradas (3Q). La docente dijo además que las mineras “borraron” al Estado.
Ei.- El Intransigente
SL.- Susana de Lovera
Ei.- ¿Alcanzó a leer lo que sucede en Antofagasta de la Sierra con las empresas que extraen litio?
SL.- Me solidarizo con los antofagasteños porque tienen el mismo problema que nosotros en ek departamento Tinogasta, en el distrito Fiambalá, en la laguna Tres Quebradas con la empresa Liex S.A. En un futuro no muy lejano nos puede dejar sin agua. El agua que nace en la Cordillera no solo abastece a las poblaciones cercanas, sino que, en la naturaleza, el agua tiene un recorrido amplio, tiene que ver con la región.
Ei.- ¿Se sienten ciudadanos prescindibles, descartables?
SL.- No por ser pocos, somos pueblos sacrificables, en pos de lo que supuestamente llaman equivocadamente acá desarrollo y progreso, aunque con este esquema tal vez sí para los países del Primer mundo
Ei.- ¿Hay información sobre la minería en Tinogasta, es accesible?
SL.- En Tinogasta no hay licencia social para la mega minería, no se hizo las consultas necesarias y debidas en las poblaciones que estamos a la vera del Río Abaucán y cerca del proyecto 3Q. Nadie dio un aval para que esas actividades de exploración den inicio. No hubo consultas a la sociedad, así que, empezamos mal. Esta es una zona altamente frágil, es un delicado equilibrio que hay entre las lagunas, Los Seismiles (cumbres que superan los 6.000 metros de altura en la Cordillera de los Andes), que tienen una función conjunta con los salares y las vegas. Son sitios “Ramsar” con convenios internacionales para la protección de humedales. Sitios protegidos que están siendo violados en estos momentos.
Ei. ¿Usted insinúa que el Gobierno provincial y la secretaria de Minería mienten?
SL.- No insinúo, afirmo. El Gobierno está mintiendo porque viola ese sitio Ramsar.
Ei.- Aparte del Gobierno, otras ONG ambientalistas dicen lo mismo…
SL.- Las ONG que dicen que no hay problemas, son las ONG amigas del Gobierno. No podemos decir que sean objetivas en cuanto al análisis y los informes que hagan. Algo reciben.
Ei.- ¿Se conversa de estos temas en las escuelas?
SL.- Un buen docente debe informar qué se dice de un lado y qué del otro para que sea el alumno quién objetivamente saque sus propias conclusiones. Pero, qué pasa. Se manipula a los docentes a través de distintas formas, se los presiona para que no se hable de los perjuicios, daños y desventajas de la megaminería. Hay muchos docentes en Tinogasta que no hablan el tema porque tienen miedo, pero no están cumpliendo la misión de enseñar, el objetivo debería ser que se escuchen las dos campanas.
Ei.- Entonces “una” campana si se escucha, el tema es “qué” campana se escucha
SL.- La de la empresa, la del Gobierno. Yo estuve viendo que en algunas escuelas de Fiambalá les permiten a la empresa que auspicien. Yo quisiera saber si pedidos un espacio en la Escuela para hablar a los estudiantes si nos van dar ese tiempo a los integrantes de la Asamblea por la vida. Yo fui directora en una escuela y sentí la presión para que estas charlas no se den, es decir, la otra campana.
Ei.- ¿Y eso qué significa?
SL.- Significa que no se está cumpliendo con el rol docente. Al docente no le debe importar lo que le dice su gobierno, qué lineamiento se baja, sino que, tiene la obligación de informar y dar la información correcta a sus alumnos para que sean ellos quienes se formen una opinión acerca del tema. De todas las actividades, no solo de minería, de soja, u otras actividades del hombre.
Ei.- ¿Que hay con los intendentes Sebastián Nóblega y Roxana Paulón?
SL.- Cuando estaban en campaña, hacía suponer que su gobierno sería de protección al medio ambiente pero al final terminaron vendiéndonos en la Feria minera de Canadá. Hay una incoherencia. Son títeres del Gobierno provincial. Le dieron la espalda al pueblo de Tinogasta. No tenemos en quién confiar. Los concejales igual.
Ei.- ¿Cómo es la relación Gobierno-minera-sociedad?
SL.- El Estado municipal en Fiambalá (administrado por Roxana Paulón) no existe, todas las necesidades las cubre Liex S.A. Hay una carrera de bicicleta y la cubre Liex, falta lavandina en el hospital y Liex la dona, falta una bolsa de cemento, Liex la compra. La minera está regalando espejitos de colores. Es como si la firma internacional hubiera borrado a la intendencia y como si ellos fueran el Estado. Todas las falencias y necesidades las cubre Liex. En el caso de Tinogasta (Sebastián Nóblega) más o menos igual, pero, no tan marcado como en Fiambalá.
Ei.- ¿Llegaron a hablar con el secretario de Minería, Rodolfo Micone?
SL.- Una vez vinieron, fuimos y nos pusieron la policía, no nos dejaron avanzar. Siempre hemos tenido la amenaza de la represión. El Gobierno provincial nunca nos contestó los petitorios y nunca nos llamó.
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Fecha de Publicación: 25/05/2018
Fuente: El Intransigente
Provincia/Región: Catamarca
Crudo testimonio de una exdirectora de Tinogasta (Catamarca) que denuncia que el Estado es “borrado” por las firmas internacionales que explotan litio en la zona.
Susana de Lovera, docente y exdirectora, ambientalista, habló con El Intransigente y denunció la manipulación y presión que sufren los trabajadores de la educación en Tinogasta y Fiambalá, provincia de Catamarca, zona del litio -mineral más conocido como “oro blanco”-, para “hablar bien” de las mineras, en este caso Liex S.A. que trabaja en la Cordillera en el proyecto Tres Quebradas (3Q). La docente dijo además que las mineras “borraron” al Estado.
Ei.- El Intransigente
SL.- Susana de Lovera
Ei.- ¿Alcanzó a leer lo que sucede en Antofagasta de la Sierra con las empresas que extraen litio?
SL.- Me solidarizo con los antofagasteños porque tienen el mismo problema que nosotros en ek departamento Tinogasta, en el distrito Fiambalá, en la laguna Tres Quebradas con la empresa Liex S.A. En un futuro no muy lejano nos puede dejar sin agua. El agua que nace en la Cordillera no solo abastece a las poblaciones cercanas, sino que, en la naturaleza, el agua tiene un recorrido amplio, tiene que ver con la región.
Ei.- ¿Se sienten ciudadanos prescindibles, descartables?
SL.- No por ser pocos, somos pueblos sacrificables, en pos de lo que supuestamente llaman equivocadamente acá desarrollo y progreso, aunque con este esquema tal vez sí para los países del Primer mundo
Ei.- ¿Hay información sobre la minería en Tinogasta, es accesible?
SL.- En Tinogasta no hay licencia social para la mega minería, no se hizo las consultas necesarias y debidas en las poblaciones que estamos a la vera del Río Abaucán y cerca del proyecto 3Q. Nadie dio un aval para que esas actividades de exploración den inicio. No hubo consultas a la sociedad, así que, empezamos mal. Esta es una zona altamente frágil, es un delicado equilibrio que hay entre las lagunas, Los Seismiles (cumbres que superan los 6.000 metros de altura en la Cordillera de los Andes), que tienen una función conjunta con los salares y las vegas. Son sitios “Ramsar” con convenios internacionales para la protección de humedales. Sitios protegidos que están siendo violados en estos momentos.
Ei. ¿Usted insinúa que el Gobierno provincial y la secretaria de Minería mienten?
SL.- No insinúo, afirmo. El Gobierno está mintiendo porque viola ese sitio Ramsar.
Ei.- Aparte del Gobierno, otras ONG ambientalistas dicen lo mismo…
SL.- Las ONG que dicen que no hay problemas, son las ONG amigas del Gobierno. No podemos decir que sean objetivas en cuanto al análisis y los informes que hagan. Algo reciben.
Ei.- ¿Se conversa de estos temas en las escuelas?
SL.- Un buen docente debe informar qué se dice de un lado y qué del otro para que sea el alumno quién objetivamente saque sus propias conclusiones. Pero, qué pasa. Se manipula a los docentes a través de distintas formas, se los presiona para que no se hable de los perjuicios, daños y desventajas de la megaminería. Hay muchos docentes en Tinogasta que no hablan el tema porque tienen miedo, pero no están cumpliendo la misión de enseñar, el objetivo debería ser que se escuchen las dos campanas.
Ei.- Entonces “una” campana si se escucha, el tema es “qué” campana se escucha
SL.- La de la empresa, la del Gobierno. Yo estuve viendo que en algunas escuelas de Fiambalá les permiten a la empresa que auspicien. Yo quisiera saber si pedidos un espacio en la Escuela para hablar a los estudiantes si nos van dar ese tiempo a los integrantes de la Asamblea por la vida. Yo fui directora en una escuela y sentí la presión para que estas charlas no se den, es decir, la otra campana.
Ei.- ¿Y eso qué significa?
SL.- Significa que no se está cumpliendo con el rol docente. Al docente no le debe importar lo que le dice su gobierno, qué lineamiento se baja, sino que, tiene la obligación de informar y dar la información correcta a sus alumnos para que sean ellos quienes se formen una opinión acerca del tema. De todas las actividades, no solo de minería, de soja, u otras actividades del hombre.
Ei.- ¿Que hay con los intendentes Sebastián Nóblega y Roxana Paulón?
SL.- Cuando estaban en campaña, hacía suponer que su gobierno sería de protección al medio ambiente pero al final terminaron vendiéndonos en la Feria minera de Canadá. Hay una incoherencia. Son títeres del Gobierno provincial. Le dieron la espalda al pueblo de Tinogasta. No tenemos en quién confiar. Los concejales igual.
Ei.- ¿Cómo es la relación Gobierno-minera-sociedad?
SL.- El Estado municipal en Fiambalá (administrado por Roxana Paulón) no existe, todas las necesidades las cubre Liex S.A. Hay una carrera de bicicleta y la cubre Liex, falta lavandina en el hospital y Liex la dona, falta una bolsa de cemento, Liex la compra. La minera está regalando espejitos de colores. Es como si la firma internacional hubiera borrado a la intendencia y como si ellos fueran el Estado. Todas las falencias y necesidades las cubre Liex. En el caso de Tinogasta (Sebastián Nóblega) más o menos igual, pero, no tan marcado como en Fiambalá.
Ei.- ¿Llegaron a hablar con el secretario de Minería, Rodolfo Micone?
SL.- Una vez vinieron, fuimos y nos pusieron la policía, no nos dejaron avanzar. Siempre hemos tenido la amenaza de la represión. El Gobierno provincial nunca nos contestó los petitorios y nunca nos llamó.
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La novela de efluentes en el Limay suma otro capítulo
Prefectura detectó grave contaminación del río Limay
Fecha de Publicación: 25/05/2018
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
Elaboró un informe sobre los puntos críticos. Asegura que en algunos horarios las plantas de tratamiento tiran crudo al cauce de agua.
Los desagües de Tronador y del arroyo Durán arrojan valores superiores a lo permitido de bacterias. Los análisis se realizaron con peritos judiciales.
Un nuevo informe muestra que en materia de Escherichia Coli, los números no le dan bien al río Limay. En base al amparo presentado por diputados y concejales de FPN-Une, la Prefectura Naval Argentina realizó varios análisis y sostiene que los resultados obtenidos superan los parámetros permitidos. Dicen que tienen información de que las plantas, por algunas horas, tiran crudo al río sin tratar.
“Muestra los niveles de contaminación a la salida de la planta Tronador y del arroyo Durán y están por encima de lo permitido. Los análisis fueron realizados con controles de peritos judiciales”, dijo el diputado Mariano Mansilla.
Según informaron la pericia encomendada a Prefectura Naval Argentina por la jueza federal Carolina Pandolfi, el 28 de marzo, acredita la existencia de valores de coliformes totales, fecales y Escherichia Coli más de 100 veces superiores a los parámetros fijados por la ley 25.688 y sus reglamentaciones.
Ante esto, y con el fin de impedir la proliferación de nuevos focos de contaminación, vuelcos de efluentes cloacales sin tratar o con tratamiento deficiente desde el dique Arroyito hasta la zona de PreConfluencia, Mariano Mansilla y Francisco Baggio presentarán hoy una medida cautelar. “Además pedimos que se designe un veedor judicial en cada una de las plantas de tratamientos para controlar si se efectúa un ‘by pass’ de líquidos crudos al río Limay y como funcionan las plantas. Según nos informaron algunos empleados, hay horas en que tratan los líquidos y horas en que tiran crudo para descomprimir, cuando no debería ir ni un litro sin tratar”, dijo Mansilla.
Hay tres amparos en curso: éste por el Limay que se presentó en febrero, hay otro por el río Neuquén y un tercero, de Tronador hacia abajo, sobre el río Negro. De los tres derivaron investigaciones penales.
“Nada funciona y debemos pensar en cuál debe ser el método para que el gobierno arregle las plantas de tratamiento. Las plantas están muy por debajo de lo que se necesita para tratar los líquidos cloacales. No alcanzan a cubrir ni un 50%”, dijo Mansilla y agregó que es necesaria la urgencia en que se deje de tirar materia fecal al río.
Según el escrito, la AIC en su Propuesta de Niveles guía de calidad de agua superficial para actividades en contacto directo establece el valor máximo de 1.250 NMP/100 de Coliformes Totales y de 200 NMP/100 de Coliformes fecales.
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Fecha de Publicación: 25/05/2018
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
Elaboró un informe sobre los puntos críticos. Asegura que en algunos horarios las plantas de tratamiento tiran crudo al cauce de agua.
Los desagües de Tronador y del arroyo Durán arrojan valores superiores a lo permitido de bacterias. Los análisis se realizaron con peritos judiciales.
Un nuevo informe muestra que en materia de Escherichia Coli, los números no le dan bien al río Limay. En base al amparo presentado por diputados y concejales de FPN-Une, la Prefectura Naval Argentina realizó varios análisis y sostiene que los resultados obtenidos superan los parámetros permitidos. Dicen que tienen información de que las plantas, por algunas horas, tiran crudo al río sin tratar.
“Muestra los niveles de contaminación a la salida de la planta Tronador y del arroyo Durán y están por encima de lo permitido. Los análisis fueron realizados con controles de peritos judiciales”, dijo el diputado Mariano Mansilla.
Según informaron la pericia encomendada a Prefectura Naval Argentina por la jueza federal Carolina Pandolfi, el 28 de marzo, acredita la existencia de valores de coliformes totales, fecales y Escherichia Coli más de 100 veces superiores a los parámetros fijados por la ley 25.688 y sus reglamentaciones.
Ante esto, y con el fin de impedir la proliferación de nuevos focos de contaminación, vuelcos de efluentes cloacales sin tratar o con tratamiento deficiente desde el dique Arroyito hasta la zona de PreConfluencia, Mariano Mansilla y Francisco Baggio presentarán hoy una medida cautelar. “Además pedimos que se designe un veedor judicial en cada una de las plantas de tratamientos para controlar si se efectúa un ‘by pass’ de líquidos crudos al río Limay y como funcionan las plantas. Según nos informaron algunos empleados, hay horas en que tratan los líquidos y horas en que tiran crudo para descomprimir, cuando no debería ir ni un litro sin tratar”, dijo Mansilla.
Hay tres amparos en curso: éste por el Limay que se presentó en febrero, hay otro por el río Neuquén y un tercero, de Tronador hacia abajo, sobre el río Negro. De los tres derivaron investigaciones penales.
“Nada funciona y debemos pensar en cuál debe ser el método para que el gobierno arregle las plantas de tratamiento. Las plantas están muy por debajo de lo que se necesita para tratar los líquidos cloacales. No alcanzan a cubrir ni un 50%”, dijo Mansilla y agregó que es necesaria la urgencia en que se deje de tirar materia fecal al río.
Según el escrito, la AIC en su Propuesta de Niveles guía de calidad de agua superficial para actividades en contacto directo establece el valor máximo de 1.250 NMP/100 de Coliformes Totales y de 200 NMP/100 de Coliformes fecales.
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Chubut: "20 cunas de uranio" en la mira de mineras
Hay interés de empresas en «20 cunas de uranio» en todo el territorio de Chubut
Fecha de Publicación: 25/05/2018
Fuente: El Chubut
Provincia/Región: Chubut
El Memórandum de Entendimiento que sellaron el presidente Mauricio Macri y el Premier Vladimir Putin despertó una ola de consultas por el uranio en Chubut. Varias empresas realizaron sondeos por 20 yacimientos de este mineral. Después de mucho tiempo, la provincia avanza en un debate profundo sobre el desarrollo o la prohibición.
El periodista Franco Córdoba publicó en Télam una nota de análisis sobre la situación en la que se encamina Chubut. En un pasaje de la nota describe que después de 100 años, la Provincia inició un debate sobre un inminente cambio de paradigma en la matriz económica.
«La provincia patagónica transita una encrucijada marcada por una crisis socioeconómica, y una palabra sobrevuela para matizarla: minería. Atrás quedaron los años de bonanza con la actividad petrolera y récords en regalías, pero hoy vive un momento de su historia donde analiza darle paso al uranio y otros minerales, o bien, seguir pendiente del precio del barril y las inversiones para el oro negro», argumentó Córdoba, abriendo el paso a la discusión sobre la minería y en especial, del uranio.
Lo cierto es que desde que Argentina y Rusia estamparon la firma en materia de «cooperación tecnológica para la explotación de uranio», hubo una lluvia de consultas de empresas nacionales e internacionales por proyectos que tienen alta potencialidad de este minera en la provincia del Chubut.
La firmas mas conocidas son la Uranium One Group - subsidiaria de la compañía estatal de Energía Atómica Rosatom de Rusia - y UrAmérica Argentina S.A.
«Más allá de estos anuncios oficiales y en base a diferentes estudios de suelo en la provincia, existen casi 20 proyectos de empresas que desean explotar esos yacimientos o cunas de uranio», precisa la nota publicada en Télam.
En la provincia hay 20 yacimientos que cuentan con estudios geológicos que determinaron una alta factibilidad de concentración de uranio. Gran parte de estos proyectos están situados en la Meseta Central.
Uno de los más populares en Chubut por su dimensión es el yacimiento Cerro Solo que está bajo el control de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). De los estudios, decantan que los campos aseguran 4.420 toneladas de uranio y un potencial de 4.810 toneladas.
El yacimiento «Laguna Salada» bajo la órbita de la firma canadiense U308 Corporation tiene 2.430 toneladas aseguradas y 1.640 inferidas.
«Laguna Colorada», administrado por la CNEA, garantiza 100 toneladas y un total de 60 inferidas; en tanto que «Meseta Central» de UrAmérica S.A. proyecta más de 7.000 toneladas de Uranio.
Los otros yacimientos son «El Regalo», «El Tropezón», «La Bombilla», «La Pampa», «Los Adobes», «Guanaco», «Regalo», «Bororo Nuevo», «Bajo del Gualicho»m «Sierra Chata», «Bajo Colorado», «Mirasol», «Cóndor», «Cerro León», «Sierra Cuadrada» y «Cañadón Gato Krugger».
En el caso de Bajo del Gualicho, Sierra Chata y Bajo Colorado, los emprendimientos están ubicados en la zona noreste de Chubut; en tanto que en el caso de Cañadón Gato Krugger, está situado en la zona sur de la Provincia.
Los senadores Alfredo Luenzo (ChuSoTo) y Nancy González (FPV); y el ministro de Hidrocarburos de Chubut, Martín Cerdá, dejaron sus impresiones sobre la explotación minera en la Provincia.
Cerdá ya no oculta su posicionamiento favorable y remarcó que «si se dan todas las condiciones, ambientales, marcos legales claros, beneficios que pueda dejar la industria, creo que debemos darnos la posibilidad en Chubut de llevarla adelante».
El senador Luenzo reconocio que el debate «ya está instalado en la provincia», por eso sugirió que «debemos sincerarnos y colocarlo sobre la mesa para tomar una decisión. Por el sí o el no, pero hay que tomar una decisión, porque de lo contrario la van a tomar otros».
En contraposición, González reflexionó que la posible explotación minera «parece más una imposición por parte del Gobierno nacional, orientada a la depredación de los recursos naturales, que una oportunidad de desarrollo genuina».
Otra de las voces que sumó fue la del intendente de Comodoro Rivadavia, Carlos Linares (FPV), quien semanas atrás recibió a los jefes comunales de la meseta, que impulsaron el proyecto de zonificación.
«Hay que analizarla como un negocio, como lo son otras tantas industrias, e identificar sus pro y sus contras, porque como la práctica en cualquier industria, acá lo que preocupa es el impacto en la gente y el medio ambiente. Por ello, el primer punto de debate debe ser si es contaminante; y en ese caso, en qué grado», afirmó Linares.
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Fecha de Publicación: 25/05/2018
Fuente: El Chubut
Provincia/Región: Chubut
El Memórandum de Entendimiento que sellaron el presidente Mauricio Macri y el Premier Vladimir Putin despertó una ola de consultas por el uranio en Chubut. Varias empresas realizaron sondeos por 20 yacimientos de este mineral. Después de mucho tiempo, la provincia avanza en un debate profundo sobre el desarrollo o la prohibición.
El periodista Franco Córdoba publicó en Télam una nota de análisis sobre la situación en la que se encamina Chubut. En un pasaje de la nota describe que después de 100 años, la Provincia inició un debate sobre un inminente cambio de paradigma en la matriz económica.
«La provincia patagónica transita una encrucijada marcada por una crisis socioeconómica, y una palabra sobrevuela para matizarla: minería. Atrás quedaron los años de bonanza con la actividad petrolera y récords en regalías, pero hoy vive un momento de su historia donde analiza darle paso al uranio y otros minerales, o bien, seguir pendiente del precio del barril y las inversiones para el oro negro», argumentó Córdoba, abriendo el paso a la discusión sobre la minería y en especial, del uranio.
Lo cierto es que desde que Argentina y Rusia estamparon la firma en materia de «cooperación tecnológica para la explotación de uranio», hubo una lluvia de consultas de empresas nacionales e internacionales por proyectos que tienen alta potencialidad de este minera en la provincia del Chubut.
La firmas mas conocidas son la Uranium One Group - subsidiaria de la compañía estatal de Energía Atómica Rosatom de Rusia - y UrAmérica Argentina S.A.
«Más allá de estos anuncios oficiales y en base a diferentes estudios de suelo en la provincia, existen casi 20 proyectos de empresas que desean explotar esos yacimientos o cunas de uranio», precisa la nota publicada en Télam.
En la provincia hay 20 yacimientos que cuentan con estudios geológicos que determinaron una alta factibilidad de concentración de uranio. Gran parte de estos proyectos están situados en la Meseta Central.
Uno de los más populares en Chubut por su dimensión es el yacimiento Cerro Solo que está bajo el control de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). De los estudios, decantan que los campos aseguran 4.420 toneladas de uranio y un potencial de 4.810 toneladas.
El yacimiento «Laguna Salada» bajo la órbita de la firma canadiense U308 Corporation tiene 2.430 toneladas aseguradas y 1.640 inferidas.
«Laguna Colorada», administrado por la CNEA, garantiza 100 toneladas y un total de 60 inferidas; en tanto que «Meseta Central» de UrAmérica S.A. proyecta más de 7.000 toneladas de Uranio.
Los otros yacimientos son «El Regalo», «El Tropezón», «La Bombilla», «La Pampa», «Los Adobes», «Guanaco», «Regalo», «Bororo Nuevo», «Bajo del Gualicho»m «Sierra Chata», «Bajo Colorado», «Mirasol», «Cóndor», «Cerro León», «Sierra Cuadrada» y «Cañadón Gato Krugger».
En el caso de Bajo del Gualicho, Sierra Chata y Bajo Colorado, los emprendimientos están ubicados en la zona noreste de Chubut; en tanto que en el caso de Cañadón Gato Krugger, está situado en la zona sur de la Provincia.
Los senadores Alfredo Luenzo (ChuSoTo) y Nancy González (FPV); y el ministro de Hidrocarburos de Chubut, Martín Cerdá, dejaron sus impresiones sobre la explotación minera en la Provincia.
Cerdá ya no oculta su posicionamiento favorable y remarcó que «si se dan todas las condiciones, ambientales, marcos legales claros, beneficios que pueda dejar la industria, creo que debemos darnos la posibilidad en Chubut de llevarla adelante».
El senador Luenzo reconocio que el debate «ya está instalado en la provincia», por eso sugirió que «debemos sincerarnos y colocarlo sobre la mesa para tomar una decisión. Por el sí o el no, pero hay que tomar una decisión, porque de lo contrario la van a tomar otros».
En contraposición, González reflexionó que la posible explotación minera «parece más una imposición por parte del Gobierno nacional, orientada a la depredación de los recursos naturales, que una oportunidad de desarrollo genuina».
Otra de las voces que sumó fue la del intendente de Comodoro Rivadavia, Carlos Linares (FPV), quien semanas atrás recibió a los jefes comunales de la meseta, que impulsaron el proyecto de zonificación.
«Hay que analizarla como un negocio, como lo son otras tantas industrias, e identificar sus pro y sus contras, porque como la práctica en cualquier industria, acá lo que preocupa es el impacto en la gente y el medio ambiente. Por ello, el primer punto de debate debe ser si es contaminante; y en ese caso, en qué grado», afirmó Linares.
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Por qué Argentina debe adaptarse al CC cuanto antes
Los riesgos del cambio climático y por qué Argentina debe adaptarse cuanto antes
Fecha de Publicación: 24/05/2018
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Nacional
La Argentina parece haber encontrado en el cambio climático uno de los trampolines desde donde impulsar su presidencia del grupo del G20. Porque más allá de la importancia lógica de la agenda de relaciones exteriores, finanzas y desarrollo, la impronta verde que venía gestando Alemania se tradujo finalmente en el primer grupo de trabajo específico de Sustentabilidad Climática, una atractiva carta de presentación ante los países más industrializados.
En ese marco, investigadores y funcionarios locales e internacionales dejaron sus conclusiones sobre lo que está pasando y lo que vendrá en la lucha contra el calentamiento global, dentro de una presentación del grupo Think 20, constituido por organizaciones no gubernamentales que ofician como incubadoras de políticas públicas.
Sonó fuerte la palabra del subsecretario ejecutivo de la Convención Marco de la ONU sobre Cambio Climático, Ovais Sarmad, quien reclamó "liderazgo político" para traducir en hechos el acuerdo de París, que firmaron 195 países en 2015 pero que aún es una promesa a concretar.
"Es un muy buen acuerdo, pero hasta ahora está cajoneado y no se pudo implementar. Definir esas reglas es una tarea importantísima, no hay ninguna cuestión más importante", aseguró el funcionario, quien dijo además que "no hay otro planeta ni plan B", por lo que las medidas para frenar los efectos del calentamiento global deben ser "urgentes". Entre ellas, "modificar la matriz energética de cada país", porque los fenómenos extremos como sequías, inundaciones y tormentas "van a empeorar y sus efectos serán cada vez más importantes".
En la misma línea, la directora nacional de Cambio Climático, Soledad Aguilar, afirmó que "el futuro económico deberá ser bajo en emisiones si queremos seguir existiendo" y destacó como el mejor logro de la presidencia argentina "proponer y lograr que los otros países dieran luz verde al grupo de trabajo especializado. Aceptaron la agenda climática y Japón, próximo presidente del G20, ya dijo que la continuará". Para la funcionaria será "determinante" lo que hagan los países más desarrollados, responsables del 80% de las emisiones y del 85% del PBI mundial.
Actualidad preocupante
El encuentro "Planeamiento, riesgos y respuestas frente a la emergencia", llevado a cabo en la Universidad de la Defensa Nacional, ofreció una imagen preocupante de la mano del especialista en Climatología, Vicente Barros, uno de los pioneros sobre la problemática del cambio climático en el país. "Estamos en presencia de un efecto importante en la Argentina. No solo debemos adaptarnos al futuro, sino también al presente", alertó.
Barros puso atención especial en las olas de calor ocurridas en diciembre de 2013 y enero de 2014. "Ese fenómeno, que afectó una zona comprendida desde Mendoza a Buenos Ares y de Córdoba a Bahía Blanca, fue el más largo e intenso del que se tenga memoria, con temperaturas por arriba de 40° y mínimas superando los 24°", detalló.
En ese período, "en la ciudad de Buenos Aires hubo 544 muertes por encima del promedio, cuando la fluctuación habitual de un año a otro es, como mucho, de 30 o 40 fallecimientos. Las patologías halladas en el estudio posterior mostraron que estaban claramente asociadas con el exceso de calor. En total habremos tenido entre 3.000 y 4.000 decesos en ese evento".
Otro de los inconvenientes más lamentables son las inundaciones, provocadas por lluvias de una intensidad creciente. "Entre principios de siglo y 1959 había dos o tres tormentas por década que superaban los 100 mm. Desde entonces se produjo un salto importante, con 6 o 7 por década", reseñó. El experto no excluye otros factores, pero apunta al calentamiento global como el principal responsable de estos episodios que "producen daños económicos muy importantes y originan decenas de víctimas fatales. Entre 2007 y 2017 las inundaciones causaron, al menos, 217 muertes", señaló.
Pese al diagnóstico, Barros sostuvo que "en comparación, otras regiones del mundo están mucho peor, las consecuencias en nuestro país no serán tan graves si manejamos una buena adaptación, pero debemos tener un programa adecuado. No vale más planificar el clima futuro como se hacía en el pasado, la meteorología actual está basada en escenarios climáticos y tenemos un vacío importante en esa materia".
Una vez más, la ciencia es el elemento para transformar las cosas: "Somos un país de escala intermedia y podemos hacer nuestros propios estudios, que darán a las autoridades suficiente respaldo para encarar las inversiones enormes que necesita la adaptación. Pero es cierto que los gobiernos a la hora de decidir no pueden tener en cuenta solo el cambio climático, porque tienen que considerar además otros problemas económicos y sociales".
La sugerencia de Patricia Romero Lankao, integrante de la Corporación Universitaria de Investigación Atmosférica de EEUU, fue que los reportes "involucren a los tomadores de decisiones y sean claros para el hombre común, porque los académicos somos expertos en usar un lenguaje rebuscado. Y deben tener en cuenta quién pagará la adaptación, quién se beneficia, quién se perjudica y de dónde se sacará el dinero... todo esto se tiene que considerar".
Los expositores coincidieron en que las energías renovables serán una de las claves para frenar las previsibles consecuencias del cambio climático. Sarmad, de la ONU, resaltó los "precios estables" del sector y destacó que las empresas están girando sus políticas "desde los combustibles fósiles hacia las 'verdes'". A su turno, Aguilar explicó que a esta altura "las renovables ya no necesitan que las promuevan, sino que no las frenen".
La funcionaria de Medio Ambiente no pasó por alto la deuda que existe en materia de infraestructura y recordó que los parques solares jujeños Cauchari I, II y III, una de las apuestas fotovoltaicas más grandes de la región (con una inversión de unos u$s 400 millones y generación eléctrica de 300 MW) debieron demorar su puesta en funcionamiento por un detalle decisivo: la Puna no posee líneas de transmisión en alta tensión vinculadas al Sistema Argentino de Interconexión. Como volcar la electricidad a las líneas más cercanas podría causar una saturación, se decidió sobre la marcha construir una estación transformadora, lo que demandará más tiempo y dinero. Una instantánea de las dificultades básicas que deberemos superar para desarrollar las energías limpias.
En esa dirección, el Gobierno confirmó que prepara licitaciones vía PPP (Participación Público Privada) de nuevas líneas de alta tensión, para apuntalar el crecente aporte de las renovables (para 2025 representarían el 20% de la generación eléctrica). Además de nuevas centrales en el Noroeste y Cuyo, contemplaría la entrada en funciones de complejos eólicos e hidroeléctricos en la Patagonia.
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Fecha de Publicación: 24/05/2018
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Nacional
La Argentina parece haber encontrado en el cambio climático uno de los trampolines desde donde impulsar su presidencia del grupo del G20. Porque más allá de la importancia lógica de la agenda de relaciones exteriores, finanzas y desarrollo, la impronta verde que venía gestando Alemania se tradujo finalmente en el primer grupo de trabajo específico de Sustentabilidad Climática, una atractiva carta de presentación ante los países más industrializados.
En ese marco, investigadores y funcionarios locales e internacionales dejaron sus conclusiones sobre lo que está pasando y lo que vendrá en la lucha contra el calentamiento global, dentro de una presentación del grupo Think 20, constituido por organizaciones no gubernamentales que ofician como incubadoras de políticas públicas.
Sonó fuerte la palabra del subsecretario ejecutivo de la Convención Marco de la ONU sobre Cambio Climático, Ovais Sarmad, quien reclamó "liderazgo político" para traducir en hechos el acuerdo de París, que firmaron 195 países en 2015 pero que aún es una promesa a concretar.
"Es un muy buen acuerdo, pero hasta ahora está cajoneado y no se pudo implementar. Definir esas reglas es una tarea importantísima, no hay ninguna cuestión más importante", aseguró el funcionario, quien dijo además que "no hay otro planeta ni plan B", por lo que las medidas para frenar los efectos del calentamiento global deben ser "urgentes". Entre ellas, "modificar la matriz energética de cada país", porque los fenómenos extremos como sequías, inundaciones y tormentas "van a empeorar y sus efectos serán cada vez más importantes".
En la misma línea, la directora nacional de Cambio Climático, Soledad Aguilar, afirmó que "el futuro económico deberá ser bajo en emisiones si queremos seguir existiendo" y destacó como el mejor logro de la presidencia argentina "proponer y lograr que los otros países dieran luz verde al grupo de trabajo especializado. Aceptaron la agenda climática y Japón, próximo presidente del G20, ya dijo que la continuará". Para la funcionaria será "determinante" lo que hagan los países más desarrollados, responsables del 80% de las emisiones y del 85% del PBI mundial.
Actualidad preocupante
El encuentro "Planeamiento, riesgos y respuestas frente a la emergencia", llevado a cabo en la Universidad de la Defensa Nacional, ofreció una imagen preocupante de la mano del especialista en Climatología, Vicente Barros, uno de los pioneros sobre la problemática del cambio climático en el país. "Estamos en presencia de un efecto importante en la Argentina. No solo debemos adaptarnos al futuro, sino también al presente", alertó.
Barros puso atención especial en las olas de calor ocurridas en diciembre de 2013 y enero de 2014. "Ese fenómeno, que afectó una zona comprendida desde Mendoza a Buenos Ares y de Córdoba a Bahía Blanca, fue el más largo e intenso del que se tenga memoria, con temperaturas por arriba de 40° y mínimas superando los 24°", detalló.
En ese período, "en la ciudad de Buenos Aires hubo 544 muertes por encima del promedio, cuando la fluctuación habitual de un año a otro es, como mucho, de 30 o 40 fallecimientos. Las patologías halladas en el estudio posterior mostraron que estaban claramente asociadas con el exceso de calor. En total habremos tenido entre 3.000 y 4.000 decesos en ese evento".
Otro de los inconvenientes más lamentables son las inundaciones, provocadas por lluvias de una intensidad creciente. "Entre principios de siglo y 1959 había dos o tres tormentas por década que superaban los 100 mm. Desde entonces se produjo un salto importante, con 6 o 7 por década", reseñó. El experto no excluye otros factores, pero apunta al calentamiento global como el principal responsable de estos episodios que "producen daños económicos muy importantes y originan decenas de víctimas fatales. Entre 2007 y 2017 las inundaciones causaron, al menos, 217 muertes", señaló.
Pese al diagnóstico, Barros sostuvo que "en comparación, otras regiones del mundo están mucho peor, las consecuencias en nuestro país no serán tan graves si manejamos una buena adaptación, pero debemos tener un programa adecuado. No vale más planificar el clima futuro como se hacía en el pasado, la meteorología actual está basada en escenarios climáticos y tenemos un vacío importante en esa materia".
Una vez más, la ciencia es el elemento para transformar las cosas: "Somos un país de escala intermedia y podemos hacer nuestros propios estudios, que darán a las autoridades suficiente respaldo para encarar las inversiones enormes que necesita la adaptación. Pero es cierto que los gobiernos a la hora de decidir no pueden tener en cuenta solo el cambio climático, porque tienen que considerar además otros problemas económicos y sociales".
La sugerencia de Patricia Romero Lankao, integrante de la Corporación Universitaria de Investigación Atmosférica de EEUU, fue que los reportes "involucren a los tomadores de decisiones y sean claros para el hombre común, porque los académicos somos expertos en usar un lenguaje rebuscado. Y deben tener en cuenta quién pagará la adaptación, quién se beneficia, quién se perjudica y de dónde se sacará el dinero... todo esto se tiene que considerar".
Los expositores coincidieron en que las energías renovables serán una de las claves para frenar las previsibles consecuencias del cambio climático. Sarmad, de la ONU, resaltó los "precios estables" del sector y destacó que las empresas están girando sus políticas "desde los combustibles fósiles hacia las 'verdes'". A su turno, Aguilar explicó que a esta altura "las renovables ya no necesitan que las promuevan, sino que no las frenen".
La funcionaria de Medio Ambiente no pasó por alto la deuda que existe en materia de infraestructura y recordó que los parques solares jujeños Cauchari I, II y III, una de las apuestas fotovoltaicas más grandes de la región (con una inversión de unos u$s 400 millones y generación eléctrica de 300 MW) debieron demorar su puesta en funcionamiento por un detalle decisivo: la Puna no posee líneas de transmisión en alta tensión vinculadas al Sistema Argentino de Interconexión. Como volcar la electricidad a las líneas más cercanas podría causar una saturación, se decidió sobre la marcha construir una estación transformadora, lo que demandará más tiempo y dinero. Una instantánea de las dificultades básicas que deberemos superar para desarrollar las energías limpias.
En esa dirección, el Gobierno confirmó que prepara licitaciones vía PPP (Participación Público Privada) de nuevas líneas de alta tensión, para apuntalar el crecente aporte de las renovables (para 2025 representarían el 20% de la generación eléctrica). Además de nuevas centrales en el Noroeste y Cuyo, contemplaría la entrada en funciones de complejos eólicos e hidroeléctricos en la Patagonia.
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San Luis erradica basurales sobre autopistas
Erradicación de basurales sobre Autopista de las Serranías Puntanas
Fecha de Publicación: 24/05/2018
Fuente: ANSL
Provincia/Región: San Luis
Limpieza, desmalezado, forestación y erradicación de basurales fueron tareas realizadas sobre la autopista más transitada de la provincia.
El Ente de Control de Rutas, dependiente del Ministerio de Obras Públicas e Infraestructura, conjuntamente con personal del Plan Solidario, trabaja en la erradicación de basurales detectados a la vera de la Autopista de las Serranías Puntanas, con la intersección de ruta Nº 3.
El trabajo consiste en devolver el valor natural del lugar realizando la limpieza, desmalezado, forestación y erradicación de basurales en distintos puntos del lugar. También se colocó cartelería vial, concientizando sobre el cuidado del medio ambiente.
Para la realización de tales tareas se contó con la colaboración de 25 trabajadores, entre mujeres y hombres, todos pertenecientes al Plan Solidario.
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