Incineración: hasta el gobierno había advertido de su peligro
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Incineración de basura: la Ciudad había alertado sobre los riesgos de utilizar esta técnica
Fecha de Publicación: 12/05/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: CABA
Así como lo hicieron agrupaciones ambientalistas que rechazaban la incineración como alternativa al tratamiento de la basura generada en la ciudad y el área metropolitana, el Gobierno porteño había alertado sobre los riesgos de utilizar esta técnica antes de pedir a la Legislatura que la habilitara, mediante la modificación de la ley de Basura Cero aprobada el jueves pasado. La diferencia, según fuentes oficiales, es que la nueva norma admite la combustión de residuos sólidos urbanos mediante la termovalorización, es decir, con recuperación de energía con los estándares más altos de calidad.
Hasta ayer a la mañana estaba disponible en la web del Ministerio de Ambiente y Espacio Público un compendio con 14 preguntas y sus respectivas respuestas sobre el manejo de los residuos porteños, unas 6700 toneladas diarias. "¿Por qué no a la Incineración?", era uno de los interrogantes, y en la explicación oficial se detallaban los riesgos de la quema de basura.
" Las plantas de incineración emiten miles de sustancias químicas tóxicas que dañan la salud: metales pesados como mercurio, cromo, cadmio, arsénico, plomo y berilio; hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs); bencenos clorados; naftalenos policlorados; compuestos orgánicos volátiles (COVs); gases ácidos como óxidos de azufre; dióxidos de nitrógeno y ácido clorhídrico; gases de efecto invernadero como dióxido de carbono, entre muchas otras", resaltaba el documento que, luego de que tomó estado público, fue dado de baja de la web oficial.
"Argentina firmó, junto a otros 90 países, un acuerdo internacional (Convención de Estocolmo, 2001) para eliminar del planeta los compuestos muy tóxicos que son especialmente emitidos por los incineradores de residuos", agregaba.
Consultadas por LA NACION, fuentes oficiales diferenciaron: "La incineración es una quema a granel sin selección ni recuperación previa, sin tratamiento de los gases, sin filtros, sin control de emisiones y sin recuperación de energía". Y agregaron: "Lo que se habilitó ahora fue la termovalorización, una técnica utilizada en todo el mundo. La termovalorización considera al residuo como un 'recurso', es un sistema integral de tratamiento de residuos, con máxima valorización y mínimo descarte. Es la recuperación de energía, ya sea producción de energía renovable o recuperación de calor y electricidad, a partir de los residuos domésticos residuales y no reciclables", aclararon desde el Gobierno.
En efecto, al defender la modificación de la ley de Basura Cero, el ministro Eduardo Macchiavelli sostuvo que las plantas por instalarse garantizarán mediante un triple proceso de filtrado la reducción a cero de las emisiones.
Sin embargo, el documento online también hacía referencia a la incineración con recuperación de energía: "Es una opción riesgosa de gestión de residuos, ya que genera emisiones de sustancias tóxicas que afectan al ambiente y a la salud de la población, es un derroche de recursos y una modalidad ineficiente de recuperar energía y reducir emisiones de gases de efecto invernadero". Las fuentes no respondieron al ser consultadas sobre esta supuesta contradicción.
Información retirada
Ayer, agrupaciones de cartoneros hicieron circular el contenido de la web oficial que horas más tarde fue retirado "por razones de actualización", de acuerdo a la explicación oficial. Junto a los ambientalistas, los recicladores fueron los que mayor rechazo plantearon ante la posibilidad de una nueva ley que podría poner en riesgo una fuente de trabajo que depende de la reutilización de la basura.
En la ciudad de Buenos Aires hay doce cooperativas de recicladores urbanos que funcionan con la logística aportada por el gobierno porteño, que pone a disposición las plantas y los camiones para trasladar la basura. Son, en total, 6000 los cartoneros que trabajan en las cooperativas y cobran un subsidio mensual de entre $5000 y $9000. Hay, además, otros 2000 que no forman parte del circuito formal. En promedio, cada uno recicla hasta 100 kilos diarios de basura.
El peligro de perder empleos fue subsanado con los cambios introducidos en el texto, hasta minutos antes de la votación de la ley, entre los que aparece la prohibición de incinerar los materiales reciclables, modificación agregada para resguardar los empleos de los trabajadores.
En todo el mundo hay activas más de 2000 plantas de termovalorización, 500 de ellas en Europa, y el modelo que predomina es la explotación privada con un contrato de operación de entre 20 y 30 años; en algunos casos el manejo está a cargo del Estado. Las empresas de energía eléctrica y las de gestión de residuos, formando una Unión Transitoria de Empresas (UTE), son las encargadas de la operación privada que deben garantizar la tecnología y la gestión de las plantas. Algo similar ocurriría en la ciudad.
A diferencia de la generación de energía eólica o solar, la termovalorización permitirá operar las 24 horas de los 365 días del año porque no dependerá de factores climáticos. La cantidad de energía producida estará ligada a las toneladas de procesamiento y al poder calorífico. Para el área metropolitana se proyectan tres plantas con una capacidad de 2000 toneladas diarias, capaz de generar, juntas, hasta 185 megavatios/hora, similar al consumo constante durante un mes de una población estimada de 1.200.000 habitantes.
Además de habilitar la termovalorización, la modificación de la ley de Basura Cero estableció nuevas metas de reducción de disposición final de residuos en un escenario que se agrava con el paso del tiempo y con predios que colapsarán en cinco años. La norma votada en 2005 estableció que la disminución de residuos enviados a rellenos sanitarios debía ser de un 30% en 2010, de 50% en 2012 y de 75% en 2017, tomando como base los niveles enviados a la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse) durante 2004 (1,5 millones de toneladas). La reforma aprobada prevé el 50% para 2021, el 65% para 2025 y el 80% para 2030, sobre la base de los niveles de 2012 (2,2 millones de toneladas).
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Fecha de Publicación: 12/05/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: CABA
Así como lo hicieron agrupaciones ambientalistas que rechazaban la incineración como alternativa al tratamiento de la basura generada en la ciudad y el área metropolitana, el Gobierno porteño había alertado sobre los riesgos de utilizar esta técnica antes de pedir a la Legislatura que la habilitara, mediante la modificación de la ley de Basura Cero aprobada el jueves pasado. La diferencia, según fuentes oficiales, es que la nueva norma admite la combustión de residuos sólidos urbanos mediante la termovalorización, es decir, con recuperación de energía con los estándares más altos de calidad.
Hasta ayer a la mañana estaba disponible en la web del Ministerio de Ambiente y Espacio Público un compendio con 14 preguntas y sus respectivas respuestas sobre el manejo de los residuos porteños, unas 6700 toneladas diarias. "¿Por qué no a la Incineración?", era uno de los interrogantes, y en la explicación oficial se detallaban los riesgos de la quema de basura.
" Las plantas de incineración emiten miles de sustancias químicas tóxicas que dañan la salud: metales pesados como mercurio, cromo, cadmio, arsénico, plomo y berilio; hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs); bencenos clorados; naftalenos policlorados; compuestos orgánicos volátiles (COVs); gases ácidos como óxidos de azufre; dióxidos de nitrógeno y ácido clorhídrico; gases de efecto invernadero como dióxido de carbono, entre muchas otras", resaltaba el documento que, luego de que tomó estado público, fue dado de baja de la web oficial.
"Argentina firmó, junto a otros 90 países, un acuerdo internacional (Convención de Estocolmo, 2001) para eliminar del planeta los compuestos muy tóxicos que son especialmente emitidos por los incineradores de residuos", agregaba.
Consultadas por LA NACION, fuentes oficiales diferenciaron: "La incineración es una quema a granel sin selección ni recuperación previa, sin tratamiento de los gases, sin filtros, sin control de emisiones y sin recuperación de energía". Y agregaron: "Lo que se habilitó ahora fue la termovalorización, una técnica utilizada en todo el mundo. La termovalorización considera al residuo como un 'recurso', es un sistema integral de tratamiento de residuos, con máxima valorización y mínimo descarte. Es la recuperación de energía, ya sea producción de energía renovable o recuperación de calor y electricidad, a partir de los residuos domésticos residuales y no reciclables", aclararon desde el Gobierno.
En efecto, al defender la modificación de la ley de Basura Cero, el ministro Eduardo Macchiavelli sostuvo que las plantas por instalarse garantizarán mediante un triple proceso de filtrado la reducción a cero de las emisiones.
Sin embargo, el documento online también hacía referencia a la incineración con recuperación de energía: "Es una opción riesgosa de gestión de residuos, ya que genera emisiones de sustancias tóxicas que afectan al ambiente y a la salud de la población, es un derroche de recursos y una modalidad ineficiente de recuperar energía y reducir emisiones de gases de efecto invernadero". Las fuentes no respondieron al ser consultadas sobre esta supuesta contradicción.
Información retirada
Ayer, agrupaciones de cartoneros hicieron circular el contenido de la web oficial que horas más tarde fue retirado "por razones de actualización", de acuerdo a la explicación oficial. Junto a los ambientalistas, los recicladores fueron los que mayor rechazo plantearon ante la posibilidad de una nueva ley que podría poner en riesgo una fuente de trabajo que depende de la reutilización de la basura.
En la ciudad de Buenos Aires hay doce cooperativas de recicladores urbanos que funcionan con la logística aportada por el gobierno porteño, que pone a disposición las plantas y los camiones para trasladar la basura. Son, en total, 6000 los cartoneros que trabajan en las cooperativas y cobran un subsidio mensual de entre $5000 y $9000. Hay, además, otros 2000 que no forman parte del circuito formal. En promedio, cada uno recicla hasta 100 kilos diarios de basura.
El peligro de perder empleos fue subsanado con los cambios introducidos en el texto, hasta minutos antes de la votación de la ley, entre los que aparece la prohibición de incinerar los materiales reciclables, modificación agregada para resguardar los empleos de los trabajadores.
En todo el mundo hay activas más de 2000 plantas de termovalorización, 500 de ellas en Europa, y el modelo que predomina es la explotación privada con un contrato de operación de entre 20 y 30 años; en algunos casos el manejo está a cargo del Estado. Las empresas de energía eléctrica y las de gestión de residuos, formando una Unión Transitoria de Empresas (UTE), son las encargadas de la operación privada que deben garantizar la tecnología y la gestión de las plantas. Algo similar ocurriría en la ciudad.
A diferencia de la generación de energía eólica o solar, la termovalorización permitirá operar las 24 horas de los 365 días del año porque no dependerá de factores climáticos. La cantidad de energía producida estará ligada a las toneladas de procesamiento y al poder calorífico. Para el área metropolitana se proyectan tres plantas con una capacidad de 2000 toneladas diarias, capaz de generar, juntas, hasta 185 megavatios/hora, similar al consumo constante durante un mes de una población estimada de 1.200.000 habitantes.
Además de habilitar la termovalorización, la modificación de la ley de Basura Cero estableció nuevas metas de reducción de disposición final de residuos en un escenario que se agrava con el paso del tiempo y con predios que colapsarán en cinco años. La norma votada en 2005 estableció que la disminución de residuos enviados a rellenos sanitarios debía ser de un 30% en 2010, de 50% en 2012 y de 75% en 2017, tomando como base los niveles enviados a la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse) durante 2004 (1,5 millones de toneladas). La reforma aprobada prevé el 50% para 2021, el 65% para 2025 y el 80% para 2030, sobre la base de los niveles de 2012 (2,2 millones de toneladas).
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Taller sobre reduccir capturas del delfín Franciscana
Ambiente profundiza la protección de los ecosistemas marinos
Fecha de Publicación: 12/05/2018
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
Representantes de la cartera de Ambiente convocaron al taller sobre medidas de mitigación: reducción de la captura incidental del delfín Franciscana.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable junto con el Fondo para el Medio Ambiente Mundial y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) llevaron a cabo el taller para la conservación del delfín Franciscana en San Clemente del Tuyú donde se coordinó la implementación a escala real del uso de las alarmas acústicas en pesquerías artesanales de redes agalleras del Cabo San Antonio y Bahía de Samborombón.
El encuentro se enmarca en el proyecto "Proteger la biodiversidad marina: enfoque ecosistémico en la Pesca y áreas protegidas" que lleva adelante la cartera de Ambiente de la Nación, y buscó difundir las medidas de mitigación tendientes a la reducción de la captura incidental del delfín Franciscana. Este tipo de captura se ha convertido en la principal amenaza para la conservación de esta especie. Por ello, a través de la utilización de alarmas acústicas se busca evitar que los delfines queden atrapados en las redes pesqueras.
En ese contexto, Javier García Espil, director nacional de Gestión Ambiental del Agua y los Ecosistemas Acuáticos señaló: “Mediante la utilización de alarmas acústicas buscamos minimizar los efectos no deseados de la actividad pesquera sobre el delfín Franciscana, una especie emblemática de nuestra biodiversidad. Esta acción forma parte de los trabajos que realizamos junto con el sector pesquero para promover prácticas responsables que protejan las especies y ecosistemas marinos. Los resultados de la experiencia fortalecerán también las acciones en curso respecto de otras artes de pesca y especies, como las tortugas marinas, aves, tiburones y rayas."
"Proteger los ecosistemas marinos es fundamental para conservar la biodiversidad, y también para garantizar una actividad pesquera responsable, sostenible en el tiempo, para la alimentación y desarrollo de los argentinos y nuestras generaciones futuras", concluyó García Espil.
El delfín Franciscana (Pontoporia blainvillei) es una especie característica del Mar Argentino, que se encuentra en la costa atlántica bonaerense y llega a los vecinos países de Uruguay y Brasil. Es el cetáceo más vulnerable en el país, por lo que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable junto con la Subsecretaría de Pesca del Ministerio de Agroindustria llevan a cabo medidas de protección específicas en el marco del Plan de Acción Nacional para Reducir la Interacción de Mamíferos Marinos con Pesquerías.
Del encuentro también participaron Gustavo Caruso, secretario de Producción y Desarrollo del partido de la Costa; María Cecilia Paris, directora de Pesca y Acuicultura de la provincia de Buenos Aires y contó con el acompañamiento del Consejo Federal Pesquero, la Fundación Aquamarina, la Fundación Vida Silvestre Argentina y las asociaciones de pescadores artesanales locales.
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Fecha de Publicación: 12/05/2018
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
Representantes de la cartera de Ambiente convocaron al taller sobre medidas de mitigación: reducción de la captura incidental del delfín Franciscana.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable junto con el Fondo para el Medio Ambiente Mundial y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) llevaron a cabo el taller para la conservación del delfín Franciscana en San Clemente del Tuyú donde se coordinó la implementación a escala real del uso de las alarmas acústicas en pesquerías artesanales de redes agalleras del Cabo San Antonio y Bahía de Samborombón.
El encuentro se enmarca en el proyecto "Proteger la biodiversidad marina: enfoque ecosistémico en la Pesca y áreas protegidas" que lleva adelante la cartera de Ambiente de la Nación, y buscó difundir las medidas de mitigación tendientes a la reducción de la captura incidental del delfín Franciscana. Este tipo de captura se ha convertido en la principal amenaza para la conservación de esta especie. Por ello, a través de la utilización de alarmas acústicas se busca evitar que los delfines queden atrapados en las redes pesqueras.
En ese contexto, Javier García Espil, director nacional de Gestión Ambiental del Agua y los Ecosistemas Acuáticos señaló: “Mediante la utilización de alarmas acústicas buscamos minimizar los efectos no deseados de la actividad pesquera sobre el delfín Franciscana, una especie emblemática de nuestra biodiversidad. Esta acción forma parte de los trabajos que realizamos junto con el sector pesquero para promover prácticas responsables que protejan las especies y ecosistemas marinos. Los resultados de la experiencia fortalecerán también las acciones en curso respecto de otras artes de pesca y especies, como las tortugas marinas, aves, tiburones y rayas."
"Proteger los ecosistemas marinos es fundamental para conservar la biodiversidad, y también para garantizar una actividad pesquera responsable, sostenible en el tiempo, para la alimentación y desarrollo de los argentinos y nuestras generaciones futuras", concluyó García Espil.
El delfín Franciscana (Pontoporia blainvillei) es una especie característica del Mar Argentino, que se encuentra en la costa atlántica bonaerense y llega a los vecinos países de Uruguay y Brasil. Es el cetáceo más vulnerable en el país, por lo que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable junto con la Subsecretaría de Pesca del Ministerio de Agroindustria llevan a cabo medidas de protección específicas en el marco del Plan de Acción Nacional para Reducir la Interacción de Mamíferos Marinos con Pesquerías.
Del encuentro también participaron Gustavo Caruso, secretario de Producción y Desarrollo del partido de la Costa; María Cecilia Paris, directora de Pesca y Acuicultura de la provincia de Buenos Aires y contó con el acompañamiento del Consejo Federal Pesquero, la Fundación Aquamarina, la Fundación Vida Silvestre Argentina y las asociaciones de pescadores artesanales locales.
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Costanera Norte: acuerdo con la UBA para gestionarla
Acuerdo para impulsar la reserva de la Costanera Norte
Fecha de Publicación: 12/05/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: CABA
Luego de casi seis años, ayer se celebró el tan esperado convenio entre la Ciudad y la Universidad de Buenos Aires (UBA) para administrar un importante pulmón verde dentro de la Capital: la Reserva Ecológica Costanera Norte, situada a las espaldas de los pabellones de Ciudad Universitaria y con una vista privilegiada al Río de la Plata.
En 2012, la ley 4467 creó esa reserva con el objetivo de proteger la flora y la fauna existentes de la degradación y cualquier acción humana que pudiera alterar el ecosistema. La norma dio al gobierno porteño 90 días para convocar a las autoridades universitarias a firmar un convenio que resolviera las responsabilidades que cada actor tendría en la conservación del humedal y su entorno. Pero el acuerdo se demoró mucho más de lo previsto, hasta ayer.
Con las firmas del rector de la UBA, Alberto Barbieri, y del ministro de Ambiente y Espacio Público porteño, Eduardo Macchiavelli, las partes se comprometieron a conformar un consejo de gestión de la Reserva Ecológica Ciudad Universitaria-Costanera Norte con un representante de cada parte. "Es un paso muy importante", destacó Barbieri.
Según el convenio, que tendrá 10 años de duración, la Ciudad será la encargada de realizar tareas de mantenimiento y reacondicionamiento del predio, de proveer servicios de vigilancia y de guardaparques, y de la instalación de equipamiento. Los organismos oficiales que participen asumirán las erogaciones correspondientes.
La UBA, en tanto, deberá hacer un relevamiento de los recursos biológicos existentes en la reserva e informarlo al gobierno porteño dentro de los próximos 180 días corridos. Especialistas y técnicos se encargarán de asistir al Ministerio de Ambiente en la elaboración y el diseño de los proyectos para la protección, el cuidado, la conservación y el mejoramiento de la diversidad biológica del espacio verde. Según indicó Barbieri a LA NACION, solicitará colaboración a expertos de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. "Paralelamente, iremos estudiando los proyectos educativos, de visitas al lugar y sobre el manejo general de la reserva", agregó.
Para la administración de la reserva se considerarán los lineamientos del plan de manejo elaborado en 2007 (actualizado según sea necesario) por la UBA, la Ciudad y diversas ONG.
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Fecha de Publicación: 12/05/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: CABA
Luego de casi seis años, ayer se celebró el tan esperado convenio entre la Ciudad y la Universidad de Buenos Aires (UBA) para administrar un importante pulmón verde dentro de la Capital: la Reserva Ecológica Costanera Norte, situada a las espaldas de los pabellones de Ciudad Universitaria y con una vista privilegiada al Río de la Plata.
En 2012, la ley 4467 creó esa reserva con el objetivo de proteger la flora y la fauna existentes de la degradación y cualquier acción humana que pudiera alterar el ecosistema. La norma dio al gobierno porteño 90 días para convocar a las autoridades universitarias a firmar un convenio que resolviera las responsabilidades que cada actor tendría en la conservación del humedal y su entorno. Pero el acuerdo se demoró mucho más de lo previsto, hasta ayer.
Con las firmas del rector de la UBA, Alberto Barbieri, y del ministro de Ambiente y Espacio Público porteño, Eduardo Macchiavelli, las partes se comprometieron a conformar un consejo de gestión de la Reserva Ecológica Ciudad Universitaria-Costanera Norte con un representante de cada parte. "Es un paso muy importante", destacó Barbieri.
Según el convenio, que tendrá 10 años de duración, la Ciudad será la encargada de realizar tareas de mantenimiento y reacondicionamiento del predio, de proveer servicios de vigilancia y de guardaparques, y de la instalación de equipamiento. Los organismos oficiales que participen asumirán las erogaciones correspondientes.
La UBA, en tanto, deberá hacer un relevamiento de los recursos biológicos existentes en la reserva e informarlo al gobierno porteño dentro de los próximos 180 días corridos. Especialistas y técnicos se encargarán de asistir al Ministerio de Ambiente en la elaboración y el diseño de los proyectos para la protección, el cuidado, la conservación y el mejoramiento de la diversidad biológica del espacio verde. Según indicó Barbieri a LA NACION, solicitará colaboración a expertos de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. "Paralelamente, iremos estudiando los proyectos educativos, de visitas al lugar y sobre el manejo general de la reserva", agregó.
Para la administración de la reserva se considerarán los lineamientos del plan de manejo elaborado en 2007 (actualizado según sea necesario) por la UBA, la Ciudad y diversas ONG.
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Mendoza: "florecen" ordenanzas anti fracking
En todo el Valle de Uco se generaron ordenanzas anti fracking
Fecha de Publicación: 11/05/2018
Fuente: Diario San Rafael
Provincia/Región: Mendoza
En Mendoza ya son varios los departamentos que generaron ordenanzas “anti fracking” en su territorio. En las últimas horas se sumó Tunuyán y de esta manera toda la zona del Valle de Uco quedó con legislaciones municipales similares.
Daniel Funes, es parte de los vecinos autoconvocados de San Carlos y en comunicación con FM VOS 91.5 contó que “en San Carlos desde el 2013 hay una ordenanza de este tipo, al igual que lo que se hizo en Tupungato y en General Alvear, ahora se ha sumado Tunuyán que en las últimas horas se proclamó en el mismo sentido”.
El reclamo de los valletanos contra el Fracking viene desde hace tiempo, ya que hace algunos años se empezó a hablar de la aplicación de fractura hidráulica en el límite entre San Rafael y San Carlos con la denominada “Área Río Diamante”, donde se buscaba impulsar la búsqueda de petróleo con este sistema tan polémico.
Diario San Rafael reflejó en aquella ocasión la situación y Funes recordó que “desde aquel tiempo el Valle de Uco empezó a movilizarse en torno al Fracking y ahora se ha logrado que se sume Tunuyán. De esta manera todo el oasis ha planteado la prohibición con ordenanzas”.
Al ser consultado sobre si estas ordenanzas tienen un choque con la legislación vigente, el sancarlino explicó que “estas son ordenanzas medioambientales y no sobre hidrocarburos” a la vez que planteó que están preparados para “defender esta legislación en la vía judicial”.
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Fecha de Publicación: 11/05/2018
Fuente: Diario San Rafael
Provincia/Región: Mendoza
En Mendoza ya son varios los departamentos que generaron ordenanzas “anti fracking” en su territorio. En las últimas horas se sumó Tunuyán y de esta manera toda la zona del Valle de Uco quedó con legislaciones municipales similares.
Daniel Funes, es parte de los vecinos autoconvocados de San Carlos y en comunicación con FM VOS 91.5 contó que “en San Carlos desde el 2013 hay una ordenanza de este tipo, al igual que lo que se hizo en Tupungato y en General Alvear, ahora se ha sumado Tunuyán que en las últimas horas se proclamó en el mismo sentido”.
El reclamo de los valletanos contra el Fracking viene desde hace tiempo, ya que hace algunos años se empezó a hablar de la aplicación de fractura hidráulica en el límite entre San Rafael y San Carlos con la denominada “Área Río Diamante”, donde se buscaba impulsar la búsqueda de petróleo con este sistema tan polémico.
Diario San Rafael reflejó en aquella ocasión la situación y Funes recordó que “desde aquel tiempo el Valle de Uco empezó a movilizarse en torno al Fracking y ahora se ha logrado que se sume Tunuyán. De esta manera todo el oasis ha planteado la prohibición con ordenanzas”.
Al ser consultado sobre si estas ordenanzas tienen un choque con la legislación vigente, el sancarlino explicó que “estas son ordenanzas medioambientales y no sobre hidrocarburos” a la vez que planteó que están preparados para “defender esta legislación en la vía judicial”.
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Córdoba: detenido por cazar especies protegidas
Detuvieron en Córdoba a un joven acusado de cazar especies protegidas: secuestraron animales congelados
Fecha de Publicación: 11/05/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Un joven de 23 años fue detenido acusado de delitos contra la Ley de Conservación de Fauna y Maltrato Animal, durante un procedimiento realizado en la localidad de General Roca, Córdoba.
“El imputado se dedicaba a la caza de diversas especies, entre ellas algunas protegidas por ley. Estos animales eran posteriormente faenados y preparados en conservas destinadas a la comercialización, las cuales carecían de todo tipo de controles bromatológicos”, indicó.
El Juzgado Federal de Bell Ville, a cargo de Sergio Aníbal Pinto, ordenó tres allanamientos ubicados en domicilios de las calles Avellaneda 777, Italia S/N entre Arias y Emilia y Córdoba 160, en General Roca.
Armas
Se secuestraron dos escopetas calibre 12/70, con gran cantidad de cartuchos, un rifle de aire comprimido, una pistola calibre nueve milímetros, reflectores nocturnos, trampas para zorros y coipos, cañas de pescar, un cardenal, 90 frascos con diversos escabeches y aproximadamente 100 ejemplares congelados de especies como perdices, armados, lagartos overos y liebres.
El hombre quedó detenido a disposición del juzgado en la causa caratulada infracción a las leyes de Conservación de la fauna y Protección de los animales, Maltratos y actos de crueldad animal.
En cuanto a los animales secuestrados y las conservas, serán incineradas por personal de la Dirección de Policía Ambiental del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos de la Provincia de Córdoba.
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Fecha de Publicación: 11/05/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Un joven de 23 años fue detenido acusado de delitos contra la Ley de Conservación de Fauna y Maltrato Animal, durante un procedimiento realizado en la localidad de General Roca, Córdoba.
“El imputado se dedicaba a la caza de diversas especies, entre ellas algunas protegidas por ley. Estos animales eran posteriormente faenados y preparados en conservas destinadas a la comercialización, las cuales carecían de todo tipo de controles bromatológicos”, indicó.
El Juzgado Federal de Bell Ville, a cargo de Sergio Aníbal Pinto, ordenó tres allanamientos ubicados en domicilios de las calles Avellaneda 777, Italia S/N entre Arias y Emilia y Córdoba 160, en General Roca.
Armas
Se secuestraron dos escopetas calibre 12/70, con gran cantidad de cartuchos, un rifle de aire comprimido, una pistola calibre nueve milímetros, reflectores nocturnos, trampas para zorros y coipos, cañas de pescar, un cardenal, 90 frascos con diversos escabeches y aproximadamente 100 ejemplares congelados de especies como perdices, armados, lagartos overos y liebres.
El hombre quedó detenido a disposición del juzgado en la causa caratulada infracción a las leyes de Conservación de la fauna y Protección de los animales, Maltratos y actos de crueldad animal.
En cuanto a los animales secuestrados y las conservas, serán incineradas por personal de la Dirección de Policía Ambiental del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos de la Provincia de Córdoba.
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El aeropuerto de El Palomar sigue siendo resistido
Riesgo en el aeropuerto de El Palomar: piden que intervenga el gobierno bonaerense ante peligro ambiental
Fecha de Publicación: 11/05/2018
Fuente: InfoCielo
Provincia/Región: Buenos Aires
La aerolínea Flybondi sumó un nuevo dolor de cabeza ante el pedido de clausura de la terminal aérea que hacen los vecinos. Ante la posibilidad de un accidente por la presencia de aves además de contaminación y desmonte ilegal, exigen que la OPDS tome cartas en el asunto.
El polémico aeropuerto emplazado en El Palomar por el gobierno nacional para que Flybondy lo explote comercialmente, trae un nuevo problema para la aerolínea. Vecinos pidieron la clausura del mismo y la intervención de la Provincia de Buenos Aires para evitar mayores consecuencias. Advierten con posibles accidentes, contaminación ambiental y desmonte ilegal. También concurrieron a la justicia para intentar frenar la actividad en la zona.
Un grupo de habitantes del sector denominado Isla Verde de El Palomar inició una serie de acciones desde septiembre de 2017 para defender el espacio ante los serios riesgos que implica el funcionamiento de la terminal aérea en lugar. En ese mes presentaron su primer amparo ante la justicia para exigir audiencia pública y un estudio de impacto ambiental.
Este 1 marzo de 2018, concurrieron al Juzgado Federal 2 de San Martin a cargo de Martina Forns para pedir la intervención de la provincia de Buenos Aires. En ese aspecto, detallaron que por el artículo 28 de la Constitución Provincial, al aeropuerto lo debe habilitar el Organismo Provincial para el Desarrollo Sustentable. A su vez reclamaron lo mismo para la Autoridad del Agua y el COMIREC (Cuenca del Río Reconquista). El 13 abril presentaron otro escrito para solicitar nuevamente la clausura del aeropuerto pero el juzgado ordenó que lo presentaran al Ministerio de Transporte y de Defensa.
Guillermo Iracheta, representante legal de los vecinos, dialogó con INFOCIELO y detalló los motivos por los cuales realizan el reclamo. Entonces contó que la OPDS no lo habilitó como lo marca la Ley 11.723 y que pidió la intervención del ADA ya que en el predio existen tres arroyos. Además confirmó que denunció daño ambiental, desmonte ilegal y riesgo para la aeronavegación.
Un tema no menor y que puede generar una tragedia, es que a raíz de una resolución de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y otra de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), en un aeropuerto no pueden existir pájaros. Mientras que en El Palomar existen más de 200 especies y la única forma de sacarlos sería es matándolos, lo que implicaría un avicidio. Esto destruiría el hábitat que puede albergarlos con la tala los bosques y la destrucción los humedales.
En la última presentación judicial realizada, detallaron casos sobre los aviones se vieron perjudicados por la presencia de aves en la ruta aérea. Desde colisiones hasta supensiones de vuelos provocaron los pájaros en distintos lugares del mundo, incluso con situaciones que se dieron en Argentina.
“Los pájaros están existen y en bandadas escoltan los aviones de Flybondi, uno solo que se meta en una turbina, y el avión se cae”, explicó. Luego señaló que “pedimos que intervenga la provincia, esto no lo habilitó la OPDS y es un tema constitucional”.
“Ahora se nos agrega como grave el tema de las aves, no puede haber pájaros en el aeropuerto”, añadió y sostuvo que “se llama riesgo aviar, son códigos internacionales. Si una paloma se mete en una turbina o choca, pierde estabilidad el avión y se cae”.
Después relató que “esto pasa cuando despegan o aterrizan, el problema es ahí. Por eso en una zona de pájaros no pueden haber aeropuertos”.
“Cuando hay pájaros, para sacarlos, tiran pirotecnia o sueltas halcones, pero en El Palomar es la casa de los pájaros. Tenemos 200 hectáreas que es la isla verde que tiene todo lo ideal para que haya aves”, señaló y agregó que “se pide que se preserve esta zona para el cuidado de la zona”.
Más adelante dio a conocer que “en El Palomar hace dos grados menos por los árboles que hay, además es un humedal. Es como un embudo toda el agua va a parar ahí”.
“Mucha gente estaba a favor del aeropuerto pero a medida que empezaron a lo que está pasando, se pusieron en contra”, finalizó.
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Fecha de Publicación: 11/05/2018
Fuente: InfoCielo
Provincia/Región: Buenos Aires
La aerolínea Flybondi sumó un nuevo dolor de cabeza ante el pedido de clausura de la terminal aérea que hacen los vecinos. Ante la posibilidad de un accidente por la presencia de aves además de contaminación y desmonte ilegal, exigen que la OPDS tome cartas en el asunto.
El polémico aeropuerto emplazado en El Palomar por el gobierno nacional para que Flybondy lo explote comercialmente, trae un nuevo problema para la aerolínea. Vecinos pidieron la clausura del mismo y la intervención de la Provincia de Buenos Aires para evitar mayores consecuencias. Advierten con posibles accidentes, contaminación ambiental y desmonte ilegal. También concurrieron a la justicia para intentar frenar la actividad en la zona.
Un grupo de habitantes del sector denominado Isla Verde de El Palomar inició una serie de acciones desde septiembre de 2017 para defender el espacio ante los serios riesgos que implica el funcionamiento de la terminal aérea en lugar. En ese mes presentaron su primer amparo ante la justicia para exigir audiencia pública y un estudio de impacto ambiental.
Este 1 marzo de 2018, concurrieron al Juzgado Federal 2 de San Martin a cargo de Martina Forns para pedir la intervención de la provincia de Buenos Aires. En ese aspecto, detallaron que por el artículo 28 de la Constitución Provincial, al aeropuerto lo debe habilitar el Organismo Provincial para el Desarrollo Sustentable. A su vez reclamaron lo mismo para la Autoridad del Agua y el COMIREC (Cuenca del Río Reconquista). El 13 abril presentaron otro escrito para solicitar nuevamente la clausura del aeropuerto pero el juzgado ordenó que lo presentaran al Ministerio de Transporte y de Defensa.
Guillermo Iracheta, representante legal de los vecinos, dialogó con INFOCIELO y detalló los motivos por los cuales realizan el reclamo. Entonces contó que la OPDS no lo habilitó como lo marca la Ley 11.723 y que pidió la intervención del ADA ya que en el predio existen tres arroyos. Además confirmó que denunció daño ambiental, desmonte ilegal y riesgo para la aeronavegación.
Un tema no menor y que puede generar una tragedia, es que a raíz de una resolución de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y otra de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), en un aeropuerto no pueden existir pájaros. Mientras que en El Palomar existen más de 200 especies y la única forma de sacarlos sería es matándolos, lo que implicaría un avicidio. Esto destruiría el hábitat que puede albergarlos con la tala los bosques y la destrucción los humedales.
En la última presentación judicial realizada, detallaron casos sobre los aviones se vieron perjudicados por la presencia de aves en la ruta aérea. Desde colisiones hasta supensiones de vuelos provocaron los pájaros en distintos lugares del mundo, incluso con situaciones que se dieron en Argentina.
“Los pájaros están existen y en bandadas escoltan los aviones de Flybondi, uno solo que se meta en una turbina, y el avión se cae”, explicó. Luego señaló que “pedimos que intervenga la provincia, esto no lo habilitó la OPDS y es un tema constitucional”.
“Ahora se nos agrega como grave el tema de las aves, no puede haber pájaros en el aeropuerto”, añadió y sostuvo que “se llama riesgo aviar, son códigos internacionales. Si una paloma se mete en una turbina o choca, pierde estabilidad el avión y se cae”.
Después relató que “esto pasa cuando despegan o aterrizan, el problema es ahí. Por eso en una zona de pájaros no pueden haber aeropuertos”.
“Cuando hay pájaros, para sacarlos, tiran pirotecnia o sueltas halcones, pero en El Palomar es la casa de los pájaros. Tenemos 200 hectáreas que es la isla verde que tiene todo lo ideal para que haya aves”, señaló y agregó que “se pide que se preserve esta zona para el cuidado de la zona”.
Más adelante dio a conocer que “en El Palomar hace dos grados menos por los árboles que hay, además es un humedal. Es como un embudo toda el agua va a parar ahí”.
“Mucha gente estaba a favor del aeropuerto pero a medida que empezaron a lo que está pasando, se pusieron en contra”, finalizó.
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El modelo agrotóxico se defiende en la justicia
Ruralistas van a la Justicia contra la prohibición del glifosato: "Es una herramienta de trabajo"
Fecha de Publicación: 10/05/2018
Fuente: El Entre Ríos
Provincia/Región: Entre Ríos
El director de la Sociedad Rural de Entre Ríos, Walter Feldkamp, adelantó que intentarán frenar la ordenanza por considerarla “inconstitucional”. Defendió el uso "controlado" de agroquímicos y aseguró que “no hay evidencias científicas” sobre su relación con enfermedades como el cáncer.
Hace tres semanas, el Concejo Deliberante de Gualeguaychú aprobó la ordenanza que prohíbe la aplicación, transporte, almacenamiento y comercialización del herbicida glifosato en el ejido de la ciudad, es decir, en las 33 mil hectáreas que componen el casco urbano y sus alrededores. En pocos días la iniciativa entrará en vigencia, pero organizaciones de ruralistas ya adelantaron que presentarán medidas de amparo y no descartan pedir su inconstitucionalidad.
El proyecto presentado por el intendente local Martín Piaggio (FpV) responde a la preocupación que generan desde hace años las cientos de denuncias por parte de pobladores, ONGs y organizaciones ambientalistas que alertan sobre un aumento de las enfermedades asociadas al uso de agrotóxicos, entre ellas el cáncer, con casos que, aseguran, se dan con cada vez mayor frecuencia y contemplan entre sus pacientes a numerosos niños.
Por otro lado, productores y entidades agropecuarias cuestionan la rigurosidad científica de quienes vinculan el glifosato con ese tipo de afecciones. Y califican la iniciativa como una respuesta "extrema" e "inconstitucional" que afectará gravemente al sector. Proponen, en cambio, una legislación que, sin prohibir el uso del producto que consideran "una herramienta de trabajo", exija una serie de controles para quienes lo aplican.
Durante los días que duró el debate, en el Concejo Deliberante se escucharon testimonios y datos aportados desde todos los sectores, a favor y en contra de la medida. Uno de los que se opuso fuertemente al proyecto fue el director del Distrito Entre Ríos de la Sociedad Rural Argentina, Walter Feldkamp.
En diálogo con el periodista Emmanuel Gentile, de Infobae, Feldkamp cuestionó la aprobación de la ordenanza y confirmó que los productores evalúan presentar amparos judiciales para frenarla.
– ¿Qué representará para la Sociedad Rural la aplicación de esta nueva ordenanza?
– Habrá un montón de gente afectada a la que se les quitará una herramienta importantísima para trabajar sin ningún sustento. Bueno, si no lo hemos podido cambiar mediante el diálogo, iremos a la justicia. Desde las entidades los estamos acompañando.
– ¿Cuáles son los argumentos que utilizarán ante la Justicia?
– Consideramos que prohibir un producto que está aprobado en Argentina por todas las leyes y todos los gobiernos desde principios de los 80, Senasa y ANMAT, sin evidencia científica que diga que produce cáncer, no es más que quitarle una herramienta de trabajo a los productores que nos ha permitido reemplazar el arado por la siembra directa. Contamos con el apoyo de abogados constitucionalistas y hay antecedentes de ciudades donde se ha prohibido el glifosato y luego la norma fue declarada inconstitucional.
– ¿Harán una presentación como entidad o irá cada productor por su cuenta?
– Lo estamos evaluando. Será como más convenga.
– Usted dijo en una de sus intervenciones en los debates que si se prohíbe el uso del glifosato los empresarios del agro se verán obligados a utilizar "productos peores". ¿Cuáles serían?
– Aclaro que no es una amenaza lo que dije. Me refiero a que hagamos énfasis en los productos menos nocivos. El glifosato lo es porque es de los considerados por el Senasa en su etiquetado de "banda verde", es decir, que normalmente no ofrecen peligro. Los más peligrosos son los de "banda roja".
– La Organización Mundial de la Salud (OMS) incluyó al glifosato en una lista de productos considerados cancerígenos…
– Sí, también lo hizo con el mate y el café.
– Luego aclaró que lo eran si se tomaban "demasiado calientes".
– Sí, así es.
– ¿Qué le generan las denuncias sobre el avance de enfermedades como el cáncer y su relación con el uso de agroquímicos?
– Si hay alguna evidencia de que el uso controlado del glifosato produce algún problema, los primeros que vamos a enfatizar y vamos a querer que se saque, obviamente vamos a ser nosotros que somos los que estamos en contacto con el producto. Pero no me digan que alguien que vive en la ciudad tiene problemas porque se fumigó un campo a 35 kilómetros de distancia. Nosotros proponemos que si hay problemas, la prohibición se aplique solamente sobre el casco urbano.
– Si la prohibición se aplica solo sobre el casco urbano quedaría afuera la población rural, que es la que está más expuesta. De hecho hubo muchísimas denuncias de escuelas que han sido fumigadas.
– Ha pasado, sin dudas. Pero nosotros no estamos para premiar a quien hace mal las cosas. La ley provincial de agroquímicos, que fue modificada hace dos años, está aprobada en el senado provincial y sigue sin aprobarse en diputados por problemas del partido que gobierna Entre Ríos. Esa ley pone penas sobre quien hace mal las cosas. Y ese es el punto.
– ¿Y quién controlaría ese mal uso? En el Senasa, uno de los organismos que debería hacerlo, hubo 213 despidos.
– Si van a prohibir porque no son capaces de controlar el uso, eso escapa a nosotros. Yo para aplicar un agroquímico necesito dos recetas avaladas por un profesional de la agronomía matriculado. Una para poder comprar el producto y otra para poder aplicarlo. Es más, uno puede seguir esas recetas en forma digital. No es que cualquiera va y compra agroquímicos. Lo que queremos es tener control.
– Un estudio científico del Conicet halló partículas de glifosato en el río Paraná. ¿Eso no implicaría una afectación a todo el departamento?
– ¿Que hayan encontrado moléculas de glifosato en el río es malo? ¿Está dentro de un umbral que provoca daño? ¿Qué otro tipo de moléculas encontraron? En el mundo hay seis mil millones de habitantes y todos los lugares en alguna proporción tienen productos químicos que se usan habitualmente en los hogares, como el veneno para ratas. ¿Es malo eso? La verdad que no lo sé.
– ¿Usted qué cree?
– Las cloacas en Gualeguaychú pasan directamente al río. No hay control tampoco sobre restos de combustible y otros productos tóxicos que son de venta libre y para uso doméstico.
– ¿Qué conclusiones se llevó de los debates en el Concejo Deliberante?
– Los concejales no entendían nada sobre nuestro trabajo. Necesitan asesoramiento técnico. Entonces, va a ser un grupo sin asesoramiento técnico el que termine definiendo cómo se debe producir en todo el ejido de Gualeguaychú.
– ¿En qué notó esa falta de sustento técnico?
– Cuando nos dicen que quieren cambiar el modelo productivo, que usamos muchos agroquímicos, nosotros decimos, perfecto. ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Usamos muchos agroquímicos en comparación con qué, con quiénes? El uso de agroquímicos en muchos casos es menor al que tienen varios países del primer mundo. Que hay que mejorar, seguramente. Pero no prohibiendo.
– ¿No es posible ir hacia un modelo agroecológico con apoyo del Estado?
– Es imposible volver a la agricultura de 70 años atrás. Nos parece más un argumento político que técnico. Nos dicen que hay que hacer un modelo agroecólógico. Bueno, yo y el 95% de los productores de Argentina vamos a decir que tenemos un modelo agroecológico, porque el concepto es tan amplio que es difícil decir dónde empieza y dónde termina la idea.
– ¿Un modelo agroecológico no implica justamente, entre otras cosas, el no uso de agroquímicos?
– No. Que se use glifosato no significa que no se esté aplicando un modelo agroecológico. Porque yo gracias a eso puedo hacer siembra directa, cultivos de cobertura, me permite hacer dos cultivos en el año, con lo que tengo más protegido el suelo.
– ¿Si avanza la prohibición del glifosato en el país, el modelo sojero actual tiene futuro?
– Durante todo estos años se relacionó el glifosato con la soja. Pero fue un modelo que en su momento el gobierno anterior empujó, porque restringió la exportación de trigo y de maíz. Llevó a los productores a trabajar soja sobre soja, y eso siempre lo criticamos porque nosotros queríamos rotar la siembra, cuidar el suelo.
– ¿Si la justicia no acompaña sus reclamos seguirán insistiendo con el uso de glifosato?
– Nosotros no defendemos el uso del glifosato, defendemos el uso de los productos que están aprobados. Somos permeables a la crítica para mejorar. Pero no a que nos obliguen a cambiar el modelo productivo de un día para otro. Sentémonos a discutir, analicemos si estamos haciendo mal las cosas, pero no prohibiendo.
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Fecha de Publicación: 10/05/2018
Fuente: El Entre Ríos
Provincia/Región: Entre Ríos
El director de la Sociedad Rural de Entre Ríos, Walter Feldkamp, adelantó que intentarán frenar la ordenanza por considerarla “inconstitucional”. Defendió el uso "controlado" de agroquímicos y aseguró que “no hay evidencias científicas” sobre su relación con enfermedades como el cáncer.
Hace tres semanas, el Concejo Deliberante de Gualeguaychú aprobó la ordenanza que prohíbe la aplicación, transporte, almacenamiento y comercialización del herbicida glifosato en el ejido de la ciudad, es decir, en las 33 mil hectáreas que componen el casco urbano y sus alrededores. En pocos días la iniciativa entrará en vigencia, pero organizaciones de ruralistas ya adelantaron que presentarán medidas de amparo y no descartan pedir su inconstitucionalidad.
El proyecto presentado por el intendente local Martín Piaggio (FpV) responde a la preocupación que generan desde hace años las cientos de denuncias por parte de pobladores, ONGs y organizaciones ambientalistas que alertan sobre un aumento de las enfermedades asociadas al uso de agrotóxicos, entre ellas el cáncer, con casos que, aseguran, se dan con cada vez mayor frecuencia y contemplan entre sus pacientes a numerosos niños.
Por otro lado, productores y entidades agropecuarias cuestionan la rigurosidad científica de quienes vinculan el glifosato con ese tipo de afecciones. Y califican la iniciativa como una respuesta "extrema" e "inconstitucional" que afectará gravemente al sector. Proponen, en cambio, una legislación que, sin prohibir el uso del producto que consideran "una herramienta de trabajo", exija una serie de controles para quienes lo aplican.
Durante los días que duró el debate, en el Concejo Deliberante se escucharon testimonios y datos aportados desde todos los sectores, a favor y en contra de la medida. Uno de los que se opuso fuertemente al proyecto fue el director del Distrito Entre Ríos de la Sociedad Rural Argentina, Walter Feldkamp.
En diálogo con el periodista Emmanuel Gentile, de Infobae, Feldkamp cuestionó la aprobación de la ordenanza y confirmó que los productores evalúan presentar amparos judiciales para frenarla.
– ¿Qué representará para la Sociedad Rural la aplicación de esta nueva ordenanza?
– Habrá un montón de gente afectada a la que se les quitará una herramienta importantísima para trabajar sin ningún sustento. Bueno, si no lo hemos podido cambiar mediante el diálogo, iremos a la justicia. Desde las entidades los estamos acompañando.
– ¿Cuáles son los argumentos que utilizarán ante la Justicia?
– Consideramos que prohibir un producto que está aprobado en Argentina por todas las leyes y todos los gobiernos desde principios de los 80, Senasa y ANMAT, sin evidencia científica que diga que produce cáncer, no es más que quitarle una herramienta de trabajo a los productores que nos ha permitido reemplazar el arado por la siembra directa. Contamos con el apoyo de abogados constitucionalistas y hay antecedentes de ciudades donde se ha prohibido el glifosato y luego la norma fue declarada inconstitucional.
– ¿Harán una presentación como entidad o irá cada productor por su cuenta?
– Lo estamos evaluando. Será como más convenga.
– Usted dijo en una de sus intervenciones en los debates que si se prohíbe el uso del glifosato los empresarios del agro se verán obligados a utilizar "productos peores". ¿Cuáles serían?
– Aclaro que no es una amenaza lo que dije. Me refiero a que hagamos énfasis en los productos menos nocivos. El glifosato lo es porque es de los considerados por el Senasa en su etiquetado de "banda verde", es decir, que normalmente no ofrecen peligro. Los más peligrosos son los de "banda roja".
– La Organización Mundial de la Salud (OMS) incluyó al glifosato en una lista de productos considerados cancerígenos…
– Sí, también lo hizo con el mate y el café.
– Luego aclaró que lo eran si se tomaban "demasiado calientes".
– Sí, así es.
– ¿Qué le generan las denuncias sobre el avance de enfermedades como el cáncer y su relación con el uso de agroquímicos?
– Si hay alguna evidencia de que el uso controlado del glifosato produce algún problema, los primeros que vamos a enfatizar y vamos a querer que se saque, obviamente vamos a ser nosotros que somos los que estamos en contacto con el producto. Pero no me digan que alguien que vive en la ciudad tiene problemas porque se fumigó un campo a 35 kilómetros de distancia. Nosotros proponemos que si hay problemas, la prohibición se aplique solamente sobre el casco urbano.
– Si la prohibición se aplica solo sobre el casco urbano quedaría afuera la población rural, que es la que está más expuesta. De hecho hubo muchísimas denuncias de escuelas que han sido fumigadas.
– Ha pasado, sin dudas. Pero nosotros no estamos para premiar a quien hace mal las cosas. La ley provincial de agroquímicos, que fue modificada hace dos años, está aprobada en el senado provincial y sigue sin aprobarse en diputados por problemas del partido que gobierna Entre Ríos. Esa ley pone penas sobre quien hace mal las cosas. Y ese es el punto.
– ¿Y quién controlaría ese mal uso? En el Senasa, uno de los organismos que debería hacerlo, hubo 213 despidos.
– Si van a prohibir porque no son capaces de controlar el uso, eso escapa a nosotros. Yo para aplicar un agroquímico necesito dos recetas avaladas por un profesional de la agronomía matriculado. Una para poder comprar el producto y otra para poder aplicarlo. Es más, uno puede seguir esas recetas en forma digital. No es que cualquiera va y compra agroquímicos. Lo que queremos es tener control.
– Un estudio científico del Conicet halló partículas de glifosato en el río Paraná. ¿Eso no implicaría una afectación a todo el departamento?
– ¿Que hayan encontrado moléculas de glifosato en el río es malo? ¿Está dentro de un umbral que provoca daño? ¿Qué otro tipo de moléculas encontraron? En el mundo hay seis mil millones de habitantes y todos los lugares en alguna proporción tienen productos químicos que se usan habitualmente en los hogares, como el veneno para ratas. ¿Es malo eso? La verdad que no lo sé.
– ¿Usted qué cree?
– Las cloacas en Gualeguaychú pasan directamente al río. No hay control tampoco sobre restos de combustible y otros productos tóxicos que son de venta libre y para uso doméstico.
– ¿Qué conclusiones se llevó de los debates en el Concejo Deliberante?
– Los concejales no entendían nada sobre nuestro trabajo. Necesitan asesoramiento técnico. Entonces, va a ser un grupo sin asesoramiento técnico el que termine definiendo cómo se debe producir en todo el ejido de Gualeguaychú.
– ¿En qué notó esa falta de sustento técnico?
– Cuando nos dicen que quieren cambiar el modelo productivo, que usamos muchos agroquímicos, nosotros decimos, perfecto. ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Usamos muchos agroquímicos en comparación con qué, con quiénes? El uso de agroquímicos en muchos casos es menor al que tienen varios países del primer mundo. Que hay que mejorar, seguramente. Pero no prohibiendo.
– ¿No es posible ir hacia un modelo agroecológico con apoyo del Estado?
– Es imposible volver a la agricultura de 70 años atrás. Nos parece más un argumento político que técnico. Nos dicen que hay que hacer un modelo agroecólógico. Bueno, yo y el 95% de los productores de Argentina vamos a decir que tenemos un modelo agroecológico, porque el concepto es tan amplio que es difícil decir dónde empieza y dónde termina la idea.
– ¿Un modelo agroecológico no implica justamente, entre otras cosas, el no uso de agroquímicos?
– No. Que se use glifosato no significa que no se esté aplicando un modelo agroecológico. Porque yo gracias a eso puedo hacer siembra directa, cultivos de cobertura, me permite hacer dos cultivos en el año, con lo que tengo más protegido el suelo.
– ¿Si avanza la prohibición del glifosato en el país, el modelo sojero actual tiene futuro?
– Durante todo estos años se relacionó el glifosato con la soja. Pero fue un modelo que en su momento el gobierno anterior empujó, porque restringió la exportación de trigo y de maíz. Llevó a los productores a trabajar soja sobre soja, y eso siempre lo criticamos porque nosotros queríamos rotar la siembra, cuidar el suelo.
– ¿Si la justicia no acompaña sus reclamos seguirán insistiendo con el uso de glifosato?
– Nosotros no defendemos el uso del glifosato, defendemos el uso de los productos que están aprobados. Somos permeables a la crítica para mejorar. Pero no a que nos obliguen a cambiar el modelo productivo de un día para otro. Sentémonos a discutir, analicemos si estamos haciendo mal las cosas, pero no prohibiendo.
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20 mil personas afectadas laboralmente por la incineración
Fuentes de trabajo que van a incineración
Fecha de Publicación: 10/05/2018
Fuente: Página/12
Provincia/Región: CABA
La ley que impulsó el gobierno porteño para desandar el camino de la Basura Cero afectará además a toda la industria vinculada al reciclaje: se calcula que en total estarán afectadas unas 20 mil personas. Críticas por el riesgo ambiental y el costo de las plantas incineradoras.
La decisión del gobierno porteño de reflotar la quema de basura, método impuesto por el ex intendente de la dictadura Osvaldo Cacciatore y defenestrado en democracia por su nocivo impacto ambiental, tendrá un efecto “desastroso” para los más de seis mil cartoneros registrados en la Ciudad de Buenos Aires. Las cifras de trabajadores afectados por la medida comprende a otros que trabajan por su cuenta, fuera del sistema oficial, y que suman entre cuatro y seis mil. Desde el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), que nuclea a recuperadores urbanos de todo el país, advierten que la quema de papel, cartón y otros elementos combustibles tendrá a la vez un daño colateral sobre sectores de la industria vinculados al reciclaje, a punto que se estima que en total serán unos 20 mil las personas en riesgo de ver limitada o perdida su desde el vamos precaria fuente de trabajo.
Por su parte, el ingeniero Manuel Matheu, que forma parte del MTE, refutó las afirmaciones del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta sobre la generación de energía que produciría la quema de residuos en la ciudad. “Por un lado, la generación de energía no es tan importante como la que se pregona, pero además es un sistema muy caro que requiere fuertes inversiones que son amortizables a largo plazo, con contratos que se extienden a 25 o 30 años”.
La estimación para el costo de cada una de las siete plantas incineradoras que el gobierno porteño proyecta instalar en la ciudad es de unos 500 millones de dólares. Y se estima que la construcción demandará unos tres años.
Matheu señaló además que hay que tener en cuenta “el daño ambiental que el sistema de quema de basura provoca en la población y que es de alto riesgo porque son problemas de salud que no se manifiestan en el corto plazo, de manera que son daños que van avanzando en silencio y tienen efectos muy graves”.
Jacquelina Flores, que trabaja como cartonera y está enrolada en el MTE, puntualizó que se trata de “una política fundada en un pensamiento de clase, en la idea de una ciudad-empresa que favorece a los empresarios amigos del gobierno para que ganen mucho dinero” con el montaje de la infraestructura necesaria para desarrollar el modelo. “Me da un poco de risa cuando veo la propaganda televisiva de Rodríguez Larreta en la que se habla de una ciudad verde a la que se va a contaminar con la quema de basura, sin haber consultado a los habitantes de la ciudad. Tal vez hablan de una ciudad verde por el color del dólar”.
El jueves pasado, la Legislatura porteña aprobó, con el voto del oficialismo y sus aliados, la ley que habilita el regreso de la quema de basura en la ciudad. Se trata de una modificación a la ley de Basura Cero, considerada un ejemplo en la región por su planteo de promover el reciclado. Con la modificación, las metas previstas para la reducción de residuos se atemperaron: los plazos establecidos hace 13 años contemplaban una reducción de un 30 por ciento en la generación de basura destinada a relleno sanitario al 2010, de un 50 por ciento a 2012 y un 75 por ciento para 2017. Para el año 2020 directamente prohibía la disposición final de materiales tanto reciclables como aprovechables. Ahora, las nuevas metas fijadas son de un 50 por ciento para 2021, un 65 por ciento para 2025 y un 80 por ciento para 2030. Recién para 2028 se prohíbe la disposición final de residuos.
Al referirse al impacto de la quema de basura sobre las cartoneras y cartoneros, Jacquelina sostuvo que será “desastroso, totalmente negativo, para los seis mil reconocidos por el gobierno porteño y para otros seis mil (según algunos cálculos) que trabajan por su cuenta, fuera del sistema. La política oficial nunca fue buena para nosotros, para las cooperativas reconocidas en la Ciudad, pero con la nueva ley nos terminan de golpear, con mentiras, porque no se han agotado las instancias del reciclado porque nunca nos dieron todos los elementos necesarios para realizar nuestro trabajo, los camiones, la logística necesaria. Es todo una mentira, como cuando intentaron privatizar el sistema y que nosotros pudimos resistir, pero ahora cambian todo sin consultar a la población, que va a sufrir la contaminación que está probado que produce la quema de basura”.
La incineración de los residuos que impulsó el gobierno de la ciudad se hará mediante la termovalorización, un proceso para quemar basura y recuperar la energía de la combustión que es resistido por ambientalistas a nivel mundial. Funciona en algunos países de Europa, pero allí ya hay una recomendación oficial para que no se instalen nuevas plantas de ese tipo y que se vayan eliminando los que siguen en funcionamiento.
Jacquelina Flores cuestionó a la titular de la Comisión Legislativa de Ambiente y Espacio Público, Mercedes de Las Casas, que impulsó la ley aprobada en la Legislatura, porque “cuando la entrevistamos, ni siquiera supo responder nuestras preguntas, nunca discutió el tema con nosotros”. El gobierno porteño afirmó que el sistema de quema de residuos es el que se aplica en Europa y en otros países “pero mienten, porque el 75 por ciento de la basura es reciclada, pero ellos cambian el sistema y nos sacan la basura, que es nuestra fuente de trabajo, nos arrinconan, nos llevan de nuevo al abismo, pero están afectando a más de veinte mil personas, porque esto incluye a las empresas vinculadas al reciclado y por esa razón, la Cámara de empresarios del plástico expresó su rechazo a la ley”.
La integrante del MTE recordó que “nunca nos tuvieron en cuenta, cuando le pedimos información sobre lo que pensaban hacer, nos dieron un informe escrito en inglés, ni se molestaron en darnos una respuesta en forma personal porque para ellos nosotros valemos menos que la basura”. Insistió en que hasta ahora “todo lo que se hizo a favor del reciclado, lo hicimos nosotros porque el Estado nunca nos dio nada. Ahora lo que buscan es una empresa para pocos, pero el montaje del nuevo sistema es muy caro, no alcanza el presupuesto de la Ciudad, de manera que el país se va a endeudar con un sistema que, además, produce contaminación”.
En este punto, recordó que “ellos niegan que produzca daño en la salud, pero los incineradores van a ser instalados en los barrios del sur, Villa Soldati, Lugano, cerca de La Boca, nunca en Puerto Madero; de esa manera, además de dejarnos sin trabajo, están afectando nuestra calidad de vida, de manera que si tenemos que judicializar nuestra lucha, la vamos a judicializar”.
Manuel Matheu coincidió en que “a los seis mil quinientos recuperadores de calle reconocidos hay que sumarle otros cuatro mil o más que trabajan en forma independiente”. Respecto de los argumentos del gobierno porteño sobre las supuestas bondades de un modelo, el de la quema de basura, que se aplica en los países del Primer Mundo, aseguró que “en realidad, en esos países se está saliendo de ese sistema para potenciar el reciclado, de manera que las empresas que aportan los elementos para la quema de basura se están ahora trasladando a nuestros países”. Sobre la contaminación ambiental que produce este método, precisó que “hay diversos estudios que confirman los efectos nocivos para la salud, situación que se agrava en el caso de Argentina porque no tenemos capacidad técnica para poder controlar esas complicaciones cuyos daños no se ven en el corto plazo y que se hacen sentir ya en lugares como la Ceamse, con quemas a cielo abierto. Uno de los primeros lugares elegidos por el gobierno porteño para la quema es la zona de Villa Lugano, donde ya tenemos el problema de la contaminación del Riachuelo, que para hacer una comparación con el Primer Mundo, no es un curso de agua como el Danubio”.
Matheu definió la ley votada en la ley impulsada por el gobierno de Cambiemos es “un modelo pensado para los empresarios privados y para transferir recursos a esos sectores”.
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Fecha de Publicación: 10/05/2018
Fuente: Página/12
Provincia/Región: CABA
La ley que impulsó el gobierno porteño para desandar el camino de la Basura Cero afectará además a toda la industria vinculada al reciclaje: se calcula que en total estarán afectadas unas 20 mil personas. Críticas por el riesgo ambiental y el costo de las plantas incineradoras.
La decisión del gobierno porteño de reflotar la quema de basura, método impuesto por el ex intendente de la dictadura Osvaldo Cacciatore y defenestrado en democracia por su nocivo impacto ambiental, tendrá un efecto “desastroso” para los más de seis mil cartoneros registrados en la Ciudad de Buenos Aires. Las cifras de trabajadores afectados por la medida comprende a otros que trabajan por su cuenta, fuera del sistema oficial, y que suman entre cuatro y seis mil. Desde el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), que nuclea a recuperadores urbanos de todo el país, advierten que la quema de papel, cartón y otros elementos combustibles tendrá a la vez un daño colateral sobre sectores de la industria vinculados al reciclaje, a punto que se estima que en total serán unos 20 mil las personas en riesgo de ver limitada o perdida su desde el vamos precaria fuente de trabajo.
Por su parte, el ingeniero Manuel Matheu, que forma parte del MTE, refutó las afirmaciones del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta sobre la generación de energía que produciría la quema de residuos en la ciudad. “Por un lado, la generación de energía no es tan importante como la que se pregona, pero además es un sistema muy caro que requiere fuertes inversiones que son amortizables a largo plazo, con contratos que se extienden a 25 o 30 años”.
La estimación para el costo de cada una de las siete plantas incineradoras que el gobierno porteño proyecta instalar en la ciudad es de unos 500 millones de dólares. Y se estima que la construcción demandará unos tres años.
Matheu señaló además que hay que tener en cuenta “el daño ambiental que el sistema de quema de basura provoca en la población y que es de alto riesgo porque son problemas de salud que no se manifiestan en el corto plazo, de manera que son daños que van avanzando en silencio y tienen efectos muy graves”.
Jacquelina Flores, que trabaja como cartonera y está enrolada en el MTE, puntualizó que se trata de “una política fundada en un pensamiento de clase, en la idea de una ciudad-empresa que favorece a los empresarios amigos del gobierno para que ganen mucho dinero” con el montaje de la infraestructura necesaria para desarrollar el modelo. “Me da un poco de risa cuando veo la propaganda televisiva de Rodríguez Larreta en la que se habla de una ciudad verde a la que se va a contaminar con la quema de basura, sin haber consultado a los habitantes de la ciudad. Tal vez hablan de una ciudad verde por el color del dólar”.
El jueves pasado, la Legislatura porteña aprobó, con el voto del oficialismo y sus aliados, la ley que habilita el regreso de la quema de basura en la ciudad. Se trata de una modificación a la ley de Basura Cero, considerada un ejemplo en la región por su planteo de promover el reciclado. Con la modificación, las metas previstas para la reducción de residuos se atemperaron: los plazos establecidos hace 13 años contemplaban una reducción de un 30 por ciento en la generación de basura destinada a relleno sanitario al 2010, de un 50 por ciento a 2012 y un 75 por ciento para 2017. Para el año 2020 directamente prohibía la disposición final de materiales tanto reciclables como aprovechables. Ahora, las nuevas metas fijadas son de un 50 por ciento para 2021, un 65 por ciento para 2025 y un 80 por ciento para 2030. Recién para 2028 se prohíbe la disposición final de residuos.
Al referirse al impacto de la quema de basura sobre las cartoneras y cartoneros, Jacquelina sostuvo que será “desastroso, totalmente negativo, para los seis mil reconocidos por el gobierno porteño y para otros seis mil (según algunos cálculos) que trabajan por su cuenta, fuera del sistema. La política oficial nunca fue buena para nosotros, para las cooperativas reconocidas en la Ciudad, pero con la nueva ley nos terminan de golpear, con mentiras, porque no se han agotado las instancias del reciclado porque nunca nos dieron todos los elementos necesarios para realizar nuestro trabajo, los camiones, la logística necesaria. Es todo una mentira, como cuando intentaron privatizar el sistema y que nosotros pudimos resistir, pero ahora cambian todo sin consultar a la población, que va a sufrir la contaminación que está probado que produce la quema de basura”.
La incineración de los residuos que impulsó el gobierno de la ciudad se hará mediante la termovalorización, un proceso para quemar basura y recuperar la energía de la combustión que es resistido por ambientalistas a nivel mundial. Funciona en algunos países de Europa, pero allí ya hay una recomendación oficial para que no se instalen nuevas plantas de ese tipo y que se vayan eliminando los que siguen en funcionamiento.
Jacquelina Flores cuestionó a la titular de la Comisión Legislativa de Ambiente y Espacio Público, Mercedes de Las Casas, que impulsó la ley aprobada en la Legislatura, porque “cuando la entrevistamos, ni siquiera supo responder nuestras preguntas, nunca discutió el tema con nosotros”. El gobierno porteño afirmó que el sistema de quema de residuos es el que se aplica en Europa y en otros países “pero mienten, porque el 75 por ciento de la basura es reciclada, pero ellos cambian el sistema y nos sacan la basura, que es nuestra fuente de trabajo, nos arrinconan, nos llevan de nuevo al abismo, pero están afectando a más de veinte mil personas, porque esto incluye a las empresas vinculadas al reciclado y por esa razón, la Cámara de empresarios del plástico expresó su rechazo a la ley”.
La integrante del MTE recordó que “nunca nos tuvieron en cuenta, cuando le pedimos información sobre lo que pensaban hacer, nos dieron un informe escrito en inglés, ni se molestaron en darnos una respuesta en forma personal porque para ellos nosotros valemos menos que la basura”. Insistió en que hasta ahora “todo lo que se hizo a favor del reciclado, lo hicimos nosotros porque el Estado nunca nos dio nada. Ahora lo que buscan es una empresa para pocos, pero el montaje del nuevo sistema es muy caro, no alcanza el presupuesto de la Ciudad, de manera que el país se va a endeudar con un sistema que, además, produce contaminación”.
En este punto, recordó que “ellos niegan que produzca daño en la salud, pero los incineradores van a ser instalados en los barrios del sur, Villa Soldati, Lugano, cerca de La Boca, nunca en Puerto Madero; de esa manera, además de dejarnos sin trabajo, están afectando nuestra calidad de vida, de manera que si tenemos que judicializar nuestra lucha, la vamos a judicializar”.
Manuel Matheu coincidió en que “a los seis mil quinientos recuperadores de calle reconocidos hay que sumarle otros cuatro mil o más que trabajan en forma independiente”. Respecto de los argumentos del gobierno porteño sobre las supuestas bondades de un modelo, el de la quema de basura, que se aplica en los países del Primer Mundo, aseguró que “en realidad, en esos países se está saliendo de ese sistema para potenciar el reciclado, de manera que las empresas que aportan los elementos para la quema de basura se están ahora trasladando a nuestros países”. Sobre la contaminación ambiental que produce este método, precisó que “hay diversos estudios que confirman los efectos nocivos para la salud, situación que se agrava en el caso de Argentina porque no tenemos capacidad técnica para poder controlar esas complicaciones cuyos daños no se ven en el corto plazo y que se hacen sentir ya en lugares como la Ceamse, con quemas a cielo abierto. Uno de los primeros lugares elegidos por el gobierno porteño para la quema es la zona de Villa Lugano, donde ya tenemos el problema de la contaminación del Riachuelo, que para hacer una comparación con el Primer Mundo, no es un curso de agua como el Danubio”.
Matheu definió la ley votada en la ley impulsada por el gobierno de Cambiemos es “un modelo pensado para los empresarios privados y para transferir recursos a esos sectores”.
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Sanear el Riachuelo: mandato a cumplir
Sanear el Riachuelo: mandato a cumplir
Fecha de Publicación: 10/05/2018
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Riachuelo
Si se cambia el paradigma, se evitará la contaminación ambiental y el riesgo para la salud. Con urgencia se requiere la pronta evaluación de los proyectos e iniciación de obras con agenda monitoreada. Es decir, pasar del discurso a la acción. También, asumir la responsabilidad asignada para cumplir con el principio del derecho a la salud, que se basa en el derecho a una vida digna.
El llamado de la Corte a Audiencia Pública para avanzar en el cumplimiento de obras de saneamiento del Riachuelo vuelve a poner el eje en la relocalización de familias gravemente afectadas. La población que se ha ido asentando en una franja estrecha a orillas del Riachuelo hace tiempo que sufre problemas de salud que serán mayores si no es reubicada prontamente.
Ya la Corte había advertido sobre graves deficiencias en los informes presentados por la autoridad de cuenca ACUMAR entre 2006 y 2015. Entre otras cosas, dispuso que se brinde información sobre cuestiones relacionadas a la relocalización de los habitantes de esa ribera, y el seguimiento de las personas que sufren alguna enfermedad vinculadas con la contaminación.
Durante abril de 2018, el alto tribunal convocó a una nueva audiencia pública por la contaminación en el Riachuelo, que deberá realizarse en un plazo menor a los 30 días, para que las partes involucradas expongan sobre los avances en la recomposición del daño ambiental registrado en la cuenca.
Entre otros factores riesgosos para los habitantes del lugar están las industrias productoras de residuos contaminantes, que originan afecciones en la piel y las vías respiratorias. Es por ello que la aplicación adecuada del derecho penal puede ser una herramienta eficaz para proteger el derecho a un ambiente sano que establece nuestra Constitución.
El Foro Mundial del Agua, que tuvo lugar en Brasilia en marzo de este año, estuvo organizado por el Consejo Mundial del Agua, cuya misión es “crear un compromiso político que facilite el desarrollo, planificación, gestión y uso eficiente del agua sobre una base ambientalmente sostenible en beneficio de la vida en la Tierra”.
Algunos datos presentados durante la reunión resultan sorprendentes: en el mundo hay más personas con teléfonos móviles que con inodoros; solo dos de cada diez países destinan fondos suficientes para garantizar el acceso de sus poblaciones al agua potable y a servicios de cloacas y, sin embargo, se estima que por cada dólar que invierte un gobierno en el manejo del agua y el saneamiento ambiental, se ahorran cuatro dólares en gastos de salud y aumento de la productividad.
Lo que nos interesa a los sanitaristas es brindar a la población agua potable y cloacas, generar energía con menores emisiones de gases efecto invernadero, lograr comunidades sostenibles, y que sea delito atentar contra el ambiente. En Argentina, nuestros esfuerzos deben estar focalizados en la Cuenca Matanza Riachuelo, una de las más contaminadas del mundo, que alcanza niveles críticos en los cursos medio y bajo del río, y tiene consecuencias directas sobre la salud y la calidad de vida de los 5 millones de habitantes de la zona. Años de desidia han convertido al río y la zona en un ícono nacional de la contaminación e injusticia ambiental.
Es de esperar que con la nueva gestión, la puesta a punto de los proyectos y la renovada convocatoria de la Corte, muy pronto todas esas familias encuentren una solución que les permita vivir de una manera digna, sin riesgos de enfermarse por causa de la desaprensión y la falta de controles.
Norma Cadoppi - Presidenta del Foro Estratégico para el Desarrollo Nacional.
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Fecha de Publicación: 10/05/2018
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Riachuelo
Si se cambia el paradigma, se evitará la contaminación ambiental y el riesgo para la salud. Con urgencia se requiere la pronta evaluación de los proyectos e iniciación de obras con agenda monitoreada. Es decir, pasar del discurso a la acción. También, asumir la responsabilidad asignada para cumplir con el principio del derecho a la salud, que se basa en el derecho a una vida digna.
El llamado de la Corte a Audiencia Pública para avanzar en el cumplimiento de obras de saneamiento del Riachuelo vuelve a poner el eje en la relocalización de familias gravemente afectadas. La población que se ha ido asentando en una franja estrecha a orillas del Riachuelo hace tiempo que sufre problemas de salud que serán mayores si no es reubicada prontamente.
Ya la Corte había advertido sobre graves deficiencias en los informes presentados por la autoridad de cuenca ACUMAR entre 2006 y 2015. Entre otras cosas, dispuso que se brinde información sobre cuestiones relacionadas a la relocalización de los habitantes de esa ribera, y el seguimiento de las personas que sufren alguna enfermedad vinculadas con la contaminación.
Durante abril de 2018, el alto tribunal convocó a una nueva audiencia pública por la contaminación en el Riachuelo, que deberá realizarse en un plazo menor a los 30 días, para que las partes involucradas expongan sobre los avances en la recomposición del daño ambiental registrado en la cuenca.
Entre otros factores riesgosos para los habitantes del lugar están las industrias productoras de residuos contaminantes, que originan afecciones en la piel y las vías respiratorias. Es por ello que la aplicación adecuada del derecho penal puede ser una herramienta eficaz para proteger el derecho a un ambiente sano que establece nuestra Constitución.
El Foro Mundial del Agua, que tuvo lugar en Brasilia en marzo de este año, estuvo organizado por el Consejo Mundial del Agua, cuya misión es “crear un compromiso político que facilite el desarrollo, planificación, gestión y uso eficiente del agua sobre una base ambientalmente sostenible en beneficio de la vida en la Tierra”.
Algunos datos presentados durante la reunión resultan sorprendentes: en el mundo hay más personas con teléfonos móviles que con inodoros; solo dos de cada diez países destinan fondos suficientes para garantizar el acceso de sus poblaciones al agua potable y a servicios de cloacas y, sin embargo, se estima que por cada dólar que invierte un gobierno en el manejo del agua y el saneamiento ambiental, se ahorran cuatro dólares en gastos de salud y aumento de la productividad.
Lo que nos interesa a los sanitaristas es brindar a la población agua potable y cloacas, generar energía con menores emisiones de gases efecto invernadero, lograr comunidades sostenibles, y que sea delito atentar contra el ambiente. En Argentina, nuestros esfuerzos deben estar focalizados en la Cuenca Matanza Riachuelo, una de las más contaminadas del mundo, que alcanza niveles críticos en los cursos medio y bajo del río, y tiene consecuencias directas sobre la salud y la calidad de vida de los 5 millones de habitantes de la zona. Años de desidia han convertido al río y la zona en un ícono nacional de la contaminación e injusticia ambiental.
Es de esperar que con la nueva gestión, la puesta a punto de los proyectos y la renovada convocatoria de la Corte, muy pronto todas esas familias encuentren una solución que les permita vivir de una manera digna, sin riesgos de enfermarse por causa de la desaprensión y la falta de controles.
Norma Cadoppi - Presidenta del Foro Estratégico para el Desarrollo Nacional.
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Villa Riachuelo el lugar de sacrificio para los incineradores
Inquietud en Villa Riachuelo por la posible llegada de una planta de incineración de basura
Fecha de Publicación: 09/05/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: CABA
Con inquietud y desconfianza los vecinos de Villa Riachuelo recibieron la noticia de que allí podría instalarse una planta de incineración de basura mediante la técnica de termovalorización. Esta nueva forma de tratar los residuos en la ciudad se habilitó anteayer en la Legislatura al modificarse la ley de basura cero (N°1854) .
"Más allá de que esta nueva forma de incineración use unos filtros especiales, podría ser que igualmente se genere contaminación. No me deja tranquilo el hecho de que el humo no se vea", dice Gabriel Montiel, de 44 años, vecino del barrio. Y agrega que si el saneamiento del Riachuelo fuera una prioridad para el gobierno, no instalaría la planta junto a su cauce.
Nicolás Escroca, de 67 años, vive en el barrio desde 1970. Señala que cuando se instaló allí, se decía que Villa Riachuelo sería "el segundo Palermo" de Buenos Aires. Pero que, en cambio, hoy viven entre el ruido del Autódromo y el olor nauseabundo que el viento trae de Mataderos. "Encima ahora quieren instalar esta planta: ¡nos traen toda la porquería de la ciudad!", se queja.
Fuentes del gobierno porteño, sin embargo, afirman que la nueva tecnología no generará contaminación. Y aunque recién se precisará con exactitud dentro de dos meses el lugar de emplazamiento de la nueva planta, Eduardo Macchiavelli, ministro de Ambiente y Espacio Público porteño, ya adelantó que uno de los sitios posibles es un predio ubicado en la avenida Roca y General Paz, detrás del Autódromo Oscar y Juan Gálvez.
Villa Riachuelo es un barrio de clase trabajadora, de calles solitarias y casas sencillas de una sola planta que conviven con enormes galpones industriales. En una recorrida por allí, LA NACION comprobó que la mayoría de los vecinos desconocía por completo el proyecto oficial. Aunque luego de conocer sus detalles, lo rechazaron con vehemencia.
"Es una vuelta al siglo pasado", se queja María Alejandra Camiña, vecina del barrio, excomunera por Proyecto Sur e integrante del movimiento ambientalista 350.org. "No les creemos que la nueva maquinaria no contaminará", alerta. Agrega que se destruirá el espacio verde donde se emplazaría, aumentará la temperatura, se desvalorizará el barrio y se dañará un yacimiento de restos arqueológicos ubicado allí.
"Rechazamos y repudiamos la modificación de la ley", indica Julián Morinigo, del Consejo Consultivo de la Comuna 8. Explica que la posición del Consejo está basada en un informe técnico de Greenpeace. "El problema no es exclusivo de esta comuna sino de todo Buenos Aires y del Área Metropolitana", alerta.
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Fecha de Publicación: 09/05/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: CABA
Con inquietud y desconfianza los vecinos de Villa Riachuelo recibieron la noticia de que allí podría instalarse una planta de incineración de basura mediante la técnica de termovalorización. Esta nueva forma de tratar los residuos en la ciudad se habilitó anteayer en la Legislatura al modificarse la ley de basura cero (N°1854) .
"Más allá de que esta nueva forma de incineración use unos filtros especiales, podría ser que igualmente se genere contaminación. No me deja tranquilo el hecho de que el humo no se vea", dice Gabriel Montiel, de 44 años, vecino del barrio. Y agrega que si el saneamiento del Riachuelo fuera una prioridad para el gobierno, no instalaría la planta junto a su cauce.
Nicolás Escroca, de 67 años, vive en el barrio desde 1970. Señala que cuando se instaló allí, se decía que Villa Riachuelo sería "el segundo Palermo" de Buenos Aires. Pero que, en cambio, hoy viven entre el ruido del Autódromo y el olor nauseabundo que el viento trae de Mataderos. "Encima ahora quieren instalar esta planta: ¡nos traen toda la porquería de la ciudad!", se queja.
Fuentes del gobierno porteño, sin embargo, afirman que la nueva tecnología no generará contaminación. Y aunque recién se precisará con exactitud dentro de dos meses el lugar de emplazamiento de la nueva planta, Eduardo Macchiavelli, ministro de Ambiente y Espacio Público porteño, ya adelantó que uno de los sitios posibles es un predio ubicado en la avenida Roca y General Paz, detrás del Autódromo Oscar y Juan Gálvez.
Villa Riachuelo es un barrio de clase trabajadora, de calles solitarias y casas sencillas de una sola planta que conviven con enormes galpones industriales. En una recorrida por allí, LA NACION comprobó que la mayoría de los vecinos desconocía por completo el proyecto oficial. Aunque luego de conocer sus detalles, lo rechazaron con vehemencia.
"Es una vuelta al siglo pasado", se queja María Alejandra Camiña, vecina del barrio, excomunera por Proyecto Sur e integrante del movimiento ambientalista 350.org. "No les creemos que la nueva maquinaria no contaminará", alerta. Agrega que se destruirá el espacio verde donde se emplazaría, aumentará la temperatura, se desvalorizará el barrio y se dañará un yacimiento de restos arqueológicos ubicado allí.
"Rechazamos y repudiamos la modificación de la ley", indica Julián Morinigo, del Consejo Consultivo de la Comuna 8. Explica que la posición del Consejo está basada en un informe técnico de Greenpeace. "El problema no es exclusivo de esta comuna sino de todo Buenos Aires y del Área Metropolitana", alerta.
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100 erizos en una vivienda en La Paternal
Rescataron a más de 100 erizos del tráfico ilegal de fauna
Fecha de Publicación: 09/05/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Buenos Aires
Más de un centenar de erizos africanos (Atelerix albiventris) fueron rescatados del tráfico ilegal de fauna en un procedimiento realizado en una vivienda del barrio porteño de La Paternal.
El ministerio de Ambiente informó este jueves a través de un comunicado que los animales exóticos encontrados se hallaban en cajas plásticas para ser comercializados.
E indicó que los ejemplares no contaban con la documentación que acredite su procedencia y tenencia por lo cual se dispuso su incautación.
Luego, la cartera de Ambiente nacional, con la colaboración de la Agencia de Protección Ambiental del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, trasladó a los erizos africanos a un centro de rescate de fauna silvestre para su evaluación, de acuerdo a lo solicitado por la Justicia.
El operativo se realizó en conjunto con el Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal e intervino el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 49, a cargo de Jimena Lambermon.
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Fecha de Publicación: 09/05/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Buenos Aires
Más de un centenar de erizos africanos (Atelerix albiventris) fueron rescatados del tráfico ilegal de fauna en un procedimiento realizado en una vivienda del barrio porteño de La Paternal.
El ministerio de Ambiente informó este jueves a través de un comunicado que los animales exóticos encontrados se hallaban en cajas plásticas para ser comercializados.
E indicó que los ejemplares no contaban con la documentación que acredite su procedencia y tenencia por lo cual se dispuso su incautación.
Luego, la cartera de Ambiente nacional, con la colaboración de la Agencia de Protección Ambiental del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, trasladó a los erizos africanos a un centro de rescate de fauna silvestre para su evaluación, de acuerdo a lo solicitado por la Justicia.
El operativo se realizó en conjunto con el Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal e intervino el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 49, a cargo de Jimena Lambermon.
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Neuquén estudia minimizar los efectos del cambio climático
Buscan minimizar los efectos del cambio climático
Fecha de Publicación: 09/05/2018
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
La Municipalidad de Neuquén creó un área para luchar contra el cambio climático. Formará parte de la Secretaría de Modernización, a cargo de Rubén Etcheverry, y tendrá como objetivo coordinar estrategias para enfrentar los efectos del cambio climático y la preservación del medioambiente.
Luego de que la ciudad sufriera dos extraordinarios temporales de lluvia que ocasionaron importantes inundaciones (2014 y 2016) y vientos superiores a los 120 kilómetros por hora que provocaron grandes daños (2017), el intendente Horacio Quiroga decidió fundar el Programa de Adaptación al Cambio Climático (PACC).
Etcheverry explicó a este medio que el objetivo es coordinar acciones, programas, obras y proyectos para adaptar la ciudad de Neuquén y el área metropolitana de la Confluencia a los efectos de esta problemática global.
Para ello, la Municipalidad planea acentuar las medidas de eficiencia energética. Continuarán con la colocación de paneles solares en los edificios públicos y también apuntarán a reducir el consumo de resmas de papel y a utilizar luces led en la totalidad del alumbrado público.
La Secretaría comenzará a funcionar formalmente la próxima semana, pero Etcheverry aseguró que desde hace algún tiempo trabajan en varios proyectos que incluyen a los edificios sustentables y una estación de monitoreo ambiental, entre otros.
“También trabajamos con las otras secretarías. Por ejemplo, en este momento Obras Públicas realiza obras pluviales y pluvioaluvionales, mientras que también está haciendo trabajo de mantenimiento, reparación y limpieza de canales”, explicó.
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Fecha de Publicación: 09/05/2018
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
La Municipalidad de Neuquén creó un área para luchar contra el cambio climático. Formará parte de la Secretaría de Modernización, a cargo de Rubén Etcheverry, y tendrá como objetivo coordinar estrategias para enfrentar los efectos del cambio climático y la preservación del medioambiente.
Luego de que la ciudad sufriera dos extraordinarios temporales de lluvia que ocasionaron importantes inundaciones (2014 y 2016) y vientos superiores a los 120 kilómetros por hora que provocaron grandes daños (2017), el intendente Horacio Quiroga decidió fundar el Programa de Adaptación al Cambio Climático (PACC).
Etcheverry explicó a este medio que el objetivo es coordinar acciones, programas, obras y proyectos para adaptar la ciudad de Neuquén y el área metropolitana de la Confluencia a los efectos de esta problemática global.
Para ello, la Municipalidad planea acentuar las medidas de eficiencia energética. Continuarán con la colocación de paneles solares en los edificios públicos y también apuntarán a reducir el consumo de resmas de papel y a utilizar luces led en la totalidad del alumbrado público.
La Secretaría comenzará a funcionar formalmente la próxima semana, pero Etcheverry aseguró que desde hace algún tiempo trabajan en varios proyectos que incluyen a los edificios sustentables y una estación de monitoreo ambiental, entre otros.
“También trabajamos con las otras secretarías. Por ejemplo, en este momento Obras Públicas realiza obras pluviales y pluvioaluvionales, mientras que también está haciendo trabajo de mantenimiento, reparación y limpieza de canales”, explicó.
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La suerte de la minería en Chubut por una consulta popular
Legislatura: promueven zonificación para que la actividad minera se desarrolle en Chubut
Fecha de Publicación: 08/05/2018
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Chubut
Integrantes del bloque Convergencia presentaron ayer un proyecto de ley en la Legislatura que busca hacer posible la minería en más del 60% del territorio chubutense. El Partido Justicialista sostuvo que presentará hoy un proyecto con la finalidad de realizar una consulta popular vinculante en las elecciones de 2019 para que la ciudadanía decida sobre la actividad minera. Desde Chubut Somos Todos denunciaron que este proyecto fue elaborado en la Casa Rosada.
Los diputados Alfredo Di Filippo y Sergio Bruscoli, del Bloque Convergencia, presentaron ayer un proyecto de zonificación minera en la Legislatura. La iniciativa está referida “a la industria minera y los criterios de sustentabilidad a fin de promover su desarrollo armónico en el marco de la Ley XVII N° 68 (antes Ley 5001)”.
Es que este proyecto apunta a la zonificación de la actividad, con lo cual se podría habilitar su explotación en el 64% del suelo chubutense, y cuenta con el acompañamiento de un grupo de jefes comunales de la meseta chubutense y por la Cámara de Empresas Mineras.
Tanto Di Filippo como Bruscoli no estuvieron presentes ayer en la Legislatura, pero los vecinos vinculados a las asambleas permanentes en contra de la minería manifestaron su descontento por el proyecto presentado. En consecuencia, efectivos policiales mantuvieron un gran operativo de seguridad para evitar desmanes.
Consultado por el proyecto de zonificación minera, el presidente del bloque del Partido Justicialista (PJ), Javier Touriñan, remarcó que el mismo se encuentra sostenido y fue argumentado por los intereses que persigue la Cámara de Empresas Mineras. Frente a este panorama adelantó que se trabaja en un proyecto en el cual se garantice que sea el pueblo el que defina el futuro o no de la actividad.
“Nosotros vamos a presentar un proyecto también que tiene que ver con la misma temática pero de forma distinta”, aseguró el diputado en diálogo con radio Del Mar. “Queremos someter a consulta popular vinculante por el sí o por el no. El proyecto de iniciativa popular que llevó el aval de 13 mil firmas a la Legislatura, esto en conjunto con la elección de autoridades provinciales previsto para 2019, de manera que ningún candidato pueda hacerse el distraído y plantear su postura de manera firme”.
En este marco, Touriñan manifestó: “sería en toda la provincia, de este modo será la gente la que defina si se habilita o no la actividad minera, que no sean solo 27 diputados”.
El diputado provincial por Chubut Somos Todos, Alejandro Albaini, aseguró que “el proyecto que presentó Di Filippo viene de (presidente Mauricio) Macri. Viene de Nación. Ellos fueron y le dijeron a los intendentes que lo presentaran. Me consta que cada vez que vuelven de Buenos Aires, les ponen el tema minero arriba de la mesa, y las mineras tienen mucho dinero”.
En diálogo con FM Sol, el legislador manifestó que con la crisis que hay en la provincia “no hay espalda política para ir contra la minería, por eso necesitamos la espalda social. Si no le damos más fuerza a las firmas, a las marchas, a las acciones de la sociedad civil va a ser muy permeable la provincia a la minería. Necesitan catorce diputados, ¿sabés qué fácil es para una minera levantar catorce manos?”.
Hay que recordar que Albaini presentó hace quince días un proyecto que prohíbe la actividad minera en toda la provincia y apunta a derogar la Ley 5001. “Nosotros no pedimos la derogación de la 5001 sin haberlo pensado. La Ley 5001 es una trampa. Tiene dos artículos. En el primero prohíbe la megaminería y en el segundo la habilita, porque el proyecto de zonificación se para en ese artículo para comprometer el 65% del territorio de Chubut”, cuestionó.
“Nuestro proyecto tiene toda una historia: la gesta de Gastre, la gesta de Esquel, el pacto ambiental y las posiciones de los propios (Mario) Das Neves y (Mariano) Arcioni, la iniciativa popular. Este proyecto obliga a las empresas a remediar lo que han hecho y prohíbe los cateos. Pero además, la única forma de derogarlo sería mediante una consulta popular vinculante. No requiere de los diputados. Sino que debe haber elecciones en donde se debe tomar la decisión de hacer minería”, subrayó el legislador.
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Fecha de Publicación: 08/05/2018
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Chubut
Integrantes del bloque Convergencia presentaron ayer un proyecto de ley en la Legislatura que busca hacer posible la minería en más del 60% del territorio chubutense. El Partido Justicialista sostuvo que presentará hoy un proyecto con la finalidad de realizar una consulta popular vinculante en las elecciones de 2019 para que la ciudadanía decida sobre la actividad minera. Desde Chubut Somos Todos denunciaron que este proyecto fue elaborado en la Casa Rosada.
Los diputados Alfredo Di Filippo y Sergio Bruscoli, del Bloque Convergencia, presentaron ayer un proyecto de zonificación minera en la Legislatura. La iniciativa está referida “a la industria minera y los criterios de sustentabilidad a fin de promover su desarrollo armónico en el marco de la Ley XVII N° 68 (antes Ley 5001)”.
Es que este proyecto apunta a la zonificación de la actividad, con lo cual se podría habilitar su explotación en el 64% del suelo chubutense, y cuenta con el acompañamiento de un grupo de jefes comunales de la meseta chubutense y por la Cámara de Empresas Mineras.
Tanto Di Filippo como Bruscoli no estuvieron presentes ayer en la Legislatura, pero los vecinos vinculados a las asambleas permanentes en contra de la minería manifestaron su descontento por el proyecto presentado. En consecuencia, efectivos policiales mantuvieron un gran operativo de seguridad para evitar desmanes.
Consultado por el proyecto de zonificación minera, el presidente del bloque del Partido Justicialista (PJ), Javier Touriñan, remarcó que el mismo se encuentra sostenido y fue argumentado por los intereses que persigue la Cámara de Empresas Mineras. Frente a este panorama adelantó que se trabaja en un proyecto en el cual se garantice que sea el pueblo el que defina el futuro o no de la actividad.
“Nosotros vamos a presentar un proyecto también que tiene que ver con la misma temática pero de forma distinta”, aseguró el diputado en diálogo con radio Del Mar. “Queremos someter a consulta popular vinculante por el sí o por el no. El proyecto de iniciativa popular que llevó el aval de 13 mil firmas a la Legislatura, esto en conjunto con la elección de autoridades provinciales previsto para 2019, de manera que ningún candidato pueda hacerse el distraído y plantear su postura de manera firme”.
En este marco, Touriñan manifestó: “sería en toda la provincia, de este modo será la gente la que defina si se habilita o no la actividad minera, que no sean solo 27 diputados”.
El diputado provincial por Chubut Somos Todos, Alejandro Albaini, aseguró que “el proyecto que presentó Di Filippo viene de (presidente Mauricio) Macri. Viene de Nación. Ellos fueron y le dijeron a los intendentes que lo presentaran. Me consta que cada vez que vuelven de Buenos Aires, les ponen el tema minero arriba de la mesa, y las mineras tienen mucho dinero”.
En diálogo con FM Sol, el legislador manifestó que con la crisis que hay en la provincia “no hay espalda política para ir contra la minería, por eso necesitamos la espalda social. Si no le damos más fuerza a las firmas, a las marchas, a las acciones de la sociedad civil va a ser muy permeable la provincia a la minería. Necesitan catorce diputados, ¿sabés qué fácil es para una minera levantar catorce manos?”.
Hay que recordar que Albaini presentó hace quince días un proyecto que prohíbe la actividad minera en toda la provincia y apunta a derogar la Ley 5001. “Nosotros no pedimos la derogación de la 5001 sin haberlo pensado. La Ley 5001 es una trampa. Tiene dos artículos. En el primero prohíbe la megaminería y en el segundo la habilita, porque el proyecto de zonificación se para en ese artículo para comprometer el 65% del territorio de Chubut”, cuestionó.
“Nuestro proyecto tiene toda una historia: la gesta de Gastre, la gesta de Esquel, el pacto ambiental y las posiciones de los propios (Mario) Das Neves y (Mariano) Arcioni, la iniciativa popular. Este proyecto obliga a las empresas a remediar lo que han hecho y prohíbe los cateos. Pero además, la única forma de derogarlo sería mediante una consulta popular vinculante. No requiere de los diputados. Sino que debe haber elecciones en donde se debe tomar la decisión de hacer minería”, subrayó el legislador.
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Tierra del Fuego concluye otra etapa de remediación de costas
Bahía Encerrada: Finalizó la toma de muestras en la costa para avanzar en la remediación ambiental
Fecha de Publicación: 08/05/2018
Fuente: Sur54
Provincia/Región: Tierra del Fuego
En el marco de la Causa "Bahía Encerrada y contaminación difusa de la Bahía de Ushuaia", el Secretario de Medio Ambiente Damián de Marco, anunció que el miércoles último se terminó de concretar el muestreo de parámetros bacteriológicos de ambos cuerpos de agua. En esta oportunidad, el cronograma requirió la toma de cinco muestras extendidas a lo largo de cinco estaciones de muestreo costeras, iniciando el trayecto en aguas abiertas y culminando en un punto cercano al emblemático buque Saint Christopher.
De este modo, tanto la Municipalidad de Ushuaia como la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios (DPOSS) pudieron cumplir con uno de los requerimientos judiciales para avanzar en una solución integral a la problemática del daño ambiental costero de la ciudad de Ushuaia. Las autoridades de ambos organismos destacaron la importancia de estos trabajos e hicieron llegar su agradecimiento por el acompañamiento y participación a la Prefectura Naval, la Armada Argentina y la Universidad Nacional de Tierra del Fuego.
Al respecto, el Secretario de Medio Ambiente expresó que "con los resultados de este último muestreo se generará el análisis cuantitativo de los parámetros evaluados en su totalidad y se podrá dar inicio a la primera etapa del proyecto ejecutivo que nos hemos planteado para las obras necesarias de remediación y puesta en valor del área".
"Esta acción es el puntapié inicial del diagnóstico certero e histórico que era necesario establecer para la posterior toma de decisiones. Estamos muy conformes con el trabajo que se viene desarrollando desde hace un año en el marco del plan de muestreo de la causa", concluyó el funcionario.
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Fecha de Publicación: 08/05/2018
Fuente: Sur54
Provincia/Región: Tierra del Fuego
En el marco de la Causa "Bahía Encerrada y contaminación difusa de la Bahía de Ushuaia", el Secretario de Medio Ambiente Damián de Marco, anunció que el miércoles último se terminó de concretar el muestreo de parámetros bacteriológicos de ambos cuerpos de agua. En esta oportunidad, el cronograma requirió la toma de cinco muestras extendidas a lo largo de cinco estaciones de muestreo costeras, iniciando el trayecto en aguas abiertas y culminando en un punto cercano al emblemático buque Saint Christopher.
De este modo, tanto la Municipalidad de Ushuaia como la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios (DPOSS) pudieron cumplir con uno de los requerimientos judiciales para avanzar en una solución integral a la problemática del daño ambiental costero de la ciudad de Ushuaia. Las autoridades de ambos organismos destacaron la importancia de estos trabajos e hicieron llegar su agradecimiento por el acompañamiento y participación a la Prefectura Naval, la Armada Argentina y la Universidad Nacional de Tierra del Fuego.
Al respecto, el Secretario de Medio Ambiente expresó que "con los resultados de este último muestreo se generará el análisis cuantitativo de los parámetros evaluados en su totalidad y se podrá dar inicio a la primera etapa del proyecto ejecutivo que nos hemos planteado para las obras necesarias de remediación y puesta en valor del área".
"Esta acción es el puntapié inicial del diagnóstico certero e histórico que era necesario establecer para la posterior toma de decisiones. Estamos muy conformes con el trabajo que se viene desarrollando desde hace un año en el marco del plan de muestreo de la causa", concluyó el funcionario.
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Denunciarán al gobernador de Mendoza por el tema fracking
Denunciarán a Cornejo por autorizar "ilegalmente" el fracking
Fecha de Publicación: 08/05/2018
Fuente: El Diario de La Pampa
Provincia/Región: Mendoza
Organizaciones ambientales denunciarán "penalmente" al gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, y a los responsables del Departamento General de Irrigación de la provincia por "autorizar un decreto que permite la práctica del fracking que violenta la ley ambiental".
Así lo remarcó el científico Esteban Servat, que es magister en Biotecnología, al tiempo que sostuvo que la organización Oikos es la encargada de llevar adelante la demanda contra Cornejo por la disposición del decreto 248.
La Pampa ha pedido informes en el comité de cuenca del río Atuel por la posibilidad de que el fracking esté contaminando del cauce.
"En Mendoza, el gobernador Cornejo autorizó sigilosamente un decreto que violenta la ley ambiental. Es inconstitucional. Buscan que se concrete la explotación de fracking en el cerro Pencal en Malargüe. Ecoleaks, una organización ambiental a la que pertenezco y que es como WikiLeaks, difundió informes que fueron publicados por empresas en el área ambiental", precisó Servat.
En ese sentido, publicaron "un informe secreto del Departamento de Irrigación de Mendoza que analizó cinco muestras piloto del fracking y las mismas revelaron contaminación por hidrocarburos en napas de agua, ya que dos de ellas tenían cuatro veces más del límite establecido y una siete veces más de los permitido".
"Al revelar esto el 16 de marzo, el gobierno mendocino salió a negar esos resultados, a negar informes, dijo que eran falsos y que se había comprobado que el fracking no contaminaba. Pero los funcionarios tropezaron en sus propias mentiras hasta que admitieron que los informes eran reales, pero solo dijeron que estaban buscando al responsable por publicarlos", sostuvo.
En ese sentido, esta área también será "demandada por ocultar información publica", precisó Servat.
"Malargüe es la capital petrolera de la provincia y usan las mentiras del fracking con la excusa de que traen trabajo, desarrollo, pero por suerte esto llevó a una gran movilización creciente con una pueblada pacífica que sigue desde hace 10 días en el Departamento de General Alvear, a favor del agua y de la vida y que se fue extendiendo por toda la provincia".
El especialista señaló a Noticias Argentinas que mientras Mendoza se encuentra con que los regantes poseen un grave faltante de agua", mientras "se está dando agua de forma indiscriminada a las petroleras para el fracking, sin consultar por los regantes".
"Malargüe es altamente sísmica y el fracking fractura cualquier encamisado. Imaginen lo que puede provocar sobre una roca madre que está a 3.000 metros de profundidad".
El científico sostuvo que el gobierno de Mendoza "quiere criminalizar la protesta pacífica que encabezan ancianos, mujeres con hijos y familias en general contra el decreto" y agregó que los habitantes están "unidos en defensa del medioambiente".
¿Qué es el fracking?
Servat explicó que el fracking "es un técnica de extracción que se produce cuando se agota el petróleo en el mundo y en momentos en que es necesario impulsar energías renovables para evitar el desastree climático que se avecina".
"Es una técnica autodestructiva para extraer petróleo y gas desde yacimientos no convencionales, o sea reservas que están situadas a grandes profundidades y que se encuentran en la roca madre a unos 3.000 metros de profundidad", indicó.
Además, agregó: "Se hacen perforaciones a grandes distancias, con 30 millones de litros de agua por pozo y un coste altamente tóxico de más de 600 químicos tóxicos, abortivos, que genera deformaciones en fetos y enfermedades raras que son desconocidas para la medicina".
Servat detalló que "con esos químicos disuelven la roca madre para liberar burbujas de gas y petróleo que estén en ella" y precisó que es una técnica que está "prohibida en los países más desarrollados del mundo, porque hay graves consecuencias para personas, para el agua, el aire, el suelo y el medioambiente general".
"El fracking causa sismos y fue prohibido por eso mismo los químicos que usa en el agua son altamante irrecuperables y el agua mientras siga allí continúa trabajando, disolviendo rocas y contaminando acuíferos", indicó.
Asimismo, señaló que "la industria dice que el encamisado de cada pozo se hace con lámina de acero, pero el líquido contaminado entra en los acuíferos".
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Fecha de Publicación: 08/05/2018
Fuente: El Diario de La Pampa
Provincia/Región: Mendoza
Organizaciones ambientales denunciarán "penalmente" al gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, y a los responsables del Departamento General de Irrigación de la provincia por "autorizar un decreto que permite la práctica del fracking que violenta la ley ambiental".
Así lo remarcó el científico Esteban Servat, que es magister en Biotecnología, al tiempo que sostuvo que la organización Oikos es la encargada de llevar adelante la demanda contra Cornejo por la disposición del decreto 248.
La Pampa ha pedido informes en el comité de cuenca del río Atuel por la posibilidad de que el fracking esté contaminando del cauce.
"En Mendoza, el gobernador Cornejo autorizó sigilosamente un decreto que violenta la ley ambiental. Es inconstitucional. Buscan que se concrete la explotación de fracking en el cerro Pencal en Malargüe. Ecoleaks, una organización ambiental a la que pertenezco y que es como WikiLeaks, difundió informes que fueron publicados por empresas en el área ambiental", precisó Servat.
En ese sentido, publicaron "un informe secreto del Departamento de Irrigación de Mendoza que analizó cinco muestras piloto del fracking y las mismas revelaron contaminación por hidrocarburos en napas de agua, ya que dos de ellas tenían cuatro veces más del límite establecido y una siete veces más de los permitido".
"Al revelar esto el 16 de marzo, el gobierno mendocino salió a negar esos resultados, a negar informes, dijo que eran falsos y que se había comprobado que el fracking no contaminaba. Pero los funcionarios tropezaron en sus propias mentiras hasta que admitieron que los informes eran reales, pero solo dijeron que estaban buscando al responsable por publicarlos", sostuvo.
En ese sentido, esta área también será "demandada por ocultar información publica", precisó Servat.
"Malargüe es la capital petrolera de la provincia y usan las mentiras del fracking con la excusa de que traen trabajo, desarrollo, pero por suerte esto llevó a una gran movilización creciente con una pueblada pacífica que sigue desde hace 10 días en el Departamento de General Alvear, a favor del agua y de la vida y que se fue extendiendo por toda la provincia".
El especialista señaló a Noticias Argentinas que mientras Mendoza se encuentra con que los regantes poseen un grave faltante de agua", mientras "se está dando agua de forma indiscriminada a las petroleras para el fracking, sin consultar por los regantes".
"Malargüe es altamente sísmica y el fracking fractura cualquier encamisado. Imaginen lo que puede provocar sobre una roca madre que está a 3.000 metros de profundidad".
El científico sostuvo que el gobierno de Mendoza "quiere criminalizar la protesta pacífica que encabezan ancianos, mujeres con hijos y familias en general contra el decreto" y agregó que los habitantes están "unidos en defensa del medioambiente".
¿Qué es el fracking?
Servat explicó que el fracking "es un técnica de extracción que se produce cuando se agota el petróleo en el mundo y en momentos en que es necesario impulsar energías renovables para evitar el desastree climático que se avecina".
"Es una técnica autodestructiva para extraer petróleo y gas desde yacimientos no convencionales, o sea reservas que están situadas a grandes profundidades y que se encuentran en la roca madre a unos 3.000 metros de profundidad", indicó.
Además, agregó: "Se hacen perforaciones a grandes distancias, con 30 millones de litros de agua por pozo y un coste altamente tóxico de más de 600 químicos tóxicos, abortivos, que genera deformaciones en fetos y enfermedades raras que son desconocidas para la medicina".
Servat detalló que "con esos químicos disuelven la roca madre para liberar burbujas de gas y petróleo que estén en ella" y precisó que es una técnica que está "prohibida en los países más desarrollados del mundo, porque hay graves consecuencias para personas, para el agua, el aire, el suelo y el medioambiente general".
"El fracking causa sismos y fue prohibido por eso mismo los químicos que usa en el agua son altamante irrecuperables y el agua mientras siga allí continúa trabajando, disolviendo rocas y contaminando acuíferos", indicó.
Asimismo, señaló que "la industria dice que el encamisado de cada pozo se hace con lámina de acero, pero el líquido contaminado entra en los acuíferos".
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