La otra cara del boom del litio
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“No comemos baterías”
Fecha de Publicación: 19/02/2018
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
En Jujuy habilitaron la minería en zonas de comunidades que no fueron consultadas. En Catamarca, se triplicó la inversión. Las asambleas denuncian impacto ambiental y riesgo del agua.
“Oro blanco”, bautizaron al litio, mineral que se utiliza en baterías de celulares, computadoras y autos eléctricos. Científicos, funcionarios, empresarios y periodistas llaman a explotar esa “riqueza natural” presente en las salinas de Jujuy, Salta y Catamarca. Pero no tienen presente que allí viven comunidades indígenas con derechos sobre esos territorios y vecinos que rechazan la minería por sus impactos ambientales y sociales.
La explotación de litio forma parte del modelo extractivo, junto a la megaminería metalífera (oro, cobre, plata, plomo, entre otros), agronegocio, petróleo y forestales. Aunque suele publicitarse como “energía limpia”, su extracción implica sobreconsumo de fuentes de agua y uso de químicos contaminantes.
El jefe de Gabinete, Marcos Peña, anunció en diciembre pasado que existen 63 proyectos mineros de litio. Según su informe de gestión ante la Cámara de Diputados, Salta cuenta con 29 proyectos, Catamarca y Jujuy tiene trece cada una. Le siguen San Luis (cinco), La Rioja (dos) y Córdoba (uno).
“Desde 2010 el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) trabaja en la industrialización y el aprovechamiento del litio. La eliminación de las retenciones a la minería y el reintegro a las exportaciones son medidas que ayudan a potenciar la producción de litio”, destacó Marcos Peña.
En Salta avanza la mina Salar de Rincón (de la canadiense Enirgi Group) y el proyecto minero Centenario-Ratones (de la francesa Eramet). En Jujuy funciona la explotación de litio Olaroz, en manos de la australiana Orocobre, junto con Toyota y el gobierno de Jujuy. También está avanzado el proyecto Caucharí de las compañías Sociedad Química y Minera de Chile y de la canadiense Lithium Américas. El gobernador Gerardo Morales viajó la segunda semana de enero a Emiratos Árabes, donde difundió ante empresarios las ventajas que ofrece para la megaminería.
Uno de los mayores focos de resistencia se encuentra en las Salinas Grandes (Jujuy y Salta), lugar de vida, trabajo y cultura de los pueblos indígenas Kolla y Atacama. “No comemos baterías. Sin agua no hay vida”, explican desde la Mesa de Pueblos Originarios de la Cuenca de la Laguna Guayatayoc y Salinas Grandes, integrada por 33 comunidades indígenas.
Las comunidades brindaron peritajes que confirman la contaminación en la fase de exploración. Destacan la vigencia del Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) y de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, por los cuales se debe consultar a las comunidades indígenas por cualquier acción que pudieran afectar los territorios indígenas.
Las comunidades iniciaron una causa judicial que en 2012 llegó a la Corte Suprema de Justicia, pero el máximo tribunal desoyó los derechos indígenas por cuestiones formales. La causa tramita en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
“Para funcionarios y empresarios las salinas son un simple recurso a explotar y obtener rentabilidad. Para nosotros, pueblos originarios, nuestra salina significa la vida misma”, alertó Clemente Flores, de la Mesa de 33 comunidades. Y advirtió que el Pueblo Kolla y Atacama resistirá cualquier avance extractivo sobre los territorios indígenas.
En Catamarca funciona desde hace dos décadas la explotación de litio “Salar del Hombre Muerto”, en Antofagasta de la Sierra, en manos de la empresa estadounidense FMC Lithium. Datos oficiales de la Secretaría de Minería de la Nación reconocen que Catamarca recibe de regalías sólo el 1,6 por ciento de la facturación de la empresa. De cada 100 dólares que FMC Lithium se lleva de litio (recurso no renovable), sólo deja 1,6 dólar.
La gobernadora Lucía Corpacci impulsa el llamado “Proyecto Tres Quebradas”, en cercanías a Fiambalá (departamento de Tinogasta), en manos de la empresa Liex (subsidiaria de la canadiense Neo Lithiu). En septiembre de 2016, la Secretaría de Minería de Catamarca le otorgó el permiso de exploración. “Como vecinos no fuimos informados, ni por los organismos provinciales ni locales, ni mucho menos se realizó la audiencia pública que exige la Ley General del Ambiente 25675. La empresa Liex avanza en la zona con los avales de los gobiernos, fuerte apoyo del ejecutivo municipal (intendente Roxana Paulón) y con apoyo de los medios de comunicación”, denunció la Asamblea Fiambalá Despierta.
El Proyecto Tres Quebradas abarca 30.000 hectáreas ubicadas en la cuenca de la Salina de la Laguna Verde. Pertenece a zona de la Cordillera de los Andes catamarqueña, en un ambiente glaciar y periglacial.
Desde la Asamblea, que integra la organización Pucará (Pueblos Catamarqueños en Resistencia y Autodeterminación), destacan que Fiambalá no es un pueblo minero, sino zona de agricultura, conocida por sus viñedos, y en los últimos años por el turismo (termas, dunas, montañas).
Un punto crucial de la minería de litio es el sobreconsumo de agua. Lis Sablé, de la Asamblea de Fiambalá, detalló que el informe de impacto ambiental de Liex carece de estudio hidrogeológico y que fue aprobado sin contar con el inventario de glaciares y ambiente periglaciar, según lo requiere la Ley Nacional 26.639.
Empresas y Gobierno prometen cuidado del ambiente, trabajo y desarrollo local. Con dos décadas de experiencia minera (Salar de Hombre Muerto y Minera Alumbrera), la Asamblea Fiambalá Despierta no duda: “No queremos megaminería del litio en nuestro territorio”.
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Fecha de Publicación: 19/02/2018
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
En Jujuy habilitaron la minería en zonas de comunidades que no fueron consultadas. En Catamarca, se triplicó la inversión. Las asambleas denuncian impacto ambiental y riesgo del agua.
“Oro blanco”, bautizaron al litio, mineral que se utiliza en baterías de celulares, computadoras y autos eléctricos. Científicos, funcionarios, empresarios y periodistas llaman a explotar esa “riqueza natural” presente en las salinas de Jujuy, Salta y Catamarca. Pero no tienen presente que allí viven comunidades indígenas con derechos sobre esos territorios y vecinos que rechazan la minería por sus impactos ambientales y sociales.
La explotación de litio forma parte del modelo extractivo, junto a la megaminería metalífera (oro, cobre, plata, plomo, entre otros), agronegocio, petróleo y forestales. Aunque suele publicitarse como “energía limpia”, su extracción implica sobreconsumo de fuentes de agua y uso de químicos contaminantes.
El jefe de Gabinete, Marcos Peña, anunció en diciembre pasado que existen 63 proyectos mineros de litio. Según su informe de gestión ante la Cámara de Diputados, Salta cuenta con 29 proyectos, Catamarca y Jujuy tiene trece cada una. Le siguen San Luis (cinco), La Rioja (dos) y Córdoba (uno).
“Desde 2010 el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) trabaja en la industrialización y el aprovechamiento del litio. La eliminación de las retenciones a la minería y el reintegro a las exportaciones son medidas que ayudan a potenciar la producción de litio”, destacó Marcos Peña.
En Salta avanza la mina Salar de Rincón (de la canadiense Enirgi Group) y el proyecto minero Centenario-Ratones (de la francesa Eramet). En Jujuy funciona la explotación de litio Olaroz, en manos de la australiana Orocobre, junto con Toyota y el gobierno de Jujuy. También está avanzado el proyecto Caucharí de las compañías Sociedad Química y Minera de Chile y de la canadiense Lithium Américas. El gobernador Gerardo Morales viajó la segunda semana de enero a Emiratos Árabes, donde difundió ante empresarios las ventajas que ofrece para la megaminería.
Uno de los mayores focos de resistencia se encuentra en las Salinas Grandes (Jujuy y Salta), lugar de vida, trabajo y cultura de los pueblos indígenas Kolla y Atacama. “No comemos baterías. Sin agua no hay vida”, explican desde la Mesa de Pueblos Originarios de la Cuenca de la Laguna Guayatayoc y Salinas Grandes, integrada por 33 comunidades indígenas.
Las comunidades brindaron peritajes que confirman la contaminación en la fase de exploración. Destacan la vigencia del Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) y de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, por los cuales se debe consultar a las comunidades indígenas por cualquier acción que pudieran afectar los territorios indígenas.
Las comunidades iniciaron una causa judicial que en 2012 llegó a la Corte Suprema de Justicia, pero el máximo tribunal desoyó los derechos indígenas por cuestiones formales. La causa tramita en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
“Para funcionarios y empresarios las salinas son un simple recurso a explotar y obtener rentabilidad. Para nosotros, pueblos originarios, nuestra salina significa la vida misma”, alertó Clemente Flores, de la Mesa de 33 comunidades. Y advirtió que el Pueblo Kolla y Atacama resistirá cualquier avance extractivo sobre los territorios indígenas.
En Catamarca funciona desde hace dos décadas la explotación de litio “Salar del Hombre Muerto”, en Antofagasta de la Sierra, en manos de la empresa estadounidense FMC Lithium. Datos oficiales de la Secretaría de Minería de la Nación reconocen que Catamarca recibe de regalías sólo el 1,6 por ciento de la facturación de la empresa. De cada 100 dólares que FMC Lithium se lleva de litio (recurso no renovable), sólo deja 1,6 dólar.
La gobernadora Lucía Corpacci impulsa el llamado “Proyecto Tres Quebradas”, en cercanías a Fiambalá (departamento de Tinogasta), en manos de la empresa Liex (subsidiaria de la canadiense Neo Lithiu). En septiembre de 2016, la Secretaría de Minería de Catamarca le otorgó el permiso de exploración. “Como vecinos no fuimos informados, ni por los organismos provinciales ni locales, ni mucho menos se realizó la audiencia pública que exige la Ley General del Ambiente 25675. La empresa Liex avanza en la zona con los avales de los gobiernos, fuerte apoyo del ejecutivo municipal (intendente Roxana Paulón) y con apoyo de los medios de comunicación”, denunció la Asamblea Fiambalá Despierta.
El Proyecto Tres Quebradas abarca 30.000 hectáreas ubicadas en la cuenca de la Salina de la Laguna Verde. Pertenece a zona de la Cordillera de los Andes catamarqueña, en un ambiente glaciar y periglacial.
Desde la Asamblea, que integra la organización Pucará (Pueblos Catamarqueños en Resistencia y Autodeterminación), destacan que Fiambalá no es un pueblo minero, sino zona de agricultura, conocida por sus viñedos, y en los últimos años por el turismo (termas, dunas, montañas).
Un punto crucial de la minería de litio es el sobreconsumo de agua. Lis Sablé, de la Asamblea de Fiambalá, detalló que el informe de impacto ambiental de Liex carece de estudio hidrogeológico y que fue aprobado sin contar con el inventario de glaciares y ambiente periglaciar, según lo requiere la Ley Nacional 26.639.
Empresas y Gobierno prometen cuidado del ambiente, trabajo y desarrollo local. Con dos décadas de experiencia minera (Salar de Hombre Muerto y Minera Alumbrera), la Asamblea Fiambalá Despierta no duda: “No queremos megaminería del litio en nuestro territorio”.
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Loncopué, otra ciudad que vención la megaminería
La minería a cielo abierto mantiene en alerta a Loncopué
Fecha de Publicación: 19/02/2018
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Neuquén
A seis años de la lucha que le torció el brazo al gobierno abortando un proyecto para extraer cobre en Campana Mahuida, los vecinos no bajan la guardia ante la posibilidad de que lo reactiven. “Sin aceptación social no hay proyecto”, dicen las autoridades.
El rechazo popular a la megaminería que se impulsó desde esta ciudad hace casi seis años le puso freno a este tipo de proyectos y generó un antes y un después en el territorio neuquino.
Si bien el referéndum popular, apoyado por la amplia mayoría de los vecinos, solo se pronunció sobre un proyecto puntual dentro del ejido urbano, dejó un antecedente difícil de borrar.
La iniciativa de explotar una mina de cobre dentro del territorio de la comunidad Mellao Morales, a pocos kilómetros de Loncopué en el paraje Campana Mahuida, desató una verdadera batalla que dejó de un lado al gobierno provincial y del otro a los vecinos autoconvocados.
Las diferencias se saldaron con una votación popular a principios de junio de 2012, que la provincia nunca quiso reconocer como vinculante, donde 2125 personas avalaron el si a la ordenanza de prohibición de la megaminería contra el no de 317 vecinos.
El gobierno llevó su reclamo al TSJ pero nunca logró revertir el panorama y el proyecto que prometía trabajo y desarrollo para la ciudad quedó en la nada. Hoy, es apenas un recuerdo lejano.
“La verdad es que Loncopué pretendió ser la puerta de entrada para la megaminería en la provincia. Pero aquí se encontraron con una resistencia popular y legítima que nació de los vecinos quienes dejaron de lado su religión y hasta su pertenencia política para unirse en defensa del medio ambiente”, resumió Viviana Vaca, una de los referentes de los vecinos autoconvocados de la ciudad.
“No fue sencillo, ni mucho menores, sufrimos un bombardeo de todo tipo pero la gente se mantuvo firme e inquebrantable frente a las presiones. Lo destacado de esta lucha es que sirvió de ejemplo para otros pueblos como Las Coloradas”, agregó.
Remarcó que las autoridades debe entender tener en cuenta la opinión de la gente frente a este tipo de decisiones y aceptar, como fue en este caso, cuando una comunidad le dice no a un emprendimiento.
Para Vaca uno de los principales desafíos era multiplicar la información y llegar a todos los sectores.
“Había que dar mensajes muy claros y precisos. Mucha gente creía que estábamos hablando de la vieja minería, de aquella del pico y la pala y no alcanzaba a comprender el concepto que representaba la megaminería”, dijo.
“Felizmente acertamos en el esclarecimiento. Logramos explicarlo y hubo un rechazo generalizado al desastre que estas explotaciones generan en todo el mundo”, sostuvo.
Los vecinos, igualmente, no creen que este tipo de iniciativas se hayan archivado definitivamente en la provincia en otras zonas del país. Los casos de provincias cordilleras de otras provincias son similares.
Al contrario, muchos piensan que están tomando impulso para volver a la carga con diferentes proyectos.
“Estamos a la defensiva porque vemos como gobiernos que dicen estar del lado del pueblo a la primera de cambio son capaces de autorizar megaemprendimientos que terminan por perjudicar a la gente”, dijo Vaca.
Recordó que “en una de las últimas visitas del ex gobernador Jorge Sapag reconoció la voluntad del pueblo de Loncopué pero no sabemos hasta que punto esas son expresiones políticas, lo único real que es el gobierno acuso recibo de nuestra lucha y luego la justicia ratificó cada uno de los pasos que se dieron”.
El gobierno quedó a contramano de los vecinos
El gobierno neuquino chocó contra una pared a la hora de impulsar estos proyectos. La resistencia de los propios vecinos sumado a la ausencia de ingenio para defender ante la sociedad los beneficios de los emprendimientos mineros dejó a la provincia fuera de juego.
En el caso del proyecto de la mina de cobre en el cerro Tres Puntas hubo una postura más rígida y el Estado provincial recurrió a la justicia para defender la iniciativa. Sin embargo no consiguió avances y la idea quedó solo en eso.
“Hoy en día, sino hay aceptación social no hay proyecto”, explicó un funcionario neuquino que prefirió mantener su nombre en reserva. Ese parece ser el nuevo paradigma que impulsa el gobierno luego de las derrotas que cosechó en Loncopué y Las Coloradas, respectivamente.
Desde la lógica pura y sin desechar la cuestión ambiental , ambos proyectos tenían un común denominado. Impulsaban el desarrollo y la creación de mano de obra genuina en lugares donde todo depende del Estado y conseguir un trabajo en el ámbito privado es casi tan difícil como buscar una aguja en un pajar.
La provincia repitió hasta el hartazgo que no había riesgo ambiental pero no logró convencer a la mayoría.
Una campaña similar en tierras puntanas
Carlos Camargo fue uno de los principales opositores a la mina de cobre. Como dirigente social y exconcejal sumó su lucha a la comunidad Mellao Morales y quedó como uno de los emblemas de la resistencia local. Desde hace tres años está radicado en San Luis, donde vivió una situación similar.
“Me ocurrió algo insólito, tengo una pequeña chacra entre las sierras, en un lugar muy bello. A poco de radicarme un emprendimiento minero (litio), intentó explotar un yacimiento a poca distancia”, explicó.
Para Camargo fue como un “esto ya lo viví”. “Nos organizamos con la comunidad y en cho meses logramos que se revocara la licencia ambiental debido a las graves irregularidades en el informe de impacto ambiental”.
“Aún seguimos en lucha porque hay varios proyectos explotar litio en las sierras de San Luis”, comentó.
Los inversores prometían puestos de trabajo y viviendas
En 2008 llegaron a Loncopué un par de desconocidos con los papeles de propiedad de una mina de cobre. Se dijo que iban a explotar la a cielo abierto una mina en el corazón de las tierras de la comunidad mapuche Mellao Morales, en el cerro Tres Puntas de Campana Mahuida. En pocos días el proyecto dividió al pueblo entre los que pensaban que llevaría dignidad y trabajo y los que creían que significaba contaminación y muerte.
Desde el inicio se habló de irregularidades en la compra. La empresa estatal Cormine se la había vendido a la compañía Emprendimientos Mineros SA, de capitales privados chinos, a cambio de sólo 1.000.000 de dólares, sin llamar a licitación y desobedeciendo el artículo 75 de la Constitución Nacional y la ley 24.071 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El convenio se rubricó el 2 de agosto de 2007 en el ocaso de la gestión sobischista, entre el liquidador de Cormine, Martín Miguel Irigoyen, y Jihuan Wu, titular de Emprendimientos Mineros. En la comunidad se hablaba de la mina, del ácido sulfúrico y de lo que podía llegar a suceder con el río Agrio, afluente del Neuquén.
La empresa hablaba de ocupar alrededor de 400 personas de forma directa y unas 2000 de manera indirecta y construir 80 viviendas en una ciudad de 7.000 personas, con un 12 a 14% de desocupados, 750 subsidiados que cobran 150 pesos mensuales y 262 municipales.
Aún así desde el inicio los vecinos se alzaron en pie de guerra y rechazaron la propuesta. El pueblo de siete mil habitantes, en 2012 entró en la historia al ser el escenario del primer referéndum de la Argentina respecto a la aceptación o rechazo de la megaminería. En él 8 de cada diez habitantes rechazaron la actividad extractiva.
La Provincia intentó anular la votación y fue a la justicia, pero la Corte Suprema rechazó un recurso de apelación que habían impulsado contra la decisión del TSJ de frenar el proyecto.
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Fecha de Publicación: 19/02/2018
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Neuquén
A seis años de la lucha que le torció el brazo al gobierno abortando un proyecto para extraer cobre en Campana Mahuida, los vecinos no bajan la guardia ante la posibilidad de que lo reactiven. “Sin aceptación social no hay proyecto”, dicen las autoridades.
El rechazo popular a la megaminería que se impulsó desde esta ciudad hace casi seis años le puso freno a este tipo de proyectos y generó un antes y un después en el territorio neuquino.
Si bien el referéndum popular, apoyado por la amplia mayoría de los vecinos, solo se pronunció sobre un proyecto puntual dentro del ejido urbano, dejó un antecedente difícil de borrar.
La iniciativa de explotar una mina de cobre dentro del territorio de la comunidad Mellao Morales, a pocos kilómetros de Loncopué en el paraje Campana Mahuida, desató una verdadera batalla que dejó de un lado al gobierno provincial y del otro a los vecinos autoconvocados.
Las diferencias se saldaron con una votación popular a principios de junio de 2012, que la provincia nunca quiso reconocer como vinculante, donde 2125 personas avalaron el si a la ordenanza de prohibición de la megaminería contra el no de 317 vecinos.
El gobierno llevó su reclamo al TSJ pero nunca logró revertir el panorama y el proyecto que prometía trabajo y desarrollo para la ciudad quedó en la nada. Hoy, es apenas un recuerdo lejano.
“La verdad es que Loncopué pretendió ser la puerta de entrada para la megaminería en la provincia. Pero aquí se encontraron con una resistencia popular y legítima que nació de los vecinos quienes dejaron de lado su religión y hasta su pertenencia política para unirse en defensa del medio ambiente”, resumió Viviana Vaca, una de los referentes de los vecinos autoconvocados de la ciudad.
“No fue sencillo, ni mucho menores, sufrimos un bombardeo de todo tipo pero la gente se mantuvo firme e inquebrantable frente a las presiones. Lo destacado de esta lucha es que sirvió de ejemplo para otros pueblos como Las Coloradas”, agregó.
Remarcó que las autoridades debe entender tener en cuenta la opinión de la gente frente a este tipo de decisiones y aceptar, como fue en este caso, cuando una comunidad le dice no a un emprendimiento.
Para Vaca uno de los principales desafíos era multiplicar la información y llegar a todos los sectores.
“Había que dar mensajes muy claros y precisos. Mucha gente creía que estábamos hablando de la vieja minería, de aquella del pico y la pala y no alcanzaba a comprender el concepto que representaba la megaminería”, dijo.
“Felizmente acertamos en el esclarecimiento. Logramos explicarlo y hubo un rechazo generalizado al desastre que estas explotaciones generan en todo el mundo”, sostuvo.
Los vecinos, igualmente, no creen que este tipo de iniciativas se hayan archivado definitivamente en la provincia en otras zonas del país. Los casos de provincias cordilleras de otras provincias son similares.
Al contrario, muchos piensan que están tomando impulso para volver a la carga con diferentes proyectos.
“Estamos a la defensiva porque vemos como gobiernos que dicen estar del lado del pueblo a la primera de cambio son capaces de autorizar megaemprendimientos que terminan por perjudicar a la gente”, dijo Vaca.
Recordó que “en una de las últimas visitas del ex gobernador Jorge Sapag reconoció la voluntad del pueblo de Loncopué pero no sabemos hasta que punto esas son expresiones políticas, lo único real que es el gobierno acuso recibo de nuestra lucha y luego la justicia ratificó cada uno de los pasos que se dieron”.
El gobierno quedó a contramano de los vecinos
El gobierno neuquino chocó contra una pared a la hora de impulsar estos proyectos. La resistencia de los propios vecinos sumado a la ausencia de ingenio para defender ante la sociedad los beneficios de los emprendimientos mineros dejó a la provincia fuera de juego.
En el caso del proyecto de la mina de cobre en el cerro Tres Puntas hubo una postura más rígida y el Estado provincial recurrió a la justicia para defender la iniciativa. Sin embargo no consiguió avances y la idea quedó solo en eso.
“Hoy en día, sino hay aceptación social no hay proyecto”, explicó un funcionario neuquino que prefirió mantener su nombre en reserva. Ese parece ser el nuevo paradigma que impulsa el gobierno luego de las derrotas que cosechó en Loncopué y Las Coloradas, respectivamente.
Desde la lógica pura y sin desechar la cuestión ambiental , ambos proyectos tenían un común denominado. Impulsaban el desarrollo y la creación de mano de obra genuina en lugares donde todo depende del Estado y conseguir un trabajo en el ámbito privado es casi tan difícil como buscar una aguja en un pajar.
La provincia repitió hasta el hartazgo que no había riesgo ambiental pero no logró convencer a la mayoría.
Una campaña similar en tierras puntanas
Carlos Camargo fue uno de los principales opositores a la mina de cobre. Como dirigente social y exconcejal sumó su lucha a la comunidad Mellao Morales y quedó como uno de los emblemas de la resistencia local. Desde hace tres años está radicado en San Luis, donde vivió una situación similar.
“Me ocurrió algo insólito, tengo una pequeña chacra entre las sierras, en un lugar muy bello. A poco de radicarme un emprendimiento minero (litio), intentó explotar un yacimiento a poca distancia”, explicó.
Para Camargo fue como un “esto ya lo viví”. “Nos organizamos con la comunidad y en cho meses logramos que se revocara la licencia ambiental debido a las graves irregularidades en el informe de impacto ambiental”.
“Aún seguimos en lucha porque hay varios proyectos explotar litio en las sierras de San Luis”, comentó.
Los inversores prometían puestos de trabajo y viviendas
En 2008 llegaron a Loncopué un par de desconocidos con los papeles de propiedad de una mina de cobre. Se dijo que iban a explotar la a cielo abierto una mina en el corazón de las tierras de la comunidad mapuche Mellao Morales, en el cerro Tres Puntas de Campana Mahuida. En pocos días el proyecto dividió al pueblo entre los que pensaban que llevaría dignidad y trabajo y los que creían que significaba contaminación y muerte.
Desde el inicio se habló de irregularidades en la compra. La empresa estatal Cormine se la había vendido a la compañía Emprendimientos Mineros SA, de capitales privados chinos, a cambio de sólo 1.000.000 de dólares, sin llamar a licitación y desobedeciendo el artículo 75 de la Constitución Nacional y la ley 24.071 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El convenio se rubricó el 2 de agosto de 2007 en el ocaso de la gestión sobischista, entre el liquidador de Cormine, Martín Miguel Irigoyen, y Jihuan Wu, titular de Emprendimientos Mineros. En la comunidad se hablaba de la mina, del ácido sulfúrico y de lo que podía llegar a suceder con el río Agrio, afluente del Neuquén.
La empresa hablaba de ocupar alrededor de 400 personas de forma directa y unas 2000 de manera indirecta y construir 80 viviendas en una ciudad de 7.000 personas, con un 12 a 14% de desocupados, 750 subsidiados que cobran 150 pesos mensuales y 262 municipales.
Aún así desde el inicio los vecinos se alzaron en pie de guerra y rechazaron la propuesta. El pueblo de siete mil habitantes, en 2012 entró en la historia al ser el escenario del primer referéndum de la Argentina respecto a la aceptación o rechazo de la megaminería. En él 8 de cada diez habitantes rechazaron la actividad extractiva.
La Provincia intentó anular la votación y fue a la justicia, pero la Corte Suprema rechazó un recurso de apelación que habían impulsado contra la decisión del TSJ de frenar el proyecto.
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La hidrovía de ficción
La hidrovía que no existe para el ministro de Ambiente, Sergio Bergman
Fecha de Publicación: 19/02/2018
Fuente: Análisis Digital
Provincia/Región: Nacional
Parece una historia de ficción. El mega-proyecto de hidrovía más largo y grande del país, en la cuenca del Plata, en plena ejecución y desarrollo, simplemente no existe en los papeles, planes técnicos ni políticos del Ministerio de Ambiente de la Nación Argentina.
La denominada hidrovía de los ríos Paraguay y Paraná, que en realidad son los dos ríos dentro de las fronteras del país -en su contexto de navegabilidad y todo lo que ello implica de operaciones de dragados, mayor profundización antrópica en su calado, nuevos mega puertos o ampliación de otros, en unos u otros lugares de los deltas y valles de inundación que lo constituyen-, es un territorio, que frente a semejante intervención y su renovado impulso por los gobiernos de la cuenca, no existe para el Ministerio de Ambiente de la Nación, menos aún de las áreas de política ambiental de las provincias que lo conforman como parte integrante de su cuenca.
El Ministerio de Ambiente de la Nación responde así a una solicitud formal de acceso a la información ambiental. La consulta, focalizada sobre las intervenciones del organismo en los estudios de impacto ambiental del proyecto de hidrovía en ejecución desde la última década del siglo pasado hasta el presente, tuvo una respuesta categórica. Se expone que nunca intervino en estudio ambiental alguno, como tampoco en propuesta de plan de gestión ambiental alguno, por lo tanto y menos aún, haber emitido Resoluciones de autorizaciones o rechazos de los diversos estudios de impacto ambiental, en los distintas etapas de ejecución del mega proyecto, en más de dos décadas de desarrollo.
En nuestras palabras, reconoce despreocupada y hasta irresponsablemente, que desconoce, que no existe registro administrativo ni técnico alguno, que se pueda aportar a los puntos solicitados, fundamentalmente para conocer de su rol como evaluador de los estudios de impacto ambiental del proyecto en ejecución: el más relevante existente en un río o ríos del país. Se trata, vale recordar, de una de las privatizaciones más escandalosas del menemismo, que durante más de veinte años no tuvo un órgano de control independiente, sobre lo que ya se ha expedido, incluso, la Defensoría del Pueblo de la Nación.
Oportunamente, el Defensor del Pueblo recomendó una serie de medidas totalmente incumplidas hasta el presente. Las mismas se detallan al pie de este artículo, para quienes quieran profundizar en la significación del caso en estudio y seguimiento desde las organizaciones ecologistas de la cuenca del Plata.
Sí evaluó los estudios de impacto ambiental realizados por el operador concesionario, el Ministerio de Transporte de la Nación. Es decir, el área interesada en impulsar más obras de canalización, ampliación de cauces, mayores profundidades de calado, para que los barcos y barcazas puedan llegar al fin del mundo o su nacimiento, es decir, el Pantanal e incluso algunos delirantes en mega infraestructura consultores de las Instituciones financieras internacionales, con pretensiones de alcanzar el territorio amazónico boliviano y brasilero.
El Ministerio de Transporte de la Nación responde a otra solicitud de acceso a la información de la Alianza Sistema de Humedales Paraguay Paraná, que lo han hecho así y lo continúan haciendo bajo su órbita, “pese al tiempo transcurrido desde el dictado del cuerpo normativo denominado Ley General del Ambiente y de los importantes instrumentos de gestión ambiental que regula, la Ley carece a la fecha de tratamiento reglamentario integral”. Y concluye: “Por lo cual, en la actualidad, no está claro quién es la autoridad competente para emitir una declaración de impacto ambiental en la que se manifieste la aprobación o rechazo de los estudios presentados”. Es decir, los estudios de impacto ambiental.
Lo expuesto es la prueba, quizás mayor, de la escala de irresponsabilidad institucional, frente a leyes que son operativas por su sola sanción, como la Ley de presupuestos mínimos de protección ambiental nacional. En síntesis: se trata de leyes que aún no existiendo reglamentación, son aplicables y de cumplimiento obligatorio.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el caso de las proyectadas represas en el río Santa Cruz (medida cautelar), fue determinante al afirmar que la falta de reglamentación de una Ley ambiental, en nada la inmoviliza o le niega operatividad. Todo lo contrario, el Estado no puede utilizar como excusa su propia torpeza o negligencia por falta de reglamentación. Este caso es central y contradice de lleno lo que estamos analizando en su argumentación oficial. Argumentación que además reconoce una supuesta falta de claridad, cuando la claridad de la Ley es contundente, pues corresponde intervenir obligatoriamente a la Autoridad de Aplicación de la Ley General del Ambiente, es decir, el Ministerio que conduce el señor Sergio Bergman.
¿Que transportan los barcos y barcazas por el río?
Granos, soja fundamentalmente, agrotóxicos, minerales, combustibles. También se transporta droga, mucha, diría la Ministra de Seguridad.
Existe una consigna esencial que expresa hace décadas la Coalición Ríos Vivos y la Alianza Sistema de humedales Paraguay Paraná: “Los barcos deben adaptarse a los ríos, no los ríos a los barcos”. Los revividos proyectos de mayor intervención y profundización de la Hidrovía Paraguay Paraná, niegan, resisten esta visión y se avanza de una manera descontrolada frente a un Estado gravemente ausente en las áreas que deberían liderar la aplicación de los principios de prevención, precaución y sustentabilidad, básicamente.
En todo este contexto, las provincias involucradas, en particular sus áreas ambientales, ratifican esta ausencia de la autoridad pública. Y son, justamente, las provincias las titulares de los recursos (bienes) naturales, por donde se realizan este tipo de intervenciones sobre los ríos y el conjunto de sus sistemas asociados de reinos de vida.
Se plantean las obras como competencia exclusiva del Estado Nacional, lo que no debería negar la participación de las provincias, como titulares de sus bienes, en todo el proceso inicial de elaboración de los términos de referencia de los estudios diversos y complejos y de ser parte en su evaluación, dentro de la coordinación del Ministerio de Ambiente en ejercicio del “federalismo de concertación”.
Está claro ahora, infelizmente una vez más, que Ministerio y Ministro de Ambiente son la No autoridad, por su inexistencia frente a los hechos concretos y a un mega emprendimiento millonario en plena ejecución y en la cuenca más enorme y biodiversa del país.
Las dos respuestas oficiales recibidas del área del Ministro Sergio Bergman, como del Ministro Guillermo Javier Dietrich, son realmente alarmantes y obligan a la profundización de estrategias de las organizaciones sociales y ecologistas, para correr el velo a estos escenarios oscuros y de total desprotección de nuestros ríos, sus aguas y ecosistemas, además y fundamentalmente, de la salud de sus pueblos.
Finalmente, la inacción aquí denunciada y reconocida en los actos administrativos propios del Estado nacional, prueba también el poder de las corporaciones que lideran el modelo neoextractivista y de succión de los bienes naturales de una manera ilimitada, espacios liberados al saqueo y la devastación biológica y cultural. El escenario planteado, confirma y ratifica que Eduardo Galeano -en Las Venas Abiertas de América Latina- tenía demasiada razón. En estos tiempos, esa obra adquiere aún quizás más vigencia frente a hechos y modelos que intentan vender una vía de comunicación solo como eso, una simple autopista fluvial productiva, y así tapar un saqueo de bienes naturales y vaciamiento cultural y biológico, desenfrenado, condenando a toda la cuenca, desde su identificación y ejecución por parte del poder del agronegocio exportador y el extractivismo minero, a ser “un área o región de sacrificio”, como denuncia Saskia Sassen en “Expulsiones, brutalidad y complejidad de la economía global”, Katz Editores. Feb. 2015.
Notas al pie
Por Resolución Nro. 04341/98, el Defensor del Pueblo de la Nación recomienda a la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables de la Nación la adopción de las siguientes medidas:
1.- La elaboración de un estudio de impacto ambiental integral de toda la cuenca, previo a la aprobación de los planes parciales de gestión ambiental.
2.- Instar a la concreción de un Órgano de Control de los dragados que se efectúen en la cuenca del Río de la Plata independiente de ese organismo.
De los considerandos se destaca como los conceptos y valoraciones más sobresalientes, los siguientes:
Que en el nivel nacional no existe un estudio de impacto ambiental que contemple los efectos que la totalidad de los trabajos a realizarse en la cuenca del Río de la Plata puedan causar.
Que, en consecuencia, tampoco existe un Plan de Gestión Ambiental Global para todas las Hidrovías que desembocan en el Río de la Plata.
Que, pese a ello, se prevé la aprobación de Planes de Gestión Ambiental de cada tramo, por separado, en base a los estudios parciales referidos.
Que ello se ve agravado por el hecho de que para el tramo Santa Fe-Asunción se toma como base el estudio aceptado por el CIH (Comité Intergubernamental de la Hidrovía) que ha sido severamente cuestionado.
Que ello importa realizar la mayor parte del Programa Hidrovía Paraguay-Paraná sin una adecuada evaluación previa del impacto ambiental, lo que sumado a la carencia de estudios integrales del comportamiento de la cuenca impiden evaluar correctamente las modificaciones que puedan existir por los trabajos que se realizarán.
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Fecha de Publicación: 19/02/2018
Fuente: Análisis Digital
Provincia/Región: Nacional
Parece una historia de ficción. El mega-proyecto de hidrovía más largo y grande del país, en la cuenca del Plata, en plena ejecución y desarrollo, simplemente no existe en los papeles, planes técnicos ni políticos del Ministerio de Ambiente de la Nación Argentina.
La denominada hidrovía de los ríos Paraguay y Paraná, que en realidad son los dos ríos dentro de las fronteras del país -en su contexto de navegabilidad y todo lo que ello implica de operaciones de dragados, mayor profundización antrópica en su calado, nuevos mega puertos o ampliación de otros, en unos u otros lugares de los deltas y valles de inundación que lo constituyen-, es un territorio, que frente a semejante intervención y su renovado impulso por los gobiernos de la cuenca, no existe para el Ministerio de Ambiente de la Nación, menos aún de las áreas de política ambiental de las provincias que lo conforman como parte integrante de su cuenca.
El Ministerio de Ambiente de la Nación responde así a una solicitud formal de acceso a la información ambiental. La consulta, focalizada sobre las intervenciones del organismo en los estudios de impacto ambiental del proyecto de hidrovía en ejecución desde la última década del siglo pasado hasta el presente, tuvo una respuesta categórica. Se expone que nunca intervino en estudio ambiental alguno, como tampoco en propuesta de plan de gestión ambiental alguno, por lo tanto y menos aún, haber emitido Resoluciones de autorizaciones o rechazos de los diversos estudios de impacto ambiental, en los distintas etapas de ejecución del mega proyecto, en más de dos décadas de desarrollo.
En nuestras palabras, reconoce despreocupada y hasta irresponsablemente, que desconoce, que no existe registro administrativo ni técnico alguno, que se pueda aportar a los puntos solicitados, fundamentalmente para conocer de su rol como evaluador de los estudios de impacto ambiental del proyecto en ejecución: el más relevante existente en un río o ríos del país. Se trata, vale recordar, de una de las privatizaciones más escandalosas del menemismo, que durante más de veinte años no tuvo un órgano de control independiente, sobre lo que ya se ha expedido, incluso, la Defensoría del Pueblo de la Nación.
Oportunamente, el Defensor del Pueblo recomendó una serie de medidas totalmente incumplidas hasta el presente. Las mismas se detallan al pie de este artículo, para quienes quieran profundizar en la significación del caso en estudio y seguimiento desde las organizaciones ecologistas de la cuenca del Plata.
Sí evaluó los estudios de impacto ambiental realizados por el operador concesionario, el Ministerio de Transporte de la Nación. Es decir, el área interesada en impulsar más obras de canalización, ampliación de cauces, mayores profundidades de calado, para que los barcos y barcazas puedan llegar al fin del mundo o su nacimiento, es decir, el Pantanal e incluso algunos delirantes en mega infraestructura consultores de las Instituciones financieras internacionales, con pretensiones de alcanzar el territorio amazónico boliviano y brasilero.
El Ministerio de Transporte de la Nación responde a otra solicitud de acceso a la información de la Alianza Sistema de Humedales Paraguay Paraná, que lo han hecho así y lo continúan haciendo bajo su órbita, “pese al tiempo transcurrido desde el dictado del cuerpo normativo denominado Ley General del Ambiente y de los importantes instrumentos de gestión ambiental que regula, la Ley carece a la fecha de tratamiento reglamentario integral”. Y concluye: “Por lo cual, en la actualidad, no está claro quién es la autoridad competente para emitir una declaración de impacto ambiental en la que se manifieste la aprobación o rechazo de los estudios presentados”. Es decir, los estudios de impacto ambiental.
Lo expuesto es la prueba, quizás mayor, de la escala de irresponsabilidad institucional, frente a leyes que son operativas por su sola sanción, como la Ley de presupuestos mínimos de protección ambiental nacional. En síntesis: se trata de leyes que aún no existiendo reglamentación, son aplicables y de cumplimiento obligatorio.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el caso de las proyectadas represas en el río Santa Cruz (medida cautelar), fue determinante al afirmar que la falta de reglamentación de una Ley ambiental, en nada la inmoviliza o le niega operatividad. Todo lo contrario, el Estado no puede utilizar como excusa su propia torpeza o negligencia por falta de reglamentación. Este caso es central y contradice de lleno lo que estamos analizando en su argumentación oficial. Argumentación que además reconoce una supuesta falta de claridad, cuando la claridad de la Ley es contundente, pues corresponde intervenir obligatoriamente a la Autoridad de Aplicación de la Ley General del Ambiente, es decir, el Ministerio que conduce el señor Sergio Bergman.
¿Que transportan los barcos y barcazas por el río?
Granos, soja fundamentalmente, agrotóxicos, minerales, combustibles. También se transporta droga, mucha, diría la Ministra de Seguridad.
Existe una consigna esencial que expresa hace décadas la Coalición Ríos Vivos y la Alianza Sistema de humedales Paraguay Paraná: “Los barcos deben adaptarse a los ríos, no los ríos a los barcos”. Los revividos proyectos de mayor intervención y profundización de la Hidrovía Paraguay Paraná, niegan, resisten esta visión y se avanza de una manera descontrolada frente a un Estado gravemente ausente en las áreas que deberían liderar la aplicación de los principios de prevención, precaución y sustentabilidad, básicamente.
En todo este contexto, las provincias involucradas, en particular sus áreas ambientales, ratifican esta ausencia de la autoridad pública. Y son, justamente, las provincias las titulares de los recursos (bienes) naturales, por donde se realizan este tipo de intervenciones sobre los ríos y el conjunto de sus sistemas asociados de reinos de vida.
Se plantean las obras como competencia exclusiva del Estado Nacional, lo que no debería negar la participación de las provincias, como titulares de sus bienes, en todo el proceso inicial de elaboración de los términos de referencia de los estudios diversos y complejos y de ser parte en su evaluación, dentro de la coordinación del Ministerio de Ambiente en ejercicio del “federalismo de concertación”.
Está claro ahora, infelizmente una vez más, que Ministerio y Ministro de Ambiente son la No autoridad, por su inexistencia frente a los hechos concretos y a un mega emprendimiento millonario en plena ejecución y en la cuenca más enorme y biodiversa del país.
Las dos respuestas oficiales recibidas del área del Ministro Sergio Bergman, como del Ministro Guillermo Javier Dietrich, son realmente alarmantes y obligan a la profundización de estrategias de las organizaciones sociales y ecologistas, para correr el velo a estos escenarios oscuros y de total desprotección de nuestros ríos, sus aguas y ecosistemas, además y fundamentalmente, de la salud de sus pueblos.
Finalmente, la inacción aquí denunciada y reconocida en los actos administrativos propios del Estado nacional, prueba también el poder de las corporaciones que lideran el modelo neoextractivista y de succión de los bienes naturales de una manera ilimitada, espacios liberados al saqueo y la devastación biológica y cultural. El escenario planteado, confirma y ratifica que Eduardo Galeano -en Las Venas Abiertas de América Latina- tenía demasiada razón. En estos tiempos, esa obra adquiere aún quizás más vigencia frente a hechos y modelos que intentan vender una vía de comunicación solo como eso, una simple autopista fluvial productiva, y así tapar un saqueo de bienes naturales y vaciamiento cultural y biológico, desenfrenado, condenando a toda la cuenca, desde su identificación y ejecución por parte del poder del agronegocio exportador y el extractivismo minero, a ser “un área o región de sacrificio”, como denuncia Saskia Sassen en “Expulsiones, brutalidad y complejidad de la economía global”, Katz Editores. Feb. 2015.
Notas al pie
Por Resolución Nro. 04341/98, el Defensor del Pueblo de la Nación recomienda a la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables de la Nación la adopción de las siguientes medidas:
1.- La elaboración de un estudio de impacto ambiental integral de toda la cuenca, previo a la aprobación de los planes parciales de gestión ambiental.
2.- Instar a la concreción de un Órgano de Control de los dragados que se efectúen en la cuenca del Río de la Plata independiente de ese organismo.
De los considerandos se destaca como los conceptos y valoraciones más sobresalientes, los siguientes:
Que en el nivel nacional no existe un estudio de impacto ambiental que contemple los efectos que la totalidad de los trabajos a realizarse en la cuenca del Río de la Plata puedan causar.
Que, en consecuencia, tampoco existe un Plan de Gestión Ambiental Global para todas las Hidrovías que desembocan en el Río de la Plata.
Que, pese a ello, se prevé la aprobación de Planes de Gestión Ambiental de cada tramo, por separado, en base a los estudios parciales referidos.
Que ello se ve agravado por el hecho de que para el tramo Santa Fe-Asunción se toma como base el estudio aceptado por el CIH (Comité Intergubernamental de la Hidrovía) que ha sido severamente cuestionado.
Que ello importa realizar la mayor parte del Programa Hidrovía Paraguay-Paraná sin una adecuada evaluación previa del impacto ambiental, lo que sumado a la carencia de estudios integrales del comportamiento de la cuenca impiden evaluar correctamente las modificaciones que puedan existir por los trabajos que se realizarán.
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La visión sobre el monte en el NOA
"En el norte se sigue viendo al monte como tierra desperdiciada"
Fecha de Publicación: 18/02/2018
Fuente: La Gaceta (Salta)
Provincia/Región: NOA
El biólogo Enrique Derlindati explica el impacto de los desmontes en la región, desde los desplazamientos humanos que provocan hasta cambio climático y las enfermedades que propician.
Poco antes de que las inundaciones por el desborde del Pilcomayo asolaran el norte provincial, el gobierno de Salta resolvió acatar una recomendación del Ministerio de Ambiente de la Nación para detener los desmontes en 32 fincas de la zona. Y aunque esta vez el impacto del agua no tuvo una relación directa con la mano del hombre, las consecuencias de los desbordes de las cuencas de los ríos se agravan cuando el suelo pierde su cobertura vegetal y la porosidad que aportan las raíces en su interior.
La medida, que Juan Manuel Urtubey definió como "insólita", pero que decidió obedecer, aparece en el discurso oficial del gobierno salteño como una suerte de avanzada antagónica con el programa de desarrollo sustentable que planea para los productores locales, aunque no haya demasiada evidencia científica que respalde los argumentos de "sustentabilidad" propuestos. Según el biólogo Enrique Derlindati, docente e investigador de la UNSa, parte de la confusión en torno al concepto tiene que ver con que esa "sustentabilidad" pretendida no necesariamente es la ambiental sino que puede ser social o económica únicamente.
El reordenamiento territorial que reglamentó la ley 26.331 de presupuestos mínimos para la conservación del bosque nativo, denominada Ley de Bosques, organizó las zonas de acuerdo a las categorías de conservación en tres tipos de áreas: rojas para las de alto valor y que no deben desmontarse, amarillas para las de valor medio pero que pueden recuperarse o verdes para las de bajo valor y que son pasibles de ser transformadas. En Salta, el 40% de los bosques nativos fueron arrasados por los desmontes.
"El objetivo real del ordenamiento es que aumenten las áreas rojas y amarillas, es una ley de conservación, no de uso productivo del suelo como se la planteó en Salta", define el biólogo y recuerda que cuando se hizo la presentación del ordenamiento, casi todo el departamento de Anta había quedado en un área roja por los valores de conservación que presentaba, pero finalmente resultó determinada como verde, "y pasó de ser una matriz boscosa con cultivos en el medio a ser una matriz de cultivos con parches de bosque".
Opuestos por la confusión
El planteo de la supuesta antítesis entre conservación y producción, dice Derlindati, es parte de la trampa del discurso. "En 1996 se autorizó el ingreso de la soja transgénica a la Argentina y en 20 años se hizo toda la transformación acelerada de los bosques. El ejemplo más extremo es Córdoba, donde no queda nada del bosque nativo, y ese es el modelo al que quiere apuntar Salta, pero a largo plazo no es un modelo ambientalmente sustentable", explica.
Desde el punto de vista económico, ese modelo tampoco conduce a un progreso sustentable y al desarrollo. "Salta es una provincia forestal. La parte baja de Salta, el chaco y los valles eran casi 100 por ciento bosques, lo cual plantea que debería haber un desarrollo de plan de manejo de bosques para ganadería, para explotación forestal o lo que sea", agrega.
Arrasar el monte sigue siendo, sin embargo, mucho más rentable que conservarlo, y ahí radica el gran nudo de la cuestión. "El desmonte es más fácil, y aunque no lo parezca también es más barato. Hay un montón de cuestiones de negocios inmobiliarios también detrás de la compra venta del suelo, que se mezcla con el destierro de pueblos originarios", asegura y anota en la descripción la necesidad de enfocar la conservación como una herramienta antes que como un objetivo. "Las áreas protegidas son una herramienta de la conservación, como los parques, las reservas, fuera de esas áreas que se utilizan como núcleos se tienen que emplear otras herramientas para la conservación y el manejo de los recursos naturales".
El trabajo prometido
De la mano del desarrollo productivo, la gran promesa para quienes no son los grandes productores, los propietarios de las grandes fincas o los grandes negocios, es la de los puestos de trabajo cada vez más escasos en la región. Sin embargo, tal como explica el biólogo, el avance de la frontera agrícola en el tercer mundo sigue estando aliada al crecimiento de la pobreza.
El modelo no beneficia a los pequeños productores. En países como Brasil, África o el sudeste asiático el avance de la frontera agropecuaria se asocia directamente a la pobreza. "Se desplaza a las familias campesinas, aumentan los cordones de pobreza, las tierras de las familias pasan a ser propiedad de grandes empresarios y para la producción intensiva de carnes o cereales para la exportación".
Y mientras los desplazados por el monocultivo se van a los centros urbanos, cultivos intensivos como el de la soja avanza donde antes no lo hacía. "Antes la soja estaba limitada por la falta de precipitaciones en algunas regiones. Ahora desarrollaron soja también para ambientes más secos y por eso se empezó a cultivar en el chaco".
Con Anta casi completamente modificada en su monte nativo, lo que sigue para el avance de la siembra directa es Rivadavia y San Martín. Las advertencias ambientales, ante este panorama, también llegan con la potencial afectación de las condiciones climáticas. "El bosque funciona como una esponja y modula temperaturas. Si lo transformás en un desierto, también cambia el clima", resume.
El antecedente está en la pampa, con kilómetros incontables de campos y el drenaje de las aguas superficiales hacia lagunas receptoras, como el caso de Picasa, que el año pasado inundó toda su zona de influencia.
¿Cómo usar el bosque sin destruirlo?
La cuestión, antes que cualquier otra condición, requiere de la decisión política de proteger el ambiente. "El bosque se puede hacer productivo, pero no al nivel del rédito que genera transformar y sembrar soja. Se pueden criar vacas en sistemas de intensidad media, con manejo de bosques, pero la soja da muchísma más plata, son idiomas diferentes", dice Derlindati y apunta que los controles que se aplican a los infractores de la ley son por ahora posteriores al daño provocado, con multas que muchas veces se consideran parte de los gastos y la inversión de los productores.
"En el norte en general hay una mirada positiva hacia la transformación del ambiente. Se sigue viendo al monte como tierra desperdiciada y cuando lo cultivan la lectura es 'por fin están haciendo algo'. Esa percepción era lógica hace 80 años. Ahora ya no hace falta aumentar la superficie para aumentar la producción".
Además de degradar el paisaje, la sociedad y el clima, el desmonte altera además el equilibrio de especies y provoca, como en el caso de Brasil, la expansión de mosquitos transmisores de enfermedades como la leishmaniasis, zika, chikungunya, dengue. "Al eliminar el bosque se acelera el efecto invernadero, que genera un aceleramiento del cambio climático y hace que tengamos temperaturas mayores en latitudes más bajas. Eso hace que el mosquito aumente su área de distribución", dice el biólogo. "Los mosquitos habitan en áreas transformadas. Cuando había montes había más monos de los que se alimentaban. Ahora no hay monte, ni monos y buscan a los humanos. Es parte de la transformación".
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Fecha de Publicación: 18/02/2018
Fuente: La Gaceta (Salta)
Provincia/Región: NOA
El biólogo Enrique Derlindati explica el impacto de los desmontes en la región, desde los desplazamientos humanos que provocan hasta cambio climático y las enfermedades que propician.
Poco antes de que las inundaciones por el desborde del Pilcomayo asolaran el norte provincial, el gobierno de Salta resolvió acatar una recomendación del Ministerio de Ambiente de la Nación para detener los desmontes en 32 fincas de la zona. Y aunque esta vez el impacto del agua no tuvo una relación directa con la mano del hombre, las consecuencias de los desbordes de las cuencas de los ríos se agravan cuando el suelo pierde su cobertura vegetal y la porosidad que aportan las raíces en su interior.
La medida, que Juan Manuel Urtubey definió como "insólita", pero que decidió obedecer, aparece en el discurso oficial del gobierno salteño como una suerte de avanzada antagónica con el programa de desarrollo sustentable que planea para los productores locales, aunque no haya demasiada evidencia científica que respalde los argumentos de "sustentabilidad" propuestos. Según el biólogo Enrique Derlindati, docente e investigador de la UNSa, parte de la confusión en torno al concepto tiene que ver con que esa "sustentabilidad" pretendida no necesariamente es la ambiental sino que puede ser social o económica únicamente.
El reordenamiento territorial que reglamentó la ley 26.331 de presupuestos mínimos para la conservación del bosque nativo, denominada Ley de Bosques, organizó las zonas de acuerdo a las categorías de conservación en tres tipos de áreas: rojas para las de alto valor y que no deben desmontarse, amarillas para las de valor medio pero que pueden recuperarse o verdes para las de bajo valor y que son pasibles de ser transformadas. En Salta, el 40% de los bosques nativos fueron arrasados por los desmontes.
"El objetivo real del ordenamiento es que aumenten las áreas rojas y amarillas, es una ley de conservación, no de uso productivo del suelo como se la planteó en Salta", define el biólogo y recuerda que cuando se hizo la presentación del ordenamiento, casi todo el departamento de Anta había quedado en un área roja por los valores de conservación que presentaba, pero finalmente resultó determinada como verde, "y pasó de ser una matriz boscosa con cultivos en el medio a ser una matriz de cultivos con parches de bosque".
Opuestos por la confusión
El planteo de la supuesta antítesis entre conservación y producción, dice Derlindati, es parte de la trampa del discurso. "En 1996 se autorizó el ingreso de la soja transgénica a la Argentina y en 20 años se hizo toda la transformación acelerada de los bosques. El ejemplo más extremo es Córdoba, donde no queda nada del bosque nativo, y ese es el modelo al que quiere apuntar Salta, pero a largo plazo no es un modelo ambientalmente sustentable", explica.
Desde el punto de vista económico, ese modelo tampoco conduce a un progreso sustentable y al desarrollo. "Salta es una provincia forestal. La parte baja de Salta, el chaco y los valles eran casi 100 por ciento bosques, lo cual plantea que debería haber un desarrollo de plan de manejo de bosques para ganadería, para explotación forestal o lo que sea", agrega.
Arrasar el monte sigue siendo, sin embargo, mucho más rentable que conservarlo, y ahí radica el gran nudo de la cuestión. "El desmonte es más fácil, y aunque no lo parezca también es más barato. Hay un montón de cuestiones de negocios inmobiliarios también detrás de la compra venta del suelo, que se mezcla con el destierro de pueblos originarios", asegura y anota en la descripción la necesidad de enfocar la conservación como una herramienta antes que como un objetivo. "Las áreas protegidas son una herramienta de la conservación, como los parques, las reservas, fuera de esas áreas que se utilizan como núcleos se tienen que emplear otras herramientas para la conservación y el manejo de los recursos naturales".
El trabajo prometido
De la mano del desarrollo productivo, la gran promesa para quienes no son los grandes productores, los propietarios de las grandes fincas o los grandes negocios, es la de los puestos de trabajo cada vez más escasos en la región. Sin embargo, tal como explica el biólogo, el avance de la frontera agrícola en el tercer mundo sigue estando aliada al crecimiento de la pobreza.
El modelo no beneficia a los pequeños productores. En países como Brasil, África o el sudeste asiático el avance de la frontera agropecuaria se asocia directamente a la pobreza. "Se desplaza a las familias campesinas, aumentan los cordones de pobreza, las tierras de las familias pasan a ser propiedad de grandes empresarios y para la producción intensiva de carnes o cereales para la exportación".
Y mientras los desplazados por el monocultivo se van a los centros urbanos, cultivos intensivos como el de la soja avanza donde antes no lo hacía. "Antes la soja estaba limitada por la falta de precipitaciones en algunas regiones. Ahora desarrollaron soja también para ambientes más secos y por eso se empezó a cultivar en el chaco".
Con Anta casi completamente modificada en su monte nativo, lo que sigue para el avance de la siembra directa es Rivadavia y San Martín. Las advertencias ambientales, ante este panorama, también llegan con la potencial afectación de las condiciones climáticas. "El bosque funciona como una esponja y modula temperaturas. Si lo transformás en un desierto, también cambia el clima", resume.
El antecedente está en la pampa, con kilómetros incontables de campos y el drenaje de las aguas superficiales hacia lagunas receptoras, como el caso de Picasa, que el año pasado inundó toda su zona de influencia.
¿Cómo usar el bosque sin destruirlo?
La cuestión, antes que cualquier otra condición, requiere de la decisión política de proteger el ambiente. "El bosque se puede hacer productivo, pero no al nivel del rédito que genera transformar y sembrar soja. Se pueden criar vacas en sistemas de intensidad media, con manejo de bosques, pero la soja da muchísma más plata, son idiomas diferentes", dice Derlindati y apunta que los controles que se aplican a los infractores de la ley son por ahora posteriores al daño provocado, con multas que muchas veces se consideran parte de los gastos y la inversión de los productores.
"En el norte en general hay una mirada positiva hacia la transformación del ambiente. Se sigue viendo al monte como tierra desperdiciada y cuando lo cultivan la lectura es 'por fin están haciendo algo'. Esa percepción era lógica hace 80 años. Ahora ya no hace falta aumentar la superficie para aumentar la producción".
Además de degradar el paisaje, la sociedad y el clima, el desmonte altera además el equilibrio de especies y provoca, como en el caso de Brasil, la expansión de mosquitos transmisores de enfermedades como la leishmaniasis, zika, chikungunya, dengue. "Al eliminar el bosque se acelera el efecto invernadero, que genera un aceleramiento del cambio climático y hace que tengamos temperaturas mayores en latitudes más bajas. Eso hace que el mosquito aumente su área de distribución", dice el biólogo. "Los mosquitos habitan en áreas transformadas. Cuando había montes había más monos de los que se alimentaban. Ahora no hay monte, ni monos y buscan a los humanos. Es parte de la transformación".
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Denuncian aves empetroladas en el Estrecho de Magallanes
Preocupación por aves empetroladas en el Estrecho de Magallanes
Fecha de Publicación: 18/02/2018
Fuente: ITV (Chile)
Provincia/Región: Tierra del Fuego
Organizaciones nacionales y red internacional relevan la urgencia de que se activen los mecanismos de control de riesgos y respuesta ante estas situaciones.
Todo comenzó el día 29 de enero, en el sector de Punta Espora en la Primera Angostura del Estrecho de Magallanes, donde se observaron dos ejemplares de Gaviota dominicana (Larus dominicanus) con manchas en su plumaje de algún tipo de hidrocarburo. Se fotografiaron los individuos contaminados. Además, en la ocasión al menos cuatro ejemplares de Chorlo de doble collar (Charadrius falklandicus), mostraron manchas similares.
Con esa información inicial y para dimensionar el alcance del problema, el día 6 de febrero el Centro Bahía Lomas solicitó al experto-ornitólogo Ricardo Matus (Centro de Rehabilitación de Aves Leñadura) realizar una visita de inspección al sector antes mencionado, lo cual se llevó a cabo ese mismo día utilizando un vehículo todo terreno. Luego de recorrer 20 kilómetros de borde costero, desde Punta Espora hasta 5 kilómetros al sur de cruce de Bahía Azul y un recorrido similar en el sector continental de Punta Delgada, Matus señaló que “se registraron 13 especies de las cuales 7 presentaron individuos con hidrocarburo en su cuerpo, destacando especies de aves playeras migradoras de larga distancia como el Playero de lomo blanco, Playero de Baird, Pilpilén, Pilpilén austral y Chorlo de doble collar”.
Organizaciones como la Agrupación Ecológica Patagónica, el Centro Bahía Lomas, el Centro de Rehabilitación de Aves Leñadura, y la Oficina Ejecutiva de la Red Hemisférica de Reservas para Aves Playeras (RHRAP) manifestaron su preocupación por el alcance que esta situación podría tener en el sitio Ramsar Bahía Lomas.
La Dra. Carmen Espoz, decana de la Facultad de Ciencias de la Universidad Santo Tomás y Directora del Centro Bahía Lomas señaló que “se trata del sitio de invernada más importante de todo Sudamérica para el Playero ártico (Calidris canutus rufa), una especie en peligro de extinción”. Cabe mencionar que en 2003 dicha universidad inició un programa de monitoreo ecológico de esta especie en el área que ha entregado información clave para su conservación a escala hemisférica. Por su parte Diego Luna Quevedo, especialista en conservación de la RHRAP “señaló que en este preciso momento Bahía Lomas está albergando al menos el 55% de la población de Calidris canutus rufa que llega a América del Sur. Cualquier evento de contaminación en el área podría tener consecuencias extremadamente negativas para esta especie.”
El humedal de Bahía Lomas es una zona de importancia para las aves playeras migratorias, lo que llevó a su nominación como “sitio Ramsar” en 2004 y como “Reserva Hemisférica” de la RHRAP. El Playero ártico está legalmente protegido en diversos países a lo largo de su ruta migratoria. En Argentina y Canadá es considerada como especie “en peligro”, mientras que en Estados Unidos está categorizada como “Amenazada” bajo la Ley de Especies en Peligro de Extinción. En Brasil, tiene el estatus de especie “Críticamente amenazada”. En Chile, está clasificada como especie “en peligro”. Cada año los playeros árticos emprenden la migración desde sus sitios de reproducción en el ártico canadiense hasta llegar a los sitios de invernada como Bahía Lomas, recorriendo una distancia cercana a los 30.000 km de ida y vuelta.
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Fecha de Publicación: 18/02/2018
Fuente: ITV (Chile)
Provincia/Región: Tierra del Fuego
Organizaciones nacionales y red internacional relevan la urgencia de que se activen los mecanismos de control de riesgos y respuesta ante estas situaciones.
Todo comenzó el día 29 de enero, en el sector de Punta Espora en la Primera Angostura del Estrecho de Magallanes, donde se observaron dos ejemplares de Gaviota dominicana (Larus dominicanus) con manchas en su plumaje de algún tipo de hidrocarburo. Se fotografiaron los individuos contaminados. Además, en la ocasión al menos cuatro ejemplares de Chorlo de doble collar (Charadrius falklandicus), mostraron manchas similares.
Con esa información inicial y para dimensionar el alcance del problema, el día 6 de febrero el Centro Bahía Lomas solicitó al experto-ornitólogo Ricardo Matus (Centro de Rehabilitación de Aves Leñadura) realizar una visita de inspección al sector antes mencionado, lo cual se llevó a cabo ese mismo día utilizando un vehículo todo terreno. Luego de recorrer 20 kilómetros de borde costero, desde Punta Espora hasta 5 kilómetros al sur de cruce de Bahía Azul y un recorrido similar en el sector continental de Punta Delgada, Matus señaló que “se registraron 13 especies de las cuales 7 presentaron individuos con hidrocarburo en su cuerpo, destacando especies de aves playeras migradoras de larga distancia como el Playero de lomo blanco, Playero de Baird, Pilpilén, Pilpilén austral y Chorlo de doble collar”.
Organizaciones como la Agrupación Ecológica Patagónica, el Centro Bahía Lomas, el Centro de Rehabilitación de Aves Leñadura, y la Oficina Ejecutiva de la Red Hemisférica de Reservas para Aves Playeras (RHRAP) manifestaron su preocupación por el alcance que esta situación podría tener en el sitio Ramsar Bahía Lomas.
La Dra. Carmen Espoz, decana de la Facultad de Ciencias de la Universidad Santo Tomás y Directora del Centro Bahía Lomas señaló que “se trata del sitio de invernada más importante de todo Sudamérica para el Playero ártico (Calidris canutus rufa), una especie en peligro de extinción”. Cabe mencionar que en 2003 dicha universidad inició un programa de monitoreo ecológico de esta especie en el área que ha entregado información clave para su conservación a escala hemisférica. Por su parte Diego Luna Quevedo, especialista en conservación de la RHRAP “señaló que en este preciso momento Bahía Lomas está albergando al menos el 55% de la población de Calidris canutus rufa que llega a América del Sur. Cualquier evento de contaminación en el área podría tener consecuencias extremadamente negativas para esta especie.”
El humedal de Bahía Lomas es una zona de importancia para las aves playeras migratorias, lo que llevó a su nominación como “sitio Ramsar” en 2004 y como “Reserva Hemisférica” de la RHRAP. El Playero ártico está legalmente protegido en diversos países a lo largo de su ruta migratoria. En Argentina y Canadá es considerada como especie “en peligro”, mientras que en Estados Unidos está categorizada como “Amenazada” bajo la Ley de Especies en Peligro de Extinción. En Brasil, tiene el estatus de especie “Críticamente amenazada”. En Chile, está clasificada como especie “en peligro”. Cada año los playeros árticos emprenden la migración desde sus sitios de reproducción en el ártico canadiense hasta llegar a los sitios de invernada como Bahía Lomas, recorriendo una distancia cercana a los 30.000 km de ida y vuelta.
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San Isidro: surgieron islas y piden una reserva natural
Surgieron islas frente a la costa de San Isidro y serán reserva natural
Fecha de Publicación: 18/02/2018
Fuente: Agencia InfoBan
Provincia/Región: Buenos Aires
Están dentro de la jurisdicción de San Isidro. Se trata de un fenómeno que iba a suceder dentro de cien años, pero se adelantó por cambios en la sedimentación del Río de la Plata.
Sucedería en cien años, pero el fenómeno se adelantó frente a las costas de San Isidro. Allí se están formando islas en el Río de la Plata en la confluencia de los canales San Antonio y Luján dentro de la jurisdicción del Partido de San Isidro. El Municipio las declarará reserva natural.
La más grande tiene tres hectáreas y media y comenzó a consolidarse hace tres años; muy cerca hay islotes más pequeños. Si bien, aún hay bancos de arena y juncos, comenzarán a crecer otras especies vegetales: árboles como el sauce (típicos del Delta) hasta llegar a convertirse en tierra firme y consolidarse en islas, opinan expertos en biodiversidad.
Pensando a futuro, en el año 1996, cuando el hoy intendente Gustavo Posse era diputado provincial impulsó una ley en la que se logró establecer los nuevos límites del Partido que incluye los territorios que se formen en el Río de la Plata.
En otras palabras, toda isla que se forme en determinadas latitudes y longitudes pasaría a formar parte del distrito de San Isidro. “Pertenecen a la jurisdicción territorial del partido de San Isidro las Islas de la Primera Sección que se hallen ubicadas frente a la ribera del Río de la Plata, entre la línea determinada por la proyección de la calle Uruguay sobre el Río de La Plata hasta el punto geográfico situado a 34º 22’ de latitud sur y 58º 23’ de longitud oeste y la línea determinada por la proyección de la calle Paraná hasta el punto geográfico situado a 34º 25’ de latitud sur y 58º 19’ de longitud oeste", dice la ley provincial 12599.
Tras navegar la zona en lancha, Posse expresó: “Trabajamos durante más de 20 años para esto, desde antes que sea intendente. Defendemos este lugar que es propiedad de los vecinos de la provincia de Buenos Aires y lo declaramos como reserva natural para que puedan disfrutarlo ésta y las siguientes generaciones. La naturaleza es un bien social, donde todos somos iguales y nosotros tenemos el criterio de preservarla. Este es el último lugar punto del Delta bonaerense mirando hacia la Ciudad de Buenos Aires, justo frente a San Isidro”.
El subsecretario de Inspecciones, Registros Urbanos y Tránsito, Walter Pérez, explicó: “Si bien estos terrenos aluvionales pertenecen al gobierno de la Provincia de Buenos Aires al ser jurisdicción del Partido de San Isidro la zonificación y los usos los establece el Municipio”.
Se marcaron y referenciaron con boyas los límites de las islas que luego serán declaradas como área natural protegida en base a la Ordenanza 8461 “Sistema Municipal de Reservas Naturales Protegidas” promulgada por el Decreto 2084/09. En un futuro próximo, tal como en el Parque Municipal Ribera Norte, la gente podrá recorrer y visitar estas islas con guías locales.
La formación de estas islas se debe a que los ríos a lo largo de sus recorridos van arrastrando pequeñas partículas de sedimentos que se encuentran en el lecho y en las riberas.
Cuando el río llega a su desembocadura, la velocidad del agua disminuye y los sedimentos tienden a irse al fondo. Se forman así bancos de sedimentos que van creciendo continuamente. Estas zonas de desembocadura donde se acumulan sedimentos se llaman deltas, y luego de varios siglos o miles de años, los depósitos de sedimentos llegan a formar islas.
“San Isidro es pionero en la cantidad de áreas protegidas; tenemos dos costeras, dos en la barranca y recientemente se sumaron estas islas. Queremos conservar este humedal naturalmente, porque es un ambiente híper sensible y que lo podamos mantener como reserva natural implica que actúe como esponja, por ende cuando vengan crecidas y grandes temporales lluvia, esto va a amortiguar los efectos que produce, y a la vez, mejorará la calidad del aire y el agua”, señaló Bárbara Gasparri, directora de Ecología y Conservación de la Biodiversidad del Municipio.
Entre la fauna que se puede encontrar está el lobito del río, coipo, peces, ranitas, tortugas y carpinchos. Sumado a más de 150 especies de aves como chajás, patos, macás y garzas. Pero, en algunos años esa cifra llegará a duplicarse.
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Denuncian desmonte de bosques de ribera en Bernal
Asambleístas denuncian desmonte en la ribera de Bernal
Fecha de Publicación: 17/02/2018
Fuente: Perspectiva Sur
Provincia/Región: Buenos Aires
La Asamblea No a la Entrega de la Costa Quilmes – Avellaneda denunció que Edesur estaría realizando el desmonte del bosque nativo ribereño bajo la línea de cableado de alta tensión.
“Esta es una zona categorizada como área roja - de alto valor de conservación del bosque nativo ribereño. Evidentemente Edesur no conoce cómo proceder en un área protegida y el Municipio no fiscaliza”, señalaron los asambleístas.
“Esperamos que el OPDS intervenga para remediar este desastre ambiental y así evitar que se sumen futuras inundaciones a las que ya sufrimos en Quilmes”.
“Para demostrar que los vecinos nos paramos frente al desmonte, convocamos a reforestar, el sábado 17 de febrero a las 16, nos encontramos en Caseros y Espora, en la bajada de la Autopista Bs. As. - La Plata”.
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Fecha de Publicación: 17/02/2018
Fuente: Perspectiva Sur
Provincia/Región: Buenos Aires
La Asamblea No a la Entrega de la Costa Quilmes – Avellaneda denunció que Edesur estaría realizando el desmonte del bosque nativo ribereño bajo la línea de cableado de alta tensión.
“Esta es una zona categorizada como área roja - de alto valor de conservación del bosque nativo ribereño. Evidentemente Edesur no conoce cómo proceder en un área protegida y el Municipio no fiscaliza”, señalaron los asambleístas.
“Esperamos que el OPDS intervenga para remediar este desastre ambiental y así evitar que se sumen futuras inundaciones a las que ya sufrimos en Quilmes”.
“Para demostrar que los vecinos nos paramos frente al desmonte, convocamos a reforestar, el sábado 17 de febrero a las 16, nos encontramos en Caseros y Espora, en la bajada de la Autopista Bs. As. - La Plata”.
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Debate legislativo por los agroquímicos en Entre Ríos
Se viene el debate legislativo por la regulación del uso de agrotóxicos
Fecha de Publicación: 17/02/2018
Fuente: Diario Uno (Entre Ríos)
Provincia/Región: Entre Ríos
Ambientalistas pusieron en agenda el tema. Al reanudarse la actividad parlamentaria, Diputados definirá si se avanza o no con la polémica iniciativa
La actividad legislativa provincial, a poco de iniciarse el período de sesiones ordinarias, se avizora como intensa en función de los proyectos que deberán discutirse en ambas cámaras. La regulación del uso de agrotóxicos plasmada en un proyecto, con media sanción en Senadores, puso en alerta a organizaciones ambientalistas, gremialistas y políticas, que en la calle visibilizaron el rechazo a la iniciativa que fuera aprobada sobre tablas el 26 de diciembre. Durante buena parte de enero y con adhesiones que se fueron sumando en diferentes localidades, el movimiento que se rige por las decisiones de una asamblea ratificó su repudio al polémico proyecto e instó a los diputados a votar en contra en el caso de ser tratado. Casa de Gobierno fue el epicentro de las actividades, pero las acciones se repitieron en Concordia, Gualeguaychú y otros departamentos con el objetivo de mantener viva la protesta y hacer saber a la sociedad sobre el riesgo que implica el uso de químicos en la salud y el medio ambiente.
Todo parece indicar que luego de la apertura de un nuevo período de sesiones ordinarias, previsto para el jueves luego del discurso del gobernador, Gustavo Bordet, se reanude el trabajo en comisiones y con ello se avance en posibles modificaciones al texto girado desde Senadores.
"No es una ley mala"
La diputada Gabriela Lena (Chajarí-Cambiemos), que preside la comisión de Tierras, Obras Públicas, Recursos Naturales y Ambiente, adelantó que el proyecto deberá ser examinado previamente por las comisiones correspondientes. "Se verá si tiene las mayorías como para poder ser tratado en la Cámara. Es un proyecto que viene del Senado, nosotros todavía no lo recibimos, pero irá a las comisiones que corresponda", aseguró en comunicación con UNO. El texto que alude a la regulación en el uso de los fitosanitarios y cuyo autoría pertenece al senador Mario Torres, se plasmó en forma consensuada entre diferentes actores de la sociedad civil, y por supuesto, contó con la participación de una comisión bicameral. Al respecto Lena manifestó: "Hace más de un año y medio que se viene trabajando con una Comisión Bicameral, reuniéndose con todos los actores. Conozco bien el proyecto. Va a ser tratado en comisión, como todos los proyectos".
En cuanto a la valoración del articulado de la ley y los puntos cuestionados por los ambientalistas y sectores gremiales, respondió: "No me parece una ley mala, todo depende de cómo se la vaya a aplicar. Pero es una ley marco, no es una ley mala".
Sobre las discrepancias que genera la norma en cuanto a las distancias de las aplicaciones terrestres, la legisladora interpretó: "Con respecto a eso quizás hay una falta de información o de percepción de lo que dice la ley, porque lo que establece son parámetros mínimos, o sea que toda la provincia no se puede unificar porque la geografía es diferente, establece zonas sensibles. En el decreto reglamentario van a estar presentes los ambientalistas en la redacción y definirán exactamente la cantidad de metros para cada lugar específico de la provincia".
Acerca de la elaboración del texto definitivo, la diputada de Cambiemos negó que las entidades ambientales no hayan sido consultadas. "Fueron escuchados en la audiencia pública que hubo en Villaguay. Muchas de las cuestiones que ellos plantearon fueron plasmadas".
"Donde hay jurisdicción de cada Municipalidad, obviamente que van a tener la potestad, si bien la ley establece que se prohíbe toda la aplicación de agroquímicos dentro de la planta urbana de los municipios. Por eso no es necesario ninguna ordenanza en cada una de las ciudades. Es cierto que dentro de los ejidos hay diferentes realidades dentro de la provincia, existen localidades que tienen ejidos rurales muy grandes y otras que no lo tienen. Entonces eso debe estar regulado por cada municipio. Son los parámetros que la ley otorga", amplió en relación a los controles en caso de detectarse fumigaciones.
La representante de la oposición consideró importante que se otorguen los recursos necesarios para las tareas de control. "Se establece que el 0,50% de lo recaudado en el impuesto Inmobiliario Rural sea destinado al control, además de las multas, de todas las aplicaciones que en la actualidad no existen", apuntó.
Diego Lara: "No hay apuro en darle tratamiento"
El diputado Diego Lara (FPV-María Grande) también dio su parecer sobre el proyecto que viene a reemplazar a la normativa vigente desde 1980. En declaraciones formuladas a UNO manifestó: "Al proyecto no lo conozco en profundidad, lo sé por el debate que se ha generado a través de los medios y por la repercusión en la opinión pública", opinó, y sobre el debate que se viene en las diferentes comisiones avizoró: "Va a ingresar en más de una, seguramente en Asuntos Agrarios, Salud y Legislación General. No hay apuro en darle tratamiento, sino que sea previo a tener un dictamen, y para tener un dictamen en las comisiones eso tiene que debatirse. Es un tema sensible, que tiene una alta repercusión en la sociedad en su conjunto. Me parece que tenemos que darle el debate necesario, escuchar a todos los sectores que están involucrados y que se tengan todas las miradas que puedan contribuir a una ley tan relevante".
Lara insistió con el planteo de que no existe "ninguna determinación política de avanzar en algún plazo determinado" para un proyecto en materia de agroquímicos.
Acerca del rechazo al texto entre grupos ambientalistas, sectores gremiales y algunos partidos políticos, Lara brindó su postura. "No podemos mirar para otro lado. Es una temática de por sí muy polémica, porque acá hay que conjugar lo que tiene que ver con el mundo productivo, con el desarrollo y las potencialidades de nuestra provincia. Pero por encima de eso está la salud de la población y el medio ambiente. Hay que lograr un punto de equilibrio".
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Fecha de Publicación: 17/02/2018
Fuente: Diario Uno (Entre Ríos)
Provincia/Región: Entre Ríos
Ambientalistas pusieron en agenda el tema. Al reanudarse la actividad parlamentaria, Diputados definirá si se avanza o no con la polémica iniciativa
La actividad legislativa provincial, a poco de iniciarse el período de sesiones ordinarias, se avizora como intensa en función de los proyectos que deberán discutirse en ambas cámaras. La regulación del uso de agrotóxicos plasmada en un proyecto, con media sanción en Senadores, puso en alerta a organizaciones ambientalistas, gremialistas y políticas, que en la calle visibilizaron el rechazo a la iniciativa que fuera aprobada sobre tablas el 26 de diciembre. Durante buena parte de enero y con adhesiones que se fueron sumando en diferentes localidades, el movimiento que se rige por las decisiones de una asamblea ratificó su repudio al polémico proyecto e instó a los diputados a votar en contra en el caso de ser tratado. Casa de Gobierno fue el epicentro de las actividades, pero las acciones se repitieron en Concordia, Gualeguaychú y otros departamentos con el objetivo de mantener viva la protesta y hacer saber a la sociedad sobre el riesgo que implica el uso de químicos en la salud y el medio ambiente.
Todo parece indicar que luego de la apertura de un nuevo período de sesiones ordinarias, previsto para el jueves luego del discurso del gobernador, Gustavo Bordet, se reanude el trabajo en comisiones y con ello se avance en posibles modificaciones al texto girado desde Senadores.
"No es una ley mala"
La diputada Gabriela Lena (Chajarí-Cambiemos), que preside la comisión de Tierras, Obras Públicas, Recursos Naturales y Ambiente, adelantó que el proyecto deberá ser examinado previamente por las comisiones correspondientes. "Se verá si tiene las mayorías como para poder ser tratado en la Cámara. Es un proyecto que viene del Senado, nosotros todavía no lo recibimos, pero irá a las comisiones que corresponda", aseguró en comunicación con UNO. El texto que alude a la regulación en el uso de los fitosanitarios y cuyo autoría pertenece al senador Mario Torres, se plasmó en forma consensuada entre diferentes actores de la sociedad civil, y por supuesto, contó con la participación de una comisión bicameral. Al respecto Lena manifestó: "Hace más de un año y medio que se viene trabajando con una Comisión Bicameral, reuniéndose con todos los actores. Conozco bien el proyecto. Va a ser tratado en comisión, como todos los proyectos".
En cuanto a la valoración del articulado de la ley y los puntos cuestionados por los ambientalistas y sectores gremiales, respondió: "No me parece una ley mala, todo depende de cómo se la vaya a aplicar. Pero es una ley marco, no es una ley mala".
Sobre las discrepancias que genera la norma en cuanto a las distancias de las aplicaciones terrestres, la legisladora interpretó: "Con respecto a eso quizás hay una falta de información o de percepción de lo que dice la ley, porque lo que establece son parámetros mínimos, o sea que toda la provincia no se puede unificar porque la geografía es diferente, establece zonas sensibles. En el decreto reglamentario van a estar presentes los ambientalistas en la redacción y definirán exactamente la cantidad de metros para cada lugar específico de la provincia".
Acerca de la elaboración del texto definitivo, la diputada de Cambiemos negó que las entidades ambientales no hayan sido consultadas. "Fueron escuchados en la audiencia pública que hubo en Villaguay. Muchas de las cuestiones que ellos plantearon fueron plasmadas".
"Donde hay jurisdicción de cada Municipalidad, obviamente que van a tener la potestad, si bien la ley establece que se prohíbe toda la aplicación de agroquímicos dentro de la planta urbana de los municipios. Por eso no es necesario ninguna ordenanza en cada una de las ciudades. Es cierto que dentro de los ejidos hay diferentes realidades dentro de la provincia, existen localidades que tienen ejidos rurales muy grandes y otras que no lo tienen. Entonces eso debe estar regulado por cada municipio. Son los parámetros que la ley otorga", amplió en relación a los controles en caso de detectarse fumigaciones.
La representante de la oposición consideró importante que se otorguen los recursos necesarios para las tareas de control. "Se establece que el 0,50% de lo recaudado en el impuesto Inmobiliario Rural sea destinado al control, además de las multas, de todas las aplicaciones que en la actualidad no existen", apuntó.
Diego Lara: "No hay apuro en darle tratamiento"
El diputado Diego Lara (FPV-María Grande) también dio su parecer sobre el proyecto que viene a reemplazar a la normativa vigente desde 1980. En declaraciones formuladas a UNO manifestó: "Al proyecto no lo conozco en profundidad, lo sé por el debate que se ha generado a través de los medios y por la repercusión en la opinión pública", opinó, y sobre el debate que se viene en las diferentes comisiones avizoró: "Va a ingresar en más de una, seguramente en Asuntos Agrarios, Salud y Legislación General. No hay apuro en darle tratamiento, sino que sea previo a tener un dictamen, y para tener un dictamen en las comisiones eso tiene que debatirse. Es un tema sensible, que tiene una alta repercusión en la sociedad en su conjunto. Me parece que tenemos que darle el debate necesario, escuchar a todos los sectores que están involucrados y que se tengan todas las miradas que puedan contribuir a una ley tan relevante".
Lara insistió con el planteo de que no existe "ninguna determinación política de avanzar en algún plazo determinado" para un proyecto en materia de agroquímicos.
Acerca del rechazo al texto entre grupos ambientalistas, sectores gremiales y algunos partidos políticos, Lara brindó su postura. "No podemos mirar para otro lado. Es una temática de por sí muy polémica, porque acá hay que conjugar lo que tiene que ver con el mundo productivo, con el desarrollo y las potencialidades de nuestra provincia. Pero por encima de eso está la salud de la población y el medio ambiente. Hay que lograr un punto de equilibrio".
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Rosario con 674 mil m2 de construcciones sustentables
La ciudad ya suma 674 mil metros cuadrados de construcciones sustentables
Fecha de Publicación: 17/02/2018
Fuente: Rosario Nuestro
Provincia/Región: Santa Fe
Son un total de 219 edificios que se construyeron con técnicas y materiales que reducen el consumo energético para climatización en hasta un 40%.
En cuatro años de aplicación de la ordenanza que creó el Programa de Construcciones Sustentables, la Municipalidad de Rosario logró que 219 edificaciones nuevas, desde locales comerciales hasta casas y departamentos, fueran hechas con técnicas y materiales que reducen el consumo energético para climatización en hasta un 40%. Hoy, la ciudad suma 674 mil metros cuadrados nuevos de este tipo de espacios, y en 2018 la norma alcanzará a construcciones de menos de 500 metros cuadrados.
“En la última etapa posicionaremos a Rosario como el único municipio que hoy lleva adelante políticas efectivas para el ahorro de energía”, dijo el secretario de Planeamiento, Pablo Ábalos. El funcionario valoró que “a partir de un responsable debate legislativo en el que participaron los colegios profesionales y los constructores, la Municipalidad de Rosario hizo un aporte más al sistema energético del país de forma gradual y sostenida durante los últimos 4 años. Estableció pautas claras, límites y acompaña a los constructores”.
Para Ábalos, el resultado de este trabajo “es una ciudad que hoy cuenta con edificaciones más duraderas y que trasladan un costo menor a los que viven y trabajan dentro”. “Este tipo de políticas son a las que nos referimos cuando hablamos de sustentabilidad: una mejora en la calidad de vida de los vecinos y vecinas, el cuidado del medio ambiente y el crecimiento de una ciudad equilibrada”, agregó.
La experiencia
Desde que el 1 de julio de 2017 la normativa bajó la vara a menos de mil metros cuadrados, los nuevos edificios con planta baja y al menos tres pisos deben ser construidos con los parámetros de sustentabilidad que indica la Ordenanza 8757.
La recomendación es asumir un sobrecosto y poner doble pared, utilizar una aislación térmica en techos o buscar una mejor orientación para puertas y ventanas. Además del ahorro energético para comerciantes, propietarios o inquilinos, las técnicas ayudan a prevenir problemas en las construcciones y reducir el mantenimiento a futuro.
Arquitectos que ya abordaron proyectos de construcción de edificios para vivienda bajo este nuevo paradigma resaltan que el sobrecosto que implican las nuevas técnicas es “mínimo”, mientras que el ahorro a posteriori en materia de climatización es “muy importante”. Asimismo, remarcaron el acompañamiento del municipio asesorando durante el proceso.
Es el caso de la arquitecta María Laura Sessa, quien trabaja en el proyecto de construcción de un edificio de seis pisos en Santiago 651. La profesional formó parte de la comisión que trabajó en la confección de la ordenanza.
“Este edificio es una buena forma de practicar” los nuevos paradigmas de construcción sustentable. Sin embargo, no se trata del primer edificio de estas características que proyecta, aunque sí el primero que se encuadra en la reglamentación. “Algunos de los requisitos de la ordenanza los cumplíamos sin obligación”, afirmó.
Para Sessa, la nueva metodología de construcción no es más complicada que la tradicional. “Hay que explicarlo bien a la gente que esté en obra, desde el encargado técnico hasta el que la va a ejecutar”, sostuvo. Asimismo, destacó que “en realidad no se incrementa demasiado el costo final, apenas un poquitito pero se recupera con la inversión en gastos de energía que hagan cuando estén funcionando”.
“El mayor ahorro está en el funcionamiento de la unidad cuando esté terminada”, explicó. Según sus cálculos, un departamento construido con las nuevas técnicas consume hasta la mitad de electricidad que uno tradicional.
La arquitecta y maestra mayor de obras María Eugenia Villalba trabaja en la construcción de un edificio de seis pisos que se levanta en Rioja al 2300. Se trata de su primera experiencia de construcción sustentable bajo el mandato de la Ordenanza 8.757.
“No fue dificultoso porque nosotros ya veníamos utilizando algunas de estas características”, aseguró. La profesional destacó especialmente el acompañamiento de la Municipalidad durante la confección del proyecto y la ejecución. “Hubo un contacto fluido, el acompañamiento fue total, las veces que fui a la oficina a consultar la atención fue excelente”, señaló.
“La aislación te favorece en el consumo eléctrico, de gas, la pérdida de calor, te baja mucho el consumo”, remarcó como ventaja, al tiempo que negó que “eleve mucho el costo de la construcción” la utilización de nuevas técnicas. “No lo considero así”, remarcó y enfatizó que una vez que la persona habite la unidad “se va a ver todo el ahorro energético”.
Una apuesta gradual
En 2017, el programa de Construcciones Sustentables trabajó sobre 124 expedientes de profesionales que necesitaban saber cómo adecuarse a la nueva ordenanza. Los criterios de sustentabilidad también fueron aplicados en edificios públicos como el Mercado del Patio y próximamente en el Museo Castagnino, que será ampliado, y el Complejo Educativo, Deportivo y Recreativo del Parque de la Independencia, otro de los proyectos en marcha.
Se trata del último avance de una ordenanza que se va aplicando de manera gradual, según los metros cuadrados de las construcciones, desde su promulgación, allá por el 2013. Ese año, fue obligación para las nuevas construcciones de más de 4 mil metros cuadrados. En ese lapso, hubo cinco casos que sumaron 33.363 metros.
En 2014, cuando la exigencia fue a construcciones de más de 3 mil metros cuadrados, se presentaron 11 casos y se hicieron 55.293 metros cuadrados. Entre 2015 y 2016 hubo 31 casos de proyectos con hasta 2 mil metros cuadrados que tuvieron que adecuarse a la normativa, con un total de 152.356 metros cuadrados. Entre 2016 y 2017 se sumaron 97 construcciones nuevas con un total de 252.346 metros cuadrados.
Desde junio del año pasado, cuando la normativa alcanzó a quienes levanten más de 500 metros cuadrados, un total de 75 construcciones consiguieron el permiso y fueron 142.902 los metros cuadrados construidos bajo criterios de eficiencia energética a la ciudad. En paralelo, el programa de la Secretaría de Planeamiento evalúa asesorar a las construcciones que fueron levantadas antes de la normativa para adecuarse y hacer más eficientes las estructuras.
Lo que viene
En noviembre de 2017, el programa retomó las reuniones con una comisión especial para analizar cómo continuar la aplicación de la ordenanza a partir del 1 de julio de 2018. Participan representantes del Colegio de Arquitectos, de Ingenieros Civiles y de Ingenieros Especialistas. Colaboran las autoridades de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño (FAPyD) y de Ingeniería de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) más la Facultad Regional Rosario de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).
Rosario forma parte de la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático (RAMCC), que agrupa a 119 distritos de 18 provincias que desarrollan políticas activas para reducir el consumo energético y que tuvo su asamblea en nuestra ciudad el pasado jueves 8 de febrero
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Fecha de Publicación: 17/02/2018
Fuente: Rosario Nuestro
Provincia/Región: Santa Fe
Son un total de 219 edificios que se construyeron con técnicas y materiales que reducen el consumo energético para climatización en hasta un 40%.
En cuatro años de aplicación de la ordenanza que creó el Programa de Construcciones Sustentables, la Municipalidad de Rosario logró que 219 edificaciones nuevas, desde locales comerciales hasta casas y departamentos, fueran hechas con técnicas y materiales que reducen el consumo energético para climatización en hasta un 40%. Hoy, la ciudad suma 674 mil metros cuadrados nuevos de este tipo de espacios, y en 2018 la norma alcanzará a construcciones de menos de 500 metros cuadrados.
“En la última etapa posicionaremos a Rosario como el único municipio que hoy lleva adelante políticas efectivas para el ahorro de energía”, dijo el secretario de Planeamiento, Pablo Ábalos. El funcionario valoró que “a partir de un responsable debate legislativo en el que participaron los colegios profesionales y los constructores, la Municipalidad de Rosario hizo un aporte más al sistema energético del país de forma gradual y sostenida durante los últimos 4 años. Estableció pautas claras, límites y acompaña a los constructores”.
Para Ábalos, el resultado de este trabajo “es una ciudad que hoy cuenta con edificaciones más duraderas y que trasladan un costo menor a los que viven y trabajan dentro”. “Este tipo de políticas son a las que nos referimos cuando hablamos de sustentabilidad: una mejora en la calidad de vida de los vecinos y vecinas, el cuidado del medio ambiente y el crecimiento de una ciudad equilibrada”, agregó.
La experiencia
Desde que el 1 de julio de 2017 la normativa bajó la vara a menos de mil metros cuadrados, los nuevos edificios con planta baja y al menos tres pisos deben ser construidos con los parámetros de sustentabilidad que indica la Ordenanza 8757.
La recomendación es asumir un sobrecosto y poner doble pared, utilizar una aislación térmica en techos o buscar una mejor orientación para puertas y ventanas. Además del ahorro energético para comerciantes, propietarios o inquilinos, las técnicas ayudan a prevenir problemas en las construcciones y reducir el mantenimiento a futuro.
Arquitectos que ya abordaron proyectos de construcción de edificios para vivienda bajo este nuevo paradigma resaltan que el sobrecosto que implican las nuevas técnicas es “mínimo”, mientras que el ahorro a posteriori en materia de climatización es “muy importante”. Asimismo, remarcaron el acompañamiento del municipio asesorando durante el proceso.
Es el caso de la arquitecta María Laura Sessa, quien trabaja en el proyecto de construcción de un edificio de seis pisos en Santiago 651. La profesional formó parte de la comisión que trabajó en la confección de la ordenanza.
“Este edificio es una buena forma de practicar” los nuevos paradigmas de construcción sustentable. Sin embargo, no se trata del primer edificio de estas características que proyecta, aunque sí el primero que se encuadra en la reglamentación. “Algunos de los requisitos de la ordenanza los cumplíamos sin obligación”, afirmó.
Para Sessa, la nueva metodología de construcción no es más complicada que la tradicional. “Hay que explicarlo bien a la gente que esté en obra, desde el encargado técnico hasta el que la va a ejecutar”, sostuvo. Asimismo, destacó que “en realidad no se incrementa demasiado el costo final, apenas un poquitito pero se recupera con la inversión en gastos de energía que hagan cuando estén funcionando”.
“El mayor ahorro está en el funcionamiento de la unidad cuando esté terminada”, explicó. Según sus cálculos, un departamento construido con las nuevas técnicas consume hasta la mitad de electricidad que uno tradicional.
La arquitecta y maestra mayor de obras María Eugenia Villalba trabaja en la construcción de un edificio de seis pisos que se levanta en Rioja al 2300. Se trata de su primera experiencia de construcción sustentable bajo el mandato de la Ordenanza 8.757.
“No fue dificultoso porque nosotros ya veníamos utilizando algunas de estas características”, aseguró. La profesional destacó especialmente el acompañamiento de la Municipalidad durante la confección del proyecto y la ejecución. “Hubo un contacto fluido, el acompañamiento fue total, las veces que fui a la oficina a consultar la atención fue excelente”, señaló.
“La aislación te favorece en el consumo eléctrico, de gas, la pérdida de calor, te baja mucho el consumo”, remarcó como ventaja, al tiempo que negó que “eleve mucho el costo de la construcción” la utilización de nuevas técnicas. “No lo considero así”, remarcó y enfatizó que una vez que la persona habite la unidad “se va a ver todo el ahorro energético”.
Una apuesta gradual
En 2017, el programa de Construcciones Sustentables trabajó sobre 124 expedientes de profesionales que necesitaban saber cómo adecuarse a la nueva ordenanza. Los criterios de sustentabilidad también fueron aplicados en edificios públicos como el Mercado del Patio y próximamente en el Museo Castagnino, que será ampliado, y el Complejo Educativo, Deportivo y Recreativo del Parque de la Independencia, otro de los proyectos en marcha.
Se trata del último avance de una ordenanza que se va aplicando de manera gradual, según los metros cuadrados de las construcciones, desde su promulgación, allá por el 2013. Ese año, fue obligación para las nuevas construcciones de más de 4 mil metros cuadrados. En ese lapso, hubo cinco casos que sumaron 33.363 metros.
En 2014, cuando la exigencia fue a construcciones de más de 3 mil metros cuadrados, se presentaron 11 casos y se hicieron 55.293 metros cuadrados. Entre 2015 y 2016 hubo 31 casos de proyectos con hasta 2 mil metros cuadrados que tuvieron que adecuarse a la normativa, con un total de 152.356 metros cuadrados. Entre 2016 y 2017 se sumaron 97 construcciones nuevas con un total de 252.346 metros cuadrados.
Desde junio del año pasado, cuando la normativa alcanzó a quienes levanten más de 500 metros cuadrados, un total de 75 construcciones consiguieron el permiso y fueron 142.902 los metros cuadrados construidos bajo criterios de eficiencia energética a la ciudad. En paralelo, el programa de la Secretaría de Planeamiento evalúa asesorar a las construcciones que fueron levantadas antes de la normativa para adecuarse y hacer más eficientes las estructuras.
Lo que viene
En noviembre de 2017, el programa retomó las reuniones con una comisión especial para analizar cómo continuar la aplicación de la ordenanza a partir del 1 de julio de 2018. Participan representantes del Colegio de Arquitectos, de Ingenieros Civiles y de Ingenieros Especialistas. Colaboran las autoridades de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño (FAPyD) y de Ingeniería de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) más la Facultad Regional Rosario de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).
Rosario forma parte de la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático (RAMCC), que agrupa a 119 distritos de 18 provincias que desarrollan políticas activas para reducir el consumo energético y que tuvo su asamblea en nuestra ciudad el pasado jueves 8 de febrero
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Uranio en Mendoza: por ahora no es posible su explotación
Le bajan el pulgar en Mendoza a la explotación de uranio
Fecha de Publicación: 16/02/2018
Fuente: El Sol (Mendoza)
Provincia/Región: Mendoza
La decisión del gobierno provincial genera malestar en el sector minero, que insiste en avanzar con la actividad.
En su visita a Rusia el presidente Mauricio Macri dio un impulso para generar inversiones destinadas a la explotación de uranio en el país, con lo que los mineros locales se entusiasmaron. Sin embargo desde el Ejecutivo provincial echaron por tierra esas ilusiones, ya que en la provincia no podrá realizarse ese tipo de explotación.
Desde la Subsecretaría de Energía y Minería, que conduce Emilio Guiñazú, dejaron en claro que con la tecnología que existe para explotar uranio, aprobada por la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), no es compatible con la ley N° 7.722, que prohíbe el uso de sustancias contaminantes en los proyectos mineros.
“En el caso de aparecer una nueva tecnología que sea compatible con las restricciones técnicas que impone la ley, se realizarán los estudios de impacto ambiental y se presentará en la Legislatura”, aclararon.
Malestar
En la provincia hay dos minas de uranio: Sierra Pintada en San Rafael y Los Huemules en Malargüe.
Cuando se conoció el acuerdo con Rusia, el presidente de la Cámara de Servicios Mineros de Mendoza (Casemmza), Carlos Ferrer, sostuvo lo contrario a lo que argumenta el gobierno local: “El método extractivo es compatible con la protección del medio ambiente, y en Mendoza con la ley 7.722 se realiza mediante la metodología de recuperación in situ, sin tocar la superficie, inyectando soluciones alcalinas no ácidas, con ínfimo impacto ambiental y bajo costo”.
“Ahora hay un procedimiento que se instaura en el mundo con la utilización de solventes alcalinos y no ácidos, se usan materiales que son inocuos”, aclaró Ferrer.
“Hay millones de reserva de uranio en Argentina, pero el absolutismo de los gobiernos provinciales va en contramano con los lineamientos que quiere el gobierno nacional. La actitud de Alfredo Cornejo es clara en la materia: hace dos años y medio que la minería no se mueve en Mendoza”, sostuvo Ferrer.
En el caso de Sierra Pintada, el empresario manifestó que la mina crearía alrededor de mil puestos de trabajo directo, mientras que Los Huemules alrededor de 1.500 empleos más. “Hay un 100% de desocupación en el sector minero en Mendoza”, manifestó.
A raíz de la negativa provincial de avanzar con la extracción de uranio, desde la Casemmza buscarán reunirse con el ministro de Energía, Juan José Aranguren, en busca de algún avance en la materia para la provincia. “La minería va a funcionar cuando la Nación ponga pie en Mendoza”, concluyó Ferrer.
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Fecha de Publicación: 16/02/2018
Fuente: El Sol (Mendoza)
Provincia/Región: Mendoza
La decisión del gobierno provincial genera malestar en el sector minero, que insiste en avanzar con la actividad.
En su visita a Rusia el presidente Mauricio Macri dio un impulso para generar inversiones destinadas a la explotación de uranio en el país, con lo que los mineros locales se entusiasmaron. Sin embargo desde el Ejecutivo provincial echaron por tierra esas ilusiones, ya que en la provincia no podrá realizarse ese tipo de explotación.
Desde la Subsecretaría de Energía y Minería, que conduce Emilio Guiñazú, dejaron en claro que con la tecnología que existe para explotar uranio, aprobada por la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), no es compatible con la ley N° 7.722, que prohíbe el uso de sustancias contaminantes en los proyectos mineros.
“En el caso de aparecer una nueva tecnología que sea compatible con las restricciones técnicas que impone la ley, se realizarán los estudios de impacto ambiental y se presentará en la Legislatura”, aclararon.
Malestar
En la provincia hay dos minas de uranio: Sierra Pintada en San Rafael y Los Huemules en Malargüe.
Cuando se conoció el acuerdo con Rusia, el presidente de la Cámara de Servicios Mineros de Mendoza (Casemmza), Carlos Ferrer, sostuvo lo contrario a lo que argumenta el gobierno local: “El método extractivo es compatible con la protección del medio ambiente, y en Mendoza con la ley 7.722 se realiza mediante la metodología de recuperación in situ, sin tocar la superficie, inyectando soluciones alcalinas no ácidas, con ínfimo impacto ambiental y bajo costo”.
“Ahora hay un procedimiento que se instaura en el mundo con la utilización de solventes alcalinos y no ácidos, se usan materiales que son inocuos”, aclaró Ferrer.
“Hay millones de reserva de uranio en Argentina, pero el absolutismo de los gobiernos provinciales va en contramano con los lineamientos que quiere el gobierno nacional. La actitud de Alfredo Cornejo es clara en la materia: hace dos años y medio que la minería no se mueve en Mendoza”, sostuvo Ferrer.
En el caso de Sierra Pintada, el empresario manifestó que la mina crearía alrededor de mil puestos de trabajo directo, mientras que Los Huemules alrededor de 1.500 empleos más. “Hay un 100% de desocupación en el sector minero en Mendoza”, manifestó.
A raíz de la negativa provincial de avanzar con la extracción de uranio, desde la Casemmza buscarán reunirse con el ministro de Energía, Juan José Aranguren, en busca de algún avance en la materia para la provincia. “La minería va a funcionar cuando la Nación ponga pie en Mendoza”, concluyó Ferrer.
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Santa Fe: bajan los desmontes (Ya no hay nada que talar)
La tasa de deforestación en Santa Fe fue la más baja en la última década
Fecha de Publicación: 16/02/2018
Fuente: La Capital (Santa Fe)
Provincia/Región: Santa Fe
Santa Fe perdió más de 30 mil hectáreas de vegetación nativa en los últimos 10 años a pesar de la sanción de la ley de bosques en 2007, una superficie equivalente a una vez y media la extensión de la ciudad de Rosario. Estas cifras se desprenden del monitoreo de la superficie de bosque nativo de Argentina publicado hace pocos días por el Ministerio de Ambiente de la Nación realizado a través del análisis de datos satelitales de los últimos diez años.
Aún así, si se toman en cuenta los datos para cada año desde 2007 hasta el año pasado queda claro que la progresión es claramente a la baja en el global provincial: mientras que en 2007 se talaron 9.580 hectáreas de bosque nativo esa cifra disminuyó drásticamente en 2016, cuando "solo" se destruyeron 539 hectáreas.
Dos factores ayudan a entender el porqué de esta disminución, uno por la positiva y otro por la negativa: por un lado es innegable que aún con sus limitaciones y el desfinanciamiento verificado tanto bajo el gobierno de Cristina Fernández como de Mauricio Macri, la ley de bosques ayudó a poner un freno a la tala indiscriminada.
Sin embargo, también queda claro que la baja en la tasa de deforestación de los últimos años en las provincias tradicionalmente agrícolas como Santa Fe está atada a que ya casi no queda bosque para talar. Por eso la deforestación fue mucho mas fuerte en las provincias recién llegadas al modelo agrícola industrial, como Chaco, Salta, Santiago del Estero o Formosa.
Algo parecido se registró dentro del propio territorio santafesino, ya que según los registros los departamentos donde hubo talas durante 2016 fueron los del noroeste, todas tierras con menor aptitud agrícola que las del sur que se fueron incorporando al modelo agroindustrial de la mano de tecnologías más resistentes y adaptadas a condiciones inicialmente no ideales.
Datos detallados
Según los datos oficiales publicados por Ambiente de Nación, la progresión de la pérdida de tierras forestales para Santa Fe durante los últimos diez años fue la siguiente: en 2007 se talaron 9.580 hectáreas, en el período 2008/11 fueron 11.692 hectáreas, en 12/13 esa cantidad cayó a las 5.397 hectáreas y a partir de ese momento no paró de decrecer.Fueron 1.958 hectáreas taladas en 2014, 1.700 en 2015 y finalmente 539 en 2016, el último año analizado.
Los años con el pico de deforestación coinciden además con el pico de precios de commodities agrícolas que se vivió a nivel mundial y con la escalada del conflicto entre el gobierno kirchnerista y el sector rural por las retenciones a la soja. Todos aspectos de un mismo proceso: la sojización a ultranza de la zona núcleo agropecuaria de la cual Rosario es el corazón comercial.
Otra información interesante es la que surge del análisis de la deforestación en la provincia durante 2016, ya que las talas se concentraron en los cuatro departamentos del noroeste: 9 de Julio, San Cristóbal, San Justo y Vera.
Mas llamativo aún es que la pérdida de tierras forestales en el norte santafesino ocurrió en zonas catalogadas como amarillas o rojas según el ordenamiento de la ley de bosques. Esa ley estipula que las zonas rojas no deben (deberían en este caso) sufrir reducción alguna, en tanto que los amarillos admiten un uso productivo en la medida en que este no afecte significativamente la estructura del bosque y sus servicios ambientales.
En líneas generales Argentina también viene reduciendo sus tasas de deforestación año tras año, aunque se verifican fuertes diferencias entre las provincias tradicionalmente agrícolas y las del noroeste.
Si se consideran los datos desde 2008 hasta 2016, cuatro provincias lideran la tala: Santiago del Estero con 733 mil hectáreas deforestadas, Salta con 567 mil, Chaco con 292 mil y Formosa con 286 mil. Territorios sobre los cuales avanzó la expansión de la frontera agrícola durante los años del boom de las commodities, con el paquete tecnológico soja siembra directa agroquímicos como bandera.
Según Ambiente en 2016 se talaron más de 130.000 hectáreas, el mínimo de los últimos años en un proceso que pretende alcanzar la meta de deforestación cero antes de 2020.Los bosques nativos son esenciales para el equilibrio del ambiente: son receptores de biodiversidad, protegen las cuencas hidrográficas, estabilizan suelos y juegan un papel crítico en la mitigación del cambio climático como sumideros de carbono.
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Fecha de Publicación: 16/02/2018
Fuente: La Capital (Santa Fe)
Provincia/Región: Santa Fe
Santa Fe perdió más de 30 mil hectáreas de vegetación nativa en los últimos 10 años a pesar de la sanción de la ley de bosques en 2007, una superficie equivalente a una vez y media la extensión de la ciudad de Rosario. Estas cifras se desprenden del monitoreo de la superficie de bosque nativo de Argentina publicado hace pocos días por el Ministerio de Ambiente de la Nación realizado a través del análisis de datos satelitales de los últimos diez años.
Aún así, si se toman en cuenta los datos para cada año desde 2007 hasta el año pasado queda claro que la progresión es claramente a la baja en el global provincial: mientras que en 2007 se talaron 9.580 hectáreas de bosque nativo esa cifra disminuyó drásticamente en 2016, cuando "solo" se destruyeron 539 hectáreas.
Dos factores ayudan a entender el porqué de esta disminución, uno por la positiva y otro por la negativa: por un lado es innegable que aún con sus limitaciones y el desfinanciamiento verificado tanto bajo el gobierno de Cristina Fernández como de Mauricio Macri, la ley de bosques ayudó a poner un freno a la tala indiscriminada.
Sin embargo, también queda claro que la baja en la tasa de deforestación de los últimos años en las provincias tradicionalmente agrícolas como Santa Fe está atada a que ya casi no queda bosque para talar. Por eso la deforestación fue mucho mas fuerte en las provincias recién llegadas al modelo agrícola industrial, como Chaco, Salta, Santiago del Estero o Formosa.
Algo parecido se registró dentro del propio territorio santafesino, ya que según los registros los departamentos donde hubo talas durante 2016 fueron los del noroeste, todas tierras con menor aptitud agrícola que las del sur que se fueron incorporando al modelo agroindustrial de la mano de tecnologías más resistentes y adaptadas a condiciones inicialmente no ideales.
Datos detallados
Según los datos oficiales publicados por Ambiente de Nación, la progresión de la pérdida de tierras forestales para Santa Fe durante los últimos diez años fue la siguiente: en 2007 se talaron 9.580 hectáreas, en el período 2008/11 fueron 11.692 hectáreas, en 12/13 esa cantidad cayó a las 5.397 hectáreas y a partir de ese momento no paró de decrecer.Fueron 1.958 hectáreas taladas en 2014, 1.700 en 2015 y finalmente 539 en 2016, el último año analizado.
Los años con el pico de deforestación coinciden además con el pico de precios de commodities agrícolas que se vivió a nivel mundial y con la escalada del conflicto entre el gobierno kirchnerista y el sector rural por las retenciones a la soja. Todos aspectos de un mismo proceso: la sojización a ultranza de la zona núcleo agropecuaria de la cual Rosario es el corazón comercial.
Otra información interesante es la que surge del análisis de la deforestación en la provincia durante 2016, ya que las talas se concentraron en los cuatro departamentos del noroeste: 9 de Julio, San Cristóbal, San Justo y Vera.
Mas llamativo aún es que la pérdida de tierras forestales en el norte santafesino ocurrió en zonas catalogadas como amarillas o rojas según el ordenamiento de la ley de bosques. Esa ley estipula que las zonas rojas no deben (deberían en este caso) sufrir reducción alguna, en tanto que los amarillos admiten un uso productivo en la medida en que este no afecte significativamente la estructura del bosque y sus servicios ambientales.
En líneas generales Argentina también viene reduciendo sus tasas de deforestación año tras año, aunque se verifican fuertes diferencias entre las provincias tradicionalmente agrícolas y las del noroeste.
Si se consideran los datos desde 2008 hasta 2016, cuatro provincias lideran la tala: Santiago del Estero con 733 mil hectáreas deforestadas, Salta con 567 mil, Chaco con 292 mil y Formosa con 286 mil. Territorios sobre los cuales avanzó la expansión de la frontera agrícola durante los años del boom de las commodities, con el paquete tecnológico soja siembra directa agroquímicos como bandera.
Según Ambiente en 2016 se talaron más de 130.000 hectáreas, el mínimo de los últimos años en un proceso que pretende alcanzar la meta de deforestación cero antes de 2020.Los bosques nativos son esenciales para el equilibrio del ambiente: son receptores de biodiversidad, protegen las cuencas hidrográficas, estabilizan suelos y juegan un papel crítico en la mitigación del cambio climático como sumideros de carbono.
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El turismo como aliado de la conservación de la selva
“En Misiones, el turismo es uno de los principales aliados de la selva”
Fecha de Publicación: 16/02/2018
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Misiones
El ministro de Ecología de Misiones, Juan Manuel Díaz, tildó de "inédito" e "histórico" al reciente acuerdo que el gobernador Hugo Passalacqua (Frente Renovador de la Concordia) selló con su par de Rio Grande do Sul, José Ivo Sartori, para instalar una red de estaciones para monitorear las crecidas del río Uruguay.
Su primera etapa tendrá impacto directo en una de las perlas turísticas de la provincia: permitirá preservar la belleza de los Saltos de Moconá, al controlar la descarga de agua de una represa brasileña.
Periodista: Misiones es un enclave turístico de escala mundial. ¿Cómo se congenia ese estatus con el cuidado del medio ambiente?
Juan Manuel Díaz: En nuestra provincia, en realidad, van de la mano ambas situaciones. El turismo es uno de los principales aliados que tiene la conservación de nuestra naturaleza y la selva paranaense. Es una de las actividades llamadas también "industria sin chimenea", que se presentan como de las más amigables con la conservación, al punto de que nuestra provincia se caracteriza por un gran desarrollo del ecoturismo o turismo sostenible, con muchos establecimientos certificados con normas internacionales.
P.: ¿Por qué el gobernador Hugo Passalacqua tildó de histórico el acuerdo con su par de Rio Grande do Sul para instalar una red de estaciones para monitorear el caudal del río Uruguay?
J.M.D.: Es un acuerdo que tiene, sin duda, ribetes inéditos e históricos porque es parte de un proceso que se inició a partir de una decisión política de integrar a las provincias vecinas de Misiones y Rio Grande do Sul, entendiendo a esta zona como una región y tratando de administrarla de manera cooperativa en aspectos muy importantes, uno de ellos el medio ambiente. Hace menos de un año los gobernadores celebraron un acuerdo en Posadas y tenía varios ejes: el turismo, el comercio, la industria y también el medio ambiente, incluidos los fenómenos meteorológicos. De hecho, se generó un área dentro del Gobierno provincial que es la Dirección General de Alerta Temprana, que depende de la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial del Ministerio de Ecología.
P.: ¿Cuál será la función de esa red de estaciones?
J.M.D.: En un primer momento, será poder predecir y anticipar los efectos de las crecidas. El río Uruguay tiene un régimen muy particular, que puede producir inundaciones repentinas, a lo cual se suman actualmente los efectos del cambio climático. Esta zona -estamos hablando de Misiones y Rio Grande do Sul- es la que observó mayor caudal de precipitaciones durante 2017 de toda la Cuenca del Plata. Entonces se convierte prácticamente en una necesidad el poder brindar ese servicio a la población.
P.: ¿Esta iniciativa tiene un impacto directo en el sector turístico?
J.M.D.: Es un servicio también para el sector productivo y turístico. En este último tiene una característica especial porque desde hace un tiempo se sospechaba que una represa de Brasil -Foz do Chapecó- estaba dificultando la visibilidad de los Saltos del Moconá cuando descargaba el agua. Eso hacía que subiera el volumen del río Uruguay y los saltos quedaran con menor visibilidad, o tapados. A partir del trabajo de cooperación, y también por el impulso de actores locales -municipios, Secretaría de Medio Ambiente de Rio Grande do Sul y la Agencia Nacional de Agua de Brasil-, éste último organismo estableció una regla de cumplimiento obligatorio para esa represa, a partir de la información suministrada, entre otros, por nuestra provincia, por el Ministerio de Ecología de Misiones. Obliga a la represa a no descargar más de mil metros cúbicos por segundo desde los viernes por la mañana hasta los domingos a la tarde, el fin de semana, durante los períodos de bajo caudal, que es la mayor parte del año.
P.: ¿Cuándo va a estar operativa esta primera etapa de la red de estaciones?
J.M.D.: La primera estación para monitorear el cumplimiento de esa regla, anticipar los efectos de la crecida y saber qué altura o visibilidad tiene el salto va a estar en el Parque Provincial Saltos del Moconá. Lo que hicieron los gobernadores es firmar un acuerdo para proceder a esa instalación, y también para continuar con ese trabajo en el resto del río compartido. Se estima que puede estar operativa en los próximos dos meses. El resto de las estaciones apuntan básicamente a la prevención de inundaciones, a dar alerta temprana a la población y a las autoridades que tienen que intervenir cuando suceden estos fenómenos.
P.: ¿Cuál es el historial reciente de Misiones en materia de inundaciones, y qué estimaciones manejan para este año?
J.M.D.: Misiones tuvo una crecida extraordinaria en el río Uruguay en 2014, que suscitó que se establecieran estos mecanismos de alerta, en los que intervienen un sinnúmero de instituciones, en el marco de un plan estratégico. La previsión que se tiene para este año es el de un clima de Niña moderado.
P.: Mantuvo un encuentro días atrás con el ministro de Ambiente nacional, Sergio Bergman. ¿Cuál es el aporte del Gobierno al cuidado del medio ambiente en Misiones?
J.M.D.: En primer lugar, mantenemos con el Gobierno nacional una relación muy buena y respetuosa, que se da y debe darse en el marco del federalismo ambiental. Y en ese aspecto, ese ministerio tiene un rol muy importante que cumplir en todo lo que involucre la coordinación entre jurisdicciones.
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Fecha de Publicación: 16/02/2018
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Misiones
El ministro de Ecología de Misiones, Juan Manuel Díaz, tildó de "inédito" e "histórico" al reciente acuerdo que el gobernador Hugo Passalacqua (Frente Renovador de la Concordia) selló con su par de Rio Grande do Sul, José Ivo Sartori, para instalar una red de estaciones para monitorear las crecidas del río Uruguay.
Su primera etapa tendrá impacto directo en una de las perlas turísticas de la provincia: permitirá preservar la belleza de los Saltos de Moconá, al controlar la descarga de agua de una represa brasileña.
Periodista: Misiones es un enclave turístico de escala mundial. ¿Cómo se congenia ese estatus con el cuidado del medio ambiente?
Juan Manuel Díaz: En nuestra provincia, en realidad, van de la mano ambas situaciones. El turismo es uno de los principales aliados que tiene la conservación de nuestra naturaleza y la selva paranaense. Es una de las actividades llamadas también "industria sin chimenea", que se presentan como de las más amigables con la conservación, al punto de que nuestra provincia se caracteriza por un gran desarrollo del ecoturismo o turismo sostenible, con muchos establecimientos certificados con normas internacionales.
P.: ¿Por qué el gobernador Hugo Passalacqua tildó de histórico el acuerdo con su par de Rio Grande do Sul para instalar una red de estaciones para monitorear el caudal del río Uruguay?
J.M.D.: Es un acuerdo que tiene, sin duda, ribetes inéditos e históricos porque es parte de un proceso que se inició a partir de una decisión política de integrar a las provincias vecinas de Misiones y Rio Grande do Sul, entendiendo a esta zona como una región y tratando de administrarla de manera cooperativa en aspectos muy importantes, uno de ellos el medio ambiente. Hace menos de un año los gobernadores celebraron un acuerdo en Posadas y tenía varios ejes: el turismo, el comercio, la industria y también el medio ambiente, incluidos los fenómenos meteorológicos. De hecho, se generó un área dentro del Gobierno provincial que es la Dirección General de Alerta Temprana, que depende de la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial del Ministerio de Ecología.
P.: ¿Cuál será la función de esa red de estaciones?
J.M.D.: En un primer momento, será poder predecir y anticipar los efectos de las crecidas. El río Uruguay tiene un régimen muy particular, que puede producir inundaciones repentinas, a lo cual se suman actualmente los efectos del cambio climático. Esta zona -estamos hablando de Misiones y Rio Grande do Sul- es la que observó mayor caudal de precipitaciones durante 2017 de toda la Cuenca del Plata. Entonces se convierte prácticamente en una necesidad el poder brindar ese servicio a la población.
P.: ¿Esta iniciativa tiene un impacto directo en el sector turístico?
J.M.D.: Es un servicio también para el sector productivo y turístico. En este último tiene una característica especial porque desde hace un tiempo se sospechaba que una represa de Brasil -Foz do Chapecó- estaba dificultando la visibilidad de los Saltos del Moconá cuando descargaba el agua. Eso hacía que subiera el volumen del río Uruguay y los saltos quedaran con menor visibilidad, o tapados. A partir del trabajo de cooperación, y también por el impulso de actores locales -municipios, Secretaría de Medio Ambiente de Rio Grande do Sul y la Agencia Nacional de Agua de Brasil-, éste último organismo estableció una regla de cumplimiento obligatorio para esa represa, a partir de la información suministrada, entre otros, por nuestra provincia, por el Ministerio de Ecología de Misiones. Obliga a la represa a no descargar más de mil metros cúbicos por segundo desde los viernes por la mañana hasta los domingos a la tarde, el fin de semana, durante los períodos de bajo caudal, que es la mayor parte del año.
P.: ¿Cuándo va a estar operativa esta primera etapa de la red de estaciones?
J.M.D.: La primera estación para monitorear el cumplimiento de esa regla, anticipar los efectos de la crecida y saber qué altura o visibilidad tiene el salto va a estar en el Parque Provincial Saltos del Moconá. Lo que hicieron los gobernadores es firmar un acuerdo para proceder a esa instalación, y también para continuar con ese trabajo en el resto del río compartido. Se estima que puede estar operativa en los próximos dos meses. El resto de las estaciones apuntan básicamente a la prevención de inundaciones, a dar alerta temprana a la población y a las autoridades que tienen que intervenir cuando suceden estos fenómenos.
P.: ¿Cuál es el historial reciente de Misiones en materia de inundaciones, y qué estimaciones manejan para este año?
J.M.D.: Misiones tuvo una crecida extraordinaria en el río Uruguay en 2014, que suscitó que se establecieran estos mecanismos de alerta, en los que intervienen un sinnúmero de instituciones, en el marco de un plan estratégico. La previsión que se tiene para este año es el de un clima de Niña moderado.
P.: Mantuvo un encuentro días atrás con el ministro de Ambiente nacional, Sergio Bergman. ¿Cuál es el aporte del Gobierno al cuidado del medio ambiente en Misiones?
J.M.D.: En primer lugar, mantenemos con el Gobierno nacional una relación muy buena y respetuosa, que se da y debe darse en el marco del federalismo ambiental. Y en ese aspecto, ese ministerio tiene un rol muy importante que cumplir en todo lo que involucre la coordinación entre jurisdicciones.
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Los desmontes podrían convertirse en un delito penal
Presentan proyecto para que la deforestación ilegal sea considerada delito penal
Fecha de Publicación: 15/02/2018
Fuente: InfoNews
Provincia/Región: Nacional
Es impulsado por el Ministerio de Ambiente de la Nación después de frenar el desmonte de 40 mil hectáreas en Salta, propiciado por Urtubey y el primo de Marcos Peña. Las penas van de seis meses a tres años de prisión e incluyen agravantes.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación presentó un proyecto de ley en el Congreso para considerar la deforestación ilegal como delito penal, con penas de hasta cinco años de prisión no excarcelable.
La medida llega después de la resolución 56/2018, con la cual suspendió en enero las talas que habían sido autorizadas por decretos del gobierno salteño de Juan Manuel Urtubey y ordenó restaurar los montes nativos afectados en 40 mil hectáreas ya desmontadas en la finca El Cuchuy, de General Ballivián, propiedad de Alejandro Braun Peña, primo del jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña Braun.
"Estamos trabajando en un proyecto de acción penal específicamente para bosques junto a la comisión de Reforma del Código Penal. Bajo el título ambiental una de las figuras penales que se incorporan es la deforestación ilegal o la degradación de bosques nativos. Ese trabajo ya se envió a la comisión", informó el secretario de Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, Diego Moreno.
En diálogo con el portal Infobae, el funcionario detalló que la norma prevé penas entre los seis meses y los tres años de prisión, e incluye agravantes que podrían elevar el castigo a cinco años y que no sea excarcelable.
“En 2016 el 50% de los desmontes se produjo en terrenos donde las zonas eran rojas y amarillas. Y se combinaron dos situaciones: el desmonte ilegal y las autorizaciones para establecer sistemas silvopastoriles intensivos", explicó Moreno.
En la resolución 56/2018, el ministro de Ambiente Sergio Bergman estableció que las autorizaciones de recategorización de uso predial y cambio de uso del suelo, sancionadas en los decretos provinciales 2.211/10 y 3.136/10, son incompatibles con la Ley de Bosques.
Por ese motivo, obligó a Salta a restaurar "las más de 40.000 hectáreas desmontadas hasta el momento bajo esas autorizaciones" y prohibió "la emisión de certificados de exportación de palo santo" provenientes de esas áreas.
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Fecha de Publicación: 15/02/2018
Fuente: InfoNews
Provincia/Región: Nacional
Es impulsado por el Ministerio de Ambiente de la Nación después de frenar el desmonte de 40 mil hectáreas en Salta, propiciado por Urtubey y el primo de Marcos Peña. Las penas van de seis meses a tres años de prisión e incluyen agravantes.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación presentó un proyecto de ley en el Congreso para considerar la deforestación ilegal como delito penal, con penas de hasta cinco años de prisión no excarcelable.
La medida llega después de la resolución 56/2018, con la cual suspendió en enero las talas que habían sido autorizadas por decretos del gobierno salteño de Juan Manuel Urtubey y ordenó restaurar los montes nativos afectados en 40 mil hectáreas ya desmontadas en la finca El Cuchuy, de General Ballivián, propiedad de Alejandro Braun Peña, primo del jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña Braun.
"Estamos trabajando en un proyecto de acción penal específicamente para bosques junto a la comisión de Reforma del Código Penal. Bajo el título ambiental una de las figuras penales que se incorporan es la deforestación ilegal o la degradación de bosques nativos. Ese trabajo ya se envió a la comisión", informó el secretario de Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, Diego Moreno.
En diálogo con el portal Infobae, el funcionario detalló que la norma prevé penas entre los seis meses y los tres años de prisión, e incluye agravantes que podrían elevar el castigo a cinco años y que no sea excarcelable.
“En 2016 el 50% de los desmontes se produjo en terrenos donde las zonas eran rojas y amarillas. Y se combinaron dos situaciones: el desmonte ilegal y las autorizaciones para establecer sistemas silvopastoriles intensivos", explicó Moreno.
En la resolución 56/2018, el ministro de Ambiente Sergio Bergman estableció que las autorizaciones de recategorización de uso predial y cambio de uso del suelo, sancionadas en los decretos provinciales 2.211/10 y 3.136/10, son incompatibles con la Ley de Bosques.
Por ese motivo, obligó a Salta a restaurar "las más de 40.000 hectáreas desmontadas hasta el momento bajo esas autorizaciones" y prohibió "la emisión de certificados de exportación de palo santo" provenientes de esas áreas.
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Córdoba sin remediaciones
Deuda ambiental: casi no se hicieron remediaciones
Fecha de Publicación: 15/02/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
A veces su efecto más notorio es el mal olor, aunque en algunos casos los vecinos llevan la contaminación en la sangre. Eso los distingue; lo que tienen en común es que casi todos los sitios contaminados de la provincia aún están sin remediar.
Se trata de fundiciones, emprendimientos nucleares, depósitos de agroquímicos, rellenos sanitarios, basurales y canteras. En sus suelos hay metales pesados, sustancias radiactivas y otros residuos que pueden generar problemas de salud a la población. A veces, la actividad altera el ambiente: se desmonta o se cambia la fisonomía del terreno.
A pesar de que la Justicia, un municipio o la Provincia solicitaron la remediación del lugar, muchos de estos predios siguen funcionando o están habitados. En el mejor de los escenarios, se clausuró el lugar. Algunas canteras lograron recomponer parte del predio.
Una remediación implica no sólo cerrar el sitio, sino remover o neutralizar la contaminación para evitar daños en la salud y en el ambiente.
La ley 10.208, sancionada en 2012, obliga al Gobierno cordobés a crear el Registro de Pasivos Ambientales de la Provincia (Repa). La norma también indica que el titular de la actividad que generó el pasivo debe recomponer el sitio contaminado.
Javier Britch, secretario de Ambiente de la Provincia, indicó que por ahora sólo tienen un registro georreferenciado de los basurales a cielo abierto. “Son los pasivos ambientales más grandes de la provincia y estamos cerrándolos de a poco. Son más de 400. El año pasado clausuramos 27. La próxima planta de tratamiento de residuos será en Río Tercero, y nos permitirá clausurar 15 basurales más. Luego hay que recomponer esos predios”, explicó.
Radiactivos
Los pasivos ambientales más resonantes son el “chichón” de Alta Córdoba, un enterramiento de 56 mil toneladas de desechos minerales de baja radiación, ubicado en ese barrio de la Capital, y la mina de uranio de Los Gigantes, en las Sierras Grandes.
También son los sitios contaminados más antiguos, ya que la mina dejó de funcionar en 1990, mientras que el “chichón” data de la década de 1960. La Comisión Nacional de Energía Atómica (Cnea) monitorea los sitios, pero aún no los remedia. Desde la Provincia, informaron que la Cnea presentó el plan de remediación a la Secretaría de Minería de la Provincia, pero le fue devuelto con varias correcciones. A fines de 2017, el organismo nacional volvió a entregarlo y ahora la Provincia lo está evaluando. Se espera que en marzo haya una respuesta.
Agroquímicos
En Alta Córdoba también hay un galpón ya en desuso del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), donde habían quedado almacenadas 11 toneladas de DDT (dicloro difenil tricloroetano). En 2005 se dispuso su traslado “provisorio” al predio de la empresa Taym, en Bouwer. Sin embargo, la remediación del depósito ordenada por la Justicia en 2007 aún no se llevó a cabo.
“Está abandonado, lleno de contaminantes. Quisiéramos que ya viniera gente de Senasa a limpiar y poner en condiciones ese lugar”, dijo Jorge, un vecino del predio.
El DDT es un pesticida de alto riesgo, que en su momento contaminó la sangre de al menos 28 personas que vivían en cercanías del galpón. “El material que estaba en ese galpón y que fue llevado por una guarda provisoria a Taym, donde permaneció 10 años, estaría pronto a disponerse localmente en una empresa que lo puede tratar”, aseguró Britch.
Y agregó: “Para el galpón de Alta Córdoba, hay una propuesta de la UNC tendiente a remediarlo sacando el revoque y moviendo el suelo, pero eso nunca se ejecutó porque el tema se judicializó y se impidió el acceso”.
Plomo en sangre
Las fundiciones de plomo de Bouwer y General Cabrera tampoco fueron remediadas. El plomo es una sustancia muy tóxica que provoca anemia, daño neurológico y renal y disminución de la fertilidad. Los vecinos de ambos predios registraron altos niveles en sangre de ese metal pesado, como así también sus operarios.
El año pasado, el predio de Bouwer fue vendido. Sus nuevos dueños viven en el lugar. Juan Lupi, jefe comunal, aseguró que intentó, sin éxito, clausurar el sitio y dejar constancia en la escritura de que el terreno está contaminado.
“Tuvimos que ir a la Justicia. La fundición ya dejó de funcionar, pero el suelo está contaminado. La Provincia o la Nación deberían remediarlo”, comentó.
Britch aclaró: “En el momento en el que se clausuraron esas fundiciones, no había ninguna ley que obligara a remediar sitios contaminados. Espero que la Justicia indique que hay que hacerla; por ejemplo, removiendo la escoria de plomo que queda”.
En 2007, Rolando Guadagna, juez civil y comercial de Río Cuarto, consideró que estaba probada la contaminación originada por la fundición de plomo de General Cabrera y que, “pese a conocer el riesgo”, las autoridades municipales y provinciales “nada hicieron” entre 2002 y 2006.
Ordenó a la Provincia realizar estudios de suelo y napas freáticas, además de encarar tareas de remediación y brindar asistencia médica a las familias afectadas.
Hoy la fundición está radicada en un campo de Carnerillo, pero el antiguo predio no fue remediado. En tanto, el basural de General Cabrera, uno de los sitios donde la Justicia había hallado escoria y restos del plomo, fue tapado con tierra y cercado para que nadie pueda ingresar.
“Mi antecesor cerró el basural con un tejido olímpico y en mi gestión se lo cubrió con tierra. En un tiempo se podrá usar para algo, si están interesados y se hacen los estudios correspondientes”, informó Carolina Eusebio, quien fue intendenta de la localidad entre 2007 y 2015.
Un grupo de vecinos demandó a municipio, Provincia y empresa por la contaminación, aunque 11 años después aún no tienen respuesta. “Seguimos esperando justicia. No sólo fueron los problemas de salud; además tuvimos que mudarnos a otro lugar por recomendación médica”, explicó Laura Albornoz, una vecina damnificada.
Residuos urbanos
Según Ambiente de la Provincia, en Córdoba hay 435 basurales a cielo abierto. Para Britch, es el mayor pasivo ambiental que tiene la Provincia. A través de acuerdos socio ambientales (ASA) por regiones, se logró cerrar 105. “Cada cierre implica ordenar la cadena de disposición de los residuos sólidos urbanos (RSU), desde la clasificación en origen hasta el vertedero, incluyendo acciones de educación, normatización, constitución del ente administrador y tareas de reciclado”, dice Britch.
En la Capital, existen alrededor de 100 microbasurales, indicaron desde la Provincia. En 2015, la Municipalidad encaró un programa para transformarlos en canchas de fútbol, sin mucho éxito. Los vecinos siguieron tirando basura y escombros y en algunos casos se robaron los arcos.
Sobre la ruta 36, al lado de la cárcel de Bouwer, se ubica Potrero del Estado, predio que durante casi 30 años recibió 10 millones de toneladas de RSU de la ciudad de Córdoba y otros municipios y comunas cercanas.
La fosa nueve, la última en la que se dispusieron residuos hasta el cierre del enterramiento en abril de 2010, ya fue cubierta de tierra.
Según la Municipalidad, responsable de la clausura, tras haberse tapado la última fosa sólo resta colocar una cobertura vegetal y continuar haciendo monitoreos ambientales, para devolver el predio al Gobierno provincial en dos años.
Britch indicó que la Provincia proyecta un espacio de generación de energía solar. “La intención es aprovechar una tierra que está muy devaluada para cualquier otro uso, pero que está muy nivelada y es de fácil acceso a la red, en el marco de la Ley de Generación Distribuida”, apuntó el funcionario.
Sin embargo, en 2013 la Justicia hizo lugar a un recurso de amparo presentado por vecinos de Bouwer, la Fundación para la Defensa del Ambiente (Funam) y la Fundación Club de Derecho, para exigir al municipio la remediación del enterramiento y que cese el daño ambiental.
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Fecha de Publicación: 15/02/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
A veces su efecto más notorio es el mal olor, aunque en algunos casos los vecinos llevan la contaminación en la sangre. Eso los distingue; lo que tienen en común es que casi todos los sitios contaminados de la provincia aún están sin remediar.
Se trata de fundiciones, emprendimientos nucleares, depósitos de agroquímicos, rellenos sanitarios, basurales y canteras. En sus suelos hay metales pesados, sustancias radiactivas y otros residuos que pueden generar problemas de salud a la población. A veces, la actividad altera el ambiente: se desmonta o se cambia la fisonomía del terreno.
A pesar de que la Justicia, un municipio o la Provincia solicitaron la remediación del lugar, muchos de estos predios siguen funcionando o están habitados. En el mejor de los escenarios, se clausuró el lugar. Algunas canteras lograron recomponer parte del predio.
Una remediación implica no sólo cerrar el sitio, sino remover o neutralizar la contaminación para evitar daños en la salud y en el ambiente.
La ley 10.208, sancionada en 2012, obliga al Gobierno cordobés a crear el Registro de Pasivos Ambientales de la Provincia (Repa). La norma también indica que el titular de la actividad que generó el pasivo debe recomponer el sitio contaminado.
Javier Britch, secretario de Ambiente de la Provincia, indicó que por ahora sólo tienen un registro georreferenciado de los basurales a cielo abierto. “Son los pasivos ambientales más grandes de la provincia y estamos cerrándolos de a poco. Son más de 400. El año pasado clausuramos 27. La próxima planta de tratamiento de residuos será en Río Tercero, y nos permitirá clausurar 15 basurales más. Luego hay que recomponer esos predios”, explicó.
Radiactivos
Los pasivos ambientales más resonantes son el “chichón” de Alta Córdoba, un enterramiento de 56 mil toneladas de desechos minerales de baja radiación, ubicado en ese barrio de la Capital, y la mina de uranio de Los Gigantes, en las Sierras Grandes.
También son los sitios contaminados más antiguos, ya que la mina dejó de funcionar en 1990, mientras que el “chichón” data de la década de 1960. La Comisión Nacional de Energía Atómica (Cnea) monitorea los sitios, pero aún no los remedia. Desde la Provincia, informaron que la Cnea presentó el plan de remediación a la Secretaría de Minería de la Provincia, pero le fue devuelto con varias correcciones. A fines de 2017, el organismo nacional volvió a entregarlo y ahora la Provincia lo está evaluando. Se espera que en marzo haya una respuesta.
Agroquímicos
En Alta Córdoba también hay un galpón ya en desuso del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), donde habían quedado almacenadas 11 toneladas de DDT (dicloro difenil tricloroetano). En 2005 se dispuso su traslado “provisorio” al predio de la empresa Taym, en Bouwer. Sin embargo, la remediación del depósito ordenada por la Justicia en 2007 aún no se llevó a cabo.
“Está abandonado, lleno de contaminantes. Quisiéramos que ya viniera gente de Senasa a limpiar y poner en condiciones ese lugar”, dijo Jorge, un vecino del predio.
El DDT es un pesticida de alto riesgo, que en su momento contaminó la sangre de al menos 28 personas que vivían en cercanías del galpón. “El material que estaba en ese galpón y que fue llevado por una guarda provisoria a Taym, donde permaneció 10 años, estaría pronto a disponerse localmente en una empresa que lo puede tratar”, aseguró Britch.
Y agregó: “Para el galpón de Alta Córdoba, hay una propuesta de la UNC tendiente a remediarlo sacando el revoque y moviendo el suelo, pero eso nunca se ejecutó porque el tema se judicializó y se impidió el acceso”.
Plomo en sangre
Las fundiciones de plomo de Bouwer y General Cabrera tampoco fueron remediadas. El plomo es una sustancia muy tóxica que provoca anemia, daño neurológico y renal y disminución de la fertilidad. Los vecinos de ambos predios registraron altos niveles en sangre de ese metal pesado, como así también sus operarios.
El año pasado, el predio de Bouwer fue vendido. Sus nuevos dueños viven en el lugar. Juan Lupi, jefe comunal, aseguró que intentó, sin éxito, clausurar el sitio y dejar constancia en la escritura de que el terreno está contaminado.
“Tuvimos que ir a la Justicia. La fundición ya dejó de funcionar, pero el suelo está contaminado. La Provincia o la Nación deberían remediarlo”, comentó.
Britch aclaró: “En el momento en el que se clausuraron esas fundiciones, no había ninguna ley que obligara a remediar sitios contaminados. Espero que la Justicia indique que hay que hacerla; por ejemplo, removiendo la escoria de plomo que queda”.
En 2007, Rolando Guadagna, juez civil y comercial de Río Cuarto, consideró que estaba probada la contaminación originada por la fundición de plomo de General Cabrera y que, “pese a conocer el riesgo”, las autoridades municipales y provinciales “nada hicieron” entre 2002 y 2006.
Ordenó a la Provincia realizar estudios de suelo y napas freáticas, además de encarar tareas de remediación y brindar asistencia médica a las familias afectadas.
Hoy la fundición está radicada en un campo de Carnerillo, pero el antiguo predio no fue remediado. En tanto, el basural de General Cabrera, uno de los sitios donde la Justicia había hallado escoria y restos del plomo, fue tapado con tierra y cercado para que nadie pueda ingresar.
“Mi antecesor cerró el basural con un tejido olímpico y en mi gestión se lo cubrió con tierra. En un tiempo se podrá usar para algo, si están interesados y se hacen los estudios correspondientes”, informó Carolina Eusebio, quien fue intendenta de la localidad entre 2007 y 2015.
Un grupo de vecinos demandó a municipio, Provincia y empresa por la contaminación, aunque 11 años después aún no tienen respuesta. “Seguimos esperando justicia. No sólo fueron los problemas de salud; además tuvimos que mudarnos a otro lugar por recomendación médica”, explicó Laura Albornoz, una vecina damnificada.
Residuos urbanos
Según Ambiente de la Provincia, en Córdoba hay 435 basurales a cielo abierto. Para Britch, es el mayor pasivo ambiental que tiene la Provincia. A través de acuerdos socio ambientales (ASA) por regiones, se logró cerrar 105. “Cada cierre implica ordenar la cadena de disposición de los residuos sólidos urbanos (RSU), desde la clasificación en origen hasta el vertedero, incluyendo acciones de educación, normatización, constitución del ente administrador y tareas de reciclado”, dice Britch.
En la Capital, existen alrededor de 100 microbasurales, indicaron desde la Provincia. En 2015, la Municipalidad encaró un programa para transformarlos en canchas de fútbol, sin mucho éxito. Los vecinos siguieron tirando basura y escombros y en algunos casos se robaron los arcos.
Sobre la ruta 36, al lado de la cárcel de Bouwer, se ubica Potrero del Estado, predio que durante casi 30 años recibió 10 millones de toneladas de RSU de la ciudad de Córdoba y otros municipios y comunas cercanas.
La fosa nueve, la última en la que se dispusieron residuos hasta el cierre del enterramiento en abril de 2010, ya fue cubierta de tierra.
Según la Municipalidad, responsable de la clausura, tras haberse tapado la última fosa sólo resta colocar una cobertura vegetal y continuar haciendo monitoreos ambientales, para devolver el predio al Gobierno provincial en dos años.
Britch indicó que la Provincia proyecta un espacio de generación de energía solar. “La intención es aprovechar una tierra que está muy devaluada para cualquier otro uso, pero que está muy nivelada y es de fácil acceso a la red, en el marco de la Ley de Generación Distribuida”, apuntó el funcionario.
Sin embargo, en 2013 la Justicia hizo lugar a un recurso de amparo presentado por vecinos de Bouwer, la Fundación para la Defensa del Ambiente (Funam) y la Fundación Club de Derecho, para exigir al municipio la remediación del enterramiento y que cese el daño ambiental.
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Cambio Climático: Intendentes debatieron en Rosario
Intendentes de todo el país debatieron en Rosario sobre el cambio climático
Fecha de Publicación: 15/02/2018
Fuente: La Capital (Santa Fe)
Provincia/Región: Santa Fe
El objetivo fue trazar acciones para enfrentar uno de los mayores desafíos que acecha a la humanidad: el calentamiento global
La Red Argentina de Municipios contra el Cambio Climático (Ramcc) se reunió ayer en Rosario para debatir sobre las acciones que los gobiernos locales pueden (y deben) encarar para enfrentar lo que es probablemente el mayor desafío que acecha a la Humanidad a cortísimo plazo: el calentamiento global.
Así lo expreso el presidente de la red, Ricardo Bertolino, quien destacó el alcance federal de esa organización e insistió con una idea clave: si no cambia el modelo de desarrollo, el futuro del planeta está más amenazado que nunca.
Para eso, las comunas y municipalidades del país pueden intervenir a través de proyectos en energías renovables, eficiencia energética, gestión de residuos, protección de la biodiversidad, agricultura urbana y mitigación de las inundaciones, algunos de los ítems sobre los cuales ya vienen trabajando gobiernos locales de diferentes provincias.
"Luchar contra el cambio climático no es algo sólo ambiental sino que significa discutir el modelo de desarrollo. Esa es la oportunidad que nos abre este escenario", explicó Bertolino ante funcionarios de todos los rincones de Argentina y también de otros países de la región.
Visibilizar el trabajo de la red y ganar en difusión fueron otras de las metas de la asamblea: "Sabemos qué hacer y cómo hacerlo para frenar las emisiones de gases contaminantes. Ya hay 150 proyectos en marcha, precisamos mayor financiamiento", dijo el dirigente y agregó que la red es pionera en Latinoamérica en el trabajo de articulación de municipios.
Como anfitriona del encuentro, la intendenta Mónica Fein resaltó que el cambio climático es un desafío global que exige compromisos locales.
También recordó que el gobierno de la ciudad viene participando de iniciativas importantes a nivel mundial como las cumbres climáticas (las COP), la acción impulsada desde el Vaticano contra el cambio climático y la esclavitud moderna y otras redes latinoamericanas.
"Cada municipio solo no puede, pero en red es otra cosa", destacó la jefa comunal e hizo un llamamiento para que los gobiernos centrales hagan su aporte y destinen parte de los recursos que manejan, a planes locales de mitigación y adaptación a este nuevo patrón climático.
Escenario caliente
El calentamiento global es consecuencia del incremento en la emisión de gases de efecto invernadero. Si bien en un principio se discutía esa hipótesis, la tendencia de los últimos 20 años demuestra que es un proceso en marcha, y acelerando.
A través de diferentes acuerdos internacionales como el de la COP de París, la mayoría de las naciones del mundo se comprometieron a bajar sus emisiones de dióxido de carbono.
Según explicó Bertolino, en Argentina, a través de la Ramcc, también los municipios se proponen hacer lo mismo, aunque aun no existe una meta de reducción de acá a 2030. "Una de las tareas a corto plazo es establecer esa meta y hacer que cada vez más municipios se comprometan a cumplirla", explicó el presidente de la Red Argentina de Municipios contra el Cambio Climático.
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Fecha de Publicación: 15/02/2018
Fuente: La Capital (Santa Fe)
Provincia/Región: Santa Fe
El objetivo fue trazar acciones para enfrentar uno de los mayores desafíos que acecha a la humanidad: el calentamiento global
La Red Argentina de Municipios contra el Cambio Climático (Ramcc) se reunió ayer en Rosario para debatir sobre las acciones que los gobiernos locales pueden (y deben) encarar para enfrentar lo que es probablemente el mayor desafío que acecha a la Humanidad a cortísimo plazo: el calentamiento global.
Así lo expreso el presidente de la red, Ricardo Bertolino, quien destacó el alcance federal de esa organización e insistió con una idea clave: si no cambia el modelo de desarrollo, el futuro del planeta está más amenazado que nunca.
Para eso, las comunas y municipalidades del país pueden intervenir a través de proyectos en energías renovables, eficiencia energética, gestión de residuos, protección de la biodiversidad, agricultura urbana y mitigación de las inundaciones, algunos de los ítems sobre los cuales ya vienen trabajando gobiernos locales de diferentes provincias.
"Luchar contra el cambio climático no es algo sólo ambiental sino que significa discutir el modelo de desarrollo. Esa es la oportunidad que nos abre este escenario", explicó Bertolino ante funcionarios de todos los rincones de Argentina y también de otros países de la región.
Visibilizar el trabajo de la red y ganar en difusión fueron otras de las metas de la asamblea: "Sabemos qué hacer y cómo hacerlo para frenar las emisiones de gases contaminantes. Ya hay 150 proyectos en marcha, precisamos mayor financiamiento", dijo el dirigente y agregó que la red es pionera en Latinoamérica en el trabajo de articulación de municipios.
Como anfitriona del encuentro, la intendenta Mónica Fein resaltó que el cambio climático es un desafío global que exige compromisos locales.
También recordó que el gobierno de la ciudad viene participando de iniciativas importantes a nivel mundial como las cumbres climáticas (las COP), la acción impulsada desde el Vaticano contra el cambio climático y la esclavitud moderna y otras redes latinoamericanas.
"Cada municipio solo no puede, pero en red es otra cosa", destacó la jefa comunal e hizo un llamamiento para que los gobiernos centrales hagan su aporte y destinen parte de los recursos que manejan, a planes locales de mitigación y adaptación a este nuevo patrón climático.
Escenario caliente
El calentamiento global es consecuencia del incremento en la emisión de gases de efecto invernadero. Si bien en un principio se discutía esa hipótesis, la tendencia de los últimos 20 años demuestra que es un proceso en marcha, y acelerando.
A través de diferentes acuerdos internacionales como el de la COP de París, la mayoría de las naciones del mundo se comprometieron a bajar sus emisiones de dióxido de carbono.
Según explicó Bertolino, en Argentina, a través de la Ramcc, también los municipios se proponen hacer lo mismo, aunque aun no existe una meta de reducción de acá a 2030. "Una de las tareas a corto plazo es establecer esa meta y hacer que cada vez más municipios se comprometan a cumplirla", explicó el presidente de la Red Argentina de Municipios contra el Cambio Climático.
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