Río Negro: Nación inciste con la Central Nuclear
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Nación fuerza la estrategia para insistir en la central nuclear
Fecha de Publicación: 09/02/2018
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
A mediados de febrero, el gobierno nacional, a través del Municipio de Sierra Grande, pondrá en marcha una estrategia judicial para insistir en la instalación de la central nuclear en Río Negro. Buscará derribar una ley provincial que impide su instalación en el territorio rionegrino, desoyendo el fuerte rechazo que generó el proyecto, para avanzar con una instalación cuyas características técnicas y potencial peligrosidad se desconocen.
La posible estrategia diseñada por Nación contempla que, a través de Energía, dicte una norma que disponga la localización de la central nuclear en Sierra Grande. Esta formalidad abriría al Municipio el camino para avanzar en la Justicia, con un recurso de “conflictos de intereses y de inconstitucionalidad”.
Un equipo legal –que integran la constitucionalista Marcela Basterra, el exdiputado y exministro radical Oscar Machado y, entre otros, los letrados Micaela Santolaria y Pedro Casariego- evalúan antecedentes y opciones jurídicas. Los primeros argumentos: reivindicar la potestad de Nación del manejo de la actividad nuclear –fijada en la ley 24804– y la decisión municipal de Sierra Grande de permitir el asentamiento de una planta.
Actualmente, la instalación está prohibida en Río Negro por la ley Nº 5227, promulgada en setiembre pasado. Aún así, el proyecto siguió latente y, por ejemplo, nunca existió resignación de parte del intendente serrano, Nelson Iribarren. Así, se lo había hecho saber a Nación y, en esa línea, idearon un proceso, previa realización de una consulta popular en Sierra Grande para su reimpulso.
El 17 de diciembre, esa localidad votó por “Si” o “No” a la planta nuclear. Con baja concurrencia (24%) y sin fiscalización independiente ni participación de la oposición –que llamó a no participar–, el Municipio anunció un triunfo de los que están a favor de la instalación. Este respaldo –según los datos oficiales, del 85%– servirá a la Nación y al Municipio para insistir con el proyecto.
A principios de enero, en Villa La Angostura, el presidente Mauricio Macri le adelantó la decisión al gobernador Alberto Weretilneck. “Plantean llevarlo adelante. Yo le dije que la provincia fijó su posición aunque yo creo que la planta es importante y trascendente. El gobierno (provincial) se expresó con la ley que dice que no puede haber una planta nuclear. Pero, si el gobierno nacional o Cambiemos considera que ellos pueden llevarla adelante, entonces sabrán como hacerlo”, declaró Weretilneck.
Así, Macri entendió que el gobernador no obstruirá su intento. En cambio, el vicegobernador Pedro Pesatti promete una activa resistencia. El diputado macrista Sergio Wisky encabeza el empuje nacional. “Esa instalación sería extraordinaria”, afirmó.
La reaparición del proyecto correspondió al senador Miguel Pichetto, que lo retomó el mismo día de la elección de octubre pasado. Sus fundamentos: “la extensa trayectoria en materia nuclear” de Río Negro, con el Invap y sus reactores; significa la “inversión más grande de la historia de la provincia”, con “más empleo” en “cantidad y calidad”; y la “energía nuclear juega un rol clave para bajar la emisión de dióxido de carbono (CO2), contribuyendo a la protección del medio ambiente”. La propone para Sierra Grande ya que está “gravemente afectada por diferentes crisis económicas, que la condenan a un futuro incierto”.
En Sierra Grande, Iribarren apura a la Nación para cumplir con el trámite de localización y avanzar en la acción judicial frente al STJ. Esa formalización daría cierto cuerpo al proyecto y, consecuentemente, razones municipales para su reclamo judicial. Quiere evitar un traspié formal, como ya ocurrió. A fin de año, este tribunal declaró “improcedente” un recurso del barilochense Antonio Sánchez, que pedía la inconstitucionalidad de la ley de prohibición. La Justicia ni profundizó el análisis ya que cuestionó la legitimidad del accionante.
Hay voces en defensa de la ley y contrario a los pasos nacionales. La senadora Magdalena Odarda, con residencia en Sierra Grande, reafirma que “es constitucional y válida” mientras advirtió del “lobby” del gobierno nacional para “avanzar en la central en Río Negro, a pesar del multitudinario rechazo”. Reivindica el “desarrollo eólico” y cuestiona que no es explotado en la provincia. Odarda sale al cruce de la ofensiva nacional y advierte que la ley Nº 24804 también establece que los “emplazamientos nucleares deben tener la aprobación de los estados provinciales y que las provincias son autónomas en esa decisión”, sobretodo “las que pueden afectar al ambiente”.
Por qué NO
Porque una sola planta genera toneladas de desechos radiactivos al año, algunos más peligrosos que otros. Los más persistentes pueden tardar cientos de miles de años en disminuir su peligrosidad. Por los riesgos de accidente y fugas, peligro siempre presente. Es una energía cara y sucia si se tienen en cuenta todos los desembolsos que hay que realizar para poner en funcionamiento una central nuclear (y no solo los directos), es una de las formas más caras de producir energía eléctrica. La energía generada es barata, comparada con los costos del combustible, pero al tener que amortizar la construcción y posterior desmantelamiento, la encarece sensiblemente. La mayoría de las veces, solo se la compara con las centrales termoeléctricas y se dice que emiten mucho menos C2 (dióxido de carbono), pero nunca se habla de los residuos que genera, qué se hace con ellos y quienes pagarán los altísimos costos de la gestión de los mismos. Emplea un material combustible agotable y contaminante. El mineral utilizado es el uranio. Se encuentra en la naturaleza, aunque en bajas proporciones y no se regenera, debe ser extraído por minería con los riesgos asociados. En la mayoría de los países esto va en declive y se encaminan hacia energías limpias, renovables y sustentables. Porque hay zonas protegidas y algunas de ellas Patrimonio de la Humanidad, con un mercado turístico reconocido a nivel mundial y aún sin explotar, con la posibilidad potencial de generar energía eléctrica, a través de emprendimientos mareomotrices, undimotrices, eólicos o solares. El proyecto es de tipo capital intensivo y llave en mano, tiende a configurar un territorio tipo extractivo, viola el principio de equidad intergeneracional, base del desarrollo sostenible.
El impacto en el empleo local sería bajo en la medida que se contratarían personas con experiencias en centrales.
No tiene licencia social. Se han juntado más de 25000 firmas en su contra. Y hay leyes que prohiben su instalación en Río Negro (provinciales N 5227, 2772, 2951, la nacional 24804, Constitución Provincial y ordenanzas municipales de Viedma, SAO y Sierra Grande). Movimiento Antinuclear Rionegrino (MAR)
Por qué SÍ
Estoy convencido de su instalación en Sierra Grande. Tuve el privilegio de conocer el proyecto, desde el minuto uno. Y no me quedan dudas que es serio, responsable, sustentable en el tiempo y, por sobre todas las cosas, beneficioso para la localidad y toda la región.
No se agota en su obvio significado económico, sino que atraviesa transversalmente todas las capas de la sociedad, y se instala, sin ir más lejos, en el plano cultural, en el intercambio de saberes y costumbres porque modificará nuestra idiosincrasia. Y claro está, presente siempre, la idea de crecimiento. Un crecimiento demográfico proyectado a escalas inéditas, y la posibilidad de generar no solo las fuentes de trabajo directas que implican la construcción y puesta su funcionamiento sino las derivadas del necesario efecto “rebote”, que genera en el intercambio de bienes y servicios.
Además, la energía nuclear, lejos de estar en retroceso a nivel mundial, se presenta como la alternativa más plausible en Europa Occidental y, luego, de un período de amesetamiento, han comenzado a proyectar y construir decenas de nuevas centrales nucleares.
Lamento profundamente el innecesario desgaste que ha producido los vaivenes del gobierno de Río Negro en esta materia, y que solo ha redundado en impregnar un temor infundado en parte de la población por falta de información técnica y precisa, que no le permitió comprender –con meridiana claridad– cuál es el corazón de este proyecto histórico, único e irrepetible. Los pocos que se muestran reticentes –seguramente– se plegarán a la gran mayoría que apoya cuando el proyecto avance y así se fortalezca aún más esa “licencia social” ya lograda.
Se trata de convicciones. Y son convicciones que trascienden lo ideológico y cualquier aspiración política. Es un hecho que nos excede y compromete a la dirigencia política para ir en el mismo sentido, llevar la paz social y lograr que todos los ciudadanos abracen la bandera del progreso sustentable. Nelson Iribarren (intendente de Sierra Grande)
Contradicciones y necesidades
Por Sergio Ceci - sgceci@gmail.com
La opción legislativa –probablemente– no haya sido la mejor técnicamente hablando aunque ya registraba un antecedente parlamentario, con media sanción en julio de 1995, y nunca pudo ser tratado en segunda vuelta por una fuerte y atendible intervención de Invap. El año pasado, esta institución no pudo evitar la ley y debió conformarse con excepciones para sus proyectos, como la venta a Holanda que tuvo avales legislativos –ley 5.218- que paradójicamente vienen de un estado con “ley antinuclear”.
Luego, se suma otro elemento contradictorio cuando se establecen alícuotas del 1,8% –ley Nº 5265– de Ingresos Brutos para la “Generación de energía térmica nuclear”. Es decir, una norma posterior grava una actividad que otra ley (Nº 5227) claramente prohibe.
En lo que aquí interesa, es necesario tener en cuenta el régimen constitucional nacional, de base federal, que asigna competencias provinciales y delega otras al Estado Nacional, como la generación de energía eléctrica. Así, la solución parlamentaria de Río Negro fue la mejor que el gobierno Provincial pudo lograr en ese contexto político pero, si adoptamos una mirada técnica o jurídica, esa ley prohibitiva es políticamente simbólica, por ser jurídicamente innecesaria, o de efecto neutro, en tanto para emplazar una central nuclear en una provincia, es necesario construir depósitos o repositorios de combustible gastado y residuos radiactivos en las propias instalaciones de la planta.
Las leyes nacionales de Actividad Nuclear –Nº 24804– y de Residuos Radiactivos –Nº 25018– fijan que cualquier emplazamiento de este tipo se encuentra bajo jurisdicción, regulación y fiscalización del Estado Nacional.
El marco normativo también establece sí o sí que una ley provincial autorice la instalación de una planta nucleoeléctrica de potencia en su territorio, que también almacenarán sus residuos radiactivos. Sin ello, la instalación está prohibida entonces la ley prohibitiva redunda y pretender la declaración de su inconstitucionalidad poco sumará –jurídicamente– a la intención de erigir la planta. Además, será necesaria otra ley provincial que conforme el Código de Aguas le otorgue permiso o concesión de dicho recurso, aún si fuese sobre aguas marítimas.
Se debe evitar sumar a la ya existente crisis política e ideológica sobre las bondades o maldades de la energía nuclear, una controversia judicial innecesaria, neutra o abstracta, y en todo caso barajar y dar de nuevo, permitiendo que los rionegrinos accedan a un debate informado, transparente y comprometido.
Este tema, de tanta trascendencia política, social, ambiental y económica, no debe caer en las grietas que nos desunen, no debe arrastrarse a las escurridizas arenas jurisdiccionales, buscando un atajo que incluso puede derivar en un camino sin salida. Más bien, volver las cosas a su cauce normativo, y pedirle al Gobierno Nacional y Provincial que transparenten sus acciones, estudios y permitir que la decisión se construya participativamente tal como lo prevé el marco jurídico nacional.
Profesor adjunto de Derecho de la Energía (UNRN) y ex fiscal de Estado
15/5/17. Weretilneck y Macri anuncian desde China que en Río Negro se construirá una central nuclear.
30/5/17. El secretario de Energía, Julián Gadano, dice en Viedma que la planta “estará en la costa atlántica”.
Junio. Un mes en el que entidades y sectores de la Iglesia se organizan en contra de esa instalación.
Ocho meses de idas y vueltas
Fines de julio. El arribo de técnicos chinos acentúa las protestas en Viedma. Iribarren le propone Sierra Grande a Macri.
1/8/17. Weretilneck anuncia que Viedma queda descartada de los posibles lugares de localización.
9/8/17. Marcha antinuclear en Viedma. Tres días después, el oficialismo provincial pierde en las PASO.
1/9/17. La Legislatura sancionó la ley de prohibición: 44 votos a favor y uno en contra (la macrista Daniela Agostino).
25/8/17. Weretilneck anunció que el gobierno desiste de la instalación de la planta. Presentó luego un proyecto de ley.
22/10/17. El senador Pichetto dice en Sierra Grande que la central debe retomarse y ser instalada en esa ciudad.
15/11/17. El Concejo aprobó el llamado a consulta popular. Iribarren dispone que se haga el 17/12.
17/12/17. La consulta “no vinculante” arrojó 251 votos (15%) por el NO y 1.419 (85%) para el SI. Votó el 24% del padrón.
10/1/18. Macri insistió ante Weretilneck: quiere la central en Río Negro. Luego lo reiteró a los diputados Wisky y Matzen.
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Fecha de Publicación: 09/02/2018
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
A mediados de febrero, el gobierno nacional, a través del Municipio de Sierra Grande, pondrá en marcha una estrategia judicial para insistir en la instalación de la central nuclear en Río Negro. Buscará derribar una ley provincial que impide su instalación en el territorio rionegrino, desoyendo el fuerte rechazo que generó el proyecto, para avanzar con una instalación cuyas características técnicas y potencial peligrosidad se desconocen.
La posible estrategia diseñada por Nación contempla que, a través de Energía, dicte una norma que disponga la localización de la central nuclear en Sierra Grande. Esta formalidad abriría al Municipio el camino para avanzar en la Justicia, con un recurso de “conflictos de intereses y de inconstitucionalidad”.
Un equipo legal –que integran la constitucionalista Marcela Basterra, el exdiputado y exministro radical Oscar Machado y, entre otros, los letrados Micaela Santolaria y Pedro Casariego- evalúan antecedentes y opciones jurídicas. Los primeros argumentos: reivindicar la potestad de Nación del manejo de la actividad nuclear –fijada en la ley 24804– y la decisión municipal de Sierra Grande de permitir el asentamiento de una planta.
Actualmente, la instalación está prohibida en Río Negro por la ley Nº 5227, promulgada en setiembre pasado. Aún así, el proyecto siguió latente y, por ejemplo, nunca existió resignación de parte del intendente serrano, Nelson Iribarren. Así, se lo había hecho saber a Nación y, en esa línea, idearon un proceso, previa realización de una consulta popular en Sierra Grande para su reimpulso.
El 17 de diciembre, esa localidad votó por “Si” o “No” a la planta nuclear. Con baja concurrencia (24%) y sin fiscalización independiente ni participación de la oposición –que llamó a no participar–, el Municipio anunció un triunfo de los que están a favor de la instalación. Este respaldo –según los datos oficiales, del 85%– servirá a la Nación y al Municipio para insistir con el proyecto.
A principios de enero, en Villa La Angostura, el presidente Mauricio Macri le adelantó la decisión al gobernador Alberto Weretilneck. “Plantean llevarlo adelante. Yo le dije que la provincia fijó su posición aunque yo creo que la planta es importante y trascendente. El gobierno (provincial) se expresó con la ley que dice que no puede haber una planta nuclear. Pero, si el gobierno nacional o Cambiemos considera que ellos pueden llevarla adelante, entonces sabrán como hacerlo”, declaró Weretilneck.
Así, Macri entendió que el gobernador no obstruirá su intento. En cambio, el vicegobernador Pedro Pesatti promete una activa resistencia. El diputado macrista Sergio Wisky encabeza el empuje nacional. “Esa instalación sería extraordinaria”, afirmó.
La reaparición del proyecto correspondió al senador Miguel Pichetto, que lo retomó el mismo día de la elección de octubre pasado. Sus fundamentos: “la extensa trayectoria en materia nuclear” de Río Negro, con el Invap y sus reactores; significa la “inversión más grande de la historia de la provincia”, con “más empleo” en “cantidad y calidad”; y la “energía nuclear juega un rol clave para bajar la emisión de dióxido de carbono (CO2), contribuyendo a la protección del medio ambiente”. La propone para Sierra Grande ya que está “gravemente afectada por diferentes crisis económicas, que la condenan a un futuro incierto”.
En Sierra Grande, Iribarren apura a la Nación para cumplir con el trámite de localización y avanzar en la acción judicial frente al STJ. Esa formalización daría cierto cuerpo al proyecto y, consecuentemente, razones municipales para su reclamo judicial. Quiere evitar un traspié formal, como ya ocurrió. A fin de año, este tribunal declaró “improcedente” un recurso del barilochense Antonio Sánchez, que pedía la inconstitucionalidad de la ley de prohibición. La Justicia ni profundizó el análisis ya que cuestionó la legitimidad del accionante.
Hay voces en defensa de la ley y contrario a los pasos nacionales. La senadora Magdalena Odarda, con residencia en Sierra Grande, reafirma que “es constitucional y válida” mientras advirtió del “lobby” del gobierno nacional para “avanzar en la central en Río Negro, a pesar del multitudinario rechazo”. Reivindica el “desarrollo eólico” y cuestiona que no es explotado en la provincia. Odarda sale al cruce de la ofensiva nacional y advierte que la ley Nº 24804 también establece que los “emplazamientos nucleares deben tener la aprobación de los estados provinciales y que las provincias son autónomas en esa decisión”, sobretodo “las que pueden afectar al ambiente”.
Por qué NO
Porque una sola planta genera toneladas de desechos radiactivos al año, algunos más peligrosos que otros. Los más persistentes pueden tardar cientos de miles de años en disminuir su peligrosidad. Por los riesgos de accidente y fugas, peligro siempre presente. Es una energía cara y sucia si se tienen en cuenta todos los desembolsos que hay que realizar para poner en funcionamiento una central nuclear (y no solo los directos), es una de las formas más caras de producir energía eléctrica. La energía generada es barata, comparada con los costos del combustible, pero al tener que amortizar la construcción y posterior desmantelamiento, la encarece sensiblemente. La mayoría de las veces, solo se la compara con las centrales termoeléctricas y se dice que emiten mucho menos C2 (dióxido de carbono), pero nunca se habla de los residuos que genera, qué se hace con ellos y quienes pagarán los altísimos costos de la gestión de los mismos. Emplea un material combustible agotable y contaminante. El mineral utilizado es el uranio. Se encuentra en la naturaleza, aunque en bajas proporciones y no se regenera, debe ser extraído por minería con los riesgos asociados. En la mayoría de los países esto va en declive y se encaminan hacia energías limpias, renovables y sustentables. Porque hay zonas protegidas y algunas de ellas Patrimonio de la Humanidad, con un mercado turístico reconocido a nivel mundial y aún sin explotar, con la posibilidad potencial de generar energía eléctrica, a través de emprendimientos mareomotrices, undimotrices, eólicos o solares. El proyecto es de tipo capital intensivo y llave en mano, tiende a configurar un territorio tipo extractivo, viola el principio de equidad intergeneracional, base del desarrollo sostenible.
El impacto en el empleo local sería bajo en la medida que se contratarían personas con experiencias en centrales.
No tiene licencia social. Se han juntado más de 25000 firmas en su contra. Y hay leyes que prohiben su instalación en Río Negro (provinciales N 5227, 2772, 2951, la nacional 24804, Constitución Provincial y ordenanzas municipales de Viedma, SAO y Sierra Grande). Movimiento Antinuclear Rionegrino (MAR)
Por qué SÍ
Estoy convencido de su instalación en Sierra Grande. Tuve el privilegio de conocer el proyecto, desde el minuto uno. Y no me quedan dudas que es serio, responsable, sustentable en el tiempo y, por sobre todas las cosas, beneficioso para la localidad y toda la región.
No se agota en su obvio significado económico, sino que atraviesa transversalmente todas las capas de la sociedad, y se instala, sin ir más lejos, en el plano cultural, en el intercambio de saberes y costumbres porque modificará nuestra idiosincrasia. Y claro está, presente siempre, la idea de crecimiento. Un crecimiento demográfico proyectado a escalas inéditas, y la posibilidad de generar no solo las fuentes de trabajo directas que implican la construcción y puesta su funcionamiento sino las derivadas del necesario efecto “rebote”, que genera en el intercambio de bienes y servicios.
Además, la energía nuclear, lejos de estar en retroceso a nivel mundial, se presenta como la alternativa más plausible en Europa Occidental y, luego, de un período de amesetamiento, han comenzado a proyectar y construir decenas de nuevas centrales nucleares.
Lamento profundamente el innecesario desgaste que ha producido los vaivenes del gobierno de Río Negro en esta materia, y que solo ha redundado en impregnar un temor infundado en parte de la población por falta de información técnica y precisa, que no le permitió comprender –con meridiana claridad– cuál es el corazón de este proyecto histórico, único e irrepetible. Los pocos que se muestran reticentes –seguramente– se plegarán a la gran mayoría que apoya cuando el proyecto avance y así se fortalezca aún más esa “licencia social” ya lograda.
Se trata de convicciones. Y son convicciones que trascienden lo ideológico y cualquier aspiración política. Es un hecho que nos excede y compromete a la dirigencia política para ir en el mismo sentido, llevar la paz social y lograr que todos los ciudadanos abracen la bandera del progreso sustentable. Nelson Iribarren (intendente de Sierra Grande)
Contradicciones y necesidades
Por Sergio Ceci - sgceci@gmail.com
La opción legislativa –probablemente– no haya sido la mejor técnicamente hablando aunque ya registraba un antecedente parlamentario, con media sanción en julio de 1995, y nunca pudo ser tratado en segunda vuelta por una fuerte y atendible intervención de Invap. El año pasado, esta institución no pudo evitar la ley y debió conformarse con excepciones para sus proyectos, como la venta a Holanda que tuvo avales legislativos –ley 5.218- que paradójicamente vienen de un estado con “ley antinuclear”.
Luego, se suma otro elemento contradictorio cuando se establecen alícuotas del 1,8% –ley Nº 5265– de Ingresos Brutos para la “Generación de energía térmica nuclear”. Es decir, una norma posterior grava una actividad que otra ley (Nº 5227) claramente prohibe.
En lo que aquí interesa, es necesario tener en cuenta el régimen constitucional nacional, de base federal, que asigna competencias provinciales y delega otras al Estado Nacional, como la generación de energía eléctrica. Así, la solución parlamentaria de Río Negro fue la mejor que el gobierno Provincial pudo lograr en ese contexto político pero, si adoptamos una mirada técnica o jurídica, esa ley prohibitiva es políticamente simbólica, por ser jurídicamente innecesaria, o de efecto neutro, en tanto para emplazar una central nuclear en una provincia, es necesario construir depósitos o repositorios de combustible gastado y residuos radiactivos en las propias instalaciones de la planta.
Las leyes nacionales de Actividad Nuclear –Nº 24804– y de Residuos Radiactivos –Nº 25018– fijan que cualquier emplazamiento de este tipo se encuentra bajo jurisdicción, regulación y fiscalización del Estado Nacional.
El marco normativo también establece sí o sí que una ley provincial autorice la instalación de una planta nucleoeléctrica de potencia en su territorio, que también almacenarán sus residuos radiactivos. Sin ello, la instalación está prohibida entonces la ley prohibitiva redunda y pretender la declaración de su inconstitucionalidad poco sumará –jurídicamente– a la intención de erigir la planta. Además, será necesaria otra ley provincial que conforme el Código de Aguas le otorgue permiso o concesión de dicho recurso, aún si fuese sobre aguas marítimas.
Se debe evitar sumar a la ya existente crisis política e ideológica sobre las bondades o maldades de la energía nuclear, una controversia judicial innecesaria, neutra o abstracta, y en todo caso barajar y dar de nuevo, permitiendo que los rionegrinos accedan a un debate informado, transparente y comprometido.
Este tema, de tanta trascendencia política, social, ambiental y económica, no debe caer en las grietas que nos desunen, no debe arrastrarse a las escurridizas arenas jurisdiccionales, buscando un atajo que incluso puede derivar en un camino sin salida. Más bien, volver las cosas a su cauce normativo, y pedirle al Gobierno Nacional y Provincial que transparenten sus acciones, estudios y permitir que la decisión se construya participativamente tal como lo prevé el marco jurídico nacional.
Profesor adjunto de Derecho de la Energía (UNRN) y ex fiscal de Estado
15/5/17. Weretilneck y Macri anuncian desde China que en Río Negro se construirá una central nuclear.
30/5/17. El secretario de Energía, Julián Gadano, dice en Viedma que la planta “estará en la costa atlántica”.
Junio. Un mes en el que entidades y sectores de la Iglesia se organizan en contra de esa instalación.
Ocho meses de idas y vueltas
Fines de julio. El arribo de técnicos chinos acentúa las protestas en Viedma. Iribarren le propone Sierra Grande a Macri.
1/8/17. Weretilneck anuncia que Viedma queda descartada de los posibles lugares de localización.
9/8/17. Marcha antinuclear en Viedma. Tres días después, el oficialismo provincial pierde en las PASO.
1/9/17. La Legislatura sancionó la ley de prohibición: 44 votos a favor y uno en contra (la macrista Daniela Agostino).
25/8/17. Weretilneck anunció que el gobierno desiste de la instalación de la planta. Presentó luego un proyecto de ley.
22/10/17. El senador Pichetto dice en Sierra Grande que la central debe retomarse y ser instalada en esa ciudad.
15/11/17. El Concejo aprobó el llamado a consulta popular. Iribarren dispone que se haga el 17/12.
17/12/17. La consulta “no vinculante” arrojó 251 votos (15%) por el NO y 1.419 (85%) para el SI. Votó el 24% del padrón.
10/1/18. Macri insistió ante Weretilneck: quiere la central en Río Negro. Luego lo reiteró a los diputados Wisky y Matzen.
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Capturan un buque español pescando ilegalmente
Pesca ilegal: capturan un buque español con 320 toneladas de pescado en la zona exclusiva argentina
Fecha de Publicación: 09/02/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Prefectura Naval dio con un buque español que operaba ilegalmente en la zona económica exclusiva argentina frente a la costa de Comodoro Rivadavia y con una carga de más de 320 toneladas de pescado.
De acuerdo con lo informado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, el pesquero, identificado como Playa Pesmar Uno, de 63 metros de eslora, 12,50 metros de manga y 44 tripulantes, había zarpado el 11 de enero de Montevideo, Uruguay .
"Se estimó que la cantidad de pescado fresco almacenado superaba las 320 toneladas y estaba valuado en una suma millonaria", informó ayer Seguridad según lo publicado por la agencia Télam.
El barco fue interceptado cuando operaba en la zona económica exclusiva argentina (Zeea), que cuenta con especial protección para los recursos pesqueros, por el guardacostas GC 27 Fique, desde donde le ordenaron por radio al capitán detener la navegación y no levantar la red que tenía desplegada en el mar.
Luego de que se acatara la orden, los prefectos abordaron el buque junto a miembros de la Agrupación Albatros y un inspector de la Dirección Nacional de Pesca. Las primeras estimaciones indican que el pescado fresco capturado incluía merluza, abadejo, calamar y raya, entre otras especies marinas.
Al respecto, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich , indicó: "Con las fuerzas federales trabajamos para proteger los recursos que son de todos los argentinos. Vamos a seguir fortaleciendo nuestra presencia en las aguas para brindar seguridad y para garantizar el cumplimiento de la ley".
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Fecha de Publicación: 09/02/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Prefectura Naval dio con un buque español que operaba ilegalmente en la zona económica exclusiva argentina frente a la costa de Comodoro Rivadavia y con una carga de más de 320 toneladas de pescado.
De acuerdo con lo informado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, el pesquero, identificado como Playa Pesmar Uno, de 63 metros de eslora, 12,50 metros de manga y 44 tripulantes, había zarpado el 11 de enero de Montevideo, Uruguay .
"Se estimó que la cantidad de pescado fresco almacenado superaba las 320 toneladas y estaba valuado en una suma millonaria", informó ayer Seguridad según lo publicado por la agencia Télam.
El barco fue interceptado cuando operaba en la zona económica exclusiva argentina (Zeea), que cuenta con especial protección para los recursos pesqueros, por el guardacostas GC 27 Fique, desde donde le ordenaron por radio al capitán detener la navegación y no levantar la red que tenía desplegada en el mar.
Luego de que se acatara la orden, los prefectos abordaron el buque junto a miembros de la Agrupación Albatros y un inspector de la Dirección Nacional de Pesca. Las primeras estimaciones indican que el pescado fresco capturado incluía merluza, abadejo, calamar y raya, entre otras especies marinas.
Al respecto, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich , indicó: "Con las fuerzas federales trabajamos para proteger los recursos que son de todos los argentinos. Vamos a seguir fortaleciendo nuestra presencia en las aguas para brindar seguridad y para garantizar el cumplimiento de la ley".
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La pérdida de bosques no puede soportarse más
Pérdida de bosques
Fecha de Publicación: 09/02/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Las masas forestales del país han sufrido un constante deterioro que ha comenzado a decrecer en los últimos años, pero que aún es preocupante
Las tierras forestales argentinas no son ajenas al proceso global de deforestación. La reducción de cobertura boscosa es atribuible a una compleja combinación de elementos sociales, económicos y naturales. Por su perfil histórico de país agroexportador y la creciente demanda internacional de alimentos, la Argentina transformó parte de sus pastizales y bosques nativos en tierras de cultivo. Como consecuencia, se expandió la frontera agropecuaria hacia regiones anteriormente ocupadas por bosques y pastizales.
Las masas forestales del país han sufrido y sufren un constante deterioro debido a la ausencia de planificación en sus usos madereros y ganaderos. Así, los desmontes ocurridos en los últimos 18 años han afectado severamente los bosques nativos, y si bien la tasa anual de deforestación descendió a menos de la mitad en los últimos tres años, con respecto al ritmo que tenía antes de la sanción de la ley, ese descenso en la frecuencia del desmonte todavía es insuficiente.
En 2016, fueron taladas más de 130.000 hectáreas boscosas y, según la información del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, a cargo del monitoreo de los bosques en todo el territorio nacional, la reducción se adecua a lo posible y razonable, en un proceso que pretende alcanzar la meta de deforestación neta cero antes de 2020.
Los bosques nativos son esenciales para la vida en la tierra: albergan alrededor del 80% de la biodiversidad terrestre del mundo, protegen las cuencas hidrográficas, estabilizan los suelos y juegan un papel crítico en la mitigación del cambio climático por actuar como sumideros de carbono.
Las especies más afectadas por la explotación son, principalmente, las del parque chaqueño y, en menor volumen, el área de las yungas y la selva paranaense, entre otras menores. La preocupación que subsiste es con relación a los bosques clasificados como rojos y amarillos, de acuerdo con su valor de conservación. Los rojos no deben sufrir reducción alguna, en tanto que los amarillos admiten un uso productivo en la medida en que este no afecte significativamente la estructura del bosque y sus servicios ambientales. Finalmente, los verdes, por su menor valor ambiental, permitían el desmonte previa autorización de la autoridad provincial y mediando una evaluación de impacto ambiental.
Al considerar la superficie boscosa perdida en las últimas décadas, se distinguen dos períodos: el primero, entre 1998 y 2013, en el cual se perdieron entre 25.000 y 300.000 hectáreas de bosques anualmente; el segundo, en los últimos tres años, alcanzando en 2016 el mínimo de 136.000 hectáreas. Esta cifra representa una tasa anual del 0,4% de reducción de la superficie boscosa de nuestro país, que actualmente alcanza a 27 millones de hectáreas.
A la hora de establecer la causa de los desmontes se hace mención de la siembra de soja y de la explotación ganadera. Sin duda, un factor que ha servido para justificar los desmontes en áreas prohibidas por los ordenamientos territoriales (en áreas rojas y amarillas) ha sido la recategorización irregular de los bosques a nivel de predios productivos (pasando de rojo y amarillo a verde) o la implementación de sistemas silvopastoriles no sustentables en áreas amarillas. En el primer caso, una vez lograda esa calificación, se desmontó para sembrar soja. Esto provocó la intervención del Centro Mandela, dedicado a la investigación social, cuyo coordinador, Rolando Núñez, explicó que, según fijan las normas aplicadas a categorizar los bosques, ningún ajuste puede invocarse para reducir los niveles de su protección.
Por otra parte, las multas a quienes no respetan la protección de los montes son difíciles de cobrar o, en muchos casos, su valor irrisorio no constituye un desincentivo económico. Las empresas en falta llevan el problema a la Justicia y ese trámite prolonga un proceso en el cual se busca evadir o dilatar la sanción económica. En Salta y en Chaco, por ejemplo, han solicitado que los permisos de desmonte en zonas protegidas sean considerados delitos penales, porque lo frecuente es que las multas no lleguen a aplicarse. Una auspiciosa noticia ha sido la reciente resolución del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación que declara incompatibles con la ley de bosques las recategorizaciones de predios hechas por Salta, ordenándole suspenderlas y restaurar los ambientes nativos desmontados.
Más allá de las fundadas razones para conservar los bosques, debido a los daños ya sufridos, resulta imprescindible continuar esas restauraciones, sobre todo en áreas críticas que sufren inundaciones, sequías y problemas de erosión. De esta manera, se podrán recuperar no solo el bosque, sino también sus beneficios económicos, sociales y ambientales.
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Fecha de Publicación: 09/02/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Las masas forestales del país han sufrido un constante deterioro que ha comenzado a decrecer en los últimos años, pero que aún es preocupante
Las tierras forestales argentinas no son ajenas al proceso global de deforestación. La reducción de cobertura boscosa es atribuible a una compleja combinación de elementos sociales, económicos y naturales. Por su perfil histórico de país agroexportador y la creciente demanda internacional de alimentos, la Argentina transformó parte de sus pastizales y bosques nativos en tierras de cultivo. Como consecuencia, se expandió la frontera agropecuaria hacia regiones anteriormente ocupadas por bosques y pastizales.
Las masas forestales del país han sufrido y sufren un constante deterioro debido a la ausencia de planificación en sus usos madereros y ganaderos. Así, los desmontes ocurridos en los últimos 18 años han afectado severamente los bosques nativos, y si bien la tasa anual de deforestación descendió a menos de la mitad en los últimos tres años, con respecto al ritmo que tenía antes de la sanción de la ley, ese descenso en la frecuencia del desmonte todavía es insuficiente.
En 2016, fueron taladas más de 130.000 hectáreas boscosas y, según la información del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, a cargo del monitoreo de los bosques en todo el territorio nacional, la reducción se adecua a lo posible y razonable, en un proceso que pretende alcanzar la meta de deforestación neta cero antes de 2020.
Los bosques nativos son esenciales para la vida en la tierra: albergan alrededor del 80% de la biodiversidad terrestre del mundo, protegen las cuencas hidrográficas, estabilizan los suelos y juegan un papel crítico en la mitigación del cambio climático por actuar como sumideros de carbono.
Las especies más afectadas por la explotación son, principalmente, las del parque chaqueño y, en menor volumen, el área de las yungas y la selva paranaense, entre otras menores. La preocupación que subsiste es con relación a los bosques clasificados como rojos y amarillos, de acuerdo con su valor de conservación. Los rojos no deben sufrir reducción alguna, en tanto que los amarillos admiten un uso productivo en la medida en que este no afecte significativamente la estructura del bosque y sus servicios ambientales. Finalmente, los verdes, por su menor valor ambiental, permitían el desmonte previa autorización de la autoridad provincial y mediando una evaluación de impacto ambiental.
Al considerar la superficie boscosa perdida en las últimas décadas, se distinguen dos períodos: el primero, entre 1998 y 2013, en el cual se perdieron entre 25.000 y 300.000 hectáreas de bosques anualmente; el segundo, en los últimos tres años, alcanzando en 2016 el mínimo de 136.000 hectáreas. Esta cifra representa una tasa anual del 0,4% de reducción de la superficie boscosa de nuestro país, que actualmente alcanza a 27 millones de hectáreas.
A la hora de establecer la causa de los desmontes se hace mención de la siembra de soja y de la explotación ganadera. Sin duda, un factor que ha servido para justificar los desmontes en áreas prohibidas por los ordenamientos territoriales (en áreas rojas y amarillas) ha sido la recategorización irregular de los bosques a nivel de predios productivos (pasando de rojo y amarillo a verde) o la implementación de sistemas silvopastoriles no sustentables en áreas amarillas. En el primer caso, una vez lograda esa calificación, se desmontó para sembrar soja. Esto provocó la intervención del Centro Mandela, dedicado a la investigación social, cuyo coordinador, Rolando Núñez, explicó que, según fijan las normas aplicadas a categorizar los bosques, ningún ajuste puede invocarse para reducir los niveles de su protección.
Por otra parte, las multas a quienes no respetan la protección de los montes son difíciles de cobrar o, en muchos casos, su valor irrisorio no constituye un desincentivo económico. Las empresas en falta llevan el problema a la Justicia y ese trámite prolonga un proceso en el cual se busca evadir o dilatar la sanción económica. En Salta y en Chaco, por ejemplo, han solicitado que los permisos de desmonte en zonas protegidas sean considerados delitos penales, porque lo frecuente es que las multas no lleguen a aplicarse. Una auspiciosa noticia ha sido la reciente resolución del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación que declara incompatibles con la ley de bosques las recategorizaciones de predios hechas por Salta, ordenándole suspenderlas y restaurar los ambientes nativos desmontados.
Más allá de las fundadas razones para conservar los bosques, debido a los daños ya sufridos, resulta imprescindible continuar esas restauraciones, sobre todo en áreas críticas que sufren inundaciones, sequías y problemas de erosión. De esta manera, se podrán recuperar no solo el bosque, sino también sus beneficios económicos, sociales y ambientales.
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Resistencia social en la Patagonia a los residuos petroleros
La Patagonia argentina se rebela contra los residuos petroleros
Fecha de Publicación: 08/02/2018
Fuente: IPS
Provincia/Región: Patagonia
El proyecto para instalar un enorme depósito de residuos de la actividad petrolera provocó una crisis en el norte de la Patagonia argentina y volvió a poner en primer plano en el país el debate sobre el impacto ambiental de las industrias extractivas.
La ciudad de Catriel, en la provincia de Río Negro y a unos 1.000 kilómetros al sudoeste de Buenos Aires, era un reducido poblado hasta que en 1959 se descubrió allí un yacimiento petrolero. Desde entonces experimentó un gran crecimiento demográfico, con inmigración de todo el país, y hoy su población ronda los 30.000 habitantes.
El conflicto comenzó en 2016, cuando el municipio anunció la intención de instalar un “depósito de residuos especiales”, sobre una superficie de 300 hectáreas, para dar destino final a los restos inservibles de la actividad petrolera en el área.
Esto generó división social y resistencias que culminaron en noviembre pasado, cuando los opositores al proyecto lograron una modificación a la Carta Orgánica Municipal (la norma suprema a nivel local), que declaró a Catriel “zona protegida” y prohibió ese tipo de instalaciones, consideradas contaminantes.
El intendente (alcalde) calificó entonces de “bochornosa” la actuación de quienes reformaron la Carta Orgánica -elegidos en una votación popular especial en abril – y pidió a la justicia que retrotraiga la situación al estado anterior, con el argumento de que quienes redactaron el nuevo texto se excedieron en sus atribuciones.
Se está a la espera ahora la decisión judicial.
“En todo momento nos fue prácticamente imposible acceder a información. Cuando fuimos a preguntar, el municipio nos dio un documento que tenía un mapa de donde se quiere ubicar la planta y prácticamente nada más”, dijo Natalia Castillo, una empleada administrativa que integra la Asamblea Socio Ambiental de Catriel.
“Estamos muy preocupados por el impacto que puede tener la planta y estamos intentando concientizar a la gente. El problema es que muchos acá trabajan en la industria petrolera y prefieren no meterse con este tema”, afirmó a IPS la participante en la asamblea de corte vecinal surgida para luchar contra el proyecto.
El intendente Carlos Johnston ratificó su posición a IPS: “Tenemos pasivos ambientales desde1959. Es nuestra obligación, como Estado, tratarlos. Mucho peor sería no hacerlo”.
“La autorización ambiental corrió por cuenta de las autoridades provinciales. Puede ser que nos haya faltado hasta ahora dar una mayor información a la sociedad. Pero valoramos el trabajo de las organizaciones ambientales y estamos dispuestos a dialogar porque este proyecto es necesario”, agregó.
Johnston aseguró que los residuos que se aceptarán en la planta serán los de Catriel y otros municipios de la provincia de Río Negro.
Sin embargo, organizaciones ambientalistas sospechan, debido al gran tamaño que se proyecta para el depósito, que este podría recibir residuos de la actividad petrolera de toda la zona y no solo del municipio.
Sucede que Catriel está ubicado en la llamada Cuenca Neuquina, la principal área hidrocarburífera del país, y es muy cercano a Vaca Muerta, el depósito de petróleo y gas no convencional en la colindante provincia de Neuquén, con el cual Argentina sueña con convertirse en una potencia en materia de combustibles fósiles.
La Administración de Información Energética de Estados Unidos estimó las reservas recuperables en los 30.000 kilómetros cuadrados de Vaca Muerta en nada menos que 27.000 millones de barriles de petróleo y 802 billones de pies cúbicos de gas.
El gobierno argentino también pone en ese yacimiento sus esperanzas para recuperar su producción hidrocarburífera, que es declinante desde hace 20 años y obliga al país a importar el déficit de combustibles.
“El problema es que el ‘fracking (fractura hidráulica)’, que se utiliza para extraer los hidrocarburos no convencionales, genera residuos a una escala muy superior que la explotación convencional”, afirmó Martín Álvarez, investigador del no gubernamental e interdisciplinario Observatorio Petrolero Sur (OPSur).
Detalló que con la tecnología que perfora rocas a grandes profundidades mediante grandes inyecciones de agua y aditivos, “no solo vuelven a la superficie las sustancias químicas utilizadas para realizar la perforación y la fractura hidráulica, sino también materiales radiactivos de origen natural que están en el subsuelo”.
“Hay una saturación de residuos petroleros en la Cuenca Neuquina a partir del fracking, que es una técnica sucia. Entonces surgió este nuevo negocio, el acopio de residuos, que tiene un impacto ambiental enorme porque los contaminantes pueden filtrarse en las aguas subterráneas”, agregó el experto.
Junto a la Fundación Ambiente y Recursos Naturales y Greenpeace Argentina, que son dos de las organizaciones ambientalistas más influyentes del país, el OPSur realizó un pedido de acceso a la información a distintos organismos provinciales de Río Negro.
Además, emitió un documento crítico, en el que llamó la atención sobre las dimensiones del proyecto. Con sus 300 hectáreas dijo que superaría en casi 10 veces a la que es actualmente la mayor planta sudamericana de este tipo, que tiene 34 hectáreas.
El documento se refiere a Comarsa, un depósito de residuos petroleros que está a solo 135 kilómetros de Catriel, ya en Neuquén y cerca de su capital. La instalación es cuestionada desde hace años por los vecinos, lo que obligó a las autoridades locales a prometer su cierre definitivo para noviembre pasado, aunque ello no se concretó aún.
Las organizaciones ambientales consideraron además que, durante la audiencia pública en la que se discutió el proyecto, el 31 de marzo de 2017, muchas preguntas y objeciones de los participantes no fueron respondidas.
También cuestionaron la aprobación de la evaluación de impacto ambiental que realizó la Secretaría de Ambiente de Río Negro, “a pesar del rechazo de distintos sectores de la comunidad catrielense”.
En el medio de este conflicto, Catriel debió reformar su Carta Orgánica, una labor establecida para realizarse cada 25 años.
Con el tema la planta en el centro del debate, el local partido gobernante, Juntos Somos Río Negro, ganó las elecciones con 35 por ciento de los votos y obtuvo seis bancas en la comisión reformadora. Pero las otras nueve bancas fueron para distintos partidos de la oposición, que unieron sus fuerzas contra los residuos contaminantes.
“Queda prohibida la radicación o instalación de centrales nucleares, reservorios, basureros, repositorio de disposición final o transitoria de material contaminado proveniente de la industria petrolera, nuclear, química o de cualquier actividad contaminante”, dice el artículo 94 de la nueva norma, que entró en vigencia el 1 de enero.
Pero el intendente asegura que debe ser revisada porque “es inviable”.
Johnston rechazó además la posibilidad de convocar a un referéndum acerca de la autorización para instalar la planta, como le pidió la Asamblea Socio Ambiental de Catriel.
Esa instancia se preguntó en un comunicado: “¿Qué va a pasar cuando las patologías de visibilicen en las personas que habitamos Catriel, debido a la contaminación ambiental del basurero petrolero?”
Un dato que no pasa inadvertido es que la empresa que instalaría la planta de tratamiento es Crexell Soluciones Ambientales, con fuertes vinculaciones políticas al punto que su presidente, Nicolás Crexell, es hermano de una senadora nacional por Neuquén y sobrino de quien gobernó esa provincia hasta 2015.
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Fecha de Publicación: 08/02/2018
Fuente: IPS
Provincia/Región: Patagonia
El proyecto para instalar un enorme depósito de residuos de la actividad petrolera provocó una crisis en el norte de la Patagonia argentina y volvió a poner en primer plano en el país el debate sobre el impacto ambiental de las industrias extractivas.
La ciudad de Catriel, en la provincia de Río Negro y a unos 1.000 kilómetros al sudoeste de Buenos Aires, era un reducido poblado hasta que en 1959 se descubrió allí un yacimiento petrolero. Desde entonces experimentó un gran crecimiento demográfico, con inmigración de todo el país, y hoy su población ronda los 30.000 habitantes.
El conflicto comenzó en 2016, cuando el municipio anunció la intención de instalar un “depósito de residuos especiales”, sobre una superficie de 300 hectáreas, para dar destino final a los restos inservibles de la actividad petrolera en el área.
Esto generó división social y resistencias que culminaron en noviembre pasado, cuando los opositores al proyecto lograron una modificación a la Carta Orgánica Municipal (la norma suprema a nivel local), que declaró a Catriel “zona protegida” y prohibió ese tipo de instalaciones, consideradas contaminantes.
El intendente (alcalde) calificó entonces de “bochornosa” la actuación de quienes reformaron la Carta Orgánica -elegidos en una votación popular especial en abril – y pidió a la justicia que retrotraiga la situación al estado anterior, con el argumento de que quienes redactaron el nuevo texto se excedieron en sus atribuciones.
Se está a la espera ahora la decisión judicial.
“En todo momento nos fue prácticamente imposible acceder a información. Cuando fuimos a preguntar, el municipio nos dio un documento que tenía un mapa de donde se quiere ubicar la planta y prácticamente nada más”, dijo Natalia Castillo, una empleada administrativa que integra la Asamblea Socio Ambiental de Catriel.
“Estamos muy preocupados por el impacto que puede tener la planta y estamos intentando concientizar a la gente. El problema es que muchos acá trabajan en la industria petrolera y prefieren no meterse con este tema”, afirmó a IPS la participante en la asamblea de corte vecinal surgida para luchar contra el proyecto.
El intendente Carlos Johnston ratificó su posición a IPS: “Tenemos pasivos ambientales desde1959. Es nuestra obligación, como Estado, tratarlos. Mucho peor sería no hacerlo”.
“La autorización ambiental corrió por cuenta de las autoridades provinciales. Puede ser que nos haya faltado hasta ahora dar una mayor información a la sociedad. Pero valoramos el trabajo de las organizaciones ambientales y estamos dispuestos a dialogar porque este proyecto es necesario”, agregó.
Johnston aseguró que los residuos que se aceptarán en la planta serán los de Catriel y otros municipios de la provincia de Río Negro.
Sin embargo, organizaciones ambientalistas sospechan, debido al gran tamaño que se proyecta para el depósito, que este podría recibir residuos de la actividad petrolera de toda la zona y no solo del municipio.
Sucede que Catriel está ubicado en la llamada Cuenca Neuquina, la principal área hidrocarburífera del país, y es muy cercano a Vaca Muerta, el depósito de petróleo y gas no convencional en la colindante provincia de Neuquén, con el cual Argentina sueña con convertirse en una potencia en materia de combustibles fósiles.
La Administración de Información Energética de Estados Unidos estimó las reservas recuperables en los 30.000 kilómetros cuadrados de Vaca Muerta en nada menos que 27.000 millones de barriles de petróleo y 802 billones de pies cúbicos de gas.
El gobierno argentino también pone en ese yacimiento sus esperanzas para recuperar su producción hidrocarburífera, que es declinante desde hace 20 años y obliga al país a importar el déficit de combustibles.
“El problema es que el ‘fracking (fractura hidráulica)’, que se utiliza para extraer los hidrocarburos no convencionales, genera residuos a una escala muy superior que la explotación convencional”, afirmó Martín Álvarez, investigador del no gubernamental e interdisciplinario Observatorio Petrolero Sur (OPSur).
Detalló que con la tecnología que perfora rocas a grandes profundidades mediante grandes inyecciones de agua y aditivos, “no solo vuelven a la superficie las sustancias químicas utilizadas para realizar la perforación y la fractura hidráulica, sino también materiales radiactivos de origen natural que están en el subsuelo”.
“Hay una saturación de residuos petroleros en la Cuenca Neuquina a partir del fracking, que es una técnica sucia. Entonces surgió este nuevo negocio, el acopio de residuos, que tiene un impacto ambiental enorme porque los contaminantes pueden filtrarse en las aguas subterráneas”, agregó el experto.
Junto a la Fundación Ambiente y Recursos Naturales y Greenpeace Argentina, que son dos de las organizaciones ambientalistas más influyentes del país, el OPSur realizó un pedido de acceso a la información a distintos organismos provinciales de Río Negro.
Además, emitió un documento crítico, en el que llamó la atención sobre las dimensiones del proyecto. Con sus 300 hectáreas dijo que superaría en casi 10 veces a la que es actualmente la mayor planta sudamericana de este tipo, que tiene 34 hectáreas.
El documento se refiere a Comarsa, un depósito de residuos petroleros que está a solo 135 kilómetros de Catriel, ya en Neuquén y cerca de su capital. La instalación es cuestionada desde hace años por los vecinos, lo que obligó a las autoridades locales a prometer su cierre definitivo para noviembre pasado, aunque ello no se concretó aún.
Las organizaciones ambientales consideraron además que, durante la audiencia pública en la que se discutió el proyecto, el 31 de marzo de 2017, muchas preguntas y objeciones de los participantes no fueron respondidas.
También cuestionaron la aprobación de la evaluación de impacto ambiental que realizó la Secretaría de Ambiente de Río Negro, “a pesar del rechazo de distintos sectores de la comunidad catrielense”.
En el medio de este conflicto, Catriel debió reformar su Carta Orgánica, una labor establecida para realizarse cada 25 años.
Con el tema la planta en el centro del debate, el local partido gobernante, Juntos Somos Río Negro, ganó las elecciones con 35 por ciento de los votos y obtuvo seis bancas en la comisión reformadora. Pero las otras nueve bancas fueron para distintos partidos de la oposición, que unieron sus fuerzas contra los residuos contaminantes.
“Queda prohibida la radicación o instalación de centrales nucleares, reservorios, basureros, repositorio de disposición final o transitoria de material contaminado proveniente de la industria petrolera, nuclear, química o de cualquier actividad contaminante”, dice el artículo 94 de la nueva norma, que entró en vigencia el 1 de enero.
Pero el intendente asegura que debe ser revisada porque “es inviable”.
Johnston rechazó además la posibilidad de convocar a un referéndum acerca de la autorización para instalar la planta, como le pidió la Asamblea Socio Ambiental de Catriel.
Esa instancia se preguntó en un comunicado: “¿Qué va a pasar cuando las patologías de visibilicen en las personas que habitamos Catriel, debido a la contaminación ambiental del basurero petrolero?”
Un dato que no pasa inadvertido es que la empresa que instalaría la planta de tratamiento es Crexell Soluciones Ambientales, con fuertes vinculaciones políticas al punto que su presidente, Nicolás Crexell, es hermano de una senadora nacional por Neuquén y sobrino de quien gobernó esa provincia hasta 2015.
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La UNL experimenta en producir biohidrógeno
Buscan producir biohidrógeno a partir de residuos agrícolas
Fecha de Publicación: 08/02/2018
Fuente: Argentina Investiga
Provincia/Región: Santa Fe
Investigadores santafesinos trabajan para desarrollar un sistema mediante catálisis para producir combustible económico y verde a partir de biomasa de desecho. Es un paso más para reemplazar los insumos derivados de los fósiles.
Investigadores santafesinos trabajan para la producción eficiente y económica de hidrógeno a partir de madera, paja de arroz y trigo, bagazo de caña de azúcar y residuos agrícolas en general, lo que se conoce como biomasa de desecho. Ese biohidrógeno podría ser parte de la solución para dejar de usar petróleo y sus derivados.
Se trata de un trabajo del Grupo de Investigación en Ciencia e Ingeniería Catalíticas (GICIC) del Instituto de Instituto de Investigaciones en Catálisis y Petroquímica (INCAPE), dependiente de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y el CONICET. “Las energías renovables son todo lo contrario al petróleo y permiten generar recursos a partir de materia prima que no se agote. En nuestro caso trabajamos con biomasa, que es una de las más estudiadas en este momento en Argentina, ya que producimos muchos residuos agrícolas. La biomasa está transformando el mundo y nosotros trabajamos en lo que se conoce como Química Verde”, explicó Carlos Apesteguía, director del equipo que componen también Eugenia Sad y Hernán Duarte.
La clave de la investigación reside en la catálisis, que implica la utilización de compuestos químicos para acelerar reacciones, en este caso producir biohidrógeno.
Biomasa
Existen dos tipos de biomasa: la que sirve para consumo humano, lo que implica que no sea sustentable para usar como energía; y la biomasa de desechos, que es la que utiliza el grupo de investigación para generar combustible. “Estudiamos la posibilidad de obtener un vector energético diferente de las naftas. El hidrógeno es la molécula más liviana que existe, pero es un combustible muy eficaz, ya que un kilo contiene tres veces más energía que un kilo de nafta. También es un importante insumo en la industria química”, apuntó Apesteguía.
Actualmente, en el mundo se producen 550 mil millones de metros cúbicos de hidrógeno por año, de los cuales 96% se obtiene por reformado de combustibles fósiles (48% gas natural, 30% del petróleo y 18% del carbón) con vapor de agua. Sin embargo, el hidrógeno será una solución viable sólo cuando se obtenga a partir de recursos renovables.
“Todos los desechos agrícolas del arroz, del trigo, de los árboles, por ejemplo, poseen celulosa, hemicelulosa y lignina, que sirven para extraer azúcares de cinco (pentosas) y seis carbonos (hexosas). Mediante un proceso catalítico, trabajamos para extraer una molécula de hidrógeno”, sintetizó Duarte, que elaboró su tesis de doctorado sobre el tema.
Se trata de un proceso novedoso, que no tiene antecedentes en el país, que aspira a ser eficiente técnicamente a partir de los residuos, renovable, no contaminante y cuyo resultado sea la obtención de hidrógeno puro. “El biohidrógeno se puede utilizar como combustible para el transporte o como insumo para las refinerías, entre otro usos”, continuó Sad.
Catalizador
El sistema, denominado Reformado en Fase Acuosa, implica el uso de un reactor que procesa azúcar y la aplicación de un compuesto que acelera la reacción (el catalizador) para convertirla en una parte líquida y una parte gaseosa, el hidrógeno. “El catalizador posee sólo entre 1% y 3% de platino, por lo cual no es costoso. El desafío de nuestro trabajo es lograr producir más hidrógeno con la menor cantidad de catalizador y que éste se pueda reutilizar muchas veces. Hasta el momento obtuvimos muy buenos resultados”, finalizó Apesteguía.
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Fecha de Publicación: 08/02/2018
Fuente: Argentina Investiga
Provincia/Región: Santa Fe
Investigadores santafesinos trabajan para desarrollar un sistema mediante catálisis para producir combustible económico y verde a partir de biomasa de desecho. Es un paso más para reemplazar los insumos derivados de los fósiles.
Investigadores santafesinos trabajan para la producción eficiente y económica de hidrógeno a partir de madera, paja de arroz y trigo, bagazo de caña de azúcar y residuos agrícolas en general, lo que se conoce como biomasa de desecho. Ese biohidrógeno podría ser parte de la solución para dejar de usar petróleo y sus derivados.
Se trata de un trabajo del Grupo de Investigación en Ciencia e Ingeniería Catalíticas (GICIC) del Instituto de Instituto de Investigaciones en Catálisis y Petroquímica (INCAPE), dependiente de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y el CONICET. “Las energías renovables son todo lo contrario al petróleo y permiten generar recursos a partir de materia prima que no se agote. En nuestro caso trabajamos con biomasa, que es una de las más estudiadas en este momento en Argentina, ya que producimos muchos residuos agrícolas. La biomasa está transformando el mundo y nosotros trabajamos en lo que se conoce como Química Verde”, explicó Carlos Apesteguía, director del equipo que componen también Eugenia Sad y Hernán Duarte.
La clave de la investigación reside en la catálisis, que implica la utilización de compuestos químicos para acelerar reacciones, en este caso producir biohidrógeno.
Biomasa
Existen dos tipos de biomasa: la que sirve para consumo humano, lo que implica que no sea sustentable para usar como energía; y la biomasa de desechos, que es la que utiliza el grupo de investigación para generar combustible. “Estudiamos la posibilidad de obtener un vector energético diferente de las naftas. El hidrógeno es la molécula más liviana que existe, pero es un combustible muy eficaz, ya que un kilo contiene tres veces más energía que un kilo de nafta. También es un importante insumo en la industria química”, apuntó Apesteguía.
Actualmente, en el mundo se producen 550 mil millones de metros cúbicos de hidrógeno por año, de los cuales 96% se obtiene por reformado de combustibles fósiles (48% gas natural, 30% del petróleo y 18% del carbón) con vapor de agua. Sin embargo, el hidrógeno será una solución viable sólo cuando se obtenga a partir de recursos renovables.
“Todos los desechos agrícolas del arroz, del trigo, de los árboles, por ejemplo, poseen celulosa, hemicelulosa y lignina, que sirven para extraer azúcares de cinco (pentosas) y seis carbonos (hexosas). Mediante un proceso catalítico, trabajamos para extraer una molécula de hidrógeno”, sintetizó Duarte, que elaboró su tesis de doctorado sobre el tema.
Se trata de un proceso novedoso, que no tiene antecedentes en el país, que aspira a ser eficiente técnicamente a partir de los residuos, renovable, no contaminante y cuyo resultado sea la obtención de hidrógeno puro. “El biohidrógeno se puede utilizar como combustible para el transporte o como insumo para las refinerías, entre otro usos”, continuó Sad.
Catalizador
El sistema, denominado Reformado en Fase Acuosa, implica el uso de un reactor que procesa azúcar y la aplicación de un compuesto que acelera la reacción (el catalizador) para convertirla en una parte líquida y una parte gaseosa, el hidrógeno. “El catalizador posee sólo entre 1% y 3% de platino, por lo cual no es costoso. El desafío de nuestro trabajo es lograr producir más hidrógeno con la menor cantidad de catalizador y que éste se pueda reutilizar muchas veces. Hasta el momento obtuvimos muy buenos resultados”, finalizó Apesteguía.
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Datos preocupantes de la gestión de RSU en Santa Fe
Santa Fe genera un 26 % más de basura que hace 5 años pero se recupera menos
Fecha de Publicación: 08/02/2018
Fuente: El Litoral Vespertino
Provincia/Región: Santa Fe
En 2011 se recolectaron casi 132 mil toneladas y en 2016, 167 mil (26% más). La política de separación en domicilio no está funcionando bien: año a año hay una permanente disminución de las toneladas ingresadas a la planta de recuperación: 6.500 en 2011 y 2.800 en 2016.
El Municipio busca nuevas estrategias para optimizar la gestión general de los residuos. Incorporará tecnología al servicio de recolección, hará un seguimiento firme de microbasurales y lanzará nuevas campañas de difusión porque “el vecino es el socio principal”, sostienen.
La gestión de los residuos sólidos que genera la ciudadanía santafesina tiene varios desafíos por delante. La cantidad de basura que llega al relleno sanitario se ha incrementado en los últimos años -un 26 % más entre 2011 y 2016-, la separación en domicilio entre húmedo y seco viene en caída -ingresó un 32% menos en 2016 respecto a 2014- y no se han logrado erradicar los microbasurales ni la actividad de recolectores informales. El problema está tanto en el proceso de recolección y tratamiento, como en la generación. Es decir, involucra al Estado -que debe impulsar las políticas y ejercer el control- pero también a los vecinos -sucios, descuidados y descomprometidos, en muchos casos.
En la Municipalidad lo saben (todos los datos están compilados en el último Santa Fe Cómo Vamos (2016), que elaboraron junto con la Bolsa de Comercio). Por eso es uno de los principales ejes de trabajo -con objetivos y plazos de acción- en la Estrategia de Resiliencia que presentó el año pasado en el marco del Programa 100 Ciudades Resilientes de Fundación Rockefeller. Además, en diciembre elevaron de categoría a la anterior Subsecretaría de Ambiente -que ahora es Secretaría-, con varias metas por delante.
En 2010, la ciudad dio un salto cualitativo en sus políticas ambientales, al inaugurar la nueva planta de relleno sanitario, al oeste de la circunvalación, e implementar la separación en origen con días distintos para sacar residuos secos y húmedos. Si bien no hay una normativa que obligue a hacerlo, y multe a quien no cumpla, el servicio de recolección diferenciada sí está garantizado para toda la ciudad.
En esos primeros años, hubo fuertes campañas de concientización que lograron una alta adhesión inicial de la ciudadanía. Luego todo se relajó y el entusiasmo inicial se diluyó: el primer año (2011) ingresaron a la planta de recuperación 6.543 toneladas; en 2016, 2.868. Pero a su vez, el material recuperado y comercializado también viene disminuyendo: 951 tn en 2011 contra 650 en 2016. Mientras tanto, al relleno ingresa cada vez más basura: 131.977 tn en 2011, 167.033 tn en 2016. (Ver cuadro) Aquí es necesario aclarar dos puntos: por un lado, localidades del departamento La Capital comenzaron a arrojar su basura en el relleno sanitario, algunas en forma esporádica (como Rincón, que lo hizo en épocas de crecidas); por otro, ha aumentado la recolección de grandes generadores que antes usaban cavas o terrenos baldíos para deshacerse de sus residuos.
Ejes de acción
Mariano Cejas es el nuevo secretario de Ambiente y Espacios Públicos de la Municipalidad de Santa Fe. “Vamos a aprovechar el camino recorrido y todo lo que se ha avanzado en gestión de residuos sólidos urbanos, pero también tenemos la necesidad de afrontar nuevos desafíos”, afirma mientras delinea los dos ejes principales sobre los que apoyará todas las políticas planteadas: mejorar el servicio que prestan las empresas y el propio municipio y sensibilizar para llegar con mejor información a los vecinos, que “son los principales socios”.
La incorporación de tecnología en el servicio de recolección será clave para optimizar el control, que hoy se realiza, básicamente, con verificadores: “Necesitamos tener elementos fiables y diseñar indicadores para conocer con mayor certeza lo que efectivamente hacen las empresas y el propio municipio”. Para eso se sumará un sistema informático diseñado específicamente para que el control sea más fiable y rápido, permita tomar decisiones en tiempo real y genere indicadores para evaluar el sistema y hacer modificaciones. “Con tecnología se puede saber si efectivamente los camiones pasan por las zonas pautadas, y si no pasan ver por qué”, citó como ejemplo.
Respecto a la separación en origen “no es buena hoy, ése es el diagnóstico, se puede mejorar y tiene un gran potencial”, se sinceró el funcionario. “La basura a la planta llega sucia, es decir mal separada, y no se puede aprovechar”, agregó. La idea es relanzar, en marzo, campañas de concientización para involucrar a más zonas de la ciudad e insistir con la colocación de cestos en altura.
La recolección de montones y el proceso de barrido también tienen dificultades. “Estamos rediseñando estas tareas, tanto en lugares como en la forma en que se realiza”. Una de las medidas que se evalúa es establecer días y horarios en los que se cambie la mano de estacionamiento de los autos para favorecer la limpieza. “Estamos muestreando algunas zonas para organizar el sistema”.
Otro punto débil son los microbasurales, que por lo general se forman por residuos domiciliarios o restos que dejan recolectores informales en barrios del oeste, el norte y algunos de la Costa. Desmejoran el paisaje pero a la vez generan focos infecciosos y problemas ambientales.
Cejas contó que comenzaron a trabajar con los coordinadores de distrito en identificar “los focos sucios” e implementar un procedimiento para “lograr su saneamiento definitivo. Hoy se recogen pero no se está investigando por qué ocurren y eso es lo que queremos hacer”. Las hipótesis son muchas: “A veces hay dificultades para que ingrese el camión, o hay problemas de calles, de cableado, de seguridad, puede ocurrir por la falta de cestos en altura; lo que vamos a hacer es intervenir en cuáles son las causas y trabajar en un compromiso fuerte de los vecinos, involucrando instituciones, clubes, etc., para que la solución que se le dé sea sostenida en el tiempo y no tener que ir permanentemente con la pala a juntar esos montículos”, explicó.
En barrios del este, centro y norte lo que más se detecta son los montículos de ramas, escombros y muebles: “Se sacan a cualquier hora porque la mayoría de los problemas que tenemos es por falta de información de los vecinos”, cerró el funcionario.
Mientras prepara un diagnóstico certero, que reconozca las fortalezas y debilidades, la Secretaría de Ambiente buscará optimizar la gestión de los residuos que produce la ciudad y mejorar su limpieza, de la mano de una fuerte campaña de educación y sensibilización que genere compromiso en los vecinos.
La separación, a mitad de camino
A partir de datos del Panel de Hogares del Observatorio Social de la UNL, onda 2016/2017, se presenta que para un total de 1.052 hogares consultados, el 59,9% de los mismos manifiesta que realiza la separación de residuos en el hogar mientras que el 39,9% expone que no la realizada, el 0,2% restante Ns/Nc.
Cuando se consulta al universo de hogares que no realizan la separación de basura domiciliaria, se tiene que el 40,2% sostiene que le cuesta habituarse a hacerlo, el 19,2% no le interesa /no quiere, el 15,1% de los encuestados señala que no se recoge los residuos es su zona, entre otros motivos.
Ante la consulta “¿Es obligatoria la separación de residuos en toda la ciudad?, el 73,4% de los consultados señala que sí, el 15,8% expone que no y, el 10,8% es Ns/Nc.
Una idea para la Costa
Los restos de podas, césped y ramas caídas se acumulan en muchas calles de la costa a la espera de que el servicio municipal los traslade hasta la planta de relleno sanitario, ubicada en el otro extremo de la ciudad. “No es racional hacer ese traslado, genera mucho volumen y no hace eficiente el sistema de recolección de verde”, afirmó el secretario de Ambiente, Mariano Cejas.
La idea es poner en marcha una planta de procesamiento de residuo verde en la zona, y de ahí obtener material para compostaje y chipeado (una cubierta protectora de materia orgánica que se extiende sobre el suelo), que luego se reutiliza en espacios públicos de la ciudad.
“Para montar estas plantas hay que hacer una inversión pero en el mediano plazo resulta redituable antes de tener que seguir trasladando grandes distancias este tipo de residuos”.
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Fecha de Publicación: 08/02/2018
Fuente: El Litoral Vespertino
Provincia/Región: Santa Fe
En 2011 se recolectaron casi 132 mil toneladas y en 2016, 167 mil (26% más). La política de separación en domicilio no está funcionando bien: año a año hay una permanente disminución de las toneladas ingresadas a la planta de recuperación: 6.500 en 2011 y 2.800 en 2016.
El Municipio busca nuevas estrategias para optimizar la gestión general de los residuos. Incorporará tecnología al servicio de recolección, hará un seguimiento firme de microbasurales y lanzará nuevas campañas de difusión porque “el vecino es el socio principal”, sostienen.
La gestión de los residuos sólidos que genera la ciudadanía santafesina tiene varios desafíos por delante. La cantidad de basura que llega al relleno sanitario se ha incrementado en los últimos años -un 26 % más entre 2011 y 2016-, la separación en domicilio entre húmedo y seco viene en caída -ingresó un 32% menos en 2016 respecto a 2014- y no se han logrado erradicar los microbasurales ni la actividad de recolectores informales. El problema está tanto en el proceso de recolección y tratamiento, como en la generación. Es decir, involucra al Estado -que debe impulsar las políticas y ejercer el control- pero también a los vecinos -sucios, descuidados y descomprometidos, en muchos casos.
En la Municipalidad lo saben (todos los datos están compilados en el último Santa Fe Cómo Vamos (2016), que elaboraron junto con la Bolsa de Comercio). Por eso es uno de los principales ejes de trabajo -con objetivos y plazos de acción- en la Estrategia de Resiliencia que presentó el año pasado en el marco del Programa 100 Ciudades Resilientes de Fundación Rockefeller. Además, en diciembre elevaron de categoría a la anterior Subsecretaría de Ambiente -que ahora es Secretaría-, con varias metas por delante.
En 2010, la ciudad dio un salto cualitativo en sus políticas ambientales, al inaugurar la nueva planta de relleno sanitario, al oeste de la circunvalación, e implementar la separación en origen con días distintos para sacar residuos secos y húmedos. Si bien no hay una normativa que obligue a hacerlo, y multe a quien no cumpla, el servicio de recolección diferenciada sí está garantizado para toda la ciudad.
En esos primeros años, hubo fuertes campañas de concientización que lograron una alta adhesión inicial de la ciudadanía. Luego todo se relajó y el entusiasmo inicial se diluyó: el primer año (2011) ingresaron a la planta de recuperación 6.543 toneladas; en 2016, 2.868. Pero a su vez, el material recuperado y comercializado también viene disminuyendo: 951 tn en 2011 contra 650 en 2016. Mientras tanto, al relleno ingresa cada vez más basura: 131.977 tn en 2011, 167.033 tn en 2016. (Ver cuadro) Aquí es necesario aclarar dos puntos: por un lado, localidades del departamento La Capital comenzaron a arrojar su basura en el relleno sanitario, algunas en forma esporádica (como Rincón, que lo hizo en épocas de crecidas); por otro, ha aumentado la recolección de grandes generadores que antes usaban cavas o terrenos baldíos para deshacerse de sus residuos.
Ejes de acción
Mariano Cejas es el nuevo secretario de Ambiente y Espacios Públicos de la Municipalidad de Santa Fe. “Vamos a aprovechar el camino recorrido y todo lo que se ha avanzado en gestión de residuos sólidos urbanos, pero también tenemos la necesidad de afrontar nuevos desafíos”, afirma mientras delinea los dos ejes principales sobre los que apoyará todas las políticas planteadas: mejorar el servicio que prestan las empresas y el propio municipio y sensibilizar para llegar con mejor información a los vecinos, que “son los principales socios”.
La incorporación de tecnología en el servicio de recolección será clave para optimizar el control, que hoy se realiza, básicamente, con verificadores: “Necesitamos tener elementos fiables y diseñar indicadores para conocer con mayor certeza lo que efectivamente hacen las empresas y el propio municipio”. Para eso se sumará un sistema informático diseñado específicamente para que el control sea más fiable y rápido, permita tomar decisiones en tiempo real y genere indicadores para evaluar el sistema y hacer modificaciones. “Con tecnología se puede saber si efectivamente los camiones pasan por las zonas pautadas, y si no pasan ver por qué”, citó como ejemplo.
Respecto a la separación en origen “no es buena hoy, ése es el diagnóstico, se puede mejorar y tiene un gran potencial”, se sinceró el funcionario. “La basura a la planta llega sucia, es decir mal separada, y no se puede aprovechar”, agregó. La idea es relanzar, en marzo, campañas de concientización para involucrar a más zonas de la ciudad e insistir con la colocación de cestos en altura.
La recolección de montones y el proceso de barrido también tienen dificultades. “Estamos rediseñando estas tareas, tanto en lugares como en la forma en que se realiza”. Una de las medidas que se evalúa es establecer días y horarios en los que se cambie la mano de estacionamiento de los autos para favorecer la limpieza. “Estamos muestreando algunas zonas para organizar el sistema”.
Otro punto débil son los microbasurales, que por lo general se forman por residuos domiciliarios o restos que dejan recolectores informales en barrios del oeste, el norte y algunos de la Costa. Desmejoran el paisaje pero a la vez generan focos infecciosos y problemas ambientales.
Cejas contó que comenzaron a trabajar con los coordinadores de distrito en identificar “los focos sucios” e implementar un procedimiento para “lograr su saneamiento definitivo. Hoy se recogen pero no se está investigando por qué ocurren y eso es lo que queremos hacer”. Las hipótesis son muchas: “A veces hay dificultades para que ingrese el camión, o hay problemas de calles, de cableado, de seguridad, puede ocurrir por la falta de cestos en altura; lo que vamos a hacer es intervenir en cuáles son las causas y trabajar en un compromiso fuerte de los vecinos, involucrando instituciones, clubes, etc., para que la solución que se le dé sea sostenida en el tiempo y no tener que ir permanentemente con la pala a juntar esos montículos”, explicó.
En barrios del este, centro y norte lo que más se detecta son los montículos de ramas, escombros y muebles: “Se sacan a cualquier hora porque la mayoría de los problemas que tenemos es por falta de información de los vecinos”, cerró el funcionario.
Mientras prepara un diagnóstico certero, que reconozca las fortalezas y debilidades, la Secretaría de Ambiente buscará optimizar la gestión de los residuos que produce la ciudad y mejorar su limpieza, de la mano de una fuerte campaña de educación y sensibilización que genere compromiso en los vecinos.
La separación, a mitad de camino
A partir de datos del Panel de Hogares del Observatorio Social de la UNL, onda 2016/2017, se presenta que para un total de 1.052 hogares consultados, el 59,9% de los mismos manifiesta que realiza la separación de residuos en el hogar mientras que el 39,9% expone que no la realizada, el 0,2% restante Ns/Nc.
Cuando se consulta al universo de hogares que no realizan la separación de basura domiciliaria, se tiene que el 40,2% sostiene que le cuesta habituarse a hacerlo, el 19,2% no le interesa /no quiere, el 15,1% de los encuestados señala que no se recoge los residuos es su zona, entre otros motivos.
Ante la consulta “¿Es obligatoria la separación de residuos en toda la ciudad?, el 73,4% de los consultados señala que sí, el 15,8% expone que no y, el 10,8% es Ns/Nc.
Una idea para la Costa
Los restos de podas, césped y ramas caídas se acumulan en muchas calles de la costa a la espera de que el servicio municipal los traslade hasta la planta de relleno sanitario, ubicada en el otro extremo de la ciudad. “No es racional hacer ese traslado, genera mucho volumen y no hace eficiente el sistema de recolección de verde”, afirmó el secretario de Ambiente, Mariano Cejas.
La idea es poner en marcha una planta de procesamiento de residuo verde en la zona, y de ahí obtener material para compostaje y chipeado (una cubierta protectora de materia orgánica que se extiende sobre el suelo), que luego se reutiliza en espacios públicos de la ciudad.
“Para montar estas plantas hay que hacer una inversión pero en el mediano plazo resulta redituable antes de tener que seguir trasladando grandes distancias este tipo de residuos”.
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Crudo relato desde Jachal: "muerte a cielo abierto"
Muerte a cielo abierto
Fecha de Publicación: 07/02/2018
Fuente: Página/12
Provincia/Región: San Juan
Y, convocados por el juzgado, somos nada menos que trescientos vecinos formados en esta cola para someternos al análisis que determinará la sentencia que ha de caernos según el resultado químico, si contaminados por cianuro o por metales pesados, ¿acaso pueden acusarnos de envenenamiento suicida?
Secreto a voces: nuestros ríos los acarrean. Metales pesados.
Anteayer, Rubencito, mi niño de cinco años amaneció con vómitos y manchas en la piel. Médico que indica los estudios del caso y aparece el diagnóstico sin sorpresa: arsénico en su sangre.
No me maten a Rubencito. Eso, no.
¿Pero aquí en Jáchal, en quién no corre tal veneno por sus venas?
Otros favorecidos en este sorteo masivo, los mismos trabajadores de la mina de Barrick Gold, quienes ostentan el privilegio de portar nada menos que mercurio en su red arterial.
Nos saludamos unos a otros, vecinos del pueblo ¿víctimas o conciudadanos en lucha? Ambas cosas.
En la cola veo a Vélez y varios otros trabajadores que adolecen de neumoconiosis. --Siento como si me hubiesen llenado los pulmones con vidrio esmerilado-, cuenta el pobre. Y enarbola nuestra bandera: --tanto trajinar de los camiones, movimientos continuos del suelo y las explosiones generan esas inmensas nubes de polvo lleno de arsénico, que es lo que respiramos todo el tiempo.
Y aquí estamos, en la cola para que ellos finjan que quieren enterarse. Si en lugar de veneno las nubes fueran de polvo de oro, metal que extrae aquí la Barry Gold, bien nos vendría su lluvia. Pero no: llueve muerte.
--¿Te acordás cuando tuvimos el derrame de un millón de litros de cianuro?
--Shhh. Eso no se dice.
--Tendríamos que irnos de Jáchal.
--No, los que tienen que irse son ellos, los de la mina.
Ríos contaminados, el nuestro, y los otros: Blanco, Palca y Las Taguas.
A Rubencito lo contagió algo que comió. En la zona rural las plantas y los animales se riegan o beben agua del río, y luego esos víveres nos bendicen con tales sustancias letales cuando nos alimentamos.
"Morirás de cáncer", es el mandamiento de la mina Veladero. "Morirás en secreto", se añade al mismo.
Ululamos, "Jáchal no se toca" y demandamos a los gritos: --¿Por qué en el pueblo no hay tratamiento para el cáncer? ¿Por qué el hospital local no se encarga? ¿Por qué tenemos que ir a internarnos en San Juan? Ah, por las estadísticas, para que no reflejen la cantidad acumulada de condenados desde que se instalara Barrick y su mega minería ¿no? Nadie se anima atender esa enfermedad y que los números canten lo que la Barrick no quiere que se sepa.
Barrick, directora de la orquesta.
Pero los de la Funeraria, saben. Y hablan. Acusamos el triple de muertos diarios que hace cinco años.
Ahora gritamos: ¿cuándo piensan atendernos?
Marionetas de la mina a cielo abierto. Así nos quieren.
Pero no obedecemos. Hemos formado nuestro batallón de resistencia, la "Asamblea Jáchal No Se Toca".
Presentamos informes realizados por la Universidad Tecnológica Nacional sobre el derrame de cianuro. Y marchamos pidiendo respuestas. Hasta hicimos una presentación en los tribunales federales de Comodoro Py exigiendo el cierre definitivo de la mina.
Entre el derrame de septiembre de 2015 y el de septiembre de 2016 hubo no menos de siete fugas de cianuro. Y siguen y siguen.
¿Acaso van a parar?
Abrazo a Rubencito. El arsénico en la sangre puede matármelo. Ellos lo saben. Ellos. Me cuenta Carman, laburante en esa planta que es cadalso: "Si la empresa comprueba que estás enfermo le busca la vuelta para que termines renunciando o no te renueva el contrato. En San Juan nadie va a poner la firma en un certificado médico que diga que la Barrick es quien te enferma".
Yo sí voy a poner mi firma si llegan a matar a Rubencito. Yo sí. Y el resto también. Tarde o temprano les caerá encima un alud. Pero esta vez será de carne viva. Nosotros.
Referencia: los datos y hechos mencionados en el texto anterior responden a hechos reales, episodios fehacientes y documentados producidos año tras año por la explotación de la mina a cielo abierta de oro, Barrick Gold, en Jáchal, San Juan.
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Fecha de Publicación: 07/02/2018
Fuente: Página/12
Provincia/Región: San Juan
Y, convocados por el juzgado, somos nada menos que trescientos vecinos formados en esta cola para someternos al análisis que determinará la sentencia que ha de caernos según el resultado químico, si contaminados por cianuro o por metales pesados, ¿acaso pueden acusarnos de envenenamiento suicida?
Secreto a voces: nuestros ríos los acarrean. Metales pesados.
Anteayer, Rubencito, mi niño de cinco años amaneció con vómitos y manchas en la piel. Médico que indica los estudios del caso y aparece el diagnóstico sin sorpresa: arsénico en su sangre.
No me maten a Rubencito. Eso, no.
¿Pero aquí en Jáchal, en quién no corre tal veneno por sus venas?
Otros favorecidos en este sorteo masivo, los mismos trabajadores de la mina de Barrick Gold, quienes ostentan el privilegio de portar nada menos que mercurio en su red arterial.
Nos saludamos unos a otros, vecinos del pueblo ¿víctimas o conciudadanos en lucha? Ambas cosas.
En la cola veo a Vélez y varios otros trabajadores que adolecen de neumoconiosis. --Siento como si me hubiesen llenado los pulmones con vidrio esmerilado-, cuenta el pobre. Y enarbola nuestra bandera: --tanto trajinar de los camiones, movimientos continuos del suelo y las explosiones generan esas inmensas nubes de polvo lleno de arsénico, que es lo que respiramos todo el tiempo.
Y aquí estamos, en la cola para que ellos finjan que quieren enterarse. Si en lugar de veneno las nubes fueran de polvo de oro, metal que extrae aquí la Barry Gold, bien nos vendría su lluvia. Pero no: llueve muerte.
--¿Te acordás cuando tuvimos el derrame de un millón de litros de cianuro?
--Shhh. Eso no se dice.
--Tendríamos que irnos de Jáchal.
--No, los que tienen que irse son ellos, los de la mina.
Ríos contaminados, el nuestro, y los otros: Blanco, Palca y Las Taguas.
A Rubencito lo contagió algo que comió. En la zona rural las plantas y los animales se riegan o beben agua del río, y luego esos víveres nos bendicen con tales sustancias letales cuando nos alimentamos.
"Morirás de cáncer", es el mandamiento de la mina Veladero. "Morirás en secreto", se añade al mismo.
Ululamos, "Jáchal no se toca" y demandamos a los gritos: --¿Por qué en el pueblo no hay tratamiento para el cáncer? ¿Por qué el hospital local no se encarga? ¿Por qué tenemos que ir a internarnos en San Juan? Ah, por las estadísticas, para que no reflejen la cantidad acumulada de condenados desde que se instalara Barrick y su mega minería ¿no? Nadie se anima atender esa enfermedad y que los números canten lo que la Barrick no quiere que se sepa.
Barrick, directora de la orquesta.
Pero los de la Funeraria, saben. Y hablan. Acusamos el triple de muertos diarios que hace cinco años.
Ahora gritamos: ¿cuándo piensan atendernos?
Marionetas de la mina a cielo abierto. Así nos quieren.
Pero no obedecemos. Hemos formado nuestro batallón de resistencia, la "Asamblea Jáchal No Se Toca".
Presentamos informes realizados por la Universidad Tecnológica Nacional sobre el derrame de cianuro. Y marchamos pidiendo respuestas. Hasta hicimos una presentación en los tribunales federales de Comodoro Py exigiendo el cierre definitivo de la mina.
Entre el derrame de septiembre de 2015 y el de septiembre de 2016 hubo no menos de siete fugas de cianuro. Y siguen y siguen.
¿Acaso van a parar?
Abrazo a Rubencito. El arsénico en la sangre puede matármelo. Ellos lo saben. Ellos. Me cuenta Carman, laburante en esa planta que es cadalso: "Si la empresa comprueba que estás enfermo le busca la vuelta para que termines renunciando o no te renueva el contrato. En San Juan nadie va a poner la firma en un certificado médico que diga que la Barrick es quien te enferma".
Yo sí voy a poner mi firma si llegan a matar a Rubencito. Yo sí. Y el resto también. Tarde o temprano les caerá encima un alud. Pero esta vez será de carne viva. Nosotros.
Referencia: los datos y hechos mencionados en el texto anterior responden a hechos reales, episodios fehacientes y documentados producidos año tras año por la explotación de la mina a cielo abierta de oro, Barrick Gold, en Jáchal, San Juan.
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El agronegocio presiona y vetan ordenanza sobre agroquímicos
Varisco vetó la ordenanza que prohibía el glifosato en Paraná
Fecha de Publicación: 07/02/2018
Fuente: Diario Junio
Provincia/Región: Entre Ríos
Mientras las principales críticas de las organizaciones ambientalistas y los ciudadanos en general se centran en el rechazo al proyecto de Ley que regula el uso de agroquímicos en la provincia de Entre Ríos y que a fines del año pasado recibió media sanción del Senado, el titular del Ejecutivo municipal de Paraná, Sergio Varisco decidió vetar una ordenanza que de haber entrado en vigencia colocaba a la capital entrerriana a la vanguardia de la lucha ambientalista por su carácter ampliamente restrictivo en cuanto al uso, venta, almacenamiento y transporte del agroquímico.
La denominada Ronda de los Martes contra el uso indiscriminado de agroquímicos considerados nocivos para la salud humana, animal y vegetal, comenzó a extenderse en toda la provincia a partir de las últimas semanas. Motorizada por la Asamblea Paraná Sin Agrotóxicos, la iniciativa tiene como eje principal cuestionar el proyecto de Ley del gobierno de Gustavo Bordet, que reduce considerablemente las distancias de fumigación respecto a las zonas urbanizadas, concientizar a la ciudadanía y presionar a los diputados para evitar su sanción definitiva. Esta semana, encontró eco en Rosario del Tala, Concepción del Uruguay, Villaguay, San José y Colón.
Las periódicas noticias de personas que vieron deteriorada su salud tras haber sido alcanzadas por los agroquímicos que se utilizan en los cultivos, dispararon la alerta en la población de una provincia que forma parte del eje sojero del país y donde, desde hace tiempo, se viene debatiendo el tema.
Algunas legislaturas municipales tomaron nota de la situación y durante 2017 comenzaron a elaborar proyectos que de algún modo pongan un coto al desmadre existente en cuanto al uso intensivo de pesticidas que, muchas veces, genera conflictos entre vecinos. Los concejos deliberantes de Gualeguaychú y Concordia avanzan en respectivas normas buscando el mayor consenso posible en un tema que afecta intereses enfrentados. Las vacaciones enfriaron el tema que sin duda volverá a estar en el centro de la escena ni bien los ediles retomen la actividad legislativa. En ese contexto, sorpresivamente, la capital entrerriana hizo punta, tratando sobre tablas y aprobando por unanimidad una ordenanza sumamente restrictiva para el uso de glifosato, uno de los químicos más cuestionados por la población.
A poco de la aprobación de la ordenanza y en medio del debate sobre el tema, el ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, visitó la provincia de la que es oriundo y aseguró que “el glifosato es inocuo” y además defendió la instalación de plantas procesadoras de pasta de celulosa en el suelo entrerriano. La virulencia e imprecisión de su frase en cuanto al herbicida, dio cuenta de la intensidad de la reacción de los sectores que el ministro representa ante los intentos de restringir su uso, y fue respondida enérgicamente por los ambientalistas.
La extensión incesante de la frontera agrícola ha ido cercando poblados y escuelas. A fin del año pasado, una familia entera debió ser hospitalizada durante una semana tras haber alcanzada por una fumigación en un campo lindante a su vivienda; son de público conocimiento los casos de Tomassi y la docente Mariela Leiva, entre otros. Esta semana, el Tribunal Superior de Justicia, dio lugar a un amparo ambiental iniciado por la familia de tamberos fumigada en la localidad de Altamirano.
En Paraná, el rechazo a esta práctica agrícola que suele denominarse paquete tecnológico y consiste en la implementación de semillas transgénicas – siembra directa – uso de herbicidas de amplio espectro, provisto principalmente por la firma multinacional Monsanto, encontró un inesperado detractor, la concejal de Cambiemos, Claudia Acevedo. La sensibilidad de la edil la llevó a cometer un error político. Según relató en la sesión en que presentó in voce el proyecto ahora vetado por el intendente Varisco, la iniciativa se originó en una reunión que mantuvo con padres de niños y niñas con leucemia. Ellos la pusieron al tanto de que una de las posibles causas de esa cruel enfermedad podía ser la exposición a agroquímicos considerados tóxicos y ubicaron en primer lugar al glifosato. De esa manera llegó al recinto el proyecto, que fue votado rápidamente para su tratamiento sobre tablas y aprobado de forma unánime en la misma sesión, la última del período ordinario 2017.
La norma, va a contramano de la línea del gobierno nacional que sostienen tanto Etchevehere –hoy complicado por las causas judiciales en su contra– como el ministro de Ambiente, Sergio Bergman. La ordenanza prohibía dentro del ejido de la ciudad de Paraná, la utilización, comercialización, circulación y aplicación en toda forma y de cualquier tipo de producto químico o biológico de uso agropecuario, destinado a la fumigación agrícola, forestal o de espacios verdes, que contengan Glifosato y agroquímicos derivados, con el objeto de asegurar la protección de la salud humana y el medio ambiente. También la limpieza de todo tipo de maquinarias y equipos utilizados para la aplicación de productos químicos o biológicos de uso agropecuario que contengan Glifosato y agroquímicos derivados, como asimismo el tránsito de máquinas de aplicación de dichos productos que no se encuentren descargadas y perfectamente limpias. Además del descarte o abandono de envases de cualquier tipo químico o biológico de uso agropecuario que contengan tal producto. Las multas por el incumplimiento de estas disposiciones contemplaban multas que superaban en los casos más extremos el millón de pesos. Inmediatamente se especuló con la posibilidad de que el titular del Ejecutivo local dejase sin efecto la ordenanza en cuestión.
A poco de la aprobación comenzó el receso administrativo en el municipio y el HCD, por lo que los plazos se prorrogan, y el desenlace de la situación quedó en suspenso. Con el retorno a la actividad, el intendente Sergio Varisco tomó finalmente la decisión de vetar la ordenanza, lo cual será comunicado en la primera sesión ordinaria del año.
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Fecha de Publicación: 07/02/2018
Fuente: Diario Junio
Provincia/Región: Entre Ríos
Mientras las principales críticas de las organizaciones ambientalistas y los ciudadanos en general se centran en el rechazo al proyecto de Ley que regula el uso de agroquímicos en la provincia de Entre Ríos y que a fines del año pasado recibió media sanción del Senado, el titular del Ejecutivo municipal de Paraná, Sergio Varisco decidió vetar una ordenanza que de haber entrado en vigencia colocaba a la capital entrerriana a la vanguardia de la lucha ambientalista por su carácter ampliamente restrictivo en cuanto al uso, venta, almacenamiento y transporte del agroquímico.
La denominada Ronda de los Martes contra el uso indiscriminado de agroquímicos considerados nocivos para la salud humana, animal y vegetal, comenzó a extenderse en toda la provincia a partir de las últimas semanas. Motorizada por la Asamblea Paraná Sin Agrotóxicos, la iniciativa tiene como eje principal cuestionar el proyecto de Ley del gobierno de Gustavo Bordet, que reduce considerablemente las distancias de fumigación respecto a las zonas urbanizadas, concientizar a la ciudadanía y presionar a los diputados para evitar su sanción definitiva. Esta semana, encontró eco en Rosario del Tala, Concepción del Uruguay, Villaguay, San José y Colón.
Las periódicas noticias de personas que vieron deteriorada su salud tras haber sido alcanzadas por los agroquímicos que se utilizan en los cultivos, dispararon la alerta en la población de una provincia que forma parte del eje sojero del país y donde, desde hace tiempo, se viene debatiendo el tema.
Algunas legislaturas municipales tomaron nota de la situación y durante 2017 comenzaron a elaborar proyectos que de algún modo pongan un coto al desmadre existente en cuanto al uso intensivo de pesticidas que, muchas veces, genera conflictos entre vecinos. Los concejos deliberantes de Gualeguaychú y Concordia avanzan en respectivas normas buscando el mayor consenso posible en un tema que afecta intereses enfrentados. Las vacaciones enfriaron el tema que sin duda volverá a estar en el centro de la escena ni bien los ediles retomen la actividad legislativa. En ese contexto, sorpresivamente, la capital entrerriana hizo punta, tratando sobre tablas y aprobando por unanimidad una ordenanza sumamente restrictiva para el uso de glifosato, uno de los químicos más cuestionados por la población.
A poco de la aprobación de la ordenanza y en medio del debate sobre el tema, el ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, visitó la provincia de la que es oriundo y aseguró que “el glifosato es inocuo” y además defendió la instalación de plantas procesadoras de pasta de celulosa en el suelo entrerriano. La virulencia e imprecisión de su frase en cuanto al herbicida, dio cuenta de la intensidad de la reacción de los sectores que el ministro representa ante los intentos de restringir su uso, y fue respondida enérgicamente por los ambientalistas.
La extensión incesante de la frontera agrícola ha ido cercando poblados y escuelas. A fin del año pasado, una familia entera debió ser hospitalizada durante una semana tras haber alcanzada por una fumigación en un campo lindante a su vivienda; son de público conocimiento los casos de Tomassi y la docente Mariela Leiva, entre otros. Esta semana, el Tribunal Superior de Justicia, dio lugar a un amparo ambiental iniciado por la familia de tamberos fumigada en la localidad de Altamirano.
En Paraná, el rechazo a esta práctica agrícola que suele denominarse paquete tecnológico y consiste en la implementación de semillas transgénicas – siembra directa – uso de herbicidas de amplio espectro, provisto principalmente por la firma multinacional Monsanto, encontró un inesperado detractor, la concejal de Cambiemos, Claudia Acevedo. La sensibilidad de la edil la llevó a cometer un error político. Según relató en la sesión en que presentó in voce el proyecto ahora vetado por el intendente Varisco, la iniciativa se originó en una reunión que mantuvo con padres de niños y niñas con leucemia. Ellos la pusieron al tanto de que una de las posibles causas de esa cruel enfermedad podía ser la exposición a agroquímicos considerados tóxicos y ubicaron en primer lugar al glifosato. De esa manera llegó al recinto el proyecto, que fue votado rápidamente para su tratamiento sobre tablas y aprobado de forma unánime en la misma sesión, la última del período ordinario 2017.
La norma, va a contramano de la línea del gobierno nacional que sostienen tanto Etchevehere –hoy complicado por las causas judiciales en su contra– como el ministro de Ambiente, Sergio Bergman. La ordenanza prohibía dentro del ejido de la ciudad de Paraná, la utilización, comercialización, circulación y aplicación en toda forma y de cualquier tipo de producto químico o biológico de uso agropecuario, destinado a la fumigación agrícola, forestal o de espacios verdes, que contengan Glifosato y agroquímicos derivados, con el objeto de asegurar la protección de la salud humana y el medio ambiente. También la limpieza de todo tipo de maquinarias y equipos utilizados para la aplicación de productos químicos o biológicos de uso agropecuario que contengan Glifosato y agroquímicos derivados, como asimismo el tránsito de máquinas de aplicación de dichos productos que no se encuentren descargadas y perfectamente limpias. Además del descarte o abandono de envases de cualquier tipo químico o biológico de uso agropecuario que contengan tal producto. Las multas por el incumplimiento de estas disposiciones contemplaban multas que superaban en los casos más extremos el millón de pesos. Inmediatamente se especuló con la posibilidad de que el titular del Ejecutivo local dejase sin efecto la ordenanza en cuestión.
A poco de la aprobación comenzó el receso administrativo en el municipio y el HCD, por lo que los plazos se prorrogan, y el desenlace de la situación quedó en suspenso. Con el retorno a la actividad, el intendente Sergio Varisco tomó finalmente la decisión de vetar la ordenanza, lo cual será comunicado en la primera sesión ordinaria del año.
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Aceleran acciones para las represas del río Santa Cruz
Nación busca adelantar las obras de las represas sobre el río Santa Cruz
Fecha de Publicación: 07/02/2018
Fuente: Tiempo Sur
Provincia/Región: Santa Cruz
El Gobierno Nacional dispuso cambios para la construcción de las represas sobre el Rio Santa Cruz que permitirán acelerar las obras para que las mismas estén en marcha en un menor plazo.
Ayer el Gobierno Nacional presentó el nuevo cronograma de trabajo que fue acordado junto a la empresa responsable de las obras para construir las represas. El subsecretario destacó que se acordó con la empresa un cronograma de trabajo , que establece plazos y pautas a cumplir. Brusco dijo que “necesitamos productividad y una generación de energía segura y compatible con el medio ambiente.”
El funcionario nacional detallo que ya se encuentran trabajando en estas obras 600 personas de forma directa y remarcó que el número seguirá creciendo mes a mes hasta superar los cinco mil trabajadores.
En este sentido destacó también marco “la buena recepción de la UOCRA a este proyecto y sostuvo que también se habían reunido con el delegado, Carlos Romero.
Por su parte, el Ing. Fernando Zárate, Director del proyecto de Represas, comparó la envergadura de la obra patagónica con El Chocón, también consideró que es necesario reinstalar el concepto de energías no contaminantes y abogó por lograr la autonomía energética que no está siendo alcanzada por la combustión fósil.
En una descripción técnica del proyecto, Brusco y Zárate coincidieron en que las modificaciones realizadas al proyecto original, garantizan la factibilidad de las obras y la compatibilidad con el medio ambiente.
En cuanto al cumplimiento de plazos, Brusco destacó que “es necesario cambiar el paradigma de la obra pública como obra larga y cara, y para eso, se debe eliminar de cuajo la corrupción.”
Gaston Ortiz Maldonado destacó durante el encuentro que el SAMIC “asumió un compromiso con la UTE que construye las Represas para la realización de los estudios pre – laborales” que ya han comenzado a ofrecerse.”
Por otro lado, adelantó que se “está trabajando en la preparación de un plan de emergencias para el que se desarrollará un sistema de Triage ante eventuales accidentes y estaremos acompañando con toda la infraestructura necesaria”. En este marco, Maldonado refirió que la empresa montará unidades sanitarias en el lugar de la construcción y se avanzará en la infraestructura para el traslado de pacientes que pudieran necesitarlo.
“Esta es una obra de una gran importancia para Santa Cruz y es un orgullo para el SAMIC EL CALAFATE poder ser parte de la misma y trabajar para la concreción de un sueño que cambiara el destino de la provincia.”
La presentación se realizó en el SAMIC EL CALAFATE y contó con la presencia de la Diputada Nacional Roxana Reyes, el titular de la Subsecretario de Infraestructura Energética, Ing. Alberto Brusco, el Ing Fernando Zárate, Director del Proyecto; y el Titular del SAMIC Gaston Ortiz Maldonado.
También estuvieron presentes la delegada de ENACOM en Santa Cruz, Vanesa Pose; el Jefe regional del ANSES, Carlos Ziehlke; el delegado de Migraciones en Santa Cruz, Padin, y Marga Vera Low, titular provincial del INADI.
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Fecha de Publicación: 07/02/2018
Fuente: Tiempo Sur
Provincia/Región: Santa Cruz
El Gobierno Nacional dispuso cambios para la construcción de las represas sobre el Rio Santa Cruz que permitirán acelerar las obras para que las mismas estén en marcha en un menor plazo.
Ayer el Gobierno Nacional presentó el nuevo cronograma de trabajo que fue acordado junto a la empresa responsable de las obras para construir las represas. El subsecretario destacó que se acordó con la empresa un cronograma de trabajo , que establece plazos y pautas a cumplir. Brusco dijo que “necesitamos productividad y una generación de energía segura y compatible con el medio ambiente.”
El funcionario nacional detallo que ya se encuentran trabajando en estas obras 600 personas de forma directa y remarcó que el número seguirá creciendo mes a mes hasta superar los cinco mil trabajadores.
En este sentido destacó también marco “la buena recepción de la UOCRA a este proyecto y sostuvo que también se habían reunido con el delegado, Carlos Romero.
Por su parte, el Ing. Fernando Zárate, Director del proyecto de Represas, comparó la envergadura de la obra patagónica con El Chocón, también consideró que es necesario reinstalar el concepto de energías no contaminantes y abogó por lograr la autonomía energética que no está siendo alcanzada por la combustión fósil.
En una descripción técnica del proyecto, Brusco y Zárate coincidieron en que las modificaciones realizadas al proyecto original, garantizan la factibilidad de las obras y la compatibilidad con el medio ambiente.
En cuanto al cumplimiento de plazos, Brusco destacó que “es necesario cambiar el paradigma de la obra pública como obra larga y cara, y para eso, se debe eliminar de cuajo la corrupción.”
Gaston Ortiz Maldonado destacó durante el encuentro que el SAMIC “asumió un compromiso con la UTE que construye las Represas para la realización de los estudios pre – laborales” que ya han comenzado a ofrecerse.”
Por otro lado, adelantó que se “está trabajando en la preparación de un plan de emergencias para el que se desarrollará un sistema de Triage ante eventuales accidentes y estaremos acompañando con toda la infraestructura necesaria”. En este marco, Maldonado refirió que la empresa montará unidades sanitarias en el lugar de la construcción y se avanzará en la infraestructura para el traslado de pacientes que pudieran necesitarlo.
“Esta es una obra de una gran importancia para Santa Cruz y es un orgullo para el SAMIC EL CALAFATE poder ser parte de la misma y trabajar para la concreción de un sueño que cambiara el destino de la provincia.”
La presentación se realizó en el SAMIC EL CALAFATE y contó con la presencia de la Diputada Nacional Roxana Reyes, el titular de la Subsecretario de Infraestructura Energética, Ing. Alberto Brusco, el Ing Fernando Zárate, Director del Proyecto; y el Titular del SAMIC Gaston Ortiz Maldonado.
También estuvieron presentes la delegada de ENACOM en Santa Cruz, Vanesa Pose; el Jefe regional del ANSES, Carlos Ziehlke; el delegado de Migraciones en Santa Cruz, Padin, y Marga Vera Low, titular provincial del INADI.
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Una ridícula probation para una empresa contaminadora
El frigorífico Fidensa dará clases sobre el cuidado del ambiente para suspender un juicio por contaminación
Fecha de Publicación: 06/02/2018
Fuente: Contexto
Provincia/Región: Tucumán
La Justicia Federal dejó en suspenso un juicio oral por hechos de contaminación a cambio de que los imputados ligados al frigorífico Fidensa se capaciten y capaciten a la comunidad en el cuidado del ambiente. Esta actividad educativa tendrá lugar en el aula de 150 metros cuadrados que la firma ha de construir en su inmueble de Alderetes en el plazo de 90 días contado a partir de que la resolución del Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) quede firme, cosa que todavía no ha ocurrido. Los acusados complementarán esta regla de conducta con la donación de carne y de tecnología atinente a la prevención de la contaminación; la limpieza del área de influencia del frigorífico; la colocación de carteles y señales de concientización, y el sometimiento periódico a la fiscalización de las autoridades correspondientes.
Emitida con las firmas de los vocales Gabriel Casas, Carlos Enrique Jiménez Montilla y Alicia Noli (en disidencia parcial), la decisión procura cerrar un proceso penal de interés público iniciado hace casi 14 años contra los acusados Martín Esteban Huerta, Hugo Osvaldo Benejam y Pedro Benito Benejam. Al filo del inicio del juicio, el 7 de diciembre, el estrado aceptó la propuesta de los responsables de Fidensa, pese a la oposición del fiscal Pablo Camuña, quien recurrió la decisión, según indicaron fuentes del TOF.
Tal y como había sucedido en otras investigaciones de presuntos delitos ambientales, los jueces consideraron que el instituto de la suspensión del juicio a prueba o probation podía ser aplicado para el caso “Fidensa”. Con ese criterio, impusieron un paréntesis de tres años, término en el que no correrá el cómputo de la prescripción de la acción penal. Durante este plazo, los imputados tendrán que honrar los compromisos que asumieron en el afán de evitar el juzgamiento y, eventualmente, una condena. El Código Penal estipula que el ofrecimiento de una reparación del daño “en la medida de lo posible” no implica confesión ni reconocimiento de la responsabilidad civil.
El fin: la ‘resocialización’
La resolución explicita que la formación para la protección ambiental debe alcanzar a los propios acusados y al personal del frigorífico, además de a los vecinos. En el aula de Fidensa, los expertos en la materia ilustrarán a la población sobre medidas de limpieza y de conservación de los lugares públicos, en especial de los canales y cursos de agua aledaños a la empresa. En la tarea educativa -a cargo de los acusados- intervendrá la Municipalidad de Alderetes mediante sus asistentes sociales, quienes convocarán a las familias con la intención de que estas reciban la capacitación proyectada. El aula de usos múltiples estará a disposición del Municipio, del Tribunal y del Ministerio Público Fiscal. Luego, será entregada en comodato a la Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia, aunque los imputados costearán el mantenimiento del salón durante cinco años.
La probation no satisfizo al fiscal Camuña, quien, según la sentencia, dictaminó que aquella no sólo debía ser una reparación suficiente, razonable y acorde a la magnitud del daño causado, sino, además, un gesto serio y sincero de arrepentimiento activo, y que tal requisito estaba ausente en esta circunstancia.
Camuña observó que los imputados tenían otras dos causas abiertas (respectivamente en 2007 y 2015) por contaminación. Tanto Noli (con su voto) como Casas y Jiménez Montilla consideraron arbitraria la oposición del fiscal. “Sus fundamentos no son ajustados a Derecho e incurre en contradicción”, manifestaron los segundos y agregaron que los acusados carecen de antecedentes penales. “La finalidad del sistema no es la aplicación de una pena sino la ‘resocialización’ del acusado”, dijeron. Noli por su parte expresó que el dictamen de Camuña se apartaba de la interpretación razonable de la ley que regula la probation y de los motivos que llevaron a su dictado.
La Justicia Federal de Tucumán abrió numerosas investigaciones penales por denuncias de contaminación durante la década pasada. Al estallido de este tipo de causas contribuyó la degradación de la cuenca Salí-Dulce. En los últimos tiempos, los procesos han empezado a dar lugar a reparaciones como la acordada para el caso “Fidensa”. Antes, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal había aprobado la “probation” para el ingenio La Fronterita y el basural de Pacará Pintado.
El acuerdo aprobado por los Tribunales
- En el afán de cerrar una causa por contaminación, los responsables del frigorífico Fidensa levantarán un aula de 150 metros cuadrados en el terreno que ocupa la empresa.
- En dicho salón habrá capacitaciones para el cuidado del ambiente dirigidas a los acusados y al personal de la compañía, así como a la comunidad.
- Además, donarán al Pequeño Cottolengo Don Orione 20 kg semanales de carne.
- También entregarán una lupa binocular a la Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia.
- La “probation” incluye la colocación de carteles de concientización (con la leyenda “no arrojar residuos”) y el sometimiento a los controles destinados a prevenir la contaminación.
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Fecha de Publicación: 06/02/2018
Fuente: Contexto
Provincia/Región: Tucumán
La Justicia Federal dejó en suspenso un juicio oral por hechos de contaminación a cambio de que los imputados ligados al frigorífico Fidensa se capaciten y capaciten a la comunidad en el cuidado del ambiente. Esta actividad educativa tendrá lugar en el aula de 150 metros cuadrados que la firma ha de construir en su inmueble de Alderetes en el plazo de 90 días contado a partir de que la resolución del Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) quede firme, cosa que todavía no ha ocurrido. Los acusados complementarán esta regla de conducta con la donación de carne y de tecnología atinente a la prevención de la contaminación; la limpieza del área de influencia del frigorífico; la colocación de carteles y señales de concientización, y el sometimiento periódico a la fiscalización de las autoridades correspondientes.
Emitida con las firmas de los vocales Gabriel Casas, Carlos Enrique Jiménez Montilla y Alicia Noli (en disidencia parcial), la decisión procura cerrar un proceso penal de interés público iniciado hace casi 14 años contra los acusados Martín Esteban Huerta, Hugo Osvaldo Benejam y Pedro Benito Benejam. Al filo del inicio del juicio, el 7 de diciembre, el estrado aceptó la propuesta de los responsables de Fidensa, pese a la oposición del fiscal Pablo Camuña, quien recurrió la decisión, según indicaron fuentes del TOF.
Tal y como había sucedido en otras investigaciones de presuntos delitos ambientales, los jueces consideraron que el instituto de la suspensión del juicio a prueba o probation podía ser aplicado para el caso “Fidensa”. Con ese criterio, impusieron un paréntesis de tres años, término en el que no correrá el cómputo de la prescripción de la acción penal. Durante este plazo, los imputados tendrán que honrar los compromisos que asumieron en el afán de evitar el juzgamiento y, eventualmente, una condena. El Código Penal estipula que el ofrecimiento de una reparación del daño “en la medida de lo posible” no implica confesión ni reconocimiento de la responsabilidad civil.
El fin: la ‘resocialización’
La resolución explicita que la formación para la protección ambiental debe alcanzar a los propios acusados y al personal del frigorífico, además de a los vecinos. En el aula de Fidensa, los expertos en la materia ilustrarán a la población sobre medidas de limpieza y de conservación de los lugares públicos, en especial de los canales y cursos de agua aledaños a la empresa. En la tarea educativa -a cargo de los acusados- intervendrá la Municipalidad de Alderetes mediante sus asistentes sociales, quienes convocarán a las familias con la intención de que estas reciban la capacitación proyectada. El aula de usos múltiples estará a disposición del Municipio, del Tribunal y del Ministerio Público Fiscal. Luego, será entregada en comodato a la Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia, aunque los imputados costearán el mantenimiento del salón durante cinco años.
La probation no satisfizo al fiscal Camuña, quien, según la sentencia, dictaminó que aquella no sólo debía ser una reparación suficiente, razonable y acorde a la magnitud del daño causado, sino, además, un gesto serio y sincero de arrepentimiento activo, y que tal requisito estaba ausente en esta circunstancia.
Camuña observó que los imputados tenían otras dos causas abiertas (respectivamente en 2007 y 2015) por contaminación. Tanto Noli (con su voto) como Casas y Jiménez Montilla consideraron arbitraria la oposición del fiscal. “Sus fundamentos no son ajustados a Derecho e incurre en contradicción”, manifestaron los segundos y agregaron que los acusados carecen de antecedentes penales. “La finalidad del sistema no es la aplicación de una pena sino la ‘resocialización’ del acusado”, dijeron. Noli por su parte expresó que el dictamen de Camuña se apartaba de la interpretación razonable de la ley que regula la probation y de los motivos que llevaron a su dictado.
La Justicia Federal de Tucumán abrió numerosas investigaciones penales por denuncias de contaminación durante la década pasada. Al estallido de este tipo de causas contribuyó la degradación de la cuenca Salí-Dulce. En los últimos tiempos, los procesos han empezado a dar lugar a reparaciones como la acordada para el caso “Fidensa”. Antes, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal había aprobado la “probation” para el ingenio La Fronterita y el basural de Pacará Pintado.
El acuerdo aprobado por los Tribunales
- En el afán de cerrar una causa por contaminación, los responsables del frigorífico Fidensa levantarán un aula de 150 metros cuadrados en el terreno que ocupa la empresa.
- En dicho salón habrá capacitaciones para el cuidado del ambiente dirigidas a los acusados y al personal de la compañía, así como a la comunidad.
- Además, donarán al Pequeño Cottolengo Don Orione 20 kg semanales de carne.
- También entregarán una lupa binocular a la Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia.
- La “probation” incluye la colocación de carteles de concientización (con la leyenda “no arrojar residuos”) y el sometimiento a los controles destinados a prevenir la contaminación.
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Ya hay 8500 afectados por la crecida del Pilcomayo
Salta: ya son 8500 los afectados por la crecida del río Pilcomayo
Fecha de Publicación: 06/02/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Salta
Ya son unas 8000 personas las afectadas por la crecida del río Pilcomayo, en el norte salteño. Tras llegar a su pico histórico, hoy tendía a estabilizarse, aunque la fuerza del agua arrasó parajes enteros situados en la costa de Santa Victoria Este.
La Cruz Roja Argentina advirtió que "la situación humanitaria es muy compleja". La organización en conjunto con la Gendarmería Nacional y el Ejército, armaron un campamento a la vera de la ruta 54, al altura del kilómetro 79, para asistir a las familias que perdieron todo y a las que se autoevacuaron allí. Además, algunas de las evacuados fueron desplazadas a Tartagal, Aguaray y Campo Duran.
En el lugar, las familias "disponen de servicios esenciales y reciben alimentos y atención de salud básica", indicó la secretaría de Protección Civil del Ministerio de Seguridad de la Nación.
La colaboración de las fuerzas de seguridad se extiende a otros centros que se montaron para atender a los afectados y, al mismo tiempo, los efectivos realizan relevamientos en las zonas más castigadas con el objetivo de ampliar la asistencia a la población.
A través de helicópteros se realizan vuelos sanitarios para sacar a personas que padecen distintas enfermedades y permanecen aislados. Mientras, se asisten con elementos de primera necesidad a los aislados de Santa Victoria Este y de las comunidades de San Luis y Las Vertientes.
La ruta 54 fue cortada en varios tramos por la fuerza de la crecida del río que desde el jueves superó sus niveles históricos y arrasó numerosos parajes en la costa del municipio de Santa Victoria Este.
Ayuda nacional y provincial
El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación despachó un cargamento con tirantes, colchones, frazadas, elementos de higiene personal y módulos de alimentos; en tanto, funcionarios de la cartera viajarán en las próximas horas para coordinar con las autoridades salteñas un mayor nivel de asistencia.
El Ministerio de Salud de la Nación, envió pastillas potabilizadoras y distintas partidas de suero antiofídico para atender mordeduras de serpientes. En trabajo mancomunado, el Ministerio de Salud Pública de Salta realiza en cada punto, un control de cada persona que ingresa al tiempo que efectúa una campaña de vacunación.
También colaboran equipos especializados del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y funcionarios de la Secretaría de Vivienda y Hábitat del Ministerio del Interior. Agentes de Gendarmería ayudan a restablecer la conectividad vial.
"El Estado y las organizaciones que trabajamos en la zona hemos tomado todas las medidas para atender este desastre, priorizando salvaguardar la vida de las personas en la región, pero aún hay comunidades aisladas e incomunicadas" comentó Cristian Bolado, Director de Respuesta a Emergencias y Desastres de Cruz Roja Argentina.
"El foco está en Santa Victoria Este, zona que abarca pequeñas y medianas comunidades, pero también se encuentra afectada gran parte del norte de Salta; día a día la situación evoluciona de manera diversa, por lo cual estamos evaluando permanentemente esta emergencia", agregó Bolado.
Por su parte, la Cruz Roja notificó que "existen vacíos humanitarios significativos en materia de agua, saneamiento, promoción de la salud y alojamiento temporal, entre otras"; a pesar de que el Ejército Argentino, Gendarmería Nacional, Policía de la Provincia de Salta, y otras fuerzas y organizaciones se encuentran trabajando en la respuesta a la Emergencia.
Equipos de salud trabajan en puestos médicos de avanzada, dispuestos estratégicamente en distintas localidades de los departamentos San Martín y Rivadavia, para asistir a las familias evacuadas y afectadas por las inundaciones.
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Afirman que el fenómeno de "La Niña" causa las inundaciones en Salta
Fecha de Publicación: 06/02/2018
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Salta
El SMN confirma la relación del fenómeno y las lluvias del noroeste. El pronóstico para los próximos meses.
La crecida del río Pilcomayo llegó a su pico histórico y dejó pueblos aislados. Salta es la provincia más afectada, pero el drama se vive también en Chaco, Tucumán, Formosa y el sur de Bolivia. En medio de una desesperada búsqueda de soluciones, también suelen señalarse culpables. Y, a nivel climático, una de las causas es el llamado "fenómeno de La Niña".
"Cuando hay fenómeno de La Niña, en Argentina se da la señal que estamos teniendo: puede llover mucho en el Noroeste (NOA), lo que coincide o refuerza el período de lluvias --que en el NOA es en el verano--. Entonces, las lluvias se ven favorecidas en Salta, Jujuy, Tucumán. También está pasando que se ven las lluvias inhibidas en el litoral y Buenos Aires. Y además se promueven las altas temperaturas en la Patagonia", explica a Clarín Ignacio López Amorín, meteorólogo y difusor del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
"Todas las señales que tiene el fenómeno de La Niña en esta época del año se están verificando. Por lo tanto, la respuesta es que sí está relacionado", subraya el meteorólogo, en referencia a la problemática en las provincias del norte argentino.
La Niña es un fenómeno de interacción océano-atmósfera que se caracteriza por la aparición de temperaturas oceánicas superficiales inusualmente bajas en el centro y este del Océano Pacífico ecuatorial. Provoca anomalías climáticas de distinto tipo, hasta incrementa los ciclones tropicales en el Caribe.
Las condiciones actuales son consistentes con una fase fría o "Niña débil". En diciembre de 2017 el enfriamiento de la temperatura de la superficie del mar en las regiones Niño se había debilitado, pero en enero volvió a intensificarse. La atmósfera volvió a responder a dicho enfriamiento a través del Índice de Oscilación del Sur, que terminó en enero con valores acordes a una fase Niña.
En el NOA, el fenómeno empezó en enero y sigue hasta marzo. Ahora, en febrero, estamos transitando el momento más fuerte.
La Niña llegó también a Bolivia, que ya declaró una alerta nacional. Las inundaciones afectan a 50 mil personas en siete regiones de ese país. "El movimiento del aire producido por los sistemas de presión que se dan cuando el fenómeno de La Niña está presente en esta época del año, es lo que origina las precipitaciones", sostiene López Amorin.
¿Qué pasará en los próximos meses? Para febrero, marzo y abril, el informe trimestral del SMN indica precipitaciones por encima de lo normal en el NOA. "Vamos a continuar con el mismo patrón. El informe indica una probabilidad muy alta de tener lluvias muy importantes, hasta abril inclusive", dice López Amorin. "En parte porque es la época, y en parte porque es reforzada por la circulación que promueve el fenómeno de La Niña", continúa.
Durante el otoño, finalmente llegaría el alivio. "Después de abril, por climatología deja de llover, porque lo normal es que llueva en el verano", explica el meteorólogo. "Es una Niña que es tardía y de corta duración. Ningún modelo computacional está extendiéndola más allá de abril. Es probable que entremos en una neutralidad", concluye.
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Fecha de Publicación: 06/02/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Salta
Ya son unas 8000 personas las afectadas por la crecida del río Pilcomayo, en el norte salteño. Tras llegar a su pico histórico, hoy tendía a estabilizarse, aunque la fuerza del agua arrasó parajes enteros situados en la costa de Santa Victoria Este.
La Cruz Roja Argentina advirtió que "la situación humanitaria es muy compleja". La organización en conjunto con la Gendarmería Nacional y el Ejército, armaron un campamento a la vera de la ruta 54, al altura del kilómetro 79, para asistir a las familias que perdieron todo y a las que se autoevacuaron allí. Además, algunas de las evacuados fueron desplazadas a Tartagal, Aguaray y Campo Duran.
En el lugar, las familias "disponen de servicios esenciales y reciben alimentos y atención de salud básica", indicó la secretaría de Protección Civil del Ministerio de Seguridad de la Nación.
La colaboración de las fuerzas de seguridad se extiende a otros centros que se montaron para atender a los afectados y, al mismo tiempo, los efectivos realizan relevamientos en las zonas más castigadas con el objetivo de ampliar la asistencia a la población.
A través de helicópteros se realizan vuelos sanitarios para sacar a personas que padecen distintas enfermedades y permanecen aislados. Mientras, se asisten con elementos de primera necesidad a los aislados de Santa Victoria Este y de las comunidades de San Luis y Las Vertientes.
La ruta 54 fue cortada en varios tramos por la fuerza de la crecida del río que desde el jueves superó sus niveles históricos y arrasó numerosos parajes en la costa del municipio de Santa Victoria Este.
Ayuda nacional y provincial
El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación despachó un cargamento con tirantes, colchones, frazadas, elementos de higiene personal y módulos de alimentos; en tanto, funcionarios de la cartera viajarán en las próximas horas para coordinar con las autoridades salteñas un mayor nivel de asistencia.
El Ministerio de Salud de la Nación, envió pastillas potabilizadoras y distintas partidas de suero antiofídico para atender mordeduras de serpientes. En trabajo mancomunado, el Ministerio de Salud Pública de Salta realiza en cada punto, un control de cada persona que ingresa al tiempo que efectúa una campaña de vacunación.
También colaboran equipos especializados del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y funcionarios de la Secretaría de Vivienda y Hábitat del Ministerio del Interior. Agentes de Gendarmería ayudan a restablecer la conectividad vial.
"El Estado y las organizaciones que trabajamos en la zona hemos tomado todas las medidas para atender este desastre, priorizando salvaguardar la vida de las personas en la región, pero aún hay comunidades aisladas e incomunicadas" comentó Cristian Bolado, Director de Respuesta a Emergencias y Desastres de Cruz Roja Argentina.
"El foco está en Santa Victoria Este, zona que abarca pequeñas y medianas comunidades, pero también se encuentra afectada gran parte del norte de Salta; día a día la situación evoluciona de manera diversa, por lo cual estamos evaluando permanentemente esta emergencia", agregó Bolado.
Por su parte, la Cruz Roja notificó que "existen vacíos humanitarios significativos en materia de agua, saneamiento, promoción de la salud y alojamiento temporal, entre otras"; a pesar de que el Ejército Argentino, Gendarmería Nacional, Policía de la Provincia de Salta, y otras fuerzas y organizaciones se encuentran trabajando en la respuesta a la Emergencia.
Equipos de salud trabajan en puestos médicos de avanzada, dispuestos estratégicamente en distintas localidades de los departamentos San Martín y Rivadavia, para asistir a las familias evacuadas y afectadas por las inundaciones.
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Afirman que el fenómeno de "La Niña" causa las inundaciones en Salta
Fecha de Publicación: 06/02/2018
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Salta
El SMN confirma la relación del fenómeno y las lluvias del noroeste. El pronóstico para los próximos meses.
La crecida del río Pilcomayo llegó a su pico histórico y dejó pueblos aislados. Salta es la provincia más afectada, pero el drama se vive también en Chaco, Tucumán, Formosa y el sur de Bolivia. En medio de una desesperada búsqueda de soluciones, también suelen señalarse culpables. Y, a nivel climático, una de las causas es el llamado "fenómeno de La Niña".
"Cuando hay fenómeno de La Niña, en Argentina se da la señal que estamos teniendo: puede llover mucho en el Noroeste (NOA), lo que coincide o refuerza el período de lluvias --que en el NOA es en el verano--. Entonces, las lluvias se ven favorecidas en Salta, Jujuy, Tucumán. También está pasando que se ven las lluvias inhibidas en el litoral y Buenos Aires. Y además se promueven las altas temperaturas en la Patagonia", explica a Clarín Ignacio López Amorín, meteorólogo y difusor del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
"Todas las señales que tiene el fenómeno de La Niña en esta época del año se están verificando. Por lo tanto, la respuesta es que sí está relacionado", subraya el meteorólogo, en referencia a la problemática en las provincias del norte argentino.
La Niña es un fenómeno de interacción océano-atmósfera que se caracteriza por la aparición de temperaturas oceánicas superficiales inusualmente bajas en el centro y este del Océano Pacífico ecuatorial. Provoca anomalías climáticas de distinto tipo, hasta incrementa los ciclones tropicales en el Caribe.
Las condiciones actuales son consistentes con una fase fría o "Niña débil". En diciembre de 2017 el enfriamiento de la temperatura de la superficie del mar en las regiones Niño se había debilitado, pero en enero volvió a intensificarse. La atmósfera volvió a responder a dicho enfriamiento a través del Índice de Oscilación del Sur, que terminó en enero con valores acordes a una fase Niña.
En el NOA, el fenómeno empezó en enero y sigue hasta marzo. Ahora, en febrero, estamos transitando el momento más fuerte.
La Niña llegó también a Bolivia, que ya declaró una alerta nacional. Las inundaciones afectan a 50 mil personas en siete regiones de ese país. "El movimiento del aire producido por los sistemas de presión que se dan cuando el fenómeno de La Niña está presente en esta época del año, es lo que origina las precipitaciones", sostiene López Amorin.
¿Qué pasará en los próximos meses? Para febrero, marzo y abril, el informe trimestral del SMN indica precipitaciones por encima de lo normal en el NOA. "Vamos a continuar con el mismo patrón. El informe indica una probabilidad muy alta de tener lluvias muy importantes, hasta abril inclusive", dice López Amorin. "En parte porque es la época, y en parte porque es reforzada por la circulación que promueve el fenómeno de La Niña", continúa.
Durante el otoño, finalmente llegaría el alivio. "Después de abril, por climatología deja de llover, porque lo normal es que llueva en el verano", explica el meteorólogo. "Es una Niña que es tardía y de corta duración. Ningún modelo computacional está extendiéndola más allá de abril. Es probable que entremos en una neutralidad", concluye.
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Entre Ríos: sociedad se organiza contra los agrotóxicos
Contra los agrotóxicos, en la calle y en tribunales
Fecha de Publicación: 06/02/2018
Fuente: paginapolitica.com
Provincia/Región: Entre Ríos
Se está conformando una red de organizaciones dispuesta a poner en la agenda la lucha contra la utilización de herbicidas. La Justicia está dando señales.
El cuidado del medioambiente crece desde abajo. El año pasado hubo algunas movilizaciones, pero el 2018 arrancó con jornadas cronometradas, por lo menos en Paraná y Gualeguaychú. El martes fue el día elegido por los activistas que, hoy por hoy, tienen la prohibición de los agrotóxicos al tope de la agenda.
Distintas organizaciones ambientales se están manifestando bajo la consigna: “Basta de Agrotóxicos, otra forma de producir es posible: la agroecología”.
Victoria Veronessi, una de las activistas, contó que la intención es que el encuentro en la esquina de 25 de Mayo y España (Gualeguaychú) se repita todos los martes a las 19 y que esa idea se replique en simultáneo con otras localidades de Entre Ríos. Se dispondrá al público un petitorio para que sea firmado por los vecinos para juntar firmas en contra de un proyecto provincial que tiene media sanción en el Senado y ahora en febrero pasa a Diputados. “Se trata de un proyecto súper regresivo porque acorta las distancias entre fumigaciones y habilita a otros productos”, manifestó en declaraciones a El Día.
Este martes, en Casa de Gobierno, hubo una movida similar. Se viene llevando adelante todas las semanas. A esa movida se le suman charlas.
No solo en sectores ambientalistas se está advirtiendo sobre el escabroso tema del uso estos productos, sino en los tribunales.
Este martes también se conoció una sentencia del Superior Tribunal de Justicia (STJ) en la que ratificó en todos sus términos lo peticionado en un amparo ambiental contra la empresa santafesina “Celestino Spahn S.A”. Una familia acudió a la vía judicial luego de que el 28 de noviembre su vivienda rural, ubicada en Altamirano Norte (Departamento Tala), fuera alcanzada por una fumigación.
A raíz de una aplicación que tuvo lugar a 700 metros de la casa, Eduardo Javier Holstein, Silvana Andrea Silguero y sus dos hijos menores de edad sufrieron una severa intoxicación, que derivó en la internación de todos los miembros de la familia en el Hospital de Maciá. Dada la complejidad del cuadro que presentaban fueron trasladados al nosocomio de Villaguay, según informó El Miércoles Digital.
En octubre pasado, en un fallo inédito, el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concepción del Uruguay condenó a un año y seis meses de prisión condicional a Erminio Bernardo Rodríguez, presidente de la empresa fumigadora Villaguay Aero Litoral SA; José Mario Honeker, dueño del campo de arroz y maíz; y César Martín Ramón Visconti, el piloto del avión fumigador, que también fue inhabilitado por un año para realizar actividades de pulverización aérea. Los tres fueron encontrados culpables de los delitos de lesiones leves culposas y contaminación ambiental, penado por la Ley de Residuos Peligrosos, por la fumigación que roció de agrotóxicos a la Escuela Número 44 República Argentina, en Colonia Santa Anita, departamento Uruguay.
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Fecha de Publicación: 06/02/2018
Fuente: paginapolitica.com
Provincia/Región: Entre Ríos
Se está conformando una red de organizaciones dispuesta a poner en la agenda la lucha contra la utilización de herbicidas. La Justicia está dando señales.
El cuidado del medioambiente crece desde abajo. El año pasado hubo algunas movilizaciones, pero el 2018 arrancó con jornadas cronometradas, por lo menos en Paraná y Gualeguaychú. El martes fue el día elegido por los activistas que, hoy por hoy, tienen la prohibición de los agrotóxicos al tope de la agenda.
Distintas organizaciones ambientales se están manifestando bajo la consigna: “Basta de Agrotóxicos, otra forma de producir es posible: la agroecología”.
Victoria Veronessi, una de las activistas, contó que la intención es que el encuentro en la esquina de 25 de Mayo y España (Gualeguaychú) se repita todos los martes a las 19 y que esa idea se replique en simultáneo con otras localidades de Entre Ríos. Se dispondrá al público un petitorio para que sea firmado por los vecinos para juntar firmas en contra de un proyecto provincial que tiene media sanción en el Senado y ahora en febrero pasa a Diputados. “Se trata de un proyecto súper regresivo porque acorta las distancias entre fumigaciones y habilita a otros productos”, manifestó en declaraciones a El Día.
Este martes, en Casa de Gobierno, hubo una movida similar. Se viene llevando adelante todas las semanas. A esa movida se le suman charlas.
No solo en sectores ambientalistas se está advirtiendo sobre el escabroso tema del uso estos productos, sino en los tribunales.
Este martes también se conoció una sentencia del Superior Tribunal de Justicia (STJ) en la que ratificó en todos sus términos lo peticionado en un amparo ambiental contra la empresa santafesina “Celestino Spahn S.A”. Una familia acudió a la vía judicial luego de que el 28 de noviembre su vivienda rural, ubicada en Altamirano Norte (Departamento Tala), fuera alcanzada por una fumigación.
A raíz de una aplicación que tuvo lugar a 700 metros de la casa, Eduardo Javier Holstein, Silvana Andrea Silguero y sus dos hijos menores de edad sufrieron una severa intoxicación, que derivó en la internación de todos los miembros de la familia en el Hospital de Maciá. Dada la complejidad del cuadro que presentaban fueron trasladados al nosocomio de Villaguay, según informó El Miércoles Digital.
En octubre pasado, en un fallo inédito, el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concepción del Uruguay condenó a un año y seis meses de prisión condicional a Erminio Bernardo Rodríguez, presidente de la empresa fumigadora Villaguay Aero Litoral SA; José Mario Honeker, dueño del campo de arroz y maíz; y César Martín Ramón Visconti, el piloto del avión fumigador, que también fue inhabilitado por un año para realizar actividades de pulverización aérea. Los tres fueron encontrados culpables de los delitos de lesiones leves culposas y contaminación ambiental, penado por la Ley de Residuos Peligrosos, por la fumigación que roció de agrotóxicos a la Escuela Número 44 República Argentina, en Colonia Santa Anita, departamento Uruguay.
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Anticonceptivos humanos afecta la reproducción de peces
Los anticonceptivos humanos también están afectando la reproducción de peces
Fecha de Publicación: 05/02/2018
Fuente: Agencia CyTA
Provincia/Región: Buenos Aires
El vertido a las aguas de restos de esos medicamentos, eliminados por la orina, parecen interferir con la fertilidad de los pejerreyes de la laguna de Chascomús.
En un inesperado efecto indirecto en cadena, las pastillas anticonceptivas no sólo previenen el embarazo de las mujeres: también podrían interferir con la capacidad reproductiva de los pejerreyes de la Laguna de Chascomús, según informaron científicos del CONICET en esa ciudad bonaerense.
Tal cual reconstruyeron los investigadores, las mujeres que toman la píldora eliminan por la orina dos ingredientes hormonales, estradiol y etinilestradiol, que luego se vierten a través de desagües cloacales y contaminan cursos de agua.
El efecto fue constatado en ese tradicional espejo de agua a unos 135 km de la Ciudad de Buenos Aires: en el análisis de 40 ejemplares machos de pejerreyes bonaerenses expuestos, se verificó la expresión alterada de ciertos genes del cerebro y del testículo que son claves para regular la reproducción.
“Los peces también presentaron acortamiento e hinchazón de los lóbulos espermáticos y muerte de células germinales”, afirmó el doctor Leandro Miranda, del Instituto de Investigaciones Biotecnológicas-Instituto Tecnológico de Chascomús “Dr. Raúl Alfonsín” (IIB-INTECH), que depende de la Universidad Nacional de San Martin (UNSAM) y del CONICET.
El trabajo se publicó en la revista “Ecotoxicology and Environmental Safety”. Y el hallazgo podría ser un factor que explica, al menos parcialmente, la declinación de la población de esos peces, que supieron darle a Chascomús el nombre de “capital nacional del pejerrey”.
De acuerdo con Miranda, que integra el Laboratorio de Ictiofisiología y Acuicultura del IIB-INTECH, los resultados obtenidos “permitirían proponer a las autoridades de aplicación pautas de manejo sobre el tratamiento de efluentes cloacales, monitoreo de calidad de agua y el manejo de las pesquerías”.
Del avance también participaron Ángela Gárriz y Pamela del Fresno, del IIB-INTECH.
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Fecha de Publicación: 05/02/2018
Fuente: Agencia CyTA
Provincia/Región: Buenos Aires
El vertido a las aguas de restos de esos medicamentos, eliminados por la orina, parecen interferir con la fertilidad de los pejerreyes de la laguna de Chascomús.
En un inesperado efecto indirecto en cadena, las pastillas anticonceptivas no sólo previenen el embarazo de las mujeres: también podrían interferir con la capacidad reproductiva de los pejerreyes de la Laguna de Chascomús, según informaron científicos del CONICET en esa ciudad bonaerense.
Tal cual reconstruyeron los investigadores, las mujeres que toman la píldora eliminan por la orina dos ingredientes hormonales, estradiol y etinilestradiol, que luego se vierten a través de desagües cloacales y contaminan cursos de agua.
El efecto fue constatado en ese tradicional espejo de agua a unos 135 km de la Ciudad de Buenos Aires: en el análisis de 40 ejemplares machos de pejerreyes bonaerenses expuestos, se verificó la expresión alterada de ciertos genes del cerebro y del testículo que son claves para regular la reproducción.
“Los peces también presentaron acortamiento e hinchazón de los lóbulos espermáticos y muerte de células germinales”, afirmó el doctor Leandro Miranda, del Instituto de Investigaciones Biotecnológicas-Instituto Tecnológico de Chascomús “Dr. Raúl Alfonsín” (IIB-INTECH), que depende de la Universidad Nacional de San Martin (UNSAM) y del CONICET.
El trabajo se publicó en la revista “Ecotoxicology and Environmental Safety”. Y el hallazgo podría ser un factor que explica, al menos parcialmente, la declinación de la población de esos peces, que supieron darle a Chascomús el nombre de “capital nacional del pejerrey”.
De acuerdo con Miranda, que integra el Laboratorio de Ictiofisiología y Acuicultura del IIB-INTECH, los resultados obtenidos “permitirían proponer a las autoridades de aplicación pautas de manejo sobre el tratamiento de efluentes cloacales, monitoreo de calidad de agua y el manejo de las pesquerías”.
Del avance también participaron Ángela Gárriz y Pamela del Fresno, del IIB-INTECH.
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Multarán a empresa que quemaba bidones de agroquímicos
Multarán a empresa agroindustrial por cometer una falta ambiental gravísima
Fecha de Publicación: 05/02/2018
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: San Juan
Un equipo de la Secretaría de Ambiente de la provincia realizaba un recorrido de rutina y una fogata de grandes dimensiones llamó su atención. Tras conducir la movilidad hasta el lugar, los inspectores se dieron cuenta que lo que estaban quemando eran residuos de agroquímicos altamente tóxicos, en un pozo que habían cavado en la tierra con una retroexcavadora. Como esto está prohibido por ley labraron un acta de infracción y ahora la derivarán a la Justicia de Paz, tal como indica el procedimiento. Esto sucedió en una empresa agroindustrial ubicada en Sarmiento, al límite de San Juan y Mendoza. Se estima, según dijeron desde la repartición, que las multas que se aplican en estos casos van de los 10 mil pesos hasta los 2 millones de pesos. La gravedad de la infracción es tan importante que las autoridades dicen que no es usual hacer multas por esta clase de delitos.
El hecho ocurrió el viernes pasado, pero salió a la luz ayer. Las imágenes que tomó Ambiente del operativo son impactantes. En ellas se puede ver varios vehículos cargados de envases vacíos de distintos agroquímicos de alto nivel de toxicidad que se usan en el rubro agroindustrial. Si bien desde la Secretaría no quisieron revelar el nombre de la empresa que cometió la infracción, dijeron que se trata de un emprendimiento que está justo en el límite entre San Juan y Mendoza. "No es usual esta clase de delito, que según la ley entra en la esfera Penal por su gravedad. Una vez multamos a una empresa por algo similar. Pero esta quema es muy grave", dijo José Luis Espinoza, director de Gestión Ambiental, quien no dio a conocer el nombre de la empresa.
Una vez que las actas lleguen a la Justicia de Paz de Sarmiento, se determinará cómo seguirá el caso. Según Espinoza, ya hicieron una infracción por la misma causa, pero en 9 de Julio. El letrado de ese juzgado se declaró incompetente y pasó al fuero Penal porque quemar residuos peligrosos, como envases de agroquímicos, es considerado un delito penal por el alto grado de contaminación que provoca en el terreno en el que se realiza y en las personas que pueden estar cerca del lugar o manipulando estos objetos. Más allá de esto, Ambiente colocará una multa y ahora evalúan cuál será el monto.
"Esta empresa no tiene multas anteriores, pero quemar y enterrar los recipientes de agroquímicos es algo que realiza con frecuencia. Lo que estamos seguros es que la multa no será la mínima", aseguró Espinoza, quien agregó que el procedimiento correcto para tratar esta clase de residuos es realizarles un triple lavado, guardarlos en contenedores especiales y luego son retirados por operadores que son los que reciclan estos envases. Jamás pueden ser quemados. La ley provincial 522-L es la que adhiere a la ley nacional 24.051, que establecen las normas generales para la generación, manipulación, transporte, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos.
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Fecha de Publicación: 05/02/2018
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: San Juan
Un equipo de la Secretaría de Ambiente de la provincia realizaba un recorrido de rutina y una fogata de grandes dimensiones llamó su atención. Tras conducir la movilidad hasta el lugar, los inspectores se dieron cuenta que lo que estaban quemando eran residuos de agroquímicos altamente tóxicos, en un pozo que habían cavado en la tierra con una retroexcavadora. Como esto está prohibido por ley labraron un acta de infracción y ahora la derivarán a la Justicia de Paz, tal como indica el procedimiento. Esto sucedió en una empresa agroindustrial ubicada en Sarmiento, al límite de San Juan y Mendoza. Se estima, según dijeron desde la repartición, que las multas que se aplican en estos casos van de los 10 mil pesos hasta los 2 millones de pesos. La gravedad de la infracción es tan importante que las autoridades dicen que no es usual hacer multas por esta clase de delitos.
El hecho ocurrió el viernes pasado, pero salió a la luz ayer. Las imágenes que tomó Ambiente del operativo son impactantes. En ellas se puede ver varios vehículos cargados de envases vacíos de distintos agroquímicos de alto nivel de toxicidad que se usan en el rubro agroindustrial. Si bien desde la Secretaría no quisieron revelar el nombre de la empresa que cometió la infracción, dijeron que se trata de un emprendimiento que está justo en el límite entre San Juan y Mendoza. "No es usual esta clase de delito, que según la ley entra en la esfera Penal por su gravedad. Una vez multamos a una empresa por algo similar. Pero esta quema es muy grave", dijo José Luis Espinoza, director de Gestión Ambiental, quien no dio a conocer el nombre de la empresa.
Una vez que las actas lleguen a la Justicia de Paz de Sarmiento, se determinará cómo seguirá el caso. Según Espinoza, ya hicieron una infracción por la misma causa, pero en 9 de Julio. El letrado de ese juzgado se declaró incompetente y pasó al fuero Penal porque quemar residuos peligrosos, como envases de agroquímicos, es considerado un delito penal por el alto grado de contaminación que provoca en el terreno en el que se realiza y en las personas que pueden estar cerca del lugar o manipulando estos objetos. Más allá de esto, Ambiente colocará una multa y ahora evalúan cuál será el monto.
"Esta empresa no tiene multas anteriores, pero quemar y enterrar los recipientes de agroquímicos es algo que realiza con frecuencia. Lo que estamos seguros es que la multa no será la mínima", aseguró Espinoza, quien agregó que el procedimiento correcto para tratar esta clase de residuos es realizarles un triple lavado, guardarlos en contenedores especiales y luego son retirados por operadores que son los que reciclan estos envases. Jamás pueden ser quemados. La ley provincial 522-L es la que adhiere a la ley nacional 24.051, que establecen las normas generales para la generación, manipulación, transporte, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos.
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Productores salteños enojados con Bergman y Urtubey
Prohibición de desmontes: productores salteños aseguran que se afecta el desarrollo de la provincia
Fecha de Publicación: 05/02/2018
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Salta
Cumplieron con rigurosos y extensos trámites para lograr la autorización provincial para poder desmontar sus fincas e iniciar emprendimientos agrícolas y ganaderos, pero ahora cambiaron las reglas del juego y deben frenar sus actividades por una reciente nueva medida del gobernador basada en las recomendaciones del Gobierno Nacional.
“Nos preocupa mucho desde las instituciones la intromisión del Ministerio de Ambiente de la Nación, en un tema que es absolutamente de índole provincial y que es absolutamente legal y legítimo lo que se hizo. El gobernador firmó un decreto habilitando los permisos y habilitaciones de las fincas”, cuestionó Lucas Elizalde, presidente Sociedad Rural de Salta a LA GACETA y consideró que el hecho de que el Ministerio de Ambiente de Nación trate de determinar que el decreto de un gobernador es ilegal, “es una aberración jurídica”.
En el mismo sentido se expresó el productor Ignacio Pisani al cuestionar que la Nación se haya inmiscuido en decisiones de la provincia y al apuntar que además de afectarlos, perjudica a la provincia porque “para todo lo que es desarrollo de la provincia”. “Por una vez, Salta tiene que decidir qué va a hacer y no permitir que nadie venga de Nación a decir cualquier pavada que Salta tenga que aceptar”, enfatizó.
¿Cuál es el impacto de esta suspensión de los desmontes en el proyecto productivo de la región?
Elizalde explicó que la medida, más que tener impacto en lo productivo, afecta lo jurídico. “Todos los productores de 32 fincas hicieron todo por la vía legal, por derecha, estuvieron años gestionando los permisos de desmontes, presentando informes de impacto ambiental, estudios socioeconómicos, para llegar al resultado de que la provincia le diga que efectivamente podían hacer las habilitaciones de determinada forma, preservando determinadas superficies de bosques, para que después de años venga el Ministerio de Ambiente de NaciónAgregó que esta es una más de muchas cosas que vienen pasando en la provincia y donde el Gobierno provincial no fue claro. “Esto es una razón más para que todo este soñado proyecto ganadero que tiene Salta se postergue y lo veamos cada vez más lejos, con todo el potencial que tiene la provincia, va a seguir siendo un potencial. Las inversiones en ganadería, mientras siga pasando esto, no van a venir”, afirmó.
El malestar es compartido por uno de los productores afectados que figuran en el listado de los que deben frenar sus actividades. “Hice todo legal, de la forma que la Provincia quería para otorgar los permisos, dejé mil hectáreas de reserva, logré habilitar 800; ya tengo desmontado lo que me permitieron y con un desarrollo ganadero, por lo tanto, si me piden reforestar, voy cerrar las tranqueras del campo, vender las vacas, sacar toda la gente y que venga alguien a remediar las cosas en mi campo”, dijo Pisani.
Los decretos provinciales emitidos por Juan Manuel Urtubey reglamentaban cómo se hacían las recategorizaciones y permitían el cambio de uso de suelo, lo que se denomina permisos de desmonte. A instancias de Nación, el gobernador decidió revertirlos para decir que estaba todo mal hecho, habiendo tantos desmontes ilegales que no tienen ningún tipo de castigo”, indicó.
Pisani entiende que este cambio genera mucha inseguridad para futuras inversiones y desarrollos que hoy están en proceso. “Lo más grave de todo es que provoca una incertidumbre muy grande para todo lo que son futuras inversiones porque demuestra que en Salta no existe la seguridad jurídica ni siquiera de las decisiones ya tomadas con anterioridad”, señaló.
¿Qué medida están estudiando los productores?
Según Elizalde, no va a haber retiro de las inversiones ni de los proyectos productivos: “estamos analizando, todavía no tenemos en claro qué hacer y cómo reaccionar esto. A nivel nacional estamos tratando de que nos expliquen lo que intentan hacer y reviertan la medida porque no terminamos de entender”, explicó.
La mayor parte de los proyectos de desmonte ya fueron ejecutados y solo quedan cuatro o cinco sin terminar. Ejemplo de lo primero es el de Pisani, quien es propietario de una fracción de campo en Apolinario Saravia que había logrado autorización para desmontar hace cinco años: “si a mí me hacen vender todo, echar gente y reforestar, voy a perder mucho dinero al igual que la gente que trabaja conmigo y los pueblos que están alrededor de estos desarrollos, además tampoco sé si pretenden que yo vuelva a reforestar porque no nos notificaron al respecto”, esgrimió.
Además, los productores aseguran que no pueden ofrecer implementar el Manejo de Bosques con Ganadería Integrada porque por ahora solo es un enunciado ya que no existen resoluciones ministeriales, ni nada por el estilo que le permita a un productor avanzar en proyectos de esta naturaleza.
¿Por qué se sigue desmontando si hay tanta superficie ya desmontada y apta para la producción en la provincia?
“Cuando uno ve la generalidad se entiende el planteo, pero hay gente que es dueña de campo, porque lo compró o lo heredó, no importa el origen, es dueña de la tierra, tenía previsto producir ahí y de golpe vino la Provincia y pintó todo de amarillo”, esbozó Elizalde para defender el derecho de los productores sosteniendo que el mapa de ordenamiento territorial es posterior a la propiedad.
Allí es donde viene el cuestionamiento a la recategorización de los terrenos cuando “de golpe vino alguien a pintar de colorado, amarillo o verde”, pese a que se trató de demostrar que en esos bosques es mejor producir que mantenerlos en el estado en que estaban.
Sobre este punto, Pisani resaltó que hay que ir sobre cada catastro y definir si se puede desmontar o no, pero no coartar el derecho de cada propietario de presentar un proyecto. “Si la provincia dice que no a ese proyecto en ese lugar, estaremos de acuerdo pero no puede ser que pinten así nomás toda la provincia de rojo y que no se pueda hacer nada”, señaló.
Desacuerdo con la Ley de Bosques
Elizalde consideró que el sistema está mal parido desde el primer día porque no comparten que se haya pintado de manera orientativa a la provincia. “Lo rechazamos desde el principio porque creemos que hay una gran cantidad de bosques, sobre todo en los departamentos de San Martín, Orán y Rivadavia, todos pintados de amarillo social, y para nosotros no tiene sentido ya que son áreas que deben estar pintadas de verde, porque consideramos que son bosques de bajo valor de conservación”, argumentó.
"La provincia, con un criterio que no es aceptado por los productores, creó el amarillo social, que obedecería, no a criterios de conservación de bosques, sino de cuidado de comunidades y pueblos criollos", agregó Elizalde.
Los desmontes ilegales y la posibilidad de judicializar el problema
Pisani se mostró muy molesto por la medida ya que sanciona a quienes cumplieron con la ley mientras que nada ataca a los muchos desarrollos ilegales que nadie castiga. “Los ilegales no figuran en los registros nacionales obviamente, por eso para la Nación es como si hubiese monte cuando en realidad está desmontado”, indicó.
Tanto Urtubey como el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman, esbozaron la posibilidad de judicializar el problema pero para Pisani esa sería una pésima decisión porque generaría que transcurran otros dos o tres años con la provincia “más parada de lo que está”.
Por ello entiende que sería “tirar la pelota para adelante” e implicaría que Urtubey se desentienda del problema ya que cuando la instancia judicial concluya, él ya no será gobernador y “será problema del que vendrá”.
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Fecha de Publicación: 05/02/2018
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Salta
Cumplieron con rigurosos y extensos trámites para lograr la autorización provincial para poder desmontar sus fincas e iniciar emprendimientos agrícolas y ganaderos, pero ahora cambiaron las reglas del juego y deben frenar sus actividades por una reciente nueva medida del gobernador basada en las recomendaciones del Gobierno Nacional.
“Nos preocupa mucho desde las instituciones la intromisión del Ministerio de Ambiente de la Nación, en un tema que es absolutamente de índole provincial y que es absolutamente legal y legítimo lo que se hizo. El gobernador firmó un decreto habilitando los permisos y habilitaciones de las fincas”, cuestionó Lucas Elizalde, presidente Sociedad Rural de Salta a LA GACETA y consideró que el hecho de que el Ministerio de Ambiente de Nación trate de determinar que el decreto de un gobernador es ilegal, “es una aberración jurídica”.
En el mismo sentido se expresó el productor Ignacio Pisani al cuestionar que la Nación se haya inmiscuido en decisiones de la provincia y al apuntar que además de afectarlos, perjudica a la provincia porque “para todo lo que es desarrollo de la provincia”. “Por una vez, Salta tiene que decidir qué va a hacer y no permitir que nadie venga de Nación a decir cualquier pavada que Salta tenga que aceptar”, enfatizó.
¿Cuál es el impacto de esta suspensión de los desmontes en el proyecto productivo de la región?
Elizalde explicó que la medida, más que tener impacto en lo productivo, afecta lo jurídico. “Todos los productores de 32 fincas hicieron todo por la vía legal, por derecha, estuvieron años gestionando los permisos de desmontes, presentando informes de impacto ambiental, estudios socioeconómicos, para llegar al resultado de que la provincia le diga que efectivamente podían hacer las habilitaciones de determinada forma, preservando determinadas superficies de bosques, para que después de años venga el Ministerio de Ambiente de NaciónAgregó que esta es una más de muchas cosas que vienen pasando en la provincia y donde el Gobierno provincial no fue claro. “Esto es una razón más para que todo este soñado proyecto ganadero que tiene Salta se postergue y lo veamos cada vez más lejos, con todo el potencial que tiene la provincia, va a seguir siendo un potencial. Las inversiones en ganadería, mientras siga pasando esto, no van a venir”, afirmó.
El malestar es compartido por uno de los productores afectados que figuran en el listado de los que deben frenar sus actividades. “Hice todo legal, de la forma que la Provincia quería para otorgar los permisos, dejé mil hectáreas de reserva, logré habilitar 800; ya tengo desmontado lo que me permitieron y con un desarrollo ganadero, por lo tanto, si me piden reforestar, voy cerrar las tranqueras del campo, vender las vacas, sacar toda la gente y que venga alguien a remediar las cosas en mi campo”, dijo Pisani.
Los decretos provinciales emitidos por Juan Manuel Urtubey reglamentaban cómo se hacían las recategorizaciones y permitían el cambio de uso de suelo, lo que se denomina permisos de desmonte. A instancias de Nación, el gobernador decidió revertirlos para decir que estaba todo mal hecho, habiendo tantos desmontes ilegales que no tienen ningún tipo de castigo”, indicó.
Pisani entiende que este cambio genera mucha inseguridad para futuras inversiones y desarrollos que hoy están en proceso. “Lo más grave de todo es que provoca una incertidumbre muy grande para todo lo que son futuras inversiones porque demuestra que en Salta no existe la seguridad jurídica ni siquiera de las decisiones ya tomadas con anterioridad”, señaló.
¿Qué medida están estudiando los productores?
Según Elizalde, no va a haber retiro de las inversiones ni de los proyectos productivos: “estamos analizando, todavía no tenemos en claro qué hacer y cómo reaccionar esto. A nivel nacional estamos tratando de que nos expliquen lo que intentan hacer y reviertan la medida porque no terminamos de entender”, explicó.
La mayor parte de los proyectos de desmonte ya fueron ejecutados y solo quedan cuatro o cinco sin terminar. Ejemplo de lo primero es el de Pisani, quien es propietario de una fracción de campo en Apolinario Saravia que había logrado autorización para desmontar hace cinco años: “si a mí me hacen vender todo, echar gente y reforestar, voy a perder mucho dinero al igual que la gente que trabaja conmigo y los pueblos que están alrededor de estos desarrollos, además tampoco sé si pretenden que yo vuelva a reforestar porque no nos notificaron al respecto”, esgrimió.
Además, los productores aseguran que no pueden ofrecer implementar el Manejo de Bosques con Ganadería Integrada porque por ahora solo es un enunciado ya que no existen resoluciones ministeriales, ni nada por el estilo que le permita a un productor avanzar en proyectos de esta naturaleza.
¿Por qué se sigue desmontando si hay tanta superficie ya desmontada y apta para la producción en la provincia?
“Cuando uno ve la generalidad se entiende el planteo, pero hay gente que es dueña de campo, porque lo compró o lo heredó, no importa el origen, es dueña de la tierra, tenía previsto producir ahí y de golpe vino la Provincia y pintó todo de amarillo”, esbozó Elizalde para defender el derecho de los productores sosteniendo que el mapa de ordenamiento territorial es posterior a la propiedad.
Allí es donde viene el cuestionamiento a la recategorización de los terrenos cuando “de golpe vino alguien a pintar de colorado, amarillo o verde”, pese a que se trató de demostrar que en esos bosques es mejor producir que mantenerlos en el estado en que estaban.
Sobre este punto, Pisani resaltó que hay que ir sobre cada catastro y definir si se puede desmontar o no, pero no coartar el derecho de cada propietario de presentar un proyecto. “Si la provincia dice que no a ese proyecto en ese lugar, estaremos de acuerdo pero no puede ser que pinten así nomás toda la provincia de rojo y que no se pueda hacer nada”, señaló.
Desacuerdo con la Ley de Bosques
Elizalde consideró que el sistema está mal parido desde el primer día porque no comparten que se haya pintado de manera orientativa a la provincia. “Lo rechazamos desde el principio porque creemos que hay una gran cantidad de bosques, sobre todo en los departamentos de San Martín, Orán y Rivadavia, todos pintados de amarillo social, y para nosotros no tiene sentido ya que son áreas que deben estar pintadas de verde, porque consideramos que son bosques de bajo valor de conservación”, argumentó.
"La provincia, con un criterio que no es aceptado por los productores, creó el amarillo social, que obedecería, no a criterios de conservación de bosques, sino de cuidado de comunidades y pueblos criollos", agregó Elizalde.
Los desmontes ilegales y la posibilidad de judicializar el problema
Pisani se mostró muy molesto por la medida ya que sanciona a quienes cumplieron con la ley mientras que nada ataca a los muchos desarrollos ilegales que nadie castiga. “Los ilegales no figuran en los registros nacionales obviamente, por eso para la Nación es como si hubiese monte cuando en realidad está desmontado”, indicó.
Tanto Urtubey como el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman, esbozaron la posibilidad de judicializar el problema pero para Pisani esa sería una pésima decisión porque generaría que transcurran otros dos o tres años con la provincia “más parada de lo que está”.
Por ello entiende que sería “tirar la pelota para adelante” e implicaría que Urtubey se desentienda del problema ya que cuando la instancia judicial concluya, él ya no será gobernador y “será problema del que vendrá”.
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