UNT indagada por YMAD
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Indagan en la UNT por las regalías mineras
Fecha de Publicación: 19/12/2017
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
Una comisión interna requirió informes a las autoridades universitarias.
Las autoridades de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) deberán responder cuestiones vinculadas al uso de los fondos provenientes de Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD). El objetivo es desentrañar cómo se manejaron los fondos una vez que llegaban a la UNT producto de las utilidades que arrojaba la actividad minera de La Alumbrera.
La comisión especial integrada por varios consejeros superiores y presidida por la decana de Derecho, Adela Seguí, se reunió para analizar la cuestión y avanzar con los pedidos de informes. Así, ingresaron al Rectorado dos notas. Una, dirigida a la rectora, Alicia Bardón, y a los actuales directores que representan a la UNT en esa firma, Faustino Siñeriz y Alfredo Grau. La otra, tiene como destinatarios a Bardón y a la secretaria Económico Financiera, Lidia Ascárate.
La primera solicita, entre otras cosas, copia autenticada de todas las actas de Directorio y de Asamblea desde el año 2004, copia de los balances de la empresa desde 2004, y un informe detallado de los fondos recibidos por YMAD de Minera Alumbrera, desde el inicio de la distribución de utilidades.
Además, la comisión quiere saber cuánto dinero se les dio a los socios de la empresa interestatal (UNT, Catamarca y el Estado Nacional) en concepto de utilidades y la fecha de los pagos. Una de las sospechas que investiga la Justicia federal es que a la UNT se le liquidó un menor porcentaje del que correspondía. Primero un 40% (hasta enero de 2008) y luego la mitad de ese porcentaje.
YMAD es una unión transitoria de empresas con Minera Alumbrera, que se formó para la explotación del yacimiento y que percibe el 20% de las utilidades.
La segunda nota solicita más documentos y montos. Entre esos, el total de dinero que ingresó a la UNT en concepto de utilidades mineras. En la Justicia Federal se investiga solo el momento que se calcula que llegó entre 2006 y 2009, unos $353 millones. Además, le requieren que precisen cuál era el procedimiento establecido internamente para el ingreso de fondos en carácter de recursos propios.
Es la primera vez que miembros de la misma institución universitaria realizan una serie de pedidos tan detallados para conocer cómo se manejaron los fondos de YMAD. El año pasado quedaron procesados cuatro ex funcionarios, entre ellos el ex rector, Juan Cerisola. Este año los procesamientos y los embargos quedaron firmes con un dictamen de la Cámara Federal de Apelaciones. Además de eso se incorporaron nuevas líneas de investigación, una de ellas vinculada a la “Ruta del Dinero K”.
En esa misma nota remitida por la comisión, también se le pide a Ascárate que detalle el destino de los fondos provenientes de YMAD, desde el inicio de las liquidaciones. También, cuáles fueron los procedimientos que se utilizaron en la reserva de fondos destinados a la Ciudad Universitaria: cómo fue el circuito del dinero para la construcción de obras y si coincide con los circuitos vigentes en ese momento en la UNT.
Una de las cuestiones centrales es lo vinculado a las obras de la Ciudad Universitaria, que iba a dotar de varios metros cuadrados construidos a la UNT, pero que en muchos casos quedó a mitad de camino. Un ejemplo es el edificio de Bioquímica, en el ingreso a la ex Quinta Agronómica. La Justicia puso la lupa sobre los procedimientos porque consideró que no se ajustaron a la normativa vigente en el caso de obras públicas.
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Fecha de Publicación: 19/12/2017
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
Una comisión interna requirió informes a las autoridades universitarias.
Las autoridades de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) deberán responder cuestiones vinculadas al uso de los fondos provenientes de Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD). El objetivo es desentrañar cómo se manejaron los fondos una vez que llegaban a la UNT producto de las utilidades que arrojaba la actividad minera de La Alumbrera.
La comisión especial integrada por varios consejeros superiores y presidida por la decana de Derecho, Adela Seguí, se reunió para analizar la cuestión y avanzar con los pedidos de informes. Así, ingresaron al Rectorado dos notas. Una, dirigida a la rectora, Alicia Bardón, y a los actuales directores que representan a la UNT en esa firma, Faustino Siñeriz y Alfredo Grau. La otra, tiene como destinatarios a Bardón y a la secretaria Económico Financiera, Lidia Ascárate.
La primera solicita, entre otras cosas, copia autenticada de todas las actas de Directorio y de Asamblea desde el año 2004, copia de los balances de la empresa desde 2004, y un informe detallado de los fondos recibidos por YMAD de Minera Alumbrera, desde el inicio de la distribución de utilidades.
Además, la comisión quiere saber cuánto dinero se les dio a los socios de la empresa interestatal (UNT, Catamarca y el Estado Nacional) en concepto de utilidades y la fecha de los pagos. Una de las sospechas que investiga la Justicia federal es que a la UNT se le liquidó un menor porcentaje del que correspondía. Primero un 40% (hasta enero de 2008) y luego la mitad de ese porcentaje.
YMAD es una unión transitoria de empresas con Minera Alumbrera, que se formó para la explotación del yacimiento y que percibe el 20% de las utilidades.
La segunda nota solicita más documentos y montos. Entre esos, el total de dinero que ingresó a la UNT en concepto de utilidades mineras. En la Justicia Federal se investiga solo el momento que se calcula que llegó entre 2006 y 2009, unos $353 millones. Además, le requieren que precisen cuál era el procedimiento establecido internamente para el ingreso de fondos en carácter de recursos propios.
Es la primera vez que miembros de la misma institución universitaria realizan una serie de pedidos tan detallados para conocer cómo se manejaron los fondos de YMAD. El año pasado quedaron procesados cuatro ex funcionarios, entre ellos el ex rector, Juan Cerisola. Este año los procesamientos y los embargos quedaron firmes con un dictamen de la Cámara Federal de Apelaciones. Además de eso se incorporaron nuevas líneas de investigación, una de ellas vinculada a la “Ruta del Dinero K”.
En esa misma nota remitida por la comisión, también se le pide a Ascárate que detalle el destino de los fondos provenientes de YMAD, desde el inicio de las liquidaciones. También, cuáles fueron los procedimientos que se utilizaron en la reserva de fondos destinados a la Ciudad Universitaria: cómo fue el circuito del dinero para la construcción de obras y si coincide con los circuitos vigentes en ese momento en la UNT.
Una de las cuestiones centrales es lo vinculado a las obras de la Ciudad Universitaria, que iba a dotar de varios metros cuadrados construidos a la UNT, pero que en muchos casos quedó a mitad de camino. Un ejemplo es el edificio de Bioquímica, en el ingreso a la ex Quinta Agronómica. La Justicia puso la lupa sobre los procedimientos porque consideró que no se ajustaron a la normativa vigente en el caso de obras públicas.
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¿Habrá un acuerdo por el Atuel luego de décadas?
“Hay buen ánimo para llegar a un acuerdo por el cauce del Atuel”
Fecha de Publicación: 19/12/2017
Fuente: Ambito
Provincia/Región: La Pampa - Mendoza
Las negociaciones entre La Pampa y Mendoza por el cauce del río Atuel avanzan tras el fallo de la Corte Suprema que ordenó a realizar una serie de obras para garantizar caudal a La Pampa. Tras la reunión de la Comisión Interprovincial del Atuel Inferior (CIAI), Sergio Marinelli, superintendente del Departamento General de Irrigación de Mendoza, explicó los principales puntos en discusión y se mostró optimista por alcanzar un acuerdo.
Periodista: ¿Cómo están en las negociaciones con La Pampa?
Sergio Marinelli: Hubo una reunión del CIAI con participación del grupo técnico. Estamos esbozando una forma de trabajo ambas provincias junto con la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación. El lunes habrá una visita a General Alvear, en el sur de Mendoza, que es donde termina nuestro sistema de riego. Luego habrá otra visita donde empieza el sistema de ellos, que es donde hay que recomponer el caudal.
P: ¿En qué puntos tienen que ponerse de acuerdo?
S. M.: Primero, discutir el caudal necesario que se debe garantizar a La Pampa. Luego, las obras que debemos realizar. La Corte ordenó sentarnos y resolver los problemas. Hay un punto en el que estamos trabados y es en el de la inmediatez. La Pampa quiere recibir el agua una vez que se defina el caudal. Nosotros decimos que primero tienen que estar hechas las obras. Mendoza sin riego es un desierto, por eso no podemos dejar sin agua a áreas productivas. Sobre este punto, La Pampa no dijo que sí ni que no.
P: ¿Si no se ponen de acuerdo?
S. M.: Define la Corte. La Pampa quedó en enviar información que nos hace falta para evaluar. En todos los ríos, en especial en los de montaña, el agua que baja con diferente caudal por el deshielo. La Pampa recibe caudal aguas abajo de 9 m3 por segundo. Pero tiene pisos que son por debajo de los 4,5, que es lo necesario para mantener el medio ambiente. Nosotros proponemos enviar caudal variable según el mes del año, con calidad para potabilizar. Además, si tuviéramos que darle 4.5 m3 por segundo de forma permanente dejaríamos de regar 3.500 hectáreas. Sería recomponer un sitio a costa de hacer un desierto en otro. Alvear tendría disminución de vid, fruticultura y pasturas.
P: ¿Llevan hechas inversiones?
S. M: Mendoza invirtió unos u$s145 millones pero en línea con los fallos anteriores de 1987. Hoy estamos regando unas de 50 mil hectáreas cuando deberíamos regar 75 mil. El fallo anterior decía que una vez que se regaran esas hectáreas se le diera agua a La Pampa. Ahora se tiene en cuenta el caudal mínimo para cuidar el medioambiente.
P: ¿Bajó el caudal del río?
S. M.: No hay agua. Tenemos que hacer obras. Hay un canal marginal que está preparado para regar en todo el trayecto, pero más agua no tenemos. Hay que hacer obras para hacer más eficiente el uso. Hacer lo mismo con menos agua. Revisitendo canales, mejorando sistemas de riesgo, entre otras cosas.
P: ¿A qué creen que se debe el apuro pampeano?
S. M.: El gobernador Carlos Verna tiene temor de que el proceso lleve muchos años y quede en la nada. Pero las obras no son eternas, llevan de 30 a 50 meses. Si las provincias somos inteligentes podemos no pelearnos y nos beneficiamos todos. Seremos más eficientes y terminaremos con un problema histórico. Si pudiéramos dirimir la inmediatez estaremos encaminados. Hay buen ánimo y predisposición para llegar a un acuerdo.
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Fecha de Publicación: 19/12/2017
Fuente: Ambito
Provincia/Región: La Pampa - Mendoza
Las negociaciones entre La Pampa y Mendoza por el cauce del río Atuel avanzan tras el fallo de la Corte Suprema que ordenó a realizar una serie de obras para garantizar caudal a La Pampa. Tras la reunión de la Comisión Interprovincial del Atuel Inferior (CIAI), Sergio Marinelli, superintendente del Departamento General de Irrigación de Mendoza, explicó los principales puntos en discusión y se mostró optimista por alcanzar un acuerdo.
Periodista: ¿Cómo están en las negociaciones con La Pampa?
Sergio Marinelli: Hubo una reunión del CIAI con participación del grupo técnico. Estamos esbozando una forma de trabajo ambas provincias junto con la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación. El lunes habrá una visita a General Alvear, en el sur de Mendoza, que es donde termina nuestro sistema de riego. Luego habrá otra visita donde empieza el sistema de ellos, que es donde hay que recomponer el caudal.
P: ¿En qué puntos tienen que ponerse de acuerdo?
S. M.: Primero, discutir el caudal necesario que se debe garantizar a La Pampa. Luego, las obras que debemos realizar. La Corte ordenó sentarnos y resolver los problemas. Hay un punto en el que estamos trabados y es en el de la inmediatez. La Pampa quiere recibir el agua una vez que se defina el caudal. Nosotros decimos que primero tienen que estar hechas las obras. Mendoza sin riego es un desierto, por eso no podemos dejar sin agua a áreas productivas. Sobre este punto, La Pampa no dijo que sí ni que no.
P: ¿Si no se ponen de acuerdo?
S. M.: Define la Corte. La Pampa quedó en enviar información que nos hace falta para evaluar. En todos los ríos, en especial en los de montaña, el agua que baja con diferente caudal por el deshielo. La Pampa recibe caudal aguas abajo de 9 m3 por segundo. Pero tiene pisos que son por debajo de los 4,5, que es lo necesario para mantener el medio ambiente. Nosotros proponemos enviar caudal variable según el mes del año, con calidad para potabilizar. Además, si tuviéramos que darle 4.5 m3 por segundo de forma permanente dejaríamos de regar 3.500 hectáreas. Sería recomponer un sitio a costa de hacer un desierto en otro. Alvear tendría disminución de vid, fruticultura y pasturas.
P: ¿Llevan hechas inversiones?
S. M: Mendoza invirtió unos u$s145 millones pero en línea con los fallos anteriores de 1987. Hoy estamos regando unas de 50 mil hectáreas cuando deberíamos regar 75 mil. El fallo anterior decía que una vez que se regaran esas hectáreas se le diera agua a La Pampa. Ahora se tiene en cuenta el caudal mínimo para cuidar el medioambiente.
P: ¿Bajó el caudal del río?
S. M.: No hay agua. Tenemos que hacer obras. Hay un canal marginal que está preparado para regar en todo el trayecto, pero más agua no tenemos. Hay que hacer obras para hacer más eficiente el uso. Hacer lo mismo con menos agua. Revisitendo canales, mejorando sistemas de riesgo, entre otras cosas.
P: ¿A qué creen que se debe el apuro pampeano?
S. M.: El gobernador Carlos Verna tiene temor de que el proceso lleve muchos años y quede en la nada. Pero las obras no son eternas, llevan de 30 a 50 meses. Si las provincias somos inteligentes podemos no pelearnos y nos beneficiamos todos. Seremos más eficientes y terminaremos con un problema histórico. Si pudiéramos dirimir la inmediatez estaremos encaminados. Hay buen ánimo y predisposición para llegar a un acuerdo.
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Taller sobre degradación de tierras y desertificación
San Luis participó de un taller sobre degradación de tierras y desertificación
Fecha de Publicación: 19/12/2017
Fuente: ANSL
Provincia/Región: San Luis
Representantes del Ministerio de Medio Ambiente, Campo y Producción se capacitaron en Metodologías de Evaluación de la Desertificación para la Región Monte de Llanuras y Mesetas. La actividad tuvo lugar el pasado martes, miércoles y jueves en Mendoza.
Mientras el gobernador Alberto Rodríguez Saá disertaba en la Pontificia Academia de Ciencias del Vaticano sobre medioambiente, clima y justicia, en consonancia, un equipo de la cartera medioambiental asistía a un taller sobre degradación de tierras y desertificación, en la provincia de Mendoza.
Allí se capacitaron sobre las Metodologías de Evaluación de la Desertificación para la Región Monte de Llanuras y Mesetas, expuestas por integrantes del Observatorio Nacional de la Degradación de Tierras y Desertificación (ONDTyD). “Nos explicaron sobre cómo realizar mediciones en áreas degradadas y qué aspectos tener en cuenta para esta tarea. Esto permitirá obtener un estándar de medición y, luego, comparar resultados con otras provincias”, señalaron desde la cartera sanluiseña.
En la Argentina hay diferentes sitios pilotos de evaluación, donde se generan indicadores vinculados a la degradación del suelo. “La idea de San Luis es presentar un sitio para realizar estas mediciones, lo que permitirá obtener un diagnóstico del lugar y su potencialidad. Además servirá para observar el efecto de las acciones que se realicen en dicha zona”, precisaron.
Es importante remarcar que San Luis se encuentra dentro del Proyecto de Manejo Sustentable de Tierras en las zonas secas del noroeste argentino (MST NOA Cuyo), al igual que Jujuy, Salta, Mendoza, San Juan, La Rioja y Catamarca. “Este fue un taller regional, participaron San Juan, San Luis y Mendoza”, indicaron.
Sobre el Observatorio Nacional
El ONDTyD es un sistema nacional de evaluación y monitoreo de tierras a diferentes escalas (nacional, regional y de sitios piloto), basado en un abordaje integral, interdisciplinario y participativo. Está sustentado en una red de organizaciones científico-tecnológicas y políticas que proveen datos y conocimientos, y al mismo tiempo son usuarios de la información.
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Fecha de Publicación: 19/12/2017
Fuente: ANSL
Provincia/Región: San Luis
Representantes del Ministerio de Medio Ambiente, Campo y Producción se capacitaron en Metodologías de Evaluación de la Desertificación para la Región Monte de Llanuras y Mesetas. La actividad tuvo lugar el pasado martes, miércoles y jueves en Mendoza.
Mientras el gobernador Alberto Rodríguez Saá disertaba en la Pontificia Academia de Ciencias del Vaticano sobre medioambiente, clima y justicia, en consonancia, un equipo de la cartera medioambiental asistía a un taller sobre degradación de tierras y desertificación, en la provincia de Mendoza.
Allí se capacitaron sobre las Metodologías de Evaluación de la Desertificación para la Región Monte de Llanuras y Mesetas, expuestas por integrantes del Observatorio Nacional de la Degradación de Tierras y Desertificación (ONDTyD). “Nos explicaron sobre cómo realizar mediciones en áreas degradadas y qué aspectos tener en cuenta para esta tarea. Esto permitirá obtener un estándar de medición y, luego, comparar resultados con otras provincias”, señalaron desde la cartera sanluiseña.
En la Argentina hay diferentes sitios pilotos de evaluación, donde se generan indicadores vinculados a la degradación del suelo. “La idea de San Luis es presentar un sitio para realizar estas mediciones, lo que permitirá obtener un diagnóstico del lugar y su potencialidad. Además servirá para observar el efecto de las acciones que se realicen en dicha zona”, precisaron.
Es importante remarcar que San Luis se encuentra dentro del Proyecto de Manejo Sustentable de Tierras en las zonas secas del noroeste argentino (MST NOA Cuyo), al igual que Jujuy, Salta, Mendoza, San Juan, La Rioja y Catamarca. “Este fue un taller regional, participaron San Juan, San Luis y Mendoza”, indicaron.
Sobre el Observatorio Nacional
El ONDTyD es un sistema nacional de evaluación y monitoreo de tierras a diferentes escalas (nacional, regional y de sitios piloto), basado en un abordaje integral, interdisciplinario y participativo. Está sustentado en una red de organizaciones científico-tecnológicas y políticas que proveen datos y conocimientos, y al mismo tiempo son usuarios de la información.
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Ley de Bosques: a 10 años, algunos lo ven positivo
Cayó a una sexta parte la superficie anual deforestada a 10 años de la Ley de Bosques
Fecha de Publicación: 18/12/2017
Fuente: Télam
Provincia/Región: Nacional
La superficie deforestada en Argentina durante este año representa una sexta parte de la registrada en 2007, según informó hoy el Ministerio de Ambiente en una jornada con motivo de los décimo aniversario de la sanción de la Ley de Bosques.
Mientras en 2007 se talaron 600 mil hectáreas de bosques, en el transcurso de este año fueron 90 mil, y la reducción operada entre 2015 y 2016 fue de 14%. Esto sucede a diez años de la sanción de la Ley de Bosques. No obstante, tradicionalmente la superficie anual deforestada en el país antes de la sanción de la ley "era de 300 mil hectáreas", y se disparó en 2007 "por la inminente sanción de la norma", explicaron desde Ambiente.
"En estos 10 años, la tasa de deforestación en todas las regiones ha venido disminuyendo, lo que no es sólo una consecuencia de la ley, pero claramente creemos que la ley tuvo algo que ver con esto", dijo Diego Moreno, secretario de Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable durante la jornada "Hablemos del bosque a 10 años de la ley"
El funcionario detalló que la ley "puso el tema de la pérdida de bosques en la agenda de discusión a nivel jurídico y también en la sociedad; y también creó conciencia sobre la necesidad de cuidar este recurso, de establecer nuevos instrumentos de regulación y mayores controles para la deforestación ilegal".
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Fecha de Publicación: 18/12/2017
Fuente: Télam
Provincia/Región: Nacional
La superficie deforestada en Argentina durante este año representa una sexta parte de la registrada en 2007, según informó hoy el Ministerio de Ambiente en una jornada con motivo de los décimo aniversario de la sanción de la Ley de Bosques.
Mientras en 2007 se talaron 600 mil hectáreas de bosques, en el transcurso de este año fueron 90 mil, y la reducción operada entre 2015 y 2016 fue de 14%. Esto sucede a diez años de la sanción de la Ley de Bosques. No obstante, tradicionalmente la superficie anual deforestada en el país antes de la sanción de la ley "era de 300 mil hectáreas", y se disparó en 2007 "por la inminente sanción de la norma", explicaron desde Ambiente.
"En estos 10 años, la tasa de deforestación en todas las regiones ha venido disminuyendo, lo que no es sólo una consecuencia de la ley, pero claramente creemos que la ley tuvo algo que ver con esto", dijo Diego Moreno, secretario de Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable durante la jornada "Hablemos del bosque a 10 años de la ley"
El funcionario detalló que la ley "puso el tema de la pérdida de bosques en la agenda de discusión a nivel jurídico y también en la sociedad; y también creó conciencia sobre la necesidad de cuidar este recurso, de establecer nuevos instrumentos de regulación y mayores controles para la deforestación ilegal".
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Entre Ríos derogó la 'Ley de la Madera'
Entre Ríos derogó la polémica 'Ley de la Madera' promovida durante el conflicto ambiental con la pastera uruguaya
Fecha de Publicación: 18/12/2017
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Entre Ríos
Los acuerdos políticos de la Mesa Nacional de la Cadena Foresto-industrial se van concretando paso a paso. Este miércoles la Cámara de Diputados de Entre Ríos derogó la ley que impide la venta de rollizos de madera al exterior y los medios nacionales e internacionales se hacen eco de la noticia, ya que fue una normativa promulgada en marzo de 2007 durante el conflicto por la instalación en Fray Bentos de la pastera UPM (ex Botnia).
La Cámara de Diputados de Entre Ríos derogó la ley que impide la venta de rollizos de madera, conocida popularmente como “Ley de la Madera”, promulgada en marzo de 2007 durante el conflicto por la instalación en Fray Bentos de la pastera UPM (ex Botnia).
La iniciativa, impulsada por el gobernador Gustavo Bordet, se votó en la Cámara baja provincial, pese al rechazo de los legisladores de Gualeguaychú Leticia Angerosa y Sergio Kneteeman.
En el recinto, vecinos de Gualeguaychú enrolados en la Asamblea Ambiental que rechaza la instalación de pasteras en Fray Bentos, repudiaron la decisión con pancartas y cánticos alusivos a la defensa del medio ambiente.
La Ley de la Madera prohibía “la venta y/o salida de rollizos y chips destinada a la exportación como materia prima para empresas fabricantes de pasta celulósica que generan residuos contaminantes, lesiona los derechos de los ciudadanos entrerrianos consagrados en los artículos 41 de la Constitución Nacional y 5 de la Constitución Provincial”.
La propuesta de derogación contemplaba a su vez un plan foresto industrial aunque sobre ese punto no hubo avances concretos en la Legislatura y tampoco en la provincia.
Al anunciar la decisión de derogarla, Bordet dijo que con la norma Entre Ríos “pierde la posibilidad de sembrar eucaliptus y de recuperar también un rol importante dentro de la matriz productiva provincial y nacional”.
Tildó como un “contrasentido” la existencia de tal prohibición, ya que como mandatario “pelea para que se abran las exportaciones de cítricos a los Estados Unidos y Brasil, y por otro lado tiene un artículo que prohíbe exportaciones”.
Reconoció que la derogación fue solicitada por las distintas cámaras forestales y aclaró que desde su gobierno “somos los más interesados en conservar los recursos naturales”.
“Esta ley salió en pleno conflicto por las pasteras y fue hecha a medida de la demanda de los ambientalistas de Gualeguaychú en un momento especial, con un puente cortado, pero después los dos países se sometieron al Tribunal de La Haya y hubo un laudo; nos puede gustar o no, pero no se puede desconocer”, dijo Bordet.
Luego de la sesión, el asambleísta de Gualeguaychú Juan Veronesi dijo que en la Asamblea están “desconcertados”, por esta determinación y atribuyó la derogación “a un gran negociado con las corporaciones que están prendidas en esto, como la Asociación Forestal Argentina (AFoA)”.
“Las razones que se esgrimen no son válidas, como tampoco lo son las de Etchevehere con sus dichos lamentables de los últimos días”, criticó.
Veronesi se refiró en estos términos a las declaraciones del ministro de Agroindustria, el entrerriano Luis Miguel Etchevehere, que precisó que el país importa papel que “tranquilamente podría producirse acá”, con lo que dejó abierta la posibilidad de promover la instalación de fábricas de pasta de celulosa en Entre Ríos.
“No está descartado ningún lugar del país; es necesario industrializar, agregar valor, puestos de trabajo; en aquellos lugares donde vayan las pasteras va a haber trabajo”, dijo el titular de Agroindustria, según publicó el sitio Agritotal.
Por el conflicto por las pasteras, la ruta 136, a la altura de Arroyo Verde, estuvo cortada desde 2006 hasta junio de 2010, fecha en la que los asambleístas resolvieron, además de suspender el bloqueo por 60 días, abrir canales de diálogo con los gobiernos de la Argentina y Uruguay, tendientes a establecer un monitoreo ambiental binacional sobre la planta.
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Fecha de Publicación: 18/12/2017
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Entre Ríos
Los acuerdos políticos de la Mesa Nacional de la Cadena Foresto-industrial se van concretando paso a paso. Este miércoles la Cámara de Diputados de Entre Ríos derogó la ley que impide la venta de rollizos de madera al exterior y los medios nacionales e internacionales se hacen eco de la noticia, ya que fue una normativa promulgada en marzo de 2007 durante el conflicto por la instalación en Fray Bentos de la pastera UPM (ex Botnia).
La Cámara de Diputados de Entre Ríos derogó la ley que impide la venta de rollizos de madera, conocida popularmente como “Ley de la Madera”, promulgada en marzo de 2007 durante el conflicto por la instalación en Fray Bentos de la pastera UPM (ex Botnia).
La iniciativa, impulsada por el gobernador Gustavo Bordet, se votó en la Cámara baja provincial, pese al rechazo de los legisladores de Gualeguaychú Leticia Angerosa y Sergio Kneteeman.
En el recinto, vecinos de Gualeguaychú enrolados en la Asamblea Ambiental que rechaza la instalación de pasteras en Fray Bentos, repudiaron la decisión con pancartas y cánticos alusivos a la defensa del medio ambiente.
La Ley de la Madera prohibía “la venta y/o salida de rollizos y chips destinada a la exportación como materia prima para empresas fabricantes de pasta celulósica que generan residuos contaminantes, lesiona los derechos de los ciudadanos entrerrianos consagrados en los artículos 41 de la Constitución Nacional y 5 de la Constitución Provincial”.
La propuesta de derogación contemplaba a su vez un plan foresto industrial aunque sobre ese punto no hubo avances concretos en la Legislatura y tampoco en la provincia.
Al anunciar la decisión de derogarla, Bordet dijo que con la norma Entre Ríos “pierde la posibilidad de sembrar eucaliptus y de recuperar también un rol importante dentro de la matriz productiva provincial y nacional”.
Tildó como un “contrasentido” la existencia de tal prohibición, ya que como mandatario “pelea para que se abran las exportaciones de cítricos a los Estados Unidos y Brasil, y por otro lado tiene un artículo que prohíbe exportaciones”.
Reconoció que la derogación fue solicitada por las distintas cámaras forestales y aclaró que desde su gobierno “somos los más interesados en conservar los recursos naturales”.
“Esta ley salió en pleno conflicto por las pasteras y fue hecha a medida de la demanda de los ambientalistas de Gualeguaychú en un momento especial, con un puente cortado, pero después los dos países se sometieron al Tribunal de La Haya y hubo un laudo; nos puede gustar o no, pero no se puede desconocer”, dijo Bordet.
Luego de la sesión, el asambleísta de Gualeguaychú Juan Veronesi dijo que en la Asamblea están “desconcertados”, por esta determinación y atribuyó la derogación “a un gran negociado con las corporaciones que están prendidas en esto, como la Asociación Forestal Argentina (AFoA)”.
“Las razones que se esgrimen no son válidas, como tampoco lo son las de Etchevehere con sus dichos lamentables de los últimos días”, criticó.
Veronesi se refiró en estos términos a las declaraciones del ministro de Agroindustria, el entrerriano Luis Miguel Etchevehere, que precisó que el país importa papel que “tranquilamente podría producirse acá”, con lo que dejó abierta la posibilidad de promover la instalación de fábricas de pasta de celulosa en Entre Ríos.
“No está descartado ningún lugar del país; es necesario industrializar, agregar valor, puestos de trabajo; en aquellos lugares donde vayan las pasteras va a haber trabajo”, dijo el titular de Agroindustria, según publicó el sitio Agritotal.
Por el conflicto por las pasteras, la ruta 136, a la altura de Arroyo Verde, estuvo cortada desde 2006 hasta junio de 2010, fecha en la que los asambleístas resolvieron, además de suspender el bloqueo por 60 días, abrir canales de diálogo con los gobiernos de la Argentina y Uruguay, tendientes a establecer un monitoreo ambiental binacional sobre la planta.
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La Pampa contamina al Colorado con residuos cloacales
Río Negro: La Pampa contamina al Colorado
Fecha de Publicación: 18/12/2017
Fuente: Tucuman a las 7
Provincia/Región: Río Negro - La Pampa
Por iniciativa del bloque Cambiemos, la Legislatura de Río Negro aprobó un reclamo al Parlamento Patagónico para que interceda ante la provincia de La Pampa para impedir que continúe el volcado de líquidos cloacales "sin tratamiento" al río Colorado por los efectos "nocivos" para el ambiente en general, la salud de la población y la producción agropecuaria rionegrina que se abastece aguas abajo de dicho curso fluvial. El pedido fue presentado por el diputado Jorge Ocampos y la legisladora Daniela Agostino, ambos del bloque Coalición Cívica-ARI-Cambiemos.
En la demanda se resalta la importancia del agua dulce, como un recurso extremadamente escaso a escala planetaria. "De ahí la importancia de la preservación de las cuencas hídricas dado que, como recurso o como bien natural, es altamente vulnerable al impacto que produce el hombre como actor del medioambiente", aseguraron.
El sitio Letra P informó que, al igual que en la denominada "Guerra del Asado", que distanció a los gobernadores Carlos Verna y Alberto Weretilneck, este planteo enfrenta a dos jurisdicciones vecinas que discuten -desde hace tiempo- por la salud de los ríos que las separan. Y el Parlamento Patagónico, que ya fuera escenario de un fuerte reclamo, será el lugar del nuevo debate. Como se describe en el estatuto fundacional, es un organismo que "impulsa el debate democrático" de problemas comunes y la elaboración de propuestas conjuntas para su superación y concreción, integrado por los legisladores electos en funciones de las Legislaturas provinciales de Tierra Del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa.
Ambos diputados de la CC-Ari mencionaron que las poblaciones ribereñas del río Colorado vienen expresando, desde hace tiempo, su creciente preocupación por la reducción de su caudal, tanto en sus tramos medio como inferior a lo que se suma la permanente contaminación que se produce por los recurrentes derrames de hidrocarburos desde las zonas de explotación de petróleo y gas. A estos factores debe agregarse el volcado de efluentes cloacacles que realiza La Pampa, con altos niveles de aluminio, magnesio y calcio. "No se está tratando apropiadamente los efluentes de la planta de líquidos cloacales que abastece al 80% de la población de La Pampa", dijo Ocampos.
"Los Estados provinciales ribereños deben adoptar medidas inmediatas para el tratamiento de las aguas residuales en plantas adecuadas, de modo tal, que los efluentes sean lo más inocuos posible", sostuvo.
"Tanto la cuestión hídrica como el ambiente sano, hay que tomarlos en sentido amplio, no aislado, priorizando el ordenamiento territorial como premisa de los proyectos de desarrollo y urbanización con una visión de integralidad y preservación ecosistémica previendo y evitando los impactos ocasionables aguas debajo de los mismos", finalizó.
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La erosión hídrica no sale caro
En la Argentina, se pierden US$ 30 M al año por erosión hídrica
Fecha de Publicación: 17/12/2017
Fuente: INTA
Provincia/Región: Nacional
Cerca del 26 % del país, equivalente a 72 millones de hectáreas, tiene niveles de degradación que afectan el rendimiento anual de soja, maíz y trigo. El dato surge del libro “Estimación de la pérdida de suelo por erosión hídrica en la República Argentina”.
La pérdida de suelo es el principal problema que compromete la sustentabilidad de todos los sistemas productivos del país, con un impacto económico sobre el rendimiento anual de los cultivos estimado en US$ 29,9 M. Esta pérdida, calculada para soja, maíz y trigo, es acumulativa y, por lo tanto, ascendería a US$ 1.645 M en una década.
Los valores surgen del libro “Estimación de la pérdida de suelo por erosión hídrica en la República Argentina”, que llevaron a cabo especialistas el Instituto de Suelos del Centro de Investigación de Recursos Naturales del INTA. Se trata de la primera investigación realizada a escala nacional en los últimos 30 años, con la finalidad de contribuir al ordenamiento y manejo sustentable de los suelos.
Según este estudio científico, alrededor del 26 % del territorio argentino, equivalente a 72 millones de hectáreas, presenta niveles de erosión hídrica que superan las tasas tolerables, es decir, que afectan la salud de los ecosistemas. Esto indica un agravamiento del problema, ya que el último estudio efectuado en 1988 estimó que la superficie afectada era de 25 millones de hectáreas, 47 millones de hectáreas menos respecto de la actualidad.
La consecuencia inmediata de la erosión del suelo “es una disminución de la productividad agrícola, debido a la pérdida de nutrientes, a su deterioro físico y a la pérdida de profundidad”, indicó Juan Gaitán, especialista del Instituto de Suelos del INTA y uno de los autores del trabajo, quien puntualizó: “En casos extremos, puede implicar la pérdida total del suelo”.
De acuerdo con el estudio, la tasa media de erosión actual de los suelos, que considera todo el territorio nacional, equivale a seis toneladas por hectárea al año. Esto representa aproximadamente una capa de 0,5 milímetros de espesor que se pierden al año.
En tanto, los especialistas reconocen que existen fuertes diferencias entre las regiones del país. Cerca del 60 % del país presenta bajas tasas de erosión, menores a dos toneladas por hectárea por año, sobre todo en regiones con alta cobertura vegetal de pastizales naturales, bosques y selvas.
Por su parte, alrededor de un 12 % del territorio presenta tasas de erosión mayores a 10 toneladas por hectárea por año, principalmente en las regiones áridas y semiáridas con fuertes pendientes y baja cobertura vegetal.
En cuanto a las pérdidas económicas por disminución de los rendimientos de los cultivos, “son relativamente bajas, si se toma el promedio del área agrícola nacional por hectárea, pero hay zonas puntuales de la pampa ondulada o del área serrana de Buenos Aires, Córdoba, San Luis, Salta y Tucumán que están muy afectadas, donde el perjuicio económico es ascendente”, destacó Patricia Carfagno, especialista del instituto e integrante del estudio.
Alrededor del 26 % del territorio argentino, equivalente a 72 millones de hectáreas, presenta niveles de erosión hídrica que superan las tasas tolerables, es decir, que afectan la salud de los ecosistemas.
Según el trabajo científico, que demandó dos años de investigación, en la Argentina la tasa media de erosión hídrica en el área de cultivos agrícolas equivale a 3,91 toneladas por hectárea por año. En tal sentido, se toma como referencia una densidad aparente media de 1,2 toneladas por metro cúbico para toda el área agrícola –valor considerado para región Pampeana–, por lo que esta tasa se correspondería con la pérdida de una capa de 0,33 milímetros de suelo por año.
No obstante, la investigación reconoce que, además de la pérdida de rendimiento de los cultivos, la erosión provoca otros costos que “no son valorizados en números” y corresponden a “costos ambientales”, causados por la pérdida o disminución de los servicios ecosistémicos que brindan los suelos.
Según María Fabiana Navarro, especialista de la misma unidad del INTA y coautora del libro, “es muy difícil establecer los costos ambientales”. Por ejemplo, en el proceso de erosión, cuando el agua se lleva partículas del suelo, también se lleva partículas de contaminantes asociadas que, al llegar a los cursos de los ríos, contaminan los cuerpos de agua.
Las provincias con mayor tasa de erosión hídrica son Neuquén, Misiones y Santa Cruz. En el caso de Neuquén, la tasa media es de 22,8 toneladas por hectárea por año y constituye, aproximadamente, la pérdida de una capa de 2 milímetros de suelo por año.
Asimismo, las mayores tasas de erosión ocurren en el norte de esa provincia donde, simultáneamente, se registran fuertes pendientes, precipitaciones de moderadas a altas y una fuerte degradación de la cobertura vegetal, principalmente debido al sobrepastoreo. En tanto, las provincias con menores tasas de erosión hídrica son La Pampa, Formosa y Santiago del Estero.
Según el trabajo científico, que demandó dos años de investigación, en la Argentina la tasa media de erosión hídrica en el área de cultivos agrícolas equivale a 3,91 toneladas por hectárea por año.
Reconocer la erosión
La erosión es el desgaste que se produce en la superficie del suelo por la acción de agentes externos, ya sea el viento o el agua, o, también, puede ocasionarse por la fricción continua de otros cuerpos.
Los especialistas definen la erosión hídrica como el proceso de desprendimiento y arrastre acelerado de las partículas del suelo causado por la acción del agua, que disminuye la productividad de los suelos y afecta la salud de los ecosistemas.
La publicación señala que esta problemática involucra tres etapas donde se producen daños importantes: la preparación del material, en cuanto a desprendimiento y remoción, el transporte y la sedimentación.
“La expansión de la frontera agropecuaria contribuyó a la deforestación de amplias superficies que, antes estaban bajo bosques naturales, y actualmente están bajo agricultura”, explicó Carfagno y agregó: “Aumentó la erosión hídrica, lo que se observa en el número de hectáreas que se encuentran bajo este proceso en los últimos años, información que surge del trabajo”.
Pero no solo la causa es la deforestación. “También ocurre o puede ocurrir cuando hay una conversión”, dijo Navarro. Consideró que cuando se pasa de “un sistema natural a un sistema antrópico, se produce de por sí un aumento, ya sea pequeño o grande, en la tasa de erosión, o, por lo menos, del riesgo de erosión”. Y, aunque a veces la erosión hídrica no ocurre, “sí está presente el riesgo”, subrayó.
La expansión de la frontera agropecuaria, sobre todo en la región subhúmeda Pampeana y Chaqueña, mediante la incorporación de tierras al cultivo intensivo de granos –especialmente de soja– a expensas de tierras ocupadas por bosque natural sometidas a desmonte y sobrepastoreo en las regiones áridas y semiáridas, “produjo una disminución de la cobertura vegetal y es una de las principales causas que provocaron un aumento de la erosión hídrica en las últimas décadas en el país”, explicó Gaitán.
La consecuencia inmediata de la erosión del suelo “es una disminución de la productividad agrícola, debido a la pérdida de nutrientes, a su deterioro físico y a la pérdida de profundidad”, aseguró Gaitán.
Estudio nacional
El mapa es innovador dado que mediante “la clasificación de imágenes satelitales, el tratamiento de información de base de clima, suelos y modelos digitales de terreno a partir de sistemas de información geográficos y del relevamiento de datos de campo, se pudo aplicar a escala nacional el modelo USLE (Ecuación Universal de Pérdida de Suelo, según sus siglas en inglés)”, indicó Gaitán.
La USLE es un método para predecir la tasa de pérdida en cualquier combinación de suelo, topografía, clima, cobertura y prácticas de manejo. Se utiliza para estimar la degradación promedio por el período de tiempo y contempla cinco factores como erosividad de la lluvia, erodabilidad del suelo, longitud y gradiente de la pendiente, cubierta y manejo de cultivos y residuos, y prácticas de conservación.
“En este trabajo se aplicó una misma metodología para todo el país”, explicó Navarro y aclaró que, en otros trabajos previos, “cada uno utilizaba una determinada metodología que generalmente no coincidía con los otros, lo que generaba inconvenientes a la hora de compatibilizar los trabajos o resultados”.
Asimismo, Carfagno expresó que “se determinó no solo la erosión actual, sino la potencial que es la máxima tasa de erosión que ocurriría si los suelos se mantuvieran desprotegidos sin cobertura vegetal, lo cual permite identificar las zonas con mayor riesgo”.
De repente comenzaron “a recibir consultas de productores que parecía que nunca habían visto la erosión hídrica hasta que se encontraron con las cárcavas”, advirtió Carfagno, sobre los socavones que se producen en el suelo en aquellos campos con pendiente a causa de las avenidas de agua de lluvia.
Al respecto de esto último, la demanda técnica creció en la zona de Pergamino, Arrecifes, San Pedro y Santa Lucía –algunas comunidades de la provincia de Buenos Aires–, cuyos campos son afectadas por el proceso de erosión. Junto con productores y organizaciones, como los Grupos CREA y Aapresid, el INTA trabaja en la concientización, recuperación de cárcavas y sistematización de datos bajo diferentes métodos, según la problemática.
Este estudio, donde además de Gaitán, Navarro y Carfagno, participaron Leonardo Tenti, María José Pizarro y Santiago Rigo, presenta información de suma importancia para la planificación y toma de decisiones de los gobiernos provinciales y nacional.
Estos mapas podrían contribuir a generar políticas públicas basadas en la implementación de buenas prácticas agrícolas tendientes al ordenamiento y al manejo sustentable de los suelos, principalmente a partir del conocimiento de la ubicación de las áreas críticas y de los riesgos de degradación por erosión.
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Fecha de Publicación: 17/12/2017
Fuente: INTA
Provincia/Región: Nacional
Cerca del 26 % del país, equivalente a 72 millones de hectáreas, tiene niveles de degradación que afectan el rendimiento anual de soja, maíz y trigo. El dato surge del libro “Estimación de la pérdida de suelo por erosión hídrica en la República Argentina”.
La pérdida de suelo es el principal problema que compromete la sustentabilidad de todos los sistemas productivos del país, con un impacto económico sobre el rendimiento anual de los cultivos estimado en US$ 29,9 M. Esta pérdida, calculada para soja, maíz y trigo, es acumulativa y, por lo tanto, ascendería a US$ 1.645 M en una década.
Los valores surgen del libro “Estimación de la pérdida de suelo por erosión hídrica en la República Argentina”, que llevaron a cabo especialistas el Instituto de Suelos del Centro de Investigación de Recursos Naturales del INTA. Se trata de la primera investigación realizada a escala nacional en los últimos 30 años, con la finalidad de contribuir al ordenamiento y manejo sustentable de los suelos.
Según este estudio científico, alrededor del 26 % del territorio argentino, equivalente a 72 millones de hectáreas, presenta niveles de erosión hídrica que superan las tasas tolerables, es decir, que afectan la salud de los ecosistemas. Esto indica un agravamiento del problema, ya que el último estudio efectuado en 1988 estimó que la superficie afectada era de 25 millones de hectáreas, 47 millones de hectáreas menos respecto de la actualidad.
La consecuencia inmediata de la erosión del suelo “es una disminución de la productividad agrícola, debido a la pérdida de nutrientes, a su deterioro físico y a la pérdida de profundidad”, indicó Juan Gaitán, especialista del Instituto de Suelos del INTA y uno de los autores del trabajo, quien puntualizó: “En casos extremos, puede implicar la pérdida total del suelo”.
De acuerdo con el estudio, la tasa media de erosión actual de los suelos, que considera todo el territorio nacional, equivale a seis toneladas por hectárea al año. Esto representa aproximadamente una capa de 0,5 milímetros de espesor que se pierden al año.
En tanto, los especialistas reconocen que existen fuertes diferencias entre las regiones del país. Cerca del 60 % del país presenta bajas tasas de erosión, menores a dos toneladas por hectárea por año, sobre todo en regiones con alta cobertura vegetal de pastizales naturales, bosques y selvas.
Por su parte, alrededor de un 12 % del territorio presenta tasas de erosión mayores a 10 toneladas por hectárea por año, principalmente en las regiones áridas y semiáridas con fuertes pendientes y baja cobertura vegetal.
En cuanto a las pérdidas económicas por disminución de los rendimientos de los cultivos, “son relativamente bajas, si se toma el promedio del área agrícola nacional por hectárea, pero hay zonas puntuales de la pampa ondulada o del área serrana de Buenos Aires, Córdoba, San Luis, Salta y Tucumán que están muy afectadas, donde el perjuicio económico es ascendente”, destacó Patricia Carfagno, especialista del instituto e integrante del estudio.
Alrededor del 26 % del territorio argentino, equivalente a 72 millones de hectáreas, presenta niveles de erosión hídrica que superan las tasas tolerables, es decir, que afectan la salud de los ecosistemas.
Según el trabajo científico, que demandó dos años de investigación, en la Argentina la tasa media de erosión hídrica en el área de cultivos agrícolas equivale a 3,91 toneladas por hectárea por año. En tal sentido, se toma como referencia una densidad aparente media de 1,2 toneladas por metro cúbico para toda el área agrícola –valor considerado para región Pampeana–, por lo que esta tasa se correspondería con la pérdida de una capa de 0,33 milímetros de suelo por año.
No obstante, la investigación reconoce que, además de la pérdida de rendimiento de los cultivos, la erosión provoca otros costos que “no son valorizados en números” y corresponden a “costos ambientales”, causados por la pérdida o disminución de los servicios ecosistémicos que brindan los suelos.
Según María Fabiana Navarro, especialista de la misma unidad del INTA y coautora del libro, “es muy difícil establecer los costos ambientales”. Por ejemplo, en el proceso de erosión, cuando el agua se lleva partículas del suelo, también se lleva partículas de contaminantes asociadas que, al llegar a los cursos de los ríos, contaminan los cuerpos de agua.
Las provincias con mayor tasa de erosión hídrica son Neuquén, Misiones y Santa Cruz. En el caso de Neuquén, la tasa media es de 22,8 toneladas por hectárea por año y constituye, aproximadamente, la pérdida de una capa de 2 milímetros de suelo por año.
Asimismo, las mayores tasas de erosión ocurren en el norte de esa provincia donde, simultáneamente, se registran fuertes pendientes, precipitaciones de moderadas a altas y una fuerte degradación de la cobertura vegetal, principalmente debido al sobrepastoreo. En tanto, las provincias con menores tasas de erosión hídrica son La Pampa, Formosa y Santiago del Estero.
Según el trabajo científico, que demandó dos años de investigación, en la Argentina la tasa media de erosión hídrica en el área de cultivos agrícolas equivale a 3,91 toneladas por hectárea por año.
Reconocer la erosión
La erosión es el desgaste que se produce en la superficie del suelo por la acción de agentes externos, ya sea el viento o el agua, o, también, puede ocasionarse por la fricción continua de otros cuerpos.
Los especialistas definen la erosión hídrica como el proceso de desprendimiento y arrastre acelerado de las partículas del suelo causado por la acción del agua, que disminuye la productividad de los suelos y afecta la salud de los ecosistemas.
La publicación señala que esta problemática involucra tres etapas donde se producen daños importantes: la preparación del material, en cuanto a desprendimiento y remoción, el transporte y la sedimentación.
“La expansión de la frontera agropecuaria contribuyó a la deforestación de amplias superficies que, antes estaban bajo bosques naturales, y actualmente están bajo agricultura”, explicó Carfagno y agregó: “Aumentó la erosión hídrica, lo que se observa en el número de hectáreas que se encuentran bajo este proceso en los últimos años, información que surge del trabajo”.
Pero no solo la causa es la deforestación. “También ocurre o puede ocurrir cuando hay una conversión”, dijo Navarro. Consideró que cuando se pasa de “un sistema natural a un sistema antrópico, se produce de por sí un aumento, ya sea pequeño o grande, en la tasa de erosión, o, por lo menos, del riesgo de erosión”. Y, aunque a veces la erosión hídrica no ocurre, “sí está presente el riesgo”, subrayó.
La expansión de la frontera agropecuaria, sobre todo en la región subhúmeda Pampeana y Chaqueña, mediante la incorporación de tierras al cultivo intensivo de granos –especialmente de soja– a expensas de tierras ocupadas por bosque natural sometidas a desmonte y sobrepastoreo en las regiones áridas y semiáridas, “produjo una disminución de la cobertura vegetal y es una de las principales causas que provocaron un aumento de la erosión hídrica en las últimas décadas en el país”, explicó Gaitán.
La consecuencia inmediata de la erosión del suelo “es una disminución de la productividad agrícola, debido a la pérdida de nutrientes, a su deterioro físico y a la pérdida de profundidad”, aseguró Gaitán.
Estudio nacional
El mapa es innovador dado que mediante “la clasificación de imágenes satelitales, el tratamiento de información de base de clima, suelos y modelos digitales de terreno a partir de sistemas de información geográficos y del relevamiento de datos de campo, se pudo aplicar a escala nacional el modelo USLE (Ecuación Universal de Pérdida de Suelo, según sus siglas en inglés)”, indicó Gaitán.
La USLE es un método para predecir la tasa de pérdida en cualquier combinación de suelo, topografía, clima, cobertura y prácticas de manejo. Se utiliza para estimar la degradación promedio por el período de tiempo y contempla cinco factores como erosividad de la lluvia, erodabilidad del suelo, longitud y gradiente de la pendiente, cubierta y manejo de cultivos y residuos, y prácticas de conservación.
“En este trabajo se aplicó una misma metodología para todo el país”, explicó Navarro y aclaró que, en otros trabajos previos, “cada uno utilizaba una determinada metodología que generalmente no coincidía con los otros, lo que generaba inconvenientes a la hora de compatibilizar los trabajos o resultados”.
Asimismo, Carfagno expresó que “se determinó no solo la erosión actual, sino la potencial que es la máxima tasa de erosión que ocurriría si los suelos se mantuvieran desprotegidos sin cobertura vegetal, lo cual permite identificar las zonas con mayor riesgo”.
De repente comenzaron “a recibir consultas de productores que parecía que nunca habían visto la erosión hídrica hasta que se encontraron con las cárcavas”, advirtió Carfagno, sobre los socavones que se producen en el suelo en aquellos campos con pendiente a causa de las avenidas de agua de lluvia.
Al respecto de esto último, la demanda técnica creció en la zona de Pergamino, Arrecifes, San Pedro y Santa Lucía –algunas comunidades de la provincia de Buenos Aires–, cuyos campos son afectadas por el proceso de erosión. Junto con productores y organizaciones, como los Grupos CREA y Aapresid, el INTA trabaja en la concientización, recuperación de cárcavas y sistematización de datos bajo diferentes métodos, según la problemática.
Este estudio, donde además de Gaitán, Navarro y Carfagno, participaron Leonardo Tenti, María José Pizarro y Santiago Rigo, presenta información de suma importancia para la planificación y toma de decisiones de los gobiernos provinciales y nacional.
Estos mapas podrían contribuir a generar políticas públicas basadas en la implementación de buenas prácticas agrícolas tendientes al ordenamiento y al manejo sustentable de los suelos, principalmente a partir del conocimiento de la ubicación de las áreas críticas y de los riesgos de degradación por erosión.
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Río Neuquén: audiencia pública y participación
Vecinos reunidos para que no se contamine el río Neuquén
Fecha de Publicación: 17/12/2017
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Neuquén
Con la participación de vecinos movilizados por el medio ambiente, la Defensoría del Vecino de Centenario, autoridades municipales y referentes provinciales vinculados a la movilización por la contaminación de los ríos, se cumplió la primera audiencia pública relacionada con el vertido cloacal en el río Neuquén.
El encuentro fue parte del planteo judicial realizado por la Defensoría Federal, ante la denuncia de vecinos por el derrame de líquidos cloacales crudos al Neuquén en 2016. “Es importante porque es la primera vez que el público participa y opina del proyecto de obra que pone a disposición la municipalidad para acabar con la contaminación del río y aporte sus críticas; habrá un antes y después de esta audiencia”, dijo el defensor público federal Pablo Matkovic. El funcionario judicial que interpuso el amparo por los vecinos, consideró “importante que se replique en el resto de los espacios como Neuquén, Plottier o Cinco Saltos”, en tanto explicó que en esta localidad estaba prevista la audiencia pública, como instrumento de participación .
El defensor del Vecino, Andrés Peralta participó con el equipo de asesores que iniciaron las intervenciones en la audiencia, para abordar puntualmente “que se haga la obra en beneficio de los vecinos, por el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación”, dijo.
El defensor criticó la “llamativa ausencia” de la AIC entre los exponentes. “Gestionaremos que tomen parte de la solución”, dijo Peralta.
Por su parte el intendente Esteban Cimolai destacó que se aportaron 45 millones de pesos del presupuesto municipal a la primera etapa de refacción de la planta y de los 9 pozos de rebombeo cloacal a fin de que cesaran los derrames de crudo al Neuquén. “Pusimos a disposición la solución del problema, en respuesta a los vecinos y al planteo de la Defensoría Federal. Hoy no se contamina el río; tenemos niveles de tratamiento mejores al mínimo exigido” para el volcado al Neuquén, dijo.
Cimolai agregó que están a la espera de percibir los 92 millones de pesos comprometidos por el Enhosa para financiar esta primera etapa de refacción y saneamiento de la planta.
El encuentro surgió luego de una denuncia realizada por vecinos de la ciudad por el derrame de líquidos crudos al curso de agua durante el 2016.
Con la participación de vecinos movilizados por el medio ambiente, la Defensoría del Vecino de Centenario, autoridades municipales y referentes provinciales vinculados a la movilización por la contaminación de los ríos, se cumplió la primera audiencia pública relacionada con el vertido cloacal en el río Neuquén.
El encuentro fue parte del planteo judicial realizado por la Defensoría Federal, ante la denuncia de vecinos por el derrame de líquidos cloacales crudos al Neuquén en 2016. “Es importante porque es la primera vez que el público participa y opina del proyecto de obra que pone a disposición la municipalidad para acabar con la contaminación del río y aporte sus críticas; habrá un antes y después de esta audiencia”, dijo el defensor público federal Pablo Matkovic. El funcionario judicial que interpuso el amparo por los vecinos, consideró “importante que se replique en el resto de los espacios como Neuquén, Plottier o Cinco Saltos”, en tanto explicó que en esta localidad estaba prevista la audiencia pública, como instrumento de participación .
El defensor del Vecino, Andrés Peralta participó con el equipo de asesores que iniciaron las intervenciones en la audiencia, para abordar puntualmente “que se haga la obra en beneficio de los vecinos, por el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación”, dijo.
El defensor criticó la “llamativa ausencia” de la AIC entre los exponentes. “Gestionaremos que tomen parte de la solución”, dijo Peralta.
Por su parte el intendente Esteban Cimolai destacó que se aportaron 45 millones de pesos del presupuesto municipal a la primera etapa de refacción de la planta y de los 9 pozos de rebombeo cloacal a fin de que cesaran los derrames de crudo al Neuquén. “Pusimos a disposición la solución del problema, en respuesta a los vecinos y al planteo de la Defensoría Federal. Hoy no se contamina el río; tenemos niveles de tratamiento mejores al mínimo exigido” para el volcado al Neuquén, dijo.
Cimolai agregó que están a la espera de percibir los 92 millones de pesos comprometidos por el Enhosa para financiar esta primera etapa de refacción y saneamiento de la planta.
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Fecha de Publicación: 17/12/2017
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Neuquén
Con la participación de vecinos movilizados por el medio ambiente, la Defensoría del Vecino de Centenario, autoridades municipales y referentes provinciales vinculados a la movilización por la contaminación de los ríos, se cumplió la primera audiencia pública relacionada con el vertido cloacal en el río Neuquén.
El encuentro fue parte del planteo judicial realizado por la Defensoría Federal, ante la denuncia de vecinos por el derrame de líquidos cloacales crudos al Neuquén en 2016. “Es importante porque es la primera vez que el público participa y opina del proyecto de obra que pone a disposición la municipalidad para acabar con la contaminación del río y aporte sus críticas; habrá un antes y después de esta audiencia”, dijo el defensor público federal Pablo Matkovic. El funcionario judicial que interpuso el amparo por los vecinos, consideró “importante que se replique en el resto de los espacios como Neuquén, Plottier o Cinco Saltos”, en tanto explicó que en esta localidad estaba prevista la audiencia pública, como instrumento de participación .
El defensor del Vecino, Andrés Peralta participó con el equipo de asesores que iniciaron las intervenciones en la audiencia, para abordar puntualmente “que se haga la obra en beneficio de los vecinos, por el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación”, dijo.
El defensor criticó la “llamativa ausencia” de la AIC entre los exponentes. “Gestionaremos que tomen parte de la solución”, dijo Peralta.
Por su parte el intendente Esteban Cimolai destacó que se aportaron 45 millones de pesos del presupuesto municipal a la primera etapa de refacción de la planta y de los 9 pozos de rebombeo cloacal a fin de que cesaran los derrames de crudo al Neuquén. “Pusimos a disposición la solución del problema, en respuesta a los vecinos y al planteo de la Defensoría Federal. Hoy no se contamina el río; tenemos niveles de tratamiento mejores al mínimo exigido” para el volcado al Neuquén, dijo.
Cimolai agregó que están a la espera de percibir los 92 millones de pesos comprometidos por el Enhosa para financiar esta primera etapa de refacción y saneamiento de la planta.
El encuentro surgió luego de una denuncia realizada por vecinos de la ciudad por el derrame de líquidos crudos al curso de agua durante el 2016.
Con la participación de vecinos movilizados por el medio ambiente, la Defensoría del Vecino de Centenario, autoridades municipales y referentes provinciales vinculados a la movilización por la contaminación de los ríos, se cumplió la primera audiencia pública relacionada con el vertido cloacal en el río Neuquén.
El encuentro fue parte del planteo judicial realizado por la Defensoría Federal, ante la denuncia de vecinos por el derrame de líquidos cloacales crudos al Neuquén en 2016. “Es importante porque es la primera vez que el público participa y opina del proyecto de obra que pone a disposición la municipalidad para acabar con la contaminación del río y aporte sus críticas; habrá un antes y después de esta audiencia”, dijo el defensor público federal Pablo Matkovic. El funcionario judicial que interpuso el amparo por los vecinos, consideró “importante que se replique en el resto de los espacios como Neuquén, Plottier o Cinco Saltos”, en tanto explicó que en esta localidad estaba prevista la audiencia pública, como instrumento de participación .
El defensor del Vecino, Andrés Peralta participó con el equipo de asesores que iniciaron las intervenciones en la audiencia, para abordar puntualmente “que se haga la obra en beneficio de los vecinos, por el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación”, dijo.
El defensor criticó la “llamativa ausencia” de la AIC entre los exponentes. “Gestionaremos que tomen parte de la solución”, dijo Peralta.
Por su parte el intendente Esteban Cimolai destacó que se aportaron 45 millones de pesos del presupuesto municipal a la primera etapa de refacción de la planta y de los 9 pozos de rebombeo cloacal a fin de que cesaran los derrames de crudo al Neuquén. “Pusimos a disposición la solución del problema, en respuesta a los vecinos y al planteo de la Defensoría Federal. Hoy no se contamina el río; tenemos niveles de tratamiento mejores al mínimo exigido” para el volcado al Neuquén, dijo.
Cimolai agregó que están a la espera de percibir los 92 millones de pesos comprometidos por el Enhosa para financiar esta primera etapa de refacción y saneamiento de la planta.
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Reclamos ante inacción por residuos pesqueros
La Municipalidad no aclaró su inacción ante las pesqueras que arrojan residuos a cielo abierto
Fecha de Publicación: 17/12/2017
Fuente: El Chubut
Provincia/Región: Chubut
«Las plantas pesqueras de Trelew siguen yendo al basural, lo cual está prohibido», había afirmado el ministro de Ambiente de la Provincia, Ignacio Agulleiro en declaraciones publicadas por EL CHUBUT.
Distintos funcionarios municipales de las áreas correspondientes fueron consultados ayer por este Diario para dar a conocer su posición, pero ninguno quiso expresarse y la recomendación era dirigirse al otro funcionario que ya se había negado a hablar.
Según la afirmación del ministro provincial, «en esto tine responsabilidad el Estado Municipal que debe controlar que no entren ahí (al basural a cielo abierto) y exigirles que vayan a la planta de harina en Madryn, o a un lugar donde se haga el tratamiento correspondiente».
Lo insólito del caso fue que la Municipalidad de Trelew emitió el lunes un comunicado repudiando la actitud de Provincia de habilitar de manera temporal el envío de residuos de langostinos a un campo ubicado fuera del ejido pero muy cerca de la ciudad. Pero, según el ministro Agulleiro, el mismo Municipio sigue permitiendo que las pesqueras tiren sus residuos en el basurero a cielo abierto y sin tratamiento.
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Fecha de Publicación: 17/12/2017
Fuente: El Chubut
Provincia/Región: Chubut
«Las plantas pesqueras de Trelew siguen yendo al basural, lo cual está prohibido», había afirmado el ministro de Ambiente de la Provincia, Ignacio Agulleiro en declaraciones publicadas por EL CHUBUT.
Distintos funcionarios municipales de las áreas correspondientes fueron consultados ayer por este Diario para dar a conocer su posición, pero ninguno quiso expresarse y la recomendación era dirigirse al otro funcionario que ya se había negado a hablar.
Según la afirmación del ministro provincial, «en esto tine responsabilidad el Estado Municipal que debe controlar que no entren ahí (al basural a cielo abierto) y exigirles que vayan a la planta de harina en Madryn, o a un lugar donde se haga el tratamiento correspondiente».
Lo insólito del caso fue que la Municipalidad de Trelew emitió el lunes un comunicado repudiando la actitud de Provincia de habilitar de manera temporal el envío de residuos de langostinos a un campo ubicado fuera del ejido pero muy cerca de la ciudad. Pero, según el ministro Agulleiro, el mismo Municipio sigue permitiendo que las pesqueras tiren sus residuos en el basurero a cielo abierto y sin tratamiento.
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Minería en Chubut: Aranguren hace lobby con intendentes
"Con Aranguren tuvimos una charla franca y en 30 días nos volveríamos a ver"
Fecha de Publicación: 16/12/2017
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Chubut
Doce intendentes chubutenses se reunieron con el ministro de Energía de la Nación Juan José Aranguren. "Tocamos todos los temas: energía, petróleo, gas y minería", comentó el mandatario comodorense Carlos Linares y adelantó que habrá otro encuentro para profundizar en el tema minero.
Bajo la consigna “ni un empleo menos”, los intendentes chubutenses se reunieron en una amplia mesa con el ministro de Energía Juan José Aranguren. El encuentro que fue gestionado por el intendente de Puerto Madryn Ricardo Sastre contó con la presencia de los intendentes: Adrián Maderna (Trelew), Dante Bowen (Dolavon), Leonardo Bowman (Telsen),Omar Miguel Ancamil (Lagunita Salada), Mario Pichiñán (Paso de Indios), Rossana Artero (Rawson), Carlos Linares (Comodoro), Omar Burgoa (28 de Julio), Ricardo Britapaja (Sarmiento), Ricardo Sepúlveda (Gan Gan) y Marcelo Aranda (Gastre).
Consultado sobre los pormenores de la reunión, el intendente de Comodoro Rivadavia la calificó como positiva y sostuvo que se consiguió “una charla franca, importante, donde se tocaron todos los temas que teníamos que tocar desde distintos puntos de la provincia. Por eso creemos que hemos dado una demostración de que queremos el diálogo y que nos escuchen en todos los reclamos que tenemos. Tocamos todos los temas: energía, petróleo, gas y minería”, puntualizó.
El tema minero era el más polémico del encuentro dado que pese a la negativa expresada en la provincia y por el propio gobernador Mariano Arcioni, el grupo de intendentes ven a la actividad como viable y una alternativa para generar empleo. “Aranguren nos expresó que ellos están interesados, tienen un porque y un cómo , con controles. Nosotros les dijimos que queríamos la actividad pero teníamos dudas, queremos saber qué deja, qué genera a futuro, cuáles serían los lugares de explotación”, enumeró Linares. Sin embargo, la charla solo se produjo en términos “generales”, según indicó el mandatario. “En unos 30 días nos volveríamos a reunir para hablar de este tema”, adelantó.
Por otro lado, Linares puso en valor la iniciativa de los intendentes. “Este fue un paso muy importante, somos intendentes que estamos a favor de la provincia, no se hizo nada en contra del gobierno de la provincia, pero es un paso adelante que sirve, es una unión de ideas para trabajar juntos esperamos que esto no quede en esto y que se consolide”, concluyó.
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Fecha de Publicación: 16/12/2017
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Chubut
Doce intendentes chubutenses se reunieron con el ministro de Energía de la Nación Juan José Aranguren. "Tocamos todos los temas: energía, petróleo, gas y minería", comentó el mandatario comodorense Carlos Linares y adelantó que habrá otro encuentro para profundizar en el tema minero.
Bajo la consigna “ni un empleo menos”, los intendentes chubutenses se reunieron en una amplia mesa con el ministro de Energía Juan José Aranguren. El encuentro que fue gestionado por el intendente de Puerto Madryn Ricardo Sastre contó con la presencia de los intendentes: Adrián Maderna (Trelew), Dante Bowen (Dolavon), Leonardo Bowman (Telsen),Omar Miguel Ancamil (Lagunita Salada), Mario Pichiñán (Paso de Indios), Rossana Artero (Rawson), Carlos Linares (Comodoro), Omar Burgoa (28 de Julio), Ricardo Britapaja (Sarmiento), Ricardo Sepúlveda (Gan Gan) y Marcelo Aranda (Gastre).
Consultado sobre los pormenores de la reunión, el intendente de Comodoro Rivadavia la calificó como positiva y sostuvo que se consiguió “una charla franca, importante, donde se tocaron todos los temas que teníamos que tocar desde distintos puntos de la provincia. Por eso creemos que hemos dado una demostración de que queremos el diálogo y que nos escuchen en todos los reclamos que tenemos. Tocamos todos los temas: energía, petróleo, gas y minería”, puntualizó.
El tema minero era el más polémico del encuentro dado que pese a la negativa expresada en la provincia y por el propio gobernador Mariano Arcioni, el grupo de intendentes ven a la actividad como viable y una alternativa para generar empleo. “Aranguren nos expresó que ellos están interesados, tienen un porque y un cómo , con controles. Nosotros les dijimos que queríamos la actividad pero teníamos dudas, queremos saber qué deja, qué genera a futuro, cuáles serían los lugares de explotación”, enumeró Linares. Sin embargo, la charla solo se produjo en términos “generales”, según indicó el mandatario. “En unos 30 días nos volveríamos a reunir para hablar de este tema”, adelantó.
Por otro lado, Linares puso en valor la iniciativa de los intendentes. “Este fue un paso muy importante, somos intendentes que estamos a favor de la provincia, no se hizo nada en contra del gobierno de la provincia, pero es un paso adelante que sirve, es una unión de ideas para trabajar juntos esperamos que esto no quede en esto y que se consolide”, concluyó.
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Atuel: para Febrero el caudal hídrico debe ser determinado
Atuel: el 14 de Febrero debe estar establecido el caudal hídrico
Fecha de Publicación: 16/12/2017
Fuente: La Arena
Provincia/Región: La Pampa - Mendoza
El gobernador de La Pampa, Carlos Alberto Verna, su par de Mendoza, Alfredo Cornejo, y el ministro del Interior de la Nación, Rogelio Frigerio, encabezaron en la tarde de este martes en la Casa Rosada el diálogo por el río Atuel ordenado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Las partes acordaron que el plazo de determinación del caudal hídrico apto para la recomposición del ecosistema afectado en el noroeste pampeano será el 14 de febrero del 2018 mientras que el plazo para elaborar el programa de ejecución de obras que contemplen diversas alternativas de solución técnica de las previstas en relación a esta problemática será el 29 de junio del año que viene.
Del encuentro participó además el subsecretario de Recursos Hídricos, Pablo Bereciartúa. La comitiva pampeana estuvo integrada por el secretario de Recursos Hídricos, Javier Schlegel, el fiscal de Estado, José Vanini, el subsecretario de Ecología, Fabián Titarelli, los integrantes de la Fundación Chadileuvú y de la Asamblea por los Ríos Pampeanos.
Crearon un Grupo de Trabajo
Según el acta firmada tras el encuentro también se acordó realizar las labores a través de un Grupo de Trabajo de cuatro representantes por cada jurisdicción en el ámbito del Comité Ejecutivo con la intención de proponer, en la medida de lo posible, un acuerdo consensuado respecto al procedimiento de determinación del caudal y su desarrollo en coordinación con la elaboración del programa de obras correspondientes.
De acuerdo con el acta, Mendoza pidió que el Comité Ejecutivo de la CIAI se reuniese este martes pero La Pampa pidió dos días más: los representantes pampeanos no estaban presentes porque para este martes no se convocó al Comité Ejecutivo. La reunión se hará el 14.
La diferencia
La diferencia surgió porque La Pampa dijo que el caudal debe fijarse de manera inmediata independiente de la realización de las obras. Mendoza, no obstante, replicó que si bien debe establecerse en el plazo otorgado por la Corte, “no puede ser analizado en forma independiente” de las obras. Las partes acordaron finalmente que sea este reciente Grupo de Trabajo el que realice un informe interpretativo sobre este punto para ser elevado al Comité Ejecutivo y al Comité de Gobierno. Si no hubiera acuerdo, pedirán que lo resuelva la Corte Suprema.
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Fecha de Publicación: 16/12/2017
Fuente: La Arena
Provincia/Región: La Pampa - Mendoza
El gobernador de La Pampa, Carlos Alberto Verna, su par de Mendoza, Alfredo Cornejo, y el ministro del Interior de la Nación, Rogelio Frigerio, encabezaron en la tarde de este martes en la Casa Rosada el diálogo por el río Atuel ordenado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Las partes acordaron que el plazo de determinación del caudal hídrico apto para la recomposición del ecosistema afectado en el noroeste pampeano será el 14 de febrero del 2018 mientras que el plazo para elaborar el programa de ejecución de obras que contemplen diversas alternativas de solución técnica de las previstas en relación a esta problemática será el 29 de junio del año que viene.
Del encuentro participó además el subsecretario de Recursos Hídricos, Pablo Bereciartúa. La comitiva pampeana estuvo integrada por el secretario de Recursos Hídricos, Javier Schlegel, el fiscal de Estado, José Vanini, el subsecretario de Ecología, Fabián Titarelli, los integrantes de la Fundación Chadileuvú y de la Asamblea por los Ríos Pampeanos.
Crearon un Grupo de Trabajo
Según el acta firmada tras el encuentro también se acordó realizar las labores a través de un Grupo de Trabajo de cuatro representantes por cada jurisdicción en el ámbito del Comité Ejecutivo con la intención de proponer, en la medida de lo posible, un acuerdo consensuado respecto al procedimiento de determinación del caudal y su desarrollo en coordinación con la elaboración del programa de obras correspondientes.
De acuerdo con el acta, Mendoza pidió que el Comité Ejecutivo de la CIAI se reuniese este martes pero La Pampa pidió dos días más: los representantes pampeanos no estaban presentes porque para este martes no se convocó al Comité Ejecutivo. La reunión se hará el 14.
La diferencia
La diferencia surgió porque La Pampa dijo que el caudal debe fijarse de manera inmediata independiente de la realización de las obras. Mendoza, no obstante, replicó que si bien debe establecerse en el plazo otorgado por la Corte, “no puede ser analizado en forma independiente” de las obras. Las partes acordaron finalmente que sea este reciente Grupo de Trabajo el que realice un informe interpretativo sobre este punto para ser elevado al Comité Ejecutivo y al Comité de Gobierno. Si no hubiera acuerdo, pedirán que lo resuelva la Corte Suprema.
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Quedó firme la prohibición del glifosato en Rosario
Desde hoy el uso de glifosato está prohibido en los campos de Rosario
Fecha de Publicación: 16/12/2017
Fuente: Veintitres
Provincia/Región: Santa Fe
La intendenta de Rosario, Mónica Fein promulgó ayer la ordenanza que prohibe el uso del glifosato en la zona periurbana donde hay 800 hectáreas destinas a la soja y horticultura.
La norma aprobada días atrás por unanimidad en el Concejo Deliberate entrará en vigencia hoy con lo cual el herbicida no podrá ni siquiera ser aplicado en parques y jardines.
Vale recordar que las empresas de agroquímicos buscaron frenar la norma por considerar que dejaba un "mal precedente".
Sin embargo Fein envió un nuevo proyecto por el cual le da un plazo de tres años a los productores para que cambien los agroquímicos por productos más amigables con el medio ambiente. Se entiende entonces que mientras dure ese proceso se podrá seguir usando el glifosato.
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Fecha de Publicación: 16/12/2017
Fuente: Veintitres
Provincia/Región: Santa Fe
La intendenta de Rosario, Mónica Fein promulgó ayer la ordenanza que prohibe el uso del glifosato en la zona periurbana donde hay 800 hectáreas destinas a la soja y horticultura.
La norma aprobada días atrás por unanimidad en el Concejo Deliberate entrará en vigencia hoy con lo cual el herbicida no podrá ni siquiera ser aplicado en parques y jardines.
Vale recordar que las empresas de agroquímicos buscaron frenar la norma por considerar que dejaba un "mal precedente".
Sin embargo Fein envió un nuevo proyecto por el cual le da un plazo de tres años a los productores para que cambien los agroquímicos por productos más amigables con el medio ambiente. Se entiende entonces que mientras dure ese proceso se podrá seguir usando el glifosato.
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Más problemas para la Minera Alumbrera
Otro revés judicial contra Minera Alumbrera en una demanda por contaminación
Fecha de Publicación: 15/12/2017
Fuente: Primera Fuente
Provincia/Región: Catamarca - Tucumán
La empresa deberá acudir a la Corte Suprema como última instancia en un juicio por contaminación iniciado hace 10 años por los hermanos Aranda de Concepción.
La semana pasada la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Tribunales de Concepción no hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por las demandadas Minera Alumbrera e YMAD contra la sentencia dictada en diciembre de 2016 por el juez civil de la II Nominación Eduardo Dip Tártalo, que ordenó a la empresa a realizar las acciones necesarias para la recomposición integral de daños ambientales causados en las localidades tucumanas de Concepción y Alpachiri.
“La Cámara compuesta por las juezas María José Posse y Mirtha Ibáñez de Córdoba mantiene firme lo que dictaminó el juez Dip Tártalo el año pasado quien ordenó a la empresa Minera Alumbrera a realizar las acciones necesarias para la recomposición integral de daños ambientales causados en Concepción y Alpachiri. Esto se desprende del juicio que iniciamos hace diez años a la empresa por contaminación ambiental”, señalaron a primerafuente. Carlos y Miguel Aranda
De acuerdo a los hermanos Aranda a la Minera Alumbrera le queda como última instancia recurrir la Corte Suprema de Justicia de Tucumán para dirimir la contienda judicial.
“Estamos expectantes de lo que pueda suceder, nunca se llegó a hasta esta instancia dentro de Justicia tucumana la Minera con el poder económico sabemos que tiene. Pero confiamos en la Justicia, ya un juez en un fallo histórico advierte que la multinacional contaminó y ahora la Cámara no hizo lugar a la apelación. Creemos que la corte actuará en consecuencia”, confiaron los hermanos Aranda.
Es importante señalar que la sentencia dictada, por el Juez Civil de la II Nominación del Centro Judicial Concepción, el 12 de diciembre de 2016 solicita además que el Poder Ejecutivo de Tucumán, por medio del Ministerio de Salud de la Provincia, proyecte la realización de un relevamiento actualizado de impactos tóxicos sobre la población de las cuencas de los Ríos Medina, Chirimayo y Gastona, con el objeto de detectar las enfermedades y/o patologías y que se disponga su atención médica inmediata.
La sentencia solicita que Alumbrera:
- “Realice todas las acciones necesarias para la recomposición integral de los daños ambientales causados por la actividad que desarrolla hasta la total desaparición de los agentes contaminantes del suelo y del aire, de las aguas superficiales y subterráneas, acompañando las pruebas necesarias al efecto”.
- “Reponga a su estado anterior de las áreas deforestadas y sin vegetación a causa de la apertura de caminos, calles, locaciones, picadas, zanjas, canteras, mineraloducto y toda otra actividad que haya ocasionado la pérdida del manto vegetal”.
- “Acompañe copias certificadas de los estudios sobre el agua de los ríos que cruza el mineraloducto en la provincia de Tucumán desde el año 1999 y que constituya o acredite haber formado el fondo de restauración ambiental previsto en el artículo 22 de la ley 25.675”.
- “Acredite la contratación el seguro de cobertura al que refiere el artículo 22 de le ley 25.675 e informe el plazo de cobertura, atento al hecho notorio del retiro de la firma del país. Si ya hubiera dado cumplimiento a alguna de estas medidas o esté en curso de cumplimiento como consecuencia del cierre de la mina, informe tal situación a este juzgado”.
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Fecha de Publicación: 15/12/2017
Fuente: Primera Fuente
Provincia/Región: Catamarca - Tucumán
La empresa deberá acudir a la Corte Suprema como última instancia en un juicio por contaminación iniciado hace 10 años por los hermanos Aranda de Concepción.
La semana pasada la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Tribunales de Concepción no hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por las demandadas Minera Alumbrera e YMAD contra la sentencia dictada en diciembre de 2016 por el juez civil de la II Nominación Eduardo Dip Tártalo, que ordenó a la empresa a realizar las acciones necesarias para la recomposición integral de daños ambientales causados en las localidades tucumanas de Concepción y Alpachiri.
“La Cámara compuesta por las juezas María José Posse y Mirtha Ibáñez de Córdoba mantiene firme lo que dictaminó el juez Dip Tártalo el año pasado quien ordenó a la empresa Minera Alumbrera a realizar las acciones necesarias para la recomposición integral de daños ambientales causados en Concepción y Alpachiri. Esto se desprende del juicio que iniciamos hace diez años a la empresa por contaminación ambiental”, señalaron a primerafuente. Carlos y Miguel Aranda
De acuerdo a los hermanos Aranda a la Minera Alumbrera le queda como última instancia recurrir la Corte Suprema de Justicia de Tucumán para dirimir la contienda judicial.
“Estamos expectantes de lo que pueda suceder, nunca se llegó a hasta esta instancia dentro de Justicia tucumana la Minera con el poder económico sabemos que tiene. Pero confiamos en la Justicia, ya un juez en un fallo histórico advierte que la multinacional contaminó y ahora la Cámara no hizo lugar a la apelación. Creemos que la corte actuará en consecuencia”, confiaron los hermanos Aranda.
Es importante señalar que la sentencia dictada, por el Juez Civil de la II Nominación del Centro Judicial Concepción, el 12 de diciembre de 2016 solicita además que el Poder Ejecutivo de Tucumán, por medio del Ministerio de Salud de la Provincia, proyecte la realización de un relevamiento actualizado de impactos tóxicos sobre la población de las cuencas de los Ríos Medina, Chirimayo y Gastona, con el objeto de detectar las enfermedades y/o patologías y que se disponga su atención médica inmediata.
La sentencia solicita que Alumbrera:
- “Realice todas las acciones necesarias para la recomposición integral de los daños ambientales causados por la actividad que desarrolla hasta la total desaparición de los agentes contaminantes del suelo y del aire, de las aguas superficiales y subterráneas, acompañando las pruebas necesarias al efecto”.
- “Reponga a su estado anterior de las áreas deforestadas y sin vegetación a causa de la apertura de caminos, calles, locaciones, picadas, zanjas, canteras, mineraloducto y toda otra actividad que haya ocasionado la pérdida del manto vegetal”.
- “Acompañe copias certificadas de los estudios sobre el agua de los ríos que cruza el mineraloducto en la provincia de Tucumán desde el año 1999 y que constituya o acredite haber formado el fondo de restauración ambiental previsto en el artículo 22 de la ley 25.675”.
- “Acredite la contratación el seguro de cobertura al que refiere el artículo 22 de le ley 25.675 e informe el plazo de cobertura, atento al hecho notorio del retiro de la firma del país. Si ya hubiera dado cumplimiento a alguna de estas medidas o esté en curso de cumplimiento como consecuencia del cierre de la mina, informe tal situación a este juzgado”.
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Los Pelambres: habilitan el paso para remediación
Habilitan el paso para que Los Pelambres retire la escombrera
Fecha de Publicación: 15/12/2017
Fuente: El Diario de Cuyo
Provincia/Región: San Juan
Se trata de una autorización clave y ya está lista. El embajador de Chile en Argentina, José Antonio Viera-Gallo, y el canciller local, Jorge Faurie, acordaron, con el aval de ambos países, abrir el paso ocasional en la cordillera para que la minera Los Pelambres retire las 40 millones de toneladas que había depositado en suelo calingastino, dijeron fuentes oficiales. Si bien trascendió ayer, la comunicación entre los representantes internacionales se dio la semana pasada y se encuentra en poder de la gestión uñaquista. El permiso salió de manera exprés y es fundamental para que la compañía trasandina pueda ingresar a territorio argentino de manera legal y comenzar a sacar las rocas desde este viernes, tal cual lo había ordenado el juez federal Leopoldo Rago Gallo el 1 de este mes. Cuando la empresa se llevó más de 500 neumáticos de la escombrera a comienzos de este año, el OK para el paso demoró dos meses.
Fernando Echegaray, uno de los abogados de Los Pelambres, aseguró que la minera ya presentó en el Juzgado Federal los trámites para obtener el resto de los permisos tanto en Chile como en Argentina y que están a la espera de las autorizaciones para poder operar. Por el lado de San Juan, son tres los que se necesitan: del Ministerio de Minería, de la Secretaría de Ambiente y de la Dirección de Hidráulica. Desde el Gobierno indicaron que las habilitaciones estarán entre hoy y mañana. Así, faltarían los del país trasandino para comenzar el viernes. Por otro lado, desde Minería señalaron que la empresa Glencore está acondicionando el camino del lado sanjuanino que conduce al proyecto de cobre Pachón, donde fue construida la escombrera. En la repartición indicaron que la compañía se comprometió a tener lista la vía de acceso el viernes, ya que en esa zona se harán las obras preventivas, como el canal con caliza para evitar drenajes potencialmente contaminantes durante el retiro.
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Fecha de Publicación: 15/12/2017
Fuente: El Diario de Cuyo
Provincia/Región: San Juan
Se trata de una autorización clave y ya está lista. El embajador de Chile en Argentina, José Antonio Viera-Gallo, y el canciller local, Jorge Faurie, acordaron, con el aval de ambos países, abrir el paso ocasional en la cordillera para que la minera Los Pelambres retire las 40 millones de toneladas que había depositado en suelo calingastino, dijeron fuentes oficiales. Si bien trascendió ayer, la comunicación entre los representantes internacionales se dio la semana pasada y se encuentra en poder de la gestión uñaquista. El permiso salió de manera exprés y es fundamental para que la compañía trasandina pueda ingresar a territorio argentino de manera legal y comenzar a sacar las rocas desde este viernes, tal cual lo había ordenado el juez federal Leopoldo Rago Gallo el 1 de este mes. Cuando la empresa se llevó más de 500 neumáticos de la escombrera a comienzos de este año, el OK para el paso demoró dos meses.
Fernando Echegaray, uno de los abogados de Los Pelambres, aseguró que la minera ya presentó en el Juzgado Federal los trámites para obtener el resto de los permisos tanto en Chile como en Argentina y que están a la espera de las autorizaciones para poder operar. Por el lado de San Juan, son tres los que se necesitan: del Ministerio de Minería, de la Secretaría de Ambiente y de la Dirección de Hidráulica. Desde el Gobierno indicaron que las habilitaciones estarán entre hoy y mañana. Así, faltarían los del país trasandino para comenzar el viernes. Por otro lado, desde Minería señalaron que la empresa Glencore está acondicionando el camino del lado sanjuanino que conduce al proyecto de cobre Pachón, donde fue construida la escombrera. En la repartición indicaron que la compañía se comprometió a tener lista la vía de acceso el viernes, ya que en esa zona se harán las obras preventivas, como el canal con caliza para evitar drenajes potencialmente contaminantes durante el retiro.
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Gualeguaychú volvió a marchar, ahora por los agroquímicos
Gualeguaychú se volvió a movilizar para decir basta de cáncer y no a la contaminación
Fecha de Publicación: 15/12/2017
Fuente: El Argentino
Provincia/Región: Entre Ríos
Mientras el ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, hace gala promoviendo la industria de pasta de celulosa al mejor estilo Botnia (UPM) y se endulza la voz diciendo que el glifosato como otros agrotóxicos son inocuos para la salud; los niños, jóvenes y adultos mueren todos los días como consecuencia del cáncer y la contaminación.
Por eso ayer los vecinos de Gualeguaychú se movilizaron para decir ¡Basta de cáncer! Y rechazar de plano esa forma de jugar a la ruleta rusa que tiene la dirigencia política, estrechamente vinculada con los agronegocios, aunque para ese éxito los ciudadanos se tengan que morir.
“Pasó un año y las respuestas y soluciones nunca llegaron. En este año volvimos a perder a niños… y perdimos jóvenes… y perdimos adultos… por la inoperancia de la clase política toda; por no tomar las medidas necesarias cuando se las solicitamos. Medidas para cuidar la salud de sus ciudadanos”, proclamó ayer un altoparlante que convocaba a la concentración frente a la Grúa del Puerto para las 17 y sumarse a las voces que rechazan estos modelos de muerte, y que hace millonarios a legisladores y ministros.
“Por eso volvemos a marchar: por el derecho a una vida sana. Volvemos a marchar por los que ya no están y por los que quedamos. ¡Señores! El pueblo ya se cansó y dijo: ¡basta!”, completó esa voz convocante que invitaba a sumarse a una de las marchas más conmovedoras de los últimos tiempos y a una de las iniciativas que más han boicoteado los hombres del poder de turno.
En la zona de los Obeliscos, un improvisado carromato hizo de escenario mayor. Las columnas multitudinarias llegaron portando cada una sus mociones y reclamos: “No al glifosato”; “Sí a la vida, no a los agrotóxicos”; “Basta de contaminación”, entre otras leyendas se fueron ubicando junto a los manifestantes y todas se hicieron una misma voz: “Basta de cáncer”.
La movilización surgió a través de un grupo de vecinos autoconvocados, sin banderías político partidarias, sin identificación de ONG o sector alguno: la vida los reunió y la vida los movilizó a pesar de estar tutéandose –como muchos padres- con la muerte casi a diario a raíz del cáncer que soporta un ser querido.
Primera proclama
Marcelo Gómez tomó el micrófono y desde el carromato, teniendo al río a su espalda, aclaró por si hacía falta: “El único nombre que nos convoca es Gualeguaychú”.
Luego, leyó la primera proclama denunciando que recibieron presiones desde los grupos agro industriales como agro políticos.
Dijo textualmente: “Expresamos la preocupación que tenemos todos como sociedad, nos referimos a las fuertes presiones, que son de público conocimiento, y que comenzaron a ejercer y ejercerán desde los grupos económicos agro industriales y así como también desde el sector agro político”.
“Apelamos a la buena fe y preocupación verdadera de nuestros representantes locales y provinciales, y también extendemos el pedido a nivel nacional; hay muchos pueblos que están pasando por problemas similares a los nuestros y se hacen nuestras mismas preguntas. Ante esto, no importa cuál fuere la bandera política de nuestros representantes y cada uno de nosotros como ciudadanos debemos ser juez en las decisiones que éstos puedan tomar, aquí no hay argumento que valga para ir en contra de lo que los ciudadanos de Gualeguaychú y sus reclamos ante el tema que hoy nos convoca. ¡Nada vale más que la vida! ¡Nada vale más que vivir en una ambiente sano!”, destacó.
“Tampoco podemos dejar pasar y decimos que rechazamos y condenamos socialmente a todos aquellos que desde el lugar que fuere, haciendo caso omiso a declaraciones de por ejemplo la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el mismo Ministerio de salud provincial sobre el glifosato en particular, y en pos de defender sus propios intereses económicos y el de sus pares, defienden este sistema perverso agroindustrial y todos sus venenos poniendo excusas para minimizar este factor gigantesco de envenenamiento muy redituables para ellos con otros de menor envergadura, ubicando el derecho a la utilización de agro tóxicos por encima del derecho a una vida y a un ambiente sanos”, denunció.
Segunda proclama
Luego, se leyó una segunda proclama, esta vez conteniendo el sentido de la marcha y reforzando la anterior que fue claramente de denuncia hacia el poder agro industrial y agro político.
En la segunda proclama se recordó que “hace un año marchamos por primera vez. No queremos realizar otras marchas para reiterar que el Estado debe garantizar nuestra salud. Pero, hoy vemos con preocupación que los problemas siguen, que el cáncer continúa su marcha explosiva y en los últimos tiempos nos han conmovido casos que afectan a nuestros gurises”.
“Según el informe difundido con aval de la Municipalidad de Gualeguaychú, hay una tendencia decreciente del cáncer en el país y en la provincia. Pero, en Gualeguaychú crecen los casos. ¿Qué está pasando? ¿Hasta cuándo se van a morir y a enfermar nuestra gente?”, se cuestionó.
“Celebramos la decisión de prohibir el glifosato, pero entendemos que no es la única medida que se debe tomar. Es importante la Ordenanza, es un paso… pero no alcanza. De todos modos, como Salud Pública de Entre Ríos ha manifestado que el glifosato causa daños a la salud a corto, mediano y largo plazo, creemos que debe interesarse a los restantes municipios vecinos a tomar medidas contra el glifosato. Y nos preocupan, en este contexto, las declaraciones del ministro de Agroindustria de la Nación, que quiere más pasteras y más glifosato”, advirtieron.
“Queremos saber qué agua consumimos. ¿Tan difícil es realizar estudios periódicos?”, se preguntaron.
“Queremos saber qué aire respiramos. ¿Tan difícil es instalar sensores de aire para una evaluación?”, se cuestionó.
“Necesitamos que se hagan estudios de los alimentos que consumimos. Los peces, por ejemplo. ¿Podemos consumir pescado que habitan en ríos contaminados?”, señalaron y en esa línea apuntaron: “¿Qué pasa con los pollos y con la carne vacuna? ¿Qué sucede con los pesticidas que se usan para las frutas y las verduras?”.
“Si el 90 por ciento de las frutas y de las verduras provienen del Mercado Central, como ha dicho el Secretario de Salud de Gualeguaychú… ¿no ha llegado el momento de hacer una fuerte política de huertas agroecológicas, lo que además reforzará la economía de la región?”, se propuso para agregar: “Proponemos que Gualeguaychú sea ejemplo de agroecología con pequeños y medianos productores locales”.
“Pedimos también una difusión actualizada de los datos estadísticos de la salud pública, y que cualquier ciudadano los pueda consultar en una página web. Es nuestra salud, no deben ser datos secretos. Solicitamos también que los médicos sean responsables a la hora de elaborar las actas de defunción, que inscriban la causa real para que no se desvirtúen las estadísticas oficiales”, se recriminó.
Por último, se propuso convocar a trabajar en el tema a intendentes, concejales, legisladores provinciales y nacionales y a todos los gobiernos. “Si no avanzamos en conocer las posibles causas, jamás se podrá trabajar en las soluciones. Y hoy, eso no se está haciendo”, se señaló.
“Pero no esperamos un año. Anunciamos que en marzo volveremos a evaluar las respuestas obtenidas, para avanzar en demandas judiciales contra quienes no están cuidando nuestra salud. Nuestra paciencia se agota con cada caso nuevo de cáncer que conocemos”, se adelantó.
Finalmente, se lanzó el desafío de construir “la ciudad más sana del país, donde el miedo se transforme en algunos años en la calidad de vivir en Gualeguaychú”.
“Que se respete el derecho humano, reconocido por el derecho internacional, a vivir en un ambiente seguro y saludable. ¡Queremos vivir sin miedos! A esta bella Costanera queremos volver a pasear, a disfrutar junto al río, no a pedir medidas para que nuestra gente no se enferme y se muera antes de tiempo”, se recalcó.
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Fecha de Publicación: 15/12/2017
Fuente: El Argentino
Provincia/Región: Entre Ríos
Mientras el ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, hace gala promoviendo la industria de pasta de celulosa al mejor estilo Botnia (UPM) y se endulza la voz diciendo que el glifosato como otros agrotóxicos son inocuos para la salud; los niños, jóvenes y adultos mueren todos los días como consecuencia del cáncer y la contaminación.
Por eso ayer los vecinos de Gualeguaychú se movilizaron para decir ¡Basta de cáncer! Y rechazar de plano esa forma de jugar a la ruleta rusa que tiene la dirigencia política, estrechamente vinculada con los agronegocios, aunque para ese éxito los ciudadanos se tengan que morir.
“Pasó un año y las respuestas y soluciones nunca llegaron. En este año volvimos a perder a niños… y perdimos jóvenes… y perdimos adultos… por la inoperancia de la clase política toda; por no tomar las medidas necesarias cuando se las solicitamos. Medidas para cuidar la salud de sus ciudadanos”, proclamó ayer un altoparlante que convocaba a la concentración frente a la Grúa del Puerto para las 17 y sumarse a las voces que rechazan estos modelos de muerte, y que hace millonarios a legisladores y ministros.
“Por eso volvemos a marchar: por el derecho a una vida sana. Volvemos a marchar por los que ya no están y por los que quedamos. ¡Señores! El pueblo ya se cansó y dijo: ¡basta!”, completó esa voz convocante que invitaba a sumarse a una de las marchas más conmovedoras de los últimos tiempos y a una de las iniciativas que más han boicoteado los hombres del poder de turno.
En la zona de los Obeliscos, un improvisado carromato hizo de escenario mayor. Las columnas multitudinarias llegaron portando cada una sus mociones y reclamos: “No al glifosato”; “Sí a la vida, no a los agrotóxicos”; “Basta de contaminación”, entre otras leyendas se fueron ubicando junto a los manifestantes y todas se hicieron una misma voz: “Basta de cáncer”.
La movilización surgió a través de un grupo de vecinos autoconvocados, sin banderías político partidarias, sin identificación de ONG o sector alguno: la vida los reunió y la vida los movilizó a pesar de estar tutéandose –como muchos padres- con la muerte casi a diario a raíz del cáncer que soporta un ser querido.
Primera proclama
Marcelo Gómez tomó el micrófono y desde el carromato, teniendo al río a su espalda, aclaró por si hacía falta: “El único nombre que nos convoca es Gualeguaychú”.
Luego, leyó la primera proclama denunciando que recibieron presiones desde los grupos agro industriales como agro políticos.
Dijo textualmente: “Expresamos la preocupación que tenemos todos como sociedad, nos referimos a las fuertes presiones, que son de público conocimiento, y que comenzaron a ejercer y ejercerán desde los grupos económicos agro industriales y así como también desde el sector agro político”.
“Apelamos a la buena fe y preocupación verdadera de nuestros representantes locales y provinciales, y también extendemos el pedido a nivel nacional; hay muchos pueblos que están pasando por problemas similares a los nuestros y se hacen nuestras mismas preguntas. Ante esto, no importa cuál fuere la bandera política de nuestros representantes y cada uno de nosotros como ciudadanos debemos ser juez en las decisiones que éstos puedan tomar, aquí no hay argumento que valga para ir en contra de lo que los ciudadanos de Gualeguaychú y sus reclamos ante el tema que hoy nos convoca. ¡Nada vale más que la vida! ¡Nada vale más que vivir en una ambiente sano!”, destacó.
“Tampoco podemos dejar pasar y decimos que rechazamos y condenamos socialmente a todos aquellos que desde el lugar que fuere, haciendo caso omiso a declaraciones de por ejemplo la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el mismo Ministerio de salud provincial sobre el glifosato en particular, y en pos de defender sus propios intereses económicos y el de sus pares, defienden este sistema perverso agroindustrial y todos sus venenos poniendo excusas para minimizar este factor gigantesco de envenenamiento muy redituables para ellos con otros de menor envergadura, ubicando el derecho a la utilización de agro tóxicos por encima del derecho a una vida y a un ambiente sanos”, denunció.
Segunda proclama
Luego, se leyó una segunda proclama, esta vez conteniendo el sentido de la marcha y reforzando la anterior que fue claramente de denuncia hacia el poder agro industrial y agro político.
En la segunda proclama se recordó que “hace un año marchamos por primera vez. No queremos realizar otras marchas para reiterar que el Estado debe garantizar nuestra salud. Pero, hoy vemos con preocupación que los problemas siguen, que el cáncer continúa su marcha explosiva y en los últimos tiempos nos han conmovido casos que afectan a nuestros gurises”.
“Según el informe difundido con aval de la Municipalidad de Gualeguaychú, hay una tendencia decreciente del cáncer en el país y en la provincia. Pero, en Gualeguaychú crecen los casos. ¿Qué está pasando? ¿Hasta cuándo se van a morir y a enfermar nuestra gente?”, se cuestionó.
“Celebramos la decisión de prohibir el glifosato, pero entendemos que no es la única medida que se debe tomar. Es importante la Ordenanza, es un paso… pero no alcanza. De todos modos, como Salud Pública de Entre Ríos ha manifestado que el glifosato causa daños a la salud a corto, mediano y largo plazo, creemos que debe interesarse a los restantes municipios vecinos a tomar medidas contra el glifosato. Y nos preocupan, en este contexto, las declaraciones del ministro de Agroindustria de la Nación, que quiere más pasteras y más glifosato”, advirtieron.
“Queremos saber qué agua consumimos. ¿Tan difícil es realizar estudios periódicos?”, se preguntaron.
“Queremos saber qué aire respiramos. ¿Tan difícil es instalar sensores de aire para una evaluación?”, se cuestionó.
“Necesitamos que se hagan estudios de los alimentos que consumimos. Los peces, por ejemplo. ¿Podemos consumir pescado que habitan en ríos contaminados?”, señalaron y en esa línea apuntaron: “¿Qué pasa con los pollos y con la carne vacuna? ¿Qué sucede con los pesticidas que se usan para las frutas y las verduras?”.
“Si el 90 por ciento de las frutas y de las verduras provienen del Mercado Central, como ha dicho el Secretario de Salud de Gualeguaychú… ¿no ha llegado el momento de hacer una fuerte política de huertas agroecológicas, lo que además reforzará la economía de la región?”, se propuso para agregar: “Proponemos que Gualeguaychú sea ejemplo de agroecología con pequeños y medianos productores locales”.
“Pedimos también una difusión actualizada de los datos estadísticos de la salud pública, y que cualquier ciudadano los pueda consultar en una página web. Es nuestra salud, no deben ser datos secretos. Solicitamos también que los médicos sean responsables a la hora de elaborar las actas de defunción, que inscriban la causa real para que no se desvirtúen las estadísticas oficiales”, se recriminó.
Por último, se propuso convocar a trabajar en el tema a intendentes, concejales, legisladores provinciales y nacionales y a todos los gobiernos. “Si no avanzamos en conocer las posibles causas, jamás se podrá trabajar en las soluciones. Y hoy, eso no se está haciendo”, se señaló.
“Pero no esperamos un año. Anunciamos que en marzo volveremos a evaluar las respuestas obtenidas, para avanzar en demandas judiciales contra quienes no están cuidando nuestra salud. Nuestra paciencia se agota con cada caso nuevo de cáncer que conocemos”, se adelantó.
Finalmente, se lanzó el desafío de construir “la ciudad más sana del país, donde el miedo se transforme en algunos años en la calidad de vivir en Gualeguaychú”.
“Que se respete el derecho humano, reconocido por el derecho internacional, a vivir en un ambiente seguro y saludable. ¡Queremos vivir sin miedos! A esta bella Costanera queremos volver a pasear, a disfrutar junto al río, no a pedir medidas para que nuestra gente no se enferme y se muera antes de tiempo”, se recalcó.
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