"Somos el monte que marcha"
07:00 | 
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Un mosaico de reclamos por los montes
Fecha de Publicación: 04/07/2017
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
El miércoles pasado se realizó la última marcha contra el desmonte, en Córdoba. El próximo jueves se realiza otra de comunidades indígenas en Tucumán por un violento desalojo. Buscan poner freno a la destrucción de la naturaleza
Miles de personas marchan en defensa de los bosques nativos en Córdoba. Comunidades indígenas caminan siete días en defensa de sus territorios en Jujuy. Organizaciones sociales y Pueblo Mapuche de pie frente a petroleras en Neuquén. Comunidades diaguitas de Tucumán marchan contra el Poder Judicial. Sólo un puñado de movilizaciones que suceden en toda la Argentina y que tiene un punto en común: la defensa del territorio frente a empresas y funcionarios (políticos y judiciales).
Las entidades del agronegocio y el gobierno de Córdoba impulsan desde 2016 una nueva ley de bosques, para posibilitar el avance empresario sobre los últimos restos de monte nativo que quedan en la provincia. Según datos oficiales, Córdoba cuenta con sólo el tres por ciento del bosque que tenía a inicios del Siglo XX. Ya en 2010, burlando todo un proceso participativo que había incluido audiencias públicas y participación plural, el gobierno de Juan Schiaretti aprobó una legislación bautizada “la ley desmonte”, en sintonía con los pedidos de la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez/CRA), Sociedad Rural y sectores de Federación Agraria.
Sucedieron media docena de graves inundaciones y hasta aludes (también por la especulación inmobiliaria, que desmonta en los cerros). “Fue un tsunami que se vino del cielo”, fue la excusa del gobernador José Manuel De la Sota ante las inundaciones de 2015. Al año siguiente, nuevamente Juan Schiaretti gobernador, intentó una nueva legislación para avanzar sobre los bosques.
“No aceptaremos el capricho de políticos y empresarios. Estamos acá porque sabemos que menos bosques significa más inundaciones. Marchamos en pos de la vida y por la real participación ciudadana en la toma de decisiones sobre el territorio que habitamos”, explicó el documento de la Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo (Codebona), que reúne a un centenar de organizaciones sociales, campesinas, indígenas, estudiantiles y asamblearias.
El miércoles 28 de junio hubo una multitudinaria marcha en la capital de Córdoba. Fue la tercera manifestación masiva por los bosques en sólo siete meses (las otras fueron en diciembre y marzo). Con miles en la calle, la Codebona ya contabiliza al menos tres logros: freno momentáneo de la ley (el oficialismo la pospuso para luego de las elecciones), instaló en la agenda la importancia del bosque y explicitaron que ningún color partidario tiene vía libre para avanzar con el extractivismo (agronegocio, megaminería).
En Jujuy, durante siete días caminaron 300 kilómetros una treintena de comunidades originarias nucleadas en la Asamblea de Comunidades e Indígenas Libres, en reclamo por sus territorios, en denuncia por la violación sistemática de los derechos indígenas. Argentina cuenta con legislación que protege los derechos de comunidades originarias. Incluye el “derecho a consulta” (el Estado debe garantizar que las comunidades den su consentimiento cuando alguna actividad pudiera afectar su territorio).
En Jujuy intentan avanzar con la minería de litio (incluso con sectores científicos que desoyen la opinión de las comunidades originarias que viven en el lugar) y con el proyecto minero Chinchillas, de plata y estaño, en mano de la multinacional Silver Standard (en sociedad con Golden Arrow). “Están afectando el monumento natural Laguna de los Pozuelos y violan todos nuestros derechos. Pero seguiremos marchando, luchando hasta el último suspiro”, advirtió Mercedes Maidana, de la Asamblea de Indígenas Libres.
En Neuquén se realizó en junio un encuentro multisectorial impulsado por el Observatorio Petrolero Sur (Opsur). Participaron medio centenar de organizaciones sociales, asambleas, feministas, comunidades mapuches, organismos de derechos humanos, partidos políticos, investigadores y referentes de México, Colombia, México, Estados Unidos e Inglaterra. “Es necesario que las corporaciones y gobiernos reparen el daño cometido y evitar que se sigan cometiendo. Es necesario parar el fracking ya y frenar el megaproyecto Vaca Muerta, que no es más ni menos que una de las etapas superiores y más integrales del extractivismo”, exige el documento consensuado, llamado “declaración de Vista Alegre” (localidad neuquina que rechaza la avanzada petrolera sobre las chacras).
Mendoza cuenta con una ley (número 7722) que limita la megaminería. Desde hace años que el sector empresario impulsa su derogación. El caso llegó hasta el máximo tribunal provincial, que en 2015 confirmó la constitucionalidad de la ley y su vigencia. Aún así, el lobby empresario y Gobierno buscan derogar la legislación. Las asambleas socioambientales se movilizaron en numerosas oportunidades. La última, en General Alvear, inauguraron un monumento a la ley. “Defendemos el agua y la vida”, resume la placa conmemorativa, que también es bandera de las asambleas mendocinas.
El gobierno informó en mayo la construcción de una central nuclear en Río Negro. Y generó el inmediato rechazo de las asambleas, organizaciones y comunidades, que volvieron a flamear la bandera “en la Patagonia no”, nacida en la década del 80 y mantenida durante los 90, cuando los distintos gobiernos intentaron instalar un basurero nuclear en Chubut. La Unión de Asambleas Patagónicas se manifestó en junio ante el Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema), reunido en Bariloche, y afirmó: “Más allá de la decisión del gobierno argentino y rionegrino, los habitantes patagónicos rechazamos la planta nuclear por inconsulta, arbitraria e ilegítima, y por considerar esta fuente de energía como sucia, peligrosa y costosa”.
La Comunidad India Colalao de Tucumán sufrió el 28 de junio un violento desalojo, que incluyó decenas de policías e infantería. Denunciaron una escalada de violencia, que tiene como principal impulsor a jueces y fiscales. El próximo 6 de julio marcharán comunidades indígenas de toda la provincia hasta los tribunales de la capital provincial. Ivana Morales, de la comunidad diaguita, afirmó que en todo el país son violados los derechos indígenas para explotar los recursos naturales: “Esto no termina acá. Llevamos 525 años resistiendo. Y en 2017 continúa la lucha”.
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Fecha de Publicación: 04/07/2017
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
El miércoles pasado se realizó la última marcha contra el desmonte, en Córdoba. El próximo jueves se realiza otra de comunidades indígenas en Tucumán por un violento desalojo. Buscan poner freno a la destrucción de la naturaleza
Miles de personas marchan en defensa de los bosques nativos en Córdoba. Comunidades indígenas caminan siete días en defensa de sus territorios en Jujuy. Organizaciones sociales y Pueblo Mapuche de pie frente a petroleras en Neuquén. Comunidades diaguitas de Tucumán marchan contra el Poder Judicial. Sólo un puñado de movilizaciones que suceden en toda la Argentina y que tiene un punto en común: la defensa del territorio frente a empresas y funcionarios (políticos y judiciales).
Las entidades del agronegocio y el gobierno de Córdoba impulsan desde 2016 una nueva ley de bosques, para posibilitar el avance empresario sobre los últimos restos de monte nativo que quedan en la provincia. Según datos oficiales, Córdoba cuenta con sólo el tres por ciento del bosque que tenía a inicios del Siglo XX. Ya en 2010, burlando todo un proceso participativo que había incluido audiencias públicas y participación plural, el gobierno de Juan Schiaretti aprobó una legislación bautizada “la ley desmonte”, en sintonía con los pedidos de la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez/CRA), Sociedad Rural y sectores de Federación Agraria.
Sucedieron media docena de graves inundaciones y hasta aludes (también por la especulación inmobiliaria, que desmonta en los cerros). “Fue un tsunami que se vino del cielo”, fue la excusa del gobernador José Manuel De la Sota ante las inundaciones de 2015. Al año siguiente, nuevamente Juan Schiaretti gobernador, intentó una nueva legislación para avanzar sobre los bosques.
“No aceptaremos el capricho de políticos y empresarios. Estamos acá porque sabemos que menos bosques significa más inundaciones. Marchamos en pos de la vida y por la real participación ciudadana en la toma de decisiones sobre el territorio que habitamos”, explicó el documento de la Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo (Codebona), que reúne a un centenar de organizaciones sociales, campesinas, indígenas, estudiantiles y asamblearias.
El miércoles 28 de junio hubo una multitudinaria marcha en la capital de Córdoba. Fue la tercera manifestación masiva por los bosques en sólo siete meses (las otras fueron en diciembre y marzo). Con miles en la calle, la Codebona ya contabiliza al menos tres logros: freno momentáneo de la ley (el oficialismo la pospuso para luego de las elecciones), instaló en la agenda la importancia del bosque y explicitaron que ningún color partidario tiene vía libre para avanzar con el extractivismo (agronegocio, megaminería).
En Jujuy, durante siete días caminaron 300 kilómetros una treintena de comunidades originarias nucleadas en la Asamblea de Comunidades e Indígenas Libres, en reclamo por sus territorios, en denuncia por la violación sistemática de los derechos indígenas. Argentina cuenta con legislación que protege los derechos de comunidades originarias. Incluye el “derecho a consulta” (el Estado debe garantizar que las comunidades den su consentimiento cuando alguna actividad pudiera afectar su territorio).
En Jujuy intentan avanzar con la minería de litio (incluso con sectores científicos que desoyen la opinión de las comunidades originarias que viven en el lugar) y con el proyecto minero Chinchillas, de plata y estaño, en mano de la multinacional Silver Standard (en sociedad con Golden Arrow). “Están afectando el monumento natural Laguna de los Pozuelos y violan todos nuestros derechos. Pero seguiremos marchando, luchando hasta el último suspiro”, advirtió Mercedes Maidana, de la Asamblea de Indígenas Libres.
En Neuquén se realizó en junio un encuentro multisectorial impulsado por el Observatorio Petrolero Sur (Opsur). Participaron medio centenar de organizaciones sociales, asambleas, feministas, comunidades mapuches, organismos de derechos humanos, partidos políticos, investigadores y referentes de México, Colombia, México, Estados Unidos e Inglaterra. “Es necesario que las corporaciones y gobiernos reparen el daño cometido y evitar que se sigan cometiendo. Es necesario parar el fracking ya y frenar el megaproyecto Vaca Muerta, que no es más ni menos que una de las etapas superiores y más integrales del extractivismo”, exige el documento consensuado, llamado “declaración de Vista Alegre” (localidad neuquina que rechaza la avanzada petrolera sobre las chacras).
Mendoza cuenta con una ley (número 7722) que limita la megaminería. Desde hace años que el sector empresario impulsa su derogación. El caso llegó hasta el máximo tribunal provincial, que en 2015 confirmó la constitucionalidad de la ley y su vigencia. Aún así, el lobby empresario y Gobierno buscan derogar la legislación. Las asambleas socioambientales se movilizaron en numerosas oportunidades. La última, en General Alvear, inauguraron un monumento a la ley. “Defendemos el agua y la vida”, resume la placa conmemorativa, que también es bandera de las asambleas mendocinas.
El gobierno informó en mayo la construcción de una central nuclear en Río Negro. Y generó el inmediato rechazo de las asambleas, organizaciones y comunidades, que volvieron a flamear la bandera “en la Patagonia no”, nacida en la década del 80 y mantenida durante los 90, cuando los distintos gobiernos intentaron instalar un basurero nuclear en Chubut. La Unión de Asambleas Patagónicas se manifestó en junio ante el Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema), reunido en Bariloche, y afirmó: “Más allá de la decisión del gobierno argentino y rionegrino, los habitantes patagónicos rechazamos la planta nuclear por inconsulta, arbitraria e ilegítima, y por considerar esta fuente de energía como sucia, peligrosa y costosa”.
La Comunidad India Colalao de Tucumán sufrió el 28 de junio un violento desalojo, que incluyó decenas de policías e infantería. Denunciaron una escalada de violencia, que tiene como principal impulsor a jueces y fiscales. El próximo 6 de julio marcharán comunidades indígenas de toda la provincia hasta los tribunales de la capital provincial. Ivana Morales, de la comunidad diaguita, afirmó que en todo el país son violados los derechos indígenas para explotar los recursos naturales: “Esto no termina acá. Llevamos 525 años resistiendo. Y en 2017 continúa la lucha”.
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Idean proyecto de saneamiento para cuencas patagónicas
Proponen crear un programa para el saneamiento de las cuencas de los ríos Limay, Neuquén, Negro y Colorado
Fecha de Publicación: 04/07/2017
Fuente: APP
Provincia/Región: Patagonia
Un proyecto de ley que propicia un programa de Control, Saneamiento y Descontaminación de las cuencas de los ríos Limay, Neuquén, Negro y Barrancas Colorado, en su paso por el territorio provincial, fue presentado por los legisladores Jorge Ocampos y Daniela Agostino (AFPIR).
Son estrategias y objetivos específicos de la iniciativa: Reconocer al agua como un bien natural de dominio público; recuperar y mejorar la calidad del agua de las cuencas hídricas de la provincia; y realizar un relevamiento completo de fuentes de vertido de efluentes cloacales y de diversa índole, tendiente a un diagnóstico ajustado de las acciones a seguir.
También fija como objetivos, trabajar en conjunto con Nación, provincias y municipios, las asociaciones vecinales, empresariales, las ONG ambientales y la comunidad científica especializada de los distintos organismos, facultades y universidades, para lograr una recuperación y mejora sistemática y continua de los mencionados cursos de agua.
Propone crear un Programa de Voluntariado para el Saneamiento y Restauración de las Cuencas de los Ríos Negro y Colorado, para incluir la acción voluntaria de la ciudadanía.
Expresan los autores que la intervención del hombre mediante diversas actividades (urbanas, productivas, turísticas), ha generado la degradación creciente de estos recursos hídricos y del territorio bañado por sus aguas.
Señalan que la Cuenca Limay-Neuquen-Negro es la más importante de la Patagonia y la segunda cuenca hídrica del país después de la del Plata, y recibe los desechos de gran cantidad de personas que viven en conglomerados urbanos más o menos distantes. Los líquidos cloacales sin tratamiento apropiado son volcados directamente por no contar con infraestructura, por incapacidad de las plantas de tratamiento, por roturas o por saturación de las mismas.
“Cientos de miles de habitantes viven de sus aguas y desarrollan algunas de las principales actividades económicas del país y la región. La necesidad de preservar esta cuenca se basa no sólo en cuestiones estrictamente ambientales sino además económicas, puesto que de su calidad dependerá cada vez más la vida que se desarrolla en sus márgenes”, apuntan Ocampos y Agostino.
Aseguran que “en múltiples casos, el común denominador es la ausencia de controles eficaces por parte del Estado y, por ende, la irresponsabilidad de las empresas prestatarias del servicio, tanto privadas, mixtas o estatales”.
“La contaminación que tiene la cuenca es un hecho de público conocimiento, denunciado oportunamente e involucra desde la afectación del Lago Nahuel Huapi en San Carlos de Bariloche, hasta su desembocadura en cercanías a las ciudades de Viedma-Carmen de Patagones, ya en el otro extremo de su recorrido”, afirman luego.
Entre otros argumentos apuntan que “las organizaciones sociales de las provincias de Río Negro y Neuquén han venido exigiendo recurrentemente medidas para solucionar esta grave problemática, reclamando a las autoridades interjurisdiccionales mayores controles en cada una de las actividades que se realizan y las sanciones cuando se ponga en peligro el vital recurso hídrico”.
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Fecha de Publicación: 04/07/2017
Fuente: APP
Provincia/Región: Patagonia
Un proyecto de ley que propicia un programa de Control, Saneamiento y Descontaminación de las cuencas de los ríos Limay, Neuquén, Negro y Barrancas Colorado, en su paso por el territorio provincial, fue presentado por los legisladores Jorge Ocampos y Daniela Agostino (AFPIR).
Son estrategias y objetivos específicos de la iniciativa: Reconocer al agua como un bien natural de dominio público; recuperar y mejorar la calidad del agua de las cuencas hídricas de la provincia; y realizar un relevamiento completo de fuentes de vertido de efluentes cloacales y de diversa índole, tendiente a un diagnóstico ajustado de las acciones a seguir.
También fija como objetivos, trabajar en conjunto con Nación, provincias y municipios, las asociaciones vecinales, empresariales, las ONG ambientales y la comunidad científica especializada de los distintos organismos, facultades y universidades, para lograr una recuperación y mejora sistemática y continua de los mencionados cursos de agua.
Propone crear un Programa de Voluntariado para el Saneamiento y Restauración de las Cuencas de los Ríos Negro y Colorado, para incluir la acción voluntaria de la ciudadanía.
Expresan los autores que la intervención del hombre mediante diversas actividades (urbanas, productivas, turísticas), ha generado la degradación creciente de estos recursos hídricos y del territorio bañado por sus aguas.
Señalan que la Cuenca Limay-Neuquen-Negro es la más importante de la Patagonia y la segunda cuenca hídrica del país después de la del Plata, y recibe los desechos de gran cantidad de personas que viven en conglomerados urbanos más o menos distantes. Los líquidos cloacales sin tratamiento apropiado son volcados directamente por no contar con infraestructura, por incapacidad de las plantas de tratamiento, por roturas o por saturación de las mismas.
“Cientos de miles de habitantes viven de sus aguas y desarrollan algunas de las principales actividades económicas del país y la región. La necesidad de preservar esta cuenca se basa no sólo en cuestiones estrictamente ambientales sino además económicas, puesto que de su calidad dependerá cada vez más la vida que se desarrolla en sus márgenes”, apuntan Ocampos y Agostino.
Aseguran que “en múltiples casos, el común denominador es la ausencia de controles eficaces por parte del Estado y, por ende, la irresponsabilidad de las empresas prestatarias del servicio, tanto privadas, mixtas o estatales”.
“La contaminación que tiene la cuenca es un hecho de público conocimiento, denunciado oportunamente e involucra desde la afectación del Lago Nahuel Huapi en San Carlos de Bariloche, hasta su desembocadura en cercanías a las ciudades de Viedma-Carmen de Patagones, ya en el otro extremo de su recorrido”, afirman luego.
Entre otros argumentos apuntan que “las organizaciones sociales de las provincias de Río Negro y Neuquén han venido exigiendo recurrentemente medidas para solucionar esta grave problemática, reclamando a las autoridades interjurisdiccionales mayores controles en cada una de las actividades que se realizan y las sanciones cuando se ponga en peligro el vital recurso hídrico”.
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La Nación interciene en el conflicto Atuel
La Nación busca destrabar el conflicto con La Pampa
Fecha de Publicación: 04/07/2017
Fuente: Diario San Rafael
Provincia/Región: La Pampa - Mendoza
El subsecretario de Recursos Hídricos de la Nación, Pablo Bereciartua, visitó este viernes la provincia para visitar obras pluviales que se están realizando en Mendoza, informó www.mdzol.com. Su llegada tuvo lugar a poco más de dos semanas de la realización de la audiencia de la Corte Suprema por el litigio entre Mendoza y La Pampa por las aguas del Río Atuel, en la que Bereciartúa tuvo un rol desafortunado. En concreto, se lo cuestionó por haberse retirado antes de la conclusión del encuentro convocado por el máximo tribunal de Justicia, que criticó al gobierno nacional por su falta de preparación de cara a esta instancia judicial.
Consultado respecto a lo ocurrido el 14 de junio, el funcionario nacional reiteró que tuvo que irse por cuestiones personales y negó que exista poco compromiso del Estado nacional para resolver este conflicto. "Tenemos una posición activa en buscar solución a conflictos interjurisdiccionales como el del río Atuel", aseveró Bereciartúa en Casa de Gobierno.
"De hecho, yo convoqué a ambos gobernadores (La Pampa y Mendoza) para mantener una reunión en Buenos Aires previo a la audiencia", agregó para confirmar sus intenciones de "encontrar alternativas, incluso cuando éstas impliquen inversiones".
"El Gobierno nacional está para sentarse en la mesa y analizar todas las alternativas: desde el trasvase desde el río Grande, hasta alternativas que impliquen innovaciones tecnológicas que permitan mayor eficiencia u otras obra para que se puedan satisfacer las necesidades de las dos provincias", adhirió el funcionario.
En este sentido, intentó minimizar las críticas que llegaron desde los medios pampeanos y mendocinos hacia la gestión de Mauricio Macri por su escueta participación en la audiencia. En concreto, pidió no darle tanta importancia al "ruido que a veces se hace en los medios" y prestarle más atención a los "hechos concretos".
Portezuelo es obra priorizada
Por otro lado, el subsecretario de Recursos Hídricos culpó a La Pampa por las demoras en la licitación del complejo hidroeléctrico de Portezuelo del Viento. Si bien afirmó que se trata de una obra priorizada por el Ejecutivo Nacional, no puede avanzarse en ella hasta que los miembros del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado no resuelvan sus diferencias. O hasta que, en su defecto, el presidente Mauricio Macri arbitre a favor de alguna de las dos posturas.
Según manifestó Bereciartúa, el Gobierno nacional incluyó en las actas las dos condiciones que exigía el gobierno pampeano para darle luz verde a esta megaobra: que el Coirco realice el estudio de impacto ambiental en toda la cuenca del río Colorado y que el propio Coirco tenga el poder de autorizar el plan de manejo del agua del embalse.
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Fecha de Publicación: 04/07/2017
Fuente: Diario San Rafael
Provincia/Región: La Pampa - Mendoza
El subsecretario de Recursos Hídricos de la Nación, Pablo Bereciartua, visitó este viernes la provincia para visitar obras pluviales que se están realizando en Mendoza, informó www.mdzol.com. Su llegada tuvo lugar a poco más de dos semanas de la realización de la audiencia de la Corte Suprema por el litigio entre Mendoza y La Pampa por las aguas del Río Atuel, en la que Bereciartúa tuvo un rol desafortunado. En concreto, se lo cuestionó por haberse retirado antes de la conclusión del encuentro convocado por el máximo tribunal de Justicia, que criticó al gobierno nacional por su falta de preparación de cara a esta instancia judicial.
Consultado respecto a lo ocurrido el 14 de junio, el funcionario nacional reiteró que tuvo que irse por cuestiones personales y negó que exista poco compromiso del Estado nacional para resolver este conflicto. "Tenemos una posición activa en buscar solución a conflictos interjurisdiccionales como el del río Atuel", aseveró Bereciartúa en Casa de Gobierno.
"De hecho, yo convoqué a ambos gobernadores (La Pampa y Mendoza) para mantener una reunión en Buenos Aires previo a la audiencia", agregó para confirmar sus intenciones de "encontrar alternativas, incluso cuando éstas impliquen inversiones".
"El Gobierno nacional está para sentarse en la mesa y analizar todas las alternativas: desde el trasvase desde el río Grande, hasta alternativas que impliquen innovaciones tecnológicas que permitan mayor eficiencia u otras obra para que se puedan satisfacer las necesidades de las dos provincias", adhirió el funcionario.
En este sentido, intentó minimizar las críticas que llegaron desde los medios pampeanos y mendocinos hacia la gestión de Mauricio Macri por su escueta participación en la audiencia. En concreto, pidió no darle tanta importancia al "ruido que a veces se hace en los medios" y prestarle más atención a los "hechos concretos".
Portezuelo es obra priorizada
Por otro lado, el subsecretario de Recursos Hídricos culpó a La Pampa por las demoras en la licitación del complejo hidroeléctrico de Portezuelo del Viento. Si bien afirmó que se trata de una obra priorizada por el Ejecutivo Nacional, no puede avanzarse en ella hasta que los miembros del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado no resuelvan sus diferencias. O hasta que, en su defecto, el presidente Mauricio Macri arbitre a favor de alguna de las dos posturas.
Según manifestó Bereciartúa, el Gobierno nacional incluyó en las actas las dos condiciones que exigía el gobierno pampeano para darle luz verde a esta megaobra: que el Coirco realice el estudio de impacto ambiental en toda la cuenca del río Colorado y que el propio Coirco tenga el poder de autorizar el plan de manejo del agua del embalse.
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Tapires comienzan a reproducirse en el Iberá
Nació la primera cría de una especie extinta en el Iberá
Fecha de Publicación: 03/07/2017
Fuente: Corrientes Hoy
Provincia/Región: Corrientes
Después de más de medio siglo de ausencia en la zona, los tapires ya comienzan a reproducirse en vida libre en el Iberá. El tapir es el mayor mamífero terrestre de Sudamérica y está considerado como en peligro de extinción en la Argentina. Este raro animal ha visto reducida a su población a menos de la mitad en los últimos 100 años debido a la destrucción de su hábitat y la cacería.
Para revertir esto la fundación CLT inició en Corrientes en 2016 un proyecto destinado a traer de vuelta a este gran mamífero al Iberá. Así se fueron liberando animales procedentes de la Estación de Fauna Autóctona de Salta del Gobierno de Salta y la Reserva Experimental Horco Molle de la Universidad de Tucumán. Como resultado de estos esfuerzos se ha confirmado el nacimiento de la primera cría de esta nueva población restaurada en la zona.
El recién nacido ha sido sexado como macho y es hijo de Nena, una hembra que llegó de la Estación de Fauna Autóctona de Salta para incorporarse en marzo de este año al grupo de fundadores de la nueva población de tapires en Iberá. Con la llegada de esta cría ya son siete los ejemplares (2 machos y 4 hembras adultos, más el pequeño macho) que viven en Rincón del Socorro, una reserva natural propiedad de CLT que será donada al estado argentino para ser parte del Parque Nacional Iberá.
El nacimiento de esta cría significa un paso más en la ambiciosa tarea de traer de vuelta las especies de fauna que habían desaparecido del Iberá. Este programa de restauración de fauna extinta o rewilding es el más grande del continente americano y fue iniciado en 2007 por la fundación creada por Douglas y Kristine Tompkins con la liberación de los primeros osos hormigueros. Desde entonces, el programa ha contado con la participación activa de los gobiernos de Corrientes y Argentina, autoridades de otra provincias, y el apoyo de decenas de organizaciones públicas y privadas, y de particulares de Argentina y el extranjero. El programa de rewilding de Iberá se ve reforzado con la donación de las tierras de CLT para crear el Parque Iberá (que con 700,000 hectáreas sería el mayor de la Argentina) y el trabajo de múltiples instituciones para promover que Iberá se convierta en un destino de ecoturismo que sirva como fuente de empleo y orgullo para los habitantes de la región.
En palabras de Sebastián de Martino, coordinador del Programa de Restauración de Fauna de CLT en Iberá: “El nacimiento de esta cría se suma a los nacimientos que se dieron de especies que se encontraban anteriormente extintas en Iberá, como son el venado de las pampas, el oso hormiguero y el pecarí. Queremos agradecer a nuestros socios tucumanos y salteños que donaron los tapires por ayudar a que Corrientes vuelva a contar con esta pieza clave de su fauna original. Esperamos que esta buena noticia se vea complementada pronto con el nacimiento de las primeras crías de yaguareté en la región. Éste es un ejemplo de lo que se puede lograr en nuestro país cuando los entes privados y públicos colaboramos por un fin común”.
La restauración del Iberá
La Reserva Natural Iberá fue creada por el gobierno de Corrientes en 1983, cubriendo 1.3 millones de hectáreas de campos públicos y privados. Douglas y Kristine Tompkins fueron invitados por directivos de parques nacionales de Argentina en 1997 para que conocieran el Iberá. Enamorados de esta gran área silvestre, los Tompkins comenzaron a trabajar en la zona a través de su fundación CLT, hasta llegar a comprar 150,000 hectáreas de campos privados, con el fin de donarlas algún día al estado argentino. Gracias a los cuidados de los técnicos de la fundación, trabajando en colaboración con el personal de la reserva provincial, la fauna silvestre se recuperó rápidamente e Iberá se fue convirtiendo en un destino de turismo de naturaleza reconocido mundialmente. En paralelo, el programa de restauración de fauna liderado por CLT, ha logrado establecer dos poblaciones nuevas de venados de las pampas y osos hormigueros en la región, junto a núcleos iniciales de los también desaparecidos tapires, pecaríes de collar y guacamayos rojos. Igualmente, se inició el primer programa del mundo destinado a criar yaguaretés para que pudieran ser reintroducidos en áreas donde la especie ha desaparecido. Todos estos esfuerzos se vieron respaldados por el acuerdo logrado entre CLT, el Gobierno de Corrientes y el actual gobierno de la Argentina, para crear el gran Parque Iberá de 700,000 hectáreas, a partir de las tierras fiscales de Corrientes y las tierras donadas por CLT.
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Fecha de Publicación: 03/07/2017
Fuente: Corrientes Hoy
Provincia/Región: Corrientes
Después de más de medio siglo de ausencia en la zona, los tapires ya comienzan a reproducirse en vida libre en el Iberá. El tapir es el mayor mamífero terrestre de Sudamérica y está considerado como en peligro de extinción en la Argentina. Este raro animal ha visto reducida a su población a menos de la mitad en los últimos 100 años debido a la destrucción de su hábitat y la cacería.
Para revertir esto la fundación CLT inició en Corrientes en 2016 un proyecto destinado a traer de vuelta a este gran mamífero al Iberá. Así se fueron liberando animales procedentes de la Estación de Fauna Autóctona de Salta del Gobierno de Salta y la Reserva Experimental Horco Molle de la Universidad de Tucumán. Como resultado de estos esfuerzos se ha confirmado el nacimiento de la primera cría de esta nueva población restaurada en la zona.
El recién nacido ha sido sexado como macho y es hijo de Nena, una hembra que llegó de la Estación de Fauna Autóctona de Salta para incorporarse en marzo de este año al grupo de fundadores de la nueva población de tapires en Iberá. Con la llegada de esta cría ya son siete los ejemplares (2 machos y 4 hembras adultos, más el pequeño macho) que viven en Rincón del Socorro, una reserva natural propiedad de CLT que será donada al estado argentino para ser parte del Parque Nacional Iberá.
El nacimiento de esta cría significa un paso más en la ambiciosa tarea de traer de vuelta las especies de fauna que habían desaparecido del Iberá. Este programa de restauración de fauna extinta o rewilding es el más grande del continente americano y fue iniciado en 2007 por la fundación creada por Douglas y Kristine Tompkins con la liberación de los primeros osos hormigueros. Desde entonces, el programa ha contado con la participación activa de los gobiernos de Corrientes y Argentina, autoridades de otra provincias, y el apoyo de decenas de organizaciones públicas y privadas, y de particulares de Argentina y el extranjero. El programa de rewilding de Iberá se ve reforzado con la donación de las tierras de CLT para crear el Parque Iberá (que con 700,000 hectáreas sería el mayor de la Argentina) y el trabajo de múltiples instituciones para promover que Iberá se convierta en un destino de ecoturismo que sirva como fuente de empleo y orgullo para los habitantes de la región.
En palabras de Sebastián de Martino, coordinador del Programa de Restauración de Fauna de CLT en Iberá: “El nacimiento de esta cría se suma a los nacimientos que se dieron de especies que se encontraban anteriormente extintas en Iberá, como son el venado de las pampas, el oso hormiguero y el pecarí. Queremos agradecer a nuestros socios tucumanos y salteños que donaron los tapires por ayudar a que Corrientes vuelva a contar con esta pieza clave de su fauna original. Esperamos que esta buena noticia se vea complementada pronto con el nacimiento de las primeras crías de yaguareté en la región. Éste es un ejemplo de lo que se puede lograr en nuestro país cuando los entes privados y públicos colaboramos por un fin común”.
La restauración del Iberá
La Reserva Natural Iberá fue creada por el gobierno de Corrientes en 1983, cubriendo 1.3 millones de hectáreas de campos públicos y privados. Douglas y Kristine Tompkins fueron invitados por directivos de parques nacionales de Argentina en 1997 para que conocieran el Iberá. Enamorados de esta gran área silvestre, los Tompkins comenzaron a trabajar en la zona a través de su fundación CLT, hasta llegar a comprar 150,000 hectáreas de campos privados, con el fin de donarlas algún día al estado argentino. Gracias a los cuidados de los técnicos de la fundación, trabajando en colaboración con el personal de la reserva provincial, la fauna silvestre se recuperó rápidamente e Iberá se fue convirtiendo en un destino de turismo de naturaleza reconocido mundialmente. En paralelo, el programa de restauración de fauna liderado por CLT, ha logrado establecer dos poblaciones nuevas de venados de las pampas y osos hormigueros en la región, junto a núcleos iniciales de los también desaparecidos tapires, pecaríes de collar y guacamayos rojos. Igualmente, se inició el primer programa del mundo destinado a criar yaguaretés para que pudieran ser reintroducidos en áreas donde la especie ha desaparecido. Todos estos esfuerzos se vieron respaldados por el acuerdo logrado entre CLT, el Gobierno de Corrientes y el actual gobierno de la Argentina, para crear el gran Parque Iberá de 700,000 hectáreas, a partir de las tierras fiscales de Corrientes y las tierras donadas por CLT.
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Neuquén planifica remediación de zonas incendiadas
Buscan plantar árboles nativos en zonas incendiadas
Fecha de Publicación: 03/07/2017
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
La provincia de Jujuy es una de las seis que forman parte de un plan piloto que tiene por objeto la restauración de áreas degradadas por incendios forestales ocurridos en 2012 y 2013, y en donde se buscará plantar unos 10.000 árboles nativos en la cuenca de Caimancito, en el departamento Ledesma.
“A raíz de esos incendios se vieron afectadas todas las especies, pero lo que más se siente son aquellas de interés maderable, como cedro, lapacho, tipa blanca, quina, palo blanco y palo amarillo, todas especies de la selva pedemontana jujeña”, dijo José Minetti, director de la Estación Experimental de Cultivos Tropicales del INTA Yuto.
La experiencia piloto comenzó este mes. Se conformó una mesa tripartita de gestión, integrada por el Ministerio de Ambiente provincial, la Asociación Foresto Industrial de Jujuy y la Estación Expertimental de Yuto, que es la encargada de la ejecución técnica del proyecto. El trabajo se va a desarrollar en tres fincas de productores de la cuenca de Caimancito, al este de Jujuy, y que comprende 25.000 hectáreas de bosques que fueron arrasados por el fuego en 2012 y 2013.
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Fecha de Publicación: 03/07/2017
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
La provincia de Jujuy es una de las seis que forman parte de un plan piloto que tiene por objeto la restauración de áreas degradadas por incendios forestales ocurridos en 2012 y 2013, y en donde se buscará plantar unos 10.000 árboles nativos en la cuenca de Caimancito, en el departamento Ledesma.
“A raíz de esos incendios se vieron afectadas todas las especies, pero lo que más se siente son aquellas de interés maderable, como cedro, lapacho, tipa blanca, quina, palo blanco y palo amarillo, todas especies de la selva pedemontana jujeña”, dijo José Minetti, director de la Estación Experimental de Cultivos Tropicales del INTA Yuto.
La experiencia piloto comenzó este mes. Se conformó una mesa tripartita de gestión, integrada por el Ministerio de Ambiente provincial, la Asociación Foresto Industrial de Jujuy y la Estación Expertimental de Yuto, que es la encargada de la ejecución técnica del proyecto. El trabajo se va a desarrollar en tres fincas de productores de la cuenca de Caimancito, al este de Jujuy, y que comprende 25.000 hectáreas de bosques que fueron arrasados por el fuego en 2012 y 2013.
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San Luis: pumas encontrado y devuelto
Encontraron un puma y lo entregaron al Ministerio
Fecha de Publicación: 03/07/2017
Fuente: ANSL
Provincia/Región: San Luis
Cuando se trata de animales silvestres, muchas veces las malas prácticas son las que se convierten en noticia: comercio, tráfico o mascotismo resaltan entre las cosas que no se deben hacer pero que, lamentablemente, ocurren. Sin embargo, también hay ejemplos de respeto, cuidado y protección de la fauna puntana, hechos que vale la pena destacar.
Uno de ellos es el caso de César Fares, un niño de 9 años que, junto a su mamá Lorena Becerra, encontraron una cachorra de puma en Potrerillos. Al verla indefensa, la familia la cobijó en su hogar, la alimentó y, a primera hora del día siguiente, se acercó a un puesto del Programa Control Sanitario y Fiscal, perteneciente al Ministerio de Medio Ambiente, Campo y Producción.
Allí explicaron la situación y se comunicaron con el Programa Biodiversidad, también de la cartera medioambiental, para trasladar el animal hasta el Centro de Conservación de Vida Silvestre, ubicado en La Florida.
“Luego de la revisación correspondiente a cargo de los veterinarios del lugar, se determinó que se trata de una hembra de 45 días aproximadamente, en estado sensorio normal, que no está herida y que se alimenta normalmente”, indicó la jefa del Programa Biodiversidad, Soledad Sallenave, y continuó: “Lamentablemente no podrá ser devuelta a su hábitat natural. Los pumas necesitan el aprendizaje de por lo menos dos años junto a su madre por lo que no se recomienda su liberación”.
Es por esta razón que el puma quedará en el Centro de Conservación, donde recibirá todos los cuidados necesarios ya que, sin su madre, no podrá adquirir los comportamientos esenciales para la vida en su hábitat natural como cazar, dónde refugiarse, cuáles presas puede atacar y cuáles no, entre otros hábitos que son fundamentales para su supervivencia.
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Fecha de Publicación: 03/07/2017
Fuente: ANSL
Provincia/Región: San Luis
Cuando se trata de animales silvestres, muchas veces las malas prácticas son las que se convierten en noticia: comercio, tráfico o mascotismo resaltan entre las cosas que no se deben hacer pero que, lamentablemente, ocurren. Sin embargo, también hay ejemplos de respeto, cuidado y protección de la fauna puntana, hechos que vale la pena destacar.
Uno de ellos es el caso de César Fares, un niño de 9 años que, junto a su mamá Lorena Becerra, encontraron una cachorra de puma en Potrerillos. Al verla indefensa, la familia la cobijó en su hogar, la alimentó y, a primera hora del día siguiente, se acercó a un puesto del Programa Control Sanitario y Fiscal, perteneciente al Ministerio de Medio Ambiente, Campo y Producción.
Allí explicaron la situación y se comunicaron con el Programa Biodiversidad, también de la cartera medioambiental, para trasladar el animal hasta el Centro de Conservación de Vida Silvestre, ubicado en La Florida.
“Luego de la revisación correspondiente a cargo de los veterinarios del lugar, se determinó que se trata de una hembra de 45 días aproximadamente, en estado sensorio normal, que no está herida y que se alimenta normalmente”, indicó la jefa del Programa Biodiversidad, Soledad Sallenave, y continuó: “Lamentablemente no podrá ser devuelta a su hábitat natural. Los pumas necesitan el aprendizaje de por lo menos dos años junto a su madre por lo que no se recomienda su liberación”.
Es por esta razón que el puma quedará en el Centro de Conservación, donde recibirá todos los cuidados necesarios ya que, sin su madre, no podrá adquirir los comportamientos esenciales para la vida en su hábitat natural como cazar, dónde refugiarse, cuáles presas puede atacar y cuáles no, entre otros hábitos que son fundamentales para su supervivencia.
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Córdoba nuevamente marchó para proteger su monte
Organizaciones ambientales marcharon en defensa de los bosques nativos
Fecha de Publicación: 02/07/2017
Fuente: Telam
Provincia/Región: Córdoba
Durante la movilización se mantuvo una puesta artística con murgas, tambores, danzas y artistas portando muñecos gigantes con figuras de animales.
Organizaciones ambientalistas y sociales, políticas, estudiantiles, sindicales y partidarias, Pueblos Originarios y Mesa Apícola del NO. se movilizaron el miércoles en las calles céntricas de Córdoba hasta la Plaza San Martín para manifestarse en defensa al bosque nativo y reclamar una ley provincial de protección forestal.
"No a la Ley de Desmonte" es la consigna de la marcha, cuyo principal objetivo es impedir que el Gobierno y la Legislatura avancen en iniciativas parlamentarias que fomenten los desmontes y exigir que se amplíen las áreas protegidas.
"Con esta marcha ratificamos nuestra demanda de que se cumpla la ley nacional de protección de los bosques nativos, que se convoque al proceso participativo para que tanto las universidades, organizaciones civiles y demás actores ciudadanos podamos participar de esta etapa de decisión y que se desestime esta iniciativa que el oficialismo en la legislatura está sosteniendo", dijo a Télam Cristian Schneider, integrante de la Coordinadora de Defensa del Bosque Nativo.
Durante la movilización se mantuvo una puesta artística con murgas, tambores, danzas y artistas portando muñecos gigantes con figuras de animales.
Schneider planteó que "lo que estamos sosteniendo es que el Gobierno de Córdoba y a través del bloque de Unión por Córdoba en la legislatura acceda a lo que se denomina el proceso participativo, que es con el cual se debe tratar la actualización del ordenamiento del bosque nativo".
"Los legisladores quieren imponer un proyecto propio que contempla la ampliación del territorio para la explotación agropecuaria, lo que nosotros denominamos Ley de Desmontes, quieren reemplazar absolutamente toda la norma ya vigente desde 2010 de Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo, pero sin este proceso participativo que exige la ley nacional", explicó.
Schneider contó que "durante los seis meses desde la primer marcha que efectuamos el 28 de diciembre, hemos intentado construir, accedido a todas las mesas de diálogo", a obtener la voluntad de los legisladores para cumplir lo que en realidad demanda la ley nacional 26.331.
"Esto no se ha dado: los integrantes de Unión por Córdoba se ha abroquelado en sostener que ellos deben pautar lo que sería el proceso participativo", cuestionó.
El ambientalista describió "una realidad en la que se siguen produciendo desmontes ilegales (y) se usan agrotóxicos, que es muy grave".
"Nosotros tratamos de sostener la protección, conservación o pautado sustentable de los bosques (...). La secretaría de Ambiente no está cumpliendo su función, no está controlando en función de evitar el desmonte sino que incluso ese desmonte se está dando de las formas más impactantes afectando miles de hectáreas".
Según los datos de las organizaciones ambientalistas, en la provincia de Córdoba ya se ha eliminado la inmensa mayoría de los bosques nativos originarios, que ocupaban unos 12 millones de hectáreas de las que actualmente quedan menos de 500 mil.
El pasado enero, en el contexto de protestas, el gobernador cordobés, Juan Schiaretti, frenó el proyecto y abrió una mesa de diálogo para consensuar un nuevo texto entre todos los sectores involucrados.
La marcha culminó en la Plaza San Martín, donde se realiza el Festival con el Canto del Monte con la participación de artistas de toda la provincia.
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Fecha de Publicación: 02/07/2017
Fuente: Telam
Provincia/Región: Córdoba
Durante la movilización se mantuvo una puesta artística con murgas, tambores, danzas y artistas portando muñecos gigantes con figuras de animales.
Organizaciones ambientalistas y sociales, políticas, estudiantiles, sindicales y partidarias, Pueblos Originarios y Mesa Apícola del NO. se movilizaron el miércoles en las calles céntricas de Córdoba hasta la Plaza San Martín para manifestarse en defensa al bosque nativo y reclamar una ley provincial de protección forestal.
"No a la Ley de Desmonte" es la consigna de la marcha, cuyo principal objetivo es impedir que el Gobierno y la Legislatura avancen en iniciativas parlamentarias que fomenten los desmontes y exigir que se amplíen las áreas protegidas.
"Con esta marcha ratificamos nuestra demanda de que se cumpla la ley nacional de protección de los bosques nativos, que se convoque al proceso participativo para que tanto las universidades, organizaciones civiles y demás actores ciudadanos podamos participar de esta etapa de decisión y que se desestime esta iniciativa que el oficialismo en la legislatura está sosteniendo", dijo a Télam Cristian Schneider, integrante de la Coordinadora de Defensa del Bosque Nativo.
Durante la movilización se mantuvo una puesta artística con murgas, tambores, danzas y artistas portando muñecos gigantes con figuras de animales.
Schneider planteó que "lo que estamos sosteniendo es que el Gobierno de Córdoba y a través del bloque de Unión por Córdoba en la legislatura acceda a lo que se denomina el proceso participativo, que es con el cual se debe tratar la actualización del ordenamiento del bosque nativo".
"Los legisladores quieren imponer un proyecto propio que contempla la ampliación del territorio para la explotación agropecuaria, lo que nosotros denominamos Ley de Desmontes, quieren reemplazar absolutamente toda la norma ya vigente desde 2010 de Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo, pero sin este proceso participativo que exige la ley nacional", explicó.
Schneider contó que "durante los seis meses desde la primer marcha que efectuamos el 28 de diciembre, hemos intentado construir, accedido a todas las mesas de diálogo", a obtener la voluntad de los legisladores para cumplir lo que en realidad demanda la ley nacional 26.331.
"Esto no se ha dado: los integrantes de Unión por Córdoba se ha abroquelado en sostener que ellos deben pautar lo que sería el proceso participativo", cuestionó.
El ambientalista describió "una realidad en la que se siguen produciendo desmontes ilegales (y) se usan agrotóxicos, que es muy grave".
"Nosotros tratamos de sostener la protección, conservación o pautado sustentable de los bosques (...). La secretaría de Ambiente no está cumpliendo su función, no está controlando en función de evitar el desmonte sino que incluso ese desmonte se está dando de las formas más impactantes afectando miles de hectáreas".
Según los datos de las organizaciones ambientalistas, en la provincia de Córdoba ya se ha eliminado la inmensa mayoría de los bosques nativos originarios, que ocupaban unos 12 millones de hectáreas de las que actualmente quedan menos de 500 mil.
El pasado enero, en el contexto de protestas, el gobernador cordobés, Juan Schiaretti, frenó el proyecto y abrió una mesa de diálogo para consensuar un nuevo texto entre todos los sectores involucrados.
La marcha culminó en la Plaza San Martín, donde se realiza el Festival con el Canto del Monte con la participación de artistas de toda la provincia.
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Jujuy: presentan actualización del mapa de bosques
Ambiente expuso el proyecto para un nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos
Fecha de Publicación: 02/07/2017
Fuente: Jujuy On Line
Provincia/Región: Jujuy
El Ministerio de Ambiente de la Provincia presentó oportunamente a la Legislatura de Jujuy para su tratamiento, tal como prevé la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de Bosques Nativos, el proyecto de Ley que tiene por finalidad la "Actualización del Ordenamiento Territorial Adaptativo de Bosques Nativos de la Provincia de Jujuy”.
Este nuevo ordenamiento busca identificar las unidades ambientales y de uso del suelo presentes en las áreas boscosas de la Provincia, la distribución geográfica y la superficie; y presenta además la propuesta de un ordenamiento territorial que considera las áreas de bosques a proteger, las áreas sometidas a manejo forestal u otros tipos de usos que mantienen la cobertura del bosque y las áreas sujetas a transformación para actividades productivas agropecuarias.
Según explicó la Ministra de Ambiente, María Inés Zigarán, "es importante que la Legislatura valide y legitime, a través del tratamiento en la cámara, un proceso que hemos llevado adelante de acuerdo a la Ley 26.331 de presupuestos mínimos para la protección y preservación de los bosques nativos y en el marco de restricciones de tiempo ya que cuando asumimos la gestión el proceso de actualización de la masa boscosa estaba por vencer y pudimos conseguir ante el Ministerio de Ambiente de Nación una prórroga para llevarlo adelante”.
La funcionaria detalló en el mismo sentido la importancia de la validación del proceso de actualización: "significa una legitimación del trabajo realizado y el corolario de procedimientos que le dan a la provincia una herramienta técnica para continuar con un proceso que además siempre está abierto, porque la actualización debe hacerse cada cinco años y la información debe ser construida de manera permanente”, aclaró.
Es importante destacar que la actualización del ordenamiento territorial de bosques nativos se llevó adelante desde la Secretaría de Desarrollo Sustentable en conjunto con la Dirección de Ordenamiento Ambiental del Territorio, la Unidad de Bosques Nativos, y la Dirección de Bosques, todas áreas del Ministerio de Ambiente. Además de contar con la participación de la Secretaría de Pueblos Indígenas del Gobierno de Jujuy, a cuyo cargo se encuentra Natalia Sarapura.
Un proceso técnico, participativo, y enriquecedor
La provincia recupera con la nueva actualización del OTBN, un proceso continuo y progresivo de actualización, optimizando la información de base, conformando la posibilidad de diálogo y consenso a través de un espacio integrado por diferentes actores públicos y privados, incluidas las comunidades originarias y campesinas.
Por otro lado, esta actualización se asienta fundamentalmente en los Planes de Ordenamientos Prediales generados y aprobados desde 2009 en adelante, en Planes de Cambio de Uso de Suelo aprobados, y los desmontes autorizados. La revisión realizada por los equipos técnicos del ministerio ha organizado, identificado y compilado la información sobre la que se ha construido la propuesta de zonificación de los bosques nativos, tomando de base el OTBN aprobado en 2011, con la incorporación de los bosquecillos de Churquis y Queñoas de Quebrada y Puna.
En este marco, el Ministerio de Ambiente de la Provincia ajustó la cobertura digital de bosques nativos del OTBN a las superficies de bosques no considerados en 2011 y detección de cambios en la superficie de bosque nativo por cambios de uso.
Luego de los estudios de revisión técnica registrados en expedientes que se gestionan por cada uno de los planes de ordenamiento predial y de los titulares de zonas que tienen presencia de masa boscosa, se llevó adelante un trabajo participativo con diversos actores.
Los referentes de Ambiente mantuvieron reuniones con representantes del sector académico, de organizaciones de la sociedad civil, de entidades ambientalistas, del sector productivo, de los pueblos indígenas. Además de talleres, encuentros, y consultas con pueblos indígenas.
Se trató en definitiva de un proceso muy rico que además permitió considerar muchos de los aportes que en realidad tienen que ver con cuestiones que requieren la modificación de la Ley Nacional y que es competencia del Congreso de la Nación. No obstante desde el Ministerio de Ambiente asumieron el compromiso de discutir, en el contexto de los diez años de la Ley de Bosque, la necesidad de incorporar la perspectiva intercultural en la ley, en el marco del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), que es presidido por la ministra jujeña María Inés Zigarán.
"Hemos gestionado en el marco de esa diversidad de intereses, a veces contrapuestos porque naturalmente cada sector tiene una mirada propia de la gestión de los bosques nativos, tratando de recuperar aportes de todos los actores, y fundamentalmente desde un gran trabajo técnico en función de las restricciones que impone la ley”, ponderó la ministra Zigarán.
Al mismo tiempo, luego de aclarar que el proceso concluyó con una instancia de Audiencia Pública en noviembre del año pasado, insistió diciendo que "hemos dado un salto cualitativo en el proceso que ha sido altamente participativo, verdaderamente democrático; que ha tenido una gran calidad técnica por la información que se ha recabado y sobre todo un gran esfuerzo de los equipos del ministerio de ambiente”.
Desarrollo sustentable y alternativas de complementariedad
Las áreas boscosas naturales actuales de la Provincia de Jujuy, alrededor de un millón de hectáreas, representan ecosistemas ambientales y productivamente sensibles para el mantenimiento de la biodiversidad regional, para el desarrollo sustentable del sector forestal, mantenimiento de un conjunto de servicios ambientales como también es relevante para la obtención de recursos de subsistencia de comunidades indígenas, rurales y peri-urbanas ubicadas en las poblaciones del pedemonte, chaqueñas y las áreas montañosas de la provincia.
Finalmente, la Ministra de Ambiente de Jujuy dijo que pretenden seguir trabajando en la protección y conservación de los bosques nativos, más aun en un contexto de cambio climático donde es cada vez más importante la presencia de la masa boscosa. "Pero además también entendemos que el manejo sustentable de los bosques nativos puede ser una economía complementaria para las comunidades locales, que ayude también a la mejora en la calidad de vida, al desarrollo de productos forestales o no forestales, y no madereros”, valoró.
"Nuestra mirada es de conservación y protección pero también de un desarrollo sustentable, que se tiene que hacer en el marco de lo que permite la legislación y aquellas disposiciones que garanticen la sustentabilidad del bosque en nuestra provincia”, concluyó.
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Fecha de Publicación: 02/07/2017
Fuente: Jujuy On Line
Provincia/Región: Jujuy
El Ministerio de Ambiente de la Provincia presentó oportunamente a la Legislatura de Jujuy para su tratamiento, tal como prevé la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de Bosques Nativos, el proyecto de Ley que tiene por finalidad la "Actualización del Ordenamiento Territorial Adaptativo de Bosques Nativos de la Provincia de Jujuy”.
Este nuevo ordenamiento busca identificar las unidades ambientales y de uso del suelo presentes en las áreas boscosas de la Provincia, la distribución geográfica y la superficie; y presenta además la propuesta de un ordenamiento territorial que considera las áreas de bosques a proteger, las áreas sometidas a manejo forestal u otros tipos de usos que mantienen la cobertura del bosque y las áreas sujetas a transformación para actividades productivas agropecuarias.
Según explicó la Ministra de Ambiente, María Inés Zigarán, "es importante que la Legislatura valide y legitime, a través del tratamiento en la cámara, un proceso que hemos llevado adelante de acuerdo a la Ley 26.331 de presupuestos mínimos para la protección y preservación de los bosques nativos y en el marco de restricciones de tiempo ya que cuando asumimos la gestión el proceso de actualización de la masa boscosa estaba por vencer y pudimos conseguir ante el Ministerio de Ambiente de Nación una prórroga para llevarlo adelante”.
La funcionaria detalló en el mismo sentido la importancia de la validación del proceso de actualización: "significa una legitimación del trabajo realizado y el corolario de procedimientos que le dan a la provincia una herramienta técnica para continuar con un proceso que además siempre está abierto, porque la actualización debe hacerse cada cinco años y la información debe ser construida de manera permanente”, aclaró.
Es importante destacar que la actualización del ordenamiento territorial de bosques nativos se llevó adelante desde la Secretaría de Desarrollo Sustentable en conjunto con la Dirección de Ordenamiento Ambiental del Territorio, la Unidad de Bosques Nativos, y la Dirección de Bosques, todas áreas del Ministerio de Ambiente. Además de contar con la participación de la Secretaría de Pueblos Indígenas del Gobierno de Jujuy, a cuyo cargo se encuentra Natalia Sarapura.
Un proceso técnico, participativo, y enriquecedor
La provincia recupera con la nueva actualización del OTBN, un proceso continuo y progresivo de actualización, optimizando la información de base, conformando la posibilidad de diálogo y consenso a través de un espacio integrado por diferentes actores públicos y privados, incluidas las comunidades originarias y campesinas.
Por otro lado, esta actualización se asienta fundamentalmente en los Planes de Ordenamientos Prediales generados y aprobados desde 2009 en adelante, en Planes de Cambio de Uso de Suelo aprobados, y los desmontes autorizados. La revisión realizada por los equipos técnicos del ministerio ha organizado, identificado y compilado la información sobre la que se ha construido la propuesta de zonificación de los bosques nativos, tomando de base el OTBN aprobado en 2011, con la incorporación de los bosquecillos de Churquis y Queñoas de Quebrada y Puna.
En este marco, el Ministerio de Ambiente de la Provincia ajustó la cobertura digital de bosques nativos del OTBN a las superficies de bosques no considerados en 2011 y detección de cambios en la superficie de bosque nativo por cambios de uso.
Luego de los estudios de revisión técnica registrados en expedientes que se gestionan por cada uno de los planes de ordenamiento predial y de los titulares de zonas que tienen presencia de masa boscosa, se llevó adelante un trabajo participativo con diversos actores.
Los referentes de Ambiente mantuvieron reuniones con representantes del sector académico, de organizaciones de la sociedad civil, de entidades ambientalistas, del sector productivo, de los pueblos indígenas. Además de talleres, encuentros, y consultas con pueblos indígenas.
Se trató en definitiva de un proceso muy rico que además permitió considerar muchos de los aportes que en realidad tienen que ver con cuestiones que requieren la modificación de la Ley Nacional y que es competencia del Congreso de la Nación. No obstante desde el Ministerio de Ambiente asumieron el compromiso de discutir, en el contexto de los diez años de la Ley de Bosque, la necesidad de incorporar la perspectiva intercultural en la ley, en el marco del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), que es presidido por la ministra jujeña María Inés Zigarán.
"Hemos gestionado en el marco de esa diversidad de intereses, a veces contrapuestos porque naturalmente cada sector tiene una mirada propia de la gestión de los bosques nativos, tratando de recuperar aportes de todos los actores, y fundamentalmente desde un gran trabajo técnico en función de las restricciones que impone la ley”, ponderó la ministra Zigarán.
Al mismo tiempo, luego de aclarar que el proceso concluyó con una instancia de Audiencia Pública en noviembre del año pasado, insistió diciendo que "hemos dado un salto cualitativo en el proceso que ha sido altamente participativo, verdaderamente democrático; que ha tenido una gran calidad técnica por la información que se ha recabado y sobre todo un gran esfuerzo de los equipos del ministerio de ambiente”.
Desarrollo sustentable y alternativas de complementariedad
Las áreas boscosas naturales actuales de la Provincia de Jujuy, alrededor de un millón de hectáreas, representan ecosistemas ambientales y productivamente sensibles para el mantenimiento de la biodiversidad regional, para el desarrollo sustentable del sector forestal, mantenimiento de un conjunto de servicios ambientales como también es relevante para la obtención de recursos de subsistencia de comunidades indígenas, rurales y peri-urbanas ubicadas en las poblaciones del pedemonte, chaqueñas y las áreas montañosas de la provincia.
Finalmente, la Ministra de Ambiente de Jujuy dijo que pretenden seguir trabajando en la protección y conservación de los bosques nativos, más aun en un contexto de cambio climático donde es cada vez más importante la presencia de la masa boscosa. "Pero además también entendemos que el manejo sustentable de los bosques nativos puede ser una economía complementaria para las comunidades locales, que ayude también a la mejora en la calidad de vida, al desarrollo de productos forestales o no forestales, y no madereros”, valoró.
"Nuestra mirada es de conservación y protección pero también de un desarrollo sustentable, que se tiene que hacer en el marco de lo que permite la legislación y aquellas disposiciones que garanticen la sustentabilidad del bosque en nuestra provincia”, concluyó.
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La familia Macri involucrada con la minería, sin palabras
Grupo Macri: también se dedicarán a la minería
Fecha de Publicación: 02/07/2017
Fuente: Política Argentina
Provincia/Región: Nacional
La empresa Sideco decidió impulsar uno de los negocios que más auge está teniendo en el país. Hicieron una presentación en "sociedad" de la compañía ante una convención internacional que se hizo recientemente en Canadá.
Durante un encuentro internacional que se hizo en Toronto, Canáda, Franco Macri, titular de Sideco, presentó su empresa Minera Geometales S. A, la cual viene realizando tareas de exploración geológica en proyectos de oro y cobre en las propiedades que tienen en San Juan y Mendoza.
En este marco, Javier Sánchez Caballero, vicepresidente de Minera Geometales, comentó la "buena" situación por la que pasa el país en materia de inversiones mineras y explicitó el interés que tienen por obtener financiamiento en el exterior.
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Fecha de Publicación: 02/07/2017
Fuente: Política Argentina
Provincia/Región: Nacional
La empresa Sideco decidió impulsar uno de los negocios que más auge está teniendo en el país. Hicieron una presentación en "sociedad" de la compañía ante una convención internacional que se hizo recientemente en Canadá.
Durante un encuentro internacional que se hizo en Toronto, Canáda, Franco Macri, titular de Sideco, presentó su empresa Minera Geometales S. A, la cual viene realizando tareas de exploración geológica en proyectos de oro y cobre en las propiedades que tienen en San Juan y Mendoza.
En este marco, Javier Sánchez Caballero, vicepresidente de Minera Geometales, comentó la "buena" situación por la que pasa el país en materia de inversiones mineras y explicitó el interés que tienen por obtener financiamiento en el exterior.
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Misiones aumenta la superficie protegida de bosques
El ministerio de Ecología de Misiones presentó la actualización del ordenamiento de bosques nativos año 2017
Fecha de Publicación: 01/07/2017
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Misiones
Con la ministra Verónica Derna a la cabeza, funcionarios del ministerio de Ecología de la provincia presentaron la actualización del ordenamiento de bosques nativos para dar cumplimiento a lo normado por el Artículo 44 de la Ley de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos, XVI N° 105 ante la comisión de Recursos Naturales y Conservación del Medio Ambiente de la Cámara de Representantes.
Juan Solari, subsecretario de Ordenamiento Territorial y Juan Manuel Díaz, subsecretario de Ecología y Desarrollo Sustentable, explicaron que se trata de una tarea que se realiza permanentemente, contabilizando el capital natural de los bosques nativos de Misiones, de acuerdo a las tres categorías que denotan la importancia y valor ecológico, cultural y económico de los montes misioneros, que se dividen en bosques de muy alto valor de conservación (Categoría I-Rojo), Bosques de mediano valor de conservación (Categoría II Amarilllo) y Bosques de bajo valor de conservación que pueden transformarse total o parcialmente (Categoría III-Verde).
Como datos destacados cabe resaltar el aumento de la superficie de bosques de alto valor de conservación, en la Categoría I Rojo, los cuales han pasado de 223.468 has.a233.083has, reflejándose un aumento del 4.30 % en esta categoría, la de mayor importancia ecológica y cultural, siendo una de las tres provincias argentinas que verifican un aumento de esta categoría.
Estos aumentos corresponden principalmente a la incorporación a esta categoría de Reservas privadas, cuyos propietarios voluntariamente accedieron a incluir el monte nativo de estas parcelas en esta categoría, dado que cumplen con los requisitos legales, como ser su categoría de manejo como área natural protegida, su vinculación con otras áreas naturales protegidas y comunidades naturales presentes en la región, su estado de conservación, su potencial para la conservación de cuencas hidrográficas, entre otros.
El Mapa actualizado del Anexo A de la Ley XVI Nº 105, con ordenamiento a escala predial de 3740 parcelas, arroja los siguientes resultados: Categoría I-Rojo233.083, Categoría II-Amarillo901.617 has., Categoría III-Verde477.858 has., observándose un tasa anual de cambio de uso de suelo de 0.36%, únicamente en categorías verde y amarilla. El promedio a nivel país se encuentra en el 1.1% anual de acuerdo a datos de la FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación correspondientes al año 2015. Los datos anteriores fueron realizados para la puesta en marcha de la Ley XVI N° 105, en el año 2010. Esta Ley en su artículo 44 expresa que la Autoridad de Aplicación debe mantener actualizada en forma permanente y periódica la cartografía, a efectos de contar con la mayor aproximación exactitud, resolución y escala adecuada de los datos del bosque nativo. Esta actualización presenta los datos correspondientes al año 2017, se presenta sobre los datos del año 2010 que eran los siguientes Categoría I, 223.468 has. , Categoría II 967.192 has., Categoría III 447.487 has.
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Fecha de Publicación: 01/07/2017
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Misiones
Con la ministra Verónica Derna a la cabeza, funcionarios del ministerio de Ecología de la provincia presentaron la actualización del ordenamiento de bosques nativos para dar cumplimiento a lo normado por el Artículo 44 de la Ley de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos, XVI N° 105 ante la comisión de Recursos Naturales y Conservación del Medio Ambiente de la Cámara de Representantes.
Juan Solari, subsecretario de Ordenamiento Territorial y Juan Manuel Díaz, subsecretario de Ecología y Desarrollo Sustentable, explicaron que se trata de una tarea que se realiza permanentemente, contabilizando el capital natural de los bosques nativos de Misiones, de acuerdo a las tres categorías que denotan la importancia y valor ecológico, cultural y económico de los montes misioneros, que se dividen en bosques de muy alto valor de conservación (Categoría I-Rojo), Bosques de mediano valor de conservación (Categoría II Amarilllo) y Bosques de bajo valor de conservación que pueden transformarse total o parcialmente (Categoría III-Verde).
Como datos destacados cabe resaltar el aumento de la superficie de bosques de alto valor de conservación, en la Categoría I Rojo, los cuales han pasado de 223.468 has.a233.083has, reflejándose un aumento del 4.30 % en esta categoría, la de mayor importancia ecológica y cultural, siendo una de las tres provincias argentinas que verifican un aumento de esta categoría.
Estos aumentos corresponden principalmente a la incorporación a esta categoría de Reservas privadas, cuyos propietarios voluntariamente accedieron a incluir el monte nativo de estas parcelas en esta categoría, dado que cumplen con los requisitos legales, como ser su categoría de manejo como área natural protegida, su vinculación con otras áreas naturales protegidas y comunidades naturales presentes en la región, su estado de conservación, su potencial para la conservación de cuencas hidrográficas, entre otros.
El Mapa actualizado del Anexo A de la Ley XVI Nº 105, con ordenamiento a escala predial de 3740 parcelas, arroja los siguientes resultados: Categoría I-Rojo233.083, Categoría II-Amarillo901.617 has., Categoría III-Verde477.858 has., observándose un tasa anual de cambio de uso de suelo de 0.36%, únicamente en categorías verde y amarilla. El promedio a nivel país se encuentra en el 1.1% anual de acuerdo a datos de la FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación correspondientes al año 2015. Los datos anteriores fueron realizados para la puesta en marcha de la Ley XVI N° 105, en el año 2010. Esta Ley en su artículo 44 expresa que la Autoridad de Aplicación debe mantener actualizada en forma permanente y periódica la cartografía, a efectos de contar con la mayor aproximación exactitud, resolución y escala adecuada de los datos del bosque nativo. Esta actualización presenta los datos correspondientes al año 2017, se presenta sobre los datos del año 2010 que eran los siguientes Categoría I, 223.468 has. , Categoría II 967.192 has., Categoría III 447.487 has.
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Jujuy concientiza sobre el tráfico de fauna
El mascotismo, enemigo de la biodiversidad
Fecha de Publicación: 01/07/2017
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Jujuy
Tortugas, loros y monos encabezan en nuestra provincia el triste ranking de animales silvestres domesticados.El Centro de Atención de la Fauna Autóctona de Jujuy (Cafaju) realiza tareas de rescate y preservación de especies.
Por más amor y cuidado que le dediquemos a un animal silvestre en casa, jamás será una buena mascota. Estas especies deben vivir en libertad, en sus ambientes naturales, donde consiguen todo lo necesario para alimentarse, desarrollarse y reproducirse. Pese a ello, el comercio de animales silvestres como mascotas continúa creciendo en América Latina, al punto que diversas organizaciones internacionales como la Unión Mundial para la Naturaleza (Uicn) y Greenpeace han hecho diversos llamados para valorar apropiadamente este problema y detenerlo.
No en vano, es considerado el tercer negocio ilegal más lucrativo del mundo, después del de las drogas y las armas; una actividad que a nivel global mueve 180.000 millones de dólares por año.
A esto debe sumársele el "mascotismo", una costumbre popular de la tenencia de animales en cautiverio. Esto se da en mayor medida con las aves, pero también con personas que compran monos, serpientes, tortugas e incluso arañas con este fin. No solo un peligro para la propia especie sino para sus eventuales propietarios.
En Jujuy, esta situación no solo preocupa sino ocupa al Centro de Atención de la Fauna Autóctona de Jujuy (Cafaju), dependiente del Ministerio de Ambiente, que funciona desde hace casi dos años en la localidad de El Carmen, con el propósito de atender, recuperar y rehabilitar a la fauna autóctona.
Un espacio destinado no sólo a la protección e investigación de especies locales, sino además a prevenir acciones ilegales de extracción y tráfico de animales, que atentan a la conservación de la biodiversidad de la provincia.
Desde su creación ha brindado atención a diferentes especies que son rescatadas, proveniente de tráfico, tenencia y venta ilegal, o encontradas con alguna herida. Las mismas son recuperadas y una vez que se encuentran en buen estado sanitario, son liberadas a su lugar de origen, a su hábitat natural.
Eduardo Vargas, integrante del equipo del Cafaju precisó que el trabajo que realizan es constante e implica "un gran compromiso por parte de un grupo de profesionales que deja muchas horas de su vida, en pos de proteger la vida silvestre de la provincia".
"Recibimos en forma regular un considerable cantidad y diversidad de animales de distintas regiones, a los cuales cuidamos en nuestras instalaciones, entre ellos tortugas, loros, catas, tapires, cóndores, pumas, corzuelas, osos meleros, menciono Vargas", dijo.
Explicó que la idea es que ellos tengan, una buena asistencia médica que les permita, después un periodo intensivo de cuidado, reinsertarse en su lugar de origen, situación que en algunas oportunidades requiere un tiempo prudencial.
"Debemos entender que en algunos casos son especies que perdieron a sus familias (grupo de pertenencia) y que necesitan contención para salir adelante", profundizó.
En relación a la situación de los animales silvestres que habitan la provincia comentó que tortugas (terrestres y acuáticas), loros y monos encabezan el triste ranking en la provincia de especies que son inescrupulosamente domesticadas y traficadas. "La tortuga es el caso más emblemático en todo el norte argentino. Es un animal, que culturalmente es reconocido como doméstico, y que está al alcance de niños y jóvenes. Y a la vez su tenencia y trafico está condenado por la ley", explicó el integrante del Cafaju.
Manifestó que al igual que otros animales exóticos, su permanencia en una casa de familia es sumamente peligroso tanto para ejemplar como para las integrantes de la misma. "Es un animal, en su mayoría herbívoro, que puede transmitir salmonela, una bacteria relativamente peligrosa que está presente en todos los reptiles. También neumonía en personas con bajas defensa", finalizó.
Antonio Vilca, uno de los referentes de la Asociacion de Reptiles de Jujuy, resaltó la importancia que tiene trabajar fuertemente en la conservación y protección de los animales de nuestra región, en especial de la tortuga autóctona jujeña, que se encuentra al igual que la argentina-
chaqueña (Chelonoidis chilensis), en peligro de extinción.
Explicó que si bien existe la ley 22421, sancionada en el año 1981, que establece el sistema de protección y conservación de la fauna silvestre en cuento a la captura, tenencia y posesión, la misma no se cumple en forma efectiva en nuestra provincia.
“Es de público conocimiento que existen veterinarias de nuestra ciudad donde se venden, en algunas partes del año, tortugas tanto terrestres como acuáticas, sabiendo que eso es ilegal. Sumado a ello, una modalidad, que lamentablemente está en ascenso; la comercialización a través de las redes sociales”, denunció.
Comentó que es una situación compleja debido a que hay personas que heredan o reciben como regalo este animal y al poco tiempo se aburren de él. “No es un perro o un gato que va a saltarnos al cuerpo para hacer morisquetas o estar pendiente de lo que hagamos. Es sumamente tranquilo e independiente, necesita de su espacio y una buena alimentación”, agregó.
En cuanto a sus cuidados aclaró que “se trata de especies sumamente sensibles, y por lo tanto tenerlas como mascotas de un hogar, viviendo en cautiverio, es sentenciarlas a morir”.
Las causas de muerte son muy variadas, entre ellas las enfermedades infecciosas y patologías directamente relacionadas con déficits alimenticios, que provocan cegueras. También provocan malformaciones del caparazón que no llega a solidificarse, atrofias musculares, afecciones pulmonares, entre muchas otras.
“Son por su tamaño muy susceptibles a los accidentes domésticos. Es frecuente la muerte por aplastamiento, por ataques de otras mascotas como perros y gatos, e incluso por caídas desde edificios altos”, profundizó Antonio Vilca.
Para finalizar indicó que es difícil sancionar a alguien que posea este animal en casa, pese a que existe una legislación nacional. “A quienes tenga uno o más, sepan que es una acción que esta es fuera de la ley y que provoca un desequilibrio en el mundo natural. Pese a ellos si insisten en tenerlos, llévenlos a veterinario especializado para que le realice un estudio sanitario para determinar su estado”, recomendó.
Las especies en Jujuy
En la provincia de Jujuy se presume que existen tres tipo de tortugas; la primera es la conocida como argentina-chaqueña de origen terrestre (Chelonoidis chilensis) que mide entre 25 a 32 centímetros y habita en regiones áridas, principalmente en la ecorregión chaqueña de nuestra provincia, en especial en las localidades de San Pedro y Santa Bárbara.
La segunda denominada científicamente “Podocnemididae”, es una especie semiacuática y carnívora que puede alcanzar los 45 centímetros en su estado adulto. Esta especie es propia de las regiones del sur de Brasil, sureste de Paraguay, norte y centro de Argentina, y también se encuentra en Uruguay.
Sus ejemplares pueden ser hallados en el departamento de Ledesma y Yungas jujeñas.
Con respecto a la tercera, que se denomina canaleta chaqueña (Acanthochelys pallidipectoris), se sabe que habita en el Gran Chaco, norte de la pais, en las provincias de: Salta, Formosa, Chaco, y norte de Santa Fe.
Estas especies se caracterizan por ser carnívoras e insectívoras y se desconoce su ubicación exacta en nuestra provincia.
El incansable trabajo de Rumi Janp "atu"
La Asociación Reptiles de Jujuy “Rumi Janp"atu” (que significa tortuga, en quechua) es una organización sin fines de lucro integrada por alumnos de la Licenciatura en Ciencias Biológicas de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Unju, que nació con la idea de defender y preservar a los reptiles de nuestra provincia.
Recientemente en el marco de la Semana del Ambiente realizaron una interesante actividad académica junto a la Asociación Aves de Jujuy y el Programa de Conservación de Murciélagos (Pcma-Flial Jujuy), donde expusieron los avances de sus trabajos con la intención de generar conciencia y resaltar los valores de fauna silvestre.
La instancia fue replicada en algunas escuelas primarias de la ciudad que visitaron durante el año, llevando como premisa enseñar y transmitir a los niños información acerca de la vida animal, e incentivarlos a que sean “promotores de la salud del planeta”.
En sus trabajos instan a la comunidad a cuidar y respetar el hábitat de las tortugas, terrestres y acuáticas, serpientes, iguanas, lagartos, y toda familia de reptiles que habitan en Jujuy. Pero también buscan que la gente pueda comprometerse con la defensa del ambiente y la naturaleza.
Cuentan con una consigna clara y sencilla, que es a su entender una bandera irrenunciable en la misión de mantener el equilibrio de normal del mundo y es; “Tu casa no es su casa. No compres animales silvestres”.
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Fecha de Publicación: 01/07/2017
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Jujuy
Tortugas, loros y monos encabezan en nuestra provincia el triste ranking de animales silvestres domesticados.El Centro de Atención de la Fauna Autóctona de Jujuy (Cafaju) realiza tareas de rescate y preservación de especies.
Por más amor y cuidado que le dediquemos a un animal silvestre en casa, jamás será una buena mascota. Estas especies deben vivir en libertad, en sus ambientes naturales, donde consiguen todo lo necesario para alimentarse, desarrollarse y reproducirse. Pese a ello, el comercio de animales silvestres como mascotas continúa creciendo en América Latina, al punto que diversas organizaciones internacionales como la Unión Mundial para la Naturaleza (Uicn) y Greenpeace han hecho diversos llamados para valorar apropiadamente este problema y detenerlo.
No en vano, es considerado el tercer negocio ilegal más lucrativo del mundo, después del de las drogas y las armas; una actividad que a nivel global mueve 180.000 millones de dólares por año.
A esto debe sumársele el "mascotismo", una costumbre popular de la tenencia de animales en cautiverio. Esto se da en mayor medida con las aves, pero también con personas que compran monos, serpientes, tortugas e incluso arañas con este fin. No solo un peligro para la propia especie sino para sus eventuales propietarios.
En Jujuy, esta situación no solo preocupa sino ocupa al Centro de Atención de la Fauna Autóctona de Jujuy (Cafaju), dependiente del Ministerio de Ambiente, que funciona desde hace casi dos años en la localidad de El Carmen, con el propósito de atender, recuperar y rehabilitar a la fauna autóctona.
Un espacio destinado no sólo a la protección e investigación de especies locales, sino además a prevenir acciones ilegales de extracción y tráfico de animales, que atentan a la conservación de la biodiversidad de la provincia.
Desde su creación ha brindado atención a diferentes especies que son rescatadas, proveniente de tráfico, tenencia y venta ilegal, o encontradas con alguna herida. Las mismas son recuperadas y una vez que se encuentran en buen estado sanitario, son liberadas a su lugar de origen, a su hábitat natural.
Eduardo Vargas, integrante del equipo del Cafaju precisó que el trabajo que realizan es constante e implica "un gran compromiso por parte de un grupo de profesionales que deja muchas horas de su vida, en pos de proteger la vida silvestre de la provincia".
"Recibimos en forma regular un considerable cantidad y diversidad de animales de distintas regiones, a los cuales cuidamos en nuestras instalaciones, entre ellos tortugas, loros, catas, tapires, cóndores, pumas, corzuelas, osos meleros, menciono Vargas", dijo.
Explicó que la idea es que ellos tengan, una buena asistencia médica que les permita, después un periodo intensivo de cuidado, reinsertarse en su lugar de origen, situación que en algunas oportunidades requiere un tiempo prudencial.
"Debemos entender que en algunos casos son especies que perdieron a sus familias (grupo de pertenencia) y que necesitan contención para salir adelante", profundizó.
En relación a la situación de los animales silvestres que habitan la provincia comentó que tortugas (terrestres y acuáticas), loros y monos encabezan el triste ranking en la provincia de especies que son inescrupulosamente domesticadas y traficadas. "La tortuga es el caso más emblemático en todo el norte argentino. Es un animal, que culturalmente es reconocido como doméstico, y que está al alcance de niños y jóvenes. Y a la vez su tenencia y trafico está condenado por la ley", explicó el integrante del Cafaju.
Manifestó que al igual que otros animales exóticos, su permanencia en una casa de familia es sumamente peligroso tanto para ejemplar como para las integrantes de la misma. "Es un animal, en su mayoría herbívoro, que puede transmitir salmonela, una bacteria relativamente peligrosa que está presente en todos los reptiles. También neumonía en personas con bajas defensa", finalizó.
Antonio Vilca, uno de los referentes de la Asociacion de Reptiles de Jujuy, resaltó la importancia que tiene trabajar fuertemente en la conservación y protección de los animales de nuestra región, en especial de la tortuga autóctona jujeña, que se encuentra al igual que la argentina-
chaqueña (Chelonoidis chilensis), en peligro de extinción.
Explicó que si bien existe la ley 22421, sancionada en el año 1981, que establece el sistema de protección y conservación de la fauna silvestre en cuento a la captura, tenencia y posesión, la misma no se cumple en forma efectiva en nuestra provincia.
“Es de público conocimiento que existen veterinarias de nuestra ciudad donde se venden, en algunas partes del año, tortugas tanto terrestres como acuáticas, sabiendo que eso es ilegal. Sumado a ello, una modalidad, que lamentablemente está en ascenso; la comercialización a través de las redes sociales”, denunció.
Comentó que es una situación compleja debido a que hay personas que heredan o reciben como regalo este animal y al poco tiempo se aburren de él. “No es un perro o un gato que va a saltarnos al cuerpo para hacer morisquetas o estar pendiente de lo que hagamos. Es sumamente tranquilo e independiente, necesita de su espacio y una buena alimentación”, agregó.
En cuanto a sus cuidados aclaró que “se trata de especies sumamente sensibles, y por lo tanto tenerlas como mascotas de un hogar, viviendo en cautiverio, es sentenciarlas a morir”.
Las causas de muerte son muy variadas, entre ellas las enfermedades infecciosas y patologías directamente relacionadas con déficits alimenticios, que provocan cegueras. También provocan malformaciones del caparazón que no llega a solidificarse, atrofias musculares, afecciones pulmonares, entre muchas otras.
“Son por su tamaño muy susceptibles a los accidentes domésticos. Es frecuente la muerte por aplastamiento, por ataques de otras mascotas como perros y gatos, e incluso por caídas desde edificios altos”, profundizó Antonio Vilca.
Para finalizar indicó que es difícil sancionar a alguien que posea este animal en casa, pese a que existe una legislación nacional. “A quienes tenga uno o más, sepan que es una acción que esta es fuera de la ley y que provoca un desequilibrio en el mundo natural. Pese a ellos si insisten en tenerlos, llévenlos a veterinario especializado para que le realice un estudio sanitario para determinar su estado”, recomendó.
Las especies en Jujuy
En la provincia de Jujuy se presume que existen tres tipo de tortugas; la primera es la conocida como argentina-chaqueña de origen terrestre (Chelonoidis chilensis) que mide entre 25 a 32 centímetros y habita en regiones áridas, principalmente en la ecorregión chaqueña de nuestra provincia, en especial en las localidades de San Pedro y Santa Bárbara.
La segunda denominada científicamente “Podocnemididae”, es una especie semiacuática y carnívora que puede alcanzar los 45 centímetros en su estado adulto. Esta especie es propia de las regiones del sur de Brasil, sureste de Paraguay, norte y centro de Argentina, y también se encuentra en Uruguay.
Sus ejemplares pueden ser hallados en el departamento de Ledesma y Yungas jujeñas.
Con respecto a la tercera, que se denomina canaleta chaqueña (Acanthochelys pallidipectoris), se sabe que habita en el Gran Chaco, norte de la pais, en las provincias de: Salta, Formosa, Chaco, y norte de Santa Fe.
Estas especies se caracterizan por ser carnívoras e insectívoras y se desconoce su ubicación exacta en nuestra provincia.
El incansable trabajo de Rumi Janp "atu"
La Asociación Reptiles de Jujuy “Rumi Janp"atu” (que significa tortuga, en quechua) es una organización sin fines de lucro integrada por alumnos de la Licenciatura en Ciencias Biológicas de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Unju, que nació con la idea de defender y preservar a los reptiles de nuestra provincia.
Recientemente en el marco de la Semana del Ambiente realizaron una interesante actividad académica junto a la Asociación Aves de Jujuy y el Programa de Conservación de Murciélagos (Pcma-Flial Jujuy), donde expusieron los avances de sus trabajos con la intención de generar conciencia y resaltar los valores de fauna silvestre.
La instancia fue replicada en algunas escuelas primarias de la ciudad que visitaron durante el año, llevando como premisa enseñar y transmitir a los niños información acerca de la vida animal, e incentivarlos a que sean “promotores de la salud del planeta”.
En sus trabajos instan a la comunidad a cuidar y respetar el hábitat de las tortugas, terrestres y acuáticas, serpientes, iguanas, lagartos, y toda familia de reptiles que habitan en Jujuy. Pero también buscan que la gente pueda comprometerse con la defensa del ambiente y la naturaleza.
Cuentan con una consigna clara y sencilla, que es a su entender una bandera irrenunciable en la misión de mantener el equilibrio de normal del mundo y es; “Tu casa no es su casa. No compres animales silvestres”.
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Santa Fe también apuesta a vertederos regionales
Erradicación de basurales a cielo abierto
Fecha de Publicación: 01/07/2017
Fuente: AgenciaFe
Provincia/Región: Santa Fe
El Sendor Felipe Michlig participó de una nueva reunión para seguir avanzando en la conformación y gestión del consorcio de tratamiento de residuos domiciliarios a través del Programa GIRSU.
El Sendor Felipe Michlig participó en la fecha,- en la Sede de la Comuna de la localidad de Arrufó- de una nueva reunión para seguir avanzando en la conformación y gestión del consorcio de tratamiento de residuos domiciliarios a través del Programa GIRSU (Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos) que promueve el Ministerio de Medio Ambiente de la Provincia a cargo de Jacinto Speranza.
En el encuentro estuvieron presentes el Senador Felipe Michlig, el Subsec. de Gestión Ambiental Edgardo Segura, la Asist.Técnica Valeria Torres, el Pte. Comunal local Cristian Piumatti, el intendente de San Cristóbal Horacio Rigo, además de los Presidentes Comunales de Suardi (Hugo Boscarol), Monigote (Marcelo Gerosa), Ambrosetti (Omar Sterren), Colonia Rosa ( Juan Díaz), Villa Trinidad (José Luis Sánchez), La Rubia (Danilo Martinotti) y por San Guillermo (Sec. Sergio Zamora)
Programa GIRSU
Michlig explicó que “según lo establecido en la Ley Nº 13055, este programa apunta a la erradicación definitiva de basurales a cielo abierto por medio de la puesta en marcha de técnicas adecuadas de ubicación de residuos y de la creación de instancias de capacitación y sensibilización en la temática ambiental”.
Los funcionarios de Medio Ambiente comentaron que “las localidades de Ambrosetti, Arrufó, La Rubia, Monigotes, Suardi, San Cristóbal y Villa Trinidad, firmaron en fecha del 2 de febrero de 2016 un Acta Acuerdo de Conformación del Consorcio Regional GIRSU San Cristóbal (fs. 02/03)”. Por lo cual se resolvió en esta nueva reunión la conformación del Consorcio GIRSU San Cristóbal, constituido por las localidades ante mencionadas.
“Hoy se dio un gran paso, faltan otros para cumplimentar la necesaria faz administrativa, por lo que creemos que ya para el próximo año se podrán a comenzar a trabajar en los distintos proyectos”, comentó el Senador.
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Fecha de Publicación: 01/07/2017
Fuente: AgenciaFe
Provincia/Región: Santa Fe
El Sendor Felipe Michlig participó de una nueva reunión para seguir avanzando en la conformación y gestión del consorcio de tratamiento de residuos domiciliarios a través del Programa GIRSU.
El Sendor Felipe Michlig participó en la fecha,- en la Sede de la Comuna de la localidad de Arrufó- de una nueva reunión para seguir avanzando en la conformación y gestión del consorcio de tratamiento de residuos domiciliarios a través del Programa GIRSU (Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos) que promueve el Ministerio de Medio Ambiente de la Provincia a cargo de Jacinto Speranza.
En el encuentro estuvieron presentes el Senador Felipe Michlig, el Subsec. de Gestión Ambiental Edgardo Segura, la Asist.Técnica Valeria Torres, el Pte. Comunal local Cristian Piumatti, el intendente de San Cristóbal Horacio Rigo, además de los Presidentes Comunales de Suardi (Hugo Boscarol), Monigote (Marcelo Gerosa), Ambrosetti (Omar Sterren), Colonia Rosa ( Juan Díaz), Villa Trinidad (José Luis Sánchez), La Rubia (Danilo Martinotti) y por San Guillermo (Sec. Sergio Zamora)
Programa GIRSU
Michlig explicó que “según lo establecido en la Ley Nº 13055, este programa apunta a la erradicación definitiva de basurales a cielo abierto por medio de la puesta en marcha de técnicas adecuadas de ubicación de residuos y de la creación de instancias de capacitación y sensibilización en la temática ambiental”.
Los funcionarios de Medio Ambiente comentaron que “las localidades de Ambrosetti, Arrufó, La Rubia, Monigotes, Suardi, San Cristóbal y Villa Trinidad, firmaron en fecha del 2 de febrero de 2016 un Acta Acuerdo de Conformación del Consorcio Regional GIRSU San Cristóbal (fs. 02/03)”. Por lo cual se resolvió en esta nueva reunión la conformación del Consorcio GIRSU San Cristóbal, constituido por las localidades ante mencionadas.
“Hoy se dio un gran paso, faltan otros para cumplimentar la necesaria faz administrativa, por lo que creemos que ya para el próximo año se podrán a comenzar a trabajar en los distintos proyectos”, comentó el Senador.
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Riachuelo: hace 9 años el Estado incumple un fallo
Crónica de un barrio invisibilizado
Fecha de Publicación: 30/06/2017
Fuente: Página/12
Provincia/Región: CABA
La Corte Suprema dictó hace 9 años el fallo que ordenaba el saneamiento del Riachuelo. El plazo, incumplido, era julio de 2013. En la villa 21-24 sólo el 12 por ciento fue trasladado. AySA no prevé realizar obras de cloacas, desagües y agua potable.
Un hilito de agua podrida cae por una calle con pendiente de cemento nuevo, pero de mala calidad. Apenas unos metros más adelante, el hilito va perdiendo su forma hasta convertirse en un charco pestilente, negro y en partes grisáceo, que brota desde una cloaca mal hecha, rebalsada. En la villa 21-24 es media tarde y los vecinos van y vienen por sus calles y pasillos, siempre con alguna cumbia como banda de sonido detrás. En un rincón de una plaza “urbanizada”, un grupo de jóvenes juega al fútbol-tenis, mientras otros niños patean una pelota en la canchita de sintético. En otro extremo, al lado de la cámara séptica, un conjunto de juegos infantiles de madera luce abandonado y derruido.
Mario Gómez, uno de los delegados de los vecinos, se pregunta quién dejaría jugar a sus niños ahí, con el riesgo de que tropiecen y caigan directo en ese charco de composición incierta. Mario hace 40 años que vive en la villa y también se pregunta, todos los días, hasta cuándo dejarán de ser ciudadanos de segunda, con “servicios de cuarta” y una lista de promesas incumplidas que crece año a año.
Hace nueve años, la Corte Suprema de la Nación dictó un histórico fallo que ordenaba el saneamiento del Riachuelo. Miles de familias que viven en el camino de sirga y que padecen los efectos de la contaminación (un 25 por ciento de los niños tiene plomo en sangre) debían ser relocalizados por el gobierno de la Ciudad. Sin embargo, apenas el 35 por ciento de los hogares fueron reubicados. La situación es más compleja aún en la 21-24, donde sólo el 12 por ciento fue trasladado y desde 2015 todo está frenado. Desde entonces no se relocalizó ni una sola familia.
La fecha límite para terminar el trabajo era julio de 2013. Cuatro años después las perspectivas no son las mejores: apenas cinco trabajadores sociales relevan la situación de las personas afectadas en la 21-24. Todo esto a pesar de que la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) calificó a esta villa como una zona de riesgo social muy alto.
Los problemas cotidianos en la 21-24 son tan básicos que cuando los vecinos escuchan al gobierno hablar de la “integración social y urbana” –así se le llama ahora a la urbanización– no pueden más que esbozar una sonrisa socarrona de desaprobación. Sin ir más lejos, la última controversia gira alrededor de una obra –contemplada también en el saneamiento del Riachuelo– para proveer de agua potable, cloacas y desa- gües pluviales a una porción de la villa, entre las calles Luna, Osvaldo Cruz, Iguazú y el camino de sirga.
Unas 28 mil personas se verían beneficiadas con una obra tan elemental como demorada. Los vecinos subsisten hoy con la provisión por parte de AySA de unos cinco mil sachets diarios de agua y con conexiones precarias, mal hechas, de desagües cloacales construidos por la nave insignia del PRO en las villas: la Unidad de Gestión e Intervención Social (UGIS), un conjunto de trabajadores precarizados que es utilizado, muchas veces, como una fuente de clientelismo macrista.
Sin embargo, una inesperada disputa pone en jaque el comienzo de las obras, que ya tiene financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y cuya licitación fue aprobada por 290 millones de pesos. El reclamo es simple: “Pedimos que el servicio sea operado por AySA y no por la UGIS; es una obra histórica para el barrio, la estamos esperando hace 60 años, y queremos dejar de ser ciudadanos de segunda”, insiste Mario.
Hace tiempo que las reuniones para acordar los plazos de la obra, que alterará la vida del barrio durante 18 meses, terminan trabadas en el mismo punto, sin acuerdo. El Defensor General Adjunto, Luis Duacastella, quien representa a los vecinos en la ejecución del fallo de la Corte, presentó entonces una nota a la presidenta de Acumar, Gladys González, para que garantizara que los servicios públicos se brindaran “en las mismas condiciones que el resto de los habitantes de otros barrios de la ciudad. Ello implica que las obras sean aprobadas, supervisadas, operadas y mantenidas por los prestadores de servicios públicos correspondientes, en este caso la empresa AySA”.
Sin embargo, AySA se desligó del problema y ha contestado, una y otra vez, que su reglamento no le permite operar en calles informales y pasillos, es decir, las principales vías de circulación de la villa. Para Duacastella, este argumento demuestra que la visión de ghetto persiste en los funcionarios públicos. “Dicen que no tienen el equipamiento, pero se consigue: ¿cómo hacen en Europa en las ciudades medievales? ¿No tienen agua potable ni cloacas?”, pregunta. La extorsión pasa por una premisa tramposa: “Como hoy no tienen nada, los invitan a que acepten cualquier cosa y la discusión no puede ser ‘servicios malos o no servicios’, acá se tienen que tomar como lo que son: habitantes de esta ciudad”.
Al planteo se sumó el cura Lorenzo “Toto” De Vedia, de la parroquia Caacupé, una referencia ineludible de la 21-24. Sentado frente a una mesa, con la imagen de Carlos Mugica detrás, pintado de azul en una puerta, Toto dice que “si quieren (en el Gobierno) que las villas no sean más de emergencia, tienen que dejar de operar los servicios como si lo estuvieran”. “Hoy los servicios están gestionados por los vecinos y por eso no se pagan, pero el villero no es un usurpador, acá queremos pagar por los servicios pero queremos que se brinden como en el resto de la ciudad”, añade.
El reclamo es compartido por varias de las organizaciones que participan de la supervisión del saneamiento del Riachuelo y que tienen un trabajo activo en la Villa 21-24. Subida a su camioneta, Paz Ochoteco, directora Ejecutiva de la Fundación Temas, recorre el camino de sirga mientras insiste en la pregunta: “¿Me van a decir que no pueden entrar con las máquinas acá?”. Paz frena frente al Riachuelo. El sol cae en Buenos Aires y el río parece espejado y calmo. Del otro lado de la orilla, la parte renovada de la fábrica Siam disputa el cuadro con las ruinas de lo que supo ser aquella industria nacional antes de quebrar. Detrás de ella hay una hilera de monoblocks industriales a medio terminar, mientras los obreros avanzan con las obras de lo que alguna vez fue Mundo Grúa. “Todo esto pasa mientras los vecinos siguen esperando y siguen viviendo mal”, denuncia Paz.
El director de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Andrés Nápoli, también se sumó al reclamo de los vecinos y elevó una adhesión a la nota presentada ante las autoridades de Acumar.
Duacastella advierte que mientras el Gobierno no avanza con la mejora de las condiciones de vida de los habitantes expuestos a la contaminación del Riachuelo, los más afectados son los niños. “Son los que juegan en el piso, los que se caen en la basura, los que entran en contacto con las aguas servidas. Se hizo un solo estudio y no se hizo un seguimiento, es decir, que hay nuevos casos y no sabemos quiénes son los perjudicados”, señala. La cuestión se agrava con la misma excusa que ha dado AySA: como no opera ningún servicio en el barrio, no existen ningún control sobre lo que se consume hoy desde los grifos.
Blasia Guachire es delegada del sector conocido como San Blas. “Somos invisibles”, dice, antes de enfilar por el pasillo que la lleva hasta su casa, y que desemboca en el Riachuelo. Es una de las zonas con mayor riesgo y que debe ser relocalizada con urgencia. Como en toda esta historia de engaños y postergaciones, los vecinos de este sector están presos de una trampa. Así lo explica Blasia: “Todo el tiempo estás con miedo de gastar un peso para arreglar la casita porque te dicen que te van a relocalizar, entonces cada vez vivimos peor, sin una cosa ni la otra”.
El Riachuelo parece quieto, espeso. Blasia se pierde entre el barro que se acumula en el pasillo aunque no llueva. Estira la mano derecha para saludar y se aleja, siempre esperando, que algún día lo que le digan sea verdad.
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Fecha de Publicación: 30/06/2017
Fuente: Página/12
Provincia/Región: CABA
La Corte Suprema dictó hace 9 años el fallo que ordenaba el saneamiento del Riachuelo. El plazo, incumplido, era julio de 2013. En la villa 21-24 sólo el 12 por ciento fue trasladado. AySA no prevé realizar obras de cloacas, desagües y agua potable.
Un hilito de agua podrida cae por una calle con pendiente de cemento nuevo, pero de mala calidad. Apenas unos metros más adelante, el hilito va perdiendo su forma hasta convertirse en un charco pestilente, negro y en partes grisáceo, que brota desde una cloaca mal hecha, rebalsada. En la villa 21-24 es media tarde y los vecinos van y vienen por sus calles y pasillos, siempre con alguna cumbia como banda de sonido detrás. En un rincón de una plaza “urbanizada”, un grupo de jóvenes juega al fútbol-tenis, mientras otros niños patean una pelota en la canchita de sintético. En otro extremo, al lado de la cámara séptica, un conjunto de juegos infantiles de madera luce abandonado y derruido.
Mario Gómez, uno de los delegados de los vecinos, se pregunta quién dejaría jugar a sus niños ahí, con el riesgo de que tropiecen y caigan directo en ese charco de composición incierta. Mario hace 40 años que vive en la villa y también se pregunta, todos los días, hasta cuándo dejarán de ser ciudadanos de segunda, con “servicios de cuarta” y una lista de promesas incumplidas que crece año a año.
Hace nueve años, la Corte Suprema de la Nación dictó un histórico fallo que ordenaba el saneamiento del Riachuelo. Miles de familias que viven en el camino de sirga y que padecen los efectos de la contaminación (un 25 por ciento de los niños tiene plomo en sangre) debían ser relocalizados por el gobierno de la Ciudad. Sin embargo, apenas el 35 por ciento de los hogares fueron reubicados. La situación es más compleja aún en la 21-24, donde sólo el 12 por ciento fue trasladado y desde 2015 todo está frenado. Desde entonces no se relocalizó ni una sola familia.
La fecha límite para terminar el trabajo era julio de 2013. Cuatro años después las perspectivas no son las mejores: apenas cinco trabajadores sociales relevan la situación de las personas afectadas en la 21-24. Todo esto a pesar de que la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) calificó a esta villa como una zona de riesgo social muy alto.
Los problemas cotidianos en la 21-24 son tan básicos que cuando los vecinos escuchan al gobierno hablar de la “integración social y urbana” –así se le llama ahora a la urbanización– no pueden más que esbozar una sonrisa socarrona de desaprobación. Sin ir más lejos, la última controversia gira alrededor de una obra –contemplada también en el saneamiento del Riachuelo– para proveer de agua potable, cloacas y desa- gües pluviales a una porción de la villa, entre las calles Luna, Osvaldo Cruz, Iguazú y el camino de sirga.
Unas 28 mil personas se verían beneficiadas con una obra tan elemental como demorada. Los vecinos subsisten hoy con la provisión por parte de AySA de unos cinco mil sachets diarios de agua y con conexiones precarias, mal hechas, de desagües cloacales construidos por la nave insignia del PRO en las villas: la Unidad de Gestión e Intervención Social (UGIS), un conjunto de trabajadores precarizados que es utilizado, muchas veces, como una fuente de clientelismo macrista.
Sin embargo, una inesperada disputa pone en jaque el comienzo de las obras, que ya tiene financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y cuya licitación fue aprobada por 290 millones de pesos. El reclamo es simple: “Pedimos que el servicio sea operado por AySA y no por la UGIS; es una obra histórica para el barrio, la estamos esperando hace 60 años, y queremos dejar de ser ciudadanos de segunda”, insiste Mario.
Hace tiempo que las reuniones para acordar los plazos de la obra, que alterará la vida del barrio durante 18 meses, terminan trabadas en el mismo punto, sin acuerdo. El Defensor General Adjunto, Luis Duacastella, quien representa a los vecinos en la ejecución del fallo de la Corte, presentó entonces una nota a la presidenta de Acumar, Gladys González, para que garantizara que los servicios públicos se brindaran “en las mismas condiciones que el resto de los habitantes de otros barrios de la ciudad. Ello implica que las obras sean aprobadas, supervisadas, operadas y mantenidas por los prestadores de servicios públicos correspondientes, en este caso la empresa AySA”.
Sin embargo, AySA se desligó del problema y ha contestado, una y otra vez, que su reglamento no le permite operar en calles informales y pasillos, es decir, las principales vías de circulación de la villa. Para Duacastella, este argumento demuestra que la visión de ghetto persiste en los funcionarios públicos. “Dicen que no tienen el equipamiento, pero se consigue: ¿cómo hacen en Europa en las ciudades medievales? ¿No tienen agua potable ni cloacas?”, pregunta. La extorsión pasa por una premisa tramposa: “Como hoy no tienen nada, los invitan a que acepten cualquier cosa y la discusión no puede ser ‘servicios malos o no servicios’, acá se tienen que tomar como lo que son: habitantes de esta ciudad”.
Al planteo se sumó el cura Lorenzo “Toto” De Vedia, de la parroquia Caacupé, una referencia ineludible de la 21-24. Sentado frente a una mesa, con la imagen de Carlos Mugica detrás, pintado de azul en una puerta, Toto dice que “si quieren (en el Gobierno) que las villas no sean más de emergencia, tienen que dejar de operar los servicios como si lo estuvieran”. “Hoy los servicios están gestionados por los vecinos y por eso no se pagan, pero el villero no es un usurpador, acá queremos pagar por los servicios pero queremos que se brinden como en el resto de la ciudad”, añade.
El reclamo es compartido por varias de las organizaciones que participan de la supervisión del saneamiento del Riachuelo y que tienen un trabajo activo en la Villa 21-24. Subida a su camioneta, Paz Ochoteco, directora Ejecutiva de la Fundación Temas, recorre el camino de sirga mientras insiste en la pregunta: “¿Me van a decir que no pueden entrar con las máquinas acá?”. Paz frena frente al Riachuelo. El sol cae en Buenos Aires y el río parece espejado y calmo. Del otro lado de la orilla, la parte renovada de la fábrica Siam disputa el cuadro con las ruinas de lo que supo ser aquella industria nacional antes de quebrar. Detrás de ella hay una hilera de monoblocks industriales a medio terminar, mientras los obreros avanzan con las obras de lo que alguna vez fue Mundo Grúa. “Todo esto pasa mientras los vecinos siguen esperando y siguen viviendo mal”, denuncia Paz.
El director de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Andrés Nápoli, también se sumó al reclamo de los vecinos y elevó una adhesión a la nota presentada ante las autoridades de Acumar.
Duacastella advierte que mientras el Gobierno no avanza con la mejora de las condiciones de vida de los habitantes expuestos a la contaminación del Riachuelo, los más afectados son los niños. “Son los que juegan en el piso, los que se caen en la basura, los que entran en contacto con las aguas servidas. Se hizo un solo estudio y no se hizo un seguimiento, es decir, que hay nuevos casos y no sabemos quiénes son los perjudicados”, señala. La cuestión se agrava con la misma excusa que ha dado AySA: como no opera ningún servicio en el barrio, no existen ningún control sobre lo que se consume hoy desde los grifos.
Blasia Guachire es delegada del sector conocido como San Blas. “Somos invisibles”, dice, antes de enfilar por el pasillo que la lleva hasta su casa, y que desemboca en el Riachuelo. Es una de las zonas con mayor riesgo y que debe ser relocalizada con urgencia. Como en toda esta historia de engaños y postergaciones, los vecinos de este sector están presos de una trampa. Así lo explica Blasia: “Todo el tiempo estás con miedo de gastar un peso para arreglar la casita porque te dicen que te van a relocalizar, entonces cada vez vivimos peor, sin una cosa ni la otra”.
El Riachuelo parece quieto, espeso. Blasia se pierde entre el barro que se acumula en el pasillo aunque no llueva. Estira la mano derecha para saludar y se aleja, siempre esperando, que algún día lo que le digan sea verdad.
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San Luis amplía un parque de energía solar
Comenzó la ampliación del Parque Fotovoltaico de Terrazas del Portezuelo
Fecha de Publicación: 30/06/2017
Fuente: ANSL
Provincia/Región: San Luis
Instalarán más de 4.500 nuevos paneles solares. Llegará al 55 % de la energía utilizada por la Casa de Gobierno, generada mediante fuentes renovables.
La generación de energías mediante fuentes renovables es uno de los caminos que deben adoptar los estados para hacerle frente al cambio climático. En nuestro país, San Luis se encuentra en la vanguardia de esta temática y apuesta a seguir creciendo para cuidar el entorno natural de todos los puntanos.
En este sentido, el Ministerio de Medio Ambiente, Campo y Producción trabaja en la ampliación del Parque Fotovoltaico de Terrazas del Portezuelo. El espacio genera, actualmente, aproximadamente el 20 % de la energía que consume la Casa de Gobierno pero, luego de su repotenciación, llegará a cerca del 55 %.
“Están iniciando las actividades y el aprovisionamiento de los componentes que, como muchos son importados, ingresarán al país dentro de dos a tres meses. Esperamos que la ampliación del Parque esté lista para fin de año”, indicó la jefa del Subprograma Energías Renovables y Eficiencia Energética, Mariana Aguilar.
Con una potencia actual de 1 megawatt, los más de 4.500 nuevos paneles solares a instalar permitirán alcanzar una potencia de 2,4 megawatts y esto generará mano de obra local y la reafirmación de que, en San Luis, el progreso va de la mano del cuidado del medioambiente.
“Desde Gobierno se está haciendo un esfuerzo muy grande para producir la energía que consumen sus dependencias en base a fuentes renovables. A la par de ello, lanzamos una campaña de eficiencia energética. La generación propia y saber utilizar la energía son dos aspectos que deben ir de la mano”, concluyó Aguilar.
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Fecha de Publicación: 30/06/2017
Fuente: ANSL
Provincia/Región: San Luis
Instalarán más de 4.500 nuevos paneles solares. Llegará al 55 % de la energía utilizada por la Casa de Gobierno, generada mediante fuentes renovables.
La generación de energías mediante fuentes renovables es uno de los caminos que deben adoptar los estados para hacerle frente al cambio climático. En nuestro país, San Luis se encuentra en la vanguardia de esta temática y apuesta a seguir creciendo para cuidar el entorno natural de todos los puntanos.
En este sentido, el Ministerio de Medio Ambiente, Campo y Producción trabaja en la ampliación del Parque Fotovoltaico de Terrazas del Portezuelo. El espacio genera, actualmente, aproximadamente el 20 % de la energía que consume la Casa de Gobierno pero, luego de su repotenciación, llegará a cerca del 55 %.
“Están iniciando las actividades y el aprovisionamiento de los componentes que, como muchos son importados, ingresarán al país dentro de dos a tres meses. Esperamos que la ampliación del Parque esté lista para fin de año”, indicó la jefa del Subprograma Energías Renovables y Eficiencia Energética, Mariana Aguilar.
Con una potencia actual de 1 megawatt, los más de 4.500 nuevos paneles solares a instalar permitirán alcanzar una potencia de 2,4 megawatts y esto generará mano de obra local y la reafirmación de que, en San Luis, el progreso va de la mano del cuidado del medioambiente.
“Desde Gobierno se está haciendo un esfuerzo muy grande para producir la energía que consumen sus dependencias en base a fuentes renovables. A la par de ello, lanzamos una campaña de eficiencia energética. La generación propia y saber utilizar la energía son dos aspectos que deben ir de la mano”, concluyó Aguilar.
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Neuquén: Mapuches golpeados por la justicia
Fallo contra mapuches, a favor de la minería
Fecha de Publicación: 30/06/2017
Fuente: Diariamente Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
La Justicia falló –en primera instancia- a favor del Estado neuquino y contra una demanda de la comunidad mapuche Mellao Morales, en relación a la legalidad del proceso de explotación minera de cobre en Campana Mahuida, en cercanías de Loncopué.
La jueza María Eugenia Grimau rechazó la demanda iniciada por la comunidad mapuche contra la empresa Corporación Minera del Neuquén SEP (Comine), por el contrato firmado en 2007 con la empresa Emprendimientos Mineros S.A. que otorga derechos de propiedad sobre el yacimiento de cobre Campana Mahuida, en Loncopué.
En la causa denominada “comunidad mapuche Mellao Morales c/ Cormine SEP s/ acción de nulidad”, expediente N° 381249/2008, tramitada ante el Juzgado Civil N° 4 de Neuquén, los demandantes pidieron la nulidad del contrato por entender que no se realizó consulta previa y se violó el convenio OIT 169; que no se realizó licitación pública; que la propiedad se vendió por precio vil; y que la venta implica la posibilidad de un privado de comprar tierra comunitaria.
La Fiscalía de Estado y Cormine alegaron que la concesión minera es anterior a la entrada en vigencia del Convenio 169, ya que la concesión se otorgó en 1991 y el convenio rige desde 2001; y que el contrato no implica una nueva concesión sino el cambio de titular de una ya existente. También indicó que se trata de un contrato entre empresas privadas por lo tanto no requiere licitación pública, y que no autoriza la compra de tierras comunitarias ni la explotación de las minas.
El viernes, la jueza Grimau emitió sentencia a favor del Estado provincial al argumentar que la Dirección Provincial de Minería concedió el derecho minero sobre Campana Mahuida a Cormine antes de la vigencia del Convenio 169, y que esa concesión nuca fue objetada por la comunidad mapuche.
También consideró que Cormine se rige por las leyes de las sociedades anónimas, aunque el paquete accionario sea propiedad del Estado, por lo tanto, los contratos y actos que realiza se rigen por el derecho privado y no por el derecho administrativo.
A su vez, la jueza indicó que ninguna de las partes solicitó o intentó la compra de tierras comunitarias o la constitución de servidumbres sobre ella.
Además, Grimau aclaró que las leyes argentinas no prohíben actividades mineras dentro de comunidades de pueblos originarios, sino que se requiere una consulta previa a su autorización.
Consideró que el Convenio 169 de la OIT no es aplicable dado que está previsto para los casos de políticas públicas respecto de recursos naturales y no para contratos entre privados, y que no existió desde el Estado ninguna autorización para explorar o explotar recursos dentro de la comunidad.
“Si la actora (comunidad) no cuestionó el derecho que la autoridad minera dio a Cormine, mal podría objetar el negocio jurídico que esa sociedad acordó con otra sociedad comercial”, explicó la magistrada en su fallo.
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