Decenas de proyectos mineros en plenos glaciares
08:00 | 
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Más de 40 proyectos mineros se desarrollan sobre glaciares
Fecha de Publicación: 09/11/2016
Fuente: unidiversidad.com.ar
Provincia/Región: Nacional
Según un informe presentado por asociaciones ambientalistas al Ministerio de Ambiente de la Nación, hay al menos 40 proyectos mineros en zonas de glaciares. Cabe destacar que en Argentina existe un total de 322, en distinto grado de avance, de los cuales 77 se ubican en zonas inventariadas por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciares y Ciencias Ambientales.
Desde Greenpeace, declararon que con el 10 % del inventario realizado, ya se han detectado 44 proyectos mineros en donde está expresamente prohibido por el árticulo 6 de la Ley de Glaciares, y que sin dudas ese numero crecerá mientras se sigan relevando las zonas que faltan.
En Mendoza existe la ley 7722 que protege el recurso hídrico del agua. La ley consta de seis artículos, básicamente. En el artículo 1 se detalla que, a los efectos de garantizar los recursos naturales con especial énfasis en la tutela del recurso hídrico, se prohíbe en Mendoza el uso de sustancias químicas como cianuro, mercurio y ácido sulfúrico, entre otras, en todas las etapas de los procesos mineros. Además, la norma genera nuevas instancias para aprobar una iniciativa, ya que el artículo 3 prevé que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) debe tener ratificación legislativa. También detalla la necesidad de contar con informes sectoriales municipales, del Departamento General de Irrigación (DGI), de otros organismos autárquicos, así como una manifestación específica de impacto ambiental sobre el recurso hídrico.
El documento fue elaborado por la Dirección Nacional de Gestión de los recurso Hídricos y Acuáticos, en marco a la causa que investiga los derrames de solución cianurada de la mina Valedero, en 2015 y 2016, en manos de la empresa Barrick Gold en San Juan. La causa se encuentra en manos del juez federal Sebastian Casanello.
En el este derrame se detectaron 1,48 miligramos por litro (mg/l) de manganeso, cuando el promedio histórico en ese punto del río La Palca es de 0,25 mg/l de agua. En tanto, en el caso del aluminio, se verificaron 70 mg/l y se habían medido a esa altura del río de 3 a 4 mg/l. El valor máximo tolerado según el informante por norma nacional de residuos peligrosos destinada para riego y consumo animal es de 5 miligramos por litro.
Desde la Fundación Ambientes y Recursos Naturales declararon que el informe muestra la gravedad de la situación actual con los proyectos mineros, además la importancia de que no se avance con ningún otro. Existen próximos a iniciarse como lo son: Agua Rica en Catamarca y el Pachón, los Azules y Pascua-Lama en San Juan.
La Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, señalaron que la información proporcionada por el informe es de suma importancia, tanto para que tome carácter público como para seguir con la investigación. De esta forma se evita el ocultamiento y se demuestra la falta de controles por parte del gobierno nacional sobre el sector minero, que perjudica un recurso primordial como lo que es el agua y por lo tanto la vida de personas.
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Fecha de Publicación: 09/11/2016
Fuente: unidiversidad.com.ar
Provincia/Región: Nacional
Según un informe presentado por asociaciones ambientalistas al Ministerio de Ambiente de la Nación, hay al menos 40 proyectos mineros en zonas de glaciares. Cabe destacar que en Argentina existe un total de 322, en distinto grado de avance, de los cuales 77 se ubican en zonas inventariadas por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciares y Ciencias Ambientales.
Desde Greenpeace, declararon que con el 10 % del inventario realizado, ya se han detectado 44 proyectos mineros en donde está expresamente prohibido por el árticulo 6 de la Ley de Glaciares, y que sin dudas ese numero crecerá mientras se sigan relevando las zonas que faltan.
En Mendoza existe la ley 7722 que protege el recurso hídrico del agua. La ley consta de seis artículos, básicamente. En el artículo 1 se detalla que, a los efectos de garantizar los recursos naturales con especial énfasis en la tutela del recurso hídrico, se prohíbe en Mendoza el uso de sustancias químicas como cianuro, mercurio y ácido sulfúrico, entre otras, en todas las etapas de los procesos mineros. Además, la norma genera nuevas instancias para aprobar una iniciativa, ya que el artículo 3 prevé que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) debe tener ratificación legislativa. También detalla la necesidad de contar con informes sectoriales municipales, del Departamento General de Irrigación (DGI), de otros organismos autárquicos, así como una manifestación específica de impacto ambiental sobre el recurso hídrico.
El documento fue elaborado por la Dirección Nacional de Gestión de los recurso Hídricos y Acuáticos, en marco a la causa que investiga los derrames de solución cianurada de la mina Valedero, en 2015 y 2016, en manos de la empresa Barrick Gold en San Juan. La causa se encuentra en manos del juez federal Sebastian Casanello.
En el este derrame se detectaron 1,48 miligramos por litro (mg/l) de manganeso, cuando el promedio histórico en ese punto del río La Palca es de 0,25 mg/l de agua. En tanto, en el caso del aluminio, se verificaron 70 mg/l y se habían medido a esa altura del río de 3 a 4 mg/l. El valor máximo tolerado según el informante por norma nacional de residuos peligrosos destinada para riego y consumo animal es de 5 miligramos por litro.
Desde la Fundación Ambientes y Recursos Naturales declararon que el informe muestra la gravedad de la situación actual con los proyectos mineros, además la importancia de que no se avance con ningún otro. Existen próximos a iniciarse como lo son: Agua Rica en Catamarca y el Pachón, los Azules y Pascua-Lama en San Juan.
La Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, señalaron que la información proporcionada por el informe es de suma importancia, tanto para que tome carácter público como para seguir con la investigación. De esta forma se evita el ocultamiento y se demuestra la falta de controles por parte del gobierno nacional sobre el sector minero, que perjudica un recurso primordial como lo que es el agua y por lo tanto la vida de personas.
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ecosistemas,
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legislación y derecho ambiental,
minería,
Nacional,
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Chubut será el destino de la nueva planta de uranio
El Gobierno nacional construirá una planta de uranio en Chubut
Fecha de Publicación: 09/11/2016
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Chubut
Se trata de una planta "piloto" para la producción de uranio en Cerro Solo, yacimiento ubicado en el centro de la meseta chubutense y que de acuerdo al Código Minero es propiedad de la Comisión Nacional de Energía Atómica. La obra aparece al pie del listado de 39 ejecuciones que Nación financiará en Chubut y según el diputado Santiago Igon fue incluida a último momento. De acuerdo al Presupuesto 2017, que ya tiene media sanción de la Cámara baja, la obra estará concluida en 2019.
En Chubut la explotación minera está expresamente prohibida por la Ley 5001, aunque solo abarca a la producción metalífera, mientras que el uranio, de condición nuclear, está considerado como un combustible. Además, mientras los permisos de cateo y exploración se extienden bajo la figura de concesiones, el Código Nacional Minero estableció que el yacimiento uranífero Cerro Solo es "propiedad" de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).
Eso implica que Nación tiene las potestades para decidir si explota o no en territorio chubutense donde, por marcos legales, el proyecto requiere del tan mentado "consenso social" para ser explotado y atravesar las instancias administrativas provinciales para obtener autorizaciones como la ambiental, y reglamentación para el transporte y la metodología de extracción, entre otros aspectos.
El yacimiento de uranio se ubica en el centro de la meseta chubutense y sus reservas se estiman en 30 millones de libras en un tiempo de explotación de diez años. El ministro de Energía, Juan José Aranguren, ya había anticipado en junio el interés de Nación en explotar uranio en la Provincia y finalmente la obra para una planta piloto que permitirá los primeros ensayos tiene monto asignado en el presupuesto nacional. Aunque de baja escala, basta para la culminación de la obra en dos años: $8 millones en 2017 y otros $2 millones en 2018 para concluirla.
El desarrollo total del proyecto de uranio en Chubut implicaría una inversión inicial cercana a los 170 millones de dólares, y hay que indicar que mientras en este caso puntual solo se contempla la situación de Cerro Solo existen en Chubut otros cateos uraníferos que podrían avanzar si el de la CNEA logra la licencia social. De hecho, la empresa provincial Petrominera tiene su propio proyecto en desarrollo en la zona de Laguna Salada, cercana a Paso de Indios, en sociedad con una empresa canadiense, aunque en este caso el interés extractivo estaría asociado en forma mayoritaria a la medicina nuclear.
Mientras diputados y senadores de la provincia habían discutido en bloque por la inclusión en el Presupuesto Nacional de obras clave para Chubut, como el Camino de Circunvalación del tránsito pesado para Comodoro Rivadavia, en ningún caso trascendió en esa etapa de análisis que la planta piloto para la producción de uranio fuera parte del listado.
Según Santiago Igon (FpV), que había sido uno de los más críticos con el proyecto presupuestario, la planta "no estaba en el listado de obras hasta la semana pasada. Apareció publicada cuando se firmó el dictamen en mayoría". Sucedió el lunes, cuando se reunió la Comisión de Hacienda previamente a la sesión especial que comenzó el miércoles y que terminó en la madrugada del jueves, donde se sancionó el proyecto que ahora debe discutir el Senado.
Para el diputado, la obra "va en contraposición a lo que se viene planteando en la provincia", considerando que "si viene una prueba piloto, definitivamente hay una intención de empezar a incursionar en estos temas en Chubut. Ya lo habían anticipado (Sergio) Bergman, (ministro de Ambiente); (Mauricio) Macri y Aranguren, y entiendo que habrá voluntad en algunos actores políticos de la provincia".
Según planteó Igon, el valor asignado nivel presupuestario es "chico", aunque consideró que hay que estar atentos a que el presupuesto no sea reconducido y determine la inversión millonaria para avanzar en la explotación. Advirtió: "están poniendo el caballo delante del carro" ya que se están imponiendo el tema desde Nación, y antes debería plantearse cuál será el perfil o matriz productiva de Chubut.
"Nadie desconoce la importancia que tiene el uranio para la provincia, el país y el mundo, pero hay que discutir la matriz en la provincia primero", sostuvo. Y agregó que en el mismo presupuesto la obra más importante que recibirá Chubut, con una inversión de 600 millones de pesos, es el proyecto de riego en la meseta, aunque de avanzar con la minería se pierde la factibilidad de producción agrícola, que es en teoría para lo que se planifica la irrigación en la zona.
"Lo plantean como una planta de prueba cuando claramente pueden bajar un presupuesto monstruoso para avanzar más rápido. Es significativa la intención detrás de lo dicho con este tema, sobre todo porque apareció de la noche a la mañana", insistió.
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Fecha de Publicación: 09/11/2016
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Chubut
Se trata de una planta "piloto" para la producción de uranio en Cerro Solo, yacimiento ubicado en el centro de la meseta chubutense y que de acuerdo al Código Minero es propiedad de la Comisión Nacional de Energía Atómica. La obra aparece al pie del listado de 39 ejecuciones que Nación financiará en Chubut y según el diputado Santiago Igon fue incluida a último momento. De acuerdo al Presupuesto 2017, que ya tiene media sanción de la Cámara baja, la obra estará concluida en 2019.
En Chubut la explotación minera está expresamente prohibida por la Ley 5001, aunque solo abarca a la producción metalífera, mientras que el uranio, de condición nuclear, está considerado como un combustible. Además, mientras los permisos de cateo y exploración se extienden bajo la figura de concesiones, el Código Nacional Minero estableció que el yacimiento uranífero Cerro Solo es "propiedad" de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).
Eso implica que Nación tiene las potestades para decidir si explota o no en territorio chubutense donde, por marcos legales, el proyecto requiere del tan mentado "consenso social" para ser explotado y atravesar las instancias administrativas provinciales para obtener autorizaciones como la ambiental, y reglamentación para el transporte y la metodología de extracción, entre otros aspectos.
El yacimiento de uranio se ubica en el centro de la meseta chubutense y sus reservas se estiman en 30 millones de libras en un tiempo de explotación de diez años. El ministro de Energía, Juan José Aranguren, ya había anticipado en junio el interés de Nación en explotar uranio en la Provincia y finalmente la obra para una planta piloto que permitirá los primeros ensayos tiene monto asignado en el presupuesto nacional. Aunque de baja escala, basta para la culminación de la obra en dos años: $8 millones en 2017 y otros $2 millones en 2018 para concluirla.
El desarrollo total del proyecto de uranio en Chubut implicaría una inversión inicial cercana a los 170 millones de dólares, y hay que indicar que mientras en este caso puntual solo se contempla la situación de Cerro Solo existen en Chubut otros cateos uraníferos que podrían avanzar si el de la CNEA logra la licencia social. De hecho, la empresa provincial Petrominera tiene su propio proyecto en desarrollo en la zona de Laguna Salada, cercana a Paso de Indios, en sociedad con una empresa canadiense, aunque en este caso el interés extractivo estaría asociado en forma mayoritaria a la medicina nuclear.
Mientras diputados y senadores de la provincia habían discutido en bloque por la inclusión en el Presupuesto Nacional de obras clave para Chubut, como el Camino de Circunvalación del tránsito pesado para Comodoro Rivadavia, en ningún caso trascendió en esa etapa de análisis que la planta piloto para la producción de uranio fuera parte del listado.
Según Santiago Igon (FpV), que había sido uno de los más críticos con el proyecto presupuestario, la planta "no estaba en el listado de obras hasta la semana pasada. Apareció publicada cuando se firmó el dictamen en mayoría". Sucedió el lunes, cuando se reunió la Comisión de Hacienda previamente a la sesión especial que comenzó el miércoles y que terminó en la madrugada del jueves, donde se sancionó el proyecto que ahora debe discutir el Senado.
Para el diputado, la obra "va en contraposición a lo que se viene planteando en la provincia", considerando que "si viene una prueba piloto, definitivamente hay una intención de empezar a incursionar en estos temas en Chubut. Ya lo habían anticipado (Sergio) Bergman, (ministro de Ambiente); (Mauricio) Macri y Aranguren, y entiendo que habrá voluntad en algunos actores políticos de la provincia".
Según planteó Igon, el valor asignado nivel presupuestario es "chico", aunque consideró que hay que estar atentos a que el presupuesto no sea reconducido y determine la inversión millonaria para avanzar en la explotación. Advirtió: "están poniendo el caballo delante del carro" ya que se están imponiendo el tema desde Nación, y antes debería plantearse cuál será el perfil o matriz productiva de Chubut.
"Nadie desconoce la importancia que tiene el uranio para la provincia, el país y el mundo, pero hay que discutir la matriz en la provincia primero", sostuvo. Y agregó que en el mismo presupuesto la obra más importante que recibirá Chubut, con una inversión de 600 millones de pesos, es el proyecto de riego en la meseta, aunque de avanzar con la minería se pierde la factibilidad de producción agrícola, que es en teoría para lo que se planifica la irrigación en la zona.
"Lo plantean como una planta de prueba cuando claramente pueden bajar un presupuesto monstruoso para avanzar más rápido. Es significativa la intención detrás de lo dicho con este tema, sobre todo porque apareció de la noche a la mañana", insistió.
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Ushuaia trabaja en gestionar su residuos
Ushuaia: Elaboran un plan para la gestión integral de los residuos sólidos urbanos
Fecha de Publicación: 09/11/2016
Fuente: Sur54
Provincia/Región: Tierra del Fuego
Desde la Secretaría de Medio Ambiente del Municipio de Ushuaia se llevaron a cabo distintas reuniones con los doctores Luis Pinedo y Federico Rayes a cargo de la oficina de vinculación tecnológica del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), que funcionan en el CADIC.
Damián de Marco, secretario de Medio Ambiente junto a los profesionales nivelaron información y acordando pautas de trabajo para elaborar un plan para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) de la ciudad de Ushuaia.
Durante el último fin de semana el funcionario mantuvo una video conferencia con profesionales del Conicet Bahía Blanca, la Dra. Silvia Barbosa y Alberto Arcodacci, responsble oficina Bahía Blanca, quienes recomendaron una serie de actividades entre el Municipio y el esa entidad para trabajar en un acuerdo multisectorial que concrete el Plan GIRSU.
Entre los objetivos planteados, que están enmarcados en la política ambiental que lleva adelante el Intendente Walter Vuoto, a través del Secretario de Medio Ambiente Damián De Marco, se destacan la cuantificación y calificación, los datos concretos sobre el territorio y las metas orientadas al cambio de hábitos sociales.
"El primer objetivo establece la necesidad de determinar la cantidad y calidad de los residuos sólidos urbanos, teniendo en cuenta el conjunto de dimensiones que intervienen y la diferencia entre generación y recolección y sobre esto queremos trabajar seriamente y en profundidad", dijo el Secretario de Medio Ambiente.
Destacó también la necesidad de evaluar la creación de una eco planta para definir su potencial tecnológico, económico y de generación de empleo. Al mismo tiempo trabajar en una fuerte campaña de concientización ciudadana y promover la minimización y separación de origen en todos los sectores productores de residuos.
La evaluación y planificación con el CONICET alcanza también la posibilidad y necesidad de desarrollar un observatorio ambiental municipal y realizar una revisión del marco normativo de ordenanzas municipales y legislación existente en la materia.
El trabajo con el CONICET implica evaluar el diseñar un sistema de separación de residuos en origen que facilite el reciclado de los mismos y lo que esto implica: la localización de futuras instalaciones de separación, redefinir los circuitos actuales de recolección, de acuerdo con la cantidad y calidad de residuos generados como así también separados en origen.
"El análisis de la disposición final de los residuos, uso o reciclado deberá analizarse con un estudio de campo que permita elaborar una base de datos sobre usos, costumbres y hábitos de consumo de la población, diferenciada por zonas. Esta información resulta de suma importancia en la toma de decisiones", concluyó De Marco.
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Fecha de Publicación: 09/11/2016
Fuente: Sur54
Provincia/Región: Tierra del Fuego
Desde la Secretaría de Medio Ambiente del Municipio de Ushuaia se llevaron a cabo distintas reuniones con los doctores Luis Pinedo y Federico Rayes a cargo de la oficina de vinculación tecnológica del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), que funcionan en el CADIC.
Damián de Marco, secretario de Medio Ambiente junto a los profesionales nivelaron información y acordando pautas de trabajo para elaborar un plan para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) de la ciudad de Ushuaia.
Durante el último fin de semana el funcionario mantuvo una video conferencia con profesionales del Conicet Bahía Blanca, la Dra. Silvia Barbosa y Alberto Arcodacci, responsble oficina Bahía Blanca, quienes recomendaron una serie de actividades entre el Municipio y el esa entidad para trabajar en un acuerdo multisectorial que concrete el Plan GIRSU.
Entre los objetivos planteados, que están enmarcados en la política ambiental que lleva adelante el Intendente Walter Vuoto, a través del Secretario de Medio Ambiente Damián De Marco, se destacan la cuantificación y calificación, los datos concretos sobre el territorio y las metas orientadas al cambio de hábitos sociales.
"El primer objetivo establece la necesidad de determinar la cantidad y calidad de los residuos sólidos urbanos, teniendo en cuenta el conjunto de dimensiones que intervienen y la diferencia entre generación y recolección y sobre esto queremos trabajar seriamente y en profundidad", dijo el Secretario de Medio Ambiente.
Destacó también la necesidad de evaluar la creación de una eco planta para definir su potencial tecnológico, económico y de generación de empleo. Al mismo tiempo trabajar en una fuerte campaña de concientización ciudadana y promover la minimización y separación de origen en todos los sectores productores de residuos.
La evaluación y planificación con el CONICET alcanza también la posibilidad y necesidad de desarrollar un observatorio ambiental municipal y realizar una revisión del marco normativo de ordenanzas municipales y legislación existente en la materia.
El trabajo con el CONICET implica evaluar el diseñar un sistema de separación de residuos en origen que facilite el reciclado de los mismos y lo que esto implica: la localización de futuras instalaciones de separación, redefinir los circuitos actuales de recolección, de acuerdo con la cantidad y calidad de residuos generados como así también separados en origen.
"El análisis de la disposición final de los residuos, uso o reciclado deberá analizarse con un estudio de campo que permita elaborar una base de datos sobre usos, costumbres y hábitos de consumo de la población, diferenciada por zonas. Esta información resulta de suma importancia en la toma de decisiones", concluyó De Marco.
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Verzeñassi apretado por el agronegocio
Antes que nada los intereses en juego
Fecha de Publicación: 08/11/2016
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Santa Fe - Nacional
El médico dirige campamentos sanitarios que denunciaron los graves problemas de salud que trae el uso de agroquímicos.
El grupo de trabajo liderado por el médico Damián Verzeñassi -quien llevara adelante los llamados campamentos sanitarios que revelaran el impacto sobre la salud del uso de agroquímicos - denunció ayer que "el decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, Ricardo Nidd, inició una persecución ideológica y académica" . Según denunció el propio médico lo hace "contra el equipo de docentes, graduados y alumnos que sostenemos las materias Salud Socioambiental y Práctica Final, reconocidos espacios que acompañan a pueblos y familias víctimas del modelo agropecuario dominante, con transgénicos y agroquímicos". Por si quedaban dudas, Verzeñassi ubicó detrás de esta campaña a "funcionarios provinciales y empresas del agronegocio". La semana pasada la oficina donde se archivan 96.800 historias clínicas de vecinos de 27 pueblos de la región fue clausurada con cadenas.
El equipo de docentes coordinado por Verzeñassi desarrolla desde hace seis años un experiencia inédita para las universidades de Argentina: campamentos sanitarios que relevan la situación de pueblos y ciudades, mediante el cual cientos de estudiantes se instalan durante una semana en los lugares y censan a la población. Estos campamentos, que ya llegan a 27 se han transformado en una prueba académica-científica sobre las consecuencias del modelo agropecuario. "Esto es sin duda lo que molesta a sectores políticos, transnacionales del agro y, vaya contradicción, autoridades de universidades públicas" opinó Verzeñassi ante Rosario/12.
Segun revelo el profesional desde hace algunos meses el equipo de Salud Socioambiental y Práctica Final, coordinados por él, viene sufriendo presiones por parte del decano, Ricardo Nidd. "La escalada tuvo su pico la semana pasada, cuando echó de su cargo de Secretario de Extensión Universitaria de la facultad, al profesor adjunto de la Práctica Final, Gastón Palacios, quien días antes había difundido en medios de comunicación resultados de los campamentos sanitarios. Y también -agregó- hizo lo mismo con la Subsecretaría de Bienestar estudiantil, a la co-responsable de la materia Salud Socioambiental, desde donde se garantiza la inclusión de estos temas en la currícula médica, Giovana Bonisoli".
Pero el hecho más polémico -remarca Verzeñassi fue "hacer cerrar con cadenas y candados el ingreso a la oficina donde está toda la información de los campamentos sanitarios, que reflejan la situación sanitaria de 27 pueblos y ciudades de Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba y Buenos Aires". "Asi se nos impidió el acceso a todo docente de las materias a cargo del campamento", destacó el facultativo.
Esta escalada de persecución académica se dio mientras Verzeñassi participaba del Tribunal Internacional Monsanto, en La Haya, Holanda.
Segun trascendió ayer y fue confirmado por el propio Verzeñassi, el decano Nidd habría mantenido reuniones con sectores vinculados al gobierno provincial y les habría ofrecido la coordinación de la materia Práctica Final y con ello de los campamentos sanitarios. "Tememos que el próximo paso del Decano sea echar a más docentes, no renovando sus designaciones a fin de año, y pretender desmantelar el Instituto de Salud Socioambiental y los campamentos sanitarios" apuntó Verzeñassi.
Según destacaron desde este equipo "los datos recolectados en los campamentos sanitarios han evidenciado los cambios en los perfiles de morbimortalidad de la región, que desde hace veinte años está sometida a un proceso de envenenamiento constante a partir de la incorporación de los organismos genéticamente modificados. Se logró asi evidenciar el impacto de semejante proceso en los ciclos vitales de los vecinos expuestos al agronegocio".
Como dato revelador señalan por ejemplo que en Alcorta 22 de cada cien embarazos se perdieron por malformaciones congénitas en el período 2010 /2014. Un promedio varias veces superior al del resto de las localidades de la región.
A través de un comunicado el grupo de docentes, graduados y estudiantes dejaron sentada su posición, compartida por el propio Verzeñassi en diálogo con este diario. "No tenemos dudas sobre el rol de la universidad pública: estar al servicio del pueblo, libre de presiones del poder político y/o de las corporaciones. Lamentablemente, esta manera de defender la universidad pública, de construir datos epidemiológicos desde y con las comunidades, de difundir los resultados que son propiedad de la gente y de nadie mas, ha puesto en crisis muchos intereses empresarios y políticos. Y las presiones han recrudecido en los últimos meses. Somos testigos de autoridades provinciales que se incomodan con nuestro trabajo y sugieren que lo ideal para la Facultad es que silenciemos los resultados de los campamentos sanitarios. Lo mismo han hecho representantes de la agroindustria. Y funcionales han sido actores internos de la política universitaria, que se dicen "revolucionarios" y actúan con las entidades patronales del agronegocios".
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Fecha de Publicación: 08/11/2016
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Santa Fe - Nacional
El médico dirige campamentos sanitarios que denunciaron los graves problemas de salud que trae el uso de agroquímicos.
El grupo de trabajo liderado por el médico Damián Verzeñassi -quien llevara adelante los llamados campamentos sanitarios que revelaran el impacto sobre la salud del uso de agroquímicos - denunció ayer que "el decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, Ricardo Nidd, inició una persecución ideológica y académica" . Según denunció el propio médico lo hace "contra el equipo de docentes, graduados y alumnos que sostenemos las materias Salud Socioambiental y Práctica Final, reconocidos espacios que acompañan a pueblos y familias víctimas del modelo agropecuario dominante, con transgénicos y agroquímicos". Por si quedaban dudas, Verzeñassi ubicó detrás de esta campaña a "funcionarios provinciales y empresas del agronegocio". La semana pasada la oficina donde se archivan 96.800 historias clínicas de vecinos de 27 pueblos de la región fue clausurada con cadenas.
El equipo de docentes coordinado por Verzeñassi desarrolla desde hace seis años un experiencia inédita para las universidades de Argentina: campamentos sanitarios que relevan la situación de pueblos y ciudades, mediante el cual cientos de estudiantes se instalan durante una semana en los lugares y censan a la población. Estos campamentos, que ya llegan a 27 se han transformado en una prueba académica-científica sobre las consecuencias del modelo agropecuario. "Esto es sin duda lo que molesta a sectores políticos, transnacionales del agro y, vaya contradicción, autoridades de universidades públicas" opinó Verzeñassi ante Rosario/12.
Segun revelo el profesional desde hace algunos meses el equipo de Salud Socioambiental y Práctica Final, coordinados por él, viene sufriendo presiones por parte del decano, Ricardo Nidd. "La escalada tuvo su pico la semana pasada, cuando echó de su cargo de Secretario de Extensión Universitaria de la facultad, al profesor adjunto de la Práctica Final, Gastón Palacios, quien días antes había difundido en medios de comunicación resultados de los campamentos sanitarios. Y también -agregó- hizo lo mismo con la Subsecretaría de Bienestar estudiantil, a la co-responsable de la materia Salud Socioambiental, desde donde se garantiza la inclusión de estos temas en la currícula médica, Giovana Bonisoli".
Pero el hecho más polémico -remarca Verzeñassi fue "hacer cerrar con cadenas y candados el ingreso a la oficina donde está toda la información de los campamentos sanitarios, que reflejan la situación sanitaria de 27 pueblos y ciudades de Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba y Buenos Aires". "Asi se nos impidió el acceso a todo docente de las materias a cargo del campamento", destacó el facultativo.
Esta escalada de persecución académica se dio mientras Verzeñassi participaba del Tribunal Internacional Monsanto, en La Haya, Holanda.
Segun trascendió ayer y fue confirmado por el propio Verzeñassi, el decano Nidd habría mantenido reuniones con sectores vinculados al gobierno provincial y les habría ofrecido la coordinación de la materia Práctica Final y con ello de los campamentos sanitarios. "Tememos que el próximo paso del Decano sea echar a más docentes, no renovando sus designaciones a fin de año, y pretender desmantelar el Instituto de Salud Socioambiental y los campamentos sanitarios" apuntó Verzeñassi.
Según destacaron desde este equipo "los datos recolectados en los campamentos sanitarios han evidenciado los cambios en los perfiles de morbimortalidad de la región, que desde hace veinte años está sometida a un proceso de envenenamiento constante a partir de la incorporación de los organismos genéticamente modificados. Se logró asi evidenciar el impacto de semejante proceso en los ciclos vitales de los vecinos expuestos al agronegocio".
Como dato revelador señalan por ejemplo que en Alcorta 22 de cada cien embarazos se perdieron por malformaciones congénitas en el período 2010 /2014. Un promedio varias veces superior al del resto de las localidades de la región.
A través de un comunicado el grupo de docentes, graduados y estudiantes dejaron sentada su posición, compartida por el propio Verzeñassi en diálogo con este diario. "No tenemos dudas sobre el rol de la universidad pública: estar al servicio del pueblo, libre de presiones del poder político y/o de las corporaciones. Lamentablemente, esta manera de defender la universidad pública, de construir datos epidemiológicos desde y con las comunidades, de difundir los resultados que son propiedad de la gente y de nadie mas, ha puesto en crisis muchos intereses empresarios y políticos. Y las presiones han recrudecido en los últimos meses. Somos testigos de autoridades provinciales que se incomodan con nuestro trabajo y sugieren que lo ideal para la Facultad es que silenciemos los resultados de los campamentos sanitarios. Lo mismo han hecho representantes de la agroindustria. Y funcionales han sido actores internos de la política universitaria, que se dicen "revolucionarios" y actúan con las entidades patronales del agronegocios".
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Puntos de vista sobre informe de UPM / Gualeguaychú
Gualeguaychú movilizada frente a la contaminación de UPM Botnia
Fecha de Publicación: 08/11/2016
Fuente: Diario El Argentino
Provincia/Región: Entre Ríos
Tabaré Vázquez, luego José Mujica e incluso el ex canciller argentino Héctor Timerman alguna vez afirmaron que si se demuestra que la planta de celulosa Orion (ayer Botnia, hoy UPM) contamina, se cierra.
Como ha ocurrido siempre a lo largo de este conflicto, fueron declaraciones públicas que en sí mismas implicaron una mentira, solo para ganar tiempo y ver cómo se maquilla lo inocultable: la pastera contamina, tal como lo viene denunciando la comunidad de Gueleguaychú y otros pueblos ribereños y especialmente como lo ha sostenido inquebrantablemente la propia Asamblea Ciudadana Ambiental.
El informe que dio a conocer la nefasta Comisión Administradora del Río Uruguay (Caru) de 400 páginas fue irresponsablemente resumido en un titular: “Gualeguaychú contamina más que Botnia”, como si se tratara de una misma cuestión e incluso como si fuera comparables ambas situaciones y como si se hubieran monitoreado de la misma manera la desembocadura del río Gualeguaychú con el Uruguay.
Aquí se monitoreó las 24 horas del día mediante una boya paramétrica, entre otras tecnologías y modalidades; mientras que en UPM apenas fueron un par de ingresos, avisados con antelación y sin que fuera permanente, periódico, integral y continúo.
Y a pesar de que a UPM apenas se alcanzó a monitorear poco menos del 30 por ciento de lo que se debió analizar, los resultados fueron inequívocos: la pastera contamina y hoy por hoy es una de las mayores amenazas al río Uruguay y su entorno.
Bien lo ha señalado por estos días el asambleísta Martín Alazard, al sostener que “la contaminación que produce Botnia equivale a 23 parques industriales como el de Gualeguaychú”.
“El título de Clarín es malicioso, daña a la Asamblea, daña la imagen de Gualeguaychú y a las luchas ambientales”, refutó Alazard.
Está claro que oficialmente se ha reconocido que Botnia contamina y del mismo modo se ha reconocido que el río Gualeguaychú está contaminado. En ambas situaciones hay que trabajar.
Por un lado se tiene quién contamina (Botnia, UPM) y por el otro lado qué está contaminado (el río Gualeguaychú). Pero no hay que sorprenderse, caso contrario que alguien señale qué río no está contaminado en esta región proclive a los agrotóxicos, al desmonte nativo, a urbanizaciones sin lagunas sanitarias, a predios industriales sin tratamientos adecuados de sus efluentes. Pretender otra cosa era una ilusión. Por eso es diferente saber quién contamina (Botnia) y qué lugares están contaminados (el río Gualeguaychú).
“Lo más importante es analizar las grandes verdades y una de ellas es que se reconoce oficialmente la contaminación que produce Botnia, tal como siempre y desde un principio sostiene la Asamblea Ambiental”, recordó Alazard.
“La gran mentira es decir que Gualeguaychú contamina más al río Uruguay que Botnia. Está comprobado científicamente que la magnitud de la contaminación que produce Botnia, equivale a 23 parques industriales como el de Gualeguaychú. Por eso no vamos a permitir que se diga semejante barbaridad, como tituló Clarín. Sin embargo, hay otros medios que titulan con bastante coherencia respecto a la síntesis del Informe de la CARU que se ha conocido en las últimas horas”, redundó el asambleísta.
Por eso con buen tino, Alazard recordó –una vez más- lo que había dicho el presidente del Uruguay, Tabaré Vázquez: que si se confirmaba que Botnia contamina el río Uruguay, habría que cerrarla. “Ahora es oficial la contaminación, por tanto Tabaré Vázquez debería ser coherente con lo que sostuvo públicamente”.
Otras voces, los mismos conceptos
EL ARGENTINO reunió al asambleísta Javier Preto y a los concejales Andrés Sobredo (Frente Renovador Nuevo Espacio), Pablo Echandi (Cambiemos) y Mariana Farfán (Frente para la Victoria) y todos, más allá de sus diferencias ideológicas y partidarias, más allá de sus intereses sectoriales inmediatos, fueron una sola voz unánime al asegurar que Botnia debería cerrarse, tal como lo prometieron las máximas autoridades uruguayas y en algún momento las argentinas. “La contaminación es visible y va en aumento”, recalcaron.
También se sintieron ofendidos por el titular de Clarín que sostuvo que Gualeguaychú contamina más que Botnia. “Se trata de un concepto sesgado, malicioso”, destacó Farfán. “Es ofensivo para Gualeguaychú”, sintetizó Echandi. “Es un daño terrible a las generaciones y un escándalo en materia de praxis periodística”, apuntó Sobredo.
“Nuestros hijos nos enseñan en materia ambiental. Y esa enseñanza coincide con las enseñanzas de nuestros mayores, a quienes ni por asomo se les ocurriría dañar la casa en común que habitamos”, conceptualizó Farfán para dar cuenta que la lucha de Gualeguaychú tiene un vínculo generacional y esa es una de sus mayores fortalezas.
“La unión que hay en la ciudad más allá de las diferencias políticas partidarias e ideológicas, es un ejemplo de comunidad. Y así se expresa en el Concejo Deliberante y en la inmensa mayoría de sus dirigentes de todos los ámbitos políticos, empresarios, sindicales, estudiantiles, sociales y barriales”, reflejó Sobredo.
“Si hay un tema que nos une en el Concejo Deliberante es la conciencia sobre las problemáticas ambientales”, destacó Echandi.
“Es evidente que la Asamblea Ambiental tenía razón en su protesta contra Botnia y en su advertencia y en su denuncia acerca de la contaminación. Con respecto al río Gualeguaychú también es evidente que debemos asumir los errores cometidos para avanzar hacia adelante, mejorar las plantas efluentes cloacales e industriales, para dar un ejemplo. Debemos avanzar en una perspectiva de cuenca y para eso necesitamos que el gobierno nacional como el provincial tengan una actitud proactiva, aunque lamentablemente sabemos que no la tienen en materia ambiental”, advirtió Sobredo.
Echandi aportó que con respecto a los monitoreos de Botnia nunca se realizaron los estudios sobre los seres vivos por una permanente negativa uruguaya.
“Enredar los dos informes no es justo. Porque en su caso, deberíamos saber la contaminación de otras comunidades, además del despropósito que implica comparar una fábrica con una ciudad”.
Y agregó: “Los propios informes de la Caru indican que la playa Las Cañas es una de las más contaminadas del río Uruguay. Si vamos por comparaciones, nadie se salva.
Aquí lo importante es que el conflicto nació por la contaminación que iba a generar Botnia y que ahora quedó demostrada. Es hora de que las autoridades actúen en consecuencia”.
Otras críticas
“Tenemos que entender por otro lado que estamos frente a empresas con poderes económicos y políticos que muchas veces doblegan la soberanía de los propios Estados”, analizó Farfán para dar cuenta del concepto de que U¨M no es una empresa multinacional, sino “anacional” como lo enseña el fiscal uruguayo, Enrique Viana.
Por su parte, el asambleísta Javier Preto aporta un dato por demás esperanzador.
“Este informe y esta forma de informarlo a los vecinos nos ha vuelto a unir, porque nos vuelve a ubicar frente a una gran injusticia. De alguna forma, este informe y esta forma de darlo a conocer nos renovaron las energías para continuar profundizando la protesta. Ya muchos vecinos han vuelto a venir a la Asamblea y eso es alentador. Gualeguaychú no permanecerá indiferente”.
Sobredo también recordó que la documentación publicada por la Caru ignoró casi el 90 por ciento de las exigencias del Digesto del Río Uruguay y en su reemplazo hicieron aparecer normativas uruguayas tardías, hechas a medida de la contaminación de Botnia.
“No sólo se ha violado el Digesto, sino también el Estatuto del Río Uruguay”, reiteró.
Tan sólo como muestra de ejemplo, señaló la Resolución Ministerial N° 63/05 que le concedió la Autorización Ambiental Previa. La Resolución Ministerial N° 370/11, mediante la cual se fijó arbitrariamente la temperatura máxima de vertido del efluente líquido industrial de Botnia y que sólo es aplicable para esa industria pero para ninguna otra.
Gualeguaychú está más movilizada que nunca. Ahora que se sabe (con menos del 30 por ciento del monitoreo a la planta) que Botnia contamina, exigirán su relocalización o cierre. Parece una ilusión teniendo en cuenta la indiferencia de los gobiernos pasados y actuales frente a la contaminación y su grado de cinismo. Pero es una exigencia que expresa cabalmente la convicción de una comunidad que no está dispuesta a que se avasallen sus derechos a la salud y a vivir en un ambiente sano.
Elementos sospechosos
En el monitoreo que realizó la Caru en el río Gualeguaychú en su desembocadura con el río Uruguay, se afirmó que se superó el límite en la presencia de “aluminio, amonio, atrazina, berilio, cadmio, fenoles totales, hidrocarburos aromáticos policíclicos, hidrocarburos del petróleo, hierro, manganeso y níquel”.
Llama la atención que se haya encontrado “berilio” en esta zona, dado que su utilización más frecuente es en la fabricación de armas, en la construcción de aeronaves y en la energía nuclear. Parece ser un elemento ajeno a la historia productiva de la región. Sin embargo, está ahí, en el río Gualeguaychú y llama mucho su atención.
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“Botnia contamina, pero también hay que hacerse cargo del río Gualeguaychú”, dijo Osvaldo Fernández
Fecha de Publicación: 08/11/2016
Fuente: Radio Máxima
Provincia/Región: Entre Ríos
Reconoció que en el Informe de la CARU no figuran controles de contaminación atmosférica y de ecotoxicidad “porque ambos Estados nunca estuvieron de acuerdo”
El Director de Recursos Hídricos del Ministerio de Ambiente de la Nación, Osvaldo Fernández, dialogó con RADIO MÁXIMA tras conocerse los informes de los monitoreos realizados en Botnia y los ríos Uruguay y Gualeguaychú.
Fernández, entrevistado en el programa ‘Por la Vida’ de la Asamblea Ciudadana Ambiental, dijo que “primeramente debemos rechazar esos títulos de algún medio o de algún grupo en particular que es una verdadera tergiversación de lo que constituye el informe presentado por el Comité Científico de la CARU. Para nada se desprende de este documento lo que Clarín ha publicado ni tampoco se puede calificar ni de leve ni de grave ni de ninguna manera la contaminación que se ha encontrado, como también incurrió erróneamente La Nación. Esto hay que dejarlo bien claro y decir las cosas como son. No hay que dejarse llevar por operaciones de prensa y decirlo bien claro: Botnia contamina y como consecuencia de esto, el río Uruguay también está contaminado”.
El funcionario nacional indicó que “lo que hay que destacar es que como sostiene el Informe, lo que hay es contaminación, no solo de Botnia, sino también la hay en los ríos Gualeguaychú y Uruguay, y hay que decir todo. Hace años que lo sabemos, no hay que mirar para otro lado y hay que hacerse cargo porque a partir de ahora hay muchas cosas por hacer. Y hay que decir claramente también que las ciudades argentinas y uruguayas de la costa del río Uruguay vierten sus efluentes cloacales en crudo y sin tratar a las aguas”.
“Este monitoreo parcial y las normas aplicadas las acordaron Cristina y Mujica”
Fernández afirmó que “en primer lugar, hemos tenido la oportunidad de conocer lo que se ha venido midiendo entre junio de 2011 hasta julio del año pasado”, si bien reconoció que “lo que se ha estado midiendo no son todos los controles acordados por ambos países luego del fallo de La Haya. Hay controles que no se han hecho porque cuando llegó el momento de implementarlos no hubo acuerdo entre ambas partes. No se ha medido nada de la contaminación en el aire, es decir tanto lo que cae de la chimenea de Botnia hacia las aguas del río como en suelo argentino. Tampoco ha habido controles de ecotoxicidad en las aguas. O sea que son monitoreos parciales. Hay que dejar claro entonces que los únicos controles que se hicieron son aquellos en los que existió acuerdo entre ambos países. Lo que figura en el Informe es lo que acordaron en su momento los ex presidentes Cristina Fernández de Kirchner y José Mujica, que sumaron el monitoreo de la desembocadura del río Gualeguaychú, que no estaba previsto en el Fallo de La Haya. Esto último, es responsabilidad de nuestra ex Presidenta, por el acuerdo que hizo con Mujica”.
Además Fernández expresó que “por primera vez la comunidad de Gualeguaychú hace público lo que se venía manteniendo reservado por parte del anterior gobierno argentino por su estrategia de confrontación y que impedía que estas cuestiones se conocieran. Pero además nuestra ex Presidenta acordó con su entonces par uruguayo aplicar, del lado oriental la normativa de la DINAMA u otra norma uruguaya que fuera más mas exigente. Para los controles en el lado argentino pactaron usar la norma local y la que debió aplicarse es una legislación de Entre Ríos que no existe, porque hay un déficit de la Legislatura provincial y que nunca el Ejecutivo provincial lo comunicó en su momento. Entonces se terminó aplicando el Decreto 831 sobre el Uso del Agua que no tiene nada que ver con esta situación tan particular”.
“El Intendente de Gualeguaychú no debe mirar para el costado”
Respecto de la contaminación del río Gualeguaychú, Fernández dijo que “las autoridades de la ciudad deben hacerse cargo de esta situación que hace rato se venía denunciando desde el Foro Ambiental y desde la Asamblea Ciudadana respecto de que la planta de Tratamiento de Efluentes Cloacales funciona mal. Hay que ocuparse de este tema y el Intendente no debe mirar para el costado buscando culpables”.
Finalmente, Fernández recalcó que “a partir de ahora la CARU deberá asumir que debe modificarse el Digesto del río Uruguay que ha quedado absolutamente desactualizado. Necesitamos parámetros y estándares más exigentes, entre Ríos tiene que tener una norma sobre calidad de agua que actualmente no la tiene y, a través del Laboratorio Binacional que se va a implementar, incorporar los controles sobre ecotoxicidad. Para el caso de los controles atmosféricos, si finalmente Uruguay no los acepta, nuestro país tendrá que asumirlos, implementándolos a través de la puesta en funcionamiento de la Estación que hoy se encuentra en la zona de Ñandubaysal y que debe ser trasladada a un lugar más adecuado, también habrá que atender la problemática que generan los efluentes de Pueblo Belgrano al río Gualeguaychú y construir plantas de Tratamiento de Efluentes Cloacales en Concepción del Uruguay, Concordia y reemplazar la de Gualeguaychú por otra nueva”.
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Fecha de Publicación: 08/11/2016
Fuente: Diario El Argentino
Provincia/Región: Entre Ríos
Tabaré Vázquez, luego José Mujica e incluso el ex canciller argentino Héctor Timerman alguna vez afirmaron que si se demuestra que la planta de celulosa Orion (ayer Botnia, hoy UPM) contamina, se cierra.
Como ha ocurrido siempre a lo largo de este conflicto, fueron declaraciones públicas que en sí mismas implicaron una mentira, solo para ganar tiempo y ver cómo se maquilla lo inocultable: la pastera contamina, tal como lo viene denunciando la comunidad de Gueleguaychú y otros pueblos ribereños y especialmente como lo ha sostenido inquebrantablemente la propia Asamblea Ciudadana Ambiental.
El informe que dio a conocer la nefasta Comisión Administradora del Río Uruguay (Caru) de 400 páginas fue irresponsablemente resumido en un titular: “Gualeguaychú contamina más que Botnia”, como si se tratara de una misma cuestión e incluso como si fuera comparables ambas situaciones y como si se hubieran monitoreado de la misma manera la desembocadura del río Gualeguaychú con el Uruguay.
Aquí se monitoreó las 24 horas del día mediante una boya paramétrica, entre otras tecnologías y modalidades; mientras que en UPM apenas fueron un par de ingresos, avisados con antelación y sin que fuera permanente, periódico, integral y continúo.
Y a pesar de que a UPM apenas se alcanzó a monitorear poco menos del 30 por ciento de lo que se debió analizar, los resultados fueron inequívocos: la pastera contamina y hoy por hoy es una de las mayores amenazas al río Uruguay y su entorno.
Bien lo ha señalado por estos días el asambleísta Martín Alazard, al sostener que “la contaminación que produce Botnia equivale a 23 parques industriales como el de Gualeguaychú”.
“El título de Clarín es malicioso, daña a la Asamblea, daña la imagen de Gualeguaychú y a las luchas ambientales”, refutó Alazard.
Está claro que oficialmente se ha reconocido que Botnia contamina y del mismo modo se ha reconocido que el río Gualeguaychú está contaminado. En ambas situaciones hay que trabajar.
Por un lado se tiene quién contamina (Botnia, UPM) y por el otro lado qué está contaminado (el río Gualeguaychú). Pero no hay que sorprenderse, caso contrario que alguien señale qué río no está contaminado en esta región proclive a los agrotóxicos, al desmonte nativo, a urbanizaciones sin lagunas sanitarias, a predios industriales sin tratamientos adecuados de sus efluentes. Pretender otra cosa era una ilusión. Por eso es diferente saber quién contamina (Botnia) y qué lugares están contaminados (el río Gualeguaychú).
“Lo más importante es analizar las grandes verdades y una de ellas es que se reconoce oficialmente la contaminación que produce Botnia, tal como siempre y desde un principio sostiene la Asamblea Ambiental”, recordó Alazard.
“La gran mentira es decir que Gualeguaychú contamina más al río Uruguay que Botnia. Está comprobado científicamente que la magnitud de la contaminación que produce Botnia, equivale a 23 parques industriales como el de Gualeguaychú. Por eso no vamos a permitir que se diga semejante barbaridad, como tituló Clarín. Sin embargo, hay otros medios que titulan con bastante coherencia respecto a la síntesis del Informe de la CARU que se ha conocido en las últimas horas”, redundó el asambleísta.
Por eso con buen tino, Alazard recordó –una vez más- lo que había dicho el presidente del Uruguay, Tabaré Vázquez: que si se confirmaba que Botnia contamina el río Uruguay, habría que cerrarla. “Ahora es oficial la contaminación, por tanto Tabaré Vázquez debería ser coherente con lo que sostuvo públicamente”.
Otras voces, los mismos conceptos
EL ARGENTINO reunió al asambleísta Javier Preto y a los concejales Andrés Sobredo (Frente Renovador Nuevo Espacio), Pablo Echandi (Cambiemos) y Mariana Farfán (Frente para la Victoria) y todos, más allá de sus diferencias ideológicas y partidarias, más allá de sus intereses sectoriales inmediatos, fueron una sola voz unánime al asegurar que Botnia debería cerrarse, tal como lo prometieron las máximas autoridades uruguayas y en algún momento las argentinas. “La contaminación es visible y va en aumento”, recalcaron.
También se sintieron ofendidos por el titular de Clarín que sostuvo que Gualeguaychú contamina más que Botnia. “Se trata de un concepto sesgado, malicioso”, destacó Farfán. “Es ofensivo para Gualeguaychú”, sintetizó Echandi. “Es un daño terrible a las generaciones y un escándalo en materia de praxis periodística”, apuntó Sobredo.
“Nuestros hijos nos enseñan en materia ambiental. Y esa enseñanza coincide con las enseñanzas de nuestros mayores, a quienes ni por asomo se les ocurriría dañar la casa en común que habitamos”, conceptualizó Farfán para dar cuenta que la lucha de Gualeguaychú tiene un vínculo generacional y esa es una de sus mayores fortalezas.
“La unión que hay en la ciudad más allá de las diferencias políticas partidarias e ideológicas, es un ejemplo de comunidad. Y así se expresa en el Concejo Deliberante y en la inmensa mayoría de sus dirigentes de todos los ámbitos políticos, empresarios, sindicales, estudiantiles, sociales y barriales”, reflejó Sobredo.
“Si hay un tema que nos une en el Concejo Deliberante es la conciencia sobre las problemáticas ambientales”, destacó Echandi.
“Es evidente que la Asamblea Ambiental tenía razón en su protesta contra Botnia y en su advertencia y en su denuncia acerca de la contaminación. Con respecto al río Gualeguaychú también es evidente que debemos asumir los errores cometidos para avanzar hacia adelante, mejorar las plantas efluentes cloacales e industriales, para dar un ejemplo. Debemos avanzar en una perspectiva de cuenca y para eso necesitamos que el gobierno nacional como el provincial tengan una actitud proactiva, aunque lamentablemente sabemos que no la tienen en materia ambiental”, advirtió Sobredo.
Echandi aportó que con respecto a los monitoreos de Botnia nunca se realizaron los estudios sobre los seres vivos por una permanente negativa uruguaya.
“Enredar los dos informes no es justo. Porque en su caso, deberíamos saber la contaminación de otras comunidades, además del despropósito que implica comparar una fábrica con una ciudad”.
Y agregó: “Los propios informes de la Caru indican que la playa Las Cañas es una de las más contaminadas del río Uruguay. Si vamos por comparaciones, nadie se salva.
Aquí lo importante es que el conflicto nació por la contaminación que iba a generar Botnia y que ahora quedó demostrada. Es hora de que las autoridades actúen en consecuencia”.
Otras críticas
“Tenemos que entender por otro lado que estamos frente a empresas con poderes económicos y políticos que muchas veces doblegan la soberanía de los propios Estados”, analizó Farfán para dar cuenta del concepto de que U¨M no es una empresa multinacional, sino “anacional” como lo enseña el fiscal uruguayo, Enrique Viana.
Por su parte, el asambleísta Javier Preto aporta un dato por demás esperanzador.
“Este informe y esta forma de informarlo a los vecinos nos ha vuelto a unir, porque nos vuelve a ubicar frente a una gran injusticia. De alguna forma, este informe y esta forma de darlo a conocer nos renovaron las energías para continuar profundizando la protesta. Ya muchos vecinos han vuelto a venir a la Asamblea y eso es alentador. Gualeguaychú no permanecerá indiferente”.
Sobredo también recordó que la documentación publicada por la Caru ignoró casi el 90 por ciento de las exigencias del Digesto del Río Uruguay y en su reemplazo hicieron aparecer normativas uruguayas tardías, hechas a medida de la contaminación de Botnia.
“No sólo se ha violado el Digesto, sino también el Estatuto del Río Uruguay”, reiteró.
Tan sólo como muestra de ejemplo, señaló la Resolución Ministerial N° 63/05 que le concedió la Autorización Ambiental Previa. La Resolución Ministerial N° 370/11, mediante la cual se fijó arbitrariamente la temperatura máxima de vertido del efluente líquido industrial de Botnia y que sólo es aplicable para esa industria pero para ninguna otra.
Gualeguaychú está más movilizada que nunca. Ahora que se sabe (con menos del 30 por ciento del monitoreo a la planta) que Botnia contamina, exigirán su relocalización o cierre. Parece una ilusión teniendo en cuenta la indiferencia de los gobiernos pasados y actuales frente a la contaminación y su grado de cinismo. Pero es una exigencia que expresa cabalmente la convicción de una comunidad que no está dispuesta a que se avasallen sus derechos a la salud y a vivir en un ambiente sano.
Elementos sospechosos
En el monitoreo que realizó la Caru en el río Gualeguaychú en su desembocadura con el río Uruguay, se afirmó que se superó el límite en la presencia de “aluminio, amonio, atrazina, berilio, cadmio, fenoles totales, hidrocarburos aromáticos policíclicos, hidrocarburos del petróleo, hierro, manganeso y níquel”.
Llama la atención que se haya encontrado “berilio” en esta zona, dado que su utilización más frecuente es en la fabricación de armas, en la construcción de aeronaves y en la energía nuclear. Parece ser un elemento ajeno a la historia productiva de la región. Sin embargo, está ahí, en el río Gualeguaychú y llama mucho su atención.
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“Botnia contamina, pero también hay que hacerse cargo del río Gualeguaychú”, dijo Osvaldo Fernández
Fecha de Publicación: 08/11/2016
Fuente: Radio Máxima
Provincia/Región: Entre Ríos
Reconoció que en el Informe de la CARU no figuran controles de contaminación atmosférica y de ecotoxicidad “porque ambos Estados nunca estuvieron de acuerdo”
El Director de Recursos Hídricos del Ministerio de Ambiente de la Nación, Osvaldo Fernández, dialogó con RADIO MÁXIMA tras conocerse los informes de los monitoreos realizados en Botnia y los ríos Uruguay y Gualeguaychú.
Fernández, entrevistado en el programa ‘Por la Vida’ de la Asamblea Ciudadana Ambiental, dijo que “primeramente debemos rechazar esos títulos de algún medio o de algún grupo en particular que es una verdadera tergiversación de lo que constituye el informe presentado por el Comité Científico de la CARU. Para nada se desprende de este documento lo que Clarín ha publicado ni tampoco se puede calificar ni de leve ni de grave ni de ninguna manera la contaminación que se ha encontrado, como también incurrió erróneamente La Nación. Esto hay que dejarlo bien claro y decir las cosas como son. No hay que dejarse llevar por operaciones de prensa y decirlo bien claro: Botnia contamina y como consecuencia de esto, el río Uruguay también está contaminado”.
El funcionario nacional indicó que “lo que hay que destacar es que como sostiene el Informe, lo que hay es contaminación, no solo de Botnia, sino también la hay en los ríos Gualeguaychú y Uruguay, y hay que decir todo. Hace años que lo sabemos, no hay que mirar para otro lado y hay que hacerse cargo porque a partir de ahora hay muchas cosas por hacer. Y hay que decir claramente también que las ciudades argentinas y uruguayas de la costa del río Uruguay vierten sus efluentes cloacales en crudo y sin tratar a las aguas”.
“Este monitoreo parcial y las normas aplicadas las acordaron Cristina y Mujica”
Fernández afirmó que “en primer lugar, hemos tenido la oportunidad de conocer lo que se ha venido midiendo entre junio de 2011 hasta julio del año pasado”, si bien reconoció que “lo que se ha estado midiendo no son todos los controles acordados por ambos países luego del fallo de La Haya. Hay controles que no se han hecho porque cuando llegó el momento de implementarlos no hubo acuerdo entre ambas partes. No se ha medido nada de la contaminación en el aire, es decir tanto lo que cae de la chimenea de Botnia hacia las aguas del río como en suelo argentino. Tampoco ha habido controles de ecotoxicidad en las aguas. O sea que son monitoreos parciales. Hay que dejar claro entonces que los únicos controles que se hicieron son aquellos en los que existió acuerdo entre ambos países. Lo que figura en el Informe es lo que acordaron en su momento los ex presidentes Cristina Fernández de Kirchner y José Mujica, que sumaron el monitoreo de la desembocadura del río Gualeguaychú, que no estaba previsto en el Fallo de La Haya. Esto último, es responsabilidad de nuestra ex Presidenta, por el acuerdo que hizo con Mujica”.
Además Fernández expresó que “por primera vez la comunidad de Gualeguaychú hace público lo que se venía manteniendo reservado por parte del anterior gobierno argentino por su estrategia de confrontación y que impedía que estas cuestiones se conocieran. Pero además nuestra ex Presidenta acordó con su entonces par uruguayo aplicar, del lado oriental la normativa de la DINAMA u otra norma uruguaya que fuera más mas exigente. Para los controles en el lado argentino pactaron usar la norma local y la que debió aplicarse es una legislación de Entre Ríos que no existe, porque hay un déficit de la Legislatura provincial y que nunca el Ejecutivo provincial lo comunicó en su momento. Entonces se terminó aplicando el Decreto 831 sobre el Uso del Agua que no tiene nada que ver con esta situación tan particular”.
“El Intendente de Gualeguaychú no debe mirar para el costado”
Respecto de la contaminación del río Gualeguaychú, Fernández dijo que “las autoridades de la ciudad deben hacerse cargo de esta situación que hace rato se venía denunciando desde el Foro Ambiental y desde la Asamblea Ciudadana respecto de que la planta de Tratamiento de Efluentes Cloacales funciona mal. Hay que ocuparse de este tema y el Intendente no debe mirar para el costado buscando culpables”.
Finalmente, Fernández recalcó que “a partir de ahora la CARU deberá asumir que debe modificarse el Digesto del río Uruguay que ha quedado absolutamente desactualizado. Necesitamos parámetros y estándares más exigentes, entre Ríos tiene que tener una norma sobre calidad de agua que actualmente no la tiene y, a través del Laboratorio Binacional que se va a implementar, incorporar los controles sobre ecotoxicidad. Para el caso de los controles atmosféricos, si finalmente Uruguay no los acepta, nuestro país tendrá que asumirlos, implementándolos a través de la puesta en funcionamiento de la Estación que hoy se encuentra en la zona de Ñandubaysal y que debe ser trasladada a un lugar más adecuado, también habrá que atender la problemática que generan los efluentes de Pueblo Belgrano al río Gualeguaychú y construir plantas de Tratamiento de Efluentes Cloacales en Concepción del Uruguay, Concordia y reemplazar la de Gualeguaychú por otra nueva”.
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Confirman que el agua de Berazategui está contaminada
Pericias confirman la contaminación en Berazategui y ponen a Mussi en la mira
Fecha de Publicación: 08/11/2016
Fuente: TN
Provincia/Región: Buenos Aires
Por Sergio Farella |Encontraron arsénico, cloruro, nitrato y bacterias peligrosas en los pozos de agua. Sospechan que el intendente tenía informes que alertaban esta situación. Cómo sigue la causa.
El agua que consumían los vecinos de Berazategui estaba contaminada con sustancias químicas muy peligrosas. Y ya no es una sospecha: los resultados de los peritajes oficiales ratificaron que las muestras estaban infectadas con arsénico, cloruro y nitrato, junto con bacterías, lo que habría generado el brote de gastroenterocolitis fatal.
El panorama judicial del intendente kirchnerista Patricio Mussi se oscurece cada vez más con el correr de las horas. La Justicia sospecha que el barón del conurbano tenía en su poder informes que alertaban esta problemática. Sin embargo, no tomó ninguna medida para evitar el brote que afectó a 1.200 vecinos y se investiga si fue causal de la muerte de dos niños.
Los peritajes realizados por la División Delitos Ambientales de la Policía Federal arrojaron como resultado peligrosas irregularidades tanto en los pozos como en el agua de red, por la falta de cumplimiento de requisitos para que el agua que consumen los vecinos fuera considerada "potable".
De las muestras analizadas detectaron elevados valores de arsénico, en algunos casos más del doble de lo permitido (0,02 o 0,03 mg/l, contra el 0,01 admitido). El informe recuerda que el arsénico es una de las sustancias que produce cáncer, en base a la Organización Mundial de la Salud.
También hay en el agua contaminación fecal, consecuencia de la infiltración de las napas por los pozos ciegos.
El caso está a cargo del juez federal de Quilmes Luis Armella, que dispuso allanamientos y secuestro de documentación tanto en el municipio como en la empresa Aguas y Saneamientos Argentinos (AYSA), la Autoridad del Agua (ADA), y en el Organismo de Control de Aguas de Buenos Aires (OCABA).
Este último organismo le informó al juzgado que había realizado requerimientos al Municipio pero que sus pedidos fueron desatendidos. La OCABA indicó que -al igual que al ministerio de Salud bonaerense- les resultó muy difícil acceder al Municipio y conseguir información oficial sobre la ubicación de los pozos de agua.
Las fuertes restricciones de la comuna para brindar información alimenta las sospechas de la Justicia sobre si el intendente sabía que el agua estaba contaminada -a partir de los informes que recibió- y si no hizo nada para revertir la situación ambiental, lo que podría complicar su situación judicial por presunta omisión.
Este caso no es nuevo para Armella: el juez ya investigaba una causa conexa por la presunta contaminación de pozos de agua en la zona, a partir de infiltraciones de sustancias químicas derramadas en las napas en el predio de la empresa Dupont.
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Fecha de Publicación: 08/11/2016
Fuente: TN
Provincia/Región: Buenos Aires
Por Sergio Farella |Encontraron arsénico, cloruro, nitrato y bacterias peligrosas en los pozos de agua. Sospechan que el intendente tenía informes que alertaban esta situación. Cómo sigue la causa.
El agua que consumían los vecinos de Berazategui estaba contaminada con sustancias químicas muy peligrosas. Y ya no es una sospecha: los resultados de los peritajes oficiales ratificaron que las muestras estaban infectadas con arsénico, cloruro y nitrato, junto con bacterías, lo que habría generado el brote de gastroenterocolitis fatal.
El panorama judicial del intendente kirchnerista Patricio Mussi se oscurece cada vez más con el correr de las horas. La Justicia sospecha que el barón del conurbano tenía en su poder informes que alertaban esta problemática. Sin embargo, no tomó ninguna medida para evitar el brote que afectó a 1.200 vecinos y se investiga si fue causal de la muerte de dos niños.
Los peritajes realizados por la División Delitos Ambientales de la Policía Federal arrojaron como resultado peligrosas irregularidades tanto en los pozos como en el agua de red, por la falta de cumplimiento de requisitos para que el agua que consumen los vecinos fuera considerada "potable".
De las muestras analizadas detectaron elevados valores de arsénico, en algunos casos más del doble de lo permitido (0,02 o 0,03 mg/l, contra el 0,01 admitido). El informe recuerda que el arsénico es una de las sustancias que produce cáncer, en base a la Organización Mundial de la Salud.
También hay en el agua contaminación fecal, consecuencia de la infiltración de las napas por los pozos ciegos.
El caso está a cargo del juez federal de Quilmes Luis Armella, que dispuso allanamientos y secuestro de documentación tanto en el municipio como en la empresa Aguas y Saneamientos Argentinos (AYSA), la Autoridad del Agua (ADA), y en el Organismo de Control de Aguas de Buenos Aires (OCABA).
Este último organismo le informó al juzgado que había realizado requerimientos al Municipio pero que sus pedidos fueron desatendidos. La OCABA indicó que -al igual que al ministerio de Salud bonaerense- les resultó muy difícil acceder al Municipio y conseguir información oficial sobre la ubicación de los pozos de agua.
Las fuertes restricciones de la comuna para brindar información alimenta las sospechas de la Justicia sobre si el intendente sabía que el agua estaba contaminada -a partir de los informes que recibió- y si no hizo nada para revertir la situación ambiental, lo que podría complicar su situación judicial por presunta omisión.
Este caso no es nuevo para Armella: el juez ya investigaba una causa conexa por la presunta contaminación de pozos de agua en la zona, a partir de infiltraciones de sustancias químicas derramadas en las napas en el predio de la empresa Dupont.
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Cecilia es declarada 'sujeto de derechos no humano'
La Justicia consideró 'sujeto de derechos no humano' a la chimpancé Cecilia
Fecha de Publicación: 07/11/2016
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Mendoza
El animal vive en el zoológico de Mendoza y será trasladado a un santuario en Brasil.
La justicia mendocina hizo lugar a un hábeas corpus presentado por la Asociación de Funcionarios y Abogados por los Derechos de los Animales (Afada) y dispuso hoy que la chimpancé Cecilia, que vive en el zoológico de Mendoza, es un "sujeto de derecho no humano, específicos de su naturaleza" por lo cual deberá ser trasladada a un santuario que mejore sus condiciones de vida.
La medida fue dispuesta por la jueza María Alejandra Mauricio, quien consideró que "se les reconocen derechos a los animales en tanto su esencia animal".
El traslado de la chimpancé a una reserva para grandes simios en Brasil ya había sido acordado antes de esta resolución judicial a principios de marzo en una audiencia celebrada por funcionarios judiciales, el gobierno provincial y la propia organización conservacionista que argumentó las malas condiciones de vida del animal.
La audiencia de conciliación se convocó luego de otras que se realizaron durante la gestión anterior y según indicó a Télam en su momento el secretario de Ordenamiento y Ambiente, Humberto Mingorance "fue una reunión muy buena y fructífera con plazos muy cortos para cumplimentar la documentación para poder trasladar a la mona Cecilia al santuario Sorocaba de Brasil".
"Todo estuvimos de acuerdo en seguir ese camino y trabajar en consecuencia" agregó el funcionario en referencia al entendimiento con la Asociación de Funcionarios y Abogados por los Derechos de los Animales (Afada), que presentó el pedido judicial en junio del año pasado.
El pedido
Pablo Buompadre, presidente de Afada, celebró la decisión del traslado aunque también resaltaba, en dialogo con Télam que "también está el aspecto jurídico, ya que desde la asociación pedimos a la jueza que se la considere a Cecilia como un sujeto (no humano) reconociendo sus derechos básicos y fundamentales y no que se la envié a Brasil como un objeto".
"Entender que Cecilia es un "Instrumento" que puede seguir siendo objeto de transacciones entre instituciones o jardines zoológicos, implica seguir ubicándola legalmente dentro de una "categoría jurídica" de la cual pretendemos sacarla", explicaba el abogado defensor de los animales con respecto al pedido de habeas corpus al que dio hoy lugar la magistrada mendocina del Tercer Juzgado de Garantías.
Una persona
Además, Buompadre, había resaltado la importancia de que la jueza, haya aceptado y dado tramite al Hábeas Corpus presentado a favor de la mona Cecilia ya que consideró "que implícitamente significa, que está considerando a la chimpancé como una persona (no humana), pues de lo contrario, hubiera rechazado la acción in límine.
En agosto de 2015 la Fiscalía de Estado de Mendoza se mostró contraria a este pedido por considerar que "no es procedente, ya que se trata de una garantía que defiende la libertad física de las personas, y no considera que pueda extenderse la misma protección a los animales para igualarlos ante la ley a los seres humanos".
Cecilia vive sola en el Zoo de Mendoza, luego de la muerte de los chimpancé Charly y Xuxa en una celda de cemento que no reúne las condiciones de bienestar animal, lo que le provoca un gran estrés, argumentaron desde la ONG.
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Fecha de Publicación: 07/11/2016
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Mendoza
El animal vive en el zoológico de Mendoza y será trasladado a un santuario en Brasil.
La justicia mendocina hizo lugar a un hábeas corpus presentado por la Asociación de Funcionarios y Abogados por los Derechos de los Animales (Afada) y dispuso hoy que la chimpancé Cecilia, que vive en el zoológico de Mendoza, es un "sujeto de derecho no humano, específicos de su naturaleza" por lo cual deberá ser trasladada a un santuario que mejore sus condiciones de vida.
La medida fue dispuesta por la jueza María Alejandra Mauricio, quien consideró que "se les reconocen derechos a los animales en tanto su esencia animal".
El traslado de la chimpancé a una reserva para grandes simios en Brasil ya había sido acordado antes de esta resolución judicial a principios de marzo en una audiencia celebrada por funcionarios judiciales, el gobierno provincial y la propia organización conservacionista que argumentó las malas condiciones de vida del animal.
La audiencia de conciliación se convocó luego de otras que se realizaron durante la gestión anterior y según indicó a Télam en su momento el secretario de Ordenamiento y Ambiente, Humberto Mingorance "fue una reunión muy buena y fructífera con plazos muy cortos para cumplimentar la documentación para poder trasladar a la mona Cecilia al santuario Sorocaba de Brasil".
"Todo estuvimos de acuerdo en seguir ese camino y trabajar en consecuencia" agregó el funcionario en referencia al entendimiento con la Asociación de Funcionarios y Abogados por los Derechos de los Animales (Afada), que presentó el pedido judicial en junio del año pasado.
El pedido
Pablo Buompadre, presidente de Afada, celebró la decisión del traslado aunque también resaltaba, en dialogo con Télam que "también está el aspecto jurídico, ya que desde la asociación pedimos a la jueza que se la considere a Cecilia como un sujeto (no humano) reconociendo sus derechos básicos y fundamentales y no que se la envié a Brasil como un objeto".
"Entender que Cecilia es un "Instrumento" que puede seguir siendo objeto de transacciones entre instituciones o jardines zoológicos, implica seguir ubicándola legalmente dentro de una "categoría jurídica" de la cual pretendemos sacarla", explicaba el abogado defensor de los animales con respecto al pedido de habeas corpus al que dio hoy lugar la magistrada mendocina del Tercer Juzgado de Garantías.
Una persona
Además, Buompadre, había resaltado la importancia de que la jueza, haya aceptado y dado tramite al Hábeas Corpus presentado a favor de la mona Cecilia ya que consideró "que implícitamente significa, que está considerando a la chimpancé como una persona (no humana), pues de lo contrario, hubiera rechazado la acción in límine.
En agosto de 2015 la Fiscalía de Estado de Mendoza se mostró contraria a este pedido por considerar que "no es procedente, ya que se trata de una garantía que defiende la libertad física de las personas, y no considera que pueda extenderse la misma protección a los animales para igualarlos ante la ley a los seres humanos".
Cecilia vive sola en el Zoo de Mendoza, luego de la muerte de los chimpancé Charly y Xuxa en una celda de cemento que no reúne las condiciones de bienestar animal, lo que le provoca un gran estrés, argumentaron desde la ONG.
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Querellarán por los los ríos Limay, Neuquén y Negro
Legisladores quieren voz en causa por ríos contaminados
Fecha de Publicación: 07/11/2016
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro - Neuquén
Diputados neuquinos y concejales rionegrinos pretenden ser querellantes en el proceso judicial porque aducen que la AIC escondió información.
Un grupo de diputados y concejales de Neuquén y Río Negro solicitó constituirse como querellantes en la causa penal que investiga por los delitos de encubrimiento e incumplimiento de los deberes de funcionario público al representante de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), Elías Sapag, y al subsecretario de Recursos Hídricos, Horacio Carvalho.
Se trata del parlamentario del Mercosur, Ramón Rioseco; de los diputados Pamela Mucci, Mariano Mansilla y Teresa Rioseco; los concejales capitalinos Fernando Schpoliansky y Francisco Baggio; y los ediles de Fernández Oro, Claudio Correa, y de Cipolletti, Alejandra Villagra. Invocaron la protección de los ríos ante “el gravísimo proceso de contaminación que afecta, fundamentalmente, la cuenca hídrica que forman los ríos Limay, Neuquén y Negro”.
“Queremos acelerar la causa para que se pueda hacerse un saneamiento rápido”, argumentó ayer Rioseco, quien culpó a la AIC de haber tenido informes “durante muchos años sobre las condiciones de contaminación en la que se encuentran los ríos y los han cajoneado sin hacerse responsables”. Evaluó que puede ser por falta de recursos o de voluntad política.
La denuncia penal va coordinada con una acción civil de amparo que se tramita en la jurisdicción de Roca por la presentación de ediles de esa localidad y de la diputada de Río Negro, Magdalena Odarda, donde la jueza subrogante Carolina Pandolfi ordenó a la AIC la presentación de un plan para sanear a los ríos de la región. En esta presentación se ofrece como pruebas las pericias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que halló naftaleno en el río Negro, en los informes de la misma AIC y en datos del Colegio de profesionales de Medio Ambiente. “Los últimos estudios han determinado la presencia de productos de origen hidrocarburífero y muchos desechos cloacales. Los ríos no se pueden usar”, añadió la concejala Villagra.
Los legisladores presentaron ayer una carta de intención para manifestarse en defensa de la cuenca de los ríos Limay, Neuquén y Negro. Declararon el compromiso de “promover una mirada interprovincial” para interpelar a la AIC a adoptar medidas sobre los recursos hídricos compartidos y a garantizar el derecho al uso de los cuerpos de agua
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Fecha de Publicación: 07/11/2016
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro - Neuquén
Diputados neuquinos y concejales rionegrinos pretenden ser querellantes en el proceso judicial porque aducen que la AIC escondió información.
Un grupo de diputados y concejales de Neuquén y Río Negro solicitó constituirse como querellantes en la causa penal que investiga por los delitos de encubrimiento e incumplimiento de los deberes de funcionario público al representante de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), Elías Sapag, y al subsecretario de Recursos Hídricos, Horacio Carvalho.
Se trata del parlamentario del Mercosur, Ramón Rioseco; de los diputados Pamela Mucci, Mariano Mansilla y Teresa Rioseco; los concejales capitalinos Fernando Schpoliansky y Francisco Baggio; y los ediles de Fernández Oro, Claudio Correa, y de Cipolletti, Alejandra Villagra. Invocaron la protección de los ríos ante “el gravísimo proceso de contaminación que afecta, fundamentalmente, la cuenca hídrica que forman los ríos Limay, Neuquén y Negro”.
“Queremos acelerar la causa para que se pueda hacerse un saneamiento rápido”, argumentó ayer Rioseco, quien culpó a la AIC de haber tenido informes “durante muchos años sobre las condiciones de contaminación en la que se encuentran los ríos y los han cajoneado sin hacerse responsables”. Evaluó que puede ser por falta de recursos o de voluntad política.
La denuncia penal va coordinada con una acción civil de amparo que se tramita en la jurisdicción de Roca por la presentación de ediles de esa localidad y de la diputada de Río Negro, Magdalena Odarda, donde la jueza subrogante Carolina Pandolfi ordenó a la AIC la presentación de un plan para sanear a los ríos de la región. En esta presentación se ofrece como pruebas las pericias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que halló naftaleno en el río Negro, en los informes de la misma AIC y en datos del Colegio de profesionales de Medio Ambiente. “Los últimos estudios han determinado la presencia de productos de origen hidrocarburífero y muchos desechos cloacales. Los ríos no se pueden usar”, añadió la concejala Villagra.
Los legisladores presentaron ayer una carta de intención para manifestarse en defensa de la cuenca de los ríos Limay, Neuquén y Negro. Declararon el compromiso de “promover una mirada interprovincial” para interpelar a la AIC a adoptar medidas sobre los recursos hídricos compartidos y a garantizar el derecho al uso de los cuerpos de agua
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Misiones acuerda control de sus recursos hídricos
Acuerdan contralor conjunto de aguas superficiales y subterráneas de Misiones
Fecha de Publicación: 07/11/2016
Fuente: Noticias del 6
Provincia/Región: Misiones
El jueves 3, en instalaciones del Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables, se concretó un primer encuentro de organismos responsables de contralor de la gestión de las aguas superficiales y subterráneas de la Provincia de Misiones
En el marco normativo vigente se les otorga atribuciones como autoridades provinciales del agua al Ente Provincial Regulador de Aguas y Cloacas (Eprac), el Instituto Provincial de Aguas y Saneamiento (Imas), Aguas de Misiones Sociedad del Estado (Amse), .el Ministerio de Salud Pública, la Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos, y el organismo anfitrión, el Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de Misiones.
En la reunión se hizo una reseña de la importante normatividad vigente en relación al recurso hídrico y las acciones que realizan las distintas instituciones para el monitoreo de calidad de agua, tanto superficial como subterránea, se planteó la utilización de los recursos y herramientas disponibles para efectuar una adecuada comunicación y sensibilización de la importancia y el valor del Agua, así como también aspectos operativos para realizar una mayor confluencia de las políticas de los organismos.
Los presentes resaltaron el valor actual, potencial y estratégico que posee el agua como bien social, colectivo y supraindividual de los misioneros, y mantendrán un fluido intercambio para institucionalizar el espacio, continuando y ampliando estos encuentros.
Participaron de la reunión por el Ministerio de Ecología y R.N.R., su titular Verónica Derna, la coordinadora del Instituto de Biodiversidad, Viviana Rovira, los subsecretarios de Ordenamiento Territorial, Juan Solari, de Ecología, Juan Manuel Díaz. Por el Eprac, el presidente del organismo, José Guccione, por Imas, su titular Joaquín Sánchez, por Amse, el presidente del Organismo, Jorge Galeano, por el Ministerio de Salud Pública, el jefe de la División Alimentos, Federico Payés Monzón., así como por el Ministerio de Hacienda, el subsecretario de Obras y Servicios Públicos, Marcelo Bacigalupi, y equipos técnicos de cada organismo.
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Fecha de Publicación: 07/11/2016
Fuente: Noticias del 6
Provincia/Región: Misiones
El jueves 3, en instalaciones del Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables, se concretó un primer encuentro de organismos responsables de contralor de la gestión de las aguas superficiales y subterráneas de la Provincia de Misiones
En el marco normativo vigente se les otorga atribuciones como autoridades provinciales del agua al Ente Provincial Regulador de Aguas y Cloacas (Eprac), el Instituto Provincial de Aguas y Saneamiento (Imas), Aguas de Misiones Sociedad del Estado (Amse), .el Ministerio de Salud Pública, la Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos, y el organismo anfitrión, el Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de Misiones.
En la reunión se hizo una reseña de la importante normatividad vigente en relación al recurso hídrico y las acciones que realizan las distintas instituciones para el monitoreo de calidad de agua, tanto superficial como subterránea, se planteó la utilización de los recursos y herramientas disponibles para efectuar una adecuada comunicación y sensibilización de la importancia y el valor del Agua, así como también aspectos operativos para realizar una mayor confluencia de las políticas de los organismos.
Los presentes resaltaron el valor actual, potencial y estratégico que posee el agua como bien social, colectivo y supraindividual de los misioneros, y mantendrán un fluido intercambio para institucionalizar el espacio, continuando y ampliando estos encuentros.
Participaron de la reunión por el Ministerio de Ecología y R.N.R., su titular Verónica Derna, la coordinadora del Instituto de Biodiversidad, Viviana Rovira, los subsecretarios de Ordenamiento Territorial, Juan Solari, de Ecología, Juan Manuel Díaz. Por el Eprac, el presidente del organismo, José Guccione, por Imas, su titular Joaquín Sánchez, por Amse, el presidente del Organismo, Jorge Galeano, por el Ministerio de Salud Pública, el jefe de la División Alimentos, Federico Payés Monzón., así como por el Ministerio de Hacienda, el subsecretario de Obras y Servicios Públicos, Marcelo Bacigalupi, y equipos técnicos de cada organismo.
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Una lago seco en Chubut
Desierto con factor humano
Fecha de Publicación: 06/11/2016
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Chubut
Una asamblea de vecinos de Sarmiento, Chubut, denuncia a petroleras y estancieros como causantes de la sequedad del lago de 53 mil hectáreas. También sostienen que el lago contiguo, el Musters, tiende a desaparecer.
Se puede caminar en un lago y no mojarse lo pies. Sucede en Chubut, donde desapareció un lago de 53.000 hectáreas. El sector político y empresario culpa al “clima y las pocas nevadas”. Los vecinos aportan otros factores: los grandes estancieros realizaron decenas de canales ilegales (hasta cuentan con lagunas privadas), las petroleras consumen agua sin ningún control y la millonaria familia Bulgheroni construyó un terraplén (también ilegal) en medio del río que llevaba agua al lago desaparecido. El panorama puede empeorar: el río Senguer y el lago Musters están en descenso. De allí toman agua 500 mil personas.
Sarmiento está ubicaba al sur de Chubut, en el camino entre la costa (Comodoro Rivadavia) y la Cordillera). Cuenta con 20 mil habitantes y es conocida como “la ciudad de los lagos”; así se llama uno de sus principales hoteles y lo recuerda la publicidad turística. Refiere a la cercanía a los lagos Musters y Colhue Huapi (“isla rojiza” en mapuzungun, idioma mapuche).
“Se trata de lo opuesto a un espejismo: el lago Colhue Huapi en lugar de aparecer en el horizonte, está desapareciendo. De continuar el actual proceso, el desierto irá desde Sarmiento hasta Comodoro Rivadavia”, advertía este diario, en el 2000, en un artículo de Carlos Rodríguez. Desde la Intendencia habían pedido ayuda a Nación por la grave situación. Nunca hubo respuesta (ni de la provincia ni del Ejecutivo nacional). Dieciséis años después, la pesadilla se hizo realidad: la gran masa de agua, de una superficie similar a 2,5 veces la Ciudad de Buenos Aires, ya no existe. Es sólo tierra agrietada y, viento mediante, nubes de polvo que llegan hasta Comodoro Rivadavia (más de 100 kilómetros).
En mayo pasado fue noticia nacional la aparición de un avión perdido en la década del 60. Encontrado por un poblador en el lecho del río seco. Noticieros porteños viajaron hasta Sarmiento para dar cuenta del hecho, pero no fue noticia el por qué se había secado el lago. Un vecino de Sarmiento lo comentó en Facebook, indignado. Otro vecino se sumó y aportó algunos datos de consumo de agua de petroleras. Un tercero comentó sobre los canales clandestinos de estancieros. Comenzaba a gestarse a la Asamblea de Vecinos Autoconvocados por el Agua de Sarmiento.
“Es increíble que desaparezca un lago y, más increíble aún, que todos hagan como que no pasó nada”, cuestionó Alex Kingma, miembro de la Asamblea de Vecinos. Apuntó a los funcionarios políticos y también a los medios de comunicación: “Es fácil echarle la culpa a la naturaleza, al cambio climático, y es probable que algo de eso haya, pero también está la mano del hombre y eso lo ocultan”.
El Colhue Huapi es parte de un sistema hídrico que comienza en la Cordillera, el lago Fontana y La Plata, continúa por el río Senguer y lago Musters, del que se desprende un brazo (llamado “falso Senguer” o Asher (“que da vida”, en idioma mapuche), que alimenta al lago Colhue Huapi. El sistema está encadenado. La bajante en el río Senguer repercute en el lago Musters, y al mismo tiempo en el Colhue Huapi.
Los vecinos lograron sobrevolar la cuenca alta del río y registraron imágenes de los grandes canales ilegales. Una decena de grandes estancias. Ariel Ñancucheo es productor agrícola familiar, ingeniero agrónomo y parte de la Asamblea. Explicó que se trata de estancias de entre 10.000 y 30.000 hectáreas, que toman agua del río para esparcirla en la meseta “sin ninguna lógica de riego”. Afirmó que inundan entre 500 y 3000 hectáreas por finca, creando mallines (humedales) donde no debiera haberlos.
También denuncian a la compañía Frutos de los Lagos (de la millonaria familia Bulgheroni, dueña de la petrolera Pan American Energy –PAE–). Dedicada a los vinos y cerezas, construyó un terraplén ilegal en el medio del río Asher. Las imágenes muestran cómo el terraplén divide al río, y direcciona la mayor parte del agua para Frutos de los Lagos y solo un hilo corre hacia el Colhue Huapi.
El Instituto Provincial del Agua (IPA) recién se reunió con los vecinos en septiembre pasado. Su presidente, Gerardo Bulacios, insistió en la versión oficial de la escasés de nevadas y lluvias. Y negó el efecto de las petroleras y canales de estancias. Los vecinos le propusieron acompañarlo hasta el terraplén de Bulgheroni (a pocas cuadras del centro de Sarmiento), pero el funcionario rechazó la propuesta. El intendente, Ricardo Britapaja, que gobierna desde hace más de veinte años, tampoco avanzó contra los grandes estancieros.
Carolina Nicolia, también vecina de Sarmiento, apuntó a la actividad petrolera. Resaltó la coincidencia de que a medida que la actividad se acercó a Sarmiento comenzaron los problemas con el agua. Las empresas que operan en la zona son Pan American Energy, YPF, Sipetrol y Cerro Negro. El río Senguer, antes de llegar al lago Múster, ingresa a Santa Cruz (se lo conoce como “el codo del Senguer”), donde operan petroleras y también extraen agua sin ningún control.
En el lago Musters nace un acueducto de 150 kilómetros de extensión. Un caño de gran diámetro ingresa hasta el lago y lleva agua hasta el sur de Chubut y norte de Santa Cruz (Comodoro Rivadavia, Caleta Olivia, Rada Tilly), donde viven 500 mil personas. El acueducto atraviesa todas las zonas petroleras, donde no hay registro fehaciente del consumo de las empresas.
Alex Kingma confirmó que el lago Musters bajó dos metros su nivel y se retiró más de diez metros de la costa (en un solo año).
El gobierno provincial ya tomó medidas sobre el lago seco. Autorizó catorce perforaciones a empresas petroleras en el lecho del Colhue Huapi.
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Fecha de Publicación: 06/11/2016
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Chubut
Una asamblea de vecinos de Sarmiento, Chubut, denuncia a petroleras y estancieros como causantes de la sequedad del lago de 53 mil hectáreas. También sostienen que el lago contiguo, el Musters, tiende a desaparecer.
Se puede caminar en un lago y no mojarse lo pies. Sucede en Chubut, donde desapareció un lago de 53.000 hectáreas. El sector político y empresario culpa al “clima y las pocas nevadas”. Los vecinos aportan otros factores: los grandes estancieros realizaron decenas de canales ilegales (hasta cuentan con lagunas privadas), las petroleras consumen agua sin ningún control y la millonaria familia Bulgheroni construyó un terraplén (también ilegal) en medio del río que llevaba agua al lago desaparecido. El panorama puede empeorar: el río Senguer y el lago Musters están en descenso. De allí toman agua 500 mil personas.
Sarmiento está ubicaba al sur de Chubut, en el camino entre la costa (Comodoro Rivadavia) y la Cordillera). Cuenta con 20 mil habitantes y es conocida como “la ciudad de los lagos”; así se llama uno de sus principales hoteles y lo recuerda la publicidad turística. Refiere a la cercanía a los lagos Musters y Colhue Huapi (“isla rojiza” en mapuzungun, idioma mapuche).
“Se trata de lo opuesto a un espejismo: el lago Colhue Huapi en lugar de aparecer en el horizonte, está desapareciendo. De continuar el actual proceso, el desierto irá desde Sarmiento hasta Comodoro Rivadavia”, advertía este diario, en el 2000, en un artículo de Carlos Rodríguez. Desde la Intendencia habían pedido ayuda a Nación por la grave situación. Nunca hubo respuesta (ni de la provincia ni del Ejecutivo nacional). Dieciséis años después, la pesadilla se hizo realidad: la gran masa de agua, de una superficie similar a 2,5 veces la Ciudad de Buenos Aires, ya no existe. Es sólo tierra agrietada y, viento mediante, nubes de polvo que llegan hasta Comodoro Rivadavia (más de 100 kilómetros).
En mayo pasado fue noticia nacional la aparición de un avión perdido en la década del 60. Encontrado por un poblador en el lecho del río seco. Noticieros porteños viajaron hasta Sarmiento para dar cuenta del hecho, pero no fue noticia el por qué se había secado el lago. Un vecino de Sarmiento lo comentó en Facebook, indignado. Otro vecino se sumó y aportó algunos datos de consumo de agua de petroleras. Un tercero comentó sobre los canales clandestinos de estancieros. Comenzaba a gestarse a la Asamblea de Vecinos Autoconvocados por el Agua de Sarmiento.
“Es increíble que desaparezca un lago y, más increíble aún, que todos hagan como que no pasó nada”, cuestionó Alex Kingma, miembro de la Asamblea de Vecinos. Apuntó a los funcionarios políticos y también a los medios de comunicación: “Es fácil echarle la culpa a la naturaleza, al cambio climático, y es probable que algo de eso haya, pero también está la mano del hombre y eso lo ocultan”.
El Colhue Huapi es parte de un sistema hídrico que comienza en la Cordillera, el lago Fontana y La Plata, continúa por el río Senguer y lago Musters, del que se desprende un brazo (llamado “falso Senguer” o Asher (“que da vida”, en idioma mapuche), que alimenta al lago Colhue Huapi. El sistema está encadenado. La bajante en el río Senguer repercute en el lago Musters, y al mismo tiempo en el Colhue Huapi.
Los vecinos lograron sobrevolar la cuenca alta del río y registraron imágenes de los grandes canales ilegales. Una decena de grandes estancias. Ariel Ñancucheo es productor agrícola familiar, ingeniero agrónomo y parte de la Asamblea. Explicó que se trata de estancias de entre 10.000 y 30.000 hectáreas, que toman agua del río para esparcirla en la meseta “sin ninguna lógica de riego”. Afirmó que inundan entre 500 y 3000 hectáreas por finca, creando mallines (humedales) donde no debiera haberlos.
También denuncian a la compañía Frutos de los Lagos (de la millonaria familia Bulgheroni, dueña de la petrolera Pan American Energy –PAE–). Dedicada a los vinos y cerezas, construyó un terraplén ilegal en el medio del río Asher. Las imágenes muestran cómo el terraplén divide al río, y direcciona la mayor parte del agua para Frutos de los Lagos y solo un hilo corre hacia el Colhue Huapi.
El Instituto Provincial del Agua (IPA) recién se reunió con los vecinos en septiembre pasado. Su presidente, Gerardo Bulacios, insistió en la versión oficial de la escasés de nevadas y lluvias. Y negó el efecto de las petroleras y canales de estancias. Los vecinos le propusieron acompañarlo hasta el terraplén de Bulgheroni (a pocas cuadras del centro de Sarmiento), pero el funcionario rechazó la propuesta. El intendente, Ricardo Britapaja, que gobierna desde hace más de veinte años, tampoco avanzó contra los grandes estancieros.
Carolina Nicolia, también vecina de Sarmiento, apuntó a la actividad petrolera. Resaltó la coincidencia de que a medida que la actividad se acercó a Sarmiento comenzaron los problemas con el agua. Las empresas que operan en la zona son Pan American Energy, YPF, Sipetrol y Cerro Negro. El río Senguer, antes de llegar al lago Múster, ingresa a Santa Cruz (se lo conoce como “el codo del Senguer”), donde operan petroleras y también extraen agua sin ningún control.
En el lago Musters nace un acueducto de 150 kilómetros de extensión. Un caño de gran diámetro ingresa hasta el lago y lleva agua hasta el sur de Chubut y norte de Santa Cruz (Comodoro Rivadavia, Caleta Olivia, Rada Tilly), donde viven 500 mil personas. El acueducto atraviesa todas las zonas petroleras, donde no hay registro fehaciente del consumo de las empresas.
Alex Kingma confirmó que el lago Musters bajó dos metros su nivel y se retiró más de diez metros de la costa (en un solo año).
El gobierno provincial ya tomó medidas sobre el lago seco. Autorizó catorce perforaciones a empresas petroleras en el lecho del Colhue Huapi.
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Lamentable exterminio de vicuñas en Jujuy
Tristeza, impotencia e indignación ante el exterminio de vicuñas en Jujuy
Fecha de Publicación: 06/11/2016
Fuente: Que Pasa Jujuy
Provincia/Región: Jujuy
Durante todo el año las vicuñas fueron objeto de la caza indiscriminada que sumado al problema de la sequía dan como resultado un problema muy grave.
En el Salar de Olaroz (Susques) un lector de nuestro medio encontró al menos 10 vicuñas asesinadas, luego de sacarles el cuero, para su posterior comercialización.
El macabro hallazgo ocurrió esta semana a 1 km de la ruta nº 16 en el trayecto que une a Susques con las zonas de Coranzulí y Mina Pirquitas, habitualmente muy transitado por camioneros.
No es la primera vez que residentes de la zona denuncian la caza furtiva de vicuñas. Durante el proceso, los asesinos, atrapan al animal, lo matan cruelmente, le sacan el cuero y dejan el cuerpo abandonado.
Los productores ganaderos están en alerta ante la falta de regularización y control de esta práctica en la puna jujeña. Las vicuñas son víctimas tanto de los cazadores como de la sequía que azota esa zona.
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Fecha de Publicación: 06/11/2016
Fuente: Que Pasa Jujuy
Provincia/Región: Jujuy
Durante todo el año las vicuñas fueron objeto de la caza indiscriminada que sumado al problema de la sequía dan como resultado un problema muy grave.
En el Salar de Olaroz (Susques) un lector de nuestro medio encontró al menos 10 vicuñas asesinadas, luego de sacarles el cuero, para su posterior comercialización.
El macabro hallazgo ocurrió esta semana a 1 km de la ruta nº 16 en el trayecto que une a Susques con las zonas de Coranzulí y Mina Pirquitas, habitualmente muy transitado por camioneros.
No es la primera vez que residentes de la zona denuncian la caza furtiva de vicuñas. Durante el proceso, los asesinos, atrapan al animal, lo matan cruelmente, le sacan el cuero y dejan el cuerpo abandonado.
Los productores ganaderos están en alerta ante la falta de regularización y control de esta práctica en la puna jujeña. Las vicuñas son víctimas tanto de los cazadores como de la sequía que azota esa zona.
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Diaguitas piden explicación sobre la 'Coherencia Minera'
La comunidad del pueblo Diaguita exige explicación del proyecto 'Coherencia Minera'
Fecha de Publicación: 06/11/2016
Fuente: EnergyPress
Provincia/Región: Catamarca
A través de un escrito, la comunidad del pueblo Diaguita, de Andalgalá, exige explicación científica y constitucional del proyecto “Coherencia Minera”, autoría del senador por el departamento, Jorge Solá Jais (FPV), que además cuenta con media sanción.
Cabe recordar que dicha iniciativa propone quitar el porcentaje de regalías mineras a aquellos municipios que rechazan la actividad minera.
En ese contexto, la comunidad del pueblo Diaguita, integrada por 18 caciques, en asamblea manifestaron sentir la obligación de manifestarse públicamente frente a los hechos conocidos de supuesto “avasallamiento”, según dicen, de autoridades provinciales, en relación con las políticas mineras, en especial sobre Minas Capillitas y Cerro Atajo. “Conforme a artículos periodísticos días pasados, donde se hace mención a reuniones mantenidas con caciques que dicen ser de esas zonas o personas que se autoproclaman caciques, dando la conformidad a las explotaciones de los recursos naturales del territorio andalgalense, nos vemos en la obligación de aclarar los hechos acontecidos”, aseguran.
En esa línea, sostienen: “Como verdaderas comunidades originarias reconocidas por el INAI, estamos totalmente de acuerdo con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la sentencia del juez de Garantías de Andalgalá, doctor Rodolfo Cecenarro, y con la aprobación de la ordenanza antiminera del Concejo Deliberante de la cuidad de Andalgalá. En consecuencia, no aceptamos la explotación contaminante a cielo abierto, que pone en riesgo nuestra salud y el medio ambiente de todo el departamento y la provincia, por poseer el mismo nivel de capas freáticas subterráneas”.
En el documento señalan también: “Como representantes de Catamarca en la Mesa Nacional y Convención Regional del Noroeste Argentino, ante el Consejo Nacional Consultivo y Participativo de Pueblos Originarios, convocada por decreto nacional 672/16 del actual gobierno, y liderada por el representante Qom Félix Díaz, informamos de esta preocupante situación de avasallamiento a través de “consultas encubiertas”, que lo único que buscan es la Licencia Social con argumentos falaces, teniendo como saldo la triste experiencia que nos deja Minera Alumbrera, y que nadie nos explica todavía científicamente cómo se remediarán los impactos adversos del dique de colas, que contaminará la región por mil años.
Finalmente, la comunidad manifiesta: “Queremos la explicación científica y constitucional del anteproyecto de ley de “Coherencia Minera”. Exigimos la consulta obligada e irrestricta de todos nuestros pueblos originarios ante futuras presentaciones de funcionarios sobre la biodiversidad de nuestros ecosistemas”, señalaron.
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Fecha de Publicación: 06/11/2016
Fuente: EnergyPress
Provincia/Región: Catamarca
A través de un escrito, la comunidad del pueblo Diaguita, de Andalgalá, exige explicación científica y constitucional del proyecto “Coherencia Minera”, autoría del senador por el departamento, Jorge Solá Jais (FPV), que además cuenta con media sanción.
Cabe recordar que dicha iniciativa propone quitar el porcentaje de regalías mineras a aquellos municipios que rechazan la actividad minera.
En ese contexto, la comunidad del pueblo Diaguita, integrada por 18 caciques, en asamblea manifestaron sentir la obligación de manifestarse públicamente frente a los hechos conocidos de supuesto “avasallamiento”, según dicen, de autoridades provinciales, en relación con las políticas mineras, en especial sobre Minas Capillitas y Cerro Atajo. “Conforme a artículos periodísticos días pasados, donde se hace mención a reuniones mantenidas con caciques que dicen ser de esas zonas o personas que se autoproclaman caciques, dando la conformidad a las explotaciones de los recursos naturales del territorio andalgalense, nos vemos en la obligación de aclarar los hechos acontecidos”, aseguran.
En esa línea, sostienen: “Como verdaderas comunidades originarias reconocidas por el INAI, estamos totalmente de acuerdo con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la sentencia del juez de Garantías de Andalgalá, doctor Rodolfo Cecenarro, y con la aprobación de la ordenanza antiminera del Concejo Deliberante de la cuidad de Andalgalá. En consecuencia, no aceptamos la explotación contaminante a cielo abierto, que pone en riesgo nuestra salud y el medio ambiente de todo el departamento y la provincia, por poseer el mismo nivel de capas freáticas subterráneas”.
En el documento señalan también: “Como representantes de Catamarca en la Mesa Nacional y Convención Regional del Noroeste Argentino, ante el Consejo Nacional Consultivo y Participativo de Pueblos Originarios, convocada por decreto nacional 672/16 del actual gobierno, y liderada por el representante Qom Félix Díaz, informamos de esta preocupante situación de avasallamiento a través de “consultas encubiertas”, que lo único que buscan es la Licencia Social con argumentos falaces, teniendo como saldo la triste experiencia que nos deja Minera Alumbrera, y que nadie nos explica todavía científicamente cómo se remediarán los impactos adversos del dique de colas, que contaminará la región por mil años.
Finalmente, la comunidad manifiesta: “Queremos la explicación científica y constitucional del anteproyecto de ley de “Coherencia Minera”. Exigimos la consulta obligada e irrestricta de todos nuestros pueblos originarios ante futuras presentaciones de funcionarios sobre la biodiversidad de nuestros ecosistemas”, señalaron.
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Empieza a remediarse Los Pelambres
Comienzan a limpiar los terrenos contaminados por una minera chilena
Fecha de Publicación: 05/11/2016
Fuente: Clarin
Provincia/Región: San Juan
Por un acuerdo entre Chile y Argentina, el lunes 7 una minera chilena comenzará a retirar parte de la basura tóxica que arrojó durante sobre territorio argentino a la altura de San Juan. Igual no son todas buenas noticias porque además de que los trabajos llevarán mucho tiempo, abarcarán sólo una parte del mismo.
En principio, según supo Clarín de fuentes en las dos capitales, la empresa Los Pelambres, del grupo Luksic, comenzará a retirar parte de las 500 toneladas de neumáticos de maquinaria que se fueron apilando con los años en la zona fonteriza de Cerro Amarillo, en la zona de Calingasta, adonde también alojaron 52 millones de toneladas de roca estéril.
Los gobiernos de Mauricio Macri y Michele Bachelet buscaron no escalar sobre esta situación que arrastran de anteriores administraciones cuando del lado argentino, la administración de Cristina Kirchner dejó que el sector privado resolviera este cuestión, lo que también fue cómodo a los sucesivos gobiernos chilenos. Pero recientemente, desde Buenos Aires, la cancillería y legisladores del argentinos pidieron a Chile que esto lo resolvieran los Estados. El vicecanciller Carlos Foradori incluso mandó una nota a sus contrapartes en Chile, pidiendo solución y el fin de semana pasado -confirmaron las fuentes argentinas- el embajador en Santiago, Octavio Bordón envió la respuesta trasandina a Buenos Aires. Como ha dicho a este diario el embajador chileno Antonio Viera Gallo, existió siempre la “mejor predisposición” de las partes a resolver esta cuestión.
Este viernes habrá reunión en Buenos Aires del llamado 2+2 (ministros de Defensa y Relaciones Exteriores de los dos países). Es algo programado pero allí conversarán de esta cuestión los cancilleres Susana Malcorra y Heraldo Muñoz.
Los Pelambres es el nombre de la minera de Luksic del lado chileno, mientras que del lado argentino se llama Pachón, y la maneja la empresa suiza Glencore. Esto siempre argumentaron haber trabajado sobre cartografía de límites fronterizos que les indicaba que tiraraban su basura del lado argentino. Aunque nunca operó, el proyecto comenzó en 2004 y tiró residuos desde entonces hasta que salió el conflicto.
Entre tanto, este conflicto, que permanece hace tiempo judicializado, y en el que se han hecho cantidad de denuncias en momentos en que la cuestión medioambiental es muy sensible, también hay un duelo entre la empresa y el gobierno de Sergio Uñac, quien la semana pasada expesó que se había roto el acuerdo provincial con la empresa. En San Juan saben que por ahora Los Pelambres busca sólo “mitigar” los efectos de la contaminación, y dudan de que su intención sea la de retirar toda la basura.
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Fecha de Publicación: 05/11/2016
Fuente: Clarin
Provincia/Región: San Juan
Por un acuerdo entre Chile y Argentina, el lunes 7 una minera chilena comenzará a retirar parte de la basura tóxica que arrojó durante sobre territorio argentino a la altura de San Juan. Igual no son todas buenas noticias porque además de que los trabajos llevarán mucho tiempo, abarcarán sólo una parte del mismo.
En principio, según supo Clarín de fuentes en las dos capitales, la empresa Los Pelambres, del grupo Luksic, comenzará a retirar parte de las 500 toneladas de neumáticos de maquinaria que se fueron apilando con los años en la zona fonteriza de Cerro Amarillo, en la zona de Calingasta, adonde también alojaron 52 millones de toneladas de roca estéril.
Los gobiernos de Mauricio Macri y Michele Bachelet buscaron no escalar sobre esta situación que arrastran de anteriores administraciones cuando del lado argentino, la administración de Cristina Kirchner dejó que el sector privado resolviera este cuestión, lo que también fue cómodo a los sucesivos gobiernos chilenos. Pero recientemente, desde Buenos Aires, la cancillería y legisladores del argentinos pidieron a Chile que esto lo resolvieran los Estados. El vicecanciller Carlos Foradori incluso mandó una nota a sus contrapartes en Chile, pidiendo solución y el fin de semana pasado -confirmaron las fuentes argentinas- el embajador en Santiago, Octavio Bordón envió la respuesta trasandina a Buenos Aires. Como ha dicho a este diario el embajador chileno Antonio Viera Gallo, existió siempre la “mejor predisposición” de las partes a resolver esta cuestión.
Este viernes habrá reunión en Buenos Aires del llamado 2+2 (ministros de Defensa y Relaciones Exteriores de los dos países). Es algo programado pero allí conversarán de esta cuestión los cancilleres Susana Malcorra y Heraldo Muñoz.
Los Pelambres es el nombre de la minera de Luksic del lado chileno, mientras que del lado argentino se llama Pachón, y la maneja la empresa suiza Glencore. Esto siempre argumentaron haber trabajado sobre cartografía de límites fronterizos que les indicaba que tiraraban su basura del lado argentino. Aunque nunca operó, el proyecto comenzó en 2004 y tiró residuos desde entonces hasta que salió el conflicto.
Entre tanto, este conflicto, que permanece hace tiempo judicializado, y en el que se han hecho cantidad de denuncias en momentos en que la cuestión medioambiental es muy sensible, también hay un duelo entre la empresa y el gobierno de Sergio Uñac, quien la semana pasada expesó que se había roto el acuerdo provincial con la empresa. En San Juan saben que por ahora Los Pelambres busca sólo “mitigar” los efectos de la contaminación, y dudan de que su intención sea la de retirar toda la basura.
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Iniciativa para crear un Observatorio Nacional de Suelos
Impulsan la creación de un Observatorio Nacional de Suelos Agropecuarios
Fecha de Publicación: 05/11/2016
Fuente: InfoCampo
Provincia/Región: Nacional
La iniciativa pertenece al Ministerio de Agroindustria, y apunta a revalorizar nuestro suelo y evitar su degradación.
El Ministerio de Agroindustria de la Nación organizó una reunión de expertos en problemáticas de tierras con el objetivo de sentar las bases para la creación de un Observatorio Nacional de Suelos Agropecuarios. El evento contó con la participación del secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Ricardo Negri, y el subsecretario de Agricultura, Luis Urriza.
En la apertura del encuentro, el secretario Ricardo Negri resaltó que "tenemos muchas expectativas con el encuentro de hoy para definir algunos lineamientos y pensar un programa de conservación y manejo del suelo en diferentes partes de nuestro ecosistema", y agregó: "Para nosotros la agroindustria es el motor del desarrollo y la sostenibilidad tiene en el centro a las personas y tenemos que cuidar los recursos de las siguientes generaciones".
Además, el Secretario remarcó la importancia de que participen todos los actores, el sector público y privado trabajando en conjunto para diagramar políticas a largo plazo.
En la misma sintonía, Luis Urriza explicó que desde el Ministerio de Agroindustria se "vienen tomando medidas respecto de la problemática de suelos desde el primer día, como por ejemplo la quita de retenciones a trigo y maíz, que contribuye a mejorar las rotaciones", destacó el Subsecretario en la apertura de la jornada. El resultado de estas políticas "ya es notable en el hecho de que tenemos más trigo y más maíz sembrados, de modo tal que alcanzamos la mejor relación gramíneas-soja de los últimos 10 años", destacó.
En este sentido, Urriza subrayó que uno de los motivos más importantes por los que se tomaron medidas en favor de las gramíneas tuvo que ver con que en diversos estudios referidos a la erosión de los suelos, la variable de mayor impacto atendió a la falta de rotación de cultivos.
El objetivo de la cartera nacional respecto del Observatorio es "cumplir el rol de coordinar las diferentes iniciativas público- privadas y formalizarlas con una mirada hacia dentro de la conservación del recurso y también desde lo global para reinstalar a la Argentina en el mundo, con mediciones serias que le permitan cumplir objetivos tanto en lo ambiental como al impacto que eso tiene en lo comercial", explicó el Subsecretario.
"Valoramos mucho la articulación y la interinstitucionalidad, este es el espíritu del rol que asumimos como Estado", aseveró. Al tiempo que recordó que el compromiso con la idea de creación del organismo surge del compromiso asumido con las provincias en el marco del Consejo Federal Agropecuario (CFA).
Entre las funciones centrales previstas para el Observatorio se encuentran la de disponer de información permanente y actualizada respecto de los parámetros de salud del suelo, que estará disponible para la articulación de políticas públicas. Como así también mejorar las bases de datos disponibles, y revalorizar la posición argentina en el plano internacional, en cuanto a la generación de datos y desarrollo de tecnologías de medición.
A partir de consignas como abordaje metodológico, regionalización y escala de trabajo, indicadores y umbrales críticos, ideas para la adopción de buenas prácticas y recursos disponibles, se planteó un trabajo en taller por regiones, a fin de alcanzar los lineamientos para la consecución de la iniciativa, junto a las recomendaciones para la toma de decisiones al respecto.
Durante la jornada, la técnica del Centro de Investigación de Recursos Naturales (CIRN) del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Gabriela Albarracín, realizó una descripción del deterioro de los suelos en la Argentina en base al aporte de más de 150 especialistas de diferentes regiones.
Por su parte, desde la Subsecretaría, Carla Pascale Medina trazó los lineamientos del Plan Nacional de Suelos Agropecuarios, y Dardo Escobar presentó el documento de trabajo para la reunión. "El haber congregado gran parte del conocimiento de suelos del país es un paso, y la devolución será un insumo importante para generar políticas públicas", destacaron los técnicos de la Subsecretaría.
Del encuentro también participaron el director de Agricultura, Ignacio Garciarena y demás especialistas de la Subsecretaría; representantes del CFA, de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (FAUBA); de las asociaciones de productores como la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (AACREA); del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, y de Ministerios de Producción provinciales.
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Fecha de Publicación: 05/11/2016
Fuente: InfoCampo
Provincia/Región: Nacional
La iniciativa pertenece al Ministerio de Agroindustria, y apunta a revalorizar nuestro suelo y evitar su degradación.
El Ministerio de Agroindustria de la Nación organizó una reunión de expertos en problemáticas de tierras con el objetivo de sentar las bases para la creación de un Observatorio Nacional de Suelos Agropecuarios. El evento contó con la participación del secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Ricardo Negri, y el subsecretario de Agricultura, Luis Urriza.
En la apertura del encuentro, el secretario Ricardo Negri resaltó que "tenemos muchas expectativas con el encuentro de hoy para definir algunos lineamientos y pensar un programa de conservación y manejo del suelo en diferentes partes de nuestro ecosistema", y agregó: "Para nosotros la agroindustria es el motor del desarrollo y la sostenibilidad tiene en el centro a las personas y tenemos que cuidar los recursos de las siguientes generaciones".
Además, el Secretario remarcó la importancia de que participen todos los actores, el sector público y privado trabajando en conjunto para diagramar políticas a largo plazo.
En la misma sintonía, Luis Urriza explicó que desde el Ministerio de Agroindustria se "vienen tomando medidas respecto de la problemática de suelos desde el primer día, como por ejemplo la quita de retenciones a trigo y maíz, que contribuye a mejorar las rotaciones", destacó el Subsecretario en la apertura de la jornada. El resultado de estas políticas "ya es notable en el hecho de que tenemos más trigo y más maíz sembrados, de modo tal que alcanzamos la mejor relación gramíneas-soja de los últimos 10 años", destacó.
En este sentido, Urriza subrayó que uno de los motivos más importantes por los que se tomaron medidas en favor de las gramíneas tuvo que ver con que en diversos estudios referidos a la erosión de los suelos, la variable de mayor impacto atendió a la falta de rotación de cultivos.
El objetivo de la cartera nacional respecto del Observatorio es "cumplir el rol de coordinar las diferentes iniciativas público- privadas y formalizarlas con una mirada hacia dentro de la conservación del recurso y también desde lo global para reinstalar a la Argentina en el mundo, con mediciones serias que le permitan cumplir objetivos tanto en lo ambiental como al impacto que eso tiene en lo comercial", explicó el Subsecretario.
"Valoramos mucho la articulación y la interinstitucionalidad, este es el espíritu del rol que asumimos como Estado", aseveró. Al tiempo que recordó que el compromiso con la idea de creación del organismo surge del compromiso asumido con las provincias en el marco del Consejo Federal Agropecuario (CFA).
Entre las funciones centrales previstas para el Observatorio se encuentran la de disponer de información permanente y actualizada respecto de los parámetros de salud del suelo, que estará disponible para la articulación de políticas públicas. Como así también mejorar las bases de datos disponibles, y revalorizar la posición argentina en el plano internacional, en cuanto a la generación de datos y desarrollo de tecnologías de medición.
A partir de consignas como abordaje metodológico, regionalización y escala de trabajo, indicadores y umbrales críticos, ideas para la adopción de buenas prácticas y recursos disponibles, se planteó un trabajo en taller por regiones, a fin de alcanzar los lineamientos para la consecución de la iniciativa, junto a las recomendaciones para la toma de decisiones al respecto.
Durante la jornada, la técnica del Centro de Investigación de Recursos Naturales (CIRN) del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Gabriela Albarracín, realizó una descripción del deterioro de los suelos en la Argentina en base al aporte de más de 150 especialistas de diferentes regiones.
Por su parte, desde la Subsecretaría, Carla Pascale Medina trazó los lineamientos del Plan Nacional de Suelos Agropecuarios, y Dardo Escobar presentó el documento de trabajo para la reunión. "El haber congregado gran parte del conocimiento de suelos del país es un paso, y la devolución será un insumo importante para generar políticas públicas", destacaron los técnicos de la Subsecretaría.
Del encuentro también participaron el director de Agricultura, Ignacio Garciarena y demás especialistas de la Subsecretaría; representantes del CFA, de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (FAUBA); de las asociaciones de productores como la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (AACREA); del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, y de Ministerios de Producción provinciales.
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Asambleístas piden el cierre de UPM
Asambleístas de Gualeguaychú piden que se cierre la ex-Botnia tras confirmarse que contaminó
Fecha de Publicación: 05/11/2016
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Entre Ríos
El asambleísta ambiental de la ciudad entrerriana de Gualeguaychú, José Pouler, sostuvo que la pastera ex-Botnia "debería cerrarse" tras conocerse el informe que confirma que contaminó el río Uruguay.
"Espero que Tabaré Vázquez cumpla su promesa. El presidente uruguayo dijo que si la pastera contaminaba la cerraba, así que por lógica debería cerrarla", explicó en declaraciones a Radio 10.
Pidió además nuevas mediciones para recabar datos. "A veces hay cosas que se pueden hacer pero debe hacerlas el gobierno, ni los privados ni los ambientalistas. Lo correcto es que el gobierno haga las mediciones de aire, que es lo que denunciamos y a lo que le tenemos miedo, por las diversas patologías que se generaron", agregó.
Más temprano, el presidente de la delegación argentina de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), Mauro Vazón, destacó la importancia de que en un futuro cercano pueda sumarse Brasil a las mediciones ambientales en el río Uruguay.
"El río nace en Brasil y necesitamos saber cómo está el río en su totalidad, por lo que es necesario que Brasil participe", sostuvo en declaraciones a Radio 10.
"Por ejemplo, los datos del informe que registran niveles de fósforo ya los recibimos en el primer punto de muestra, y sabemos que puede proceder de la fertilización de los campos brasileños", detalló.
La CARU divulgó este miércoles un informe sobre el impacto de los efluentes de la pastera Orión (UPM Ex Botnia). El monitoreo conjunto reveló que la planta contaminó el Río Uruguay. La pastera registró "apartamientos de la normativa" en 4 puntos de los más de 30 medidos, aunque el Comité Científico de expertos que analizó la información no contó con un dato necesario para completar el examen: la cantidad de celulosa que produjo la ex-Botnia durante el lapso en el que se tomaron las muestras.
Vazón dijo que "es la fotografía de los últimos cinco años del río Uruguay, el hecho más trascendente es haber logrado que los científicos validaran y cargaran los datos para tener esta información disponible".
"En el fallo de La Haya existe un mandato concreto de medir el tramo principal del río en tres puntos de muestra, acordados entre Argentina y Uruguay. La información estaba disponible sin procesar, por lo que la publicación de los datos científicos era una asignatura pendiente", concluyó.
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Fecha de Publicación: 05/11/2016
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Entre Ríos
El asambleísta ambiental de la ciudad entrerriana de Gualeguaychú, José Pouler, sostuvo que la pastera ex-Botnia "debería cerrarse" tras conocerse el informe que confirma que contaminó el río Uruguay.
"Espero que Tabaré Vázquez cumpla su promesa. El presidente uruguayo dijo que si la pastera contaminaba la cerraba, así que por lógica debería cerrarla", explicó en declaraciones a Radio 10.
Pidió además nuevas mediciones para recabar datos. "A veces hay cosas que se pueden hacer pero debe hacerlas el gobierno, ni los privados ni los ambientalistas. Lo correcto es que el gobierno haga las mediciones de aire, que es lo que denunciamos y a lo que le tenemos miedo, por las diversas patologías que se generaron", agregó.
Más temprano, el presidente de la delegación argentina de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), Mauro Vazón, destacó la importancia de que en un futuro cercano pueda sumarse Brasil a las mediciones ambientales en el río Uruguay.
"El río nace en Brasil y necesitamos saber cómo está el río en su totalidad, por lo que es necesario que Brasil participe", sostuvo en declaraciones a Radio 10.
"Por ejemplo, los datos del informe que registran niveles de fósforo ya los recibimos en el primer punto de muestra, y sabemos que puede proceder de la fertilización de los campos brasileños", detalló.
La CARU divulgó este miércoles un informe sobre el impacto de los efluentes de la pastera Orión (UPM Ex Botnia). El monitoreo conjunto reveló que la planta contaminó el Río Uruguay. La pastera registró "apartamientos de la normativa" en 4 puntos de los más de 30 medidos, aunque el Comité Científico de expertos que analizó la información no contó con un dato necesario para completar el examen: la cantidad de celulosa que produjo la ex-Botnia durante el lapso en el que se tomaron las muestras.
Vazón dijo que "es la fotografía de los últimos cinco años del río Uruguay, el hecho más trascendente es haber logrado que los científicos validaran y cargaran los datos para tener esta información disponible".
"En el fallo de La Haya existe un mandato concreto de medir el tramo principal del río en tres puntos de muestra, acordados entre Argentina y Uruguay. La información estaba disponible sin procesar, por lo que la publicación de los datos científicos era una asignatura pendiente", concluyó.
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