Denuncian a Petroquímica La Plata por contaminar
08:00 | 
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YPF y Petroquímica La Plata: contaminación diaria y alerta entre los vecinos de la Región Capital
Fecha de Publicación: 16/07/2016
Fuente: Agencia Nova
Provincia/Región: Buenos Aires
En el día de ayer se acrecentó la magnitud de las llamaradas de las antorchas de YPF. Según la empresa, esto se dio mientras se iniciaba la puesta en marcha de las unidades de craking catalítico, que hizo que emanara más gas que el habitual. Sin embargo, hoy afirmaron que este proceso continuará durante toda la semana, por lo que se seguirán percibiendo fuertes olores, ruidos y el aumento de las llamas. Pero esto no es un hecho aislado.
El viernes, alrededor de las 22 horas, 200 trabajadores fueron evacuados como consecuencia de un escape de gas tóxico que afectó directamente a 18 operarios, de los cuales seis debieron ser hospitalizados con graves cuadros de intoxicación. Según un comunicado de la empresa, luego de que saltaran unos compresores, “se produjo la salida de una reducida porción de gases sin combustionar por la Antorcha 3”.
El pasado 5 de julio, la Sala III de la Cámara de Apelaciones Federales de nuestra ciudad, rechazó un recurso que había interpuesto YPF y por lo tanto ordenóla ejecución de un plan de obras que reduzca la contaminación generada por la refinería, además del pago de indemnizaciones a los afectados directos que realizaron la denuncia. La empresa, había intentado no cumplirla argumentando que la causa iniciada en 2003, y convalidada por la justicia diez años después, había prescripto. En esa ocasión, seis informes de monitoreo detectaron niveles de carbono, nitrógeno, azufre y material particulado por encima de lo permitido.
Los vecinos que viven en las inmediaciones sufren con más fuerza las afecciones producidas por el proceso de refinamiento de los hidrocarburos, incluso algunos llegaron a instancias judiciales con las empresas que concentran el negocio. El 2 de abril quedó al descubierto que no existen planes de contingencia ante posibles desastres más allá de la contaminación diaria que genera el gigante petrolero.
El Complejo Industrial La Plata, el más grande y antiguo del país, abarca alrededorde300 hectáreas que limitan con Berisso, Ensenada y La Plata. Fue construido en 1925 por iniciativa de Enrique Mosconi, Director General de YPF, cuando el país buscaba terminar con la importación de nafta. En los años 60, y nuevamente en los 90, se incrementó notablemente su potencial. En él se procesan hoy unos 189 mil barriles de petróleo crudo por día para la elaboración de combustible, lubricantes y otros derivados.
Según Dario Adrinolo, Doctor en Ciencias Biomédicas y titular del departamento de Toxicología la UNLP, la refinería se encuentra en una inmensa bacha de inundación que tiene el Río de La Plata y en consecuencia, todo lo que es contaminación es muy difícil de manejar: “si bien en su momento no se tuvo en cuenta el crecimiento ni la concentración urbana, ni mucho menos cuestiones ambientales, no podría haber sido peor el lugar que se eligió para la instalación del parque industrial”.
Como consecuencia del crecimiento urbano y la mala locación, la refinería infiere riesgos de todo tipo para los habitantes, principalmente a nivel atmosférico y en lo que respecta a su cercanía con la toma de agua potable de las ciudades. Los pobladores de las zonas aledañas sufren problemas respiratorios severos (como disminución de su capacidad pulmonar, disnea, tos, opresión torácica, asma, mayor reactividad bronquial); como así también problemas dérmicos, alergias en la piel, sorderas, cáncer e irritación ocular.
Los vecinos están continuamente expuestos a gases inorgánicos de azufre, a dióxido y monóxido de nitrógeno y carbono, a metales pesados, a aceites, a compuestos orgánicos volátiles, al coque residual, al ácido sulfúrico, a los derrames de benceno y a los gases (entre otras sustancias). Es por esto que la justicia ordenó a YPF presentar un plan de obras que será objeto de evaluación y supervisión por parte de los expertos del Centro de investigaciones del Medio Ambiente, organismo dependiente de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata.
Florencia Yaniello, autora del capítulo “El gigante petrolero del Gran La Plata: del auge desarrollista a la contaminación ambiental”, en el libro “Polos: injusticias ambientales e industrialización petrolera en Argentina”, indicó a NOVA que además de este fallo hay una serie de estudios que relevaron las problemáticas de salud de los vecinos y muchos indicios que muestran que no es saludable estar aspirando esos olores y esa contaminación visual, sonora y física.
“Un trabajo interdisciplinario desarrollado por un grupo de técnicos y científicos de la UNLP y del Hospital de Niños determinó que los jóvenes de Ensenada tienen sus capacidades respiratorias reducidas: la prevalencia de asma en esta población etaria ronda el 25 por ciento, mientras que en la plata no supera el 12 por ciento”, explicó la periodista del colectivo ambiental Tinta Verde.
Entre los informes más relevantes, “Estimación del riesgo asociado a PAHs en ambientes urbanos e industriales” de Andrés Porta, indica que en las bandas industriales se presentan valores concentrados de benzo-a-pyreno, hasta dos veces mayores que la zona urbana y hasta diez veces mayores que en las semi-rurales. Se trata de uno de los hidrocarburos policíclicos aromáticos (PAHs), que poseen la “capacidad” de desarrollar efectos carcinogénicos, genotóxicos y/o mutagénicos.
A su vez, otro estudio difundido en 2014 por el Centro Regional de Estudios Genómicos (CREG), revela la presencia de hidrocarburos en los suelos de las franjas aledañas a la planta. Los valores hallados son por demás superiores a los permitidos o aceptados por la Organización Mundial de la Salud.
María de los Ángeles Gutiérrez, licenciada en óptica y optometría, comprobó diversos factores contaminantes aéreos que podían apreciarse centralmente en enfermedades relacionadas a la vista. Según la investigadora, que trabajó con 44 personas de zona urbano y 34 de la zona industrial, las alternaciones en “las personas de los barrios aledaños al polo, están claramente en un peor estado de salud ocular, principalmente tienen más incidencia de lo que se conoce como ojo seco”.
A raíz de este trabajo desarrollado en la Facultad de Ciencias Exactas, se creó un proyecto de extensión universitaria en barrio Mosconi, con el objetivo de problematizar con los vecinos la importancia de la prevención y promoción de la salud.
Según los extensionistas, los vecinos del barrio tienen muy en claro que sus hijos no tienen las mismas capacidades deportivas que otros jóvenes y que eso es por estar al lado de la petroquímica. Por otra parte, informaron que “ahora saben qué implica el ruido por los catalíticos, tienen en claro lo que es la luz –día y noche- de los fósforos en los barrios y ven también que las petroquímicas emiten más contaminantes los fines de semanas o cuando esta nublado, ocultando todos sus humos en la niebla o en la lluvia, o en el fin de semana que es cuando el OPDS (Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, que debería encargarse de los controles), no trabaja”.
Las propuestas desoídas
Desde la organización Nuevo Ambiente se han presentado proyectos y ordenanzas tanto en el municipio de Berisso, como de Ensenada, para facilitar la puesta en marcha de estaciones de monitoreo fijas de control de calidad de aire. Sin embargo, “aún no hemos recibido ninguna respuesta a los pedidos que hemos realizado”, comentó a NOVA un referente de la ONG.
Según integrantes de dicha organización, faltan pulmones verdes de amortiguamiento, para mediar y apaciguar efectos negativos. “Es necesario crear zonas buffer, que son espacios de contención natural de contaminantes como, por ejemplo, el Parque Martín Rodríguez o el bosque platense”para lo que “tendría que haber una política integral entre provincia y municipios; entre empresas y jurisdicciones, para llevar a cabo la creación de las mismas”.
Los barrios más afectados son: Mosconi en Ensenada, barrio El Progreso, franjas de barrios de Berisso y zonas de El Dique. Desde Nuevo Ambiente, entienden que es necesario limitar la construcción de zonas recreativas o deportivas a menos de un kilómetro a la redonda del polo industrial: “se ve que en la calle 60 ha crecido la construcción de canchas de futbol infantiles que para nosotros no solamente es un riesgo ambiental, sino también de vida”.
María de los Ángeles Gutiérrez apuntó sobre la falta de monitoreos continuos de aire y aseguró que ese mecanismo permitiría llevar un registro constante del material particulado que se está emitiendo y, a la vez, informar a los ciudadanos de las actividades que pueden realizar dependiendo de la cantidad de aire que se está quemando. “En algunos países hay muestradores constantes en distintos puntos de la ciudad y toda esa información es traducida a la sociedad en una página con colores –al estilo de los semáforos- que permite, en zonas cercanas a los polos, saber qué días o en qué momento podes salir realizar actividad física y cuando no, es decir que se reconoce la contaminación”.
Según la investigadora se trata de darle información a la gente y de concientizar: “se ha visto en otros países que cuando uno va a hacer actividad física y los contaminantes del aire están elevados, se tiene más riesgos de sufrir un infarto”.
No hay plan
No sólo se está expuesto a dichas degradaciones en materia de salud y ambiente, sino también a otros tipos de riesgos como los incendios, las explosiones, las deflagraciones y los derrames. Es por ello que la exigencia más sentida por todos los vecinos e investigadores consultados consiste en la creación de un mecanismo de evacuación de las zonas más sensibles y expuestas. El 2 de abril de 2013, cuando se incendiaba la refinería de YPF, quedó al descubierto la inexistencia de un plan de contingencia que pueda prever una tragedia aún mayor.
Este hecho, silenciado mediáticamente, también se quiso encubrir en la justicia. Días después de la inundación, el Fiscal Jorge Paolini, encargado de delitos complejos, archivó la causa que ponía el foco en la explosión y el posterior incendio de la destilería. Desde su óptica, correspondía archivar la investigación, aduciendo que el siniestro tuvo su génesis en las extraordinarias precipitaciones, que habían provocado una saturación de los desagües fluviales y de la dispersión de material inflamable a través del agua.
Por el contrario, desde la Unidad Fiscal de Investigaciones N° 6 y la Fiscalía General, a cargo de Héctor Vogliolo, ordenaron mantener el curso de la investigación alegando que no estaban agotadas las medidas probatorias, ni la indagación acerca del accionar de los funcionarios públicos en aquel fatídico hecho.
El suceso ocurrió dentro de una empresa de tercera categoría, número de clase alto, que determina su peligrosidad. Desde Nuevo Ambiente, insisten en que no hay un protocolo para un hecho de tal magnitud: “No hay un plan de acción. Esto lo venimos reclamando desde hace tres años. Sabemos que por lo menos el 50 % de la población de Berisso, de Ensenada y de parte de La Plata (del cordón de la 122) tiene que estar evacuada en una situación similar, y hoy, si pasa algo, la gente no sabe a dónde dirigirse”.
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Fecha de Publicación: 16/07/2016
Fuente: Agencia Nova
Provincia/Región: Buenos Aires
En el día de ayer se acrecentó la magnitud de las llamaradas de las antorchas de YPF. Según la empresa, esto se dio mientras se iniciaba la puesta en marcha de las unidades de craking catalítico, que hizo que emanara más gas que el habitual. Sin embargo, hoy afirmaron que este proceso continuará durante toda la semana, por lo que se seguirán percibiendo fuertes olores, ruidos y el aumento de las llamas. Pero esto no es un hecho aislado.
El viernes, alrededor de las 22 horas, 200 trabajadores fueron evacuados como consecuencia de un escape de gas tóxico que afectó directamente a 18 operarios, de los cuales seis debieron ser hospitalizados con graves cuadros de intoxicación. Según un comunicado de la empresa, luego de que saltaran unos compresores, “se produjo la salida de una reducida porción de gases sin combustionar por la Antorcha 3”.
El pasado 5 de julio, la Sala III de la Cámara de Apelaciones Federales de nuestra ciudad, rechazó un recurso que había interpuesto YPF y por lo tanto ordenóla ejecución de un plan de obras que reduzca la contaminación generada por la refinería, además del pago de indemnizaciones a los afectados directos que realizaron la denuncia. La empresa, había intentado no cumplirla argumentando que la causa iniciada en 2003, y convalidada por la justicia diez años después, había prescripto. En esa ocasión, seis informes de monitoreo detectaron niveles de carbono, nitrógeno, azufre y material particulado por encima de lo permitido.
Los vecinos que viven en las inmediaciones sufren con más fuerza las afecciones producidas por el proceso de refinamiento de los hidrocarburos, incluso algunos llegaron a instancias judiciales con las empresas que concentran el negocio. El 2 de abril quedó al descubierto que no existen planes de contingencia ante posibles desastres más allá de la contaminación diaria que genera el gigante petrolero.
El Complejo Industrial La Plata, el más grande y antiguo del país, abarca alrededorde300 hectáreas que limitan con Berisso, Ensenada y La Plata. Fue construido en 1925 por iniciativa de Enrique Mosconi, Director General de YPF, cuando el país buscaba terminar con la importación de nafta. En los años 60, y nuevamente en los 90, se incrementó notablemente su potencial. En él se procesan hoy unos 189 mil barriles de petróleo crudo por día para la elaboración de combustible, lubricantes y otros derivados.
Según Dario Adrinolo, Doctor en Ciencias Biomédicas y titular del departamento de Toxicología la UNLP, la refinería se encuentra en una inmensa bacha de inundación que tiene el Río de La Plata y en consecuencia, todo lo que es contaminación es muy difícil de manejar: “si bien en su momento no se tuvo en cuenta el crecimiento ni la concentración urbana, ni mucho menos cuestiones ambientales, no podría haber sido peor el lugar que se eligió para la instalación del parque industrial”.
Como consecuencia del crecimiento urbano y la mala locación, la refinería infiere riesgos de todo tipo para los habitantes, principalmente a nivel atmosférico y en lo que respecta a su cercanía con la toma de agua potable de las ciudades. Los pobladores de las zonas aledañas sufren problemas respiratorios severos (como disminución de su capacidad pulmonar, disnea, tos, opresión torácica, asma, mayor reactividad bronquial); como así también problemas dérmicos, alergias en la piel, sorderas, cáncer e irritación ocular.
Los vecinos están continuamente expuestos a gases inorgánicos de azufre, a dióxido y monóxido de nitrógeno y carbono, a metales pesados, a aceites, a compuestos orgánicos volátiles, al coque residual, al ácido sulfúrico, a los derrames de benceno y a los gases (entre otras sustancias). Es por esto que la justicia ordenó a YPF presentar un plan de obras que será objeto de evaluación y supervisión por parte de los expertos del Centro de investigaciones del Medio Ambiente, organismo dependiente de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata.
Florencia Yaniello, autora del capítulo “El gigante petrolero del Gran La Plata: del auge desarrollista a la contaminación ambiental”, en el libro “Polos: injusticias ambientales e industrialización petrolera en Argentina”, indicó a NOVA que además de este fallo hay una serie de estudios que relevaron las problemáticas de salud de los vecinos y muchos indicios que muestran que no es saludable estar aspirando esos olores y esa contaminación visual, sonora y física.
“Un trabajo interdisciplinario desarrollado por un grupo de técnicos y científicos de la UNLP y del Hospital de Niños determinó que los jóvenes de Ensenada tienen sus capacidades respiratorias reducidas: la prevalencia de asma en esta población etaria ronda el 25 por ciento, mientras que en la plata no supera el 12 por ciento”, explicó la periodista del colectivo ambiental Tinta Verde.
Entre los informes más relevantes, “Estimación del riesgo asociado a PAHs en ambientes urbanos e industriales” de Andrés Porta, indica que en las bandas industriales se presentan valores concentrados de benzo-a-pyreno, hasta dos veces mayores que la zona urbana y hasta diez veces mayores que en las semi-rurales. Se trata de uno de los hidrocarburos policíclicos aromáticos (PAHs), que poseen la “capacidad” de desarrollar efectos carcinogénicos, genotóxicos y/o mutagénicos.
A su vez, otro estudio difundido en 2014 por el Centro Regional de Estudios Genómicos (CREG), revela la presencia de hidrocarburos en los suelos de las franjas aledañas a la planta. Los valores hallados son por demás superiores a los permitidos o aceptados por la Organización Mundial de la Salud.
María de los Ángeles Gutiérrez, licenciada en óptica y optometría, comprobó diversos factores contaminantes aéreos que podían apreciarse centralmente en enfermedades relacionadas a la vista. Según la investigadora, que trabajó con 44 personas de zona urbano y 34 de la zona industrial, las alternaciones en “las personas de los barrios aledaños al polo, están claramente en un peor estado de salud ocular, principalmente tienen más incidencia de lo que se conoce como ojo seco”.
A raíz de este trabajo desarrollado en la Facultad de Ciencias Exactas, se creó un proyecto de extensión universitaria en barrio Mosconi, con el objetivo de problematizar con los vecinos la importancia de la prevención y promoción de la salud.
Según los extensionistas, los vecinos del barrio tienen muy en claro que sus hijos no tienen las mismas capacidades deportivas que otros jóvenes y que eso es por estar al lado de la petroquímica. Por otra parte, informaron que “ahora saben qué implica el ruido por los catalíticos, tienen en claro lo que es la luz –día y noche- de los fósforos en los barrios y ven también que las petroquímicas emiten más contaminantes los fines de semanas o cuando esta nublado, ocultando todos sus humos en la niebla o en la lluvia, o en el fin de semana que es cuando el OPDS (Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, que debería encargarse de los controles), no trabaja”.
Las propuestas desoídas
Desde la organización Nuevo Ambiente se han presentado proyectos y ordenanzas tanto en el municipio de Berisso, como de Ensenada, para facilitar la puesta en marcha de estaciones de monitoreo fijas de control de calidad de aire. Sin embargo, “aún no hemos recibido ninguna respuesta a los pedidos que hemos realizado”, comentó a NOVA un referente de la ONG.
Según integrantes de dicha organización, faltan pulmones verdes de amortiguamiento, para mediar y apaciguar efectos negativos. “Es necesario crear zonas buffer, que son espacios de contención natural de contaminantes como, por ejemplo, el Parque Martín Rodríguez o el bosque platense”para lo que “tendría que haber una política integral entre provincia y municipios; entre empresas y jurisdicciones, para llevar a cabo la creación de las mismas”.
Los barrios más afectados son: Mosconi en Ensenada, barrio El Progreso, franjas de barrios de Berisso y zonas de El Dique. Desde Nuevo Ambiente, entienden que es necesario limitar la construcción de zonas recreativas o deportivas a menos de un kilómetro a la redonda del polo industrial: “se ve que en la calle 60 ha crecido la construcción de canchas de futbol infantiles que para nosotros no solamente es un riesgo ambiental, sino también de vida”.
María de los Ángeles Gutiérrez apuntó sobre la falta de monitoreos continuos de aire y aseguró que ese mecanismo permitiría llevar un registro constante del material particulado que se está emitiendo y, a la vez, informar a los ciudadanos de las actividades que pueden realizar dependiendo de la cantidad de aire que se está quemando. “En algunos países hay muestradores constantes en distintos puntos de la ciudad y toda esa información es traducida a la sociedad en una página con colores –al estilo de los semáforos- que permite, en zonas cercanas a los polos, saber qué días o en qué momento podes salir realizar actividad física y cuando no, es decir que se reconoce la contaminación”.
Según la investigadora se trata de darle información a la gente y de concientizar: “se ha visto en otros países que cuando uno va a hacer actividad física y los contaminantes del aire están elevados, se tiene más riesgos de sufrir un infarto”.
No hay plan
No sólo se está expuesto a dichas degradaciones en materia de salud y ambiente, sino también a otros tipos de riesgos como los incendios, las explosiones, las deflagraciones y los derrames. Es por ello que la exigencia más sentida por todos los vecinos e investigadores consultados consiste en la creación de un mecanismo de evacuación de las zonas más sensibles y expuestas. El 2 de abril de 2013, cuando se incendiaba la refinería de YPF, quedó al descubierto la inexistencia de un plan de contingencia que pueda prever una tragedia aún mayor.
Este hecho, silenciado mediáticamente, también se quiso encubrir en la justicia. Días después de la inundación, el Fiscal Jorge Paolini, encargado de delitos complejos, archivó la causa que ponía el foco en la explosión y el posterior incendio de la destilería. Desde su óptica, correspondía archivar la investigación, aduciendo que el siniestro tuvo su génesis en las extraordinarias precipitaciones, que habían provocado una saturación de los desagües fluviales y de la dispersión de material inflamable a través del agua.
Por el contrario, desde la Unidad Fiscal de Investigaciones N° 6 y la Fiscalía General, a cargo de Héctor Vogliolo, ordenaron mantener el curso de la investigación alegando que no estaban agotadas las medidas probatorias, ni la indagación acerca del accionar de los funcionarios públicos en aquel fatídico hecho.
El suceso ocurrió dentro de una empresa de tercera categoría, número de clase alto, que determina su peligrosidad. Desde Nuevo Ambiente, insisten en que no hay un protocolo para un hecho de tal magnitud: “No hay un plan de acción. Esto lo venimos reclamando desde hace tres años. Sabemos que por lo menos el 50 % de la población de Berisso, de Ensenada y de parte de La Plata (del cordón de la 122) tiene que estar evacuada en una situación similar, y hoy, si pasa algo, la gente no sabe a dónde dirigirse”.
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Avanza controvertida norma de fitosanitarios en BsAs
Dan media sanción a un proyecto para regular la aplicación de agroquímicos en Buenos Aires
Fecha de Publicación: 16/07/2016
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Buenos Aires
El Senado bonaerense dio media sanción a un proyecto de ley para regular la aplicación de agroquímicos en la provincia.
Se trata de una iniciativa que había presentado el senador Alfonso Coll Areco, integrante del bloque Peronismo Bonaerense, y presidente de la Comisión de Ambiente. Entre otros puntos, el proyecto establece zonas de exclusión para las aplicaciones, donde no se pueden hacer, y de amortiguación, donde no se pueden usar productos salvo autorización del Municipio.
En el caso de la pulverización aérea fija que la zona de exclusión, donde no se puede aplicar, "está delimitada por 500 metros adyacentes contados desde el límite de la zona urbana".
Para la pulverización terrestre dice que la exclusión para los productos clases Ia, Ib y II, "está delimitada por 100 metros adyacentes contados desde el límite de la zona urbana". En tanto, en los productos clases III y IV la exclusión "está delimitada por 10 metros adyacentes contados desde el límite de la zona urbana".
Respecto de la zona de amortiguación, el proyecto prohíbe la aplicación aérea de los productos clase Ib y II, conforme la clasificación toxicológica adoptada "dejando una franja de seguridad entre quinientos un metros a dos mil metros (501 a 2000 metros), contados a partir de la zona urbana". Además, prohíbe la aplicación de productos clase III y IV "dejando a su alrededor una franja de seguridad entre quinientos uno a mil metros (501 a 1000 metros)".
En tanto, prohíbe todo tipo de aplicación terrestre en la clase Ia, Ib y II "dejando a su alrededor una franja de seguridad mínima de ciento uno a quinientos metros (101 a 500 metros)" contados a partir de la zona urbana. En los productos clase III y IV hay que dejar una franja de seguridad mínima de once a doscientos metros 11 a 200 metros.
El proyecto con media sanción también establece, entre otros puntos, que los municipios harán la tarea de fiscalización, mientras que los aplicadores terrestres y aéreos deberán hacer un curso sobre el uso seguro de los productos.
"La provincia necesita esta ley", dijo el senador Coll Areco a La Nación.
El proyecto pasó ahora a la Cámara de Diputados bonaerense. Allí una fuente de la Comisión de Agricultura manifestó que pedirá modificaciones a esa iniciativa mientras otra expresó su rechazo al tratamiento.
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Fecha de Publicación: 16/07/2016
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Buenos Aires
El Senado bonaerense dio media sanción a un proyecto de ley para regular la aplicación de agroquímicos en la provincia.
Se trata de una iniciativa que había presentado el senador Alfonso Coll Areco, integrante del bloque Peronismo Bonaerense, y presidente de la Comisión de Ambiente. Entre otros puntos, el proyecto establece zonas de exclusión para las aplicaciones, donde no se pueden hacer, y de amortiguación, donde no se pueden usar productos salvo autorización del Municipio.
En el caso de la pulverización aérea fija que la zona de exclusión, donde no se puede aplicar, "está delimitada por 500 metros adyacentes contados desde el límite de la zona urbana".
Para la pulverización terrestre dice que la exclusión para los productos clases Ia, Ib y II, "está delimitada por 100 metros adyacentes contados desde el límite de la zona urbana". En tanto, en los productos clases III y IV la exclusión "está delimitada por 10 metros adyacentes contados desde el límite de la zona urbana".
Respecto de la zona de amortiguación, el proyecto prohíbe la aplicación aérea de los productos clase Ib y II, conforme la clasificación toxicológica adoptada "dejando una franja de seguridad entre quinientos un metros a dos mil metros (501 a 2000 metros), contados a partir de la zona urbana". Además, prohíbe la aplicación de productos clase III y IV "dejando a su alrededor una franja de seguridad entre quinientos uno a mil metros (501 a 1000 metros)".
En tanto, prohíbe todo tipo de aplicación terrestre en la clase Ia, Ib y II "dejando a su alrededor una franja de seguridad mínima de ciento uno a quinientos metros (101 a 500 metros)" contados a partir de la zona urbana. En los productos clase III y IV hay que dejar una franja de seguridad mínima de once a doscientos metros 11 a 200 metros.
El proyecto con media sanción también establece, entre otros puntos, que los municipios harán la tarea de fiscalización, mientras que los aplicadores terrestres y aéreos deberán hacer un curso sobre el uso seguro de los productos.
"La provincia necesita esta ley", dijo el senador Coll Areco a La Nación.
El proyecto pasó ahora a la Cámara de Diputados bonaerense. Allí una fuente de la Comisión de Agricultura manifestó que pedirá modificaciones a esa iniciativa mientras otra expresó su rechazo al tratamiento.
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Sin novedades del laboratorio para controlar a UPM
Se postergó la instalación del laboratorio binacional para controlar a UPM Botnia
Fecha de Publicación: 16/07/2016
Fuente: APFDigital
Provincia/Región: Entre Ríos
El 7 de enero pasado, el presidente uruguayo Tabaré Vázquez junto a su par argentino Mauricio Macri anunciaron que ambos gobiernos trabajarían juntos para instalar “un laboratorio de última generación de control medioambiental aéreo, en agua y en tierra”, como solución al conflicto por la instalación de la planta de celulosa UPM Botnia a orillas del río Uruguay.
Dicho laboratorio sería de última generación y podría ser utilizado por todo el Mercosur si era necesario. “Esperemos que ésta (solución) definitivamente resuelva el tema desde una mirada integral, que tenga en cuenta muchos aspectos y que podamos realizar en forma conjunta”, había declarado entonces el embajador de Uruguay en Argentina, Héctor Lescano.
Sin embargo, siete meses después se ha resuelto postergar la instalación del laboratorio y que el monitoreo continúe con las “capacidades ya instaladas”, según fuentes del gobierno uruguayo.
Fueron los cancilleres Rodolfo Nin Novoa y Susana Malcorra los que tomaron la decisión en la reunión que ambos mantuvieron en Montevideo el lunes 27 de junio para avanzar en los acuerdos anunciados por Macri y Vázquez en Anchorena.
Según la noticia del Semanario Búsqueda reproducida por Radio Máxima, el laboratorio ahora se volvió un “objetivo de mediano plazo”, mientras se “fortalecerá” el trabajo de la CARU y su monitoreo “a partir de las capacidades ya instaladas”.
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Fecha de Publicación: 16/07/2016
Fuente: APFDigital
Provincia/Región: Entre Ríos
El 7 de enero pasado, el presidente uruguayo Tabaré Vázquez junto a su par argentino Mauricio Macri anunciaron que ambos gobiernos trabajarían juntos para instalar “un laboratorio de última generación de control medioambiental aéreo, en agua y en tierra”, como solución al conflicto por la instalación de la planta de celulosa UPM Botnia a orillas del río Uruguay.
Dicho laboratorio sería de última generación y podría ser utilizado por todo el Mercosur si era necesario. “Esperemos que ésta (solución) definitivamente resuelva el tema desde una mirada integral, que tenga en cuenta muchos aspectos y que podamos realizar en forma conjunta”, había declarado entonces el embajador de Uruguay en Argentina, Héctor Lescano.
Sin embargo, siete meses después se ha resuelto postergar la instalación del laboratorio y que el monitoreo continúe con las “capacidades ya instaladas”, según fuentes del gobierno uruguayo.
Fueron los cancilleres Rodolfo Nin Novoa y Susana Malcorra los que tomaron la decisión en la reunión que ambos mantuvieron en Montevideo el lunes 27 de junio para avanzar en los acuerdos anunciados por Macri y Vázquez en Anchorena.
Según la noticia del Semanario Búsqueda reproducida por Radio Máxima, el laboratorio ahora se volvió un “objetivo de mediano plazo”, mientras se “fortalecerá” el trabajo de la CARU y su monitoreo “a partir de las capacidades ya instaladas”.
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Venta de tierras a extranjeros: amplio rechazo
Rechazan decreto de Macri que facilita venta de tierras a extranjeros
Fecha de Publicación: 15/07/2016
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Nacional
Fecha de Publicación: 15/07/2016
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Nacional
El decreto de Mauricio Macri que modificó el acceso de los extranjeros a tierras nacionales desató una escalada de críticas y rechazos en las provincias.
La polémica reedita una histórica resistencia del interior al avance de inversiones inmobiliarias, especialmente en la Patagonia y zonas protegidas como los Esteros del Iberá, en Corrientes.
Precisamente, en 2011 el Gobierno de Cristina de Kirchner envió al Congreso un proyecto de ley que introdujo fuertes restricciones para la venta de campos a extranjeros. Estableció el 15% como límite a toda titularidad de dominio o posesión de tierras rurales en el territorio nacional, provincial y departamental o municipal. Por esa norma los titulares extranjeros no podían adquirir más de 1.000 hectáreas cada uno, o su equivalente en la zona núcleo (definida para el norte bonaerense, sudeste de Córdoba y sur de Santa Fe). Mientras tanto, una misma nacionalidad no podía superar el 30% de la propiedad.
Fue, en rigor, una respuesta al registrado avance de empresarios como Joe Lewis (dueño de 12 mil hectáreas en Lago Escondido, Río Negro), los herederos de Douglas Tompkins (dueños de cerca de 1.500 hectáreas en los Esteros del Iberá), Luciano Benetton (dueño de un millón de hectáreas en la Patagonia), o Ted Turner (propietario de unas 5.000 hectáreas en Neuquén y Tierra del Fuego).
La semana pasada, el Gobierno oficializó una modificación a esa norma para flexibilizarla, bajo el argumento de alentar de este modo inversiones, desarrollos en el interior y reactivación de economías regionales.
Pero las provincias no tardaron en reaccionar. "Pedimos que se respete la división de poderes, porque no se puede modificar una ley con un decreto del Presidente", aseguró la diputada Silvia Frana (PJ, Santa Fe).
En Chubut, el legislador Nicolás Rochás (FpV) realizó una presentación ante el Superior Tribunal de Justicia pidiendo la inconstitucionalidad de la norma. Se suma a la que en el ámbito federal hizo el diputado Martín Doñate. Ambas operan en el mismo sentido: que la Nación no puede avasallar la propiedad originaria de los recursos naturales existentes en el territorio, su subsuelo, espacio aéreo y mar adyacente a sus costas.
"La Nación no puede disponer de los recursos naturales de la provincia sin previo acuerdo mediante leyes convenio que contemplen el uso racional del mismo, las necesidades locales y la preservación del recurso y de la ecología", coinciden.
El fin de semana, en tanto, el Consejo Nacional del PJ difundió un duro documento en el que advierte que el decreto de Macri "podría permitir tranquilamente la extranjerización de lagos y lagunas".
La polémica ya está instalada y promete quedarse.
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La polémica reedita una histórica resistencia del interior al avance de inversiones inmobiliarias, especialmente en la Patagonia y zonas protegidas como los Esteros del Iberá, en Corrientes.
Precisamente, en 2011 el Gobierno de Cristina de Kirchner envió al Congreso un proyecto de ley que introdujo fuertes restricciones para la venta de campos a extranjeros. Estableció el 15% como límite a toda titularidad de dominio o posesión de tierras rurales en el territorio nacional, provincial y departamental o municipal. Por esa norma los titulares extranjeros no podían adquirir más de 1.000 hectáreas cada uno, o su equivalente en la zona núcleo (definida para el norte bonaerense, sudeste de Córdoba y sur de Santa Fe). Mientras tanto, una misma nacionalidad no podía superar el 30% de la propiedad.
Fue, en rigor, una respuesta al registrado avance de empresarios como Joe Lewis (dueño de 12 mil hectáreas en Lago Escondido, Río Negro), los herederos de Douglas Tompkins (dueños de cerca de 1.500 hectáreas en los Esteros del Iberá), Luciano Benetton (dueño de un millón de hectáreas en la Patagonia), o Ted Turner (propietario de unas 5.000 hectáreas en Neuquén y Tierra del Fuego).
La semana pasada, el Gobierno oficializó una modificación a esa norma para flexibilizarla, bajo el argumento de alentar de este modo inversiones, desarrollos en el interior y reactivación de economías regionales.
Pero las provincias no tardaron en reaccionar. "Pedimos que se respete la división de poderes, porque no se puede modificar una ley con un decreto del Presidente", aseguró la diputada Silvia Frana (PJ, Santa Fe).
En Chubut, el legislador Nicolás Rochás (FpV) realizó una presentación ante el Superior Tribunal de Justicia pidiendo la inconstitucionalidad de la norma. Se suma a la que en el ámbito federal hizo el diputado Martín Doñate. Ambas operan en el mismo sentido: que la Nación no puede avasallar la propiedad originaria de los recursos naturales existentes en el territorio, su subsuelo, espacio aéreo y mar adyacente a sus costas.
"La Nación no puede disponer de los recursos naturales de la provincia sin previo acuerdo mediante leyes convenio que contemplen el uso racional del mismo, las necesidades locales y la preservación del recurso y de la ecología", coinciden.
El fin de semana, en tanto, el Consejo Nacional del PJ difundió un duro documento en el que advierte que el decreto de Macri "podría permitir tranquilamente la extranjerización de lagos y lagunas".
La polémica ya está instalada y promete quedarse.
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Proyecto para regular la disposición final de pilas
El Ministerio avanza en un proyecto para la disposición final de pilas
Fecha de Publicación: 15/07/2016
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación avanza en un proyecto para darle disposición final a las pilas en base al principio de responsabilidad extendida al productor. El proyecto contempla que las empresas importadoras serán las encargadas de la gestión, aunque en un principio será el Estado quien de los primeros pasos.
Por este motivo, el ministro de Ambiente, rabino Sergio Bergman, el secretario de Control y Monitoreo Ambiental, Javier Ureta, recibieron a representantes de las empresas que importan pilas al país para conversar sobre esta iniciativa.
Las pilas son considerados residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). El promedio de consumo por año es de 10 pilas por persona, y en el período 2003-2015 se importaron un total de 445.782 toneladas; según datos del informe sobre gestión de pilas y baterías eléctricas en Argentina, realizado por el INTI.
Actualmente en la Argentina todas las pilas que se utilizan son importadas, y para que las empresas del sector puedan traerlas al país tienen que solicitar la autorización correspondiente al Ministerio de Ambiente. A partir de este proyecto, el Ministerio habilitará la importación en la medida en que las empresas se hagan cargo la logística y de la disposición final.
“El Ministerio reconoce la necesidad de darle disposición a las pilas y el reclamo de la gente en este sentido. Sabemos que hay una omisión, que faltó una política de Estado. Por eso, desde el Ministerio asumimos esa necesidad y nos involucramos en la solución, haciéndonos cargo en un principio y luego dejándoles la responsabilidad al sector privado”, dijo Javier Ureta.
El plan contempla que las personas lleven las pilas de uso doméstico a desechar a puntos de recolección primaria, que se instalarán en las todas las localidades del país. Luego las empresas procederán a retirarlas de los contenedores especiales y a almacenarlas en centros de seguridad para la disposición final, cuyo sistema deberá ser aprobado por esta cartera.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable colaborará durante el año próximo con el sector privado para aplicar el proyecto, pero a partir de 2018 serán las empresas quienes se harán cargo de la totalidad del sistema de disposición final.
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Fecha de Publicación: 15/07/2016
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación avanza en un proyecto para darle disposición final a las pilas en base al principio de responsabilidad extendida al productor. El proyecto contempla que las empresas importadoras serán las encargadas de la gestión, aunque en un principio será el Estado quien de los primeros pasos.
Por este motivo, el ministro de Ambiente, rabino Sergio Bergman, el secretario de Control y Monitoreo Ambiental, Javier Ureta, recibieron a representantes de las empresas que importan pilas al país para conversar sobre esta iniciativa.
Las pilas son considerados residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). El promedio de consumo por año es de 10 pilas por persona, y en el período 2003-2015 se importaron un total de 445.782 toneladas; según datos del informe sobre gestión de pilas y baterías eléctricas en Argentina, realizado por el INTI.
Actualmente en la Argentina todas las pilas que se utilizan son importadas, y para que las empresas del sector puedan traerlas al país tienen que solicitar la autorización correspondiente al Ministerio de Ambiente. A partir de este proyecto, el Ministerio habilitará la importación en la medida en que las empresas se hagan cargo la logística y de la disposición final.
“El Ministerio reconoce la necesidad de darle disposición a las pilas y el reclamo de la gente en este sentido. Sabemos que hay una omisión, que faltó una política de Estado. Por eso, desde el Ministerio asumimos esa necesidad y nos involucramos en la solución, haciéndonos cargo en un principio y luego dejándoles la responsabilidad al sector privado”, dijo Javier Ureta.
El plan contempla que las personas lleven las pilas de uso doméstico a desechar a puntos de recolección primaria, que se instalarán en las todas las localidades del país. Luego las empresas procederán a retirarlas de los contenedores especiales y a almacenarlas en centros de seguridad para la disposición final, cuyo sistema deberá ser aprobado por esta cartera.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable colaborará durante el año próximo con el sector privado para aplicar el proyecto, pero a partir de 2018 serán las empresas quienes se harán cargo de la totalidad del sistema de disposición final.
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Entre Ríos: impulsan las ER en edificios y obras públicas
Impulsan la utilización de energía solar en edificios y obras públicas
Fecha de Publicación: 15/07/2016
Fuente: AIM
Provincia/Región: Entre Ríos
Un proyecto de ley que prevé “la incorporación progresiva y obligatoria” de sistemas de captación de energía solar “para la producción de agua caliente sanitaria y/o para la alimentación de sistemas de calefacción” obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados la semana pasada, supo AIM. En los fundamentos de la iniciativa se plantea la necesidad de buscar fuentes de energía renovables ante la crisis energética, reducir costos y disminuir el impacto ambiental.
Entre los diversos proyectos tratados en las dos sesiones que tuvo la Cámara Baja entrerriana la semana pasada pasó casi desapercibido un texto que determina la instalación de sistemas de energía solar en edificios y obras públicas.
En el artículo primero del proyecto que obtuvo media sanción se establece “la incorporación progresiva y obligatoria de sistemas de captación de energía solar de baja temperatura para la producción de agua caliente sanitaria y/o para la alimentación de sistemas de calefacción, como parte integrante de los proyectos de construcción y/o readecuación de edificaciones públicas”.
Asimismo, más allá del alcance particular de la norma, en el articulado -de autoría de la diputada Miriam Lambert- se establece que esta iniciativa deberá “enmarcarse en un proceso progresivo de implementación de la utilización de energías renovables en el desarrollo urbano”.
En la parte de los fundamentos, se sostiene que “el contexto regional, nacional y provincial, se encuentra en crisis respecto de la generación y costo de las fuentes de energías tradicionales, las que a su vez tienen un fuerte impacto negativo en el ambiente, lo que requiere la generación de políticas que revierta el actual estado de situación. En este sentido, se debe priorizar la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero provenientes de las fuentes energéticas convencionales, facilitar el acceso a la energía a sectores marginados, y aumentar la generación de energía a partir de fuentes renovables y descentralizadas”.
En la implementación de este tipo de sistemas se deberán priorizar jardines maternales de gestión estatal provincial y centros de atención primaria de salud provinciales; centros con uso deportivo, educativo y social; nuevos planes de viviendas a través de diferentes sistemas de promoción, en el equipamiento comunitario y en las viviendas cuando sea posible, ampliaciones o modificaciones de edificios públicos ya existentes que involucren los sistemas sanitarios.
En el proyecto se establece expresamente que se deberá dar preferencia en la adjudicación por compras, contrataciones, suministros o servicios a ofertas de empresas y/o comercios de procedencia local.
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Fecha de Publicación: 15/07/2016
Fuente: AIM
Provincia/Región: Entre Ríos
Un proyecto de ley que prevé “la incorporación progresiva y obligatoria” de sistemas de captación de energía solar “para la producción de agua caliente sanitaria y/o para la alimentación de sistemas de calefacción” obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados la semana pasada, supo AIM. En los fundamentos de la iniciativa se plantea la necesidad de buscar fuentes de energía renovables ante la crisis energética, reducir costos y disminuir el impacto ambiental.
Entre los diversos proyectos tratados en las dos sesiones que tuvo la Cámara Baja entrerriana la semana pasada pasó casi desapercibido un texto que determina la instalación de sistemas de energía solar en edificios y obras públicas.
En el artículo primero del proyecto que obtuvo media sanción se establece “la incorporación progresiva y obligatoria de sistemas de captación de energía solar de baja temperatura para la producción de agua caliente sanitaria y/o para la alimentación de sistemas de calefacción, como parte integrante de los proyectos de construcción y/o readecuación de edificaciones públicas”.
Asimismo, más allá del alcance particular de la norma, en el articulado -de autoría de la diputada Miriam Lambert- se establece que esta iniciativa deberá “enmarcarse en un proceso progresivo de implementación de la utilización de energías renovables en el desarrollo urbano”.
En la parte de los fundamentos, se sostiene que “el contexto regional, nacional y provincial, se encuentra en crisis respecto de la generación y costo de las fuentes de energías tradicionales, las que a su vez tienen un fuerte impacto negativo en el ambiente, lo que requiere la generación de políticas que revierta el actual estado de situación. En este sentido, se debe priorizar la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero provenientes de las fuentes energéticas convencionales, facilitar el acceso a la energía a sectores marginados, y aumentar la generación de energía a partir de fuentes renovables y descentralizadas”.
En la implementación de este tipo de sistemas se deberán priorizar jardines maternales de gestión estatal provincial y centros de atención primaria de salud provinciales; centros con uso deportivo, educativo y social; nuevos planes de viviendas a través de diferentes sistemas de promoción, en el equipamiento comunitario y en las viviendas cuando sea posible, ampliaciones o modificaciones de edificios públicos ya existentes que involucren los sistemas sanitarios.
En el proyecto se establece expresamente que se deberá dar preferencia en la adjudicación por compras, contrataciones, suministros o servicios a ofertas de empresas y/o comercios de procedencia local.
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Manipulan a favor de la Barrick el inventario de glaciares
Denuncian una trampa para manipular el inventario de glaciares y beneficiar a Barrick Gold
Fecha de Publicación: 14/07/2016
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: San Juan - Nacional
Un grupo de integrantes de la Asamblea Jáchal No Se Toca, que resiste a la megaminería en San Juan, denunció que el organismo encargado de confeccionar el inventario de glaciares modificó la definición legal de "glaciar", lo que benefició a la empresa Barrick Gold.
La Ley 26.639, que prohíbe expresamente la actividad minera en ambientes glaciares y periglaciales, fue aprobada hace casi 6 años, pero todavía no se aplica, porque no está confeccionado el inventario de glaciares, encargado al Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla).
Según esa ley, un glaciar es "toda masa de hielo perenne estable o que fluye lentamente (…), cualquiera sea su forma, dimensión y estado de conservación". Sin embargo, en un documento elaborado en 2010, el Ianigla redefinió a los glaciares y, entre otras diferencias, estableció que deben ser mayores de una hectárea.
Algo similar ocurrió con los ambientes periglaciales, en los que también está prohibida la actividad minera. En este caso, el Ianigla decidió relevar solamente los "cuerpos periglaciales" y no toda la zona.
Ambas decisiones del Ianigla traen consecuencias concretas. "Con estas definiciones dejan afuera, por ejemplo, al glaciar Toro 1, donde se haría el rajo del proyecto Pascua Lama. También todo el ambiente periglacial sobre el que está ubicado el valle de lixiviación de Veladero, sobre el río Potrerillos, donde se produjo el último derrame de cianuro y que ya está dañado. Y hasta excluyen el grosero daño al glaciar Almirante Brown, también conocido como Conconta, producido por el camino minero que va a Pascua Lama y a Veladero, que en su parte oriental fue sencillamente seccionada por el camino minero, pero que los especialistas de Ianigla consideran un simple 'manchón de nieve'", explicó a Infobae el abogado sanjuanino Diego Seguí, que asesora a los ambientalistas.
Al ser consultado al respecto, el coordinador del inventario, Gustavo Costa, explicó a este medio: "Metodológicamente, en todo el mundo se toman los glaciares de más de una hectárea, porque además tiene que ver con una cuestión tecnológica por la definición de las imágenes satelitales. Es un estándar internacional. Igualmente, una vez que se termine el trabajo, se va a ir viendo cómo se mejora".
En la Asamblea Jáchal No Se Toca creen que un estándar internacional no puede modificar una ley argentina. "La Constitución establece un sistema republicano en el que las leyes las hace el Congreso y se prohíbe la delegación legislativa. Nosotros no discutimos la cuestión técnica, sino que decimos que ellos no tienen potestad para modificar la ley. Es algo que no merece ningún análisis jurídico: no pueden dejar de hacer lo que la ley les dice que hagan, que es medir todos los glaciares, sin distinción de tamaño", rebatió Seguí.
Con respecto al ambiente periglacial, la cuestión es más compleja. Según el propio estudio de impacto ambiental de Barrick Gold, buena parte de la mina Veladero está en una zona prohibida, incluido –como explicó Seguí– el valle de lixiviación, donde se usa agua con cianuro y otros elementos tóxicos para separar la roca del mineral con valor comercial. Lo mismo ocurre con el proyecto binacional Pascua Lama, frenado por la Justicia chilena por contaminar los glaciares Esperanza y Toro 1, que paradójicamente quedarán afuera del mapeo.
Hay un dato más a destacar: en 2005, el Ianigla presentó un informe en el que estableció que la región Lama-Veladero es un ambiente glaciar y periglacial, y que en la zona de los proyectos están los glaciares Los Amarillos, Guanaco, Canito, Gla C34, Potrerillos y Gla P08.
Sin embargo, los ambientes periglaciales de Veladero y Pascua Lama no figurarán en el inventario, porque el Ianigla hizo un interpretación aislada de un solo artículo de la ley e incluirá, solamente, los cuerpos periglaciales, y no todo el ambiente propiamente dicho.
Según explica el propio instituto entre las "preguntas frecuentes" incluidas en su página web, el artículo 3 de la ley de glaciares, que es la que detalla el contenido del inventario, llama a individualizar "todos los glaciares y geoformas periglaciales". Es decir, no habla de "ambiente periglacial". Sin embargo, una interpretación extensiva a todo el resto de la ley habría podido determinar que el espíritu del inventario es determinar las zonas protegidas por ley, que incluyen, justamente, a todo el ambiente periglacial. Además, en materia ambiental, las normas siempre deben interpretarse a favor del cuidado del medio ambiente.
Entre los asambleístas creen que la autoridad de aplicación de la ley, la Secretaria de Ambiente –hoy, "ascendida" a ministerio– pudo haber dado su aval a esta maniobra. Y que incluso podría haber conflictos de interés, ya que –alegan–, la geóloga Lydia Espizua, que es parte del Ianigla, trabajó para Knight Piésold, la consultora que realizó los estudios de impacto ambiental de Veladero y Pascua Lama para Barrick Gold.
Frente a este panorama, en el escrito que los ambientalistas presentaron hoy y al que Infobae tuvo acceso, reclamaron "la pronta y 'legal' realización del Inventario de Glaciares y Ambiente Periglacial en la cuenca del Río Jáchal, sin excluir glaciares por su superficie ni al ambiente periglacial".
Aquí hay que hacer un paréntesis. La ley puso un plazo de 180 días para hacer un inventario de las áreas prioritarias, que son aquellas que ya están siendo explotadas. Pero como ninguna provincia informó cuáles eran esas zonas, el Ianigla dio por muerta esa disposición y no la cumplió, pese a que la normativa no le exigía hacer consultas.
Aun así, el propio Ianigla decidió en 2013 –cuatro años después– que todo San Juan era una zona prioritaria, por lo que comenzó a elaborar el mapeo de glaciares en la provincia. Según el instituto, la mayoría del inventario está terminado y a disposición del Ministerio de Ambiente, pero aún no se divulgó, debido al engorroso protocolo de publicación.
Por otra parte, la ley también fijó un plazo de 180 días para hacer una auditoría ambiental para evaluar los impactos ya ocasionados en los glaciares. En el escrito los ambientalistas también pidieron que les permitan acceder a los informes de Veladero y Pascua Lama, que ni siquiera se sabe si se empezaron a hacer.
Si el tema se llega a judicializar y se comprueba que los responsables del Ianigla y del inventario se apartaron de la ley, el abogado Diego Seguí cree que no sólo podrían perder sus empleos, sino que podrían ser perseguidos penalmente. Es más: en la Asamblea Jáchal No Se Toca están pensando en hacer una denuncia contra el ministro de Ambiente, Sergio Bergman, si llega a publicar un inventario que no cumpla con los requisitos legales.
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Fecha de Publicación: 14/07/2016
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: San Juan - Nacional
Un grupo de integrantes de la Asamblea Jáchal No Se Toca, que resiste a la megaminería en San Juan, denunció que el organismo encargado de confeccionar el inventario de glaciares modificó la definición legal de "glaciar", lo que benefició a la empresa Barrick Gold.
La Ley 26.639, que prohíbe expresamente la actividad minera en ambientes glaciares y periglaciales, fue aprobada hace casi 6 años, pero todavía no se aplica, porque no está confeccionado el inventario de glaciares, encargado al Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla).
Según esa ley, un glaciar es "toda masa de hielo perenne estable o que fluye lentamente (…), cualquiera sea su forma, dimensión y estado de conservación". Sin embargo, en un documento elaborado en 2010, el Ianigla redefinió a los glaciares y, entre otras diferencias, estableció que deben ser mayores de una hectárea.
Algo similar ocurrió con los ambientes periglaciales, en los que también está prohibida la actividad minera. En este caso, el Ianigla decidió relevar solamente los "cuerpos periglaciales" y no toda la zona.
Ambas decisiones del Ianigla traen consecuencias concretas. "Con estas definiciones dejan afuera, por ejemplo, al glaciar Toro 1, donde se haría el rajo del proyecto Pascua Lama. También todo el ambiente periglacial sobre el que está ubicado el valle de lixiviación de Veladero, sobre el río Potrerillos, donde se produjo el último derrame de cianuro y que ya está dañado. Y hasta excluyen el grosero daño al glaciar Almirante Brown, también conocido como Conconta, producido por el camino minero que va a Pascua Lama y a Veladero, que en su parte oriental fue sencillamente seccionada por el camino minero, pero que los especialistas de Ianigla consideran un simple 'manchón de nieve'", explicó a Infobae el abogado sanjuanino Diego Seguí, que asesora a los ambientalistas.
Al ser consultado al respecto, el coordinador del inventario, Gustavo Costa, explicó a este medio: "Metodológicamente, en todo el mundo se toman los glaciares de más de una hectárea, porque además tiene que ver con una cuestión tecnológica por la definición de las imágenes satelitales. Es un estándar internacional. Igualmente, una vez que se termine el trabajo, se va a ir viendo cómo se mejora".
En la Asamblea Jáchal No Se Toca creen que un estándar internacional no puede modificar una ley argentina. "La Constitución establece un sistema republicano en el que las leyes las hace el Congreso y se prohíbe la delegación legislativa. Nosotros no discutimos la cuestión técnica, sino que decimos que ellos no tienen potestad para modificar la ley. Es algo que no merece ningún análisis jurídico: no pueden dejar de hacer lo que la ley les dice que hagan, que es medir todos los glaciares, sin distinción de tamaño", rebatió Seguí.
Con respecto al ambiente periglacial, la cuestión es más compleja. Según el propio estudio de impacto ambiental de Barrick Gold, buena parte de la mina Veladero está en una zona prohibida, incluido –como explicó Seguí– el valle de lixiviación, donde se usa agua con cianuro y otros elementos tóxicos para separar la roca del mineral con valor comercial. Lo mismo ocurre con el proyecto binacional Pascua Lama, frenado por la Justicia chilena por contaminar los glaciares Esperanza y Toro 1, que paradójicamente quedarán afuera del mapeo.
Hay un dato más a destacar: en 2005, el Ianigla presentó un informe en el que estableció que la región Lama-Veladero es un ambiente glaciar y periglacial, y que en la zona de los proyectos están los glaciares Los Amarillos, Guanaco, Canito, Gla C34, Potrerillos y Gla P08.
Sin embargo, los ambientes periglaciales de Veladero y Pascua Lama no figurarán en el inventario, porque el Ianigla hizo un interpretación aislada de un solo artículo de la ley e incluirá, solamente, los cuerpos periglaciales, y no todo el ambiente propiamente dicho.
Según explica el propio instituto entre las "preguntas frecuentes" incluidas en su página web, el artículo 3 de la ley de glaciares, que es la que detalla el contenido del inventario, llama a individualizar "todos los glaciares y geoformas periglaciales". Es decir, no habla de "ambiente periglacial". Sin embargo, una interpretación extensiva a todo el resto de la ley habría podido determinar que el espíritu del inventario es determinar las zonas protegidas por ley, que incluyen, justamente, a todo el ambiente periglacial. Además, en materia ambiental, las normas siempre deben interpretarse a favor del cuidado del medio ambiente.
Entre los asambleístas creen que la autoridad de aplicación de la ley, la Secretaria de Ambiente –hoy, "ascendida" a ministerio– pudo haber dado su aval a esta maniobra. Y que incluso podría haber conflictos de interés, ya que –alegan–, la geóloga Lydia Espizua, que es parte del Ianigla, trabajó para Knight Piésold, la consultora que realizó los estudios de impacto ambiental de Veladero y Pascua Lama para Barrick Gold.
Frente a este panorama, en el escrito que los ambientalistas presentaron hoy y al que Infobae tuvo acceso, reclamaron "la pronta y 'legal' realización del Inventario de Glaciares y Ambiente Periglacial en la cuenca del Río Jáchal, sin excluir glaciares por su superficie ni al ambiente periglacial".
Aquí hay que hacer un paréntesis. La ley puso un plazo de 180 días para hacer un inventario de las áreas prioritarias, que son aquellas que ya están siendo explotadas. Pero como ninguna provincia informó cuáles eran esas zonas, el Ianigla dio por muerta esa disposición y no la cumplió, pese a que la normativa no le exigía hacer consultas.
Aun así, el propio Ianigla decidió en 2013 –cuatro años después– que todo San Juan era una zona prioritaria, por lo que comenzó a elaborar el mapeo de glaciares en la provincia. Según el instituto, la mayoría del inventario está terminado y a disposición del Ministerio de Ambiente, pero aún no se divulgó, debido al engorroso protocolo de publicación.
Por otra parte, la ley también fijó un plazo de 180 días para hacer una auditoría ambiental para evaluar los impactos ya ocasionados en los glaciares. En el escrito los ambientalistas también pidieron que les permitan acceder a los informes de Veladero y Pascua Lama, que ni siquiera se sabe si se empezaron a hacer.
Si el tema se llega a judicializar y se comprueba que los responsables del Ianigla y del inventario se apartaron de la ley, el abogado Diego Seguí cree que no sólo podrían perder sus empleos, sino que podrían ser perseguidos penalmente. Es más: en la Asamblea Jáchal No Se Toca están pensando en hacer una denuncia contra el ministro de Ambiente, Sergio Bergman, si llega a publicar un inventario que no cumpla con los requisitos legales.
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Proyectan granja solar en Santa Fe
El BID financiará un proyecto de energía solar fotovoltaica
Fecha de Publicación: 14/07/2016
Fuente: NotiFe
Provincia/Región: Santa Fe
La iniciativa fue presentada por la Secretaría de Estado de la Energía de Santa Fe. Son 50 mil dólares que se destinarán a la asistencia técnica necesaria para la construcción de tres plantas que generarán energía para 13.000 viviendas familiares.
La Secretaría de Estado de la Energía de Santa Fe informó que el Mercado de Energía Sostenible para América Latina y el Caribe -una iniciativa conjunta del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Agencia Internacional de la Energía Renovable (IRENA, por sus siglas en inglés)-, anunció recientemente que destinará 50.000 dólares a un proyecto presentado por la provincia.
La iniciativa, que tiene por nombre “Generación distribuida con solar fotovoltaica y almacenamiento para el noroeste de la provincia de Santa Fe”, está enmarcada en el Plan del Norte y fue presentada ante el BID por la Secretaría de Estado de la Energía con la participación del Ministerio de Economía, la Secretaría de Relaciones Internacionales de Santa Fe y la Empresa Provincial de la Energía (EPE).
La misma consiste en la instalación de plantas fotovoltaicas de diferente tamaños que inyectarán la energía a la red eléctrica de la EPE con el objetivo de mejorar la calidad del servicio.
La ayuda consistirá en financiar estudios sobre la viabilidad social, ambiental, financiera, técnica y económica, capacitación de recursos humanos y otros temas relacionados para avanzar en la construcción de las plantas fotovoltaicas (con paneles solares) en el norte.
El objetivo es mejorar la bancabilidad de los proyectos y que se puedan constituir en negocios financieramente sostenibles. La iniciativa fue seleccionada entre otras 76 presentadas por otros 16 países miembros del BID.
Según detallaron los ingenieros de la Subsecretaría de Energías Renovables de la provincia, este aporte del BID servirá para hacer los estudios de factibilidad de la FASE I de un proyecto de 40 MW para el norte provincial.
Esta primera fase implica la construcción de tres plantas fotovoltaicas que suman un total de 20 MW (8 MW + 8 MW + 4 MW) en tres localidades del norte separadas unos 90 km una de las otras. Las plantas generarán la energía suficiente para abastecer a más de 13 mil viviendas familiares.
El proyecto forma parte de un programa más amplio que tiene como objetivo cumplir con la Ley Nacional Nº 27.191 que establece cubrir el 20% de la demanda de energía eléctrica con energías renovables para el año 2025.
Si bien el objetivo es de ámbito nacional, la provincia quiere contribuir a lograr este objetivo tomando el 20 % de la demanda eléctrica provincial, consciente de que tiene que cumplir con los compromisos nacionales de reducción de emisiones.
El proyecto espera obtener un crédito con condiciones de financiación muy favorables (2 % anual en dólares por 20 años con 5 años de gracia) de la agencia de desarrollo de los Emiratos Árabes Unidos (ADFD) que distribuye IRENA.
La iniciativa tiene el aval nacional y fue priorizado por Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación Argentina para la obtención de financiación internacional.
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Fecha de Publicación: 14/07/2016
Fuente: NotiFe
Provincia/Región: Santa Fe
La iniciativa fue presentada por la Secretaría de Estado de la Energía de Santa Fe. Son 50 mil dólares que se destinarán a la asistencia técnica necesaria para la construcción de tres plantas que generarán energía para 13.000 viviendas familiares.
La Secretaría de Estado de la Energía de Santa Fe informó que el Mercado de Energía Sostenible para América Latina y el Caribe -una iniciativa conjunta del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Agencia Internacional de la Energía Renovable (IRENA, por sus siglas en inglés)-, anunció recientemente que destinará 50.000 dólares a un proyecto presentado por la provincia.
La iniciativa, que tiene por nombre “Generación distribuida con solar fotovoltaica y almacenamiento para el noroeste de la provincia de Santa Fe”, está enmarcada en el Plan del Norte y fue presentada ante el BID por la Secretaría de Estado de la Energía con la participación del Ministerio de Economía, la Secretaría de Relaciones Internacionales de Santa Fe y la Empresa Provincial de la Energía (EPE).
La misma consiste en la instalación de plantas fotovoltaicas de diferente tamaños que inyectarán la energía a la red eléctrica de la EPE con el objetivo de mejorar la calidad del servicio.
La ayuda consistirá en financiar estudios sobre la viabilidad social, ambiental, financiera, técnica y económica, capacitación de recursos humanos y otros temas relacionados para avanzar en la construcción de las plantas fotovoltaicas (con paneles solares) en el norte.
El objetivo es mejorar la bancabilidad de los proyectos y que se puedan constituir en negocios financieramente sostenibles. La iniciativa fue seleccionada entre otras 76 presentadas por otros 16 países miembros del BID.
Según detallaron los ingenieros de la Subsecretaría de Energías Renovables de la provincia, este aporte del BID servirá para hacer los estudios de factibilidad de la FASE I de un proyecto de 40 MW para el norte provincial.
Esta primera fase implica la construcción de tres plantas fotovoltaicas que suman un total de 20 MW (8 MW + 8 MW + 4 MW) en tres localidades del norte separadas unos 90 km una de las otras. Las plantas generarán la energía suficiente para abastecer a más de 13 mil viviendas familiares.
El proyecto forma parte de un programa más amplio que tiene como objetivo cumplir con la Ley Nacional Nº 27.191 que establece cubrir el 20% de la demanda de energía eléctrica con energías renovables para el año 2025.
Si bien el objetivo es de ámbito nacional, la provincia quiere contribuir a lograr este objetivo tomando el 20 % de la demanda eléctrica provincial, consciente de que tiene que cumplir con los compromisos nacionales de reducción de emisiones.
El proyecto espera obtener un crédito con condiciones de financiación muy favorables (2 % anual en dólares por 20 años con 5 años de gracia) de la agencia de desarrollo de los Emiratos Árabes Unidos (ADFD) que distribuye IRENA.
La iniciativa tiene el aval nacional y fue priorizado por Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación Argentina para la obtención de financiación internacional.
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Nación piden para los bosques criterios no regresivos
El Ministerio de Ambiente de la Nación pidió a las provincias que no apliquen "criterios regresivos" en los bosques nativos
Fecha de Publicación: 14/07/2016
Fuente: Diario Jornada
Provincia/Región: Nacional
El gobierno nacional pidió por escrito a las provincias que se encuentran en el proceso de actualizar el Ordenamiento Territorial (OT) establecido por la Ley de Bosques, que "no apliquen criterios regresivos" y que colaboren con el Registro de Infractores.
La subsecretaria de Planificación y Ordenamiento Ambiental del Territorio del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Dolores Duverges, contó a Télam que en "las notas que mandamos a las provincias les decimos 'tienen que seguir los criterios de no regresión'" en referencia a la necesidad de no desproteger las zonas marcadas con los colores rojo o amarillo según el nivel de conservación establecido.
En el caso del rojo se trata de conservación total, prohibición de desmonte o aprovechamiento; amarilla, permiso para aprovechar pero sin desmonte y en el caso del verde se permite el desmonte pero previo estudio de impacto ambiental y audiencia pública.
En cuanto al Registro de Infractores, previsto en el artículo 27 de la Ley de Bosques, aún sin existencia palpable establece que "toda persona física o jurídica, pública o privada, que haya sido infractora a regímenes o leyes, forestales o ambientales, nacionales o provinciales, en la medida que no cumpla con las sanciones impuestas, no podrá obtener autorización de desmonte o aprovechamiento sostenible".
Para eso se crea, agrega la norma el Registro Nacional de Infractores, que será administrado por la Autoridad Nacional de Aplicación, es decir por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, organismo que centralizará la información proveniente de las provincias y que "será de acceso público en todo el territorio nacional".
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Fecha de Publicación: 14/07/2016
Fuente: Diario Jornada
Provincia/Región: Nacional
El gobierno nacional pidió por escrito a las provincias que se encuentran en el proceso de actualizar el Ordenamiento Territorial (OT) establecido por la Ley de Bosques, que "no apliquen criterios regresivos" y que colaboren con el Registro de Infractores.
La subsecretaria de Planificación y Ordenamiento Ambiental del Territorio del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Dolores Duverges, contó a Télam que en "las notas que mandamos a las provincias les decimos 'tienen que seguir los criterios de no regresión'" en referencia a la necesidad de no desproteger las zonas marcadas con los colores rojo o amarillo según el nivel de conservación establecido.
En el caso del rojo se trata de conservación total, prohibición de desmonte o aprovechamiento; amarilla, permiso para aprovechar pero sin desmonte y en el caso del verde se permite el desmonte pero previo estudio de impacto ambiental y audiencia pública.
En cuanto al Registro de Infractores, previsto en el artículo 27 de la Ley de Bosques, aún sin existencia palpable establece que "toda persona física o jurídica, pública o privada, que haya sido infractora a regímenes o leyes, forestales o ambientales, nacionales o provinciales, en la medida que no cumpla con las sanciones impuestas, no podrá obtener autorización de desmonte o aprovechamiento sostenible".
Para eso se crea, agrega la norma el Registro Nacional de Infractores, que será administrado por la Autoridad Nacional de Aplicación, es decir por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, organismo que centralizará la información proveniente de las provincias y que "será de acceso público en todo el territorio nacional".
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Nuevo derrame de YPF ahora en Huincul
YPF derramó agua y petróleo en la destilería de Huincul
Fecha de Publicación: 13/07/2016
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Neuquén
Fue a principios del mes pasado pero no lo habían dado a conocer. Dijeron que corrió por un canal aluvional interno pero que no llegó al zanjón. Hay temor porque al lado del complejo está cerrado el campo de deportes porque está contaminado.
Agua con petróleo crudo se distribuyó en los parques internos del Complejo Industrial Plaza Huincul, que tiene la empresa YPF dentro del ejido de la localidad. Este es el segundo incidente de contaminación del suelo, del que se tenga conocimiento.
Si bien la empresa dio aviso a la Subsecretaría de Ambiente de la Provincia, la información no trascendió públicamente hasta ahora.
Según el registro de YPF, el derrame de agua con hidrocarburo se produjo el 6 de junio, aproximadamente a las 10, en la refinería Plaza Huincul.
La empresa informó a la Subsecretaría de Ambiente que se produjo el rebalse de una cámara y calificó la magnitud como “mayor”.
La información detalla que el volumen derramado fue de 10 metros cúbicos, diez mil litros, que afectaron los parques que se encuentran en las instalaciones. De ese derrame se recuperaron 5 mil litros.
Inspección
Ese informe, que trascendió extraoficialmente, fue corroborado por las autoridades de la cartera de Ambiente de la provincia. Se realizó una inspección y se consideró que el evento estaba controlado y no se aplicaron multas.
La contaminación del suelo en el complejo industrial es un tema sensible a la comunidad ya que en 2009 se produjo la contaminación del denominado Campo de Deportes, que era un gran espacio recreativo para los vecinos pero que quedó cerrado al público por la presencia de combustible en el subsuelo.
Desde YPF se aclaró que no se informó a las autoridades municipales ni al público porque el protocolo indica que solamente se avise al organismo de Medio Ambiente.
“El derrame fue interno, llegó a un canal interno impermeabilizado y se interrumpió en la primera de las tres compuertas previas al zanjón (canal colector Zapala)”, se informó.
Se admitió que hubo contaminación del suelo, que la tierra afectada se retiró y fue reemplazada y se realizó una descontaminación del suelo afectado.
El incidente se hizo público luego que trascendiera un parte interno de la empresa, donde se daba cuenta del incidente.
Luego desde la subsecretaría de Medio Ambiente se certificó que existió el derrame.
Ante la trascendencia del hecho, desde el Concejo Deliberante se buscará acceder información.
Así lo manifestó el concejal Carlos Matzkin del bloque Libres del Sur.
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Fecha de Publicación: 13/07/2016
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Neuquén
Fue a principios del mes pasado pero no lo habían dado a conocer. Dijeron que corrió por un canal aluvional interno pero que no llegó al zanjón. Hay temor porque al lado del complejo está cerrado el campo de deportes porque está contaminado.
Agua con petróleo crudo se distribuyó en los parques internos del Complejo Industrial Plaza Huincul, que tiene la empresa YPF dentro del ejido de la localidad. Este es el segundo incidente de contaminación del suelo, del que se tenga conocimiento.
Si bien la empresa dio aviso a la Subsecretaría de Ambiente de la Provincia, la información no trascendió públicamente hasta ahora.
Según el registro de YPF, el derrame de agua con hidrocarburo se produjo el 6 de junio, aproximadamente a las 10, en la refinería Plaza Huincul.
La empresa informó a la Subsecretaría de Ambiente que se produjo el rebalse de una cámara y calificó la magnitud como “mayor”.
La información detalla que el volumen derramado fue de 10 metros cúbicos, diez mil litros, que afectaron los parques que se encuentran en las instalaciones. De ese derrame se recuperaron 5 mil litros.
Inspección
Ese informe, que trascendió extraoficialmente, fue corroborado por las autoridades de la cartera de Ambiente de la provincia. Se realizó una inspección y se consideró que el evento estaba controlado y no se aplicaron multas.
La contaminación del suelo en el complejo industrial es un tema sensible a la comunidad ya que en 2009 se produjo la contaminación del denominado Campo de Deportes, que era un gran espacio recreativo para los vecinos pero que quedó cerrado al público por la presencia de combustible en el subsuelo.
Desde YPF se aclaró que no se informó a las autoridades municipales ni al público porque el protocolo indica que solamente se avise al organismo de Medio Ambiente.
“El derrame fue interno, llegó a un canal interno impermeabilizado y se interrumpió en la primera de las tres compuertas previas al zanjón (canal colector Zapala)”, se informó.
Se admitió que hubo contaminación del suelo, que la tierra afectada se retiró y fue reemplazada y se realizó una descontaminación del suelo afectado.
El incidente se hizo público luego que trascendiera un parte interno de la empresa, donde se daba cuenta del incidente.
Luego desde la subsecretaría de Medio Ambiente se certificó que existió el derrame.
Ante la trascendencia del hecho, desde el Concejo Deliberante se buscará acceder información.
Así lo manifestó el concejal Carlos Matzkin del bloque Libres del Sur.
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El guacamayo rojo extinguido en Formosa
El guacamayo rojo desapareció del monte formoseño
Fecha de Publicación: 13/07/2016
Fuente: Diario El Comercial
Provincia/Región: Formosa
Fecha de Publicación: 13/07/2016
Fuente: Diario El Comercial
Provincia/Región: Formosa
En nuestro país se la citó o colectó en Salta, Formosa, Chaco y Misiones. Pero ya desapareció de las tres primeras provincias. Y en Misiones sólo se la registró durante las últimas décadas en los departamentos Iguazú y Candelaria.
Entre las aves emblemáticas del mundo, el guacamayo rojo es una de las más hermosas. Y entre los loros, uno de los más grandes. Sólo se parece al Guacamayo de Alas Amarillas y al extinto Guacamayo Rojo de Cuba. Mide de 78 a 90 cm de longitud y pesa entre 1.300 y 1.700 gramos.
A primera impresión, el rojo intenso parece dominar por entero su plumaje. Sin embargo, el azul pinta el extremo de sus alas y el verde, las plumas secundarias. Hace algunas décadas formaba parte del paisaje del monte formoseño, pero hoy ha sido declarada presuntamente extinguida por la Fundación Vida Silvestre de Argentina (FVSA).
A nivel nacional, está considerada “en peligro” por la Resolución 144/83 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. La Asociación Ornitológica del Plata (AOP) la clasificó como “en peligro crítico”.
No puede hablarse de poblaciones protegidas en el Parque Nacional Iguazú o en el Parque Provincial Urugua-í, ya que no hay indicios de una población establecida, por más que se hayan registrado individuos solitarios, parejas y pequeños grupos.
En Bolivia, Brasil y Paraguay figura en las listas de especies amenazadas. La FVSA la declaró “presuntamente extinguida”, al igual que el ornitólogo Juan Carlos Chébez. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza –UICN- no la menciona en su última Lista Roja. Desde 1981, figura en el Apéndice II de CITES (comercio internacional regulado).
Como urgentes medidas de conservación, la FVSA sugirió detectar las áreas donde se localiza en el campo; proteger las áreas y los árboles donde nidificaría; apoyar proyectos de conservación ex situ como los del Centro de Recuperación y Recría de Aves Amenazadas de la Selva Paranaense Guira Oga de la AOP y el Ministerio de Ecología de Misiones; capitalizar la experiencia de los criadores o comerciantes que lo hayan reproducido exitosamente (por ejemplo, Corrientes Loro Park), y hacer el informe sobre su avistaje a la FVSA, la AOP y la Delegación Técnica Regional NEA de la Administración de Parques Nacionales (APN). Para notificar los avistajes hay que tener en cuenta la localidad, fecha, número de ejemplares, observador, etc.
Peligro de extinción. Así como ya seis especies de guacamayos están extintos, las restantes están en peligro de extinción inminente, esto se debe principalmente a la caza furtiva para utilizar en la comercialización como mascotas en intentos de domesticación, y por su plumaje, además del conocido problema de la destrucción de los hábitats naturales.
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Según la Asamblea hay pruebas suficientes contra UPM
Sobran estudios científicos, pero falta decisión política
Fecha de Publicación: 13/07/2016
Fuente: Diario El Entre Ríos
Provincia/Región: Entre Ríos
Monitoreo a UPM: la Asamblea Ciudadana Ambiental pedirá que los ex integrantes de la Delegación Argentina ante la CARU declaren como testigos en la causa que se sigue contra la pastera. El clic de Timerman y Urribarri.
Se trata de la Causa Nº 56.204, caratulada "Busti Jorge Pedro y otros, denuncia artítulo 55 ley 24051 en grado de tentativa", que tramita por ante el Juzgado Federal, Secretaría Nº 1 en lo Criminal y Correccional, de Concepción del Uruguay.
Las actuaciones jurídicas contra la pastera ubicada en Fray Bentos, a la vera del río Uruguay, fueron iniciadas por laos asambleístas Oscar Bargas, José Gómez y Gustavo Rivollier, con el patrocinio de la doctora Ana Angelini y varios abogados más.
Bargas fue consultado tras la charla que ofrecieron, en el Centro Municipal de Convenciones, los ex integrantes de la delegación argentina en la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), Hernán Orduna, Héctor Ramón Rodríguez, Héctor Ricardo Retamal y Horacio Melo.
En esa ocasión, de cara a los ex funcionarios se ubicaron en primera fila Gustavo Rivollier, Oscar Bargas, Ana Angelini, Guillermo González y Jorge Fritzler, dirigentes históricos dentro del movimiento ambiental de Gualeguaychú.
"El clic de Timerman y Urribarri"
El ambientalista dijo: "para nosotros no hubo nada nuevo. Estábamos interiorizados de la mayoría de las cosas, de manera especial luego del clic que hicieron el ex canciller Héctor Timerman y (el ex gobernador) Urribarri en 2013, cuando dieron cuenta de las inspecciones a la planta de UPM Botnia".
"En ese momento la consideramos de suma importancia porque era la primera vez que teníamos una información cierta de lo que sospechábamos y conjeturábamos", recordó y agregó que "esa información fue en dos CD al juez que entiende en la causa y, en ese mismo escrito, reiteramos la citación a indagatoria de los ex directivos de Botnia, que no se presentaron nunca porque el gobierno de Uruguay les hizo un escudo protector, aduciendo razones de Estado, una violación más del Uruguay a los convenios que tiene firmados con Argentina".
Faltó decisión política
Dijo, respecto de la actitud de los ex integrantes de la CARU que expusieron en Gualeguaychú, a quienes se reclamó que no presentaran esa información a la ciudadanía y a las autoridades para que obrasen en consecuencia, que "no hay que olvidar que las decisiones las toma Cancillería. Tras el fallo del tribunal de La Haya, se formó el comité científico, integrado por técnicos argentinos y uruguayos", citó.
Así fue que comenzaron las inspecciones a Botnia, la toma de muestras, entre otras acciones. Todo ello "se remitía todo a Cancillería porque eran los cancilleres los que debían tomar las decisiones respecto del futuro del río y las poblaciones ribereñas. Y como dije entonces, no hicieron nada."
Convertir al río Uruguay en un Riachuelo
"Entiendo que faltó la pata política, así que deberían venir los políticos que estuvieron en su momento a explicar a Gualeguaychú por qué no tomaron las medidas que tendrían que haber tomado, porque está comprobado científicamente que Botnia va a convertir el río Uruguay en un Riachuelo", denunció una vez más.
Dicho esto, completó "hay un aumento de la producción, lo que significa aumento de contaminación. Mujica (José, ex presidente uruguayo) lo permitió con la promesa de la empresa de mejorar algunos estándares, pero fue una nueva violación al Tratado del Río Uruguay. Y no volvimos a La Haya por la decisión política".
Pidió que Bergman informe
El ambientalista compartió su estupor "por las cifras escalofriantes de los contaminantes que UPM envía al agua y al aire, lo que nos cae todos los días sobre la cabeza" y resaltó "este es un problema social, por eso sin pelearnos entre pueblos vecinos y amigos, tenemos derecho a reclamar, porque están alterando un río".
"Este es un tema para que nos juntemos funcionarios, legisladores, ciudadanos, entidades, fuerzas políticas, porque hablamos del ambiente del lugar donde vivimos. El Papa ha sacado un tremendo documento ¿y nosotros qué?", preguntó.
¿Cómo sigue esto? "Todo lo que habló Orduna está en la causa "Busti contra Botnia". Espero que Bergman y su séquito se informen y digan cuál será la decisión política, es decir, si van a permitir que Botnia siga con esto".
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Fecha de Publicación: 13/07/2016
Fuente: Diario El Entre Ríos
Provincia/Región: Entre Ríos
Monitoreo a UPM: la Asamblea Ciudadana Ambiental pedirá que los ex integrantes de la Delegación Argentina ante la CARU declaren como testigos en la causa que se sigue contra la pastera. El clic de Timerman y Urribarri.
Se trata de la Causa Nº 56.204, caratulada "Busti Jorge Pedro y otros, denuncia artítulo 55 ley 24051 en grado de tentativa", que tramita por ante el Juzgado Federal, Secretaría Nº 1 en lo Criminal y Correccional, de Concepción del Uruguay.
Las actuaciones jurídicas contra la pastera ubicada en Fray Bentos, a la vera del río Uruguay, fueron iniciadas por laos asambleístas Oscar Bargas, José Gómez y Gustavo Rivollier, con el patrocinio de la doctora Ana Angelini y varios abogados más.
Bargas fue consultado tras la charla que ofrecieron, en el Centro Municipal de Convenciones, los ex integrantes de la delegación argentina en la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), Hernán Orduna, Héctor Ramón Rodríguez, Héctor Ricardo Retamal y Horacio Melo.
En esa ocasión, de cara a los ex funcionarios se ubicaron en primera fila Gustavo Rivollier, Oscar Bargas, Ana Angelini, Guillermo González y Jorge Fritzler, dirigentes históricos dentro del movimiento ambiental de Gualeguaychú.
"El clic de Timerman y Urribarri"
El ambientalista dijo: "para nosotros no hubo nada nuevo. Estábamos interiorizados de la mayoría de las cosas, de manera especial luego del clic que hicieron el ex canciller Héctor Timerman y (el ex gobernador) Urribarri en 2013, cuando dieron cuenta de las inspecciones a la planta de UPM Botnia".
"En ese momento la consideramos de suma importancia porque era la primera vez que teníamos una información cierta de lo que sospechábamos y conjeturábamos", recordó y agregó que "esa información fue en dos CD al juez que entiende en la causa y, en ese mismo escrito, reiteramos la citación a indagatoria de los ex directivos de Botnia, que no se presentaron nunca porque el gobierno de Uruguay les hizo un escudo protector, aduciendo razones de Estado, una violación más del Uruguay a los convenios que tiene firmados con Argentina".
Faltó decisión política
Dijo, respecto de la actitud de los ex integrantes de la CARU que expusieron en Gualeguaychú, a quienes se reclamó que no presentaran esa información a la ciudadanía y a las autoridades para que obrasen en consecuencia, que "no hay que olvidar que las decisiones las toma Cancillería. Tras el fallo del tribunal de La Haya, se formó el comité científico, integrado por técnicos argentinos y uruguayos", citó.
Así fue que comenzaron las inspecciones a Botnia, la toma de muestras, entre otras acciones. Todo ello "se remitía todo a Cancillería porque eran los cancilleres los que debían tomar las decisiones respecto del futuro del río y las poblaciones ribereñas. Y como dije entonces, no hicieron nada."
Convertir al río Uruguay en un Riachuelo
"Entiendo que faltó la pata política, así que deberían venir los políticos que estuvieron en su momento a explicar a Gualeguaychú por qué no tomaron las medidas que tendrían que haber tomado, porque está comprobado científicamente que Botnia va a convertir el río Uruguay en un Riachuelo", denunció una vez más.
Dicho esto, completó "hay un aumento de la producción, lo que significa aumento de contaminación. Mujica (José, ex presidente uruguayo) lo permitió con la promesa de la empresa de mejorar algunos estándares, pero fue una nueva violación al Tratado del Río Uruguay. Y no volvimos a La Haya por la decisión política".
Pidió que Bergman informe
El ambientalista compartió su estupor "por las cifras escalofriantes de los contaminantes que UPM envía al agua y al aire, lo que nos cae todos los días sobre la cabeza" y resaltó "este es un problema social, por eso sin pelearnos entre pueblos vecinos y amigos, tenemos derecho a reclamar, porque están alterando un río".
"Este es un tema para que nos juntemos funcionarios, legisladores, ciudadanos, entidades, fuerzas políticas, porque hablamos del ambiente del lugar donde vivimos. El Papa ha sacado un tremendo documento ¿y nosotros qué?", preguntó.
¿Cómo sigue esto? "Todo lo que habló Orduna está en la causa "Busti contra Botnia". Espero que Bergman y su séquito se informen y digan cuál será la decisión política, es decir, si van a permitir que Botnia siga con esto".
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Subejecución en el presupuesto del Riachuelo
Se ejecutó sólo el 17% del presupuesto para el Riachuelo en los primeros cinco meses del año
Fecha de Publicación: 12/07/2016
Fuente: Política Argentina
Provincia/Región: Riachuelo
De los más de mil millones de pesos asignados para el saneamiento de la cuenca más contaminada de la Argentina, se ejecutaron menos de $180 millones entre enero y mayo. Se trata de programas para limpiar, evitar enfermedades e inundaciones en la Cuenca Matanza Riachuelo. Algunos directamente no registraron movimientos desde que arrancó el año.
El Gobierno nacional ejecutó sólo el 17% del presupuesto destinado para el saneamiento del Riachuelo durante los primeros cinco meses del año. Para todo 2016 se había designado un monto de $1.044 millones, de los cuales entre enero y mayo ejecutó alrededor de $179,4 millones, lo que representa el 17% de la partida total en un período que equivale al 41,6% del año.
Según informó El Auditor, los datos se desprenden del Servicio Administrativo Financiero (SAF) Apoyo Cuenca Matanza Riachuelo, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, que funciona mediante tres programas presupuestarios. El de mayor monto asignado es el Programa Desarrollo Sustentable Matanza Riachuelo, que para este año dispone de una partida de $881,3 millones y de ese total se devengaron $166 millones durante los primeros cinco meses de 2016: un 19%. Se trata de un programa para impulsar los planes de reconversión industrial sobre la cuenca, para que las compañías instaladas allí produzcan de forma limpia.
El Programa Integral Cuenca Matanza Riachuelo, por su parte, dispone de un presupuesto para 2016 de $156,9 millones. Hasta mayo se había devengado sólo el 9% del presupuesto, un total de $13,4 millones. Este programa tiene la función de tratar los residuos orgánicos, relocalizar basurales clandestinos y entregar insumos sanitarios en la cuenca.
El Programa Gestión Ambiental Matanza Riachuelo, para controlar y prevenir inundaciones en la zona de la cuenca, tenía asignado un presupuesto de $6 millones -la mitad de los fondos disponibles en 2015- y el monto ejecutado hasta mayo fue de cero pesos.
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Fecha de Publicación: 12/07/2016
Fuente: Política Argentina
Provincia/Región: Riachuelo
De los más de mil millones de pesos asignados para el saneamiento de la cuenca más contaminada de la Argentina, se ejecutaron menos de $180 millones entre enero y mayo. Se trata de programas para limpiar, evitar enfermedades e inundaciones en la Cuenca Matanza Riachuelo. Algunos directamente no registraron movimientos desde que arrancó el año.
El Gobierno nacional ejecutó sólo el 17% del presupuesto destinado para el saneamiento del Riachuelo durante los primeros cinco meses del año. Para todo 2016 se había designado un monto de $1.044 millones, de los cuales entre enero y mayo ejecutó alrededor de $179,4 millones, lo que representa el 17% de la partida total en un período que equivale al 41,6% del año.
Según informó El Auditor, los datos se desprenden del Servicio Administrativo Financiero (SAF) Apoyo Cuenca Matanza Riachuelo, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, que funciona mediante tres programas presupuestarios. El de mayor monto asignado es el Programa Desarrollo Sustentable Matanza Riachuelo, que para este año dispone de una partida de $881,3 millones y de ese total se devengaron $166 millones durante los primeros cinco meses de 2016: un 19%. Se trata de un programa para impulsar los planes de reconversión industrial sobre la cuenca, para que las compañías instaladas allí produzcan de forma limpia.
El Programa Integral Cuenca Matanza Riachuelo, por su parte, dispone de un presupuesto para 2016 de $156,9 millones. Hasta mayo se había devengado sólo el 9% del presupuesto, un total de $13,4 millones. Este programa tiene la función de tratar los residuos orgánicos, relocalizar basurales clandestinos y entregar insumos sanitarios en la cuenca.
El Programa Gestión Ambiental Matanza Riachuelo, para controlar y prevenir inundaciones en la zona de la cuenca, tenía asignado un presupuesto de $6 millones -la mitad de los fondos disponibles en 2015- y el monto ejecutado hasta mayo fue de cero pesos.
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Ley de humedales sin aval político
Ley de humedales, iniciativa pendiente
Fecha de Publicación: 12/07/2016
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
El ordenamiento territorial es una deuda en la Argentina. Una de las normativas de presupuestos mínimos que pretenden poner en agenda la cuestión es la anunciada ley de humedales. Se trata de una iniciativa oficial, el primer anuncio del presidente Mauricio Macri, pero que está demorada en el Senado por el propio oficialismo, según denuncian las organizaciones ecologistas.
Aunque no se conoce públicamente el texto consensuado del proyecto, la iniciativa busca contar con un inventario de humedales, que funcionan como reguladores y espacios de conservación, y que cada provincia realice un ordenamiento de aquéllos.
La falta de protección de estos espacios quedó en evidencia en los últimos años ante las cada vez más recurrentes crecidas de ríos y arroyos, así como también de lluvias cada vez más copiosas por efecto del cambio climático.
"Debemos recordar que el suelo, el aire y el agua son componentes básicos del ambiente y que forman parte de ese suelo los humedales y las superficies de inundación, que dan vida y seguridad a la población. Cumpliendo con la Constitución, cuando dispone el derecho a un ambiente sano, debería existir legislación federal que fije presupuestos mínimos ambientales para el uso del suelo", indicó Pedro del Piero, presidente de la Fundación Metropolitana.
En el Senado, el proyecto estaba siendo discutido en la Comisión de Ambiente, que preside Fernando "Pino" Solanas, pero el oficialismo indicó que debía girarse a la Comisión de Agricultura, conducida por el representante del campo Alfredo De Angelis. Hoy, el debate está frenado.
"La ley de humedales fue prometida por el presidente de la Nación, Mauricio Macri", escribió Solanas en Twitter. Pero agregó que "existen presiones del lobby del agronegocio, que pretende que no exista ninguna normativa, por mínima que sea, que proteja los humedales".
Uno de los conflictos respecto de la redacción de esta norma radica en el momento en el que se impone para que los humedales no sean explotados. El inventario demandaría cinco años y solamente después comenzaría el ordenamiento, un plazo demasiado extenso para seguir con un desarrollo descontrolado, según los expertos.
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Fecha de Publicación: 12/07/2016
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
El ordenamiento territorial es una deuda en la Argentina. Una de las normativas de presupuestos mínimos que pretenden poner en agenda la cuestión es la anunciada ley de humedales. Se trata de una iniciativa oficial, el primer anuncio del presidente Mauricio Macri, pero que está demorada en el Senado por el propio oficialismo, según denuncian las organizaciones ecologistas.
Aunque no se conoce públicamente el texto consensuado del proyecto, la iniciativa busca contar con un inventario de humedales, que funcionan como reguladores y espacios de conservación, y que cada provincia realice un ordenamiento de aquéllos.
La falta de protección de estos espacios quedó en evidencia en los últimos años ante las cada vez más recurrentes crecidas de ríos y arroyos, así como también de lluvias cada vez más copiosas por efecto del cambio climático.
"Debemos recordar que el suelo, el aire y el agua son componentes básicos del ambiente y que forman parte de ese suelo los humedales y las superficies de inundación, que dan vida y seguridad a la población. Cumpliendo con la Constitución, cuando dispone el derecho a un ambiente sano, debería existir legislación federal que fije presupuestos mínimos ambientales para el uso del suelo", indicó Pedro del Piero, presidente de la Fundación Metropolitana.
En el Senado, el proyecto estaba siendo discutido en la Comisión de Ambiente, que preside Fernando "Pino" Solanas, pero el oficialismo indicó que debía girarse a la Comisión de Agricultura, conducida por el representante del campo Alfredo De Angelis. Hoy, el debate está frenado.
"La ley de humedales fue prometida por el presidente de la Nación, Mauricio Macri", escribió Solanas en Twitter. Pero agregó que "existen presiones del lobby del agronegocio, que pretende que no exista ninguna normativa, por mínima que sea, que proteja los humedales".
Uno de los conflictos respecto de la redacción de esta norma radica en el momento en el que se impone para que los humedales no sean explotados. El inventario demandaría cinco años y solamente después comenzaría el ordenamiento, un plazo demasiado extenso para seguir con un desarrollo descontrolado, según los expertos.
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Fuerte campaña para cerrar Veladero
Más de 200 mil personas piden cerrar Veladero
Fecha de Publicación: 12/07/2016
Fuente: MDZ
Provincia/Región: San Juan
Más de 215.000 personas ya firmaron un petitorio de la organización Greenpeace para que el gobierno nacional cierre la mina Veladero, el emprendimiento de la empresa Barrick Gold que en septiembre vertió más de un millón de litros de solución cianurada en un río de San Juan.
El petitorio es parte de una ciberacción en la la que, con cada firma recibida, se le envía una carta vía correo electrónico al presidente de la Nación, Mauricio Macri, manifestando por parte de cada signatario su "preocupación por las actividades desarrolladas en la mina Veladero de la Barrick Gold, de la Provincia de San Juan, donde se encuentra el único emprendimiento minero metalífero a cielo abierto sobre un ambiente protegido por la ley".
La misiva puntualiza que la mina se encuentra ubicada sobre parte de la zona periglacial de la región cuyana y, por lo tanto, "sus operaciones se realizan de manera contraria a las disposiciones de la Ley de Glaciares (Ley Nº 26.639), sancionada en el año 2010".
"Concretamente, la Ley prohíbe en su artículo 6° las actividades de exploración y explotación minera en ambiente glaciar y periglacial", recuerda.
La organización ambientalista indica en la carta que esta prohibición legal "tiene sustento en el impacto de la minería sobre los glaciares, que puede alcanzar su destrucción total".
El coordinador de campañas de glaciares de Greenpeace, Gonzalo Strano, explicó a la agencia estatal Télam como firmante "lo que hacés es mandarle un mail a Macri con la carta, con el nombre del firmante", y aclaró que la organización "ofrece el texto modelo de la ciberacción".
"Le mandamos a todos los mails públicos que aparecen de contacto de él, que los cargamos al sistema", explicó, y relató que en abril, a los 10 días de iniciada la campaña, la Casa de Gobierno respondió dando su versión de los hechos.
"Lo que hicimos fue enviarles a todos los firmantes los argumentos necesarios para contestar esos argumentos engañosos, débiles", continuó Srano, y explicó: "Lo que estamos exigiendo, desde un punto de vista propositivo, porque no fue Macri el que autorizó la instalación de la mina, es que (el Presidente) se ponga la camiseta de los glaciares, porque es la única a cielo abierto en área periglaciar".
La minero Veladero vertió en septiembre más de un millón de litros de solución cianurada en el Río Potrerillo de San Juan, sobre un área protegida por la Ley de Glaciares.
"Con el cianuro liberado, se arrastraron y activaron otros metales pesados que seguirán contaminando durante años, poniendo en peligro la salud de las personas, especies animales y del ambiente", denuncia Greenpeace como parte de su campaña.
"Sin embargo, por este grave desastre ambiental, la minera sólo recibió una multa. Veladero no sólo liberó sustancias tóxicas en un ambiente que debería estar protegido, sino que sigue operando con total impunidad y complicidad por parte del Estado", agrega.
Según explicó Strano, si bien la organización ambientalista no forma parte de la causa judicial en torno al derrame sí apoya el reclamo de la Asamblea Jáchal no se Toca, que es querellante en la causa, y "desde la sanción de la ley de glaciares" en 2010 viene reclamando su aplicación, con la denuncia de que "existe un permiso de hecho por parte de la provincia de San Juan de permitir que la Barrick avance en la destrucción de nuestros recursos naturales".
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Fecha de Publicación: 12/07/2016
Fuente: MDZ
Provincia/Región: San Juan
Más de 215.000 personas ya firmaron un petitorio de la organización Greenpeace para que el gobierno nacional cierre la mina Veladero, el emprendimiento de la empresa Barrick Gold que en septiembre vertió más de un millón de litros de solución cianurada en un río de San Juan.
El petitorio es parte de una ciberacción en la la que, con cada firma recibida, se le envía una carta vía correo electrónico al presidente de la Nación, Mauricio Macri, manifestando por parte de cada signatario su "preocupación por las actividades desarrolladas en la mina Veladero de la Barrick Gold, de la Provincia de San Juan, donde se encuentra el único emprendimiento minero metalífero a cielo abierto sobre un ambiente protegido por la ley".
La misiva puntualiza que la mina se encuentra ubicada sobre parte de la zona periglacial de la región cuyana y, por lo tanto, "sus operaciones se realizan de manera contraria a las disposiciones de la Ley de Glaciares (Ley Nº 26.639), sancionada en el año 2010".
"Concretamente, la Ley prohíbe en su artículo 6° las actividades de exploración y explotación minera en ambiente glaciar y periglacial", recuerda.
La organización ambientalista indica en la carta que esta prohibición legal "tiene sustento en el impacto de la minería sobre los glaciares, que puede alcanzar su destrucción total".
El coordinador de campañas de glaciares de Greenpeace, Gonzalo Strano, explicó a la agencia estatal Télam como firmante "lo que hacés es mandarle un mail a Macri con la carta, con el nombre del firmante", y aclaró que la organización "ofrece el texto modelo de la ciberacción".
"Le mandamos a todos los mails públicos que aparecen de contacto de él, que los cargamos al sistema", explicó, y relató que en abril, a los 10 días de iniciada la campaña, la Casa de Gobierno respondió dando su versión de los hechos.
"Lo que hicimos fue enviarles a todos los firmantes los argumentos necesarios para contestar esos argumentos engañosos, débiles", continuó Srano, y explicó: "Lo que estamos exigiendo, desde un punto de vista propositivo, porque no fue Macri el que autorizó la instalación de la mina, es que (el Presidente) se ponga la camiseta de los glaciares, porque es la única a cielo abierto en área periglaciar".
La minero Veladero vertió en septiembre más de un millón de litros de solución cianurada en el Río Potrerillo de San Juan, sobre un área protegida por la Ley de Glaciares.
"Con el cianuro liberado, se arrastraron y activaron otros metales pesados que seguirán contaminando durante años, poniendo en peligro la salud de las personas, especies animales y del ambiente", denuncia Greenpeace como parte de su campaña.
"Sin embargo, por este grave desastre ambiental, la minera sólo recibió una multa. Veladero no sólo liberó sustancias tóxicas en un ambiente que debería estar protegido, sino que sigue operando con total impunidad y complicidad por parte del Estado", agrega.
Según explicó Strano, si bien la organización ambientalista no forma parte de la causa judicial en torno al derrame sí apoya el reclamo de la Asamblea Jáchal no se Toca, que es querellante en la causa, y "desde la sanción de la ley de glaciares" en 2010 viene reclamando su aplicación, con la denuncia de que "existe un permiso de hecho por parte de la provincia de San Juan de permitir que la Barrick avance en la destrucción de nuestros recursos naturales".
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