Misiones: quejas por la compensación de Bosques
08:00 | 
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Misiones no es bien compensada por su conservación por la Ley de Bosques Nativos
Fecha de Publicación: 18/05/2016
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Misiones
El docente e investigador de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional de Misiones (FCF-UNaM), Rubén Costas, analizó con preocupación que a más de 6 años desde la demorada reglamentación de la ley 26.331 de Presupuestos Mínimos para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos “la asignación de recursos para su implementación fue pésima, en particular para Misiones”.
A nivel nacional, el Fondo para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos, debería ser como mínimo el 0,3 % del Presupuesto Nacional. “Tomando como referencia el año 2015, el fondo asignado y no distribuido a las provincias fue 16,4 veces menor que el establecido por la ley, sin contar las otras fuentes de financiamiento previstas por la misma”, indicó el profesional
En contacto con ArgentinaForestal.com , sobre el tema Costas advirtió que “el gobierno de Misiones debe exigir primero que se dispongan los fondos establecidos por la ley, y segundo que se realice lo acordado en el propio COFEMA (Consejo Federal de Medio Ambiente) en 2012, respecto de homogeneizar a escala nacional o regional los criterios utilizados para la consideración, identificación y mapeo de los bosques nativos. Son lindas las fotos de paisajes y de eventos sobre medio ambiente, pero no alcanzan para gestionar. Hay que dar respuestas concretas a propietarios que conservan sus bosques y a profesionales que propiciando la conservación presentan planes de manejo sustentable y aún no tienen respuestas”, cuestionó el profesional.
Contexto provincial
Costas consideró que en Misiones quizá una de las pocas políticas de Estado permanente desde la restauración democrática en Misiones haya sido la conservación de sus bosques nativos. “Las tasas de deforestación en la provincia pueden resultar excesivas para los ambientalistas, y escasas para quienes pretenden ampliar superficies para actividades agropecuarias. Pero la realidad indica que la Provincia conserva cerca de la mitad de su superficie con bosques nativos, aunque sean fragmentados y con disminución de biodiversidad respecto de la riqueza original”, indicó.
Al recorrer los caminos de Misiones o mirar una imagen satelital se puede comprobar el patrimonio natural conservado, más aún comparado con el desastre ambiental de las zonas aledañas de Paraguay o Brasil, donde prácticamente todo se ha convertido a agricultura o ganadería. “Esa política de Estado no hubiera logrado los resultados actuales si no hubiese tenido el acompañamiento y algunas veces presión social, de instituciones estatales, de organizaciones de la sociedad civil, y de empresas y productores, que obligados por la legislación o voluntariamente conservan bosques nativos”, remarcó.
Una ley que no se cumple
En este contexto, recordó que quienes propiciaron la conservación de los bosques nativos celebraron la sanción en 2007 de la Ley 26.331, que entre otros aspectos, vendría a compensar económicamente a los propietarios de bosques nativos por los servicios ambientales que prestan a toda la sociedad. “Pero a más de 6 años desde la demorada reglamentación de la ley, la asignación de recursos para su implementación ha sido pésima, en particular para Misiones. A nivel nacional, el Fondo para el enriquecimiento y la conservación de los Bosques Nativos, debería ser como mínimo el 0,3 % del Presupuesto Nacional. Tomando como referencia el año 2015, el fondo asignado y no distribuido a las provincias fue 16,4 veces menor que el establecido por la ley, sin contar las otras fuentes de financiamiento previstas por la misma”, sostuvo el académico.
Remitiendo a la nota publicada en www.argentinaforestal.com el 2 de agosto de 2015, la Comisión Forestal del Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica (CPIA) explicó cómo Misiones fue perjudicada en la distribución de los magros recursos para conservar Bosques Nativos. “Aunque parezca un chiste, según el Informe de estado de implementación 2010 – 2015 de la Ley 26.331, disponible en la página del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Misiones ocupa el 12° lugar entre las provincias con más superficies de Bosques Nativos, detrás de La Pampa, San Luis, Catamarca o Mendoza, entre otras que con notable habilidad lograron una especie de “milagro ambiental”: de los 31,4 millones de hectáreas de Bosques Nativos del Inventario Nacional de 2005 pasamos a más de 53 millones de hectáreas según los Ordenamientos Territoriales provinciales realizados en el marco de la ley”, cuestionó Costas.
La realidad es que Misiones, que contiene en sus bosques nativos cerca de la mitad de la biodiversidad del país, tomando como referencia el fondo asignado en 2015, recibiría 3,37 $/año por cada hectárea declarada en su ordenamiento territorial. “Si el 70 % se destina a los propietarios para compensarlos por los servicios ambientales, resulta en 2,36 $/año por hectárea de bosque nativo declarado. Esas cifras insignificantes para el logro del objetivo estratégico tan declamado demuestran lo obvio: en Argentina una de las únicas políticas reales y permanentes desde tiempos coloniales fue la destrucción de sus Bosques Nativos”, aseveró el docente de la FCF.
Reclamar en el COFEMA
Agregó que “Misiones es como un ave rara en el contexto nacional en esta temática. Como la Ley 26.331 fue una iniciativa de ONGs, algunos legisladores y con acompañamiento parcial de la sociedad, aunque fue aprobada por unanimidad no fue aplicada ni respetada por el gobierno, ni por el propio parlamento, en los años sucesivos en que fueran aprobados los presupuestos nacionales. Sabían que no habría manifestaciones multitudinarias reclamando por los bosques”, dijo Costas.
Para el académico, hay un “río revuelto” de estadísticas nacionales actuales sobre superficies con bosques nativos en Argentina. “Veamos algunos datos oficiales, todos en millones de hectáreas: El Ministerio de Agroindustria informa 33,1, El Segundo Reporte de Argentina al Proceso de Montreal (2015) se “balancea” entre 26,6 de Tierras Forestales y 64,7 de “Otras Tierras Forestales”, ambas en 2013. La suma de superficies declaradas por las provincias en el marco de la ley 26331 es 53,9. Todo actual, todo oficial, pero todo distinto”, precisó.
“Y en ese río revuelto perdió Misiones, que efectivamente tiene bosques según cualquier definición razonable de bosque, y a la que le birlaron unos cuantos de los pocos pesos disponibles. La ley citada es para proteger bosques nativos, y no otros ecosistemas que hay que proteger, pero a través de otras normas y políticas”, sostiene Costas.
A través de acuerdos en el Consejo Federal del Medio Ambiente (COFEMA), se decidió la distribución de los fondos según la ley, pero utilizando datos de superficies y los criterios diversos que cada provincia utilizó en su ordenamiento territorial. “El gobierno de Misiones debe exigir primero que se dispongan los fondos establecidos por la ley, y segundo que se realice lo acordado en el propio COFEMA en 2012, respecto de homogeneizar a escala nacional o regional los criterios utilizados para la consideración, identificación y mapeo de los bosques nativos. Son lindas las fotos de paisajes y de eventos sobre medio ambiente, pero no alcanzan para gestionar. Hay que dar respuestas concretas a propietarios que conservan sus bosques y a profesionales que propiciando la conservación presentan planes de manejo sustentable, y se encuentran con la misma respuesta: no hay fondos disponibles, venga el año que viene y veremos…”
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Fecha de Publicación: 18/05/2016
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Misiones
El docente e investigador de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional de Misiones (FCF-UNaM), Rubén Costas, analizó con preocupación que a más de 6 años desde la demorada reglamentación de la ley 26.331 de Presupuestos Mínimos para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos “la asignación de recursos para su implementación fue pésima, en particular para Misiones”.
A nivel nacional, el Fondo para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos, debería ser como mínimo el 0,3 % del Presupuesto Nacional. “Tomando como referencia el año 2015, el fondo asignado y no distribuido a las provincias fue 16,4 veces menor que el establecido por la ley, sin contar las otras fuentes de financiamiento previstas por la misma”, indicó el profesional
En contacto con ArgentinaForestal.com , sobre el tema Costas advirtió que “el gobierno de Misiones debe exigir primero que se dispongan los fondos establecidos por la ley, y segundo que se realice lo acordado en el propio COFEMA (Consejo Federal de Medio Ambiente) en 2012, respecto de homogeneizar a escala nacional o regional los criterios utilizados para la consideración, identificación y mapeo de los bosques nativos. Son lindas las fotos de paisajes y de eventos sobre medio ambiente, pero no alcanzan para gestionar. Hay que dar respuestas concretas a propietarios que conservan sus bosques y a profesionales que propiciando la conservación presentan planes de manejo sustentable y aún no tienen respuestas”, cuestionó el profesional.
Contexto provincial
Costas consideró que en Misiones quizá una de las pocas políticas de Estado permanente desde la restauración democrática en Misiones haya sido la conservación de sus bosques nativos. “Las tasas de deforestación en la provincia pueden resultar excesivas para los ambientalistas, y escasas para quienes pretenden ampliar superficies para actividades agropecuarias. Pero la realidad indica que la Provincia conserva cerca de la mitad de su superficie con bosques nativos, aunque sean fragmentados y con disminución de biodiversidad respecto de la riqueza original”, indicó.
Al recorrer los caminos de Misiones o mirar una imagen satelital se puede comprobar el patrimonio natural conservado, más aún comparado con el desastre ambiental de las zonas aledañas de Paraguay o Brasil, donde prácticamente todo se ha convertido a agricultura o ganadería. “Esa política de Estado no hubiera logrado los resultados actuales si no hubiese tenido el acompañamiento y algunas veces presión social, de instituciones estatales, de organizaciones de la sociedad civil, y de empresas y productores, que obligados por la legislación o voluntariamente conservan bosques nativos”, remarcó.
Una ley que no se cumple
En este contexto, recordó que quienes propiciaron la conservación de los bosques nativos celebraron la sanción en 2007 de la Ley 26.331, que entre otros aspectos, vendría a compensar económicamente a los propietarios de bosques nativos por los servicios ambientales que prestan a toda la sociedad. “Pero a más de 6 años desde la demorada reglamentación de la ley, la asignación de recursos para su implementación ha sido pésima, en particular para Misiones. A nivel nacional, el Fondo para el enriquecimiento y la conservación de los Bosques Nativos, debería ser como mínimo el 0,3 % del Presupuesto Nacional. Tomando como referencia el año 2015, el fondo asignado y no distribuido a las provincias fue 16,4 veces menor que el establecido por la ley, sin contar las otras fuentes de financiamiento previstas por la misma”, sostuvo el académico.
Remitiendo a la nota publicada en www.argentinaforestal.com el 2 de agosto de 2015, la Comisión Forestal del Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica (CPIA) explicó cómo Misiones fue perjudicada en la distribución de los magros recursos para conservar Bosques Nativos. “Aunque parezca un chiste, según el Informe de estado de implementación 2010 – 2015 de la Ley 26.331, disponible en la página del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Misiones ocupa el 12° lugar entre las provincias con más superficies de Bosques Nativos, detrás de La Pampa, San Luis, Catamarca o Mendoza, entre otras que con notable habilidad lograron una especie de “milagro ambiental”: de los 31,4 millones de hectáreas de Bosques Nativos del Inventario Nacional de 2005 pasamos a más de 53 millones de hectáreas según los Ordenamientos Territoriales provinciales realizados en el marco de la ley”, cuestionó Costas.
La realidad es que Misiones, que contiene en sus bosques nativos cerca de la mitad de la biodiversidad del país, tomando como referencia el fondo asignado en 2015, recibiría 3,37 $/año por cada hectárea declarada en su ordenamiento territorial. “Si el 70 % se destina a los propietarios para compensarlos por los servicios ambientales, resulta en 2,36 $/año por hectárea de bosque nativo declarado. Esas cifras insignificantes para el logro del objetivo estratégico tan declamado demuestran lo obvio: en Argentina una de las únicas políticas reales y permanentes desde tiempos coloniales fue la destrucción de sus Bosques Nativos”, aseveró el docente de la FCF.
Reclamar en el COFEMA
Agregó que “Misiones es como un ave rara en el contexto nacional en esta temática. Como la Ley 26.331 fue una iniciativa de ONGs, algunos legisladores y con acompañamiento parcial de la sociedad, aunque fue aprobada por unanimidad no fue aplicada ni respetada por el gobierno, ni por el propio parlamento, en los años sucesivos en que fueran aprobados los presupuestos nacionales. Sabían que no habría manifestaciones multitudinarias reclamando por los bosques”, dijo Costas.
Para el académico, hay un “río revuelto” de estadísticas nacionales actuales sobre superficies con bosques nativos en Argentina. “Veamos algunos datos oficiales, todos en millones de hectáreas: El Ministerio de Agroindustria informa 33,1, El Segundo Reporte de Argentina al Proceso de Montreal (2015) se “balancea” entre 26,6 de Tierras Forestales y 64,7 de “Otras Tierras Forestales”, ambas en 2013. La suma de superficies declaradas por las provincias en el marco de la ley 26331 es 53,9. Todo actual, todo oficial, pero todo distinto”, precisó.
“Y en ese río revuelto perdió Misiones, que efectivamente tiene bosques según cualquier definición razonable de bosque, y a la que le birlaron unos cuantos de los pocos pesos disponibles. La ley citada es para proteger bosques nativos, y no otros ecosistemas que hay que proteger, pero a través de otras normas y políticas”, sostiene Costas.
A través de acuerdos en el Consejo Federal del Medio Ambiente (COFEMA), se decidió la distribución de los fondos según la ley, pero utilizando datos de superficies y los criterios diversos que cada provincia utilizó en su ordenamiento territorial. “El gobierno de Misiones debe exigir primero que se dispongan los fondos establecidos por la ley, y segundo que se realice lo acordado en el propio COFEMA en 2012, respecto de homogeneizar a escala nacional o regional los criterios utilizados para la consideración, identificación y mapeo de los bosques nativos. Son lindas las fotos de paisajes y de eventos sobre medio ambiente, pero no alcanzan para gestionar. Hay que dar respuestas concretas a propietarios que conservan sus bosques y a profesionales que propiciando la conservación presentan planes de manejo sustentable, y se encuentran con la misma respuesta: no hay fondos disponibles, venga el año que viene y veremos…”
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Hubo un festival contra la minería frente a la Barrick
Festival contra la megaminería frente a Barrick Gold
Fecha de Publicación: 18/05/2016
Fuente: EnergyPress
Provincia/Región: San Juan
La jornada se realizó en el marco de las acciones en apoyo a los pueblos de Jáchal e Iglesia por el cierre del proyecto megaminero Veladero.
En la jornada del viernes 13 de mayo se realizó frente a las oficinas de la Barrick Gold (Bouchard 547 de la ciudad de Buenos Aires) el Festival contra la Megaminería, en el marco a las actividades de apoyo a los pueblos Jáchal e Iglesia, San Juan.
Con la presencia de asambleas vecinales en lucha junto organizaciones sociales y políticas el festival convocó a bandas musicales, artistas y recitadores, se realizó una volanteada y se informo sobre el derrame de más de 1 millón de litros de agua cianurada que la Barrick Gold realizó en el río Jáchal en San Juan y la situación actual del conflicto por el cierre definitivo del yacimiento Veladero.
“Una vez más gritamos bien fuerte que no queremos megaminería que nos contamina”. “Exigimos la autodeterminación de los pueblos y dejamos bien en claro que tenemos mil propuestas para producir y vivir más sanos y mejor. En ninguna de ellas entra la megaminería”, afirmaron los manifestantes.
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Fecha de Publicación: 18/05/2016
Fuente: EnergyPress
Provincia/Región: San Juan
La jornada se realizó en el marco de las acciones en apoyo a los pueblos de Jáchal e Iglesia por el cierre del proyecto megaminero Veladero.
En la jornada del viernes 13 de mayo se realizó frente a las oficinas de la Barrick Gold (Bouchard 547 de la ciudad de Buenos Aires) el Festival contra la Megaminería, en el marco a las actividades de apoyo a los pueblos Jáchal e Iglesia, San Juan.
Con la presencia de asambleas vecinales en lucha junto organizaciones sociales y políticas el festival convocó a bandas musicales, artistas y recitadores, se realizó una volanteada y se informo sobre el derrame de más de 1 millón de litros de agua cianurada que la Barrick Gold realizó en el río Jáchal en San Juan y la situación actual del conflicto por el cierre definitivo del yacimiento Veladero.
“Una vez más gritamos bien fuerte que no queremos megaminería que nos contamina”. “Exigimos la autodeterminación de los pueblos y dejamos bien en claro que tenemos mil propuestas para producir y vivir más sanos y mejor. En ninguna de ellas entra la megaminería”, afirmaron los manifestantes.
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Chaco y Corrientes regionalizarían el tratamiento de RSU
Próximamente Chaco y Corrientes firmarán la regionalización del tratamiento de los residuos
Fecha de Publicación: 18/05/2016
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Chaco - Corrientes
Luego de haber dado a conocer semanas atrás el proyecto de regionalización del tratamiento de la basura entre los municipios de Corrientes y Resistencia, desde la Comuna explicaron que en los próximos días se firmaría el acuerdo para avanzar con una solución a la problemática de los residuos. Actualmente el boceto de la firma se encuentra siendo analizado en el departamento legal de la Municipalidad capitalina y los especialistas técnicos analizan el mecanismo de traslado de los residuos, siendo las alternativas por tierra a través del puente Manuel Belgrano o por barcazas sorteando el río Paraná.
El proyecto cuenta con amplio apoyo del Gobierno de la Nación, que anunció anteriormente que cederá la jurisdicción de los servicios de transporte interprovinciales Chaco-Corrientes a la órbita de una entidad bimunicipal conformada por Corrientes y Resistencia.
“Estamos por firmar el convenio de cooperación con Resistencia, cuyo boceto está actualmente siendo revisado en nuestro servicio jurídico; mientras la Municipalidad de Resistencia está buscando las habilitaciones que exige la ley y el marco normativo con respecto al tipo de disposición de final que se realizará”, explicó en diálogo con El Litoral el intendente de la ciudad de Corrientes Fabián Ríos.
Por otra parte, la regionalización buscará mejorar la disposición final no sólo del Gran Resistencia sino de Corrientes y las localidades vecinas. “Paso de la Patria, Santa Ana, San Luis del Palmar, Empedrado y San Cosme y Corrientes Capital tienen serios problemas de disposición final de basura y lo ideal sería que todos ayudemos para encontrar algún predio de disposición final que en algún lugar debe estar”, expresó el jefe comunal correntino.
En tanto, analizarán cuál es la forma de transporte de residuos más conveniente entre ambos municipios. “Tenemos medido el flujo de tránsito durante las noches sobre el puente Belgrano y también un análisis del sistema de barcazas; pueden ser una de ellas o combinadas. Si es por tierra, no aportás mucho problema al puente si la circulación es de noche, no hay mayor conflicto”, añadió Ríos.
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Fecha de Publicación: 18/05/2016
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Chaco - Corrientes
Luego de haber dado a conocer semanas atrás el proyecto de regionalización del tratamiento de la basura entre los municipios de Corrientes y Resistencia, desde la Comuna explicaron que en los próximos días se firmaría el acuerdo para avanzar con una solución a la problemática de los residuos. Actualmente el boceto de la firma se encuentra siendo analizado en el departamento legal de la Municipalidad capitalina y los especialistas técnicos analizan el mecanismo de traslado de los residuos, siendo las alternativas por tierra a través del puente Manuel Belgrano o por barcazas sorteando el río Paraná.
El proyecto cuenta con amplio apoyo del Gobierno de la Nación, que anunció anteriormente que cederá la jurisdicción de los servicios de transporte interprovinciales Chaco-Corrientes a la órbita de una entidad bimunicipal conformada por Corrientes y Resistencia.
“Estamos por firmar el convenio de cooperación con Resistencia, cuyo boceto está actualmente siendo revisado en nuestro servicio jurídico; mientras la Municipalidad de Resistencia está buscando las habilitaciones que exige la ley y el marco normativo con respecto al tipo de disposición de final que se realizará”, explicó en diálogo con El Litoral el intendente de la ciudad de Corrientes Fabián Ríos.
Por otra parte, la regionalización buscará mejorar la disposición final no sólo del Gran Resistencia sino de Corrientes y las localidades vecinas. “Paso de la Patria, Santa Ana, San Luis del Palmar, Empedrado y San Cosme y Corrientes Capital tienen serios problemas de disposición final de basura y lo ideal sería que todos ayudemos para encontrar algún predio de disposición final que en algún lugar debe estar”, expresó el jefe comunal correntino.
En tanto, analizarán cuál es la forma de transporte de residuos más conveniente entre ambos municipios. “Tenemos medido el flujo de tránsito durante las noches sobre el puente Belgrano y también un análisis del sistema de barcazas; pueden ser una de ellas o combinadas. Si es por tierra, no aportás mucho problema al puente si la circulación es de noche, no hay mayor conflicto”, añadió Ríos.
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Las excusas de Macri para incumplir la Ley de Glaciares
Las excusas de Macri para no cumplir con la Ley de Glaciares
Fecha de Publicación: 17/05/2016
Fuente: Greenpeace
Provincia/Región: Nacional
Que no te confundan: el Gobierno Nacional tiene la responsabilidad de proteger nuestros glaciares y por eso tiene que detener la explotación de la mina Veladero que opera sobre ambiente periglaciar en San Juan. El Presidente de la Nación debe hacer cumplir la Ley Nacional de Glaciares, que protege estos ecosistemas estratégicos de la Argentina.
Sobre la minería, Macri dice: “Se puede desarrollar una minería con cuidado del ambiente y de las comunidades para transformarla en un importante aporte al bien común de la Argentina.”
Le contestamos: Está prohibido por la Ley hacer minería sobre glaciares o ambiente periglaciar. Veladero está ubicada sobre ambiente periglaciar. La minería nunca será una actividad sustentable: su objetivo es el agotamiento de un recurso natural. En el caso de Veladero, el oro extraído se exporta y utiliza en un 90% para joyería y especulación financiera. El Gobierno Nacional debería tomar medidas para recuperar minerales con el reciclado de residuos electrónicos, en lugar de seguir promoviendo la destrucción de los glaciares y nuestras fuentes de agua en la cordillera.
Sobre el derrame de 1 millón de litros de agua cianurada en Veladero, Macri dice: “La autoridad administrativa de San Juan aplicó a la empresa Barrick Gold una multa de 145 millones de pesos por la negligencia que provocó el incidente y exigió medidas de adecuación que están en curso de ejecución. El derrame está siendo investigado por un juez provincial que ya procesó a nueve gerentes de la empresa.”
Le contestamos: Al ocurrir este derrame, el Gobierno de San Juan tenía la oportunidad histórica de clausurar Veladero basándose en la Ley Nº 24.051 de Residuos Peligrosos, pero eligió una multa como sanción. Desde Greenpeace no aceptamos que se ponga un precio a la destrucción de los glaciares, por eso exigimos el cese de la explotación minera en forma inmediata, tal como lo establece la Ley de Glaciares.
Sobre las consecuencias del derrame de agua cianurada, Macri dice: “Ninguno de los estudios técnicos de los organismos científicos que hasta hoy evaluaron el incidente (Instituto Nacional del Agua, UNOPS de Naciones Unidas, Universidad Nacional de Cuyo) indicó que hubiera, hasta el momento, efectos en la salud humana, ni tampoco la posibilidad de una contaminación inter-jurisdiccional. Es bueno aclarar que la ciudad de Jáchal no consume agua de la cuenca del Río Jáchal, porque éste se encuentra históricamente “contaminado de forma natural”, sobre todo con boro, arsénico y sulfatos.”
Le contestamos: El Gobierno Nacional no debe esperar a que haya argentinos enfermos para implementar efectivamente la Ley de Glaciares. Por otra parte, la contaminación generada en 2015 por el derrame en Veladero impactó en un ambiente periglacial, contaminando suelo, cursos de agua superficiales y aguas subterráneas. Esta contaminación la reconoce el propio Gobierno al imponerle una multa a la empresa, pero la niega cuando se trata de aplicar la ley de glaciares.
Sobre el cierre de Veladero, Macri dice: “El cierre de una mina en operación debe hacerse bajo una planificación técnica y social muy detallada y sistematizada, y debe ser aprobada por la autoridad de aplicación. Esto sin evaluar el efecto que tendría sobre miles de familias que hoy cuentan con un trabajo digno gracias a este emprendimiento. Veladero es el primer empleador privado de San Juan. El proyecto emplea a más de 3.000 trabajadores -entre directos y contratistas- y gasta anualmente, entre salarios y compras, $ 7.500 millones en Argentina, su gran mayoría dentro de San Juan. Representa más del 25% del Producto Bruto Geográfico de la provincia”
Le contestamos: El cierre de la mina debe ser planificado y debe estar a cargo de la empresa Barrick Gold, que deberá garantizar el empleo actual. Los pasivos ambientales que quedarán en nuestra cordillera deben ser contenidos y tratados de forma adecuada. La pileta de lixiviación donde el mineral se separa de la roca utilizando cianuro y 9.5 millones de litros de agua diarios, tiene más de 7 km. de largo por 3 de ancho, se ubica en la naciente de los ríos, y sobre un enorme ambiente periglacial que debemos proteger.
El gobierno de San Juan debería crear empleos verdaderamente sustentables para los ciudadanos, en vez de defender este tipo de emprendimientos, que generan enormes focos de desempleo cuando el mineral se agota.
Sobre la Ley de Glaciares, Macri dice: “Al respecto, queremos contarte que el inventario que determinará la existencia de glaciares o de ambiente periglaciar en la zona del proyecto Veladero todavía está en proceso de elaboración. El Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), el organismo del CONICET designado por la Ley de Glaciares como responsable del Inventario, ha completado el trabajo técnico para las cuencas de la provincia de San Juan, y nos encontramos en proceso de publicación de esta información, que estará disponible próximamente. Este inventario estuvo varios años demorado y una de las tres primeras decisiones del nuevo Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, en diciembre pasado, fue liberar los fondos retrasados durante años para completar el trabajo de relevamiento científico pendiente”.
Le contestamos: La ley dicta que deben declararse zonas prioritarias para la realización del inventario; Veladero es una de ellas, porque Barrick reconoció en su estudio de impacto ambiental que el emprendimiento se encuentra sobre zona periglaciar. El inventario sólo se ha iniciado y avanzado en provincias que tienen prohibida la minería a cielo abierto, mientras que no ha avanzado en aquellas regiones en donde las mineras ya se encuentran operando. La Ley de Glaciares se aprobó en septiembre de 2010. Es increíble que transcurridos casi 6 años el inventario no esté finalizado y desde el Gobierno se sigan dando excusas para justificar el incumplimiento.
Sobre la existencia del emprendimiento Veladero antes de la Ley, Macri dice: “El proyecto Veladero estaba ya operando al momento de sancionarse la Ley de Glaciares. Para esos casos, la ley dispuso auditorías ambientales dentro de los 180 días, a fin de verificar si existía impacto significativo sobre glaciares o ambiente periglacial, ante lo cual las autoridades provinciales dispondrían las medidas para que se cumpla la ley. Respecto a Veladero, esta auditoría fue realizada oportunamente por la autoridad designada y no detectó un impacto significativo que justificara el cese de actividades.”
Le contestamos: El momento de actuar es ahora, antes de que destruyan los glaciares.
La auditoría realizada en 2012 en San Juan, fue cuestionada fuertemente por distintas organizaciones (entre ellas FARN, Abogados Ambientalistas y Greenpeace). No sólo se realizó a la medida de la empresa, sino que la persona a cargo de auditar a la minera, fue el Ingeniero Jorge Millón (director del departamento de hidráulica de San Juan), un ex empleado de Barrick Gold.
La auditoría debe volver a realizarse pero no puede quedar en manos del gobierno provincial que ha sido cómplice de la minera a lo largo de estos años. Es el Gobierno Nacional el que tiene una oportunidad histórica de proteger los glaciares y el ambiente periglacial, recursos hídricos que, en una provincia con emergencia hídrica declarada, están siendo contaminados sin ningún tipo de control.
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Fecha de Publicación: 17/05/2016
Fuente: Greenpeace
Provincia/Región: Nacional
Que no te confundan: el Gobierno Nacional tiene la responsabilidad de proteger nuestros glaciares y por eso tiene que detener la explotación de la mina Veladero que opera sobre ambiente periglaciar en San Juan. El Presidente de la Nación debe hacer cumplir la Ley Nacional de Glaciares, que protege estos ecosistemas estratégicos de la Argentina.
Sobre la minería, Macri dice: “Se puede desarrollar una minería con cuidado del ambiente y de las comunidades para transformarla en un importante aporte al bien común de la Argentina.”
Le contestamos: Está prohibido por la Ley hacer minería sobre glaciares o ambiente periglaciar. Veladero está ubicada sobre ambiente periglaciar. La minería nunca será una actividad sustentable: su objetivo es el agotamiento de un recurso natural. En el caso de Veladero, el oro extraído se exporta y utiliza en un 90% para joyería y especulación financiera. El Gobierno Nacional debería tomar medidas para recuperar minerales con el reciclado de residuos electrónicos, en lugar de seguir promoviendo la destrucción de los glaciares y nuestras fuentes de agua en la cordillera.
Sobre el derrame de 1 millón de litros de agua cianurada en Veladero, Macri dice: “La autoridad administrativa de San Juan aplicó a la empresa Barrick Gold una multa de 145 millones de pesos por la negligencia que provocó el incidente y exigió medidas de adecuación que están en curso de ejecución. El derrame está siendo investigado por un juez provincial que ya procesó a nueve gerentes de la empresa.”
Le contestamos: Al ocurrir este derrame, el Gobierno de San Juan tenía la oportunidad histórica de clausurar Veladero basándose en la Ley Nº 24.051 de Residuos Peligrosos, pero eligió una multa como sanción. Desde Greenpeace no aceptamos que se ponga un precio a la destrucción de los glaciares, por eso exigimos el cese de la explotación minera en forma inmediata, tal como lo establece la Ley de Glaciares.
Sobre las consecuencias del derrame de agua cianurada, Macri dice: “Ninguno de los estudios técnicos de los organismos científicos que hasta hoy evaluaron el incidente (Instituto Nacional del Agua, UNOPS de Naciones Unidas, Universidad Nacional de Cuyo) indicó que hubiera, hasta el momento, efectos en la salud humana, ni tampoco la posibilidad de una contaminación inter-jurisdiccional. Es bueno aclarar que la ciudad de Jáchal no consume agua de la cuenca del Río Jáchal, porque éste se encuentra históricamente “contaminado de forma natural”, sobre todo con boro, arsénico y sulfatos.”
Le contestamos: El Gobierno Nacional no debe esperar a que haya argentinos enfermos para implementar efectivamente la Ley de Glaciares. Por otra parte, la contaminación generada en 2015 por el derrame en Veladero impactó en un ambiente periglacial, contaminando suelo, cursos de agua superficiales y aguas subterráneas. Esta contaminación la reconoce el propio Gobierno al imponerle una multa a la empresa, pero la niega cuando se trata de aplicar la ley de glaciares.
Sobre el cierre de Veladero, Macri dice: “El cierre de una mina en operación debe hacerse bajo una planificación técnica y social muy detallada y sistematizada, y debe ser aprobada por la autoridad de aplicación. Esto sin evaluar el efecto que tendría sobre miles de familias que hoy cuentan con un trabajo digno gracias a este emprendimiento. Veladero es el primer empleador privado de San Juan. El proyecto emplea a más de 3.000 trabajadores -entre directos y contratistas- y gasta anualmente, entre salarios y compras, $ 7.500 millones en Argentina, su gran mayoría dentro de San Juan. Representa más del 25% del Producto Bruto Geográfico de la provincia”
Le contestamos: El cierre de la mina debe ser planificado y debe estar a cargo de la empresa Barrick Gold, que deberá garantizar el empleo actual. Los pasivos ambientales que quedarán en nuestra cordillera deben ser contenidos y tratados de forma adecuada. La pileta de lixiviación donde el mineral se separa de la roca utilizando cianuro y 9.5 millones de litros de agua diarios, tiene más de 7 km. de largo por 3 de ancho, se ubica en la naciente de los ríos, y sobre un enorme ambiente periglacial que debemos proteger.
El gobierno de San Juan debería crear empleos verdaderamente sustentables para los ciudadanos, en vez de defender este tipo de emprendimientos, que generan enormes focos de desempleo cuando el mineral se agota.
Sobre la Ley de Glaciares, Macri dice: “Al respecto, queremos contarte que el inventario que determinará la existencia de glaciares o de ambiente periglaciar en la zona del proyecto Veladero todavía está en proceso de elaboración. El Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), el organismo del CONICET designado por la Ley de Glaciares como responsable del Inventario, ha completado el trabajo técnico para las cuencas de la provincia de San Juan, y nos encontramos en proceso de publicación de esta información, que estará disponible próximamente. Este inventario estuvo varios años demorado y una de las tres primeras decisiones del nuevo Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, en diciembre pasado, fue liberar los fondos retrasados durante años para completar el trabajo de relevamiento científico pendiente”.
Le contestamos: La ley dicta que deben declararse zonas prioritarias para la realización del inventario; Veladero es una de ellas, porque Barrick reconoció en su estudio de impacto ambiental que el emprendimiento se encuentra sobre zona periglaciar. El inventario sólo se ha iniciado y avanzado en provincias que tienen prohibida la minería a cielo abierto, mientras que no ha avanzado en aquellas regiones en donde las mineras ya se encuentran operando. La Ley de Glaciares se aprobó en septiembre de 2010. Es increíble que transcurridos casi 6 años el inventario no esté finalizado y desde el Gobierno se sigan dando excusas para justificar el incumplimiento.
Sobre la existencia del emprendimiento Veladero antes de la Ley, Macri dice: “El proyecto Veladero estaba ya operando al momento de sancionarse la Ley de Glaciares. Para esos casos, la ley dispuso auditorías ambientales dentro de los 180 días, a fin de verificar si existía impacto significativo sobre glaciares o ambiente periglacial, ante lo cual las autoridades provinciales dispondrían las medidas para que se cumpla la ley. Respecto a Veladero, esta auditoría fue realizada oportunamente por la autoridad designada y no detectó un impacto significativo que justificara el cese de actividades.”
Le contestamos: El momento de actuar es ahora, antes de que destruyan los glaciares.
La auditoría realizada en 2012 en San Juan, fue cuestionada fuertemente por distintas organizaciones (entre ellas FARN, Abogados Ambientalistas y Greenpeace). No sólo se realizó a la medida de la empresa, sino que la persona a cargo de auditar a la minera, fue el Ingeniero Jorge Millón (director del departamento de hidráulica de San Juan), un ex empleado de Barrick Gold.
La auditoría debe volver a realizarse pero no puede quedar en manos del gobierno provincial que ha sido cómplice de la minera a lo largo de estos años. Es el Gobierno Nacional el que tiene una oportunidad histórica de proteger los glaciares y el ambiente periglacial, recursos hídricos que, en una provincia con emergencia hídrica declarada, están siendo contaminados sin ningún tipo de control.
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Nahuel Huapi: “Todos somos la mancha, detengámosla”
Una 'mancha humana' para graficar la contaminación del Nahuel Huapi
Fecha de Publicación: 17/05/2016
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
“Todos somos la mancha, detengámosla” decía el cartel que con letras gigantes sostuvieron cientos de personas vestidas de marrón en la costa del lago Nahuel Huapi, a escasos metros metros del Centro Cívico, para graficar la contaminación del espejo de agua.
Una convocatoria por redes sociales y sin banderas de grupos ambientalistas o políticos, logró congregar unas 500 personas que marcharon y se exhibieron como la “mancha humana” del lago producto de los desechos cloacales crudos.
La situación sanitaria y ambiental del lago es motivo de preocupación en Bariloche desde hace más de un mes cuando imágenes que fueron difundidas a todo el mundo mostraban como un caño del sistema de saneamiento municipal arrojaba líquidos crudos al lago en inmediaciones de la planta de tratamiento que administra la Cooperativa de Electricidad Bariloche.
En este tiempo se realizaron expresiones públicas desde distintos sectores pidiendo al gobierno medidas urgentes para evitar los vertidos al lago y avanzó en la Justicia Federal un amparo impulsado en 2010 por la Defensoría del Pueblo, mientras que otra causa similar sumó más de 3.000 firmas de adhesión en el fuero provincial.
Y como corolario de las expresiones, este sábado, la iniciativa de Nicolás Suárez, un diseñador gráfico que por redes sociales alentó a una concentración masiva con personas vestidas de tonos marrón para graficar el estado del lago, se logró una manifestación importante.
Los manifestantes en su mayoría vestidos de color marrón y sin carteles se congregaron en el Centro Cívico y de allí caminaron por calle Mitre formando una columna compacta de 100 metros. El recorrido fue corto y descendieron por Independencia, en un lateral del Centro Cívico hacia la costa del lago, en la playa del Puerto San Carlos donde se formó una “mancha humana” portando las gigantes letras con la consigna “Todos somos la mancha, detengámosla”.
“La idea fue generar conciencia y graficar lo que pasa en algunos puntos del lago” dijo Suárez, el organizador de la convocatoria quien reunió ademá una presentación el mago Javo, los humoristas Manuel Gutiérrez Arana y Juan Alari, y un cierre de percusión de la Escuela La Nube.
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Fecha de Publicación: 17/05/2016
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
“Todos somos la mancha, detengámosla” decía el cartel que con letras gigantes sostuvieron cientos de personas vestidas de marrón en la costa del lago Nahuel Huapi, a escasos metros metros del Centro Cívico, para graficar la contaminación del espejo de agua.
Una convocatoria por redes sociales y sin banderas de grupos ambientalistas o políticos, logró congregar unas 500 personas que marcharon y se exhibieron como la “mancha humana” del lago producto de los desechos cloacales crudos.
La situación sanitaria y ambiental del lago es motivo de preocupación en Bariloche desde hace más de un mes cuando imágenes que fueron difundidas a todo el mundo mostraban como un caño del sistema de saneamiento municipal arrojaba líquidos crudos al lago en inmediaciones de la planta de tratamiento que administra la Cooperativa de Electricidad Bariloche.
En este tiempo se realizaron expresiones públicas desde distintos sectores pidiendo al gobierno medidas urgentes para evitar los vertidos al lago y avanzó en la Justicia Federal un amparo impulsado en 2010 por la Defensoría del Pueblo, mientras que otra causa similar sumó más de 3.000 firmas de adhesión en el fuero provincial.
Y como corolario de las expresiones, este sábado, la iniciativa de Nicolás Suárez, un diseñador gráfico que por redes sociales alentó a una concentración masiva con personas vestidas de tonos marrón para graficar el estado del lago, se logró una manifestación importante.
Los manifestantes en su mayoría vestidos de color marrón y sin carteles se congregaron en el Centro Cívico y de allí caminaron por calle Mitre formando una columna compacta de 100 metros. El recorrido fue corto y descendieron por Independencia, en un lateral del Centro Cívico hacia la costa del lago, en la playa del Puerto San Carlos donde se formó una “mancha humana” portando las gigantes letras con la consigna “Todos somos la mancha, detengámosla”.
“La idea fue generar conciencia y graficar lo que pasa en algunos puntos del lago” dijo Suárez, el organizador de la convocatoria quien reunió ademá una presentación el mago Javo, los humoristas Manuel Gutiérrez Arana y Juan Alari, y un cierre de percusión de la Escuela La Nube.
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Negocios urbanísticos fuera de norma en Tucumán
Desoyen medidas de protección ambiental en El Corte
Fecha de Publicación: 17/05/2016
Fuente: La Gaceta (Tucumán)
Provincia/Región: Tucumán
Un fallo judicial, de diciembre pasado, les prohíbe a los gobernantes de Yerba Buena que habiliten lotes de menos de 800 metros cuadrados en ese paraje. No obstante, este diario comprobó que se venden terrenos inadecuados. ¿Quién controla a los desarrollistas? ¿Qué ha pasado con la veda de 180 días impuesta por el intendente en el pedemonte? ¿Cuál es la situación del resto de las edificaciones? Mientras algunos empresarios se quejan de las demoras en las habilitaciones, los funcionarios argumentan que necesitan interponer una pausa para planificar. Del empujón en el despacho de Marchetti al debate sobre la continuidad jurídica del Estado municipal.
Puso un aviso clasificado en el diario del domingo. En dos líneas y con abreviaciones, contó que vende un terreno, sin escritura, en la calle Los Pinos al 800, en el corazón de El Corte. Hasta ahí, nada que se oiga demasiado curioso. Excepto porque luego escribió lo siguiente: mide 10 metros de frente y 40 metros de largo. Y eso, en esos parajes de Yerba Buena, es un ilícito.
- Hola. Lo llamo por el aviso.
- Le cuento: el lote está a mi nombre. La escritura saldrá en un año, cuando los compradores terminen de pagar y se hagan las divisiones.
- Ajá. Pero en El Corte no se puede lotear por menos de 800 metros cuadrados. ¿Cómo hizo usted?
- No sé cómo será eso. Yo soy dueño de compartir mi terreno con quién quiera. Y es lo que hice. Cuando lo compré, medía 20 metros de frente por 40 metros de fondo. Le vendí la mitad a un jugador de fútbol, y ahora estoy vendiendo la otra parte. ¿Quiere verla?
El Corte se encuentra dentro de la unidad ambiental cinco del Código de Ordenamiento Urbano de la ciudad pedemontana. Ahí, los terrenos tienen que medir 20 metros de frente por 40 metros de fondo, al menos. Eso da una superficie de 800 metros cuadrados. No obstante, el autor del aviso no tuvo pudor en que le falte un puñado de metros. No es el único. En las últimas semanas, se publicaron otros avisos similares.
Y eso que, en diciembre pasado, la Cámara Civil hizo lugar a una medida cautelar que había sido presentada por unos vecinos, y le ordenó a la Municipalidad que se abstenga de seguir habilitando lotes con excepciones a lo que está escrito en el Código (”seguir”, porque los denunciantes habían descubierto unos cuantos). De hecho, también por aquellos días, el intendente Mariano Campero, quien acababa de asumir en el gobierno local, mandaba a suspender por 180 días los desarrollos inmobiliarios situados en el piedemonte.
En este punto uno quisiera saber, entonces, por qué se siguen vendiendo parcelas ilegítimas, al parecer. ¿Quién controla? ¿Qué ha pasado con la veda impuesta cinco meses atrás?
Ver la Nota Completa
Fecha de Publicación: 17/05/2016
Fuente: La Gaceta (Tucumán)
Provincia/Región: Tucumán
Un fallo judicial, de diciembre pasado, les prohíbe a los gobernantes de Yerba Buena que habiliten lotes de menos de 800 metros cuadrados en ese paraje. No obstante, este diario comprobó que se venden terrenos inadecuados. ¿Quién controla a los desarrollistas? ¿Qué ha pasado con la veda de 180 días impuesta por el intendente en el pedemonte? ¿Cuál es la situación del resto de las edificaciones? Mientras algunos empresarios se quejan de las demoras en las habilitaciones, los funcionarios argumentan que necesitan interponer una pausa para planificar. Del empujón en el despacho de Marchetti al debate sobre la continuidad jurídica del Estado municipal.
Puso un aviso clasificado en el diario del domingo. En dos líneas y con abreviaciones, contó que vende un terreno, sin escritura, en la calle Los Pinos al 800, en el corazón de El Corte. Hasta ahí, nada que se oiga demasiado curioso. Excepto porque luego escribió lo siguiente: mide 10 metros de frente y 40 metros de largo. Y eso, en esos parajes de Yerba Buena, es un ilícito.
- Hola. Lo llamo por el aviso.
- Le cuento: el lote está a mi nombre. La escritura saldrá en un año, cuando los compradores terminen de pagar y se hagan las divisiones.
- Ajá. Pero en El Corte no se puede lotear por menos de 800 metros cuadrados. ¿Cómo hizo usted?
- No sé cómo será eso. Yo soy dueño de compartir mi terreno con quién quiera. Y es lo que hice. Cuando lo compré, medía 20 metros de frente por 40 metros de fondo. Le vendí la mitad a un jugador de fútbol, y ahora estoy vendiendo la otra parte. ¿Quiere verla?
El Corte se encuentra dentro de la unidad ambiental cinco del Código de Ordenamiento Urbano de la ciudad pedemontana. Ahí, los terrenos tienen que medir 20 metros de frente por 40 metros de fondo, al menos. Eso da una superficie de 800 metros cuadrados. No obstante, el autor del aviso no tuvo pudor en que le falte un puñado de metros. No es el único. En las últimas semanas, se publicaron otros avisos similares.
Y eso que, en diciembre pasado, la Cámara Civil hizo lugar a una medida cautelar que había sido presentada por unos vecinos, y le ordenó a la Municipalidad que se abstenga de seguir habilitando lotes con excepciones a lo que está escrito en el Código (”seguir”, porque los denunciantes habían descubierto unos cuantos). De hecho, también por aquellos días, el intendente Mariano Campero, quien acababa de asumir en el gobierno local, mandaba a suspender por 180 días los desarrollos inmobiliarios situados en el piedemonte.
En este punto uno quisiera saber, entonces, por qué se siguen vendiendo parcelas ilegítimas, al parecer. ¿Quién controla? ¿Qué ha pasado con la veda impuesta cinco meses atrás?
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Cada vez más animales marinos 'perdidos'
Alerta por los animales marinos 'perdidos'
Fecha de Publicación: 16/05/2016
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Nacional
La cantidad de animales marinos que aparecen varados en las costas argentinas es cada vez mayor, según revelan las estadísticas que lleva a cabo anualmente la Fundación Mundo Marino. Este mes, su equipo de rescate –que rehabilita a los animales en mal estado–, junto a profesionales de la Fundación Temaikén y de la Dirección de Fauna Silvestre de la Nación, devolvió a las aguas de San Clemente del Tuyú un elefante marino que había sido hallado perdido unos días antes en Gualeguaychú.
Según explicó a PERFIL la bióloga marina Carina Alvarez, se trata de una consecuencia más de las inundaciones: “Aparecen tras las crecidas de los ríos y luego no pueden encontrar el camino de regreso para salir al mar, o quedan varados cuando baja el agua”. También esta semana, personal de Prefectura encontró en Colón un lobito que había llegado arrastrado por la crecida a esa misma localidad entrerriana, y empezó un operativo para regresarlo al mar.
Estos últimos casos se enmarcan en una tendencia que preocupa a los especialistas. Hacia fines de febrero aparecieron sin vida en las costas 23 delfines franciscanos, un número sin antecedentes tratándose de una especie que está en peligro y de la que se calcula que, de mantenerse el nivel de mortandad actual, podría desaparecer en los próximos treinta años.
En apenas tres meses de este año, la fundación –que cuenta con el Centro Provincial de Rescate y Rehabilitación– atendió más de cien aves marinas, principalmente gaviotas, pingüinos y petreles, para devolverlos a su hábitat natural. La mayoría de los ejemplares que se encontraron a lo largo de la costa presentaban cuadros de debilidad extrema, heridas, alto parasitismo y empetrolamiento. De acuerdo con los registros, cada año se incrementa el número de estas especies que deben ser atendidas debido a la creciente contaminación del ambiente oceánico.
También el año pasado las cifras fueron llamativas. Sólo en junio se encontraron más de veinte pingüinos magallánicos muertos entre Mar de Ajó y San Clemente del Tuyú. Los pocos que llegaron vivos padecían debilidad extrema. Y un número sorprendente de lobos marinos: de junio a octubre se rescataron y devolvieron al mar 35 ejemplares.
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Fecha de Publicación: 16/05/2016
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Nacional
La cantidad de animales marinos que aparecen varados en las costas argentinas es cada vez mayor, según revelan las estadísticas que lleva a cabo anualmente la Fundación Mundo Marino. Este mes, su equipo de rescate –que rehabilita a los animales en mal estado–, junto a profesionales de la Fundación Temaikén y de la Dirección de Fauna Silvestre de la Nación, devolvió a las aguas de San Clemente del Tuyú un elefante marino que había sido hallado perdido unos días antes en Gualeguaychú.
Según explicó a PERFIL la bióloga marina Carina Alvarez, se trata de una consecuencia más de las inundaciones: “Aparecen tras las crecidas de los ríos y luego no pueden encontrar el camino de regreso para salir al mar, o quedan varados cuando baja el agua”. También esta semana, personal de Prefectura encontró en Colón un lobito que había llegado arrastrado por la crecida a esa misma localidad entrerriana, y empezó un operativo para regresarlo al mar.
Estos últimos casos se enmarcan en una tendencia que preocupa a los especialistas. Hacia fines de febrero aparecieron sin vida en las costas 23 delfines franciscanos, un número sin antecedentes tratándose de una especie que está en peligro y de la que se calcula que, de mantenerse el nivel de mortandad actual, podría desaparecer en los próximos treinta años.
En apenas tres meses de este año, la fundación –que cuenta con el Centro Provincial de Rescate y Rehabilitación– atendió más de cien aves marinas, principalmente gaviotas, pingüinos y petreles, para devolverlos a su hábitat natural. La mayoría de los ejemplares que se encontraron a lo largo de la costa presentaban cuadros de debilidad extrema, heridas, alto parasitismo y empetrolamiento. De acuerdo con los registros, cada año se incrementa el número de estas especies que deben ser atendidas debido a la creciente contaminación del ambiente oceánico.
También el año pasado las cifras fueron llamativas. Sólo en junio se encontraron más de veinte pingüinos magallánicos muertos entre Mar de Ajó y San Clemente del Tuyú. Los pocos que llegaron vivos padecían debilidad extrema. Y un número sorprendente de lobos marinos: de junio a octubre se rescataron y devolvieron al mar 35 ejemplares.
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Porteños respiran un 30% más de tóxicos
Para la OMS, los porteños respiran partículas peligrosas
Fecha de Publicación: 16/05/2016
Fuente: Clarin
Provincia/Región: CABA
El organismo difundió un completo informe con los datos de polución de 3.000 ciudades, en 103 países. Aquí, el aire tiene 30% más de componentes nocivos que los recomendados por las Naciones Unidas.
En la capital de la Argentina no se respiran buenos aires. Según el último informe elaborado por la Organización Mundial de la Salud, se supera en un 30% el nivel máximo y saludable de un tipo de partículas contaminantes que son descargadas en la atmósfera por el tránsito de vehículos, las centrales termoeléctricas y las industrias. Esa contaminación aumenta el riesgo de sufrir cáncer de pulmón, infartos, ataques cerebrovasculares y asma en los porteños.
El nuevo informe de la agencia sanitaria de Naciones Unidas sobre la contaminación del aire tuvo en cuenta los resultados de las mediciones de tres estaciones automáticas de monitoreo que funcionan en la ciudad de Buenos Aires desde 2010. Esas estaciones se encuentran en los barrios de La Boca, Barrio Norte, y en Parque Centenario, y monitorean –entre otros parámetros– el nivel de partículas con menos de 10 micrones de diámetro, que al estar suspendidas pueden alojarse en la tráquea o en los bronquios de las personas.
El nivel máximo de esas partículas en el aire (se las conoce por su sigla PM10), según las pautas de la OMS, no debe superar los 20 microgramos por metro cúbico como promedio anual. Sin embargo, en Buenos Aires se registran 26 microgramos por metro cúbico como promedio anual, un resultado que ubica a la Capital en el medio del ranking de ciudades que elaboró la OMS. Ese ranking tiene datos de 3.000 ciudades y señala que el 80 por ciento de la población de las grandes ciudades no respira aire saludable.
“La situación de Buenos Aires y del país en general es preocupante”, sostuvo Enrique Puliafito, ingeniero e investigador del Conicet y profesor de la Universidad de Buenos Aires y de Universidad Tecnológica Nacional. “Porque los datos de Capital son sólo de tres estaciones de Capital y son limitados. No hay estaciones de monitoreo del aire en zonas en las que circulan más vehículos. Una ciudad como Santiago, en Chile, que ocupa una superficie que es la mitad de la Capital argentina, tiene 10 estaciones”, comparó. El investigador también advirtió que el resto de las grandes ciudades argentinas no tienen estaciones automáticas de monitoreo del aire. En el Sistema de Estadística Ambiental, que depende del Ministerio de Ambiente de la Nación, sólo figuran datos de estaciones de monitoreo en Bahía Blanca y en Capital. En otros países cercanos, la calidad del aire que se respira importa un poco más. En Chile, se hace el monitoreo en 23 ciudades. En México, 8 ciudades tienen estaciones (en la capital hay 10 estaciones). En Perú, hay 6 estaciones en la ciudad de Lima, y en Montevideo, Uruguay, hay otras 6 estaciones.
“El resultado informado en la base de la OMS para Buenos Aires no está tan mal. Pero hay que tener en cuenta que no se mide en las zonas más contaminadas de la ciudad. Por lo cual, no se sabe cuál es el nivel real de contaminación. Hay pocas estaciones y la muestra no es representativa”, agregó Enrique San Román, investigador en química ambiental del Inquimae del Conicet y la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA.
Desde la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad, que tiene a cargo el monitoreo del aire, informaron a Clarín por escrito que durante los últimos 6 años los niveles de contaminación fueron bajando hasta llegar a los resultados que se informan en el trabajo de la OMS. Hubo variaciones en los años 2011 y 2015 por la influencia de partículas provenientes de erupciones de volcanes. Argumentaron que la implementación del Metrobús, las bicisendas, el desincentivo al uso del auto particular, el refuerzo de control a las emisiones en vehículos y la actualización de los procesos productivos en industrias están contribuyendo a reducir más el nivel de partículas peligrosas.
“Ahora que estamos en invierno se dan las condiciones más desfavorables para la dispersión de los contaminantes en la ciudad –alertó Nicolás Zeballos, licenciado en ciencias ambientales por la Facultad de Agronomía de la UBA–. Si bien se tomaron medidas, se necesita una mayor cantidad de estaciones en Capital y en el resto de las grandes ciudades, porque hoy no se puede controlar bien ni tomar mejores medidas para proteger la salud. Además, se debería ampliar la red de estaciones meteorológicas que permitan obtener datos fehacientes de las variables que influyen la calidad del aire de las ciudades”.
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Fecha de Publicación: 16/05/2016
Fuente: Clarin
Provincia/Región: CABA
El organismo difundió un completo informe con los datos de polución de 3.000 ciudades, en 103 países. Aquí, el aire tiene 30% más de componentes nocivos que los recomendados por las Naciones Unidas.
En la capital de la Argentina no se respiran buenos aires. Según el último informe elaborado por la Organización Mundial de la Salud, se supera en un 30% el nivel máximo y saludable de un tipo de partículas contaminantes que son descargadas en la atmósfera por el tránsito de vehículos, las centrales termoeléctricas y las industrias. Esa contaminación aumenta el riesgo de sufrir cáncer de pulmón, infartos, ataques cerebrovasculares y asma en los porteños.
El nuevo informe de la agencia sanitaria de Naciones Unidas sobre la contaminación del aire tuvo en cuenta los resultados de las mediciones de tres estaciones automáticas de monitoreo que funcionan en la ciudad de Buenos Aires desde 2010. Esas estaciones se encuentran en los barrios de La Boca, Barrio Norte, y en Parque Centenario, y monitorean –entre otros parámetros– el nivel de partículas con menos de 10 micrones de diámetro, que al estar suspendidas pueden alojarse en la tráquea o en los bronquios de las personas.
El nivel máximo de esas partículas en el aire (se las conoce por su sigla PM10), según las pautas de la OMS, no debe superar los 20 microgramos por metro cúbico como promedio anual. Sin embargo, en Buenos Aires se registran 26 microgramos por metro cúbico como promedio anual, un resultado que ubica a la Capital en el medio del ranking de ciudades que elaboró la OMS. Ese ranking tiene datos de 3.000 ciudades y señala que el 80 por ciento de la población de las grandes ciudades no respira aire saludable.
“La situación de Buenos Aires y del país en general es preocupante”, sostuvo Enrique Puliafito, ingeniero e investigador del Conicet y profesor de la Universidad de Buenos Aires y de Universidad Tecnológica Nacional. “Porque los datos de Capital son sólo de tres estaciones de Capital y son limitados. No hay estaciones de monitoreo del aire en zonas en las que circulan más vehículos. Una ciudad como Santiago, en Chile, que ocupa una superficie que es la mitad de la Capital argentina, tiene 10 estaciones”, comparó. El investigador también advirtió que el resto de las grandes ciudades argentinas no tienen estaciones automáticas de monitoreo del aire. En el Sistema de Estadística Ambiental, que depende del Ministerio de Ambiente de la Nación, sólo figuran datos de estaciones de monitoreo en Bahía Blanca y en Capital. En otros países cercanos, la calidad del aire que se respira importa un poco más. En Chile, se hace el monitoreo en 23 ciudades. En México, 8 ciudades tienen estaciones (en la capital hay 10 estaciones). En Perú, hay 6 estaciones en la ciudad de Lima, y en Montevideo, Uruguay, hay otras 6 estaciones.
“El resultado informado en la base de la OMS para Buenos Aires no está tan mal. Pero hay que tener en cuenta que no se mide en las zonas más contaminadas de la ciudad. Por lo cual, no se sabe cuál es el nivel real de contaminación. Hay pocas estaciones y la muestra no es representativa”, agregó Enrique San Román, investigador en química ambiental del Inquimae del Conicet y la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA.
Desde la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad, que tiene a cargo el monitoreo del aire, informaron a Clarín por escrito que durante los últimos 6 años los niveles de contaminación fueron bajando hasta llegar a los resultados que se informan en el trabajo de la OMS. Hubo variaciones en los años 2011 y 2015 por la influencia de partículas provenientes de erupciones de volcanes. Argumentaron que la implementación del Metrobús, las bicisendas, el desincentivo al uso del auto particular, el refuerzo de control a las emisiones en vehículos y la actualización de los procesos productivos en industrias están contribuyendo a reducir más el nivel de partículas peligrosas.
“Ahora que estamos en invierno se dan las condiciones más desfavorables para la dispersión de los contaminantes en la ciudad –alertó Nicolás Zeballos, licenciado en ciencias ambientales por la Facultad de Agronomía de la UBA–. Si bien se tomaron medidas, se necesita una mayor cantidad de estaciones en Capital y en el resto de las grandes ciudades, porque hoy no se puede controlar bien ni tomar mejores medidas para proteger la salud. Además, se debería ampliar la red de estaciones meteorológicas que permitan obtener datos fehacientes de las variables que influyen la calidad del aire de las ciudades”.
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La represa Chihuido I segura de concretarse
Otro guiño de Nación a la concreción de Chihuido I
Fecha de Publicación: 16/05/2016
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
El ministro del Interior de la Nación, Rogelio Frigerio, mencionó la obra como el principal proyecto hidroeléctrico multipropósito del país que está en vías de concretarse.
Desde Nación indicaron que fue la única obra mencionada con especial énfasis, lo que indica el interés del gobierno en ponerla en marcha. El Ministerio de Economía negocia con el banco de desarrollo de Rusia el crédito que había activado la gestión de Cristina Fernández. La Casa Rosada pretende elevar a un 95% el financiamiento y bajar la tasa de interés al 6%. El empresario Eduardo Eurnekián, quien lidera el holding adjudicatario, espera firmar a mediados de junio el contrato de financiamiento en Moscú.
El Plan Nacional de Agua dado a conocer ayer tiene como objetivo la creación de 200 mil puestos de trabajo y que en los próximos ocho años el 100% de los argentinos tenga agua potable y cloacas.
De la presentación, que se realizó en el Palacio de las Aguas Corrientes en Buenos Aires, participaron ministros del Gabinete Nacional, el secretario de Obras Públicas, Daniel Chaín, y el subsecretario de Recursos Hídricos, Pablo Bereciartua.
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Fecha de Publicación: 16/05/2016
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
El ministro del Interior de la Nación, Rogelio Frigerio, mencionó la obra como el principal proyecto hidroeléctrico multipropósito del país que está en vías de concretarse.
Desde Nación indicaron que fue la única obra mencionada con especial énfasis, lo que indica el interés del gobierno en ponerla en marcha. El Ministerio de Economía negocia con el banco de desarrollo de Rusia el crédito que había activado la gestión de Cristina Fernández. La Casa Rosada pretende elevar a un 95% el financiamiento y bajar la tasa de interés al 6%. El empresario Eduardo Eurnekián, quien lidera el holding adjudicatario, espera firmar a mediados de junio el contrato de financiamiento en Moscú.
El Plan Nacional de Agua dado a conocer ayer tiene como objetivo la creación de 200 mil puestos de trabajo y que en los próximos ocho años el 100% de los argentinos tenga agua potable y cloacas.
De la presentación, que se realizó en el Palacio de las Aguas Corrientes en Buenos Aires, participaron ministros del Gabinete Nacional, el secretario de Obras Públicas, Daniel Chaín, y el subsecretario de Recursos Hídricos, Pablo Bereciartua.
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Santa Fe: quieren reducir el límite para fumigaciones
Ambientalistas renuevan alerta ante la posible sanción de una ley de agroquímicos
Fecha de Publicación: 15/05/2016
Fuente: La Capital (Santa Fe)
Provincia/Región: Santa Fe
Ambientalistas advierten por el riesgo que entraña la "ley Bertero", ya con media sanción en Diputados, que reduce el límite para fumigaciones
Organizaciones ambientalistas renovaron esta semana el alerta respecto al "peligro" que significaría para la salud de la población y del ambiente de Santa Fe la aprobación por parte del Senado provincial del proyecto conocido como "ley Bertero", que propone reducir los límites de las aplicaciones aéreas y terrestres de agroquímicos.
En ese sentido, desde El Taller Ecologista, El Paraná no se Toca, Observatorio del Sur, Paren de Fumigarnos y Greenpeace les exigieron a los legisladores que rechacen el tratamiento de dicho proyecto "por ser regresivo, violatorio de los derechos humanos fundamentales y anticonstitucional".
El proyecto iba a ser analizado en la comisión de Economía de la Cámara alta la semana pasada, aunque finalmente se dio marcha atrás en su tratamiento.
El debate llega en un momento muy particular de la provincia, con inundaciones de norte a sur agravadas —según puntualizaron expertos del Inta— por la preponderancia de un modelo agrícola basado en el monocultivo y en el uso intensivo de productos químicos.
Así lo afirmó el ingeniero Nicolás Bertram, investigador del Inta- Marcos Juárez (Córdoba), quien en un trabajo reciente explicó que mientras el monte nativo absorbe 300 milímetros de agua de lluvia por hora, una pastura convencional (donde hay ganado) absorbe 100 milímetros, mientras que un campo con soja apenas 30 milímetros.
Media sanción. El proyecto de ley que fue presentado por la diputada socialista Inés Bertero obtuvo media sanción en la Cámara baja en octubre pasado pero fue ampliamente repudiado por organizaciones sociales y ambientales.
La iniciativa incluso fue cuestionada por parte del consejo directivo de la facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Rosario.
El proyecto de Bertero reduce el límite para fumigaciones aéreas y terrestres, lo cual según los ambientalistas "atenta contra los derechos adquiridos que tutelan la salud y el ambiente de la población santafesina", al establecer una restricción de sólo 200 metros desde los centros urbanos para la aspersión de químicos mediante métodos terrestres (o de sólo 100 en caso de que exista una barrera forestal), en vez de los 500 metros actualmente vigentes.
Al mismo tiempo estipula un límite de 3 mil metros para las aplicaciones aéreas, aunque bajo excepción se podrán aplicar hasta los 800 metros.
"Es una ley inconstitucional, hay que estar alertas porque el contexto de presión de la agroindustria es fuerte, y nuestro miedo es que avancen de un día para el otro", puntualizó Franco Segesso, de Greenpeace.
Además recordaron que la producción agroecológica es una alternativa de producción viable, y que al respecto existe un proyecto pendiente de tratamiento en la Legislatura provincial.
"El proyecto de la diputada Bertero es regresivo y violatorio de los derechos humanos fundamentales, no podemos ir para atrás, por el contrario es urgente frenar las fumigaciones con agrotóxicos sobre la población", expresaron las organizaciones, que desde hace años luchan para lograr una norma superadora.
En ese marco, llamaron a la ciudadanía a peticionar para que no se dé tratamiento al proyecto y que se priorice la protección de los intereses y derechos fundamentales por sobre los intereses privados "como son el velar por la salud pública, la vida, el ambiente y el bienestar de toda la población".
"La aprobación de esta ley es un hecho crucial para toda la población y puede generar un mal antecedente para otras provincias que atraviesan la misma problemática. Es urgente adecuar la normativa que atrasa más de 20 años en relación al modelo productivo vigente. ¿Hasta cuándo nuestros legisladores van a apoyar los intereses sojeros?", afirmaron desde el conglomerado de organizaciones.
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Fecha de Publicación: 15/05/2016
Fuente: La Capital (Santa Fe)
Provincia/Región: Santa Fe
Ambientalistas advierten por el riesgo que entraña la "ley Bertero", ya con media sanción en Diputados, que reduce el límite para fumigaciones
Organizaciones ambientalistas renovaron esta semana el alerta respecto al "peligro" que significaría para la salud de la población y del ambiente de Santa Fe la aprobación por parte del Senado provincial del proyecto conocido como "ley Bertero", que propone reducir los límites de las aplicaciones aéreas y terrestres de agroquímicos.
En ese sentido, desde El Taller Ecologista, El Paraná no se Toca, Observatorio del Sur, Paren de Fumigarnos y Greenpeace les exigieron a los legisladores que rechacen el tratamiento de dicho proyecto "por ser regresivo, violatorio de los derechos humanos fundamentales y anticonstitucional".
El proyecto iba a ser analizado en la comisión de Economía de la Cámara alta la semana pasada, aunque finalmente se dio marcha atrás en su tratamiento.
El debate llega en un momento muy particular de la provincia, con inundaciones de norte a sur agravadas —según puntualizaron expertos del Inta— por la preponderancia de un modelo agrícola basado en el monocultivo y en el uso intensivo de productos químicos.
Así lo afirmó el ingeniero Nicolás Bertram, investigador del Inta- Marcos Juárez (Córdoba), quien en un trabajo reciente explicó que mientras el monte nativo absorbe 300 milímetros de agua de lluvia por hora, una pastura convencional (donde hay ganado) absorbe 100 milímetros, mientras que un campo con soja apenas 30 milímetros.
Media sanción. El proyecto de ley que fue presentado por la diputada socialista Inés Bertero obtuvo media sanción en la Cámara baja en octubre pasado pero fue ampliamente repudiado por organizaciones sociales y ambientales.
La iniciativa incluso fue cuestionada por parte del consejo directivo de la facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Rosario.
El proyecto de Bertero reduce el límite para fumigaciones aéreas y terrestres, lo cual según los ambientalistas "atenta contra los derechos adquiridos que tutelan la salud y el ambiente de la población santafesina", al establecer una restricción de sólo 200 metros desde los centros urbanos para la aspersión de químicos mediante métodos terrestres (o de sólo 100 en caso de que exista una barrera forestal), en vez de los 500 metros actualmente vigentes.
Al mismo tiempo estipula un límite de 3 mil metros para las aplicaciones aéreas, aunque bajo excepción se podrán aplicar hasta los 800 metros.
"Es una ley inconstitucional, hay que estar alertas porque el contexto de presión de la agroindustria es fuerte, y nuestro miedo es que avancen de un día para el otro", puntualizó Franco Segesso, de Greenpeace.
Además recordaron que la producción agroecológica es una alternativa de producción viable, y que al respecto existe un proyecto pendiente de tratamiento en la Legislatura provincial.
"El proyecto de la diputada Bertero es regresivo y violatorio de los derechos humanos fundamentales, no podemos ir para atrás, por el contrario es urgente frenar las fumigaciones con agrotóxicos sobre la población", expresaron las organizaciones, que desde hace años luchan para lograr una norma superadora.
En ese marco, llamaron a la ciudadanía a peticionar para que no se dé tratamiento al proyecto y que se priorice la protección de los intereses y derechos fundamentales por sobre los intereses privados "como son el velar por la salud pública, la vida, el ambiente y el bienestar de toda la población".
"La aprobación de esta ley es un hecho crucial para toda la población y puede generar un mal antecedente para otras provincias que atraviesan la misma problemática. Es urgente adecuar la normativa que atrasa más de 20 años en relación al modelo productivo vigente. ¿Hasta cuándo nuestros legisladores van a apoyar los intereses sojeros?", afirmaron desde el conglomerado de organizaciones.
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Tucumán: localidades aisladas por las lluvias
Recrudece el aislamiento de pueblos anegados
Fecha de Publicación: 15/05/2016
Fuente: La Gaceta (Tucumán)
Provincia/Región: Tucumán
Las lluvias persisten y agravan la situación que generó el desborde del río Medinas en las localidades de Los Agudo y de Las Juntas, al este de Aguilares. Unas 300 familias de la zona permanecen rodeadas por el agua. El aislamiento se agrava porque la ruta 331, que conduce a ambos poblados, se ha convertido en un brazo del cauce que se desmadró el lunes pasado.
Al mediodía de ayer, los vecinos permanecían a la espera de las ayudas que le habían prometido desde el Gobierno provincial. Los damnificados reclamaban, principalmente, alimentos y frazadas.
El drama más angustiante es vivido por las familias de Las Juntas, hasta donde no se puede llegar ni siquiera en vehículos pesados. La escuela del lugar no pudo aún iniciar el ciclo lectivo, justamente, porque el camino de acceso permanece tapado por una masa líquida desde el verano pasado.
Un tractor con un carro, dispuesto por la comuna de Nueva Trinidad (de la que dependen los parajes anegados), permite a los vecinos de Los Agudo salir del medio del agua hasta el kilómetro 20. Es a partir de este lugar, en donde se encuentra la parroquia Nuestra Señora de Lourdes, que el agua ganó la ruta para seguir su curso hacia el este. Los pobladores toman en ese sitio el colectivo para trasladarse hasta Aguilares a aprovisionarse de mercaderías.
Pérdidas
“Uno se desespera al estar tanto días en medio de este mar que nos está dejando sin nada. Perdimos los cultivos y también los animales. Gracias al tractor podemos salir a comprar algunas cosas. Pero así no se puede seguir viviendo aquí”, se lamentó Roberto Lezcano.
La humedad y el frío han incrementado en la zona los casos de enfermedades bronco-respiratorias y micóticas. “Lo peor de todo es que hasta ahora permanecemos sin ningún tipo de asistencia. Nadie se acercó a ver lo que necesitamos”, planteó Carmen Arrieta.
Otro de los pueblos que se encuentra aislado a causa del pésimo estado que presenta el camino de acceso es Nueva Trinidad. LA GACETA pudo llegar a duras penas hasta esa comunidad, con el propósito de consultar al comisionado comunal David Elías sobre las inquietudes que formularon los damnificados por las inundaciones. Al mediodía la comuna permanecía cerrada, Elías (que no reside en el lugar) estaba ausente y en la escuela no había clases porque los docentes no pueden llegar a causa del estado de la carretera.
“Este pueblo parece fantasma porque nadie puede venir y tampoco podemos salir los que somos de aquí. Tampoco tenemos en qué sacar a los que se enferman”, describió el comerciante Luís Cativa.
Más afectados
En Niogasta, el desmadre del río Chico anegó un amplio tramo de la ruta 308 y afectó a una veintena de familias.
En el Centro de Integración Comunitaria permanecen evacuadas, desde el verano pasado, unas 15 familias.
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Fecha de Publicación: 15/05/2016
Fuente: La Gaceta (Tucumán)
Provincia/Región: Tucumán
Las lluvias persisten y agravan la situación que generó el desborde del río Medinas en las localidades de Los Agudo y de Las Juntas, al este de Aguilares. Unas 300 familias de la zona permanecen rodeadas por el agua. El aislamiento se agrava porque la ruta 331, que conduce a ambos poblados, se ha convertido en un brazo del cauce que se desmadró el lunes pasado.
Al mediodía de ayer, los vecinos permanecían a la espera de las ayudas que le habían prometido desde el Gobierno provincial. Los damnificados reclamaban, principalmente, alimentos y frazadas.
El drama más angustiante es vivido por las familias de Las Juntas, hasta donde no se puede llegar ni siquiera en vehículos pesados. La escuela del lugar no pudo aún iniciar el ciclo lectivo, justamente, porque el camino de acceso permanece tapado por una masa líquida desde el verano pasado.
Un tractor con un carro, dispuesto por la comuna de Nueva Trinidad (de la que dependen los parajes anegados), permite a los vecinos de Los Agudo salir del medio del agua hasta el kilómetro 20. Es a partir de este lugar, en donde se encuentra la parroquia Nuestra Señora de Lourdes, que el agua ganó la ruta para seguir su curso hacia el este. Los pobladores toman en ese sitio el colectivo para trasladarse hasta Aguilares a aprovisionarse de mercaderías.
Pérdidas
“Uno se desespera al estar tanto días en medio de este mar que nos está dejando sin nada. Perdimos los cultivos y también los animales. Gracias al tractor podemos salir a comprar algunas cosas. Pero así no se puede seguir viviendo aquí”, se lamentó Roberto Lezcano.
La humedad y el frío han incrementado en la zona los casos de enfermedades bronco-respiratorias y micóticas. “Lo peor de todo es que hasta ahora permanecemos sin ningún tipo de asistencia. Nadie se acercó a ver lo que necesitamos”, planteó Carmen Arrieta.
Otro de los pueblos que se encuentra aislado a causa del pésimo estado que presenta el camino de acceso es Nueva Trinidad. LA GACETA pudo llegar a duras penas hasta esa comunidad, con el propósito de consultar al comisionado comunal David Elías sobre las inquietudes que formularon los damnificados por las inundaciones. Al mediodía la comuna permanecía cerrada, Elías (que no reside en el lugar) estaba ausente y en la escuela no había clases porque los docentes no pueden llegar a causa del estado de la carretera.
“Este pueblo parece fantasma porque nadie puede venir y tampoco podemos salir los que somos de aquí. Tampoco tenemos en qué sacar a los que se enferman”, describió el comerciante Luís Cativa.
Más afectados
En Niogasta, el desmadre del río Chico anegó un amplio tramo de la ruta 308 y afectó a una veintena de familias.
En el Centro de Integración Comunitaria permanecen evacuadas, desde el verano pasado, unas 15 familias.
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Acuerdan monitorear UPM-Botnia
Acuerdan monitorear la contaminación que causa UPM-Botnia en el aire
Fecha de Publicación: 15/05/2016
Fuente: Máxima On Line
Provincia/Región: Entre Ríos
Entre Ríos propuso al gobierno nacional la conformación de una comisión interjurisdiccional para el control y monitoreo de los efluentes gaseosos generados por la pastera Botnia-UPM. La secretaria de Ambiente, Belén Esteves, presentó la propuesta al ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman, durante su visita a la ciudad de Gualeguaychú este viernes, donde también solicitó que estén la Provincia , Municipio y las ong’s. El funcionario nacional se comprometió a establecer una mesa de trabajo con todas las partes para avanzar en el monitoreo de calidad de aire.
Junto al intendente Martín Piaggio, Esteves dio la bienvenida al ministro Bergman y reiteró que la política de Estado de esta gestión es la protección de los recursos naturales. Y dio precisiones de la propuesta presentada al ministro de Ambiente de Nación de avanzar en la conformación de un comité interjurisdiccional para trabajar en el monitoreo de calidad de aire de la pastera Botnia y exigir la totalidad del cumplimiento de los puntos del monitoreo que no se realizan.
En este sentido, Bergman dijo que es voluntad del gobierno nacional que todas las partes participen del monitoreo y aporten desde sus jurisdicciones para darle transparencia al proceso. Y agregó que además de la provincia, el municipio y organizaciones no gubernamentales se convocará a los miembros de CARU y de la UNER.
Todas las partes trabajarán en conjunto y colaborarán con Nación respecto al control de emisiones transfronterizas, para poner operativos los equipos de aire nacionales ya existentes en la zona y también los adquiridos por provincia para monitorear la calidad de los efluentes gaseosos junto a institutos como el Servicio Meteorológico Nacional y la Comisión de Energía Atómica. “La idea es avanzar en el mejor sistema técnico de monitoreo constaste y continuo y darle contenido técnico a lo ya monitoreado”, dijo el ministro.
Bergman dijo además que el organismo a su cargo solicitó a Cancillería todos los datos recabados desde 2010 en los monitoreos de aire, lo que responde a un pedido realizado por la Secretaría de Ambiente Provincial y el municipio de Gualeguaychú.
Por su parte, el intendente Piaggio expresó: “Intercambiamos muchas ideas y celebro que consolidamos los canales de trabajo en los que pueda intervenir nuestro pueblo a través de sus organizaciones, el Estado municipal, el Estado provincial y el nacional en una mesa de trabajo continua para darle la frecuencia necesaria para que sea continuo y no esporádico, y a partir de ahí poder evaluar cómo vamos respecto a este tema”.
También estuvieron presentes el director de Recursos Hídricos de Nación, Osvaldo Fernández; y los legisladores provinciales por el departamento, Sergio Kneeteman y Nicolás Mattiauda, entre otros funcionales provinciales y municipales.
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Fecha de Publicación: 15/05/2016
Fuente: Máxima On Line
Provincia/Región: Entre Ríos
Entre Ríos propuso al gobierno nacional la conformación de una comisión interjurisdiccional para el control y monitoreo de los efluentes gaseosos generados por la pastera Botnia-UPM. La secretaria de Ambiente, Belén Esteves, presentó la propuesta al ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman, durante su visita a la ciudad de Gualeguaychú este viernes, donde también solicitó que estén la Provincia , Municipio y las ong’s. El funcionario nacional se comprometió a establecer una mesa de trabajo con todas las partes para avanzar en el monitoreo de calidad de aire.
Junto al intendente Martín Piaggio, Esteves dio la bienvenida al ministro Bergman y reiteró que la política de Estado de esta gestión es la protección de los recursos naturales. Y dio precisiones de la propuesta presentada al ministro de Ambiente de Nación de avanzar en la conformación de un comité interjurisdiccional para trabajar en el monitoreo de calidad de aire de la pastera Botnia y exigir la totalidad del cumplimiento de los puntos del monitoreo que no se realizan.
En este sentido, Bergman dijo que es voluntad del gobierno nacional que todas las partes participen del monitoreo y aporten desde sus jurisdicciones para darle transparencia al proceso. Y agregó que además de la provincia, el municipio y organizaciones no gubernamentales se convocará a los miembros de CARU y de la UNER.
Todas las partes trabajarán en conjunto y colaborarán con Nación respecto al control de emisiones transfronterizas, para poner operativos los equipos de aire nacionales ya existentes en la zona y también los adquiridos por provincia para monitorear la calidad de los efluentes gaseosos junto a institutos como el Servicio Meteorológico Nacional y la Comisión de Energía Atómica. “La idea es avanzar en el mejor sistema técnico de monitoreo constaste y continuo y darle contenido técnico a lo ya monitoreado”, dijo el ministro.
Bergman dijo además que el organismo a su cargo solicitó a Cancillería todos los datos recabados desde 2010 en los monitoreos de aire, lo que responde a un pedido realizado por la Secretaría de Ambiente Provincial y el municipio de Gualeguaychú.
Por su parte, el intendente Piaggio expresó: “Intercambiamos muchas ideas y celebro que consolidamos los canales de trabajo en los que pueda intervenir nuestro pueblo a través de sus organizaciones, el Estado municipal, el Estado provincial y el nacional en una mesa de trabajo continua para darle la frecuencia necesaria para que sea continuo y no esporádico, y a partir de ahí poder evaluar cómo vamos respecto a este tema”.
También estuvieron presentes el director de Recursos Hídricos de Nación, Osvaldo Fernández; y los legisladores provinciales por el departamento, Sergio Kneeteman y Nicolás Mattiauda, entre otros funcionales provinciales y municipales.
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487 trabajos científicos sobre el daño del Glifosato
Glifosato, 487 evidencias del daño que causa a la salud
Fecha de Publicación: 14/05/2016
Fuente: Revista El Federal
Provincia/Región: Nacional
Conocé la recopilación más completa de trabajos científicos nacionales e internacionales que da cuenta de los riesgos a la salud humana que implica la utilización del glifosato, el agroquímico estrella de Monsanto.
La Antología Toxicológica del Glifosato se trata de la recopilación más completa de trabajos científicos nacionales e internacionales que da cuenta de los riesgos de daño grave a la salud humana, ambiente y biodiversidad de este agroquímico de la multinacional Monsanto, ya sea por la exposición directa a las fumigaciones terrestres y aéreas, como la indirecta través del consumo de alimentos y utilización de productos de higiene personal con residuos de dicho químico.
El trabajo está a cargo de Eduardo Rossi, ecologista, Técnico en Inmuno Hemoterapia y en Epidemiología, estudiante de Ciencias Médicas en la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y miembro activo de 'Paren de Fumigar' de Santa Fe, integrante de la ONG Equística de Rosario.
La primera actualización de la recopilación de la Antología Toxicológica del Glifosato data de abril de 2015 y fue puesta a disposición del SENASA (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) en junio de 2015 a través de la presentación que se realizó por varias organizaciones y colectivos ante dicho organismo, encargado de autorizar el uso y comercialización de los agroquímicos en Argentina, para que proceda a la apertura del procedimiento de análisis de riesgos del glifosato, previsto en la normativa vigente, para determinar mayores restricciones en el uso, suspensión o cancelación de los registros autorizados.
Sin embargo, el organismo estatal desoyó esas voces de la investigación científica independiente y en enero de 2016 comunicó oficialmente que no procederá a la revisión del glifosato por considerar la 'inexistencia' de riesgos. El SENASA sustenta su decisión administrativa en el trabajo de recopilación científica del CONICET de 2009 “Evaluación de la Información Científica vinculada al Glifosato en cuanto a la Salud Humana y al Ambiente” según el cual, respetando las condiciones establecidas en la etiqueta, 'no existe riesgo de la utilización del mismo', informe que fue fuertemente rechazado y criticado por centros académicos y universitarios, científicos, organizaciones y colectivos sociales, por su precariedad y falta de ecuanimidad en la consulta del material bibliográfico, ya que las conclusiones a las que arriba se sustentan en trabajos científicos financiados y gestionados por las propias empresas con intereses en la producción y comercialización de los agrotóxicos.
Recordemos que en 2015 la Organización Mundial de la Salud (OMS) dio a conocer a través de la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC) un estudio que revela que el Glifosato causó daño al ADN y los cromosomas en las células humanas analizadas.
Con el objetivo de construir una acción judicial pertinente para reencausar el proceder administrativo incorrecto del SENASA, la organización Naturaleza de Derechos encomendó a Eduardo Rossi una actualización de la Antología Toxicológica del Glifosato, para exponer a la justicia federal la insuficiente argumentación del SENASA ante la constante e incesante suma de evidencias científicas que muestran los riesgos actualizados, claros, concretos y precisos del agrotóxico glifosato, que demandan desde la perspectiva de la precaución una actuación ineludible del estado y proceder a su inmediata reevaluación en la Argentina.
A continuación podés acceder a la segunda actualización de la Antología Toxicológica del Glifosato, 487 trabajos de investigación científica ordenados por tipo de muestras a analizar, enfermedades vinculantes y mecanismos patológicos mas frecuentes actualizados al 27 de febrero de 2016: aquí
El glifosato fue hallado el año pasado en orina humana en Mar del Plata, en muestras de sangre y agua en Pergamino, y en algodón, gasas y tampones comercializados en nuestro país. En el resto del mundo se encontró en vinos de California, en cervezas alemanas, y ahora en Estados Unidos lo encuentran en los alimentos del desayuno.
El glifosato es el principio activo del herbicida RoundUp de Monsanto. La utilización de este agroquímico brinda a los agricultores la posibilidad de controlar las malezas de forma total, porque no afecta los cultivos genéticamente modificados como la soja. Desde 1996 Argentina le compra a Monsanto la soja transgénica y el glifosato sin estudios de impacto ambiental ni evaluación de daños humanos. Desde entonces, los casos de cáncer en niños de algunos pueblos del Litoral y el Norte argentinos se triplicaron, crecieron un 400 por ciento los abortos espontáneos y las malformaciones en recién nacidos.
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Fecha de Publicación: 14/05/2016
Fuente: Revista El Federal
Provincia/Región: Nacional
Conocé la recopilación más completa de trabajos científicos nacionales e internacionales que da cuenta de los riesgos a la salud humana que implica la utilización del glifosato, el agroquímico estrella de Monsanto.
La Antología Toxicológica del Glifosato se trata de la recopilación más completa de trabajos científicos nacionales e internacionales que da cuenta de los riesgos de daño grave a la salud humana, ambiente y biodiversidad de este agroquímico de la multinacional Monsanto, ya sea por la exposición directa a las fumigaciones terrestres y aéreas, como la indirecta través del consumo de alimentos y utilización de productos de higiene personal con residuos de dicho químico.
El trabajo está a cargo de Eduardo Rossi, ecologista, Técnico en Inmuno Hemoterapia y en Epidemiología, estudiante de Ciencias Médicas en la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y miembro activo de 'Paren de Fumigar' de Santa Fe, integrante de la ONG Equística de Rosario.
La primera actualización de la recopilación de la Antología Toxicológica del Glifosato data de abril de 2015 y fue puesta a disposición del SENASA (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) en junio de 2015 a través de la presentación que se realizó por varias organizaciones y colectivos ante dicho organismo, encargado de autorizar el uso y comercialización de los agroquímicos en Argentina, para que proceda a la apertura del procedimiento de análisis de riesgos del glifosato, previsto en la normativa vigente, para determinar mayores restricciones en el uso, suspensión o cancelación de los registros autorizados.
Sin embargo, el organismo estatal desoyó esas voces de la investigación científica independiente y en enero de 2016 comunicó oficialmente que no procederá a la revisión del glifosato por considerar la 'inexistencia' de riesgos. El SENASA sustenta su decisión administrativa en el trabajo de recopilación científica del CONICET de 2009 “Evaluación de la Información Científica vinculada al Glifosato en cuanto a la Salud Humana y al Ambiente” según el cual, respetando las condiciones establecidas en la etiqueta, 'no existe riesgo de la utilización del mismo', informe que fue fuertemente rechazado y criticado por centros académicos y universitarios, científicos, organizaciones y colectivos sociales, por su precariedad y falta de ecuanimidad en la consulta del material bibliográfico, ya que las conclusiones a las que arriba se sustentan en trabajos científicos financiados y gestionados por las propias empresas con intereses en la producción y comercialización de los agrotóxicos.
Recordemos que en 2015 la Organización Mundial de la Salud (OMS) dio a conocer a través de la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC) un estudio que revela que el Glifosato causó daño al ADN y los cromosomas en las células humanas analizadas.
Con el objetivo de construir una acción judicial pertinente para reencausar el proceder administrativo incorrecto del SENASA, la organización Naturaleza de Derechos encomendó a Eduardo Rossi una actualización de la Antología Toxicológica del Glifosato, para exponer a la justicia federal la insuficiente argumentación del SENASA ante la constante e incesante suma de evidencias científicas que muestran los riesgos actualizados, claros, concretos y precisos del agrotóxico glifosato, que demandan desde la perspectiva de la precaución una actuación ineludible del estado y proceder a su inmediata reevaluación en la Argentina.
A continuación podés acceder a la segunda actualización de la Antología Toxicológica del Glifosato, 487 trabajos de investigación científica ordenados por tipo de muestras a analizar, enfermedades vinculantes y mecanismos patológicos mas frecuentes actualizados al 27 de febrero de 2016: aquí
El glifosato fue hallado el año pasado en orina humana en Mar del Plata, en muestras de sangre y agua en Pergamino, y en algodón, gasas y tampones comercializados en nuestro país. En el resto del mundo se encontró en vinos de California, en cervezas alemanas, y ahora en Estados Unidos lo encuentran en los alimentos del desayuno.
El glifosato es el principio activo del herbicida RoundUp de Monsanto. La utilización de este agroquímico brinda a los agricultores la posibilidad de controlar las malezas de forma total, porque no afecta los cultivos genéticamente modificados como la soja. Desde 1996 Argentina le compra a Monsanto la soja transgénica y el glifosato sin estudios de impacto ambiental ni evaluación de daños humanos. Desde entonces, los casos de cáncer en niños de algunos pueblos del Litoral y el Norte argentinos se triplicaron, crecieron un 400 por ciento los abortos espontáneos y las malformaciones en recién nacidos.
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Lino Barañao el lobbista de Monsanto
Lino Barañao el lobbista
Fecha de Publicación: 14/05/2016
Fuente: Acción por la Biodiversidad
Provincia/Región: Nacional
Lino Barañao sigue defendiendo los intereses de Monsanto desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Ahora presiona para que el INPI, que rechazó patentar la soja transgénica, acepte la patente y así Monsanto pueda cobrar sus regalías sin problemas.
La continuidad del único Ministro entre la gestión de Cristina Fernández de Kirchner y la de Mauricio Macri no fue sorpresiva para quienes seguimos el desarrollo del avance de las corporaciones biotecnológicas en Argentina. Lino Barañao fue siempre un acérrimo defensor de Monsanto pero además, y esto es mucho más grave, un freno para todas las denuncias de los daños que las corporaciones provocan a la salud socioambiental en nuestro país. Por lo tanto su continuidad expresaba claramente la continuidad y profundización del modelo inaugurado en el año 1996 con la introducción de la soja transgénica.
Ahora Lino Barañao vuelve a la carga para defender los intereses de la multinacional intentando esta vez torcer el brazo del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) que ya rechazó el intento de Monsanto de patentar la soja transgénica.
La función del INPI está claramente expresada en su Sitio Web y es “Otorgar títulos de propiedad sobre Patentes de Invención, Modelos de Utilidad, Marcas, Modelos y/o Diseños Industriales, a todas las personas que lo soliciten y cumplan con los requisitos exigidos por la normativa vigente”. A partir de estos principios el INPI rechazó el pedido de patente a Monsanto tal como hace unos meses lo comunicó la misma Sociedad Rural Argentina (3) que consultó al INPI y recibió un pormenorizado informe exponiendo que Monsanto no tiene la patente.
Pero para que no quepan dudas la ONG Naturaleza de Derechos difundió hace pocas semanas los detalles de un proceso judicial iniciado a partir de que el INPI rechazó la solicitud de Monsanto del año 1995 para patentar la soja rr. El INPI planteó en sus considerandos que la misma era improcedente dado que la molécula de ADN recombinante y las células modificadas no constituyen una invención porque son materia viva y preexistente en la naturaleza, o bien, "material biológico y genético o su réplica".
Ante la decisión administrativa del INPI, Monsanto recurrió a la justicia en el año 2007 solicitando la nulidad de esta resolución administrativa. En primera instancia la justicia fallo a favor de Monsanto, pero esa decisión judicial fue apelada por el INPI que motivó el fallo de la Cámara Federal en lo Civil y Comercial revocándola. La Cámara fue contundente en el rechazo, señalando que la molécula de ADN recombinante, las células vegetales transformadas por ella y las plantas generadas a partir de estas últimas incluidas en la solicitud, es materia no incluida en el amparo que brinda el sistema de patentes, por no cumplir las previsiones establecidas en la ley (4). Claramente: los transgénicos no pueden ser patentados en Argentina.
Pese a ello, nuevamente comenzó a operar el Ministro Barañao cuando se profundizó el conflicto entre Monsanto y los productores de soja por la intención de la corporación de cobrar regalías por la soja cosechada haciendo análisis en los puertos. En una entrevista a la Agencia Bloomberg días pasados Barañao afirmó que: "La cuestión de Monsanto es muy particular dado que la Argentina todavía no ha otorgado a la compañía la patente para Intacta….La decisión final debe salir pronto, pero no estoy seguro de que esto vaya a ocurrir para la cosecha 2015-16. Hemos pedido al Registro de Propiedad Intelectual que acelere el proceso pero podría demorar meses" (5).
También en ese reportaje afirmó que "La postura de la Argentina es que el productor debe pagar por el uso de una semilla patentada y el uso repetido; se debe pagar una suma lógica"; yendo contra la Ley de Semillas que habilita a guardar semilla para el uso propio. O sea un Ministro que aboga porque en el país no se cumpla la Ley vigente.
Este “pedido” al INPI es absolutamente improcedente y muestra nuevamente al Ministro operando descaradamente a favor de Monsanto cuando no es esta su función ni son los intereses corporativos los que debe defender.
Por otro lado esta presión sienta un precedente grave pues abre las puertas, en el contexto de un gobierno dispuesto a entregarle todo al poder corporativo, para que se autoricen en Argentina patentes sobre la vida, cuestión de extrema gravedad que iría contra la propia Ley de Patentes que expresa que “no serán patentables ...la totalidad del material biológico y genético existente en la naturaleza o su réplica, en los procesos biológicos implícitos en la reproducción animal, vegetal y humana, incluidos los procesos genéticos relativos al material capaz de conducir su propia duplicación en condiciones normales y libres...”.
Cuando se cumplen dos años del fallecimiento del Dr. Andrés Carrasco es imposible que no venga a la memoria el accionar de Lino Barañao en favor de Monsanto cuando en el año 2009 el Dr. Carrasco dio a conocer sus investigaciones sobre la toxicidad del glifosato y su efecto embriotóxico, ligándolo sin lugar a dudas al posible efecto teratogénico en humanos (es decir su papel como inductor de malformaciones, de alteraciones en el desarrollo embrionario).
En ese momento y en un tristemente célebre reportaje realizado por el principal lobbista de Monsanto en el multimedios Clarín, Héctor Huergo, Barañao “le quitó toda legitimidad al trabajo del subsecretario de Defensa, Andrés Carrasco, que alertaba sobre perjuicios para la salud en el herbicida glifosato, que se utiliza en el cultivo de soja” (1). Allí Huergo afirmaba que “creo que lo que determinaba era algún problema en el desarrollo de embriones anfibios” y la respuesta del Ministro fue “Él (por el Dr. Andrés Carrasco) comunicó sus hallazgos preliminares a la prensa, esto no es parte de un estudio encargado por el CONICET, ni es parte de una comisión institucional. En otras oportunidades se ha pedido al CONICET que se expidiera sobre un tema particular, en ese caso se convoca a un panel de expertos que emiten opinión. Esto es simplemente la comunicación de un investigador particular y no ha sido sometido a juicio por un panel de expertos ni nada por el estilo”.
La investigación fue publicada un año después en la prestigiosa revista Chemical Research in Toxicology con la conclusión de que “El efecto directo del glifosato en los primeros mecanismos de morfogénesis en embriones de vertebrados abre las preocupaciones sobre los resultados clínicos en la descendencia humana en poblaciones expuestas a herbicidas basados en glifosato en los campos agrícolas” (2). No hubo ningún comentario desde el Ministerio, ni desde el CONICET sobre esta publicación.
Y el Dr. Carrasco explicó claramente su posición al dar a conocer su investigación antes de estar publicada en una revista científica: “No existe razón de Estado ni intereses económicos de las corporaciones que justifiquen el silencio cuando se trata de la salud pública. Hay que dejarlo claro, cuando se tiene un dato que sólo le interesa a un círculo pequeño, se lo pueden guardar hasta tener ajustado hasta el más mínimo detalle y, luego, se lo canaliza por medios que sólo llegan a ese pequeño círculo. Pero cuando uno demuestra hechos que pueden tener impacto en la salud pública, es obligación darle una difusión urgente y masiva”.
Hoy se hace urgente seguir honrando al Dr. Carrasco frenando el avance corporativo en la apropiación de la vida y rechazando toda forma de patentamiento sobre la misma. Como así también es urgente denunciar y expulsar a los mercenarios que desde los gobiernos no hacen más que profundizar y favorecer la entrega y el saqueo de nuestros territorios.
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Fecha de Publicación: 14/05/2016
Fuente: Acción por la Biodiversidad
Provincia/Región: Nacional
Lino Barañao sigue defendiendo los intereses de Monsanto desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Ahora presiona para que el INPI, que rechazó patentar la soja transgénica, acepte la patente y así Monsanto pueda cobrar sus regalías sin problemas.
La continuidad del único Ministro entre la gestión de Cristina Fernández de Kirchner y la de Mauricio Macri no fue sorpresiva para quienes seguimos el desarrollo del avance de las corporaciones biotecnológicas en Argentina. Lino Barañao fue siempre un acérrimo defensor de Monsanto pero además, y esto es mucho más grave, un freno para todas las denuncias de los daños que las corporaciones provocan a la salud socioambiental en nuestro país. Por lo tanto su continuidad expresaba claramente la continuidad y profundización del modelo inaugurado en el año 1996 con la introducción de la soja transgénica.
Ahora Lino Barañao vuelve a la carga para defender los intereses de la multinacional intentando esta vez torcer el brazo del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) que ya rechazó el intento de Monsanto de patentar la soja transgénica.
La función del INPI está claramente expresada en su Sitio Web y es “Otorgar títulos de propiedad sobre Patentes de Invención, Modelos de Utilidad, Marcas, Modelos y/o Diseños Industriales, a todas las personas que lo soliciten y cumplan con los requisitos exigidos por la normativa vigente”. A partir de estos principios el INPI rechazó el pedido de patente a Monsanto tal como hace unos meses lo comunicó la misma Sociedad Rural Argentina (3) que consultó al INPI y recibió un pormenorizado informe exponiendo que Monsanto no tiene la patente.
Pero para que no quepan dudas la ONG Naturaleza de Derechos difundió hace pocas semanas los detalles de un proceso judicial iniciado a partir de que el INPI rechazó la solicitud de Monsanto del año 1995 para patentar la soja rr. El INPI planteó en sus considerandos que la misma era improcedente dado que la molécula de ADN recombinante y las células modificadas no constituyen una invención porque son materia viva y preexistente en la naturaleza, o bien, "material biológico y genético o su réplica".
Ante la decisión administrativa del INPI, Monsanto recurrió a la justicia en el año 2007 solicitando la nulidad de esta resolución administrativa. En primera instancia la justicia fallo a favor de Monsanto, pero esa decisión judicial fue apelada por el INPI que motivó el fallo de la Cámara Federal en lo Civil y Comercial revocándola. La Cámara fue contundente en el rechazo, señalando que la molécula de ADN recombinante, las células vegetales transformadas por ella y las plantas generadas a partir de estas últimas incluidas en la solicitud, es materia no incluida en el amparo que brinda el sistema de patentes, por no cumplir las previsiones establecidas en la ley (4). Claramente: los transgénicos no pueden ser patentados en Argentina.
Pese a ello, nuevamente comenzó a operar el Ministro Barañao cuando se profundizó el conflicto entre Monsanto y los productores de soja por la intención de la corporación de cobrar regalías por la soja cosechada haciendo análisis en los puertos. En una entrevista a la Agencia Bloomberg días pasados Barañao afirmó que: "La cuestión de Monsanto es muy particular dado que la Argentina todavía no ha otorgado a la compañía la patente para Intacta….La decisión final debe salir pronto, pero no estoy seguro de que esto vaya a ocurrir para la cosecha 2015-16. Hemos pedido al Registro de Propiedad Intelectual que acelere el proceso pero podría demorar meses" (5).
También en ese reportaje afirmó que "La postura de la Argentina es que el productor debe pagar por el uso de una semilla patentada y el uso repetido; se debe pagar una suma lógica"; yendo contra la Ley de Semillas que habilita a guardar semilla para el uso propio. O sea un Ministro que aboga porque en el país no se cumpla la Ley vigente.
Este “pedido” al INPI es absolutamente improcedente y muestra nuevamente al Ministro operando descaradamente a favor de Monsanto cuando no es esta su función ni son los intereses corporativos los que debe defender.
Por otro lado esta presión sienta un precedente grave pues abre las puertas, en el contexto de un gobierno dispuesto a entregarle todo al poder corporativo, para que se autoricen en Argentina patentes sobre la vida, cuestión de extrema gravedad que iría contra la propia Ley de Patentes que expresa que “no serán patentables ...la totalidad del material biológico y genético existente en la naturaleza o su réplica, en los procesos biológicos implícitos en la reproducción animal, vegetal y humana, incluidos los procesos genéticos relativos al material capaz de conducir su propia duplicación en condiciones normales y libres...”.
Cuando se cumplen dos años del fallecimiento del Dr. Andrés Carrasco es imposible que no venga a la memoria el accionar de Lino Barañao en favor de Monsanto cuando en el año 2009 el Dr. Carrasco dio a conocer sus investigaciones sobre la toxicidad del glifosato y su efecto embriotóxico, ligándolo sin lugar a dudas al posible efecto teratogénico en humanos (es decir su papel como inductor de malformaciones, de alteraciones en el desarrollo embrionario).
En ese momento y en un tristemente célebre reportaje realizado por el principal lobbista de Monsanto en el multimedios Clarín, Héctor Huergo, Barañao “le quitó toda legitimidad al trabajo del subsecretario de Defensa, Andrés Carrasco, que alertaba sobre perjuicios para la salud en el herbicida glifosato, que se utiliza en el cultivo de soja” (1). Allí Huergo afirmaba que “creo que lo que determinaba era algún problema en el desarrollo de embriones anfibios” y la respuesta del Ministro fue “Él (por el Dr. Andrés Carrasco) comunicó sus hallazgos preliminares a la prensa, esto no es parte de un estudio encargado por el CONICET, ni es parte de una comisión institucional. En otras oportunidades se ha pedido al CONICET que se expidiera sobre un tema particular, en ese caso se convoca a un panel de expertos que emiten opinión. Esto es simplemente la comunicación de un investigador particular y no ha sido sometido a juicio por un panel de expertos ni nada por el estilo”.
La investigación fue publicada un año después en la prestigiosa revista Chemical Research in Toxicology con la conclusión de que “El efecto directo del glifosato en los primeros mecanismos de morfogénesis en embriones de vertebrados abre las preocupaciones sobre los resultados clínicos en la descendencia humana en poblaciones expuestas a herbicidas basados en glifosato en los campos agrícolas” (2). No hubo ningún comentario desde el Ministerio, ni desde el CONICET sobre esta publicación.
Y el Dr. Carrasco explicó claramente su posición al dar a conocer su investigación antes de estar publicada en una revista científica: “No existe razón de Estado ni intereses económicos de las corporaciones que justifiquen el silencio cuando se trata de la salud pública. Hay que dejarlo claro, cuando se tiene un dato que sólo le interesa a un círculo pequeño, se lo pueden guardar hasta tener ajustado hasta el más mínimo detalle y, luego, se lo canaliza por medios que sólo llegan a ese pequeño círculo. Pero cuando uno demuestra hechos que pueden tener impacto en la salud pública, es obligación darle una difusión urgente y masiva”.
Hoy se hace urgente seguir honrando al Dr. Carrasco frenando el avance corporativo en la apropiación de la vida y rechazando toda forma de patentamiento sobre la misma. Como así también es urgente denunciar y expulsar a los mercenarios que desde los gobiernos no hacen más que profundizar y favorecer la entrega y el saqueo de nuestros territorios.
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Desfinancian Policía Ambiental de Córdoba
Advierten sobre el desfinanciamiento de la Policía Ambiental Provincial
Fecha de Publicación: 14/05/2016
Fuente: El Diario de Villa Carlos Paz
Provincia/Región: Córdoba
Hubo una gran disminución presupuestaria. De 3.191.000 de pesos del año 2015 pasó a 477.00 de pesos en el año 2016.
La legisladora Radical Amalia Vagni presentó un proyecto de resolución, por el que solicita al Poder Ejecutivo informe sobre diversos aspectos relativos a la Policía Ambiental de la Provincia de Córdoba, creada por ley N° 10115 y dependiente del Ministro de Agua, Ambiente y Energía provincial.
La impulsora de la iniciativa quiere conocer además de la rutina de contralor, las explicaciones sobre el desfinanciamiento de la policía ambiental que se observa en la disminución presupuestaria de 3.191.000 de pesos del año 2015 a 477.00 de pesos en el año 2016.
"La propuesta se funda en la necesidad de conocer en forma certera y urgente con qué medios físicos, humanos, técnicos y económicos cuenta la Dirección de Policía Ambiental, para cumplir y hacer cumplir las normas vigentes que son de su directa incumbencia”, indicó Vagni.
"Hasta el día de la fecha, uno de los reproches más graves que enfrenta la misma, es la demora en las inspecciones y la falta de seguimiento en muchos procesos; consideramos que esto se debe a no contar con todos los medios necesarios para efectuar sus tareas en relación con la distribución de las bases operativas”, añadió.
La legisladora citó como ejemplo la Base Operativa de Villa Huidobro cuenta con un área de influencia de aproximadamente 17.500 km², con un inspector y un vehículo (según información proporcionada por la página web oficial).
"Si la provincia tiene una extensión de 165.321 km² y la Policía Ambiental cuenta con 16 vehículos y con 6 bases operativas ¿como pretende la actual gestión llevar adelante el control ambiental con un presupuesto asignado de $477.000 de pesos para el año 2016 y sólo $5.000 para combustible de 16 vehículos?. Entre el año 2015 y el 2016 se redujo el presupuesto más del 80%, y no deja de preocuparnos la falta de políticas públicas en materia de Medio Ambiente”, cuestionó la parlamentaria Radical.
"Al observar el ínfimo presupuesto asignado para el año 2016, no quedan dudas que Unión por Córdoba, a cargo del Gobernador Juan Schiaretti, no respalda política y económicamente al único organismo encargado de detener, controlar y evitar las constantes degradaciones ambientales en toda la geografía cordobesa”, concluyó Vagni.
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Fecha de Publicación: 14/05/2016
Fuente: El Diario de Villa Carlos Paz
Provincia/Región: Córdoba
Hubo una gran disminución presupuestaria. De 3.191.000 de pesos del año 2015 pasó a 477.00 de pesos en el año 2016.
La legisladora Radical Amalia Vagni presentó un proyecto de resolución, por el que solicita al Poder Ejecutivo informe sobre diversos aspectos relativos a la Policía Ambiental de la Provincia de Córdoba, creada por ley N° 10115 y dependiente del Ministro de Agua, Ambiente y Energía provincial.
La impulsora de la iniciativa quiere conocer además de la rutina de contralor, las explicaciones sobre el desfinanciamiento de la policía ambiental que se observa en la disminución presupuestaria de 3.191.000 de pesos del año 2015 a 477.00 de pesos en el año 2016.
"La propuesta se funda en la necesidad de conocer en forma certera y urgente con qué medios físicos, humanos, técnicos y económicos cuenta la Dirección de Policía Ambiental, para cumplir y hacer cumplir las normas vigentes que son de su directa incumbencia”, indicó Vagni.
"Hasta el día de la fecha, uno de los reproches más graves que enfrenta la misma, es la demora en las inspecciones y la falta de seguimiento en muchos procesos; consideramos que esto se debe a no contar con todos los medios necesarios para efectuar sus tareas en relación con la distribución de las bases operativas”, añadió.
La legisladora citó como ejemplo la Base Operativa de Villa Huidobro cuenta con un área de influencia de aproximadamente 17.500 km², con un inspector y un vehículo (según información proporcionada por la página web oficial).
"Si la provincia tiene una extensión de 165.321 km² y la Policía Ambiental cuenta con 16 vehículos y con 6 bases operativas ¿como pretende la actual gestión llevar adelante el control ambiental con un presupuesto asignado de $477.000 de pesos para el año 2016 y sólo $5.000 para combustible de 16 vehículos?. Entre el año 2015 y el 2016 se redujo el presupuesto más del 80%, y no deja de preocuparnos la falta de políticas públicas en materia de Medio Ambiente”, cuestionó la parlamentaria Radical.
"Al observar el ínfimo presupuesto asignado para el año 2016, no quedan dudas que Unión por Córdoba, a cargo del Gobernador Juan Schiaretti, no respalda política y económicamente al único organismo encargado de detener, controlar y evitar las constantes degradaciones ambientales en toda la geografía cordobesa”, concluyó Vagni.
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