Hacia el Polo Norte por el cambio climático
08:00 | 
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Expedición al Polo Norte: una hazaña para alertar sobre el cambio climático
Fecha de Publicación: 06/04/2016
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Desde que arribaron a Longyearbyen cinco días atrás -su última "base" de adiestramiento en el archipiélago noruego de Svalbard, situada a 1100 kilómetros de su objetivo-, nueve argentinos se aclimatan al frío ártico, practican maniobras de rescate en el hielo y ensayan otras de alto riesgo sobre grietas y ríos congelados para avanzar en su asalto final: conquistar el Polo Norte geográfico, hacer flamear fugazmente la bandera argentina y blandir, en un gesto simbólico hacia el cielo, la encíclica papal Laudato Si', para concientizar sobre el derretimiento de los polos por el cambio climático.
Al llegar al punto más boreal del globo, el grupo se propone llamar la atención sobre esa urgencia medioambiental como una de las amenazas que determinan la "seguridad humana". Este último concepto, acuñado por la ONU, que incluye de manera enfática los efectos sobre el hábitat como parte gravitante en la integridad de los individuos, es el eje de acción de la Fundación Criteria, la ONG impulsora de la gesta polar.
En poco más de 48 horas, la primera expedición argentina al Polo Norte (PEPN) emprenderá sobre esquíes, empujando trineos y con temperaturas de -25°C, una travesía de 120 kilómetros por el casquete polar, hasta alcanzar la latitud de 90°00''N. Se trata de la primera misión de carácter nacional, luego de que el 10 de abril de 2013 otro argentino, el andinista Juan Benegas, completó la misma hazaña en siete días junto a cinco expedicionarios rusos.
Pasado mañana, ocho de los nueve expedicionarios partirán cerca del mediodía desde Barneo, la estación rusa transitoria, montada durante dos meses sobre la masa polar derivante, a dos grados del Polo Norte y administrada por el Instituto Ártico-Antártico ruso.
El noveno expedicionario permanecerá en Barneo para servir de enlace y coordinar eventuales salvatajes. Unir los 120 kilómetros de travesía "buscando en el terreno la ruta más directa y segura" les demandará entre una semana y 10 días de caminata y acampe polar, en la que avanzarán a razón de 10 a 15 kilómetros diarios. Arrastrarán 50 kilos de peso cada uno y cuando el suelo se vuelva líquido, por "ríos o lagunas de mar" los trineos de fibra de vidrio actuarán como canoas y los esquíes, como remos.
Según contaron los expedicionarios a LA NACION antes de emprender la aventura, que partió de Buenos Aires el 28 de marzo pasado, el ritmo de la patrulla está condicionado por el viento y el frío junto al movimiento de las corrientes marinas y la deriva de los hielos, que pueden achicar o alargar las distancias. Puede suceder que un día la masa polar derive hacia el Sur, y que otro día lo haga en sentido opuesto, lo cual vuelve imposible establecer el tiempo de la travesía, explican.
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Fecha de Publicación: 06/04/2016
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Desde que arribaron a Longyearbyen cinco días atrás -su última "base" de adiestramiento en el archipiélago noruego de Svalbard, situada a 1100 kilómetros de su objetivo-, nueve argentinos se aclimatan al frío ártico, practican maniobras de rescate en el hielo y ensayan otras de alto riesgo sobre grietas y ríos congelados para avanzar en su asalto final: conquistar el Polo Norte geográfico, hacer flamear fugazmente la bandera argentina y blandir, en un gesto simbólico hacia el cielo, la encíclica papal Laudato Si', para concientizar sobre el derretimiento de los polos por el cambio climático.
Al llegar al punto más boreal del globo, el grupo se propone llamar la atención sobre esa urgencia medioambiental como una de las amenazas que determinan la "seguridad humana". Este último concepto, acuñado por la ONU, que incluye de manera enfática los efectos sobre el hábitat como parte gravitante en la integridad de los individuos, es el eje de acción de la Fundación Criteria, la ONG impulsora de la gesta polar.
En poco más de 48 horas, la primera expedición argentina al Polo Norte (PEPN) emprenderá sobre esquíes, empujando trineos y con temperaturas de -25°C, una travesía de 120 kilómetros por el casquete polar, hasta alcanzar la latitud de 90°00''N. Se trata de la primera misión de carácter nacional, luego de que el 10 de abril de 2013 otro argentino, el andinista Juan Benegas, completó la misma hazaña en siete días junto a cinco expedicionarios rusos.
Pasado mañana, ocho de los nueve expedicionarios partirán cerca del mediodía desde Barneo, la estación rusa transitoria, montada durante dos meses sobre la masa polar derivante, a dos grados del Polo Norte y administrada por el Instituto Ártico-Antártico ruso.
El noveno expedicionario permanecerá en Barneo para servir de enlace y coordinar eventuales salvatajes. Unir los 120 kilómetros de travesía "buscando en el terreno la ruta más directa y segura" les demandará entre una semana y 10 días de caminata y acampe polar, en la que avanzarán a razón de 10 a 15 kilómetros diarios. Arrastrarán 50 kilos de peso cada uno y cuando el suelo se vuelva líquido, por "ríos o lagunas de mar" los trineos de fibra de vidrio actuarán como canoas y los esquíes, como remos.
Según contaron los expedicionarios a LA NACION antes de emprender la aventura, que partió de Buenos Aires el 28 de marzo pasado, el ritmo de la patrulla está condicionado por el viento y el frío junto al movimiento de las corrientes marinas y la deriva de los hielos, que pueden achicar o alargar las distancias. Puede suceder que un día la masa polar derive hacia el Sur, y que otro día lo haga en sentido opuesto, lo cual vuelve imposible establecer el tiempo de la travesía, explican.
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Mendoza intenta hacer minería respetando la 7722
El Gobierno mendocino dice que apostará por una minería 'ecológica'
Fecha de Publicación: 06/04/2016
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Mendoza
El ministro de Energía, Enrique Vaquié, cree que se puede retomar la actividad minera respetando la legislación 7.722.
Entre los temas que ocupan la agenda pública mendocina desde hace años, no hay uno que despierte más enfrentamientos que el de la minería. Las posiciones hasta el momento han sido encontradas, y no se ha podido nunca llegar a un acuerdo acerca de cuáles son los proyectos mineros que se pueden llevar adelante respetando la Ley 7.722, sin necesidad de cambiarla ni enmendarla y, menos, declararla inconstitucional.
Lo que intenta hoy por hoy el Gobierno de Mendoza, tal y como lo dijo el ministro de Economía, Infraestructura y Energía, Enrique Vaquié, "es derribar esa barrera que genera un diálogo de sordos y poder, de una vez por todas, poner el tema en discusión y definir cuál es el modelo de explotación minera que se puede tener en Mendoza para conservar el ambiente, pero obteniendo réditos de su producción".
Postura oficial
El ministro Vaquié explicó que se está trabajando en términos genéricos, tanto en energía renovable como en minería. Aseguró que el primer paso es dar lugar a una discusión seria, tanto con el sector minero como con el ambientalista.
Al respecto de los cuestionamientos que un sector de trabajadores mineros acercó hasta la Casa de Gobierno, Vaquié opinó que la minería que tenemos hoy es la misma que la de dos o tres años atrás, básicamente canteras y no mucho más.
"La situación del sector no puede ser peor, porque no tenemos nada, nos quedamos empantanados en una discusión que no va a ninguna parte. Plantear la minería en forma seria para el futuro que no termine en una pelea de perros y gatos que no conducen a ningún lugar es un laburo colectivo", expresó Vaquié.
Si bien no dijeron cuánto dinero le costará al Estado que una consultora tercerice este servicio, se estima que se invertirán alrededor de $2 millones. "La finalidad es que se cumpla la tarea que queremos hacer, vincular a todos los sectores que tienen que ver con esto, con el ambiente, equilibrio territorial... Qué minería podemos tener en Mendoza y cómo plantearla", sostuvo Vaquié.
Vaquié dijo que a modo de respuesta a los trabajadores interesados en que se ocuparán de cada tema pendiente y se darán seis meses para discutir cada caso en particular, entre los que obviamente figura San Jorge. Consultado acerca de qué camino es el que van a seguir, Vaquié señaló que "ahora estamos en el peor de los mundos, estamos sin hacer nada con plenas peleas, sin saber qué minería tenemos ni cuál no tenemos, sin ganancias por impuestos y regalías que no se cobran".
Pedido de los mineros
El miércoles de esta semana hubo una protesta de trabajadores y empresarios relacionados con esta actividad frente a Casa de Gobierno, quienes fueron recibidos por el subsecretario de Energía y Minería, Emilio Guiñazú. El funcionario recibió el petitorio de los manifestantes, que le pedían una reunión con el gobernador para poner en agenda de nuevo el tema minero y reactivar proyectos como San Jorge, que ya tiene la declaración de impacto ambiental aprobada.
A modo de respuesta oficial, se propuso el tema de la apertura de una mesa de diálogo entre mineros, ambientalistas y Gobierno, entre los sectores más importantes interesados en el tema.
"Una minería sin consenso social es imposible, por eso queremos debatir", aseguró el gobernador Alfredo Cornejo.
"Sí podemos aprovechar los recursos"
Que Mendoza tiene condiciones que no se han aprovechado aún para generar sus propias fuentes energéticas y volverse así autosustentables no está en discusión. Sin embargo, y tal como lo aseguró el gobernador Alfredo Cornejo, es cierto que durante años no se han hecho inversiones al respecto.
"Ahora, con la caja en cero, es difícil proponerse hacer obras, pero sí podemos planificar y aprovechar nuestros recursos", sostuvo el mandatario, refiriéndose a los profesionales, técnicos y también a las cualidades climáticas y geográficas de Mendoza.
Con esta idea, se lanzarán proyectos para crear una fábrica de paneles de energía solar, la utilización del agua del río Mendoza en distintas subetapas, y en la medida de lo posible, dar un espaldarazo a Portezuelo del Viento. La idea es captar inversionistas nacionales para que se instalen en Mendoza.
Afirman que la ley sólo prohíbe el uso de ciertos químicos
La intención del Gobierno de Mendoza es abrir una mesa de diálogo entre los distintos sectores interesados en la minería, tanto con aquellos que no quieren que se lleve adelante como con los que apuestan por esta actividad.
El ministro Enrique Vaquié aseguró que, como uno de los autores de la 7.722, él propondrá que esta sea la base de discusión de los proyectos.
"Buscamos un camino dentro de la ley. No vamos a revisar la ley, el camino lo vamos a hacer con todos los sectores, aún con los más verdes. La minería no está prohibida, lo que están prohibidos son ciertos químicos. Lo que queremos es que no haya monólogos y que todos puedan participar", remarcó.
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Fecha de Publicación: 06/04/2016
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Mendoza
El ministro de Energía, Enrique Vaquié, cree que se puede retomar la actividad minera respetando la legislación 7.722.
Entre los temas que ocupan la agenda pública mendocina desde hace años, no hay uno que despierte más enfrentamientos que el de la minería. Las posiciones hasta el momento han sido encontradas, y no se ha podido nunca llegar a un acuerdo acerca de cuáles son los proyectos mineros que se pueden llevar adelante respetando la Ley 7.722, sin necesidad de cambiarla ni enmendarla y, menos, declararla inconstitucional.
Lo que intenta hoy por hoy el Gobierno de Mendoza, tal y como lo dijo el ministro de Economía, Infraestructura y Energía, Enrique Vaquié, "es derribar esa barrera que genera un diálogo de sordos y poder, de una vez por todas, poner el tema en discusión y definir cuál es el modelo de explotación minera que se puede tener en Mendoza para conservar el ambiente, pero obteniendo réditos de su producción".
Postura oficial
El ministro Vaquié explicó que se está trabajando en términos genéricos, tanto en energía renovable como en minería. Aseguró que el primer paso es dar lugar a una discusión seria, tanto con el sector minero como con el ambientalista.
Al respecto de los cuestionamientos que un sector de trabajadores mineros acercó hasta la Casa de Gobierno, Vaquié opinó que la minería que tenemos hoy es la misma que la de dos o tres años atrás, básicamente canteras y no mucho más.
"La situación del sector no puede ser peor, porque no tenemos nada, nos quedamos empantanados en una discusión que no va a ninguna parte. Plantear la minería en forma seria para el futuro que no termine en una pelea de perros y gatos que no conducen a ningún lugar es un laburo colectivo", expresó Vaquié.
Si bien no dijeron cuánto dinero le costará al Estado que una consultora tercerice este servicio, se estima que se invertirán alrededor de $2 millones. "La finalidad es que se cumpla la tarea que queremos hacer, vincular a todos los sectores que tienen que ver con esto, con el ambiente, equilibrio territorial... Qué minería podemos tener en Mendoza y cómo plantearla", sostuvo Vaquié.
Vaquié dijo que a modo de respuesta a los trabajadores interesados en que se ocuparán de cada tema pendiente y se darán seis meses para discutir cada caso en particular, entre los que obviamente figura San Jorge. Consultado acerca de qué camino es el que van a seguir, Vaquié señaló que "ahora estamos en el peor de los mundos, estamos sin hacer nada con plenas peleas, sin saber qué minería tenemos ni cuál no tenemos, sin ganancias por impuestos y regalías que no se cobran".
Pedido de los mineros
El miércoles de esta semana hubo una protesta de trabajadores y empresarios relacionados con esta actividad frente a Casa de Gobierno, quienes fueron recibidos por el subsecretario de Energía y Minería, Emilio Guiñazú. El funcionario recibió el petitorio de los manifestantes, que le pedían una reunión con el gobernador para poner en agenda de nuevo el tema minero y reactivar proyectos como San Jorge, que ya tiene la declaración de impacto ambiental aprobada.
A modo de respuesta oficial, se propuso el tema de la apertura de una mesa de diálogo entre mineros, ambientalistas y Gobierno, entre los sectores más importantes interesados en el tema.
"Una minería sin consenso social es imposible, por eso queremos debatir", aseguró el gobernador Alfredo Cornejo.
"Sí podemos aprovechar los recursos"
Que Mendoza tiene condiciones que no se han aprovechado aún para generar sus propias fuentes energéticas y volverse así autosustentables no está en discusión. Sin embargo, y tal como lo aseguró el gobernador Alfredo Cornejo, es cierto que durante años no se han hecho inversiones al respecto.
"Ahora, con la caja en cero, es difícil proponerse hacer obras, pero sí podemos planificar y aprovechar nuestros recursos", sostuvo el mandatario, refiriéndose a los profesionales, técnicos y también a las cualidades climáticas y geográficas de Mendoza.
Con esta idea, se lanzarán proyectos para crear una fábrica de paneles de energía solar, la utilización del agua del río Mendoza en distintas subetapas, y en la medida de lo posible, dar un espaldarazo a Portezuelo del Viento. La idea es captar inversionistas nacionales para que se instalen en Mendoza.
Afirman que la ley sólo prohíbe el uso de ciertos químicos
La intención del Gobierno de Mendoza es abrir una mesa de diálogo entre los distintos sectores interesados en la minería, tanto con aquellos que no quieren que se lleve adelante como con los que apuestan por esta actividad.
El ministro Enrique Vaquié aseguró que, como uno de los autores de la 7.722, él propondrá que esta sea la base de discusión de los proyectos.
"Buscamos un camino dentro de la ley. No vamos a revisar la ley, el camino lo vamos a hacer con todos los sectores, aún con los más verdes. La minería no está prohibida, lo que están prohibidos son ciertos químicos. Lo que queremos es que no haya monólogos y que todos puedan participar", remarcó.
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Minidiques en Córdoba por las constantes crecidas
Proyectan minidiques para frenar crecidas
Fecha de Publicación: 06/04/2016
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Tras tres veranos con excesos hídricos y pronósticos de que aumentará el promedio de lluvias en Córdoba, la Provincia planifica obras de contención adicionales para prevenir nuevas inundaciones. Dónde estarán los primeros minidiques y cómo funcionarán.
En varias regiones de Córdoba, el agua sobra en los últimos tres años. Es la contracara de lo sucedido en la década anterior, cuando su escasez inquietaba hasta para abastecer el consumo humano en varias regiones. La diferencia está en eso que llaman “variabilidad climática”: el régimen de lluvias cambió desde 2014 hasta hoy.
Cientos de miles de hectáreas inundadas en el este y sur provincial, y crecidas destructivas de ríos y de arroyos serranos en los últimos tres años evidencian ese cambio.
El contraste asombra. Hasta 2013, en el área de Recursos Hídricos de la Provincia rogaban por lluvias para que los diques no bajaran de caudal. Desde entonces, el ruego se invirtió, para que las precipitaciones aflojaran y los lagos no quedaran sin capacidad de parar inundaciones.
En los últimos tres veranos, un volumen equivalente a muchos lagos se fue por los ríos.
Entre casi todos los especialistas en temas hídricos hay coincidencia: no se justifica la construcción de nuevos diques porque no quedan casi ríos de volumen suficiente que justifiquen más almacenamiento en modo permanente.
Sin embargo, los pronósticos (y evidencias) del cambio climático están haciendo revisar necesidades. Si los registros de lluvias subirán en Córdoba, más que diques para acumular agua, harán falta obras que ayuden a mitigar crecidas.
Varios chicos más
En ese marco, la Secretaría de Recursos Hídricos de la Provincia proyecta media docena de minidiques de contención sobre varios ríos. Uno está listo para ser iniciado, en la zona de Ascochinga, desde donde se originó la destructiva crecidas que destruyó riberas, viviendas y puentes en Jesús María en 2015.
“Diques grandes no están previstos. Pero hay zonas críticas para las que, dado su grado de urbanización aguas abajo, estamos proyectando diques de regulación de crecidas. Así como hace una década se ejecutaron las represas de Achiras, Las Lajas, Tigre Muerto y El Chañar, para parar las inundaciones en el sur de la provincia, se prevé sumar otras similares, en varios puntos”, señaló a este diario Edgar Casteló, secretario de Recursos Hídricos.
Son diques de tamaño menor, que retendrán aguas en días de lluvias pero podrían quedar semivacíos en épocas de sequía.
“En el sur, la idea es completar otros que estaban previstos y quedaron pendientes. Estamos en tratativas con la Nación para retomar ese plan sobre las cuencas del Saladillo, el Ají y el río Quinto, además de alguno sobre el tramo superior del río Cuarto”, señaló Casteló
Adelantó que el primero, ya listo para licitar, se construirá en el norte cordobés. “En la cuenca del río Jesús María se hará el dique Carapé, cerca de Ascochinga, con un presupuesto de 120 millones de pesos. Ya está firmado el convenio con Nación para su financiamiento. Tendrá un volumen de dos hectómetros cúbicos de agua”, precisó. Cerca, se sumaría otro en la zona de Santa Catalina.
“Para Sierras Chicas, proyectamos otros dos en Cabana (Unquillo) y en el Arroyo Seco de Villa Allende. Y hacia Punilla, uno sobre el río Pinto”, adelantó el funcionario.
Se trata de embalses similares al construido años atrás en Achiras, de algunas pocas hectáreas de superficie, y cuyo fin es contener crecidas. Pero, de paso, pueden ser de utilidad para potabilizar agua para alguna población pequeña o para fines recreativos.
Sobre la distancia entre proyectos y realidades concretables, Casteló respondió que “el primero está para ser comenzado este año” y que los otros “tienen distintos grados de avance, algunos con diseños terminados y otros en etapa de estudio de suelos y topografías”. De la disponibilidad de recursos dependerá que se ejecuten en el mediano plazo o queden en los cajones de proyectos.
Los grandes
Sobre las tres cuencas mayores (ríos Primero, Segundo y Tercero) no se planifican nuevas obras. “Es que ya están muy reguladas. Por ejemplo, el Ctalamochita (Tercero) es el de mayor caudal y tiene ya seis diques. El promedio histórico de derrame anual de los seis es de 850 hectómetros cúbicos, pero pueden almacenar hasta 1.090, o sea que está regulado al cien por ciento”, respondió Casteló.
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Fecha de Publicación: 06/04/2016
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Tras tres veranos con excesos hídricos y pronósticos de que aumentará el promedio de lluvias en Córdoba, la Provincia planifica obras de contención adicionales para prevenir nuevas inundaciones. Dónde estarán los primeros minidiques y cómo funcionarán.
En varias regiones de Córdoba, el agua sobra en los últimos tres años. Es la contracara de lo sucedido en la década anterior, cuando su escasez inquietaba hasta para abastecer el consumo humano en varias regiones. La diferencia está en eso que llaman “variabilidad climática”: el régimen de lluvias cambió desde 2014 hasta hoy.
Cientos de miles de hectáreas inundadas en el este y sur provincial, y crecidas destructivas de ríos y de arroyos serranos en los últimos tres años evidencian ese cambio.
El contraste asombra. Hasta 2013, en el área de Recursos Hídricos de la Provincia rogaban por lluvias para que los diques no bajaran de caudal. Desde entonces, el ruego se invirtió, para que las precipitaciones aflojaran y los lagos no quedaran sin capacidad de parar inundaciones.
En los últimos tres veranos, un volumen equivalente a muchos lagos se fue por los ríos.
Entre casi todos los especialistas en temas hídricos hay coincidencia: no se justifica la construcción de nuevos diques porque no quedan casi ríos de volumen suficiente que justifiquen más almacenamiento en modo permanente.
Sin embargo, los pronósticos (y evidencias) del cambio climático están haciendo revisar necesidades. Si los registros de lluvias subirán en Córdoba, más que diques para acumular agua, harán falta obras que ayuden a mitigar crecidas.
Varios chicos más
En ese marco, la Secretaría de Recursos Hídricos de la Provincia proyecta media docena de minidiques de contención sobre varios ríos. Uno está listo para ser iniciado, en la zona de Ascochinga, desde donde se originó la destructiva crecidas que destruyó riberas, viviendas y puentes en Jesús María en 2015.
“Diques grandes no están previstos. Pero hay zonas críticas para las que, dado su grado de urbanización aguas abajo, estamos proyectando diques de regulación de crecidas. Así como hace una década se ejecutaron las represas de Achiras, Las Lajas, Tigre Muerto y El Chañar, para parar las inundaciones en el sur de la provincia, se prevé sumar otras similares, en varios puntos”, señaló a este diario Edgar Casteló, secretario de Recursos Hídricos.
Son diques de tamaño menor, que retendrán aguas en días de lluvias pero podrían quedar semivacíos en épocas de sequía.
“En el sur, la idea es completar otros que estaban previstos y quedaron pendientes. Estamos en tratativas con la Nación para retomar ese plan sobre las cuencas del Saladillo, el Ají y el río Quinto, además de alguno sobre el tramo superior del río Cuarto”, señaló Casteló
Adelantó que el primero, ya listo para licitar, se construirá en el norte cordobés. “En la cuenca del río Jesús María se hará el dique Carapé, cerca de Ascochinga, con un presupuesto de 120 millones de pesos. Ya está firmado el convenio con Nación para su financiamiento. Tendrá un volumen de dos hectómetros cúbicos de agua”, precisó. Cerca, se sumaría otro en la zona de Santa Catalina.
“Para Sierras Chicas, proyectamos otros dos en Cabana (Unquillo) y en el Arroyo Seco de Villa Allende. Y hacia Punilla, uno sobre el río Pinto”, adelantó el funcionario.
Se trata de embalses similares al construido años atrás en Achiras, de algunas pocas hectáreas de superficie, y cuyo fin es contener crecidas. Pero, de paso, pueden ser de utilidad para potabilizar agua para alguna población pequeña o para fines recreativos.
Sobre la distancia entre proyectos y realidades concretables, Casteló respondió que “el primero está para ser comenzado este año” y que los otros “tienen distintos grados de avance, algunos con diseños terminados y otros en etapa de estudio de suelos y topografías”. De la disponibilidad de recursos dependerá que se ejecuten en el mediano plazo o queden en los cajones de proyectos.
Los grandes
Sobre las tres cuencas mayores (ríos Primero, Segundo y Tercero) no se planifican nuevas obras. “Es que ya están muy reguladas. Por ejemplo, el Ctalamochita (Tercero) es el de mayor caudal y tiene ya seis diques. El promedio histórico de derrame anual de los seis es de 850 hectómetros cúbicos, pero pueden almacenar hasta 1.090, o sea que está regulado al cien por ciento”, respondió Casteló.
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Barrick Gold: Los derrames que no contarás
Los derrames que no contarás
Fecha de Publicación: 05/04/2016
Fuente: Página/12
Provincia/Región: San Juan
Un informe del Ministerio de Ambiente confirmó que la minera Barrick Gold tuvo tres derrames contaminantes en San Juan y no los informó a la población. Tampoco lo hizo el poder político. En Jujuy, Romero abre la puerta a una minera de litio.
La minera Barrick Gold tuvo tres derrames contaminantes en San Juan y no fueron informados a la población. Así lo confirmó un documento oficial (del Ministerio de Ambiente), incluido en la causa judicial. En la Puna jujeña, el gobierno provincial viola las leyes que protegen a los pueblos indígenas y dio luz a la minería de litio, que pone en riesgo las Salinas Grandes y la vida de 33 comunidades kollas y atacama. Ante la avanzada minera, con fuerte apoyo del gobierno nacional, la Unión de Asambleas Ciudadanas se reunió en Jáchal (San Juan), denunció la complicidad del poder político y judicial con las empresas, exigió el retiro de Barrick Gold y advirtió que resistirán la avanzada de nuevos proyectos.
El 12 de septiembre pasado, trabajadores de la mina Veladero (de Barrick Gold, la mayor empresa del sector) avisaron por WhatsApp a sus familiares de un derrame contaminante y pidieron que no tomen agua. El aviso llegó, siempre mediante los vecinos, a todo el pueblo de Jáchal. Empresa y gobierno provincial guardaban silencio. Hasta que, un día después, tuvieron que reconocer el derrame de cianuro y agua contaminada. Barrick Gold precisó que habían sido 15.000 litros, negó la contaminación y descartó que haya llegado al río. Una semana después, el 21 de septiembre, reconoció que se trató de 224.000 litros. El 23 de septiembre confesó que fueron un millón de litros y que la contaminación llegó al río.
En diciembre, un informe oficial sobre el derrame, de la División Operaciones del Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal, determinó que se “acreditó contaminación” en cinco ríos directamente vinculados a la zona de operaciones de Barrick Gold (ríos Potrerillos, Jáchal, Blanco, Palca y Las Taguas).
La semana pasada, una pericia del Ministerio de Ambiente de Nación que consta en el expediente judicial (y difundida por el periodista Juan Pablo Parrilla de Infobae) confirmó los temores y denuncias de la comunidad sanjuanina: la minera tuvo otros derrames. Sucedieron el 31 de julio y el 29 de noviembre de 2011. Y el 22 de marzo de 2012.
Se repitió el mecanismo de septiembre pasado: ni Barrick Gold ni el gobierno provincial informaron a la población. La empresa los calificó como de una gravedad “baja” (a los dos primeros) y de “media” (al de 2012). La Asamblea Jáchal No Se Toca no cree en los informes de la minera y afirmó que, como en septiembre, la contaminación fue mucho peor a la reconocida por Barrick Gold.
Del 24 al 27 de marzo se realizó en Jáchal el XXVI encuentro de la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC), espacio de referencia contra el extractivismo, donde confluyen organizaciones territoriales de todo el país. Se trataron cuatro grandes temáticas (megaminería, fracking, agronegocios y contaminación urbana). Se recordaron las medidas tomadas por el gobierno nacional en favor del extractivismo (quite de retenciones al agronegocio y a las mineras, despidos de Secretaría de Agricultura Familiar, subsidios a las petroleras, entre otros). Hubo coincidencia en dos puntos fundamentales: señalar que el presidente Macri intentará profundizar el extractivismo y, por otro lado, que las resistencias territoriales se multiplicarán.
En Jujuy también comenzó el relanzamiento de la megaminería. Y en uno de los lugares más frágiles y de mayor conflictividad: las Salinas Grandes, una extensa planicie blanca que suele ser la foto más buscada de los turistas. Allí viven y trabajan desde hace generaciones los pueblos originarios Kolla y Atacama. Y es también una gran reserva de litio (mineral que se utiliza para baterías de teléfonos, computadoras y autos eléctricos). Desde hace al menos seis años se alinearon en la causa empresas multinacionales, gobiernos y científicos para explotar el litio. Los tres actores minimizaron los riesgos ambientales (afectación del salar y contaminación del agua dulce).
Tampoco contemplan los derechos de los pueblos indígenas. Según la legislación vigente (incluida la Constitución Nacional), los estados deben obtener el consentimiento, libre, previo e informado sobre cualquier acción que pudiera afectar los territorios indígenas. Nada de eso sucedió en Jujuy, donde la Mesa de Pueblos Originarios de Salinas Grandes y Laguna Laguna de Guayatayoc, que reúne a 33 comunidades, denunció la violación de los derechos, se movilizó frente al poder político y afirmó que no quieren minería en su territorio. La causa judicial tramita en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazara aplicar los derechos indígenas).
El gobierno de Gerardo Morales asumió con el discurso público de respetar los derechos indígenas. Creó el Ministerio de Ambiente (designó a María Inés Zigarán) y la Secretaría de Pueblos Indígenas (al frente de Natalia Sarapura, referente del Consejo de Organizaciones Aborígenes de Jujuy –COAJ–). El gobierno provincial visitó las Salinas Grandes, se reunió con las comunidades, tomó nota de las necesidades (desde caminos y escuelas, hasta políticas activas para el trabajo local) y se mostró dispuesto al diálogo y trabajo conjunto.
El 8 de marzo, la minera canadiense Dajin Resource anunció en el exterior la firma de un acuerdo para operar en 90.000 hectáreas de las Salinas Grandes. Mantuvieron reuniones con los secretarios de Minería de Nación (Daniel Meilán) y de Jujuy (Miguel Soler). No hubo ninguna participación de las 33 comunidades originarias que viven en el lugar (que se enteraron por los medios de comunicación). Clemente Flores, vocero kolla, reiteró el rechazo de las 33 comunidades a la minería y advirtió una escalada de acciones directas en defensa del territorio indígena.
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Fecha de Publicación: 05/04/2016
Fuente: Página/12
Provincia/Región: San Juan
Un informe del Ministerio de Ambiente confirmó que la minera Barrick Gold tuvo tres derrames contaminantes en San Juan y no los informó a la población. Tampoco lo hizo el poder político. En Jujuy, Romero abre la puerta a una minera de litio.
La minera Barrick Gold tuvo tres derrames contaminantes en San Juan y no fueron informados a la población. Así lo confirmó un documento oficial (del Ministerio de Ambiente), incluido en la causa judicial. En la Puna jujeña, el gobierno provincial viola las leyes que protegen a los pueblos indígenas y dio luz a la minería de litio, que pone en riesgo las Salinas Grandes y la vida de 33 comunidades kollas y atacama. Ante la avanzada minera, con fuerte apoyo del gobierno nacional, la Unión de Asambleas Ciudadanas se reunió en Jáchal (San Juan), denunció la complicidad del poder político y judicial con las empresas, exigió el retiro de Barrick Gold y advirtió que resistirán la avanzada de nuevos proyectos.
El 12 de septiembre pasado, trabajadores de la mina Veladero (de Barrick Gold, la mayor empresa del sector) avisaron por WhatsApp a sus familiares de un derrame contaminante y pidieron que no tomen agua. El aviso llegó, siempre mediante los vecinos, a todo el pueblo de Jáchal. Empresa y gobierno provincial guardaban silencio. Hasta que, un día después, tuvieron que reconocer el derrame de cianuro y agua contaminada. Barrick Gold precisó que habían sido 15.000 litros, negó la contaminación y descartó que haya llegado al río. Una semana después, el 21 de septiembre, reconoció que se trató de 224.000 litros. El 23 de septiembre confesó que fueron un millón de litros y que la contaminación llegó al río.
En diciembre, un informe oficial sobre el derrame, de la División Operaciones del Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal, determinó que se “acreditó contaminación” en cinco ríos directamente vinculados a la zona de operaciones de Barrick Gold (ríos Potrerillos, Jáchal, Blanco, Palca y Las Taguas).
La semana pasada, una pericia del Ministerio de Ambiente de Nación que consta en el expediente judicial (y difundida por el periodista Juan Pablo Parrilla de Infobae) confirmó los temores y denuncias de la comunidad sanjuanina: la minera tuvo otros derrames. Sucedieron el 31 de julio y el 29 de noviembre de 2011. Y el 22 de marzo de 2012.
Se repitió el mecanismo de septiembre pasado: ni Barrick Gold ni el gobierno provincial informaron a la población. La empresa los calificó como de una gravedad “baja” (a los dos primeros) y de “media” (al de 2012). La Asamblea Jáchal No Se Toca no cree en los informes de la minera y afirmó que, como en septiembre, la contaminación fue mucho peor a la reconocida por Barrick Gold.
Del 24 al 27 de marzo se realizó en Jáchal el XXVI encuentro de la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC), espacio de referencia contra el extractivismo, donde confluyen organizaciones territoriales de todo el país. Se trataron cuatro grandes temáticas (megaminería, fracking, agronegocios y contaminación urbana). Se recordaron las medidas tomadas por el gobierno nacional en favor del extractivismo (quite de retenciones al agronegocio y a las mineras, despidos de Secretaría de Agricultura Familiar, subsidios a las petroleras, entre otros). Hubo coincidencia en dos puntos fundamentales: señalar que el presidente Macri intentará profundizar el extractivismo y, por otro lado, que las resistencias territoriales se multiplicarán.
En Jujuy también comenzó el relanzamiento de la megaminería. Y en uno de los lugares más frágiles y de mayor conflictividad: las Salinas Grandes, una extensa planicie blanca que suele ser la foto más buscada de los turistas. Allí viven y trabajan desde hace generaciones los pueblos originarios Kolla y Atacama. Y es también una gran reserva de litio (mineral que se utiliza para baterías de teléfonos, computadoras y autos eléctricos). Desde hace al menos seis años se alinearon en la causa empresas multinacionales, gobiernos y científicos para explotar el litio. Los tres actores minimizaron los riesgos ambientales (afectación del salar y contaminación del agua dulce).
Tampoco contemplan los derechos de los pueblos indígenas. Según la legislación vigente (incluida la Constitución Nacional), los estados deben obtener el consentimiento, libre, previo e informado sobre cualquier acción que pudiera afectar los territorios indígenas. Nada de eso sucedió en Jujuy, donde la Mesa de Pueblos Originarios de Salinas Grandes y Laguna Laguna de Guayatayoc, que reúne a 33 comunidades, denunció la violación de los derechos, se movilizó frente al poder político y afirmó que no quieren minería en su territorio. La causa judicial tramita en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazara aplicar los derechos indígenas).
El gobierno de Gerardo Morales asumió con el discurso público de respetar los derechos indígenas. Creó el Ministerio de Ambiente (designó a María Inés Zigarán) y la Secretaría de Pueblos Indígenas (al frente de Natalia Sarapura, referente del Consejo de Organizaciones Aborígenes de Jujuy –COAJ–). El gobierno provincial visitó las Salinas Grandes, se reunió con las comunidades, tomó nota de las necesidades (desde caminos y escuelas, hasta políticas activas para el trabajo local) y se mostró dispuesto al diálogo y trabajo conjunto.
El 8 de marzo, la minera canadiense Dajin Resource anunció en el exterior la firma de un acuerdo para operar en 90.000 hectáreas de las Salinas Grandes. Mantuvieron reuniones con los secretarios de Minería de Nación (Daniel Meilán) y de Jujuy (Miguel Soler). No hubo ninguna participación de las 33 comunidades originarias que viven en el lugar (que se enteraron por los medios de comunicación). Clemente Flores, vocero kolla, reiteró el rechazo de las 33 comunidades a la minería y advirtió una escalada de acciones directas en defensa del territorio indígena.
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De repende llega el estudio de la nuclear en Córdoba
Llegó el estudio ambiental sobre la nueva Nuclear
Fecha de Publicación: 05/04/2016
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
La Provincia se lo exigía a la Nación para cumplir con la ley vigente. Las obras de reconversión de la usina están en marcha desde 2011. Habrá audiencia pública y dictamen provincial.
Finalmente, la empresa estatal Nucleoeléctrica Argentina presentó ante la Provincia el estudio de impacto ambiental para que se le otorgue la autorización a la obra de extensión de vida útil de la Central Nuclear de Embalse, que en realidad está en marcha desde 2011 y ya en avanzado estado de ejecución.
La presentación era reclamada por la Provincia desde el año pasado, para cumplir con los requisitos que impone la ley de ambiente de Córdoba.
Ahora, una comisión técnica a designar por la Secretaría de Ambiente de Córdoba deberá evaluar el informe y someterlo a audiencia pública, para luego decidir si otorga o no la “licencia ambiental” al proyecto.
El proceso de reconversión en marcha implica una nueva usina atómica en el mismo sitio donde la existente generó energía entre 1984 y 2015.
En la noche del jueves, directivos de Nucleoeléctrica (que opera las centrales nucleares argentinas) presentaron el informe ante funcionarios de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Córdoba. El trabajo fue elaborado por la consultora privada Cedyat (Centro de Desarrollo y Asistencia Tecnológica) y consta de 36 tomos, con 20 mil fojas.
Javier Britch, secretario de Ambiente provincial, confirmó ayer haber recibido el voluminoso informe. “Formalmente, está bien. Ahora sigue la etapa de evaluación, para la que designaremos una comisión técnica, como establece la ley, pero convocando a especialistas externos, ya que la Provincia no los tiene en este tema”, señaló.
Luego, confirmó que se convocará a audiencia pública. “El mecanismo que prevé la ley es que puedan participar todos los interesados, con oradores que se inscriban previamente para expresarse por 15 minutos y aportar documentación”, precisó. Britch recordó que las audiencias “no son vinculantes”, aunque acotó que pueden generar “aportes importantes”.
Tras ese paso, la comisión técnica emitirá un dictamen y la Secretaría de Ambiente resolverá si otorga o no la licencia ambiental al proyecto.
Avance consumado
La definición se dará con gran parte del desarrollo del proyecto ya ejecutado. De hecho, actualmente, más de dos mil trabajadores de varias empresas trabajan en las obras para la reconversión de la usina, que tenía un plantel estable de unos 500 empleados.
Britch admitió este hecho, pero marcó que “hay un compromiso de Nucleoeléctrica de no tocar los sectores críticos, como el reactor, hasta que la Provincia le otorgue la licencia ambiental”.
Con la vida útil de su reactor ya vencida, la planta salió de servicio en diciembre pasado. Se estima que entre dos y tres años demandarán las obras para que pueda volver a generar energía.
Hace una semana, este diario reveló que el estudio de impacto ambiental estaba pendiente de entrega y que la Provincia venía intimando a la Nación por ese paso desde enero de 2015.
Entidades ambientalistas cordobeses reclamaban por el incumplimiento de esa exigencia legal y la escasa discusión en Córdoba sobre los alcances del proyecto.
Britch marcó que “hasta diciembre era evidente que había un problema de comunicación entre Nación y Provincia también por este tema”, y valoró que “quedó superado” con el cambio de gobierno.
Rubén Semmoloni, nuevo presidente de Nucleoeléctrica, fue hasta hace meses gerente del proyecto de extensión de vida útil de la Central Embalse.
Una inversión estatal millonaria
Sigue. La obra de extensión de vida útil costará unos 1.600 millones de dólares. El nuevo Gobierno nacional la ratificó. Buena parte del proceso ya se ha realizado y hay contratos firmados para lo que resta. Los equipos críticos a cambiar, entre muchos otros, son los tubos del reactor y los generadores de vapor. Se construyen más repositorios de seguridad en el predio, para el material radioactivo a retirar.
30. La finalidad es que genere energía por 30 años más. Embalse aportaba, hasta diciembre pasado, casi el tres por ciento de la energía que utiliza hoy el país.
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Fecha de Publicación: 05/04/2016
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
La Provincia se lo exigía a la Nación para cumplir con la ley vigente. Las obras de reconversión de la usina están en marcha desde 2011. Habrá audiencia pública y dictamen provincial.
Finalmente, la empresa estatal Nucleoeléctrica Argentina presentó ante la Provincia el estudio de impacto ambiental para que se le otorgue la autorización a la obra de extensión de vida útil de la Central Nuclear de Embalse, que en realidad está en marcha desde 2011 y ya en avanzado estado de ejecución.
La presentación era reclamada por la Provincia desde el año pasado, para cumplir con los requisitos que impone la ley de ambiente de Córdoba.
Ahora, una comisión técnica a designar por la Secretaría de Ambiente de Córdoba deberá evaluar el informe y someterlo a audiencia pública, para luego decidir si otorga o no la “licencia ambiental” al proyecto.
El proceso de reconversión en marcha implica una nueva usina atómica en el mismo sitio donde la existente generó energía entre 1984 y 2015.
En la noche del jueves, directivos de Nucleoeléctrica (que opera las centrales nucleares argentinas) presentaron el informe ante funcionarios de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Córdoba. El trabajo fue elaborado por la consultora privada Cedyat (Centro de Desarrollo y Asistencia Tecnológica) y consta de 36 tomos, con 20 mil fojas.
Javier Britch, secretario de Ambiente provincial, confirmó ayer haber recibido el voluminoso informe. “Formalmente, está bien. Ahora sigue la etapa de evaluación, para la que designaremos una comisión técnica, como establece la ley, pero convocando a especialistas externos, ya que la Provincia no los tiene en este tema”, señaló.
Luego, confirmó que se convocará a audiencia pública. “El mecanismo que prevé la ley es que puedan participar todos los interesados, con oradores que se inscriban previamente para expresarse por 15 minutos y aportar documentación”, precisó. Britch recordó que las audiencias “no son vinculantes”, aunque acotó que pueden generar “aportes importantes”.
Tras ese paso, la comisión técnica emitirá un dictamen y la Secretaría de Ambiente resolverá si otorga o no la licencia ambiental al proyecto.
Avance consumado
La definición se dará con gran parte del desarrollo del proyecto ya ejecutado. De hecho, actualmente, más de dos mil trabajadores de varias empresas trabajan en las obras para la reconversión de la usina, que tenía un plantel estable de unos 500 empleados.
Britch admitió este hecho, pero marcó que “hay un compromiso de Nucleoeléctrica de no tocar los sectores críticos, como el reactor, hasta que la Provincia le otorgue la licencia ambiental”.
Con la vida útil de su reactor ya vencida, la planta salió de servicio en diciembre pasado. Se estima que entre dos y tres años demandarán las obras para que pueda volver a generar energía.
Hace una semana, este diario reveló que el estudio de impacto ambiental estaba pendiente de entrega y que la Provincia venía intimando a la Nación por ese paso desde enero de 2015.
Entidades ambientalistas cordobeses reclamaban por el incumplimiento de esa exigencia legal y la escasa discusión en Córdoba sobre los alcances del proyecto.
Britch marcó que “hasta diciembre era evidente que había un problema de comunicación entre Nación y Provincia también por este tema”, y valoró que “quedó superado” con el cambio de gobierno.
Rubén Semmoloni, nuevo presidente de Nucleoeléctrica, fue hasta hace meses gerente del proyecto de extensión de vida útil de la Central Embalse.
Una inversión estatal millonaria
Sigue. La obra de extensión de vida útil costará unos 1.600 millones de dólares. El nuevo Gobierno nacional la ratificó. Buena parte del proceso ya se ha realizado y hay contratos firmados para lo que resta. Los equipos críticos a cambiar, entre muchos otros, son los tubos del reactor y los generadores de vapor. Se construyen más repositorios de seguridad en el predio, para el material radioactivo a retirar.
30. La finalidad es que genere energía por 30 años más. Embalse aportaba, hasta diciembre pasado, casi el tres por ciento de la energía que utiliza hoy el país.
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CEAMSE apuntando al CDR para trata la basura
La basura como combustible
Fecha de Publicación: 05/04/2016
Fuente: Agencia TSS
Provincia/Región: Buenos Aires
Según la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE), más de 15.000 toneladas de residuos terminan en rellenos sanitarios todos los días solo en la provincia de Buenos Aires y en el área metropolitana. ¿Es posible disminuir esta cantidad y convertir la basura en algo útil? Esta fue una de las preguntas que se hizo Marcelo Santangelo, gerente de Combustibles Alternativos de Recycomb. Así fue como surgió el denominado proyecto RYVERI (Reciclado y Valoración Energética de Residuos Industriales), para el cual establecieron un consorcio público-privado con la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM).
El objetivo final del proyecto es desarrollar una plataforma que pueda ser replicable para producir combustible derivado de residuos industriales no especiales (RINE), es decir, no peligrosos y que sean aptos para sustituir los combustibles fósiles que hoy se utilizan en hornos de cemento. La iniciativa demandará una inversión de 29,2 millones de pesos.
Por lo general, como combustible para sus hornos, las cementeras usan carbón y otro material denominado pet coke, que es un residuo de las refinerías y es más barato que el primero. “En la Argentina, históricamente, utilizábamos gas natural, lo que es una locura”, dice Santangelo.
Recycomb es una unidad de negocios del grupo brasileño InterCement (propietario desde 2005 de la cementera Loma Negra) que fue creada en 1997 (cuando Loma Negra todavía pertenecía al Grupo Fortabat) con el objetivo de producir combustibles alternativos para los hornos a base de residuos industriales peligrosos y no peligrosos.
El problema principal que movió la creación de esta unidad fue que, durante los meses de invierno, la cementera debía permanecer cerrada para evitar escasez de gas en las ciudades. “La producción no podía seguir parando durante cuatro meses porque la Argentina consume mucho cemento. Entonces, se hicieron las inversiones necesarias para consumir carbón, como en el resto del mundo”, recuerda Santangelo, pero advierte que el carbón que se produce en la Argentina es de “excelente calidad y no sirve para estos usos”, al igual que el pet coke que resulta del proceso de destilación de petróleo crudo en las refinerías del país
“Desde 2005, empezamos a usar pet coke de alto azufre, que es muy barato, proveniente de Venezuela y del golfo de México”, dice Santangelo, y desde la unidad de negocios que lidera desarrollaron combustibles alternativos a base de residuos industriales peligrosos o especiales, entre los cuales se encuentran los fondos de tanques de petroleras, barros con hidrocarburos, pinturas, solventes y adhesivos, entre otros.
En estos casos, es necesario que reciban un tratamiento especial y una certificación para poder ser desechados. Por eso, Recycomb presta un servicio a las industrias que responde a esa necesidad: “Retiramos sus residuos, que requieren ser tratados adecuadamente, y, con ellos, formulamos un combustible líquido y uno sólido que sirven para reemplazar parcialmente los combustibles fósiles que utiliza la industria del cemento en sus hornos”, explica Santangelo y detalla que ese producto es una marca registrada conocida como Recyfuel.
Otra clase de residuos, conocidos como RINE, similares a los que producen los hogares y, muchas veces —cuando no pueden ser reciclados— terminan en rellenos sanitarios pese a que podrían ser aprovechados. En este grupo, por ejemplo, se encuentra el cartón, laminados, maderas, productos textiles y plásticos, entre otros, que son los que podrían convertirse en un combustible alternativo.
Esa es la intención del proyecto RYVERI, sobre todo si se tiene en cuenta que los rellenos sanitarios están saturados en la Argentina y el pet coke que utilizan las cementeras es importado. “No solo podríamos reemplazar una mayor cantidad de los combustibles fósiles, que ya de por sí es un beneficio gigantesco, sino que, además, en el contexto internacional y financiero de la Argentina, representaría una menor salida de divisas al evitar que debamos seguir importando y pagando en dólares el combustible”, destaca Santangelo y subraya que la intención es lograr una capacidad de producción mensual de 3000 toneladas de CDR (combustible derivado de residuos, en particular de aquellos no son peligrosos), que alcanzarían las 36.000 toneladas al año y le permitirían a la cementera obtener ahorros netos del orden de los 5000 millones de dólares anuales.
Trabajo en equipo
Muchos materiales no son aptos para ser reciclados o, para serlo, necesitarían un procesamiento demasiado costoso, por lo que terminan enterrados. “La propuesta es tomar esos residuos y pasarlos por una línea de preparación que nos permita formular un CDR capaz de ser usado como combustible alternativo en hornos de cemento, complementario al de los residuos industriales peligrosos que ya producimos”, comenta Santangelo y subraya que, para ello, formaron un consorcio público-privado con la UNSAM, para el cual recibieron financiamiento de la Agencia de Promoción Científica del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MINCYT) a través de la línea Fondo Argentino Sectorial (FONARSEC).
“El compromiso es por tres años, pero el consorcio podrá seguir funcionando si se lo desea”, explica Roberto Candal, secretario de investigación del instituto 3iA de la UNSAM, que está a cargo de la primera fase del proyecto RYVERI, que consiste en la caracterización de los materiales que se quieren transformar en combustible y la búsqueda de la metodología apropiada para determinar una muestra representativa que permita desarrollar dicha tarea.
“La pregunta es cómo analizar eso, porque uno tiene un volquete lleno de residuos mezclados del que hay que sacar una muestra que, en unos pocos gramos, represente a un volquete de 1000 o 2000 kilos”, dice Candal. Para que el residuo se transforme en un combustible adecuado para un horno de cemento, hay que tener en cuenta la combinación de tres parámetros: humedad, cloruro y poder calorífico. Según Candal, “el agua es importante porque toma calor, al igual que cuando se trata de quemar una madera mojada. El cloro es un problema porque deteriora el horno. Y el poder calorífico es importante porque, cuanto mayor es, más valioso será el combustible”.
Junto con este equipo que se ocupa del muestreo y análisis de los residuos trabajan otros tres. Uno está a cargo del desarrollo de la planta (el diseño de la línea de producción, la compra de los equipos y el montaje, la puesta en marcha y la operación), otro es responsable de la logística y el último se encarga de las instalaciones de alimentación para el horno de cemento, para que pueda quemar de manera segura y continua este tipo de materiales.
Si bien la UNSAM participa del primer grupo de trabajo, liderado por Candal, también lo hace en el equipo de profesionales que analiza la logística más apropiada para trasladar este combustible desde la planta de Recycomb hasta los hornos de cemento, en este caso a través de investigadores del Instituto de Transporte de la universidad.
“La logística es fundamental, porque es uno de los costos más altos de estos procesos, ya que la planta de producción más cercana está a 400 kilómetros de la cementera. Los RINE son muy livianos, lo que hace que el costo por tonelada sea muy alto. En esto está trabajando un grupo mixto con especialistas de Recycomb, Loma Negra, Ferrosur, la UNSAM y un consultor externo que fue contratado por la universidad para liderar ese grupo de trabajo”, detalla Santangelo.
El trabajo en planta es ideal para que los estudiantes de ingeniería ambiental realicen pasantías; de hecho, ya empezó a trabajar el primer pasante en la empresa”, asegura Candal y destaca que, de esa forma, pueden generar “un paquete que involucra mejoras en desarrollo de procesos, capacitación de recursos humanos a nivel grado en ingeniería y capacitación de recursos humanos a nivel de maestría”.
Nuevas aplicaciones
El CDR que pueda surgir de este proceso está pensado, en principio, para ser utilizado como combustible en hornos de cemento, ya que estos hornos operan a más de 2000 grados de temperatura y con otras condiciones termoquímicas que permiten eliminar cualquier gas tóxico que pueda emanar de la quema de residuos y garantizan el consumo seguro de este producto.
“Muy probablemente podría servir para una siderúrgica, pero habría que ensayarlo”, dice Santangelo y agrega que también podría ser utilizado en la caldera de una empresa termoeléctrica, “pero no con todos los materiales que podemos poner en el horno de cemento”.
A largo plazo, la idea es que otras industrias, organizaciones e incluso los municipios repliquen este modelo para convertir la basura en un combustible alternativo. De todos modos, reconoce Santangelo, “seguimos siendo una gota en el océano porque estamos hablando de 36.000 toneladas por año que podría aprovechar una plataforma de estas, pero, a las plantes de CEAMSE, siguen ingresando miles de toneladas de residuos por día. Si bien no movemos el amperímetro, creemos que es una solución que sería inmoral no poner a disposición”.
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Fecha de Publicación: 05/04/2016
Fuente: Agencia TSS
Provincia/Región: Buenos Aires
Según la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE), más de 15.000 toneladas de residuos terminan en rellenos sanitarios todos los días solo en la provincia de Buenos Aires y en el área metropolitana. ¿Es posible disminuir esta cantidad y convertir la basura en algo útil? Esta fue una de las preguntas que se hizo Marcelo Santangelo, gerente de Combustibles Alternativos de Recycomb. Así fue como surgió el denominado proyecto RYVERI (Reciclado y Valoración Energética de Residuos Industriales), para el cual establecieron un consorcio público-privado con la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM).
El objetivo final del proyecto es desarrollar una plataforma que pueda ser replicable para producir combustible derivado de residuos industriales no especiales (RINE), es decir, no peligrosos y que sean aptos para sustituir los combustibles fósiles que hoy se utilizan en hornos de cemento. La iniciativa demandará una inversión de 29,2 millones de pesos.
Por lo general, como combustible para sus hornos, las cementeras usan carbón y otro material denominado pet coke, que es un residuo de las refinerías y es más barato que el primero. “En la Argentina, históricamente, utilizábamos gas natural, lo que es una locura”, dice Santangelo.
Recycomb es una unidad de negocios del grupo brasileño InterCement (propietario desde 2005 de la cementera Loma Negra) que fue creada en 1997 (cuando Loma Negra todavía pertenecía al Grupo Fortabat) con el objetivo de producir combustibles alternativos para los hornos a base de residuos industriales peligrosos y no peligrosos.
El problema principal que movió la creación de esta unidad fue que, durante los meses de invierno, la cementera debía permanecer cerrada para evitar escasez de gas en las ciudades. “La producción no podía seguir parando durante cuatro meses porque la Argentina consume mucho cemento. Entonces, se hicieron las inversiones necesarias para consumir carbón, como en el resto del mundo”, recuerda Santangelo, pero advierte que el carbón que se produce en la Argentina es de “excelente calidad y no sirve para estos usos”, al igual que el pet coke que resulta del proceso de destilación de petróleo crudo en las refinerías del país
“Desde 2005, empezamos a usar pet coke de alto azufre, que es muy barato, proveniente de Venezuela y del golfo de México”, dice Santangelo, y desde la unidad de negocios que lidera desarrollaron combustibles alternativos a base de residuos industriales peligrosos o especiales, entre los cuales se encuentran los fondos de tanques de petroleras, barros con hidrocarburos, pinturas, solventes y adhesivos, entre otros.
En estos casos, es necesario que reciban un tratamiento especial y una certificación para poder ser desechados. Por eso, Recycomb presta un servicio a las industrias que responde a esa necesidad: “Retiramos sus residuos, que requieren ser tratados adecuadamente, y, con ellos, formulamos un combustible líquido y uno sólido que sirven para reemplazar parcialmente los combustibles fósiles que utiliza la industria del cemento en sus hornos”, explica Santangelo y detalla que ese producto es una marca registrada conocida como Recyfuel.
Otra clase de residuos, conocidos como RINE, similares a los que producen los hogares y, muchas veces —cuando no pueden ser reciclados— terminan en rellenos sanitarios pese a que podrían ser aprovechados. En este grupo, por ejemplo, se encuentra el cartón, laminados, maderas, productos textiles y plásticos, entre otros, que son los que podrían convertirse en un combustible alternativo.
Esa es la intención del proyecto RYVERI, sobre todo si se tiene en cuenta que los rellenos sanitarios están saturados en la Argentina y el pet coke que utilizan las cementeras es importado. “No solo podríamos reemplazar una mayor cantidad de los combustibles fósiles, que ya de por sí es un beneficio gigantesco, sino que, además, en el contexto internacional y financiero de la Argentina, representaría una menor salida de divisas al evitar que debamos seguir importando y pagando en dólares el combustible”, destaca Santangelo y subraya que la intención es lograr una capacidad de producción mensual de 3000 toneladas de CDR (combustible derivado de residuos, en particular de aquellos no son peligrosos), que alcanzarían las 36.000 toneladas al año y le permitirían a la cementera obtener ahorros netos del orden de los 5000 millones de dólares anuales.
Trabajo en equipo
Muchos materiales no son aptos para ser reciclados o, para serlo, necesitarían un procesamiento demasiado costoso, por lo que terminan enterrados. “La propuesta es tomar esos residuos y pasarlos por una línea de preparación que nos permita formular un CDR capaz de ser usado como combustible alternativo en hornos de cemento, complementario al de los residuos industriales peligrosos que ya producimos”, comenta Santangelo y subraya que, para ello, formaron un consorcio público-privado con la UNSAM, para el cual recibieron financiamiento de la Agencia de Promoción Científica del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MINCYT) a través de la línea Fondo Argentino Sectorial (FONARSEC).
“El compromiso es por tres años, pero el consorcio podrá seguir funcionando si se lo desea”, explica Roberto Candal, secretario de investigación del instituto 3iA de la UNSAM, que está a cargo de la primera fase del proyecto RYVERI, que consiste en la caracterización de los materiales que se quieren transformar en combustible y la búsqueda de la metodología apropiada para determinar una muestra representativa que permita desarrollar dicha tarea.
“La pregunta es cómo analizar eso, porque uno tiene un volquete lleno de residuos mezclados del que hay que sacar una muestra que, en unos pocos gramos, represente a un volquete de 1000 o 2000 kilos”, dice Candal. Para que el residuo se transforme en un combustible adecuado para un horno de cemento, hay que tener en cuenta la combinación de tres parámetros: humedad, cloruro y poder calorífico. Según Candal, “el agua es importante porque toma calor, al igual que cuando se trata de quemar una madera mojada. El cloro es un problema porque deteriora el horno. Y el poder calorífico es importante porque, cuanto mayor es, más valioso será el combustible”.
Junto con este equipo que se ocupa del muestreo y análisis de los residuos trabajan otros tres. Uno está a cargo del desarrollo de la planta (el diseño de la línea de producción, la compra de los equipos y el montaje, la puesta en marcha y la operación), otro es responsable de la logística y el último se encarga de las instalaciones de alimentación para el horno de cemento, para que pueda quemar de manera segura y continua este tipo de materiales.
Si bien la UNSAM participa del primer grupo de trabajo, liderado por Candal, también lo hace en el equipo de profesionales que analiza la logística más apropiada para trasladar este combustible desde la planta de Recycomb hasta los hornos de cemento, en este caso a través de investigadores del Instituto de Transporte de la universidad.
“La logística es fundamental, porque es uno de los costos más altos de estos procesos, ya que la planta de producción más cercana está a 400 kilómetros de la cementera. Los RINE son muy livianos, lo que hace que el costo por tonelada sea muy alto. En esto está trabajando un grupo mixto con especialistas de Recycomb, Loma Negra, Ferrosur, la UNSAM y un consultor externo que fue contratado por la universidad para liderar ese grupo de trabajo”, detalla Santangelo.
El trabajo en planta es ideal para que los estudiantes de ingeniería ambiental realicen pasantías; de hecho, ya empezó a trabajar el primer pasante en la empresa”, asegura Candal y destaca que, de esa forma, pueden generar “un paquete que involucra mejoras en desarrollo de procesos, capacitación de recursos humanos a nivel grado en ingeniería y capacitación de recursos humanos a nivel de maestría”.
Nuevas aplicaciones
El CDR que pueda surgir de este proceso está pensado, en principio, para ser utilizado como combustible en hornos de cemento, ya que estos hornos operan a más de 2000 grados de temperatura y con otras condiciones termoquímicas que permiten eliminar cualquier gas tóxico que pueda emanar de la quema de residuos y garantizan el consumo seguro de este producto.
“Muy probablemente podría servir para una siderúrgica, pero habría que ensayarlo”, dice Santangelo y agrega que también podría ser utilizado en la caldera de una empresa termoeléctrica, “pero no con todos los materiales que podemos poner en el horno de cemento”.
A largo plazo, la idea es que otras industrias, organizaciones e incluso los municipios repliquen este modelo para convertir la basura en un combustible alternativo. De todos modos, reconoce Santangelo, “seguimos siendo una gota en el océano porque estamos hablando de 36.000 toneladas por año que podría aprovechar una plataforma de estas, pero, a las plantes de CEAMSE, siguen ingresando miles de toneladas de residuos por día. Si bien no movemos el amperímetro, creemos que es una solución que sería inmoral no poner a disposición”.
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Bioetanol: el corte sube del 10 al 12
Incrementan de 10% a 12% el corte de bioetanol en los combustibles
Fecha de Publicación: 04/04/2016
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Nacional
El Gobierno aumentó el viernes la proporción de bioetanol que deben contener las naftas, a un 12% desde un 10%, con el fin de dar un impulso a la golpeada industria azucarera local, y cumpliendo así con una promesa de campaña de Mauricio Macri que ratificó el 5 de febrero durante su visita a Tucumán.
Los dos puntos porcentuales de aumento en el corte serán provistos exclusivamente por la industria azucarera, que actualmente proveía, en relación con el maíz, una porción inferior del bioetanol usado en gasolinas.
El decreto 543/2016 sostiene que el nuevo volumen de Bioetanol equivalente al aumento de participación en las naftas se distribuirá "exclusivamente entre las empresas del sector sucro alcoholero del Noroeste Argentino, conforme el criterio que aquél considere pertinente para atender de la mejor manera las necesidades del mismo".
Ahora el bioetanol volcado a las naftas será provisto en partes iguales por los productores de azúcar -que están sufriendo el impacto de bajos precios internacionales- y de maíz.
En la norma, el Ministerio de Energía señaló que busca "propender a la estabilidad en el suministro de dicho biocombustible y obtener una mayor seguridad energética en virtud de la diversificación de las materias primas".
Argentina es el mayor exportador mundial de aceite de soja, con el que se elabora el biodiésel, y un proveedor líder de maíz.
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Fecha de Publicación: 04/04/2016
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Nacional
El Gobierno aumentó el viernes la proporción de bioetanol que deben contener las naftas, a un 12% desde un 10%, con el fin de dar un impulso a la golpeada industria azucarera local, y cumpliendo así con una promesa de campaña de Mauricio Macri que ratificó el 5 de febrero durante su visita a Tucumán.
Los dos puntos porcentuales de aumento en el corte serán provistos exclusivamente por la industria azucarera, que actualmente proveía, en relación con el maíz, una porción inferior del bioetanol usado en gasolinas.
El decreto 543/2016 sostiene que el nuevo volumen de Bioetanol equivalente al aumento de participación en las naftas se distribuirá "exclusivamente entre las empresas del sector sucro alcoholero del Noroeste Argentino, conforme el criterio que aquél considere pertinente para atender de la mejor manera las necesidades del mismo".
Ahora el bioetanol volcado a las naftas será provisto en partes iguales por los productores de azúcar -que están sufriendo el impacto de bajos precios internacionales- y de maíz.
En la norma, el Ministerio de Energía señaló que busca "propender a la estabilidad en el suministro de dicho biocombustible y obtener una mayor seguridad energética en virtud de la diversificación de las materias primas".
Argentina es el mayor exportador mundial de aceite de soja, con el que se elabora el biodiésel, y un proveedor líder de maíz.
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Plaguicidas: ríos del Alto Valle podría estar contaminados
¿Están contaminados por los plaguicidas los ríos de la región?
Fecha de Publicación: 04/04/2016
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
Probablemente no haya una idea más arraigada en los habitantes del Alto Valle que aquella que induce a pensar que los grandes y magníficos ríos de nuestra región están contaminados con plaguicidas debido a la aplicación sistemática de los mismos en los cultivos aledaños.
Y no es una imagen tan desatinada si se tiene en cuenta que desde el comienzo de la actividad agrícola en la región, hace más de 50 años, nunca dejó de aplicarse algún plaguicida en las chacras entre las que serpentean las principales ciudades y poblados de la región. Distintas estrategias se fueron empleando para proteger los cultivos de las diversas plagas y estas fueron evolucionando desde el uso de plaguicidas clorados (de muy extendido tiempo de permanencia en el ambiente), pasando por plaguicidas organofosforados (de corta vida media, pero más tóxicos) hasta la situación actual del manejo integrado de plagas (que utiliza menos plaguicidas, monitorea las plagas y emplea técnicas biológicas y de confusión sexual).
Para conocer con certeza cuál es la situación real, se debe recurrir a los procedimientos científicos desarrollados para tal fin y debidamente validados con normas de calidad. En el Laboratorio de Cromatografía del Libiquima perteneciente a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Comahue, se emplea una metodología integrada que incluye el monitoreo químico y el biomonitoreo. Por un lado se miden las concentraciones analíticas de los residuos de plaguicidas en acuíferos, aguas superficiales de ríos y drenajes, como así también de los sedimentos.
En simultáneo se investiga una comunidad biológica como bioindicadora, los macroinvertebrados acuáticos, organismos visibles a simple vista que habitan en la interfaz sedimento-agua de los ecosistemas acuáticos, que son retenidos en redes con una abertura de poro de 0,5 mm y cuya importancia radica en que son sensibles a la contaminación. Estas comunidades se diferencian en cuanto a su abundancia y riqueza taxonómica según se encuentren en aguas puras o contaminadas. Los organismos son colectados, clasificados, identificados y finalmente los resultados relacionados con los correspondientes al análisis químico del sitio. Esta evaluación simultánea, monitoreo químico y biomonitoreo, permite entrecruzar la información obtenida y arribar a conclusiones más firmes.
Los resultados obtenidos hasta el momento muestran que los ríos Limay, Neuquén y Negro no manifiestan niveles de residuos de plaguicidas detectables (medidos en el orden de las partes por billón) a partir del análisis químico y tampoco se revelan distorsiones en la estructura de la comunidad de macroinvertebrados acuáticos que pueda asociarse con los plaguicidas. Las causas que concurren a esta afirmación son diversas:
1.- Los plaguicidas de uso actual son, en general, más específicos para atacar la plagas en cuestión y menos tóxicos para las especies silvestres.
2.- Aquellos de alta toxicidad y amplio espectro se aplican en menor proporción y tienen una vida media más baja (se degradan rápidamente).
3.- Afortunadamente el caudal de los ríos regionales contribuyen a la disipación de los químicos aportando un alto nivel de oxígeno disuelto y gran poder de dilución.
Sin embargo, estos resultados auspiciosos no son permanentes ni definitivos porque se siguen aplicando agroquímicos que, si bien no se detectan en los ríos, es factible encontrarlos en efluentes de industrias y drenajes del agua de riego que surcan las chacras, cuyo destino final son los ríos. Los plaguicidas son sustancias tóxicas que se vierten deliberadamente a los cultivos y desde ese momento se implican en la dinámica que los distribuye en los distintos compartimentos del ambiente: aire, suelo, agua. Además potencialmente pueden quedar asociados como residuos en los alimentos. La toxicidad de estos compuestos se extiende a todos los organismos vivos, incluido el ser humano.
Sus efectos agudos son bien conocidos, pero los efectos a bajas o muy bajas concentraciones son aún motivo de investigación. El desafío es precisamente garantizar la seguridad alimentaria y la sustentabilidad ambiental con la confluencia de compromisos de la academia, las instituciones de control y la sociedad en su conjunto, como así también afianzar los mecanismos de comunicación que permitan el acceso del público en general a la información existente.
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Fecha de Publicación: 04/04/2016
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
Probablemente no haya una idea más arraigada en los habitantes del Alto Valle que aquella que induce a pensar que los grandes y magníficos ríos de nuestra región están contaminados con plaguicidas debido a la aplicación sistemática de los mismos en los cultivos aledaños.
Y no es una imagen tan desatinada si se tiene en cuenta que desde el comienzo de la actividad agrícola en la región, hace más de 50 años, nunca dejó de aplicarse algún plaguicida en las chacras entre las que serpentean las principales ciudades y poblados de la región. Distintas estrategias se fueron empleando para proteger los cultivos de las diversas plagas y estas fueron evolucionando desde el uso de plaguicidas clorados (de muy extendido tiempo de permanencia en el ambiente), pasando por plaguicidas organofosforados (de corta vida media, pero más tóxicos) hasta la situación actual del manejo integrado de plagas (que utiliza menos plaguicidas, monitorea las plagas y emplea técnicas biológicas y de confusión sexual).
Para conocer con certeza cuál es la situación real, se debe recurrir a los procedimientos científicos desarrollados para tal fin y debidamente validados con normas de calidad. En el Laboratorio de Cromatografía del Libiquima perteneciente a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Comahue, se emplea una metodología integrada que incluye el monitoreo químico y el biomonitoreo. Por un lado se miden las concentraciones analíticas de los residuos de plaguicidas en acuíferos, aguas superficiales de ríos y drenajes, como así también de los sedimentos.
En simultáneo se investiga una comunidad biológica como bioindicadora, los macroinvertebrados acuáticos, organismos visibles a simple vista que habitan en la interfaz sedimento-agua de los ecosistemas acuáticos, que son retenidos en redes con una abertura de poro de 0,5 mm y cuya importancia radica en que son sensibles a la contaminación. Estas comunidades se diferencian en cuanto a su abundancia y riqueza taxonómica según se encuentren en aguas puras o contaminadas. Los organismos son colectados, clasificados, identificados y finalmente los resultados relacionados con los correspondientes al análisis químico del sitio. Esta evaluación simultánea, monitoreo químico y biomonitoreo, permite entrecruzar la información obtenida y arribar a conclusiones más firmes.
Los resultados obtenidos hasta el momento muestran que los ríos Limay, Neuquén y Negro no manifiestan niveles de residuos de plaguicidas detectables (medidos en el orden de las partes por billón) a partir del análisis químico y tampoco se revelan distorsiones en la estructura de la comunidad de macroinvertebrados acuáticos que pueda asociarse con los plaguicidas. Las causas que concurren a esta afirmación son diversas:
1.- Los plaguicidas de uso actual son, en general, más específicos para atacar la plagas en cuestión y menos tóxicos para las especies silvestres.
2.- Aquellos de alta toxicidad y amplio espectro se aplican en menor proporción y tienen una vida media más baja (se degradan rápidamente).
3.- Afortunadamente el caudal de los ríos regionales contribuyen a la disipación de los químicos aportando un alto nivel de oxígeno disuelto y gran poder de dilución.
Sin embargo, estos resultados auspiciosos no son permanentes ni definitivos porque se siguen aplicando agroquímicos que, si bien no se detectan en los ríos, es factible encontrarlos en efluentes de industrias y drenajes del agua de riego que surcan las chacras, cuyo destino final son los ríos. Los plaguicidas son sustancias tóxicas que se vierten deliberadamente a los cultivos y desde ese momento se implican en la dinámica que los distribuye en los distintos compartimentos del ambiente: aire, suelo, agua. Además potencialmente pueden quedar asociados como residuos en los alimentos. La toxicidad de estos compuestos se extiende a todos los organismos vivos, incluido el ser humano.
Sus efectos agudos son bien conocidos, pero los efectos a bajas o muy bajas concentraciones son aún motivo de investigación. El desafío es precisamente garantizar la seguridad alimentaria y la sustentabilidad ambiental con la confluencia de compromisos de la academia, las instituciones de control y la sociedad en su conjunto, como así también afianzar los mecanismos de comunicación que permitan el acceso del público en general a la información existente.
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Basurales en Jujuy a la vera del río Conchas
Metán: denuncian basurales a orillas del río Conchas
Fecha de Publicación: 04/04/2016
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Jujuy
Esta situación se a pocos metros de la zona centro de la ciudad de San José. La situación genera un riesgo para la salud de los vecinos y un impacto en extremo negativo para el medio ambiente.
Turistas que visitaron Metán, quedaron horrorizados con los microbasurales que existen a la vera del río Conchas. "Llagamos con mi familia entusiasmados por conocer el río y al llegar allí quedé impactado con la cantidad de gente que hay removiendo entre los basurales, que emanan un honor nauseabundo", contó Ariel en comunicación con El Tribuno vía WhatsApp.
Esta situación se a pocos metros de la zona centro de la ciudad de San José. La situación genera un riesgo para la salud de los vecinos y un impacto en extremo negativo para el medio ambiente.
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Fecha de Publicación: 04/04/2016
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Jujuy
Esta situación se a pocos metros de la zona centro de la ciudad de San José. La situación genera un riesgo para la salud de los vecinos y un impacto en extremo negativo para el medio ambiente.
Turistas que visitaron Metán, quedaron horrorizados con los microbasurales que existen a la vera del río Conchas. "Llagamos con mi familia entusiasmados por conocer el río y al llegar allí quedé impactado con la cantidad de gente que hay removiendo entre los basurales, que emanan un honor nauseabundo", contó Ariel en comunicación con El Tribuno vía WhatsApp.
Esta situación se a pocos metros de la zona centro de la ciudad de San José. La situación genera un riesgo para la salud de los vecinos y un impacto en extremo negativo para el medio ambiente.
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El Nahuel Huapi altamente degradado con tóxicos
Preocupación por la contaminación del lago Nahuel Huapi con materia fecal y metales pesados
Fecha de Publicación: 03/04/2016
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Río Negro
Más de seis mil vecinos de Bariloche se sumaron a un inédito recurso de amparo colectivo presentado contra el Gobierno de Río Negro por la contaminación del Lago Nahuel Huapi. El problema tiene dos vetas. La más fuerte y renombrada es el colapso de la planta de tratamiento de efluentes cloacales de Bariloche, que se traduce en constantes vertidos de materia fecal cruda al espejo de agua. Pero también hay análisis que detectaron la presencia de metales pesados, cuyo origen todavía no está claro.
El 23 de diciembre pasado, la senadora Magdalena Odarda y la vecina Ana Wieman, de la ONG Árbol de Pie, presentaron un recurso de amparo al que hasta la semana pasada se sumaron más de 6 mil vecinos. "Queríamos conseguir unas cien adhesiones, pero el impacto fue brutal, porque no es una campaña digital en la que la gente pone un mail y su nombre, sino que fueron uno por uno a firmar y dejar una copia de su DNI en el juzgado", explicó Wieman a Infobae.
La gota que rebalsó el vaso fue el derrame de alrededor de un millón de litros de efluentes cloacales sin tratar al Nahuel Huapi en diciembre del año pasado, aunque el problema viene de larga data. ¿Los demandados? El Poder Ejecutivo de Río Negro, el Departamento Provincial de Aguas (DPA) y la Secretaría de Ambiente, además de la concesionaria de la planta de tratamiento de líquidos cloacales.
"En forma rutinaria, y con mucha frecuencia, se realizan vuelcos de crudo cuando colapsa la planta. Ello se debe a la capacidad insuficiente de la planta para tratar las aguas residuales de un gran número de habitantes. Esta metodología de emergencia se lleva a cabo desde hace muchos años, con consecuencias negativas que se acumulan en el tiempo", resumieron las amparistas en su escrito.
Odarda y Wieman hicieron dos propuestas. Primera: hacer una serie de obras con las que "se lograría duplicar los usuarios del actual sistema", mientras se busca una solución definitiva. Segunda: que los organismos del Estado, como el Centro Atómico Bariloche o el INVAP, con sedes en la zona, "construyan sus propias plantas de tratamiento terciario, con eliminación de metales pesados".
Derrames al por mayor
La planta de líquidos cloacales de Bariloche comenzó a operar en 1996. Hasta ese momento, todo se vertía directamente al lago, sin tratar. La concesión la había ganado dos años antes la Cooperativa de Electricidad de Bariloche (CEB). Las amparistas subrayaron que "debido al Protocolo diseñado por la CEB con la Municipalidad, los vuelcos no son informados a la población y raramente trascienden a la prensa".
Sin embargo, si hay algo que llama la atención al leer el amparo es la enorme cantidad de vertidos de materia fecal sin tratar de los que se tiene registro en los diarios locales. Un buen ejemplo es el primer semestre de 2009. El 28 de enero se denunció un gran vuelco que produjo una mancha de más de 2 kilómetros de largo por 300 de ancho, y por la cual la CEB culpó a un obrero. El 24 de febrero, otra vez la misma historia. Unos días después, el 3 de marzo, el delegado local de la Dirección Provincial de Agua (DPA) reconoció que la planta no funcionaba de acuerdo a lo exigido por el contrato de concesión.
El 18 de marzo, un caño ubicado en la avenida Bustillo vertió materia fecal sobre la costa. La situación se repitió otras dos veces esa misma semana, el 20 y el 22 de marzo. Y unos días después, el 26 y 27 de marzo, los vecinos filmaron desde una embarcación el vuelco de "líquido cloacal con material sólido en suspensión desde una boca de 'by pass' en la zona del arroyo Ñireco, más de un kilómetro antes de la planta de tratamiento", según repasa el amparo.
Hay más. El 30 de abril se volcaron líquidos al Nahuel Huapi durante varias horas. En esa ocasión, el director de la Planta de Saneamiento dijo que "evidentemente esta circunstancia no puede volver a pasar". Entre el 23 y el 24 de mayo se rompió nuevamente dos veces el llamado "Colector Oeste" y durante varias horas se cortó el flujo de líquido por el caño, por lo que tuvo que redireccionarse hacia el lago. Sin embargo, según la CEB no pudo dimensionarse el volumen. La extensa lista de incidentes la cierra el 9 de junio, cuando volvió a romperse el mismo caño colector y se derramó materia fecal.
Algo similar ocurrió el año pasado. Hubo vertidos detectados en septiembre, octubre y noviembre. El de diciembre fue el mayor, de un millón de litros. Hubo otro en febrero, aún luego de la presentación del amparo. Y el más reciente, el 6 de marzo.
A eso se suman desbordes de líquidos cloacales en zanjas pluviales, arroyos y escorrentías que cruzan Bariloche. Tal es así, que un análisis del Laboratorio de Bromatología del municipio divulgado el 21 de noviembre de 2007 halló en el Arroyo Sin Nombre, que atraviesa la ciudad, concentraciones de entre 43.000 NMP/100ml y 93.000 NMP/100ml de escherichia coli.
Líquido rojo
El 31 de mayo de 2008, los guardapescas de la zona detectaron una mancha roja en una zona llamada Trampa del Ñireco. Y una semana más tarde, Gabriel Sorá, delegado local del DPA, confirmó que en casos de emergencia se iba a apelar a un caño subacuático para derivar efluentes cloacales a Playa Bonita, la más grande y concurrida del Nahuel Huapi.
Esos dos hechos desencadenaron una serie de pedidos de notas y entrevistas a funcionarios de distintas dependencias por parte de vecinos. Odarda, a su vez, presentó una solicitud de informes a la DPA, contestada el 29 de agosto. Allí, el Gobierno reconoció el repetido volcado de líquidos crudos y avisó que se contrató un estudio a la Universidad del Litoral para establecer caños subacuáticos, cuyos resultados nunca fueron divulgados. También admitió que no se analizó el líquido rojo, pese a que se había comprometido a hacerlo.
Metales pesados
Nota aparte merece la situación del Centro Atómico Bariloche (CAB) y del Instituto Balseiro, para los cuales los vecinos reclaman una planta de tratamiento propia, sobre todo ahora que está en pleno desarrollo una ampliación de sus instalaciones que incluye 28 edificios nuevos. En una situación similar está el INVAP.
Un estudio realizado en 2009 por la Universidad del Comahue detectó la presencia de cromo, mercurio, plomo y contaminación bacteriológica en las inmediaciones de la vieja planta cloacal del CAB.
Los pobladores organizados en la Asociación Civil Árbol de Pie y Vecinos en Defensa de Bahía Serena y las Costas Libres hicieron un reclamo a la Comisión Nacional de Energía Atómica (Cnea), porque el centro sólo tenía un tanque Imhoff, que retenía en una reja los sólidos (que eran retirados por un camión atmosférico) y vertía el líquido restante al lago, sin ningún tipo de tratamiento. Esa planta era compartida con la vecina Escuela Militar de Montaña.
Lo cierto es que 50 años después de su instalación y de usar el lago como inodoro, el CAB y la escuela se conectaron a un caño de la planta de la ciudad, el llamado "colector oeste". Pero los vecinos se manifestaron insatisfechos porque por ese entonces estaba avanzado un proyecto para hacer una planta propia para el centro atómico y se optó por una solución parcial que no resuelve el problema de fondo.
Niega todo
Resulta curioso en su defensa del gobierno provincial, la Fiscalía haya negado la existencia de contaminación. En esa línea, se atrevió a asegurar que "no existe el daño que describen los accionantes", que "la actuación del Estado deviene irreprochable", que "no existe en el caso una afectación real y cierta del derecho que se pretende vulnerado" y que los hechos denunciados "son de una imprecisión ostensible".
Lo mismo había hecho el Municipio en otro expediente sobre el volcado de contaminantes al lago impulsado en agosto de 2010 por la Defensoría del Pueblo de Río Negro, que se basó, entre otras cosas, en el monitoreo oficial del DPA. Esa causa lleva 5 años y medio sin avances.
En cambio, en su contestación al amparo de diciembre, la CEB reconoció que "el sistema cloacal se encuentra funcionando en forma 'sobrepasada'". Y marcó tres causas. La primera tiene que ver con el material con el que se hizo el colector oeste, PVC, cuyo primer tramo se rompió 82 veces sólo entre 1997 y 2013, lo que obligó a derivar líquido al lago. La segunda es el crecimiento demográfico, que se suma al millón de turistas que cada año visitan Bariloche. Y la tercera pone la lupa sobre un barrio, Melipal, a cuyos vecinos acusa de haber realizado conexiones ilegales de sus sistemas pluviales domiciliarios a la red cloacal.
Sin embargo, la CEB deslindó cualquier tipo de responsabilidad sobre los derrames. Aseguró que "hace falta financiamiento", que no tiene acceso al crédito por "el retraso tarifario a que se somete a la cooperativa" y que no recibe ayuda de los entes de la provincia o del gobierno provincial para ser garantes o codeudores. Esto, según la cooperativa, genera "un círculo vicioso por el cual (las obras) 'no se hacen ni dejan hacer'".
Wieman cree que la responsabilidad de la CEB está en haber negado los derrames durante años. "Eso les hubiese permitido gestionar las obras o presionar a la provincia para que estuvieran los fondos", opinó. "El lago tiene un alto poder de regeneración, porque la materia fecal se degrada. El agua de las ciudades tiene cloro, lo que elimina los parásitos coliformes, pero no lo hace con otros, como las giardias. Hay que empezar urgente a trabajar para cuidar el agua, que es vida. El lago, además, es parte de nuestra principal fuente de ingresos, que es el turismo", agregó.
Además, aclaró que el problema no es local. "Esto no sólo afecta al lago, sino a toda la cuenca, que a lo largo del valle va juntando todos los químicos de las fumigaciones y la filtración de hidrocarburos, y termina en Viedma", subrayó.
Estudios y confesiones vs. especulación
No son sólo fotos, videos y testimonios de vecinos que denuncian desde el mal olor hasta la presencia de materia fecal y papel higiénico en las costas. También hay confesiones de la CEB y de las autoridades municipales y provinciales. Pero el esquema de pruebas se cierra con una serie de estudios que fueron aportados por las amparistas y confirman la contaminación.
En ese sentido, un reporte del Consejo Provincial de Salud Pública de 2001 muestra una fuerte contaminación bacteriológica. Otro análisis técnico impulsado por los vecinos y publicado el 19 de mayo de 2001 arrojó que había múltiples puntos de vertidos, que el caño colector tenía gran cantidad de puntos de derrame, que ingresaban aguas pluviales a la red cloacal, que no había sistemas de vigilancia y alerta, y que faltan estudios de impacto ambiental.
Al año siguiente, el 7 de julio de 2002, un informe que una unidad de gestión del municipio de Bariloche elevó al DPA identificó con mayor precisión las mismas deficiencias que menciona el análisis del Consejo Provincial de Salud Pública y dio un paso más al indicar que el contrato de concesión no se cumple, que se ocultan y manipulan datos, y que la CEB, sencillamente, viola el Código de Aguas de Río Negro.
Toda esa información fue corroborada por la propia DPA, en un informe de un ingeniero del departamento presentado el 6 de febrero de 2003. Es un reporte oficial. Unos días más tarde, la propia CEB labró una escritura pública ante un escribano y en presencia de vecinos y funcionarios del municipio y de la DPA, en la que el personal reconoció las deficiencias del sistema de saneamiento. El objetivo era deslindar a los nuevos directivos de cualquier tipo de responsabilidad, pero el documento funcionó como una brutal confesión de la situación.
El 28 de mayo de 2005 la CEB anunció que los problemas se habían resuelto, pero los vecinos rechazaron esta versión. En efecto, el informe 2006/2007 del Servicio del Saneamiento de la propia cooperativa reconoció explícitamente que se derivaban líquidos cloacales crudos al lago por insuficiencia de la planta o pérdidas en los colectores.
Más cerca en el tiempo, en 2008, el Centro Regional Universitario Bariloche de la Universidad Comahue elaboró un estudio encargado por la propia CEB que detectó altísimos niveles de contaminación fecal y presencia de metales en el lecho del lago Nahuel Huapi a la altura de Playa Bonita y Puerto Moreno.
Dos años más tarde, el entonces intendente del Parque Nacional Nahuel Huapi, Juan Salguero, presentó otro extenso informe en el que detalló las graves consecuencias que estaba provocando el derrame de líquidos cloacales. Y el 19 de septiembre de 2007, el ingeniero Gabriel Sorá, de la DPA, confirmó que el principal problema era la falta de mantenimiento de la Planta Depuradora.
A su vez, hay estudios cuyo resultado no fue divulgado, como los muestreos de la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas de los ríos Limay, Neuquén y Negro en 2010 y 2011 para análisis bacteriológico y detección de metales pesados, cuya reticencia provoca suspicacias.
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Fecha de Publicación: 03/04/2016
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Río Negro
Más de seis mil vecinos de Bariloche se sumaron a un inédito recurso de amparo colectivo presentado contra el Gobierno de Río Negro por la contaminación del Lago Nahuel Huapi. El problema tiene dos vetas. La más fuerte y renombrada es el colapso de la planta de tratamiento de efluentes cloacales de Bariloche, que se traduce en constantes vertidos de materia fecal cruda al espejo de agua. Pero también hay análisis que detectaron la presencia de metales pesados, cuyo origen todavía no está claro.
El 23 de diciembre pasado, la senadora Magdalena Odarda y la vecina Ana Wieman, de la ONG Árbol de Pie, presentaron un recurso de amparo al que hasta la semana pasada se sumaron más de 6 mil vecinos. "Queríamos conseguir unas cien adhesiones, pero el impacto fue brutal, porque no es una campaña digital en la que la gente pone un mail y su nombre, sino que fueron uno por uno a firmar y dejar una copia de su DNI en el juzgado", explicó Wieman a Infobae.
La gota que rebalsó el vaso fue el derrame de alrededor de un millón de litros de efluentes cloacales sin tratar al Nahuel Huapi en diciembre del año pasado, aunque el problema viene de larga data. ¿Los demandados? El Poder Ejecutivo de Río Negro, el Departamento Provincial de Aguas (DPA) y la Secretaría de Ambiente, además de la concesionaria de la planta de tratamiento de líquidos cloacales.
"En forma rutinaria, y con mucha frecuencia, se realizan vuelcos de crudo cuando colapsa la planta. Ello se debe a la capacidad insuficiente de la planta para tratar las aguas residuales de un gran número de habitantes. Esta metodología de emergencia se lleva a cabo desde hace muchos años, con consecuencias negativas que se acumulan en el tiempo", resumieron las amparistas en su escrito.
Odarda y Wieman hicieron dos propuestas. Primera: hacer una serie de obras con las que "se lograría duplicar los usuarios del actual sistema", mientras se busca una solución definitiva. Segunda: que los organismos del Estado, como el Centro Atómico Bariloche o el INVAP, con sedes en la zona, "construyan sus propias plantas de tratamiento terciario, con eliminación de metales pesados".
Derrames al por mayor
La planta de líquidos cloacales de Bariloche comenzó a operar en 1996. Hasta ese momento, todo se vertía directamente al lago, sin tratar. La concesión la había ganado dos años antes la Cooperativa de Electricidad de Bariloche (CEB). Las amparistas subrayaron que "debido al Protocolo diseñado por la CEB con la Municipalidad, los vuelcos no son informados a la población y raramente trascienden a la prensa".
Sin embargo, si hay algo que llama la atención al leer el amparo es la enorme cantidad de vertidos de materia fecal sin tratar de los que se tiene registro en los diarios locales. Un buen ejemplo es el primer semestre de 2009. El 28 de enero se denunció un gran vuelco que produjo una mancha de más de 2 kilómetros de largo por 300 de ancho, y por la cual la CEB culpó a un obrero. El 24 de febrero, otra vez la misma historia. Unos días después, el 3 de marzo, el delegado local de la Dirección Provincial de Agua (DPA) reconoció que la planta no funcionaba de acuerdo a lo exigido por el contrato de concesión.
El 18 de marzo, un caño ubicado en la avenida Bustillo vertió materia fecal sobre la costa. La situación se repitió otras dos veces esa misma semana, el 20 y el 22 de marzo. Y unos días después, el 26 y 27 de marzo, los vecinos filmaron desde una embarcación el vuelco de "líquido cloacal con material sólido en suspensión desde una boca de 'by pass' en la zona del arroyo Ñireco, más de un kilómetro antes de la planta de tratamiento", según repasa el amparo.
Hay más. El 30 de abril se volcaron líquidos al Nahuel Huapi durante varias horas. En esa ocasión, el director de la Planta de Saneamiento dijo que "evidentemente esta circunstancia no puede volver a pasar". Entre el 23 y el 24 de mayo se rompió nuevamente dos veces el llamado "Colector Oeste" y durante varias horas se cortó el flujo de líquido por el caño, por lo que tuvo que redireccionarse hacia el lago. Sin embargo, según la CEB no pudo dimensionarse el volumen. La extensa lista de incidentes la cierra el 9 de junio, cuando volvió a romperse el mismo caño colector y se derramó materia fecal.
Algo similar ocurrió el año pasado. Hubo vertidos detectados en septiembre, octubre y noviembre. El de diciembre fue el mayor, de un millón de litros. Hubo otro en febrero, aún luego de la presentación del amparo. Y el más reciente, el 6 de marzo.
A eso se suman desbordes de líquidos cloacales en zanjas pluviales, arroyos y escorrentías que cruzan Bariloche. Tal es así, que un análisis del Laboratorio de Bromatología del municipio divulgado el 21 de noviembre de 2007 halló en el Arroyo Sin Nombre, que atraviesa la ciudad, concentraciones de entre 43.000 NMP/100ml y 93.000 NMP/100ml de escherichia coli.
Líquido rojo
El 31 de mayo de 2008, los guardapescas de la zona detectaron una mancha roja en una zona llamada Trampa del Ñireco. Y una semana más tarde, Gabriel Sorá, delegado local del DPA, confirmó que en casos de emergencia se iba a apelar a un caño subacuático para derivar efluentes cloacales a Playa Bonita, la más grande y concurrida del Nahuel Huapi.
Esos dos hechos desencadenaron una serie de pedidos de notas y entrevistas a funcionarios de distintas dependencias por parte de vecinos. Odarda, a su vez, presentó una solicitud de informes a la DPA, contestada el 29 de agosto. Allí, el Gobierno reconoció el repetido volcado de líquidos crudos y avisó que se contrató un estudio a la Universidad del Litoral para establecer caños subacuáticos, cuyos resultados nunca fueron divulgados. También admitió que no se analizó el líquido rojo, pese a que se había comprometido a hacerlo.
Metales pesados
Nota aparte merece la situación del Centro Atómico Bariloche (CAB) y del Instituto Balseiro, para los cuales los vecinos reclaman una planta de tratamiento propia, sobre todo ahora que está en pleno desarrollo una ampliación de sus instalaciones que incluye 28 edificios nuevos. En una situación similar está el INVAP.
Un estudio realizado en 2009 por la Universidad del Comahue detectó la presencia de cromo, mercurio, plomo y contaminación bacteriológica en las inmediaciones de la vieja planta cloacal del CAB.
Los pobladores organizados en la Asociación Civil Árbol de Pie y Vecinos en Defensa de Bahía Serena y las Costas Libres hicieron un reclamo a la Comisión Nacional de Energía Atómica (Cnea), porque el centro sólo tenía un tanque Imhoff, que retenía en una reja los sólidos (que eran retirados por un camión atmosférico) y vertía el líquido restante al lago, sin ningún tipo de tratamiento. Esa planta era compartida con la vecina Escuela Militar de Montaña.
Lo cierto es que 50 años después de su instalación y de usar el lago como inodoro, el CAB y la escuela se conectaron a un caño de la planta de la ciudad, el llamado "colector oeste". Pero los vecinos se manifestaron insatisfechos porque por ese entonces estaba avanzado un proyecto para hacer una planta propia para el centro atómico y se optó por una solución parcial que no resuelve el problema de fondo.
Niega todo
Resulta curioso en su defensa del gobierno provincial, la Fiscalía haya negado la existencia de contaminación. En esa línea, se atrevió a asegurar que "no existe el daño que describen los accionantes", que "la actuación del Estado deviene irreprochable", que "no existe en el caso una afectación real y cierta del derecho que se pretende vulnerado" y que los hechos denunciados "son de una imprecisión ostensible".
Lo mismo había hecho el Municipio en otro expediente sobre el volcado de contaminantes al lago impulsado en agosto de 2010 por la Defensoría del Pueblo de Río Negro, que se basó, entre otras cosas, en el monitoreo oficial del DPA. Esa causa lleva 5 años y medio sin avances.
En cambio, en su contestación al amparo de diciembre, la CEB reconoció que "el sistema cloacal se encuentra funcionando en forma 'sobrepasada'". Y marcó tres causas. La primera tiene que ver con el material con el que se hizo el colector oeste, PVC, cuyo primer tramo se rompió 82 veces sólo entre 1997 y 2013, lo que obligó a derivar líquido al lago. La segunda es el crecimiento demográfico, que se suma al millón de turistas que cada año visitan Bariloche. Y la tercera pone la lupa sobre un barrio, Melipal, a cuyos vecinos acusa de haber realizado conexiones ilegales de sus sistemas pluviales domiciliarios a la red cloacal.
Sin embargo, la CEB deslindó cualquier tipo de responsabilidad sobre los derrames. Aseguró que "hace falta financiamiento", que no tiene acceso al crédito por "el retraso tarifario a que se somete a la cooperativa" y que no recibe ayuda de los entes de la provincia o del gobierno provincial para ser garantes o codeudores. Esto, según la cooperativa, genera "un círculo vicioso por el cual (las obras) 'no se hacen ni dejan hacer'".
Wieman cree que la responsabilidad de la CEB está en haber negado los derrames durante años. "Eso les hubiese permitido gestionar las obras o presionar a la provincia para que estuvieran los fondos", opinó. "El lago tiene un alto poder de regeneración, porque la materia fecal se degrada. El agua de las ciudades tiene cloro, lo que elimina los parásitos coliformes, pero no lo hace con otros, como las giardias. Hay que empezar urgente a trabajar para cuidar el agua, que es vida. El lago, además, es parte de nuestra principal fuente de ingresos, que es el turismo", agregó.
Además, aclaró que el problema no es local. "Esto no sólo afecta al lago, sino a toda la cuenca, que a lo largo del valle va juntando todos los químicos de las fumigaciones y la filtración de hidrocarburos, y termina en Viedma", subrayó.
Estudios y confesiones vs. especulación
No son sólo fotos, videos y testimonios de vecinos que denuncian desde el mal olor hasta la presencia de materia fecal y papel higiénico en las costas. También hay confesiones de la CEB y de las autoridades municipales y provinciales. Pero el esquema de pruebas se cierra con una serie de estudios que fueron aportados por las amparistas y confirman la contaminación.
En ese sentido, un reporte del Consejo Provincial de Salud Pública de 2001 muestra una fuerte contaminación bacteriológica. Otro análisis técnico impulsado por los vecinos y publicado el 19 de mayo de 2001 arrojó que había múltiples puntos de vertidos, que el caño colector tenía gran cantidad de puntos de derrame, que ingresaban aguas pluviales a la red cloacal, que no había sistemas de vigilancia y alerta, y que faltan estudios de impacto ambiental.
Al año siguiente, el 7 de julio de 2002, un informe que una unidad de gestión del municipio de Bariloche elevó al DPA identificó con mayor precisión las mismas deficiencias que menciona el análisis del Consejo Provincial de Salud Pública y dio un paso más al indicar que el contrato de concesión no se cumple, que se ocultan y manipulan datos, y que la CEB, sencillamente, viola el Código de Aguas de Río Negro.
Toda esa información fue corroborada por la propia DPA, en un informe de un ingeniero del departamento presentado el 6 de febrero de 2003. Es un reporte oficial. Unos días más tarde, la propia CEB labró una escritura pública ante un escribano y en presencia de vecinos y funcionarios del municipio y de la DPA, en la que el personal reconoció las deficiencias del sistema de saneamiento. El objetivo era deslindar a los nuevos directivos de cualquier tipo de responsabilidad, pero el documento funcionó como una brutal confesión de la situación.
El 28 de mayo de 2005 la CEB anunció que los problemas se habían resuelto, pero los vecinos rechazaron esta versión. En efecto, el informe 2006/2007 del Servicio del Saneamiento de la propia cooperativa reconoció explícitamente que se derivaban líquidos cloacales crudos al lago por insuficiencia de la planta o pérdidas en los colectores.
Más cerca en el tiempo, en 2008, el Centro Regional Universitario Bariloche de la Universidad Comahue elaboró un estudio encargado por la propia CEB que detectó altísimos niveles de contaminación fecal y presencia de metales en el lecho del lago Nahuel Huapi a la altura de Playa Bonita y Puerto Moreno.
Dos años más tarde, el entonces intendente del Parque Nacional Nahuel Huapi, Juan Salguero, presentó otro extenso informe en el que detalló las graves consecuencias que estaba provocando el derrame de líquidos cloacales. Y el 19 de septiembre de 2007, el ingeniero Gabriel Sorá, de la DPA, confirmó que el principal problema era la falta de mantenimiento de la Planta Depuradora.
A su vez, hay estudios cuyo resultado no fue divulgado, como los muestreos de la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas de los ríos Limay, Neuquén y Negro en 2010 y 2011 para análisis bacteriológico y detección de metales pesados, cuya reticencia provoca suspicacias.
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Garabí será objeto de estudio por parte de nación
Nación estudiará el proyecto de represa de Garabí
Fecha de Publicación: 03/04/2016
Fuente: Momarandú
Provincia/Región: Litoral
Así lo informó el director de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), Humberto Schiavoni, quien adelantó que la semana próxima se reunirá junto a otros funcionarios con el Secretario de Energía Eléctrica de la Nación, Alejandro Sruoga para estudiar el impacto de la represa proyectada sobre el río Uruguay, entre las provincias argentinas de Corrientes y Misiones y el Estado brasileño de Río Grande del Sur.
“La construcción de represas nuevas todavía es un tema que no se ha tocado en el gobierno nacional”, adujo en entrevista con Misiones Cuatro. “Corpus (otra represa proyectada) tiene un plebiscito así que no se puede hacer”, agregó.
“Con respecto a Garabí, estamos convocados a una reunión la semana que viene y hay un conjunto de cosas para analizar. Hay que conocer el proyecto y ver cuáles son las medidas medioambientales”, adelantó Schiavoni, en referencia al encuentro que mantendrá en Buenos Aires con el secretario de Energía.
Asimismo, expresó que “la Argentina necesita más energía” y en ese sentido opinó: “todas las obras que aumenten la generación de energía son importantes, pero hay que tener cuidado de que no tenga impacto negativo sobre los pobladores de la zona ni los campos”.
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Fecha de Publicación: 03/04/2016
Fuente: Momarandú
Provincia/Región: Litoral
Así lo informó el director de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), Humberto Schiavoni, quien adelantó que la semana próxima se reunirá junto a otros funcionarios con el Secretario de Energía Eléctrica de la Nación, Alejandro Sruoga para estudiar el impacto de la represa proyectada sobre el río Uruguay, entre las provincias argentinas de Corrientes y Misiones y el Estado brasileño de Río Grande del Sur.
“La construcción de represas nuevas todavía es un tema que no se ha tocado en el gobierno nacional”, adujo en entrevista con Misiones Cuatro. “Corpus (otra represa proyectada) tiene un plebiscito así que no se puede hacer”, agregó.
“Con respecto a Garabí, estamos convocados a una reunión la semana que viene y hay un conjunto de cosas para analizar. Hay que conocer el proyecto y ver cuáles son las medidas medioambientales”, adelantó Schiavoni, en referencia al encuentro que mantendrá en Buenos Aires con el secretario de Energía.
Asimismo, expresó que “la Argentina necesita más energía” y en ese sentido opinó: “todas las obras que aumenten la generación de energía son importantes, pero hay que tener cuidado de que no tenga impacto negativo sobre los pobladores de la zona ni los campos”.
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Necochea: vecinos buscan evitar tala indiscriminada
Vecinos buscan evitar que se tale en forma indiscriminada
Fecha de Publicación: 03/04/2016
Fuente: Ecos Diarios de Necochea
Provincia/Región: Buenos Aires
Vecinos del barrio Villa del Deportista buscan que esta zona sea declarada como paisaje protegido para evitar las talas indiscriminadas de los pinos originales del loteo que se hizo en el lugar allá por la década del 50.
Estas inquietudes fueron planteadas a los concejales de los distintos bloques en el marco de la comisión del Medio Ambiente del Concejo Deliberante. También se señaló la necesidad de contar con mayor presencia policial y de que se tenga en cuenta el barrio para un nuevo código de edificación.
En la oportunidad, se aprovechó para solicitar una audiencia con el secretario de Obras Públicas, Ricardo Asiaín, para pedir la realización de obras a fin de mejorar el sector.
Expedientes
Desde 2011 la comisión viene presentando expedientes para que se considere paisaje protegido al barrio y evitar la tala indiscriminada en los lotes privados de los pinos añosos de más de 50 años.
Sin embargo, los vecinos saben que es muy difícil y complicado el tema, más en los lotes de privados.
Destacan además que por más que se reforeste se busca una normativa que cuide esos árboles que no se pueden recuperar.
"La idea es cuidar el lugar forestado como está y que también se reforeste”, dijo el presidente de la entidad vecinal, Julio Iglesias.
También observan que si hay que cortar algún árbol para la construcción que se reforeste para no perder la esencia del barrio.
Pero más allá de la reforestación o el reemplazo de especies arbóreas, los vecinos buscan que para evitar la tala en los terrenos privados no se construya de alto. Algo que en el barrio no era muy común pero que, con el impulso de la construcción, se ha visto potenciado.
En alto
El caso extremo es de un edificio entre los árboles ubicado a metros de las avenida 10.
La falta de control de la construcción por parte del municipio ha sido una constante en estos años, donde se han registrado edificaciones de chapa, madera, vidrio y hasta barro en los últimos años.
Iglesias consideró complejo de controlar el tema de la tala de los árboles en los predios privados.
No obstante, apuestan a que se contemple en el nuevo código de edificación para la zona el tema de la prohibición de la construcción en altura para que no se pierda la belleza del paisaje
Asimismo, entre las propuestas a implementar figura el del cerco vivo y no los paredones de cemento u otro material para evitar la contaminación visual.
Plaza
Por otra parte, la entidad vecinalista considera que se ha ampliado notablemente la cantidad de habitantes en el barrio y también se han expandido sus límites geográficos desde calle 123 a 173 aproximadamente, incorporando nuevas manzanas pobladas.
En tanto, en la plaza -ubicada en calle 46 y calle 143 bis- la junta vecinal organiza las reuniones para tomar mate y donde se hacen espectáculos los fines de semana.
La reunión de la comisión de Medio Ambiente del Concejo Deliberante que, presidida por la concejala María Eugenia Ruiz y estuvieron presentes todos los ediles.
La asociación vecinal de la Villa del Deportista solicitó a la comisión del Concejo Deliberante la intervención legislativa para evitar la tala indiscriminada de árboles añejos, la regulación de las construcciones y la protección del medio ambiente. ///
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Fecha de Publicación: 03/04/2016
Fuente: Ecos Diarios de Necochea
Provincia/Región: Buenos Aires
Vecinos del barrio Villa del Deportista buscan que esta zona sea declarada como paisaje protegido para evitar las talas indiscriminadas de los pinos originales del loteo que se hizo en el lugar allá por la década del 50.
Estas inquietudes fueron planteadas a los concejales de los distintos bloques en el marco de la comisión del Medio Ambiente del Concejo Deliberante. También se señaló la necesidad de contar con mayor presencia policial y de que se tenga en cuenta el barrio para un nuevo código de edificación.
En la oportunidad, se aprovechó para solicitar una audiencia con el secretario de Obras Públicas, Ricardo Asiaín, para pedir la realización de obras a fin de mejorar el sector.
Expedientes
Desde 2011 la comisión viene presentando expedientes para que se considere paisaje protegido al barrio y evitar la tala indiscriminada en los lotes privados de los pinos añosos de más de 50 años.
Sin embargo, los vecinos saben que es muy difícil y complicado el tema, más en los lotes de privados.
Destacan además que por más que se reforeste se busca una normativa que cuide esos árboles que no se pueden recuperar.
"La idea es cuidar el lugar forestado como está y que también se reforeste”, dijo el presidente de la entidad vecinal, Julio Iglesias.
También observan que si hay que cortar algún árbol para la construcción que se reforeste para no perder la esencia del barrio.
Pero más allá de la reforestación o el reemplazo de especies arbóreas, los vecinos buscan que para evitar la tala en los terrenos privados no se construya de alto. Algo que en el barrio no era muy común pero que, con el impulso de la construcción, se ha visto potenciado.
En alto
El caso extremo es de un edificio entre los árboles ubicado a metros de las avenida 10.
La falta de control de la construcción por parte del municipio ha sido una constante en estos años, donde se han registrado edificaciones de chapa, madera, vidrio y hasta barro en los últimos años.
Iglesias consideró complejo de controlar el tema de la tala de los árboles en los predios privados.
No obstante, apuestan a que se contemple en el nuevo código de edificación para la zona el tema de la prohibición de la construcción en altura para que no se pierda la belleza del paisaje
Asimismo, entre las propuestas a implementar figura el del cerco vivo y no los paredones de cemento u otro material para evitar la contaminación visual.
Plaza
Por otra parte, la entidad vecinalista considera que se ha ampliado notablemente la cantidad de habitantes en el barrio y también se han expandido sus límites geográficos desde calle 123 a 173 aproximadamente, incorporando nuevas manzanas pobladas.
En tanto, en la plaza -ubicada en calle 46 y calle 143 bis- la junta vecinal organiza las reuniones para tomar mate y donde se hacen espectáculos los fines de semana.
La reunión de la comisión de Medio Ambiente del Concejo Deliberante que, presidida por la concejala María Eugenia Ruiz y estuvieron presentes todos los ediles.
La asociación vecinal de la Villa del Deportista solicitó a la comisión del Concejo Deliberante la intervención legislativa para evitar la tala indiscriminada de árboles añejos, la regulación de las construcciones y la protección del medio ambiente. ///
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Increíble: Mendoza terceriza la definición sobre minería
El Gobierno mendocino contratará los servicios de una consultora para definir su política minera
Fecha de Publicación: 02/04/2016
Fuente: sanjuan8.com
Provincia/Región: Mendoza
El Estado provincial de Mendoza tiene en carpeta contratar los servicios de una consultora para "profesionalizar la discusión" y evaluar proyectos para definir la política minera que llevará adelante el gobernador Alfredo Cornejo. La iniciativa busca lograr un manejo de grupo para formar una mesa de consenso minero en la que se discutan los proyectos.
Durante la mañana del miércoles sectores vinculados a la actividad minera se manifestaron en Casa de Gobierno para pedirle a Cornejo lisa y llanamente "la reactivación de la industria". Esgrimieron que en la provincia hay aproximadamente 12 mil trabajadores mineros desocupados, y presentaron un petitorio.
"La gente no tiene trabajo hace mucho tiempo. Pedimos que concretamente nos digan cuál será la política minera de mendoza, necesitamos saber el estado real de los proyectos y actos concretos", sostuvo Carlos Ferrer, de la Cámara de Servicios Mineros. "Nos dicen que es una cuestión política, entonces queremos hablar con la política", agregó.
Entre los manifestantes, se encontraban quienes se quedaron sin trabajo tras la salida de la minera brasileña Vale del proyecto Potasio Río Colorado, en Malargüe.
Los trabajadores desempleados fueron atendidos en la vía pública por el subsecretario de Energía y Minería, Emilio Guiñazú, quien reiteró que el Ejecutivo quiere definir un plan de trabajo para el proyecto Potasio Río Colorado buscando nuevos inversores.
Sin embargo, en lo que se refiere a política minera, el funcionario indicó: "Contrataremos a una consultora para que se puedan delinear todos los aspectos y criterios a tener en cuenta para desarrollar una política minera".
Este servicio le saldrá al Gobierno al menos dos millones de pesos, según el mismo funcionario detalló. Luego agregó que los resultados de este estudio, "le permitirá al Gobierno profesionalizar la discusión para lograr a futuro una mesa de consenso".
"Esto es como empezar de cero, nos hemos puesto un plazo de seis meses", señaló Guiñazú. La idea de la gestión "es definir una política minera y estudiar cada proyecto para que cuando lleguen a la Legislatura sean sustentables en lo social, ambiental y en lo económico para la Provincia".
En tanto el ex miembro de la Red Ambientalista OIKOS y actual integrante de la Secretaría de Ambiente, Eduardo Sosa, detalló que la contratación de la consultora es para "elaborar una estrategia en torno al desarrollo de ciertas actividades mineras".
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Fecha de Publicación: 02/04/2016
Fuente: sanjuan8.com
Provincia/Región: Mendoza
El Estado provincial de Mendoza tiene en carpeta contratar los servicios de una consultora para "profesionalizar la discusión" y evaluar proyectos para definir la política minera que llevará adelante el gobernador Alfredo Cornejo. La iniciativa busca lograr un manejo de grupo para formar una mesa de consenso minero en la que se discutan los proyectos.
Durante la mañana del miércoles sectores vinculados a la actividad minera se manifestaron en Casa de Gobierno para pedirle a Cornejo lisa y llanamente "la reactivación de la industria". Esgrimieron que en la provincia hay aproximadamente 12 mil trabajadores mineros desocupados, y presentaron un petitorio.
"La gente no tiene trabajo hace mucho tiempo. Pedimos que concretamente nos digan cuál será la política minera de mendoza, necesitamos saber el estado real de los proyectos y actos concretos", sostuvo Carlos Ferrer, de la Cámara de Servicios Mineros. "Nos dicen que es una cuestión política, entonces queremos hablar con la política", agregó.
Entre los manifestantes, se encontraban quienes se quedaron sin trabajo tras la salida de la minera brasileña Vale del proyecto Potasio Río Colorado, en Malargüe.
Los trabajadores desempleados fueron atendidos en la vía pública por el subsecretario de Energía y Minería, Emilio Guiñazú, quien reiteró que el Ejecutivo quiere definir un plan de trabajo para el proyecto Potasio Río Colorado buscando nuevos inversores.
Sin embargo, en lo que se refiere a política minera, el funcionario indicó: "Contrataremos a una consultora para que se puedan delinear todos los aspectos y criterios a tener en cuenta para desarrollar una política minera".
Este servicio le saldrá al Gobierno al menos dos millones de pesos, según el mismo funcionario detalló. Luego agregó que los resultados de este estudio, "le permitirá al Gobierno profesionalizar la discusión para lograr a futuro una mesa de consenso".
"Esto es como empezar de cero, nos hemos puesto un plazo de seis meses", señaló Guiñazú. La idea de la gestión "es definir una política minera y estudiar cada proyecto para que cuando lleguen a la Legislatura sean sustentables en lo social, ambiental y en lo económico para la Provincia".
En tanto el ex miembro de la Red Ambientalista OIKOS y actual integrante de la Secretaría de Ambiente, Eduardo Sosa, detalló que la contratación de la consultora es para "elaborar una estrategia en torno al desarrollo de ciertas actividades mineras".
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Bariloche proyecta un parque por degradación ambiental
Buscan consensos para la creación de un Parque Central a raíz de alta degradación del medio ambiente en zona Oeste
Fecha de Publicación: 02/04/2016
Fuente: El Cordillerano
Provincia/Región: Río Negro
Se desarrolló este miércoles (30/3) una reunión en el Concejo Municipal donde se expuso el estado de avance del Parque Central (actualmente tierras del Ejército, del Centro Atómico y otras parcelas) de Bariloche. El proyecto presentado en la Legislatura es ambicioso, pero por el momento sólo se trata de conformar “una comisión” para avanzar “en un predio que puede cambiar la vida de los barilochenses”, dijo la legisladora Carreras.
La legisladora Arabela Carreras (Juntos Somos Río Negro) señaló las complejidades del proceso para la creación de un Parque Central en Bariloche. Los actores intervinientes son varios y por ello solicitó al Concejo que forme parte de una comisión que busque los acuerdos necesarios. “Tenemos un predio que puede cambiar la vida de los barilochenses y tiene que nacer con consenso de la comunidad”, evaluó. Es evidente que al existir distintas jurisdicciones, nacional, provincial y municipal, la tarea no será sencilla y -por lo menos- ponerse de acuerdo llevará un largo plazo.
La iniciativa de Carreras busca crear un área natural protegida de alrededor de 3.500 hectáreas en el oeste, para actividades de esparcimiento, deportivas, culturales, sociales, ecológicas y de investigación científica. El miércoles, invitada por el presidente del Concejo, Diego Benítez, concurrió al Concejo para informar el estado de avance del parque y tomar sugerencias de los ediles.
En los fundamentos del proyecto elevado al parlamento rionegrino, Carreras indicó que “la realidad actual de la zona dista mucho de ser la ideal, dado que se observan situaciones no deseadas tales como la existencia de basurales clandestinos en varios sitios, algunos produciendo contaminación en los cursos de agua, situaciones de inseguridad hacia las personas que transitan por el lugar, degradación sistemática de medio ambiente, con tala no autorizada del bosque nativo, extracción de áridos, realización de actividades de turismo de aventura sin adecuada fiscalización”. Dichos temas fueron debatidos por los concejales, en la reunión del miércoles, con la pertinente alarma, sobre todo por la falta de inspectores, guardaparques o guardafaunas, que cuiden el recurso.
Sostiene Carreras que existe una “generalizada voluntad de que el área no se fragmente”. Tampoco es la idea que la Nación traspase dichas tierras al ejido barilochense.
Existe allí un “gran potencial tanto en la extensión de dicho territorio, como en la variedad paisajística, con bajo grado de ocupación poblacional”. El marco es adecuado para un desarrollo urbano ideal ya que se debe contar con un 15 o 20% de espacios verdes.
En este sentido la ciudad de Bariloche muestra un déficit, puesto que contando plazas, parques y reservas, sólo se cuenta con 8% de espacios verdes en el ejido municipal y se deben lograr mayores lugares para el disfrute de la población.
Relató Carreras, que la propuesta surgió hace 8 años desde diversos sectores y organizaciones, y advirtió que se trata de una fracción amplia que no se encuentra toda en la misma situación legal: existen áreas en uso de la Escuela Militar de Montaña, del Centro Atómico y territorio de comunidades originarias.
Manifestó que mantuvo un encuentro con miembros de las comunidades mapuches para conversar la iniciativa y acercar posturas. E informó a los ediles su voluntad de crear una “comisión de consensos y planificación”, para “darle formalidad a la mesa” en la que estarían representados los Estados nacional, provincial y municipal, organizaciones ambientalistas, vecinos de la zona y las comunidades, si están interesadas en participar.
“Tenemos un predio que puede cambiar la vida de los barilochenses y tiene que nacer con consenso de la comunidad”, consideró la legisladora, invitando al Concejo Deliberante a analizar el proyecto y la posibilidad de formar parte de ese espacio.
Definen problemas
Peligro de incendios forestales. Deforestación (tala y extracción ilegal de madera). Desertificación, fragmentación y empobrecimiento de los ecosistemas. Pérdida de biodiversidad. Contaminación del suelo, basureros clandestinos. Pérdida de la calidad del paisaje. Introducción de especies exóticas. Extracción de áridos en cauces de arroyos. Uso no regulado de costas. Tránsito sin autorización de vehículos 4 x 4. Amenazas a la integridad física de las personas, delitos comunes. Cesión de tierras sin evaluación del área como unidad territorial.
Comisión a formar
La comisión a conformar estaría integrada por: dos representantes de la Nación. Uno de la Provincia de Río Negro. Un representante legislativo. Dos de la Municipalidad de Bariloche (con la presidencia de la Comisión). Un representante del Concejo Municipal. Uno de las Juntas Vecinales linderas. Uno de organizaciones ambientalistas e invitar a conformar “el equipo” a un representante de comunidades originarias.
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Fecha de Publicación: 02/04/2016
Fuente: El Cordillerano
Provincia/Región: Río Negro
Se desarrolló este miércoles (30/3) una reunión en el Concejo Municipal donde se expuso el estado de avance del Parque Central (actualmente tierras del Ejército, del Centro Atómico y otras parcelas) de Bariloche. El proyecto presentado en la Legislatura es ambicioso, pero por el momento sólo se trata de conformar “una comisión” para avanzar “en un predio que puede cambiar la vida de los barilochenses”, dijo la legisladora Carreras.
La legisladora Arabela Carreras (Juntos Somos Río Negro) señaló las complejidades del proceso para la creación de un Parque Central en Bariloche. Los actores intervinientes son varios y por ello solicitó al Concejo que forme parte de una comisión que busque los acuerdos necesarios. “Tenemos un predio que puede cambiar la vida de los barilochenses y tiene que nacer con consenso de la comunidad”, evaluó. Es evidente que al existir distintas jurisdicciones, nacional, provincial y municipal, la tarea no será sencilla y -por lo menos- ponerse de acuerdo llevará un largo plazo.
La iniciativa de Carreras busca crear un área natural protegida de alrededor de 3.500 hectáreas en el oeste, para actividades de esparcimiento, deportivas, culturales, sociales, ecológicas y de investigación científica. El miércoles, invitada por el presidente del Concejo, Diego Benítez, concurrió al Concejo para informar el estado de avance del parque y tomar sugerencias de los ediles.
En los fundamentos del proyecto elevado al parlamento rionegrino, Carreras indicó que “la realidad actual de la zona dista mucho de ser la ideal, dado que se observan situaciones no deseadas tales como la existencia de basurales clandestinos en varios sitios, algunos produciendo contaminación en los cursos de agua, situaciones de inseguridad hacia las personas que transitan por el lugar, degradación sistemática de medio ambiente, con tala no autorizada del bosque nativo, extracción de áridos, realización de actividades de turismo de aventura sin adecuada fiscalización”. Dichos temas fueron debatidos por los concejales, en la reunión del miércoles, con la pertinente alarma, sobre todo por la falta de inspectores, guardaparques o guardafaunas, que cuiden el recurso.
Sostiene Carreras que existe una “generalizada voluntad de que el área no se fragmente”. Tampoco es la idea que la Nación traspase dichas tierras al ejido barilochense.
Existe allí un “gran potencial tanto en la extensión de dicho territorio, como en la variedad paisajística, con bajo grado de ocupación poblacional”. El marco es adecuado para un desarrollo urbano ideal ya que se debe contar con un 15 o 20% de espacios verdes.
En este sentido la ciudad de Bariloche muestra un déficit, puesto que contando plazas, parques y reservas, sólo se cuenta con 8% de espacios verdes en el ejido municipal y se deben lograr mayores lugares para el disfrute de la población.
Relató Carreras, que la propuesta surgió hace 8 años desde diversos sectores y organizaciones, y advirtió que se trata de una fracción amplia que no se encuentra toda en la misma situación legal: existen áreas en uso de la Escuela Militar de Montaña, del Centro Atómico y territorio de comunidades originarias.
Manifestó que mantuvo un encuentro con miembros de las comunidades mapuches para conversar la iniciativa y acercar posturas. E informó a los ediles su voluntad de crear una “comisión de consensos y planificación”, para “darle formalidad a la mesa” en la que estarían representados los Estados nacional, provincial y municipal, organizaciones ambientalistas, vecinos de la zona y las comunidades, si están interesadas en participar.
“Tenemos un predio que puede cambiar la vida de los barilochenses y tiene que nacer con consenso de la comunidad”, consideró la legisladora, invitando al Concejo Deliberante a analizar el proyecto y la posibilidad de formar parte de ese espacio.
Definen problemas
Peligro de incendios forestales. Deforestación (tala y extracción ilegal de madera). Desertificación, fragmentación y empobrecimiento de los ecosistemas. Pérdida de biodiversidad. Contaminación del suelo, basureros clandestinos. Pérdida de la calidad del paisaje. Introducción de especies exóticas. Extracción de áridos en cauces de arroyos. Uso no regulado de costas. Tránsito sin autorización de vehículos 4 x 4. Amenazas a la integridad física de las personas, delitos comunes. Cesión de tierras sin evaluación del área como unidad territorial.
Comisión a formar
La comisión a conformar estaría integrada por: dos representantes de la Nación. Uno de la Provincia de Río Negro. Un representante legislativo. Dos de la Municipalidad de Bariloche (con la presidencia de la Comisión). Un representante del Concejo Municipal. Uno de las Juntas Vecinales linderas. Uno de organizaciones ambientalistas e invitar a conformar “el equipo” a un representante de comunidades originarias.
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Gualeguaychú organiza la 12º Marcha
La Asamblea de Gualeguaychú avanza en la organización de la 12º Marcha al Puente Internacional
Fecha de Publicación: 02/04/2016
Fuente: APFDigital
Provincia/Región: Entre Ríos
“Por nuestra vida, por el planeta, fuera Botnia” es el lema de la convocatoria organizada por la Asamblea Ciudadana Ambiental Gualeguaychú en protesta por la contaminación que provoca la pastera UPM Botnia, para la cual llegará un apoyo de la Municipalidad • Será el 24 de abril y, para avanzar en la organización, los asambleístas se reúne dos veces por semana • Este año el Municipio realizará un aporte económico para solventar algunos gastos
El domingo 24 de abril se realizará la 12ª Marcha al Puente Internacional, organizada por la Asamblea Ciudadana Ambiental Gualeguaychú en protesta por la contaminación que provoca la pastera UPM Botnia, para la cual llegará un apoyo de la Municipalidad.
Al respecto, el asambleísta Juan Veronesi dijo que “la organización de la marcha de este año está en pleno desarrollo” y agregó: “A partir de ahora ya efectuamos dos reuniones semanales, lunes y miércoles, ya que son muchas las tareas que hay que llevar a cabo”.
En tal sentido, convocó a todos aquellos que quieran sumarse al trabajo de la organización.
Veronesi reveló que la convocatoria de este año se llevará adelante bajo el lema “Por nuestra vida, por el planeta, fuera Botnia”.
Asimismo, Veronesi manifestó: “Ya hemos tenido varias reuniones con las autoridades municipales” e incluso se reunieron con el intendente Martín Piaggio y con el vice Jorge Maradey”.
“El viernes además tuvimos un encuentro con los responsables de las áreas municipales que son afectadas por la logística de la marcha, como Electrotécnia y Tránsito, por ejemplo”, añadió en declaraciones a Radio Máxima.
“Este año percibimos que hay un entusiasmo muy grande por parte del Gobierno municipal. El propio intendente Piaggio nos ha manifestado en reiteradas ocasiones que quiere estar al frente de la lucha medioambiental en general y en particular contra la presencia de UPM Botnia”, destacó.
En este marco, Veronesi reveló que este año el Municipio “realizará un aporte económico para la cobertura de una serie de gastos que demanda la organización de la Marcha al Puente Internacional”.
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Fecha de Publicación: 02/04/2016
Fuente: APFDigital
Provincia/Región: Entre Ríos
“Por nuestra vida, por el planeta, fuera Botnia” es el lema de la convocatoria organizada por la Asamblea Ciudadana Ambiental Gualeguaychú en protesta por la contaminación que provoca la pastera UPM Botnia, para la cual llegará un apoyo de la Municipalidad • Será el 24 de abril y, para avanzar en la organización, los asambleístas se reúne dos veces por semana • Este año el Municipio realizará un aporte económico para solventar algunos gastos
El domingo 24 de abril se realizará la 12ª Marcha al Puente Internacional, organizada por la Asamblea Ciudadana Ambiental Gualeguaychú en protesta por la contaminación que provoca la pastera UPM Botnia, para la cual llegará un apoyo de la Municipalidad.
Al respecto, el asambleísta Juan Veronesi dijo que “la organización de la marcha de este año está en pleno desarrollo” y agregó: “A partir de ahora ya efectuamos dos reuniones semanales, lunes y miércoles, ya que son muchas las tareas que hay que llevar a cabo”.
En tal sentido, convocó a todos aquellos que quieran sumarse al trabajo de la organización.
Veronesi reveló que la convocatoria de este año se llevará adelante bajo el lema “Por nuestra vida, por el planeta, fuera Botnia”.
Asimismo, Veronesi manifestó: “Ya hemos tenido varias reuniones con las autoridades municipales” e incluso se reunieron con el intendente Martín Piaggio y con el vice Jorge Maradey”.
“El viernes además tuvimos un encuentro con los responsables de las áreas municipales que son afectadas por la logística de la marcha, como Electrotécnia y Tránsito, por ejemplo”, añadió en declaraciones a Radio Máxima.
“Este año percibimos que hay un entusiasmo muy grande por parte del Gobierno municipal. El propio intendente Piaggio nos ha manifestado en reiteradas ocasiones que quiere estar al frente de la lucha medioambiental en general y en particular contra la presencia de UPM Botnia”, destacó.
En este marco, Veronesi reveló que este año el Municipio “realizará un aporte económico para la cobertura de una serie de gastos que demanda la organización de la Marcha al Puente Internacional”.
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