Científicos argentinos al Polo Norte
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Comienza una inédita misión de argentinos al Polo Norte
Fecha de Publicación: 28/03/2016
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Nacional
En una arriesgada misión, mañana partirá la primera expedición íntegramente argentina al Polo Norte. La iniciativa, impulsada y financiada por la Fundación Criteria con apoyo logístico del Ejército, buscará plantar bandera en el extremo del Artico para llevar un mensaje de alerta sobre el impacto del cambio climático en el mundo.
Pero, además, tendrá un objetivo científico: tomar una serie de muestras de hielo ártico como parte del desarrollo de estudios comparativos de contaminantes orgánicos e inorgánicos entre el Polo Norte y el Polo Sur, tarea que se realizará en conjunto con el Instituto Antártico Argentino.
La expedición Polo Norte 2016 está integrada por nueve argentinos con amplia experiencia en la montaña y en la Antártida, ocho expedicionarios propiamente dichos y un director que será el encargado de cuidar la misión desde una base cercana.
El grupo partirá mañana hacia Oslo vía Londres para finalmente llegar a Longyearbyen, en el archipiélago ártico de Svalbard (Noruega). Allí permanecerán cinco días en los que, además de probar las botas, esquíes y pesados trineos que utilizarán, deberán adaptarse al desafiante clima polar que enfrentarán en los días siguientes.
Una vez concluida esta etapa, a partir del 6 de abril, avanzarán 120 kilómetros desde la base Barneo (perteneciente a Rusia) para, finalmente, el día 14, plantar la bandera argentina en el extremo boreal del planeta. “Creemos que vamos a hacer marchas de seis a siete horas por día hasta llegar al Polo Norte. No sabemos la fecha exacta de llegada porque eso va a depender de las condiciones del clima y de las corrientes marinas”, explicó Santiago Tito, presidente de la Fundación Criteria e integrante de la expedición.
Los riesgos que deberán enfrentar son grandes. “El primer desafío son las muy bajas temperaturas (la mínima puede llegar a -70º), pero también las caídas al agua si la superficie glaciar se quiebra y, por último, algún problema físico. Pero estamos muy bien preparados. Estuvimos un año entrenando para este momento”, aseguró Tito.
El jefe de la expedición será el general Víctor Figueroa, ex director Antártico del Ejército y quien comandó la expedición al Polo Sur en 2000. Además, integrarán la patrulla Gustavo Curti, Ignacio Carro, Luis Cataldo, Emiliano Curti, Juan Pablo de la Rúa y Santiago Tito. Finalmente, también será parte de la expedición el fotógrafo Tomás Heinrich, el primer argentino que alcanzó la cumbre del Monte Everest, quien registrará el viaje y realizará un documental sobre la travesía.
“Poder participar de esta misión para todos nosotros es un orgullo, porque sentimos que estamos representando a los 40 millones de argentinos en una de las hazañas más importantes de los últimos años”, concluyó Tito.
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Fecha de Publicación: 28/03/2016
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Nacional
En una arriesgada misión, mañana partirá la primera expedición íntegramente argentina al Polo Norte. La iniciativa, impulsada y financiada por la Fundación Criteria con apoyo logístico del Ejército, buscará plantar bandera en el extremo del Artico para llevar un mensaje de alerta sobre el impacto del cambio climático en el mundo.
Pero, además, tendrá un objetivo científico: tomar una serie de muestras de hielo ártico como parte del desarrollo de estudios comparativos de contaminantes orgánicos e inorgánicos entre el Polo Norte y el Polo Sur, tarea que se realizará en conjunto con el Instituto Antártico Argentino.
La expedición Polo Norte 2016 está integrada por nueve argentinos con amplia experiencia en la montaña y en la Antártida, ocho expedicionarios propiamente dichos y un director que será el encargado de cuidar la misión desde una base cercana.
El grupo partirá mañana hacia Oslo vía Londres para finalmente llegar a Longyearbyen, en el archipiélago ártico de Svalbard (Noruega). Allí permanecerán cinco días en los que, además de probar las botas, esquíes y pesados trineos que utilizarán, deberán adaptarse al desafiante clima polar que enfrentarán en los días siguientes.
Una vez concluida esta etapa, a partir del 6 de abril, avanzarán 120 kilómetros desde la base Barneo (perteneciente a Rusia) para, finalmente, el día 14, plantar la bandera argentina en el extremo boreal del planeta. “Creemos que vamos a hacer marchas de seis a siete horas por día hasta llegar al Polo Norte. No sabemos la fecha exacta de llegada porque eso va a depender de las condiciones del clima y de las corrientes marinas”, explicó Santiago Tito, presidente de la Fundación Criteria e integrante de la expedición.
Los riesgos que deberán enfrentar son grandes. “El primer desafío son las muy bajas temperaturas (la mínima puede llegar a -70º), pero también las caídas al agua si la superficie glaciar se quiebra y, por último, algún problema físico. Pero estamos muy bien preparados. Estuvimos un año entrenando para este momento”, aseguró Tito.
El jefe de la expedición será el general Víctor Figueroa, ex director Antártico del Ejército y quien comandó la expedición al Polo Sur en 2000. Además, integrarán la patrulla Gustavo Curti, Ignacio Carro, Luis Cataldo, Emiliano Curti, Juan Pablo de la Rúa y Santiago Tito. Finalmente, también será parte de la expedición el fotógrafo Tomás Heinrich, el primer argentino que alcanzó la cumbre del Monte Everest, quien registrará el viaje y realizará un documental sobre la travesía.
“Poder participar de esta misión para todos nosotros es un orgullo, porque sentimos que estamos representando a los 40 millones de argentinos en una de las hazañas más importantes de los últimos años”, concluyó Tito.
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Fallo contra Monsanto por patentamiento de semillas
Transcendental fallo de la justicia argentina rechaza a Monsanto el pedido de patentamiento de semillas transgénicas
Fecha de Publicación: 28/03/2016
Fuente: naturalezadederechos.org
Provincia/Región: Nacional
La Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, con asiento en la ciudad de Buenos Aires, en una sentencia, notificada en el mes de Diciembre de 2015, rechazó la demanda iniciada por la multinacional biotecnológica Monsanto en la cual solicitaba el patentamiento de las semillas transgénicas que produce y la declaración de inconstitucionalidad del art. 6 del decreto reglamentario 260/96 que establece que no se considerará materia patentable a las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente biológicos.
El 8 de febrero de 1995 Monsanto presentó ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), organismo estatal encargado de registrar las patentes por invenciones con aplicación industrial, una solicitud de patente por la cual reivindicaba - según la empresa - tres inventos: a) un método para producir una planta transgénica; b) moléculas de ADN recombinante de doble cadena que habrían de ser incorporadas a las plantas para su transformación; y c) células vegetales modificadas por tales moléculas.
El INPI rechazó la solicitud de Monsanto por considerar que la misma era improcedente atento a que la molécula de ADN recombinante y las células modificadas no constituyen una invención porque son materia viva y preexistente en la naturaleza, o bien, "material biológico y genético o su réplica" tal como prevé la ley de patentes. Asimismo el INPI consideró que ese material genético tiene la aptitud de generar una planta completa, lo cual el decreto reglamentario 290/06 excluye expresamente la patentabilidad.
Ante la decisión administrativa, Monsanto en el año 2007 recurrió a la justicia federal solicitando la nulidad de la resolución administrativa del INPI y la declaración de inconstitucionalidad del art 6 del decreto reglamentario 290/06. En primera instancia la justicia fallo a favor de Monsanto, pero esa decisión judicial fue apelada por el INPI que motivó el fallo de la Cámara Federal en lo Civil y Comercial revocandola.
La Cámara fue contundente en el rechazo, señalando que la molécula de ADN recombinante, las células vegetales transformadas por ella y las plantas generadas a partir de estas últimas incluidas en la solicitud, es materia no incluida en el amparo que brinda el sistema de patentes, por no cumplir las previsiones establecidas en la ley.
El tribunal consideró que cualquier aporte técnico que se realice en el campo de la biotecnología y que tenga aplicación industrial no necesariamente es patentable, ya que la mera innovación no es equiparable a la inventiva, pues se nos presenta solo una una modificación de la materia ya existente en la naturaleza que no constituye creación humana alguna, requisito esencial para la procedencia del patentamiento previsto en la legislación.
En efecto, - cita la cámara- , la Ley de patentes 24.481 en su art. 4 establece que serán patentables las invenciones de productos o procedimientos, siempre que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial.
Se sostiene en la resolución judicial que las decisiones del INPI rechazando el pedio de patentes de Monsanto constituyen actos administrativos válidos, por lo que rechaza la impugnación de inconstitucionalidad y nulidad de la multinacional, ya que no advierte que se vulnere el principio establecido en el art. 31 de la Constitución nacional, toda vez que la norma cuya supremacía invoca la empresa -art. 27.3 del ADPIC- es la que, precisamente, permite el sistema de protección sui generis que se da con el cobro de un arancel previsto en la ley de patentes, sin exigir aquella que la innovación amparada de ese modo sea, al mismo tiempo, declarada patentable en la legislación interna del país miembro; y en lo que hace al derecho interno, ni el art. 17 de la CN. ni la Ley 24.481 autorizan a patentar el material incluido en la solicitud.
Con una claridad meridiana y en lo que hace el centro de la motivación del rechazo al pedido de patente de Monsanto, la cámara señala: que la interpretación armónica del art. 27.3.b del ADPIC y del art. 2.1. del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) aprobado en la República Argentina mediante la Ley 24.376, autoriza a sostener que el primer cuerpo normativo permite que los Estados Miembros adopten un sistema sui generis de protección de las obtenciones vegetales que los releva de incluirlas en el sistema de patentes, protección que se completa con la Ley 20.247 de Semillas y Creaciones Fitogenéticas y su dec. reglamentario nº 2183/91.
La sentencia ya fue apelada por Monsanto vía recurso extraordinario, pues al tratarse de una decisión de la ultima instancia ordinaria de la justicia en la que esta en juego la constitucionalidad de una norma, la misma es susceptible de ser recurrida ante la Corte Suprema de la Nación. Con ello se abre un nuevo marco de contienda, ya que seguramente muchas organizaciones, asambleas y colectivos que participan en varias campañas contra los proyectos de ley de semillas que procuran establecer el patentamiento que Monsanto busca por el camino judicial, estarán expectantes e interesadas de ser oídas por el máximo tribunal de la Nación, ya sea como amicus curiae o a través de la implementación de audiencias publicas,
Como bien se describiera en "La Argentina, segun Monsanto" las empresas agrobiotecnológicas encabezadas por Monsanto Argentina SAIC, han reclamado históricamente al Gobierno Argentino, el pago adicional de un canon por el uso de las semillas transgénicas que aquellas comercializan, alegando derechos de propiedad intelectual. Para la industria biotecnológica no alcanza el pago del arancel que la ley de semillas prevé, además - con Monsanto a la cabeza - reclama el pago de un canon adicional, en concepto de patente.
Por el momento, Monsanto ha encontrado un obstáculo válido y legal con este fallo coherente y criterioso de la justicia federal argentina, que se constituye quizás en uno de los antecedentes mundiales primigenios en rechazarle a la multinacional norteamericana su pretensión de patentamiento, vía judicial, de las semillas transgénicas. Lo cual es muy importante, resta ahora que sea confirmado por la Corte Suprema de la Nación, ámbito adonde se deberá focalizar la atención, sin perjuicio de seguir reclamando ante el poder político que el actual orden legal vigente en materia de semillas y patentes (que sostiene la decisión judicial) permanezca inmutable.
Texto de la sentencia
Fecha de Publicación: 28/03/2016
Fuente: naturalezadederechos.org
Provincia/Región: Nacional
La Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, con asiento en la ciudad de Buenos Aires, en una sentencia, notificada en el mes de Diciembre de 2015, rechazó la demanda iniciada por la multinacional biotecnológica Monsanto en la cual solicitaba el patentamiento de las semillas transgénicas que produce y la declaración de inconstitucionalidad del art. 6 del decreto reglamentario 260/96 que establece que no se considerará materia patentable a las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente biológicos.
El 8 de febrero de 1995 Monsanto presentó ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), organismo estatal encargado de registrar las patentes por invenciones con aplicación industrial, una solicitud de patente por la cual reivindicaba - según la empresa - tres inventos: a) un método para producir una planta transgénica; b) moléculas de ADN recombinante de doble cadena que habrían de ser incorporadas a las plantas para su transformación; y c) células vegetales modificadas por tales moléculas.
El INPI rechazó la solicitud de Monsanto por considerar que la misma era improcedente atento a que la molécula de ADN recombinante y las células modificadas no constituyen una invención porque son materia viva y preexistente en la naturaleza, o bien, "material biológico y genético o su réplica" tal como prevé la ley de patentes. Asimismo el INPI consideró que ese material genético tiene la aptitud de generar una planta completa, lo cual el decreto reglamentario 290/06 excluye expresamente la patentabilidad.
Ante la decisión administrativa, Monsanto en el año 2007 recurrió a la justicia federal solicitando la nulidad de la resolución administrativa del INPI y la declaración de inconstitucionalidad del art 6 del decreto reglamentario 290/06. En primera instancia la justicia fallo a favor de Monsanto, pero esa decisión judicial fue apelada por el INPI que motivó el fallo de la Cámara Federal en lo Civil y Comercial revocandola.
La Cámara fue contundente en el rechazo, señalando que la molécula de ADN recombinante, las células vegetales transformadas por ella y las plantas generadas a partir de estas últimas incluidas en la solicitud, es materia no incluida en el amparo que brinda el sistema de patentes, por no cumplir las previsiones establecidas en la ley.
El tribunal consideró que cualquier aporte técnico que se realice en el campo de la biotecnología y que tenga aplicación industrial no necesariamente es patentable, ya que la mera innovación no es equiparable a la inventiva, pues se nos presenta solo una una modificación de la materia ya existente en la naturaleza que no constituye creación humana alguna, requisito esencial para la procedencia del patentamiento previsto en la legislación.
En efecto, - cita la cámara- , la Ley de patentes 24.481 en su art. 4 establece que serán patentables las invenciones de productos o procedimientos, siempre que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial.
Se sostiene en la resolución judicial que las decisiones del INPI rechazando el pedio de patentes de Monsanto constituyen actos administrativos válidos, por lo que rechaza la impugnación de inconstitucionalidad y nulidad de la multinacional, ya que no advierte que se vulnere el principio establecido en el art. 31 de la Constitución nacional, toda vez que la norma cuya supremacía invoca la empresa -art. 27.3 del ADPIC- es la que, precisamente, permite el sistema de protección sui generis que se da con el cobro de un arancel previsto en la ley de patentes, sin exigir aquella que la innovación amparada de ese modo sea, al mismo tiempo, declarada patentable en la legislación interna del país miembro; y en lo que hace al derecho interno, ni el art. 17 de la CN. ni la Ley 24.481 autorizan a patentar el material incluido en la solicitud.
Con una claridad meridiana y en lo que hace el centro de la motivación del rechazo al pedido de patente de Monsanto, la cámara señala: que la interpretación armónica del art. 27.3.b del ADPIC y del art. 2.1. del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) aprobado en la República Argentina mediante la Ley 24.376, autoriza a sostener que el primer cuerpo normativo permite que los Estados Miembros adopten un sistema sui generis de protección de las obtenciones vegetales que los releva de incluirlas en el sistema de patentes, protección que se completa con la Ley 20.247 de Semillas y Creaciones Fitogenéticas y su dec. reglamentario nº 2183/91.
La sentencia ya fue apelada por Monsanto vía recurso extraordinario, pues al tratarse de una decisión de la ultima instancia ordinaria de la justicia en la que esta en juego la constitucionalidad de una norma, la misma es susceptible de ser recurrida ante la Corte Suprema de la Nación. Con ello se abre un nuevo marco de contienda, ya que seguramente muchas organizaciones, asambleas y colectivos que participan en varias campañas contra los proyectos de ley de semillas que procuran establecer el patentamiento que Monsanto busca por el camino judicial, estarán expectantes e interesadas de ser oídas por el máximo tribunal de la Nación, ya sea como amicus curiae o a través de la implementación de audiencias publicas,
Como bien se describiera en "La Argentina, segun Monsanto" las empresas agrobiotecnológicas encabezadas por Monsanto Argentina SAIC, han reclamado históricamente al Gobierno Argentino, el pago adicional de un canon por el uso de las semillas transgénicas que aquellas comercializan, alegando derechos de propiedad intelectual. Para la industria biotecnológica no alcanza el pago del arancel que la ley de semillas prevé, además - con Monsanto a la cabeza - reclama el pago de un canon adicional, en concepto de patente.
Por el momento, Monsanto ha encontrado un obstáculo válido y legal con este fallo coherente y criterioso de la justicia federal argentina, que se constituye quizás en uno de los antecedentes mundiales primigenios en rechazarle a la multinacional norteamericana su pretensión de patentamiento, vía judicial, de las semillas transgénicas. Lo cual es muy importante, resta ahora que sea confirmado por la Corte Suprema de la Nación, ámbito adonde se deberá focalizar la atención, sin perjuicio de seguir reclamando ante el poder político que el actual orden legal vigente en materia de semillas y patentes (que sostiene la decisión judicial) permanezca inmutable.
Texto de la sentencia
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Conicet trabaja en cuantificar contaminantes emergentes
Nuevas técnicas para cuantificar contaminantes emergentes en muestras ambientales
Fecha de Publicación: 28/03/2016
Fuente: Agencia Fe
Provincia/Región: Nacional
Valeria Lozano y su directora Graciela Escandar, ambas investigadoras del CONICET y docentes de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas (UNR), llevan adelante en la Unidad de Química Analítica del Instituto de Química Rosario (IQUIR, CONICET-UNR) una investigación que incluye el desarrollo de nuevas técnicas para la cuantificación de contaminantes emergentes en muestras ambientales mediante espectroscopía de luminiscencia molecular. "Son fundamentalmente preocupantes los contaminantes emergentes pertenecientes al grupo de los fármacos", explicó Lozano. Según la investigadora, "los medicamentos consumidos a nivel mundial en forma frecuente como antibióticos y antiinflamatorios, o en forma continua por pacientes con enfermedades crónicas llegan a las aguas superficiales y subterráneas a través del vertido de desagües domésticos, hospitalarios y cloacales, o a través de descartes inadecuados, y no siempre ellos y/o sus metabolitos se eliminan correctamente en las plantas de tratamiento de aguas".
Un contaminante emergente es un compuesto orgánico o inorgánico que no integra naturalmente los ecosistemas, y que al estar disponible en el ambiente, aún en pequeñas cantidades, es capaz de producir efectos adversos a corto y largo plazo en los seres vivos.
"El agua, antes de ser potable pasa por un tratamiento y control, pero dado que los contaminantes emergentes no están considerados por las regulaciones existentes que controlan la calidad del agua, sus residuos pueden potencialmente ingresar a la población a través del consumo de dichas aguas, con el consecuente riesgo para la salud. Esto indicaría la necesidad de desarrollar nuevos métodos científicos favorables para su rápida detección y cuantificación", agregó la investigadora.
Trabajo actual
Uno de los trabajos que están desarrollando Lozano y Escandar involucra el estudio de un nuevo método para la determinación de fármacos prescriptos en enfermedades crónicas, tales como carbamazepina (un anticonvulsionante usado a nivel mundial en cantidades del orden de toneladas por año), ofloxacina (antibacteriano de amplio espectro indicado para infecciones de los tractos urinario y respiratorio, que presenta además importante uso veterinario), y piroxicam (analgésico indicado para el alivio de los síntomas de dolor odontológico, artritis y artrosis, entre otros).
"Como no existe regulación que monitoree la presencia de estos compuestos en el medio ambiente, buscamos que nuestras técnicas logren su cuantificación a niveles de concentración muy bajos. Aunque un contaminante se encuentre presente en aguas a nivel de vestigios, puede producir efectos nocivos en los seres vivos que la consumen diariamente durante muchos años", indicó Lozano.
Para realizar los estudios, las investigadoras utilizaron muestras del río Paraná, aguas subterráneas de pozo y agua potable de la ciudad de Rosario y sus alrededores, y muestras de agua de Santa Rosa (La Pampa), lugar de origen de Lozano. Si bien hay evidencia científica del hallazgo de dichos fármacos en muestras ambientales y de consumo de Estados Unidos, China y Europa, hasta el momento, las científicas no han encontrado los contaminantes evaluados en las muestras analizadas.
Detección que cuida el ambiente
Las investigadoras desarrollaron métodos analíticos de fluorescencia y fluorescencia fotoinducida en combinación con algoritmos quimiométricos, que permiten analizar contaminantes en muestras ambientales y que cumplen con los principios de la Química Analítica Verde; es decir, se promueve instaurar técnicas analíticas que sean amigables con el medio ambiente, lo cual se logra reduciendo los volúmenes de desechos químicos, evitando el uso de grandes cantidades de solventes orgánicos o reactivos tóxicos, y consumiendo poca energía mediante métodos rápidos que permiten el procesamiento de aproximadamente 6-8 muestras por hora.
El tratamiento de los datos se lleva a cabo mediante un procesamiento quimiométrico, que utiliza estadística y matemática para resolver casos complejos de la química. Esta herramienta tiene como ventajas su bajo costo y la posibilidad de proporcionar información de alta calidad. "La quimiometría permite determinar varios compuestos simultáneamente en muestras complejas, como lo son las muestras ambientales, sin la necesidad de separarlos previamente. Con la quimiometría se gana mucho tiempo porque se puede optimizar el número de experimentos; además, dado el diseño de los métodos, se ahorra en el uso de solventes orgánicos tóxicos", concluyó Lozano.
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Fecha de Publicación: 28/03/2016
Fuente: Agencia Fe
Provincia/Región: Nacional
Valeria Lozano y su directora Graciela Escandar, ambas investigadoras del CONICET y docentes de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas (UNR), llevan adelante en la Unidad de Química Analítica del Instituto de Química Rosario (IQUIR, CONICET-UNR) una investigación que incluye el desarrollo de nuevas técnicas para la cuantificación de contaminantes emergentes en muestras ambientales mediante espectroscopía de luminiscencia molecular. "Son fundamentalmente preocupantes los contaminantes emergentes pertenecientes al grupo de los fármacos", explicó Lozano. Según la investigadora, "los medicamentos consumidos a nivel mundial en forma frecuente como antibióticos y antiinflamatorios, o en forma continua por pacientes con enfermedades crónicas llegan a las aguas superficiales y subterráneas a través del vertido de desagües domésticos, hospitalarios y cloacales, o a través de descartes inadecuados, y no siempre ellos y/o sus metabolitos se eliminan correctamente en las plantas de tratamiento de aguas".
Un contaminante emergente es un compuesto orgánico o inorgánico que no integra naturalmente los ecosistemas, y que al estar disponible en el ambiente, aún en pequeñas cantidades, es capaz de producir efectos adversos a corto y largo plazo en los seres vivos.
"El agua, antes de ser potable pasa por un tratamiento y control, pero dado que los contaminantes emergentes no están considerados por las regulaciones existentes que controlan la calidad del agua, sus residuos pueden potencialmente ingresar a la población a través del consumo de dichas aguas, con el consecuente riesgo para la salud. Esto indicaría la necesidad de desarrollar nuevos métodos científicos favorables para su rápida detección y cuantificación", agregó la investigadora.
Trabajo actual
Uno de los trabajos que están desarrollando Lozano y Escandar involucra el estudio de un nuevo método para la determinación de fármacos prescriptos en enfermedades crónicas, tales como carbamazepina (un anticonvulsionante usado a nivel mundial en cantidades del orden de toneladas por año), ofloxacina (antibacteriano de amplio espectro indicado para infecciones de los tractos urinario y respiratorio, que presenta además importante uso veterinario), y piroxicam (analgésico indicado para el alivio de los síntomas de dolor odontológico, artritis y artrosis, entre otros).
"Como no existe regulación que monitoree la presencia de estos compuestos en el medio ambiente, buscamos que nuestras técnicas logren su cuantificación a niveles de concentración muy bajos. Aunque un contaminante se encuentre presente en aguas a nivel de vestigios, puede producir efectos nocivos en los seres vivos que la consumen diariamente durante muchos años", indicó Lozano.
Para realizar los estudios, las investigadoras utilizaron muestras del río Paraná, aguas subterráneas de pozo y agua potable de la ciudad de Rosario y sus alrededores, y muestras de agua de Santa Rosa (La Pampa), lugar de origen de Lozano. Si bien hay evidencia científica del hallazgo de dichos fármacos en muestras ambientales y de consumo de Estados Unidos, China y Europa, hasta el momento, las científicas no han encontrado los contaminantes evaluados en las muestras analizadas.
Detección que cuida el ambiente
Las investigadoras desarrollaron métodos analíticos de fluorescencia y fluorescencia fotoinducida en combinación con algoritmos quimiométricos, que permiten analizar contaminantes en muestras ambientales y que cumplen con los principios de la Química Analítica Verde; es decir, se promueve instaurar técnicas analíticas que sean amigables con el medio ambiente, lo cual se logra reduciendo los volúmenes de desechos químicos, evitando el uso de grandes cantidades de solventes orgánicos o reactivos tóxicos, y consumiendo poca energía mediante métodos rápidos que permiten el procesamiento de aproximadamente 6-8 muestras por hora.
El tratamiento de los datos se lleva a cabo mediante un procesamiento quimiométrico, que utiliza estadística y matemática para resolver casos complejos de la química. Esta herramienta tiene como ventajas su bajo costo y la posibilidad de proporcionar información de alta calidad. "La quimiometría permite determinar varios compuestos simultáneamente en muestras complejas, como lo son las muestras ambientales, sin la necesidad de separarlos previamente. Con la quimiometría se gana mucho tiempo porque se puede optimizar el número de experimentos; además, dado el diseño de los métodos, se ahorra en el uso de solventes orgánicos tóxicos", concluyó Lozano.
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¿Una comisión para investigar cómo funciona la Barrick?
Crearán una comisión para investigar cómo funciona la Barrick Gold
Fecha de Publicación: 27/03/2016
Fuente: Minuto Uno
Provincia/Región: Nacional
El juez federal Sebastián Casanello ordenó la creación de una comisión de expertos de varios ministerios nacionales para que establezca definitivamente y en un plazo de 20 días bajo qué condiciones está funcionando el establecimiento minero Barrick Gold y si las mismas son las adecuadas "para neutralizar de modo absoluto los riesgos asociados a la actividad".
Los funcionarios de los distintos ministerios designados deberán además presentarse el 29 de marzo en el juzgado para informar sobre los expertos que visitarán la mina y ultimar los detalles de la misma.
Así lo dispuso el juez en el marco de un pedido de medida cautelar para el cierre preventivo del establecimiento minero "Barrick Gold", ubicado en Veladero, provincia de San Juan
Como querellante, la asamblea "Jachal no se toca", basó su petición de cierre en que la empresa no había actuado conforme el plan de contingencia previsto en su informe de impacto ambiental, "lo cual podría haber contaminado el agua y los alimentos que consumen las poblaciones cercanas a la zona del derrame".
En la comisión tendrán participación la asamblea "Jáchal no se toca" y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas de la Patagonia, y la coordinación del Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina. (PFA).
En la causa principal, el juez días atrás requirió un informe a la Facultad de Medicina de la UBA para determinar si el derrame de cianuro en la planta de Barrick Gold provocó afecciones a la salud de los vecinos del lugar
Ahora, en una nueva resolución, Casanello dispuso, en los términos del artículo 4° de la ley general de ambiente, la formación de una comisión de expertos de varios ministerios nacionales para determinar cómo está funcionando la Barrick Gold.
El juez quiere saber si las condiciones "son las adecuadas para neutralizar de modo absoluto los riesgos asociados a la actividad.
La medida ordenada consistirá en formar una comisión de expertos a fin de que se constituya en la mina y detalle paso a paso "el procedimiento de pila de lixiviación que efectúa la empresa para la extracción de oro -y demás metales- mediante el uso de cianuro".
También que "indique si encuentra fallas en el mismo que podrían generar un daño ambiental y/o la filtración de solución cianurada al río Potrerillos; enumere y describa las medidas adoptadas y toda modificación realizada por la empresa a partir del derrame ocurrido, entre otras medidas técnicas.
Dicha información deberá ser recolectada "en un plazo improrrogable de 20 días corridos, desde la formación de la comisión", advirtió el juez.
La comisión deberá estar integrada por personal idóneo de la Secretaría de Control y Monitoreo Ambiental del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, personal idóneo de la Secretaría de Minería del Ministerio de Energía y Minería Nación y personal idóneo de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda y coordinada por la División Operaciones del Departamento de Delitos Ambientales de la PFA, quien deberá encargarse de la confección de las actas correspondientes y de tomar registros fílmicos y fotográficos de la integralidad visita".
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Fecha de Publicación: 27/03/2016
Fuente: Minuto Uno
Provincia/Región: Nacional
El juez federal Sebastián Casanello ordenó la creación de una comisión de expertos de varios ministerios nacionales para que establezca definitivamente y en un plazo de 20 días bajo qué condiciones está funcionando el establecimiento minero Barrick Gold y si las mismas son las adecuadas "para neutralizar de modo absoluto los riesgos asociados a la actividad".
Los funcionarios de los distintos ministerios designados deberán además presentarse el 29 de marzo en el juzgado para informar sobre los expertos que visitarán la mina y ultimar los detalles de la misma.
Así lo dispuso el juez en el marco de un pedido de medida cautelar para el cierre preventivo del establecimiento minero "Barrick Gold", ubicado en Veladero, provincia de San Juan
Como querellante, la asamblea "Jachal no se toca", basó su petición de cierre en que la empresa no había actuado conforme el plan de contingencia previsto en su informe de impacto ambiental, "lo cual podría haber contaminado el agua y los alimentos que consumen las poblaciones cercanas a la zona del derrame".
En la comisión tendrán participación la asamblea "Jáchal no se toca" y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas de la Patagonia, y la coordinación del Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina. (PFA).
En la causa principal, el juez días atrás requirió un informe a la Facultad de Medicina de la UBA para determinar si el derrame de cianuro en la planta de Barrick Gold provocó afecciones a la salud de los vecinos del lugar
Ahora, en una nueva resolución, Casanello dispuso, en los términos del artículo 4° de la ley general de ambiente, la formación de una comisión de expertos de varios ministerios nacionales para determinar cómo está funcionando la Barrick Gold.
El juez quiere saber si las condiciones "son las adecuadas para neutralizar de modo absoluto los riesgos asociados a la actividad.
La medida ordenada consistirá en formar una comisión de expertos a fin de que se constituya en la mina y detalle paso a paso "el procedimiento de pila de lixiviación que efectúa la empresa para la extracción de oro -y demás metales- mediante el uso de cianuro".
También que "indique si encuentra fallas en el mismo que podrían generar un daño ambiental y/o la filtración de solución cianurada al río Potrerillos; enumere y describa las medidas adoptadas y toda modificación realizada por la empresa a partir del derrame ocurrido, entre otras medidas técnicas.
Dicha información deberá ser recolectada "en un plazo improrrogable de 20 días corridos, desde la formación de la comisión", advirtió el juez.
La comisión deberá estar integrada por personal idóneo de la Secretaría de Control y Monitoreo Ambiental del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, personal idóneo de la Secretaría de Minería del Ministerio de Energía y Minería Nación y personal idóneo de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda y coordinada por la División Operaciones del Departamento de Delitos Ambientales de la PFA, quien deberá encargarse de la confección de las actas correspondientes y de tomar registros fílmicos y fotográficos de la integralidad visita".
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La Pampa sigue peleando por su Atuel
“Vulneran derechos”
Fecha de Publicación: 27/03/2016
Fuente: La Arena
Provincia/Región: La Pampa
El secretario de Recursos Hídricos de La Pampa, Javier Schlegel, reiteró ayer que las autoridades mendocinas “defienden lo indefendible” y que para ello plantean “argumentos irreales”, en referencia a la postura del gobierno cuyano sobre el río Atuel, cuyas aguas no ingresan a territorio pampeano por el uso abusivo y unilateral en territorio mendocino.
“Justificar el robo de un río debe ser extremadamente complicado, quizás por eso es que se escuchan voces mendocinas sosteniendo expresiones inverosímiles y poco reales”, sostuvo Schlegel en declaraciones a Télam. Lo hizo en respuesta a las declaraciones del fiscal de Estado mendocino, Fernando Simón, quien hace unos días minimizó la segunda demanda de La Pampa contra Mendoza por el corte del río afirmando que el planteo pampeano está más vinculado “a lo afectivo” que a lo razonable.
El secretario pampeano consideró que “siguen sorprendiendo las declaraciones en donde se defiende lo indefendible, utilizando argumentos irreales” y se preguntó “desde cuando los derechos de riego son más importantes que el derecho humano al agua, que es básico”.
“Estamos hablando que se vulneraron derechos que están escritos en cantidad de leyes internacionales, nacionales y hasta interprovinciales”, aseguró Schlegel. Si bien no las enumeró, a las legislaciones de carácter histórico -contempladas en el primer juicio-, en esta segunda demanda se incorporaron aquellas que promueven la defensa de los derechos humanos básicos, como es el caso del derecho al acceso al agua, la defensa del medio ambiente y el derecho social a gozar de un medio ambiente sano.
Segundo juicio.
En mayo de 2014, La Pampa demandó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación a Mendoza para que se declare el incumplimiento al fallo del máximo tribunal de 1987 que la obligaba a negociar y celebrar de buena fe convenios para regular el uso del agua del río Atuel, considerado “interprovincial”.
La Corte Suprema analizó la demanda y tras solicitar la opinión del Procurador General de la Nación, consideró que representaba un caso federal que por sus características correspondía a su jurisdicción. Definido ello analizó los argumentos fácticos y consideró que había elementos para abrir un juicio. Para esa fecha, la demanda comenzó a caminar.
Hasta ahora, el trámite ha avanzado en la presentación de pruebas y la respuesta por parte de Mendoza, respuesta fundada en -tal como ocurrió en el primer juicio- negar los hechos y acusar a La Pampa por las consecuencias ambientales, sociales, productivas y culturales sufridas en este sector del territorio.
Para los próximos meses se espera que la Corte convoque a las partes a una audiencia en la que cada una expondrá los argumentos con los cuales defiende su posición.
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Fecha de Publicación: 27/03/2016
Fuente: La Arena
Provincia/Región: La Pampa
El secretario de Recursos Hídricos de La Pampa, Javier Schlegel, reiteró ayer que las autoridades mendocinas “defienden lo indefendible” y que para ello plantean “argumentos irreales”, en referencia a la postura del gobierno cuyano sobre el río Atuel, cuyas aguas no ingresan a territorio pampeano por el uso abusivo y unilateral en territorio mendocino.
“Justificar el robo de un río debe ser extremadamente complicado, quizás por eso es que se escuchan voces mendocinas sosteniendo expresiones inverosímiles y poco reales”, sostuvo Schlegel en declaraciones a Télam. Lo hizo en respuesta a las declaraciones del fiscal de Estado mendocino, Fernando Simón, quien hace unos días minimizó la segunda demanda de La Pampa contra Mendoza por el corte del río afirmando que el planteo pampeano está más vinculado “a lo afectivo” que a lo razonable.
El secretario pampeano consideró que “siguen sorprendiendo las declaraciones en donde se defiende lo indefendible, utilizando argumentos irreales” y se preguntó “desde cuando los derechos de riego son más importantes que el derecho humano al agua, que es básico”.
“Estamos hablando que se vulneraron derechos que están escritos en cantidad de leyes internacionales, nacionales y hasta interprovinciales”, aseguró Schlegel. Si bien no las enumeró, a las legislaciones de carácter histórico -contempladas en el primer juicio-, en esta segunda demanda se incorporaron aquellas que promueven la defensa de los derechos humanos básicos, como es el caso del derecho al acceso al agua, la defensa del medio ambiente y el derecho social a gozar de un medio ambiente sano.
Segundo juicio.
En mayo de 2014, La Pampa demandó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación a Mendoza para que se declare el incumplimiento al fallo del máximo tribunal de 1987 que la obligaba a negociar y celebrar de buena fe convenios para regular el uso del agua del río Atuel, considerado “interprovincial”.
La Corte Suprema analizó la demanda y tras solicitar la opinión del Procurador General de la Nación, consideró que representaba un caso federal que por sus características correspondía a su jurisdicción. Definido ello analizó los argumentos fácticos y consideró que había elementos para abrir un juicio. Para esa fecha, la demanda comenzó a caminar.
Hasta ahora, el trámite ha avanzado en la presentación de pruebas y la respuesta por parte de Mendoza, respuesta fundada en -tal como ocurrió en el primer juicio- negar los hechos y acusar a La Pampa por las consecuencias ambientales, sociales, productivas y culturales sufridas en este sector del territorio.
Para los próximos meses se espera que la Corte convoque a las partes a una audiencia en la que cada una expondrá los argumentos con los cuales defiende su posición.
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Potasio Río Colorado podría reactivarse
Confirman que el proyecto minero Potasio Río Colorado en Mendoza podría reactivarse
Fecha de Publicación: 27/03/2016
Fuente: mendozaopina.com
Provincia/Región: Mendoza
Será cuando la brasileña Vale encuentre el socio que está buscando, según admitió Daniel Meilán, secretario de Minería de Argentina, a la agencia Reuters.
El suspendido proyecto de potasa Río Colorado que Vale tiene en Mendoza podría reactivarse cuando la empresa brasileña encuentre el socio que está buscando. Así lo admitió Daniel Meilán, secretario de Minería de Argentina, en una entrevista con Reuters.
En julio de 2012, la ex presidenta Cristina Fernández había anunciado la puesta en marcha de la mina de potasio Río Colorado, en Mendoza, un proyecto que describió como "estratégico" por su monto cercano a los u$s 6400 millones y el efecto multiplicador en los proveedores que iba a generar.
Sin embargo, en medio de una abrupta caída del precio de la potasa, Vale cerró en diciembre de 2012 la operación en Río Colorado, en donde antes de la paralización del proyecto, la empresa había invertido 2.200 millones de dólares.
El proyecto también se vio afetado por la inflación y el atraso cambiario. En ese momento había pedido al Gobierno un beneficio impositivo para compensar la suba de costos, que le fue rechazado.
"Vale nos ha comunicado en principio que ellos no están queriendo vender, sino están queriendo buscar algún socio. Y estamos acompañándolos. Estamos trabajando para que el proyecto cuanto antes se pueda poner en marcha", dijo Meilán.
Según la nota de Reuters, Vale había planeado alcanzar una producción de 4,3 millones de toneladas de potasa al año en la segunda fase del proyecto, pero decidió abandonarlo cuando la caída del precio del mineral se sumó a un alza de costos, escasos incentivos fiscales y los fuertes controles de cambio establecidos por el gobierno argentino de ese entonces.
Meilán señaló que, de concretarse los planes, Vale pasaría a ser un socio minoritario en el proyecto. En la actualidad, la firma brasileña es la mayor productora mundial de mineral de hierro. La potasa es una forma de potasio, uno de los tres principales nutrientes de plantas junto con el nitrógeno y el fósforo, que se usa principalmente como fertilizante.
Vale, la segunda mayor minera del mundo, dijo que ha completado el 45% del proyecto de Río Colorado, que consiste de una mina de potasa, 800 kilómetros de nuevas y mejoradas vías de tren y una terminal de carga de potasa en Bahía Blanca, una ciudad al sur de la provincia de Buenos Aires.
En medio de los cambios económicos que está aplicando el nuevo gobierno de Mauricio Macri que asumió en diciembre del año pasado para seducir a inversionistas, Argentina espera recibir inversiones en minería por entre u$s 15.000 millones y u$s 20.000 millones en los próximos 10 años, según Meilán.
Consultados por periodistas de Reuters, voceros de Vale prefirieron no realizar comentarios.
Como parte de las reformas del gobierno de Macri para atraer inversiones que reactiven la actividad, estancada tras años de fuertes regulaciones sobre la economía, Argentina eliminó en febrero los impuestos sobre las exportaciones mineras.
"Si gran parte de estos proyectos se cumplieran con lo que tenemos en etapa de factibilidad, estaríamos entre los u$s 15.000 millones y u$s 20.000 millones de inversión", calculó Meilán luego de participar en una de las más importantes ferias del sector en Canadá. "Estos son los proyectos que están en vías de concretarse o ya están en vías de factibilizarse, por lo tanto va camino a la puesta en marcha", agregó el funcionario.
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Fecha de Publicación: 27/03/2016
Fuente: mendozaopina.com
Provincia/Región: Mendoza
Será cuando la brasileña Vale encuentre el socio que está buscando, según admitió Daniel Meilán, secretario de Minería de Argentina, a la agencia Reuters.
El suspendido proyecto de potasa Río Colorado que Vale tiene en Mendoza podría reactivarse cuando la empresa brasileña encuentre el socio que está buscando. Así lo admitió Daniel Meilán, secretario de Minería de Argentina, en una entrevista con Reuters.
En julio de 2012, la ex presidenta Cristina Fernández había anunciado la puesta en marcha de la mina de potasio Río Colorado, en Mendoza, un proyecto que describió como "estratégico" por su monto cercano a los u$s 6400 millones y el efecto multiplicador en los proveedores que iba a generar.
Sin embargo, en medio de una abrupta caída del precio de la potasa, Vale cerró en diciembre de 2012 la operación en Río Colorado, en donde antes de la paralización del proyecto, la empresa había invertido 2.200 millones de dólares.
El proyecto también se vio afetado por la inflación y el atraso cambiario. En ese momento había pedido al Gobierno un beneficio impositivo para compensar la suba de costos, que le fue rechazado.
"Vale nos ha comunicado en principio que ellos no están queriendo vender, sino están queriendo buscar algún socio. Y estamos acompañándolos. Estamos trabajando para que el proyecto cuanto antes se pueda poner en marcha", dijo Meilán.
Según la nota de Reuters, Vale había planeado alcanzar una producción de 4,3 millones de toneladas de potasa al año en la segunda fase del proyecto, pero decidió abandonarlo cuando la caída del precio del mineral se sumó a un alza de costos, escasos incentivos fiscales y los fuertes controles de cambio establecidos por el gobierno argentino de ese entonces.
Meilán señaló que, de concretarse los planes, Vale pasaría a ser un socio minoritario en el proyecto. En la actualidad, la firma brasileña es la mayor productora mundial de mineral de hierro. La potasa es una forma de potasio, uno de los tres principales nutrientes de plantas junto con el nitrógeno y el fósforo, que se usa principalmente como fertilizante.
Vale, la segunda mayor minera del mundo, dijo que ha completado el 45% del proyecto de Río Colorado, que consiste de una mina de potasa, 800 kilómetros de nuevas y mejoradas vías de tren y una terminal de carga de potasa en Bahía Blanca, una ciudad al sur de la provincia de Buenos Aires.
En medio de los cambios económicos que está aplicando el nuevo gobierno de Mauricio Macri que asumió en diciembre del año pasado para seducir a inversionistas, Argentina espera recibir inversiones en minería por entre u$s 15.000 millones y u$s 20.000 millones en los próximos 10 años, según Meilán.
Consultados por periodistas de Reuters, voceros de Vale prefirieron no realizar comentarios.
Como parte de las reformas del gobierno de Macri para atraer inversiones que reactiven la actividad, estancada tras años de fuertes regulaciones sobre la economía, Argentina eliminó en febrero los impuestos sobre las exportaciones mineras.
"Si gran parte de estos proyectos se cumplieran con lo que tenemos en etapa de factibilidad, estaríamos entre los u$s 15.000 millones y u$s 20.000 millones de inversión", calculó Meilán luego de participar en una de las más importantes ferias del sector en Canadá. "Estos son los proyectos que están en vías de concretarse o ya están en vías de factibilizarse, por lo tanto va camino a la puesta en marcha", agregó el funcionario.
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Asambleas antimineras deliberan en Jáchal
Asambleas ciudadanas de todo el país deliberan en Jáchal las consecuencias de las actividades mineras
Fecha de Publicación: 26/03/2016
Fuente: Telam
Provincia/Región: Nacional - San Juan
La ciudad de Jáchal comenzó a recibir a los delegados de todo el país para iniciar un debate que se extenderá hasta el domingo. El encuentro promete un "productivo debate de los representantes de los colectivos ciudadanos que aportarán sus experiencias".
La ciudad de Jáchal, de unos 10.000 habitantes y ubicada a 170 kilómetros al norte de San Juan, "vive, desde hace seis meses, en permanente debate por el impacto del derrame", dijo Miriam Corso, una de las voceras de la Asamblea que comenzó a recibir a los delegados de todo el país para iniciar un debate que se extenderá hasta el domingo.
"Jáchal está muy atenta a los resultados del encuentro, porque el pueblo aguarda esperanzado que haya respuestas que hasta ahora no llegaron, a pesar de nuestra lucha de todos los días", dijo Corso quien aseguró que con este encuentro "recibimos el apoyo de nuestros hermanos de todo el país".
En la tarde de este jueves se realizó una presentación del encuentro, en el que se puso énfasis en que "en todo el país se profundiza el modelo extractivista, saqueador, represor y contaminante, como también son múltiples las luchas para frenar los negocios de transnacionales y empresas locales, y para construir alternativas".
Bajo el lema "Jáchal no se toca, Cierre, Remediación y Prohibición", el encuentro promete un "productivo debate de los representantes de los colectivos ciudadanos que aportarán sus experiencias" dijo Corso aunque no se descarta que otras temáticas ambientales como el fracking, el monocultivo, la mega minería y la problemática urbana, estén presentes durante las deliberaciones.
Estas asambleas nacieron en febrero de 2015 después que el gobierno sanjuanino anunció la intención de promover exploraciones para buscar uranio en la zona jachalera de La Ciénaga, y cobró mayor protagonismo con el derrame de cianuro en la mina Veladero.
Este hecho ya tiene a 9 ejecutivos de la mina imputados en la justicia de San Juan por el juez Pablo Oritja, y paralelamente se realizan investigaciones científicas ordenadas por el juez federal Sebastián Casanello en Buenos Aires.
El magistrado federal hizo lugar a un amparo y ordenó que la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires realice una pericia a los vecinos afectados para conocer qué consecuencias trajo en su salud el derrame de cianuro.
Casanello dispuso además la formación de una comisión de expertos de varios ministerios, organizaciones y fuerzas de seguridad para evaluar cómo funciona el emprendimiento de la minera Barrick Gold tras las denuncias por contaminación con cianuro.
Resolvió que en esa comisión participen instituciones públicas, integrantes de la asamblea “Jáchal no se toca” y de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas de la Patagonia, con la coordinación del Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina.
Los expertos deberán establecer definitivamente bajo qué condiciones está funcionando el establecimiento minero y si esas condiciones son las adecuadas para neutralizar de modo absoluto los riesgos asociados a la actividad.
Barrick Gold deberá afrontar ahora una demanda colectiva en Estados Unidos bajo la acusación de brindar "información falsa" sobre las razones que llevaron a frenar la explotación minera en Pascua Lama, situada en el límite entre la provincia de San Juan y Chile.
Del lado argentino, Pascua Lama se ubica en el departamento sanjuanino de Iglesia, afectado por el derrame de un millón de litros de líquidos cianurados en ríos de la provincia cuyana, producido el 13 de septiembre del año pasado en la mina Veladero.
Por otro lado, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman, adelantó que pedirá que se ejecute el seguro ambiental de 90 millones de pesos - monto que deberá ser desembolsados por la minera canadiense- por el impacto ambiental negativo que produjo el derrame.
Los participantes del encuentro de Asambleas asistieron hoy a una intervención artística coordinada por organizaciones de derechos humanos de Jáchal y luego marcharon por las calles de la ciudad, en reclamo de "cierre, remediación y prohibición" de la mega minería en la provincia cuyana.
Para mañana está revisto que deliberen las comisiones del encuentro, se realicen talleres y se escuchen charlas que continuarán el sábado, en el acampe de la plaza departamental mientras que el domingo se leerán las conclusiones y se cerrará en encuentro con un almuerzo.
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Fecha de Publicación: 26/03/2016
Fuente: Telam
Provincia/Región: Nacional - San Juan
La ciudad de Jáchal comenzó a recibir a los delegados de todo el país para iniciar un debate que se extenderá hasta el domingo. El encuentro promete un "productivo debate de los representantes de los colectivos ciudadanos que aportarán sus experiencias".
La ciudad de Jáchal, de unos 10.000 habitantes y ubicada a 170 kilómetros al norte de San Juan, "vive, desde hace seis meses, en permanente debate por el impacto del derrame", dijo Miriam Corso, una de las voceras de la Asamblea que comenzó a recibir a los delegados de todo el país para iniciar un debate que se extenderá hasta el domingo.
"Jáchal está muy atenta a los resultados del encuentro, porque el pueblo aguarda esperanzado que haya respuestas que hasta ahora no llegaron, a pesar de nuestra lucha de todos los días", dijo Corso quien aseguró que con este encuentro "recibimos el apoyo de nuestros hermanos de todo el país".
En la tarde de este jueves se realizó una presentación del encuentro, en el que se puso énfasis en que "en todo el país se profundiza el modelo extractivista, saqueador, represor y contaminante, como también son múltiples las luchas para frenar los negocios de transnacionales y empresas locales, y para construir alternativas".
Bajo el lema "Jáchal no se toca, Cierre, Remediación y Prohibición", el encuentro promete un "productivo debate de los representantes de los colectivos ciudadanos que aportarán sus experiencias" dijo Corso aunque no se descarta que otras temáticas ambientales como el fracking, el monocultivo, la mega minería y la problemática urbana, estén presentes durante las deliberaciones.
Estas asambleas nacieron en febrero de 2015 después que el gobierno sanjuanino anunció la intención de promover exploraciones para buscar uranio en la zona jachalera de La Ciénaga, y cobró mayor protagonismo con el derrame de cianuro en la mina Veladero.
Este hecho ya tiene a 9 ejecutivos de la mina imputados en la justicia de San Juan por el juez Pablo Oritja, y paralelamente se realizan investigaciones científicas ordenadas por el juez federal Sebastián Casanello en Buenos Aires.
El magistrado federal hizo lugar a un amparo y ordenó que la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires realice una pericia a los vecinos afectados para conocer qué consecuencias trajo en su salud el derrame de cianuro.
Casanello dispuso además la formación de una comisión de expertos de varios ministerios, organizaciones y fuerzas de seguridad para evaluar cómo funciona el emprendimiento de la minera Barrick Gold tras las denuncias por contaminación con cianuro.
Resolvió que en esa comisión participen instituciones públicas, integrantes de la asamblea “Jáchal no se toca” y de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas de la Patagonia, con la coordinación del Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina.
Los expertos deberán establecer definitivamente bajo qué condiciones está funcionando el establecimiento minero y si esas condiciones son las adecuadas para neutralizar de modo absoluto los riesgos asociados a la actividad.
Barrick Gold deberá afrontar ahora una demanda colectiva en Estados Unidos bajo la acusación de brindar "información falsa" sobre las razones que llevaron a frenar la explotación minera en Pascua Lama, situada en el límite entre la provincia de San Juan y Chile.
Del lado argentino, Pascua Lama se ubica en el departamento sanjuanino de Iglesia, afectado por el derrame de un millón de litros de líquidos cianurados en ríos de la provincia cuyana, producido el 13 de septiembre del año pasado en la mina Veladero.
Por otro lado, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman, adelantó que pedirá que se ejecute el seguro ambiental de 90 millones de pesos - monto que deberá ser desembolsados por la minera canadiense- por el impacto ambiental negativo que produjo el derrame.
Los participantes del encuentro de Asambleas asistieron hoy a una intervención artística coordinada por organizaciones de derechos humanos de Jáchal y luego marcharon por las calles de la ciudad, en reclamo de "cierre, remediación y prohibición" de la mega minería en la provincia cuyana.
Para mañana está revisto que deliberen las comisiones del encuentro, se realicen talleres y se escuchen charlas que continuarán el sábado, en el acampe de la plaza departamental mientras que el domingo se leerán las conclusiones y se cerrará en encuentro con un almuerzo.
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Controvertido zoo de Mendoza recibe especialistas
Especialistas en cuidado animal realizan auditoría en el zoológico de Mendoza
Fecha de Publicación: 26/03/2016
Fuente: Diario Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
El zoológico de Mendoza recibió a Lydia Lefebvre, quien es experta en osos en cautiverio y colaboradora de Else Poulsen, referente en esta área y presidente/fundadora de la organización sin fines de lucro The Bear Care Group (Grupo para el Cuidado de los Osos).
Poulsen ha colaborado desde el inicio de esta gestión con la directora del Zoológico, Mariana Caram, para mejorar el bienestar de todos los osos que se encuentran en cautiverio dentro del establecimiento provincial, en particular del oso polar Arturo. Para esto Poulsen envió a su colaboradora Lydia Lefebvre, quien cuenta con una amplia trayectoria en el cuidado de estos animales, para que lleve a cabo el informe solicitado por la secretaria.
Su tarea en el zoológico provincial será la de auditar el estado de salud del oso polar Arturo y de los once osos pardos que allí se encuentran.
Además hará hincapié en los procesos que se realizan en cuanto al mantenimiento de los recintos, la calidad de los mismos, la alimentación de los especímenes, enriquecimiento y otros aspectos preponderantes para asegurar y lograr la calidad de vida de estos animales.
El secretario de Ambiente, Humberto Mingorance, agregó que “esta evaluación es fundamental para conocer más sobre el estado de salud y cómo mejorar las condiciones de vida de los osos. Esto junto con el material correspondiente al estado de los recintos, permitirá la realización de un informe final a cargo de estos especialistas. Esta herramienta nos orientará a la hora de planificar las acciones a seguir para mejorar el bienestar de los osos”.
Por su parte, diputados integrantes de la comisión de Ambiente concurrieron al zoológico de Mendoza y se reunieron con la directora, Mariana Caram quien dio detalles de las necesidades de la institución y defendió la declaración de emergencia ambiental que permitiría reconducir partidas del presupuesto para mejoras en el predio.
“Necesitamos contar con partidas de dinero inmediatamente para hacer frente a situaciones críticas” expresó Caram y sumó que el zoológico “necesita recuperar la infraestructura desde lo más básico, desde el equipamiento hasta la mejora en las condiciones de trabajo de los trabajadores y la mejora de la calidad de vida de los animales y los recintos”.
La funcionaria añadió que “tenemos muy poco personal” y además que “necesitamos que se invierta lo que hace años no se invierte”.
“No tenemos los vehículos necesarios, no podemos enterrar animales muertos ni hacer la limpieza del guano”, dijo.
La emergencia en cuestión, dispuesta por el Ejecutivo, establece el adelanto de más de 2 millones de pesos que, según Caram, “forman parte del presupuesto normal del zoológico” pero podrían disponerse con anticipación si se formalizara la medida.
El titular de la comisión de Ambiente, José Muñoz (FPV) y los legisladores integrantes Gustavo Villegas (UCR), Héctor Fresina (PO), Macarena Escudero (PTS), Norberto González (FPV), Gladys Sánchez (UCR), Omar Sorroche (UCR) y Javier Molina (FPV) consultaron además por la situación específica de dos de los animales, la mona Cecilia y el oso Arturo.
Más tarde, los legisladores se reunieron con trabajadores de la entidad quienes coincidieron con la dirección en la falta de personal al tiempo que destacaron la labor, sobre todo con el oso Arturo, quien con 30 años, ha superado la expectativa de vida de su especie gracias al cuidado de quienes se desempeñan allí.
Según lo expresado por el titular de la comisión, “hay puntos en los que coincidimos la mayoría de los legisladores y vamos a tratar de priorizar el bienestar animal”.
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Fecha de Publicación: 26/03/2016
Fuente: Diario Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
El zoológico de Mendoza recibió a Lydia Lefebvre, quien es experta en osos en cautiverio y colaboradora de Else Poulsen, referente en esta área y presidente/fundadora de la organización sin fines de lucro The Bear Care Group (Grupo para el Cuidado de los Osos).
Poulsen ha colaborado desde el inicio de esta gestión con la directora del Zoológico, Mariana Caram, para mejorar el bienestar de todos los osos que se encuentran en cautiverio dentro del establecimiento provincial, en particular del oso polar Arturo. Para esto Poulsen envió a su colaboradora Lydia Lefebvre, quien cuenta con una amplia trayectoria en el cuidado de estos animales, para que lleve a cabo el informe solicitado por la secretaria.
Su tarea en el zoológico provincial será la de auditar el estado de salud del oso polar Arturo y de los once osos pardos que allí se encuentran.
Además hará hincapié en los procesos que se realizan en cuanto al mantenimiento de los recintos, la calidad de los mismos, la alimentación de los especímenes, enriquecimiento y otros aspectos preponderantes para asegurar y lograr la calidad de vida de estos animales.
El secretario de Ambiente, Humberto Mingorance, agregó que “esta evaluación es fundamental para conocer más sobre el estado de salud y cómo mejorar las condiciones de vida de los osos. Esto junto con el material correspondiente al estado de los recintos, permitirá la realización de un informe final a cargo de estos especialistas. Esta herramienta nos orientará a la hora de planificar las acciones a seguir para mejorar el bienestar de los osos”.
Por su parte, diputados integrantes de la comisión de Ambiente concurrieron al zoológico de Mendoza y se reunieron con la directora, Mariana Caram quien dio detalles de las necesidades de la institución y defendió la declaración de emergencia ambiental que permitiría reconducir partidas del presupuesto para mejoras en el predio.
“Necesitamos contar con partidas de dinero inmediatamente para hacer frente a situaciones críticas” expresó Caram y sumó que el zoológico “necesita recuperar la infraestructura desde lo más básico, desde el equipamiento hasta la mejora en las condiciones de trabajo de los trabajadores y la mejora de la calidad de vida de los animales y los recintos”.
La funcionaria añadió que “tenemos muy poco personal” y además que “necesitamos que se invierta lo que hace años no se invierte”.
“No tenemos los vehículos necesarios, no podemos enterrar animales muertos ni hacer la limpieza del guano”, dijo.
La emergencia en cuestión, dispuesta por el Ejecutivo, establece el adelanto de más de 2 millones de pesos que, según Caram, “forman parte del presupuesto normal del zoológico” pero podrían disponerse con anticipación si se formalizara la medida.
El titular de la comisión de Ambiente, José Muñoz (FPV) y los legisladores integrantes Gustavo Villegas (UCR), Héctor Fresina (PO), Macarena Escudero (PTS), Norberto González (FPV), Gladys Sánchez (UCR), Omar Sorroche (UCR) y Javier Molina (FPV) consultaron además por la situación específica de dos de los animales, la mona Cecilia y el oso Arturo.
Más tarde, los legisladores se reunieron con trabajadores de la entidad quienes coincidieron con la dirección en la falta de personal al tiempo que destacaron la labor, sobre todo con el oso Arturo, quien con 30 años, ha superado la expectativa de vida de su especie gracias al cuidado de quienes se desempeñan allí.
Según lo expresado por el titular de la comisión, “hay puntos en los que coincidimos la mayoría de los legisladores y vamos a tratar de priorizar el bienestar animal”.
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Tras emanaciones, Botnia-UPM podría ser sancionada
Sancionarían a Botnia-UPM por sus emanaciones
Fecha de Publicación: 26/03/2016
Fuente: El Entre Ríos
Provincia/Región: Entre Ríos
Luego de detectarse fuertes olores en Fray Bentos, la Dirección de Medio Ambiente uruguaya "constató" que provenían de la pastera y podrían tomar medidas.
La Directora de Medioambiente de la Intendencia uruguaya de Río Negro, María Amelia Cabrera, dijo que se recibieron diversas denuncias de vecinos afectados y que "en ese momento, la planta comunicó que había iniciado el proceso de vaciado de las piletas de efluentes".
Cabrera indicó que no siempre que se registran olores en la ciudad proceden desde UPM y que por tal motivo, se activa un protocolo para determinar la fuente de los mismos. La funcionaria expresó que técnicos de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA) realizaron una inspección y comprobaron que "los olores sí provenían desde la planta de celulosa".
Asimismo, Cabrera remarcó que UPM es pasible de una sanción por haber incumplido con la comunicación proactiva, al no dar aviso a tiempo sobre una actividad que puede generar emanaciones; haber dispuesto de lodos biológicos en el relleno industrial sin realizar la inertización prevista, entre otras cuestiones.
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Fecha de Publicación: 26/03/2016
Fuente: El Entre Ríos
Provincia/Región: Entre Ríos
Luego de detectarse fuertes olores en Fray Bentos, la Dirección de Medio Ambiente uruguaya "constató" que provenían de la pastera y podrían tomar medidas.
La Directora de Medioambiente de la Intendencia uruguaya de Río Negro, María Amelia Cabrera, dijo que se recibieron diversas denuncias de vecinos afectados y que "en ese momento, la planta comunicó que había iniciado el proceso de vaciado de las piletas de efluentes".
Cabrera indicó que no siempre que se registran olores en la ciudad proceden desde UPM y que por tal motivo, se activa un protocolo para determinar la fuente de los mismos. La funcionaria expresó que técnicos de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA) realizaron una inspección y comprobaron que "los olores sí provenían desde la planta de celulosa".
Asimismo, Cabrera remarcó que UPM es pasible de una sanción por haber incumplido con la comunicación proactiva, al no dar aviso a tiempo sobre una actividad que puede generar emanaciones; haber dispuesto de lodos biológicos en el relleno industrial sin realizar la inertización prevista, entre otras cuestiones.
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Siguen los controles a ingenios para preservar el Salí
Continúan los controles a ingenios para evitar la contaminación del Salí
Fecha de Publicación: 25/03/2016
Fuente: Primera Fuente
Provincia/Región: Tucumán - Santiago del Estero
Los esfuerzos tripartitos (Tucumán, Santiago del Estero y Nación) apuntan a la contención de vinazas, cenizas y la recuperación de los niveles de oxígeno en el agua.
Los controles permanentes, que realizan en conjunto la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia, el Ministerio de Ambiente de la Nación y la Defensoría del Pueblo de Santiago del Estero, se llevan adelante en el marco de la Ley 8.470, que obliga a la provincia a resolver la problemática ambiental que afecta a la Cuenca Salí-Dulce.
La normativa ordena a la provincia realizar obras y acciones, progresivas, programadas y fiscalizadas, con el objetivo de evitar el vuelco de efluentes líquidos industriales contaminantes en cuerpos de agua que desembocan en Embalse.
“El esfuerzo de inspección que se puso en marcha en el año 2015 sobre las empresas azucareras, alcoholeras, alimenticias, papelera, salinera, entre otras, se mantendrá en este año ya que los resultados han demostrado que la carga orgánica en el río Salí y tributarios ha disminuido notablemente”, explicó el ministro de Desarrollo Productivo, Juan Luis Fernández, al referirse al nuevo ciclo de fiscalización en empresas a partir de este año.
Por su parte, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Alfredo Montalván, informó que esta semana se sumarán a los controles autoridades y técnicos de la Secretaría de Ambiente de la Nación y de la Defensoría del Pueblo de Santiago del Estero. “Se va mantener este esquema para dar transparencia a las inspecciones y para que los informes que enviamos trimestralmente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación se encuentren avalados y validados por los intervinientes”, comentó.
Este sistema, según explicó el funcionario, permite la contención de vinazas, cenizas, la recuperación de los niveles de oxígeno en el agua, la ausencia de sólidos industriales en los cursos y también la ausencia de mortandad masiva de peces.
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Fecha de Publicación: 25/03/2016
Fuente: Primera Fuente
Provincia/Región: Tucumán - Santiago del Estero
Los esfuerzos tripartitos (Tucumán, Santiago del Estero y Nación) apuntan a la contención de vinazas, cenizas y la recuperación de los niveles de oxígeno en el agua.
Los controles permanentes, que realizan en conjunto la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia, el Ministerio de Ambiente de la Nación y la Defensoría del Pueblo de Santiago del Estero, se llevan adelante en el marco de la Ley 8.470, que obliga a la provincia a resolver la problemática ambiental que afecta a la Cuenca Salí-Dulce.
La normativa ordena a la provincia realizar obras y acciones, progresivas, programadas y fiscalizadas, con el objetivo de evitar el vuelco de efluentes líquidos industriales contaminantes en cuerpos de agua que desembocan en Embalse.
“El esfuerzo de inspección que se puso en marcha en el año 2015 sobre las empresas azucareras, alcoholeras, alimenticias, papelera, salinera, entre otras, se mantendrá en este año ya que los resultados han demostrado que la carga orgánica en el río Salí y tributarios ha disminuido notablemente”, explicó el ministro de Desarrollo Productivo, Juan Luis Fernández, al referirse al nuevo ciclo de fiscalización en empresas a partir de este año.
Por su parte, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Alfredo Montalván, informó que esta semana se sumarán a los controles autoridades y técnicos de la Secretaría de Ambiente de la Nación y de la Defensoría del Pueblo de Santiago del Estero. “Se va mantener este esquema para dar transparencia a las inspecciones y para que los informes que enviamos trimestralmente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación se encuentren avalados y validados por los intervinientes”, comentó.
Este sistema, según explicó el funcionario, permite la contención de vinazas, cenizas, la recuperación de los niveles de oxígeno en el agua, la ausencia de sólidos industriales en los cursos y también la ausencia de mortandad masiva de peces.
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Río Negro quiere su propia ley de cambio climático
Proponen una ley de cambio climático para Río Negro
Fecha de Publicación: 25/03/2016
Fuente: AND
Provincia/Región: Río Negro
El objetivo es regular la intervención provincial dirigida a reducir la emisión de gases de efecto invernadero.
“El cambio climático es una realidad que nos afecta a todos. El crecimiento del océano, el derretimiento de los hielos, la deforestación, la extinción de animales y la proliferación de enfermedades, no son casos ficticios y aislados. Son hechos reales que se relacionan”.
Las palabras pertenecen al legislador del bloque Juntos Somos Río Negro, Leandro Lescano, quien ingresó la propuesta de crear la Ley de Cambio Climático cuyo objeto sería la regulación de la intervención provincial dirigida a reducir la emisión de gases de efecto invernadero.
En los fundamentos, el autor aclara que “si bien no somos los mayores emisores de gases de efecto invernadero, a nivel mundial tenemos un compromiso institucional y generacional”. “Por ello -argumenta- es fundamental encarar acciones públicas de largo plazo que permitan establecer metas y trabajar con indicadores palpables”.
Lescano expone un amplio desarrollo de investigaciones que han arrojado resultados estremecedores sobre el un aumento precipitado e incontrolable de los principales gases contaminantes. Asimismo, cita los distintos protocolos, programas y convenciones que se han conformado para revertir o detener este fenómeno global.
“La provincia de Río Negro, por su parte, ha sancionado la Ley Provincial 4474 -Observatorio de Cambio Climático- y la Ley 4052 -Mecanismos para un Desarrollo Limpio creados en el Protocolo de Kioto-. Además, se ha creado el área de energía eólica que desarrolla la empresa INVAP SE, la Empresa de Energía Eólica creada por INVAP SE y Transcomahue, y las acciones realizadas por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable provincial en materia de desertificación”, consigna el texto presentado recientemente en la Legislatura.
“Para profundizar estos logros, es preciso una normativa provincial que avale las acciones, medidas y programas tendientes a combatir el cambio climático. De este modo, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable sería la autoridad de aplicación que, con el apoyo y la colaboración de todos los que se comprometan en esta causa, elaborará el plan de acción correspondiente”, resumió el legislador del oficialismo.
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Fecha de Publicación: 25/03/2016
Fuente: AND
Provincia/Región: Río Negro
El objetivo es regular la intervención provincial dirigida a reducir la emisión de gases de efecto invernadero.
“El cambio climático es una realidad que nos afecta a todos. El crecimiento del océano, el derretimiento de los hielos, la deforestación, la extinción de animales y la proliferación de enfermedades, no son casos ficticios y aislados. Son hechos reales que se relacionan”.
Las palabras pertenecen al legislador del bloque Juntos Somos Río Negro, Leandro Lescano, quien ingresó la propuesta de crear la Ley de Cambio Climático cuyo objeto sería la regulación de la intervención provincial dirigida a reducir la emisión de gases de efecto invernadero.
En los fundamentos, el autor aclara que “si bien no somos los mayores emisores de gases de efecto invernadero, a nivel mundial tenemos un compromiso institucional y generacional”. “Por ello -argumenta- es fundamental encarar acciones públicas de largo plazo que permitan establecer metas y trabajar con indicadores palpables”.
Lescano expone un amplio desarrollo de investigaciones que han arrojado resultados estremecedores sobre el un aumento precipitado e incontrolable de los principales gases contaminantes. Asimismo, cita los distintos protocolos, programas y convenciones que se han conformado para revertir o detener este fenómeno global.
“La provincia de Río Negro, por su parte, ha sancionado la Ley Provincial 4474 -Observatorio de Cambio Climático- y la Ley 4052 -Mecanismos para un Desarrollo Limpio creados en el Protocolo de Kioto-. Además, se ha creado el área de energía eólica que desarrolla la empresa INVAP SE, la Empresa de Energía Eólica creada por INVAP SE y Transcomahue, y las acciones realizadas por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable provincial en materia de desertificación”, consigna el texto presentado recientemente en la Legislatura.
“Para profundizar estos logros, es preciso una normativa provincial que avale las acciones, medidas y programas tendientes a combatir el cambio climático. De este modo, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable sería la autoridad de aplicación que, con el apoyo y la colaboración de todos los que se comprometan en esta causa, elaborará el plan de acción correspondiente”, resumió el legislador del oficialismo.
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Entre Ríos: analizarán regular fitosanitarios una vez más
El martes vuelve a tratarse el proyecto de ley de agroquímicos
Fecha de Publicación: 25/03/2016
Fuente: Diario El Argentino
Provincia/Región: Entre Ríos
Diputados comenzará a analizar en la Comisión de Tierras, Recursos Naturales y Ambiente, el proyecto con media sanción del Senado para regular el uso de agroquímicos en Entre Ríos.
Se trata del proyecto con media sanción del exlegislador de Islas, César Melchiori, el cual había generado el rechazo de profesionales y agricultores a raíz de las distancias de fumigación establecidas en el texto.
La comisión se reunirá el próximo martes para lo cual invitó a funcionarios de Producción, Salud y Ambiente para que expongan sobre la ley de Plaguicidas vigente.
El encuentro está previsto para las 10 y será encabezado por la titular del cuerpo que según pudo saber esta Agencia, es la representante de Cambiemos Gabriela Lena, oriunda de Chajarí.
Distancias
El proyecto del exsenador César Melchiori prohíbe las pulverizaciones aéreas “cualquiera sea el producto activo o formulado” pero aclara que “sólo podrán autorizarse, excepcionalmente, pulverizaciones aéreas en casos especiales cuando no exista ninguna alternativa viable”; en tanto fija una restricción de mil metros desde los cursos de aguas y sus nacientes para las pulverizaciones terrestres, a la vez que establece la misma distancia para “viviendas urbanas o rurales, establecimientos educacionales, laborales, de salud o de uso público”.
“Esta distancia podrá reducirse en predios o lotes determinados, con autorización expresa de la Autoridad de aplicación y contralor”, agrega la iniciativa que pone como autoridad máxima a la Secretaría de Ambiente.
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Fecha de Publicación: 25/03/2016
Fuente: Diario El Argentino
Provincia/Región: Entre Ríos
Diputados comenzará a analizar en la Comisión de Tierras, Recursos Naturales y Ambiente, el proyecto con media sanción del Senado para regular el uso de agroquímicos en Entre Ríos.
Se trata del proyecto con media sanción del exlegislador de Islas, César Melchiori, el cual había generado el rechazo de profesionales y agricultores a raíz de las distancias de fumigación establecidas en el texto.
La comisión se reunirá el próximo martes para lo cual invitó a funcionarios de Producción, Salud y Ambiente para que expongan sobre la ley de Plaguicidas vigente.
El encuentro está previsto para las 10 y será encabezado por la titular del cuerpo que según pudo saber esta Agencia, es la representante de Cambiemos Gabriela Lena, oriunda de Chajarí.
Distancias
El proyecto del exsenador César Melchiori prohíbe las pulverizaciones aéreas “cualquiera sea el producto activo o formulado” pero aclara que “sólo podrán autorizarse, excepcionalmente, pulverizaciones aéreas en casos especiales cuando no exista ninguna alternativa viable”; en tanto fija una restricción de mil metros desde los cursos de aguas y sus nacientes para las pulverizaciones terrestres, a la vez que establece la misma distancia para “viviendas urbanas o rurales, establecimientos educacionales, laborales, de salud o de uso público”.
“Esta distancia podrá reducirse en predios o lotes determinados, con autorización expresa de la Autoridad de aplicación y contralor”, agrega la iniciativa que pone como autoridad máxima a la Secretaría de Ambiente.
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Sojeros puntanos crean un río por la deforestación
Sojeros puntanos deberán plantar millones de árboles por haber creado un río nuevo
Fecha de Publicación: 24/03/2016
Fuente: Revista El Federal
Provincia/Región: San Luis
Hace diez años surgió un nuevo río en el oeste provinical, a causa del desmanejo de la tierra por el monocultivo de la soja, este río destruyó tramos de las rutas nacionales 8 y 7, caminos rurales, además de tierras sembradas. Una vez más la soja altera la naturaleza.
Productores sojeros de San Luis deberán plantar en cinco años más de 6 millones de árboles para mitigar la aparición del Río Nuevo, un curso de agua que surgió de la nada hace unos diez años en el oeste provincial, donde destruyó tramos de las rutas nacionales 8 y 7, caminos vecinales, además de sembradíos próximos a Villa Mercedes, a 100 kilómetros de la capital de la provincia.
El fenómeno, que se expande año tras año en la Cuenca del Morro, llevó al gobierno de San Luis a declarar la emergencia ambiental en la zona, que incluye la obligación para los productores de soja de forestar el cinco por ciento de sus campos y de realizar una segunda plantación en el año.
Las autoridades calculan que serán plantados un total de 6.125.000 árboles, a razón de 1.225.000 por año y proponen que sean de las especias de mayor consumo de agua, como sauces, álamos, eucaliptus, acacias, algarrobos y aguaribay.
Estudios de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL) y organismos científicos apuntan a la conclusión de que el origen de la formación del río y el arrastre de sedimentos que efectúa se debe a la recarga y saturación de las napas por el menor consumo de agua de lluvia en las regiones deforestadas para ampliar la producción de soja.
El propio gobernador Alberto Rodríguez Saá anticipó esta semana en conferencia de prensa que anunciará la declaración de la emergencia ambiental en la Cuenca del Morro. “Vamos a hacer cumplir enormemente la Ley de Uso de Suelos”, sostuvo el gobernador puntano, quien explicó que las medidas en preparación responden a un proyecto elaborado por el Ministerio provincial de Medio Ambiente, Campo y Producción en conjunto con científicos del Conicet y el INTA, entre otros organismos científicos y técnicos.
El mandatario aseguró que se exigirá la presentación de planes de manejo de suelos desarrollados por profesionales en la materia, en el marco de la Ley de Suelos de la provincia y de acuerdo a las características topográficas del terreno, con el fin de la búsqueda de buenas prácticas agrícolas para que la producción incorpore la visión de sustentabilidad.
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Fecha de Publicación: 24/03/2016
Fuente: Revista El Federal
Provincia/Región: San Luis
Hace diez años surgió un nuevo río en el oeste provinical, a causa del desmanejo de la tierra por el monocultivo de la soja, este río destruyó tramos de las rutas nacionales 8 y 7, caminos rurales, además de tierras sembradas. Una vez más la soja altera la naturaleza.
Productores sojeros de San Luis deberán plantar en cinco años más de 6 millones de árboles para mitigar la aparición del Río Nuevo, un curso de agua que surgió de la nada hace unos diez años en el oeste provincial, donde destruyó tramos de las rutas nacionales 8 y 7, caminos vecinales, además de sembradíos próximos a Villa Mercedes, a 100 kilómetros de la capital de la provincia.
El fenómeno, que se expande año tras año en la Cuenca del Morro, llevó al gobierno de San Luis a declarar la emergencia ambiental en la zona, que incluye la obligación para los productores de soja de forestar el cinco por ciento de sus campos y de realizar una segunda plantación en el año.
Las autoridades calculan que serán plantados un total de 6.125.000 árboles, a razón de 1.225.000 por año y proponen que sean de las especias de mayor consumo de agua, como sauces, álamos, eucaliptus, acacias, algarrobos y aguaribay.
Estudios de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL) y organismos científicos apuntan a la conclusión de que el origen de la formación del río y el arrastre de sedimentos que efectúa se debe a la recarga y saturación de las napas por el menor consumo de agua de lluvia en las regiones deforestadas para ampliar la producción de soja.
El propio gobernador Alberto Rodríguez Saá anticipó esta semana en conferencia de prensa que anunciará la declaración de la emergencia ambiental en la Cuenca del Morro. “Vamos a hacer cumplir enormemente la Ley de Uso de Suelos”, sostuvo el gobernador puntano, quien explicó que las medidas en preparación responden a un proyecto elaborado por el Ministerio provincial de Medio Ambiente, Campo y Producción en conjunto con científicos del Conicet y el INTA, entre otros organismos científicos y técnicos.
El mandatario aseguró que se exigirá la presentación de planes de manejo de suelos desarrollados por profesionales en la materia, en el marco de la Ley de Suelos de la provincia y de acuerdo a las características topográficas del terreno, con el fin de la búsqueda de buenas prácticas agrícolas para que la producción incorpore la visión de sustentabilidad.
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Chaco defiende su política de control de agrotóxicos
Definieron medidas de control para el uso de agroquímicos en el Chaco
Fecha de Publicación: 24/03/2016
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Chaco
El Ministerio de Planificación, Ambiente e Innovación Tecnológica, representado por la Subsecretaria de Ambiente Claudia Terenghi y su equipo de Fiscalización se reunió con la Cámara de Expendedores de Agroquímicos, el Consejo de Ingenieros Agrónomos y Jorge García, subsecretario de Agricultura del Ministerio de la Producción, para abordar problemáticas referidas a las tareas de la actividad, el cumplimiento de la Ley 7032 y su Decreto Reglamentario 1567/13. En conjunto, acordaron medidas de control y difusión de mejores prácticas para el sector productivo.
La Subsecretaria de Ambiente Claudia Terenghi explicó que el control y revisión que se solicita, va dirigido a todas las personas que trabajan con agroquímicos (expendedores, aplicadores, propietarios de campos), por ello se les solicita a que tengan dos tipos de recetas: una de expendio y otra de aplicación. "El ingeniero agrónomo le dice al dueño del campo que aplique tal producto de tal marca, y después le da una receta sobre cómo debe aplicarlo", describió Terenghi. Según la subsecretaria, el control de recetas se verá beneficiado con el uso de internet, ya que de esta forma podrán cargar las recetas de forma on-line evitando conflictos en las aplicaciones o compras.
Fumigaciones
Los organismos además acordaron trabajar en educación ambiental a productores, para profundizar los conocimientos sobre riegos, agroquímicos y fumigaciones. En este sentido, Terenghi indicó que "como parte del plan de gobierno que tiene la provincia se acordó apuntar a la restricción de fumigaciones en aéreas a 1500 metros del casco urbano de cada localidad.
"Está todo geo-referenciado y cada municipalidad tiene el dato de hasta dónde se puede llegar con una fumigación aérea. En el caso de la terrestre, pasa lo mismo, pero son 500 metros antes del casco urbano", comentó la subsecretaria de Ambiente.
Dentro del plan de gobierno, se trabajó la propuesta de cambiar la explotación que requiere fumigación: "Pusimos la intención de ir transformando ese tipo de explotación que requiere fumigación en producción orgánica, o producir con menos uso de agroquímicos, como ser pasturas y frutales, que no necesiten tantos productos. Mientras tanto, hay que ir ajustado los controles".
Traslado de agroquímicos
Por otro lado, abordaron la situación de traslado de agroquímicos, asegurando también que fortalecerán los controles. "Resolvimos informar las malas prácticas de traslado y nosotros flexibilizamos el sistema de información de recetas de aplicación para darle más tiempo de la carga online, porque puede suceder que pueden no tener internet, pero es un sistema que lo vamos a revisar, y en dos meses evaluaremos cómo fuimos avanzando".
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Fecha de Publicación: 24/03/2016
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Chaco
El Ministerio de Planificación, Ambiente e Innovación Tecnológica, representado por la Subsecretaria de Ambiente Claudia Terenghi y su equipo de Fiscalización se reunió con la Cámara de Expendedores de Agroquímicos, el Consejo de Ingenieros Agrónomos y Jorge García, subsecretario de Agricultura del Ministerio de la Producción, para abordar problemáticas referidas a las tareas de la actividad, el cumplimiento de la Ley 7032 y su Decreto Reglamentario 1567/13. En conjunto, acordaron medidas de control y difusión de mejores prácticas para el sector productivo.
La Subsecretaria de Ambiente Claudia Terenghi explicó que el control y revisión que se solicita, va dirigido a todas las personas que trabajan con agroquímicos (expendedores, aplicadores, propietarios de campos), por ello se les solicita a que tengan dos tipos de recetas: una de expendio y otra de aplicación. "El ingeniero agrónomo le dice al dueño del campo que aplique tal producto de tal marca, y después le da una receta sobre cómo debe aplicarlo", describió Terenghi. Según la subsecretaria, el control de recetas se verá beneficiado con el uso de internet, ya que de esta forma podrán cargar las recetas de forma on-line evitando conflictos en las aplicaciones o compras.
Fumigaciones
Los organismos además acordaron trabajar en educación ambiental a productores, para profundizar los conocimientos sobre riegos, agroquímicos y fumigaciones. En este sentido, Terenghi indicó que "como parte del plan de gobierno que tiene la provincia se acordó apuntar a la restricción de fumigaciones en aéreas a 1500 metros del casco urbano de cada localidad.
"Está todo geo-referenciado y cada municipalidad tiene el dato de hasta dónde se puede llegar con una fumigación aérea. En el caso de la terrestre, pasa lo mismo, pero son 500 metros antes del casco urbano", comentó la subsecretaria de Ambiente.
Dentro del plan de gobierno, se trabajó la propuesta de cambiar la explotación que requiere fumigación: "Pusimos la intención de ir transformando ese tipo de explotación que requiere fumigación en producción orgánica, o producir con menos uso de agroquímicos, como ser pasturas y frutales, que no necesiten tantos productos. Mientras tanto, hay que ir ajustado los controles".
Traslado de agroquímicos
Por otro lado, abordaron la situación de traslado de agroquímicos, asegurando también que fortalecerán los controles. "Resolvimos informar las malas prácticas de traslado y nosotros flexibilizamos el sistema de información de recetas de aplicación para darle más tiempo de la carga online, porque puede suceder que pueden no tener internet, pero es un sistema que lo vamos a revisar, y en dos meses evaluaremos cómo fuimos avanzando".
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Megaplanta de residuos para Buenos Aires
Construirán Planta de Residuos que tratará la basura de La Plata, Berisso, Brandsen y Magdalena
Fecha de Publicación: 24/03/2016
Fuente: La Noticia 1
Provincia/Región: Buenos Aires
La nueva planta se instalará en la localidad de Ensenada, en un predio de siete hectáreas situadas en el arroyo El Gato y diagonal 74, pero también tratará los residuos de La Plata, Berisso, Brandsen y Magdalena.
En la reunión se comunicó que la obra comenzará en los próximos días, cuando la empresa obtenga la posesión de las tierras. Asimismo los responsables de la empresa expresaron que ya han realizado los pedidos de compra de las maquinarias para la Planta de Tratamiento que estarían llegando al país a mediados de este año.
Según los datos aportados por la empresa, la planta contará con un edificio administrativo, comedor, sanitarios, vestuarios, oficinas, sala primeros auxilios, y será de unos 120 m2 cuadrados, un galpón para recicladores de 400 m2, un galpón para el invernadero bioestabilizado del material de 600 metros cuadrados y una nave para Tratamiento Mecánico Biológico de 600 metros cuadrados. Los galpones son de estructura metálica y cubiertas.
El área de proceso de la Planta de Tratamiento estará compuesta por 3 naves de aproximadamente 80x70 metros. Uno de ellos estará destinado a la descarga de la basura sin separación en origen que llegarán a la planta mediante los camiones recolectores y luego palas cargadoras trasladaran los residuos a las tolvas de trituración.
Otro de los galpones se encargará de la trituración primaria, el separador y clasificador con tromel y compactador de fracciones. El tercer galpón recibirá en forma separada la poda y fracción orgánica separada, que serán mezclados y enviados a otra área separada para el tratamiento biológico o bioestabilizado (son 24 invernaderos en total).
La fracción inorgánica gruesa de rechazo será inertizada, enfardada y compactada, para luego utilizar en disposición final y recuperación de canteras. La planta posee una capacidad inicial de tratamiento para 1.000 toneladas diarias, durante 6 días de la semana.
La reunión se llevó a cabo en la sede de la Defensoría del Pueblo de la Provincia en la ciudad de La Plata y participaron integrantes de la ONG Nuevo Ambiente, el defensor del Pueblo y técnicos de la defensoría, el Director provincial de Gestión de RSU del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), representantes de la Ceamse, del Municipio de Ensenada y del Municipio de La Plata y técnicos de Arcillex, que expusieron sobre la construcción y funcionamiento de la Planta.
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Fecha de Publicación: 24/03/2016
Fuente: La Noticia 1
Provincia/Región: Buenos Aires
La nueva planta se instalará en la localidad de Ensenada, en un predio de siete hectáreas situadas en el arroyo El Gato y diagonal 74, pero también tratará los residuos de La Plata, Berisso, Brandsen y Magdalena.
En la reunión se comunicó que la obra comenzará en los próximos días, cuando la empresa obtenga la posesión de las tierras. Asimismo los responsables de la empresa expresaron que ya han realizado los pedidos de compra de las maquinarias para la Planta de Tratamiento que estarían llegando al país a mediados de este año.
Según los datos aportados por la empresa, la planta contará con un edificio administrativo, comedor, sanitarios, vestuarios, oficinas, sala primeros auxilios, y será de unos 120 m2 cuadrados, un galpón para recicladores de 400 m2, un galpón para el invernadero bioestabilizado del material de 600 metros cuadrados y una nave para Tratamiento Mecánico Biológico de 600 metros cuadrados. Los galpones son de estructura metálica y cubiertas.
El área de proceso de la Planta de Tratamiento estará compuesta por 3 naves de aproximadamente 80x70 metros. Uno de ellos estará destinado a la descarga de la basura sin separación en origen que llegarán a la planta mediante los camiones recolectores y luego palas cargadoras trasladaran los residuos a las tolvas de trituración.
Otro de los galpones se encargará de la trituración primaria, el separador y clasificador con tromel y compactador de fracciones. El tercer galpón recibirá en forma separada la poda y fracción orgánica separada, que serán mezclados y enviados a otra área separada para el tratamiento biológico o bioestabilizado (son 24 invernaderos en total).
La fracción inorgánica gruesa de rechazo será inertizada, enfardada y compactada, para luego utilizar en disposición final y recuperación de canteras. La planta posee una capacidad inicial de tratamiento para 1.000 toneladas diarias, durante 6 días de la semana.
La reunión se llevó a cabo en la sede de la Defensoría del Pueblo de la Provincia en la ciudad de La Plata y participaron integrantes de la ONG Nuevo Ambiente, el defensor del Pueblo y técnicos de la defensoría, el Director provincial de Gestión de RSU del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), representantes de la Ceamse, del Municipio de Ensenada y del Municipio de La Plata y técnicos de Arcillex, que expusieron sobre la construcción y funcionamiento de la Planta.
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