Calilegua tiene plazos para cierre y remediación
08:00 | 
Publicado por
Eco Sitio |
Fijan plazos para realizar un plan de cierre y remediación ambiental de la explotación petrolera en el Parque Nacional Calilegua
Fecha de Publicación: 06/03/2016
Fuente: Greenpeace
Provincia/Región: Jujuy
El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, firmó el decreto que reglamenta la Ley N° 5889 de Cese de la Explotación de Petróleo en el Parque Nacional Calilegua(1). En dos meses deberá presentarse un plan de cierre de los pozos petrolerosy en seis meses el plan de remediación de los pasivos ambientales.
“Es un avance importante en la resolución de una situación absurda, peligrosa e ilegal. La extracción de hidrocarburos en el Parque Nacional Calilegua viola tres leyes nacionales e implica un riesgo enorme para miles de hectáreas de Selva de Yungas, además de ser un antecedente sumamente peligroso para las áreas protegidas de todo el país”, señaló Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.
El decreto N° 683 encomienda a la Secretaría de Minería provincial a que en 60 días realice un informe pormenorizado “de los decretos, contratos y demás actos que hubieren autorizado la explotación hidrocarburífera en el Parque Nacional Calilegua, como así también respecto de las condiciones técnicas para el retiro de la empresa concesionaria y la clausura definitiva de los pozos petroleros allí existentes”.
Por otra parte, encarga al Ministerio de Ambiente de la provincia realizar en 180 días un informe “de relevamiento del daño ambiental ocasionado por la explotación hidrocarburífera en el Parque Nacional Calilegua y un plan preliminar de remediación ambiental de los componentes del ambiente dañados”. Para ello convoca “al Ministerio de Ambiente de la Nación y a su Administración de Parques Nacionales a formar parte conjuntamente con el Ministerio de Ambiente de la provincia de una comisión técnica ad hoc para la inspección y evaluación del daño ambiental y la proposición del plan de remediación ambiental del área del Parque Nacional Calilegua afectada por la explotación hidrocarburífera”.
Greenpeace se sumó el año pasado al reclamo de guardaparques, comunidades indígenas, el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen, la Fundación Pámpanos y legisladores, y difundió un informe (2) que daba cuenta de los impactos de la explotación petrolera dentro del Parque Nacional Calilegua, y advertía que el Estudio de Impacto Ambiental presentado por la propia empresa admite que la expansión de las actividades hidrocarburíferas en el área protegida ponían en riesgo de contaminación por derrames, incendios y derrumbes en más de 20 mil hectáreas de selva, una superficie equivalente a la Ciudad de Buenos Aires. La explotación petrolera en Calilegua es contraria a tres leyes nacionales: la de Parques Nacionales (22.351), la de Bosques Nativos (26.331) y la de Hidrocarburos (17.319).
La campaña de Greenpeace, de la que participaron más de 270 mil personas, comenzó con una protesta frente a la Casa de Jujuy en Buenos Aires y contó con el apoyo de Mario Pergolini, que se sumó públicamente al reclamo al ex gobernador Eduardo Fellner para que saque a las petroleras del Parque Nacional. Los activistas reclamaron también en la gobernación provincial y llevaron al ex mandatario muestras de contaminación extraídas del área protegida.
Más de 70 organizaciones sociales, comunidades indígenas, especialistas y dirigentes políticos de todo el país firmaron un documento conjunto en agosto del año pasado (3) en repudio a la explotación petrolera en el Parque Nacional Calilegua que, creado el 19 de julio de 1979, es zona núcleo de la Reserva de Biósfera de las Yungas de la UNESCO. Protege 76.306 hectáreas de uno de los ambientes de mayor biodiversidad de Argentina y alberga la mitad de las aves del país, y especies en peligro de extinción como el yaguareté. Por su parte, la Defensoría del Pueblo de la Nación exhortó a la Provincia y la Nación a cancelar la actividad hidrocarburífera en el área protegida y remediar los pasivos ambientales.
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Fecha de Publicación: 06/03/2016
Fuente: Greenpeace
Provincia/Región: Jujuy
El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, firmó el decreto que reglamenta la Ley N° 5889 de Cese de la Explotación de Petróleo en el Parque Nacional Calilegua(1). En dos meses deberá presentarse un plan de cierre de los pozos petrolerosy en seis meses el plan de remediación de los pasivos ambientales.
“Es un avance importante en la resolución de una situación absurda, peligrosa e ilegal. La extracción de hidrocarburos en el Parque Nacional Calilegua viola tres leyes nacionales e implica un riesgo enorme para miles de hectáreas de Selva de Yungas, además de ser un antecedente sumamente peligroso para las áreas protegidas de todo el país”, señaló Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.
El decreto N° 683 encomienda a la Secretaría de Minería provincial a que en 60 días realice un informe pormenorizado “de los decretos, contratos y demás actos que hubieren autorizado la explotación hidrocarburífera en el Parque Nacional Calilegua, como así también respecto de las condiciones técnicas para el retiro de la empresa concesionaria y la clausura definitiva de los pozos petroleros allí existentes”.
Por otra parte, encarga al Ministerio de Ambiente de la provincia realizar en 180 días un informe “de relevamiento del daño ambiental ocasionado por la explotación hidrocarburífera en el Parque Nacional Calilegua y un plan preliminar de remediación ambiental de los componentes del ambiente dañados”. Para ello convoca “al Ministerio de Ambiente de la Nación y a su Administración de Parques Nacionales a formar parte conjuntamente con el Ministerio de Ambiente de la provincia de una comisión técnica ad hoc para la inspección y evaluación del daño ambiental y la proposición del plan de remediación ambiental del área del Parque Nacional Calilegua afectada por la explotación hidrocarburífera”.
Greenpeace se sumó el año pasado al reclamo de guardaparques, comunidades indígenas, el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen, la Fundación Pámpanos y legisladores, y difundió un informe (2) que daba cuenta de los impactos de la explotación petrolera dentro del Parque Nacional Calilegua, y advertía que el Estudio de Impacto Ambiental presentado por la propia empresa admite que la expansión de las actividades hidrocarburíferas en el área protegida ponían en riesgo de contaminación por derrames, incendios y derrumbes en más de 20 mil hectáreas de selva, una superficie equivalente a la Ciudad de Buenos Aires. La explotación petrolera en Calilegua es contraria a tres leyes nacionales: la de Parques Nacionales (22.351), la de Bosques Nativos (26.331) y la de Hidrocarburos (17.319).
La campaña de Greenpeace, de la que participaron más de 270 mil personas, comenzó con una protesta frente a la Casa de Jujuy en Buenos Aires y contó con el apoyo de Mario Pergolini, que se sumó públicamente al reclamo al ex gobernador Eduardo Fellner para que saque a las petroleras del Parque Nacional. Los activistas reclamaron también en la gobernación provincial y llevaron al ex mandatario muestras de contaminación extraídas del área protegida.
Más de 70 organizaciones sociales, comunidades indígenas, especialistas y dirigentes políticos de todo el país firmaron un documento conjunto en agosto del año pasado (3) en repudio a la explotación petrolera en el Parque Nacional Calilegua que, creado el 19 de julio de 1979, es zona núcleo de la Reserva de Biósfera de las Yungas de la UNESCO. Protege 76.306 hectáreas de uno de los ambientes de mayor biodiversidad de Argentina y alberga la mitad de las aves del país, y especies en peligro de extinción como el yaguareté. Por su parte, la Defensoría del Pueblo de la Nación exhortó a la Provincia y la Nación a cancelar la actividad hidrocarburífera en el área protegida y remediar los pasivos ambientales.
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San Luis apuesta al 'Kiri' para combatir la desertificación
San Luis apuesta al 'Kiri', el árbol que ayuda a combatir el cambio climático y la desertificación
Fecha de Publicación: 06/03/2016
Fuente: InfoGEI
Provincia/Región: San Luis
Originario de China, el “Kiri” o Paulownia, es capaz de crecer en suelos infértiles y absorbe diez veces más dióxido de carbono que cualquier otra planta; por lo que los expertos en la materia confían en que podría salvar al mundo. A través de una prueba piloto, el Gobierno puntano evalúa el la adaptación de esta especie en suelo local y ansían producir ejemplares para todo el país.
En suelo puntano ya crecen los primeros ejemplares del “Kiri” o Paulownia, un árbol con múltiples beneficios para combatir el cambio climático, promover el crecimiento industrial y embellecer aún más los espacios naturales.
La iniciativa es llevada a cabo por el Gobierno de San Luis, a través del Ministerio de Medio Ambiente, Campo y Producción, con el fin de evalúar el desarrollo y la adaptación de la especie en la provincia y hacer que la provincia sea pionera en la producción masiva de esta especie tanto para el territorio puntano como para el resto del país.
Como prueba piloto de este proyecto, se realizaron plantaciones en las áreas de descanso ubicadas en la Autopista El Saladillo, tramo que une El Volcán con La Toma; según dio a conocer recientemente la prensa oficial.
Un árbol, una esperanza
Los expertos en la materia hablan de esta planta como la especie que podría salvar al mundo, al ser el mejor aliado natural para la lucha contra el cambio climático y la desertificación.
Originario de China, puede tener hasta 27 metros de altura y se caracteriza por tener grandes hojas y llamativas flores de color violeta.
Se lo popularizó como el árbol más fuerte del mundo debido a que una de sus cualidades principales es la capacidad de resistencia a agresiones extremas, como el fuego, ya que puede regenerar sus raíces y vasos de crecimiento de forma rápida, incluso en terrenos casi estériles.
Suele utilizarse como planta pionera en terrenos poco fértiles, dado que a partir de sus hojas, ricas en nitrógeno, aportan nutrientes al caer y descomponerse en el suelo, mientras que sus raíces previenen la erosión.
Como si esto fuera poco, la planta absorbe 10 veces más dióxido de carbono que cualquier otra planta del mundo, por lo que genera una emisión de grandes cantidades de oxígeno, lo que lo convierte en un aliado ideal para la lucha contra el cambio climático.
La Paulownia es utilizada también para la recuperación de suelos contaminados, logrando revertir la situación de la tierra y dejándola apta para el crecimiento de especies vegetales.
En caso de que el crecimiento no haya sido del todo satisfactorio por alguna razón como ataques de plagas, malas técnicas culturales o accidentes, basta con cortar de nuevo la planta a ras de tierra a principios de primavera.
El Proyecto Paulownia, en Argentina
Actualmente, esta especie sólo se comercializa en el Norte argentino. En este marco, el Programa Forestal y Frutihortícola recientemente puesto en marcha en San Luis, supone un importante centro de distribución hacia el resto de las provincias, dado su ubicación estratégica.
Según dio a conocer el gobbierno puntano, a partir de este ambicioso plan, se buscará posicionar a San Luis como productor de especies forestales (actualmente, el 95% de las especies que se comercializan en la provincia provienen de viveros de Buenos Aires, San Juan y Mendoza). A su vez, promover el uso de Paulownia en producción ganadera (silvo-pastoril) y fomentar la producción para crear industrias madereras.
Por ahora, habrá que esperar el crecimiento de los primeros Kiris. “A través de estas evaluaciones buscamos ver el desarrollo del árbol en nuestro suelo”, indicó la responsable del proyecto, Mariela Di Gennaro.
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Fecha de Publicación: 06/03/2016
Fuente: InfoGEI
Provincia/Región: San Luis
Originario de China, el “Kiri” o Paulownia, es capaz de crecer en suelos infértiles y absorbe diez veces más dióxido de carbono que cualquier otra planta; por lo que los expertos en la materia confían en que podría salvar al mundo. A través de una prueba piloto, el Gobierno puntano evalúa el la adaptación de esta especie en suelo local y ansían producir ejemplares para todo el país.
En suelo puntano ya crecen los primeros ejemplares del “Kiri” o Paulownia, un árbol con múltiples beneficios para combatir el cambio climático, promover el crecimiento industrial y embellecer aún más los espacios naturales.
La iniciativa es llevada a cabo por el Gobierno de San Luis, a través del Ministerio de Medio Ambiente, Campo y Producción, con el fin de evalúar el desarrollo y la adaptación de la especie en la provincia y hacer que la provincia sea pionera en la producción masiva de esta especie tanto para el territorio puntano como para el resto del país.
Como prueba piloto de este proyecto, se realizaron plantaciones en las áreas de descanso ubicadas en la Autopista El Saladillo, tramo que une El Volcán con La Toma; según dio a conocer recientemente la prensa oficial.
Un árbol, una esperanza
Los expertos en la materia hablan de esta planta como la especie que podría salvar al mundo, al ser el mejor aliado natural para la lucha contra el cambio climático y la desertificación.
Originario de China, puede tener hasta 27 metros de altura y se caracteriza por tener grandes hojas y llamativas flores de color violeta.
Se lo popularizó como el árbol más fuerte del mundo debido a que una de sus cualidades principales es la capacidad de resistencia a agresiones extremas, como el fuego, ya que puede regenerar sus raíces y vasos de crecimiento de forma rápida, incluso en terrenos casi estériles.
Suele utilizarse como planta pionera en terrenos poco fértiles, dado que a partir de sus hojas, ricas en nitrógeno, aportan nutrientes al caer y descomponerse en el suelo, mientras que sus raíces previenen la erosión.
Como si esto fuera poco, la planta absorbe 10 veces más dióxido de carbono que cualquier otra planta del mundo, por lo que genera una emisión de grandes cantidades de oxígeno, lo que lo convierte en un aliado ideal para la lucha contra el cambio climático.
La Paulownia es utilizada también para la recuperación de suelos contaminados, logrando revertir la situación de la tierra y dejándola apta para el crecimiento de especies vegetales.
En caso de que el crecimiento no haya sido del todo satisfactorio por alguna razón como ataques de plagas, malas técnicas culturales o accidentes, basta con cortar de nuevo la planta a ras de tierra a principios de primavera.
El Proyecto Paulownia, en Argentina
Actualmente, esta especie sólo se comercializa en el Norte argentino. En este marco, el Programa Forestal y Frutihortícola recientemente puesto en marcha en San Luis, supone un importante centro de distribución hacia el resto de las provincias, dado su ubicación estratégica.
Según dio a conocer el gobbierno puntano, a partir de este ambicioso plan, se buscará posicionar a San Luis como productor de especies forestales (actualmente, el 95% de las especies que se comercializan en la provincia provienen de viveros de Buenos Aires, San Juan y Mendoza). A su vez, promover el uso de Paulownia en producción ganadera (silvo-pastoril) y fomentar la producción para crear industrias madereras.
Por ahora, habrá que esperar el crecimiento de los primeros Kiris. “A través de estas evaluaciones buscamos ver el desarrollo del árbol en nuestro suelo”, indicó la responsable del proyecto, Mariela Di Gennaro.
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Detectan desmonte ilegal en Santiago del Estero
Fiscalía de Estado y otros organismos intervienen por desmonte ilegal
Fecha de Publicación: 06/03/2016
Fuente: Nuevo Diario
Provincia/Región: Santiago del Estero
Personal de Escribanía de Gobierno, Fiscalía de Estado, Aviación Civil y Policía de la Provincia se hicieron presentes en cercanías de Suncho Corral, departamento Juan Felipe Ibarra por la detección, a 8 kilómetros de esa ciudad, de un desmonte de una firma que sería oriunda de Tucumán.
"Descubrimos infracciones en manos de empresas foráneas" indicó el Fiscal de Estado, Raúl Abate, quien además comentó que desde la Dirección de Bosques se utiliza tecnología como imágenes satelitales para observar el comportamiento de desaprensivos quienes realizan desmontes. De allí se realiza planimetría y se llega al lugar con la fuerza pública para resolver la situación.
"Es política del Gobierno y casi un empecinamiento de tratar de resguardar el bosque. Que las empresas se instalen pero que cumplan con las leyes, para que tanto la Provincia como ellos progresen", expresó en diálogo con LV11.
Se tratan de detectar las máquinas, secuestrarlas y enviarlas a resguardo de la Justicia del Crimen y si la empresa tiene planes de desmonte quedan suspendidos hasta que normalice la situación incluso con nueva forestación", agregó.
Finalmente, Abate dijo que Santiago es una de las provincias con más superficie arbórea y que "la más afectada" por desmontes importantes.
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Fecha de Publicación: 06/03/2016
Fuente: Nuevo Diario
Provincia/Región: Santiago del Estero
Personal de Escribanía de Gobierno, Fiscalía de Estado, Aviación Civil y Policía de la Provincia se hicieron presentes en cercanías de Suncho Corral, departamento Juan Felipe Ibarra por la detección, a 8 kilómetros de esa ciudad, de un desmonte de una firma que sería oriunda de Tucumán.
"Descubrimos infracciones en manos de empresas foráneas" indicó el Fiscal de Estado, Raúl Abate, quien además comentó que desde la Dirección de Bosques se utiliza tecnología como imágenes satelitales para observar el comportamiento de desaprensivos quienes realizan desmontes. De allí se realiza planimetría y se llega al lugar con la fuerza pública para resolver la situación.
"Es política del Gobierno y casi un empecinamiento de tratar de resguardar el bosque. Que las empresas se instalen pero que cumplan con las leyes, para que tanto la Provincia como ellos progresen", expresó en diálogo con LV11.
Se tratan de detectar las máquinas, secuestrarlas y enviarlas a resguardo de la Justicia del Crimen y si la empresa tiene planes de desmonte quedan suspendidos hasta que normalice la situación incluso con nueva forestación", agregó.
Finalmente, Abate dijo que Santiago es una de las provincias con más superficie arbórea y que "la más afectada" por desmontes importantes.
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Barrick más complicada por otro informe
Derrame de cianuro: un nuevo informe complica más a la minera Barrick
Fecha de Publicación: 05/03/2016
Fuente: La Nación
Provincia/Región: San Juan
Lo realizó la ex Secretaría de Ambiente tras el accidente; halló falencias en el manejo de los residuos que dejó el incidente; la compañía dice que no conoce el relevamiento
Impacto ambiental del que no puede determinarse su magnitud, fallas en el sistema de gestión ambiental y de mantenimiento, y precariedad de la estructura y el diseño del canal por donde pasan los líquidos cargados con contaminantes tras el proceso de lixiviación de la roca: esas son algunas de las faltas graves que la Secretaría de Ambiente de la Nación detectó en la mina Veladero, en San Juan, después del derrame de cianuro que ocurrió en septiembre pasado. Las conclusiones surgen de un informe que fue realizado por la Subsecretaría de Control y Fiscalización Ambiental de esa dependencia nacional en octubre pero que no vio la luz hasta hace dos semanas, cuando los empleados de esa dependencia acercaron a las nuevas autoridades el detalle del relevamiento y al que LA NACION tuvo acceso.
Las faltas señaladas por la comisión nacional que inspeccionó la mina que maneja la empresa canadiense Barrick Gold en San Juan se enmarcan dentro de la ley de presupuesto mínimos de residuos peligrosos que establece castigos que van desde un mero apercibimiento hasta la clausura. Todos los detalles del informe fueron enviados por el Ministerio de Medio Ambiente a los dos juzgados que siguen hoy la causa por contaminación de la minera aurífera; en la justicia federal, a cargo de Sebastián Casanello y en la justicia de Jáchal, que atiende un amparo y una denuncia penal.
El trabajo critica la explicación entregada a la justicia por la empresa. Uno de los problemas que señala, por ejemplo, es la metodología para determinar la cantidad de material que se derramó ante la falla de una válvula a consecuencia del frío extremo: "La forma correcta hubiera sido informar valores máximos y mínimos calculados, o bien se debería haber presentado un valor final con un error o una incertidumbre asociada", sostiene el informe. Cabe recordar que el accidente se hizo público luego de la difusión de un mensaje de Whatsapp que un empleado envió a su familia, río abajo. Luego la compañía habló de 200 m3 de solución cianurada involucrada en el escape, cifra que después se convirtió en 1000 m3, es decir más de un millón de litros.
El relevamiento se suma al peritaje que realizó la Policía Federal y que está contenido en el expediente que atiende el juez federal Sebastián Casanello, que da cuenta de la contaminación en cinco ríos sanjuaninos y al peritaje realizado por la agencia de Naciones Unidas (UNOPS) que también halló vestigios de cianuro en la zona del derrame y que recomendó su remediación.
En la Barrick respondieron a LA NACION que no conocen el informe de la cartera ambiental. Y, aunque aseguran que tras el accidente se tomaron las medidas de seguridad necesarias, el episodio golpeó al corazón de la compañía. Tal es así que dos meses después del derrame la empresa reemplazó al Gerente General de Operaciones de la mina. Rick Baker, que se desempeñaba entre las autoridades corporativas del área Medio Ambiente de Barrick, reemplazó en el cargo a Antonio Adame, que estaba a cargo de la explotación minera cuando ocurrió el derrame por el cual la justicia imputó a varios miembros de la empresa, directivos y empleados, entre ellos el propio Adame. Hay al menos siete empleados que deben prestar declaración ante la justicia de Jáchal. Otra incorporación importante a la empresa fue la de Juan Bautista Ordóñez (ex Roggio) quien asumió como director Ejecutivo de la operación en la Argentina.
La propia compañía habla de una "nueva etapa" de Barrick en Argentina. E insisten en que en las mediciones de la UNOPS en las zonas 0 y 1, que son las más cercanas a la mina, y que comprenden el río Potrerillos hasta el río Las Taguas, se detectaron algunas trazas de cianuro, "pero todas por debajo de los niveles guía para consumo humano", según un comunicado que la empresa envió a LA NACION.
"Con los datos preliminares de la UNOPS y los de otros estudios quedaría totalmente descalificado el resultado de la Policía Federal. Un estudio de monitoreo técnicamente adecuado implica contrastar los resultados de muestras tomadas contra los parámetros de ley y los parámetros de línea de base, ya que las características naturales de las aguas no pueden ser desconocidas ni desatendidas", indicaron en la minera en la misma respuesta.
Los vecinos de Jáchal creen que esto sólo es una maniobra dilatoria de la Barrick. "Nosotros pedimos que se cumpla la ley de glaciares y que se le dé intervención a la UBA. Las autoridades de San Juan y la minera hablan de las líneas de base y de la información pública pero es mentira. La información pública se oculta, nosotros no pudimos nunca acceder a ellas", indicó Saúl Zeballos, uno de los vecinos que interpuso el recurso de amparo ante la Justicia de Jáchal y que estuvo con Casanello esta semana.
"Hemos venido para traer información y hemos aportado análisis que están incluidos en el amparo que está en Jáchal. Trajimos análisis de agua y de vegetales para que el juez pueda dimensionar cómo nos afecta a nosotros esta situación", agregó a la salida de Comodoro Py.
"Nosotros seguimos preocupados por localidades de Jáchal y del departamento de Iglesia porque el agua que allí se consume es subterránea. Queremos que se haga un estudio serio. Estamos solicitando la información de la línea de base para poder saber en qué estado está hoy esa agua subterránea y cuál era el estado anterior al derrame. Tambería, Mogna y Bella Vista son las localidades más afectadas", indicó Zeballos.
Los vecinos también se reunieron ayer con el ministro de Medio Ambiente, Sergio Bergman. El funcionario se comprometió a viajar a Jáchal la semana próxima. Hace poco menos de un mes el presidente, Mauricio Macri, viajó a San Juan y anunció la quita de retenciones a la minería.
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Fecha de Publicación: 05/03/2016
Fuente: La Nación
Provincia/Región: San Juan
Lo realizó la ex Secretaría de Ambiente tras el accidente; halló falencias en el manejo de los residuos que dejó el incidente; la compañía dice que no conoce el relevamiento
Impacto ambiental del que no puede determinarse su magnitud, fallas en el sistema de gestión ambiental y de mantenimiento, y precariedad de la estructura y el diseño del canal por donde pasan los líquidos cargados con contaminantes tras el proceso de lixiviación de la roca: esas son algunas de las faltas graves que la Secretaría de Ambiente de la Nación detectó en la mina Veladero, en San Juan, después del derrame de cianuro que ocurrió en septiembre pasado. Las conclusiones surgen de un informe que fue realizado por la Subsecretaría de Control y Fiscalización Ambiental de esa dependencia nacional en octubre pero que no vio la luz hasta hace dos semanas, cuando los empleados de esa dependencia acercaron a las nuevas autoridades el detalle del relevamiento y al que LA NACION tuvo acceso.
Las faltas señaladas por la comisión nacional que inspeccionó la mina que maneja la empresa canadiense Barrick Gold en San Juan se enmarcan dentro de la ley de presupuesto mínimos de residuos peligrosos que establece castigos que van desde un mero apercibimiento hasta la clausura. Todos los detalles del informe fueron enviados por el Ministerio de Medio Ambiente a los dos juzgados que siguen hoy la causa por contaminación de la minera aurífera; en la justicia federal, a cargo de Sebastián Casanello y en la justicia de Jáchal, que atiende un amparo y una denuncia penal.
El trabajo critica la explicación entregada a la justicia por la empresa. Uno de los problemas que señala, por ejemplo, es la metodología para determinar la cantidad de material que se derramó ante la falla de una válvula a consecuencia del frío extremo: "La forma correcta hubiera sido informar valores máximos y mínimos calculados, o bien se debería haber presentado un valor final con un error o una incertidumbre asociada", sostiene el informe. Cabe recordar que el accidente se hizo público luego de la difusión de un mensaje de Whatsapp que un empleado envió a su familia, río abajo. Luego la compañía habló de 200 m3 de solución cianurada involucrada en el escape, cifra que después se convirtió en 1000 m3, es decir más de un millón de litros.
El relevamiento se suma al peritaje que realizó la Policía Federal y que está contenido en el expediente que atiende el juez federal Sebastián Casanello, que da cuenta de la contaminación en cinco ríos sanjuaninos y al peritaje realizado por la agencia de Naciones Unidas (UNOPS) que también halló vestigios de cianuro en la zona del derrame y que recomendó su remediación.
En la Barrick respondieron a LA NACION que no conocen el informe de la cartera ambiental. Y, aunque aseguran que tras el accidente se tomaron las medidas de seguridad necesarias, el episodio golpeó al corazón de la compañía. Tal es así que dos meses después del derrame la empresa reemplazó al Gerente General de Operaciones de la mina. Rick Baker, que se desempeñaba entre las autoridades corporativas del área Medio Ambiente de Barrick, reemplazó en el cargo a Antonio Adame, que estaba a cargo de la explotación minera cuando ocurrió el derrame por el cual la justicia imputó a varios miembros de la empresa, directivos y empleados, entre ellos el propio Adame. Hay al menos siete empleados que deben prestar declaración ante la justicia de Jáchal. Otra incorporación importante a la empresa fue la de Juan Bautista Ordóñez (ex Roggio) quien asumió como director Ejecutivo de la operación en la Argentina.
La propia compañía habla de una "nueva etapa" de Barrick en Argentina. E insisten en que en las mediciones de la UNOPS en las zonas 0 y 1, que son las más cercanas a la mina, y que comprenden el río Potrerillos hasta el río Las Taguas, se detectaron algunas trazas de cianuro, "pero todas por debajo de los niveles guía para consumo humano", según un comunicado que la empresa envió a LA NACION.
"Con los datos preliminares de la UNOPS y los de otros estudios quedaría totalmente descalificado el resultado de la Policía Federal. Un estudio de monitoreo técnicamente adecuado implica contrastar los resultados de muestras tomadas contra los parámetros de ley y los parámetros de línea de base, ya que las características naturales de las aguas no pueden ser desconocidas ni desatendidas", indicaron en la minera en la misma respuesta.
Los vecinos de Jáchal creen que esto sólo es una maniobra dilatoria de la Barrick. "Nosotros pedimos que se cumpla la ley de glaciares y que se le dé intervención a la UBA. Las autoridades de San Juan y la minera hablan de las líneas de base y de la información pública pero es mentira. La información pública se oculta, nosotros no pudimos nunca acceder a ellas", indicó Saúl Zeballos, uno de los vecinos que interpuso el recurso de amparo ante la Justicia de Jáchal y que estuvo con Casanello esta semana.
"Hemos venido para traer información y hemos aportado análisis que están incluidos en el amparo que está en Jáchal. Trajimos análisis de agua y de vegetales para que el juez pueda dimensionar cómo nos afecta a nosotros esta situación", agregó a la salida de Comodoro Py.
"Nosotros seguimos preocupados por localidades de Jáchal y del departamento de Iglesia porque el agua que allí se consume es subterránea. Queremos que se haga un estudio serio. Estamos solicitando la información de la línea de base para poder saber en qué estado está hoy esa agua subterránea y cuál era el estado anterior al derrame. Tambería, Mogna y Bella Vista son las localidades más afectadas", indicó Zeballos.
Los vecinos también se reunieron ayer con el ministro de Medio Ambiente, Sergio Bergman. El funcionario se comprometió a viajar a Jáchal la semana próxima. Hace poco menos de un mes el presidente, Mauricio Macri, viajó a San Juan y anunció la quita de retenciones a la minería.
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Bosques de Córdoba en continuo deterioro
La reducción y degradación de bosques de Córdoba, entre las más altas del mundo
Fecha de Publicación: 05/03/2016
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
El reemplazo de una hectárea de bosque por cultivos agrícolas reduce los valores de carbono en la vegetación. Se pierden toneladas de carbono por hectárea y se libera el equivalente al dióxido de carbono que emiten 40 argentinos promedio en un año.
Los bosques del noroeste de Córdoba están sufriendo una reducción y degradación que está entre las más altas del mundo, según concluyó un estudio científico del Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (Imbiv) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y del Conicet.
Los investigadores cuantificaron la cantidad de carbono que “secuestran” los bosques del Chaco seco cordobés y analizaron cómo se redujo esa capacidad con los cambios en el uso del suelo de esa región, informa la agencia de noticias Unciencia.
Los científicos realizaron su análisis impulsados esencialmente por la explotación agrícola y el sobrepastoreo, señala la investigación publicada originalmente en Agriculture, Ecosystems & Environment.
Ese proceso es posible por la fotosíntesis de las plantas y la acumulación de materia orgánica en el suelo, que puede retener incluso más carbono que la vegetación viva.
Fecha de Publicación: 05/03/2016
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
El reemplazo de una hectárea de bosque por cultivos agrícolas reduce los valores de carbono en la vegetación. Se pierden toneladas de carbono por hectárea y se libera el equivalente al dióxido de carbono que emiten 40 argentinos promedio en un año.
Los bosques del noroeste de Córdoba están sufriendo una reducción y degradación que está entre las más altas del mundo, según concluyó un estudio científico del Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (Imbiv) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y del Conicet.
Los investigadores cuantificaron la cantidad de carbono que “secuestran” los bosques del Chaco seco cordobés y analizaron cómo se redujo esa capacidad con los cambios en el uso del suelo de esa región, informa la agencia de noticias Unciencia.
Los científicos realizaron su análisis impulsados esencialmente por la explotación agrícola y el sobrepastoreo, señala la investigación publicada originalmente en Agriculture, Ecosystems & Environment.
Ese proceso es posible por la fotosíntesis de las plantas y la acumulación de materia orgánica en el suelo, que puede retener incluso más carbono que la vegetación viva.
“Cualquier reducción en la cobertura del bosque implica que el carbono acumulado a lo largo de años se libere, emitiéndolo nuevamente a la atmósfera como dióxido de carbono”, dijo a ese sitio la investigadora Georgina Conti.
Añadió que eso implica una pérdida en la capacidad de esos bosques de "secuestrar" carbono y de mitigar el efecto del cambio climático global.
Conti trazó una comparación, a modo de ejemplo, al señalar que “en términos absolutos, una hectárea de bosque chaqueño seco en su estado más conservado almacena, solo en la vegetación, 43.26 toneladas de carbono".
Eso representa, por caso, "lo que contaminan 34 argentinos promedio en términos de emisiones de dióxido de carbono". Y, según la investigadora, si se considera el suelo orgánico bajo ese bosque, a solo 30 centímetros de profundidad, "los valores se duplican".
El estudio indica que “la conversión de la cobertura boscosa en sistemas degradados o su total reemplazo por sistemas agrícolas tiene profundísimas consecuencias en la capacidad de estos bosques de proveer del servicio ecosistémico de 'secuestro' de carbono".
Los investigadores, no obstante, señalaron que existen algunos manejos del bosque que, al menos en el corto plazo, “brindan otros servicios ecosistémicos sin afectar de manera significativa la capacidad de almacenar carbono del bosque chaqueño de Córdoba”.
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Añadió que eso implica una pérdida en la capacidad de esos bosques de "secuestrar" carbono y de mitigar el efecto del cambio climático global.
Conti trazó una comparación, a modo de ejemplo, al señalar que “en términos absolutos, una hectárea de bosque chaqueño seco en su estado más conservado almacena, solo en la vegetación, 43.26 toneladas de carbono".
Eso representa, por caso, "lo que contaminan 34 argentinos promedio en términos de emisiones de dióxido de carbono". Y, según la investigadora, si se considera el suelo orgánico bajo ese bosque, a solo 30 centímetros de profundidad, "los valores se duplican".
El estudio indica que “la conversión de la cobertura boscosa en sistemas degradados o su total reemplazo por sistemas agrícolas tiene profundísimas consecuencias en la capacidad de estos bosques de proveer del servicio ecosistémico de 'secuestro' de carbono".
Los investigadores, no obstante, señalaron que existen algunos manejos del bosque que, al menos en el corto plazo, “brindan otros servicios ecosistémicos sin afectar de manera significativa la capacidad de almacenar carbono del bosque chaqueño de Córdoba”.
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Proponen monitoreo automático para el Limay
Proponen medir el nivel de contaminación en el Limay
Fecha de Publicación: 05/03/2016
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén - Río Negro
Martín Islas, presidente del Colegio de Profesionales del Medio Ambiente, se refirió esta mañana a la propuesta que presentarán ante el ministro de Seguridad, Trabajo y Ambiente, Jorge Lara, para implementar un plan para determinar el nivel de contaminación del rio Limay.
En declaraciones a LU5, Islas explicó: "Queremos cerrar con esta propuesta la denuncia que realizamos sobre la contaminación en el río hace unos meses, y lo que queremos es hacer un monitoreo automático del río con un sistema de estaciones que se instalan cerca de diversos puntos de interés para tener muestras y sensores online que tiran resultados en tiempo real para derivarlos a una central en donde se ven esos resultados de la calidad del río".
"La idea es elevarle la propuesta al ministro Lara el próximo miércoles para ver si les interesa encarar el tema con más seriedad, para entre todos decir cuál es el estado del río. Si ellos dicen que no está contaminado como nosotros decimos, de esta forma podemos determinarlo", agregó el titular del Colegio de Profesionales del Medio Ambiente.
El proyecto implica la instalación de estaciones fijar que se ubican a la orilla del río "para determinar cómo está el río antes y después de una descarga que se realice en el río", detalló Islas, que aclaró que el proyecto "es costoso", pero que hay alguna posibilidad de concretar el proyecto "con subsidios del BID, fondos de Nación o incluso financiamiento del Copade".
"Vamos a decidir entre todos el lugar en donde se realiza este monitoreo y a nosotros desde el punto de vista científico nos cerraría de una mejor manera tener este tipo de resultados", afirmó el especialista.
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Fecha de Publicación: 05/03/2016
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén - Río Negro
Martín Islas, presidente del Colegio de Profesionales del Medio Ambiente, se refirió esta mañana a la propuesta que presentarán ante el ministro de Seguridad, Trabajo y Ambiente, Jorge Lara, para implementar un plan para determinar el nivel de contaminación del rio Limay.
En declaraciones a LU5, Islas explicó: "Queremos cerrar con esta propuesta la denuncia que realizamos sobre la contaminación en el río hace unos meses, y lo que queremos es hacer un monitoreo automático del río con un sistema de estaciones que se instalan cerca de diversos puntos de interés para tener muestras y sensores online que tiran resultados en tiempo real para derivarlos a una central en donde se ven esos resultados de la calidad del río".
"La idea es elevarle la propuesta al ministro Lara el próximo miércoles para ver si les interesa encarar el tema con más seriedad, para entre todos decir cuál es el estado del río. Si ellos dicen que no está contaminado como nosotros decimos, de esta forma podemos determinarlo", agregó el titular del Colegio de Profesionales del Medio Ambiente.
El proyecto implica la instalación de estaciones fijar que se ubican a la orilla del río "para determinar cómo está el río antes y después de una descarga que se realice en el río", detalló Islas, que aclaró que el proyecto "es costoso", pero que hay alguna posibilidad de concretar el proyecto "con subsidios del BID, fondos de Nación o incluso financiamiento del Copade".
"Vamos a decidir entre todos el lugar en donde se realiza este monitoreo y a nosotros desde el punto de vista científico nos cerraría de una mejor manera tener este tipo de resultados", afirmó el especialista.
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Corte Suprema falla a favor de vecinos en Andalgalá
Agua Rica: la Corte Suprema, a favor de vecinos de Andalgalá
Fecha de Publicación: 04/03/2016
Fuente: El Ancasti
Provincia/Región: Catamarca
Luego de casi 40 meses, la Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo lugar al recurso de queja presentado en noviembre de 2012 por los Vecinos Autoconvocados de Andalgalá contra una sentencia de la Corte de Justicia Catamarca, que había rechazado un amparo presentado en 2010 para parar las actividades en el yacimiento Agua Rica. El tribunal ordenó a la Corte local que emita un nuevo pronunciamiento al respecto. La sentencia lleva la firma de los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda.
En enero de 2010, Sergio Raúl Martínez, César Jair Cecenarro, Carmen Susana Chayle, Raúl Francisco Martínez, María Esperanza Lizárraga, Graciela Clementina Chayle, Gustavo Alfredo Chiapello, Rosa Mariana Rojas, Stella Maris Rosana Lichtig, Mario Ismael Pacheco, Marcela Isabel Villagrán, María Cristina Amarante y Néstor Edgardo Herrera, todos ellos vecinos de Andalgalá representados por abogados de la Asociación Civil Movimiento de Profesionales para los Pueblos por los Derechos Humanos y Sociales, presentaron un recurso de amparo ante la Corte de Justicia reclamando la prohibición de innovar y la cesación definitiva de Agua Rica, por considerar que afectaba a sus derechos, su salud y faltaba a la Constitución Nacional y tratados internacionales.
Según señala el Centro de Información Judicial, los vecinos habían demandado a la empresa Minera Agua Rica - Yamana Gold Inc, a la provincia de Catamarca y al Municipio de Andalgalá con el objeto de obtener la suspensión de todo tipo de trabajo de construcción destinado a la explotación de las minas.
Los vecinos explicaron en su amparo que la Secretaría de Minería aprobó de forma condicionada el informe de impacto ambiental de la empresa, mediante la Resolución 35/09; y que esto era ilegal "porque ni la legislación nacional ni la provincial admiten que se apruebe un emprendimiento bajo la condición de que la empresa minera, en forma previa a iniciar los trabajos, subsane las objeciones y observaciones formuladas por la misma provincia".
En la sentencia que emitió ayer, la Corte Suprema consideró que la resolución 35/09 en tanto aprueba el estudio en forma condicional, puede producir un daño grave al medio ambiente que puede llegar a ser de imposible reparación en el futuro. En ese sentido, explicó que la Provincia aprobó en forma condicionada el proyecto minero "porque admitió la existencia de problemas ambientales que la empresa debía solucionar antes de iniciar los trabajos para explotar la mina".
La Corte Suprema señaló que el Tribunal Provincial "omitió el análisis de normas aplicables al caso". "Concretamente, no tuvo en cuenta que, de acuerdo con lo establecido en la ley 25.675, toda obra o actividad que sea susceptible de degradar el ambiente, alguno de sus componentes, o afectar la calidad de vida de la población, en forma significativa, estará sujeta a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental, previo a su ejecución", fundamentan. Además, se señala que la Corte de Catamarca "tampoco consideró que el Código de Minería establece que los responsables de las actividades mineras deberán presentar ante la autoridad de aplicación, y antes del inicio de cualquier actividad un Informe de Impacto Ambiental; y que dispone que la autoridad de aplicación se expedirá aprobando o rechazando de forma expresa el informe".
Por último, la Corte Suprema señala, en concordancia con el dictamen de la Procuración General de la Nación, que se hace lugar a la queja y deja sin efecto la sentencia de la Corte Provincial.
Antecedentes
- Julio de 2007. Agua Rica presenta su informe de Impacto Ambiental, de la mano de José Luis Martín, su gerente de Desarrollo.
- Marzo de 2009. La Secretaría de Minería, a cargo de José Sinner, aprobó de manera condicionada el informe, mediante la Resolución 035/09.
- Enero de 2010. Vecinos Autoconvocados por la Vida, de Andalgalá, presentan un recurso de amparo ante la Corte, que se rechazó en todas las instancias provinciales.
- Noviembre de 2012. Se presenta el recurso de queja ante la Corte Suprema de la Nación.
- Julio de 2013. La Corte Suprema gira el expediente a la Procuración General de la Nación, a cargo de Alejandra Gils Carbó.
- Diciembre de 2014. Gils Carbó dictaminó que debía admitirse el recurso de amparo presentado por los vecinos.
- Marzo de 2016. La Corte Suprema pide que se revea la sentencia local.
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Fecha de Publicación: 04/03/2016
Fuente: El Ancasti
Provincia/Región: Catamarca
Luego de casi 40 meses, la Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo lugar al recurso de queja presentado en noviembre de 2012 por los Vecinos Autoconvocados de Andalgalá contra una sentencia de la Corte de Justicia Catamarca, que había rechazado un amparo presentado en 2010 para parar las actividades en el yacimiento Agua Rica. El tribunal ordenó a la Corte local que emita un nuevo pronunciamiento al respecto. La sentencia lleva la firma de los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda.
En enero de 2010, Sergio Raúl Martínez, César Jair Cecenarro, Carmen Susana Chayle, Raúl Francisco Martínez, María Esperanza Lizárraga, Graciela Clementina Chayle, Gustavo Alfredo Chiapello, Rosa Mariana Rojas, Stella Maris Rosana Lichtig, Mario Ismael Pacheco, Marcela Isabel Villagrán, María Cristina Amarante y Néstor Edgardo Herrera, todos ellos vecinos de Andalgalá representados por abogados de la Asociación Civil Movimiento de Profesionales para los Pueblos por los Derechos Humanos y Sociales, presentaron un recurso de amparo ante la Corte de Justicia reclamando la prohibición de innovar y la cesación definitiva de Agua Rica, por considerar que afectaba a sus derechos, su salud y faltaba a la Constitución Nacional y tratados internacionales.
Según señala el Centro de Información Judicial, los vecinos habían demandado a la empresa Minera Agua Rica - Yamana Gold Inc, a la provincia de Catamarca y al Municipio de Andalgalá con el objeto de obtener la suspensión de todo tipo de trabajo de construcción destinado a la explotación de las minas.
Los vecinos explicaron en su amparo que la Secretaría de Minería aprobó de forma condicionada el informe de impacto ambiental de la empresa, mediante la Resolución 35/09; y que esto era ilegal "porque ni la legislación nacional ni la provincial admiten que se apruebe un emprendimiento bajo la condición de que la empresa minera, en forma previa a iniciar los trabajos, subsane las objeciones y observaciones formuladas por la misma provincia".
En la sentencia que emitió ayer, la Corte Suprema consideró que la resolución 35/09 en tanto aprueba el estudio en forma condicional, puede producir un daño grave al medio ambiente que puede llegar a ser de imposible reparación en el futuro. En ese sentido, explicó que la Provincia aprobó en forma condicionada el proyecto minero "porque admitió la existencia de problemas ambientales que la empresa debía solucionar antes de iniciar los trabajos para explotar la mina".
La Corte Suprema señaló que el Tribunal Provincial "omitió el análisis de normas aplicables al caso". "Concretamente, no tuvo en cuenta que, de acuerdo con lo establecido en la ley 25.675, toda obra o actividad que sea susceptible de degradar el ambiente, alguno de sus componentes, o afectar la calidad de vida de la población, en forma significativa, estará sujeta a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental, previo a su ejecución", fundamentan. Además, se señala que la Corte de Catamarca "tampoco consideró que el Código de Minería establece que los responsables de las actividades mineras deberán presentar ante la autoridad de aplicación, y antes del inicio de cualquier actividad un Informe de Impacto Ambiental; y que dispone que la autoridad de aplicación se expedirá aprobando o rechazando de forma expresa el informe".
Por último, la Corte Suprema señala, en concordancia con el dictamen de la Procuración General de la Nación, que se hace lugar a la queja y deja sin efecto la sentencia de la Corte Provincial.
Antecedentes
- Julio de 2007. Agua Rica presenta su informe de Impacto Ambiental, de la mano de José Luis Martín, su gerente de Desarrollo.
- Marzo de 2009. La Secretaría de Minería, a cargo de José Sinner, aprobó de manera condicionada el informe, mediante la Resolución 035/09.
- Enero de 2010. Vecinos Autoconvocados por la Vida, de Andalgalá, presentan un recurso de amparo ante la Corte, que se rechazó en todas las instancias provinciales.
- Noviembre de 2012. Se presenta el recurso de queja ante la Corte Suprema de la Nación.
- Julio de 2013. La Corte Suprema gira el expediente a la Procuración General de la Nación, a cargo de Alejandra Gils Carbó.
- Diciembre de 2014. Gils Carbó dictaminó que debía admitirse el recurso de amparo presentado por los vecinos.
- Marzo de 2016. La Corte Suprema pide que se revea la sentencia local.
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El cambio climático se corrobora en Capital Federal
Cambio climático: este febrero fue el más cálido en la historia de la Ciudad
Fecha de Publicación: 04/03/2016
Fuente: La Nación
Provincia/Región: CABA
Según informó el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura promedio superó en una décima el registro de 1943; el mes que acaba de terminar tuvo una media de 25°8
Las altas temperaturas no dan tregua. El mes que acaba de terminar marcó un nuevo récord en la ciudad de Buenos Aires: fue el febrero más caluroso en la historia del distrito desde que se tienen registros. Los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dan cuenta de que la temperatura media mensual fue de 25°8 C, una décima más que la medida por el organismo oficial en 1943.
"Este récord fue ocasionado por las temperaturas mínimas altas que se registraron. En particular, porque la temperatura mínima media fue de 21°C, una décima menos que la mínima media de 2001 que todavía ocupa el primer puesto", indicaron los voceros del SMN.
Aunque no hacen falta más datos para asegurar que estamos frente a un verano caluroso, en el SMN detallaron que en lo que se denomina período cálido (entre los meses de diciembre y marzo) se registraron 45 días con temperatura promedio que superó los 26° en la ciudad de Buenos Aires. "Estamos a dos días de tener un nuevo registro histórico. Hasta el momento sólo lo supera el verano del 69-70 cuando los días con temperaturas promedio por encima de esa marca fueron 47", agregaron los voceros del organismo.
La medición del período cálido se realiza en Salta, Resistencia, Córdoba, Santa Fe, Rosario, Buenos Aires y Mar del Plata. En Rosario se han registrado hasta el momento 41 días con temperaturas promedio por encima de 26°C. El récord es de 44 días durante el verano 2000-2001.
Cabe recordar que en enero también hubo registros de temperaturas altas en todo el país. Incluso según la NASA, fue el enero más caluroso en más de un siglo. Las temperaturas estuvieron en promedio 1,13 °C por encima de lo normal y superaron el récord de diciembre de 2015, de 1,11 °C por encima del promedio histórico global.
Si bien en el país el mes pasado no registró un récord respecto de su temperatura promedio, sí mostró una tendencia al aumento: el mapa satelital indica que los termómetros subieron entre 0,2°C y 2°C. El enero más caluroso del que la NASA tenía registro había sido el de 2007.
El análisis del comportamiento climático durante los últimos años reveló que esta situación responde a la combinación del calentamiento global y a los significativos efectos atmosféricos producidos por El Niño. El Niño es un fenómeno climático que este año está siendo particularmente intenso y que se caracteriza por la influencia que una corriente cálida en el Pacífico genera en buena parte del planeta.
Aumento del nivel del mar
La NASA también advirtió ayer que el nivel del mar subió casi 8 centímetros promedio en todo el mundo desde 1992 a causa del calentamiento global, al tiempo que alertó que se trata de una tendencia que se mantendrá en los próximos años.
Un grupo de científicos precisó que el caudal aumentó 7,62 centímetros promedio en los últimos 23 años en algunos lugares del mundo, como las costas del Pacífico de Asia y Oceanía, donde el incremento superó los 22 centímetros.
El principal culpable del incremento del nivel de los océanos y los mares es el calentamiento global, causado en gran medida por la actividad humana, y responsable de que se derritan glaciares y grandes masas de hielo en los polos, así como de que suba la temperatura del agua, lo que hace que se expanda.
"Es muy probable que la situación empeore en el futuro", alertó el geofísico de la Universidad de Colorado, Steve Nerem, durante la presentación de la NASA. Los científicos avisaron que, incluso si se tomasen acciones para tratar de revertir la situación y se lograse cambiar la tendencia, se tardaría siglos en lograr un retorno a los niveles previos al cambio climático.
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Fecha de Publicación: 04/03/2016
Fuente: La Nación
Provincia/Región: CABA
Según informó el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura promedio superó en una décima el registro de 1943; el mes que acaba de terminar tuvo una media de 25°8
Las altas temperaturas no dan tregua. El mes que acaba de terminar marcó un nuevo récord en la ciudad de Buenos Aires: fue el febrero más caluroso en la historia del distrito desde que se tienen registros. Los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dan cuenta de que la temperatura media mensual fue de 25°8 C, una décima más que la medida por el organismo oficial en 1943.
"Este récord fue ocasionado por las temperaturas mínimas altas que se registraron. En particular, porque la temperatura mínima media fue de 21°C, una décima menos que la mínima media de 2001 que todavía ocupa el primer puesto", indicaron los voceros del SMN.
Aunque no hacen falta más datos para asegurar que estamos frente a un verano caluroso, en el SMN detallaron que en lo que se denomina período cálido (entre los meses de diciembre y marzo) se registraron 45 días con temperatura promedio que superó los 26° en la ciudad de Buenos Aires. "Estamos a dos días de tener un nuevo registro histórico. Hasta el momento sólo lo supera el verano del 69-70 cuando los días con temperaturas promedio por encima de esa marca fueron 47", agregaron los voceros del organismo.
La medición del período cálido se realiza en Salta, Resistencia, Córdoba, Santa Fe, Rosario, Buenos Aires y Mar del Plata. En Rosario se han registrado hasta el momento 41 días con temperaturas promedio por encima de 26°C. El récord es de 44 días durante el verano 2000-2001.
Cabe recordar que en enero también hubo registros de temperaturas altas en todo el país. Incluso según la NASA, fue el enero más caluroso en más de un siglo. Las temperaturas estuvieron en promedio 1,13 °C por encima de lo normal y superaron el récord de diciembre de 2015, de 1,11 °C por encima del promedio histórico global.
Si bien en el país el mes pasado no registró un récord respecto de su temperatura promedio, sí mostró una tendencia al aumento: el mapa satelital indica que los termómetros subieron entre 0,2°C y 2°C. El enero más caluroso del que la NASA tenía registro había sido el de 2007.
El análisis del comportamiento climático durante los últimos años reveló que esta situación responde a la combinación del calentamiento global y a los significativos efectos atmosféricos producidos por El Niño. El Niño es un fenómeno climático que este año está siendo particularmente intenso y que se caracteriza por la influencia que una corriente cálida en el Pacífico genera en buena parte del planeta.
Aumento del nivel del mar
La NASA también advirtió ayer que el nivel del mar subió casi 8 centímetros promedio en todo el mundo desde 1992 a causa del calentamiento global, al tiempo que alertó que se trata de una tendencia que se mantendrá en los próximos años.
Un grupo de científicos precisó que el caudal aumentó 7,62 centímetros promedio en los últimos 23 años en algunos lugares del mundo, como las costas del Pacífico de Asia y Oceanía, donde el incremento superó los 22 centímetros.
El principal culpable del incremento del nivel de los océanos y los mares es el calentamiento global, causado en gran medida por la actividad humana, y responsable de que se derritan glaciares y grandes masas de hielo en los polos, así como de que suba la temperatura del agua, lo que hace que se expanda.
"Es muy probable que la situación empeore en el futuro", alertó el geofísico de la Universidad de Colorado, Steve Nerem, durante la presentación de la NASA. Los científicos avisaron que, incluso si se tomasen acciones para tratar de revertir la situación y se lograse cambiar la tendencia, se tardaría siglos en lograr un retorno a los niveles previos al cambio climático.
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Directivos de La Alumbrera a indagatoria
Tucumán: citaron a indagatoria a los directivos de 'Minera La Alumbrera'
Fecha de Publicación: 04/03/2016
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Tucumán
Se trata de Julián Rooney, Raúl Mentz y Michael Holme, quienes deberán presentarse los días 14, 15 y 16 de Marzo ante el juez federal Fernando Poviña. En representación del MPF intervendrá el fiscal federal Carlos Brito.
El titular del Juzgado Federal N°2 de Tucumán, Fernando Poviña, llamó a prestar declaraciones indagatorias a los directivos de “Minera La Alumbrera” Julián Rooney, Raúl Mentz y Michael Holmes. Los tres deberán presentarse ante el magistrado entre los días 14, 15 y 16 de marzo, en el marco de la causa por contaminación ambiental que ya lleva 14 años. En representación del Ministerio Público, intervendrá el fiscal federal Carlos Brito.
Esta causa se inició por una denuncia presentada por el ciudadano Juan González en la Fiscalía General de Tucumán, a cargo de Gustavo Gómez. Allí, quien hoy es uno de los tres querellantes que en la actualidad tiene el expediente había indicado que La Alumbrera habría contaminado el Dique el Frontal en Termas de Río Hondo, el canal DP2 y generado efectos ambientales perjudiciales en la zona de Concepción de Tucumán.
En función de eso, la Fiscalía General dispuso una investigación preliminar en los términos de la entonces Ley Orgánica del Ministerio Público. De esa manera, luego de reunir los informes necesarios que acreditaron los hechos de la denuncia, se remitió la investigación preliminar al titular de la Fiscalía Federal N°1 de esa provincia, Carlos Brito, para que interpusiera el requerimiento de instrucción.
Asimismo, la fiscal general ante la Cámara tuvo diversas intervenciones en el caso, tales como cuando el fiscal Gómez peticionó que se ordenara al juez la inmediata investigación penal por incumplimiento de deberes de funcionario público y encubrimiento, en contra del entonces secretario de Minería de la Nación Jorge Mayoral.
Por otra parte, en junio de 2008, la cámara federal de Tucumán había dictado el procesamiento por el delito de contaminación ambiental en contra de Rooney. Sin embargo, esa medida luego fue revocada por la Cámara Federal de Casación Penal, ordenándole al juez de aquel momento, Mario Racedo, que emitiera un nuevo fallo, algo que nunca se concretó.
Desde entonces, el expediente se encontraba a la espera de resolver si se procesaba nuevamente o no al directivo de la mina.
A la vez, el 7 de noviembre de 2014 la ONG “Conciencia Solidaria” presentó nuevamente como querellante ante el juez federal el pedido de procesamiento en contra de Rooney. El material probatorio incluía la denuncia del daño ocasionado por la planta de tratamientos de efluentes de la empresa Minera La Alumbrera a una de sus empleadas, quien habría sido afectada por el contacto con químicos tóxicos utilizados en la planta. Esto le produjo, indicaron los denunciantes, enfermedades dermatológicas (por contacto directo) y respiratorias (por suspensión de sustancias en el aire) agravadas de forma crónica.
En la causa, también existen informes y análisis realizados por el Instituto Nacional de Agua (INA) y el Instituto Nacional de Ecología, Genética y Evolución de Buenos Aires (IEGBA), que determinan que los niveles de cobre y mercurio en los canales supera el máximo permitido, perjudicando la vida acuática y la salud pública, por bioacumulación. El aumento en las concentraciones de cobre plantea un riesgo para la salud pública, por la exposición crónica de la vida marina, y sus consumidores en la población humana.
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Fecha de Publicación: 04/03/2016
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Tucumán
Se trata de Julián Rooney, Raúl Mentz y Michael Holme, quienes deberán presentarse los días 14, 15 y 16 de Marzo ante el juez federal Fernando Poviña. En representación del MPF intervendrá el fiscal federal Carlos Brito.
El titular del Juzgado Federal N°2 de Tucumán, Fernando Poviña, llamó a prestar declaraciones indagatorias a los directivos de “Minera La Alumbrera” Julián Rooney, Raúl Mentz y Michael Holmes. Los tres deberán presentarse ante el magistrado entre los días 14, 15 y 16 de marzo, en el marco de la causa por contaminación ambiental que ya lleva 14 años. En representación del Ministerio Público, intervendrá el fiscal federal Carlos Brito.
Esta causa se inició por una denuncia presentada por el ciudadano Juan González en la Fiscalía General de Tucumán, a cargo de Gustavo Gómez. Allí, quien hoy es uno de los tres querellantes que en la actualidad tiene el expediente había indicado que La Alumbrera habría contaminado el Dique el Frontal en Termas de Río Hondo, el canal DP2 y generado efectos ambientales perjudiciales en la zona de Concepción de Tucumán.
En función de eso, la Fiscalía General dispuso una investigación preliminar en los términos de la entonces Ley Orgánica del Ministerio Público. De esa manera, luego de reunir los informes necesarios que acreditaron los hechos de la denuncia, se remitió la investigación preliminar al titular de la Fiscalía Federal N°1 de esa provincia, Carlos Brito, para que interpusiera el requerimiento de instrucción.
Asimismo, la fiscal general ante la Cámara tuvo diversas intervenciones en el caso, tales como cuando el fiscal Gómez peticionó que se ordenara al juez la inmediata investigación penal por incumplimiento de deberes de funcionario público y encubrimiento, en contra del entonces secretario de Minería de la Nación Jorge Mayoral.
Por otra parte, en junio de 2008, la cámara federal de Tucumán había dictado el procesamiento por el delito de contaminación ambiental en contra de Rooney. Sin embargo, esa medida luego fue revocada por la Cámara Federal de Casación Penal, ordenándole al juez de aquel momento, Mario Racedo, que emitiera un nuevo fallo, algo que nunca se concretó.
Desde entonces, el expediente se encontraba a la espera de resolver si se procesaba nuevamente o no al directivo de la mina.
A la vez, el 7 de noviembre de 2014 la ONG “Conciencia Solidaria” presentó nuevamente como querellante ante el juez federal el pedido de procesamiento en contra de Rooney. El material probatorio incluía la denuncia del daño ocasionado por la planta de tratamientos de efluentes de la empresa Minera La Alumbrera a una de sus empleadas, quien habría sido afectada por el contacto con químicos tóxicos utilizados en la planta. Esto le produjo, indicaron los denunciantes, enfermedades dermatológicas (por contacto directo) y respiratorias (por suspensión de sustancias en el aire) agravadas de forma crónica.
En la causa, también existen informes y análisis realizados por el Instituto Nacional de Agua (INA) y el Instituto Nacional de Ecología, Genética y Evolución de Buenos Aires (IEGBA), que determinan que los niveles de cobre y mercurio en los canales supera el máximo permitido, perjudicando la vida acuática y la salud pública, por bioacumulación. El aumento en las concentraciones de cobre plantea un riesgo para la salud pública, por la exposición crónica de la vida marina, y sus consumidores en la población humana.
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Alumbrera,
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legislación y derecho ambiental,
minería,
Tucumán
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Monsanto pone en riesgo la comercialización de granos
Advierten que Monsanto pone en peligro la normal comercialización de granos
Fecha de Publicación: 03/03/2016
Fuente: Telam
Provincia/Región: Nacional
La empresa cobrará eso si el grano presenta antecedentes genéticos vinculados con la compañía estadounidense, aprovechando el vacío legal que existe, producto de una Ley de Semillas que data de la década de los '70 y no contemplaba los eventos biotecnológicos.
Monsanto busca instalar el cobro de un canon extra a los productores, quienes argumentan que ya pagan por la tecnología al momento de la compra de la semilla, y pidieron a la multinacional la suspensión de esa regalía mientras se negocia la actualización de la Ley de Semillas.
Con la presencia del titular de la entidad, Omar Príncipe, deliberó en Rosario su Comisión de Semillas en la sede central de la Federación Agraria Argentina.
Durante la reunión se difundió un documento que advierte que “ante el inminente inicio de la cosecha de soja, la Federación Agraria Argentina -y las entidades firmantes de la denuncia realizada- advierten que el sistema ilegal montado por Monsanto, valiéndose de exportadores e intermediarios, pone en serio riesgo la normal comercialización de los granos".
Agrega el documento que "además se abriría un canal de encarecimiento de los alimentos que impactaría en la ya castigada mesa de los argentinos, en este año".
Por lo expuesto, la FAA sentenció que "estas imposiciones no hacen más que consolidar una estructura monopólica dominante, que erosiona la economía nacional, debilitando aún más a los que producen y convirtiendo en rehenes a los que consumen”.
La entidad agraria instó a las autoridades competentes a "acelerar las decisiones que se han postergado durante tanto tiempo y que ponen en riesgo la soberanía alimentaria, la biodiversidad y la normal y libre comercialización de los productos agropecuarios”.
“Este tipo de conductas abusivas -señala el documento- requieren el arbitrio del Estado para que ponga en igualdad de condiciones a los productores y a esta multinacional, protegiendo los derechos de los argentinos, tal como lo anunció el gobierno al poner en funcionamiento el Tribunal de Defensa de la Competencia”.
Adelantó que “en esta línea de acciones FAA se manifestará el viernes 4 de marzo a las 11 frente a Defensa de la Competencia, en la ciudad de Buenos Aires", como también "se profundizan las acciones gremiales ante la falta de respuesta, y las mismas continuarán en pos de una solución justa y definitiva”.
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Fecha de Publicación: 03/03/2016
Fuente: Telam
Provincia/Región: Nacional
La empresa cobrará eso si el grano presenta antecedentes genéticos vinculados con la compañía estadounidense, aprovechando el vacío legal que existe, producto de una Ley de Semillas que data de la década de los '70 y no contemplaba los eventos biotecnológicos.
Monsanto busca instalar el cobro de un canon extra a los productores, quienes argumentan que ya pagan por la tecnología al momento de la compra de la semilla, y pidieron a la multinacional la suspensión de esa regalía mientras se negocia la actualización de la Ley de Semillas.
Con la presencia del titular de la entidad, Omar Príncipe, deliberó en Rosario su Comisión de Semillas en la sede central de la Federación Agraria Argentina.
Durante la reunión se difundió un documento que advierte que “ante el inminente inicio de la cosecha de soja, la Federación Agraria Argentina -y las entidades firmantes de la denuncia realizada- advierten que el sistema ilegal montado por Monsanto, valiéndose de exportadores e intermediarios, pone en serio riesgo la normal comercialización de los granos".
Agrega el documento que "además se abriría un canal de encarecimiento de los alimentos que impactaría en la ya castigada mesa de los argentinos, en este año".
Por lo expuesto, la FAA sentenció que "estas imposiciones no hacen más que consolidar una estructura monopólica dominante, que erosiona la economía nacional, debilitando aún más a los que producen y convirtiendo en rehenes a los que consumen”.
La entidad agraria instó a las autoridades competentes a "acelerar las decisiones que se han postergado durante tanto tiempo y que ponen en riesgo la soberanía alimentaria, la biodiversidad y la normal y libre comercialización de los productos agropecuarios”.
“Este tipo de conductas abusivas -señala el documento- requieren el arbitrio del Estado para que ponga en igualdad de condiciones a los productores y a esta multinacional, protegiendo los derechos de los argentinos, tal como lo anunció el gobierno al poner en funcionamiento el Tribunal de Defensa de la Competencia”.
Adelantó que “en esta línea de acciones FAA se manifestará el viernes 4 de marzo a las 11 frente a Defensa de la Competencia, en la ciudad de Buenos Aires", como también "se profundizan las acciones gremiales ante la falta de respuesta, y las mismas continuarán en pos de una solución justa y definitiva”.
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Entre Ríos: evaluarán el impacto de Botnia
Habrá un observatorio de enfermedades respiratorias por el impacto de Botnia
Fecha de Publicación: 03/03/2016
Fuente: APFDigital
Provincia/Región: Entre Ríos
Lo anunció el Ministro de Salud de la provincia, Ariel De la Rosa • Arrancará en 90 días y funcionará en el Nodo Epidemiológico del Hospital Centenario • Dijo también que se trabaja en la evaluación de la ley de agroquímicos de la provincia
“En unos 90 días estaremos poniendo en marcha un Observatorio de Enfermedades Respiratorias en Gualeguaychú, que estaría funcionando en el Nodo Epidemiológico del Hospital Centenario, con el objetivo de tener información sistemática de todas aquellas afecciones o enfermedades respiratorias y saber fehacientemente cual es la incidencia que tienen las emanaciones provenientes de la pastera existente en la ciudad uruguaya de Fray Bentos en la salud”, informó De la Rosa.
“Este monitoreo nos va a permitir conocer cuáles son las enfermedades más frecuentes, si se repiten, disminuyen o aumentan y de esa forma podremos tener datos fehacientes sobre el impacto que tiene en la salud la presencia de UPM. En la puesta en marcha técnica de este Observatorio ya se está trabajando y esperamos iniciarla una vez que estemos culminando la campaña que se está desarrollando actualmente para prevenir el brote de dengue que nos afecta”, agregó, en declaraciones realizadas en el programa que la Asamblea Ciudadana Ambiental tiene en Radio Máxima.
Revisión de la ley de agroquímicos
De la Rosa también manifestó: “Entendemos que la revisión del proyecto para reformar la actual de agroquímicos y fertilizantes conjuntamente con el ministerio de Producción y la secretaría de Ambiente es muy importante por el impacto que esta cuestión tiene sobre la salud de la población que es muy difícil de mensurar. La idea es lograr una alternativa superadora entre la ley vigente y el proyecto que está a estudio de la Legislatura y que satisfaga a todos los sectores involucrados”.
El funcionario sostuvo que “las entidades que agrupan a los productores agropecuarios y los mismos productores tiene un grado de responsabilidad muy importante en este tema básicamente para propender al uso de agroquímicos y fertilizantes más amigables con los suelos, los animales y los seres humanos y no continuar utilizando productos que ya sabemos que son altamente tóxicos algo que las entidades agrarias no deberían cuestionar”.
Asimismo De la Rosa puntualizó que “se va a estudiar la posibilidad de que los municipios tengan poder de policía para el control, detección y aplicación de sanciones a los infractores que utilicen agroquímicos afectando en forma indiscriminada a la población”.
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Fecha de Publicación: 03/03/2016
Fuente: APFDigital
Provincia/Región: Entre Ríos
Lo anunció el Ministro de Salud de la provincia, Ariel De la Rosa • Arrancará en 90 días y funcionará en el Nodo Epidemiológico del Hospital Centenario • Dijo también que se trabaja en la evaluación de la ley de agroquímicos de la provincia
“En unos 90 días estaremos poniendo en marcha un Observatorio de Enfermedades Respiratorias en Gualeguaychú, que estaría funcionando en el Nodo Epidemiológico del Hospital Centenario, con el objetivo de tener información sistemática de todas aquellas afecciones o enfermedades respiratorias y saber fehacientemente cual es la incidencia que tienen las emanaciones provenientes de la pastera existente en la ciudad uruguaya de Fray Bentos en la salud”, informó De la Rosa.
“Este monitoreo nos va a permitir conocer cuáles son las enfermedades más frecuentes, si se repiten, disminuyen o aumentan y de esa forma podremos tener datos fehacientes sobre el impacto que tiene en la salud la presencia de UPM. En la puesta en marcha técnica de este Observatorio ya se está trabajando y esperamos iniciarla una vez que estemos culminando la campaña que se está desarrollando actualmente para prevenir el brote de dengue que nos afecta”, agregó, en declaraciones realizadas en el programa que la Asamblea Ciudadana Ambiental tiene en Radio Máxima.
Revisión de la ley de agroquímicos
De la Rosa también manifestó: “Entendemos que la revisión del proyecto para reformar la actual de agroquímicos y fertilizantes conjuntamente con el ministerio de Producción y la secretaría de Ambiente es muy importante por el impacto que esta cuestión tiene sobre la salud de la población que es muy difícil de mensurar. La idea es lograr una alternativa superadora entre la ley vigente y el proyecto que está a estudio de la Legislatura y que satisfaga a todos los sectores involucrados”.
El funcionario sostuvo que “las entidades que agrupan a los productores agropecuarios y los mismos productores tiene un grado de responsabilidad muy importante en este tema básicamente para propender al uso de agroquímicos y fertilizantes más amigables con los suelos, los animales y los seres humanos y no continuar utilizando productos que ya sabemos que son altamente tóxicos algo que las entidades agrarias no deberían cuestionar”.
Asimismo De la Rosa puntualizó que “se va a estudiar la posibilidad de que los municipios tengan poder de policía para el control, detección y aplicación de sanciones a los infractores que utilicen agroquímicos afectando en forma indiscriminada a la población”.
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Tucumán: salinización del agua, el CONICET investiga
Investigadores de la UNT participaron de un estudio para proteger el agua de la salinización
Fecha de Publicación: 03/03/2016
Fuente: Tucumán Noticias
Provincia/Región: Tucumán
Investigadores del Instituto de Biodiversidad Neotropical de Tucumán participaron de un estudio internacional que analizó las concentraciones de sales en agua y su impacto en la biodiversidad, según publicó en su sitio web el CONICET.
Es sabido que para la mayoría de las actividades humanas el agua es un recurso indispensable. El problema ocurre cuando estas tareas, como por ejemplo la agricultura o la minería, aumentan la concentración total de sales inorgánicas disueltas (es decir, la salinidad secundaria) en las aguas llamadas dulces, que son aquellas que no son marinas. El proceso de adquisición de sales en un ecosistema acuático se denomina “salinización”.
Este incremento de la salinidad puede tener efectos adversos en la salud humana, aumenta los costos de tratamiento de agua para el consumo humano y daña la infraestructura, al mismo tiempo que reduce la biodiversidad de agua dulce, altera las funciones del ecosistema y afecta finalmente el bienestar económico.
“Las sales son compuestos formados por cationes, que son partículas con carga positiva, enlazados a aniones – partículas con carga negativa – y que tienen la particularidad de conducir la corriente eléctrica. El agua acumula naturalmente cationes típicos tales como sodio, potasio, calcio y magnesio, y aniones típicos como carbonato, bicarbonato, cloruro y silicato”, explica Hugo Fernández, investigador adjunto del CONICET en el Instituto de Biodiversidad Neotropical (IBN, CONICET-UNT) y autor de un trabajo publicado recientemente en la prestigiosa revista Science.
En el estudio participó también Ana González Achem, becaria doctoral del CONICET en el IBN, junto con investigadores de otros siete países. Allí, los autores aseguran que el aporte desmedido de alguno de estos por el hombre en los cuerpos de agua naturales produce desbalances no siempre conocidos.
“Es esencial, entonces, regular el aporte de sales al agua para proteger la biodiversidad y evitar que la actual situación se agrave en el futuro, ya que se prevé un aumento de la demanda de este recurso y en contraparte se reducirá la capacidad de las aguas superficiales para diluir las sales”, agrega Fernández.
Si bien puede existir legislación y reglamentos sobre la calidad del agua, estos se centran en el agua de riego y potable, pero no protege necesariamente la biodiversidad. Es decir, el agua con algunas sales que puede ser apta para consumo puede sin embargo afectar a muchas especies de invertebrados que habitualmente las toleran. Las normas de salinidad – considerando algunos iones y mezclas de iones – deben desarrollarse y establecerse en base a criterios ecológicos que protejan vida en los ecosistemas acuáticos.
En el reporte, los investigadores advierten sobre la necesidad de desarrollar enfoques integrados, establecer normas de desarrollo y gestión de sistemas potencialmente afectados por la salinización que incluya perspectivas como el cada vez más usado ‘triple resultado’ (triple bottom line o TBL). “Se busca así establecer opciones de gestión con un marco que incluya el desarrollo social, impactos económicos y ambientales”, comenta González Achem. Esto, sostienen en el trabajo, es ecológicamente significativo y debe servir para la protección con normas sobre salinización en cualquier jurisdicción.
Las acciones propuestas por este grupo de científicos de ocho países incluyen caracterizar las masas de agua a la cual se aplicarán las normas, determinar su composición iónica – es decir, las concentraciones de iones específicos y su relaciones – de los efluentes asociados, cuantificar los efectos potenciales de cada clase de efluente en la región e identificar umbrales para los efectos tóxicos y, finalmente “garantizar que las normas sean sostenidas por los mejores conocimientos científicos disponibles con la comprensión de los costes y beneficios”, analiza Fernández.
También, añaden, deben tomarse medidas para implementar acciones que pueden prevenir o remediar los daños asociados con la salinización del agua ‘dulce’, como dar incentivos para valores a través de instrumentos basados en el mercado, como las subvenciones para el desarrollo de la tecnología y su aplicación, que lleven a una reducción en el uso de agua en la agricultura; reducir o eliminar el uso de sales como anticongelantes en el pavimento; disminuir la producción de fuentes puntuales y la descarga de sales en aguas ’dulces’; implementar programas de límites máximos o desarrollar opciones de gestión específicas para los efluentes ricos en sales, entre otros.
“La cooperación internacional y científica necesita el intercambio de conocimientos para el desarrollo de soluciones que se pueden aplicar a nivel mundial. La rehabilitación de ecosistemas de agua ‘dulce’ contaminados con sales es posible. Lograr una prevención de daños es mucho más probable si los gestores del agua, las partes interesadas, y científicos trabajan juntos para identificar los servicios sociales, costes económicos y ecológicos y los beneficios que pueden derivarse de la prevención y restauración”, concluyen Fernández y González Achem.
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Fecha de Publicación: 03/03/2016
Fuente: Tucumán Noticias
Provincia/Región: Tucumán
Investigadores del Instituto de Biodiversidad Neotropical de Tucumán participaron de un estudio internacional que analizó las concentraciones de sales en agua y su impacto en la biodiversidad, según publicó en su sitio web el CONICET.
Es sabido que para la mayoría de las actividades humanas el agua es un recurso indispensable. El problema ocurre cuando estas tareas, como por ejemplo la agricultura o la minería, aumentan la concentración total de sales inorgánicas disueltas (es decir, la salinidad secundaria) en las aguas llamadas dulces, que son aquellas que no son marinas. El proceso de adquisición de sales en un ecosistema acuático se denomina “salinización”.
Este incremento de la salinidad puede tener efectos adversos en la salud humana, aumenta los costos de tratamiento de agua para el consumo humano y daña la infraestructura, al mismo tiempo que reduce la biodiversidad de agua dulce, altera las funciones del ecosistema y afecta finalmente el bienestar económico.
“Las sales son compuestos formados por cationes, que son partículas con carga positiva, enlazados a aniones – partículas con carga negativa – y que tienen la particularidad de conducir la corriente eléctrica. El agua acumula naturalmente cationes típicos tales como sodio, potasio, calcio y magnesio, y aniones típicos como carbonato, bicarbonato, cloruro y silicato”, explica Hugo Fernández, investigador adjunto del CONICET en el Instituto de Biodiversidad Neotropical (IBN, CONICET-UNT) y autor de un trabajo publicado recientemente en la prestigiosa revista Science.
En el estudio participó también Ana González Achem, becaria doctoral del CONICET en el IBN, junto con investigadores de otros siete países. Allí, los autores aseguran que el aporte desmedido de alguno de estos por el hombre en los cuerpos de agua naturales produce desbalances no siempre conocidos.
“Es esencial, entonces, regular el aporte de sales al agua para proteger la biodiversidad y evitar que la actual situación se agrave en el futuro, ya que se prevé un aumento de la demanda de este recurso y en contraparte se reducirá la capacidad de las aguas superficiales para diluir las sales”, agrega Fernández.
Si bien puede existir legislación y reglamentos sobre la calidad del agua, estos se centran en el agua de riego y potable, pero no protege necesariamente la biodiversidad. Es decir, el agua con algunas sales que puede ser apta para consumo puede sin embargo afectar a muchas especies de invertebrados que habitualmente las toleran. Las normas de salinidad – considerando algunos iones y mezclas de iones – deben desarrollarse y establecerse en base a criterios ecológicos que protejan vida en los ecosistemas acuáticos.
En el reporte, los investigadores advierten sobre la necesidad de desarrollar enfoques integrados, establecer normas de desarrollo y gestión de sistemas potencialmente afectados por la salinización que incluya perspectivas como el cada vez más usado ‘triple resultado’ (triple bottom line o TBL). “Se busca así establecer opciones de gestión con un marco que incluya el desarrollo social, impactos económicos y ambientales”, comenta González Achem. Esto, sostienen en el trabajo, es ecológicamente significativo y debe servir para la protección con normas sobre salinización en cualquier jurisdicción.
Las acciones propuestas por este grupo de científicos de ocho países incluyen caracterizar las masas de agua a la cual se aplicarán las normas, determinar su composición iónica – es decir, las concentraciones de iones específicos y su relaciones – de los efluentes asociados, cuantificar los efectos potenciales de cada clase de efluente en la región e identificar umbrales para los efectos tóxicos y, finalmente “garantizar que las normas sean sostenidas por los mejores conocimientos científicos disponibles con la comprensión de los costes y beneficios”, analiza Fernández.
También, añaden, deben tomarse medidas para implementar acciones que pueden prevenir o remediar los daños asociados con la salinización del agua ‘dulce’, como dar incentivos para valores a través de instrumentos basados en el mercado, como las subvenciones para el desarrollo de la tecnología y su aplicación, que lleven a una reducción en el uso de agua en la agricultura; reducir o eliminar el uso de sales como anticongelantes en el pavimento; disminuir la producción de fuentes puntuales y la descarga de sales en aguas ’dulces’; implementar programas de límites máximos o desarrollar opciones de gestión específicas para los efluentes ricos en sales, entre otros.
“La cooperación internacional y científica necesita el intercambio de conocimientos para el desarrollo de soluciones que se pueden aplicar a nivel mundial. La rehabilitación de ecosistemas de agua ‘dulce’ contaminados con sales es posible. Lograr una prevención de daños es mucho más probable si los gestores del agua, las partes interesadas, y científicos trabajan juntos para identificar los servicios sociales, costes económicos y ecológicos y los beneficios que pueden derivarse de la prevención y restauración”, concluyen Fernández y González Achem.
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Derrame de la Barrick: piden la intervención de la UBA
Piden que la UBA investigue el derrame de la Barrick Gold
Fecha de Publicación: 02/03/2016
Fuente: Página/12
Provincia/Región: San Juan
En una audiencia con el juez Sebastián Casanello, los integrantes de la Asamblea "Jachal No Se Toca" pidieron que un equipo de la universidad realice un estudio de impacto en ese departamento sanjuanino por el derrame de cianuro de la minera Barrick Gold en septiembre pasado.
"Jachal es el departamento de San Juan donde más personas mueren por cáncer y las autoridades lo saben y no nos responden por qué. Sabemos que el derrame de 5 millones de litros de solución cianurada es la causa y vinimos a pedir auxilio", dijo a Télam Ricardo Vargas, un integrante de la Asamblea "Jachal No Se Toca", donde desde hace tres meses se realizan dos marchas semanales y se instaló en la plaza central un acampe.
La reunión con el Juez Federal Casanello fue pedida por la organización vecinal tras constatar que un derrame de 5 millones de litros registrado en septiembre del año pasado contenía cianuro. En el marco de la investigación, una pericia de la Policía Federal reveló que cinco ríos de la provincia están contaminados con cianuro como consecuencia de la actividad minera.
"Hace tres meses, la población no consume más agua, y tiene que juntar las monedas para comprar agua mineral. Estamos solos, ni el intendente, ni el gobernador, ni Salud Pública, ni Medio Ambiente de Nación salen a resolver este drama", señaló Vargas.
Tras el derrame ocurrido el 13 de septiembre de 2015 en un ducto de la mina Veladero, "intensificamos la lucha que comenzó en 2004 cuando quisimos evitar que la empresa se instale", recordó Marcela Alonso, otra integrante de la asamblea vecinal.
"Estamos desesperados, pero seguimos peleando por nuestra vida. Esto es cuestión de vida o muerte porque si no se frena el derrame de metales pesados en los ríos desapereceremos; y no sólo será Jachal, porque el problema afecta el sistema desagüadero y por ende a la población de cuatro provincias más: San Luis, Córdoba, La Pampa, y Rio Negro", precisó Alonso.
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Fecha de Publicación: 02/03/2016
Fuente: Página/12
Provincia/Región: San Juan
En una audiencia con el juez Sebastián Casanello, los integrantes de la Asamblea "Jachal No Se Toca" pidieron que un equipo de la universidad realice un estudio de impacto en ese departamento sanjuanino por el derrame de cianuro de la minera Barrick Gold en septiembre pasado.
"Jachal es el departamento de San Juan donde más personas mueren por cáncer y las autoridades lo saben y no nos responden por qué. Sabemos que el derrame de 5 millones de litros de solución cianurada es la causa y vinimos a pedir auxilio", dijo a Télam Ricardo Vargas, un integrante de la Asamblea "Jachal No Se Toca", donde desde hace tres meses se realizan dos marchas semanales y se instaló en la plaza central un acampe.
La reunión con el Juez Federal Casanello fue pedida por la organización vecinal tras constatar que un derrame de 5 millones de litros registrado en septiembre del año pasado contenía cianuro. En el marco de la investigación, una pericia de la Policía Federal reveló que cinco ríos de la provincia están contaminados con cianuro como consecuencia de la actividad minera.
"Hace tres meses, la población no consume más agua, y tiene que juntar las monedas para comprar agua mineral. Estamos solos, ni el intendente, ni el gobernador, ni Salud Pública, ni Medio Ambiente de Nación salen a resolver este drama", señaló Vargas.
Tras el derrame ocurrido el 13 de septiembre de 2015 en un ducto de la mina Veladero, "intensificamos la lucha que comenzó en 2004 cuando quisimos evitar que la empresa se instale", recordó Marcela Alonso, otra integrante de la asamblea vecinal.
"Estamos desesperados, pero seguimos peleando por nuestra vida. Esto es cuestión de vida o muerte porque si no se frena el derrame de metales pesados en los ríos desapereceremos; y no sólo será Jachal, porque el problema afecta el sistema desagüadero y por ende a la población de cuatro provincias más: San Luis, Córdoba, La Pampa, y Rio Negro", precisó Alonso.
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El agua almacenada en el suelo se puede ver on line
Publican 'online' las reservas de agua del país en tiempo real
Fecha de Publicación: 02/03/2016
Fuente: AgroVoz
Provincia/Región: Nacional
El servicio está disponible en los sitios web de la Facultad de Agronomía (UBA), el INTA y el SMN. Permite conocer la disponibilidad del agua almacenada en el suelo
La Facultad de Agronomía de la UBA (Fauba) desarrolló una herramienta para estimar las reservas de agua en los diferentes suelos de la Argentina, con la colaboración del Servicio Meteorológico Nacional y del Inta. El servicio está disponible de manera libre y gratuita en las web de las tres instituciones. Con información publicada en tiempo real sobre el avance de una sequía o de superficies anegadas, representa un elemento fundamental para tomadores de decisión a escala departamental y nacional.
“El modelo de Balance Hídrico Operativo para el Agro (BHOA) tiene como objetivo proporcionar una herramienta de decisión objetiva y en tiempo real para los tomadores de decisión del sector agrícola, así como para generar una base de datos de agua en el suelo disponible para la comunidad científica y educativa”, detalló María Elena Fernández Long, investigadora de la Cátedra de Climatología y Fenología Agrícolas de la Fauba y responsable del desarrollo del modelo, por parte de esa institución, junto a la profesora Liliana Spescha.
El modelo BHOA está publicado en las siguientes páginas de internet:
Fauba: http://www.agro.uba.ar/centros/ciag/info/AU
SMN: http://www.smn.gov.ar/serviciosclimaticos/?mod=agro&id=19
Inta: http://climayagua.inta.gob.ar/boletin_semanal
Fernández Long indicó que esta herramienta, que cuenta con un historial de 60 años de datos sobre la humedad de suelo, es muy importante en un país como la Argentina, por la magnitud del sector agrícola y por la sensibilidad de los cultivos ante fenómenos extremos como una inundación o una sequía, puesto que la mayor parte de la producción agrícola se realiza en secano (sin riego).
En este sentido, recordó que la sequía de la campaña 2008/09, por ejemplo, generó pérdidas en maíz por 8,9 millones de toneladas, equivalentes a una disminución de 40 por ciento respecto del ciclo anterior.
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Fecha de Publicación: 02/03/2016
Fuente: AgroVoz
Provincia/Región: Nacional
El servicio está disponible en los sitios web de la Facultad de Agronomía (UBA), el INTA y el SMN. Permite conocer la disponibilidad del agua almacenada en el suelo
La Facultad de Agronomía de la UBA (Fauba) desarrolló una herramienta para estimar las reservas de agua en los diferentes suelos de la Argentina, con la colaboración del Servicio Meteorológico Nacional y del Inta. El servicio está disponible de manera libre y gratuita en las web de las tres instituciones. Con información publicada en tiempo real sobre el avance de una sequía o de superficies anegadas, representa un elemento fundamental para tomadores de decisión a escala departamental y nacional.
“El modelo de Balance Hídrico Operativo para el Agro (BHOA) tiene como objetivo proporcionar una herramienta de decisión objetiva y en tiempo real para los tomadores de decisión del sector agrícola, así como para generar una base de datos de agua en el suelo disponible para la comunidad científica y educativa”, detalló María Elena Fernández Long, investigadora de la Cátedra de Climatología y Fenología Agrícolas de la Fauba y responsable del desarrollo del modelo, por parte de esa institución, junto a la profesora Liliana Spescha.
El modelo BHOA está publicado en las siguientes páginas de internet:
Fauba: http://www.agro.uba.ar/centros/ciag/info/AU
SMN: http://www.smn.gov.ar/serviciosclimaticos/?mod=agro&id=19
Inta: http://climayagua.inta.gob.ar/boletin_semanal
Fernández Long indicó que esta herramienta, que cuenta con un historial de 60 años de datos sobre la humedad de suelo, es muy importante en un país como la Argentina, por la magnitud del sector agrícola y por la sensibilidad de los cultivos ante fenómenos extremos como una inundación o una sequía, puesto que la mayor parte de la producción agrícola se realiza en secano (sin riego).
En este sentido, recordó que la sequía de la campaña 2008/09, por ejemplo, generó pérdidas en maíz por 8,9 millones de toneladas, equivalentes a una disminución de 40 por ciento respecto del ciclo anterior.
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Countries: piden frenar obras por las inundaciones
Un fiscal pide que frenen obras de countries para evitar inundaciones
Fecha de Publicación: 02/03/2016
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Buenos Aires
Reclamó una medida cautelar para paralizar las obras que se realizan en el Delta y el Río Luján
El fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, le pidió a la jueza Sandra Arroyo Salgado, disponga una medida cautelar para paralizar todas las obras que estén realizando o estén próximas a comenzar en countries y barrios cerrados de la ribera del río Luján y el Delta del Paraná. Argumenta que la proliferación de construcciones en esas zonas provoca inundaciones.
Según informó el sitio Fiscales.gob.ar la causa se inició en abril de 2012 por una denuncia que alertaba sobre los peligros de esas obras para el medio ambiente. El expediente se fue ampliando a raíz de las inundaciones de octubre de 2014 y agosto de 2015, que produjeron varias muertes, miles de evacuados, cortes de rutas y caminos y grandes pérdidas materiales. Domínguez recurrió a ambientalistas expertos para precisar que estos daños fueron consecuencia de las construcciones en las zonas anegadas. “La relación entre la afectación del medio ambiente –las inundaciones provocadas por la construcción de urbanizaciones cerradas en humedales- y la afectación de derecho a la salud de pobladores que habitan la cuenca del Río Luján y el delta del Paraná, resulta evidente”, aseguró Domínguez.
La causa comenzó en 2012 por una presentación del abogado Enrique Fereccio Altube en relación con el daño ambiental producido por el emprendimiento inmobiliario Colony Park en el Delta del Tigre. Tras cuatro años de investigación el fiscal Domínguez solicita ahora a Arroyo salgado la paralización inmediata de “toda obra que se lleve a cabo en los barrios y clubes privados emplazados en la planicie de inundación del Río Luján y en el Delta del Paraná, como así también de los emprendimientos urbanísticos en construcción y de aquellos cuyas obras no han iniciado”.
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Fecha de Publicación: 02/03/2016
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Buenos Aires
Reclamó una medida cautelar para paralizar las obras que se realizan en el Delta y el Río Luján
El fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, le pidió a la jueza Sandra Arroyo Salgado, disponga una medida cautelar para paralizar todas las obras que estén realizando o estén próximas a comenzar en countries y barrios cerrados de la ribera del río Luján y el Delta del Paraná. Argumenta que la proliferación de construcciones en esas zonas provoca inundaciones.
Según informó el sitio Fiscales.gob.ar la causa se inició en abril de 2012 por una denuncia que alertaba sobre los peligros de esas obras para el medio ambiente. El expediente se fue ampliando a raíz de las inundaciones de octubre de 2014 y agosto de 2015, que produjeron varias muertes, miles de evacuados, cortes de rutas y caminos y grandes pérdidas materiales. Domínguez recurrió a ambientalistas expertos para precisar que estos daños fueron consecuencia de las construcciones en las zonas anegadas. “La relación entre la afectación del medio ambiente –las inundaciones provocadas por la construcción de urbanizaciones cerradas en humedales- y la afectación de derecho a la salud de pobladores que habitan la cuenca del Río Luján y el delta del Paraná, resulta evidente”, aseguró Domínguez.
La causa comenzó en 2012 por una presentación del abogado Enrique Fereccio Altube en relación con el daño ambiental producido por el emprendimiento inmobiliario Colony Park en el Delta del Tigre. Tras cuatro años de investigación el fiscal Domínguez solicita ahora a Arroyo salgado la paralización inmediata de “toda obra que se lleve a cabo en los barrios y clubes privados emplazados en la planicie de inundación del Río Luján y en el Delta del Paraná, como así también de los emprendimientos urbanísticos en construcción y de aquellos cuyas obras no han iniciado”.
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