Embargarían petroleras que operan en Malvinas
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Aguardan exhortos diplomáticos para embargar bienes de petroleras que operan en Malvinas
Fecha de Publicación: 01/10/2015
Fuente: El Diario del Fin del Mundo
Provincia/Región: Nacional
Así lo informó ayer el fiscal federal de Río Grande Marcelo Rapoport. La jueza Lilian Herraez dictó en junio una serie de medidas cautelares, entre ellas embargos por 156,4 millones de dólares, y el secuestro de barcos y plataformas petroleras. Ahora se espera que la Cancillería tramite los exhortos para poder cumplimentar la orden judicial. Investigan a 5 empresas en forma directa y 4 de manera indirecta que realizan actividades de exploración y explotación hidrocarburífera sin autorización argentina.El fiscal federal de Río Grande, Marcelo Rapoport, confirmó ayer que la Justicia aguarda el resultado de los exhortos diplomáticos cursados a diferentes países para ejecutar las medidas cautelares dictadas contra empresas petroleras extranjeras que operan ilegalmente en las Islas Malvinas.
Las solicitudes de embargos por 156,4 millones de dólares, además del secuestro de barcos y de otros bienes pertenecientes a las compañías, se encuentran “en pleno desarrollo” al igual que “otras medidas probatorias”, aseguró el funcionario judicial.
La causa penal iniciada por autoridades del gobierno argentino en abril de este año, investiga a los directivos de las firmas multinacionales por la presunta comisión de delitos relacionados con la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental del país, sin autorización legal para hacerlo.
La jueza Lilian Herráez dispuso el 25 de junio una serie de medidas de no innovar solicitadas por el Ministerio Público Fiscal y por la titular de la Unidad de Recupero de Activos (URA) de la Procuración General de la Nación, María del Carmen Chena.
Herráez buscó, de esta forma, “asegurar y decomisar los activos ilícitos involucrados”, además de concretar el “cese inmediato de la comisión del delito”, que para el caso implica la interrupción de las actividades que llevan adelante en la zona, las cinco compañías denunciadas de forma directa, y otras cuatro que le prestan distintos servicios.
Rapoport evaluó que el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación “está trabajando y muy bien” en la concreción de los exhortos diplomáticos, aunque mencionó que son “trámites complejos que llevan su tiempo y son ajenos a la esfera del Poder Judicial”.
El fiscal también precisó que otra de las medidas que se está cumpliendo, en el contexto de la misma causa, es la comunicación sobre la existencia de la investigación a “las distintas bolsas de valores del mundo donde operan las compañías imputadas en el caso”.
“En instancias posteriores se deberán individualizar a los directivos o gerentes de esas empresas para ser llamados a prestar declaración indagatoria”, observó el funcionario judicial.
La denuncia que primero realizaron los ministros de Relaciones Exteriores Héctor Timerman, y de Planificación Federal, Julio De Vido, involucra a las compañías Falkand Oil and Gas Limited (FOGL), Edison International SPA, Noble Energy Inc. y su filial Noble Energy Falkland Limited, Premier Oil plc y Rockhopper Exploration plc.
El fiscal general a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) Carlos Gonella y el fiscal general coordinador de distrito de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Adrián García Lois, les imputan la presunta comisión de "actividades ilícitas de exploración, búsqueda y eventual extracción de hidrocarburos en proximidades a las Islas Malvinas", por haber operado “sin autorización, concesión o permiso alguno otorgado por la autoridad competente argentina".
Los embargos dispuestos por la Justicia fueguina incluyen el secuestro de tres barcos dedicados al relevamiento de datos: el PGS M/V “Ramform Sterling”, PGS “Ramform Titan” y el “Falcon Explorer”, además del “MV Poseidon”, afectado a estudios geoquímicos y de base de líneas de base ambientales. También abarca a la plataforma semisumergible “Eirik Raude” utilizada para hacer perforaciones en el lecho submarino, y al dique flotante “Noble frontier”, afectado a un programa de perforación petrolera en la zona.
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Fecha de Publicación: 01/10/2015
Fuente: El Diario del Fin del Mundo
Provincia/Región: Nacional
Así lo informó ayer el fiscal federal de Río Grande Marcelo Rapoport. La jueza Lilian Herraez dictó en junio una serie de medidas cautelares, entre ellas embargos por 156,4 millones de dólares, y el secuestro de barcos y plataformas petroleras. Ahora se espera que la Cancillería tramite los exhortos para poder cumplimentar la orden judicial. Investigan a 5 empresas en forma directa y 4 de manera indirecta que realizan actividades de exploración y explotación hidrocarburífera sin autorización argentina.El fiscal federal de Río Grande, Marcelo Rapoport, confirmó ayer que la Justicia aguarda el resultado de los exhortos diplomáticos cursados a diferentes países para ejecutar las medidas cautelares dictadas contra empresas petroleras extranjeras que operan ilegalmente en las Islas Malvinas.
Las solicitudes de embargos por 156,4 millones de dólares, además del secuestro de barcos y de otros bienes pertenecientes a las compañías, se encuentran “en pleno desarrollo” al igual que “otras medidas probatorias”, aseguró el funcionario judicial.
La causa penal iniciada por autoridades del gobierno argentino en abril de este año, investiga a los directivos de las firmas multinacionales por la presunta comisión de delitos relacionados con la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental del país, sin autorización legal para hacerlo.
La jueza Lilian Herráez dispuso el 25 de junio una serie de medidas de no innovar solicitadas por el Ministerio Público Fiscal y por la titular de la Unidad de Recupero de Activos (URA) de la Procuración General de la Nación, María del Carmen Chena.
Herráez buscó, de esta forma, “asegurar y decomisar los activos ilícitos involucrados”, además de concretar el “cese inmediato de la comisión del delito”, que para el caso implica la interrupción de las actividades que llevan adelante en la zona, las cinco compañías denunciadas de forma directa, y otras cuatro que le prestan distintos servicios.
Rapoport evaluó que el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación “está trabajando y muy bien” en la concreción de los exhortos diplomáticos, aunque mencionó que son “trámites complejos que llevan su tiempo y son ajenos a la esfera del Poder Judicial”.
El fiscal también precisó que otra de las medidas que se está cumpliendo, en el contexto de la misma causa, es la comunicación sobre la existencia de la investigación a “las distintas bolsas de valores del mundo donde operan las compañías imputadas en el caso”.
“En instancias posteriores se deberán individualizar a los directivos o gerentes de esas empresas para ser llamados a prestar declaración indagatoria”, observó el funcionario judicial.
La denuncia que primero realizaron los ministros de Relaciones Exteriores Héctor Timerman, y de Planificación Federal, Julio De Vido, involucra a las compañías Falkand Oil and Gas Limited (FOGL), Edison International SPA, Noble Energy Inc. y su filial Noble Energy Falkland Limited, Premier Oil plc y Rockhopper Exploration plc.
El fiscal general a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) Carlos Gonella y el fiscal general coordinador de distrito de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Adrián García Lois, les imputan la presunta comisión de "actividades ilícitas de exploración, búsqueda y eventual extracción de hidrocarburos en proximidades a las Islas Malvinas", por haber operado “sin autorización, concesión o permiso alguno otorgado por la autoridad competente argentina".
Los embargos dispuestos por la Justicia fueguina incluyen el secuestro de tres barcos dedicados al relevamiento de datos: el PGS M/V “Ramform Sterling”, PGS “Ramform Titan” y el “Falcon Explorer”, además del “MV Poseidon”, afectado a estudios geoquímicos y de base de líneas de base ambientales. También abarca a la plataforma semisumergible “Eirik Raude” utilizada para hacer perforaciones en el lecho submarino, y al dique flotante “Noble frontier”, afectado a un programa de perforación petrolera en la zona.
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Ballenas Franca Austral seguidas satelitalmente
Los dispositivos satelitales muestran que hay ballenas que ya salieron del Golfo Nuevo
Fecha de Publicación: 01/10/2015
Fuente: Diario Jornada
Provincia/Región: Chubut
Fecha de Publicación: 01/10/2015
Fuente: Diario Jornada
Provincia/Región: Chubut
Siete de los ocho dispositivos satelitales colocados en ejemplares de Ballena Franca Austral ya se encuentran transmitiendo y pudieron registrarse los primeros movimientos, en el marco de la iniciativa que busca conocer mejor las rutas de migración y zonas de alimentación de la población de Ballenas Franca Austral de Península Valdés.
Así lo informó Guillermo Harris de WCS (WidlifeConservationSociety), director del proyecto, quien detalló las característica de cada ejemplar marcado, el apodo colocado por el equipo de científicos a cada cetáceo y reveló que ahora comienza la etapa más rica para la recolección de información puesto que, por segundo año consecutivo, podrá conocerse la ruta que estos mamíferos marinos recorren una vez que abandonen Península Valdés.
Dispositivos
El 20 de septiembre se colocaron dos dispositivos satelitales: a un ejemplar hembra solitaria que fue apodada “Borboleta” (Mariposa) y una madre con cría bautizada como Ángeles. Al día siguiente fueron marcadas “Primavera” -un juvenil del que no se pudo determinar sexo- y “Antenita” -otra madre acompañada de su ballenato-. Esta es la única cuyo dispositivo aún no transmite, presumiblemente por sus acciones de evasión de gaviotas que la lleva a emerger del agua sin mostrar la espalda.
El 24 de septiembre fueron marcadas una hembra adulta grande, que se encontraba en un grupo de cópula y que fue apodada “Seductora” y una madre con cría apodada “Atrevida”.
Finalmente el 25 de septiembre se colocó dispositivo a otra madre con cría llamada “Zarpazo” y a una hembra en un grupo de cópula apodada por los científicos como “Eclipse”. Todos los ejemplares marcados permanecen aún en aguas del Golfo Nuevo, salvo “Primavera” que ya se encuentra en mar abierto, alejándose de Península Valdés hacia el sudeste, como se aprecia en la imagen en esta página.
Rutas migratorias
Se espera que los datos de localización de las ballenas marcadas permitan determinar rutas migratorias y las posibles áreas de alimentación; evaluar como las ballenas utilizan el ambiente y se relacionan con actividades humanas en el océano; contribuir con el Plan de Manejo para la Conservación (CMP) de la ballena franca austral acordado por la Comisión Ballenera Internacional (CBI) y contribuir al esclarecimiento de las causas de mortalidad ballenas francas en la Península Valdés.
El proyecto es desarrollado conjuntamente por WCS (WildlifeConservationSociety), el Instituto Aqualie de Brasil, el NOAA (NationalOceanic And Atmospheric Agency) y la Fundación Patagonia Natural, con la colaboración del Instituto de Conservación de Ballenas, Ocean Alliance y, la Universidad de California Davies. Las operaciones náuticas fueron realizadas por capitanes/timoneles locales autorizados, que realizan los avistajes de ballenas francas desde Puerto Pirámides, mientras que la Prefectura Naval Argentina prestó nuevamente apoyo para garantizar la seguridad en el agua.
El proyecto cuenta con la autorización y apoyo del Gobierno de la Provincia de Chubut a través de la Dirección de Flora y Fauna Silvestre, (Ministerio de Desarrollo Territorial y Sectores Productivos) que participa activamente del mismo, la Secretaría de Turismo y Áreas Protegidas y el Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable.
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Así lo informó Guillermo Harris de WCS (WidlifeConservationSociety), director del proyecto, quien detalló las característica de cada ejemplar marcado, el apodo colocado por el equipo de científicos a cada cetáceo y reveló que ahora comienza la etapa más rica para la recolección de información puesto que, por segundo año consecutivo, podrá conocerse la ruta que estos mamíferos marinos recorren una vez que abandonen Península Valdés.
Dispositivos
El 20 de septiembre se colocaron dos dispositivos satelitales: a un ejemplar hembra solitaria que fue apodada “Borboleta” (Mariposa) y una madre con cría bautizada como Ángeles. Al día siguiente fueron marcadas “Primavera” -un juvenil del que no se pudo determinar sexo- y “Antenita” -otra madre acompañada de su ballenato-. Esta es la única cuyo dispositivo aún no transmite, presumiblemente por sus acciones de evasión de gaviotas que la lleva a emerger del agua sin mostrar la espalda.
El 24 de septiembre fueron marcadas una hembra adulta grande, que se encontraba en un grupo de cópula y que fue apodada “Seductora” y una madre con cría apodada “Atrevida”.
Finalmente el 25 de septiembre se colocó dispositivo a otra madre con cría llamada “Zarpazo” y a una hembra en un grupo de cópula apodada por los científicos como “Eclipse”. Todos los ejemplares marcados permanecen aún en aguas del Golfo Nuevo, salvo “Primavera” que ya se encuentra en mar abierto, alejándose de Península Valdés hacia el sudeste, como se aprecia en la imagen en esta página.
Rutas migratorias
Se espera que los datos de localización de las ballenas marcadas permitan determinar rutas migratorias y las posibles áreas de alimentación; evaluar como las ballenas utilizan el ambiente y se relacionan con actividades humanas en el océano; contribuir con el Plan de Manejo para la Conservación (CMP) de la ballena franca austral acordado por la Comisión Ballenera Internacional (CBI) y contribuir al esclarecimiento de las causas de mortalidad ballenas francas en la Península Valdés.
El proyecto es desarrollado conjuntamente por WCS (WildlifeConservationSociety), el Instituto Aqualie de Brasil, el NOAA (NationalOceanic And Atmospheric Agency) y la Fundación Patagonia Natural, con la colaboración del Instituto de Conservación de Ballenas, Ocean Alliance y, la Universidad de California Davies. Las operaciones náuticas fueron realizadas por capitanes/timoneles locales autorizados, que realizan los avistajes de ballenas francas desde Puerto Pirámides, mientras que la Prefectura Naval Argentina prestó nuevamente apoyo para garantizar la seguridad en el agua.
El proyecto cuenta con la autorización y apoyo del Gobierno de la Provincia de Chubut a través de la Dirección de Flora y Fauna Silvestre, (Ministerio de Desarrollo Territorial y Sectores Productivos) que participa activamente del mismo, la Secretaría de Turismo y Áreas Protegidas y el Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable.
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Jornada de gestión federal del recurso hídrico
Se realizará en Viedma una jornada de gestión federal del recurso hídrico
Fecha de Publicación: 01/10/2015
Fuente: ADN
Provincia/Región: Nacional
El viernes se llevará a cabo en el Campus de la Universidad Nacional de Río Negro, en esta ciudad, la “I° Jornada de Gestión Federal del Recurso Hídrico: el caso particular del COIRCO”, organizado por la carrera de Licenciatura en Ciencias del Ambiente de la UNRN y el Instituto de Derecho Ambiental del Colegio de Abogados y Procuradores del Departamento Judicial de Bahía Blanca.
El eje temático sobre el que se asienta la propuesta constituye un aspecto que, si bien resulta ser de interés nacional, avanza sobre una cuestión que vincula a cinco provincias de nuestro país: Neuquén, Rio Negro, Mendoza, La Pampa y Buenos Aires.
La Cuenca interprovincial del Río Colorado, tiene como principales usos el aprovechamiento agricolaganadero y uso humano, sin dejar de soslayar su impacto en lo atinente a energía y explotación de hidrocarburos y minería. De ahí que su estudio permita la realización de un análisis interdisciplinario, ponderándolo con el medio con el que interacciona.
En la fundamentación de la propuesta académica, los organizadores sostienen que “el análisis del recurso hídrico, encausado conforme a un principio dinámico, integral, solidario y federal, plantea desafíos a nivel normativo y técnico. El abordaje de un modo holístico, en el cual cada una de las ciencias y ramas del saber efectúen sus aportes y elaboren propuestas, permitirá alcanzar resultados integradores y abarcativos”.
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Fecha de Publicación: 01/10/2015
Fuente: ADN
Provincia/Región: Nacional
El viernes se llevará a cabo en el Campus de la Universidad Nacional de Río Negro, en esta ciudad, la “I° Jornada de Gestión Federal del Recurso Hídrico: el caso particular del COIRCO”, organizado por la carrera de Licenciatura en Ciencias del Ambiente de la UNRN y el Instituto de Derecho Ambiental del Colegio de Abogados y Procuradores del Departamento Judicial de Bahía Blanca.
El eje temático sobre el que se asienta la propuesta constituye un aspecto que, si bien resulta ser de interés nacional, avanza sobre una cuestión que vincula a cinco provincias de nuestro país: Neuquén, Rio Negro, Mendoza, La Pampa y Buenos Aires.
La Cuenca interprovincial del Río Colorado, tiene como principales usos el aprovechamiento agricolaganadero y uso humano, sin dejar de soslayar su impacto en lo atinente a energía y explotación de hidrocarburos y minería. De ahí que su estudio permita la realización de un análisis interdisciplinario, ponderándolo con el medio con el que interacciona.
En la fundamentación de la propuesta académica, los organizadores sostienen que “el análisis del recurso hídrico, encausado conforme a un principio dinámico, integral, solidario y federal, plantea desafíos a nivel normativo y técnico. El abordaje de un modo holístico, en el cual cada una de las ciencias y ramas del saber efectúen sus aportes y elaboren propuestas, permitirá alcanzar resultados integradores y abarcativos”.
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COP 21, la nación popone reducir un 30% de emisiones
Argentina propone reducir sus emisiones de carbono hasta un 30 por ciento
Fecha de Publicación: 30/09/2015
Fuente: Telam
Provincia/Región: Nacional
El anuncio se realizó en el marco de la presentación de las contribuciones previstas y determinadas a nivel nacional para ser enviadas a la cumbre mundial de cambio climático, que se realizará en París en diciembre próximo.
La Secretaría de Ambiente de la Nación anunció la intención argentina de mitigar las emisiones de carbono al año 2030 hasta un 15 por ciento de manera incondicional y hasta un 30 por ciento condicionado a financiamiento internacional.
La iniciativa integra políticas públicas de ahorro energético y protección de medio ambiente que ya se vienen llevando adelante con obras de infraestructura que están en marcha o con inversiones aprobadas, cómo las represas Jorge Cepernic y Néstor Kirchner o las futuras centrales nucleares.
Además del 15 por ciento de reducción en sus emisiones de carbono, que Argentina compromete en base a sus capacidades, el país presentó un programa de acciones que podrían reducir en otro 15 por ciento esas emisiones si se aprueba un sistema de financiamiento internacional dedicado a esos objetivos.
El subsecretario de Cambio Climático, Juan Pablo Vismara, explicó que "Argentina evaluó el potencial real de mitigación de acá al 2030; determinamos que en base a las proyecciones que de las emisiones podemos llegar a reducirlas hasta un treinta por ciento, llegando incluso a estabilizarlas antes".
"Encontramos un esquema virtuoso para reducir las emisiones y llegar al 2030 con el mismo nivel que teníamos en 2009, el tema es que cuando vemos cómo se puede llegar a eso, comprobamos que se tienen que dar condiciones que en algunos casos no dependen de nosotros, como el financiamiento internacional", advirtió.
El funcionario subrayó que "el tema de la necesidad de financiamiento internacional en los países emergentes trasciende el problema del cambio climático".
"Tenemos la potencialidad de mejorar en muchas cosas a las que no podemos comprometernos si no hay recursos que lleguen desde los foros internacionales", indicó.
"El compromiso de Argentina de estabilizar sus emisiones para el año de 2030 está condicionado a la llegada de financiamiento internacional, que si hay un verdadero interés de los países desarrollados en solucionar el problema va a estar; pero como no podemos estar seguros de su voluntad tenemos que aclarar que estamos sujetos a esa condicionalidad", agregó.
El funcionario detalló que "hay una serie de medidas en todos los sectores, que van desde el control del consumo de energía doméstico y la conservación de bosques, hasta la diversificación de la matriz energética".
"Esto no es una decisión limitada al equipo de especialistas que escriben la propuesta, acá hay un consenso entre los diferentes actores del Estado y del sector privado y las metas también tienen que ver con hasta dónde pueden comprometerse los sectores industriales y de transporte", indicó.
"Lo importante es reducir emisiones y cada uno va a proponer de acuerdo a lo que cada sector considera posible y sustentable", concluyó.
Carolina Vera, investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) en Cambio Climático, dijo que la propuesta tiene "tres cosas positivas; la primera es que se trata de un compromiso en el que Argentina va a tener que rendir cuentas; la segunda es que es posible porque hay proyectos planteados para llegar al menos al 15 por ciento que con fondos podría ser 30; y la tercera es que está dentro de un contexto de desarrollo sostenible".
"Con tener en cuenta sólo la mitigación no llegamos a ningún lado, hay que prever la sustentabilidad porque todo está atravesado; y en eso todas las medidas que propone Argentina tienen que ver con cosas que ya se están haciendo o que son factibles, lo que se ve en la posición argentina más allá del volumen de las reducciones es que se trata de un compromiso firme", destacó.
"Hay muchos cambios que son domésticos y que requieren de un gran compromiso de la sociedad; Argentina comenzó este camino de manera lenta, pero haber puesto todas estas políticas públicas en juego acá dan la pauta de que no se trata de una cuestión declamativa", concluyó Vera.
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Fecha de Publicación: 30/09/2015
Fuente: Telam
Provincia/Región: Nacional
El anuncio se realizó en el marco de la presentación de las contribuciones previstas y determinadas a nivel nacional para ser enviadas a la cumbre mundial de cambio climático, que se realizará en París en diciembre próximo.
La Secretaría de Ambiente de la Nación anunció la intención argentina de mitigar las emisiones de carbono al año 2030 hasta un 15 por ciento de manera incondicional y hasta un 30 por ciento condicionado a financiamiento internacional.
La iniciativa integra políticas públicas de ahorro energético y protección de medio ambiente que ya se vienen llevando adelante con obras de infraestructura que están en marcha o con inversiones aprobadas, cómo las represas Jorge Cepernic y Néstor Kirchner o las futuras centrales nucleares.
Además del 15 por ciento de reducción en sus emisiones de carbono, que Argentina compromete en base a sus capacidades, el país presentó un programa de acciones que podrían reducir en otro 15 por ciento esas emisiones si se aprueba un sistema de financiamiento internacional dedicado a esos objetivos.
El subsecretario de Cambio Climático, Juan Pablo Vismara, explicó que "Argentina evaluó el potencial real de mitigación de acá al 2030; determinamos que en base a las proyecciones que de las emisiones podemos llegar a reducirlas hasta un treinta por ciento, llegando incluso a estabilizarlas antes".
"Encontramos un esquema virtuoso para reducir las emisiones y llegar al 2030 con el mismo nivel que teníamos en 2009, el tema es que cuando vemos cómo se puede llegar a eso, comprobamos que se tienen que dar condiciones que en algunos casos no dependen de nosotros, como el financiamiento internacional", advirtió.
El funcionario subrayó que "el tema de la necesidad de financiamiento internacional en los países emergentes trasciende el problema del cambio climático".
"Tenemos la potencialidad de mejorar en muchas cosas a las que no podemos comprometernos si no hay recursos que lleguen desde los foros internacionales", indicó.
"El compromiso de Argentina de estabilizar sus emisiones para el año de 2030 está condicionado a la llegada de financiamiento internacional, que si hay un verdadero interés de los países desarrollados en solucionar el problema va a estar; pero como no podemos estar seguros de su voluntad tenemos que aclarar que estamos sujetos a esa condicionalidad", agregó.
El funcionario detalló que "hay una serie de medidas en todos los sectores, que van desde el control del consumo de energía doméstico y la conservación de bosques, hasta la diversificación de la matriz energética".
"Esto no es una decisión limitada al equipo de especialistas que escriben la propuesta, acá hay un consenso entre los diferentes actores del Estado y del sector privado y las metas también tienen que ver con hasta dónde pueden comprometerse los sectores industriales y de transporte", indicó.
"Lo importante es reducir emisiones y cada uno va a proponer de acuerdo a lo que cada sector considera posible y sustentable", concluyó.
Carolina Vera, investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) en Cambio Climático, dijo que la propuesta tiene "tres cosas positivas; la primera es que se trata de un compromiso en el que Argentina va a tener que rendir cuentas; la segunda es que es posible porque hay proyectos planteados para llegar al menos al 15 por ciento que con fondos podría ser 30; y la tercera es que está dentro de un contexto de desarrollo sostenible".
"Con tener en cuenta sólo la mitigación no llegamos a ningún lado, hay que prever la sustentabilidad porque todo está atravesado; y en eso todas las medidas que propone Argentina tienen que ver con cosas que ya se están haciendo o que son factibles, lo que se ve en la posición argentina más allá del volumen de las reducciones es que se trata de un compromiso firme", destacó.
"Hay muchos cambios que son domésticos y que requieren de un gran compromiso de la sociedad; Argentina comenzó este camino de manera lenta, pero haber puesto todas estas políticas públicas en juego acá dan la pauta de que no se trata de una cuestión declamativa", concluyó Vera.
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Derrame de cianuro de la Barrick, sin información real
Reclaman información oficial sobre el derrame de cianuro en San Juan
Fecha de Publicación: 30/09/2015
Fuente: parlamentario.com
Provincia/Región: San Juan
Carlos Brown exigió conocer los estudios y controles que realiza el Estado en la zona, tanto antes como después del accidente.
El diputado nacional y candidato a intendente de San Martín por el Frente Renovador Carlos Brown pidió al Poder Ejecutivo información oficial sobre el derrame de cianuro en San Juan.
Brown consideró “extremadamente preocupante la compleja situación que se desató a partir del derrame de cianuro que produjo una rotura en una cañería que transporta esta sustancia a la Mina Veladero, en la provincia de San Juan”, explotada desde 2005 por la empresa minera canadiense Barrick Gold.
Por eso, exigió conocer el seguimiento, mantenimiento, control y estudios que se realizan por parte del Estado en la zona, previa y posteriormente al incidente, ya que “debemos conocer con urgencia las verdaderas consecuencias que dejó esta catástrofe, porque la población se encuentra muy alarmada por un posible envenenamiento del agua”.
Además, reclamó que “autoridades nacionales y provinciales se manifiesten al respecto, informando qué medidas se han tomado durante los últimos años para evitar este tipo de siniestro”.
Fecha de Publicación: 30/09/2015
Fuente: parlamentario.com
Provincia/Región: San Juan
Carlos Brown exigió conocer los estudios y controles que realiza el Estado en la zona, tanto antes como después del accidente.
El diputado nacional y candidato a intendente de San Martín por el Frente Renovador Carlos Brown pidió al Poder Ejecutivo información oficial sobre el derrame de cianuro en San Juan.
Brown consideró “extremadamente preocupante la compleja situación que se desató a partir del derrame de cianuro que produjo una rotura en una cañería que transporta esta sustancia a la Mina Veladero, en la provincia de San Juan”, explotada desde 2005 por la empresa minera canadiense Barrick Gold.
Por eso, exigió conocer el seguimiento, mantenimiento, control y estudios que se realizan por parte del Estado en la zona, previa y posteriormente al incidente, ya que “debemos conocer con urgencia las verdaderas consecuencias que dejó esta catástrofe, porque la población se encuentra muy alarmada por un posible envenenamiento del agua”.
Además, reclamó que “autoridades nacionales y provinciales se manifiesten al respecto, informando qué medidas se han tomado durante los últimos años para evitar este tipo de siniestro”.
La FAA preocupada por sus agroquímicos en Entre Ríos
La Federación Agraria pone reparos en la ley de agroquímicos y dice que caerá la producción
Fecha de Publicación: 30/09/2015
Fuente: Análisis Digital
Provincia/Región: Entre Ríos
La Federación Agraria de Entre Ríos calificó como “preocupante” el proyecto de ley de agroquímicos que se tratará el jueves en el Senado. La entidad cuestionó la prohibición de las fumigaciones aéreas y las restricciones de mil metros desde los cursos de aguas y sus nacientes, para las pulverizaciones terrestres. “Una superficie muy importante quedará sin producir”, señaló el director de la Federación, Elvio Guía
El jueves el Senado tratará el proyecto del senador César Melchiori que busca regular la aplicación de agroquímicos en Entre Ríos. La iniciativa llegará al recinto con el despacho de las comisiones de Legislación General y de Salud Pública, Medio Ambiente Humano y Drogadicción, ambas presididas por el propio Melchiori, pero sin el visto bueno del sector agropecuario.
“Ahí tenemos otros problema que se nos viene”, anticipó Elvio Guía de FAA y definió como “preocupante” el texto de la ley cuyo tratamiento se dio hasta ahora “entre gallos y medianoche”, según consideró.
El punto conflictivo que ve en la futura ley el sector agropecuario es el referido a las pulverizaciones y la distancia para ejecutarlas: “Las aéreas están prohibidas salvo casos excepcionales en donde la ley pide mil metros de distancia y otros 500 metros de distancia de cursos de agua para las fumigaciones terrestres”, señaló Guía en declaraciones a la agencia APF Digital.
“Teniendo en cuenta la topografía de Entre Ríos nos quedará la mitad de la provincia sin sembrar”, observó Guía y agregó en diálogo con esta Agencia que si se realiza un relevamiento de los cursos de agua de la provincia, se verá que éstos conforman “una superficie muy importante”.
Finalmente el dirigente confirmó que no fueron convocados para dar su punto de vista sobre el texto de la ley.
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Fecha de Publicación: 30/09/2015
Fuente: Análisis Digital
Provincia/Región: Entre Ríos
La Federación Agraria de Entre Ríos calificó como “preocupante” el proyecto de ley de agroquímicos que se tratará el jueves en el Senado. La entidad cuestionó la prohibición de las fumigaciones aéreas y las restricciones de mil metros desde los cursos de aguas y sus nacientes, para las pulverizaciones terrestres. “Una superficie muy importante quedará sin producir”, señaló el director de la Federación, Elvio Guía
El jueves el Senado tratará el proyecto del senador César Melchiori que busca regular la aplicación de agroquímicos en Entre Ríos. La iniciativa llegará al recinto con el despacho de las comisiones de Legislación General y de Salud Pública, Medio Ambiente Humano y Drogadicción, ambas presididas por el propio Melchiori, pero sin el visto bueno del sector agropecuario.
“Ahí tenemos otros problema que se nos viene”, anticipó Elvio Guía de FAA y definió como “preocupante” el texto de la ley cuyo tratamiento se dio hasta ahora “entre gallos y medianoche”, según consideró.
El punto conflictivo que ve en la futura ley el sector agropecuario es el referido a las pulverizaciones y la distancia para ejecutarlas: “Las aéreas están prohibidas salvo casos excepcionales en donde la ley pide mil metros de distancia y otros 500 metros de distancia de cursos de agua para las fumigaciones terrestres”, señaló Guía en declaraciones a la agencia APF Digital.
“Teniendo en cuenta la topografía de Entre Ríos nos quedará la mitad de la provincia sin sembrar”, observó Guía y agregó en diálogo con esta Agencia que si se realiza un relevamiento de los cursos de agua de la provincia, se verá que éstos conforman “una superficie muy importante”.
Finalmente el dirigente confirmó que no fueron convocados para dar su punto de vista sobre el texto de la ley.
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Argentina ratificó la Agenda 2030 de desarrollo sostenible
Reitera Argentina compromiso con desarrollo sostenible
Fecha de Publicación: 29/09/2015
Fuente: PL
Provincia/Región: Nacional
Argentina ratificó su compromiso con la nueva Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible que impulsa la ONU, la cual hoy sustituye tras arduas negociaciones los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
La postura de la Casa Rosada la confirmó este domingo el canciller argentino, Héctor Timerman, en la sesión de clausura de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible, que tuvo lugar del 25 al 27 de septiembre en la sede del organismo internacional.
Esta nueva guía constituye un ambicioso plan de acción para los próximos 15 años, compuesto por 17 objetivos y 169 metas, que deben ser implementados por todos los países para erradicar la pobreza y el hambre, fortalecer la paz universal y hacer realidad los derechos humanos.
Para Argentina, la Agenda encarna el ideal de nuestro tiempo, que no es otro que hacer realidad un mundo más justo, inclusivo, igualitario y en paz, afirmó Timerman al hablar ante el foro internacional.
El canciller destacó, entre otros logros, la reducción de la pobreza que ha logrado argentina durante la última década, así como también la importante reducción de la tasa de mortalidad infantil y materna como resultado de múltiples iniciativas que llevó adelante el Gobierno Nacional.
También recordó que su país fue distinguido en junio pasado por la FAO, por el éxito de su lucha por combatir el hambre, y por la UNESCO en el mes de abril, que lo colocó entre las naciones de más altos índices de escolaridad primaria y de inversión educativa.
Subrayó que para cumplir esta ambiciosa nueva Agenda resulta fundamental abordar, entre otros, los problemas de la estructura financiera internacional, incluyendo el sistema monetario y la deuda soberana.
En esa línea, llamó a "avanzar en la adecuación de la arquitectura financiera y hacia un sistema de comercio transparente, no discriminatorio y justo, que permita a los países en desarrollo recibir los beneficios de su inserción en la economía internacional".
El ministro consideró que la resolución que adoptó la Asamblea General el pasado 10 de septiembre sobre los "Procesos de restructuración de Deuda Soberana", constituye un paso fundamental para ayudar a los países a asegurar la sostenibilidad a largo plazo con un crecimiento con igualdad.
Antes de concluir, Timerman recordó una frase del papa Francisco cuando se dirigió a la Asamblea General.
En el primer discurso de un Sumo Pontífice ante ese órgano, Francisco instó a los organismos financieros internacionales a "velar por el desarrollo sostenible de los países, y por la no sumisión asfixiante de estos a sistemas crediticios que, lejos de promover el progreso, someten a poblaciones a mecanismos de mayor pobreza y exclusión".
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Fecha de Publicación: 29/09/2015
Fuente: PL
Provincia/Región: Nacional
Argentina ratificó su compromiso con la nueva Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible que impulsa la ONU, la cual hoy sustituye tras arduas negociaciones los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
La postura de la Casa Rosada la confirmó este domingo el canciller argentino, Héctor Timerman, en la sesión de clausura de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible, que tuvo lugar del 25 al 27 de septiembre en la sede del organismo internacional.
Esta nueva guía constituye un ambicioso plan de acción para los próximos 15 años, compuesto por 17 objetivos y 169 metas, que deben ser implementados por todos los países para erradicar la pobreza y el hambre, fortalecer la paz universal y hacer realidad los derechos humanos.
Para Argentina, la Agenda encarna el ideal de nuestro tiempo, que no es otro que hacer realidad un mundo más justo, inclusivo, igualitario y en paz, afirmó Timerman al hablar ante el foro internacional.
El canciller destacó, entre otros logros, la reducción de la pobreza que ha logrado argentina durante la última década, así como también la importante reducción de la tasa de mortalidad infantil y materna como resultado de múltiples iniciativas que llevó adelante el Gobierno Nacional.
También recordó que su país fue distinguido en junio pasado por la FAO, por el éxito de su lucha por combatir el hambre, y por la UNESCO en el mes de abril, que lo colocó entre las naciones de más altos índices de escolaridad primaria y de inversión educativa.
Subrayó que para cumplir esta ambiciosa nueva Agenda resulta fundamental abordar, entre otros, los problemas de la estructura financiera internacional, incluyendo el sistema monetario y la deuda soberana.
En esa línea, llamó a "avanzar en la adecuación de la arquitectura financiera y hacia un sistema de comercio transparente, no discriminatorio y justo, que permita a los países en desarrollo recibir los beneficios de su inserción en la economía internacional".
El ministro consideró que la resolución que adoptó la Asamblea General el pasado 10 de septiembre sobre los "Procesos de restructuración de Deuda Soberana", constituye un paso fundamental para ayudar a los países a asegurar la sostenibilidad a largo plazo con un crecimiento con igualdad.
Antes de concluir, Timerman recordó una frase del papa Francisco cuando se dirigió a la Asamblea General.
En el primer discurso de un Sumo Pontífice ante ese órgano, Francisco instó a los organismos financieros internacionales a "velar por el desarrollo sostenible de los países, y por la no sumisión asfixiante de estos a sistemas crediticios que, lejos de promover el progreso, someten a poblaciones a mecanismos de mayor pobreza y exclusión".
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¿Que agroquímico tiene tu fruta y verdura?
Convocan a la población a llevar frutas y verduras para detectar si tienen agrotóxicos
Fecha de Publicación: 29/09/2015
Fuente: Telam
Provincia/Región: CABA
La Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria (CaLiSA) de la carrera de Nutrición de la Facultad de Medicina de la UBA recibirá el martes 29 frutas y verduras que acerque la población para analizar si contienen agrotóxicos.
"Hace tiempo que transmitimos a la población la importancia de consumir alimentos lo menos procesados posible. Decimos que hay que comer frutas y verduras, pero lo que observamos a través de estudios es que éstas contienen cada vez más agrotóxicos", asegura Miryam Gorban, Licenciada en Nutrición y coordinadora de la Cátedra de Soberanía Alimentaria.
Y continúa: "Existe un modo de producción de las materias primas, de las verduras y frutas que al principio nosotros asociábamos sólo a la soja pero que se ha extendido a todos los cultivos, que utiliza agroquímicos y que encima lo hace de forma irresponsable".
La especialista sostuvo que "estudios recientes demuestran que las personas contienen en su sangre y en su orina gran parte de estos agroquímicos, y no nos referimos a quienes viven o trabajan en el campo, sino a hombres y mujeres que viven en plena ciudad".
En este contexto, CaLiSA se propuso realizar un relevamiento directamente de lo que la población consume: "La idea es que la persona traiga medio kilo de las especies que pedimos, comprada en su verdulería habitual y pueda saber si tiene o no agrotóxicos", detalla por su parte Raúl Bottesi, ingeniero agrónomo y docente en la carrera de Nutrición.
Bottesi explica que "según las propias indicaciones de los productores de los agroquímicos, hay sustancias que no deberían detectarse en los alimentos a menos que el agricultor se haya excedido con la dosis, o no haya respetado el tiempo de carencia antes de cosechar, es decir, que haya fumigado muy cerca de la cosecha".
"Sin embargo -agrega- tampoco existe un ciento por ciento de seguridad de que aún con un buen uso, el alimento no contenga estas sustancias. Y por otra parte, lo que se ha detectado en estudios anteriores es el uso de agroquímicos que se encuentran prohibidos como los organoclorados".
El ingeniero sostiene que "hay una cantidad máxima de residuo de determinados plaguicidas permitidos por ley, pero no es claro en base a qué se establece este criterio".
Las especies que se recibirán para el muestreo son lechuga, zanahoria, tomate, morrón y naranja; luego de entregar medio kilo de cualquiera de ellas o de varias se completa un formulario y en unos quince días se estima que estará el resultado.
Las muestras serán analizadas por el Espacio Multidisciplinario de Interacción Socio Ambiental (EMISA), un equipo conformado por profesionales y estudiantes de la Universidad de La Plata que, entre otros trabajos, realizó un relevamiento de características similares cuyos resultados fueron publicados recientemente bajo el título: "Plaguicidas, los condimentos no declarados".
En este estudio, en el que se analizaron 60 muestras entre noviembre de 2014 y abril de 2015, se buscó la presencia de insecticidas, fungicidas y herbicidas y se detectó que el 76,6 por ciento de los alimentos tenía al menos uno de estos compuestos, mientras que el 27,7 por ciento dio positivo a tres compuestos o más.
Además, entre los agroquímicos que más se detectaron estaba el insecticida endosulfan, prohibido en Argentina desde 2013; había un alto porcentaje de alimentos en los que se detectó un mayor nivel residual del permitido y otro tanto en los que se encontraron agroquímicos cuyos residuos no deben hallarse.
"Si no se conoce el origen del cultivo lo que se recomienda es lavar varias veces y con mucha agua frutas y verduras. Algunas verduras como la zanahoria, la papa o el nabo conviene siempre pelarlas, al igual que las frutas", recomienda Bottesi.
Según el especialista, "existe una conciencia cada vez mayor entre los productores pero sobre todo en los consumidores sobre la necesidad de cambiar la forma de producir".
"La producción agroecológica no es más cara, por eso también hay que comenzar a desmitificar esto de que comer más sano es sólo para una elite", asegura.
Y añade: "también como consumidores tenemos que cambiar la cabeza porque una acelga orgánica seguramente tendrá hojas de distinto tamaño, alguna quizás picada por un bichito, o los tomates tendrán diferente forma a la tradicional, ésta es la variabilidad genética que impone la naturaleza y es lo más saludable".
Las muestras pueden acercarse el próximo martes 29, a las 18 a la Facultad de Medicina (Paraguay 2155), en el Primer Piso, Salón de Consejo.
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Fecha de Publicación: 29/09/2015
Fuente: Telam
Provincia/Región: CABA
La Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria (CaLiSA) de la carrera de Nutrición de la Facultad de Medicina de la UBA recibirá el martes 29 frutas y verduras que acerque la población para analizar si contienen agrotóxicos.
"Hace tiempo que transmitimos a la población la importancia de consumir alimentos lo menos procesados posible. Decimos que hay que comer frutas y verduras, pero lo que observamos a través de estudios es que éstas contienen cada vez más agrotóxicos", asegura Miryam Gorban, Licenciada en Nutrición y coordinadora de la Cátedra de Soberanía Alimentaria.
Y continúa: "Existe un modo de producción de las materias primas, de las verduras y frutas que al principio nosotros asociábamos sólo a la soja pero que se ha extendido a todos los cultivos, que utiliza agroquímicos y que encima lo hace de forma irresponsable".
La especialista sostuvo que "estudios recientes demuestran que las personas contienen en su sangre y en su orina gran parte de estos agroquímicos, y no nos referimos a quienes viven o trabajan en el campo, sino a hombres y mujeres que viven en plena ciudad".
En este contexto, CaLiSA se propuso realizar un relevamiento directamente de lo que la población consume: "La idea es que la persona traiga medio kilo de las especies que pedimos, comprada en su verdulería habitual y pueda saber si tiene o no agrotóxicos", detalla por su parte Raúl Bottesi, ingeniero agrónomo y docente en la carrera de Nutrición.
Bottesi explica que "según las propias indicaciones de los productores de los agroquímicos, hay sustancias que no deberían detectarse en los alimentos a menos que el agricultor se haya excedido con la dosis, o no haya respetado el tiempo de carencia antes de cosechar, es decir, que haya fumigado muy cerca de la cosecha".
"Sin embargo -agrega- tampoco existe un ciento por ciento de seguridad de que aún con un buen uso, el alimento no contenga estas sustancias. Y por otra parte, lo que se ha detectado en estudios anteriores es el uso de agroquímicos que se encuentran prohibidos como los organoclorados".
El ingeniero sostiene que "hay una cantidad máxima de residuo de determinados plaguicidas permitidos por ley, pero no es claro en base a qué se establece este criterio".
Las especies que se recibirán para el muestreo son lechuga, zanahoria, tomate, morrón y naranja; luego de entregar medio kilo de cualquiera de ellas o de varias se completa un formulario y en unos quince días se estima que estará el resultado.
Las muestras serán analizadas por el Espacio Multidisciplinario de Interacción Socio Ambiental (EMISA), un equipo conformado por profesionales y estudiantes de la Universidad de La Plata que, entre otros trabajos, realizó un relevamiento de características similares cuyos resultados fueron publicados recientemente bajo el título: "Plaguicidas, los condimentos no declarados".
En este estudio, en el que se analizaron 60 muestras entre noviembre de 2014 y abril de 2015, se buscó la presencia de insecticidas, fungicidas y herbicidas y se detectó que el 76,6 por ciento de los alimentos tenía al menos uno de estos compuestos, mientras que el 27,7 por ciento dio positivo a tres compuestos o más.
Además, entre los agroquímicos que más se detectaron estaba el insecticida endosulfan, prohibido en Argentina desde 2013; había un alto porcentaje de alimentos en los que se detectó un mayor nivel residual del permitido y otro tanto en los que se encontraron agroquímicos cuyos residuos no deben hallarse.
"Si no se conoce el origen del cultivo lo que se recomienda es lavar varias veces y con mucha agua frutas y verduras. Algunas verduras como la zanahoria, la papa o el nabo conviene siempre pelarlas, al igual que las frutas", recomienda Bottesi.
Según el especialista, "existe una conciencia cada vez mayor entre los productores pero sobre todo en los consumidores sobre la necesidad de cambiar la forma de producir".
"La producción agroecológica no es más cara, por eso también hay que comenzar a desmitificar esto de que comer más sano es sólo para una elite", asegura.
Y añade: "también como consumidores tenemos que cambiar la cabeza porque una acelga orgánica seguramente tendrá hojas de distinto tamaño, alguna quizás picada por un bichito, o los tomates tendrán diferente forma a la tradicional, ésta es la variabilidad genética que impone la naturaleza y es lo más saludable".
Las muestras pueden acercarse el próximo martes 29, a las 18 a la Facultad de Medicina (Paraguay 2155), en el Primer Piso, Salón de Consejo.
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Una casa sustentable argentina gana un concurso
Argentinos ganan un certamen medioambiental con una casa sustentable
Fecha de Publicación: 29/09/2015
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Nacional
El equipo ganador, integrado por ingenieros y arquitectos, presentó la casa sustentable que tiene como objetivo "fomentar el uso racional de los materiales".
La Casa G Sustentable, un proyecto de profesionales argentinos, ganó en Ecuador el premio Latinoamérica Verde en el rubro Energía, galardón que reconoció las mejores iniciativas cuidadosas del medioambiente en Iberoamérica.
El equipo ganador, integrado por ingenieros y arquitectos, presentó la casa sustentable que tiene como objetivo "fomentar el uso racional de los materiales, las buenas prácticas ambientales, el ahorro de energía y la promoción de la sustentabilidad, tanto a nivel público como privado", explican en la página de Facebook del emprendimiento argentino.
De los 1.054 proyectos, la mayoría del sector privado de distintos países de Latinoamérica y también de España, que se presentaron al concurso se seleccionaron 500 en siete categorías y de estos, 21 fueron nominados para, de entre ellos, elegir a los siete ganadores, detalló Efe.
El país anfitrión, Ecuador, se llevó tres premios, seguido por Colombia, que obtuvo dos, mientras Costar Rica y Argentina vencieron cada uno en una categoría.
Ecuador venció en las categorías de Agua, Bosques y Biodiversidad, y Finanzas Sostenibles, en tanto que Colombia logró el primer lugar en Desarrollo humano, inclusión social y educación, así como en Residuos.
Costa Rica venció en la categoría de Emisiones y Argentina en Energía, según un comunicado de los organizadores del premio.
Este evento "se convierte en una radiografía internacional de lo que están haciendo cada uno de los países en su política pública", dijo Gustavo Manrique, presidente del comité organizador del certamen.
Los ganadores recibirán una estatuilla y se hará una filmación de cada proyecto vencedor que se proyectará en un programa de televisión para toda América Latina durante dos meses consecutivos posteriores al evento, anunciaron desde la organización.
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Fecha de Publicación: 29/09/2015
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Nacional
El equipo ganador, integrado por ingenieros y arquitectos, presentó la casa sustentable que tiene como objetivo "fomentar el uso racional de los materiales".
La Casa G Sustentable, un proyecto de profesionales argentinos, ganó en Ecuador el premio Latinoamérica Verde en el rubro Energía, galardón que reconoció las mejores iniciativas cuidadosas del medioambiente en Iberoamérica.
El equipo ganador, integrado por ingenieros y arquitectos, presentó la casa sustentable que tiene como objetivo "fomentar el uso racional de los materiales, las buenas prácticas ambientales, el ahorro de energía y la promoción de la sustentabilidad, tanto a nivel público como privado", explican en la página de Facebook del emprendimiento argentino.
De los 1.054 proyectos, la mayoría del sector privado de distintos países de Latinoamérica y también de España, que se presentaron al concurso se seleccionaron 500 en siete categorías y de estos, 21 fueron nominados para, de entre ellos, elegir a los siete ganadores, detalló Efe.
El país anfitrión, Ecuador, se llevó tres premios, seguido por Colombia, que obtuvo dos, mientras Costar Rica y Argentina vencieron cada uno en una categoría.
Ecuador venció en las categorías de Agua, Bosques y Biodiversidad, y Finanzas Sostenibles, en tanto que Colombia logró el primer lugar en Desarrollo humano, inclusión social y educación, así como en Residuos.
Costa Rica venció en la categoría de Emisiones y Argentina en Energía, según un comunicado de los organizadores del premio.
Este evento "se convierte en una radiografía internacional de lo que están haciendo cada uno de los países en su política pública", dijo Gustavo Manrique, presidente del comité organizador del certamen.
Los ganadores recibirán una estatuilla y se hará una filmación de cada proyecto vencedor que se proyectará en un programa de televisión para toda América Latina durante dos meses consecutivos posteriores al evento, anunciaron desde la organización.
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Córdoba: ecosistema degradado por una ruta
El Camino del Cuadrado está dañando las Sierras Chicas
Fecha de Publicación: 28/09/2015
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
La ruta afecta la fauna local y el arroyo y la reserva universitaria Vaquerías, señalan investigadores de la UNC. Se desconoce el impacto que tuvo sobre las aguas subterráneas
El Camino del Cuadrado está lleno de bellas postales de nuestras sierras. Pero esta ruta que atraviesa cerros casi vírgenes para unir dos de los valles turísticos más importantes también es una herida abierta para la naturaleza, señalan investigadores de la UNC. El paisaje está en riesgo.
En 2009 cuando la construcción del camino estaba en marcha, la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) advirtió que la obra iba a dañar la Reserva Vaquerías, un área protegida de 400 hectáreas que pertenece a la Casa de Trejo y que puede observarse abajo del Camino del Cuadrado.
El arroyo Vaquerías es la principal víctima, señalan desde la UNC.
“El arrastre de sedimentos desde los taludes del camino afecta a la reserva. Los taludes siguen inestables y con las lluvias y vientos van depositando material sobre el arroyo, lo que afecta la disponibilidad y calidad del agua y la biodiversidad asociada”, señala Fernando Barri, director de la reserva.
La geóloga Gabriela Cejas, docente e investigadora de la UNC, está estudiando el impacto de la ruta en la cantidad y calidad del agua del arroyo Vaquerías. “Por el momento no detectamos efectos en la calidad del agua, pero sí estamos observando un gran aporte de material sedimentario”, apunta.
Y agrega: “Se está acolmatando hasta el punto de que podría pasar a ser un arroyo subterráneo. Y es probable que le cambie la química al agua del arroyo, cuyas aguas llegan hasta el dique San Roque”.
La geóloga sugiere que se deberían realizar defensas para retener los sedimentos más arriba. “Lo más eficiente es una revegetación de las paredes del camino”, señala.
En 2011, la Provincia firmó un acta acuerdo con la UNC, en la que se comprometía a mitigar y remediar los daños ambientales detectados. En su momento, los costos de estos trabajos fueron calculados en 20 millones de pesos.
Luis Figliozzi, de la Dirección de Vialidad Provincial, asegura que han cumplido con buena parte del acuerdo. Y enumera los trabajos realizados como los azudes y la construcción de gaviones (muros de piedra y alambre) para evitar que los sedimentos lleguen al arroyo, y la construcción de tres escollerados con el mismo fin.
Gustavo Re, representante en la comisión por la universidad, asegura que el impacto en la reserva sigue, a pesar de la voluntad de la Provincia para realizar tareas de remediación.
“Siguen cayendo sedimentos al dique de Vaquerías. La Provincia ya lo dragó tres veces. La hidrosiembra en la paredes del camino no dio resultados, tampoco los desagües y gargantas que se construyeron para evitar que los sedimentos lleguen a la cuenca”, asegura.
El agua que no se ve
Cejas señala otro punto conflictivo del que se desconoce el impacto del camino: las aguas subterráneas. “En el estudio de Impacto Ambiental no se realizaron estudios sobre el agua subterránea. No sabemos cómo ingresa al macizo y por donde se escurre ante la presencia del camino. La UNC solicitó los estudios, pero nunca los presentaron”, explica.
La geóloga asegura que en fotos de 2009 se observa que las vertientes daban directamente en el camino. “Cuando se abrió la traza, ese escurrimiento se debe haber modificado, pero no sabemos por donde. Si se corta parte de las montañas, puede haber un desplazamiento de la cuenca”, indica.
Figliozzi discute que sea necesario realizar una investigación hidrogeológica para abrir un camino. “Un estudio de esa naturaleza lleva años y no se realiza para una obra de este tipo”, sostiene y asegura que le pidieron a la Subsecretaría de Recursos Hídricos un estudio sobre toda la cuenca, el cual tardará años en concretarse.
El funcionario reconoce que la obra generó impactos en el ecosistema. “Estamos tratando de ir mitigando y remediando los impactos generados”, dice.
Re entiende que muchos de los daños ya no tienen solución. “Aunque se clausurara el camino, el impacto seguirá. No hay forma de remediarlo”, dice y asegura que el problema es que se decidió construirlo a partir de la remoción de partes de montañas y no se pensó en hacer puentes y túneles, de menor impacto.
Animales atropellados
La fauna local también sufre el impacto del nuevo camino. Partió al medio un ecosistema. Ahora los animales deben esquivar los siete mil vehículos que todos los días circulan por la ruta. Muchos no lo logran.
Para reducir estos atropellamientos, el Estudio de Impacto Ambiental preveía la construcción de cuatro pasafaunas, túneles por debajo del camino que permiten el paso de los animales. No se construyó ninguno.
La bióloga Luz Leonardi evaluó los atropellamientos de animales en el camino del Cuadrado durante seis meses para su tesis de maestría. Detectó 91 animales muertos por esta causa. La mitad fueron aves.
De las especies terrestres los más atropellados fueron el sapo común, perdiz, comadreja y la culebra de los pastizales.
El gato montés y el hurón chico, dos especies nativas de poca distribución también fueron atropelladas, según las observaciones de Leonardi.
“La densidad relativa de atropellamientos fue la mitad de lo registrado en la ruta nacional 12, ubicada dentro del Parque Nacional Iguazú, probablemente debido a que en nuestra área de estudio la densidad vehicular sea mucho menor al igual que la abundancia de animales”, comenta Leonardi.
La bióloga determinó los lugares de la ruta como más atropellamientos y en donde es necesario tomar medidas urgentes para mitigar este daño. “Las tendencias son preocupantes. Pero hay que realizar un seguimiento para tener un estudio más completo”, advierte.
Aunque admite que lo ideal hubiese sido construir pasafaunas, Leonardi entiende que se pueden tomar otras medidas a corto plazo y no tan costosas como cartelería para disminuir la velocidad y advertir la presencia de animales.
También se pueden colocar reductores de velocidad, tipo serrucho, los cuales además provocan ruido durante el paso del vehículo que espanta a los animales.
Otra medida importante sería la forestación a los costados de la banquina con arbustos como el aromito. “Funcionan como un cerco natural porque hacen un montecito bien espinoso que los animales evitan”, señala la bióloga.
20 millones de pesos. En 2011, la UNC y la Provincia firmaron un acuerdo para que se remedien todos los impactos generados por la ruta. En ese momento los costos de esos trabajos fueron calculados en 20 millones de pesos. Pero los daños continúan.
91 animales muertos. La bióloga Luz Leonardi evaluó los atropellamientos de animales en el Camino del Cuadrado durante seis meses. La mitad de la fauna embestida fueron aves, pero también detectó mamíferos, anfibios y reptiles, algunos bastante raros para la zona.
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Fecha de Publicación: 28/09/2015
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
La ruta afecta la fauna local y el arroyo y la reserva universitaria Vaquerías, señalan investigadores de la UNC. Se desconoce el impacto que tuvo sobre las aguas subterráneas
El Camino del Cuadrado está lleno de bellas postales de nuestras sierras. Pero esta ruta que atraviesa cerros casi vírgenes para unir dos de los valles turísticos más importantes también es una herida abierta para la naturaleza, señalan investigadores de la UNC. El paisaje está en riesgo.
En 2009 cuando la construcción del camino estaba en marcha, la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) advirtió que la obra iba a dañar la Reserva Vaquerías, un área protegida de 400 hectáreas que pertenece a la Casa de Trejo y que puede observarse abajo del Camino del Cuadrado.
El arroyo Vaquerías es la principal víctima, señalan desde la UNC.
“El arrastre de sedimentos desde los taludes del camino afecta a la reserva. Los taludes siguen inestables y con las lluvias y vientos van depositando material sobre el arroyo, lo que afecta la disponibilidad y calidad del agua y la biodiversidad asociada”, señala Fernando Barri, director de la reserva.
La geóloga Gabriela Cejas, docente e investigadora de la UNC, está estudiando el impacto de la ruta en la cantidad y calidad del agua del arroyo Vaquerías. “Por el momento no detectamos efectos en la calidad del agua, pero sí estamos observando un gran aporte de material sedimentario”, apunta.
Y agrega: “Se está acolmatando hasta el punto de que podría pasar a ser un arroyo subterráneo. Y es probable que le cambie la química al agua del arroyo, cuyas aguas llegan hasta el dique San Roque”.
La geóloga sugiere que se deberían realizar defensas para retener los sedimentos más arriba. “Lo más eficiente es una revegetación de las paredes del camino”, señala.
En 2011, la Provincia firmó un acta acuerdo con la UNC, en la que se comprometía a mitigar y remediar los daños ambientales detectados. En su momento, los costos de estos trabajos fueron calculados en 20 millones de pesos.
Luis Figliozzi, de la Dirección de Vialidad Provincial, asegura que han cumplido con buena parte del acuerdo. Y enumera los trabajos realizados como los azudes y la construcción de gaviones (muros de piedra y alambre) para evitar que los sedimentos lleguen al arroyo, y la construcción de tres escollerados con el mismo fin.
Gustavo Re, representante en la comisión por la universidad, asegura que el impacto en la reserva sigue, a pesar de la voluntad de la Provincia para realizar tareas de remediación.
“Siguen cayendo sedimentos al dique de Vaquerías. La Provincia ya lo dragó tres veces. La hidrosiembra en la paredes del camino no dio resultados, tampoco los desagües y gargantas que se construyeron para evitar que los sedimentos lleguen a la cuenca”, asegura.
El agua que no se ve
Cejas señala otro punto conflictivo del que se desconoce el impacto del camino: las aguas subterráneas. “En el estudio de Impacto Ambiental no se realizaron estudios sobre el agua subterránea. No sabemos cómo ingresa al macizo y por donde se escurre ante la presencia del camino. La UNC solicitó los estudios, pero nunca los presentaron”, explica.
La geóloga asegura que en fotos de 2009 se observa que las vertientes daban directamente en el camino. “Cuando se abrió la traza, ese escurrimiento se debe haber modificado, pero no sabemos por donde. Si se corta parte de las montañas, puede haber un desplazamiento de la cuenca”, indica.
Figliozzi discute que sea necesario realizar una investigación hidrogeológica para abrir un camino. “Un estudio de esa naturaleza lleva años y no se realiza para una obra de este tipo”, sostiene y asegura que le pidieron a la Subsecretaría de Recursos Hídricos un estudio sobre toda la cuenca, el cual tardará años en concretarse.
El funcionario reconoce que la obra generó impactos en el ecosistema. “Estamos tratando de ir mitigando y remediando los impactos generados”, dice.
Re entiende que muchos de los daños ya no tienen solución. “Aunque se clausurara el camino, el impacto seguirá. No hay forma de remediarlo”, dice y asegura que el problema es que se decidió construirlo a partir de la remoción de partes de montañas y no se pensó en hacer puentes y túneles, de menor impacto.
Animales atropellados
La fauna local también sufre el impacto del nuevo camino. Partió al medio un ecosistema. Ahora los animales deben esquivar los siete mil vehículos que todos los días circulan por la ruta. Muchos no lo logran.
Para reducir estos atropellamientos, el Estudio de Impacto Ambiental preveía la construcción de cuatro pasafaunas, túneles por debajo del camino que permiten el paso de los animales. No se construyó ninguno.
La bióloga Luz Leonardi evaluó los atropellamientos de animales en el camino del Cuadrado durante seis meses para su tesis de maestría. Detectó 91 animales muertos por esta causa. La mitad fueron aves.
De las especies terrestres los más atropellados fueron el sapo común, perdiz, comadreja y la culebra de los pastizales.
El gato montés y el hurón chico, dos especies nativas de poca distribución también fueron atropelladas, según las observaciones de Leonardi.
“La densidad relativa de atropellamientos fue la mitad de lo registrado en la ruta nacional 12, ubicada dentro del Parque Nacional Iguazú, probablemente debido a que en nuestra área de estudio la densidad vehicular sea mucho menor al igual que la abundancia de animales”, comenta Leonardi.
La bióloga determinó los lugares de la ruta como más atropellamientos y en donde es necesario tomar medidas urgentes para mitigar este daño. “Las tendencias son preocupantes. Pero hay que realizar un seguimiento para tener un estudio más completo”, advierte.
Aunque admite que lo ideal hubiese sido construir pasafaunas, Leonardi entiende que se pueden tomar otras medidas a corto plazo y no tan costosas como cartelería para disminuir la velocidad y advertir la presencia de animales.
También se pueden colocar reductores de velocidad, tipo serrucho, los cuales además provocan ruido durante el paso del vehículo que espanta a los animales.
Otra medida importante sería la forestación a los costados de la banquina con arbustos como el aromito. “Funcionan como un cerco natural porque hacen un montecito bien espinoso que los animales evitan”, señala la bióloga.
20 millones de pesos. En 2011, la UNC y la Provincia firmaron un acuerdo para que se remedien todos los impactos generados por la ruta. En ese momento los costos de esos trabajos fueron calculados en 20 millones de pesos. Pero los daños continúan.
91 animales muertos. La bióloga Luz Leonardi evaluó los atropellamientos de animales en el Camino del Cuadrado durante seis meses. La mitad de la fauna embestida fueron aves, pero también detectó mamíferos, anfibios y reptiles, algunos bastante raros para la zona.
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En Chubut experimentan con plantas para descontaminar
Buscan utilizar plantas acuáticas para que limpien aguas contaminadas
Fecha de Publicación: 28/09/2015
Fuente: Infocampo
Provincia/Región: Chubut
Una característica de las sociedades modernas es que sus actividades industriales, mineras, agropecuarias, artesanales y domésticas contaminan el ambiente en el que viven. Uno de tantos ejemplos en nuestro país sucede en Chubut con los líquidos contaminados provenientes de diferentes procesos industriales que maneja la la planta de tratamiento de efluentes del Parque Industrial Trelew. Un proyecto llevado a cabo entre la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA) y la Escuela Técnica Nº 27, D.E. 18, “Hipólito Yrigoyen” está en marcha con el objetivo reducir en esas aguas la concentración de contaminantes a partir del uso de cultivos como la caña de castilla (Arundo donax) y mostaza etíope (Brassica carinata).
Diego Wassner, Secretario de de Vinculación con Escuelas Medias y CBC de la FAUBA, le explicó a SLT el origen del proyecto: “Se llama Fitoremediación, lo natural se remedia a sí mismo y se originó en varias actividades llevadas adelante en conjunto por la Subsecretaria de Vinculación de la FAUBA y la Escuela Técnica Nº 27 de la CABA, una escuela de química. Bajo la coordinación de los profesores Diego Amato y Claudia Giménez, y con el apoyo del grupo MIRA (FAUBA), los alumnos realizaron actividades y se interiorizaron sobre problemáticas ambientales para luego decidir en qué tema iban a trabajar. El financiamiento de las actividades surgió del Proyecto de Mejora en la Formación de Ciencias Exactas y Naturales en la Escuela Secundaria, dependiente Ministerio de Educación Nacional. En este proyecto también participan las facultades de Ingeniería, Ciencias Exactas y Naturales, Ciencias Económicas, la Dirección de Orientación del Estudiante y, desde el año 2013, la Secretaría de Asuntos Académicos de la UBA”.
El tema elegido por los alumnos fue fitoremediación de aguas contaminadas, con el posterior aprovechamiento de la biomasa producida para producir energía. Al respecto, Wassner nos contó a SLT que: “Esto implicaba dos cosas: la primera era seleccionar las especies vegetales adecuadas para remediar ese tipo de problemas. Los alumnos desarrollaron un sistema hidropónico para evaluar de manera rápida y sencilla el desempeño de diversas especies vegetales expuestas a diferentes tipos de efluentes. Para este caso puntual, se eligieron dos especies: caña de castilla y mostaza etíope. En segundo lugar, debíamos contar con un problema concreto de contaminación hídrica. Ese sitio está localizado en Chubut y pertenece a CORFO, la Corporación de Fomento de la Producción de esa provincia”.
La especie adecuada
La fitoremediación consiste en el cultivo de plantas en agua o suelos contaminados a fin reducir el nivel de contaminantes (ej., metales pesados, solventes, pesticidas, petróleo, aguas servidas, etc.). Algunas plantas cumplen muy bien esta tarea ya que poseen adaptaciones que les permiten captar los contaminantes sin que se afecte demasiado su funcionalidad. Esta tecnología tiene una serie de ventajas, incluyendo: usa energía solar (por lo que puede usarse en diferentes regiones y climas), es de bajo costo (en comparación con otros métodos químicos o mecánicos) y ha sido utilizada con éxito en diferentes partes del planeta. En Argentina, el uso de la fitoremediación es incipiente y de carácter experimental.
La literatura científica incluye una cantidad de casos exitosos de uso de caña de castilla para remediar la contaminación con cadmio y arsénico en suelos y agua. Por su parte, la mostaza etíope ha probado ser muy eficiente al remediar contaminación con metales pesados como, por ejemplo, plomo y níquel. “En este momento los estudiante están caracterizando químicamente el efluente, para luego hacerlo pasar por las raíces de caña de castilla y mostaza etíope para determinar su desempeño como fitoremediadoras”, nos contó Diego.
Aguas que no has de beber
El problema ambiental con los efluentes del Parque Industrial de Trelew no es nuevo. Cuando trabaja a máxima capacidad, este parque bombea alrededor de 10.000 m3 por día de aguas contaminadas. Luego de recibir un tratamiento primario para eliminar sólidos, estas aguas son enviadas a unas lagunas de estabilización ubicadas en un área árida cerca del aeropuerto. Allí se evaporan o infiltran en el terreno, contaminando el agua, el aire y el suelo.
Al respecto, Diego comentó en qué consisten los primeros trabajos están realizando en el marco del proyecto: “Una de las limitantes más severas de esas lagunas es que con tantos años de evaporación e infiltración, su agua se volvió extremadamente salina y alcalina. En la actualidad, CORFO está interesada en evaluar esta tecnología y, llegado el caso, ponerla en práctica. Por eso, a través de su consultor técnico, Damián Sotto, conseguimos que nos enviara 100 litros de ese agua, que usamos en parte para realizar análisis químicos (acidez, contenido de sodio, hierro, cobre, magnesio, nitritos y salinidad) y en parte para la experiencia con las plantas en hidroponia”.
Un proyecto ambicioso
Consultado acerca de los impactos positivos que se esperan del proyecto, Wassner nos comentó: “Tenemos cinco objetivos bastante ambiciosos, como generar agua de mejor calidad que se pueda utilizar para plantaciones forestales o frutales en un ambiente árido como la meseta patagónica. También pretendemos aprovechar energéticamente la biomasa de caña (que es mucha) para producir biogas o para generar calor industrial en calderas adaptadas. Desde el punto de vista estético, el proyecto mejorará el impacto visual de las lagunas en el paisaje, que al estar más limpio y sano volverá a servir como refugio de aves y fauna. Por otra parte, nuestra idea también es poner a punto una tecnología de bajo costo operativo que permita manejar de manera sustentable las aguas residuales, evitando la formación de lagunas con agua de cada vez peor calidad. Por último, tenemos la intención de que una vez ajustada, esta tecnología pueda ser replicada a otras áreas contaminadas del país”.
La Escuela 27 participó de la Feria Ambiental que organizó el Programa Escuelas Verdes de la Ciudad de Buenos Aires, y donde obtuvo el primer premio. A partir de esta distinción, el programa Escuelas Verdes financiaría el proyecto para escalarlo en alguna situación problemática en la Ciudad de Buenos Aires. “Para nosotros ha sido muy gratificante —confiesa Wassner— ver cómo estudiantes y docentes de la E.T. 27 se interesaron con los temas planteados. Nos llena de orgullo el premio que han obtenido y nos compromete a seguir trabajando juntos”.
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Fecha de Publicación: 28/09/2015
Fuente: Infocampo
Provincia/Región: Chubut
Una característica de las sociedades modernas es que sus actividades industriales, mineras, agropecuarias, artesanales y domésticas contaminan el ambiente en el que viven. Uno de tantos ejemplos en nuestro país sucede en Chubut con los líquidos contaminados provenientes de diferentes procesos industriales que maneja la la planta de tratamiento de efluentes del Parque Industrial Trelew. Un proyecto llevado a cabo entre la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA) y la Escuela Técnica Nº 27, D.E. 18, “Hipólito Yrigoyen” está en marcha con el objetivo reducir en esas aguas la concentración de contaminantes a partir del uso de cultivos como la caña de castilla (Arundo donax) y mostaza etíope (Brassica carinata).
Diego Wassner, Secretario de de Vinculación con Escuelas Medias y CBC de la FAUBA, le explicó a SLT el origen del proyecto: “Se llama Fitoremediación, lo natural se remedia a sí mismo y se originó en varias actividades llevadas adelante en conjunto por la Subsecretaria de Vinculación de la FAUBA y la Escuela Técnica Nº 27 de la CABA, una escuela de química. Bajo la coordinación de los profesores Diego Amato y Claudia Giménez, y con el apoyo del grupo MIRA (FAUBA), los alumnos realizaron actividades y se interiorizaron sobre problemáticas ambientales para luego decidir en qué tema iban a trabajar. El financiamiento de las actividades surgió del Proyecto de Mejora en la Formación de Ciencias Exactas y Naturales en la Escuela Secundaria, dependiente Ministerio de Educación Nacional. En este proyecto también participan las facultades de Ingeniería, Ciencias Exactas y Naturales, Ciencias Económicas, la Dirección de Orientación del Estudiante y, desde el año 2013, la Secretaría de Asuntos Académicos de la UBA”.
El tema elegido por los alumnos fue fitoremediación de aguas contaminadas, con el posterior aprovechamiento de la biomasa producida para producir energía. Al respecto, Wassner nos contó a SLT que: “Esto implicaba dos cosas: la primera era seleccionar las especies vegetales adecuadas para remediar ese tipo de problemas. Los alumnos desarrollaron un sistema hidropónico para evaluar de manera rápida y sencilla el desempeño de diversas especies vegetales expuestas a diferentes tipos de efluentes. Para este caso puntual, se eligieron dos especies: caña de castilla y mostaza etíope. En segundo lugar, debíamos contar con un problema concreto de contaminación hídrica. Ese sitio está localizado en Chubut y pertenece a CORFO, la Corporación de Fomento de la Producción de esa provincia”.
La especie adecuada
La fitoremediación consiste en el cultivo de plantas en agua o suelos contaminados a fin reducir el nivel de contaminantes (ej., metales pesados, solventes, pesticidas, petróleo, aguas servidas, etc.). Algunas plantas cumplen muy bien esta tarea ya que poseen adaptaciones que les permiten captar los contaminantes sin que se afecte demasiado su funcionalidad. Esta tecnología tiene una serie de ventajas, incluyendo: usa energía solar (por lo que puede usarse en diferentes regiones y climas), es de bajo costo (en comparación con otros métodos químicos o mecánicos) y ha sido utilizada con éxito en diferentes partes del planeta. En Argentina, el uso de la fitoremediación es incipiente y de carácter experimental.
La literatura científica incluye una cantidad de casos exitosos de uso de caña de castilla para remediar la contaminación con cadmio y arsénico en suelos y agua. Por su parte, la mostaza etíope ha probado ser muy eficiente al remediar contaminación con metales pesados como, por ejemplo, plomo y níquel. “En este momento los estudiante están caracterizando químicamente el efluente, para luego hacerlo pasar por las raíces de caña de castilla y mostaza etíope para determinar su desempeño como fitoremediadoras”, nos contó Diego.
Aguas que no has de beber
El problema ambiental con los efluentes del Parque Industrial de Trelew no es nuevo. Cuando trabaja a máxima capacidad, este parque bombea alrededor de 10.000 m3 por día de aguas contaminadas. Luego de recibir un tratamiento primario para eliminar sólidos, estas aguas son enviadas a unas lagunas de estabilización ubicadas en un área árida cerca del aeropuerto. Allí se evaporan o infiltran en el terreno, contaminando el agua, el aire y el suelo.
Al respecto, Diego comentó en qué consisten los primeros trabajos están realizando en el marco del proyecto: “Una de las limitantes más severas de esas lagunas es que con tantos años de evaporación e infiltración, su agua se volvió extremadamente salina y alcalina. En la actualidad, CORFO está interesada en evaluar esta tecnología y, llegado el caso, ponerla en práctica. Por eso, a través de su consultor técnico, Damián Sotto, conseguimos que nos enviara 100 litros de ese agua, que usamos en parte para realizar análisis químicos (acidez, contenido de sodio, hierro, cobre, magnesio, nitritos y salinidad) y en parte para la experiencia con las plantas en hidroponia”.
Un proyecto ambicioso
Consultado acerca de los impactos positivos que se esperan del proyecto, Wassner nos comentó: “Tenemos cinco objetivos bastante ambiciosos, como generar agua de mejor calidad que se pueda utilizar para plantaciones forestales o frutales en un ambiente árido como la meseta patagónica. También pretendemos aprovechar energéticamente la biomasa de caña (que es mucha) para producir biogas o para generar calor industrial en calderas adaptadas. Desde el punto de vista estético, el proyecto mejorará el impacto visual de las lagunas en el paisaje, que al estar más limpio y sano volverá a servir como refugio de aves y fauna. Por otra parte, nuestra idea también es poner a punto una tecnología de bajo costo operativo que permita manejar de manera sustentable las aguas residuales, evitando la formación de lagunas con agua de cada vez peor calidad. Por último, tenemos la intención de que una vez ajustada, esta tecnología pueda ser replicada a otras áreas contaminadas del país”.
La Escuela 27 participó de la Feria Ambiental que organizó el Programa Escuelas Verdes de la Ciudad de Buenos Aires, y donde obtuvo el primer premio. A partir de esta distinción, el programa Escuelas Verdes financiaría el proyecto para escalarlo en alguna situación problemática en la Ciudad de Buenos Aires. “Para nosotros ha sido muy gratificante —confiesa Wassner— ver cómo estudiantes y docentes de la E.T. 27 se interesaron con los temas planteados. Nos llena de orgullo el premio que han obtenido y nos compromete a seguir trabajando juntos”.
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Chaco lanza un plan de adaptación al cambio climático
Lanzan el Gran Chaco Proadapt, para la adaptación al cambio climático
Fecha de Publicación: 28/09/2015
Fuente: DataChaco
Provincia/Región: Chaco
Se trata de un trabajo conjunto entre funcionarios, técnicos y organizaciones civiles.
Con presencia de representantes de Paraguay y Bolivia y de las provincias de Chaco, Formosa y Salta se realizó esta mañana, en el salón Obligado de Casa de Gobierno, el lanzamiento de la Alianza Gran Chaco Proadapt.
La iniciativa tiene por objetivo generar una alianza trinacional integrada por la sociedad civil organizada, el sector privado y los gobiernos locales.
Al frente de la apertura del encuentro estuvo el ministro de Planificación y Ambiente, Miguel Brunswig, quien agradeció la participación y el esfuerzo de todos los presentas para trabajar en la potenciación de la experiencia colectiva del Gran Chaco, mediante el intercambio de información y conocimiento para generar una mayor resiliencia climática.
Entre los presentes, se encontraban funcionarios y técnicos del gobierno de las tres provincias argentinas, de Villamonte (Bolivia), Boquerón (Paraguay) y responsables de carteras de Inversión del FOMIN y del BID. Además de coordinadores de Programas de la Unidad para el Cambio Rural (UCAR), del INTA, IPTA (Paraguay), INIAF (Bolivia), gerentes de la Fundación AVINA, organizaciones de la sociedad civil de los tres países, y líderes de organizaciones de campesinos, productores y comunidades de la sociedad.
Luego de la presentación de los integrantes de la mesa del taller, continuaron las exposiciones de representantes del Fondo Regional de Tecnología Agropecuaria (FONTAGRO), quienes se refirieron a la investigación y transferencia de tecnologías adaptativas en el Gran Chaco.
La coordinadora de la Unidad de Desarrollo Productivo de UCAR, Daniela Raposo, expuso los instrumentos actuales de inversión y proyección 2016-2019. De FOMIN/BID, Carlos Sánchez Román, coordinador Programa Adaptación al Cambio Climático – BID Washigton DC, abordó la cartera de inversión del BID orientada al desarrollo y nuevos instrumentos de inversión público-privados.
Se busca así direccionar la inversión al desarrollo nacional e internacional para contribuir a la capacidad adaptativa de pequeños productores del Gran Chaco Americano, y de los grupos sociales más vulnerables, frente a impactos derivados del cambio y la variabilidad climática.
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Fecha de Publicación: 28/09/2015
Fuente: DataChaco
Provincia/Región: Chaco
Se trata de un trabajo conjunto entre funcionarios, técnicos y organizaciones civiles.
Con presencia de representantes de Paraguay y Bolivia y de las provincias de Chaco, Formosa y Salta se realizó esta mañana, en el salón Obligado de Casa de Gobierno, el lanzamiento de la Alianza Gran Chaco Proadapt.
La iniciativa tiene por objetivo generar una alianza trinacional integrada por la sociedad civil organizada, el sector privado y los gobiernos locales.
Al frente de la apertura del encuentro estuvo el ministro de Planificación y Ambiente, Miguel Brunswig, quien agradeció la participación y el esfuerzo de todos los presentas para trabajar en la potenciación de la experiencia colectiva del Gran Chaco, mediante el intercambio de información y conocimiento para generar una mayor resiliencia climática.
Entre los presentes, se encontraban funcionarios y técnicos del gobierno de las tres provincias argentinas, de Villamonte (Bolivia), Boquerón (Paraguay) y responsables de carteras de Inversión del FOMIN y del BID. Además de coordinadores de Programas de la Unidad para el Cambio Rural (UCAR), del INTA, IPTA (Paraguay), INIAF (Bolivia), gerentes de la Fundación AVINA, organizaciones de la sociedad civil de los tres países, y líderes de organizaciones de campesinos, productores y comunidades de la sociedad.
Luego de la presentación de los integrantes de la mesa del taller, continuaron las exposiciones de representantes del Fondo Regional de Tecnología Agropecuaria (FONTAGRO), quienes se refirieron a la investigación y transferencia de tecnologías adaptativas en el Gran Chaco.
La coordinadora de la Unidad de Desarrollo Productivo de UCAR, Daniela Raposo, expuso los instrumentos actuales de inversión y proyección 2016-2019. De FOMIN/BID, Carlos Sánchez Román, coordinador Programa Adaptación al Cambio Climático – BID Washigton DC, abordó la cartera de inversión del BID orientada al desarrollo y nuevos instrumentos de inversión público-privados.
Se busca así direccionar la inversión al desarrollo nacional e internacional para contribuir a la capacidad adaptativa de pequeños productores del Gran Chaco Americano, y de los grupos sociales más vulnerables, frente a impactos derivados del cambio y la variabilidad climática.
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Barrick: quieren que se hable del 'ya está y no pasó nada'"
Organizaciones ambientales criticaron la decisión de la Justicia de levantar la cautelar contra Barrick Gold
Fecha de Publicación: 27/09/2015
Fuente: La Nación
Provincia/Región: San Juan
A 10 días del derrame, Veladero está nuevamente en funcionamiento tras la resolución de la justicia de San Juan
La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Greenpeace y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA) manifestaron su preocupación por la reciente resolución del juez civil y penal Pablo Oritja, titular del juzgado de la 2° Circunscripción judicial de San Juan, de levantar la medida cautelar que impedía a la empresa minera Barrick Gold operar con cianuro en el emprendimiento de Veladero.
La resolución había sido dictada por el propio juez Oritja, tras conocerse la noticia de un derrame de cianuro en Veladero el pasado 13 de septiembre. "Si bien el magistrado habría impuesto una serie de condicionamientos, nos preocupa el hermetismo con el que se manejó el incidente, la escasa información sobre las circunstancias del hecho brindadas por las autoridades, y las medidas de gestión de riesgo y manejo de contingencias utilizadas", planteó Pía Marchegiani, directora de Participación de FARN.
"No se pueden seguir manejando asuntos tan delicados, que involucran la afectación del ambiente y la salud humana, de esta manera. Al contrario, se requieren máxima responsabilidad y transparencia para que la ciudadanía sepa lo que está sucediendo y pueda actuar en consecuencia", agregó.
Las organizaciones exigen el inmediato esclarecimiento del incidente -cuál es efectivamente la cantidad de solución cianurada vertida al ambiente, la dimensión de la superficie afectada por el derrame- con intervención de peritos técnicos imparciales, así como que se hagan públicos tanto los resultados de los distintos informes técnicos efectuados, y las medidas tomadas para salvaguardar el ambiente y la salud de las personas que viven en zonas aledañas o influidas por el megaproyecto minero.
"Repudiamos la reciente decisión del juez Oritja. Barrick mintió y el Gobierno de San Juan ocultó", recalcó Gonzalo Strano, de la campaña de Glaciares de Greenpeace. Y sumó: "Todavía hoy se sigue escatimando información fundamental sobre el accidente y sus consecuencias".
Por su parte, Enrique Viale de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas se quejó de la manera de actuar de la justicia de San Juan. "Acá todo puede pasar, como por ejemplo que a 24 horas de conocer que se derramó 1 millón de litros de cianuro sobre la cuenca del río Jáchal, el juez tome la decisión de levantar la medida cautelar, desconociendo los principios preventivo y precautorio, que constituyen la columna vertebral del derecho ambiental".
Y agregó: "La estrategia coordinada por Barrick y el gobierno de Gioja es instalar la teoría de que 'ya está y no pasó nada' cuando estamos ante uno de los peores desastres ambientales mineros de la historia argentina".
Más Información:
El vicegobernador dijo que tomarán "decisiones políticas contundentes"....
La Comisión de medio ambiente del Senado se traslada a San Juan
Reclamo opositor por el derrame en San Juan
Veladero: "La estrategia de Barrick y Gioja es instalar la teoría de que 'ya está y no pasó nada'"
Scioli de campaña en San Juan prometió una "minería sustentable" y pidió ...
Derrame de cianuro: imputaron al secretario de Minería y a 9 empleados de ...
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Fecha de Publicación: 27/09/2015
Fuente: La Nación
Provincia/Región: San Juan
A 10 días del derrame, Veladero está nuevamente en funcionamiento tras la resolución de la justicia de San Juan
La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Greenpeace y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA) manifestaron su preocupación por la reciente resolución del juez civil y penal Pablo Oritja, titular del juzgado de la 2° Circunscripción judicial de San Juan, de levantar la medida cautelar que impedía a la empresa minera Barrick Gold operar con cianuro en el emprendimiento de Veladero.
La resolución había sido dictada por el propio juez Oritja, tras conocerse la noticia de un derrame de cianuro en Veladero el pasado 13 de septiembre. "Si bien el magistrado habría impuesto una serie de condicionamientos, nos preocupa el hermetismo con el que se manejó el incidente, la escasa información sobre las circunstancias del hecho brindadas por las autoridades, y las medidas de gestión de riesgo y manejo de contingencias utilizadas", planteó Pía Marchegiani, directora de Participación de FARN.
"No se pueden seguir manejando asuntos tan delicados, que involucran la afectación del ambiente y la salud humana, de esta manera. Al contrario, se requieren máxima responsabilidad y transparencia para que la ciudadanía sepa lo que está sucediendo y pueda actuar en consecuencia", agregó.
Las organizaciones exigen el inmediato esclarecimiento del incidente -cuál es efectivamente la cantidad de solución cianurada vertida al ambiente, la dimensión de la superficie afectada por el derrame- con intervención de peritos técnicos imparciales, así como que se hagan públicos tanto los resultados de los distintos informes técnicos efectuados, y las medidas tomadas para salvaguardar el ambiente y la salud de las personas que viven en zonas aledañas o influidas por el megaproyecto minero.
"Repudiamos la reciente decisión del juez Oritja. Barrick mintió y el Gobierno de San Juan ocultó", recalcó Gonzalo Strano, de la campaña de Glaciares de Greenpeace. Y sumó: "Todavía hoy se sigue escatimando información fundamental sobre el accidente y sus consecuencias".
Por su parte, Enrique Viale de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas se quejó de la manera de actuar de la justicia de San Juan. "Acá todo puede pasar, como por ejemplo que a 24 horas de conocer que se derramó 1 millón de litros de cianuro sobre la cuenca del río Jáchal, el juez tome la decisión de levantar la medida cautelar, desconociendo los principios preventivo y precautorio, que constituyen la columna vertebral del derecho ambiental".
Y agregó: "La estrategia coordinada por Barrick y el gobierno de Gioja es instalar la teoría de que 'ya está y no pasó nada' cuando estamos ante uno de los peores desastres ambientales mineros de la historia argentina".
Más Información:
El vicegobernador dijo que tomarán "decisiones políticas contundentes"....
La Comisión de medio ambiente del Senado se traslada a San Juan
Reclamo opositor por el derrame en San Juan
Veladero: "La estrategia de Barrick y Gioja es instalar la teoría de que 'ya está y no pasó nada'"
Scioli de campaña en San Juan prometió una "minería sustentable" y pidió ...
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Contaminación sonora en la 25 de Mayo, hay sentencia
Intiman al Gobierno porteño a bajar el ruido en la 25 de Mayo
Fecha de Publicación: 27/09/2015
Fuente: Clarín
Provincia/Región: CABA
Contaminación sonora.La Justicia confirmó un fallo que obliga a la Ciudad a presentar un plan para cumplir la medida. La causa es de 2001, cuando Pedro Barragán, que vive a 50 metros de la autopista, denunció que el sonido es insalubre.
El Gobierno porteño se va quedando sin excusas. La Justicia de la Ciudad rechazó un recurso de inconstitucionalidad que el Ejecutivo presentó contra una sentencia de Cámara, que le dio ocho meses para presentar un estudio de impacto ambiental y un plan para mitigar los ruidos de la autopista 25 de Mayo. Sin embargo, desde AUSA afirman que ya los presentaron. Y anticipan que el año próximo colocarán una primera pantalla acústica para amortiguar la contaminación sonora.
La 25 de Mayo fue inaugurada en 1980 por el ex intendente de facto Osvaldo Cacciatore. Desde entonces, los habitantes de los edificios vecinos conviven con un ruido infernal. Como Pedro Barragán, que en 1973 compró un departamento en Luis Sáenz Peña al 1200 y, siete años después, se encontró con la autopista a 50 metros de su balcón. A toda hora, en su casa hay 97 decibeles provenientes de la vía rápida, por la que circulan 100.000 vehículos por día. Pero la Organización Mundial de la Salud considera que el ruido no debe superar los 30 decibeles y que si excede los 90 durante ocho horas o más provoca daño auditivo.
“Tenemos dolores de cabeza, hipertensión y hay que poner el televisor al máximo volumen para poder escuchar. De noche no podemos dormir, porque es cuando más camiones circulan”, describe Barragán, que en 2001 presentó una denuncia ante la Justicia porteña. Otros 500 vecinos acompañaron su reclamo, basado en el artículo 26 de la Constitución de la Ciudad, que protege el derecho a gozar de un ambiente sano. Dos años después, un juez le dio la razón pero AUSA no hizo nada para reducir el ruido. Hasta que en junio de 2014, la Justicia le puso un plazo de ocho meses para que presente un estudio de impacto ambiental y un plan de adecuación.
El Gobierno porteño apeló, pero en diciembre la Cámara confirmó el fallo. Fue entonces que la Procuración de la Ciudad presentó un recurso de inconstitucionalidad para recurrir al Tribunal Superior de Justicia, alegando que la sentencia era arbitraria y vulneraba la garantía de defensa y del debido proceso. La Sala I de la Cámara rechazó este recurso, porque entendió que la intervención de ese Tribunal no corresponde ante una decisión adoptada en la etapa de ejecución de una sentencia firme.
“Ahora el Gobierno de la Ciudad y AUSA van a tener que cumplir sí o sí con el fallo –dice Barragán–. ¿Qué más pueden hacer? Hace años que vienen usando chicanas jurídicas para no respetar la orden judicial, pero ahora la Cámara dice que no hay que seguir resolviendo algo que ya está confirmado. Lo que pasa es que el Ejecutivo sigue alargando la situación y mientras está poniendo el Metrobus en la autopista. Y cuando empiece a circular, el ruido va a ser aún peor”.
A pesar de los recursos judiciales que interpuso para eludir la sentencia, en AUSA aseguran que ya la cumplieron. Y que en enero presentaron el estudio de impacto ambiental ante la Agencia de Protección Ambiental (APRA), que es la autoridad de aplicación, y en febrero se lo informaron al Juzgado.“En junio de 2015, APRA otorgó el certificado de aptitud ambiental a la autopista 25 de Mayo, lo que da muestra del cabal cumplimiento de lo ordenado por el juzgado”, informaron en AUSA.
Según AUSA, también hicieron estudios y planes de mitigación para toda la red de autopistas. En el caso de la 25 de Mayo, explicaron, en base a un mapa de ruido se elaboró un plan que contempla la instalación de pantallas acústicas de 3 metros de altura en los lugares más críticos a partir de 2016, y la readecuación edilicia de las escuelas de las zonas más conflictivas.
Leé también: Pondrán paneles...
El abogado de Barragán y director de la Fundación de Ambiente y Recursos Naturales, Andrés Nápoli, niega que AUSA haya obedecido la orden judicial: “Presentó un plan realizado por un técnico de la Universidad Nacional de Tres de Febrero –sostiene–. Pero ese documento no cumple los recaudos técnicos y requisitos previstos por la normativa en vigencia para que pueda ser considerado como un Plan de Adecuación Ambiental. Por ejemplo, carece de un Estudio de Línea de Base, que permita conocer cuál es la situación actual de la autopista en relación a emisión sonora de los vehículos. Y llama la atención la ausencia total de datos sobre la cantidad de vehículos que transitan a diario por la misma o las horas en que mayor emisión sonora se produce”.
Además, Nápoli afirma que el Gobierno porteño no hizo estudios de ruido para medir el impacto que tendrá el Metrobus en la autopista. “En todos estos años, la situación fue empeorando –sostiene–. Y los responsables son el Gobierno porteño y la Justicia misma, que permitió que su propio fallo se diluya en recursos inaceptables”.
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Fecha de Publicación: 27/09/2015
Fuente: Clarín
Provincia/Región: CABA
Contaminación sonora.La Justicia confirmó un fallo que obliga a la Ciudad a presentar un plan para cumplir la medida. La causa es de 2001, cuando Pedro Barragán, que vive a 50 metros de la autopista, denunció que el sonido es insalubre.
El Gobierno porteño se va quedando sin excusas. La Justicia de la Ciudad rechazó un recurso de inconstitucionalidad que el Ejecutivo presentó contra una sentencia de Cámara, que le dio ocho meses para presentar un estudio de impacto ambiental y un plan para mitigar los ruidos de la autopista 25 de Mayo. Sin embargo, desde AUSA afirman que ya los presentaron. Y anticipan que el año próximo colocarán una primera pantalla acústica para amortiguar la contaminación sonora.
La 25 de Mayo fue inaugurada en 1980 por el ex intendente de facto Osvaldo Cacciatore. Desde entonces, los habitantes de los edificios vecinos conviven con un ruido infernal. Como Pedro Barragán, que en 1973 compró un departamento en Luis Sáenz Peña al 1200 y, siete años después, se encontró con la autopista a 50 metros de su balcón. A toda hora, en su casa hay 97 decibeles provenientes de la vía rápida, por la que circulan 100.000 vehículos por día. Pero la Organización Mundial de la Salud considera que el ruido no debe superar los 30 decibeles y que si excede los 90 durante ocho horas o más provoca daño auditivo.
“Tenemos dolores de cabeza, hipertensión y hay que poner el televisor al máximo volumen para poder escuchar. De noche no podemos dormir, porque es cuando más camiones circulan”, describe Barragán, que en 2001 presentó una denuncia ante la Justicia porteña. Otros 500 vecinos acompañaron su reclamo, basado en el artículo 26 de la Constitución de la Ciudad, que protege el derecho a gozar de un ambiente sano. Dos años después, un juez le dio la razón pero AUSA no hizo nada para reducir el ruido. Hasta que en junio de 2014, la Justicia le puso un plazo de ocho meses para que presente un estudio de impacto ambiental y un plan de adecuación.
El Gobierno porteño apeló, pero en diciembre la Cámara confirmó el fallo. Fue entonces que la Procuración de la Ciudad presentó un recurso de inconstitucionalidad para recurrir al Tribunal Superior de Justicia, alegando que la sentencia era arbitraria y vulneraba la garantía de defensa y del debido proceso. La Sala I de la Cámara rechazó este recurso, porque entendió que la intervención de ese Tribunal no corresponde ante una decisión adoptada en la etapa de ejecución de una sentencia firme.
“Ahora el Gobierno de la Ciudad y AUSA van a tener que cumplir sí o sí con el fallo –dice Barragán–. ¿Qué más pueden hacer? Hace años que vienen usando chicanas jurídicas para no respetar la orden judicial, pero ahora la Cámara dice que no hay que seguir resolviendo algo que ya está confirmado. Lo que pasa es que el Ejecutivo sigue alargando la situación y mientras está poniendo el Metrobus en la autopista. Y cuando empiece a circular, el ruido va a ser aún peor”.
A pesar de los recursos judiciales que interpuso para eludir la sentencia, en AUSA aseguran que ya la cumplieron. Y que en enero presentaron el estudio de impacto ambiental ante la Agencia de Protección Ambiental (APRA), que es la autoridad de aplicación, y en febrero se lo informaron al Juzgado.“En junio de 2015, APRA otorgó el certificado de aptitud ambiental a la autopista 25 de Mayo, lo que da muestra del cabal cumplimiento de lo ordenado por el juzgado”, informaron en AUSA.
Según AUSA, también hicieron estudios y planes de mitigación para toda la red de autopistas. En el caso de la 25 de Mayo, explicaron, en base a un mapa de ruido se elaboró un plan que contempla la instalación de pantallas acústicas de 3 metros de altura en los lugares más críticos a partir de 2016, y la readecuación edilicia de las escuelas de las zonas más conflictivas.
Leé también: Pondrán paneles...
El abogado de Barragán y director de la Fundación de Ambiente y Recursos Naturales, Andrés Nápoli, niega que AUSA haya obedecido la orden judicial: “Presentó un plan realizado por un técnico de la Universidad Nacional de Tres de Febrero –sostiene–. Pero ese documento no cumple los recaudos técnicos y requisitos previstos por la normativa en vigencia para que pueda ser considerado como un Plan de Adecuación Ambiental. Por ejemplo, carece de un Estudio de Línea de Base, que permita conocer cuál es la situación actual de la autopista en relación a emisión sonora de los vehículos. Y llama la atención la ausencia total de datos sobre la cantidad de vehículos que transitan a diario por la misma o las horas en que mayor emisión sonora se produce”.
Además, Nápoli afirma que el Gobierno porteño no hizo estudios de ruido para medir el impacto que tendrá el Metrobus en la autopista. “En todos estos años, la situación fue empeorando –sostiene–. Y los responsables son el Gobierno porteño y la Justicia misma, que permitió que su propio fallo se diluya en recursos inaceptables”.
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Multas por desmontar: irrisorias y no se pagan
Multaron a dos productores por desmontar zona de bosque nativo
Fecha de Publicación: 27/09/2015
Fuente: APFDigital
Provincia/Región: Entre Ríos
Mediante la Resolución Nº 1162, dictada por la Dirección General de Recursos Naturales (incluida en el Decreto Nº 733), dependiente del Ministerio de la Producción de la provincia de Entre Ríos, emitida el 3 de diciembre de 2008 se inició un expediente que alude a un acta de infracción a la Ley nacional Nº 13. 273 contra los titulares de la estancia La Giuliana, ubicada en Distrito Ramírez del Departamento Federal.
Según la normativa vigente de Defensa de la Riqueza Forestal y de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de Bosques Nativos, Santiago y Agustín Suppo, titulares del emprendimiento productivo, fueron sancionados con una multa de 150.000 pesos por tareas de desmonte en ese establecimiento del norte entrerriano. Al tomar conocimiento de la acción legal, los dueños del campo interpusieron un recurso de apelación jerárquica contra la resolución de la Dirección General de Recursos Naturales, la cual fue rechazada el 28 de agosto de 2013. Más allá de este primer revés, los productores volvieron a la carga y el 25 de junio de 2014 avanzaron con un nuevo recurso de apelación jerárquica, pero esta vez lo elevaron ante el gobernador, Sergio Urribarri.
Como parte involucrada en la cuestión, la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Producción analizó la procedencia legal del recurso y en base a ello dictaminó: “El recurso de apelación jerárquica interpuesto, debe tenerse por interpuesto en forma legal y en tiempo hábil; que además entiende que con respecto de la cuestión de fondo del recurso, el memorial de agravio carece de argumentos con entidad suficiente como para conmover la decisión atacada”. Al desarrollar su argumentación, el área competente entendió que “son los mismos sancionados que al hacer su primera presentación, no niegan la constatación efectuada por los funcionarios de la Dirección General de Recursos Naturales, manifestando expresamente su deseo de encuadrarse en las disposiciones sobre Manejo de Monte Nativo”.
Entonces, en base a estos fundamentos, se advirtió que el recurso presentado por los Suppo “no logra desvirtuar la consideración razonada sobre los fundamentos y argumentos tomados en cuenta por la administración para proceder al dictado de la resolución atacada”. De esta manera se rechazó el recurso de apelación y se procedió a confirmar la resolución recurrida, refrendada por el ministro Schunk.
Protección de Bosques Nativos
El director de Gestión de Uso Sustentable de los Recursos Naturales que depende de la Dirección General de Recursos Naturales, Roque Fernández, se refirió a la importancia de la puesta en vigencia La Ley Nacional Nº 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de Bosques Nativos. “En marzo de 2014 se promulgó la Ley provincial Nº 10.284 que habla del ordenamiento del Bosque Nativo, y en mayo de este año se dictó el Decreto Nº 1.329 reglamentario de la norma”, informó el funcionario en diálogo con UNO.
Según detalló, en la misma está tipificada la cuestión de las infracciones, donde las provincias podían elaborar su propio sistema de sanciones o utilizar la que dispone la ley nacional de Presupuesto Mínimo. En relación a las escalas empleadas para fijar los montos de las multas en la provincia, el director de la repartición aseguró que por módulo desmontado la sanción alcanza a 400 pesos. Fernández explicó que se aplica una escala de módulos que va del 1 al 100 por hectárea. “Por ejemplo, si el monte que usted taló es contenedor de la erosión hídrica o que alberga -desde el punto de vista de la ecología- otras especies, las multas pueden ser altas por hectáreas. Esto es en base a informes técnicos que elaboran los inspectores de Recursos Naturales y luego lo evalúa el área jurídica”, manifestó.
Distrito del Ñandubay
El complejo ecosistémico más representativo de Entre Ríos y con áreas de bosques nativos que perdura es el Distrito del Ñandubay. En ese contexto, Fernández también habló de El Espinal, que comprende una clasificación fitogeográfica compartida con Santa Fe y Córdoba. “Hoy la ley lo toma como un complejo ambiental; si el complejo de árboles es abrigo de determinadas especies, de aves o de mamíferos, y además protege el suelo, ese complejo se debe proteger. Ese es el espíritu de la ley de Presupuesto Mínimo. Entonces esos bosques ubicados en El Espinal son de alto valor de conservación”, fundamentó. Con el objetivo de preservar estas áreas boscosas la normativa en cuestión establece una compensación para aquellos productores que protejan estas zonas de montes. Según Fernández, existen distintos planes de conservación o planes de manejo sostenible que permiten al productor desarrollar actividades relacionados con su tarea cotidiana. “No se le restringe su labor, sino que se le permite hacer con determinadas pautas ambientales para mantener los atributos del bosque y no ir en contra de su perpetuidad. Cuando no hace un manejo consustanciado con los actos renovables de la propia especie está condenando al bosque a la muerte”, resaltó. En cuanto a la zona donde se detectó la infracción, específicamente en el Departamento Federal, el funcionario explicó que allí se conserva una de las pocas áreas con Espinal, junto al Departamento Tala y la zona norte de Nogoyá. “Toda esa franja ingresa desde el sur de Santa Fe y el norte de La Pampa. Y deja una margen de unos 50 kilómetros a la margen de la costa del Uruguay que presenta otro tipo de paisaje, de características pampeanas”, aseveró. Entre las especies protegidas debido al avance del desmonte figuran el cardenal amarillo y el aguará guazú, entre otras.
Una vasta extensión de área protegida
De acuerdo a un relevamiento de la Facultad de Agronomía, en la provincia de Entre Ríos alrededor de 350.000 hectáreas están categorizadas como bosques de alto valor de conservación. Según la misma clasificación y catalogadas con el color amarillo -que implica un mediano valor de conservación-, se tienen contabilizadas 1.070.000 hectáreas. “La parte posible de solicitar desmonte alcanzaría las 450.000 hectáreas. Es un derecho que le asiste a un productor; tenemos que tener en cuenta los factores ambientales para saber si es posible hacerlo. Porque una persona que no tiene conocimiento de que el suelo es frágil, o está en evolución o está en desarrollo, probablemente no soporte un ciclo de cultivo”, reflexionó. Consultado por las pautas a seguir en esta materia y la política fijada para preservar los bosques nativos, Fernández consideró vital que los productores respeten la biodiversidad sin restringir su fuente laboral. “Tiene que haber una armonía entre la producción y la conservación”, argumentó.
Alcance de la aplicación
Por primera vez los productores entrerrianos que son titulares de tierras con bosques nativos accederán a beneficios por conservarlos. Para ello deberán presentar planes entre el 31 de agosto y 31 de diciembre, que se ejecutarán en 2016. Esto es posible porque la normativa local fue validada por la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos Nº 26.331, con lo cual se dispone de recursos que compensen al productor que decida resguardar dicho recurso natural. Así, la provincia tendrá beneficios económicos y mejores estándares ambientales. La Provincia tiene las partidas, a través del Consejo Federal de Medio Ambiente, que dentro del presupuesto nacional se asigna a las provincias que tienen su ordenamiento aprobado. En Entre Ríos hay 39 áreas protegidas: 13 de dominio privados, 17 de municipios y nueve del gobierno entrerriano.
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Fecha de Publicación: 27/09/2015
Fuente: APFDigital
Provincia/Región: Entre Ríos
Mediante la Resolución Nº 1162, dictada por la Dirección General de Recursos Naturales (incluida en el Decreto Nº 733), dependiente del Ministerio de la Producción de la provincia de Entre Ríos, emitida el 3 de diciembre de 2008 se inició un expediente que alude a un acta de infracción a la Ley nacional Nº 13. 273 contra los titulares de la estancia La Giuliana, ubicada en Distrito Ramírez del Departamento Federal.
Según la normativa vigente de Defensa de la Riqueza Forestal y de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de Bosques Nativos, Santiago y Agustín Suppo, titulares del emprendimiento productivo, fueron sancionados con una multa de 150.000 pesos por tareas de desmonte en ese establecimiento del norte entrerriano. Al tomar conocimiento de la acción legal, los dueños del campo interpusieron un recurso de apelación jerárquica contra la resolución de la Dirección General de Recursos Naturales, la cual fue rechazada el 28 de agosto de 2013. Más allá de este primer revés, los productores volvieron a la carga y el 25 de junio de 2014 avanzaron con un nuevo recurso de apelación jerárquica, pero esta vez lo elevaron ante el gobernador, Sergio Urribarri.
Como parte involucrada en la cuestión, la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Producción analizó la procedencia legal del recurso y en base a ello dictaminó: “El recurso de apelación jerárquica interpuesto, debe tenerse por interpuesto en forma legal y en tiempo hábil; que además entiende que con respecto de la cuestión de fondo del recurso, el memorial de agravio carece de argumentos con entidad suficiente como para conmover la decisión atacada”. Al desarrollar su argumentación, el área competente entendió que “son los mismos sancionados que al hacer su primera presentación, no niegan la constatación efectuada por los funcionarios de la Dirección General de Recursos Naturales, manifestando expresamente su deseo de encuadrarse en las disposiciones sobre Manejo de Monte Nativo”.
Entonces, en base a estos fundamentos, se advirtió que el recurso presentado por los Suppo “no logra desvirtuar la consideración razonada sobre los fundamentos y argumentos tomados en cuenta por la administración para proceder al dictado de la resolución atacada”. De esta manera se rechazó el recurso de apelación y se procedió a confirmar la resolución recurrida, refrendada por el ministro Schunk.
Protección de Bosques Nativos
El director de Gestión de Uso Sustentable de los Recursos Naturales que depende de la Dirección General de Recursos Naturales, Roque Fernández, se refirió a la importancia de la puesta en vigencia La Ley Nacional Nº 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de Bosques Nativos. “En marzo de 2014 se promulgó la Ley provincial Nº 10.284 que habla del ordenamiento del Bosque Nativo, y en mayo de este año se dictó el Decreto Nº 1.329 reglamentario de la norma”, informó el funcionario en diálogo con UNO.
Según detalló, en la misma está tipificada la cuestión de las infracciones, donde las provincias podían elaborar su propio sistema de sanciones o utilizar la que dispone la ley nacional de Presupuesto Mínimo. En relación a las escalas empleadas para fijar los montos de las multas en la provincia, el director de la repartición aseguró que por módulo desmontado la sanción alcanza a 400 pesos. Fernández explicó que se aplica una escala de módulos que va del 1 al 100 por hectárea. “Por ejemplo, si el monte que usted taló es contenedor de la erosión hídrica o que alberga -desde el punto de vista de la ecología- otras especies, las multas pueden ser altas por hectáreas. Esto es en base a informes técnicos que elaboran los inspectores de Recursos Naturales y luego lo evalúa el área jurídica”, manifestó.
Distrito del Ñandubay
El complejo ecosistémico más representativo de Entre Ríos y con áreas de bosques nativos que perdura es el Distrito del Ñandubay. En ese contexto, Fernández también habló de El Espinal, que comprende una clasificación fitogeográfica compartida con Santa Fe y Córdoba. “Hoy la ley lo toma como un complejo ambiental; si el complejo de árboles es abrigo de determinadas especies, de aves o de mamíferos, y además protege el suelo, ese complejo se debe proteger. Ese es el espíritu de la ley de Presupuesto Mínimo. Entonces esos bosques ubicados en El Espinal son de alto valor de conservación”, fundamentó. Con el objetivo de preservar estas áreas boscosas la normativa en cuestión establece una compensación para aquellos productores que protejan estas zonas de montes. Según Fernández, existen distintos planes de conservación o planes de manejo sostenible que permiten al productor desarrollar actividades relacionados con su tarea cotidiana. “No se le restringe su labor, sino que se le permite hacer con determinadas pautas ambientales para mantener los atributos del bosque y no ir en contra de su perpetuidad. Cuando no hace un manejo consustanciado con los actos renovables de la propia especie está condenando al bosque a la muerte”, resaltó. En cuanto a la zona donde se detectó la infracción, específicamente en el Departamento Federal, el funcionario explicó que allí se conserva una de las pocas áreas con Espinal, junto al Departamento Tala y la zona norte de Nogoyá. “Toda esa franja ingresa desde el sur de Santa Fe y el norte de La Pampa. Y deja una margen de unos 50 kilómetros a la margen de la costa del Uruguay que presenta otro tipo de paisaje, de características pampeanas”, aseveró. Entre las especies protegidas debido al avance del desmonte figuran el cardenal amarillo y el aguará guazú, entre otras.
Una vasta extensión de área protegida
De acuerdo a un relevamiento de la Facultad de Agronomía, en la provincia de Entre Ríos alrededor de 350.000 hectáreas están categorizadas como bosques de alto valor de conservación. Según la misma clasificación y catalogadas con el color amarillo -que implica un mediano valor de conservación-, se tienen contabilizadas 1.070.000 hectáreas. “La parte posible de solicitar desmonte alcanzaría las 450.000 hectáreas. Es un derecho que le asiste a un productor; tenemos que tener en cuenta los factores ambientales para saber si es posible hacerlo. Porque una persona que no tiene conocimiento de que el suelo es frágil, o está en evolución o está en desarrollo, probablemente no soporte un ciclo de cultivo”, reflexionó. Consultado por las pautas a seguir en esta materia y la política fijada para preservar los bosques nativos, Fernández consideró vital que los productores respeten la biodiversidad sin restringir su fuente laboral. “Tiene que haber una armonía entre la producción y la conservación”, argumentó.
Alcance de la aplicación
Por primera vez los productores entrerrianos que son titulares de tierras con bosques nativos accederán a beneficios por conservarlos. Para ello deberán presentar planes entre el 31 de agosto y 31 de diciembre, que se ejecutarán en 2016. Esto es posible porque la normativa local fue validada por la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos Nº 26.331, con lo cual se dispone de recursos que compensen al productor que decida resguardar dicho recurso natural. Así, la provincia tendrá beneficios económicos y mejores estándares ambientales. La Provincia tiene las partidas, a través del Consejo Federal de Medio Ambiente, que dentro del presupuesto nacional se asigna a las provincias que tienen su ordenamiento aprobado. En Entre Ríos hay 39 áreas protegidas: 13 de dominio privados, 17 de municipios y nueve del gobierno entrerriano.
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