ICAA estudiará el suelo en áreas de hidrocarburos
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Profundizarán el estudio de suelos en áreas de explotación de hidrocarburos
Fecha de Publicación: 11/09/2015
Fuente: ICAA
Provincia/Región: Corrientes
El Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (ICAA) y la Facultad de Ciencias Exactas Naturales y Agrimensura FACENA) de la UNNE, llevarán adelante un estudio que analizará los aspectos ambientales relevantes para el manejo sustentable de las posibles áreas de explotación de hidrocarburos de la provincia, profundizado el acuerdo de estudios de suelos de la provincia.
Las autoridades de ambas instituciones, el titular del ICAA administrador general ingeniero Mario Rubén Rujana y la Decana de la FACENA Dra. Lidia Itatí Ferraro renovaron el acuerdo firmado en mayo de 2014, dejando expresado el compromiso realizar el estudio de línea de base ambiental orientada a la explotación del subsuelo.
Dicho estudio busca generar documentos técnicos referidos a la línea de base ambiental que describa, caracterice, identifique parámetros e índices y tome en consideración todos los aspectos ambientales relevantes para el manejo sustentable de las posibles áreas de explotación de hidrocarburos de la provincia.
En dicha línea base ambiental, se consideran estudios geológicos y geofísicos de distinta índole realizados en el ámbito provincial en distintas épocas y lugares, relevamiento de pozos principales y análisis de información de diversas fuentes.
Así también, se apuntará a presentar la distribución, profundidad y espesores de las distintas unidades geológicas del subsuelo, litología predominante y edades, de acuerdo a los antecedentes disponibles y las estructuras tectónicas más relevantes.
Se analizarán en laboratorio petrográfico y sedimentológico muestras de perforaciones profundas (caso Monte Caseros y Curuzú Cuatiá) a fin de completar información y confeccionar un informe específico sobre las áreas de vulnerabilidad ambiental de la provincia de Corrientes con un diagnóstico del potencial impacto ambiental de sus suelos y los recursos hídricos a consecuencia de la explotación hidrocarburífera.
Geología de superficie
El acuerdo firmado generó el Informe Línea de Base Ambiental Geología de Superficie desarrollado por especialista de la FACENA consistente en una descripción geológica actualizada de las unidades formacionales aflorantes, de acuerdo a los antecedentes conocidos hasta el presente y el levantamiento subregional con datos propios que apuntaron a la consolidación del conocimiento de Unidades geológicas de relevancia para los futuros estudios.
Se apuntó a presentar la distribución, profundidad, espesores y edad de distintas formaciones geológicas de superficie y las unidades conocidas de subsuelo, realizando un chequeo subregional de campo para verificación y control de los conocimientos previos. Esta última actividad incluyó el muestreo y consiguiente estudio de laboratorio y gabinete, cubriendo en forma preliminar grandes vacíos de información que son de interés para el objetivo propuesto.
Asimismo se generó un panorama inicial geológico-estructural de la provincia a la luz de los últimos estudios conocidos. En forma complementaria se presenta también una síntesis de los suelos de la provincia y del conocimiento paleontológico actual, adjuntando la bibliografía geológica general, temática y secuencial publicada hasta la fecha de entrega.
La Línea de Base Ambiental se orienta en este caso a establecer los cimientos para un futuro diagnóstico del impacto en el suelo, subsuelo y los recursos hídricos superficiales y subterráneos por la secuencia hidrocarburística futura.
En dicho contexto se describen aquellos elementos del ambiente que se encuentren en una región general, especialmente en el área de influencia de los proyecto o actividades previstas, y que darán en el futuro origen a la necesidad de presentar un Estudio de Impacto Ambiental. Se caracteriza el estado de los elementos ambientales identificados, considerando los atributos relevantes del área de influencia, su situación actual y, si es procedente, su posible evolución sin considerar la ejecución o modificación de los proyectos o actividades potencialmente riesgosas.
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Fecha de Publicación: 11/09/2015
Fuente: ICAA
Provincia/Región: Corrientes
El Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (ICAA) y la Facultad de Ciencias Exactas Naturales y Agrimensura FACENA) de la UNNE, llevarán adelante un estudio que analizará los aspectos ambientales relevantes para el manejo sustentable de las posibles áreas de explotación de hidrocarburos de la provincia, profundizado el acuerdo de estudios de suelos de la provincia.
Las autoridades de ambas instituciones, el titular del ICAA administrador general ingeniero Mario Rubén Rujana y la Decana de la FACENA Dra. Lidia Itatí Ferraro renovaron el acuerdo firmado en mayo de 2014, dejando expresado el compromiso realizar el estudio de línea de base ambiental orientada a la explotación del subsuelo.
Dicho estudio busca generar documentos técnicos referidos a la línea de base ambiental que describa, caracterice, identifique parámetros e índices y tome en consideración todos los aspectos ambientales relevantes para el manejo sustentable de las posibles áreas de explotación de hidrocarburos de la provincia.
En dicha línea base ambiental, se consideran estudios geológicos y geofísicos de distinta índole realizados en el ámbito provincial en distintas épocas y lugares, relevamiento de pozos principales y análisis de información de diversas fuentes.
Así también, se apuntará a presentar la distribución, profundidad y espesores de las distintas unidades geológicas del subsuelo, litología predominante y edades, de acuerdo a los antecedentes disponibles y las estructuras tectónicas más relevantes.
Se analizarán en laboratorio petrográfico y sedimentológico muestras de perforaciones profundas (caso Monte Caseros y Curuzú Cuatiá) a fin de completar información y confeccionar un informe específico sobre las áreas de vulnerabilidad ambiental de la provincia de Corrientes con un diagnóstico del potencial impacto ambiental de sus suelos y los recursos hídricos a consecuencia de la explotación hidrocarburífera.
Geología de superficie
El acuerdo firmado generó el Informe Línea de Base Ambiental Geología de Superficie desarrollado por especialista de la FACENA consistente en una descripción geológica actualizada de las unidades formacionales aflorantes, de acuerdo a los antecedentes conocidos hasta el presente y el levantamiento subregional con datos propios que apuntaron a la consolidación del conocimiento de Unidades geológicas de relevancia para los futuros estudios.
Se apuntó a presentar la distribución, profundidad, espesores y edad de distintas formaciones geológicas de superficie y las unidades conocidas de subsuelo, realizando un chequeo subregional de campo para verificación y control de los conocimientos previos. Esta última actividad incluyó el muestreo y consiguiente estudio de laboratorio y gabinete, cubriendo en forma preliminar grandes vacíos de información que son de interés para el objetivo propuesto.
Asimismo se generó un panorama inicial geológico-estructural de la provincia a la luz de los últimos estudios conocidos. En forma complementaria se presenta también una síntesis de los suelos de la provincia y del conocimiento paleontológico actual, adjuntando la bibliografía geológica general, temática y secuencial publicada hasta la fecha de entrega.
La Línea de Base Ambiental se orienta en este caso a establecer los cimientos para un futuro diagnóstico del impacto en el suelo, subsuelo y los recursos hídricos superficiales y subterráneos por la secuencia hidrocarburística futura.
En dicho contexto se describen aquellos elementos del ambiente que se encuentren en una región general, especialmente en el área de influencia de los proyecto o actividades previstas, y que darán en el futuro origen a la necesidad de presentar un Estudio de Impacto Ambiental. Se caracteriza el estado de los elementos ambientales identificados, considerando los atributos relevantes del área de influencia, su situación actual y, si es procedente, su posible evolución sin considerar la ejecución o modificación de los proyectos o actividades potencialmente riesgosas.
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Habrá minería en el Cerro Atajo de Catamarca
Minería aprobó impacto ambiental de Cerro Atajo
Fecha de Publicación: 11/09/2015
Fuente: El Ancasti (Catamarca)
Provincia/Región: Catamarca
La Secretaría de Minería, a cargo de Rodolfo Micone, aprobó el informe de impacto ambiental por la exploración de Cerro Atajo que había presentado la empresa estatal minera CAMYEN. La titular de la Dirección Provincial de Gestión Ambiental Minera (DIPGAM), Teresita Regalado, explicó que el trámite del estudio de impacto ambiental es independiente del trámite judicial y que CAMYEN no presentó "ningún incumplimiento que impida la aprobación".
Micone adelantó, en declaraciones radiales, que el estudio de impacto ambiental de Cerro Atajo presentado por CAMYEN había sido aprobado y que ya se podía avanzar en los trabajos previstos.
En el mismo sentido, Regalado explicó que el informe presentado por la empresa estatal "es por la exploración y mejoramiento de los accesos a las 17 minas del distrito". "Luego de la evaluación, constatación del terreno y fiscalización conjunta con CAMYEN, enviamos el expediente al secretario Micone recomendando la aprobación del estudio para los trabajos que propone la empresa", expresó la titular de la DIPGAM en diálogo con El Ancasti, donde además agregó que "CAMYEN adjuntó el contrato con Minera Agua Rica, a la que se entiende como operador".
Según explicó Regalado, la aprobación del informe le permitirá a la empresa avanzar en la exploración preliminar, "que prevé el mejoramiento del acceso y una excavación superficial de alrededor de un metro" en la primera etapa.
Además, se explicó que la DIPGAM como órgano técnico asesor no encontró impedimentos para aprobar el informe. "No vemos ningún incumplimiento de CAMYEN. El estudio es parte del expediente judicial, pero no es lo mismo. El expediente ambiental cumple con los requisitos y con esa evaluación y documentación, no hay ninguna irregularidad para aprobar el estudio", expresó Regalado.
Además, añadió que existe la documentación que prueba que la empresa CAMYEN es propietaria del distrito minero y que está avalada por el juez de Minas. "Esa sentencia se dio a favor de CAMYEN por las 17 minas", detalló.
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Fecha de Publicación: 11/09/2015
Fuente: El Ancasti (Catamarca)
Provincia/Región: Catamarca
La Secretaría de Minería, a cargo de Rodolfo Micone, aprobó el informe de impacto ambiental por la exploración de Cerro Atajo que había presentado la empresa estatal minera CAMYEN. La titular de la Dirección Provincial de Gestión Ambiental Minera (DIPGAM), Teresita Regalado, explicó que el trámite del estudio de impacto ambiental es independiente del trámite judicial y que CAMYEN no presentó "ningún incumplimiento que impida la aprobación".
Micone adelantó, en declaraciones radiales, que el estudio de impacto ambiental de Cerro Atajo presentado por CAMYEN había sido aprobado y que ya se podía avanzar en los trabajos previstos.
En el mismo sentido, Regalado explicó que el informe presentado por la empresa estatal "es por la exploración y mejoramiento de los accesos a las 17 minas del distrito". "Luego de la evaluación, constatación del terreno y fiscalización conjunta con CAMYEN, enviamos el expediente al secretario Micone recomendando la aprobación del estudio para los trabajos que propone la empresa", expresó la titular de la DIPGAM en diálogo con El Ancasti, donde además agregó que "CAMYEN adjuntó el contrato con Minera Agua Rica, a la que se entiende como operador".
Según explicó Regalado, la aprobación del informe le permitirá a la empresa avanzar en la exploración preliminar, "que prevé el mejoramiento del acceso y una excavación superficial de alrededor de un metro" en la primera etapa.
Además, se explicó que la DIPGAM como órgano técnico asesor no encontró impedimentos para aprobar el informe. "No vemos ningún incumplimiento de CAMYEN. El estudio es parte del expediente judicial, pero no es lo mismo. El expediente ambiental cumple con los requisitos y con esa evaluación y documentación, no hay ninguna irregularidad para aprobar el estudio", expresó Regalado.
Además, añadió que existe la documentación que prueba que la empresa CAMYEN es propietaria del distrito minero y que está avalada por el juez de Minas. "Esa sentencia se dio a favor de CAMYEN por las 17 minas", detalló.
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Lanzan el Observatorio Nacional de Residuos
La Secretaría de Ambiente lanza el Observatorio Nacional de Residuos
Fecha de Publicación: 11/09/2015
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación presentará el miércoles el Observatorio Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (Girsu), que integra a municipios, universidades nacionales, y a la cartera ambiental, lo que permitirá contar con el primer mapa crítico de residuos en el país.
El Observatorio permitirá difundir, socializar, extender información y establecer vínculos para contribuir al trabajo en red entre sectores gubernamentales, académicos, empresariales y de la sociedad civil, informaron desde la Secretaría.
Un total de ocho provincias y 88 municipios de todo el país serán beneficiados en esta etapa del proyecto que apunta a incorporar a recuperadores informales en plantas de tratamiento de residuos sólidos.
Además, a través de su sitio web, el Observatorio busca ser un espacio de referencia y un generador de vínculos que contribuyan a un trabajo articulado entre los distintos sectores clave de la Girsu, señalaron en un comunicado los responsables de la iniciativa.
A partir de este sistema, los actores participantes tendrán acceso a campañas de reciclado, empresas recicladoras y precios de referencia, además del primer mapa crítico de residuos del país.
La presentación estará a cargo del secretario de Ambiente, Sergio Lorusso, y de la subsecretaria de Coordinación de Políticas Ambientales, Mercedes La Gioiosa, y se llevará a cabo el miércoles a las 9.30 en el Auditorio del Hotel Continental, en Roque Sáenz Peña 725, Ciudad de Buenos Aires.
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Fecha de Publicación: 11/09/2015
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación presentará el miércoles el Observatorio Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (Girsu), que integra a municipios, universidades nacionales, y a la cartera ambiental, lo que permitirá contar con el primer mapa crítico de residuos en el país.
El Observatorio permitirá difundir, socializar, extender información y establecer vínculos para contribuir al trabajo en red entre sectores gubernamentales, académicos, empresariales y de la sociedad civil, informaron desde la Secretaría.
Un total de ocho provincias y 88 municipios de todo el país serán beneficiados en esta etapa del proyecto que apunta a incorporar a recuperadores informales en plantas de tratamiento de residuos sólidos.
Además, a través de su sitio web, el Observatorio busca ser un espacio de referencia y un generador de vínculos que contribuyan a un trabajo articulado entre los distintos sectores clave de la Girsu, señalaron en un comunicado los responsables de la iniciativa.
A partir de este sistema, los actores participantes tendrán acceso a campañas de reciclado, empresas recicladoras y precios de referencia, además del primer mapa crítico de residuos del país.
La presentación estará a cargo del secretario de Ambiente, Sergio Lorusso, y de la subsecretaria de Coordinación de Políticas Ambientales, Mercedes La Gioiosa, y se llevará a cabo el miércoles a las 9.30 en el Auditorio del Hotel Continental, en Roque Sáenz Peña 725, Ciudad de Buenos Aires.
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Salud "se dió" cuenta que los fitosanitarios son peligrosos
"Estamos preocupados por el impacto de los agroquímicos", dijo el ministro de Salud
Fecha de Publicación: 10/09/2015
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
Daniel Gollán dijo que, por el riesgo que atribuye la OMS al glifosato, es esencial hacer cumplir las normas existentes. Pero no descartó más medidas si eso fuera insuficiente.
En la última reunión del Consejo Federal de Salud (Cofesa) que reúne a las autoridades sanitarias de toda la Argentina, uno de los ejes planteados por el Ministerio de Salud de la Nación fue la preocupación existente a ese nivel por el impacto que podrían estar generando los agroquímicos en la salud de las poblaciones de zonas agrícolas.
Consultado sobre el tema durante una breve visita que realizó a Córdoba, el ministro de Salud de la Nación, Daniel Gollán, confirmó esta inquietud de la cartera sanitaria, a la luz de la última recategorización que realizó la Organización Mundial de la Salud (OMS) del glifosato en marzo pasado, al que ahora considera probable cancerígeno para los seres humanos (categoría 2A de la Iarc).
“Cuando la OMS toma posición y sube de categoría a estos agroquímicos diciendo que son peligrosos, hay que poner las barbas en remojo, porque esto quiere decir que ya hay evidencia científica suficiente para categorizarlo de esa manera”, dijo Gollán a La Voz del Interior .
En ese contexto, el titular de Salud informó que a partir de la decisión de la OMS, “se le volvió a dar impulso a la comisión interministerial integrada por los organismos del Estado vinculados al tema y también las sociedades científicas, para estudiar la problemática del uso de los agroquímicos sobre la salud”.
Hoy, cumplir las normas
“Eso por lo tanto nos lleva a tomar las primeras medidas con el Ministerio de Agricultura, y organismos como Senasa, entre otros”, dijo, y precisó: “Lo primero es que, al menos, se cumpla con las normativas vigentes que regulan el uso de estos productos, que hoy no se respetan”.
Entre ellas mencionó las distancias que deben respetarse entre las áreas que se fumigan y las zonas pobladas, la cantidad de producto que debe usarse en el rociado, el adecuado manejo de los envases y maquinarias, del acopio de los químicos, y las restricciones relativas a cada tipo de fumigación.
“Porque las normas están muy bien, pero en muchos casos no se están cumpliendo”, advirtió. “Y eso nos lleva no sólo a la cuestión del poder de policía, sino también a la conciencia ciudadana a la que hay que apelar, porque en un país fuertemente agrícola como este, con miles de productores, no se puede poner un policía en cada lugar a controlar como si fuera un Estado pretoriano”, señaló.
La salud está primero
No obstante, Gollán advirtió que si bien la primera medida apunta a hacer cumplir las normas actuales, se podría ir más allá si se demostrara que eso no resulta suficiente para preservar la salud de la población.
“Tenemos que ver cómo seguimos a futuro, porque si se demuestra, como parece estarse demostrando, que no alcanzaría con todas las medidas de cuidado previstas en las normas, tendremos que apelar al principio precautorio, que en el nuevo Código Civil y Comercial es fundamental”, subrayó.
“El principio precautorio apunta a evitar el daño potencial sobre la salud y por eso tenemos que estar muy atentos, de modo que vamos a estar monitoreando qué está sucediendo, y si hay que tomar medidas más profundas, habrá que hacerlo, porque la salud está primero”, afirmó.
“Si a pesar de los intentos de minimizar los riesgos, mañana se detecta que la ecuación costo beneficio determina que sigue siendo demasiado peligroso para la salud, para decirlo en términos populares, habrá que tomar otras medidas”, reiteró, al tiempo que aseguró que esa cuestión ya fue abordada con las autoridades de los ministerios de Economía y de Agricultura de la Nación.
“Riesgo palpable”
Consultado sobre los relevamientos epidemiológicos realizados por la Facultad de Medicina de la Universidad de Rosario y también en la Universidad de Córdoba, que mostrarían tasas elevadas de algunas enfermedades en poblaciones de la zona agrícola, que son objeto de fuertes cuestionamientos desde distintos sectores, Gollán indicó: “Sabemos que hay estudios de ese tipo, y también están incluso los del investigador Andrés Carrasco, del Conicet, que en su momento fueron muy cuestionados, pero hoy lo más importante es que la OMS ya tomó una posición, y si lo hizo es porque ya hay mucha evidencia científica que avala su postura”.
El funcionario también informó que desde la cartera sanitaria nacional se están llevando adelante relevamientos y metaanálisis de los estudios que se van haciendo sobre esta problemática.
“Lo que estamos encontrando está en consonancia con lo que sostiene la OMS, que hasta hace cuatro o cinco años se decía que no había mayor riesgo y hoy se está reconociendo que el riesgo es palpable”, indicó.
Por último, Gollán advirtió que “hay que separar muy bien los intereses puramente económicos de lo que es la salud, porque ante aquellos la salud debe estar por delante”.
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Fecha de Publicación: 10/09/2015
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
Daniel Gollán dijo que, por el riesgo que atribuye la OMS al glifosato, es esencial hacer cumplir las normas existentes. Pero no descartó más medidas si eso fuera insuficiente.
En la última reunión del Consejo Federal de Salud (Cofesa) que reúne a las autoridades sanitarias de toda la Argentina, uno de los ejes planteados por el Ministerio de Salud de la Nación fue la preocupación existente a ese nivel por el impacto que podrían estar generando los agroquímicos en la salud de las poblaciones de zonas agrícolas.
Consultado sobre el tema durante una breve visita que realizó a Córdoba, el ministro de Salud de la Nación, Daniel Gollán, confirmó esta inquietud de la cartera sanitaria, a la luz de la última recategorización que realizó la Organización Mundial de la Salud (OMS) del glifosato en marzo pasado, al que ahora considera probable cancerígeno para los seres humanos (categoría 2A de la Iarc).
“Cuando la OMS toma posición y sube de categoría a estos agroquímicos diciendo que son peligrosos, hay que poner las barbas en remojo, porque esto quiere decir que ya hay evidencia científica suficiente para categorizarlo de esa manera”, dijo Gollán a La Voz del Interior .
En ese contexto, el titular de Salud informó que a partir de la decisión de la OMS, “se le volvió a dar impulso a la comisión interministerial integrada por los organismos del Estado vinculados al tema y también las sociedades científicas, para estudiar la problemática del uso de los agroquímicos sobre la salud”.
Hoy, cumplir las normas
“Eso por lo tanto nos lleva a tomar las primeras medidas con el Ministerio de Agricultura, y organismos como Senasa, entre otros”, dijo, y precisó: “Lo primero es que, al menos, se cumpla con las normativas vigentes que regulan el uso de estos productos, que hoy no se respetan”.
Entre ellas mencionó las distancias que deben respetarse entre las áreas que se fumigan y las zonas pobladas, la cantidad de producto que debe usarse en el rociado, el adecuado manejo de los envases y maquinarias, del acopio de los químicos, y las restricciones relativas a cada tipo de fumigación.
“Porque las normas están muy bien, pero en muchos casos no se están cumpliendo”, advirtió. “Y eso nos lleva no sólo a la cuestión del poder de policía, sino también a la conciencia ciudadana a la que hay que apelar, porque en un país fuertemente agrícola como este, con miles de productores, no se puede poner un policía en cada lugar a controlar como si fuera un Estado pretoriano”, señaló.
La salud está primero
No obstante, Gollán advirtió que si bien la primera medida apunta a hacer cumplir las normas actuales, se podría ir más allá si se demostrara que eso no resulta suficiente para preservar la salud de la población.
“Tenemos que ver cómo seguimos a futuro, porque si se demuestra, como parece estarse demostrando, que no alcanzaría con todas las medidas de cuidado previstas en las normas, tendremos que apelar al principio precautorio, que en el nuevo Código Civil y Comercial es fundamental”, subrayó.
“El principio precautorio apunta a evitar el daño potencial sobre la salud y por eso tenemos que estar muy atentos, de modo que vamos a estar monitoreando qué está sucediendo, y si hay que tomar medidas más profundas, habrá que hacerlo, porque la salud está primero”, afirmó.
“Si a pesar de los intentos de minimizar los riesgos, mañana se detecta que la ecuación costo beneficio determina que sigue siendo demasiado peligroso para la salud, para decirlo en términos populares, habrá que tomar otras medidas”, reiteró, al tiempo que aseguró que esa cuestión ya fue abordada con las autoridades de los ministerios de Economía y de Agricultura de la Nación.
“Riesgo palpable”
Consultado sobre los relevamientos epidemiológicos realizados por la Facultad de Medicina de la Universidad de Rosario y también en la Universidad de Córdoba, que mostrarían tasas elevadas de algunas enfermedades en poblaciones de la zona agrícola, que son objeto de fuertes cuestionamientos desde distintos sectores, Gollán indicó: “Sabemos que hay estudios de ese tipo, y también están incluso los del investigador Andrés Carrasco, del Conicet, que en su momento fueron muy cuestionados, pero hoy lo más importante es que la OMS ya tomó una posición, y si lo hizo es porque ya hay mucha evidencia científica que avala su postura”.
El funcionario también informó que desde la cartera sanitaria nacional se están llevando adelante relevamientos y metaanálisis de los estudios que se van haciendo sobre esta problemática.
“Lo que estamos encontrando está en consonancia con lo que sostiene la OMS, que hasta hace cuatro o cinco años se decía que no había mayor riesgo y hoy se está reconociendo que el riesgo es palpable”, indicó.
Por último, Gollán advirtió que “hay que separar muy bien los intereses puramente económicos de lo que es la salud, porque ante aquellos la salud debe estar por delante”.
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Riachuelo: parte de las relocalizaciones no se cumplió
Riachuelo: a siete años del fallo de la Corte, sigue sin cumplirse la relocalización
Fecha de Publicación: 10/09/2015
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Riachuelo
Se cumplieron siete años de la sentencia que dictó la Corte Suprema de Justicia de la Nación donde, entre otras cuestiones, se ordena la relocalización de aquellas familias que habitan en el camino de sirga, una zona de alta contaminación. En conversación con Infobae, el Defensor General de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Corti, disparó una señal de alerta cuando indicó que "sólo se cumplió con un 20 por ciento de la totalidad de las reubicaciones. Mientras tanto, estas personas siguen alojadas en el camino de sirga, un sector donde hay contaminación y donde la Corte dijo que no puede vivir gente; lo que se produce ahí técnicamente es un desalojo forzado y en ese camino debe ser respetado el derecho a la vivienda".
De acuerdo a datos oficiales, se trata de unas tres mil familias –en lo que refiere al terreno porteño– que aguardan por ser reubicadas y que dada la inexistencia de una planificación por parte de las autoridades gubernamentales se exponen a que sean vulnerados sus derechos. "Es una causa muy compleja y desde el Ministerio Público de la Defensa somos los abogados de todas las personas que viven en la Ciudad y que tienen que ser relocalizadas. Es muy lento el proceso de ejecución y es muy dificultoso el hecho de que las personas sean escuchadas ante los jueces que tienen a cargo la ejecución, de hecho no son parte", explica Corti, y destaca que estas personas desconocen cuándo y a dónde serán reubicadas y en qué condiciones vivirán.
"Además, no tienen vacantes para sus hijos en las escuelas, no tienen cloacas ni centro de salud y tampoco pueden cartonear, porque los sacaron de su lugar de trabajo", precisó el Defensor evidenciando la compleja realidad que les toca vivir a estos ciudadanos que hoy ni siquiera son tenidos en cuenta como parte de la causa judicial.
Según lo advierte Corti, la problemática de la relocalización llevó a que el 20 por ciento de las familias que fueron trasladas a nuevas viviendas se encontraran con edificaciones sin terminar o a las que les faltaban los servicios. "Los vecinos solicitaron una reunión con el presidente de la Corte para poder plantearle cuál es la problemática que cotidianamente se vive. A mi entender, la Corte debería repensar cómo se lleva a cabo esta ejecución para que se respete el derecho de los vecinos", analiza Corti, y es contundente al sostener que "durante muchos años el sistema político fue buscando soluciones para el tema del Riachuelo que no encontró, y por eso intervino la Corte. Ahora se requiere ejecutar aquello que ya está ordenado. En síntesis, hay una sentencia que se tiene que cumplir".
En medio de la situación que viven miles de personas vulneradas y que esperan ser consideradas por las autoridades judiciales, la problemática del Riachuelo volvió a ponerse en primera plana en los últimos días cuando la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura aprobó por mayoría la apertura del procedimiento de remoción del juez federal de Quilmes, Luis Armella, por estar acusado de presuntas irregularidades mientras tuvo bajo su órbita el monitoreo del saneamiento del Riachuelo.
Armella, según se deslizó en la reunión del Consejo, habría favorecido a empresas vinculadas con familiares suyos para la contratación de obras de limpieza de la cuenca. El magistrado fue separado en 2012 de ese expediente por la Corte Suprema a raíz de un informe de la Auditoria General de Nación que mostraba irregularidades en la contratación de empresas para las obras de saneamiento.
Lo cierto es que la problemática del Riachuelo –que involucra a las autoridades de la Ciudad, la Nación y la provincia de Buenos Aires afecta en total a unas 18 mil personas que habitan en la Cuenca y que corren peligro a causa de la intensa contaminación que se presenta en la zona. La escena es preocupante: hay una sentencia judicial que espera por ser cumplida y que lleva ya siete años de demora.
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Fecha de Publicación: 10/09/2015
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Riachuelo
Se cumplieron siete años de la sentencia que dictó la Corte Suprema de Justicia de la Nación donde, entre otras cuestiones, se ordena la relocalización de aquellas familias que habitan en el camino de sirga, una zona de alta contaminación. En conversación con Infobae, el Defensor General de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Corti, disparó una señal de alerta cuando indicó que "sólo se cumplió con un 20 por ciento de la totalidad de las reubicaciones. Mientras tanto, estas personas siguen alojadas en el camino de sirga, un sector donde hay contaminación y donde la Corte dijo que no puede vivir gente; lo que se produce ahí técnicamente es un desalojo forzado y en ese camino debe ser respetado el derecho a la vivienda".
De acuerdo a datos oficiales, se trata de unas tres mil familias –en lo que refiere al terreno porteño– que aguardan por ser reubicadas y que dada la inexistencia de una planificación por parte de las autoridades gubernamentales se exponen a que sean vulnerados sus derechos. "Es una causa muy compleja y desde el Ministerio Público de la Defensa somos los abogados de todas las personas que viven en la Ciudad y que tienen que ser relocalizadas. Es muy lento el proceso de ejecución y es muy dificultoso el hecho de que las personas sean escuchadas ante los jueces que tienen a cargo la ejecución, de hecho no son parte", explica Corti, y destaca que estas personas desconocen cuándo y a dónde serán reubicadas y en qué condiciones vivirán.
"Además, no tienen vacantes para sus hijos en las escuelas, no tienen cloacas ni centro de salud y tampoco pueden cartonear, porque los sacaron de su lugar de trabajo", precisó el Defensor evidenciando la compleja realidad que les toca vivir a estos ciudadanos que hoy ni siquiera son tenidos en cuenta como parte de la causa judicial.
Según lo advierte Corti, la problemática de la relocalización llevó a que el 20 por ciento de las familias que fueron trasladas a nuevas viviendas se encontraran con edificaciones sin terminar o a las que les faltaban los servicios. "Los vecinos solicitaron una reunión con el presidente de la Corte para poder plantearle cuál es la problemática que cotidianamente se vive. A mi entender, la Corte debería repensar cómo se lleva a cabo esta ejecución para que se respete el derecho de los vecinos", analiza Corti, y es contundente al sostener que "durante muchos años el sistema político fue buscando soluciones para el tema del Riachuelo que no encontró, y por eso intervino la Corte. Ahora se requiere ejecutar aquello que ya está ordenado. En síntesis, hay una sentencia que se tiene que cumplir".
En medio de la situación que viven miles de personas vulneradas y que esperan ser consideradas por las autoridades judiciales, la problemática del Riachuelo volvió a ponerse en primera plana en los últimos días cuando la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura aprobó por mayoría la apertura del procedimiento de remoción del juez federal de Quilmes, Luis Armella, por estar acusado de presuntas irregularidades mientras tuvo bajo su órbita el monitoreo del saneamiento del Riachuelo.
Armella, según se deslizó en la reunión del Consejo, habría favorecido a empresas vinculadas con familiares suyos para la contratación de obras de limpieza de la cuenca. El magistrado fue separado en 2012 de ese expediente por la Corte Suprema a raíz de un informe de la Auditoria General de Nación que mostraba irregularidades en la contratación de empresas para las obras de saneamiento.
Lo cierto es que la problemática del Riachuelo –que involucra a las autoridades de la Ciudad, la Nación y la provincia de Buenos Aires afecta en total a unas 18 mil personas que habitan en la Cuenca y que corren peligro a causa de la intensa contaminación que se presenta en la zona. La escena es preocupante: hay una sentencia judicial que espera por ser cumplida y que lleva ya siete años de demora.
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Activistas reclamaron en Casa de Gobierno jujeña
Activistas de Greenpeace reclamaron en Casa de Gobierno
Fecha de Publicación: 10/09/2015
Fuente: Jujuy On Line
Provincia/Región: Jujuy
Activistas de la organización de Greenpeace Argentina reclamaron en las escalinatas ubicadas en Casa de Gobierno y solicitaron ser recibidos por funcionarios fellneristas para hacerles llegar una estudio de impacto ambiental sobre las implicancias y peligros que trae aparejada la extracción de petróleo en el Parque Nacional Calilegua.
Los activistas de Greenpeace alertan al Gobierno provincial sobre los graves riesgos y la contaminación que implica la extracción de petróleo en el Parque Nacional Calilegua, además los activistas explicaron que esta práctica comercial conlleva un acto ilícito, debido a que el Parque Nacional se trata de una reserva natural protegida, por ende este tipo de acción está violando la ley.
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Fecha de Publicación: 10/09/2015
Fuente: Jujuy On Line
Provincia/Región: Jujuy
Activistas de la organización de Greenpeace Argentina reclamaron en las escalinatas ubicadas en Casa de Gobierno y solicitaron ser recibidos por funcionarios fellneristas para hacerles llegar una estudio de impacto ambiental sobre las implicancias y peligros que trae aparejada la extracción de petróleo en el Parque Nacional Calilegua.
Los activistas de Greenpeace alertan al Gobierno provincial sobre los graves riesgos y la contaminación que implica la extracción de petróleo en el Parque Nacional Calilegua, además los activistas explicaron que esta práctica comercial conlleva un acto ilícito, debido a que el Parque Nacional se trata de una reserva natural protegida, por ende este tipo de acción está violando la ley.
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Se presentó en Argentina el AR5
Se presentó en Argentina en Quinto Informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático
Fecha de Publicación: 09/09/2015
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
En la publicación del IPCC participaron más de 800 especialistas de 85 distintos países y es el informe más sólido obtenido hasta el momento en materia de cambio climático; Servirá como base de información fundamental para los tomadores de decisiones en las negociaciones de cara a la COP 21 de París.
Los expertos del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) presentaron hoy los resultados de su Quinto Informe de Evaluación (AR5) y la forma de limitar y adaptarse al cambio climático, en un evento de divulgación organizado por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (SAyDS) y la Fundación Di Tella.
El Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Lorusso, señaló que “hemos logrado la mejor información a través de nuestros científicos”, sin embargo, “el mundo científico a veces entra en coalición con el mundo político”.
“Hay valores que son superiores al capital y debe resurgir la solidaridad hacia el otro y la humanidad para que se tome conciencia”, remarcó Lorusso al hacer referencia al cambio climático que afecta con mayor impacto a los más vulnerables.
“Este informe constituye el de mayor volumen científico, con información que jamás se había tenido”, aseguró el Secretario Adjunto del IPCC Carlos Martin-Novella, ante la presencia de responsables políticos, profesionales, científicos, representantes de la sociedad civil y medios de comunicación de Argentina y Sudamérica.
De la apertura participaron también el presidente del Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) y titular del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), Hugo Bilbao, el reconocido científico argentino Vicente Barros, y el Presidente de la Fundación Torcuato Di Tella, Daniel Perczyk, y el secretario de Agricultura de la Nación, Gabriel Delgado.
Quinto Informe de Evaluación (AR5) del IPCC
El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) es el organismo mundial para la evaluación de la ciencia relacionada con el cambio climático. El IPCC fue creado en 1988 por la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, para proporcionar a los tomadores de decisión evaluaciones periódicas de las bases científicas del cambio climático, sus impactos y los riesgos futuros y las opciones de adaptación y mitigación.
El Quinto Informe del IPCC muestra el estado del conocimiento actual sobre cambio climático, fue elaborado por más de 800 científicos de 85 distintos países, de los cuales 12 son argentinos. El mismo contiene 5 mil páginas organizadas 3 capítulos: Base Científica; Impactos, Adaptación y Vulnerabilidad; y mitigación del cambio climático, y se citan más de 30 mil publicaciones.
A nivel mundial, a causa del cambio climático, se alerta sobre una menor cantidad y calidad de agua disponible, menor cantidad de alimentos, y mayor proliferación de enfermedades. Y se señalan al uso del cambio del suelo asociado a la deforestación, y principalmente el transporte y el uso de energías fósiles, como responsables de la mitad de las emisiones de Gases del Efecto Invernadero (GEIs).
Entre las posibles soluciones descriptas al flagelo del calentamiento global, los científicos apuntan a mejores tecnologías, transformar la matriz energética –favoreciendo el desarrollo e inversiones hacia fuentes de energía renovable- , cambios en el uso del suelo, y optimizar conductas y comportamientos, tanto individuales como sociales, en cuanto a modificar estilos de vida, patrones de consumo, pautas culturales y educación.
Las presentaciones estuvieron a cargo de: el Co-Presidente del Grupo de Trabajo III Ramón Pichs Madruga (Cuba), los Vice-Presidentes del Grupo de Trabajo II Eduardo Calvo (Perú) y José Moreno (España), la Co-Presidente del Grupo de Trabajo Especial sobre Inventarios Nacionales Thelma Krug (Brasil), los autores del IPCC Matilde Rusticucci (Argentina), Inés Camilloni (Argentina), Graciela Magrín (Argentina), Miguel Taboada (Argentina), Daniel Perczyk (Argentina), Gabriel Blanco (Argentina) Mariana Conte Grand (Argentina), Oswaldo Lucon (Brasil), Sebastian Vicuña (Chile), y el Secretario Adjunto del IPCC Carlos Martin-Novella.
“La influencia humana en el sistema climático es clara y cuanto mayores sean las emisiones de GEIs habrá impactos más severos, y en algunos casos irreversibles”, dijo Vicente Barros, Co] Presidente del Grupo de Trabajo II, al tiempo que agregó que “hoy la temperatura está en ascenso y la tierra se está calentando, aun así se puede limitar al cambio climático y construir un futuro más sustentable”.
Actualmente los estudios de cambio climático son intredisiplinarios, no sólo incluyen a científicos de la atmósfera, sino que también a sociólogos, politólogos, economistas, entre otras profesiones, y los mismos evidencian una relación directamente proporcional entre el crecimiento demográfico y económico con las emisiones de GEIs.
Jornada de capacitación para comunicadores
Previo al evento de divulgación, se llevó a cabo ayer una capacitación especial para la prensa, en la cual los periodistas profundizaron sus conocimientos en la materia y tuvieron un mano a mano con los científicos que participaron del Quinto Informe del IPCC. El mismo tuvo a Carolina Vera (Consejo Nacional de Inves-tigaciones-CONICET) como moderadora y fue presentado por Juan Pablo Vismara, subsecretario de Promoción del Desarrollo Sustentable de la Nación, y Daniel Perczyk, Presidente de la Fundación Torcuato Di Tella.
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Fecha de Publicación: 09/09/2015
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
En la publicación del IPCC participaron más de 800 especialistas de 85 distintos países y es el informe más sólido obtenido hasta el momento en materia de cambio climático; Servirá como base de información fundamental para los tomadores de decisiones en las negociaciones de cara a la COP 21 de París.
Los expertos del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) presentaron hoy los resultados de su Quinto Informe de Evaluación (AR5) y la forma de limitar y adaptarse al cambio climático, en un evento de divulgación organizado por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (SAyDS) y la Fundación Di Tella.
El Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Lorusso, señaló que “hemos logrado la mejor información a través de nuestros científicos”, sin embargo, “el mundo científico a veces entra en coalición con el mundo político”.
“Hay valores que son superiores al capital y debe resurgir la solidaridad hacia el otro y la humanidad para que se tome conciencia”, remarcó Lorusso al hacer referencia al cambio climático que afecta con mayor impacto a los más vulnerables.
“Este informe constituye el de mayor volumen científico, con información que jamás se había tenido”, aseguró el Secretario Adjunto del IPCC Carlos Martin-Novella, ante la presencia de responsables políticos, profesionales, científicos, representantes de la sociedad civil y medios de comunicación de Argentina y Sudamérica.
De la apertura participaron también el presidente del Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) y titular del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), Hugo Bilbao, el reconocido científico argentino Vicente Barros, y el Presidente de la Fundación Torcuato Di Tella, Daniel Perczyk, y el secretario de Agricultura de la Nación, Gabriel Delgado.
Quinto Informe de Evaluación (AR5) del IPCC
El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) es el organismo mundial para la evaluación de la ciencia relacionada con el cambio climático. El IPCC fue creado en 1988 por la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, para proporcionar a los tomadores de decisión evaluaciones periódicas de las bases científicas del cambio climático, sus impactos y los riesgos futuros y las opciones de adaptación y mitigación.
El Quinto Informe del IPCC muestra el estado del conocimiento actual sobre cambio climático, fue elaborado por más de 800 científicos de 85 distintos países, de los cuales 12 son argentinos. El mismo contiene 5 mil páginas organizadas 3 capítulos: Base Científica; Impactos, Adaptación y Vulnerabilidad; y mitigación del cambio climático, y se citan más de 30 mil publicaciones.
A nivel mundial, a causa del cambio climático, se alerta sobre una menor cantidad y calidad de agua disponible, menor cantidad de alimentos, y mayor proliferación de enfermedades. Y se señalan al uso del cambio del suelo asociado a la deforestación, y principalmente el transporte y el uso de energías fósiles, como responsables de la mitad de las emisiones de Gases del Efecto Invernadero (GEIs).
Entre las posibles soluciones descriptas al flagelo del calentamiento global, los científicos apuntan a mejores tecnologías, transformar la matriz energética –favoreciendo el desarrollo e inversiones hacia fuentes de energía renovable- , cambios en el uso del suelo, y optimizar conductas y comportamientos, tanto individuales como sociales, en cuanto a modificar estilos de vida, patrones de consumo, pautas culturales y educación.
Las presentaciones estuvieron a cargo de: el Co-Presidente del Grupo de Trabajo III Ramón Pichs Madruga (Cuba), los Vice-Presidentes del Grupo de Trabajo II Eduardo Calvo (Perú) y José Moreno (España), la Co-Presidente del Grupo de Trabajo Especial sobre Inventarios Nacionales Thelma Krug (Brasil), los autores del IPCC Matilde Rusticucci (Argentina), Inés Camilloni (Argentina), Graciela Magrín (Argentina), Miguel Taboada (Argentina), Daniel Perczyk (Argentina), Gabriel Blanco (Argentina) Mariana Conte Grand (Argentina), Oswaldo Lucon (Brasil), Sebastian Vicuña (Chile), y el Secretario Adjunto del IPCC Carlos Martin-Novella.
“La influencia humana en el sistema climático es clara y cuanto mayores sean las emisiones de GEIs habrá impactos más severos, y en algunos casos irreversibles”, dijo Vicente Barros, Co] Presidente del Grupo de Trabajo II, al tiempo que agregó que “hoy la temperatura está en ascenso y la tierra se está calentando, aun así se puede limitar al cambio climático y construir un futuro más sustentable”.
Actualmente los estudios de cambio climático son intredisiplinarios, no sólo incluyen a científicos de la atmósfera, sino que también a sociólogos, politólogos, economistas, entre otras profesiones, y los mismos evidencian una relación directamente proporcional entre el crecimiento demográfico y económico con las emisiones de GEIs.
Jornada de capacitación para comunicadores
Previo al evento de divulgación, se llevó a cabo ayer una capacitación especial para la prensa, en la cual los periodistas profundizaron sus conocimientos en la materia y tuvieron un mano a mano con los científicos que participaron del Quinto Informe del IPCC. El mismo tuvo a Carolina Vera (Consejo Nacional de Inves-tigaciones-CONICET) como moderadora y fue presentado por Juan Pablo Vismara, subsecretario de Promoción del Desarrollo Sustentable de la Nación, y Daniel Perczyk, Presidente de la Fundación Torcuato Di Tella.
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Pascua Lama: presentan formalmente la suspensión
Minera Barrick presenta al Gobierno plan de suspensión temporal de proyecto Pascua Lama
Fecha de Publicación: 09/09/2015
Fuente: Economia y Negocios (Chile)
Provincia/Región: San Juan
Al menos dos años se suspenderá Pascua Lama, el proyecto binacional de cobre, oro y plata propiedad de la canadiense Barrick Gold y ubicado en la Región de Atacama.
Tal como adelantó "El Mercurio" el 7 de agosto, la minera presentó ayer al Servicio Nacional de Geología y Minas (Sernageomin) el plan de suspensión temporal de la iniciativa. El Gobierno tiene un plazo de 60 días para responder.
El proyecto Pascua Lama está paralizado desde 2013, cuando se encontraba en plena fase de construcción. Nunca llegó a operar, pese a que se invirtieron cerca de US$ 5 mil millones, de los US$ 8.500 millones que contemplaba toda la obra.
A la fecha, en el lugar solo se ven labores de mantención de infraestructura y aquellas necesarias para dar cumplimiento a las obligaciones derivadas de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA).
René Muga, director ejecutivo del proyecto, reconoce que el plan de suspensión fue presentado y dice que tiene un "carácter parcial, ya que existen instalaciones que se requiere que sigan funcionando; el plan presentado ajusta los compromisos a las condiciones actuales de paralización".
Cercanos comentan que a la empresa le cuesta cerca de US$ 200 millones al año mantener la operación como está hoy. El plan les permitiría ahorrar más del 30% de ese monto. Pero la minera deberá continuar cumpliendo con sus obligaciones ambientales durante el lapso que dure la detención.
En esta etapa de suspensión, Barrick Gold se enfocará en realizar estudios de optimización del proyecto, con el objetivo de viabilizar su desarrollo futuro cuando mejoren las condiciones de mercado, especifica Muga.
Fuentes de la empresa señalan que, probablemente, se desvinculará a parte de los trabajadores, aunque descartan que el proceso sea masivo.
El desarrollo del proyecto Pascua Lama ha sido complejo. En abril de 2013, luego de seis años de construcción, se detuvieron las obras primero por decisión judicial y luego por la paralización indefinida decretada por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA). Esta última sancionó con 16 mil UTA a Pascua Lama, lo que el Tribunal Ambiental pidió recalcular, aunque todavía no hay una resolución final.
US$ 5 mil millones de US$ 8.500 millones, ha invertido Barrick Gold en Pascua Lama desde que inició su construcción.
US$ 200 millones anuales le costaría a la minera mantener la iniciativa tal como está hoy. El plan de suspensión le permitiría ahorrar cerca del 30% de esa cifra.
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Fecha de Publicación: 09/09/2015
Fuente: Economia y Negocios (Chile)
Provincia/Región: San Juan
Al menos dos años se suspenderá Pascua Lama, el proyecto binacional de cobre, oro y plata propiedad de la canadiense Barrick Gold y ubicado en la Región de Atacama.
Tal como adelantó "El Mercurio" el 7 de agosto, la minera presentó ayer al Servicio Nacional de Geología y Minas (Sernageomin) el plan de suspensión temporal de la iniciativa. El Gobierno tiene un plazo de 60 días para responder.
El proyecto Pascua Lama está paralizado desde 2013, cuando se encontraba en plena fase de construcción. Nunca llegó a operar, pese a que se invirtieron cerca de US$ 5 mil millones, de los US$ 8.500 millones que contemplaba toda la obra.
A la fecha, en el lugar solo se ven labores de mantención de infraestructura y aquellas necesarias para dar cumplimiento a las obligaciones derivadas de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA).
René Muga, director ejecutivo del proyecto, reconoce que el plan de suspensión fue presentado y dice que tiene un "carácter parcial, ya que existen instalaciones que se requiere que sigan funcionando; el plan presentado ajusta los compromisos a las condiciones actuales de paralización".
Cercanos comentan que a la empresa le cuesta cerca de US$ 200 millones al año mantener la operación como está hoy. El plan les permitiría ahorrar más del 30% de ese monto. Pero la minera deberá continuar cumpliendo con sus obligaciones ambientales durante el lapso que dure la detención.
En esta etapa de suspensión, Barrick Gold se enfocará en realizar estudios de optimización del proyecto, con el objetivo de viabilizar su desarrollo futuro cuando mejoren las condiciones de mercado, especifica Muga.
Fuentes de la empresa señalan que, probablemente, se desvinculará a parte de los trabajadores, aunque descartan que el proceso sea masivo.
El desarrollo del proyecto Pascua Lama ha sido complejo. En abril de 2013, luego de seis años de construcción, se detuvieron las obras primero por decisión judicial y luego por la paralización indefinida decretada por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA). Esta última sancionó con 16 mil UTA a Pascua Lama, lo que el Tribunal Ambiental pidió recalcular, aunque todavía no hay una resolución final.
US$ 5 mil millones de US$ 8.500 millones, ha invertido Barrick Gold en Pascua Lama desde que inició su construcción.
US$ 200 millones anuales le costaría a la minera mantener la iniciativa tal como está hoy. El plan de suspensión le permitiría ahorrar cerca del 30% de esa cifra.
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Jerarquizan area protegida de San Luis
El Área Natural Protegida Mogote Bayo fue jerarquizada
Fecha de Publicación: 09/09/2015
Fuente: Info Merlo
Provincia/Región: San Luis
La nueva infraestructura, se compone de una oficina para recepción al visitante, vivienda para el guardaparque, salón de usos múltiples y mirador. Significó una inversión de $2.587.312,08.
El gobernador de la Provincia, Claudio Poggi, participó de la actividad, donde además se realizó una liberación de aves que fueron rehabilitadas tras haber estado en cautiverio. “Vinimos a cumplir con el compromiso asumido, y con el tratado de paz entre progreso y medio ambiente”, expresó la ministra Hissa, durante el acto desarrollado en la Villa de Merlo.
El Área se encuentra sobre la Ruta Provincial N° 5, en el sector Rincón del Este, se accede a pie desde la ruta y tras una pequeña subida se llega a la nueva oficina de recepción al turista.
Mogote Bayo, que cuenta con 338 hectáreas, tiene como objetivo preservar las particularidades biológicas y ambientales, como los bosques de tabaquillo, el zorro colorado, una amplia diversidad aviar, plantas aromáticas y los efluentes de agua natural que nacen en la zona.
Junto al gobernador, participaron de la actividad la ministra de Medio Ambiente, Daiana Hissa; el ministro de Educación, Marcelo Sosa; la ministra de Turismo y Las Culturas, Liliana Bartolucci; la diputada provincial, Mónica Fernández; la intendenta de la Villa de Merlo, Gloria Petrino; la decana de la Facultad de Turismo y Urbanismo de la Universidad Nacional de San Luis, Norma Pereyra; funcionarios y turistas.
También asistieron a la inauguración, guardaparques de diversas áreas y parques naturales; bomberos voluntarios de la Villa de Merlo; miembros de la Cámara de Hoteleros; integrantes de la Fundación Espacios Verdes, y vecinos.
La ministra de Medio Ambiente, Daiana Hissa, explicó que en el Área “se realizó un inventario de los recursos existentes, para saber qué y cómo protegerlos, se definieron los límites del área natural y se designó un guardaparque”.
“Se creó la infraestructura para recibir a los turistas, de esta manera tenemos un sitio adecuado para que toda la sociedad aprenda sobre nuestra flora y nuestra fauna, y la importancia de la protección”, detalló Hissa.
Además, se edificó una vivienda para el guardaparque, salón de usos múltiples y mirador. “El guardaparque es el encargado de resguardar las riquezas biológicas y culturales de cada una de nuestras áreas”, explicó.
La ministra, destacó que “estos espacios protegen el invalorable tesoro de nuestra biodiversidad, donde muchas veces buscaremos las soluciones a futuros problemas de la humanidad”.
“Al proteger estos espacios naturales, estos proporcionan una serie de bienes y servicios ecológicos, en este caso protegen gran parte de la cuenca hídrica que se ubica sierras arriba, favoreciendo así la recarga de agua en el suelo, y regulando la crecida de los ríos y arroyos”, resaltó.
Además, destacó las oportunidades para la investigación y el desarrollo turístico. “El turismo natural y el ecoturismo representan quizás la oportunidad más fuerte para desarrollos empresariales y generación de empleo”, detalló.
Hissa explicó que la nueva infraestructura “muestra una arquitectura que realza el Área sin intervenir con el paisaje”.
La funcionaria explicó que “todo esto es posible gracias a la continuidad de las acciones del Gobierno que tenemos desde hace más de 30 años en nuestra provincia; que han comenzado con Adolfo Rodríguez Saá, continuaron con Alberto Rodríguez Saá y ahora se llevan adelante con el gobernador Claudio Poggi”. “Gracias a todos ellos hemos avanzado enormemente, pudiéndonos diferenciar del resto de las provincias argentinas”, concluyó la ministra.
A continuación, el gobernador entregó una copia del Plan de Manejo Ambiental en Áreas Naturales Protegidas al guardaparque de Mogote Bayo, Julio Sosa. En la oportunidad, se realizó una liberación de aves, que fueron rehabilitadas tras haber estado en cautiverio. El jefe del Programa Biodiversidad, Jorge Heider, explicó cómo trabajan con las especies recuperadas.
Luego del desatado de cintas, el primer mandatario visitó las nuevas instalaciones, finalizando el recorrido en el mirador desde donde se puede observar el parque, las sierras y parte de la ciudad.
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Fecha de Publicación: 09/09/2015
Fuente: Info Merlo
Provincia/Región: San Luis
La nueva infraestructura, se compone de una oficina para recepción al visitante, vivienda para el guardaparque, salón de usos múltiples y mirador. Significó una inversión de $2.587.312,08.
El gobernador de la Provincia, Claudio Poggi, participó de la actividad, donde además se realizó una liberación de aves que fueron rehabilitadas tras haber estado en cautiverio. “Vinimos a cumplir con el compromiso asumido, y con el tratado de paz entre progreso y medio ambiente”, expresó la ministra Hissa, durante el acto desarrollado en la Villa de Merlo.
El Área se encuentra sobre la Ruta Provincial N° 5, en el sector Rincón del Este, se accede a pie desde la ruta y tras una pequeña subida se llega a la nueva oficina de recepción al turista.
Mogote Bayo, que cuenta con 338 hectáreas, tiene como objetivo preservar las particularidades biológicas y ambientales, como los bosques de tabaquillo, el zorro colorado, una amplia diversidad aviar, plantas aromáticas y los efluentes de agua natural que nacen en la zona.
Junto al gobernador, participaron de la actividad la ministra de Medio Ambiente, Daiana Hissa; el ministro de Educación, Marcelo Sosa; la ministra de Turismo y Las Culturas, Liliana Bartolucci; la diputada provincial, Mónica Fernández; la intendenta de la Villa de Merlo, Gloria Petrino; la decana de la Facultad de Turismo y Urbanismo de la Universidad Nacional de San Luis, Norma Pereyra; funcionarios y turistas.
También asistieron a la inauguración, guardaparques de diversas áreas y parques naturales; bomberos voluntarios de la Villa de Merlo; miembros de la Cámara de Hoteleros; integrantes de la Fundación Espacios Verdes, y vecinos.
La ministra de Medio Ambiente, Daiana Hissa, explicó que en el Área “se realizó un inventario de los recursos existentes, para saber qué y cómo protegerlos, se definieron los límites del área natural y se designó un guardaparque”.
“Se creó la infraestructura para recibir a los turistas, de esta manera tenemos un sitio adecuado para que toda la sociedad aprenda sobre nuestra flora y nuestra fauna, y la importancia de la protección”, detalló Hissa.
Además, se edificó una vivienda para el guardaparque, salón de usos múltiples y mirador. “El guardaparque es el encargado de resguardar las riquezas biológicas y culturales de cada una de nuestras áreas”, explicó.
La ministra, destacó que “estos espacios protegen el invalorable tesoro de nuestra biodiversidad, donde muchas veces buscaremos las soluciones a futuros problemas de la humanidad”.
“Al proteger estos espacios naturales, estos proporcionan una serie de bienes y servicios ecológicos, en este caso protegen gran parte de la cuenca hídrica que se ubica sierras arriba, favoreciendo así la recarga de agua en el suelo, y regulando la crecida de los ríos y arroyos”, resaltó.
Además, destacó las oportunidades para la investigación y el desarrollo turístico. “El turismo natural y el ecoturismo representan quizás la oportunidad más fuerte para desarrollos empresariales y generación de empleo”, detalló.
Hissa explicó que la nueva infraestructura “muestra una arquitectura que realza el Área sin intervenir con el paisaje”.
La funcionaria explicó que “todo esto es posible gracias a la continuidad de las acciones del Gobierno que tenemos desde hace más de 30 años en nuestra provincia; que han comenzado con Adolfo Rodríguez Saá, continuaron con Alberto Rodríguez Saá y ahora se llevan adelante con el gobernador Claudio Poggi”. “Gracias a todos ellos hemos avanzado enormemente, pudiéndonos diferenciar del resto de las provincias argentinas”, concluyó la ministra.
A continuación, el gobernador entregó una copia del Plan de Manejo Ambiental en Áreas Naturales Protegidas al guardaparque de Mogote Bayo, Julio Sosa. En la oportunidad, se realizó una liberación de aves, que fueron rehabilitadas tras haber estado en cautiverio. El jefe del Programa Biodiversidad, Jorge Heider, explicó cómo trabajan con las especies recuperadas.
Luego del desatado de cintas, el primer mandatario visitó las nuevas instalaciones, finalizando el recorrido en el mirador desde donde se puede observar el parque, las sierras y parte de la ciudad.
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Dióxido de carbono emitidos por vehículos sin control
No se regulan las emisiones de CO2 de los vehículos
Fecha de Publicación: 08/09/2015
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
En Argentina no hay normas que controlen las emanaciones de dióxido de carbono, responsable del cambio climático.
Argentina no cuenta con una normativa ni controles para limitar las emisiones de dióxido de carbono (CO2) de los vehículos. El CO2 es el principal gas responsable del cambio climático. El 13 por ciento de las emisiones de CO2 del país se debe al transporte.
En Europa y EE.UU. la normativa exige a la industria automotriz que fabrique autos cada vez menos contaminantes. Pero en Argentina no hay regulación sobre este gas, confirmó la Secretaría de Ambiente de la Nación.
Sí están reguladas las emisiones de monóxido de carbono e hidrocarburos, tóxicas para las personas y responsables del smog . Estas sustancias son las que se controlan en la Inspección Técnica Vehicular (ITV) de la ciudad de Córdoba y en plantas similares de otras localidades y provincias.
“Actualmente no se contemplan a nivel nacional los valores de emisiones de CO2 para otorgar la licencia de configuración de nuevos modelos de auto”, aseguró Julio Vassallo, del Laboratorio de Control de Emisiones Gaseosas Vehiculares de la Secretaría de Ambiente.
El funcionario también precisó que no hay obligación de controlar este gas en la ITV. Y agregó que “posiblemente en los próximos años” se desarrolle un marco normativo para el cumplimiento de emisiones de gases de efecto invernadero y eficiencia energética.
“Está actualmente en estudio entre las secretarias de estado relacionadas con la materia y los organismos de normalización”, comentó. Según Vassallo, una alternativa sería avanzar en el etiquetado de los autos, al igual que lo que sucede actualmente con algunos electrodomésticos como lavarropas y heladeras.
En 1999 la Unión Europea resolvió que los autos nuevos y usados a la venta deben tener una etiqueta que informe sobre la cantidad de emisiones de CO2 (en gramos por kilómetro) y la eficiencia en el consumo de combustible (en litros cada 100 kilómetros).
De esta forma se les otorga a los consumidores una herramienta para decidir la compra del vehículo según parámetros ambientales.
Pero a su vez, la idea es obligar a las empresas a competir por la producción de autos más eficientes para captar a los “consumidores verdes”. Finalmente, en 2009 el organismo europeo fijó un límite de emisiones que para este año es de 130 g/km en los autos familiares. Mientras que a partir de 2021 la cifra bajará a 95 g/km.
Las automotrices deben pagar una multa progresiva por cada auto vendido que se exceda en las emisiones regidas por la norma. La sanción es de cinco euros para el primer gramo por encima del límite y llega a 95 euros si se exceden en cuatro o más gramos.
Contrastes
Las filiales automotrices argentinas no informan sobre las emisiones de CO2. Por ejemplo, el Fiat 500 que se vende en Europa tiene un consumo medio de 4,2 litros cada 100 km y emite 119 g/km. Se fabrica en la planta de Polonia.
El mismo modelo que se vende en Argentina (y se fabrica en México) tiene un consumo medio de 12,8 litros cada 100 km.
El Peugeot 208 que se vende en Europa (se fabrica en Eslovaquia y Francia) consume 4,5 litros cada 100 km y emite 104 g/km, en la versión más “verde”. El mismo modelo que se fabrica en Brasil y se comercializa en Argentina tiene un consumo de 5,6 litros/100 km en ruta y 9,45 litros/100 km en la ciudad.
En ninguno de los modelos vendidos en el país se informa cuánto CO2 emiten, pero se deduce que contaminan más que los vehículos europeos ya que están equipados con motores menos eficientes.
“Una legislación similar a la europea ayudaría a empujar los valores hacia abajo en Argentina”, asegura Enrique Puliafito, ingeniero especialista en física de atmósfera y docente de la Universidad Tecnológica Nacional de Mendoza.
El experto estima que los autos que se comercializan en el país emiten entre 190 y 230 gramos por kilómetros, según utilicen GNC, diésel o nafta.
También advierte que las emisiones de un auto en funcionamiento varían por diferentes factores como velocidad, estado de los neumático, diseño aerodinámico y características de los caminos.
Puliafito aclara que el CO2 no es un gas tóxico como sí lo son los óxidos de nitrógeno, el monóxido de carbono y el material particulado.
“Sí es importante que se controlen las emisiones de esas sustancias para no afectar la calidad del aire que respiramos”, dice.
¿Por qué hay que reducir las emisiones?
Cambio climático. EL CO2 es el principal gas de efecto invernadero responsable del cambio climático. Si el planeta se calienta más de la cuenta, habrá graves consecuencias: más eventos extremos como sequías, inundaciones y olas de calor; aumento del nivel del mar que afectará a las ciudad costeras, pérdida de la biodiversidad, aumento de enfermedades transmitidas por vectores como el dengue.
Rumbo a París. En diciembre se realizará en París una cumbre de la ONU en la que se espera llegar a un acuerdo entre las naciones para lograr metas obligatorias por país para reducir las emisiones.
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Fecha de Publicación: 08/09/2015
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
En Argentina no hay normas que controlen las emanaciones de dióxido de carbono, responsable del cambio climático.
Argentina no cuenta con una normativa ni controles para limitar las emisiones de dióxido de carbono (CO2) de los vehículos. El CO2 es el principal gas responsable del cambio climático. El 13 por ciento de las emisiones de CO2 del país se debe al transporte.
En Europa y EE.UU. la normativa exige a la industria automotriz que fabrique autos cada vez menos contaminantes. Pero en Argentina no hay regulación sobre este gas, confirmó la Secretaría de Ambiente de la Nación.
Sí están reguladas las emisiones de monóxido de carbono e hidrocarburos, tóxicas para las personas y responsables del smog . Estas sustancias son las que se controlan en la Inspección Técnica Vehicular (ITV) de la ciudad de Córdoba y en plantas similares de otras localidades y provincias.
“Actualmente no se contemplan a nivel nacional los valores de emisiones de CO2 para otorgar la licencia de configuración de nuevos modelos de auto”, aseguró Julio Vassallo, del Laboratorio de Control de Emisiones Gaseosas Vehiculares de la Secretaría de Ambiente.
El funcionario también precisó que no hay obligación de controlar este gas en la ITV. Y agregó que “posiblemente en los próximos años” se desarrolle un marco normativo para el cumplimiento de emisiones de gases de efecto invernadero y eficiencia energética.
“Está actualmente en estudio entre las secretarias de estado relacionadas con la materia y los organismos de normalización”, comentó. Según Vassallo, una alternativa sería avanzar en el etiquetado de los autos, al igual que lo que sucede actualmente con algunos electrodomésticos como lavarropas y heladeras.
En 1999 la Unión Europea resolvió que los autos nuevos y usados a la venta deben tener una etiqueta que informe sobre la cantidad de emisiones de CO2 (en gramos por kilómetro) y la eficiencia en el consumo de combustible (en litros cada 100 kilómetros).
De esta forma se les otorga a los consumidores una herramienta para decidir la compra del vehículo según parámetros ambientales.
Pero a su vez, la idea es obligar a las empresas a competir por la producción de autos más eficientes para captar a los “consumidores verdes”. Finalmente, en 2009 el organismo europeo fijó un límite de emisiones que para este año es de 130 g/km en los autos familiares. Mientras que a partir de 2021 la cifra bajará a 95 g/km.
Las automotrices deben pagar una multa progresiva por cada auto vendido que se exceda en las emisiones regidas por la norma. La sanción es de cinco euros para el primer gramo por encima del límite y llega a 95 euros si se exceden en cuatro o más gramos.
Contrastes
Las filiales automotrices argentinas no informan sobre las emisiones de CO2. Por ejemplo, el Fiat 500 que se vende en Europa tiene un consumo medio de 4,2 litros cada 100 km y emite 119 g/km. Se fabrica en la planta de Polonia.
El mismo modelo que se vende en Argentina (y se fabrica en México) tiene un consumo medio de 12,8 litros cada 100 km.
El Peugeot 208 que se vende en Europa (se fabrica en Eslovaquia y Francia) consume 4,5 litros cada 100 km y emite 104 g/km, en la versión más “verde”. El mismo modelo que se fabrica en Brasil y se comercializa en Argentina tiene un consumo de 5,6 litros/100 km en ruta y 9,45 litros/100 km en la ciudad.
En ninguno de los modelos vendidos en el país se informa cuánto CO2 emiten, pero se deduce que contaminan más que los vehículos europeos ya que están equipados con motores menos eficientes.
“Una legislación similar a la europea ayudaría a empujar los valores hacia abajo en Argentina”, asegura Enrique Puliafito, ingeniero especialista en física de atmósfera y docente de la Universidad Tecnológica Nacional de Mendoza.
El experto estima que los autos que se comercializan en el país emiten entre 190 y 230 gramos por kilómetros, según utilicen GNC, diésel o nafta.
También advierte que las emisiones de un auto en funcionamiento varían por diferentes factores como velocidad, estado de los neumático, diseño aerodinámico y características de los caminos.
Puliafito aclara que el CO2 no es un gas tóxico como sí lo son los óxidos de nitrógeno, el monóxido de carbono y el material particulado.
“Sí es importante que se controlen las emisiones de esas sustancias para no afectar la calidad del aire que respiramos”, dice.
¿Por qué hay que reducir las emisiones?
Cambio climático. EL CO2 es el principal gas de efecto invernadero responsable del cambio climático. Si el planeta se calienta más de la cuenta, habrá graves consecuencias: más eventos extremos como sequías, inundaciones y olas de calor; aumento del nivel del mar que afectará a las ciudad costeras, pérdida de la biodiversidad, aumento de enfermedades transmitidas por vectores como el dengue.
Rumbo a París. En diciembre se realizará en París una cumbre de la ONU en la que se espera llegar a un acuerdo entre las naciones para lograr metas obligatorias por país para reducir las emisiones.
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A pesar de las leyes, 20 años sin remediar pozos petroleros
La Vecinal Mosconi pide que sellen los pozos petroleros
Fecha de Publicación: 08/09/2015
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Chubut
A pesar de que desde 1995 hay una Ley vigente para sellar los pozos petroleros abandonados en zonas urbanas, desde la Vecinal de General Mosconi alertaron que "estamos en un campo minado".
El vecinalista del barrio General Mosconi, Daniel Legaz, declaró que "no quiero ser alarmista pero estamos en un campo minado de pozos abandonados y algunos todavía trabajando".
En este sentido, señaló que "este tema lo vamos a tratar con la Vecinal porque las autoridades no son conscientes de que tenemos pozos que están surgiendo: cuando baja la marea uno ve el gas".
"Los pozos sin sellar hay que tratarlos. Hay leyes que no se cumplen, desde el año 1995 rige la Ley de Sellados de Pozos pero sin embargo nadie la cumple", dijo en diálogo con Canal 9.
Finalmente, Legaz consideró que "un día va a aparecer toda la playa negra. La base de los tanques de combustibles ubicados al lado del Chalet Huego está toda corroída, de ahí a 200 metros está todo contaminado y nadie habla de eso".
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Fecha de Publicación: 08/09/2015
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Chubut
A pesar de que desde 1995 hay una Ley vigente para sellar los pozos petroleros abandonados en zonas urbanas, desde la Vecinal de General Mosconi alertaron que "estamos en un campo minado".
El vecinalista del barrio General Mosconi, Daniel Legaz, declaró que "no quiero ser alarmista pero estamos en un campo minado de pozos abandonados y algunos todavía trabajando".
En este sentido, señaló que "este tema lo vamos a tratar con la Vecinal porque las autoridades no son conscientes de que tenemos pozos que están surgiendo: cuando baja la marea uno ve el gas".
"Los pozos sin sellar hay que tratarlos. Hay leyes que no se cumplen, desde el año 1995 rige la Ley de Sellados de Pozos pero sin embargo nadie la cumple", dijo en diálogo con Canal 9.
Finalmente, Legaz consideró que "un día va a aparecer toda la playa negra. La base de los tanques de combustibles ubicados al lado del Chalet Huego está toda corroída, de ahí a 200 metros está todo contaminado y nadie habla de eso".
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Misiones y participación territorial de agricultura familiar
Misiones, la provincia con mayor desarrollo de la agricultura familiar
Fecha de Publicación: 08/09/2015
Fuente: Noticias del 6
Provincia/Región: Misiones
Con más de 32 mil explotaciones por parte de pequeños productores sobre 200 mil explotaciones que hay a nivel país. Actualmente, en la Argentina el 66% de los productores son agricultores familiares que trabajan la tierra para la producción de alimentos. En tanto, el trabajo del sector representa el 22% del producto bruto agropecuario. En este sentido, la agricultura familiar cumple un rol estratégico en el fortalecimiento de las economías regionales, el desarrollo del consumo local, el arraigo rural y el acceso a los alimentos.
La reciente sanción de la Ley nacional de Agricultura Familiar (27.118) no sólo garantiza derechos sino que jerarquiza a la vez que promueve una mayor visibilidad de los agricultores.
Cuidado del ambiente
En una reunión de camaradería llevada a cabo en el despacho de la ministra de Ecología y Recursos Naturales Renovables, Viviana Rovira; en compañía del presidente de la Fundación R21 Charly Alberti, el Coordinador Nacional del Programa de Pequeñas Donaciones Francisco López Sastre, el propulsor de las Ferias Francas de Misiones Eugenio Casalaba, el subsecretario de Ecología y Desarrollo Sustentable Juan Manuel Díaz y el subsecretario de Ordenamiento Territorial Juan Solari, se debatió sobre la situación actual de la provincial en materia de las políticas volcadas en este ámbito y del armado de acciones en el marco del programa Pequeñas Donaciones, implementado las Naciones Unidas para el Desarrollo aplicado en la Argentina en el año 2006. Tiene por finalidad apoyar iniciativas de la sociedad civil en el marco de las áreas regionales del Fondo para el Medio Ambiente Mundial conservación de la biodiversidad, cambio climático, prevención de la degradación de la tierra, manejo sustentable de bosques nativos, contaminantes orgánicos persistentes.
Por otra parte y en el contexto del cuidado de la flora y la fauna local, Alberti realizó un llamado a las autoridades nacionales a hacer entrega a este ministerio de RADARES detectores de velocidad para ser colocados en el Parque Nacional Iguazú, con el fin de contrarrestar la situación de atropellamientos a la fauna de la zona, dado que en las últimas horas, un conductor desaprensivo y con poco interés por la fauna de la provincia, arrollo a un ejemplar de PUMA en inmediaciones del parque, dándose a la fuga sin siquiera dar aviso a las autoridades del ministerio o de las fuerzas públicas, situación que pudo provocar otro hecho lamentable e inclusive poner en riesgo vidas humanas.
El Programa Pequeñas Donaciones es un programa corporativo del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), implementado por el PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) y se inauguró en año 2006 en Argentina.
El Programa está conformado por un equipo de Coordinación Nacional y un Comité Directivo Nacional compuesto por los puntos focales gubernamentales del FMAM en Argentina y diversas organizaciones de la sociedad civil con gran prestigio que participan activamente en la gestión del PPD.
Este programa apoya iniciativas de la sociedad civil en el marco de las áreas regionales del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (conservación de la biodiversidad, cambio climático, prevención de la degradación de la tierra, manejo sustentable de bosques nativos, contaminantes orgánicos persistentes, etc.) y así mismo también apunta a cumplir con Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas a través de la erradicación de la pobreza y empoderamiento local como algunos de los aspectos integrales del desarrollo sostenible.
Para ello se entregan donaciones a las Organizaciones de la Sociedad Civil para ejecutar proyectos comunitarios. La mejor manera de enfrentar los problemas del ambiente mundial es con la participación de las poblaciones locales para que se generen beneficios directos para lo comunidad.
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Fecha de Publicación: 08/09/2015
Fuente: Noticias del 6
Provincia/Región: Misiones
Con más de 32 mil explotaciones por parte de pequeños productores sobre 200 mil explotaciones que hay a nivel país. Actualmente, en la Argentina el 66% de los productores son agricultores familiares que trabajan la tierra para la producción de alimentos. En tanto, el trabajo del sector representa el 22% del producto bruto agropecuario. En este sentido, la agricultura familiar cumple un rol estratégico en el fortalecimiento de las economías regionales, el desarrollo del consumo local, el arraigo rural y el acceso a los alimentos.
La reciente sanción de la Ley nacional de Agricultura Familiar (27.118) no sólo garantiza derechos sino que jerarquiza a la vez que promueve una mayor visibilidad de los agricultores.
Cuidado del ambiente
En una reunión de camaradería llevada a cabo en el despacho de la ministra de Ecología y Recursos Naturales Renovables, Viviana Rovira; en compañía del presidente de la Fundación R21 Charly Alberti, el Coordinador Nacional del Programa de Pequeñas Donaciones Francisco López Sastre, el propulsor de las Ferias Francas de Misiones Eugenio Casalaba, el subsecretario de Ecología y Desarrollo Sustentable Juan Manuel Díaz y el subsecretario de Ordenamiento Territorial Juan Solari, se debatió sobre la situación actual de la provincial en materia de las políticas volcadas en este ámbito y del armado de acciones en el marco del programa Pequeñas Donaciones, implementado las Naciones Unidas para el Desarrollo aplicado en la Argentina en el año 2006. Tiene por finalidad apoyar iniciativas de la sociedad civil en el marco de las áreas regionales del Fondo para el Medio Ambiente Mundial conservación de la biodiversidad, cambio climático, prevención de la degradación de la tierra, manejo sustentable de bosques nativos, contaminantes orgánicos persistentes.
Por otra parte y en el contexto del cuidado de la flora y la fauna local, Alberti realizó un llamado a las autoridades nacionales a hacer entrega a este ministerio de RADARES detectores de velocidad para ser colocados en el Parque Nacional Iguazú, con el fin de contrarrestar la situación de atropellamientos a la fauna de la zona, dado que en las últimas horas, un conductor desaprensivo y con poco interés por la fauna de la provincia, arrollo a un ejemplar de PUMA en inmediaciones del parque, dándose a la fuga sin siquiera dar aviso a las autoridades del ministerio o de las fuerzas públicas, situación que pudo provocar otro hecho lamentable e inclusive poner en riesgo vidas humanas.
El Programa Pequeñas Donaciones es un programa corporativo del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), implementado por el PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) y se inauguró en año 2006 en Argentina.
El Programa está conformado por un equipo de Coordinación Nacional y un Comité Directivo Nacional compuesto por los puntos focales gubernamentales del FMAM en Argentina y diversas organizaciones de la sociedad civil con gran prestigio que participan activamente en la gestión del PPD.
Este programa apoya iniciativas de la sociedad civil en el marco de las áreas regionales del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (conservación de la biodiversidad, cambio climático, prevención de la degradación de la tierra, manejo sustentable de bosques nativos, contaminantes orgánicos persistentes, etc.) y así mismo también apunta a cumplir con Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas a través de la erradicación de la pobreza y empoderamiento local como algunos de los aspectos integrales del desarrollo sostenible.
Para ello se entregan donaciones a las Organizaciones de la Sociedad Civil para ejecutar proyectos comunitarios. La mejor manera de enfrentar los problemas del ambiente mundial es con la participación de las poblaciones locales para que se generen beneficios directos para lo comunidad.
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Quieren llevar "tranquilidad" por el pozo de Allen
Reunión clave con Ysur-YPF por contaminación
Fecha de Publicación: 07/09/2015
Fuente: Noticias Net
Provincia/Región: Río Negro
Autoridades de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Río Negro, el Departamento Provincial de Aguas y la Secretaría de Energía, se reunieron con representantes de la empresa Ysur-YPF con el objetivo de avanzar en diferentes acciones para brindar tranquilidad y mantener la calidad de vida de los vecinos de Allen ante los hechos de público conocimiento.
En este marco, la secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Dina Migani, expresó que se solicitó a la empresa Ysur-YPF una serie de condiciones más, además de establecidas por las leyes provinciales M N° 3266 y N° 4742, Decreto N° 656/04 y Ley Nacional 25.675, que deberán presentar en los plazos correspondientes. En representación de la Municipalidad de Allen participó la intendenta de Allen, Sabina Costa, y su secretaria Legal y Técnica, Norma Coronel. Las partes mencionadas volverán a reunirse en 15 días.
Migani fue la primera oradora del encuentro y durante su alocución uno de los pedidos efectuados a los máximos referentes de la compañía petrolera fue que “escuchen a la gente, que instruyan a los mandos medios que trabajan en las locaciones, para que ante la consulta, requerimientos, exigencias, puedan informar y brindar tranquilidad a los vecinos lindantes a las zonas de actividad petrolera”.
Al finalizar la reunión, la titular de SAyDS informó que se van a intensificar e incrementar las inspecciones que realizan los técnicos de la Secretaría. Cabe aclarar que la actividad petrolera es auditada en campo de manera permanente, luego del procedimiento de evaluación de impacto ambiental correspondiente por el área de fiscalización de la SAYDS.
Migani expresó que también se requirió a la empresa Ysur-YPF que efectúen con mayor frecuencia mediciones de calidad de aire y sonido. Asimismo, en orden a los recientes sucesos acaecidos, la operadora deberá presentar un programa de gestión de calidad y control de los contratistas que asegure la no afectación de la población, como así también que detallen los recursos humanos a disposición para el cumplimiento de tales labores.
Por su parte, el secretario de Energía, Marcelo Echegoyen indicó que se establecieron mecanismos de coordinación y comunicación permanente, como así también se anunciaron cambios que la empresa deberá cumplir en futuras operaciones ante el montaje de una locación: fosas de quema para pozos en ensayo, instalación de sistemas de control en tiempo real de los gases durante los ensayos y del aire circundante en las diferentes locaciones. Además deberán mejorar los muros de contención de cada lugar.
Sumado a los requerimientos de Ambiente, los funcionarios provinciales informaron que la empresa al realizar perforaciones deberá aislar adecuadamente todo equipo que pueda tener líquidos potencialmente contaminantes. Los controles también abarcarán las acciones anteriores a las perforaciones, con adecuadas tareas de desmonte en la periferia. Finalizadas las locaciones deberán instalar freatímetros, en este caso bajo los lineamientos de técnicos del DPA.
Por último, se establecieron condiciones para el transporte de lodos, áridos y para el mantenimiento de las calles que utilicen las máquinas la firma.
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Fecha de Publicación: 07/09/2015
Fuente: Noticias Net
Provincia/Región: Río Negro
Autoridades de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Río Negro, el Departamento Provincial de Aguas y la Secretaría de Energía, se reunieron con representantes de la empresa Ysur-YPF con el objetivo de avanzar en diferentes acciones para brindar tranquilidad y mantener la calidad de vida de los vecinos de Allen ante los hechos de público conocimiento.
En este marco, la secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Dina Migani, expresó que se solicitó a la empresa Ysur-YPF una serie de condiciones más, además de establecidas por las leyes provinciales M N° 3266 y N° 4742, Decreto N° 656/04 y Ley Nacional 25.675, que deberán presentar en los plazos correspondientes. En representación de la Municipalidad de Allen participó la intendenta de Allen, Sabina Costa, y su secretaria Legal y Técnica, Norma Coronel. Las partes mencionadas volverán a reunirse en 15 días.
Migani fue la primera oradora del encuentro y durante su alocución uno de los pedidos efectuados a los máximos referentes de la compañía petrolera fue que “escuchen a la gente, que instruyan a los mandos medios que trabajan en las locaciones, para que ante la consulta, requerimientos, exigencias, puedan informar y brindar tranquilidad a los vecinos lindantes a las zonas de actividad petrolera”.
Al finalizar la reunión, la titular de SAyDS informó que se van a intensificar e incrementar las inspecciones que realizan los técnicos de la Secretaría. Cabe aclarar que la actividad petrolera es auditada en campo de manera permanente, luego del procedimiento de evaluación de impacto ambiental correspondiente por el área de fiscalización de la SAYDS.
Migani expresó que también se requirió a la empresa Ysur-YPF que efectúen con mayor frecuencia mediciones de calidad de aire y sonido. Asimismo, en orden a los recientes sucesos acaecidos, la operadora deberá presentar un programa de gestión de calidad y control de los contratistas que asegure la no afectación de la población, como así también que detallen los recursos humanos a disposición para el cumplimiento de tales labores.
Por su parte, el secretario de Energía, Marcelo Echegoyen indicó que se establecieron mecanismos de coordinación y comunicación permanente, como así también se anunciaron cambios que la empresa deberá cumplir en futuras operaciones ante el montaje de una locación: fosas de quema para pozos en ensayo, instalación de sistemas de control en tiempo real de los gases durante los ensayos y del aire circundante en las diferentes locaciones. Además deberán mejorar los muros de contención de cada lugar.
Sumado a los requerimientos de Ambiente, los funcionarios provinciales informaron que la empresa al realizar perforaciones deberá aislar adecuadamente todo equipo que pueda tener líquidos potencialmente contaminantes. Los controles también abarcarán las acciones anteriores a las perforaciones, con adecuadas tareas de desmonte en la periferia. Finalizadas las locaciones deberán instalar freatímetros, en este caso bajo los lineamientos de técnicos del DPA.
Por último, se establecieron condiciones para el transporte de lodos, áridos y para el mantenimiento de las calles que utilicen las máquinas la firma.
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Cerro Atajo de Catamarca en conflicto minero
Piden suspender el informe de impacto ambiental de Cerro Atajo
Fecha de Publicación: 07/09/2015
Fuente: El Ancasti (Catamarca)
Provincia/Región: Catamarca
Los legisladores, señalan que a pesar de haber un acuerdo entre Agua Rica y CAMYEN por la zona, aún sigue vigente el litigio entre las dos empresas.
El bloque de diputados del Frente Cívico y Social solicitó a la Secretaría de Minería de la provincia que no apruebe el informe de impacto ambiental para la puesta en marcha del proyecto minero Cerro Atajo por parte de Agua Rica hasta tanto se resuelva el conflicto judicial que tiene la empresa con CAMYEN. El pedido fue realizado a través de una nota que fue presentada por el bloque ante el secretario de Minería, Rodolfo Micone.
En la presentación, los legisladores piden que "se deniegue o suspenda emitir resolución alguna respecto a cualquier solicitud de aprobación que existiere con relación al Informe de Impacto Ambiental relativo a las 17 minas del Cerro Atajo, áreas que hubieran sido objeto de "Contrato de Exploración con Opción de Explotación" suscripto entre Minera Agua Rica y Catamarca Minera y Energética Sociedad del Estado (CAMYEN)".
El FCS justifica su pedido al señalar que si bien entre las empresas "existe un acuerdo transaccional a fin de aunar esfuerzos para realizar actividades de prospección y exploración en el área," que fue presentado en el Juzgado de Minas, Agua Rica-Yamana Gold no cesó su planteo judicial por las 17 minas, por lo que el proceso sigue. La empresa había impuesto un incidente de oposición y nulidad solicitando que se deje sin efecto la concesión de mina vacante otorgada a CAMYEN.
En la presentación, los legisladores relatan la firma del contrato entre Yamana y CAMYEN por Cerro Atajo que incluye este "acuerdo transaccional", pero también recuerdan que el 16 de junio, se presentaron en el juzgado los apoderados de ambas empresas a solicitar la "suspensión de los plazos procesales del litigio, sin que se modifique "derechos de las partes con relación a estos obrados" y tampoco implica "renuncia sobre derechos y las acciones instauradas."
"Es decir que hasta aquí tenemos un litigio que versa sobre la propiedad de la mina, un contrato de exploración con opción de explotación que incluye un acuerdo transaccional y una presentación conjunta de las empresas del que no se desprende dicha transacción. La contradicción es evidente", indican.
Para los legisladores, "resulta sugestivo" que el acuerdo transaccional "pareciera ser incluso anterior al contrato de exploración con opción de explotación, siendo la presentación judicial conjunta muy posterior a éste, amén de la contradicción antes expuesta. Es decir que más allá de que se hubiera proveído por parte del juez de Minas la suspensión de los plazos procesales, está claro que la pretensión procesal de Agua Rica subsiste y con éste también el conflicto sobre la propiedad".
En el marco de esta "contradicción”, los diputados plantean lo que puede suceder a futuro si se aprueba el informe de impacto ambiental con relación a lo que establece las normativas mineras. En esa línea, señalan que "esta situación adquiere relevancia a la luz de lo previsto por el Código de Minería (artículo 248) que establece que las personas que desarrollen la actividad minera (Prospección, exploración, explotación) serán responsables de todo daño ambiental que se produzca por el incumplimiento de lo establecido en la presente Sección, ya sea que lo ocasionen en forma directa o por las personas que se encuentran bajo su dependencia o por parte de contratistas o subcontratistas, o que lo causa el riesgo o vicio de la cosa". Además, agrega que: "El titular del derecho minero será solidariamente responsable, en los mismos casos, del daño que ocasionen las personas por él habilitadas para el ejercicio de tal derecho"
"Es decir, el Código de Minería establece una responsabilidad por daño ambiental objetiva, amplia y solidaria, respecto de lo cual no es indiferente la propiedad que pudiera existir sobre la mina. Circunstancia que en Cerro Atajo se mantiene vigente el litigio", señalan los legisladores.
Por otra parte, agregan que "los criterios en torno a la interpretación de la normativa ambiental debe formularse en base a los criterios plasmados por la Ley General del Ambiente Nº 26.675 que ha tipificado los principios de prevención y precautorio que deben ser rectores en la salvaguarda de la gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable".
Por todo lo expuesto, es que los diputados solicitan que "en tanto se sostenga la incertidumbre de torno de la propiedad de las minas correspondientes al Área denominada Cerro Atajo".
Actualmente, el informe de impacto ambiental para la puesta en marcha de esta zona está en análisis en la Secretaría de Minería.
El viernes se conoció que la empresa Minera Agua Rica avanza con los trabajos de prospección sobre Cerro Atajo, a partir de la aprobación de la Declaración Jurada de Prospección por parte de la Dirección Provincial de Gestión Ambiental Minera (DIPGAM).
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Fecha de Publicación: 07/09/2015
Fuente: El Ancasti (Catamarca)
Provincia/Región: Catamarca
Los legisladores, señalan que a pesar de haber un acuerdo entre Agua Rica y CAMYEN por la zona, aún sigue vigente el litigio entre las dos empresas.
El bloque de diputados del Frente Cívico y Social solicitó a la Secretaría de Minería de la provincia que no apruebe el informe de impacto ambiental para la puesta en marcha del proyecto minero Cerro Atajo por parte de Agua Rica hasta tanto se resuelva el conflicto judicial que tiene la empresa con CAMYEN. El pedido fue realizado a través de una nota que fue presentada por el bloque ante el secretario de Minería, Rodolfo Micone.
En la presentación, los legisladores piden que "se deniegue o suspenda emitir resolución alguna respecto a cualquier solicitud de aprobación que existiere con relación al Informe de Impacto Ambiental relativo a las 17 minas del Cerro Atajo, áreas que hubieran sido objeto de "Contrato de Exploración con Opción de Explotación" suscripto entre Minera Agua Rica y Catamarca Minera y Energética Sociedad del Estado (CAMYEN)".
El FCS justifica su pedido al señalar que si bien entre las empresas "existe un acuerdo transaccional a fin de aunar esfuerzos para realizar actividades de prospección y exploración en el área," que fue presentado en el Juzgado de Minas, Agua Rica-Yamana Gold no cesó su planteo judicial por las 17 minas, por lo que el proceso sigue. La empresa había impuesto un incidente de oposición y nulidad solicitando que se deje sin efecto la concesión de mina vacante otorgada a CAMYEN.
En la presentación, los legisladores relatan la firma del contrato entre Yamana y CAMYEN por Cerro Atajo que incluye este "acuerdo transaccional", pero también recuerdan que el 16 de junio, se presentaron en el juzgado los apoderados de ambas empresas a solicitar la "suspensión de los plazos procesales del litigio, sin que se modifique "derechos de las partes con relación a estos obrados" y tampoco implica "renuncia sobre derechos y las acciones instauradas."
"Es decir que hasta aquí tenemos un litigio que versa sobre la propiedad de la mina, un contrato de exploración con opción de explotación que incluye un acuerdo transaccional y una presentación conjunta de las empresas del que no se desprende dicha transacción. La contradicción es evidente", indican.
Para los legisladores, "resulta sugestivo" que el acuerdo transaccional "pareciera ser incluso anterior al contrato de exploración con opción de explotación, siendo la presentación judicial conjunta muy posterior a éste, amén de la contradicción antes expuesta. Es decir que más allá de que se hubiera proveído por parte del juez de Minas la suspensión de los plazos procesales, está claro que la pretensión procesal de Agua Rica subsiste y con éste también el conflicto sobre la propiedad".
En el marco de esta "contradicción”, los diputados plantean lo que puede suceder a futuro si se aprueba el informe de impacto ambiental con relación a lo que establece las normativas mineras. En esa línea, señalan que "esta situación adquiere relevancia a la luz de lo previsto por el Código de Minería (artículo 248) que establece que las personas que desarrollen la actividad minera (Prospección, exploración, explotación) serán responsables de todo daño ambiental que se produzca por el incumplimiento de lo establecido en la presente Sección, ya sea que lo ocasionen en forma directa o por las personas que se encuentran bajo su dependencia o por parte de contratistas o subcontratistas, o que lo causa el riesgo o vicio de la cosa". Además, agrega que: "El titular del derecho minero será solidariamente responsable, en los mismos casos, del daño que ocasionen las personas por él habilitadas para el ejercicio de tal derecho"
"Es decir, el Código de Minería establece una responsabilidad por daño ambiental objetiva, amplia y solidaria, respecto de lo cual no es indiferente la propiedad que pudiera existir sobre la mina. Circunstancia que en Cerro Atajo se mantiene vigente el litigio", señalan los legisladores.
Por otra parte, agregan que "los criterios en torno a la interpretación de la normativa ambiental debe formularse en base a los criterios plasmados por la Ley General del Ambiente Nº 26.675 que ha tipificado los principios de prevención y precautorio que deben ser rectores en la salvaguarda de la gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable".
Por todo lo expuesto, es que los diputados solicitan que "en tanto se sostenga la incertidumbre de torno de la propiedad de las minas correspondientes al Área denominada Cerro Atajo".
Actualmente, el informe de impacto ambiental para la puesta en marcha de esta zona está en análisis en la Secretaría de Minería.
El viernes se conoció que la empresa Minera Agua Rica avanza con los trabajos de prospección sobre Cerro Atajo, a partir de la aprobación de la Declaración Jurada de Prospección por parte de la Dirección Provincial de Gestión Ambiental Minera (DIPGAM).
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Botnia:llaman a declarar a uruguayos por causa
Botnia/ Citan a declarar a uruguayos por contaminación
Fecha de Publicación: 07/09/2015
Fuente: AIM Digital
Provincia/Región: Entre Ríos
El abogado Luis Leissa, que representa a la Asamblea Ciudadana Ambiental, informó que el juez Federal de Concepción del Uruguay, Pablo Seró resolvió citar a declarar a dos uruguayos, en el marco de la causa en la que la pastera UPM ex Botnia está denunciada por contaminación y que se sustancia desde 2006.
En concreto Leissa dijo que “se trata de un funcionario de la Caru Uruguay, llamado Héctor Viera que resultó afectado por las emanaciones tóxicas de Botnia en ocasión de un incidente que se produjo en septiembre de 2013 y que también afectó a otros tres trabajadores argentinos de la Caru que prestan tareas en el Puente Internacional General San Martín”.
El abogado mencionó que Viera ha sido convocado en calidad de testigo para el 19 de noviembre y también reveló que el Juez Seró resolvió citar al médico uruguayo Jean H. Jaurés Díaz quien fue el facultativo de Fray Bentos que atendió el día del hecho a Viera y a los otros afectados por las emanaciones de la pastera.
Asimismo Leissa dijo que “a estas actuaciones que comenzaron en el 2006 por infracción al artículo 55º de la Ley 24.051 y en la que la Asamblea Ciudadana ambiental de Gualeguaychú es querellante, se han agregado ahora y por conexidad, las actuaciones por otro incidente de contaminación ocurrido el 28 de febrero de 2014 y que fue percibido claramente ese día y durante horas en Gualeguaychú”. El abogado dijo que originalmente “esas actuaciones habían sido tramitadas por la Fiscalía de Gualeguaychú que meses atrás se declaró incompetente y elevó el expediente al Juzgado Federal a cargo de Seró”, informó Maximaonline.
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Fecha de Publicación: 07/09/2015
Fuente: AIM Digital
Provincia/Región: Entre Ríos
El abogado Luis Leissa, que representa a la Asamblea Ciudadana Ambiental, informó que el juez Federal de Concepción del Uruguay, Pablo Seró resolvió citar a declarar a dos uruguayos, en el marco de la causa en la que la pastera UPM ex Botnia está denunciada por contaminación y que se sustancia desde 2006.
En concreto Leissa dijo que “se trata de un funcionario de la Caru Uruguay, llamado Héctor Viera que resultó afectado por las emanaciones tóxicas de Botnia en ocasión de un incidente que se produjo en septiembre de 2013 y que también afectó a otros tres trabajadores argentinos de la Caru que prestan tareas en el Puente Internacional General San Martín”.
El abogado mencionó que Viera ha sido convocado en calidad de testigo para el 19 de noviembre y también reveló que el Juez Seró resolvió citar al médico uruguayo Jean H. Jaurés Díaz quien fue el facultativo de Fray Bentos que atendió el día del hecho a Viera y a los otros afectados por las emanaciones de la pastera.
Asimismo Leissa dijo que “a estas actuaciones que comenzaron en el 2006 por infracción al artículo 55º de la Ley 24.051 y en la que la Asamblea Ciudadana ambiental de Gualeguaychú es querellante, se han agregado ahora y por conexidad, las actuaciones por otro incidente de contaminación ocurrido el 28 de febrero de 2014 y que fue percibido claramente ese día y durante horas en Gualeguaychú”. El abogado dijo que originalmente “esas actuaciones habían sido tramitadas por la Fiscalía de Gualeguaychú que meses atrás se declaró incompetente y elevó el expediente al Juzgado Federal a cargo de Seró”, informó Maximaonline.
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