Controles en la Reserva Yabotí de Misiones
09:00 | 
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Reserva Yabotí: un control conjunto relevó el medioambiente y detectó pescadores y cazadores
Fecha de Publicación: 18/12/2014
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Misiones
En una patrulla enmarcada dentro del Plan de Control de la Reserva de Biosfera Yabotí, guardaparques del Ministerio de Ecología y R.N.R a cargo de la Coordinación de la Reserva y la Coordinación de Parques Zona Centro en conjunto con personal de la Policía de Misiones Unidad Regional III, infantería y Grupo Operaciones Especiales de de Eldorado, recorrieron durante cuatro días, diversos lotes de la Reserva de Biosfera.
La principal actividad de control se centró en patrullar el Arroyo Yabotí Guazú o Pepirí Miní, actividad que se realizó navegando el cauce del mismo con kayaks, desembarcando en el lote 5 -propiedad de Puerto Laharrague- con destino final el puente sobre el mencionado Arroyo en el límite del Parque Provincial Moconá.
Los agentes de control en el recorrido destruyeron varios campamentos de cazadores furtivos. También procedieron al secuestro de dos botes de madera, varias redes y otras artes de pesca.
En la misma patrulla por tierra, se detectó a tres personas en evidente actitud de caza, que tenían en su poder armas de fuego y equipos de campamento. Al ver a los agentes de control estas personas se dieron a la fuga dejando todo lo que transportaban. Entre esos elementos se secuestraron tres escopetas y veinte cartuchos para dichas armas y seis ejemplares de pecarí labiado -muertos y su carne ahumada- siendo un total aproximado de 60 kilos de carne.
Las armas y municiones fueron puestas a disposición de la Policía, las piezas cobradas de la fauna silvestre, destruidas y los botes en guarda y custodia en el Parque Moconá.
Los agentes de control destacaron el gran movimiento de fauna silvestre, pudiendo avistar ejemplares de yacutinga (Pipile jacutinga), águila negra (Buteogallus urubitinga), huellas de yaguareté (Panthera onca), huellas de anta o tapir (Tapirus terrestris) destacando los mencionados entre otros indicios de presencia de fauna.
Para los guardaparques el objetivo de la patrulla no solo fue detectar cazadores, sino la de relevar la costa del Parque Provincial Esmeralda y el estado de conservación del Arroyo Yabotí pudiendo determinar el alto grado de conservación que poseen los mismos.
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Fecha de Publicación: 18/12/2014
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Misiones
En una patrulla enmarcada dentro del Plan de Control de la Reserva de Biosfera Yabotí, guardaparques del Ministerio de Ecología y R.N.R a cargo de la Coordinación de la Reserva y la Coordinación de Parques Zona Centro en conjunto con personal de la Policía de Misiones Unidad Regional III, infantería y Grupo Operaciones Especiales de de Eldorado, recorrieron durante cuatro días, diversos lotes de la Reserva de Biosfera.
La principal actividad de control se centró en patrullar el Arroyo Yabotí Guazú o Pepirí Miní, actividad que se realizó navegando el cauce del mismo con kayaks, desembarcando en el lote 5 -propiedad de Puerto Laharrague- con destino final el puente sobre el mencionado Arroyo en el límite del Parque Provincial Moconá.
Los agentes de control en el recorrido destruyeron varios campamentos de cazadores furtivos. También procedieron al secuestro de dos botes de madera, varias redes y otras artes de pesca.
En la misma patrulla por tierra, se detectó a tres personas en evidente actitud de caza, que tenían en su poder armas de fuego y equipos de campamento. Al ver a los agentes de control estas personas se dieron a la fuga dejando todo lo que transportaban. Entre esos elementos se secuestraron tres escopetas y veinte cartuchos para dichas armas y seis ejemplares de pecarí labiado -muertos y su carne ahumada- siendo un total aproximado de 60 kilos de carne.
Las armas y municiones fueron puestas a disposición de la Policía, las piezas cobradas de la fauna silvestre, destruidas y los botes en guarda y custodia en el Parque Moconá.
Los agentes de control destacaron el gran movimiento de fauna silvestre, pudiendo avistar ejemplares de yacutinga (Pipile jacutinga), águila negra (Buteogallus urubitinga), huellas de yaguareté (Panthera onca), huellas de anta o tapir (Tapirus terrestris) destacando los mencionados entre otros indicios de presencia de fauna.
Para los guardaparques el objetivo de la patrulla no solo fue detectar cazadores, sino la de relevar la costa del Parque Provincial Esmeralda y el estado de conservación del Arroyo Yabotí pudiendo determinar el alto grado de conservación que poseen los mismos.
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Salta no autorizarán desmontes en zonas protegidas
Salta: Fin de las recategorizaciones en zonas protegidas
Fecha de Publicación: 18/12/2014
Fuente: El Intransigente
Provincia/Región: Salta
El Gobernador Urtubey habría derogados dos decretos en la Casa de Salta en Buenos Aires
Las reuniones que el Gobierno de la Provincia de Salta viene realizando con organizaciones ambientales nacionales y provinciales, para analizar la situación de la aplicación de la Ley Nacional de Bosques y las políticas de cuidado del medio ambiente, tuvieron resultados concretos.
Según publica hoy el Nuevo Diario de Salta, el Gobernador Juan Manuel Urtubey habría mantenido una reunión anoche en la Casa de Salta, en la ciudad de Buenos Aires, con organizaciones del sector como Vida Silvestre, FARN, Aves Argentinas y Greenpeace, para recibir, como en reiteradas oportunidades, las opiniones de los especialistas y defensores del medio ambiente.
De la reunión habría surgido la decisión del Gobernador salteño de derogar dos decretos provinciales (2211/10 y 3136/11) que permitían la recategorización de tierras en "rojo” (que no pueden ser desmontadas por ser zonas protegidas) a "amarillo” y "verde”, convirtiendo a la norma en la base de un proceder irrestricto.
La información no fue confirmada oficialmente a esta hora, pero el diálogo constante que Urtubey y su Gabinete mantuvo con las organizaciones durante toda su gestión, permitió la toma de decisiones como estas, a contrapunto de la ilegalidad y la arbitrariedad con las que las campañas de Greenpeace difunden datos alarmantes sin sustento verídico.
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Fecha de Publicación: 18/12/2014
Fuente: El Intransigente
Provincia/Región: Salta
El Gobernador Urtubey habría derogados dos decretos en la Casa de Salta en Buenos Aires
Las reuniones que el Gobierno de la Provincia de Salta viene realizando con organizaciones ambientales nacionales y provinciales, para analizar la situación de la aplicación de la Ley Nacional de Bosques y las políticas de cuidado del medio ambiente, tuvieron resultados concretos.
Según publica hoy el Nuevo Diario de Salta, el Gobernador Juan Manuel Urtubey habría mantenido una reunión anoche en la Casa de Salta, en la ciudad de Buenos Aires, con organizaciones del sector como Vida Silvestre, FARN, Aves Argentinas y Greenpeace, para recibir, como en reiteradas oportunidades, las opiniones de los especialistas y defensores del medio ambiente.
De la reunión habría surgido la decisión del Gobernador salteño de derogar dos decretos provinciales (2211/10 y 3136/11) que permitían la recategorización de tierras en "rojo” (que no pueden ser desmontadas por ser zonas protegidas) a "amarillo” y "verde”, convirtiendo a la norma en la base de un proceder irrestricto.
La información no fue confirmada oficialmente a esta hora, pero el diálogo constante que Urtubey y su Gabinete mantuvo con las organizaciones durante toda su gestión, permitió la toma de decisiones como estas, a contrapunto de la ilegalidad y la arbitrariedad con las que las campañas de Greenpeace difunden datos alarmantes sin sustento verídico.
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Embalses cordobeses pierden vida útil
Los Molinos y el San Roque, amenazados por los incendios
Fecha de Publicación: 18/12/2014
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Si no se reducela cantidad de fuegos que se producen en las cuencas, los embalses que proveen agua a Córdoba perderán entre 50 y 100 años de vida útil. Lo afirmóun estudio de la UNC.
palabras, pero no lo es. Las dos principales fuentes de agua de la ciudad de Córdoba, los diques San Roque y Los Molinos, están realmente amenazadas por las consecuencias de los incendios. Al punto de que podrían perder entre 50 y 100 años de vida útil si no se reduce la cantidad de incendios forestales que se vienen produciendo en las cuencas de estos embalses en los últimos años.
La conclusión surge de un estudio realizado por investigadores de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), dirigidos por Santiago Reyna, profesor de Obras Hidráulicas en la carrera de Ingeniería Civil.
Según ese trabajo, con la acumulación de las cenizas de los incendios que son arrastradas desde toda la cuenca, en el año 2119 el dique San Roque, por ejemplo, podría tener el 75 por ciento de su lecho colmado de sedimentos. Una consecuencia que, por los costos operativos que tiene el dragado, carece de solución práctica (ver “Dragar...” ).
En diálogo con este diario, Reyna dijo que “los incendios destruyen los bosques, los convierten en cenizas, reducen la capacidad de absorción del suelo, y la ceniza y los sedimentos son arrastrados con facilidad por el agua hasta las colas de los embalses”.
Reyna agregó que la acumulación de cenizas y sedimentos facilita la multiplicación de las algas, la reducción de la concentración de oxígeno y la muerte de peces”, en lo que técnicamente se llama “eutrofización”.
Pero las cenizas, además, provocan otro proceso paralelo, el de “tarquinamiento”, en el que los lechos de los diques se van llenando hasta reducir notablemente su capacidad de almacenaje de agua.
Como publicó la Agencia Uniciencia de la UNC (www.unciencia.unc.edu.ar), “combinadas ambas situaciones (eutrofización y tarquinamiento), redundan en una destrucción de los embalses, que se van ‘aterrando’ y convirtiéndose en ‘humedales’ artificiales”.
El trabajo también describe la situación similar del dique Los Molinos que, con algunos años más de utilidad, también padece las consecuencias de los incendios y la contaminación.
La investigación de la UNC calculó cómo ha avanzado el tarquinamiento en los últimos años a raíz de los incendios. Y determinó que si en 2011, el San Roque mostró un nivel de tarquinamiento del 22 por ciento, en 2119 tendrá colmado su lecho en un 75 por ciento.
La situación del embalse Los Molinos es similar, aunque con una vida útil un poco más prolongada ya que recién en el año 2343 se encontraría con el 75 por ciento de su capacidad colmada de cenizas y de sedimentos.
El trabajo recomendó sanear las cuencas (instalar cloacas en todos los pueblos y ciudades, y tratar los efluentes); instalar medidores de agua para reducir el consumo un 20 por ciento; y procurar un sistema de detección temprana de incendios para la prevención.
Alerta por crecidas en las Sierras
Lluvias. A raíz de las intensas lluvias registradas en los últimos días, los ríos serranos registraron crecidas que en algunos casos llegaron hasta los dos metros, por lo que Defensa Civil alertó a los vecinos y turistas.
“Muchos de los ríos serranos incrementaron su caudal. Pedimos precaución y que nos prestemos a las indicaciones de Policía y Bomberos”, aseguró Diego Concha, director de Defensa Civil. El río que atraviesa La Cumbrecita y el de Intiyaco aumentaron un metro.
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Fecha de Publicación: 18/12/2014
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Si no se reducela cantidad de fuegos que se producen en las cuencas, los embalses que proveen agua a Córdoba perderán entre 50 y 100 años de vida útil. Lo afirmóun estudio de la UNC.
palabras, pero no lo es. Las dos principales fuentes de agua de la ciudad de Córdoba, los diques San Roque y Los Molinos, están realmente amenazadas por las consecuencias de los incendios. Al punto de que podrían perder entre 50 y 100 años de vida útil si no se reduce la cantidad de incendios forestales que se vienen produciendo en las cuencas de estos embalses en los últimos años.
La conclusión surge de un estudio realizado por investigadores de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), dirigidos por Santiago Reyna, profesor de Obras Hidráulicas en la carrera de Ingeniería Civil.
Según ese trabajo, con la acumulación de las cenizas de los incendios que son arrastradas desde toda la cuenca, en el año 2119 el dique San Roque, por ejemplo, podría tener el 75 por ciento de su lecho colmado de sedimentos. Una consecuencia que, por los costos operativos que tiene el dragado, carece de solución práctica (ver “Dragar...” ).
En diálogo con este diario, Reyna dijo que “los incendios destruyen los bosques, los convierten en cenizas, reducen la capacidad de absorción del suelo, y la ceniza y los sedimentos son arrastrados con facilidad por el agua hasta las colas de los embalses”.
Reyna agregó que la acumulación de cenizas y sedimentos facilita la multiplicación de las algas, la reducción de la concentración de oxígeno y la muerte de peces”, en lo que técnicamente se llama “eutrofización”.
Pero las cenizas, además, provocan otro proceso paralelo, el de “tarquinamiento”, en el que los lechos de los diques se van llenando hasta reducir notablemente su capacidad de almacenaje de agua.
Como publicó la Agencia Uniciencia de la UNC (www.unciencia.unc.edu.ar), “combinadas ambas situaciones (eutrofización y tarquinamiento), redundan en una destrucción de los embalses, que se van ‘aterrando’ y convirtiéndose en ‘humedales’ artificiales”.
El trabajo también describe la situación similar del dique Los Molinos que, con algunos años más de utilidad, también padece las consecuencias de los incendios y la contaminación.
La investigación de la UNC calculó cómo ha avanzado el tarquinamiento en los últimos años a raíz de los incendios. Y determinó que si en 2011, el San Roque mostró un nivel de tarquinamiento del 22 por ciento, en 2119 tendrá colmado su lecho en un 75 por ciento.
La situación del embalse Los Molinos es similar, aunque con una vida útil un poco más prolongada ya que recién en el año 2343 se encontraría con el 75 por ciento de su capacidad colmada de cenizas y de sedimentos.
El trabajo recomendó sanear las cuencas (instalar cloacas en todos los pueblos y ciudades, y tratar los efluentes); instalar medidores de agua para reducir el consumo un 20 por ciento; y procurar un sistema de detección temprana de incendios para la prevención.
Alerta por crecidas en las Sierras
Lluvias. A raíz de las intensas lluvias registradas en los últimos días, los ríos serranos registraron crecidas que en algunos casos llegaron hasta los dos metros, por lo que Defensa Civil alertó a los vecinos y turistas.
“Muchos de los ríos serranos incrementaron su caudal. Pedimos precaución y que nos prestemos a las indicaciones de Policía y Bomberos”, aseguró Diego Concha, director de Defensa Civil. El río que atraviesa La Cumbrecita y el de Intiyaco aumentaron un metro.
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Desmontes en Salta y una ley incumplida
Desmontes y guerra por los árboles: la historia de una ley incumplida
Fecha de Publicación: 17/12/2014
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Salta
La llaman la Guerra de los Árboles y probablemente sea la lucha ambiental más silenciada de la Argentina. Un Famatina mil veces más grande y con mucha menos prensa, que tiene lugar a toda hora en el norte del país y epicentro dramático en la provincia de Salta. Allí la ley de bosques -una de las conquistas ecológicas más importantes de la Democracia- se viola sistemáticamente y con desprecio por la vida de las comunidades autóctonas. Lo confirman estadísticas recientes de la Secretaría de Medio Ambiente y el testimonio de cientos de habitantes que hablan de “veneno que sale del campo”, de “animales que mueren alcanzados por cadenas”, de “lluvias que no llegan más” y de naturaleza que se extingue sin que nadie lo frene. Las topadoras arrasan los bosques nativos para luego alfombrar con soja, en un negocio que sostuvo a la economía nacional de los últimos años y que es alentado por grandes latifundistas que son, finalmente, los dueños tradicionales de la tierra. Frente a esto, activistas de diferentes organizaciones suelen invadir las redes sociales denunciando la desgracia, pero también ejecutan en el terreno acciones de choque que muchas veces terminan con represiones y detenidos, y casi nunca se ven. Es una cara de la Argentina que Gobierno y empresarios ocultan con eficacia porque -además del sufrimiento humano- delata el falso interés que existió por la protección de recursos naturales en la última década. Muy a pesar del clima, cada vez más mutante, y sobre todo de las víctimas que reclaman terminar con el “ecocidio” ya. Quizás usted haya tardado dos minutos en leer hasta aquí. En ese mismo tiempo, según datos oficiales, una hectárea de bosque nativo desapareció para siempre.
Comunidad “La Mina”, finca “El Yuto”, Salta profunda. Sentado bajo el toldo de paja que cubre de sombra la galería de su rancho, Agustín Burgos, nacido y criado en el lugar, 49 años, reflexiona lo justo y suelta: “Yo estaba confiado de que acá no se podía desmontar nunca. Pero hace cosa de un tiempo, en Campo Cuchuy aparecieron los tractores y voltearon 14.000 hectáreas en dos meses. Eso afecta a la gente. Hace seis años atrás no, pero ahora llueve menos, hay menos vegetación y está todo seco”.
El mismo hombre, otro momento, la misma calma: “Te dicen que van a desmontar acá y te dan trabajo. Contratan a 4 de una familia de 10, arrasan con todo y a los tres meses te largan y te quedaste sin trabajo y sin el bosque”.
Ignacio Burgos, 57 años, todos vividos en el mismo punto del mapa, donde Salta se mezcla con Chaco y los árboles se deshacen en colores. “Vienen prepotentes y te dicen o te corrés o te sacamos y así sacaron a muchos a la ruta. Pero yo tengo mi casa de material ahí y de acá no me desaloja nadie”.
Rosa Palacios ya no vive donde antes sí: debió dejar su casa y pedir refugio a sus vecinos los Burgos. Usa el verbo “cadenear” para explicar cómo derriban todo. Pero a su madre le fue peor: una tarde, intentando detener a una topadora le dio un pico de presión y quedó ciega de un ojo. “Los animales morían y ella se paraba adelante para pedir que dejaran de cadenear. De lo que renegó mi madre se quedó sin ver. Hemos sufrido mucho por todo esto y hemos tenido que desalojar”, dice la mujer de 40 años, que vive de prestado.
En 2007, el Congreso sancionó la Ley de Protección de Bosques Nativos. Fue un logro cívico celebrado como el matrimonio igualitario. Se creó así un marco legal para detener la tala que avanzaba junto a la soja en todas las direcciones. La ley obligó a cada provincia a dividir sus suelos en zonas aptas para desmonte (verdes), otras para hacerlo en forma limitada (amarillas) y otras de naturaleza intocable (rojas). Se reglamentó en 2009 y al poco tiempo se denunciaron demoras en los ordenamientos territoriales. Las pruebas de que la ley no se aplicaba llegaron más tarde, a través de organizaciones de campesinos de Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Formosa y Chaco. Decían lo mismo que hoy: que los desalojos no paran, que aparecen hombres autorizados a desforestar, que les ofrecen trabajo como desmalezadores, que son amenazados, que muchos se van a vivir a periferias urbanas, que algunos murieron intentando defender el monte.
Pedro Segundo, cacique Wichí de la comunidad San José, está sentado en medio de un claro del bosque que rodea su historia. Es el corazón del caserío donde vive, sobre tierras cuyos dueños de Buenos Aires jamás vio. Camisa azul, gorra de River. Muestra una foto reciente. Son sobrinos, hijos, nietos, cuñados, hermanos, él mismo, parados delante de una topadora, la tarde que consiguieron frenarla, con apoyo de activistas de Greenpeace. “Estamos rodeados de desmonte y no podemos salir –dice-, tampoco tomar el agua porque la contaminaron. Yo necesito que el Gobierno entienda nuestro sufrimiento”. No hay matices entre un testimonio y otro. Todos los que hablan pueden ser la misma persona. Es la misma desolación. Todos los lugares pueden ser el mismo lugar. Todo lo que sucedió ayer puede repetirse ahora. Hugo Díaz, de la Comunidad El Chaguaral, otra voz, otra víctima: “Sale veneno del campo –dice–. Se murió un chiquito y la médica dice que fue por el agua envenenada. Nos quieren sacar, pero nosotros somos del bosque y lo necesitamos”.
En mayo, la Auditoría General de la Nación confirmó que la Ley de Bosques casi no se aplica. Pero la catástrofe quedó descubierta con el Monitoreo de Situación de los Bosques Nativos que hace la Secretaría de Medio Ambiente y que se publicó hace 10 días. Señala que entre 2007 y 2013 se desforestaron 1.893.128 hectáreas. Paradójicamente, se desmontó más en bosques protegidos (553.332 hectáreas) que en los que sí está permitido hacerlo (503.948 hectáreas). El 80% de la tala se concentra en Santiago del Estero, Salta, Formosa y Chaco. Pero Salta, según denuncian más de cien organizaciones (desde CTA hasta Avina, Los Verdes, el Centro Mandela y Fundapaz, entre otros), es la provincia con mayor voluntad violatoria. Allí se talaron 400 mil ha.; 130 mil en zonas donde no se podía tocar un yuyo. Denuncian que el gobierno provincial estaría permitiendo, a través de atajos legales, que los empresarios avancen sobre áreas protegidas. También que no existen arbitrios de la Secretaría de Medio Ambiente para detenerlos. Es tan matemático: si se controla, el problema se acaba.
Según Greenpeace, peligran 150 mil ha. por las recategorizaciones autorizadas por el Gobernador Urtubey, que violarían la ley. Y 25 fincas alcanzadas por decretos provinciales pueden ser desmontadas ya. “Exigimos que Urtubey derogue los decretos con los que los terratenientes consiguen desmontar “, dice Hernán Giardini, titular de la Campaña de Bosques de Greenpeace. La ONG pasó 2014 confrontando con el poder salteño, en una guerra sin tregua. Sus activistas se encadenaron a los árboles y a las topadoras, colgaron banderas, terminaron presos. A pesar de eso, el tema fue noticia cada tanto y rápido volvió a secarse como campo yermo.
Esta crónica se escribe mientras se realiza en Lima la Conferencia Mundial de Cambio Climático, donde se celebrarán preacuerdos para la Cumbre de París 2015. Allí las naciones industrializadas deberían comprometerse a reducir sus emisiones de dióxido de carbono para mitigar efectos del calentamiento global: aumento de la temperatura, sequías, inundaciones, hambre. En estos días, tecnócratas ambientales congelan dramas humanos en resúmenes de Power Point. Dan discursos muy correctos a pares conmovidos como ellos y reciben el apoyo de activistas y políticos igual de conmovidos: sociedad global en plena forma. Ninguna de las personas que habló en esta nota sabrá jamás lo que sucede en Perú. Los apremia otra cuestión. Es el ruido de una máquina que los merodea, amenaza sus árboles y pocas veces se apaga.
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Fecha de Publicación: 17/12/2014
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Salta
La llaman la Guerra de los Árboles y probablemente sea la lucha ambiental más silenciada de la Argentina. Un Famatina mil veces más grande y con mucha menos prensa, que tiene lugar a toda hora en el norte del país y epicentro dramático en la provincia de Salta. Allí la ley de bosques -una de las conquistas ecológicas más importantes de la Democracia- se viola sistemáticamente y con desprecio por la vida de las comunidades autóctonas. Lo confirman estadísticas recientes de la Secretaría de Medio Ambiente y el testimonio de cientos de habitantes que hablan de “veneno que sale del campo”, de “animales que mueren alcanzados por cadenas”, de “lluvias que no llegan más” y de naturaleza que se extingue sin que nadie lo frene. Las topadoras arrasan los bosques nativos para luego alfombrar con soja, en un negocio que sostuvo a la economía nacional de los últimos años y que es alentado por grandes latifundistas que son, finalmente, los dueños tradicionales de la tierra. Frente a esto, activistas de diferentes organizaciones suelen invadir las redes sociales denunciando la desgracia, pero también ejecutan en el terreno acciones de choque que muchas veces terminan con represiones y detenidos, y casi nunca se ven. Es una cara de la Argentina que Gobierno y empresarios ocultan con eficacia porque -además del sufrimiento humano- delata el falso interés que existió por la protección de recursos naturales en la última década. Muy a pesar del clima, cada vez más mutante, y sobre todo de las víctimas que reclaman terminar con el “ecocidio” ya. Quizás usted haya tardado dos minutos en leer hasta aquí. En ese mismo tiempo, según datos oficiales, una hectárea de bosque nativo desapareció para siempre.
Comunidad “La Mina”, finca “El Yuto”, Salta profunda. Sentado bajo el toldo de paja que cubre de sombra la galería de su rancho, Agustín Burgos, nacido y criado en el lugar, 49 años, reflexiona lo justo y suelta: “Yo estaba confiado de que acá no se podía desmontar nunca. Pero hace cosa de un tiempo, en Campo Cuchuy aparecieron los tractores y voltearon 14.000 hectáreas en dos meses. Eso afecta a la gente. Hace seis años atrás no, pero ahora llueve menos, hay menos vegetación y está todo seco”.
El mismo hombre, otro momento, la misma calma: “Te dicen que van a desmontar acá y te dan trabajo. Contratan a 4 de una familia de 10, arrasan con todo y a los tres meses te largan y te quedaste sin trabajo y sin el bosque”.
Ignacio Burgos, 57 años, todos vividos en el mismo punto del mapa, donde Salta se mezcla con Chaco y los árboles se deshacen en colores. “Vienen prepotentes y te dicen o te corrés o te sacamos y así sacaron a muchos a la ruta. Pero yo tengo mi casa de material ahí y de acá no me desaloja nadie”.
Rosa Palacios ya no vive donde antes sí: debió dejar su casa y pedir refugio a sus vecinos los Burgos. Usa el verbo “cadenear” para explicar cómo derriban todo. Pero a su madre le fue peor: una tarde, intentando detener a una topadora le dio un pico de presión y quedó ciega de un ojo. “Los animales morían y ella se paraba adelante para pedir que dejaran de cadenear. De lo que renegó mi madre se quedó sin ver. Hemos sufrido mucho por todo esto y hemos tenido que desalojar”, dice la mujer de 40 años, que vive de prestado.
En 2007, el Congreso sancionó la Ley de Protección de Bosques Nativos. Fue un logro cívico celebrado como el matrimonio igualitario. Se creó así un marco legal para detener la tala que avanzaba junto a la soja en todas las direcciones. La ley obligó a cada provincia a dividir sus suelos en zonas aptas para desmonte (verdes), otras para hacerlo en forma limitada (amarillas) y otras de naturaleza intocable (rojas). Se reglamentó en 2009 y al poco tiempo se denunciaron demoras en los ordenamientos territoriales. Las pruebas de que la ley no se aplicaba llegaron más tarde, a través de organizaciones de campesinos de Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Formosa y Chaco. Decían lo mismo que hoy: que los desalojos no paran, que aparecen hombres autorizados a desforestar, que les ofrecen trabajo como desmalezadores, que son amenazados, que muchos se van a vivir a periferias urbanas, que algunos murieron intentando defender el monte.
Pedro Segundo, cacique Wichí de la comunidad San José, está sentado en medio de un claro del bosque que rodea su historia. Es el corazón del caserío donde vive, sobre tierras cuyos dueños de Buenos Aires jamás vio. Camisa azul, gorra de River. Muestra una foto reciente. Son sobrinos, hijos, nietos, cuñados, hermanos, él mismo, parados delante de una topadora, la tarde que consiguieron frenarla, con apoyo de activistas de Greenpeace. “Estamos rodeados de desmonte y no podemos salir –dice-, tampoco tomar el agua porque la contaminaron. Yo necesito que el Gobierno entienda nuestro sufrimiento”. No hay matices entre un testimonio y otro. Todos los que hablan pueden ser la misma persona. Es la misma desolación. Todos los lugares pueden ser el mismo lugar. Todo lo que sucedió ayer puede repetirse ahora. Hugo Díaz, de la Comunidad El Chaguaral, otra voz, otra víctima: “Sale veneno del campo –dice–. Se murió un chiquito y la médica dice que fue por el agua envenenada. Nos quieren sacar, pero nosotros somos del bosque y lo necesitamos”.
En mayo, la Auditoría General de la Nación confirmó que la Ley de Bosques casi no se aplica. Pero la catástrofe quedó descubierta con el Monitoreo de Situación de los Bosques Nativos que hace la Secretaría de Medio Ambiente y que se publicó hace 10 días. Señala que entre 2007 y 2013 se desforestaron 1.893.128 hectáreas. Paradójicamente, se desmontó más en bosques protegidos (553.332 hectáreas) que en los que sí está permitido hacerlo (503.948 hectáreas). El 80% de la tala se concentra en Santiago del Estero, Salta, Formosa y Chaco. Pero Salta, según denuncian más de cien organizaciones (desde CTA hasta Avina, Los Verdes, el Centro Mandela y Fundapaz, entre otros), es la provincia con mayor voluntad violatoria. Allí se talaron 400 mil ha.; 130 mil en zonas donde no se podía tocar un yuyo. Denuncian que el gobierno provincial estaría permitiendo, a través de atajos legales, que los empresarios avancen sobre áreas protegidas. También que no existen arbitrios de la Secretaría de Medio Ambiente para detenerlos. Es tan matemático: si se controla, el problema se acaba.
Según Greenpeace, peligran 150 mil ha. por las recategorizaciones autorizadas por el Gobernador Urtubey, que violarían la ley. Y 25 fincas alcanzadas por decretos provinciales pueden ser desmontadas ya. “Exigimos que Urtubey derogue los decretos con los que los terratenientes consiguen desmontar “, dice Hernán Giardini, titular de la Campaña de Bosques de Greenpeace. La ONG pasó 2014 confrontando con el poder salteño, en una guerra sin tregua. Sus activistas se encadenaron a los árboles y a las topadoras, colgaron banderas, terminaron presos. A pesar de eso, el tema fue noticia cada tanto y rápido volvió a secarse como campo yermo.
Esta crónica se escribe mientras se realiza en Lima la Conferencia Mundial de Cambio Climático, donde se celebrarán preacuerdos para la Cumbre de París 2015. Allí las naciones industrializadas deberían comprometerse a reducir sus emisiones de dióxido de carbono para mitigar efectos del calentamiento global: aumento de la temperatura, sequías, inundaciones, hambre. En estos días, tecnócratas ambientales congelan dramas humanos en resúmenes de Power Point. Dan discursos muy correctos a pares conmovidos como ellos y reciben el apoyo de activistas y políticos igual de conmovidos: sociedad global en plena forma. Ninguna de las personas que habló en esta nota sabrá jamás lo que sucede en Perú. Los apremia otra cuestión. Es el ruido de una máquina que los merodea, amenaza sus árboles y pocas veces se apaga.
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Rincón de los Sauces sigue sufriendo a YPF
Denuncian contaminación por un derrame en un pozo de YPF
Fecha de Publicación: 17/12/2014
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
Rincón de los Sauces.- Los integrantes de la comunidad mapuche Auca Huenú denunciaron la contaminación ocasionada por un derrame de material proveniente de una instalación en el yacimiento Cerro Hamaca, operado por YPF, en Rincón de los Sauces.
Según manifestaron, cerca de las 5:20 registraron que algunos animales estaban manchados con una especie de aceite. Al recorrer el lugar, notaron que desde las instalaciones de la petrolera se expandía una mancha que ocupaba un área de aproximadamente unos 700 metros cuadrados.
Desde YPF confirmaron que se derramaron unos 500 litros de petróleo en el pozo CHO 39, del yacimiento Cerro Hamaca, tras una falla en una válvula que ocasionó que el líquido saliera en forma de "spray", y aseguraron que el lugar ya fue remediado. Por otro lado, replicaron que ayer a las 13, miembros de la comunidad realizaron un bloqueo sobre la ruta que impidió el acceso rápido para sanear el inconveniente.
Fuentes de la empresa, manifestaron que la actividad está parada en 10 pozos debido a una protesta de la comunidad Auca Huenú, desde el derrame.
Desde la comunidad, hoy realizaron una denuncia en la Fiscalía donde solicitaron a YPF que remedie el lugar y por incumplimiento del convenio 169 sobre los Pueblos Indígenas, de la Organización Internacional del Trabajo y por no respetar los protocolos ambientales.
"Esto provoca un daño socioambiental y perjudica a los integrantes de la comunidad. La remediación va a demorar años", expresó Liliana Sánchez, werken de la comunidad.
En junio, YPF debió cementar un pozo donde operaba la empresa Petreven y donde se perdió una pastilla radioactiva, en cercanías al lugar donde la comunidad Auca Huenú denuncia el derrame de ayer.
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Fecha de Publicación: 17/12/2014
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
Rincón de los Sauces.- Los integrantes de la comunidad mapuche Auca Huenú denunciaron la contaminación ocasionada por un derrame de material proveniente de una instalación en el yacimiento Cerro Hamaca, operado por YPF, en Rincón de los Sauces.
Según manifestaron, cerca de las 5:20 registraron que algunos animales estaban manchados con una especie de aceite. Al recorrer el lugar, notaron que desde las instalaciones de la petrolera se expandía una mancha que ocupaba un área de aproximadamente unos 700 metros cuadrados.
Desde YPF confirmaron que se derramaron unos 500 litros de petróleo en el pozo CHO 39, del yacimiento Cerro Hamaca, tras una falla en una válvula que ocasionó que el líquido saliera en forma de "spray", y aseguraron que el lugar ya fue remediado. Por otro lado, replicaron que ayer a las 13, miembros de la comunidad realizaron un bloqueo sobre la ruta que impidió el acceso rápido para sanear el inconveniente.
Fuentes de la empresa, manifestaron que la actividad está parada en 10 pozos debido a una protesta de la comunidad Auca Huenú, desde el derrame.
Desde la comunidad, hoy realizaron una denuncia en la Fiscalía donde solicitaron a YPF que remedie el lugar y por incumplimiento del convenio 169 sobre los Pueblos Indígenas, de la Organización Internacional del Trabajo y por no respetar los protocolos ambientales.
"Esto provoca un daño socioambiental y perjudica a los integrantes de la comunidad. La remediación va a demorar años", expresó Liliana Sánchez, werken de la comunidad.
En junio, YPF debió cementar un pozo donde operaba la empresa Petreven y donde se perdió una pastilla radioactiva, en cercanías al lugar donde la comunidad Auca Huenú denuncia el derrame de ayer.
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Nativos de Salta contra política territorial
El Consejo de Participación Indígena rechaza creación de Unidad Provincial de Relevamiento Territorial
Fecha de Publicación: 17/12/2014
Fuente: Argenpress
Provincia/Región: Salta
En un documento El Cuerpo del CONSEJO DE PARTICIPACIÓN INDÍGENA de la Provincia de Salta, expresa su rechazo ante la creación de la Unidad Ejecutora Provincial de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas (UEPReTeCI), por la cual el Gobierno provincial, de forma unilateral, según los representantes indígenas decidió centralizar las gestiones cuando se trata de cumplir con una acción que el CPI ya lleva realiza. Mientras las especulaciones y negocios inmobiliarios en tierras originarias se acrecientan en esta provincia.
El actual gobierno de Salta, y las anteriores administraciones han demostrado no ser confiable para los más desprotegidos. La apropiación sobre tierras originarias y del fisco se mantiene desde la época de Robustiano Patrón Costas, en esta provincia de raigambre feudal. El avance de 400 mil hectáreas de desmonte en tierras donde habitaban pueblos originarios y pequeños campesinos es el caso testigo de la continuidad de este modelo de apropiación del estado por grupos económicos concentrados.
La desconfianza de las comunidades originarias sobre el gobierno de Urtubey se enmarca en el 2009, cuando este inicio un proceso participativo con el objeto de elaborar el ordenamiento territorial de los bosques nativos (OTBN) establecido en la ley nacional. Durante este proceso que contó con la participaron de comunidades originarias, y campesinos criollos, los más afectados por el desmonte, se estableció una zonificación consensuada en un mapa, que no fue respetado, y que finalmente dejó casi 1.300.000 hectáreas en categoría roja; 5.400.000 hectáreas en categoría amarilla; y 1.600.000 hectáreas en categoría verde, aptas para el desmonte.
El acuerdo establecido durante el proceso participativo, entre el estado provincial, Comunidades originarias y campesinos criollos fue quebrantado por el gobierno de Urtubey.
La Agencia de Noticias Copenoa reproduce el Documento de rechazo la creación de la Unidad Ejecutora Provincial de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas (UEPReTeCI) enviado a nuestra redacción por El Consejo de Participación Indígena.
CONSEJO DE PARTICIPACION INDIGENA DE SALTA
DOCUMENTO DE POSICIONAMIENTO POLITICO ANTE EL DECRETO PROVINCIAL Nº 3.505/14
Salta, 10 de diciembre de 2014
El Cuerpo del CONSEJO DE PARTICIPACIÓN INDÍGENA en la Provincia de Salta, consiente de los Derechos Indigenas de base colectiva, contemplados en la CONSTITUCION NACIONAL, y LA LEY 26.160 Venimos por este medio a rechazar categóricamente el Decreto Provincial Nº 3.505/14 tanto en la parte enunciativa, en los considerandos y su parte resolutiva. Teniendo en cuenta que los mismos son interpretaciones parciales, y violatorias a los derechos consagrados en nuestro marco legal vigente.
Ya que dicho decreto desconoce la Ley Fundamental de la República Argentina, como lo es Constitución Nacional en su Artículo 75 inciso 17, como fuente y marco legal de los Derechos Colectivos Indigenas en Argentina.
Que desconoce la Ley 26.160 y sus prorrogas, 26.554 y 26.894 de ORDEN PUBLICO Y de CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO Y EFECTIVO en todo el territorio nacional. Dicha Ley establece la participación plena y efectiva de los Pueblos Originarios y sus Comunidades en el Programa de Relevamiento Territorial de Comunidades Indigenas a través del Consejo de Participación Indígena CPI.
Que desconoce el Decreto Presidencial PEN Nº 1122/2007 REGLAMENTACION DE LA LEY 26.160 DE EMERGENCIA EN MATERIA DE POSESION Y PROPIEDAD DE LAS TIERRAS QUE TRADICIONALMENTE OCUPAN LAS COMUNIDADES INDIGENAS ORIGINARIAS DEL Art. 2º designar al INAI organismo descentralizado dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, como Autoridad de aplicación de la Ley 26.160 Que habiéndose cumplido el mandato del Art. 3º del Decreto Presidencial PEN Nº 1122/2007, “El INAI aprobara los programas que fueren menester para la correcta implementación del Relevamiento técnico, jurídico, catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por comunidades indígenas del país”.
En este sentido el decreto provincial Nº3505/14 no tiene en cuenta el artículo 3º del
DECRETO PEN 1122/2007
“Los citados programas deberán garantizar la cosmovisión y pautas culturales de cada pueblo, y la participación del Consejo de participación Indígena CPI en la elaboración y ejecución de los mismos, en orden de asegurar el derecho constitucional a participar en la gestión de los intereses que los afecten”.
Que desconoce y viola la Ley Nacional Nº 24.071 ratificación del CONVENIO 169 DE LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT) que establece el DERECHO A LA CONSULTA Y PREVIA E INFORMADA; “Art. 6 los gobiernos deberán consultar a los Pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados, y en particular a través de sus instituciones participativas, cada vez que estos prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente.
“Art. 13 los gobiernos deben respetar las culturas y los valores de los Pueblos interesados y su relación con las tierras o territorios que ocupan”…” el concepto tierra debe incluir el concepto de territorios, que incluye la totalidad del habitad de las regiones que los Pueblos Interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera”.
Que no observa las orientaciones de la DECLARACION DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS Y TRIBALES EN PAISES INDEPENDIENTES.
Es un instrumento Jurídico del Derecho Internacional, que incluyen nuevos enfoques en el marco de los Derechos Indigenas, que reflejan las voluntades de los Estados en cuanto a una Política Indígena de reivindicación y reparación histórica de los Pueblos Originarios. Que las misma una herramienta orientativa de los principios y criterios que los Estados deben tener al aplicar los derechos de Pueblos Originarios.
“Que la Declaración de la ONU, se refiere textualmente a la Participación de los Pueblos Indigenas en todas las decisiones que afectan a sus vidas, incluida la participación efectiva, en un sistema de gobierno democrático”
Que la Declaración de la ONU recomienda a los Estados obtener el CONSENTIMIENTO LIBRE PREVIO E INFORMADO de los Pueblos Indigenas.
Por todo lo expresado, el Cuerpo de CPI;
I. Los representantes del CPI presentes en el marco de la reunión de la Unidad Provincial, decide realizar como medida de protesta un “silencio simbólico” de dos horas en la jornada del día de la fecha, en total repudio de los contenidos del decreto provincial Nº 3.505/14 y hasta tanto se haga presente la Sra. Ministro de
Derechos Humanos
II. El Cuerpo de CPI solicita por intermedio de la Sra. Ministra de Derechos Humanos audiencia sumarísima con el Sr. Gobernador de la Provincia de Salta.
III. Repudiar enérgicamente la finalidad política del decreto provincial Nº 3.505/14 ya que existe una superposición de objetivos y de tareas como así también de equipos y técnicos. El cual ya fue conformado legalmente a través de los Convenios Marco y específicos para la aplicación de la Ley 26.160, con la participación de la Nación a través del INAI, y de la Provincia a través del Ministerio de Derechos Humanos, y del Cuerpo del CPI en representación de los Pueblos Originarios, que es el Equipo Técnico Operativo (ETO) que viene realizando los relevamientos según la planificación de la Unidad Provincial (UP).
IV. El cuerpo de CPI deja categóricamente aclarado que la presente medida no significa la interrupción parcial o completa del proceso de relevamiento territorial. Por el contrario exigirá la continuidad del Programa de Relevamiento en curso. Como así también ratificamos la legitimidad y el trabajo del actual convenio en vigencia, y las acciones del ETO concretadas hasta el presente.
V. Que dicha medida será comunicada a todos los medios tanto escritos como audiovisuales de la provincia de Salta.
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Fecha de Publicación: 17/12/2014
Fuente: Argenpress
Provincia/Región: Salta
En un documento El Cuerpo del CONSEJO DE PARTICIPACIÓN INDÍGENA de la Provincia de Salta, expresa su rechazo ante la creación de la Unidad Ejecutora Provincial de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas (UEPReTeCI), por la cual el Gobierno provincial, de forma unilateral, según los representantes indígenas decidió centralizar las gestiones cuando se trata de cumplir con una acción que el CPI ya lleva realiza. Mientras las especulaciones y negocios inmobiliarios en tierras originarias se acrecientan en esta provincia.
El actual gobierno de Salta, y las anteriores administraciones han demostrado no ser confiable para los más desprotegidos. La apropiación sobre tierras originarias y del fisco se mantiene desde la época de Robustiano Patrón Costas, en esta provincia de raigambre feudal. El avance de 400 mil hectáreas de desmonte en tierras donde habitaban pueblos originarios y pequeños campesinos es el caso testigo de la continuidad de este modelo de apropiación del estado por grupos económicos concentrados.
La desconfianza de las comunidades originarias sobre el gobierno de Urtubey se enmarca en el 2009, cuando este inicio un proceso participativo con el objeto de elaborar el ordenamiento territorial de los bosques nativos (OTBN) establecido en la ley nacional. Durante este proceso que contó con la participaron de comunidades originarias, y campesinos criollos, los más afectados por el desmonte, se estableció una zonificación consensuada en un mapa, que no fue respetado, y que finalmente dejó casi 1.300.000 hectáreas en categoría roja; 5.400.000 hectáreas en categoría amarilla; y 1.600.000 hectáreas en categoría verde, aptas para el desmonte.
El acuerdo establecido durante el proceso participativo, entre el estado provincial, Comunidades originarias y campesinos criollos fue quebrantado por el gobierno de Urtubey.
La Agencia de Noticias Copenoa reproduce el Documento de rechazo la creación de la Unidad Ejecutora Provincial de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas (UEPReTeCI) enviado a nuestra redacción por El Consejo de Participación Indígena.
CONSEJO DE PARTICIPACION INDIGENA DE SALTA
DOCUMENTO DE POSICIONAMIENTO POLITICO ANTE EL DECRETO PROVINCIAL Nº 3.505/14
Salta, 10 de diciembre de 2014
El Cuerpo del CONSEJO DE PARTICIPACIÓN INDÍGENA en la Provincia de Salta, consiente de los Derechos Indigenas de base colectiva, contemplados en la CONSTITUCION NACIONAL, y LA LEY 26.160 Venimos por este medio a rechazar categóricamente el Decreto Provincial Nº 3.505/14 tanto en la parte enunciativa, en los considerandos y su parte resolutiva. Teniendo en cuenta que los mismos son interpretaciones parciales, y violatorias a los derechos consagrados en nuestro marco legal vigente.
Ya que dicho decreto desconoce la Ley Fundamental de la República Argentina, como lo es Constitución Nacional en su Artículo 75 inciso 17, como fuente y marco legal de los Derechos Colectivos Indigenas en Argentina.
Que desconoce la Ley 26.160 y sus prorrogas, 26.554 y 26.894 de ORDEN PUBLICO Y de CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO Y EFECTIVO en todo el territorio nacional. Dicha Ley establece la participación plena y efectiva de los Pueblos Originarios y sus Comunidades en el Programa de Relevamiento Territorial de Comunidades Indigenas a través del Consejo de Participación Indígena CPI.
Que desconoce el Decreto Presidencial PEN Nº 1122/2007 REGLAMENTACION DE LA LEY 26.160 DE EMERGENCIA EN MATERIA DE POSESION Y PROPIEDAD DE LAS TIERRAS QUE TRADICIONALMENTE OCUPAN LAS COMUNIDADES INDIGENAS ORIGINARIAS DEL Art. 2º designar al INAI organismo descentralizado dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, como Autoridad de aplicación de la Ley 26.160 Que habiéndose cumplido el mandato del Art. 3º del Decreto Presidencial PEN Nº 1122/2007, “El INAI aprobara los programas que fueren menester para la correcta implementación del Relevamiento técnico, jurídico, catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por comunidades indígenas del país”.
En este sentido el decreto provincial Nº3505/14 no tiene en cuenta el artículo 3º del
DECRETO PEN 1122/2007
“Los citados programas deberán garantizar la cosmovisión y pautas culturales de cada pueblo, y la participación del Consejo de participación Indígena CPI en la elaboración y ejecución de los mismos, en orden de asegurar el derecho constitucional a participar en la gestión de los intereses que los afecten”.
Que desconoce y viola la Ley Nacional Nº 24.071 ratificación del CONVENIO 169 DE LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT) que establece el DERECHO A LA CONSULTA Y PREVIA E INFORMADA; “Art. 6 los gobiernos deberán consultar a los Pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados, y en particular a través de sus instituciones participativas, cada vez que estos prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente.
“Art. 13 los gobiernos deben respetar las culturas y los valores de los Pueblos interesados y su relación con las tierras o territorios que ocupan”…” el concepto tierra debe incluir el concepto de territorios, que incluye la totalidad del habitad de las regiones que los Pueblos Interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera”.
Que no observa las orientaciones de la DECLARACION DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS Y TRIBALES EN PAISES INDEPENDIENTES.
Es un instrumento Jurídico del Derecho Internacional, que incluyen nuevos enfoques en el marco de los Derechos Indigenas, que reflejan las voluntades de los Estados en cuanto a una Política Indígena de reivindicación y reparación histórica de los Pueblos Originarios. Que las misma una herramienta orientativa de los principios y criterios que los Estados deben tener al aplicar los derechos de Pueblos Originarios.
“Que la Declaración de la ONU, se refiere textualmente a la Participación de los Pueblos Indigenas en todas las decisiones que afectan a sus vidas, incluida la participación efectiva, en un sistema de gobierno democrático”
Que la Declaración de la ONU recomienda a los Estados obtener el CONSENTIMIENTO LIBRE PREVIO E INFORMADO de los Pueblos Indigenas.
Por todo lo expresado, el Cuerpo de CPI;
I. Los representantes del CPI presentes en el marco de la reunión de la Unidad Provincial, decide realizar como medida de protesta un “silencio simbólico” de dos horas en la jornada del día de la fecha, en total repudio de los contenidos del decreto provincial Nº 3.505/14 y hasta tanto se haga presente la Sra. Ministro de
Derechos Humanos
II. El Cuerpo de CPI solicita por intermedio de la Sra. Ministra de Derechos Humanos audiencia sumarísima con el Sr. Gobernador de la Provincia de Salta.
III. Repudiar enérgicamente la finalidad política del decreto provincial Nº 3.505/14 ya que existe una superposición de objetivos y de tareas como así también de equipos y técnicos. El cual ya fue conformado legalmente a través de los Convenios Marco y específicos para la aplicación de la Ley 26.160, con la participación de la Nación a través del INAI, y de la Provincia a través del Ministerio de Derechos Humanos, y del Cuerpo del CPI en representación de los Pueblos Originarios, que es el Equipo Técnico Operativo (ETO) que viene realizando los relevamientos según la planificación de la Unidad Provincial (UP).
IV. El cuerpo de CPI deja categóricamente aclarado que la presente medida no significa la interrupción parcial o completa del proceso de relevamiento territorial. Por el contrario exigirá la continuidad del Programa de Relevamiento en curso. Como así también ratificamos la legitimidad y el trabajo del actual convenio en vigencia, y las acciones del ETO concretadas hasta el presente.
V. Que dicha medida será comunicada a todos los medios tanto escritos como audiovisuales de la provincia de Salta.
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Gobernador de Chubut, por decreto, prohibiría la minería
Buzzi anunció un decreto que prohíbe la minería en la cordillera
Fecha de Publicación: 16/12/2014
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Chubut
En 2003 se realizaron consultas populares que rechazaron esta actividad extractiva en Esquel, Lago Puelo y Epuyén, recordó el gobernador.
El gobernador Martín Buzzi afirmó que firmará un decreto para prohibir la gran minería a cielo abierto en la Cordillera. La decisión ratifica el plebiscito del 2003, cuando ganó por amplia mayoría en la Comarca Andina el “no a la mina”. Quedaría suspendido así el proyecto Suyai, de Yamana Gold.
Lo dijo en su discurso durante el acto del aniversario número 70 de la localidad de Cholila. “A partir de hoy queda prohibida la actividad minera en la Cordillera”, afirmó el mandatario chubutense. “La propia comunidad de la Comarca ha dicho con todas las letras que no quiere la minería”, enfatizó.
“El 23 de marzo de 2003 se efectuó un plebiscito en la ciudad de Esquel. En ese momento 11.046 vecinos votaron por el ‘No’ al proyecto minero mientras que 2.561 dijeron que ‘Sí’. Fue un mensaje realmente contundente, donde el 81% dijo que no”, recordó el titular del Ejecutivo provincial.
Mencionó que casos similares ocurrieron en Lago Puelo, donde 766 personas se expresaron por la negativa a la megaminería y tan solo 2 a favor. En Epuyen votaron que “No” al proyecto minero 541 ciudadanos y que ‘Sí’ nada más que 9. “La gente ya se pronunció con absoluta claridad en distintas comunidades de la Comarca”, amplió.
“Como gobernador de la Provincia doy por válido, actual y refrendado el acto del 2003”, aclaró Buzzi. “Voy a estar firmando un decreto donde excluyo por completo cualquier posibilidad de actividad minera en la Comarca. A partir de hoy queda exclusivamente prohibida la actividad minera en la Cordillera”, describió.
El proyecto más comprometido es el yacimiento Suyai, antes conocido como Cordón Esquel. En ese trabajaba Yamana Gold, a través de Minas Argentinas, para explotar oro por vía subterránea y donde el proceso de separación de metales con cianuro sería en otra provincia. Con el decreto, no podría hacerse ni a cielo abierto ni subterráneo.
En el aniversario, el mandatario entregó un anticipo de casi 800.000 pesos para la ampliación del Cuartel de Bomberos Voluntarios de la comunidad cordillerana. Adelantó, a su vez, que el Gobierno Provincial invertirá más de 500.000 pesos en la construcción del vestuario y ampliación del Salón de Usos Múltiples (SUM) del Club Manuel Belgrano.
Además, durante la celebración, el gobernador entregó cuatro mejoramientos habitacionales y destacó que está en ejecución un plan de 44 viviendas más, las cuales serán inauguradas próximamente. Asimismo habilitó una Plaza Integradora con diferentes juegos adaptados para personas con discapacidad.
“Estamos entregando una unidad móvil a la brigada de incendios. Una herramienta fundamental para dar pelea a los siniestros. Esto se pudo concretar también con financiamiento del Gobierno Nacional”, amplió el gobernador.
Por otro lado, repasó las diferentes obras que el Gobierno Provincial lleva adelante en Cholila por un monto de 83 millones de pesos. En materia habitacional nombró el mencionado plan de 48 viviendas integrales.
En otro orden, el gobernador comunicó que “vamos a avanzar con la implementación de la Carrera de Formación Auxiliar en Enfermería”. En ese sentido, Buzzi señaló que “se realizó una prescripción, la cual despertó el interés de 100 personas, y eso es ir por la senda del progreso, pero también de la realización personal”.
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Fecha de Publicación: 16/12/2014
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Chubut
En 2003 se realizaron consultas populares que rechazaron esta actividad extractiva en Esquel, Lago Puelo y Epuyén, recordó el gobernador.
El gobernador Martín Buzzi afirmó que firmará un decreto para prohibir la gran minería a cielo abierto en la Cordillera. La decisión ratifica el plebiscito del 2003, cuando ganó por amplia mayoría en la Comarca Andina el “no a la mina”. Quedaría suspendido así el proyecto Suyai, de Yamana Gold.
Lo dijo en su discurso durante el acto del aniversario número 70 de la localidad de Cholila. “A partir de hoy queda prohibida la actividad minera en la Cordillera”, afirmó el mandatario chubutense. “La propia comunidad de la Comarca ha dicho con todas las letras que no quiere la minería”, enfatizó.
“El 23 de marzo de 2003 se efectuó un plebiscito en la ciudad de Esquel. En ese momento 11.046 vecinos votaron por el ‘No’ al proyecto minero mientras que 2.561 dijeron que ‘Sí’. Fue un mensaje realmente contundente, donde el 81% dijo que no”, recordó el titular del Ejecutivo provincial.
Mencionó que casos similares ocurrieron en Lago Puelo, donde 766 personas se expresaron por la negativa a la megaminería y tan solo 2 a favor. En Epuyen votaron que “No” al proyecto minero 541 ciudadanos y que ‘Sí’ nada más que 9. “La gente ya se pronunció con absoluta claridad en distintas comunidades de la Comarca”, amplió.
“Como gobernador de la Provincia doy por válido, actual y refrendado el acto del 2003”, aclaró Buzzi. “Voy a estar firmando un decreto donde excluyo por completo cualquier posibilidad de actividad minera en la Comarca. A partir de hoy queda exclusivamente prohibida la actividad minera en la Cordillera”, describió.
El proyecto más comprometido es el yacimiento Suyai, antes conocido como Cordón Esquel. En ese trabajaba Yamana Gold, a través de Minas Argentinas, para explotar oro por vía subterránea y donde el proceso de separación de metales con cianuro sería en otra provincia. Con el decreto, no podría hacerse ni a cielo abierto ni subterráneo.
En el aniversario, el mandatario entregó un anticipo de casi 800.000 pesos para la ampliación del Cuartel de Bomberos Voluntarios de la comunidad cordillerana. Adelantó, a su vez, que el Gobierno Provincial invertirá más de 500.000 pesos en la construcción del vestuario y ampliación del Salón de Usos Múltiples (SUM) del Club Manuel Belgrano.
Además, durante la celebración, el gobernador entregó cuatro mejoramientos habitacionales y destacó que está en ejecución un plan de 44 viviendas más, las cuales serán inauguradas próximamente. Asimismo habilitó una Plaza Integradora con diferentes juegos adaptados para personas con discapacidad.
“Estamos entregando una unidad móvil a la brigada de incendios. Una herramienta fundamental para dar pelea a los siniestros. Esto se pudo concretar también con financiamiento del Gobierno Nacional”, amplió el gobernador.
Por otro lado, repasó las diferentes obras que el Gobierno Provincial lleva adelante en Cholila por un monto de 83 millones de pesos. En materia habitacional nombró el mencionado plan de 48 viviendas integrales.
En otro orden, el gobernador comunicó que “vamos a avanzar con la implementación de la Carrera de Formación Auxiliar en Enfermería”. En ese sentido, Buzzi señaló que “se realizó una prescripción, la cual despertó el interés de 100 personas, y eso es ir por la senda del progreso, pero también de la realización personal”.
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Sin grandes avances durante el 2014 en el Riachuelo
Riachuelo: otro año sin progresos en la ardua misión de saneamiento
Fecha de Publicación: 16/12/2014
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Riachuelo
Se firmaron contratos para tareas vitales que cuentan con un crédito del Banco Mundial, pero las obras comenzarán el año próximo; se demora la relocalización de familias y sigue acéfalo el órgano de control
Como agua estancada, con movimientos mínimos. Así avanza el plan de saneamiento del Riachuelo. La liberación del camino de sirga en ambos márgenes, la recolección de residuos a diario del lado de la Capital y los demorados pero celebrados avances en contratos de obras y categorización de predios para mudar a miles de personas: ése es el discreto balance de los hechos relevantes del año que termina.
A ocho años del histórico fallo en el que la Corte Suprema instó a la Nación, la Ciudad y la provincia de Buenos Aires a sanear el río más contaminado del país, en los hechos 2014 fue otro ejercicio perdido en el camino de concretar ese mandato judicial.
Los dos primeros logros (camino y residuos) corresponden, en rigor, al año pasado. En 2014 sí hubo jornadas recreativas en escuelas y barrios de las zonas afectadas por las fétidas aguas, y continuaron los talleres participativos del Programa de Monitoreo Social de la autoridad de cuenca encargada de controlar el cumplimiento del fallo de la Corte, la Acumar. C
También se presentaron el documental La vuelta al río, producido por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN); los libros Contaminados, de la periodista Mariana Aizen, y Al pie del Riachuelo, de Horacio Ramos. Y desde el 6 y hasta el 23 de este mes se expone en el Senado una muestra de fotografías sobre el Riachuelo.
Con respecto a las tareas sesnciales, Andrés Nápoli, director ejecutivo de la FARN, reconoce los logros, en especial, en la atención primaria de la salud. "No obstante, las acciones destinadas al control de las fuentes de contaminación no han tenido resultados positivos. Las acciones de control industrial no han tenido avances significativos y una gran parte de los programas de reconversión industrial (PRI) de las industrias están vencidos. Es necesario establecer un nuevo sistema que permita el control de los vertidos de líquidos industriales, para lo cual se debe modificar de forma urgente la legislación, que resulta sumamente permisiva."
Nápoli se refiere a los máximos permitidos de volcados en el río. Si bien la contaminación del agua, que sigue igual o peor, también se compone de efluentes cloacales, la presencia de hidrocarburos no es menor. Este año hubo un intento de endurecer la normativa, que no prosperó.
Jorge Calzoni, presidente ejecutivo de la Acumar, reconoce que "todavía falta", pero cree que la causa judicial que ordena sanear el río sigue su curso. "Fue un año donde se avanzó en varias cuestiones, es una cuestión compleja, no es tan fácil. No es soplar y hacer botellas. Evidentemente falta, y hay obras que van a llevar cinco años, que no hay posibilidad de hacerlas con mayor rapidez", dijo el funcionario.
Las obras fundamentales a las que se refiere Calzoni son las que depositarán en un colector las cloacas de la cuenca que, luego procesadas, serán volcadas por otro colector en el Río de la Plata. Esa obra de saneamiento y control de la contaminación cloacal cuenta con un crédito del Banco Mundial por 840 millones de dólares cuya ejecución corresponde a AySA. Estas dos obras, que fueron adjudicadas hace dos años, no avanzaban porque no estaban firmados los contratos.
El primero, para la implementación del colector margen izquierdo y colector desvío baja costanera (nombre que toma cuando tiene debe cruzar el Riachuelo), consiste principalmente en la construcción de un túnel de unos 16 km de extensión que irá bajo tierra por la margen izquierda del Riachuelo. El diámetro del túnel varía de 80 cm a 4,5 metros y su función es recoger y transportar los efluentes cloacales hacia la zona de tratamiento, evitando que se descarguen en el Riachuelo.
El segundo contrato es para la construcción de un gran emisario subfluvial, de unos 14 km de longitud, que transportará los líquidos tratados en la planta de pretratamiento y los dispondrá de manera adecuada (asegurando la calidad ambiental del cuerpo receptor de acuerdo con la normativa vigente) mediante difusores en el Río de la Plata.
"Estos dos grandes contratos ya están firmados y en ejecución. En la actualidad, los contratistas están trabajando en los proyectos definitivos y en la ingeniería de detalle de la obra. Una vez finalizada la ingeniería de detalle, AySA y los contratistas firmarán el acta de inicio de las obras. Se estima que esto se producirá durante la primera mitad de 2015", indicaron a LA NACION fuentes del Banco Mundial. Hay que importar una tuneladora para hacer los conductos. El plazo de estos trabajos se estima en unos cinco años.
"En la medida en que estas acciones no se desarrollen, todas las demás tareas de limpieza no tendrán ningún impacto sostenido en el tiempo", agregó Nápoli.
La relocalización de las miles de familias que viven a la vera del río también está retrasada. "Lo claro y concreto es que las relocalizaciones llevan su tiempo y están retrasados; pero es complejo. No es sólo construir viviendas, hacer todo por la fuerza y sacarlos a palos. Hay que consensuar, encontrar nuevos espacios. Este año la Ciudad ya cuenta con los terrenos para la relocalización de vecinos de la villa 21-24. Viendo ese panorama soy optimista en lo que viene. No es que no se hizo nada, se avanzó", afirmó Calzoni.
En lo institucional, el presidente ejecutivo de la Acumar destacó los avances en materia de información pública y del rediseño del sitio web para acceder a las últimas informaciones de la causa y del plan de saneamiento. Sin embargo, el cuerpo colegiado creado por la Corte para controlar la ejecución de la sentencia sigue acéfalo. "La situación de virtual acefalía por la que atraviesa la Defensoría del Pueblo de la Nación ha dificultado el desarrollo del control y monitoreo del plan de saneamiento", señaló Nápoli. El Gobierno aún no envió al Congreso el nombre de un postulante para ocupar ese puesto. Es la Defensoría la que tiene el poder de litigar ante los incumplimientos de la causa por el saneamiento del río.
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Fecha de Publicación: 16/12/2014
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Riachuelo
Se firmaron contratos para tareas vitales que cuentan con un crédito del Banco Mundial, pero las obras comenzarán el año próximo; se demora la relocalización de familias y sigue acéfalo el órgano de control
Como agua estancada, con movimientos mínimos. Así avanza el plan de saneamiento del Riachuelo. La liberación del camino de sirga en ambos márgenes, la recolección de residuos a diario del lado de la Capital y los demorados pero celebrados avances en contratos de obras y categorización de predios para mudar a miles de personas: ése es el discreto balance de los hechos relevantes del año que termina.
A ocho años del histórico fallo en el que la Corte Suprema instó a la Nación, la Ciudad y la provincia de Buenos Aires a sanear el río más contaminado del país, en los hechos 2014 fue otro ejercicio perdido en el camino de concretar ese mandato judicial.
Los dos primeros logros (camino y residuos) corresponden, en rigor, al año pasado. En 2014 sí hubo jornadas recreativas en escuelas y barrios de las zonas afectadas por las fétidas aguas, y continuaron los talleres participativos del Programa de Monitoreo Social de la autoridad de cuenca encargada de controlar el cumplimiento del fallo de la Corte, la Acumar. C
También se presentaron el documental La vuelta al río, producido por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN); los libros Contaminados, de la periodista Mariana Aizen, y Al pie del Riachuelo, de Horacio Ramos. Y desde el 6 y hasta el 23 de este mes se expone en el Senado una muestra de fotografías sobre el Riachuelo.
Con respecto a las tareas sesnciales, Andrés Nápoli, director ejecutivo de la FARN, reconoce los logros, en especial, en la atención primaria de la salud. "No obstante, las acciones destinadas al control de las fuentes de contaminación no han tenido resultados positivos. Las acciones de control industrial no han tenido avances significativos y una gran parte de los programas de reconversión industrial (PRI) de las industrias están vencidos. Es necesario establecer un nuevo sistema que permita el control de los vertidos de líquidos industriales, para lo cual se debe modificar de forma urgente la legislación, que resulta sumamente permisiva."
Nápoli se refiere a los máximos permitidos de volcados en el río. Si bien la contaminación del agua, que sigue igual o peor, también se compone de efluentes cloacales, la presencia de hidrocarburos no es menor. Este año hubo un intento de endurecer la normativa, que no prosperó.
Jorge Calzoni, presidente ejecutivo de la Acumar, reconoce que "todavía falta", pero cree que la causa judicial que ordena sanear el río sigue su curso. "Fue un año donde se avanzó en varias cuestiones, es una cuestión compleja, no es tan fácil. No es soplar y hacer botellas. Evidentemente falta, y hay obras que van a llevar cinco años, que no hay posibilidad de hacerlas con mayor rapidez", dijo el funcionario.
Las obras fundamentales a las que se refiere Calzoni son las que depositarán en un colector las cloacas de la cuenca que, luego procesadas, serán volcadas por otro colector en el Río de la Plata. Esa obra de saneamiento y control de la contaminación cloacal cuenta con un crédito del Banco Mundial por 840 millones de dólares cuya ejecución corresponde a AySA. Estas dos obras, que fueron adjudicadas hace dos años, no avanzaban porque no estaban firmados los contratos.
El primero, para la implementación del colector margen izquierdo y colector desvío baja costanera (nombre que toma cuando tiene debe cruzar el Riachuelo), consiste principalmente en la construcción de un túnel de unos 16 km de extensión que irá bajo tierra por la margen izquierda del Riachuelo. El diámetro del túnel varía de 80 cm a 4,5 metros y su función es recoger y transportar los efluentes cloacales hacia la zona de tratamiento, evitando que se descarguen en el Riachuelo.
El segundo contrato es para la construcción de un gran emisario subfluvial, de unos 14 km de longitud, que transportará los líquidos tratados en la planta de pretratamiento y los dispondrá de manera adecuada (asegurando la calidad ambiental del cuerpo receptor de acuerdo con la normativa vigente) mediante difusores en el Río de la Plata.
"Estos dos grandes contratos ya están firmados y en ejecución. En la actualidad, los contratistas están trabajando en los proyectos definitivos y en la ingeniería de detalle de la obra. Una vez finalizada la ingeniería de detalle, AySA y los contratistas firmarán el acta de inicio de las obras. Se estima que esto se producirá durante la primera mitad de 2015", indicaron a LA NACION fuentes del Banco Mundial. Hay que importar una tuneladora para hacer los conductos. El plazo de estos trabajos se estima en unos cinco años.
"En la medida en que estas acciones no se desarrollen, todas las demás tareas de limpieza no tendrán ningún impacto sostenido en el tiempo", agregó Nápoli.
La relocalización de las miles de familias que viven a la vera del río también está retrasada. "Lo claro y concreto es que las relocalizaciones llevan su tiempo y están retrasados; pero es complejo. No es sólo construir viviendas, hacer todo por la fuerza y sacarlos a palos. Hay que consensuar, encontrar nuevos espacios. Este año la Ciudad ya cuenta con los terrenos para la relocalización de vecinos de la villa 21-24. Viendo ese panorama soy optimista en lo que viene. No es que no se hizo nada, se avanzó", afirmó Calzoni.
En lo institucional, el presidente ejecutivo de la Acumar destacó los avances en materia de información pública y del rediseño del sitio web para acceder a las últimas informaciones de la causa y del plan de saneamiento. Sin embargo, el cuerpo colegiado creado por la Corte para controlar la ejecución de la sentencia sigue acéfalo. "La situación de virtual acefalía por la que atraviesa la Defensoría del Pueblo de la Nación ha dificultado el desarrollo del control y monitoreo del plan de saneamiento", señaló Nápoli. El Gobierno aún no envió al Congreso el nombre de un postulante para ocupar ese puesto. Es la Defensoría la que tiene el poder de litigar ante los incumplimientos de la causa por el saneamiento del río.
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Los Altares tienen un Area Natural Protegida
Chubut: Se creó el Area Natural Protegida Los Altares
Fecha de Publicación: 16/12/2014
Fuente: Noticias Ambientales
Provincia/Región: Chubut
La Legislatura Provincial probó el proyecto luego de un año y medio de trabajo a la par de los vecinos de la comunidad de Los Altares
Esta figura permitirá a la comunidad un mayor desarrollo a nivel turístico, además del compromiso de conservar el territorio para las próximas generaciones. En este sentido, el secretario de Turismo y Areas Protegidas del Chubut, Carlos Zonza Nigro, manifestó: "En esta gestión de Gobierno trabajamos arduamente en materia de conservación pero con un fuerte componente social. Las características naturales y culturales de éste área protegida también se encuentran en otros sitios de la meseta, sin embargo se eligió este lugar porque hay tres comunidades que se van a ver directamente beneficiadas por el desarrollo que trae aparejado la instalación de un área protegida. Esta es justamente la impronta que le da el Gobernador a la conservación de nuestro patrimonio".
Así también, el funcionario provincial explicó que "contar con una nueva área protegida en la provincia es un logro más en este camino que emprendimos hace ya tres años y que tiene que ver con la decisión estratégica del Gobernador de ligar la conservación al turismo y que forma parte del Plan Integral de Conservación, así fue que nos propusimos duplicar la cantidad de hectáreas bajo figuras de conservación y la creación del Area Natural Protegida Los Altares va en ese camino, junto con la creación de la Reserva de Biósfera Valdés y la Reserva de Biósfera Azul que ya presentamos ante UNESCO y estamos a la espera de la repuesta que será a mediados de 2015".
Por su parte, el jefe comunal de Los Altares, Mario Oviedo, manifestó su satisfacción por la aprobación del proyecto, e indicó que "para nosotros es muy importante, desde ya que el área protegida implica proteger las bellezas naturales, la fauna, la flora y todo lo que tenemos, la gente estaba muy expectante de que los diputados lo aprobaran, es algo novedoso para nosotros y que vamos a seguir trabajando en esto".
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Fecha de Publicación: 16/12/2014
Fuente: Noticias Ambientales
Provincia/Región: Chubut
La Legislatura Provincial probó el proyecto luego de un año y medio de trabajo a la par de los vecinos de la comunidad de Los Altares
Esta figura permitirá a la comunidad un mayor desarrollo a nivel turístico, además del compromiso de conservar el territorio para las próximas generaciones. En este sentido, el secretario de Turismo y Areas Protegidas del Chubut, Carlos Zonza Nigro, manifestó: "En esta gestión de Gobierno trabajamos arduamente en materia de conservación pero con un fuerte componente social. Las características naturales y culturales de éste área protegida también se encuentran en otros sitios de la meseta, sin embargo se eligió este lugar porque hay tres comunidades que se van a ver directamente beneficiadas por el desarrollo que trae aparejado la instalación de un área protegida. Esta es justamente la impronta que le da el Gobernador a la conservación de nuestro patrimonio".
Así también, el funcionario provincial explicó que "contar con una nueva área protegida en la provincia es un logro más en este camino que emprendimos hace ya tres años y que tiene que ver con la decisión estratégica del Gobernador de ligar la conservación al turismo y que forma parte del Plan Integral de Conservación, así fue que nos propusimos duplicar la cantidad de hectáreas bajo figuras de conservación y la creación del Area Natural Protegida Los Altares va en ese camino, junto con la creación de la Reserva de Biósfera Valdés y la Reserva de Biósfera Azul que ya presentamos ante UNESCO y estamos a la espera de la repuesta que será a mediados de 2015".
Por su parte, el jefe comunal de Los Altares, Mario Oviedo, manifestó su satisfacción por la aprobación del proyecto, e indicó que "para nosotros es muy importante, desde ya que el área protegida implica proteger las bellezas naturales, la fauna, la flora y todo lo que tenemos, la gente estaba muy expectante de que los diputados lo aprobaran, es algo novedoso para nosotros y que vamos a seguir trabajando en esto".
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Aplicación para usar menos agroquímicos
Menos agroquímicos: un sistema digital que mide parámetros agrícolas en tiempo real
Fecha de Publicación: 15/12/2014
Fuente: Argentina Investiga
Provincia/Región: Nacional
El desarrollo de la idea sólo les tomó 23 horas, y ganaron una competencia mundial promovida por una decena de empresas y la Universidad de Quebec (Canadá). El dispositivo, que tiene como fin el uso racional de agroquímicos, semillas y agua dulce, permitiría ahorrar más de 6.900 millones de pesos al año en insumos desaprovechados, generar ahorros en agua y combustible, y una agricultura más ecológica.
Estudiantes y graduados de la Universidad Nacional del Sur propusieron un sistema de medición y monitoreo de parámetros en la agricultura en tiempo real, a partir del uso de tecnologías digitales. “El sistema realiza un mapeo por medio de señales infrarrojas que permite conocer la longitud de onda reflejada por cada planta de acuerdo a la tonalidad de su color. Con esta información se define su estado identificando falta de nutrientes específicos, agua o presencia de enfermedades”, señala Ana Dingebauer Weber, estudiante de Ingeniería Mecánica, a Argentina Investiga. Ella formó parte de un grupo de nueve investigadores que ganó la competencia mundial “24 horas de la innovación”, organizada por varias empresas y la Universidad de Quebec (Canadá).
Los creadores sostienen que el equipo sería muy económico, y que podría instalarse en todo tipo de equipos pulverizadores de riego motorizados o sembradoras ya existentes. Así, podrían conocerse las condiciones del cultivo y suministrar con exactitud los agroquímicos, semillas y agua, y minimizar de esta manera el desperdicio de recursos naturales.
“El sensor utilizado es un transductor óptico que censa el estado de las plantas. Según el color se obtiene una variación en la dosis de herbicidas o fertilizantes, o para manejar equipos de riego. Sumado a un sistema de posicionamiento satelital (GPS) se pueden almacenar estos datos en una computadora que hace un mapeo geo-referenciado en tiempo real. Eso permite optimizar el uso de recursos a lo largo del tiempo”, explicaron los integrantes del equipo.
“Este sistema permitiría ahorrar hasta un 90% de agroquímicos, promoviendo una agricultura más ecológica, porque libera sólo la cantidad necesaria de productos en un área más definida. El ahorro de agua permite conservar mejor este recurso, y utilizar maquinaria más pequeña, lo que también significa ahorrar combustible y disminuir la contaminación”, agregan.
Otra ventaja es contar con información para mejorar la planificación de siembra, cosecha y rotación de cuadros. Los datos almacenados sirven para prever modelos sobre los resultados finales del cultivo, y dosificar los nutrientes a las zonas requeridas, además de realizar la siembra con cantidades óptimas de semillas. El sistema es de bajo costo y puede aplicarse a maquinaria ya existente, y el ahorro que permite en insumos lo vuelve rápidamente amortizable.
El equipo -que se bautizó “Inno-Bar”- estuvo integrado por el magíster Santiago Maíz; Leonardo Dimieri y Francisco Iaconis, estudiantes de Física; Francisco Brañas, Emiliano Buhlman y Nicolas Maureira, quienes cursan Ingeniería Mecánica; y Ana Paula Dingebauer, Tomas Burgos y Maximiliano Jalif, de Ingeniería Industrial.
Un video que demuestra su creación puede verse en http://youtu.be/Uadlz-_iar0
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Fecha de Publicación: 15/12/2014
Fuente: Argentina Investiga
Provincia/Región: Nacional
El desarrollo de la idea sólo les tomó 23 horas, y ganaron una competencia mundial promovida por una decena de empresas y la Universidad de Quebec (Canadá). El dispositivo, que tiene como fin el uso racional de agroquímicos, semillas y agua dulce, permitiría ahorrar más de 6.900 millones de pesos al año en insumos desaprovechados, generar ahorros en agua y combustible, y una agricultura más ecológica.
Estudiantes y graduados de la Universidad Nacional del Sur propusieron un sistema de medición y monitoreo de parámetros en la agricultura en tiempo real, a partir del uso de tecnologías digitales. “El sistema realiza un mapeo por medio de señales infrarrojas que permite conocer la longitud de onda reflejada por cada planta de acuerdo a la tonalidad de su color. Con esta información se define su estado identificando falta de nutrientes específicos, agua o presencia de enfermedades”, señala Ana Dingebauer Weber, estudiante de Ingeniería Mecánica, a Argentina Investiga. Ella formó parte de un grupo de nueve investigadores que ganó la competencia mundial “24 horas de la innovación”, organizada por varias empresas y la Universidad de Quebec (Canadá).
Los creadores sostienen que el equipo sería muy económico, y que podría instalarse en todo tipo de equipos pulverizadores de riego motorizados o sembradoras ya existentes. Así, podrían conocerse las condiciones del cultivo y suministrar con exactitud los agroquímicos, semillas y agua, y minimizar de esta manera el desperdicio de recursos naturales.
“El sensor utilizado es un transductor óptico que censa el estado de las plantas. Según el color se obtiene una variación en la dosis de herbicidas o fertilizantes, o para manejar equipos de riego. Sumado a un sistema de posicionamiento satelital (GPS) se pueden almacenar estos datos en una computadora que hace un mapeo geo-referenciado en tiempo real. Eso permite optimizar el uso de recursos a lo largo del tiempo”, explicaron los integrantes del equipo.
“Este sistema permitiría ahorrar hasta un 90% de agroquímicos, promoviendo una agricultura más ecológica, porque libera sólo la cantidad necesaria de productos en un área más definida. El ahorro de agua permite conservar mejor este recurso, y utilizar maquinaria más pequeña, lo que también significa ahorrar combustible y disminuir la contaminación”, agregan.
Otra ventaja es contar con información para mejorar la planificación de siembra, cosecha y rotación de cuadros. Los datos almacenados sirven para prever modelos sobre los resultados finales del cultivo, y dosificar los nutrientes a las zonas requeridas, además de realizar la siembra con cantidades óptimas de semillas. El sistema es de bajo costo y puede aplicarse a maquinaria ya existente, y el ahorro que permite en insumos lo vuelve rápidamente amortizable.
El equipo -que se bautizó “Inno-Bar”- estuvo integrado por el magíster Santiago Maíz; Leonardo Dimieri y Francisco Iaconis, estudiantes de Física; Francisco Brañas, Emiliano Buhlman y Nicolas Maureira, quienes cursan Ingeniería Mecánica; y Ana Paula Dingebauer, Tomas Burgos y Maximiliano Jalif, de Ingeniería Industrial.
Un video que demuestra su creación puede verse en http://youtu.be/Uadlz-_iar0
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Insistirán con minería en Mendoza
Ante empresarios, reafirman el aval oficial a la minería metalífera
Fecha de Publicación: 15/12/2014
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
El ministro de Energía, Marcos Zandomeni, ratificó ante proveedores y gerentes que insistirá con los proyectos Hierro Indio y Cerro Amarillo de cobre en 2015. Destacó la necesidad de acuerdos.
El revés que cosechó en la Legislatura el proyecto Hierro Indio parece no haber hecho mella en la intención del Gobierno provincial de avalar a la minería metalífera en Mendoza, no sin discusiones pero siempre con un respaldo implícito.
De hecho, en un encuentro reciente con profesionales y empresarios el Ministerio de Energía propició una presentación sobre los alcances de esa iniciativa, como también la de Cerro Amarillo e incluso de San Jorge, que recientemente cambió de manos.
Fue en en el marco de la VII Jornada Argentina de Minería, organizada por la consultora PWC (miembro de la red global PriceWaterhouseCoopers). Con el foco en la “Visión estratégica de la minería en la región”, durante la cual el ministro de Energía, Marcos Zandomeni, se refirió a los planes para la actividad ante mandos medios y gerenciales de distintas empresas y también proveedores de la actividad.
Antes de que representantes de las tres mineras expusieran los alcances de los proyectos de oro, cobre y hierro que impulsan en Mendoza, y además de pronunciarse una vez más a favor de la minería con una defensa encendida de Hierro Indio, Zandomeni ratificó que el Gobierno “seguirá apoyando estas iniciativas y hablando de minería más que antes”.
Al respecto, el funcionario, acompañado por el director de Minería, Carlos Molina, tomó el caso de San Jorge para ejemplificar lo que a su criterio la economía de Mendoza cede en favor de San Juan, en cuanto a “puestos de trabajo, proveedores y beneficios para la comunidad en donde se inserta”.
Cabe recordar que la iniciativa que hoy está en manos de los grupos rusos Solway y Aterra Capitals promueve la extracción de cobre en Uspallata, pero su tratamiento sería a través de un ramal ferroviario de 22 kilómetros en una planta en territorio sanjuanino.
“Fue muy interesante y rico el intercambio”, valoró un asistente a la jornada, de la que también participaron algunos dirigentes de cámaras empresariales como el CEM (Consejo Empresario Mendocino).
Durante la misma también se presentó un nuevo Registro Fiscal de Empresas Mineras dispuesto por la AFIP que modifica exigencias para las retenciones impositivas que las compañías deben hacer a sus proveedores y que ya causa problemas en las pymes sanjuaninas.
Expectativas
Igualmente hubo señales de prudencia por parte de las compañías. De hecho, pese a estar en el orden de los expositores, la directiva de Hierro Indio S.A. faltó con aviso, a través de una carta dirigida a PWC excusándose de participar, lo que hizo que el director de Minería, Carlos Molina, reseñara el emprendimiento.
“Se va a trabajar en las mejoras solicitadas en la Legislatura. Lo que no se hará es enviar proyectos si no están dadas las condiciones, sin acuerdos previos”, consignó Zandomeni.
Por su parte, Eugenio Ponte, gerente de Meryllion, responsable del proyecto Cerro Amarillo, rescató el apoyo de Zandomeni y el espacio para la difusión facilitada por PWC.
“El ministro viene trabajando para destrabar la minería desde el principio. Se puede encarar algo serio, sustentable y lícito, que no se desarrolla en Mendoza. Es un logro haber puesto a la minería en la agenda. La gente se interesó y eventos como éste deberían hacerse más seguido, con empresas y el Gobierno”.
En caso de avanzar, Cerro Amarillo prevé una inversión inicial de U$S 10 millones para explorar al menos 5 pórfidos o sistemas de cobre, dentro de un proceso global de U$S 75 millones hasta llegar a la factibilidad para explotarlos. Eso implica 4 ó 5 perforaciones en cada uno para confirmar la mineralización y más tarde cubicar.
“Hay dos cuestiones: la técnica y la política. Técnicamente estamos cumpliendo con la Manifestación de Impacto Ambiental en un expediente de más de 800 fojas y a la espera de que el Ianigla termine el inventario de glaciares. Todo se reduce a lo político: cuando se politiza un problema termina siendo difícil de explicar más de 70 días para debatir un proyecto como Hierro Indio”, comentaron los empresarios.
A su turno, Carlos Brondo, socio ejecutivo de PWC en Mendoza, resaltó el carácter de la jornada para “propiciar la discusión, porque la minería debe estar en agenda”.
Sobre el futuro próximo y a la espera de la Declaración de Impacto, desde Meryllion aseguran que habrá una modificación “de los plazos”. Pero apuestan a poder despegar entre 2015 y 2016, no sin plantear un debate sobre el actual marco legal porque “aunque no nos corresponde cuestionar su alcance, si en 6 años un solo proyecto superó la instancia legislativa, habría que analizarlo”.
La AFIP busca controlar a proveedores en San Juan
Quienes proveen servicios a las mineras en San Juan, están en estado de alerta debido a que la AFIP creó un registro fiscal en el que deben inscribirse todos los proveedores de las empresas mineras.
De acuerdo con un artículo del Diario de Cuyo, a partir del 1 de enero estas empresas deben cumplir con múltiples requisitos y, una vez que estén dentro del sistema, emitir facturas electrónicas por sus ventas.
Dicho mecanismo “dejaría afuera a los pequeños prestadores que, en muchos casos, no pueden cumplir con todas las condiciones exigidas ni cuentan con servicio de internet”, subrayó el artículo. Quienes no estén en dicho registro, podrán seguir proveyendo a las mineras pero tendrían retenciones más altas que, según estimaciones, superarían el 35%.
Por este motivo, el martes autoridades de la Cámara Minera de San Juan y la de Servicios Mineros (Casemi) se reunirán con representantes de la AFIP.
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Fecha de Publicación: 15/12/2014
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
El ministro de Energía, Marcos Zandomeni, ratificó ante proveedores y gerentes que insistirá con los proyectos Hierro Indio y Cerro Amarillo de cobre en 2015. Destacó la necesidad de acuerdos.
El revés que cosechó en la Legislatura el proyecto Hierro Indio parece no haber hecho mella en la intención del Gobierno provincial de avalar a la minería metalífera en Mendoza, no sin discusiones pero siempre con un respaldo implícito.
De hecho, en un encuentro reciente con profesionales y empresarios el Ministerio de Energía propició una presentación sobre los alcances de esa iniciativa, como también la de Cerro Amarillo e incluso de San Jorge, que recientemente cambió de manos.
Fue en en el marco de la VII Jornada Argentina de Minería, organizada por la consultora PWC (miembro de la red global PriceWaterhouseCoopers). Con el foco en la “Visión estratégica de la minería en la región”, durante la cual el ministro de Energía, Marcos Zandomeni, se refirió a los planes para la actividad ante mandos medios y gerenciales de distintas empresas y también proveedores de la actividad.
Antes de que representantes de las tres mineras expusieran los alcances de los proyectos de oro, cobre y hierro que impulsan en Mendoza, y además de pronunciarse una vez más a favor de la minería con una defensa encendida de Hierro Indio, Zandomeni ratificó que el Gobierno “seguirá apoyando estas iniciativas y hablando de minería más que antes”.
Al respecto, el funcionario, acompañado por el director de Minería, Carlos Molina, tomó el caso de San Jorge para ejemplificar lo que a su criterio la economía de Mendoza cede en favor de San Juan, en cuanto a “puestos de trabajo, proveedores y beneficios para la comunidad en donde se inserta”.
Cabe recordar que la iniciativa que hoy está en manos de los grupos rusos Solway y Aterra Capitals promueve la extracción de cobre en Uspallata, pero su tratamiento sería a través de un ramal ferroviario de 22 kilómetros en una planta en territorio sanjuanino.
“Fue muy interesante y rico el intercambio”, valoró un asistente a la jornada, de la que también participaron algunos dirigentes de cámaras empresariales como el CEM (Consejo Empresario Mendocino).
Durante la misma también se presentó un nuevo Registro Fiscal de Empresas Mineras dispuesto por la AFIP que modifica exigencias para las retenciones impositivas que las compañías deben hacer a sus proveedores y que ya causa problemas en las pymes sanjuaninas.
Expectativas
Igualmente hubo señales de prudencia por parte de las compañías. De hecho, pese a estar en el orden de los expositores, la directiva de Hierro Indio S.A. faltó con aviso, a través de una carta dirigida a PWC excusándose de participar, lo que hizo que el director de Minería, Carlos Molina, reseñara el emprendimiento.
“Se va a trabajar en las mejoras solicitadas en la Legislatura. Lo que no se hará es enviar proyectos si no están dadas las condiciones, sin acuerdos previos”, consignó Zandomeni.
Por su parte, Eugenio Ponte, gerente de Meryllion, responsable del proyecto Cerro Amarillo, rescató el apoyo de Zandomeni y el espacio para la difusión facilitada por PWC.
“El ministro viene trabajando para destrabar la minería desde el principio. Se puede encarar algo serio, sustentable y lícito, que no se desarrolla en Mendoza. Es un logro haber puesto a la minería en la agenda. La gente se interesó y eventos como éste deberían hacerse más seguido, con empresas y el Gobierno”.
En caso de avanzar, Cerro Amarillo prevé una inversión inicial de U$S 10 millones para explorar al menos 5 pórfidos o sistemas de cobre, dentro de un proceso global de U$S 75 millones hasta llegar a la factibilidad para explotarlos. Eso implica 4 ó 5 perforaciones en cada uno para confirmar la mineralización y más tarde cubicar.
“Hay dos cuestiones: la técnica y la política. Técnicamente estamos cumpliendo con la Manifestación de Impacto Ambiental en un expediente de más de 800 fojas y a la espera de que el Ianigla termine el inventario de glaciares. Todo se reduce a lo político: cuando se politiza un problema termina siendo difícil de explicar más de 70 días para debatir un proyecto como Hierro Indio”, comentaron los empresarios.
A su turno, Carlos Brondo, socio ejecutivo de PWC en Mendoza, resaltó el carácter de la jornada para “propiciar la discusión, porque la minería debe estar en agenda”.
Sobre el futuro próximo y a la espera de la Declaración de Impacto, desde Meryllion aseguran que habrá una modificación “de los plazos”. Pero apuestan a poder despegar entre 2015 y 2016, no sin plantear un debate sobre el actual marco legal porque “aunque no nos corresponde cuestionar su alcance, si en 6 años un solo proyecto superó la instancia legislativa, habría que analizarlo”.
La AFIP busca controlar a proveedores en San Juan
Quienes proveen servicios a las mineras en San Juan, están en estado de alerta debido a que la AFIP creó un registro fiscal en el que deben inscribirse todos los proveedores de las empresas mineras.
De acuerdo con un artículo del Diario de Cuyo, a partir del 1 de enero estas empresas deben cumplir con múltiples requisitos y, una vez que estén dentro del sistema, emitir facturas electrónicas por sus ventas.
Dicho mecanismo “dejaría afuera a los pequeños prestadores que, en muchos casos, no pueden cumplir con todas las condiciones exigidas ni cuentan con servicio de internet”, subrayó el artículo. Quienes no estén en dicho registro, podrán seguir proveyendo a las mineras pero tendrían retenciones más altas que, según estimaciones, superarían el 35%.
Por este motivo, el martes autoridades de la Cámara Minera de San Juan y la de Servicios Mineros (Casemi) se reunirán con representantes de la AFIP.
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Finalizó proyecto de ordenamiento pesquero
Finalizó proyecto de ordenamiento pesquero y conservación de la biodiversidad en humedales
Fecha de Publicación: 15/12/2014
Fuente: El Comercial
Provincia/Región: Nacional
Con la asistencia financiera del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF por su sigla en inglés) y el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) el mencionado proyecto se ejecutó con la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS) de la Jefatura de Gabinete de Ministros, la Dirección de Pesca Continental y Acuicultura (DPCyA) del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y las Provincias de Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones, Entre Ríos, Santa fe y Buenos Aires.
El objetivo fue mejorar el ordenamiento pesquero y fortalecer la planificación intersectorial, generar una línea de base importante de actividades orientadas a fortalecer los mecanismos técnicos y administrativos para el aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros y la conservación de los humedales de la cuenca. El proyecto se propuso abordar una serie de barreras que dificultan el logro de soluciones a largo plazo.
El mismo abarcó a un amplio corredor de humedales y planicies de inundación que componen el ecosistema fluvial de los ríos Paraguay-Paraná de la Cuenca del Plata en la Ecoregión del Paraná Inferior.
Los ríos Paraná y Paraguay constituyen “corredores biogeográficos”, es decir, vías efectivas para la migración de flora y fauna de linaje tropical hacia zonas templadas, brindando recursos naturales y servicios fundamentales para las comunidades ribereñas. Este corredor fluvial ofrece una gran variedad de hábitats que favorece la presencia de una gran biodiversidad adaptada a la alternancia de fases de inundación y sequía.
En particular, estos humedales sustentan altos valores de biodiversidad de peces migratorios y de importancia comercial y cumplen un rol vital para que las especies migratorias puedan llevar a cabo las diferentes fases de sus ciclos biológicos (reproducción, migración reproductiva, desove y crecimiento). Alrededor del 85% de las capturas de peces continentales de la Argentina ocurre en el corredor Paraguay-Paraná; se distinguen tres tipos de pesquerías: artesanal/ de subsistencia; comercial de mediana escala; y la deportiva/recreativa. El área del proyecto abarca siete provincias, con una superficie de casi 24 millones de hectáreas.
Conclusión
Profesionales del Ministerio de la Producción y Ambiente y participantes de las actividades realizadas en el marco del Proyecto GEF – Pesca y Humedales, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, concluyeron que “fue implementado con efectividad y eficiencia, y con una gran capacidad de corrección y ajuste.
Planteó una serie de recomendaciones que aspiran, por un lado, a capitalizar los logros alcanzados para seguir avanzando hacia el objetivo de largo plazo y, por otro, a mejorar el diseño, monitoreo y evaluación de futuros proyectos GEF”
Así también el proyecto promovió la participación de los actores en todas las instancias de toma de decisión, de manera de aumentar el sentido de apropiación y minimizar potenciales conflictos.
Lograr el sentido de pertenencia a una idea, un concepto y una estrategia unificada es fundamental ante posibles cambios institucionales, al tiempo que promovió la sostenibilidad más allá del proyecto.
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Fecha de Publicación: 15/12/2014
Fuente: El Comercial
Provincia/Región: Nacional
Con la asistencia financiera del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF por su sigla en inglés) y el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) el mencionado proyecto se ejecutó con la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS) de la Jefatura de Gabinete de Ministros, la Dirección de Pesca Continental y Acuicultura (DPCyA) del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y las Provincias de Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones, Entre Ríos, Santa fe y Buenos Aires.
El objetivo fue mejorar el ordenamiento pesquero y fortalecer la planificación intersectorial, generar una línea de base importante de actividades orientadas a fortalecer los mecanismos técnicos y administrativos para el aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros y la conservación de los humedales de la cuenca. El proyecto se propuso abordar una serie de barreras que dificultan el logro de soluciones a largo plazo.
El mismo abarcó a un amplio corredor de humedales y planicies de inundación que componen el ecosistema fluvial de los ríos Paraguay-Paraná de la Cuenca del Plata en la Ecoregión del Paraná Inferior.
Los ríos Paraná y Paraguay constituyen “corredores biogeográficos”, es decir, vías efectivas para la migración de flora y fauna de linaje tropical hacia zonas templadas, brindando recursos naturales y servicios fundamentales para las comunidades ribereñas. Este corredor fluvial ofrece una gran variedad de hábitats que favorece la presencia de una gran biodiversidad adaptada a la alternancia de fases de inundación y sequía.
En particular, estos humedales sustentan altos valores de biodiversidad de peces migratorios y de importancia comercial y cumplen un rol vital para que las especies migratorias puedan llevar a cabo las diferentes fases de sus ciclos biológicos (reproducción, migración reproductiva, desove y crecimiento). Alrededor del 85% de las capturas de peces continentales de la Argentina ocurre en el corredor Paraguay-Paraná; se distinguen tres tipos de pesquerías: artesanal/ de subsistencia; comercial de mediana escala; y la deportiva/recreativa. El área del proyecto abarca siete provincias, con una superficie de casi 24 millones de hectáreas.
Conclusión
Profesionales del Ministerio de la Producción y Ambiente y participantes de las actividades realizadas en el marco del Proyecto GEF – Pesca y Humedales, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, concluyeron que “fue implementado con efectividad y eficiencia, y con una gran capacidad de corrección y ajuste.
Planteó una serie de recomendaciones que aspiran, por un lado, a capitalizar los logros alcanzados para seguir avanzando hacia el objetivo de largo plazo y, por otro, a mejorar el diseño, monitoreo y evaluación de futuros proyectos GEF”
Así también el proyecto promovió la participación de los actores en todas las instancias de toma de decisión, de manera de aumentar el sentido de apropiación y minimizar potenciales conflictos.
Lograr el sentido de pertenencia a una idea, un concepto y una estrategia unificada es fundamental ante posibles cambios institucionales, al tiempo que promovió la sostenibilidad más allá del proyecto.
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Santiago realiza operativos por el tráfico de aves
Realizan operativos de control para evitar el tráfico de aves silvestres
Fecha de Publicación: 14/12/2014
Fuente: Nuevo Diario
Provincia/Región: Santiago del Estero
El Ministerio de Producción, a través de la Dirección General de Bosque y Fauna informó que se están llevando a cabo controles e inspecciones en diferentes departamentos y rutas estratégicas de la provincia, con apoyo de personal policial, debido al tráfico ilegal de especies silvestres, principalmente del loro hablador “Amazona aestiva”.
Se comunica, además, que está vigente la Ley provincial Nº 4.802 de “Protección a la Fauna Silvestre” y decretos reglamentarios, la cual establece que toda persona que quiera ejercer el comercio de aves, tanto autóctonas como exóticas, deberá estar inscripta en el “Registro de comerciantes de aves provenientes de criaderos y declaradas plagas”, sito en este organismo.
Por lo tanto se recuerda que las aves que pueden comercializarse son las provenientes de criaderos habilitados, tales como: catita australiana, calafate, manón, diamante, canario, etc., y especies declaradas plagas tales como catas y calas.
Entre las especies que se encuentran prohibidas están: cardenales, reina mora, sachitas, pepetero, zorzal, brasitas, corbatitas, siete colores, celestinos, loro hablador, aves canoras autóctonas, etc.
Se advierte a los propietarios del rubro forrajería que no está permitida la venta de animales silvestres. Ante el incumplimiento de las normas citadas se realizará el procedimiento de rigor, secuestro, liberación cuando corresponda y multa pertinente.
Según los casos, se girarán las actuaciones efectuadas a la Justicia del Crimen, tal como lo establece la legislación vigente y decretos reglamentarios. De esta manera se pretende preservar y conservar las aves autóctonas para evitar su comercio y tráfico ilegal. Al mismo tiempo, se recomienda no capturar aves ni comprarlas.
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Fecha de Publicación: 14/12/2014
Fuente: Nuevo Diario
Provincia/Región: Santiago del Estero
El Ministerio de Producción, a través de la Dirección General de Bosque y Fauna informó que se están llevando a cabo controles e inspecciones en diferentes departamentos y rutas estratégicas de la provincia, con apoyo de personal policial, debido al tráfico ilegal de especies silvestres, principalmente del loro hablador “Amazona aestiva”.
Se comunica, además, que está vigente la Ley provincial Nº 4.802 de “Protección a la Fauna Silvestre” y decretos reglamentarios, la cual establece que toda persona que quiera ejercer el comercio de aves, tanto autóctonas como exóticas, deberá estar inscripta en el “Registro de comerciantes de aves provenientes de criaderos y declaradas plagas”, sito en este organismo.
Por lo tanto se recuerda que las aves que pueden comercializarse son las provenientes de criaderos habilitados, tales como: catita australiana, calafate, manón, diamante, canario, etc., y especies declaradas plagas tales como catas y calas.
Entre las especies que se encuentran prohibidas están: cardenales, reina mora, sachitas, pepetero, zorzal, brasitas, corbatitas, siete colores, celestinos, loro hablador, aves canoras autóctonas, etc.
Se advierte a los propietarios del rubro forrajería que no está permitida la venta de animales silvestres. Ante el incumplimiento de las normas citadas se realizará el procedimiento de rigor, secuestro, liberación cuando corresponda y multa pertinente.
Según los casos, se girarán las actuaciones efectuadas a la Justicia del Crimen, tal como lo establece la legislación vigente y decretos reglamentarios. De esta manera se pretende preservar y conservar las aves autóctonas para evitar su comercio y tráfico ilegal. Al mismo tiempo, se recomienda no capturar aves ni comprarlas.
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Podrían desaparecer los monos carayá rojo
Advierten que se podrían extinguir los monos carayá rojo en Misiones
Fecha de Publicación: 14/12/2014
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Misiones
El mono carayá rojo, o aullador rojo (Alouatta guariba) es la especie de primate más amenazada de Argentina. Se encuentra en peligro crítico de extinción según la Sociedad Argentina para el Estudio de los Mamíferos. Habita solamente en Misiones, donde tiene una distribución reducida y densidades extremadamente bajas.
Además de los desmontes, una de las amenazas más importantes para los monos carayá son las epidemias de fiebre amarilla, una enfermedad causada por un virus que es transmitido por mosquitos.
Los carayá son primates sensibles a la fiebre amarilla y no constituyen un reservorio del virus sino que son víctimas de la misma ya que enferman y mueren. El hallazgo de monos carayá (rojos o negros) enfermos o muertos alertan en forma temprana la necesidad de vacunar a la población humana, motivo por el cual son considerados centinelas de la enfermedad para la salud pública. Como centinelas, los carayá ayudan a proteger a la gente que vive en las áreas donde el virus está circulando, deteniendo también la propagación del mismo.
Durante el Primer Taller de Conservación del Mono Carayá Rojo que se llevó a cabo en Argentina en el año 2013, un grupo de profesionales, a través de simulaciones con programas que analizan posibles escenarios futuros para la población, demostró que brotes recurrentes de fiebre amarilla podrían llevar a los carayá rojos a desaparecer rápidamente de nuestro país. Para la pequeña población de carayá rojo de Misiones, la fiebre amarilla es la principal amenaza de extinción.
El último brote epidémico de fiebre amarilla que afectó a la provincia de Misiones fue detectado por científicas del Instituto de Biología Subtropical (IBS, CONICET – UNaM) y la Asociación Civil Centro de Investigaciones del Bosque Atlántico (CeIBA), que desarrollaron un estudio de la ecología de los monos carayá en el Parque Provincial El Piñalito de Misiones entre 2005 y 2008. Todos los individuos de los grupos bajo estudio murieron durante la epidemia y la población de carayá rojo de Misiones fue casi exterminada.
Desde diferentes instituciones, tales como el Instituto de Biología Subtropical (IBS), la Asociación Civil Centro de Investigaciones del Bosque Atlántico (CeIBA), el Instituto Nacional de Medicina Tropical (INMeT) – MSAL, la Estación Biológica de Corrientes (EBCO) MACN BR – CONICET y el Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas (INEVH) – ANLIS, biólogos, veterinarios y epidemiólogos están trabajando en definir estrategias para implementar un sistema de vigilancia activa en toda la región nordeste del país.
Entre las líneas prioritarias identificadas, los expertos pertenecientes a estas instituciones destacaron la importancia de llevar a cabo un monitoreo de los mosquitos vectores de la enfermedad y el aislamiento del virus de la fiebre amarilla en Misiones. También es importante alertar a los pobladores rurales, guardaparques e investigadores para incrementar la capacidad de detección de mortalidad o enfermedad de carayá en el territorio.
A su vez, es necesario difundir entre los guardaparques e investigadores potencialmente involucrados un protocolo y un breve entrenamiento sobre cómo actuar en el caso de hallazgo de un mono muerto y difundir material informativo sobre los monos carayá y sobre la fiebre amarilla en las áreas rurales. La implementación de estas acciones, con el apoyo de las autoridades correspondientes de salud pública y áreas protegidas generará una red de vigilancia efectiva que facilitará la detección temprana de futuros brotes de fiebre amarilla en el nordeste de Argentina.
Proteger la última población de carayá rojo en nuestro país es importante no solamente para la conservación de la especie, sino también para proteger la salud de la gente. Ante cualquier caso de mortandad de monos carayá rojos o negros sospechado o confirmado, cualquier persona debe reportarla ante las autoridades de salud pública (Ministerio de Salud de la Nación: 0-800-222-1002 opción 5; INMeT-MSAL en Puerto Iguazú: 03757-425001/02).
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Fecha de Publicación: 14/12/2014
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Misiones
El mono carayá rojo, o aullador rojo (Alouatta guariba) es la especie de primate más amenazada de Argentina. Se encuentra en peligro crítico de extinción según la Sociedad Argentina para el Estudio de los Mamíferos. Habita solamente en Misiones, donde tiene una distribución reducida y densidades extremadamente bajas.
Además de los desmontes, una de las amenazas más importantes para los monos carayá son las epidemias de fiebre amarilla, una enfermedad causada por un virus que es transmitido por mosquitos.
Los carayá son primates sensibles a la fiebre amarilla y no constituyen un reservorio del virus sino que son víctimas de la misma ya que enferman y mueren. El hallazgo de monos carayá (rojos o negros) enfermos o muertos alertan en forma temprana la necesidad de vacunar a la población humana, motivo por el cual son considerados centinelas de la enfermedad para la salud pública. Como centinelas, los carayá ayudan a proteger a la gente que vive en las áreas donde el virus está circulando, deteniendo también la propagación del mismo.
Durante el Primer Taller de Conservación del Mono Carayá Rojo que se llevó a cabo en Argentina en el año 2013, un grupo de profesionales, a través de simulaciones con programas que analizan posibles escenarios futuros para la población, demostró que brotes recurrentes de fiebre amarilla podrían llevar a los carayá rojos a desaparecer rápidamente de nuestro país. Para la pequeña población de carayá rojo de Misiones, la fiebre amarilla es la principal amenaza de extinción.
El último brote epidémico de fiebre amarilla que afectó a la provincia de Misiones fue detectado por científicas del Instituto de Biología Subtropical (IBS, CONICET – UNaM) y la Asociación Civil Centro de Investigaciones del Bosque Atlántico (CeIBA), que desarrollaron un estudio de la ecología de los monos carayá en el Parque Provincial El Piñalito de Misiones entre 2005 y 2008. Todos los individuos de los grupos bajo estudio murieron durante la epidemia y la población de carayá rojo de Misiones fue casi exterminada.
Desde diferentes instituciones, tales como el Instituto de Biología Subtropical (IBS), la Asociación Civil Centro de Investigaciones del Bosque Atlántico (CeIBA), el Instituto Nacional de Medicina Tropical (INMeT) – MSAL, la Estación Biológica de Corrientes (EBCO) MACN BR – CONICET y el Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas (INEVH) – ANLIS, biólogos, veterinarios y epidemiólogos están trabajando en definir estrategias para implementar un sistema de vigilancia activa en toda la región nordeste del país.
Entre las líneas prioritarias identificadas, los expertos pertenecientes a estas instituciones destacaron la importancia de llevar a cabo un monitoreo de los mosquitos vectores de la enfermedad y el aislamiento del virus de la fiebre amarilla en Misiones. También es importante alertar a los pobladores rurales, guardaparques e investigadores para incrementar la capacidad de detección de mortalidad o enfermedad de carayá en el territorio.
A su vez, es necesario difundir entre los guardaparques e investigadores potencialmente involucrados un protocolo y un breve entrenamiento sobre cómo actuar en el caso de hallazgo de un mono muerto y difundir material informativo sobre los monos carayá y sobre la fiebre amarilla en las áreas rurales. La implementación de estas acciones, con el apoyo de las autoridades correspondientes de salud pública y áreas protegidas generará una red de vigilancia efectiva que facilitará la detección temprana de futuros brotes de fiebre amarilla en el nordeste de Argentina.
Proteger la última población de carayá rojo en nuestro país es importante no solamente para la conservación de la especie, sino también para proteger la salud de la gente. Ante cualquier caso de mortandad de monos carayá rojos o negros sospechado o confirmado, cualquier persona debe reportarla ante las autoridades de salud pública (Ministerio de Salud de la Nación: 0-800-222-1002 opción 5; INMeT-MSAL en Puerto Iguazú: 03757-425001/02).
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La pericia que podría complicar a la Alumbrera
Esperan un dictamen pericial que podría complicar a Minera Alumbrera
Fecha de Publicación: 13/12/2014
Fuente: Primera Fuente
Provincia/Región: Tucumán
Antes de fin de año, el juez federal Nº 2, Fernando Poviña, tendría en sus manos un informe sobre los valores de metales pesados en el canal donde Minera Alumbrera arroja sus desechos.
En dos semanas el Juzgado Federal Nº2 de Tucumán, a cargo de Fernando Poviña, contaría con otro elemento clave en la causa por contaminación de Minera Alumbrera a la cuenca Salí-Dulce. Una prueba más que implicaría la indagatoria a directivos de la minera y la UNT.
Se trata de los resultados de los análisis que peritos designados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación deben realizar en base a muestras de agua obtenidas en un allanamiento realizado a la planta de secado ubicada en la localidad tucumana Cruz del Norte (Ranchillos, departamento Cruz Alta), en septiembre de 2012. Desde este lugar se arrojan los efluentes aparentemente contaminantes al canal DP2, surgidos del mineraloducto que nace en la explotación de Bajo la Alumbrera, Catamarca.
En esa oportunidad, peritos de la UNT, corroboraron según pericias realizadas en el Instituto Nacional del Agua, la existencia de metales como selenio, mercurio y cobre en el agua. Estos elementos, son considerados en el Anexo II de la ley federal 24.051 (sobre residuos peligrosos) como “ecotóxicos”.
Desde la ONG Pro-Eco Grupo Ecologista, querellante en la causa contra Minera Alumbrera por daño ambiental, reclamaron previamente a la realización de este informe, la designación de estos técnicos debido al vínculo societario entre la UNT y Minera Alumbrera a través de la UTE Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD). En un primer momento, el planteo de la agrupación no fue aceptado. Sin embargo, la defensa de Minera Alumbrera, al conocer el lapidario estudio en su contra, pidió la nulidad de el informe pericial. Sugestivamente, esta vez la Justicia sí dio lugar al planteo y mandó a realizar otro estudio.
“Esperamos el dictamen pericial de la Corte. Una vez que lleguen los dictámenes, con ese material probatorio, se debería llamar a indagatoria. Sin embargo, cuestionamos que el juez, con la cantidad de pruebas que ya existen, dependa de este informe para citar a los directivos de ?Minera Alumbrera?”, afirmó Susana Carrizo, abogada de Pro-Eco.
En este contexto de reclamo de justicia, se realizó este miércoles una concentración frente al Tribunal Federal de Tucumán, en coincidencia con el Día de los Derechos Humanos. “Nos manifestamos en defensa del agua y la vida. Aquí se daña la cuenca Salí-Dulce por parte de diferentes industrias y actividades extractivas como la megaexplotación de Minera Alumbrera que contamina impunemente pese a tener una causa desde hace 15 años “, afirmó Alfredo Carbonel.
El referente de Pro-Eco también alertó sobre el inminente comienzo de la explotación del yacimiento de Bajo el Durazno. “Esta nuevo emprendimiento minero utilizará en Tucumán las mismas instalaciones de Minera Alumbrera, entre esas el mineraloducto y la planta de secado en Ranchillos. Para eso deben pedir autorización a la Dirección de Minería y presentar Informe de Impacto Ambiental, caso contrario se estaría violando el Código de Minería. Sin embargo nada de esto existe”, alertó Carbonel.
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Fecha de Publicación: 13/12/2014
Fuente: Primera Fuente
Provincia/Región: Tucumán
Antes de fin de año, el juez federal Nº 2, Fernando Poviña, tendría en sus manos un informe sobre los valores de metales pesados en el canal donde Minera Alumbrera arroja sus desechos.
En dos semanas el Juzgado Federal Nº2 de Tucumán, a cargo de Fernando Poviña, contaría con otro elemento clave en la causa por contaminación de Minera Alumbrera a la cuenca Salí-Dulce. Una prueba más que implicaría la indagatoria a directivos de la minera y la UNT.
Se trata de los resultados de los análisis que peritos designados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación deben realizar en base a muestras de agua obtenidas en un allanamiento realizado a la planta de secado ubicada en la localidad tucumana Cruz del Norte (Ranchillos, departamento Cruz Alta), en septiembre de 2012. Desde este lugar se arrojan los efluentes aparentemente contaminantes al canal DP2, surgidos del mineraloducto que nace en la explotación de Bajo la Alumbrera, Catamarca.
En esa oportunidad, peritos de la UNT, corroboraron según pericias realizadas en el Instituto Nacional del Agua, la existencia de metales como selenio, mercurio y cobre en el agua. Estos elementos, son considerados en el Anexo II de la ley federal 24.051 (sobre residuos peligrosos) como “ecotóxicos”.
Desde la ONG Pro-Eco Grupo Ecologista, querellante en la causa contra Minera Alumbrera por daño ambiental, reclamaron previamente a la realización de este informe, la designación de estos técnicos debido al vínculo societario entre la UNT y Minera Alumbrera a través de la UTE Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD). En un primer momento, el planteo de la agrupación no fue aceptado. Sin embargo, la defensa de Minera Alumbrera, al conocer el lapidario estudio en su contra, pidió la nulidad de el informe pericial. Sugestivamente, esta vez la Justicia sí dio lugar al planteo y mandó a realizar otro estudio.
“Esperamos el dictamen pericial de la Corte. Una vez que lleguen los dictámenes, con ese material probatorio, se debería llamar a indagatoria. Sin embargo, cuestionamos que el juez, con la cantidad de pruebas que ya existen, dependa de este informe para citar a los directivos de ?Minera Alumbrera?”, afirmó Susana Carrizo, abogada de Pro-Eco.
En este contexto de reclamo de justicia, se realizó este miércoles una concentración frente al Tribunal Federal de Tucumán, en coincidencia con el Día de los Derechos Humanos. “Nos manifestamos en defensa del agua y la vida. Aquí se daña la cuenca Salí-Dulce por parte de diferentes industrias y actividades extractivas como la megaexplotación de Minera Alumbrera que contamina impunemente pese a tener una causa desde hace 15 años “, afirmó Alfredo Carbonel.
El referente de Pro-Eco también alertó sobre el inminente comienzo de la explotación del yacimiento de Bajo el Durazno. “Esta nuevo emprendimiento minero utilizará en Tucumán las mismas instalaciones de Minera Alumbrera, entre esas el mineraloducto y la planta de secado en Ranchillos. Para eso deben pedir autorización a la Dirección de Minería y presentar Informe de Impacto Ambiental, caso contrario se estaría violando el Código de Minería. Sin embargo nada de esto existe”, alertó Carbonel.
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Etiquetas:
Alumbrera,
contaminación,
legislación y derecho ambiental,
minería,
Tucumán
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