Detienen a activistas de Greenpeace en Salta
09:00 | 
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Greenpeace responsabiliza a Urtubey
Fecha de Publicación: 05/11/2014
Fuente: Radio Salta
Provincia/Región: Salta
Esta mañana escaladores de Greenpeace fueron detenidos por la policía local cuando realizaban una protesta en el Centro Cívico Grand Bourg, en reclamo por la ilegalidad de los desmontes autorizados por el gobierno provincial.
"Hacemos responsable al gobernador Urtubey de la seguridad personalde los seis activistas injustamente arrestados en una protesta pacífica contra los desmontes en la provincia. Lo instamos a que adopte todas las medidas de protección necesarias durante su detención y a que de una vez por todas cumpla con la Ley Nacional de Bosques", afirmó Hernán Giardini, coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace.
Bruno Castro (22) y Emiliano Castillo (36) pasarán la noche en la Alcaldía. Por su parte, Carla Guzmán (20), Nahir Florencia Palazini (21), Maite Ruggieri (25) y María Paula Giacalone (41), fueron trasladadas a la Unidad Carcelaria N° 4 de mujeres de la Ciudad.
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Fecha de Publicación: 05/11/2014
Fuente: Radio Salta
Provincia/Región: Salta
Esta mañana escaladores de Greenpeace fueron detenidos por la policía local cuando realizaban una protesta en el Centro Cívico Grand Bourg, en reclamo por la ilegalidad de los desmontes autorizados por el gobierno provincial.
"Hacemos responsable al gobernador Urtubey de la seguridad personalde los seis activistas injustamente arrestados en una protesta pacífica contra los desmontes en la provincia. Lo instamos a que adopte todas las medidas de protección necesarias durante su detención y a que de una vez por todas cumpla con la Ley Nacional de Bosques", afirmó Hernán Giardini, coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace.
Bruno Castro (22) y Emiliano Castillo (36) pasarán la noche en la Alcaldía. Por su parte, Carla Guzmán (20), Nahir Florencia Palazini (21), Maite Ruggieri (25) y María Paula Giacalone (41), fueron trasladadas a la Unidad Carcelaria N° 4 de mujeres de la Ciudad.
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Piden Presupuestos Mínimos Ambientales por el "shale"
Promueven el tratamiento de una Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para la exploración y explotación de hidrocarburos no convencionales
Fecha de Publicación: 05/11/2014
Fuente: FARN
Provincia/Región: Nacional
La ley de Hidrocarburos, recientemente sancionada por el Congreso Nacional, persigue como objetivo principal el logro del autoabastecimiento en materia de hidrocarburos, y se apoya para ello en la promoción de la explotación de los hidrocarburos no convencionales.
Sin embargo, la nueva ley hace una sola y única mención a la cuestión ambiental en su texto, el que carece de las disposiciones técnicas, ambientales y sociales necesarias para regular una actividad que cuenta con características muy diferentes a la convencional.
En este sentido, la nueva Ley carece de disposiciones específicas que dispongan la obligatoriedad de llevar adelante los procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) de los proyectos, así como los requisitos mínimos que deberán observase. Tampoco dispone ningún tipo de cláusula que garantice el acceso a la información por parte del público, habiendo consolidado con su aprobación, el aberrante acuerdo secreto firmado entre YPF y Chevron para la exploración y explotación de Vaca Muerta.
De igual forma tampoco se prevén mecanismos que permitan a todas las personas interesadas, comunidades y pueblos originarios participar en los procesos en que se decida la exploración y explotación de recursos naturales del dominio público, que impactarán en el territorio, el ambiente y la vida de las personas.
Es de estimar que la nueva ley, tal cual ha sido aprobada, contribuirá a dar un mayor impulso a la actividad, que de realizarse sin contar con la regulación y el control ambiental apropiado, producirá serios impactos en el medio ambiente, pudiendo incluso generar graves conflictos sociales.
Luego de aprobada la Ley de Hidrocarburos resulta imprescindible y urgente que el Congreso de la Nación promueva el tratamiento de una ley de presupuestos mínimos de protección ambiental en materia de exploración y explotación de hidrocarburos no convencionales.
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Fecha de Publicación: 05/11/2014
Fuente: FARN
Provincia/Región: Nacional
La ley de Hidrocarburos, recientemente sancionada por el Congreso Nacional, persigue como objetivo principal el logro del autoabastecimiento en materia de hidrocarburos, y se apoya para ello en la promoción de la explotación de los hidrocarburos no convencionales.
Sin embargo, la nueva ley hace una sola y única mención a la cuestión ambiental en su texto, el que carece de las disposiciones técnicas, ambientales y sociales necesarias para regular una actividad que cuenta con características muy diferentes a la convencional.
En este sentido, la nueva Ley carece de disposiciones específicas que dispongan la obligatoriedad de llevar adelante los procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) de los proyectos, así como los requisitos mínimos que deberán observase. Tampoco dispone ningún tipo de cláusula que garantice el acceso a la información por parte del público, habiendo consolidado con su aprobación, el aberrante acuerdo secreto firmado entre YPF y Chevron para la exploración y explotación de Vaca Muerta.
De igual forma tampoco se prevén mecanismos que permitan a todas las personas interesadas, comunidades y pueblos originarios participar en los procesos en que se decida la exploración y explotación de recursos naturales del dominio público, que impactarán en el territorio, el ambiente y la vida de las personas.
Es de estimar que la nueva ley, tal cual ha sido aprobada, contribuirá a dar un mayor impulso a la actividad, que de realizarse sin contar con la regulación y el control ambiental apropiado, producirá serios impactos en el medio ambiente, pudiendo incluso generar graves conflictos sociales.
Luego de aprobada la Ley de Hidrocarburos resulta imprescindible y urgente que el Congreso de la Nación promueva el tratamiento de una ley de presupuestos mínimos de protección ambiental en materia de exploración y explotación de hidrocarburos no convencionales.
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Residuos petroleros: controlan plantas de tratamiento
Residuos petroleros: un negocio de pocos jugadores
Fecha de Publicación: 05/11/2014
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
Alerta. Tras el derrame de Indarsa, el gobierno provincial profundizará los controles en el resto de las plantas de tratamiento. Quién es quién.
En la provincia son muy pocas las empresas que se dedican a este tipo de actividad. En el parque industrial de la ciudad de Neuquén se encuentra Indarsa y Comarsa. En Senillosa está la planta de Trans Ecológica, mientras que la firma EET Servicios Ambientales está radicada en Plaza Huincul. En Centenario se encuentra la base de Serma, Servicios Medio Ambientales, firma que forma parte del grupo de empresas de Cristóbal López. El negocio del tratamiento y disposición final de residuos provenientes de la industria petrolera se encuentra en pleno auge y por momentos la demanda llega a superar la capacidad operativa de las plantas de la región. Al servicio de los residuos se le debe adicionar el procesamiento de los suelos que fueron contaminados con derrames de hidrocarburos de larga data o producto de algún incidente durante la operación.
Pero el negocio se encuentra dividido de acuerdo con las especialidades, donde no todos participan del mismo nicho.
Serma es una firma dedicada casi exclusivamente al tratamiento de suelos. Contempla el tratamiento biológico a través de disposición de biopilas, donde se busca estimular la actividad microbiana, aireando o adicionando nutrientes y humedad. También se puede recurrir al tratamiento por desorción térmica, sistema que conlleva calentar el suelo a temperaturas intermedias entre los 250º a 600 grados centígrados. Esto genera que los contaminantes con bajo punto de fusión se evaporizan, separándose del suelo en tratamiento.
Otra firma que realiza tratamiento de tierras o líquidos contaminados con hidrocarburos suelos es EET Servicios Ambientales, una empresa que comenzó a operar en el 2001. Para los suelos, ofrece como servicios, el tamizado de tierras y áridos, estabilización y microencapsulado de contaminantes, degradación natural asistida mediante laboreo orgánico con aporte de micronutrientes y disposición final de tierras.
La firma también presta el servicio con líquidos y semisólidos contaminados con hidrocarburos, provenientes de tranques, piletas, barros empetrolados, agua contaminada y aceites usados.
Con respecto a los residuos sólidos contaminados, el proceso contempla su clasificación según grado, segregación de acuerdo con la recuperabilidad de los materiales para su reciclado e incineración de lo no recuperable.
También se dedica al tratamiento de suelos la firma Trans Ecológica, empresa que comenzó a operar en 1992, en Río Gallegos, con residuos urbanos, y que en el año 1998 decidió expandirse con el tratamiento de residuos de la industria petrolera. Sus servicios contemplan el tratamiento de suelos y recortes de perforación, lavado de suelos, su estabilización y termodestrucción.
La firma, a través de un sistema integrado del negocio, se dedica además a la gestión de aceites usados, planta recategorizadora, saneamiento de piletas de crudo, lavadero industrial y hasta una planta móvil para el tratamiento de efluentes cloacales.
Por su parte, Comarsa ofrece la recolección de los residuos, el transporte hasta su planta en parque industrial, la separación y clasificación, la recuperación de los materiales reutilizables o reciclables, el tratamiento de los residuos especiales o peligrosos en hornos pirolíticos, y la disposición final de sus cenizas en rellenos de seguridad.
La firma cuenta con dos hornos pirolíticos para el proceso de termodestrucción controlada.
Durante este proceso, los residuos son encendidos y quemados en la cámara primaria del horno pirolítico a muy baja velocidad, aprovechando su propio poder calorífico y controlando el aire de combustión. Así los residuos se convierten en un gas combustible con defecto de oxígeno conocido como pyrogas, que es conducido a la cámara secundaria del horno pirolítico. En esta cámara el pyrogas se combina con exceso de oxígeno, reaccionando rápidamente a alta temperatura hasta su combustión total y obteniéndose como resultado un gas en estado inerte con un porcentaje muy pequeño de partículas sólidas.
Según la empresa, el proceso facilita así una combustión con bajo consumo de combustible, minimizando su impacto ambiental. Asimismo, el control automático de los quemadores del horno y del aire del reactor, permite seleccionar el rango de temperaturas de operación óptimo para cada tratamiento.
Como el resto de las empresas, también se dedica al tratamiento de suelos a través de distintas metodologías -entre las cuales se encuentra principalmente la desorción térmica- que pueden desarrollarse en forma independiente o conjunta. En cuanto a Indarsa, la empresa también se dedica a la biorremediación de suelos, a través de un convenio con la firma SolBio SA, que se dedica a investigación, desarrollo y provisión de soluciones en aguas y suelos contaminados. Presta servicios como la gestión integral del residuo, la termodestrucción por pirólisis, el tratamiento de aceites usados y emulsiones, la limpieza de tanque y el reciclado y disposición final de rezagos industriales.
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Fecha de Publicación: 05/11/2014
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
Alerta. Tras el derrame de Indarsa, el gobierno provincial profundizará los controles en el resto de las plantas de tratamiento. Quién es quién.
En la provincia son muy pocas las empresas que se dedican a este tipo de actividad. En el parque industrial de la ciudad de Neuquén se encuentra Indarsa y Comarsa. En Senillosa está la planta de Trans Ecológica, mientras que la firma EET Servicios Ambientales está radicada en Plaza Huincul. En Centenario se encuentra la base de Serma, Servicios Medio Ambientales, firma que forma parte del grupo de empresas de Cristóbal López. El negocio del tratamiento y disposición final de residuos provenientes de la industria petrolera se encuentra en pleno auge y por momentos la demanda llega a superar la capacidad operativa de las plantas de la región. Al servicio de los residuos se le debe adicionar el procesamiento de los suelos que fueron contaminados con derrames de hidrocarburos de larga data o producto de algún incidente durante la operación.
Pero el negocio se encuentra dividido de acuerdo con las especialidades, donde no todos participan del mismo nicho.
Serma es una firma dedicada casi exclusivamente al tratamiento de suelos. Contempla el tratamiento biológico a través de disposición de biopilas, donde se busca estimular la actividad microbiana, aireando o adicionando nutrientes y humedad. También se puede recurrir al tratamiento por desorción térmica, sistema que conlleva calentar el suelo a temperaturas intermedias entre los 250º a 600 grados centígrados. Esto genera que los contaminantes con bajo punto de fusión se evaporizan, separándose del suelo en tratamiento.
Otra firma que realiza tratamiento de tierras o líquidos contaminados con hidrocarburos suelos es EET Servicios Ambientales, una empresa que comenzó a operar en el 2001. Para los suelos, ofrece como servicios, el tamizado de tierras y áridos, estabilización y microencapsulado de contaminantes, degradación natural asistida mediante laboreo orgánico con aporte de micronutrientes y disposición final de tierras.
La firma también presta el servicio con líquidos y semisólidos contaminados con hidrocarburos, provenientes de tranques, piletas, barros empetrolados, agua contaminada y aceites usados.
Con respecto a los residuos sólidos contaminados, el proceso contempla su clasificación según grado, segregación de acuerdo con la recuperabilidad de los materiales para su reciclado e incineración de lo no recuperable.
También se dedica al tratamiento de suelos la firma Trans Ecológica, empresa que comenzó a operar en 1992, en Río Gallegos, con residuos urbanos, y que en el año 1998 decidió expandirse con el tratamiento de residuos de la industria petrolera. Sus servicios contemplan el tratamiento de suelos y recortes de perforación, lavado de suelos, su estabilización y termodestrucción.
La firma, a través de un sistema integrado del negocio, se dedica además a la gestión de aceites usados, planta recategorizadora, saneamiento de piletas de crudo, lavadero industrial y hasta una planta móvil para el tratamiento de efluentes cloacales.
Por su parte, Comarsa ofrece la recolección de los residuos, el transporte hasta su planta en parque industrial, la separación y clasificación, la recuperación de los materiales reutilizables o reciclables, el tratamiento de los residuos especiales o peligrosos en hornos pirolíticos, y la disposición final de sus cenizas en rellenos de seguridad.
La firma cuenta con dos hornos pirolíticos para el proceso de termodestrucción controlada.
Durante este proceso, los residuos son encendidos y quemados en la cámara primaria del horno pirolítico a muy baja velocidad, aprovechando su propio poder calorífico y controlando el aire de combustión. Así los residuos se convierten en un gas combustible con defecto de oxígeno conocido como pyrogas, que es conducido a la cámara secundaria del horno pirolítico. En esta cámara el pyrogas se combina con exceso de oxígeno, reaccionando rápidamente a alta temperatura hasta su combustión total y obteniéndose como resultado un gas en estado inerte con un porcentaje muy pequeño de partículas sólidas.
Según la empresa, el proceso facilita así una combustión con bajo consumo de combustible, minimizando su impacto ambiental. Asimismo, el control automático de los quemadores del horno y del aire del reactor, permite seleccionar el rango de temperaturas de operación óptimo para cada tratamiento.
Como el resto de las empresas, también se dedica al tratamiento de suelos a través de distintas metodologías -entre las cuales se encuentra principalmente la desorción térmica- que pueden desarrollarse en forma independiente o conjunta. En cuanto a Indarsa, la empresa también se dedica a la biorremediación de suelos, a través de un convenio con la firma SolBio SA, que se dedica a investigación, desarrollo y provisión de soluciones en aguas y suelos contaminados. Presta servicios como la gestión integral del residuo, la termodestrucción por pirólisis, el tratamiento de aceites usados y emulsiones, la limpieza de tanque y el reciclado y disposición final de rezagos industriales.
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El COFEMA reunido por los Bosques Nativos
El Consejo Federal de Medio Ambiente se reunió en Ushuaia para debatir sobre Bosques Nativos
Fecha de Publicación: 04/11/2014
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
La gobernadora de Tierra del Fuego, Fabiana Ríos, abrió la Asamblea del COFEMA que preside el Director Ejecutivo del Organismo Provincial para el Desarrollo Sustentable de la Provincia de Buenos Aires, Hugo Bilbao, en la que participaron representantes de Ambiente de todas las provincias para trabajar en acciones de protección de alcance federal.
Allí, la gobernadora afirmó que “el desarrollo, la sustentabilidad y la protección son tres pilares necesarios para una sociedad que se piensa como parte de la naturaleza y no en contra de ella”.
En esa oportunidad, en representación del secretario de Ambiente nacional, Omar Judis, el director nacional de Articulación, Julio Nasser, destacó que desde la Secretaría de Ambiente de la Nación se impulsa “este espíritu federal, este ejercicio de llevar a nuestras reuniones nuestra voz, nuestros planteos, desde la administración y gestión ambiental”. Por eso, “existe un compromiso profundo, permanente, de seguir sosteniendo estas asambleas donde el COFEMA como cuerpo soberano decide que se hagan y de esa manera se llevan adelante todas las acciones”.
Respecto del tema de Bosques Nativos expresó que “se debe abrir el compromiso e interpretar herramientas importantes que tenemos en nuestras manos, no solo desde la conservación de Bosques Nativos sino desde lo que conlleva mantener los bosques en cuanto a la relación con el Cambio Climático, con las medidas de mitigación, las medidas de adaptación y valorar esa herramienta que la Argentina tiene como Ley de Presupuestos Mínimos y que muchas veces no damos la visión amplia e integral que merece esta herramienta”.
Por su parte, Hugo Bilbao señaló que “el COFEMA va a elaborar normas orientativas, como la referida a la problemática de los rellenos sanitarios, porque creemos que es un tema absolutamente importante en la calidad de vida y consecuentemente en la salud de los argentinos”.
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Fecha de Publicación: 04/11/2014
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
La gobernadora de Tierra del Fuego, Fabiana Ríos, abrió la Asamblea del COFEMA que preside el Director Ejecutivo del Organismo Provincial para el Desarrollo Sustentable de la Provincia de Buenos Aires, Hugo Bilbao, en la que participaron representantes de Ambiente de todas las provincias para trabajar en acciones de protección de alcance federal.
Allí, la gobernadora afirmó que “el desarrollo, la sustentabilidad y la protección son tres pilares necesarios para una sociedad que se piensa como parte de la naturaleza y no en contra de ella”.
En esa oportunidad, en representación del secretario de Ambiente nacional, Omar Judis, el director nacional de Articulación, Julio Nasser, destacó que desde la Secretaría de Ambiente de la Nación se impulsa “este espíritu federal, este ejercicio de llevar a nuestras reuniones nuestra voz, nuestros planteos, desde la administración y gestión ambiental”. Por eso, “existe un compromiso profundo, permanente, de seguir sosteniendo estas asambleas donde el COFEMA como cuerpo soberano decide que se hagan y de esa manera se llevan adelante todas las acciones”.
Respecto del tema de Bosques Nativos expresó que “se debe abrir el compromiso e interpretar herramientas importantes que tenemos en nuestras manos, no solo desde la conservación de Bosques Nativos sino desde lo que conlleva mantener los bosques en cuanto a la relación con el Cambio Climático, con las medidas de mitigación, las medidas de adaptación y valorar esa herramienta que la Argentina tiene como Ley de Presupuestos Mínimos y que muchas veces no damos la visión amplia e integral que merece esta herramienta”.
Por su parte, Hugo Bilbao señaló que “el COFEMA va a elaborar normas orientativas, como la referida a la problemática de los rellenos sanitarios, porque creemos que es un tema absolutamente importante en la calidad de vida y consecuentemente en la salud de los argentinos”.
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Políticas de Estado y Riachuelo
La limpieza del Riachuelo, un llamado de la Justicia a implementar políticas de Estado
Fecha de Publicación: 04/11/2014
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Riachuelo
En El arte de hacer justicia (Sudamericana), el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, recorre la trastienda de algunos fallos trascendentes del tribunal; aquí, una intervención por el medio ambiente, que interpeló al poder
Cuando llegué a la Corte Suprema, ya hacía muchos años que trabajaba el tema ambiental, tanto en mis libros como en mis conferencias académicas. La contaminación del Riachuelo se conocía, pero no era un tema que se estudiara en el mundo universitario de manera concreta.
Cuando el secretario me informó que había entrado una causa judicial relativa justamente a la contaminación del Riachuelo, me dijo lo siguiente: "Imagino que no se van a meter en ese lío". El argumento era que la demanda estaba enfocada principalmente en aspectos dinerarios y que, en consecuencia, era un tema menor que debía ser tratado por un juez del domicilio de los reclamantes. La prevención y recomposición estaban planteadas como un aspecto secundario, y por lo tanto no era conveniente que la Corte lo asumiera. El consejo era comprensible, porque los obstáculos eran enormes. Hacía muchos años que la cuenca estaba contaminada y se habían hecho demasiadas promesas incumplidas que habían deteriorado la confianza del pueblo en las soluciones concretas. Estaba claro que una decisión aislada no iba a solucionar el problema, como ocurrió desde los primeros días de nuestra historia. [.]
La complejidad de la división política del territorio era otro gran problema. La cuenca estaba bajo la competencia del Estado nacional, la provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y catorce municipios, con partidos políticos distintos según las épocas, e intereses locales muy diferentes entre sí. Había diferentes criterios para regular y había quien controlaba y quien no lo hacía.
Por otra parte, las fuentes de contaminación eran numerosas: autos y barcos hundidos, barro contaminado, líquidos cloacales que se arrojaban sin tratamiento, desechos de más de mil industrias de toda clase ubicadas en distintos lugares de la cuenca, basureros a cielo abierto.
Después de esa conversación, estudié el tema y pensé que sólo una medida que obligara a todas las competencias políticas, que comprendiera a todas las fuentes de contaminación y que diera amplia participación al pueblo podría generar un proceso de avances reales en la limpieza del Riachuelo. Desde el punto de vista de un tribunal, es difícil asumir estas decisiones. Lo más cómodo es no avanzar, autorrestringirse, como hacen muchas Cortes en el mundo, sin que ello signifique que incumplan norma alguna. [.]
En el año 2000 Beatriz Mendoza, actora en la causa judicial, había empezado a trabajar seis horas por día como psicóloga social en la salita sanitaria de Villa Inflamable. Dos años más tarde, decidió hacerse exámenes médicos ya que había comenzado a tener problemas respiratorios y a sentir dificultades para mover las manos y piernas: se le dormían con llamativa frecuencia. Las pruebas médicas demostraron que la contaminación ambiental la había afectado y que los niveles de tolueno (derivado del petróleo) en su orina sextuplicaban los tolerables. Se había convertido en una contaminada más con el diagnóstico de polineuritis en bota. Fue entonces cuando, junto con un grupo de vecinos de Avellaneda y de la Capital, decidió comenzar con la demanda que desató la causa. No sólo eso, sino que había estado involucrada en el proceso de gestación de la movilización social y política de los vecinos del Riachuelo que habían asistido a las audiencias públicas de la causa y que salieron a la calle para reclamar por sus derechos.
Todas estas razones me motivaron a llevar la causa al acuerdo de ministros para conversar sobre el tremendo desafío que teníamos por delante. Todos coincidimos en que debíamos tomar el caso y hacer lo posible. [.]
Diecisiete personas, ejerciendo derechos propios y algunos de ellos también en representación de sus hijos menores, interpusieron una demanda contra el Estado nacional, la provincia de Buenos Aires, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y cuarenta y cuatro empresas que desarrollaban su actividad industrial en las adyacencias de la Cuenca Hídrica Matanza-Riachuelo, para obtener una indemnización por los daños y perjuicios sufridos a raíz de la contaminación ambiental. Solicitaron, a su vez, que se condenara a los demandados, para dar término al problema y recomponer la situación denunciada. [.]
El marco político institucional que condiciona la gestión pública ambiental de la cuenca no puede ser más complicado. Ya señalamos que comprende catorce municipios de la provincia de Buenos Aires, tres jurisdicciones (Nación, provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y, como si fuera poco, más de veinte organismos competentes en el área. La división política de la cuenca está en relación con la unidad ecosistémica del recurso hidrográfico. Ello provoca la superposición de una pluralidad de autoridades competentes, jurisdicciones concurrentes y normativas aplicables, que conspira contra la efectividad del sistema de manejo del recurso hídrico, a la vez que torna inoperantes el control y la fiscalización de las actividades en los márgenes de la cuenca. [.]
Para comenzar a elaborar una política de Estado en este tema, requerimos a los Estados demandados que presentaran un plan para la limpieza y la recomposición del Riachuelo. Era la primera vez que se les requería que se pusieran de acuerdo y lo hicieran en forma conjunta. [.] El impacto de esta decisión fue tremendo. En el mundo académico fue muy bien recibida, porque la fundamentación que le habíamos dado era consistente con lo que se había escrito previamente en este tema. En cuanto al mundo político, causó primero desconcierto y luego enojo. La Corte Suprema ordenando a los demás poderes estatales la presentación de un plan de políticas de Estado era algo que no había sucedido en la historia argentina y no sabían cómo responder. [.]
El Estado presentó el plan, que fue analizado en distintas audiencias públicas, realizadas el 5 de septiembre y el 12 de septiembre. [.] Un paso muy importante fue que el Estado, en cumplimiento de la sentencia, promovió el dictado de la ley 26.168 de creación de la Acumar (Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo), que concibe a la cuenca hídrica como unidad ambiental, o el también llamado "criterio de unidad del ciclo hidrológico", toda vez que la considera indivisible. [.]
La Corte Suprema dictó una sentencia definitiva el 8 de julio de 2008, en relación con "la específica pretensión sobre recomposición y prevención de daños al ambiente". [...] La sentencia indicaba que el plan debía perseguir tres objetivos simultáneos: la mejora de la calidad de vida de los habitantes de la cuenca; la recomposición del ambiente en la cuenca en todos sus componentes (agua, aire y suelo) y la prevención de daños con suficiente y razonable grado de predicción. [.]
El análisis sobre el grado de cumplimiento de la sentencia requiere algunas precisiones. Sería poco serio decir que el río estará totalmente limpio en un día determinado, porque al día siguiente puede volver a contaminarse. El río, que atraviesa una zona industrial donde viven millones de personas, conforma un sistema dinámico, lo que significa que siempre hay cambios debido a múltiples factores.
Lo que debe hacerse es modificar las causas que dan origen a la contaminación, controlar que no vuelvan a repetirse y establecer sistemas de medición que sean monitoreados públicamente para que sirvan de alerta, que es lo que dice la sentencia. Pero esta sencilla afirmación implica obras cloacales de enorme magnitud, con presupuestos que atraviesan varios gobiernos, traslados poblacionales y de cientos de industrias, modificación del modo de funcionamiento de muchas otras, en fin, un intenso cambio en una región muy difícil. Y la única manera de hacerlo es con una política de Estado perdurable. [...] Esta breve descripción muestra un proceso difícil, de enorme magnitud, cuyos pasos requieren mucha coordinación y, sobre todo, control y constancia. La Corte fijó los objetivos. Es deber de todos cumplirlos.
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Fecha de Publicación: 04/11/2014
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Riachuelo
En El arte de hacer justicia (Sudamericana), el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, recorre la trastienda de algunos fallos trascendentes del tribunal; aquí, una intervención por el medio ambiente, que interpeló al poder
Cuando llegué a la Corte Suprema, ya hacía muchos años que trabajaba el tema ambiental, tanto en mis libros como en mis conferencias académicas. La contaminación del Riachuelo se conocía, pero no era un tema que se estudiara en el mundo universitario de manera concreta.
Cuando el secretario me informó que había entrado una causa judicial relativa justamente a la contaminación del Riachuelo, me dijo lo siguiente: "Imagino que no se van a meter en ese lío". El argumento era que la demanda estaba enfocada principalmente en aspectos dinerarios y que, en consecuencia, era un tema menor que debía ser tratado por un juez del domicilio de los reclamantes. La prevención y recomposición estaban planteadas como un aspecto secundario, y por lo tanto no era conveniente que la Corte lo asumiera. El consejo era comprensible, porque los obstáculos eran enormes. Hacía muchos años que la cuenca estaba contaminada y se habían hecho demasiadas promesas incumplidas que habían deteriorado la confianza del pueblo en las soluciones concretas. Estaba claro que una decisión aislada no iba a solucionar el problema, como ocurrió desde los primeros días de nuestra historia. [.]
La complejidad de la división política del territorio era otro gran problema. La cuenca estaba bajo la competencia del Estado nacional, la provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y catorce municipios, con partidos políticos distintos según las épocas, e intereses locales muy diferentes entre sí. Había diferentes criterios para regular y había quien controlaba y quien no lo hacía.
Por otra parte, las fuentes de contaminación eran numerosas: autos y barcos hundidos, barro contaminado, líquidos cloacales que se arrojaban sin tratamiento, desechos de más de mil industrias de toda clase ubicadas en distintos lugares de la cuenca, basureros a cielo abierto.
Después de esa conversación, estudié el tema y pensé que sólo una medida que obligara a todas las competencias políticas, que comprendiera a todas las fuentes de contaminación y que diera amplia participación al pueblo podría generar un proceso de avances reales en la limpieza del Riachuelo. Desde el punto de vista de un tribunal, es difícil asumir estas decisiones. Lo más cómodo es no avanzar, autorrestringirse, como hacen muchas Cortes en el mundo, sin que ello signifique que incumplan norma alguna. [.]
En el año 2000 Beatriz Mendoza, actora en la causa judicial, había empezado a trabajar seis horas por día como psicóloga social en la salita sanitaria de Villa Inflamable. Dos años más tarde, decidió hacerse exámenes médicos ya que había comenzado a tener problemas respiratorios y a sentir dificultades para mover las manos y piernas: se le dormían con llamativa frecuencia. Las pruebas médicas demostraron que la contaminación ambiental la había afectado y que los niveles de tolueno (derivado del petróleo) en su orina sextuplicaban los tolerables. Se había convertido en una contaminada más con el diagnóstico de polineuritis en bota. Fue entonces cuando, junto con un grupo de vecinos de Avellaneda y de la Capital, decidió comenzar con la demanda que desató la causa. No sólo eso, sino que había estado involucrada en el proceso de gestación de la movilización social y política de los vecinos del Riachuelo que habían asistido a las audiencias públicas de la causa y que salieron a la calle para reclamar por sus derechos.
Todas estas razones me motivaron a llevar la causa al acuerdo de ministros para conversar sobre el tremendo desafío que teníamos por delante. Todos coincidimos en que debíamos tomar el caso y hacer lo posible. [.]
Diecisiete personas, ejerciendo derechos propios y algunos de ellos también en representación de sus hijos menores, interpusieron una demanda contra el Estado nacional, la provincia de Buenos Aires, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y cuarenta y cuatro empresas que desarrollaban su actividad industrial en las adyacencias de la Cuenca Hídrica Matanza-Riachuelo, para obtener una indemnización por los daños y perjuicios sufridos a raíz de la contaminación ambiental. Solicitaron, a su vez, que se condenara a los demandados, para dar término al problema y recomponer la situación denunciada. [.]
El marco político institucional que condiciona la gestión pública ambiental de la cuenca no puede ser más complicado. Ya señalamos que comprende catorce municipios de la provincia de Buenos Aires, tres jurisdicciones (Nación, provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y, como si fuera poco, más de veinte organismos competentes en el área. La división política de la cuenca está en relación con la unidad ecosistémica del recurso hidrográfico. Ello provoca la superposición de una pluralidad de autoridades competentes, jurisdicciones concurrentes y normativas aplicables, que conspira contra la efectividad del sistema de manejo del recurso hídrico, a la vez que torna inoperantes el control y la fiscalización de las actividades en los márgenes de la cuenca. [.]
Para comenzar a elaborar una política de Estado en este tema, requerimos a los Estados demandados que presentaran un plan para la limpieza y la recomposición del Riachuelo. Era la primera vez que se les requería que se pusieran de acuerdo y lo hicieran en forma conjunta. [.] El impacto de esta decisión fue tremendo. En el mundo académico fue muy bien recibida, porque la fundamentación que le habíamos dado era consistente con lo que se había escrito previamente en este tema. En cuanto al mundo político, causó primero desconcierto y luego enojo. La Corte Suprema ordenando a los demás poderes estatales la presentación de un plan de políticas de Estado era algo que no había sucedido en la historia argentina y no sabían cómo responder. [.]
El Estado presentó el plan, que fue analizado en distintas audiencias públicas, realizadas el 5 de septiembre y el 12 de septiembre. [.] Un paso muy importante fue que el Estado, en cumplimiento de la sentencia, promovió el dictado de la ley 26.168 de creación de la Acumar (Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo), que concibe a la cuenca hídrica como unidad ambiental, o el también llamado "criterio de unidad del ciclo hidrológico", toda vez que la considera indivisible. [.]
La Corte Suprema dictó una sentencia definitiva el 8 de julio de 2008, en relación con "la específica pretensión sobre recomposición y prevención de daños al ambiente". [...] La sentencia indicaba que el plan debía perseguir tres objetivos simultáneos: la mejora de la calidad de vida de los habitantes de la cuenca; la recomposición del ambiente en la cuenca en todos sus componentes (agua, aire y suelo) y la prevención de daños con suficiente y razonable grado de predicción. [.]
El análisis sobre el grado de cumplimiento de la sentencia requiere algunas precisiones. Sería poco serio decir que el río estará totalmente limpio en un día determinado, porque al día siguiente puede volver a contaminarse. El río, que atraviesa una zona industrial donde viven millones de personas, conforma un sistema dinámico, lo que significa que siempre hay cambios debido a múltiples factores.
Lo que debe hacerse es modificar las causas que dan origen a la contaminación, controlar que no vuelvan a repetirse y establecer sistemas de medición que sean monitoreados públicamente para que sirvan de alerta, que es lo que dice la sentencia. Pero esta sencilla afirmación implica obras cloacales de enorme magnitud, con presupuestos que atraviesan varios gobiernos, traslados poblacionales y de cientos de industrias, modificación del modo de funcionamiento de muchas otras, en fin, un intenso cambio en una región muy difícil. Y la única manera de hacerlo es con una política de Estado perdurable. [...] Esta breve descripción muestra un proceso difícil, de enorme magnitud, cuyos pasos requieren mucha coordinación y, sobre todo, control y constancia. La Corte fijó los objetivos. Es deber de todos cumplirlos.
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San Juan evalúa crear una minera provincial
'Estamos evaluando hacer una empresa provincial minera'
Fecha de Publicación: 04/11/2014
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: San Juan
Estimó que en los próximos meses se expedirá la Corte chilena por Pascua Lama y aseguró que una firma china le confirmó las ganas de entrar el proyecto.
Es uno de los pocos integrantes del Gabinete que está desde 2003 y dice que no sería ministro de otro peronista. Felipe Saavedra, el titular de la cartera de Minería, pasó ayer por el programa A todo o nada, de Radio Sarmiento, y se mostró optimista en que el año que viene se pueda retomar la construcción de Pascua Lama, el emprendimiento que hoy quita el sueño. Por otra parte, habló del nuevo mecanismo de extracción de metales sin el uso de cianuro y aseguró que las contingencias económicas y políticas a nivel nacional no atentan contra la llegada de inversiones.
- ¿Cómo es esto de extraer oro sin el uso de cianuro?
- Son nuevas tecnologías que se desarrollan en diferentes partes del mundo. Se hace una tostación del mineral, luego se agrega cloro, lavandina y cloruro de sodio, se hace un proceso con ácido sulfúrico y se separa el oro y los metales por una precipitación selectiva, todo en un circuito cerrado. Algunas de las novedades es que se hace a temperatura ambiente, consume menos energía y es mucho más amigable con el medio ambiente.
- ¿Sería aplicable a grandes emprendimientos, como Veladero y Pascual-Lama?
- Yo diría que tendría que testearse un poco más, porque en estos momentos la planta que tiene la empresa que va a venir a invertir a San Juan es para 500 toneladas por día, con lo cual está muy lejos del volumen de tratamiento en Veladero y Gualcamayo. Hay que ir aumentando la escala de producción y mirando cómo funciona la tecnología.
- Siendo más amigable con el medio ambiente, ¿el Gobierno podría llegar a plantearle a las empresas que lo usen?
- Dentro de los futuros emprendimientos, vamos a tener que evaluar una alternativa u otra. Sin dudas que va a ser así, porque tiene que ver con la idea del Gobierno de que sea una minería ambiental y socialmente sustentable.
- ¿Tienen alguna estimación de cuándo podría resolver la Corte de Justicia chilena si Pascual Lama puede continuar o no?
- Ya se han citado a las partes y hubo reuniones. En función de los pasos procesales que se han hecho, sobre fin de año o principios del año que viene creemos que podría haber una resolución.
- ¿Sabe algo del interés que hay en China por participar de Pascua Lama?
- En China me reuní con empresas de ese país y me han dicho que están interesadas en invertir en el país y, particularmente, en San Juan. Uno de los proyectos que me dijeron que les interesa es Pascua Lama. Seguramente en los próximos meses vamos a tener visitas de estas empresas.
- ¿Sería para asociarse con Barrick en Pascua Lama?
- Nos han confirmado que están en conversaciones con Barrick. Es la empresa Sinjin. Sería para entrar como inversores, me lo ha confirmado el CEO de la empresa. Incluso, han visitado el yacimiento en varias oportunidades.
- Si la Corte de Chile autoriza la continuidad, ¿la incorporación de un nuevo inversor permitiría reactivar el emprendimiento en forma inmediata?
- Sería una inmediata reactivación, porque estarían los fondos necesarios para continuar con la construcción. Pero no nos olvidemos que hay que terminar algunos trabajos que le impusieron a Barrick del lado chileno. Somos optimistas en que, si se cumplen todas estas hipótesis, el año que viene esté comenzando nuevamente la construcción.
- ¿Los obreros que estuvieron en Pascua Lama van a tener alguna prioridad?
- Las prioridades van a ser de la gente que estuvo trabajando. No sólo por una cuestión de experiencia, sino por gestiones que ha hecho el gobernador con la empresa operadora.
- ¿Se mantiene firme la tendencia que dice que la producción minera en San Juan va aumentar este año?
- Sí, va a crecer más de un 10 o 12%. La producción de Veladero, Gualcamayo y Casposo va a aumentar y las caleras están trabajando al 100%. En este momento, la inversión en exploración en la provincia ha superado la inversión que teníamos en 2013.
- ¿La actividad escapa a la crisis?
- No escapa a la crisis, está en un amesetamiento y un crecimiento paulatino. No se ha detenido la actividad, más allá de la coyuntura por Lama. El resto de los proyectos que están en funcionamiento han seguido trabajando.
- ¿Qué le dicen los potenciales inversores acerca de las condiciones económicas del país?
- Yo les he dicho que hay gente que quiere venir a invertir y no me han hablado de objeciones en ese sentido. Sin dudas hemos escuchado temas relacionados a lo macroeconómico, pero son contingencias y creo que no afectan de manera significativa a la inversión que pueda llegar.
- ¿Pero Vale no se fue porque no le garantizaban poder sacar dólares del país?
- Hay una legislación en la que las empresas mineras tienen una exención. De hecho, están sacando, no digo todo, pero sí en cuotas. Tampoco es tan cierto esto de que no pueden remitir las ganancias al exterior.
- ¿No le parece que desde el Estado nacional se deberían garantizar las reglas de juego por mucho tiempo?
- Creo que la ley de inversiones mineras está funcionando. En lo que coincido es que en estas inversiones a largo plazo y riesgosas, deben haber reglas claras. San Juan está bien visto a nivel nacional y mundial porque hay una política donde se han generado reglas estables.
- ¿Cree que sería posible una minería mixta, que el Estado tenga su empresa y se asocie a capitales privados?
- En la provincia existe el IPEEM, que es el dueño de Veladero. La provincia recibe beneficios por el yacimiento y el IPEEM está controlando. Creo que hay que ir a lo mejor un paso más allá, pero va a depender de las condiciones que vaya teniendo la actividad.
- Yo le hablo de montar una empresa estatal...
- Lo que digo es que la provincia tiene una serie de derechos mineros, que puede asociarse y participar con condiciones más ventajosas con empresas que quieran venir a invertir.
- ¿Tiene espalda la provincia?
- Lo que tiene son los recursos y esos recursos hay que hacerlos valer.
- ¿Hay un plan en ese sentido?
- Hay un proyecto, sí. Lo estamos evaluando con el gobernador.
- ¿En qué consiste?
- Hacer una empresa provincial de exploraciones y explotaciones mineras. Sería llamar o invitar a empresas a trabajar conjuntamente en los proyectos donde la provincia tiene los derechos.
- ¿Y cuál sería el porcentaje de participación de la provincia en esos proyectos?
- Va a depender del tipo de yacimiento que sea. La condición de las negociaciones va a tener que ver con el yacimiento.
- ¿Cuándo quiere tener lista la empresa?
- Es una idea que estamos conversando, es un proyecto que tenemos a futuro.
- ¿Qué le aconsejaría a Gioja, tiene que ser candidato de nuevo o no?
- Muchos consejos no le puedo dar. Él ha llegado donde está por su conocimiento y su forma de practicar la política. Yo no veo que está absolutamente entero.
- ¿Lo ve tomando mate en la casa?
- No, Gioja es un animal político. Lo veo con ganas de seguir en política.
- ¿Sería ministro de otro peronista?
- Hay ciclos que se van cumpliendo. Creo que terminado este ciclo, uno tiene que dar un paso al costado porque hay que buscar gente con nuevas ideas, con otra formación y con otra visión.
- ¿Y si Gioja sigue y lo invita?
- Tendremos que pensarlo. Considero que el si el gobernador lo pide, es un compromiso personal con él.
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Fecha de Publicación: 04/11/2014
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: San Juan
Estimó que en los próximos meses se expedirá la Corte chilena por Pascua Lama y aseguró que una firma china le confirmó las ganas de entrar el proyecto.
Es uno de los pocos integrantes del Gabinete que está desde 2003 y dice que no sería ministro de otro peronista. Felipe Saavedra, el titular de la cartera de Minería, pasó ayer por el programa A todo o nada, de Radio Sarmiento, y se mostró optimista en que el año que viene se pueda retomar la construcción de Pascua Lama, el emprendimiento que hoy quita el sueño. Por otra parte, habló del nuevo mecanismo de extracción de metales sin el uso de cianuro y aseguró que las contingencias económicas y políticas a nivel nacional no atentan contra la llegada de inversiones.
- ¿Cómo es esto de extraer oro sin el uso de cianuro?
- Son nuevas tecnologías que se desarrollan en diferentes partes del mundo. Se hace una tostación del mineral, luego se agrega cloro, lavandina y cloruro de sodio, se hace un proceso con ácido sulfúrico y se separa el oro y los metales por una precipitación selectiva, todo en un circuito cerrado. Algunas de las novedades es que se hace a temperatura ambiente, consume menos energía y es mucho más amigable con el medio ambiente.
- ¿Sería aplicable a grandes emprendimientos, como Veladero y Pascual-Lama?
- Yo diría que tendría que testearse un poco más, porque en estos momentos la planta que tiene la empresa que va a venir a invertir a San Juan es para 500 toneladas por día, con lo cual está muy lejos del volumen de tratamiento en Veladero y Gualcamayo. Hay que ir aumentando la escala de producción y mirando cómo funciona la tecnología.
- Siendo más amigable con el medio ambiente, ¿el Gobierno podría llegar a plantearle a las empresas que lo usen?
- Dentro de los futuros emprendimientos, vamos a tener que evaluar una alternativa u otra. Sin dudas que va a ser así, porque tiene que ver con la idea del Gobierno de que sea una minería ambiental y socialmente sustentable.
- ¿Tienen alguna estimación de cuándo podría resolver la Corte de Justicia chilena si Pascual Lama puede continuar o no?
- Ya se han citado a las partes y hubo reuniones. En función de los pasos procesales que se han hecho, sobre fin de año o principios del año que viene creemos que podría haber una resolución.
- ¿Sabe algo del interés que hay en China por participar de Pascua Lama?
- En China me reuní con empresas de ese país y me han dicho que están interesadas en invertir en el país y, particularmente, en San Juan. Uno de los proyectos que me dijeron que les interesa es Pascua Lama. Seguramente en los próximos meses vamos a tener visitas de estas empresas.
- ¿Sería para asociarse con Barrick en Pascua Lama?
- Nos han confirmado que están en conversaciones con Barrick. Es la empresa Sinjin. Sería para entrar como inversores, me lo ha confirmado el CEO de la empresa. Incluso, han visitado el yacimiento en varias oportunidades.
- Si la Corte de Chile autoriza la continuidad, ¿la incorporación de un nuevo inversor permitiría reactivar el emprendimiento en forma inmediata?
- Sería una inmediata reactivación, porque estarían los fondos necesarios para continuar con la construcción. Pero no nos olvidemos que hay que terminar algunos trabajos que le impusieron a Barrick del lado chileno. Somos optimistas en que, si se cumplen todas estas hipótesis, el año que viene esté comenzando nuevamente la construcción.
- ¿Los obreros que estuvieron en Pascua Lama van a tener alguna prioridad?
- Las prioridades van a ser de la gente que estuvo trabajando. No sólo por una cuestión de experiencia, sino por gestiones que ha hecho el gobernador con la empresa operadora.
- ¿Se mantiene firme la tendencia que dice que la producción minera en San Juan va aumentar este año?
- Sí, va a crecer más de un 10 o 12%. La producción de Veladero, Gualcamayo y Casposo va a aumentar y las caleras están trabajando al 100%. En este momento, la inversión en exploración en la provincia ha superado la inversión que teníamos en 2013.
- ¿La actividad escapa a la crisis?
- No escapa a la crisis, está en un amesetamiento y un crecimiento paulatino. No se ha detenido la actividad, más allá de la coyuntura por Lama. El resto de los proyectos que están en funcionamiento han seguido trabajando.
- ¿Qué le dicen los potenciales inversores acerca de las condiciones económicas del país?
- Yo les he dicho que hay gente que quiere venir a invertir y no me han hablado de objeciones en ese sentido. Sin dudas hemos escuchado temas relacionados a lo macroeconómico, pero son contingencias y creo que no afectan de manera significativa a la inversión que pueda llegar.
- ¿Pero Vale no se fue porque no le garantizaban poder sacar dólares del país?
- Hay una legislación en la que las empresas mineras tienen una exención. De hecho, están sacando, no digo todo, pero sí en cuotas. Tampoco es tan cierto esto de que no pueden remitir las ganancias al exterior.
- ¿No le parece que desde el Estado nacional se deberían garantizar las reglas de juego por mucho tiempo?
- Creo que la ley de inversiones mineras está funcionando. En lo que coincido es que en estas inversiones a largo plazo y riesgosas, deben haber reglas claras. San Juan está bien visto a nivel nacional y mundial porque hay una política donde se han generado reglas estables.
- ¿Cree que sería posible una minería mixta, que el Estado tenga su empresa y se asocie a capitales privados?
- En la provincia existe el IPEEM, que es el dueño de Veladero. La provincia recibe beneficios por el yacimiento y el IPEEM está controlando. Creo que hay que ir a lo mejor un paso más allá, pero va a depender de las condiciones que vaya teniendo la actividad.
- Yo le hablo de montar una empresa estatal...
- Lo que digo es que la provincia tiene una serie de derechos mineros, que puede asociarse y participar con condiciones más ventajosas con empresas que quieran venir a invertir.
- ¿Tiene espalda la provincia?
- Lo que tiene son los recursos y esos recursos hay que hacerlos valer.
- ¿Hay un plan en ese sentido?
- Hay un proyecto, sí. Lo estamos evaluando con el gobernador.
- ¿En qué consiste?
- Hacer una empresa provincial de exploraciones y explotaciones mineras. Sería llamar o invitar a empresas a trabajar conjuntamente en los proyectos donde la provincia tiene los derechos.
- ¿Y cuál sería el porcentaje de participación de la provincia en esos proyectos?
- Va a depender del tipo de yacimiento que sea. La condición de las negociaciones va a tener que ver con el yacimiento.
- ¿Cuándo quiere tener lista la empresa?
- Es una idea que estamos conversando, es un proyecto que tenemos a futuro.
- ¿Qué le aconsejaría a Gioja, tiene que ser candidato de nuevo o no?
- Muchos consejos no le puedo dar. Él ha llegado donde está por su conocimiento y su forma de practicar la política. Yo no veo que está absolutamente entero.
- ¿Lo ve tomando mate en la casa?
- No, Gioja es un animal político. Lo veo con ganas de seguir en política.
- ¿Sería ministro de otro peronista?
- Hay ciclos que se van cumpliendo. Creo que terminado este ciclo, uno tiene que dar un paso al costado porque hay que buscar gente con nuevas ideas, con otra formación y con otra visión.
- ¿Y si Gioja sigue y lo invita?
- Tendremos que pensarlo. Considero que el si el gobernador lo pide, es un compromiso personal con él.
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Los maestros fumigados estuvieron en el Congreso
Escuelas fumigadas
Fecha de Publicación: 03/11/2014
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
“En este mismo momento hay un niño en una escuela que está siendo fumigado con veneno”, denunció Jorge Bevacqua, entrerriano de la Asamblea Ambiental de Concepción del Uruguay. Sucedió en la primera audiencia pública en el Congreso Nacional sobre escuelas fumigadas con agrotóxicos. Se escuchó una veintena de relatos de trabajadores de la educación y detalles sobre alumnos y maestros afectados por químicos. Reclamaron un mínimo de 1000 metros de distancia entre las fumigaciones y las escuelas, cuestionaron el modelo agropecuario y denunciaron la “inacción” del Ministerio de Educación de la Nación.
El Anexo del Congreso Nacional lucía atípico. Banderas de “Monsanto fuera de América latina”, “Paren de fumigarnos”, eran algunas de las banderas que sobresalían en el tercer piso. “Estamos hablando de 700 mil niños en riesgo por fumigaciones. En la última campaña se usaron 317 millones de litros de productos tóxicos”, abrió la audiencia el diputado Antonio Riestra (bloque Unidad Popular) y lamentó la ausencia de los ministerios de Agricultura, Ciencia y Salud.
Leandro García Silva, de la Defensoría del Pueblo de la Nación, recordó que el organismo acaba de publicar un documento que solicita la reclasificación de los agroquímicos y que se tenga en cuenta los efectos crónicos, la necesidad de tomar medidas precautorias y avanzar en un modo de producción sin químicos.
Elisa Lofler, docente de Coronel Suárez, recientemente jubilada, en 2011 conoció los agroquímicos de la peor manera: fumigada, con los chicos en clase. Mostró fotos de los tractores a metros de niños de guardapolvo blanco. “Los nenes gritaban y nos encerramos en el aula”, recordó. Las denuncias nunca prosperaron. En 2012 enfermó. Los análisis confirmaron que tiene endosulfán en sangre. “No se respetan los derechos y la dignidad de los chicos”, lamentó.
Leonardo Moreno, docente de Luján, detalló que los fumigaron cuando estaban en clase. Explicó que denunciaron ante el Poder Judicial, pero que el fiscal archivó la causa. El municipio ni los atendió. Ofelia Montañana, docente rural de Concepción del Uruguay denunció ante la Ufima (Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental) fumigaciones sobre los alumnos en 2012. Recién en agosto de 2014 los llamaron para tomar testimonio. “No estamos en contra del trabajo de nadie, sí por la salud de los niños”, aclaró.
La única voz oficial fue Olga Zattera, coordinadora del Area de Educación Rural de Nación. Precisó que en Argentina existen 10.200 escuelas rurales, el 55 por ciento del total de los establecimientos, y representan el 13 por ciento de la matrícula. Precisó que existe una “mesa federal” de educación rural, trabajan para “superar el aislamiento” de las escuelas, difunden información, realizan encuentros, confeccionan un banco de datos y, precisó, trabajan con el documento del Senasa (Servicio Nacional de Sanidad).
Marta Verniau, escuela 24 del departamento de Concepción del Uruguay (Entre Ríos) lamentó no tener apoyo de sus superiores cuando denunció las fumigaciones con agrotóxicos sobre los niños. “Tengo cuatro hijos y seis nietos. Me duele ver a los gurises intoxicados. Mientras discutimos si 100 metros o 500 metros, los niños enferman y mueren por este modelo”, lamentó.
La audiencia se realizó el 28 de octubre, la sala estaba repleta (más de 150 personas de organizaciones sociales y escuelas) y fue convocada por el bloque de Unidad Popular (UP), Antonio Riestra, Víctor De Gennaro y Claudio Lozano. También estuvo presente Pablo López, del Frente de Izquierda.
Jorge Bevacqua, de la Campaña Paren de Fumigar Escuelas y de la Asamblea Ambiental de Concepción del Uruguay, fue uno de los gestores de instalar carteles blancos de “no fumigar” en escuelas entrerrianas e informar para que no se fumigue. Le habló directo a la funcionaria nacional. “Si nosotros que somos pocos pudimos, ¿cómo no va poder el Ministerio de Educación?”. Miryam Gorban, nutricionista de la Cátedra de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Medicina de la UBA, explicó que los transgénicos afectan a todos mediante los alimentos.
El diputado Víctor De Gennaro (UP) propuso un proyecto de ley para prohibir las aspersiones a 1000 metros de las escuelas y una ley de soberanía alimentaria. Y reconoció las limitaciones: “Hay muchos legisladores que votan las leyes de negocio y muerte, y rechazan los proyectos de solidaridad y vida como los que estamos presentando”.
Marta Maffei, ex legisladora e histórica referente de Ctera, cuestionó que el Ministerio de Educación tome como referencia el manual del Senasa. “Fue escrito por las empresas”, denunció y puntualizó la violación de la Ley de Educación: “No se cumple el artículo 89 de educación ambiental, el 126 que obliga a proteger a los alumnos de cualquier agresión y tampoco se cumple la obligación de escuelas seguras porque están siendo inundadas de veneno. El responsable es el Ministerio de Educación”.
Coronel Suárez (suroeste bonaerense) es el único lugar del país en el que se realizó un estudio oficial sobre escuelas fumigadas. La Dirección de Medio Ambiente local realizó un detallado informe que revela que existen 41 establecimientos afectados. Por esas denuncias, echaron al funcionario (Emanuel Garrido) que realizó el estudio.
“Más del 90 por ciento de los establecimientos educativos se encuentra expuesto a las derivas y otros tipos de contaminación devenidos de las aplicaciones de agrotóxicos”, señala y confirma la presencia de alumnos con “afecciones respiratorias”, adormecimiento en los labios, cefaleas, irritabilidad en la vista. Realizó recomendaciones a las autoridades municipales y provinciales: “Proteger de forma inmediata” a la comunidad educativa rural y fijar una franja de 2000 metros.
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Fecha de Publicación: 03/11/2014
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
“En este mismo momento hay un niño en una escuela que está siendo fumigado con veneno”, denunció Jorge Bevacqua, entrerriano de la Asamblea Ambiental de Concepción del Uruguay. Sucedió en la primera audiencia pública en el Congreso Nacional sobre escuelas fumigadas con agrotóxicos. Se escuchó una veintena de relatos de trabajadores de la educación y detalles sobre alumnos y maestros afectados por químicos. Reclamaron un mínimo de 1000 metros de distancia entre las fumigaciones y las escuelas, cuestionaron el modelo agropecuario y denunciaron la “inacción” del Ministerio de Educación de la Nación.
El Anexo del Congreso Nacional lucía atípico. Banderas de “Monsanto fuera de América latina”, “Paren de fumigarnos”, eran algunas de las banderas que sobresalían en el tercer piso. “Estamos hablando de 700 mil niños en riesgo por fumigaciones. En la última campaña se usaron 317 millones de litros de productos tóxicos”, abrió la audiencia el diputado Antonio Riestra (bloque Unidad Popular) y lamentó la ausencia de los ministerios de Agricultura, Ciencia y Salud.
Leandro García Silva, de la Defensoría del Pueblo de la Nación, recordó que el organismo acaba de publicar un documento que solicita la reclasificación de los agroquímicos y que se tenga en cuenta los efectos crónicos, la necesidad de tomar medidas precautorias y avanzar en un modo de producción sin químicos.
Elisa Lofler, docente de Coronel Suárez, recientemente jubilada, en 2011 conoció los agroquímicos de la peor manera: fumigada, con los chicos en clase. Mostró fotos de los tractores a metros de niños de guardapolvo blanco. “Los nenes gritaban y nos encerramos en el aula”, recordó. Las denuncias nunca prosperaron. En 2012 enfermó. Los análisis confirmaron que tiene endosulfán en sangre. “No se respetan los derechos y la dignidad de los chicos”, lamentó.
Leonardo Moreno, docente de Luján, detalló que los fumigaron cuando estaban en clase. Explicó que denunciaron ante el Poder Judicial, pero que el fiscal archivó la causa. El municipio ni los atendió. Ofelia Montañana, docente rural de Concepción del Uruguay denunció ante la Ufima (Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental) fumigaciones sobre los alumnos en 2012. Recién en agosto de 2014 los llamaron para tomar testimonio. “No estamos en contra del trabajo de nadie, sí por la salud de los niños”, aclaró.
La única voz oficial fue Olga Zattera, coordinadora del Area de Educación Rural de Nación. Precisó que en Argentina existen 10.200 escuelas rurales, el 55 por ciento del total de los establecimientos, y representan el 13 por ciento de la matrícula. Precisó que existe una “mesa federal” de educación rural, trabajan para “superar el aislamiento” de las escuelas, difunden información, realizan encuentros, confeccionan un banco de datos y, precisó, trabajan con el documento del Senasa (Servicio Nacional de Sanidad).
Marta Verniau, escuela 24 del departamento de Concepción del Uruguay (Entre Ríos) lamentó no tener apoyo de sus superiores cuando denunció las fumigaciones con agrotóxicos sobre los niños. “Tengo cuatro hijos y seis nietos. Me duele ver a los gurises intoxicados. Mientras discutimos si 100 metros o 500 metros, los niños enferman y mueren por este modelo”, lamentó.
La audiencia se realizó el 28 de octubre, la sala estaba repleta (más de 150 personas de organizaciones sociales y escuelas) y fue convocada por el bloque de Unidad Popular (UP), Antonio Riestra, Víctor De Gennaro y Claudio Lozano. También estuvo presente Pablo López, del Frente de Izquierda.
Jorge Bevacqua, de la Campaña Paren de Fumigar Escuelas y de la Asamblea Ambiental de Concepción del Uruguay, fue uno de los gestores de instalar carteles blancos de “no fumigar” en escuelas entrerrianas e informar para que no se fumigue. Le habló directo a la funcionaria nacional. “Si nosotros que somos pocos pudimos, ¿cómo no va poder el Ministerio de Educación?”. Miryam Gorban, nutricionista de la Cátedra de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Medicina de la UBA, explicó que los transgénicos afectan a todos mediante los alimentos.
El diputado Víctor De Gennaro (UP) propuso un proyecto de ley para prohibir las aspersiones a 1000 metros de las escuelas y una ley de soberanía alimentaria. Y reconoció las limitaciones: “Hay muchos legisladores que votan las leyes de negocio y muerte, y rechazan los proyectos de solidaridad y vida como los que estamos presentando”.
Marta Maffei, ex legisladora e histórica referente de Ctera, cuestionó que el Ministerio de Educación tome como referencia el manual del Senasa. “Fue escrito por las empresas”, denunció y puntualizó la violación de la Ley de Educación: “No se cumple el artículo 89 de educación ambiental, el 126 que obliga a proteger a los alumnos de cualquier agresión y tampoco se cumple la obligación de escuelas seguras porque están siendo inundadas de veneno. El responsable es el Ministerio de Educación”.
Coronel Suárez (suroeste bonaerense) es el único lugar del país en el que se realizó un estudio oficial sobre escuelas fumigadas. La Dirección de Medio Ambiente local realizó un detallado informe que revela que existen 41 establecimientos afectados. Por esas denuncias, echaron al funcionario (Emanuel Garrido) que realizó el estudio.
“Más del 90 por ciento de los establecimientos educativos se encuentra expuesto a las derivas y otros tipos de contaminación devenidos de las aplicaciones de agrotóxicos”, señala y confirma la presencia de alumnos con “afecciones respiratorias”, adormecimiento en los labios, cefaleas, irritabilidad en la vista. Realizó recomendaciones a las autoridades municipales y provinciales: “Proteger de forma inmediata” a la comunidad educativa rural y fijar una franja de 2000 metros.
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Lo ambiental relegado nuevamente en el presupuesto
Presupuesto 2015: sólo el 0,3% se destinará a temas vinculados con ecología y medio ambiente
Fecha de Publicación: 03/11/2014
Fuente: FARN
Provincia/Región: Nacional
A continuación compartimos algunos puntos destacados vinculados con el Presupuesto 2015 aprobado en el Congreso Nacional y la relevancia de la temática ambiental en dicho presupuesto. Para acceder al informe completo hace clic aquí:
- El 90% de los servicios económicos del presupuesto se destinarán a servicios de energía, combustibles y minería y transporte, mientras que el 10% restante se distribuirá entre comunicaciones; ecología y medio ambiente (0,3%); agricultura; industria; comercio, turismo y otros servicios y seguros y finanzas.
- Para el año 2015, en cuanto a energías renovables sólo se mencionan en el Presupuesto programas de eficiencia energética y el ya conocido PERMER, totalizando $ 237 millones, junto con el Fondo para la Energía Eólica por $ 3,7 millones (que representa un 1,5% de los fondos compatibles con el cambio climático). Por su parte, la partida presupuestaria vinculada a la formulación y ejecución de la política de energía eléctrica alcanza un total de $ 78.735 millones.
- Para los bosques nativos el monto asignado asciende a $ 248 millones, el cual es el 5% de lo que le corresponde de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 26.331 de protección de Bosques Nativos, situación que se viene repitiendo desde la sanción de la norma, hace 6 años.
- Respecto a la Cuenca Matanza Riachuelo, mencionada como uno de los principales hitos en la función de Ecología y Medio Ambiente, el monto asignado es un 14% mayor al 2014, el cual resulta acorde para cubrir el 15,6% de inflación anual estimada en el proyecto de presupuesto (cubierto en un 80% con fondos internacionales).
- En lo que hace a la Protección de Glaciares, el presupuesto 2015 no contiene ninguna partida destinada a solventar la realización del inventario de Glaciares, que resulta fundamental para el cumplimiento de los dispuesto por la Ley N° 26.639, situación que se repite desde el momento de su sanción en el año 2010.
En síntesis, el análisis del presupuesto fiscal recientemente aprobado por el Congreso Nacional para el año 2015 nos demuestra que en materia ambiental, una vez más, se promueven políticas de corto plazo y con un alto impacto ambiental, en detrimento de una estrategia de sustentabilidad que permita un desarrollo equilibrado y sustentable.
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Fecha de Publicación: 03/11/2014
Fuente: FARN
Provincia/Región: Nacional
A continuación compartimos algunos puntos destacados vinculados con el Presupuesto 2015 aprobado en el Congreso Nacional y la relevancia de la temática ambiental en dicho presupuesto. Para acceder al informe completo hace clic aquí:
- El 90% de los servicios económicos del presupuesto se destinarán a servicios de energía, combustibles y minería y transporte, mientras que el 10% restante se distribuirá entre comunicaciones; ecología y medio ambiente (0,3%); agricultura; industria; comercio, turismo y otros servicios y seguros y finanzas.
- Para el año 2015, en cuanto a energías renovables sólo se mencionan en el Presupuesto programas de eficiencia energética y el ya conocido PERMER, totalizando $ 237 millones, junto con el Fondo para la Energía Eólica por $ 3,7 millones (que representa un 1,5% de los fondos compatibles con el cambio climático). Por su parte, la partida presupuestaria vinculada a la formulación y ejecución de la política de energía eléctrica alcanza un total de $ 78.735 millones.
- Para los bosques nativos el monto asignado asciende a $ 248 millones, el cual es el 5% de lo que le corresponde de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 26.331 de protección de Bosques Nativos, situación que se viene repitiendo desde la sanción de la norma, hace 6 años.
- Respecto a la Cuenca Matanza Riachuelo, mencionada como uno de los principales hitos en la función de Ecología y Medio Ambiente, el monto asignado es un 14% mayor al 2014, el cual resulta acorde para cubrir el 15,6% de inflación anual estimada en el proyecto de presupuesto (cubierto en un 80% con fondos internacionales).
- En lo que hace a la Protección de Glaciares, el presupuesto 2015 no contiene ninguna partida destinada a solventar la realización del inventario de Glaciares, que resulta fundamental para el cumplimiento de los dispuesto por la Ley N° 26.639, situación que se repite desde el momento de su sanción en el año 2010.
En síntesis, el análisis del presupuesto fiscal recientemente aprobado por el Congreso Nacional para el año 2015 nos demuestra que en materia ambiental, una vez más, se promueven políticas de corto plazo y con un alto impacto ambiental, en detrimento de una estrategia de sustentabilidad que permita un desarrollo equilibrado y sustentable.
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Record de ballenas francas en Chubut
Ambientalistas registraron más de 700 ballenas en Chubut, el número más alto de los últimos 40 años
Fecha de Publicación: 03/11/2014
Fuente: Telam
Provincia/Región: Chubut
El Instituto de Conservación de Ballenas (ICB) registró 757 ejemplares en la chubutense Península Valdés, el número más alto de los últimos 44 años, cuando comenzó con sus avistajes aéreos como parte de un estudio de fotoidentificación que permite considerar variables de protección para estos mamíferos cetáceos ,y lanzó una campaña de concientización protagonizada por actores.
En dos vuelos realizados el 12 y 13 de septiembre "contamos 757 ballenas, lo que representa el número más alto jamás registrado por la organización durante los vuelos desde sus inicios en 1971", dijo el biólogo Mariano Sironi, director científico del ICB.
El especialista detalló que "había más presencia de ballenas, en particular lejos de las costas y cerca del centro de los golfos y también hacia el norte de la península". Y detalló que tomaron 7.200 fotografías que serán luego identificadas en laboratorio "para agregar nuevos registros" al catálogo de la entidad, "que contiene cerca de 3.000 ballenas conocidas”.
El ICB impulsa estrategias para proteger a las ballenas francas que "mueren cada año enredadas en sogas y redes, y por colisiones con grandes barcos", detalló la organización.
Agregó que en Península Valdés estos cetáceos tienen menor número de crías que lo esperado en los años siguientes a temporadas de alimentación con baja abundancia de krill en las islas Georgias del Sur, cuando las temperaturas del agua son más altas de lo normal".
El Instituto también informó que las gaviotas cocineras de Península Valdés han aprendido a alimentarse de la piel de las ballenas francas vivas, lo que hace que "éstas cambien su comportamiento a causa de los picotazos que les generan lesiones y provocan que aumente el tiempo que pasan en actividades que requieren mayor gasto de energía".
Si bien las ballenas francas están protegidas de la cacería comercial desde 1935, países balleneros "como Japón, Noruega e Islandia continúan cazando otras especies, desafiando la prohibición bajo supuestos fines científicos. No hay argumento científico que pueda avalar estas matanzas en el siglo XXI", enfatizó la ONG proteccionista.
Por eso, el ICB está realizando la campaña “Ola de Ballenas” para recaudar fondos destinados a su programa científico de monitoreo del estado y salud de estos animales y para promover acciones para su conservación y la de su hábitat. De la campaña, que puede verse en este link http://www.icb.org.ar/oladeballenas/ , participan actores argentinos que colaboran con el ICB.
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Fecha de Publicación: 03/11/2014
Fuente: Telam
Provincia/Región: Chubut
El Instituto de Conservación de Ballenas (ICB) registró 757 ejemplares en la chubutense Península Valdés, el número más alto de los últimos 44 años, cuando comenzó con sus avistajes aéreos como parte de un estudio de fotoidentificación que permite considerar variables de protección para estos mamíferos cetáceos ,y lanzó una campaña de concientización protagonizada por actores.
En dos vuelos realizados el 12 y 13 de septiembre "contamos 757 ballenas, lo que representa el número más alto jamás registrado por la organización durante los vuelos desde sus inicios en 1971", dijo el biólogo Mariano Sironi, director científico del ICB.
El especialista detalló que "había más presencia de ballenas, en particular lejos de las costas y cerca del centro de los golfos y también hacia el norte de la península". Y detalló que tomaron 7.200 fotografías que serán luego identificadas en laboratorio "para agregar nuevos registros" al catálogo de la entidad, "que contiene cerca de 3.000 ballenas conocidas”.
El ICB impulsa estrategias para proteger a las ballenas francas que "mueren cada año enredadas en sogas y redes, y por colisiones con grandes barcos", detalló la organización.
Agregó que en Península Valdés estos cetáceos tienen menor número de crías que lo esperado en los años siguientes a temporadas de alimentación con baja abundancia de krill en las islas Georgias del Sur, cuando las temperaturas del agua son más altas de lo normal".
El Instituto también informó que las gaviotas cocineras de Península Valdés han aprendido a alimentarse de la piel de las ballenas francas vivas, lo que hace que "éstas cambien su comportamiento a causa de los picotazos que les generan lesiones y provocan que aumente el tiempo que pasan en actividades que requieren mayor gasto de energía".
Si bien las ballenas francas están protegidas de la cacería comercial desde 1935, países balleneros "como Japón, Noruega e Islandia continúan cazando otras especies, desafiando la prohibición bajo supuestos fines científicos. No hay argumento científico que pueda avalar estas matanzas en el siglo XXI", enfatizó la ONG proteccionista.
Por eso, el ICB está realizando la campaña “Ola de Ballenas” para recaudar fondos destinados a su programa científico de monitoreo del estado y salud de estos animales y para promover acciones para su conservación y la de su hábitat. De la campaña, que puede verse en este link http://www.icb.org.ar/oladeballenas/ , participan actores argentinos que colaboran con el ICB.
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Jujuy: justicia frena explotación petrolera en PN Calilegua
Fallo de la justicia freno las explotaciones petroleras en el Parque Nacional Calilegua
Fecha de Publicación: 02/11/2014
Fuente: Jujuy al Día
Provincia/Región: Jujuy
Un fallo de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta puso un freno o por lo menos retrasó las aspiraciones del gobierno jujeño de realizar explotaciones petroleras en el Parque Nacional Calilegua en sociedad con una empresa china. Quedó en claro que se trata de un área protegida: el desarrollo de cualquier explotación minera y de hidrocarburos está prohibido.
En la sentencia, reproducida por el diario Clarín, el cuerpo revocó la decisión del juez federal de Jujuy, Wenceslao Cardozo, quien había rechazado la procedencia de una acción de amparo ambiental por la explotación ilegal de hidrocarburos en el parque, presentada por el diputado nacional Mario Fiad y los provinciales Pablo Baca y Manuela Cabello, todos de la UCR, y la Fundación Pámpanos.
A fines de 2013, los legisladores promovieron una acción de amparo en contra de los gobiernos nacional y provincial a fin de hacer cesar de inmediato la explotación hidrocarburífera en el Parque Nacional Calilegua, al señalar que esa actividad era ilegal por tratarse de un área protegida. En esa acción, solicitaron que se disponga la remediación de los pasivos ambientales existentes, el cierre y remediación de los pozos petroleros existentes en el mismo parque y en particular, el cierre, con carácter de urgente, del Pozo Caimancito E-3, pasivo ambiental que contamina los arroyos Yuto y Sauzalito. Al mismo tiempo expresaron su temor en el sentido de que los vecinos de Caimancito y áreas cercanas pudieran estar consumiendo agua contaminada.
Este grupo ambientalista y trabajadores del parque vienen reclamando desde hace tiempo al gobierno provincial el cierre definitivo del Yacimiento Caimancito. Proponen la ejecución de un programa progresivo y planificado de cese de las actividades petroleras, el correcto sellado de los pozos y recomposición de los demás pasivos ambientales.
El área natural donde se emplaza el Yacimiento Petrolero Caimancito, ubicado en la jurisdicción y dominio del Parque Nacional Calilegua, constituye un área prioritaria de conservación, ya que abarca uno de los pocos sectores de selva pedemontana, unidad ambiental de elevada sensibilidad, singularidad y alto valor de conservación, representada en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Al igual que el sector contiguo conocido como Yuto – Sauzalito, propiedad del ingenio azucarero Ledesma, forma el corredor ambiental de mayor importancia del noroeste, imprescindible en términos de conectividad biológica por constituir el último nexo funcional entre los sectores norte y centro de las yungas argentinas y por su rol en la conectividad con el ambiente chaqueño.
Los Jujeños Autoconvocados por el Medio Ambiente iniciaron una campaña de recolección de firmas de un petitorio que presentarán la semana que viene al gobernador Eduardo Fellner para que “cumpla los deberes de funcionario público adopte las medidas, arbitre los medios y gestiones necesarias para lograr el inmediato cese de las fuentes de contaminación y la correspondiente reversión y remediación de los pasivos ambientales ya existentes”. De esta manera aspiran a que quede en la nada el proyecto de explotación del Yacimiento Caimancito.
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Fecha de Publicación: 02/11/2014
Fuente: Jujuy al Día
Provincia/Región: Jujuy
Un fallo de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta puso un freno o por lo menos retrasó las aspiraciones del gobierno jujeño de realizar explotaciones petroleras en el Parque Nacional Calilegua en sociedad con una empresa china. Quedó en claro que se trata de un área protegida: el desarrollo de cualquier explotación minera y de hidrocarburos está prohibido.
En la sentencia, reproducida por el diario Clarín, el cuerpo revocó la decisión del juez federal de Jujuy, Wenceslao Cardozo, quien había rechazado la procedencia de una acción de amparo ambiental por la explotación ilegal de hidrocarburos en el parque, presentada por el diputado nacional Mario Fiad y los provinciales Pablo Baca y Manuela Cabello, todos de la UCR, y la Fundación Pámpanos.
A fines de 2013, los legisladores promovieron una acción de amparo en contra de los gobiernos nacional y provincial a fin de hacer cesar de inmediato la explotación hidrocarburífera en el Parque Nacional Calilegua, al señalar que esa actividad era ilegal por tratarse de un área protegida. En esa acción, solicitaron que se disponga la remediación de los pasivos ambientales existentes, el cierre y remediación de los pozos petroleros existentes en el mismo parque y en particular, el cierre, con carácter de urgente, del Pozo Caimancito E-3, pasivo ambiental que contamina los arroyos Yuto y Sauzalito. Al mismo tiempo expresaron su temor en el sentido de que los vecinos de Caimancito y áreas cercanas pudieran estar consumiendo agua contaminada.
Este grupo ambientalista y trabajadores del parque vienen reclamando desde hace tiempo al gobierno provincial el cierre definitivo del Yacimiento Caimancito. Proponen la ejecución de un programa progresivo y planificado de cese de las actividades petroleras, el correcto sellado de los pozos y recomposición de los demás pasivos ambientales.
El área natural donde se emplaza el Yacimiento Petrolero Caimancito, ubicado en la jurisdicción y dominio del Parque Nacional Calilegua, constituye un área prioritaria de conservación, ya que abarca uno de los pocos sectores de selva pedemontana, unidad ambiental de elevada sensibilidad, singularidad y alto valor de conservación, representada en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Al igual que el sector contiguo conocido como Yuto – Sauzalito, propiedad del ingenio azucarero Ledesma, forma el corredor ambiental de mayor importancia del noroeste, imprescindible en términos de conectividad biológica por constituir el último nexo funcional entre los sectores norte y centro de las yungas argentinas y por su rol en la conectividad con el ambiente chaqueño.
Los Jujeños Autoconvocados por el Medio Ambiente iniciaron una campaña de recolección de firmas de un petitorio que presentarán la semana que viene al gobernador Eduardo Fellner para que “cumpla los deberes de funcionario público adopte las medidas, arbitre los medios y gestiones necesarias para lograr el inmediato cese de las fuentes de contaminación y la correspondiente reversión y remediación de los pasivos ambientales ya existentes”. De esta manera aspiran a que quede en la nada el proyecto de explotación del Yacimiento Caimancito.
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Ley de agroquímicos de Entre Ríos, lejos del pueblo
Está lejos el acuerdo por la nueva ley de agroquímicos
Fecha de Publicación: 02/11/2014
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Entre Ríos
El Foro Ecologista de Paraná cuestionó a los senadores Cresto y Arletaz por impulsar una ley hecha con consulta con los sectores que no quieren los controles en el uso de los agrotóxicos
El bioquímico Daniel Verzeñassi, integrante del Foro Ecologista de Paraná, sostuvo ayer que la nueva ley de regulación del uso de agroquímicos que impulsan los senadores Enrique Cresto y Oscar Arletaz fue redactada por legisladores “que están más cerca de los fumigadores que de los fumigados”, y que esa norma fue elaborada en consulta con el “staff de regular para no regular”.
El dirigente ambientalista marcó de esta manera que está lejos de alcanzarse el consenso respecto de la mencionada normativa, y respaldó los dichos del exdiputado oficialista Héctor De La Fuente, quien tuvo un cruce de opiniones con los autores del proyecto.
“Creemos que hay legisladores que tienen una sensibilidad diferente que otros respecto al tema de la salud y esto queda reflejado en cada una de sus acciones de gobierno”, afirmó Verzeñassi. Tras señalar que se intenta reemplazar a la vigente la Ley Nº 6.599, criticó que para confeccionar el proyecto “se efectuó una suerte de cabildeo hace algunos años para recorrer opiniones y miradas donde el actual vocal del Consejo General de Educación (CGE) Héctor de la Fuente, había presentado un proyecto de prohibición de fumigaciones aéreas con consideraciones que marcaban la imposibilidad de controlar las derivas”, y agregó: “Cuando recientemente se decide reemplazar la normativa actual, uno de los antecedentes que hubieran tenido que consultar son los procesos anteriores, pero sin embargo fueron tirados a un cajón del olvido”.
Tras esto señaló: “A los propiciadores del proyecto que hoy anda dando vueltas, que son Arletazz y Cresto, hay que pedirles la nómina de los que fueron consultados en esta oportunidad para fijar pautas y cuántas reuniones hubo, porque quienes integramos el Foro Ecologista para poder hacernos escuchar tuvimos que pedir una audiencia” recordó.
“Y el día que fuimos a exponer con material audiovisual, escrito y científico sobre la situación real del uso de agroquímicos verificados con casuística hicieron el grotesco de juntarnos con la Cámara Argentina de Aeroaplicadores”.
El especialista se quejó de la “desidia” de los legisladores. “Se fija para un tema netamente sanitario -que implica pensar en la salud de la población- que el órgano de aplicación sea la Secretaría de la Producción ya que quienes fueron consultados por este grupo son la Cámara de Aeroaplicadores, la Cámara Argentina de Venta de Agroquímicos, la Sociedad Rural e incluso la Federación Agraria que son el staff de regular para no regular”, por lo cual enseguida consideró: “Si uno mira estos aspectos uno defectivamente, como dijo el vocal De la Fuente, debe creer que hay legisladores que están más cerca de los fumigadores que de los fumigados”, concluyó.
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Fecha de Publicación: 02/11/2014
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Entre Ríos
El Foro Ecologista de Paraná cuestionó a los senadores Cresto y Arletaz por impulsar una ley hecha con consulta con los sectores que no quieren los controles en el uso de los agrotóxicos
El bioquímico Daniel Verzeñassi, integrante del Foro Ecologista de Paraná, sostuvo ayer que la nueva ley de regulación del uso de agroquímicos que impulsan los senadores Enrique Cresto y Oscar Arletaz fue redactada por legisladores “que están más cerca de los fumigadores que de los fumigados”, y que esa norma fue elaborada en consulta con el “staff de regular para no regular”.
El dirigente ambientalista marcó de esta manera que está lejos de alcanzarse el consenso respecto de la mencionada normativa, y respaldó los dichos del exdiputado oficialista Héctor De La Fuente, quien tuvo un cruce de opiniones con los autores del proyecto.
“Creemos que hay legisladores que tienen una sensibilidad diferente que otros respecto al tema de la salud y esto queda reflejado en cada una de sus acciones de gobierno”, afirmó Verzeñassi. Tras señalar que se intenta reemplazar a la vigente la Ley Nº 6.599, criticó que para confeccionar el proyecto “se efectuó una suerte de cabildeo hace algunos años para recorrer opiniones y miradas donde el actual vocal del Consejo General de Educación (CGE) Héctor de la Fuente, había presentado un proyecto de prohibición de fumigaciones aéreas con consideraciones que marcaban la imposibilidad de controlar las derivas”, y agregó: “Cuando recientemente se decide reemplazar la normativa actual, uno de los antecedentes que hubieran tenido que consultar son los procesos anteriores, pero sin embargo fueron tirados a un cajón del olvido”.
Tras esto señaló: “A los propiciadores del proyecto que hoy anda dando vueltas, que son Arletazz y Cresto, hay que pedirles la nómina de los que fueron consultados en esta oportunidad para fijar pautas y cuántas reuniones hubo, porque quienes integramos el Foro Ecologista para poder hacernos escuchar tuvimos que pedir una audiencia” recordó.
“Y el día que fuimos a exponer con material audiovisual, escrito y científico sobre la situación real del uso de agroquímicos verificados con casuística hicieron el grotesco de juntarnos con la Cámara Argentina de Aeroaplicadores”.
El especialista se quejó de la “desidia” de los legisladores. “Se fija para un tema netamente sanitario -que implica pensar en la salud de la población- que el órgano de aplicación sea la Secretaría de la Producción ya que quienes fueron consultados por este grupo son la Cámara de Aeroaplicadores, la Cámara Argentina de Venta de Agroquímicos, la Sociedad Rural e incluso la Federación Agraria que son el staff de regular para no regular”, por lo cual enseguida consideró: “Si uno mira estos aspectos uno defectivamente, como dijo el vocal De la Fuente, debe creer que hay legisladores que están más cerca de los fumigadores que de los fumigados”, concluyó.
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El NO a las represas recibe un contundente apoyo
“La Consulta Popular puso de manifiesto la creciente demanda de participación ciudadana”
Fecha de Publicación: 01/11/2014
Fuente: Mesa No a las Represas
Provincia/Región: Misiones
Investigador del CONICET y profesor de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Marcelo Saguier, celebró la Consulta Popular sobre Represas y afirmó que en todo caso “lo criticable es que no se faciliten mecanismos de diálogo formalizados” sobre el tema.
Científicas y Técnicas (CONICET). Trabaja en Areas Internacionales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). Es Profesor Titular del Seminario ‘Poder, Relaciones Internacionales y Desarrollo’ del programa de Doctorado de Ciencias Sociales de FLACSO; y del curso de ‘La Política de la Globalización’ de la maestría internacional en Estudios Globales en FLACSO. Sus temas de investigación incluyen: regionalismo en Sudamérica; recursos naturales y conflictos socio-ambientales; movimientos sociales transnacionales; Derechos Humanos y empresas transnacionales; poderes emergentes y orden regional/global.
Días atrás, Saguier arribó a la provincia de Misiones para participar de la Consulta Popular sobre Represas, actividad ciudadana que se realizó en esta provincia entre el 20 y el 26 de octubre.
“Trabajo en proyectos que tiene relación con la temática de los recursos naturales, conflictos en torno a esos recursos y la dimensión de la política internacional de esos conflictos. Me trae un interés personal y profesional porque en este momento estoy trabajando en proyecto de investigación sobre las políticas de Brasil en cuanto a la integración en Sudamérica, entonces el caso puntual de Garabí y Panambí es especialmente de mi interés como caso de estudio” explicó el investigador en diálogo con el Equipo de Comunicación de la Mesa Provincial No a las Represas.
¿Hay alguna hipótesis previa en la que se basa su investigación relacionada a Garabí y Panambí?
M.S: En términos generales creo que la hipótesis previa es que la economía de la región está en situación de creciente presión sobre sus recursos naturales, y toda la lógica que profundiza el extractivismo y la dependencia. Lo que más se conocen en ese sentido tiene que ver con los hidrocarburos, la megaminería, pero con el tema del agua la lógica es la misma.
Ninguno de los países de la región está en buenas condiciones de soportar esa presión sin consensos amplios y una política de cooperacion en cuanto a la gestión de sus recursos naturales. Me da la impresión de que no hay consenso mayoritario sobre cual es el lugar que ocupa la hidroenergía en las expectativas de desarrollo y las decisiones que se van forjando a partir de los conflictos y las propias limitaciones. En ese sentido las posiciones polarizadas en realidad son el cultivo de donde se forjan formas superadoras en el mejor de los casos.
Algunos detractores de la consulta popular, apuntan a la “ilegitimidad” o “ilegalidad” (sic) de la consulta popular sobre represas, por ser ésta “no vinculante” y convocada por las propias organizaciones sin participación estatal. ¿Es atendible esta caracterización?
M.S.: No son buenas razones para criticar. Se vuelve necesario atender las demandas de participación de la ciudadanía, abrir la discusión pública sobre el futuro y el presente en este caso de Misiones, pero también de la Argentina y la región. Lo criticable es que es que no se faciliten mecanismos de diálogo formalizados sobre estos temas; menos mal que existe la consulta popular informal para suplir esa ausencia .En ese sentido celebro la iniciativa. La consulta popular puso de manifiesto la creciente demanda de la ciudadanía por participar en las decisiones y políticas que afectan sus vidas. Esta es una preocupación legítimamente democrática, especialmente si se considera de que existe el recurso a un plebiscito en la legislación provincial.
¿Cómo debería traducirse esa demanda en la acción política de los gobiernos?
M.S: Todos los gobiernos progresistas de la región, si bien han tomado el uso de los recursos naturales para la inclusión social y derechos postergados, y eso es muy loable, tienen otros desafíos, que se sugieren de la necesidad de encontrar formas que articulen derechos y expectativas de formas de vida más coherentes con lo ecológico; que la sostenibilidad ecológica, la económica y la justicia social estén integradas en una matriz única; esto no está hecho en ningún lugar del mundo ni es algo que se vaya hacer desde un escritorio, ni desde un plan de gobierno solamente; esto se va hacer desde abajo hacia arriba, con conflicto, con movilización, es una construcción que tiene muchas dimensiones y es colectiva.
Lo que pasa es que actualmente, en un sistema basado sobre la competencia económica, los países compiten en base a sus recursos naturales, eso genera una dinámica de competencia destructiva, y fuerza al mayor deterioro, al debilitamiento de cualquier posibilidad regulatoria para contener, entonces si uno no establece consensos y parámetros comunes, para gerenciar los recursos y bienes naturales con un criterio masomenos similar, prima la lógica de la competencia que va en desmedro de cualquier posibilidad de desarrollo.
Creo que en vez de dejarse apabullar por la fragmentación, hay que asumir que es desde ahí donde se puede construir. Es importante también salirse de lo meramente conservacionista, eso se pierde, no sirve para dar la discusión sobre lo productivo. Vincular la sostenibilidad ecológica con lo ambiental y social, y con una matriz que tenga que ver con formas de subsistencia y sostenimiento de vida productiva y material. Eso es más difícil de hacer, pero al mismo tiempo hay iniciativas que sirven para estimular y dar ese debate.
¿Qué está en juego en la discusión sobre las represas hidroeléctricas en la región?
Lo que está en juego es el futuro del modelo energético y del modelo de Integración regional a partir de la gestión de cuencas compartidas como el Río Uruguay.
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Fecha de Publicación: 01/11/2014
Fuente: Mesa No a las Represas
Provincia/Región: Misiones
Investigador del CONICET y profesor de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Marcelo Saguier, celebró la Consulta Popular sobre Represas y afirmó que en todo caso “lo criticable es que no se faciliten mecanismos de diálogo formalizados” sobre el tema.
Científicas y Técnicas (CONICET). Trabaja en Areas Internacionales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). Es Profesor Titular del Seminario ‘Poder, Relaciones Internacionales y Desarrollo’ del programa de Doctorado de Ciencias Sociales de FLACSO; y del curso de ‘La Política de la Globalización’ de la maestría internacional en Estudios Globales en FLACSO. Sus temas de investigación incluyen: regionalismo en Sudamérica; recursos naturales y conflictos socio-ambientales; movimientos sociales transnacionales; Derechos Humanos y empresas transnacionales; poderes emergentes y orden regional/global.
Días atrás, Saguier arribó a la provincia de Misiones para participar de la Consulta Popular sobre Represas, actividad ciudadana que se realizó en esta provincia entre el 20 y el 26 de octubre.
“Trabajo en proyectos que tiene relación con la temática de los recursos naturales, conflictos en torno a esos recursos y la dimensión de la política internacional de esos conflictos. Me trae un interés personal y profesional porque en este momento estoy trabajando en proyecto de investigación sobre las políticas de Brasil en cuanto a la integración en Sudamérica, entonces el caso puntual de Garabí y Panambí es especialmente de mi interés como caso de estudio” explicó el investigador en diálogo con el Equipo de Comunicación de la Mesa Provincial No a las Represas.
¿Hay alguna hipótesis previa en la que se basa su investigación relacionada a Garabí y Panambí?
M.S: En términos generales creo que la hipótesis previa es que la economía de la región está en situación de creciente presión sobre sus recursos naturales, y toda la lógica que profundiza el extractivismo y la dependencia. Lo que más se conocen en ese sentido tiene que ver con los hidrocarburos, la megaminería, pero con el tema del agua la lógica es la misma.
Ninguno de los países de la región está en buenas condiciones de soportar esa presión sin consensos amplios y una política de cooperacion en cuanto a la gestión de sus recursos naturales. Me da la impresión de que no hay consenso mayoritario sobre cual es el lugar que ocupa la hidroenergía en las expectativas de desarrollo y las decisiones que se van forjando a partir de los conflictos y las propias limitaciones. En ese sentido las posiciones polarizadas en realidad son el cultivo de donde se forjan formas superadoras en el mejor de los casos.
Algunos detractores de la consulta popular, apuntan a la “ilegitimidad” o “ilegalidad” (sic) de la consulta popular sobre represas, por ser ésta “no vinculante” y convocada por las propias organizaciones sin participación estatal. ¿Es atendible esta caracterización?
M.S.: No son buenas razones para criticar. Se vuelve necesario atender las demandas de participación de la ciudadanía, abrir la discusión pública sobre el futuro y el presente en este caso de Misiones, pero también de la Argentina y la región. Lo criticable es que es que no se faciliten mecanismos de diálogo formalizados sobre estos temas; menos mal que existe la consulta popular informal para suplir esa ausencia .En ese sentido celebro la iniciativa. La consulta popular puso de manifiesto la creciente demanda de la ciudadanía por participar en las decisiones y políticas que afectan sus vidas. Esta es una preocupación legítimamente democrática, especialmente si se considera de que existe el recurso a un plebiscito en la legislación provincial.
¿Cómo debería traducirse esa demanda en la acción política de los gobiernos?
M.S: Todos los gobiernos progresistas de la región, si bien han tomado el uso de los recursos naturales para la inclusión social y derechos postergados, y eso es muy loable, tienen otros desafíos, que se sugieren de la necesidad de encontrar formas que articulen derechos y expectativas de formas de vida más coherentes con lo ecológico; que la sostenibilidad ecológica, la económica y la justicia social estén integradas en una matriz única; esto no está hecho en ningún lugar del mundo ni es algo que se vaya hacer desde un escritorio, ni desde un plan de gobierno solamente; esto se va hacer desde abajo hacia arriba, con conflicto, con movilización, es una construcción que tiene muchas dimensiones y es colectiva.
Lo que pasa es que actualmente, en un sistema basado sobre la competencia económica, los países compiten en base a sus recursos naturales, eso genera una dinámica de competencia destructiva, y fuerza al mayor deterioro, al debilitamiento de cualquier posibilidad regulatoria para contener, entonces si uno no establece consensos y parámetros comunes, para gerenciar los recursos y bienes naturales con un criterio masomenos similar, prima la lógica de la competencia que va en desmedro de cualquier posibilidad de desarrollo.
Creo que en vez de dejarse apabullar por la fragmentación, hay que asumir que es desde ahí donde se puede construir. Es importante también salirse de lo meramente conservacionista, eso se pierde, no sirve para dar la discusión sobre lo productivo. Vincular la sostenibilidad ecológica con lo ambiental y social, y con una matriz que tenga que ver con formas de subsistencia y sostenimiento de vida productiva y material. Eso es más difícil de hacer, pero al mismo tiempo hay iniciativas que sirven para estimular y dar ese debate.
¿Qué está en juego en la discusión sobre las represas hidroeléctricas en la región?
Lo que está en juego es el futuro del modelo energético y del modelo de Integración regional a partir de la gestión de cuencas compartidas como el Río Uruguay.
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Reforestan el emblemático cerro Otto
Continúa reforestación con plantas nativas en el cerro Otto
Fecha de Publicación: 01/11/2014
Fuente: El Cordillerano
Provincia/Región: Río Negro
El 21 de este mes comenzaron las tareas de reforestación del cerro Otto con el soporte y la asistencia de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Río Negro. Los trabajos se encuentran a cargo de la Subsecretaría de Medio Ambiente de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche.
Desde la Unidad Ejecutora Provincial de Bosques Nativos, conformada por la Secretaría provincial y la Dirección de Bosques, se confirmó que en esta etapa se van a forestar unas 20 hectáreas con 3.000 plantas nativas como ñires, lengas, cipreses y maitenes, entre otras.
Este proyecto es financiado con los fondos que, en el marco de las Leyes de Bosques Nativos (Nacional Nº 26.331 y Provincial Nº 4.552) se han recibido desde la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.
Para concretar esta iniciativa, el organismo medioambiental provincial y la Dirección de Bosques han seleccionado a la ciudad de San Carlos de Bariloche, razón por la cual las acciones están siendo implementadas en forma conjunta con el Municipio. De esta forma, se analizaron las zonas más sensibles a ser restauradas y se optó por la ladera norte del cerro.
En el año 2006, la Dirección de Bosques de la provincia detectó que los faldeos del cerro Otto presentan numerosos problemas de índole geológico y ambiental que, a su vez, generan elevados riesgos para la población de Bariloche.
Las funciones ecosistémicas de los bosques del cerro Otto son altamente importantes, entre las que se destacan la protección de cuencas y el control de la erosión. Ambos aspectos son sumamente necesarios teniendo en cuenta que laderas abajo de los sitios a restaurar se encuentran varios barrios con una alta población urbana.
Las elevadas pendientes presentes en la zona, los suelos poco desarrollados y la erosión hídrica, en conjunto con los efectos producidos por incendios, sobrepastoreo y otros disturbios antrópicos, llevan a considerar la zona a restaurar como una de las de mayor peligrosidad dentro del ejido.
Por lo tanto, la finalidad de este proyecto apunta no solo a regenerar el valor perdido del bosque nativo sino que, además, se promueve la disminución del riesgo ambiental para los vecinos de la zona y la protección y mejora de la calidad del agua que los mismos utilizan.
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Fecha de Publicación: 01/11/2014
Fuente: El Cordillerano
Provincia/Región: Río Negro
El 21 de este mes comenzaron las tareas de reforestación del cerro Otto con el soporte y la asistencia de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Río Negro. Los trabajos se encuentran a cargo de la Subsecretaría de Medio Ambiente de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche.
Desde la Unidad Ejecutora Provincial de Bosques Nativos, conformada por la Secretaría provincial y la Dirección de Bosques, se confirmó que en esta etapa se van a forestar unas 20 hectáreas con 3.000 plantas nativas como ñires, lengas, cipreses y maitenes, entre otras.
Este proyecto es financiado con los fondos que, en el marco de las Leyes de Bosques Nativos (Nacional Nº 26.331 y Provincial Nº 4.552) se han recibido desde la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.
Para concretar esta iniciativa, el organismo medioambiental provincial y la Dirección de Bosques han seleccionado a la ciudad de San Carlos de Bariloche, razón por la cual las acciones están siendo implementadas en forma conjunta con el Municipio. De esta forma, se analizaron las zonas más sensibles a ser restauradas y se optó por la ladera norte del cerro.
En el año 2006, la Dirección de Bosques de la provincia detectó que los faldeos del cerro Otto presentan numerosos problemas de índole geológico y ambiental que, a su vez, generan elevados riesgos para la población de Bariloche.
Las funciones ecosistémicas de los bosques del cerro Otto son altamente importantes, entre las que se destacan la protección de cuencas y el control de la erosión. Ambos aspectos son sumamente necesarios teniendo en cuenta que laderas abajo de los sitios a restaurar se encuentran varios barrios con una alta población urbana.
Las elevadas pendientes presentes en la zona, los suelos poco desarrollados y la erosión hídrica, en conjunto con los efectos producidos por incendios, sobrepastoreo y otros disturbios antrópicos, llevan a considerar la zona a restaurar como una de las de mayor peligrosidad dentro del ejido.
Por lo tanto, la finalidad de este proyecto apunta no solo a regenerar el valor perdido del bosque nativo sino que, además, se promueve la disminución del riesgo ambiental para los vecinos de la zona y la protección y mejora de la calidad del agua que los mismos utilizan.
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Escuelas rurales fumigadas, piden declarar emergencia
Piden declarar la emergencia sanitaria nacional en escuelas rurales fumigadas
Fecha de Publicación: 31/10/2014
Fuente: La Mañana de Córdoba
Provincia/Región: Nacional
Surgió como resultado de la audiencia pública realizada en el Congreso de la Nación por maestros, médicos y ambientalistas. Exigen la zona de exclusión de 1.000 metros de estas instituciones que son pulverizadas con agroquímicos afectando seriamente la salud de la comunidad educativa.
Este martes se reunieron en el Congreso de la Nación maestros rurales, médicos, organizaciones sociales y funcionarios, con la intención de buscar una solución a la problemática que enfrentan a diario las miles de escuelas rurales que son fumigadas en todo el país.
Se encuentran junto a zonas sembradas que son pulverizadas en pleno horario de clases, afectando seriamente la salud de niños y adultos “que deben dejar su rol de maestros para atender a los niños que manifiestan episodios graves cuando pasan los aeroaplicadores”, explicó Elisa Sementuch, miembro de la Red de Médicos Fumigados.
De allí, que de la primera audiencia pública surgió la necesidad de exigir la declaración de la emergencia sanitaria nacional en zonas de escuelas rurales. Además, exigen que se establezca un límite de exclusión de 1.000 metros alrededor de estas instituciones donde no se puede arrojar agroquímicos. Surgió además la propuesta que el 28 de octubre se declare el Día Nacional de Escuelas Rurales Fumigadas y de Agricultura Saludable y que se incorpore este tema al calendario escolar.
Manifestaron, en tanto, el apoyo a Emanuel Garrido, coordinador de Medio Ambiente en Coronel Suárez, “quien fuera separado de su cargo en la municipalidad por haber denunciado que las fumigaciones están produciendo enfermedad y muerte en la población”, señaló Sementuch.
“Estamos viendo cómo niños y docentes de escuelas rurales sufren las consecuencias de las fumigaciones sobre las escuelas en pleno horario de clase, donde los maestros deben dejar de cumplir con su rol de educador para asistir a los chicos que hacen episodios de bronco espasmos, convulsiones, irritación en todo su cuerpo”, añadió la profesional.
Durante la audiencia los maestros transmitieron sus experiencias y un denominador común fue el de los efectos de las aplicaciones de agroquímicos sobre la población.
A Córdoba esta problemática la afecta de manera directa considerando el desarrollo del modelo agropecuario en la Capital y el interior provincial, donde se extienden grandes superficies de siembra.
Al respecto, Medardo Ávila Vázquez, miembro de Médicos Fumigados, señaló que se calcula que en Córdoba “hay cerca de 1.500 escuelas rurales afectadas por las fumigaciones”.
“El cálculo lo realizamos en base a las 3.000 instituciones de este tipo que hay en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba, sin contar la de Santiago del Estero, Chaco y Tucumán que son zonas de reciente desarrollo agrícola”, añadió el profesional.
Ávila Vázquez informó que “en Córdoba se conformó un grupo de Maestros Fumigados, que forman parte de la Uepc, pero no consiguieron que el gremio tome partido en este tema”.
Recordó, además, que en el 2009 se entregó un petitorio al Ministerio de Educación en el que “se pidió que saquen una resolución donde se prohiba fumigar sobre las escuelas, que saquen una posición firme, alguien tiene que defender las escuelas, llama la atención esta complicidad de Salud y Educación en este tema”.
Los maestros rurales pidieron en esa oportunidad al titular de la cartera educativa que tome medidas al respecto.
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Fecha de Publicación: 31/10/2014
Fuente: La Mañana de Córdoba
Provincia/Región: Nacional
Surgió como resultado de la audiencia pública realizada en el Congreso de la Nación por maestros, médicos y ambientalistas. Exigen la zona de exclusión de 1.000 metros de estas instituciones que son pulverizadas con agroquímicos afectando seriamente la salud de la comunidad educativa.
Este martes se reunieron en el Congreso de la Nación maestros rurales, médicos, organizaciones sociales y funcionarios, con la intención de buscar una solución a la problemática que enfrentan a diario las miles de escuelas rurales que son fumigadas en todo el país.
Se encuentran junto a zonas sembradas que son pulverizadas en pleno horario de clases, afectando seriamente la salud de niños y adultos “que deben dejar su rol de maestros para atender a los niños que manifiestan episodios graves cuando pasan los aeroaplicadores”, explicó Elisa Sementuch, miembro de la Red de Médicos Fumigados.
De allí, que de la primera audiencia pública surgió la necesidad de exigir la declaración de la emergencia sanitaria nacional en zonas de escuelas rurales. Además, exigen que se establezca un límite de exclusión de 1.000 metros alrededor de estas instituciones donde no se puede arrojar agroquímicos. Surgió además la propuesta que el 28 de octubre se declare el Día Nacional de Escuelas Rurales Fumigadas y de Agricultura Saludable y que se incorpore este tema al calendario escolar.
Manifestaron, en tanto, el apoyo a Emanuel Garrido, coordinador de Medio Ambiente en Coronel Suárez, “quien fuera separado de su cargo en la municipalidad por haber denunciado que las fumigaciones están produciendo enfermedad y muerte en la población”, señaló Sementuch.
“Estamos viendo cómo niños y docentes de escuelas rurales sufren las consecuencias de las fumigaciones sobre las escuelas en pleno horario de clase, donde los maestros deben dejar de cumplir con su rol de educador para asistir a los chicos que hacen episodios de bronco espasmos, convulsiones, irritación en todo su cuerpo”, añadió la profesional.
Durante la audiencia los maestros transmitieron sus experiencias y un denominador común fue el de los efectos de las aplicaciones de agroquímicos sobre la población.
A Córdoba esta problemática la afecta de manera directa considerando el desarrollo del modelo agropecuario en la Capital y el interior provincial, donde se extienden grandes superficies de siembra.
Al respecto, Medardo Ávila Vázquez, miembro de Médicos Fumigados, señaló que se calcula que en Córdoba “hay cerca de 1.500 escuelas rurales afectadas por las fumigaciones”.
“El cálculo lo realizamos en base a las 3.000 instituciones de este tipo que hay en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba, sin contar la de Santiago del Estero, Chaco y Tucumán que son zonas de reciente desarrollo agrícola”, añadió el profesional.
Ávila Vázquez informó que “en Córdoba se conformó un grupo de Maestros Fumigados, que forman parte de la Uepc, pero no consiguieron que el gremio tome partido en este tema”.
Recordó, además, que en el 2009 se entregó un petitorio al Ministerio de Educación en el que “se pidió que saquen una resolución donde se prohiba fumigar sobre las escuelas, que saquen una posición firme, alguien tiene que defender las escuelas, llama la atención esta complicidad de Salud y Educación en este tema”.
Los maestros rurales pidieron en esa oportunidad al titular de la cartera educativa que tome medidas al respecto.
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Bajo El Durazno flojo de papeles
Reclaman al Gobierno catamarqueño el estudio ambiental del proyecto minero Bajo El Durazno
Fecha de Publicación: 31/10/2014
Fuente: Primera Fuente
Provincia/Región: Catamarca
Este megaproyecto se constituye como una extensión de la ya existente explotación de Bajo la Alumbrera en Andalgalá, Catamarca.
El viernes 17 de octubre, la ONG Conciencia Solidaria envió una carta a la Dirección de Minería y la Dirección de Medioambiente de Catamarca con pedido de autorización para vista del Informe de Impacto Ambiental del proyecto megaminero "Bajo el Durazno".
Este mega proyecto se constituye como una extensión de la ya existente explotación de Bajo la Alumbrera en el distrito de Andalgalá, provincia de Catamarca, Argentina. Alumbrera es el primer y más grande emprendimiento megaminero que hay en nuestro país. Con más de 14 años de explotación, solo en la provincia de Tucumán acumula en su haber 2 causas penales por infracción a la Ley Nacional de Residuos Peligrosos (24.051) por contaminación con metales pesados donde la Ong Conciencia Solidaria es querellante activo. La otra causa penal, trata la infracción a la Ley Penal Tributaria (24.769) por evasión de impuestos por no declarar verazmente que metalíferos se llevan en sus exportaciones. Respecto a esta última, estamos a la espera de la decisión de la Cámara Federal de Tucumán de concedernos participar como querellantes.
Minera Alumbrera ha contaminado tierras que dejaron de ser aptas para el cultivo arruinando así las posibilidades de un desarrollo sustentable en la región, atentando así contra su propia y falsa política empresarial de "responsabilidad social". Cientos de personas han tenido que abandonar sus campos y ver morir a sus animalitos. Las plantas y frutos se secaron y pudrieron frente a sus ojos. Y a todo esto se sumaron las enfermedades causadas por las aguas contaminadas, los alimentos envenenados, y el polvillo de los metalíferos que vuela con los grandes vientos cordilleranos arrastrando las explosiones que se producen en un cráter de más de 2 kms de ancho y 800 metros de profundidad. Una herida irremediable.
“Nos preocupa en demasía que el gobierno catamarqueño y en complicidad con la Universidad Nacional de Tucumán, amparados por un gobierno nacional pro mega-minero (no hablamos aquí de la minería tradicional), no tengan en cuenta el incremento de más de un 800% del cáncer en los habitantes de Andalgalá. Información proporcionada por médicos locales mediante un estudio realizado en habitantes de dicha localidad. Paralelamente, la política manipuladora de aportar fondos para construir hospitales y dotar de equipamientos a los ya existentes, demuestra que a estas empresas (como a sus otras colegas en otras partes del globo) no les interesa la vida, sino dejar morir en nombre de un "progreso" perverso y subyugante. Un progreso que atenta contra las economías regionales. Un progreso que enferma y mata a seres de distintos reinos.’’, declaró Iván Berkman, Coordinador de la Representación de Tucumán de Conciencia Solidaria y de la Campaña Por la Cuenca Salí Dulce.
La sociedad que ha establecido la Universidad Nacional de Tucumán y el Gobierno de Catamarca en la entidad YMAD (Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio) demuestra una complicidad que escapa a la educación y el desarrollo de los sistemas políticos y socio-económicos genuinos. Es una sociedad que ha fracturado los pilares de una educación libre de manipulación o sugestión alguna. Los estudiantes de dicha Universidad, ven en sus recintos el logo corporativo del emprendimiento Bajo Alumbrera, junto a alguna placa conmemorativa o bien de "donación" de alguna aula o pabellón. Detrás de bambalinas, todo ese dinero e inversión, se sustenta en el saqueo indiscriminado de los bienes comunes y se mancha con la sangre de catamarqueños, tucumanos y santiagueños que padecen el flagelo de la megaminería metalífera y de radiactivos.
“El acceso libre a la información es un derecho que todos los ciudadanos tenemos. Es una necesidad. Un compromiso. Esperamos que las autoridades de la Dirección de Minería y la Dirección de Medioambiente de Catamarca respondan favorablemente como ya lo han hecho respecto a nuestra solicitud de ver el Informe de Impacto Ambiental del megaproyecto minero "Agua Rica". De ser positiva su respuesta, tendremos ante nuestros ojos el contrato de la muerte. Un legado de agonía y destrucción para las generaciones futuras.”, continuó Berkman.
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Fecha de Publicación: 31/10/2014
Fuente: Primera Fuente
Provincia/Región: Catamarca
Este megaproyecto se constituye como una extensión de la ya existente explotación de Bajo la Alumbrera en Andalgalá, Catamarca.
El viernes 17 de octubre, la ONG Conciencia Solidaria envió una carta a la Dirección de Minería y la Dirección de Medioambiente de Catamarca con pedido de autorización para vista del Informe de Impacto Ambiental del proyecto megaminero "Bajo el Durazno".
Este mega proyecto se constituye como una extensión de la ya existente explotación de Bajo la Alumbrera en el distrito de Andalgalá, provincia de Catamarca, Argentina. Alumbrera es el primer y más grande emprendimiento megaminero que hay en nuestro país. Con más de 14 años de explotación, solo en la provincia de Tucumán acumula en su haber 2 causas penales por infracción a la Ley Nacional de Residuos Peligrosos (24.051) por contaminación con metales pesados donde la Ong Conciencia Solidaria es querellante activo. La otra causa penal, trata la infracción a la Ley Penal Tributaria (24.769) por evasión de impuestos por no declarar verazmente que metalíferos se llevan en sus exportaciones. Respecto a esta última, estamos a la espera de la decisión de la Cámara Federal de Tucumán de concedernos participar como querellantes.
Minera Alumbrera ha contaminado tierras que dejaron de ser aptas para el cultivo arruinando así las posibilidades de un desarrollo sustentable en la región, atentando así contra su propia y falsa política empresarial de "responsabilidad social". Cientos de personas han tenido que abandonar sus campos y ver morir a sus animalitos. Las plantas y frutos se secaron y pudrieron frente a sus ojos. Y a todo esto se sumaron las enfermedades causadas por las aguas contaminadas, los alimentos envenenados, y el polvillo de los metalíferos que vuela con los grandes vientos cordilleranos arrastrando las explosiones que se producen en un cráter de más de 2 kms de ancho y 800 metros de profundidad. Una herida irremediable.
“Nos preocupa en demasía que el gobierno catamarqueño y en complicidad con la Universidad Nacional de Tucumán, amparados por un gobierno nacional pro mega-minero (no hablamos aquí de la minería tradicional), no tengan en cuenta el incremento de más de un 800% del cáncer en los habitantes de Andalgalá. Información proporcionada por médicos locales mediante un estudio realizado en habitantes de dicha localidad. Paralelamente, la política manipuladora de aportar fondos para construir hospitales y dotar de equipamientos a los ya existentes, demuestra que a estas empresas (como a sus otras colegas en otras partes del globo) no les interesa la vida, sino dejar morir en nombre de un "progreso" perverso y subyugante. Un progreso que atenta contra las economías regionales. Un progreso que enferma y mata a seres de distintos reinos.’’, declaró Iván Berkman, Coordinador de la Representación de Tucumán de Conciencia Solidaria y de la Campaña Por la Cuenca Salí Dulce.
La sociedad que ha establecido la Universidad Nacional de Tucumán y el Gobierno de Catamarca en la entidad YMAD (Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio) demuestra una complicidad que escapa a la educación y el desarrollo de los sistemas políticos y socio-económicos genuinos. Es una sociedad que ha fracturado los pilares de una educación libre de manipulación o sugestión alguna. Los estudiantes de dicha Universidad, ven en sus recintos el logo corporativo del emprendimiento Bajo Alumbrera, junto a alguna placa conmemorativa o bien de "donación" de alguna aula o pabellón. Detrás de bambalinas, todo ese dinero e inversión, se sustenta en el saqueo indiscriminado de los bienes comunes y se mancha con la sangre de catamarqueños, tucumanos y santiagueños que padecen el flagelo de la megaminería metalífera y de radiactivos.
“El acceso libre a la información es un derecho que todos los ciudadanos tenemos. Es una necesidad. Un compromiso. Esperamos que las autoridades de la Dirección de Minería y la Dirección de Medioambiente de Catamarca respondan favorablemente como ya lo han hecho respecto a nuestra solicitud de ver el Informe de Impacto Ambiental del megaproyecto minero "Agua Rica". De ser positiva su respuesta, tendremos ante nuestros ojos el contrato de la muerte. Un legado de agonía y destrucción para las generaciones futuras.”, continuó Berkman.
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