ONGs de Argentina piden por los bosques de Salta
Más de 60 organizaciones sociales de toda la Argentina reclaman que Salta cumpla la Ley de Bosques
Fecha de Publicación: 24/07/2014
Fuente: Greenpeace - Prensa Eco Sitio
Provincia/Región: Salta
Más de sesenta organizaciones sociales de todo el país presentaron un documento alertando sobre la violación de la Ley de Bosques por parte del gobierno salteño y reclamaron acciones urgentes a la Secretaría de Ambiente de la Nación y al Consejo Federal de Medio Ambiente. (1)
Según los últimos relevamientos, desde la sanción de la Ley Nacional de bosques en diciembre de 2007, en la provincia de Salta se desmontaron 400.000 hectáreas, de las cuales 120.000 hectáreas eran zonas protegidas. (2)
La denuncia fue presentada a las autoridades de la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación por más de 60 organizaciones de todo el país, quienes pidieron la intervención del organismo y del resto de las provincias para evitar que avance la destrucción de los bosques nativos ya que “además de generar importantes impactos ambientales, afectan seriamente a comunidades campesinas e indígenas”.
“Resulta sumamente grave que, mediante los decretos 2211/10 y 3136/11, el Poder Ejecutivo provincial realice en forma sistemática recategorizaciones prediales que modifican, a simple solicitud del titular de la finca, la zonificación establecida en el Ordenamiento Territorial de sus Bosques Nativos (OTBN)”, advirtieron los firmantes en el documento, y señalaron que la provincia de Salta ya ha recategorizado más de 125.000 hectáreas.
“Debido a esta extensa superficie, nos enfrentamos ya con un cambio claro del OTBN original sin haber cumplido los requerimientos establecidos por la Ley Nacional de Bosques y su decreto reglamentario, ni con la resolución del Consejo Federal de Medio Ambiente”, señalaron las instituciones.
Finalmente, las organizaciones reclamaron a los organismos nacionales que “realicen las acciones pertinentes para que el Poder Ejecutivo de Salta cumpla en forma estricta las restricciones establecidas en su OTBN y derogue los decretos que permiten realizar recategorizaciones prediales”.
Notas:
1) Para leer el documento completo y listado de firmantes hacé click aquí
2) Un reciente informe de la Auditoría General de la Nación advirtió que “algunos ordenamientos territoriales de bosques nativos no se ajustan a lo establecido en la ley nacional. Entre ellos se destaca el caso de Salta…”
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Fecha de Publicación: 24/07/2014
Fuente: Greenpeace - Prensa Eco Sitio
Provincia/Región: Salta
Más de sesenta organizaciones sociales de todo el país presentaron un documento alertando sobre la violación de la Ley de Bosques por parte del gobierno salteño y reclamaron acciones urgentes a la Secretaría de Ambiente de la Nación y al Consejo Federal de Medio Ambiente. (1)
Según los últimos relevamientos, desde la sanción de la Ley Nacional de bosques en diciembre de 2007, en la provincia de Salta se desmontaron 400.000 hectáreas, de las cuales 120.000 hectáreas eran zonas protegidas. (2)
La denuncia fue presentada a las autoridades de la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación por más de 60 organizaciones de todo el país, quienes pidieron la intervención del organismo y del resto de las provincias para evitar que avance la destrucción de los bosques nativos ya que “además de generar importantes impactos ambientales, afectan seriamente a comunidades campesinas e indígenas”.
“Resulta sumamente grave que, mediante los decretos 2211/10 y 3136/11, el Poder Ejecutivo provincial realice en forma sistemática recategorizaciones prediales que modifican, a simple solicitud del titular de la finca, la zonificación establecida en el Ordenamiento Territorial de sus Bosques Nativos (OTBN)”, advirtieron los firmantes en el documento, y señalaron que la provincia de Salta ya ha recategorizado más de 125.000 hectáreas.
“Debido a esta extensa superficie, nos enfrentamos ya con un cambio claro del OTBN original sin haber cumplido los requerimientos establecidos por la Ley Nacional de Bosques y su decreto reglamentario, ni con la resolución del Consejo Federal de Medio Ambiente”, señalaron las instituciones.
Finalmente, las organizaciones reclamaron a los organismos nacionales que “realicen las acciones pertinentes para que el Poder Ejecutivo de Salta cumpla en forma estricta las restricciones establecidas en su OTBN y derogue los decretos que permiten realizar recategorizaciones prediales”.
Notas:
1) Para leer el documento completo y listado de firmantes hacé click aquí
2) Un reciente informe de la Auditoría General de la Nación advirtió que “algunos ordenamientos territoriales de bosques nativos no se ajustan a lo establecido en la ley nacional. Entre ellos se destaca el caso de Salta…”
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Debería recategorizarse el glifosato pero....
Negocio mortal: El Gobierno da rienda suelta a peligrosos agrotóxicos
Fecha de Publicación: 23/07/2014
Fuente: Diario Hoy - Biodiversidad en América Latina y El Caribe
Provincia/Región: Nacional
La presidenta Cristina Fernández se ha mostrado orgullosa en distintas reuniones junto a los directivos de las multinacionales Monsanto y Syngenta, a los cuáles ha beneficiado con disposiciones que le permiten a estas compañías –productoras a agroquímicos y alimentos transgénicos– obtener ganancias extraordinarias a costa de eliminar centenares de pequeños productores y de enfermar a la población con sus fumigaciones.
Algunas estadísticas dan miedo. Según denunció la Red de Médicos de Pueblo Fumigados, una de cada tres personas muere por cáncer en pueblos donde se utilizan agrotóxicos (ver aparte).
Nuestro diario ya ha publicado que el Gobierno pretende darles a estas compañías, y a otras como Nidera, un fenomenal negociado con la Ley de Semillas para que puedan comercializar ese producto como así también biotecnología. Sin embargo, hay otro negociado que es tan o más peligroso que ese: la no aplicación de la resolución 302 del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).
Esta disposición fue dictada el 19 de junio de 2012 por este organismo a causa de la presión de técnicos universitarios, especialistas y organizaciones ambientales (ver aparte), para que el país se adecúe a la clasificación de sustancias agrotóxicas que proponía desde 2009 la Organización Mundial de la Salud.
La resolución daba dos años a las cámaras que agrupan a las empresas que comercializan y aplican estos productos (CASAFE y CIAFA) para adecuarse. “Pasaron dos años de silencio en donde el SENASA pareciera no haberle informado a nadie de estos cambios. Si vamos hoy a comprar estos productos, cuando ya pasaron los dos años de gracia, y se siguen vendiendo como banda verde. Sigue sin aplicarse lo que el SENASA tiene, que es el poder de policía y el poder de fiscalización”, explicó a Hoy la licenciada Silvana Buján, titular de BIOS, ONG miembro de la Red Nacional de Acción Ecologista (RENACE).
Peligro mortal
“La OMS tomó un centenar de sustancias distintas y las cambió de lugar: lo que era menos peligroso de pronto pasó a ser más peligroso debido a esta modificación”, señaló Buján. Esto implica que productos como el glifosato –uno de los más usados– pasaron de considerarse Clase IV (la menor clasificación toxicológica) a Clase III (que implica mayores restricciones para su aplicación).
Entonces, los bidones que contienen glifosato en vez de tener “banda verde” debieran llevar una “banda azul”. Sin embargo eso nunca ocurrió. ¿A quién beneficia esto? A Monsanto, Nidera, Syngenta y el resto de las compañías que integran las cámaras mencionadas.
“Esto beneficia a los productores de estas sustancias. Porque si una persona sigue una disposición que dice que a 500 o mil metros de los bordes de las poblaciones sólo puede utilizar banda verde, y no sabe que el bidón con banda verde que tiene en su mano es falso -porque ya no debería ser más banda verde- va a seguir aplicándolo igual”, concluyó la especialista.
Los pesticidas aumentan el riesgo de cáncer
Para tener una dimensión de los riesgos, basta citar un reciente estudio del Ministerio de Salud de Córdoba sobre el cáncer en esa provincia. Se trata de una sistematización de cinco años de información y, entre otros parámetros, fueron determinados geográficamente los casos. La particularidad que causó mayor alarma es una: la mayor tasa de fallecimientos se produce en la llamada “pampa gringa”, zona donde más transgénicos y agroquímicos se utilizan. Y donde la tasa de fallecimientos duplica a la media nacional.
“Se confirmó una vez más lo que denunciamos desde hace años y sobre todo lo que denuncian los médicos de pueblos fumigados y los afectados de las zonas de la agricultura industrial. Los casos de cáncer se multiplican como nunca en la zonas con uso masivo de agrotóxicos”, afirmó el médico e integrante de la Red Universitaria de Ambiente y Salud (Reduas), Medardo Ávila Vázquez.
La pelea por la legislación
Para que el SENASA dictara la medida que luego nunca cumplió, hubo que atravesar varias instancias. Según explicó la licenciada Silvana Buján, la clasificación anterior que adoptaba el organismo, llamada “dosis letal 50% aguda”, no contemplaba la aplicación crónica (diaria) de los productos y tampoco “qué pasa con la aplicación de esas sustancias no en estado puro, si no como vienen en los bidones: mezclados con una serie de aditivos que hacen que no se salga de la planta, que la lluvia no lo lave, etc. Estos son los coadyudantes o sulfactantes, que muchas veces incluso son más tóxicos que el principio activo principal de la etiqueta, como el glifosato”.
Después de 2009, cuando la OMS dictó la nueva clasificación, “hubo muchas quejas de profesionales y de un montón de gente” para que el país se adecúe. “Ahí fue cuando el Defensor del Pueblo de la Nación hizo un dictamen diciendo que estaba siendo utilizada una metodología que no era correcta”.
“La Auditoría General de la Nación toma este informe y directamente le pide al SENASA, como autoridad de aplicación para que establezcan estas diferencias. El SENASA ahí abre en su página web un espacio para que quien tuviera algo para decir al respecto lo hiciera. Se llenó la página de técnicos de distintas universidades argentinas, de víctimas de la fumigación. Fue una situación muy desbordada, donde todo el mundo decía que estaban haciendo las cosas mal”, aseguró Buján.
“Entonces el SENASA saca la resolución 302 para aplicar la nueva clasificación de la OMS, que en realidad ya era vieja, era de 2009”, detalló. Lo cierto es que la medida nunca se aplicó. “Acá hay claramente una suerte de silencio cómplice porque están permitiendo utilizar bajo la presunta banda verde una cantidad enorme de productos que ya hoy están prohibidos”, sentenció.
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Fecha de Publicación: 23/07/2014
Fuente: Diario Hoy - Biodiversidad en América Latina y El Caribe
Provincia/Región: Nacional
La presidenta Cristina Fernández se ha mostrado orgullosa en distintas reuniones junto a los directivos de las multinacionales Monsanto y Syngenta, a los cuáles ha beneficiado con disposiciones que le permiten a estas compañías –productoras a agroquímicos y alimentos transgénicos– obtener ganancias extraordinarias a costa de eliminar centenares de pequeños productores y de enfermar a la población con sus fumigaciones.
Algunas estadísticas dan miedo. Según denunció la Red de Médicos de Pueblo Fumigados, una de cada tres personas muere por cáncer en pueblos donde se utilizan agrotóxicos (ver aparte).
Nuestro diario ya ha publicado que el Gobierno pretende darles a estas compañías, y a otras como Nidera, un fenomenal negociado con la Ley de Semillas para que puedan comercializar ese producto como así también biotecnología. Sin embargo, hay otro negociado que es tan o más peligroso que ese: la no aplicación de la resolución 302 del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).
Esta disposición fue dictada el 19 de junio de 2012 por este organismo a causa de la presión de técnicos universitarios, especialistas y organizaciones ambientales (ver aparte), para que el país se adecúe a la clasificación de sustancias agrotóxicas que proponía desde 2009 la Organización Mundial de la Salud.
La resolución daba dos años a las cámaras que agrupan a las empresas que comercializan y aplican estos productos (CASAFE y CIAFA) para adecuarse. “Pasaron dos años de silencio en donde el SENASA pareciera no haberle informado a nadie de estos cambios. Si vamos hoy a comprar estos productos, cuando ya pasaron los dos años de gracia, y se siguen vendiendo como banda verde. Sigue sin aplicarse lo que el SENASA tiene, que es el poder de policía y el poder de fiscalización”, explicó a Hoy la licenciada Silvana Buján, titular de BIOS, ONG miembro de la Red Nacional de Acción Ecologista (RENACE).
Peligro mortal
“La OMS tomó un centenar de sustancias distintas y las cambió de lugar: lo que era menos peligroso de pronto pasó a ser más peligroso debido a esta modificación”, señaló Buján. Esto implica que productos como el glifosato –uno de los más usados– pasaron de considerarse Clase IV (la menor clasificación toxicológica) a Clase III (que implica mayores restricciones para su aplicación).
Entonces, los bidones que contienen glifosato en vez de tener “banda verde” debieran llevar una “banda azul”. Sin embargo eso nunca ocurrió. ¿A quién beneficia esto? A Monsanto, Nidera, Syngenta y el resto de las compañías que integran las cámaras mencionadas.
“Esto beneficia a los productores de estas sustancias. Porque si una persona sigue una disposición que dice que a 500 o mil metros de los bordes de las poblaciones sólo puede utilizar banda verde, y no sabe que el bidón con banda verde que tiene en su mano es falso -porque ya no debería ser más banda verde- va a seguir aplicándolo igual”, concluyó la especialista.
Los pesticidas aumentan el riesgo de cáncer
Para tener una dimensión de los riesgos, basta citar un reciente estudio del Ministerio de Salud de Córdoba sobre el cáncer en esa provincia. Se trata de una sistematización de cinco años de información y, entre otros parámetros, fueron determinados geográficamente los casos. La particularidad que causó mayor alarma es una: la mayor tasa de fallecimientos se produce en la llamada “pampa gringa”, zona donde más transgénicos y agroquímicos se utilizan. Y donde la tasa de fallecimientos duplica a la media nacional.
“Se confirmó una vez más lo que denunciamos desde hace años y sobre todo lo que denuncian los médicos de pueblos fumigados y los afectados de las zonas de la agricultura industrial. Los casos de cáncer se multiplican como nunca en la zonas con uso masivo de agrotóxicos”, afirmó el médico e integrante de la Red Universitaria de Ambiente y Salud (Reduas), Medardo Ávila Vázquez.
La pelea por la legislación
Para que el SENASA dictara la medida que luego nunca cumplió, hubo que atravesar varias instancias. Según explicó la licenciada Silvana Buján, la clasificación anterior que adoptaba el organismo, llamada “dosis letal 50% aguda”, no contemplaba la aplicación crónica (diaria) de los productos y tampoco “qué pasa con la aplicación de esas sustancias no en estado puro, si no como vienen en los bidones: mezclados con una serie de aditivos que hacen que no se salga de la planta, que la lluvia no lo lave, etc. Estos son los coadyudantes o sulfactantes, que muchas veces incluso son más tóxicos que el principio activo principal de la etiqueta, como el glifosato”.
Después de 2009, cuando la OMS dictó la nueva clasificación, “hubo muchas quejas de profesionales y de un montón de gente” para que el país se adecúe. “Ahí fue cuando el Defensor del Pueblo de la Nación hizo un dictamen diciendo que estaba siendo utilizada una metodología que no era correcta”.
“La Auditoría General de la Nación toma este informe y directamente le pide al SENASA, como autoridad de aplicación para que establezcan estas diferencias. El SENASA ahí abre en su página web un espacio para que quien tuviera algo para decir al respecto lo hiciera. Se llenó la página de técnicos de distintas universidades argentinas, de víctimas de la fumigación. Fue una situación muy desbordada, donde todo el mundo decía que estaban haciendo las cosas mal”, aseguró Buján.
“Entonces el SENASA saca la resolución 302 para aplicar la nueva clasificación de la OMS, que en realidad ya era vieja, era de 2009”, detalló. Lo cierto es que la medida nunca se aplicó. “Acá hay claramente una suerte de silencio cómplice porque están permitiendo utilizar bajo la presunta banda verde una cantidad enorme de productos que ya hoy están prohibidos”, sentenció.
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Equipan a bomberos forestales de Jujuy
Entregaron equipamiento a la Brigada de Incendios Forestales
Fecha de Publicación: 23/07/2014
Fuente: El Pregón
Provincia/Región: Jujuy
La Secretaría de Gestión Ambiental entregó a la Brigada de Incendios Forestales de Jujuy elementos de seguridad para la lucha contra estos siniestros y en la ocasión la titular del organismo, María Elina Domínguez aseguró que ‘vamos cumpliendo con todos los objetivos propuestos’.
La reunión se desarrolló en la sede de la brigada, ubicada en ruta 1 km 5.5 de barrio Arenales y la funcionaria detalló que se completó la distribución del equipo de seguridad para los brigadistas.
El material asignado consistió en linternas, cascos, antiparras, borcegos forestales y guantes, todos resistentes al fuego ‘completando el equipamiento de seguridad que ya se había dado’, precisó el Coordinador Provincial de Incendios Forestales, Ezequiel Morales.
Por otro lado, Domínguez mencionó que durante el presente año se realizaron numerosas capacitaciones y destacó que ‘en muchos casos nuestros brigadistas fueron los capacitadores en otras provincias, lo que muestra el nivel que poseen’, dijo.
En referencia al trabajo de los brigadistas, indicó que ‘es reconocido a nivel mundial como el tercero de mayor riesgo’, por lo que consideró que ‘es fundamental’ y ‘por eso estamos trabajando mucho en la prevención de incendios, no tan solo por el cuidado del ambiente sino también por el cuidado de las personas que tienen a su cargo este trabajo y para proteger a la sociedad, ya que un incendio rural o de interfaces puede llegar a zonas urbanas’, expresó.
Indicó que todo el año la secretaría a su cargo impulsa acciones de sensibilización y prevención en la comunidad, para disminuir los riesgos y cantidad de incendios posibles ‘y cuando estos sucedan, poder sofocarlos rápidamente’, remarcó y confirmó que actualmente trabajan en proyectos ambiciosos a nivel nacional ‘con el fin de tener delegaciones de la Brigada en otros sectores de la provincia’.
Recordó que ‘se puso en vigencia la solicitud para otorgar permisos de quemas en toda la provincia, con la adhesión al régimen de sanciones establecidos en la ley 26.562 de ‘Presupuestos mínimos de protección ambiental para control de actividades de quema en todo el territorio nacional’ y que el mismo debe solicitarse ante la Brigada de Incendios Forestales al 4314495, que brinda asesoramiento y el acompañamiento necesario ‘para realizar un fuego sin poner en riesgo a nadie, de lo contrario se iniciarán sumarios a quien realice una quema sin la debida autorización’, observó.
El Director Provincial de Desarrollo Sustentable, Matías Mori, señaló que desde inicios de este año trabajan en la prevención de incendios con charlas de sensibilización y campañas con entrega de folletería en el casco céntrico de San Salvador, escuelas, durante la Semana del Ambiente y en eventos como la Expodinámica’.
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Fecha de Publicación: 23/07/2014
Fuente: El Pregón
Provincia/Región: Jujuy
La Secretaría de Gestión Ambiental entregó a la Brigada de Incendios Forestales de Jujuy elementos de seguridad para la lucha contra estos siniestros y en la ocasión la titular del organismo, María Elina Domínguez aseguró que ‘vamos cumpliendo con todos los objetivos propuestos’.
La reunión se desarrolló en la sede de la brigada, ubicada en ruta 1 km 5.5 de barrio Arenales y la funcionaria detalló que se completó la distribución del equipo de seguridad para los brigadistas.
El material asignado consistió en linternas, cascos, antiparras, borcegos forestales y guantes, todos resistentes al fuego ‘completando el equipamiento de seguridad que ya se había dado’, precisó el Coordinador Provincial de Incendios Forestales, Ezequiel Morales.
Por otro lado, Domínguez mencionó que durante el presente año se realizaron numerosas capacitaciones y destacó que ‘en muchos casos nuestros brigadistas fueron los capacitadores en otras provincias, lo que muestra el nivel que poseen’, dijo.
En referencia al trabajo de los brigadistas, indicó que ‘es reconocido a nivel mundial como el tercero de mayor riesgo’, por lo que consideró que ‘es fundamental’ y ‘por eso estamos trabajando mucho en la prevención de incendios, no tan solo por el cuidado del ambiente sino también por el cuidado de las personas que tienen a su cargo este trabajo y para proteger a la sociedad, ya que un incendio rural o de interfaces puede llegar a zonas urbanas’, expresó.
Indicó que todo el año la secretaría a su cargo impulsa acciones de sensibilización y prevención en la comunidad, para disminuir los riesgos y cantidad de incendios posibles ‘y cuando estos sucedan, poder sofocarlos rápidamente’, remarcó y confirmó que actualmente trabajan en proyectos ambiciosos a nivel nacional ‘con el fin de tener delegaciones de la Brigada en otros sectores de la provincia’.
Recordó que ‘se puso en vigencia la solicitud para otorgar permisos de quemas en toda la provincia, con la adhesión al régimen de sanciones establecidos en la ley 26.562 de ‘Presupuestos mínimos de protección ambiental para control de actividades de quema en todo el territorio nacional’ y que el mismo debe solicitarse ante la Brigada de Incendios Forestales al 4314495, que brinda asesoramiento y el acompañamiento necesario ‘para realizar un fuego sin poner en riesgo a nadie, de lo contrario se iniciarán sumarios a quien realice una quema sin la debida autorización’, observó.
El Director Provincial de Desarrollo Sustentable, Matías Mori, señaló que desde inicios de este año trabajan en la prevención de incendios con charlas de sensibilización y campañas con entrega de folletería en el casco céntrico de San Salvador, escuelas, durante la Semana del Ambiente y en eventos como la Expodinámica’.
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Por el boom petrolero, regularán la radicación petrolera
Provincia regulará radicación de las empresas de petróleo
Fecha de Publicación: 23/07/2014
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
A raíz del boom petrolero, generado a partir del desarrollo de los yacimientos no convencionales, el gobierno provincial elaboró un proyecto de ley que tiene como objetivo regular la actividad industrial y de servicios, de modo de promover su radicación y desarrollo pero de forma ordenada y sostenible.
La iniciativa, que será presentada en la Legislatura, buscará a través de la creación de un “Régimen Provincial de Localización de Establecimientos Industriales y de Servicios” fomentar la radicación de nuevas industrias y la relocalización de las existentes de “manera ordena y compatible con otros usos del entorno”. Otra finalidad será “optimizar, a través de la localización concentrada de establecimientos industriales y de servicios el rendimiento de las inversiones en obras de infraestructura, mantenimiento, urbanización y servicios comunes”
La medida busca ordenar las actividades y agruparlas. Dentro de los parques industriales se incluirán subcategorías, como industrias básicas, infraestructuras energéticas, logística y distribución, industria ligera, dotacionales (centros de exposiciones o convenciones), científico-tecnológicos y ecoparques. Otras categorías serán las áreas industriales (con infraestructura básica pero que no llegan a ser parques industriales) y una zona urbanizada de servicios complementarios, que contempla viviendas particulares, servicios se salud, educación y esparcimiento. “El problema que tenemos hoy es que no hay más tierras en los parques formalizados”, explicó a este diario el ministro de Desarrollo Territorial, Leandro Bertoya, quien especificó que la Provincia se rige actualmente por la ley de inversiones y la de tierras, pero que no hay una normativa específica para parques industriales y centros de logística. “Por esta razón y para dar seguridad jurídica es que hacemos esta ley, con el objetivo de ordenar la actividad, donde no solo el Estado intervendrá, sino también los privados que aseguren servicios a las empresas. Además, los municipios podrán adherir para tener su propio régimen de parques industriales”, señaló el funcionario, al tiempo que aseguró que el proyecto de ley está “a la firma del gobernador Jorge Sapag”.
Medio ambiente
La autoridad de aplicación de la ley recaerá en el Ministerio de Desarrollo Territorial, cuya función será evaluar y aprobar la creación, ampliación o modificación de agrupamientos industriales y de servicios. Del mismo modo, tendrá la atribución de promover la radicación de estos establecimientos “en forma racional y ordenada en el territorio provincial, evitando conflictos funcionales y preservando el medio ambiente”, como también “la relocalización de establecimientos industriales y de servicios que estén ubicados en áreas no aptas para su uso industrial”.
Será facultad del ministerio desestimar cualquier solicitud que no cumpla los requisitos de la ley, ente ellos los vinculados a aspectos medio ambientales, de uso, gestión y conservación de recursos naturales.
La ley prevé, además de un ente administrador de los agrupamientos industriales y de servicios, la posibilidad de que el Gobierno pueda instrumentar beneficios diferenciales en materia tributaria a fin de estimular la radicación de nuevas industrias o empresas de servicios. Pero también se fijarán sanciones para aquellas firmas que no cumplan con lo estipulado en la nueva normativa, que pueden ir desde un apercibimiento, pasando por multas, clausura o caducidad de la adjudicación.
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Fecha de Publicación: 23/07/2014
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
A raíz del boom petrolero, generado a partir del desarrollo de los yacimientos no convencionales, el gobierno provincial elaboró un proyecto de ley que tiene como objetivo regular la actividad industrial y de servicios, de modo de promover su radicación y desarrollo pero de forma ordenada y sostenible.
La iniciativa, que será presentada en la Legislatura, buscará a través de la creación de un “Régimen Provincial de Localización de Establecimientos Industriales y de Servicios” fomentar la radicación de nuevas industrias y la relocalización de las existentes de “manera ordena y compatible con otros usos del entorno”. Otra finalidad será “optimizar, a través de la localización concentrada de establecimientos industriales y de servicios el rendimiento de las inversiones en obras de infraestructura, mantenimiento, urbanización y servicios comunes”
La medida busca ordenar las actividades y agruparlas. Dentro de los parques industriales se incluirán subcategorías, como industrias básicas, infraestructuras energéticas, logística y distribución, industria ligera, dotacionales (centros de exposiciones o convenciones), científico-tecnológicos y ecoparques. Otras categorías serán las áreas industriales (con infraestructura básica pero que no llegan a ser parques industriales) y una zona urbanizada de servicios complementarios, que contempla viviendas particulares, servicios se salud, educación y esparcimiento. “El problema que tenemos hoy es que no hay más tierras en los parques formalizados”, explicó a este diario el ministro de Desarrollo Territorial, Leandro Bertoya, quien especificó que la Provincia se rige actualmente por la ley de inversiones y la de tierras, pero que no hay una normativa específica para parques industriales y centros de logística. “Por esta razón y para dar seguridad jurídica es que hacemos esta ley, con el objetivo de ordenar la actividad, donde no solo el Estado intervendrá, sino también los privados que aseguren servicios a las empresas. Además, los municipios podrán adherir para tener su propio régimen de parques industriales”, señaló el funcionario, al tiempo que aseguró que el proyecto de ley está “a la firma del gobernador Jorge Sapag”.
Medio ambiente
La autoridad de aplicación de la ley recaerá en el Ministerio de Desarrollo Territorial, cuya función será evaluar y aprobar la creación, ampliación o modificación de agrupamientos industriales y de servicios. Del mismo modo, tendrá la atribución de promover la radicación de estos establecimientos “en forma racional y ordenada en el territorio provincial, evitando conflictos funcionales y preservando el medio ambiente”, como también “la relocalización de establecimientos industriales y de servicios que estén ubicados en áreas no aptas para su uso industrial”.
Será facultad del ministerio desestimar cualquier solicitud que no cumpla los requisitos de la ley, ente ellos los vinculados a aspectos medio ambientales, de uso, gestión y conservación de recursos naturales.
La ley prevé, además de un ente administrador de los agrupamientos industriales y de servicios, la posibilidad de que el Gobierno pueda instrumentar beneficios diferenciales en materia tributaria a fin de estimular la radicación de nuevas industrias o empresas de servicios. Pero también se fijarán sanciones para aquellas firmas que no cumplan con lo estipulado en la nueva normativa, que pueden ir desde un apercibimiento, pasando por multas, clausura o caducidad de la adjudicación.
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Hoy se celebra el Día contra la Megaminería
Día Mundial contra la Megaminería
Fecha de Publicación: 22/07/2014
Fuente: AIM
Provincia/Región: Nacional
Hoy, 22 de julio se realizará la jornada internacional de lucha contra la megaminería a cielo abierto en distintos países del mundo para denunciar las consecuencias contaminantes y predatorias de este tipo de explotación.
Argentina no es ajena a este flagelo, ya que en su Cordillera y otros cordones montañosos se han instalado megaproyectos que destruyen nuestros bienes comunes naturales, economías locales y formas de vida a través de mineras como Barrik Gold y La Alumbrera, entre otras.
Estas transnacionales crean Estados paralelos en las regiones donde se instalan y, a través de sus patotas, tratan de amedrentar a las asambleas populares que defienden su economía, su salud y su cultura, constantemente amenazadas por estos emprendimientos que utilizan toneladas de dinamita para volar nuestras montañas y millones de litros de agua mezclada con químicos tóxicos para separar los metales.
Por todo esto, desde el Espacio Abierto Argentina Sin Megaminería estamos organizando una Jornada de Lucha que se desarrollará en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y otros puntos del país, desde donde invitamos a todas las organizaciones a sumarse y ser protagonistas, mostrando con fuerza el rechazo al saqueo de nuestra naturaleza.
La movilización tendrá lugar en Buenos Aires a las 17 frente al congreso de la Nación: en Luján desde las 17, en San Miguel de Tucumán de 18 a 22 y en Trelew y Rawson.
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Fecha de Publicación: 22/07/2014
Fuente: AIM
Provincia/Región: Nacional
Hoy, 22 de julio se realizará la jornada internacional de lucha contra la megaminería a cielo abierto en distintos países del mundo para denunciar las consecuencias contaminantes y predatorias de este tipo de explotación.
Argentina no es ajena a este flagelo, ya que en su Cordillera y otros cordones montañosos se han instalado megaproyectos que destruyen nuestros bienes comunes naturales, economías locales y formas de vida a través de mineras como Barrik Gold y La Alumbrera, entre otras.
Estas transnacionales crean Estados paralelos en las regiones donde se instalan y, a través de sus patotas, tratan de amedrentar a las asambleas populares que defienden su economía, su salud y su cultura, constantemente amenazadas por estos emprendimientos que utilizan toneladas de dinamita para volar nuestras montañas y millones de litros de agua mezclada con químicos tóxicos para separar los metales.
Por todo esto, desde el Espacio Abierto Argentina Sin Megaminería estamos organizando una Jornada de Lucha que se desarrollará en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y otros puntos del país, desde donde invitamos a todas las organizaciones a sumarse y ser protagonistas, mostrando con fuerza el rechazo al saqueo de nuestra naturaleza.
La movilización tendrá lugar en Buenos Aires a las 17 frente al congreso de la Nación: en Luján desde las 17, en San Miguel de Tucumán de 18 a 22 y en Trelew y Rawson.
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Festival de esculturas de nieve se queda sin nieve
Sin nieve para el festival de esculturas
Fecha de Publicación: 22/07/2014
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Tierra del Fuego
Ocurre en Tierra del Fuego, donde la temperatura también es alta. En lugar de nieve, los escultores usarán madera.
Las altas temperaturas llegaron hasta Tierra del Fuego. La falta de nieve obligó a las autoridades a cambiar el tradicional festival de esculturas de nieve por uno de tallado en madera.
“Estamos pasando noches con temperaturas casi de verano”, dijo Marcelo Lietti, presidente de la Cámara de Turismo de Ushuaia.
Y agregó: “Son cosas que hace la naturaleza, como les sucede a aquellos que por ahí van a la costa en verano y les tocan 10 o 15 días con lluvia. Hay que atravesarlo y no tenemos otra alternativa”, señaló al diario Perfil.
Sin embargo, le asombró que se mantenga la ocupación de turistas extranjeros.
La Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Ushuaia resolvió suspender la edición 2014 del Festival Internacional de Esculturas en Nieve y realizar en su lugar una competencia de esculturas en madera.
Alejandro Bauducco, coordinador del festival, indicó que se utilizará madera de lenga. Explicó que, en lugar de nieve, a los equipos inscriptos se les dará un tronco de lenga y sobre ello deben hacer un boceto y llevarlo adelante dado que “la madera local es noble y da otras posibilidades de esculturas”.
El festival se realizará del 30 de julio al 3 de agosto en el predio de la Casa Bebán, el Paseo de la Rosa, informó el funcionario municipal.
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Fecha de Publicación: 22/07/2014
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Tierra del Fuego
Ocurre en Tierra del Fuego, donde la temperatura también es alta. En lugar de nieve, los escultores usarán madera.
Las altas temperaturas llegaron hasta Tierra del Fuego. La falta de nieve obligó a las autoridades a cambiar el tradicional festival de esculturas de nieve por uno de tallado en madera.
“Estamos pasando noches con temperaturas casi de verano”, dijo Marcelo Lietti, presidente de la Cámara de Turismo de Ushuaia.
Y agregó: “Son cosas que hace la naturaleza, como les sucede a aquellos que por ahí van a la costa en verano y les tocan 10 o 15 días con lluvia. Hay que atravesarlo y no tenemos otra alternativa”, señaló al diario Perfil.
Sin embargo, le asombró que se mantenga la ocupación de turistas extranjeros.
La Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Ushuaia resolvió suspender la edición 2014 del Festival Internacional de Esculturas en Nieve y realizar en su lugar una competencia de esculturas en madera.
Alejandro Bauducco, coordinador del festival, indicó que se utilizará madera de lenga. Explicó que, en lugar de nieve, a los equipos inscriptos se les dará un tronco de lenga y sobre ello deben hacer un boceto y llevarlo adelante dado que “la madera local es noble y da otras posibilidades de esculturas”.
El festival se realizará del 30 de julio al 3 de agosto en el predio de la Casa Bebán, el Paseo de la Rosa, informó el funcionario municipal.
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Presiones en Mendoza para modificar ley antiminería
Paco Pérez, cada vez más presionado por el oficialismo para que modifique la ley antiminería
Fecha de Publicación: 22/07/2014
Fuente: La Política On Line
Provincia/Región: Mendoza
El miércoles pasado, en un salón relacionado con actos peronistas de campaña, la industria minera mendocina realizó un encuentro para debatir el presente y el futuro del sector. A él asistieron varios importantes dirigentes del oficialismo mendocino, quienes con encendidos discursos, pidieron que se debate y modifique la ley provincial 7.722, llamada antiminera, que prohíbe la explotación metalífera.
El dato es llamativo teniendo en cuenta la resistencia del gobernador Paco Pérez a abrir una discusión que se transformará inmediatamente en duros cuestionamientos y movilizaciones de las organizaciones ambientalistas locales. Asimismo, para Pérez, a quien le queda poco más de un año de gestión, le molesta y mucho la postura de sus compañeros de partido. Es que fue él quien, como candidato a gobernador, pidió la aprobación de la ley.
Alejandro Abraham y Dante González, diputados nacionales peronistas, además de varios legisladores provinciales e intendentes, fueron de la partida en el encuentro de la industria, y todos hablaron. Con mayor o menor énfasis, se quejaron ante los mineros porque Mendoza “está desaprovechando una oportnidad única de desarrollarse”. Abraham fue el más vehemente, al afirmar directamente que la ley 7.722 “no sólo prohíbe el desarrollo de la minería metalífera, también frena el desarrollo de Mendoza y la cración de miles de empleos”.
Según datos de la cámara minera local, en el mediano plazo se podrían crear 10.000 puestos de trabajo en la provincia si se eliminara la ley 7.722, y se podrían ejecutar inversiones en el corto plazo por más de 200 millones de dólares, además de ingresos vía regalías millonarios para las arcas provinciales.
En esta línea se movió Abraham, al reclamar la apertura del debate de la ley, aprobada en la campaña del 2011 por pedido de Pérez, preocupado por el impacto que podría tener el no debate de la ley en las urnas. Por esos días, se lo acusaba al ahora gobernador de prominero por haber sido parte de un estudio de abogados que tuvo a varias mineras extrangeras como clientes.
“No creo que habilite el debate, porque tiene el pecado original”, refirió un alto funcionario provincial respecto a la postura del gobernador, que no ha sido hasta ahora explícita. “Si lo apuran, va a bancar la 7.722”, agrega la fuente.
Algo similar explicó el ministro de Energía de Mendoza, Marcos Zandomeni, en la cena de la industria, aunque con otras palabras, mucho más suaves. Para el ministro, hay que avanzar en lo que permita la ley, y buscar alternativas a otros emprendimientos hoy vedados. El guiño fue para San Jorge, en Uspallata, una mina de cobre que promete grandes beneficios para Mendoza. Hoy ese yacimiento está en manos de inversores rusos, quienes quieren comenzar a explotar y llevar la materia prima a San Juan para procesarla. Para eso se está comenzando a construir una vía férrea de 22 kilómetros. Sería la forma de evitar los efectos de la 7.722, aunque, claro, muchos de los potenciales beneficios se los llevaría la provincia vecina.
Con todo, Pérez cada vez escucha más posturas a favor de la minería de todo tipo en las filas de su propio partido. Incluso varios miran hacia delante y le recuerdan a Pérez que con a minería al 100%, Mendoza no tendría los problemas financieros que hoy a aquejan.
“No creo que el próximo gobernador pueda desestimar a la minería como actividad que le dé recursos a la Provincia, deberá sí o sí desarrollarla al máximo de sus potencialidades”, reflexionó el diputado nacional Dante González frente a los empresarios mineros. Dejó claro que sea o no peronista el sucesor de Pérez, el debate se impondrá al menos con el apoyo de una buena parte del justicialismo mendocino.
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Fecha de Publicación: 22/07/2014
Fuente: La Política On Line
Provincia/Región: Mendoza
El miércoles pasado, en un salón relacionado con actos peronistas de campaña, la industria minera mendocina realizó un encuentro para debatir el presente y el futuro del sector. A él asistieron varios importantes dirigentes del oficialismo mendocino, quienes con encendidos discursos, pidieron que se debate y modifique la ley provincial 7.722, llamada antiminera, que prohíbe la explotación metalífera.
El dato es llamativo teniendo en cuenta la resistencia del gobernador Paco Pérez a abrir una discusión que se transformará inmediatamente en duros cuestionamientos y movilizaciones de las organizaciones ambientalistas locales. Asimismo, para Pérez, a quien le queda poco más de un año de gestión, le molesta y mucho la postura de sus compañeros de partido. Es que fue él quien, como candidato a gobernador, pidió la aprobación de la ley.
Alejandro Abraham y Dante González, diputados nacionales peronistas, además de varios legisladores provinciales e intendentes, fueron de la partida en el encuentro de la industria, y todos hablaron. Con mayor o menor énfasis, se quejaron ante los mineros porque Mendoza “está desaprovechando una oportnidad única de desarrollarse”. Abraham fue el más vehemente, al afirmar directamente que la ley 7.722 “no sólo prohíbe el desarrollo de la minería metalífera, también frena el desarrollo de Mendoza y la cración de miles de empleos”.
Según datos de la cámara minera local, en el mediano plazo se podrían crear 10.000 puestos de trabajo en la provincia si se eliminara la ley 7.722, y se podrían ejecutar inversiones en el corto plazo por más de 200 millones de dólares, además de ingresos vía regalías millonarios para las arcas provinciales.
En esta línea se movió Abraham, al reclamar la apertura del debate de la ley, aprobada en la campaña del 2011 por pedido de Pérez, preocupado por el impacto que podría tener el no debate de la ley en las urnas. Por esos días, se lo acusaba al ahora gobernador de prominero por haber sido parte de un estudio de abogados que tuvo a varias mineras extrangeras como clientes.
“No creo que habilite el debate, porque tiene el pecado original”, refirió un alto funcionario provincial respecto a la postura del gobernador, que no ha sido hasta ahora explícita. “Si lo apuran, va a bancar la 7.722”, agrega la fuente.
Algo similar explicó el ministro de Energía de Mendoza, Marcos Zandomeni, en la cena de la industria, aunque con otras palabras, mucho más suaves. Para el ministro, hay que avanzar en lo que permita la ley, y buscar alternativas a otros emprendimientos hoy vedados. El guiño fue para San Jorge, en Uspallata, una mina de cobre que promete grandes beneficios para Mendoza. Hoy ese yacimiento está en manos de inversores rusos, quienes quieren comenzar a explotar y llevar la materia prima a San Juan para procesarla. Para eso se está comenzando a construir una vía férrea de 22 kilómetros. Sería la forma de evitar los efectos de la 7.722, aunque, claro, muchos de los potenciales beneficios se los llevaría la provincia vecina.
Con todo, Pérez cada vez escucha más posturas a favor de la minería de todo tipo en las filas de su propio partido. Incluso varios miran hacia delante y le recuerdan a Pérez que con a minería al 100%, Mendoza no tendría los problemas financieros que hoy a aquejan.
“No creo que el próximo gobernador pueda desestimar a la minería como actividad que le dé recursos a la Provincia, deberá sí o sí desarrollarla al máximo de sus potencialidades”, reflexionó el diputado nacional Dante González frente a los empresarios mineros. Dejó claro que sea o no peronista el sucesor de Pérez, el debate se impondrá al menos con el apoyo de una buena parte del justicialismo mendocino.
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Aprueban fondos internacionales contra la deforestación
ONU aprobó fondos a la Argentina para financiar un proyecto contra la deforestación
Fecha de Publicación: 21/07/2014
Fuente: Portal continental.com.ar
Provincia/Región: Nacional
Los 20 miembros del Consejo Político del Programa de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal de la ONU aprobaron el envío de recursos a la Argentina para luchar contra la deforestación y el cambio climático.
El organismo internacional, a propuesta de la secretaría de Ambiente de la Nación, enviará 3.842 millones de dólaresal país para, entre otros fines, "utilizarlos en el apoyo de acciones de los pueblos indígenas y campesinos que viven en los territorios boscosos del país", informó la Secretaría en un comunicado.
Los recusos se usarán además en "la promoción del uso de tecnologías de última generación para el monitoreo y control de los bosques nativos".
La iniciativa fue aprobada durante la duodécima Reunión del Consejo Político de ese programa de la ONU, que se realizó el 8 y el 9 de julio en Lima, Perú, en la que participó Silvia Révora, subsecretaria de Planificación y Política Ambiental.
El plan de la ONU, llamado ONU-REDD, también apoyará al país para desarrollar acciones que permitan frenar la deforestación y pérdida de bosques nativos.
La Subsecretaría explicó que la pérdida de bosques a nivel mundial, "representa casi el 20 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático a nivel mundial, y contribuyen con una cantidad mayor que todo el sector de transporte global".
Indicó que la reducción de los bosques nativos son causados por "la expansión agrícola, los desmontes, el desarrollo de infraestructura y los incendios forestales, entre otras causas".
Los ministros que integran el Consejo Político del programa ONU REDD también hicieron hincapié en la función de los bosques en la próxima cumbre mundial sobre el cambio climático COP-20, que se celebrará en Lima en diciembre de este año.
En este aspecto, la Argentina "recalcó la necesidad de coordinar políticas públicas estratégicas en toda la región y expuso los avances en la Ley Nacional de Bosques con su enfoque integral socio-ecológico", detalló la subsecretaría.
Durante la reunión, a la que asistieron más de 100 participantes en representación de 25 países y de los pueblos indígenas, entre otros, Argentina fue elegida para representar a Latinoamérica y el Caribe en el Consejo Político del Programa.
El programa ONU-REDD es una iniciativa colaborativa de las Naciones Unidas para la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal (REDD) en los países en desarrollo.
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Fecha de Publicación: 21/07/2014
Fuente: Portal continental.com.ar
Provincia/Región: Nacional
Los 20 miembros del Consejo Político del Programa de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal de la ONU aprobaron el envío de recursos a la Argentina para luchar contra la deforestación y el cambio climático.
El organismo internacional, a propuesta de la secretaría de Ambiente de la Nación, enviará 3.842 millones de dólaresal país para, entre otros fines, "utilizarlos en el apoyo de acciones de los pueblos indígenas y campesinos que viven en los territorios boscosos del país", informó la Secretaría en un comunicado.
Los recusos se usarán además en "la promoción del uso de tecnologías de última generación para el monitoreo y control de los bosques nativos".
La iniciativa fue aprobada durante la duodécima Reunión del Consejo Político de ese programa de la ONU, que se realizó el 8 y el 9 de julio en Lima, Perú, en la que participó Silvia Révora, subsecretaria de Planificación y Política Ambiental.
El plan de la ONU, llamado ONU-REDD, también apoyará al país para desarrollar acciones que permitan frenar la deforestación y pérdida de bosques nativos.
La Subsecretaría explicó que la pérdida de bosques a nivel mundial, "representa casi el 20 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático a nivel mundial, y contribuyen con una cantidad mayor que todo el sector de transporte global".
Indicó que la reducción de los bosques nativos son causados por "la expansión agrícola, los desmontes, el desarrollo de infraestructura y los incendios forestales, entre otras causas".
Los ministros que integran el Consejo Político del programa ONU REDD también hicieron hincapié en la función de los bosques en la próxima cumbre mundial sobre el cambio climático COP-20, que se celebrará en Lima en diciembre de este año.
En este aspecto, la Argentina "recalcó la necesidad de coordinar políticas públicas estratégicas en toda la región y expuso los avances en la Ley Nacional de Bosques con su enfoque integral socio-ecológico", detalló la subsecretaría.
Durante la reunión, a la que asistieron más de 100 participantes en representación de 25 países y de los pueblos indígenas, entre otros, Argentina fue elegida para representar a Latinoamérica y el Caribe en el Consejo Político del Programa.
El programa ONU-REDD es una iniciativa colaborativa de las Naciones Unidas para la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal (REDD) en los países en desarrollo.
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Exigen reforestar el desmonte de endémicas en Misiones
Exigen reforestar el área en que se taló palo rosa en Andresito
Fecha de Publicación: 21/07/2014
Fuente: Territorio Digital
Provincia/Región: Misiones
Organizaciones ambientalistas exigieron la aplicación de sanciones a los responsables de la tala ilegal de 17 ejemplares de palo rosa y la restauración del área en la que se produjo este atentado contra una especie que es Monumento Natural Provincial.
La Fundación Vida Silvestre Argentina, Conservación Argentina, el Centro de Investigaciones del Bosque Atlántico y Banco de Bosques firmaron un escrito en el cual expresan su preocupación y repudio, y exigen al Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de Misiones medidas concretas.
El apeo ilegal de los ejemplares de palo rosa, especie declarada Monumento Natural Provincial y protegida por ley, “se realizó en la misma propiedad donde en octubre del año pasado las organizaciones ambientales denunciaron un hecho similar que involucró gran cantidad de árboles nativos”.
Los guardaparques labraron actas de infracción, medición y secuestro del material ilegal, de acuerdo al procedimiento establecido, pero las organizaciones firmantes hicieron un llamado a que las autoridades para que apliquen “una sanción contundente y ejemplificadora que evite la repetición de este tipo de hechos que ponen en peligro la biodiversidad de la selva misionera”.
Especificaron que además de la multa que establece la Ley Provincial XVI Nº 105 en su artículo 27, es “indispensable” recurrir al inciso D del artículo 29, que contempla “restauración con trabajos de reforestación, enriquecimiento de bosques nativos, recuperación y/o cualquier otro que fuera conveniente a criterio de la autoridad de aplicación”.
Esto es, tareas que contribuyan a devolverle al área afectada el estado anterior al del ilícito.
En sintonía con la preocupación por la tala de árboles protegidos, las organizaciones ambientalistas firmantes detallaron que si bien la tasa de deforestación en Misiones se redujo en el período 2004-2010, “la habilitación de nuevas áreas destinadas al avance de la frontera agropecuaria y el aprovechamiento no sustentable del bosque nativo en zonas de alto valor para la conservación continúan siendo las principales causas de la pérdida de la selva misionera y su biodiversidad”.
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Fecha de Publicación: 21/07/2014
Fuente: Territorio Digital
Provincia/Región: Misiones
Organizaciones ambientalistas exigieron la aplicación de sanciones a los responsables de la tala ilegal de 17 ejemplares de palo rosa y la restauración del área en la que se produjo este atentado contra una especie que es Monumento Natural Provincial.
La Fundación Vida Silvestre Argentina, Conservación Argentina, el Centro de Investigaciones del Bosque Atlántico y Banco de Bosques firmaron un escrito en el cual expresan su preocupación y repudio, y exigen al Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de Misiones medidas concretas.
El apeo ilegal de los ejemplares de palo rosa, especie declarada Monumento Natural Provincial y protegida por ley, “se realizó en la misma propiedad donde en octubre del año pasado las organizaciones ambientales denunciaron un hecho similar que involucró gran cantidad de árboles nativos”.
Los guardaparques labraron actas de infracción, medición y secuestro del material ilegal, de acuerdo al procedimiento establecido, pero las organizaciones firmantes hicieron un llamado a que las autoridades para que apliquen “una sanción contundente y ejemplificadora que evite la repetición de este tipo de hechos que ponen en peligro la biodiversidad de la selva misionera”.
Especificaron que además de la multa que establece la Ley Provincial XVI Nº 105 en su artículo 27, es “indispensable” recurrir al inciso D del artículo 29, que contempla “restauración con trabajos de reforestación, enriquecimiento de bosques nativos, recuperación y/o cualquier otro que fuera conveniente a criterio de la autoridad de aplicación”.
Esto es, tareas que contribuyan a devolverle al área afectada el estado anterior al del ilícito.
En sintonía con la preocupación por la tala de árboles protegidos, las organizaciones ambientalistas firmantes detallaron que si bien la tasa de deforestación en Misiones se redujo en el período 2004-2010, “la habilitación de nuevas áreas destinadas al avance de la frontera agropecuaria y el aprovechamiento no sustentable del bosque nativo en zonas de alto valor para la conservación continúan siendo las principales causas de la pérdida de la selva misionera y su biodiversidad”.
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Catamarca quiere quedarse con Agua Rica
Corpacci cerca de quedarse con la explotación de la megamina Agua Rica
Fecha de Publicación: 21/07/2014
Fuente: La Política On Line
Provincia/Región: Catamarca
Glencore desistió de explotar el yacimiento y ahora la gobernadora busca asociar su empresa provincial a la canadiense Yamana.
La gobernadora de Catamarca, Lucía Corpacci, esta cerca de quedarse con la explotación de la megamina Agua Rica, tras la decisión de la multinacional Glencore (ex Xtrata) de desistir de su preferencia para explotar ese rico yacimiento de oro y cobre.
Corpacci busca ahora asociar a su empresa provincial CAMYEN (Catamarca Minera y Energética) a la canadiense Yamana, para explotar este yacimiento de "clase mundial" y que promete una riqueza similar a la de La Alumbrera, que ya entró en su fase final.
La Alumbrera es el principal yacimiento operativo de Catamarca, que opera sobre un terreno perteneciente a Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (Ymad), una sociedad que tiene el 60% en manos de la provincia de Catamarca y el resto en la Universidad de Tucumán, por ser la que descubrió el yacimiento. Por se propietaria del yacimiento YMAD recibe un 20% d elas utilidades de esta mina.
YMAD es presidida por Manuel Benítez, un hombre que responde a la Nación y es quien tiene la facultad de decidir cuando se reparten las utilidades. La operación de la mina está a cargo de una sociedad que pertenece en un 57% a la inglesa Glencore y el resto se reparte entre la irlandesa GoldCore y Yamana.
Con las finanzas en rojo, Corpacci pelea hace tiempo para quedarse con el control de Agua Rica, que nunca fue dotado de infraestructura como su vecino de Alumbrera. Hasta ahora sólo se invirtieron en Agua Rica 40 millones de dólares, pero se calcula que para ponerlo operativo se necesitarían unos 3.500 millones de dólares.
Tras la decisión de retirarse de Glencore, que está en una política de desmontar en lo posible sus operaciones en la Argentina, harta de las infinitas trabas burocráticas -como la prohibición de girar dividendos- y problemas macroeconómicos, ahora el desafío de poner en marcha ese yacimiento recaerá sobre Yamanay la provincial Camyen.
Corpacci no la tiene fácil: la canadiense Yamana es una minera junior sin capacidad para financiar un emprendimiento de esa magnitud. DE hecho, en la firma canadiense tienen claro que en el actual entorno político es poco menos que imposible conseguir que alguna firma internacional destine miles de millones de dólares a un proyecto en la Argentina.
Pero en Catamarca hay expectativas, porque se sabe que en 4 años se extinguirá la explotación de Bajo La Alumbrera y su infraestructura minera -que pertenece a YMAD-quedará a disposición de su vecina Agua Rica. Esa es la apuesta de Corpacci.
En lo inmediato, la gobernadora se conforma con el compromiso de Glencore de explotar Bajo Durazno, un yacimiento minero pequeño ubicado a un kilómetro de La Alumbrera, que podría generar 100 puestos de trabajo directos.
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Fecha de Publicación: 21/07/2014
Fuente: La Política On Line
Provincia/Región: Catamarca
Glencore desistió de explotar el yacimiento y ahora la gobernadora busca asociar su empresa provincial a la canadiense Yamana.
La gobernadora de Catamarca, Lucía Corpacci, esta cerca de quedarse con la explotación de la megamina Agua Rica, tras la decisión de la multinacional Glencore (ex Xtrata) de desistir de su preferencia para explotar ese rico yacimiento de oro y cobre.
Corpacci busca ahora asociar a su empresa provincial CAMYEN (Catamarca Minera y Energética) a la canadiense Yamana, para explotar este yacimiento de "clase mundial" y que promete una riqueza similar a la de La Alumbrera, que ya entró en su fase final.
La Alumbrera es el principal yacimiento operativo de Catamarca, que opera sobre un terreno perteneciente a Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (Ymad), una sociedad que tiene el 60% en manos de la provincia de Catamarca y el resto en la Universidad de Tucumán, por ser la que descubrió el yacimiento. Por se propietaria del yacimiento YMAD recibe un 20% d elas utilidades de esta mina.
YMAD es presidida por Manuel Benítez, un hombre que responde a la Nación y es quien tiene la facultad de decidir cuando se reparten las utilidades. La operación de la mina está a cargo de una sociedad que pertenece en un 57% a la inglesa Glencore y el resto se reparte entre la irlandesa GoldCore y Yamana.
Con las finanzas en rojo, Corpacci pelea hace tiempo para quedarse con el control de Agua Rica, que nunca fue dotado de infraestructura como su vecino de Alumbrera. Hasta ahora sólo se invirtieron en Agua Rica 40 millones de dólares, pero se calcula que para ponerlo operativo se necesitarían unos 3.500 millones de dólares.
Tras la decisión de retirarse de Glencore, que está en una política de desmontar en lo posible sus operaciones en la Argentina, harta de las infinitas trabas burocráticas -como la prohibición de girar dividendos- y problemas macroeconómicos, ahora el desafío de poner en marcha ese yacimiento recaerá sobre Yamanay la provincial Camyen.
Corpacci no la tiene fácil: la canadiense Yamana es una minera junior sin capacidad para financiar un emprendimiento de esa magnitud. DE hecho, en la firma canadiense tienen claro que en el actual entorno político es poco menos que imposible conseguir que alguna firma internacional destine miles de millones de dólares a un proyecto en la Argentina.
Pero en Catamarca hay expectativas, porque se sabe que en 4 años se extinguirá la explotación de Bajo La Alumbrera y su infraestructura minera -que pertenece a YMAD-quedará a disposición de su vecina Agua Rica. Esa es la apuesta de Corpacci.
En lo inmediato, la gobernadora se conforma con el compromiso de Glencore de explotar Bajo Durazno, un yacimiento minero pequeño ubicado a un kilómetro de La Alumbrera, que podría generar 100 puestos de trabajo directos.
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Controversias por la ley de semillas en Argentina
Controversias por la ley de semillas en Argentina
Fecha de Publicación: 20/07/2014
Fuente: La Gran Época - Biodiversidad en América Latina y El Caribe
Provincia/Región: Nacional
La controversia entre los distintos sectores es muy grande, por un lado están las organizaciones sociales y ambientalistas que hacen campaña para que la Ley 20.247, que data de 1973, no se modifique, y por el otro están las organizaciones dependientes del Ministerio de Agricultura, más otras privadas que tienen interés en la reforma de la ley.
El anteproyecto logró filtrarse a los opuestos al cambio, quienes formaron una resistencia y trabajan para que el mismo no llegue a tratarse en el Congreso de la Nación, a través de recolección de firmas y otras campañas asociadas.
“El proyecto es el mismo que se había formulado en el 2012, con las mismas limitaciones, y los mismos problemas de ampliar la privatización de las semillas, con el agregado de algunos capítulos que intentan atenuar el efecto sobre la agricultura familiar”, dijo Carlos Vicente, de Acción por la Biodiversidad, en una entrevista con La Gran Época.
Propiedad intelectual
Uno de los puntos más cuestionados en el anteproyecto del año pasado es el de propiedad intelectual, por lo que las organizaciones ambientalistas consideran que intenta “privatizar las semillas”, e implica el “pago de regalías por parte de los productores a las empresas biotecnológicas por la utilización de las semillas mejoradas y patentadas”.
Este año, según Carlos Vicente, se modificó esa cláusula pero con una salvedad: para eximirse del pago de regalías y seguir teniendo uso propio de las semillas, los agricultores deben cumplir con la condición de estar inscriptos en el Registro Nacional de Agricultura Familiar, lo cual consideró absurdo.
“Si hay algo que no pueden las semillas es regularse en términos de los instrumentos, cualquiera que pueda sembrar tiene que poder sembrar y guardar semillas”, apuntó.
Vinculación con Monsanto
Otro punto sensible que denuncian las organizaciones sociales es que las grandes corporaciones biotecnológicas, como Monsanto, ejercen presión política sobre los gobiernos locales.
“Esta es una ley hecha para Monsanto, el Ministro de Agricultura en el año 2012 la lanzó al lado de Pablo Vaquero, el representante de Monsanto en Argentina, entonces es muy explícito que es una ley para Monsanto”, señaló Vicente.
Asimismo denuncian que hay una alianza muy clara entre la transnacional Monsanto, los grandes productores de soja y los comercializadores de semillas.
Vicente afirmó que en los últimos 20 años surgió una intensa amenaza a la semilla ya que, en el siglo 20, se perdió las 3/4 partes de la biodiversidad agrícola que el hombre generó durante 10.000 años.
“En ese camino vimos que los derechos de propiedad intelectual es una de las maneras que utilizan las corporaciones para apropiarse de las semillas y por eso esta resistencia”, agregó.
Contraparte
Una de las organizaciones que apoya el proyecto es la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA), quien se conforma por 84 socios que estimulan “el uso de tecnología para mejorar la calidad de las semillas y la competitividad de la producción agropecuaria”, según su portal.
“El gran tema que divide las aguas es el uso propio. Hoy tenemos la necesidad de que se equilibren los derechos. El uso propio debe tener una regulación, y se deberían poder exigir regalías extendidas por diferenciación de productores” dijo el Director Ejecutivo de la ASA, el Ing. Miguel Rapela en un debate llevado a cabo el 17 de junio, organizado por la Fundación Nuevas Generaciones.
Según Carlos Vicente, el proyecto de ley está dilatándose por los mismos intereses contrapuestos dentro del Ministerio de Agricultura y comentó que, dentro de las organizaciones del campo que estaban agrupadas en la mesa de enlace hubo diferencias entre ellos, como el caso de la Federación Agraria Argentina (FAA), quien se retiró de la discusión del proyecto de ley.
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Fecha de Publicación: 20/07/2014
Fuente: La Gran Época - Biodiversidad en América Latina y El Caribe
Provincia/Región: Nacional
La controversia entre los distintos sectores es muy grande, por un lado están las organizaciones sociales y ambientalistas que hacen campaña para que la Ley 20.247, que data de 1973, no se modifique, y por el otro están las organizaciones dependientes del Ministerio de Agricultura, más otras privadas que tienen interés en la reforma de la ley.
El anteproyecto logró filtrarse a los opuestos al cambio, quienes formaron una resistencia y trabajan para que el mismo no llegue a tratarse en el Congreso de la Nación, a través de recolección de firmas y otras campañas asociadas.
“El proyecto es el mismo que se había formulado en el 2012, con las mismas limitaciones, y los mismos problemas de ampliar la privatización de las semillas, con el agregado de algunos capítulos que intentan atenuar el efecto sobre la agricultura familiar”, dijo Carlos Vicente, de Acción por la Biodiversidad, en una entrevista con La Gran Época.
Propiedad intelectual
Uno de los puntos más cuestionados en el anteproyecto del año pasado es el de propiedad intelectual, por lo que las organizaciones ambientalistas consideran que intenta “privatizar las semillas”, e implica el “pago de regalías por parte de los productores a las empresas biotecnológicas por la utilización de las semillas mejoradas y patentadas”.
Este año, según Carlos Vicente, se modificó esa cláusula pero con una salvedad: para eximirse del pago de regalías y seguir teniendo uso propio de las semillas, los agricultores deben cumplir con la condición de estar inscriptos en el Registro Nacional de Agricultura Familiar, lo cual consideró absurdo.
“Si hay algo que no pueden las semillas es regularse en términos de los instrumentos, cualquiera que pueda sembrar tiene que poder sembrar y guardar semillas”, apuntó.
Vinculación con Monsanto
Otro punto sensible que denuncian las organizaciones sociales es que las grandes corporaciones biotecnológicas, como Monsanto, ejercen presión política sobre los gobiernos locales.
“Esta es una ley hecha para Monsanto, el Ministro de Agricultura en el año 2012 la lanzó al lado de Pablo Vaquero, el representante de Monsanto en Argentina, entonces es muy explícito que es una ley para Monsanto”, señaló Vicente.
Asimismo denuncian que hay una alianza muy clara entre la transnacional Monsanto, los grandes productores de soja y los comercializadores de semillas.
Vicente afirmó que en los últimos 20 años surgió una intensa amenaza a la semilla ya que, en el siglo 20, se perdió las 3/4 partes de la biodiversidad agrícola que el hombre generó durante 10.000 años.
“En ese camino vimos que los derechos de propiedad intelectual es una de las maneras que utilizan las corporaciones para apropiarse de las semillas y por eso esta resistencia”, agregó.
Contraparte
Una de las organizaciones que apoya el proyecto es la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA), quien se conforma por 84 socios que estimulan “el uso de tecnología para mejorar la calidad de las semillas y la competitividad de la producción agropecuaria”, según su portal.
“El gran tema que divide las aguas es el uso propio. Hoy tenemos la necesidad de que se equilibren los derechos. El uso propio debe tener una regulación, y se deberían poder exigir regalías extendidas por diferenciación de productores” dijo el Director Ejecutivo de la ASA, el Ing. Miguel Rapela en un debate llevado a cabo el 17 de junio, organizado por la Fundación Nuevas Generaciones.
Según Carlos Vicente, el proyecto de ley está dilatándose por los mismos intereses contrapuestos dentro del Ministerio de Agricultura y comentó que, dentro de las organizaciones del campo que estaban agrupadas en la mesa de enlace hubo diferencias entre ellos, como el caso de la Federación Agraria Argentina (FAA), quien se retiró de la discusión del proyecto de ley.
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La Rioja: convenio con la policía para control ambiental
Ambiente y Policía controlarán caza furtiva y transporte de leña
Fecha de Publicación: 20/07/2014
Fuente: Diario El Independiente
Provincia/Región: La Rioja
La Secretaría de Ambiente y la Policía provincial trabajarán coordinadamente para hacer efectivo el control, especialmente en los puestos camineros, por los casos de caza furtiva y el transporte ilegal de leña, teniendo en cuenta lo establecido en la ley 6.331 de Bosques Nativos.
Durante una reunión que mantuvieron, días atrás, el secretario Nito Brizuela con el jefe de la Policía, Luis Páez y los comisarios Iván Taborda y Fidel Nieto, se acordó el trabajo en conjunto sobre estas cuestiones y, además, en la relacionado al tratamiento de residuos peligrosos y sustancias químicas.
El jefe policial informó que la institución comenzará a trabajar en el marco de lo hablado con el secretario de Ambiente y agregó que para ello hemos solicitado, primero, la capacitación del personal policial en lo que hace a la normativa vigente en todos estos casos para trabajar en los distintos aspectos.
En este sentido, dijo que será necesario coordinar el trabajo de la Policía con el personal de Ambiente en los controles del transporte de leña, que debe ser realizado con las guías correspondientes. Lo mismo con los pájaros, producto de la caza furtiva, que la Policía los incautará y procederá al secuestro de jaulas y armas y luego liberará las aves.
La misma tarea coordinada se efectuará con la pesca en el dique Los Sauces y la institución policial colaborará en el control del traslado de animales por las rutas.
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Fecha de Publicación: 20/07/2014
Fuente: Diario El Independiente
Provincia/Región: La Rioja
La Secretaría de Ambiente y la Policía provincial trabajarán coordinadamente para hacer efectivo el control, especialmente en los puestos camineros, por los casos de caza furtiva y el transporte ilegal de leña, teniendo en cuenta lo establecido en la ley 6.331 de Bosques Nativos.
Durante una reunión que mantuvieron, días atrás, el secretario Nito Brizuela con el jefe de la Policía, Luis Páez y los comisarios Iván Taborda y Fidel Nieto, se acordó el trabajo en conjunto sobre estas cuestiones y, además, en la relacionado al tratamiento de residuos peligrosos y sustancias químicas.
El jefe policial informó que la institución comenzará a trabajar en el marco de lo hablado con el secretario de Ambiente y agregó que para ello hemos solicitado, primero, la capacitación del personal policial en lo que hace a la normativa vigente en todos estos casos para trabajar en los distintos aspectos.
En este sentido, dijo que será necesario coordinar el trabajo de la Policía con el personal de Ambiente en los controles del transporte de leña, que debe ser realizado con las guías correspondientes. Lo mismo con los pájaros, producto de la caza furtiva, que la Policía los incautará y procederá al secuestro de jaulas y armas y luego liberará las aves.
La misma tarea coordinada se efectuará con la pesca en el dique Los Sauces y la institución policial colaborará en el control del traslado de animales por las rutas.
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Otro derrame en Lomitas ¿y la "responsabilidad petrolera"?
Rincón de los Sauces: otro derrame en un yacimiento petrolero
Fecha de Publicación: 19/07/2014
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
La rotura de una cañería provocó un nuevo derrame de petróleo crudo en el yacimiento Lomitas, pozo 62, afectando una superficie de unos 800 metros lineales.
El incidente ambiental se produjo sobre uno de los cañadones que tiene conexión con el río Colorado, en un área operada por la petrolera estatal YPF.
“Estamos preocupados porque sabemos que si el derrame llega al río se van a afectar a diferentes poblaciones que consumimos el agua río abajo”, sostuvo el secretario de Servicios Públicos municipal, Carlos Videla.
Por su parte, desde YPF reconocieron el incidente aunque minimizaron la contaminación aduciendo de que se trató de un derrame de tan solo 4 metros cúbicos, que ya fue controlado y que se encuentra trabajando en el lugar la autoridad de aplicación.
Videla indicó que “esto lo venimos denunciando desde hace mucho tiempo” y adjudicó esta situación “a la falta de mantenimiento, falta de inversión y falta de cuadrillas de trabajo para hacer las remediaciones”.
Compromisos no cumplidos
El funcionario también manifestó que “la situación ya pasó a ser insostenible” y consideró que “todos conocen perfectamente la situación, pero cada tanto tenemos estos derrames de hidrocarburos con lo que ello conlleva”.
El titular de Servicios Públicos recordó que “a principios de año tuvimos cuatro derrames importantes en menos de diez días”, en la misma zona que hoy se está denunciando (ver aparte). Asimismo, se quejó porque pasa “el tiempo y los compromisos de hacer las inversiones se renuevan, pero en la realidad nada de esto sucede o se ve”.
Una zona con incidentes habituales
La zona conocida como yacimiento Lomitas es uno de los lugares que mayor cantidad de incidentes ambientales viene acaparando. Las baterías 3, 8, 16 y 35 son denunciadas frecuentemente como lugares donde se producen pérdidas de hidrocarburos convirtiéndose para los trabajadores de la actividad como “problemas habituales”. A principio de este año se registraron varios incidentes en pocos días, llegando incluso el hidrocarburo a afectar el cauce del río Colorado, donde se registraron enormes manchas negras dando cuenta de la situación.
Si bien se puso en marcha un trabajo de planificación y reparación de las instalaciones, son los mismos trabajadores quienes continuamente denuncian el mal estado de los yacimientos, transformándose en situaciones comunes.
“Hay derrames que no se denuncian. Acá todos los días vemos cómo se rompen las instalaciones”, sostuvo un trabajador del sector.
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Fecha de Publicación: 19/07/2014
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
La rotura de una cañería provocó un nuevo derrame de petróleo crudo en el yacimiento Lomitas, pozo 62, afectando una superficie de unos 800 metros lineales.
El incidente ambiental se produjo sobre uno de los cañadones que tiene conexión con el río Colorado, en un área operada por la petrolera estatal YPF.
“Estamos preocupados porque sabemos que si el derrame llega al río se van a afectar a diferentes poblaciones que consumimos el agua río abajo”, sostuvo el secretario de Servicios Públicos municipal, Carlos Videla.
Por su parte, desde YPF reconocieron el incidente aunque minimizaron la contaminación aduciendo de que se trató de un derrame de tan solo 4 metros cúbicos, que ya fue controlado y que se encuentra trabajando en el lugar la autoridad de aplicación.
Videla indicó que “esto lo venimos denunciando desde hace mucho tiempo” y adjudicó esta situación “a la falta de mantenimiento, falta de inversión y falta de cuadrillas de trabajo para hacer las remediaciones”.
Compromisos no cumplidos
El funcionario también manifestó que “la situación ya pasó a ser insostenible” y consideró que “todos conocen perfectamente la situación, pero cada tanto tenemos estos derrames de hidrocarburos con lo que ello conlleva”.
El titular de Servicios Públicos recordó que “a principios de año tuvimos cuatro derrames importantes en menos de diez días”, en la misma zona que hoy se está denunciando (ver aparte). Asimismo, se quejó porque pasa “el tiempo y los compromisos de hacer las inversiones se renuevan, pero en la realidad nada de esto sucede o se ve”.
Una zona con incidentes habituales
La zona conocida como yacimiento Lomitas es uno de los lugares que mayor cantidad de incidentes ambientales viene acaparando. Las baterías 3, 8, 16 y 35 son denunciadas frecuentemente como lugares donde se producen pérdidas de hidrocarburos convirtiéndose para los trabajadores de la actividad como “problemas habituales”. A principio de este año se registraron varios incidentes en pocos días, llegando incluso el hidrocarburo a afectar el cauce del río Colorado, donde se registraron enormes manchas negras dando cuenta de la situación.
Si bien se puso en marcha un trabajo de planificación y reparación de las instalaciones, son los mismos trabajadores quienes continuamente denuncian el mal estado de los yacimientos, transformándose en situaciones comunes.
“Hay derrames que no se denuncian. Acá todos los días vemos cómo se rompen las instalaciones”, sostuvo un trabajador del sector.
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El Gobierno sigue apostando a lo nuclear
China se sube al cuarto reactor
Fecha de Publicación: 19/07/2014
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
El Gobierno firmará hoy el convenio de cooperación con China. El gigante asiático garantizará crédito a tasas bajas y plazos largos para concretar la obra. A cambio, podrá venderle al país componentes clave para la central.
El Gobierno firmará hoy un convenio de cooperación con China por el que el gigante asiático se compromete a garantizar condiciones preferenciales de financiamiento para la construcción de una cuarta central nuclear. El acuerdo lo terminaron de consensuar ayer el ministro de Planificación, Julio De Vido, y el presidente de China Nacional Nuclear Corp. (CNNC), Yang Chaodong. El objetivo del Gobierno es que tenga tecnología Candu, similar a la que funciona en Embalse. Será un reactor de uranio natural y agua pesada con una potencia de 760 megavatios (MW) que se instalará en Lima, junto a Atucha I y II. Todavía resta definir la licitación para la construcción de un quinto reactor, que será de agua liviana y uranio enriquecido, para el cual hay precalificadas multinacionales rusas, coreanas, estadounidenses, francesas y también la china CNNC.
No se construirá otro reactor como los de Atucha I y II porque es un diseño desarrollado por la alemana Siemens, empresa que se retiró de la actividad nuclear, lo que obligó al gobierno argentino a hacerse cargo de la terminación de la segunda central a través de la firma Nucleoeléctrica. Descartado Siemens, el único desarrollador de reactores de uranio natural con agua pesada es Canadá, propietario de la tecnología Candu (Canadian Deuterium Uranium), de probada experiencia a nivel mundial. La Argentina ya tiene antecedentes en el uso de la tecnología Candu. En 1973, le adjudicó al consorcio canadiense-italiano AECL Italimpianti la construcción de un reactor Candu de 600 MW en Embalse, obra que comenzó en 1974 y puso en servicio en enero de 1984. Desde entonces posee la tecnología y tiene autorización para replicarla en el país cuantas veces quiera. Lo único que requiere de los canadienses son las actualizaciones y la documentación de una central de referencia, que sería la china Qinsahn, la última construida en el mundo con tecnología Candu.
En el mercado también está disponible la tecnología para desarrollar centrales de uranio enriquecido y agua liviana, pero el Gobierno prefiere que la cuarta sea Candu para aprovechar la experiencia y los recursos que el país tiene en esa área luego de haber concluido Atucha II. De hecho, tiene una planta de agua pesada en Neuquén y, si bien importa el uranio, controla el proceso de fabricación de los elementos combustibles. Además, varios componentes de la central podrían fabricarse localmente, lo que permitirá garantizar un alto porcentaje de integración nacional.
En lo que respecta a la isla del reactor, la firma Combustibles Nucleares Argentinos (Conuar), propiedad de la CNEA y del Grupo Perez Companc, puede fabricar los tubos de presión y los tubos de recipiente del moderador, mientras que otras firmas nacionales están en condiciones de proveer generadores de vapor e intercambiadores. Lo que habría que importar en este caso sería el recipiente de Calandria y las bombas del primario. En el Balance de Planta, las instalaciones complementarias no nucleares de la central, firmas nacionales pueden aportar tubos de refrigeración, condensadores e intercambiadores. Lo que no se fabrica en el país es la turbina de vapor, que inevitablemente habría que importar, y el generador eléctrico principal.
El convenio de cooperación en materia económica y de inversiones le permitirá a la Argentina obtener el financiamiento a tasas bajas y plazos largos para llevar adelante la obra. La ventaja para los chinos es que ellos podrían venderle a la Argentina la turbina de vapor, el generador y otras piezas que sea necesario importar. “Esta negociación se inició en un viaje del ministro De Vido a China en 2012. Entonces era sólo una idea de cooperación que ahora se va a plasmar en un acuerdo concreto”, destacó anoche a Página/12 el titular de Nucleoléctrica, José Luis Antúnez, firma que tendrá a su cargo la obra.
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Fecha de Publicación: 19/07/2014
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
El Gobierno firmará hoy el convenio de cooperación con China. El gigante asiático garantizará crédito a tasas bajas y plazos largos para concretar la obra. A cambio, podrá venderle al país componentes clave para la central.
El Gobierno firmará hoy un convenio de cooperación con China por el que el gigante asiático se compromete a garantizar condiciones preferenciales de financiamiento para la construcción de una cuarta central nuclear. El acuerdo lo terminaron de consensuar ayer el ministro de Planificación, Julio De Vido, y el presidente de China Nacional Nuclear Corp. (CNNC), Yang Chaodong. El objetivo del Gobierno es que tenga tecnología Candu, similar a la que funciona en Embalse. Será un reactor de uranio natural y agua pesada con una potencia de 760 megavatios (MW) que se instalará en Lima, junto a Atucha I y II. Todavía resta definir la licitación para la construcción de un quinto reactor, que será de agua liviana y uranio enriquecido, para el cual hay precalificadas multinacionales rusas, coreanas, estadounidenses, francesas y también la china CNNC.
No se construirá otro reactor como los de Atucha I y II porque es un diseño desarrollado por la alemana Siemens, empresa que se retiró de la actividad nuclear, lo que obligó al gobierno argentino a hacerse cargo de la terminación de la segunda central a través de la firma Nucleoeléctrica. Descartado Siemens, el único desarrollador de reactores de uranio natural con agua pesada es Canadá, propietario de la tecnología Candu (Canadian Deuterium Uranium), de probada experiencia a nivel mundial. La Argentina ya tiene antecedentes en el uso de la tecnología Candu. En 1973, le adjudicó al consorcio canadiense-italiano AECL Italimpianti la construcción de un reactor Candu de 600 MW en Embalse, obra que comenzó en 1974 y puso en servicio en enero de 1984. Desde entonces posee la tecnología y tiene autorización para replicarla en el país cuantas veces quiera. Lo único que requiere de los canadienses son las actualizaciones y la documentación de una central de referencia, que sería la china Qinsahn, la última construida en el mundo con tecnología Candu.
En el mercado también está disponible la tecnología para desarrollar centrales de uranio enriquecido y agua liviana, pero el Gobierno prefiere que la cuarta sea Candu para aprovechar la experiencia y los recursos que el país tiene en esa área luego de haber concluido Atucha II. De hecho, tiene una planta de agua pesada en Neuquén y, si bien importa el uranio, controla el proceso de fabricación de los elementos combustibles. Además, varios componentes de la central podrían fabricarse localmente, lo que permitirá garantizar un alto porcentaje de integración nacional.
En lo que respecta a la isla del reactor, la firma Combustibles Nucleares Argentinos (Conuar), propiedad de la CNEA y del Grupo Perez Companc, puede fabricar los tubos de presión y los tubos de recipiente del moderador, mientras que otras firmas nacionales están en condiciones de proveer generadores de vapor e intercambiadores. Lo que habría que importar en este caso sería el recipiente de Calandria y las bombas del primario. En el Balance de Planta, las instalaciones complementarias no nucleares de la central, firmas nacionales pueden aportar tubos de refrigeración, condensadores e intercambiadores. Lo que no se fabrica en el país es la turbina de vapor, que inevitablemente habría que importar, y el generador eléctrico principal.
El convenio de cooperación en materia económica y de inversiones le permitirá a la Argentina obtener el financiamiento a tasas bajas y plazos largos para llevar adelante la obra. La ventaja para los chinos es que ellos podrían venderle a la Argentina la turbina de vapor, el generador y otras piezas que sea necesario importar. “Esta negociación se inició en un viaje del ministro De Vido a China en 2012. Entonces era sólo una idea de cooperación que ahora se va a plasmar en un acuerdo concreto”, destacó anoche a Página/12 el titular de Nucleoléctrica, José Luis Antúnez, firma que tendrá a su cargo la obra.
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Desmontan especies en peligro en Misiones
Impondrán millonaria multa a responsable del desmonte de Palo Rosa y palmitos
Fecha de Publicación: 18/07/2014
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Misiones
El ministerio de Ecología comprobó el apeo ilegal de 17 ejemplares de Palo Rosa y de 320 palmitos, ambas especies en peligro de extinción, en una propiedad de Andresito. La propiedad pertenece a Omar Kassab, ex apoderado de la firma siria Kabour, que negó tener cualquier vínculo actual.
Kassab, originario de Yabroûd, Syria, fue desvinculado de la empresa justamente por hacer “negocios paralelos”, según señalaron desde Kabour. Ya el año pasado había sido denunciado por desmontar unas cinco hectáreas en la misma propiedad de Península, donde todavía pueden hallarse ejemplares de Palo Rosa y palmitos en su estado natural.
De hecho, fuentes de Ecología indicaron que los árboles tumbados ahora tienen no menos de 400 años de vida.
Kassab fue uno de los primeros en desembarcar en Andresito donde la multinacional Kabour, compró un secadero de yerba mate, que exporta el 95 por ciento de su producción a Europa y a Siria, país en el que el mate se convirtió en parte del consumo habitual. Pero el año pasado, cuando se conoció el primer caso de desmonte, el grupo familiar decidió desvincularlo y sus apoderados aseguraron que la empresa “respeta el medioambiente” y no posee ni poseerá propiedades, ya que se dedica al acopio de yerba mate como única actividad.
La ministra de Ecología, Viviana Rovira, confirmó que se impondrá una sanción millonaria por el nuevo desmonte –que se sumará al ya detectado el año pasado-.
Asimismo, señaló que insistirá en el Consejo Federal de Medio Ambiente para impulsar una sanción penal al desmonte de especies nativas. Es que actualmente, la sanción no pasa de una multa. Si el delito ambiental se convierte en penal, se pretende que el autor vaya a prisión.
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Fecha de Publicación: 18/07/2014
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Misiones
El ministerio de Ecología comprobó el apeo ilegal de 17 ejemplares de Palo Rosa y de 320 palmitos, ambas especies en peligro de extinción, en una propiedad de Andresito. La propiedad pertenece a Omar Kassab, ex apoderado de la firma siria Kabour, que negó tener cualquier vínculo actual.
Kassab, originario de Yabroûd, Syria, fue desvinculado de la empresa justamente por hacer “negocios paralelos”, según señalaron desde Kabour. Ya el año pasado había sido denunciado por desmontar unas cinco hectáreas en la misma propiedad de Península, donde todavía pueden hallarse ejemplares de Palo Rosa y palmitos en su estado natural.
De hecho, fuentes de Ecología indicaron que los árboles tumbados ahora tienen no menos de 400 años de vida.
Kassab fue uno de los primeros en desembarcar en Andresito donde la multinacional Kabour, compró un secadero de yerba mate, que exporta el 95 por ciento de su producción a Europa y a Siria, país en el que el mate se convirtió en parte del consumo habitual. Pero el año pasado, cuando se conoció el primer caso de desmonte, el grupo familiar decidió desvincularlo y sus apoderados aseguraron que la empresa “respeta el medioambiente” y no posee ni poseerá propiedades, ya que se dedica al acopio de yerba mate como única actividad.
La ministra de Ecología, Viviana Rovira, confirmó que se impondrá una sanción millonaria por el nuevo desmonte –que se sumará al ya detectado el año pasado-.
Asimismo, señaló que insistirá en el Consejo Federal de Medio Ambiente para impulsar una sanción penal al desmonte de especies nativas. Es que actualmente, la sanción no pasa de una multa. Si el delito ambiental se convierte en penal, se pretende que el autor vaya a prisión.
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