Riachuelo: 442 empresas reconvertidas
20:52 | 
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Ya son 442 las empresas reconvertidas de la Cuenca Matanza Riachuelo
Fecha de Publicación: 07/12/2013
Fuente: Portal bienurbano.com.ar
Provincia/Región: Riachuelo
Según datos de ACUMAR, ya hay 442 empresas reconvertidas tras haber terminado el Plan de Reconversión Industrial. Las empresas reconvertidas son las que modificaron sus modos de producción para dejar de contaminar, luego de haber sido declaradas agentes contaminantes por ACUMAR.
En la Cuenca Matanza Riachuelo ya hay 442 empresas que finalizaron el Plan de Reconversión Industrial (PRI) y dejaron de contaminar. Cabe recordar que la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) es la encargada de fiscalizar e inspeccionar cada industria y procura que se cumpla la normativa ambiental. Para lograr este objetivo, cuenta con herramientas administrativas y el poder de policía que le permite declarar como Agente Contaminante a las empresas que superan los límites de vuelcos y descargas permitidas. También, tiene la capacidad de brindar asistencia técnica y financiera para que las empresas adecuen sus procesos productivos.
El proceso de fiscalización de las industrias consiste en inspeccionar las empresas evaluando los niveles de vuelcos industriales y permisos correspondientes. En dicho caso, de existir alguna irregularidad ACUMAR declara al establecimiento Agente Contaminante y lo intima a reconvertir sus procesos industriales, lo que implica en algunos casos contar con plantas de tratamiento de los efluentes industriales, y en otros, modificar el esquema de producción o los materiales que se utilizan para tal fin, para que el proceso deje de contaminar.
Una vez intimada, la industria indica al organismo cómo llevará a cabo la reconversión hacia una producción limpia a través de una propuesta técnica denominada Programa de Reconversión Industrial (PRI). Cuando la empresa finaliza el PRI, se realiza una nueva inspección en la que se controla que efectivamente haya dejado de contaminar y se la declara “reconvertida”.
La inversión privada para implementar estos cambios ya acumula más de 20 millones de pesos. La ACUMAR, por su parte, tiene un programa de financiamiento a través de aportes no reembolsables para que las empresas que no tengan posibilidades monetarias puedan reconvertirse. Además, este mismo plan contempla la asistencia técnica, a través de un convenio con el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) para desarrollar a nivel técnico los programas de reconversión, sin costo para las empresas.
ACUMAR lleva declaradas a 1.197 empresas como Agente Contaminantes, de ellas se encuentran clausuradas 282 establecimientos que deben presentar un plan para dejar de contaminar.
Además, 822 empresas cuentan con un PRI aprobado y 442 ya reconvirtieron sus procesos productivos y se ajustan a las normas ambientales impuestas por ACUMAR.
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Fecha de Publicación: 07/12/2013
Fuente: Portal bienurbano.com.ar
Provincia/Región: Riachuelo
Según datos de ACUMAR, ya hay 442 empresas reconvertidas tras haber terminado el Plan de Reconversión Industrial. Las empresas reconvertidas son las que modificaron sus modos de producción para dejar de contaminar, luego de haber sido declaradas agentes contaminantes por ACUMAR.
En la Cuenca Matanza Riachuelo ya hay 442 empresas que finalizaron el Plan de Reconversión Industrial (PRI) y dejaron de contaminar. Cabe recordar que la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) es la encargada de fiscalizar e inspeccionar cada industria y procura que se cumpla la normativa ambiental. Para lograr este objetivo, cuenta con herramientas administrativas y el poder de policía que le permite declarar como Agente Contaminante a las empresas que superan los límites de vuelcos y descargas permitidas. También, tiene la capacidad de brindar asistencia técnica y financiera para que las empresas adecuen sus procesos productivos.
El proceso de fiscalización de las industrias consiste en inspeccionar las empresas evaluando los niveles de vuelcos industriales y permisos correspondientes. En dicho caso, de existir alguna irregularidad ACUMAR declara al establecimiento Agente Contaminante y lo intima a reconvertir sus procesos industriales, lo que implica en algunos casos contar con plantas de tratamiento de los efluentes industriales, y en otros, modificar el esquema de producción o los materiales que se utilizan para tal fin, para que el proceso deje de contaminar.
Una vez intimada, la industria indica al organismo cómo llevará a cabo la reconversión hacia una producción limpia a través de una propuesta técnica denominada Programa de Reconversión Industrial (PRI). Cuando la empresa finaliza el PRI, se realiza una nueva inspección en la que se controla que efectivamente haya dejado de contaminar y se la declara “reconvertida”.
La inversión privada para implementar estos cambios ya acumula más de 20 millones de pesos. La ACUMAR, por su parte, tiene un programa de financiamiento a través de aportes no reembolsables para que las empresas que no tengan posibilidades monetarias puedan reconvertirse. Además, este mismo plan contempla la asistencia técnica, a través de un convenio con el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) para desarrollar a nivel técnico los programas de reconversión, sin costo para las empresas.
ACUMAR lleva declaradas a 1.197 empresas como Agente Contaminantes, de ellas se encuentran clausuradas 282 establecimientos que deben presentar un plan para dejar de contaminar.
Además, 822 empresas cuentan con un PRI aprobado y 442 ya reconvirtieron sus procesos productivos y se ajustan a las normas ambientales impuestas por ACUMAR.
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Mendoza resiste la ley 7722
Estado de situación de la ley 7722
Fecha de Publicación: 06/12/2013
Fuente: UAC
Provincia/Región: Mendoza
Tras años de idas y vueltas, acumulación de pruebas y alegatos la Suprema Corte de Justicia publicó, en el día de la fecha, su decisión de acumular los diez pedidos de inconstitucionalidad de la ley 7722 y resolver sobre el tema en pleno. Es decir, todas las causas serán tratadas en conjunto y serán los siete jueces de la Corte quienes decidan sobre el tema. Este es un hito importante, ya que éste fue una de las demandas que las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura, contando con el aval de 36.000 firmas reunidas en menos de un mes, presentó a la Corte en varias oportunidades.
En la recomendación que el procurador hiciera a la Corte semanas atrás éste solicitaba “considerar la convocatoria al llamado de Tribunal Pleno atento la relevancia y trascendencia de los intereses en juego que han ocasionado las controversias”. En la resolución de la Corte hoy publicada se señala que “…el análisis y decisión de la validez constitucionalidad de la ley 7.722 importa el tratamiento de intereses que trascienden los de las partes, encontrándose en juego bienes y valores colectivos…”. Nos preguntamos: ¿Qué otros intereses hay en juego? Y respondemos: los del pueblo de Mendoza, los de las generaciones presentes y futuras, los de quienes no quieren que las empresas megamineras nos saqueen, sequen y contaminen. Esos intereses son los que, esperamos, defienda la Corte Suprema cuando le toque decidir sobre la constitucionalidad de la ley 7722.
Mientras tanto, seguiremos movilizados, organizándonos e informándonos acerca de la megaminería y otros temas de “interés colectivo”. Apoyamos la iniciativa de la Corte de convocar a audiencias públicas en temas que revistan interés institucional o que excedan el interés de las partes intervinientes y exigimos que esas instancia de participación sean realmente abiertas, populares y que pueda participar en ellas toda la ciudadanía. Desde ya y como siempre nos ponemos a disposición de quien quiera escuchar nuestra voz firme y clara en defensa de nuestra tierra, nuestra agua y nuestros bienes comunes.
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Fecha de Publicación: 06/12/2013
Fuente: UAC
Provincia/Región: Mendoza
Tras años de idas y vueltas, acumulación de pruebas y alegatos la Suprema Corte de Justicia publicó, en el día de la fecha, su decisión de acumular los diez pedidos de inconstitucionalidad de la ley 7722 y resolver sobre el tema en pleno. Es decir, todas las causas serán tratadas en conjunto y serán los siete jueces de la Corte quienes decidan sobre el tema. Este es un hito importante, ya que éste fue una de las demandas que las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura, contando con el aval de 36.000 firmas reunidas en menos de un mes, presentó a la Corte en varias oportunidades.
En la recomendación que el procurador hiciera a la Corte semanas atrás éste solicitaba “considerar la convocatoria al llamado de Tribunal Pleno atento la relevancia y trascendencia de los intereses en juego que han ocasionado las controversias”. En la resolución de la Corte hoy publicada se señala que “…el análisis y decisión de la validez constitucionalidad de la ley 7.722 importa el tratamiento de intereses que trascienden los de las partes, encontrándose en juego bienes y valores colectivos…”. Nos preguntamos: ¿Qué otros intereses hay en juego? Y respondemos: los del pueblo de Mendoza, los de las generaciones presentes y futuras, los de quienes no quieren que las empresas megamineras nos saqueen, sequen y contaminen. Esos intereses son los que, esperamos, defienda la Corte Suprema cuando le toque decidir sobre la constitucionalidad de la ley 7722.
Mientras tanto, seguiremos movilizados, organizándonos e informándonos acerca de la megaminería y otros temas de “interés colectivo”. Apoyamos la iniciativa de la Corte de convocar a audiencias públicas en temas que revistan interés institucional o que excedan el interés de las partes intervinientes y exigimos que esas instancia de participación sean realmente abiertas, populares y que pueda participar en ellas toda la ciudadanía. Desde ya y como siempre nos ponemos a disposición de quien quiera escuchar nuestra voz firme y clara en defensa de nuestra tierra, nuestra agua y nuestros bienes comunes.
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Acumar evalúa la salud de 4.500 chicos en el Riachuelo
Más de 4.500 chicos menores de 6 fueron evaluados por ACUMAR
Fecha de Publicación: 06/12/2013
Fuente: Acumar
Provincia/Región: Riachuelo
Profesionales de salud evaluaron a chicos para saber cuál es su situación nutricional, el crecimiento físico y el desarrollo infantil de los chicos.
En el marco de la Encuesta Integral de Salud en Áreas de Riesgo (EISAR), profesionales de ACUMAR evaluaron a 4563 niños menores de 6 años para saber cuál es la situación nutricional, el crecimiento físico y el desarrollo infantil de los chicos.
La EISAR se realizó en el barrio de ACUBA, en Lanús, en la villa 21 24 de Barracas, en La Matanza, en Villa Inflamable, de Avellaneda y en Villa Lamadrid, en Lomas de Zamora y se listó a 14.238 viviendas.
Los profesionales, entre médicos toxicológicos, psicólogos, nutricionistas, terapistas ocupacionales, sociólogos, antropólogos y pediatras, evaluaron también 328 embarazadas y 1086 adultos mayores.
El objetivo es desarrollar políticas públicas en base a datos reales surgidos a través de la intervención de equipos profesionales en las zonas de riesgo. El estudio midió el impacto que el Riachuelo tiene en la vida de las personas, a través de una red sanitaria para controlar el riesgo de salud en estas zonas de riesgo ambiental.
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Fecha de Publicación: 06/12/2013
Fuente: Acumar
Provincia/Región: Riachuelo
Profesionales de salud evaluaron a chicos para saber cuál es su situación nutricional, el crecimiento físico y el desarrollo infantil de los chicos.
En el marco de la Encuesta Integral de Salud en Áreas de Riesgo (EISAR), profesionales de ACUMAR evaluaron a 4563 niños menores de 6 años para saber cuál es la situación nutricional, el crecimiento físico y el desarrollo infantil de los chicos.
La EISAR se realizó en el barrio de ACUBA, en Lanús, en la villa 21 24 de Barracas, en La Matanza, en Villa Inflamable, de Avellaneda y en Villa Lamadrid, en Lomas de Zamora y se listó a 14.238 viviendas.
Los profesionales, entre médicos toxicológicos, psicólogos, nutricionistas, terapistas ocupacionales, sociólogos, antropólogos y pediatras, evaluaron también 328 embarazadas y 1086 adultos mayores.
El objetivo es desarrollar políticas públicas en base a datos reales surgidos a través de la intervención de equipos profesionales en las zonas de riesgo. El estudio midió el impacto que el Riachuelo tiene en la vida de las personas, a través de una red sanitaria para controlar el riesgo de salud en estas zonas de riesgo ambiental.
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En Córdoba aparecen los conflictos por el agua
En la sierra argentina crecen señales de una guerra por el agua
Fecha de Publicación: 06/12/2013
Fuente: IPS
Provincia/Región: Córdoba
Con pocas perspectivas de solución a corto plazo, la central provincia argentina de Córdoba comienza a vivir lo que parece un argumento futurista: falta de agua en los grifos, racionamientos, denuncias entre vecinos y esperar a que llueva.
El problema se extiende por toda la provincia, pero es más evidente en su zona más habitada, la capital del mismo nombre, el área de Sierras Chicas y el sur de Punilla.
Allí, cuando las lluvias escasean, baja el nivel de los embalses que surten de agua.
Algunos municipios serranos apelan al racionamiento, como Río Ceballos, una localidad de 30.000 habitantes, a 30 kilómetros al norte de la capital.
El embalse del Dique La Quebrada, que lo abastece de agua, alcanzó el nivel más bajo de su historia, con 13,5 metros por debajo de la cota de desagüe. La intendencia (alcaldía) estableció cortes programados de suministro de 12 horas, dos veces por semana.
“Es algo que se veía venir”, contó a IPS uno de los vecinos, Omar Vergara, quien tiene una colección de baldes distribuidos por el patio de su vivienda, para recolectar agua de lluvia y usarla para regar las plantas y limpiar los pisos.
Como otros, lava su automóvil “solo a baldazos” y reutiliza el agua “menos sucia” de su lavadora y deja la potable para beber y cocinar. Mientras, regar con manguera las aceras provoca denuncias entre vecinos.
El agua se paga más a mayor consumo. Pero aún así está mal visto, por ejemplo, llenar las piscinas de esta pequeña y apacible ciudad, a la que llegaron a vivir muchos antiguos residentes de la cercana Córdoba, por su aire puro y mejor calidad de vida.
Una línea telefónica de 24 horas recibe denuncias sobre “derroches de agua”.
La Cooperativa de Obras y Servicios Río Ceballos distribuye el agua residencial y también contribuye a concienciar sobre su ahorro.
Su gerente, Miguel Martinesi, explicó a IPS que el consumo por persona bajó de 270 a 170 litros diarios, mientras en la capital provincial es de 400 por habitante.
“Hay un control permanente. Los vecinos se alertan: no riegues, no laves el auto, la vereda (acera)”, subrayó.
“Vivimos una situación de emergencia” desde 2005, puntualizó a IPS el intendente de Río Ceballos, Sergio Spicogna, quien atribuye la crisis hídrica a la disminución de las lluvias y un crecimiento explosivo de la población, tras la construcción de una nueva autovía que une el municipio con Córdoba.
Antes, ese dique situado a apenas siete kilómetros de la localidad, abastecía también a dos municipios vecinos, Unquillo y Mendiolaza, con 40.000 habitantes en conjunto, “lo que hacía mucho más problemática la situación”, según el intendente.
Pero se hizo un trasvase desde el embalse que abastece la capital, el Dique San Roque, y desde allí reciben agua las dos localidades, mediante un acueducto de 30 kilómetros, que se planea extender hasta Río Ceballos.
Las autoridades provinciales proyectan otras alternativas de abastecimiento a la capital cordobesa, para que el excedente de San Roque fluya a Sierras Chicas.
Pero, explicó Spicogna, son planes muy costosos y dependen de “una sinergia” entre los municipios, la provincia y la nación.
Además, según el director de la organización ambientalista Proyecto de Conservación y Reforestación de las Sierras de Córdoba, Ricardo Suárez, el rompecabezas de los trasvases no es la solución.
“Traer agua del Dique San Roque es un problema porque, si bien es mayor que el de La Quebrada, también está por debajo de su cota normal y con una población para abastecer mucho más grande, que va a seguir creciendo”, explicó.
“Las obras siempre se hicieron tarde, el consumo es mucho mayor que las obras que se hacen, y la naturaleza tiene un límite”, planteó.
En la provincia de Córdoba, la segunda más poblada de Argentina, el promedio anual pluvial es de 779 milímetros y la disminución del bosque nativo aumentó la evaporación del agua de lluvia, por falta de masa forestal que la retenga.
Poco a poco, “este sistema semiárido se ha transformado casi en árido, con la tendencia a un desierto. Sabemos muy bien que una de las características de un desierto es carecer de agua”, alertó Suárez.
Córdoba tiene la mayor deforestación de Argentina. Solo queda cinco por ciento de los 12 millones de hectáreas de bosque nativo que la provincia tenía a principios del siglo XX.
Los incendios ocurridos entre agosto y septiembre devoraron 40.000 hectáreas más, la mayoría en bosques y pastizales serranos.
“Entre 1998 y 2002, se deforestó en Córdoba el equivalente a 67 canchas de fútbol por día, una cifra aterradora”, dijo a IPS el presidente de la Fundación para la Defensa del Ambiente, Raúl Montenegro.
El fuego y la tala indiscriminada empeoraron el funcionamiento de sus principales cuencas hídricas. “Colapsaron las fábricas de agua”, sintetizó el biólogo.
La “aceleración más violenta” de la tala se produjo en los años 90 y coincidió con la introducción de cultivos transgénicos (genéticamente modificados) de soja, maíz y algodón, entre otros, que a su vez también impulsaron el consumo de agua, dijo Montenegro.
“Para producir un kilogramo de grano de soja se requiere que pasen por su planta entre 1.500 y 2.000 litros de agua, y en tierras áridas más”, ejemplificó.
“Muchos creen que la mayor parte de la superficie de la provincia puede dedicarse a la agricultura, la ganadería y la plantación de árboles exóticos, y que los diminutos parques y reservas creados por los gobiernos son suficientes para conservar nuestros ambientes nativos”, cuestionó.
“Es dramáticamente falso. No hay futuro ni estabilidad ambiental sin la coexistencia equilibrada de ambientes naturales y productivos”, concluyó.
La construcción de barrios cerrados, industrias y grandes complejos turísticos, impulsa también la deforestación de la provincia, que aporta ocho por ciento del producto bruto argentino.
Por eso, para Suárez la solución es un agresivo plan de reforestación y no solo nuevas obras.
“El Dique La Quebrada se va a secar, es irreversible, porque la cuenca está deforestada (en 85 por ciento). Los suelos están casi totalmente expuestos”, sostuvo.
La organización de Suárez reforestó, con voluntarios y casi sin recursos, 40 hectáreas de bosque nativo. Se tardó 14 años. “Si los planes de reforestación fueran sistemáticos, hoy la sierra sería un gran bosque nativo”, comparó.
Martinesi agrega otras soluciones. “Tenemos que definir qué zonas queremos que crezcan, para poderles brindar la infraestructura necesaria, y cuáles no queremos dejar crecer”, sostuvo. Si no, “el problema será grave” a mediano plazo, advirtió.
El responsable del suministro de agua a Río Ceballos considera que los cambios climáticos incidieron en la crisis hídrica, con prolongados períodos de sequía, agravados por la degradación del ecosistema.
“Pero deberíamos resolver el tema de la infraestructura, ordenar el crecimiento, aprovechar bien las fuentes, para entonces poder decir que estamos complicados por la falta de lluvias”, argumentó.
“Esperar que una región crezca dependiendo de las lluvias es irresponsable”, concluyó.
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Fecha de Publicación: 06/12/2013
Fuente: IPS
Provincia/Región: Córdoba
Con pocas perspectivas de solución a corto plazo, la central provincia argentina de Córdoba comienza a vivir lo que parece un argumento futurista: falta de agua en los grifos, racionamientos, denuncias entre vecinos y esperar a que llueva.
El problema se extiende por toda la provincia, pero es más evidente en su zona más habitada, la capital del mismo nombre, el área de Sierras Chicas y el sur de Punilla.
Allí, cuando las lluvias escasean, baja el nivel de los embalses que surten de agua.
Algunos municipios serranos apelan al racionamiento, como Río Ceballos, una localidad de 30.000 habitantes, a 30 kilómetros al norte de la capital.
El embalse del Dique La Quebrada, que lo abastece de agua, alcanzó el nivel más bajo de su historia, con 13,5 metros por debajo de la cota de desagüe. La intendencia (alcaldía) estableció cortes programados de suministro de 12 horas, dos veces por semana.
“Es algo que se veía venir”, contó a IPS uno de los vecinos, Omar Vergara, quien tiene una colección de baldes distribuidos por el patio de su vivienda, para recolectar agua de lluvia y usarla para regar las plantas y limpiar los pisos.
Como otros, lava su automóvil “solo a baldazos” y reutiliza el agua “menos sucia” de su lavadora y deja la potable para beber y cocinar. Mientras, regar con manguera las aceras provoca denuncias entre vecinos.
El agua se paga más a mayor consumo. Pero aún así está mal visto, por ejemplo, llenar las piscinas de esta pequeña y apacible ciudad, a la que llegaron a vivir muchos antiguos residentes de la cercana Córdoba, por su aire puro y mejor calidad de vida.
Una línea telefónica de 24 horas recibe denuncias sobre “derroches de agua”.
La Cooperativa de Obras y Servicios Río Ceballos distribuye el agua residencial y también contribuye a concienciar sobre su ahorro.
Su gerente, Miguel Martinesi, explicó a IPS que el consumo por persona bajó de 270 a 170 litros diarios, mientras en la capital provincial es de 400 por habitante.
“Hay un control permanente. Los vecinos se alertan: no riegues, no laves el auto, la vereda (acera)”, subrayó.
“Vivimos una situación de emergencia” desde 2005, puntualizó a IPS el intendente de Río Ceballos, Sergio Spicogna, quien atribuye la crisis hídrica a la disminución de las lluvias y un crecimiento explosivo de la población, tras la construcción de una nueva autovía que une el municipio con Córdoba.
Antes, ese dique situado a apenas siete kilómetros de la localidad, abastecía también a dos municipios vecinos, Unquillo y Mendiolaza, con 40.000 habitantes en conjunto, “lo que hacía mucho más problemática la situación”, según el intendente.
Pero se hizo un trasvase desde el embalse que abastece la capital, el Dique San Roque, y desde allí reciben agua las dos localidades, mediante un acueducto de 30 kilómetros, que se planea extender hasta Río Ceballos.
Las autoridades provinciales proyectan otras alternativas de abastecimiento a la capital cordobesa, para que el excedente de San Roque fluya a Sierras Chicas.
Pero, explicó Spicogna, son planes muy costosos y dependen de “una sinergia” entre los municipios, la provincia y la nación.
Además, según el director de la organización ambientalista Proyecto de Conservación y Reforestación de las Sierras de Córdoba, Ricardo Suárez, el rompecabezas de los trasvases no es la solución.
“Traer agua del Dique San Roque es un problema porque, si bien es mayor que el de La Quebrada, también está por debajo de su cota normal y con una población para abastecer mucho más grande, que va a seguir creciendo”, explicó.
“Las obras siempre se hicieron tarde, el consumo es mucho mayor que las obras que se hacen, y la naturaleza tiene un límite”, planteó.
En la provincia de Córdoba, la segunda más poblada de Argentina, el promedio anual pluvial es de 779 milímetros y la disminución del bosque nativo aumentó la evaporación del agua de lluvia, por falta de masa forestal que la retenga.
Poco a poco, “este sistema semiárido se ha transformado casi en árido, con la tendencia a un desierto. Sabemos muy bien que una de las características de un desierto es carecer de agua”, alertó Suárez.
Córdoba tiene la mayor deforestación de Argentina. Solo queda cinco por ciento de los 12 millones de hectáreas de bosque nativo que la provincia tenía a principios del siglo XX.
Los incendios ocurridos entre agosto y septiembre devoraron 40.000 hectáreas más, la mayoría en bosques y pastizales serranos.
“Entre 1998 y 2002, se deforestó en Córdoba el equivalente a 67 canchas de fútbol por día, una cifra aterradora”, dijo a IPS el presidente de la Fundación para la Defensa del Ambiente, Raúl Montenegro.
El fuego y la tala indiscriminada empeoraron el funcionamiento de sus principales cuencas hídricas. “Colapsaron las fábricas de agua”, sintetizó el biólogo.
La “aceleración más violenta” de la tala se produjo en los años 90 y coincidió con la introducción de cultivos transgénicos (genéticamente modificados) de soja, maíz y algodón, entre otros, que a su vez también impulsaron el consumo de agua, dijo Montenegro.
“Para producir un kilogramo de grano de soja se requiere que pasen por su planta entre 1.500 y 2.000 litros de agua, y en tierras áridas más”, ejemplificó.
“Muchos creen que la mayor parte de la superficie de la provincia puede dedicarse a la agricultura, la ganadería y la plantación de árboles exóticos, y que los diminutos parques y reservas creados por los gobiernos son suficientes para conservar nuestros ambientes nativos”, cuestionó.
“Es dramáticamente falso. No hay futuro ni estabilidad ambiental sin la coexistencia equilibrada de ambientes naturales y productivos”, concluyó.
La construcción de barrios cerrados, industrias y grandes complejos turísticos, impulsa también la deforestación de la provincia, que aporta ocho por ciento del producto bruto argentino.
Por eso, para Suárez la solución es un agresivo plan de reforestación y no solo nuevas obras.
“El Dique La Quebrada se va a secar, es irreversible, porque la cuenca está deforestada (en 85 por ciento). Los suelos están casi totalmente expuestos”, sostuvo.
La organización de Suárez reforestó, con voluntarios y casi sin recursos, 40 hectáreas de bosque nativo. Se tardó 14 años. “Si los planes de reforestación fueran sistemáticos, hoy la sierra sería un gran bosque nativo”, comparó.
Martinesi agrega otras soluciones. “Tenemos que definir qué zonas queremos que crezcan, para poderles brindar la infraestructura necesaria, y cuáles no queremos dejar crecer”, sostuvo. Si no, “el problema será grave” a mediano plazo, advirtió.
El responsable del suministro de agua a Río Ceballos considera que los cambios climáticos incidieron en la crisis hídrica, con prolongados períodos de sequía, agravados por la degradación del ecosistema.
“Pero deberíamos resolver el tema de la infraestructura, ordenar el crecimiento, aprovechar bien las fuentes, para entonces poder decir que estamos complicados por la falta de lluvias”, argumentó.
“Esperar que una región crezca dependiendo de las lluvias es irresponsable”, concluyó.
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Chau Mussi ... Hola Judis
Cambios en Medio Ambiente
Fecha de Publicación: 05/12/2013
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Juan José Mussi dejará la secretaría para jurar hoy como legislador bonaerense. Según las versiones que circulaban ayer, el cargo lo ocupará Omar Judis, actual ministro de Infraestructura en Chaco.
Juan José Mussi dejará la Secretaría de Medio Ambiente para asumir como diputado en la provincia de Buenos Aires. En su reemplazo todo indicaba que sería designado el actual ministro de Infraestructura del Chaco, Omar Judis, un hombre del jefe de Gabinete Jorge Capitanich, aunque la versión no era confirmada por la Casa Rosada.
Otros de los nombres que circulaban para ocupar el cargo son el del ex senador Daniel Filmus y el del correntino Carlos Mauricio “Camau” Espínola, intendente saliente de la capital provincial.
Judis es ingeniero y fue ministro de Infraestructura, Obras y Servicios y Medio Ambiente de Capitanich durante los últimos seis años. También es rector –con licencia– de la Universidad Nacional del Chaco Austral. Su mudanza a Buenos Aires para sumarse al gobierno nacional venía siendo comentada desde la semana pasada en el Chaco, donde Judis se estaba preparando para presentarse como candidato a intendente de Sáenz Peña.
La salida de Mussi, que era secretario de Medio Ambiente desde 2010, cuando reemplazó a Homero Bibiloni, se da en medio de los cambios de gabinete decididos tras la vuelta a la actividad de la presidenta Cristina Kirchner, por los que dejaron el gobierno Juan Manuel Abal Medina, Hernán Lorenzino, Norberto Yauhar, Guillermo Moreno y Arturo Puricelli. El ex intendente de Berazategui y dirigente del peronismo bonaerense confirmó su dimisión en la Casa Rosada, después de mantener una reunión con el secretario Legal y Técnico, Carlos Zannini. Mussi jurará hoy su banca en La Plata para asumir como diputado bonaerense.
“El lunes voy a hacer efectiva la renuncia, cuando corresponda, hasta el 10 (de diciembre) estoy. Al día siguiente recién asumo como diputado”, declaró ayer. Agregó que su rol será el de “diputado raso, soldado, identificado con el proyecto y tratando de aportarle como sea”.
El recambio se definió luego de que Capitanich y el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, se reunieran para tratar, entre otras cosas, la financiación para las obras de saneamiento del Riachuelo, uno de los principales temas en la agenda de la Secretaría de Medio Ambiente.
El saneamiento de la cuenca Riachuelo-Matanza fue ordenado hace cinco años por un histórico fallo de la Corte Suprema de Justicia. Si bien se ha avanzado en los trabajos de limpieza, el proceso de remediación de las zonas contaminadas, traslado de las poblaciones afectadas y reconversión de las empresas es lento y complejo.
El mes pasado, el Riachuelo fue incluido “entre los diez lugares más contaminados del mundo” en un informe de la organización ambientalista Blacksmith Institute y la Cruz Verde Suiza. Sin embargo, Mussi rechazó la veracidad del informe, que aseguró fue confeccionado con información “vieja”. En ese sentido, el ahora secretario saliente aseguró que ya se está “en un cincuenta por ciento aproximadamente de la solución del problema”, y detalló que en la cuenca están instaladas “15 mil industrias, de las cuales contaminan 1200”.
Otro tema en la agenda de la secretaría es el de la pastera UPM-Botnia, que recientemente tuvo otro cimbronazo con la autorización que otorgó el presidente uruguayo, José Mujica, para que la planta aumente su producción. Aunque toda la negociación diplomática está a cargo de la Cancillería, Medio Ambiente ha tenido injerencia en los estudios que se realizaron.
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Fecha de Publicación: 05/12/2013
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Juan José Mussi dejará la secretaría para jurar hoy como legislador bonaerense. Según las versiones que circulaban ayer, el cargo lo ocupará Omar Judis, actual ministro de Infraestructura en Chaco.
Juan José Mussi dejará la Secretaría de Medio Ambiente para asumir como diputado en la provincia de Buenos Aires. En su reemplazo todo indicaba que sería designado el actual ministro de Infraestructura del Chaco, Omar Judis, un hombre del jefe de Gabinete Jorge Capitanich, aunque la versión no era confirmada por la Casa Rosada.
Otros de los nombres que circulaban para ocupar el cargo son el del ex senador Daniel Filmus y el del correntino Carlos Mauricio “Camau” Espínola, intendente saliente de la capital provincial.
Judis es ingeniero y fue ministro de Infraestructura, Obras y Servicios y Medio Ambiente de Capitanich durante los últimos seis años. También es rector –con licencia– de la Universidad Nacional del Chaco Austral. Su mudanza a Buenos Aires para sumarse al gobierno nacional venía siendo comentada desde la semana pasada en el Chaco, donde Judis se estaba preparando para presentarse como candidato a intendente de Sáenz Peña.
La salida de Mussi, que era secretario de Medio Ambiente desde 2010, cuando reemplazó a Homero Bibiloni, se da en medio de los cambios de gabinete decididos tras la vuelta a la actividad de la presidenta Cristina Kirchner, por los que dejaron el gobierno Juan Manuel Abal Medina, Hernán Lorenzino, Norberto Yauhar, Guillermo Moreno y Arturo Puricelli. El ex intendente de Berazategui y dirigente del peronismo bonaerense confirmó su dimisión en la Casa Rosada, después de mantener una reunión con el secretario Legal y Técnico, Carlos Zannini. Mussi jurará hoy su banca en La Plata para asumir como diputado bonaerense.
“El lunes voy a hacer efectiva la renuncia, cuando corresponda, hasta el 10 (de diciembre) estoy. Al día siguiente recién asumo como diputado”, declaró ayer. Agregó que su rol será el de “diputado raso, soldado, identificado con el proyecto y tratando de aportarle como sea”.
El recambio se definió luego de que Capitanich y el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, se reunieran para tratar, entre otras cosas, la financiación para las obras de saneamiento del Riachuelo, uno de los principales temas en la agenda de la Secretaría de Medio Ambiente.
El saneamiento de la cuenca Riachuelo-Matanza fue ordenado hace cinco años por un histórico fallo de la Corte Suprema de Justicia. Si bien se ha avanzado en los trabajos de limpieza, el proceso de remediación de las zonas contaminadas, traslado de las poblaciones afectadas y reconversión de las empresas es lento y complejo.
El mes pasado, el Riachuelo fue incluido “entre los diez lugares más contaminados del mundo” en un informe de la organización ambientalista Blacksmith Institute y la Cruz Verde Suiza. Sin embargo, Mussi rechazó la veracidad del informe, que aseguró fue confeccionado con información “vieja”. En ese sentido, el ahora secretario saliente aseguró que ya se está “en un cincuenta por ciento aproximadamente de la solución del problema”, y detalló que en la cuenca están instaladas “15 mil industrias, de las cuales contaminan 1200”.
Otro tema en la agenda de la secretaría es el de la pastera UPM-Botnia, que recientemente tuvo otro cimbronazo con la autorización que otorgó el presidente uruguayo, José Mujica, para que la planta aumente su producción. Aunque toda la negociación diplomática está a cargo de la Cancillería, Medio Ambiente ha tenido injerencia en los estudios que se realizaron.
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Barrick incumple el acuerdo sobre proveedores
Proveedores mineros bloquean el acceso a la Barrick en San Juan
Fecha de Publicación: 05/12/2013
Fuente: Diario Los Andes
Provincia/Región: San Juan
Cortan el acceso de micros y camiones hacia la mina Veladero y hacia el proyecto Pascua Lama. Reclaman que se cumpla una ley que la obliga a contratar el 75 por ciento de sus consumos y mano de obra con prestadores locales.
Representantes de empresas de servicios y proveedoras de insumos para la minería cortaban esta mañana el camino de acceso a dos yacimientos de la multinacional Barrick, para reclamar que se cumpla una ley provincial que obliga a las compañías a contratar el 75 por ciento de sus consumos y mano de obra con prestadores locales.
La medida de fuerza se llevaba a cabo desde las 4 en el departamento de Iglesia, donde los manifestantes impedían el tránsito de automóviles, micros y camiones hacia la mina Veladero y hacia el proyecto Pascua Lama.
"La verdad es que no hemos tenido una experiencia buena: las licitaciones las hicieron muy calladas y, cuando nos enteramos, ya tenían los servicios y la gente contratada", explicó Fernando Varela, uno de los líderes de la protesta, a una radio sanjuanina.
Varela indicó que se mantendrá el corte total en el camino de acceso a los yacimientos -al costado de la ruta 418, a casi 200 kilómetros al noroeste de la ciudad de San Juan- hasta que la empresa se reúna con los prestadores locales y se llegue a un acuerdo para la contratación de personal y abastecimiento de insumos.
Esta es la segunda protesta que realizan los productores locales, que en enero pasado también realizaron cortes para exigir más contrataciones.
La legislatura sanjuanina aprobó hace pocos días una ley denominada "compre local", que estipula la creación de un Registro Único de Proveedores de Empresas Mineras y obliga a las compañías que se radiquen en la provincia a contratar hasta un 75 por ciento de su inversión anual en mano de obra, insumos y bienes locales.
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Fecha de Publicación: 05/12/2013
Fuente: Diario Los Andes
Provincia/Región: San Juan
Cortan el acceso de micros y camiones hacia la mina Veladero y hacia el proyecto Pascua Lama. Reclaman que se cumpla una ley que la obliga a contratar el 75 por ciento de sus consumos y mano de obra con prestadores locales.
Representantes de empresas de servicios y proveedoras de insumos para la minería cortaban esta mañana el camino de acceso a dos yacimientos de la multinacional Barrick, para reclamar que se cumpla una ley provincial que obliga a las compañías a contratar el 75 por ciento de sus consumos y mano de obra con prestadores locales.
La medida de fuerza se llevaba a cabo desde las 4 en el departamento de Iglesia, donde los manifestantes impedían el tránsito de automóviles, micros y camiones hacia la mina Veladero y hacia el proyecto Pascua Lama.
"La verdad es que no hemos tenido una experiencia buena: las licitaciones las hicieron muy calladas y, cuando nos enteramos, ya tenían los servicios y la gente contratada", explicó Fernando Varela, uno de los líderes de la protesta, a una radio sanjuanina.
Varela indicó que se mantendrá el corte total en el camino de acceso a los yacimientos -al costado de la ruta 418, a casi 200 kilómetros al noroeste de la ciudad de San Juan- hasta que la empresa se reúna con los prestadores locales y se llegue a un acuerdo para la contratación de personal y abastecimiento de insumos.
Esta es la segunda protesta que realizan los productores locales, que en enero pasado también realizaron cortes para exigir más contrataciones.
La legislatura sanjuanina aprobó hace pocos días una ley denominada "compre local", que estipula la creación de un Registro Único de Proveedores de Empresas Mineras y obliga a las compañías que se radiquen en la provincia a contratar hasta un 75 por ciento de su inversión anual en mano de obra, insumos y bienes locales.
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Ley de Agroquímicos en Santa Fe pasa al año que viene
García sobre ley de agroquímicos: “Vamos a seguir trabajando el tema durante el próximo año”
Fecha de Publicación: 05/12/2013
Fuente: Notife
Provincia/Región: Santa Fe
Declaraciones de la Diputada Susana García, Presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería, sobre la reforma a la Ley 11273 de Productos Fitosanitarios.
La Diputada santafesina explicó: “Desde la Comisión de Agricultura y Ganadería hemos tenido voluntad política de analizar y avanzar con los proyectos desde que ingresaron a su tratamiento este año” y agregó: “siempre priorizamos el consenso para la búsqueda de una ley que sea aplicable y que contemple la cuestión productiva y ambiental”
Sobre las diferentes posturas encontradas, la Diputada declaró: “No podemos contraponer el derecho a una ambiente sano y saludable con el derecho a producir. Tenemos que ser capaces de obtener un equilibrio. Creemos que es necesario regular y modificar la ley actual para adecuarla a la nueva realidad productiva”
Por último, García afirmó: “Aunque no obtuvimos el respaldo necesario por parte de un sector del justicialismo, vamos a seguir trabajando el tema durante el próximo año” y puntualizó: “nuestra intención es que todas las voces sean escuchadas y contemplar una reforma normativa donde el Estado esté presente y afiance más controles, más capacitación, más planificación urbana, suburbana y rural, más producción estadística sobre el tema, entre otros ejes que, creemos, son necesarios incluir”.
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Fecha de Publicación: 05/12/2013
Fuente: Notife
Provincia/Región: Santa Fe
Declaraciones de la Diputada Susana García, Presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería, sobre la reforma a la Ley 11273 de Productos Fitosanitarios.
La Diputada santafesina explicó: “Desde la Comisión de Agricultura y Ganadería hemos tenido voluntad política de analizar y avanzar con los proyectos desde que ingresaron a su tratamiento este año” y agregó: “siempre priorizamos el consenso para la búsqueda de una ley que sea aplicable y que contemple la cuestión productiva y ambiental”
Sobre las diferentes posturas encontradas, la Diputada declaró: “No podemos contraponer el derecho a una ambiente sano y saludable con el derecho a producir. Tenemos que ser capaces de obtener un equilibrio. Creemos que es necesario regular y modificar la ley actual para adecuarla a la nueva realidad productiva”
Por último, García afirmó: “Aunque no obtuvimos el respaldo necesario por parte de un sector del justicialismo, vamos a seguir trabajando el tema durante el próximo año” y puntualizó: “nuestra intención es que todas las voces sean escuchadas y contemplar una reforma normativa donde el Estado esté presente y afiance más controles, más capacitación, más planificación urbana, suburbana y rural, más producción estadística sobre el tema, entre otros ejes que, creemos, son necesarios incluir”.
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Córdoba marchó por una cambio en su política ambiental
Multitudinaria movilización exigió la “expulsión” de Monsanto en Córdoba
Fecha de Publicación: 04/12/2013
Fuente: La Mañana de Córdoba
Provincia/Región: Córdoba
Así lo estableció la Coordinadora Provincial para la Soberanía Popular por el Agua y la Tierra en el manifiesto leído ayer, durante la marcha que se realizó para exigir al Gobierno de Córdoba que declare la emergencia socioambiental.
Una nutrida movilización marchó ayer por la tarde por el centro de la ciudad de Córdoba, para exigir al Gobierno de la Provincia que declare la emergencia socioambiental.
La protesta tuvo por bandera varias luchas ambientales, y fue convocada por la Coordinadora Provincial para la Soberanía Popular por el Agua y la Tierra, en la que confluyen varias asambleas de vecinos de distintas localidades.
Fue esa Coordinadora la que, en un manifiesto que se leyó ante el Centro Cívico ayer, exigió la expulsión de Monsanto de Córdoba y Argentina, entre otros puntos.
Desde las 18, tres columnas de manifestantes confluyeron en Colón y General Paz. La más numerosa había partido de la Cañada con Sofía Gatica y la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida a la cabeza. Agrupaciones sociales y políticas se sumaron provenientes de Humberto Primo (donde anteriormente habían protestado simultáneamente en los puentes Antártida, Centenario y Alvear).
La movilización, que sumaba unas 4 cuadras y que los organizadores calculaban en más de 4 mil personas, hizo un parate frente al Centro Cívico cerca de las 20, donde se leyó un documento, para después trasladarse a Tribunales 1 y exigir a la Justicia respuestas por las agresiones que sufrieron la semana pasada los asambleístas en Malvinas Argentinas.
“No puede ser que aún no haya un detenido de las 60 personas que vinieron a patotearnos”, explicó Matías Marizza, de la Asamblea Malvinas lucha por la Vida a LA MAÑANA.
Marizza, además, señaló que “hoy (por ayer) marchamos en Córdoba, pero el jueves lo haremos en Malvinas, y nos iremos hasta la Municipalidad a pedir explicaciones al intendente Daniel Arzari”.
Es que los asambleístas de Malvinas Argentinas siguen exigiendo que se llame a referéndum en esa localidad. “Consulta popular, con Monsanto no hay paz social” será la consigna de ese día. La frase hace referencia al principal argumento utilizado por el intendente de Río Cuarto, Juan Jure, para no autorizar la instalación de Monsanto en esa ciudad.
La marcha de ayer coincidió con el Día mundial del No Uso de Agrotóxicos, y en ese marco, se responsabilizó al gobernador, el intendente de Malvinas Argentinas, y al intendente Ramón Mestre (por el conflicto de los vecinos de Bouwer contra el Cormecor) de recurrir “a la tercerización para ejercer la represión contra los asambleístas”. Al mismo tiempo, la Coordinadora en su manifiesto, denunció a la Uocra como parte de “un plan de amedrentamiento dirigido a acallar a los acampistas”.
El pedido de la declaración de la emergencia socioambiental está centrado no sólo en la problemática del Ambiente sino además se basa en el escándalo de la narcopolicía, el asesinato de Jorge Reina, la aplicación del Código de Faltas, entre otros de los puntos mencionados en el manifiesto. Además, se solicitó la prohibición de los loteos especulativos que generan las crisis hídricas y los incendios, y la derogación de la Ley de Bosques, entre otros.
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Fecha de Publicación: 04/12/2013
Fuente: La Mañana de Córdoba
Provincia/Región: Córdoba
Así lo estableció la Coordinadora Provincial para la Soberanía Popular por el Agua y la Tierra en el manifiesto leído ayer, durante la marcha que se realizó para exigir al Gobierno de Córdoba que declare la emergencia socioambiental.
Una nutrida movilización marchó ayer por la tarde por el centro de la ciudad de Córdoba, para exigir al Gobierno de la Provincia que declare la emergencia socioambiental.
La protesta tuvo por bandera varias luchas ambientales, y fue convocada por la Coordinadora Provincial para la Soberanía Popular por el Agua y la Tierra, en la que confluyen varias asambleas de vecinos de distintas localidades.
Fue esa Coordinadora la que, en un manifiesto que se leyó ante el Centro Cívico ayer, exigió la expulsión de Monsanto de Córdoba y Argentina, entre otros puntos.
Desde las 18, tres columnas de manifestantes confluyeron en Colón y General Paz. La más numerosa había partido de la Cañada con Sofía Gatica y la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida a la cabeza. Agrupaciones sociales y políticas se sumaron provenientes de Humberto Primo (donde anteriormente habían protestado simultáneamente en los puentes Antártida, Centenario y Alvear).
La movilización, que sumaba unas 4 cuadras y que los organizadores calculaban en más de 4 mil personas, hizo un parate frente al Centro Cívico cerca de las 20, donde se leyó un documento, para después trasladarse a Tribunales 1 y exigir a la Justicia respuestas por las agresiones que sufrieron la semana pasada los asambleístas en Malvinas Argentinas.
“No puede ser que aún no haya un detenido de las 60 personas que vinieron a patotearnos”, explicó Matías Marizza, de la Asamblea Malvinas lucha por la Vida a LA MAÑANA.
Marizza, además, señaló que “hoy (por ayer) marchamos en Córdoba, pero el jueves lo haremos en Malvinas, y nos iremos hasta la Municipalidad a pedir explicaciones al intendente Daniel Arzari”.
Es que los asambleístas de Malvinas Argentinas siguen exigiendo que se llame a referéndum en esa localidad. “Consulta popular, con Monsanto no hay paz social” será la consigna de ese día. La frase hace referencia al principal argumento utilizado por el intendente de Río Cuarto, Juan Jure, para no autorizar la instalación de Monsanto en esa ciudad.
La marcha de ayer coincidió con el Día mundial del No Uso de Agrotóxicos, y en ese marco, se responsabilizó al gobernador, el intendente de Malvinas Argentinas, y al intendente Ramón Mestre (por el conflicto de los vecinos de Bouwer contra el Cormecor) de recurrir “a la tercerización para ejercer la represión contra los asambleístas”. Al mismo tiempo, la Coordinadora en su manifiesto, denunció a la Uocra como parte de “un plan de amedrentamiento dirigido a acallar a los acampistas”.
El pedido de la declaración de la emergencia socioambiental está centrado no sólo en la problemática del Ambiente sino además se basa en el escándalo de la narcopolicía, el asesinato de Jorge Reina, la aplicación del Código de Faltas, entre otros de los puntos mencionados en el manifiesto. Además, se solicitó la prohibición de los loteos especulativos que generan las crisis hídricas y los incendios, y la derogación de la Ley de Bosques, entre otros.
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Atuel: piden la posición del estado nacional
Daño ambiental por el corte del Atuel: la Corte requiere una posición del Estado nacional
Fecha de Publicación: 04/12/2013
Fuente: El Diario de La Pampa
Provincia/Región: Nacional
La Corte Suprema de Justicia requirió formalmente la opinión de la Secretaría de Ambiente nacional, en el marco de la causa por daño ambiental que impulsaron los abogados Andrés Gil Domínguez y Miguel Ángel Palazzani. “Es histórico, por primera vez el Estado nacional tendrá que fijar posición sobre el tema”, dijo a El Diario el abogado Gil Domínguez.
La Corte Suprema de Justicia le dio traslado al Estado nacional para que fije posición respecto del daño ambiental que le causa a La Pampa el corte del río Atuel.
El dictamen se da en el marco de la demanda que iniciaron dos abogados pampeanos, Andrés Gil Domínguez y Miguel Ángel Palazzani.
La medida del máximo tribunal del país se genera antes de que el gobierno provincial haya decidido la presentación de su propia demanda: hace meses que el gobernador Oscar Mario Jorge hizo el anuncio de que motorizaría esa presentación, pero por una cosa o por otra el trámite se fue demorando.
Más aún: una de las causales del retardo es el hecho de que el gobernador salió a la búsqueda de “constitucionalistas” que sustentaran la demanda que pretende presentar, aún cuando esta causa ya había sido atendida por la Corte y presentada por dos abogados.
El amparo contra Mendoza lo iniciaron Palazzani y Gil Domínguez y reclamaron, eventualmente, que se pidieran los posicionamientos de la Provincia de La Pampa y de la Secretaría de Ambiente de la Nación. El hecho de que la Corte pida una opinión del gobierno nacional marca su interés en el asunto y ratifica el avance del expediente.
“Es histórico, porque es la primera vez que el Estado nacional tendrá que intervenir y dar opinión sobre este tema”, dijo en diálogo con El Diario el abogado Andrés Gil Domínguez.
Formalmente, la Corte le dio traslado al Estado nacional, notificándolo de la prueba documental para que manifieste qué opina sobre el tema y puntualmente sobre el daño ambiental que le provoca a La Pampa el corte del Río Atuel.
“Es realmente un pequeño gran paso histórico, porque en términos procesales le da trámite a la demanda y determina que el Estado tiene que fijar postur”, insistió Gil Domínguez.
La presentación formal se dio por el daño ambiental que padece, sobre todo, el oeste pampeano. La causa estuvo parada durante un par de años, pero tuvo un avance en setiembre de este año, cuando el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, retomó el expediente 732/10.
Ese expediente ingresó a la Corte el 13 de diciembre de 2010: está caratulado como “Palazzani, Miguel Angel contra Mendoza, provincia de y otro sobre amparo ambiental”.
Mientras se gestaban estos avances, el gobierno provincial primero dudó y después demoró el inicio de otra causa judicial. El gobernador Jorge primero apostó todas las fichas a la vía diplomática o a la “negociación política”. Más tarde, y a partir de la exigencia de numerosos sectores políticos y sociales, anunció el inicio de una demanda, cuya presentación también fue postergándose.
Desde ya, Mendoza pretende la vía de la negociación. Incluso desafía desde el discurso: plantea que con la presentación en la Corte no pasará nada. La provincia cuyana tiene para su aprobación el convenio que se firmó en 2008, entre el gobernador Jorge, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el gobernador mendocino Celso Jaque. La Legislatura no respalda ese acuerdo.
La causa presentada en 2010 había sido tratada por la Procuración General en abril de 2011, cuando dio dictamen favorable para que la Corte analice el tema.
Puede ser un aporte clave en el expediente el fallo del año 1987, en que la Corte declaró al Atuel como “interprovincial”. La Procuración, justamente, dijo que la Corte debe intervenir porque el conflicto es “interjurisdiccional”.
Entre las solicitudes de Palazzani en su demanda, se incluye el reclamo de que los jueces dispongan “el cese de las actividades generadoras de la disminución del caudal fluvial ecológico del Río Atuel Inferior” y que obliguen a Mendoza a tomar “las medidas pertinentes que garanticen el uso razonable y equitativo de sus aguas respecto a los habitantes de dicha provincia (La Pampa)”.
El “Estudio para la determinación del caudal mínimo necesario para el restablecimiento del sistema ecológico fluvial en el curso inferior del Río Atuel (Informe Final)” que realizó la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de La Pampa también es parte del expediente.
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Fecha de Publicación: 04/12/2013
Fuente: El Diario de La Pampa
Provincia/Región: Nacional
La Corte Suprema de Justicia requirió formalmente la opinión de la Secretaría de Ambiente nacional, en el marco de la causa por daño ambiental que impulsaron los abogados Andrés Gil Domínguez y Miguel Ángel Palazzani. “Es histórico, por primera vez el Estado nacional tendrá que fijar posición sobre el tema”, dijo a El Diario el abogado Gil Domínguez.
La Corte Suprema de Justicia le dio traslado al Estado nacional para que fije posición respecto del daño ambiental que le causa a La Pampa el corte del río Atuel.
El dictamen se da en el marco de la demanda que iniciaron dos abogados pampeanos, Andrés Gil Domínguez y Miguel Ángel Palazzani.
La medida del máximo tribunal del país se genera antes de que el gobierno provincial haya decidido la presentación de su propia demanda: hace meses que el gobernador Oscar Mario Jorge hizo el anuncio de que motorizaría esa presentación, pero por una cosa o por otra el trámite se fue demorando.
Más aún: una de las causales del retardo es el hecho de que el gobernador salió a la búsqueda de “constitucionalistas” que sustentaran la demanda que pretende presentar, aún cuando esta causa ya había sido atendida por la Corte y presentada por dos abogados.
El amparo contra Mendoza lo iniciaron Palazzani y Gil Domínguez y reclamaron, eventualmente, que se pidieran los posicionamientos de la Provincia de La Pampa y de la Secretaría de Ambiente de la Nación. El hecho de que la Corte pida una opinión del gobierno nacional marca su interés en el asunto y ratifica el avance del expediente.
“Es histórico, porque es la primera vez que el Estado nacional tendrá que intervenir y dar opinión sobre este tema”, dijo en diálogo con El Diario el abogado Andrés Gil Domínguez.
Formalmente, la Corte le dio traslado al Estado nacional, notificándolo de la prueba documental para que manifieste qué opina sobre el tema y puntualmente sobre el daño ambiental que le provoca a La Pampa el corte del Río Atuel.
“Es realmente un pequeño gran paso histórico, porque en términos procesales le da trámite a la demanda y determina que el Estado tiene que fijar postur”, insistió Gil Domínguez.
La presentación formal se dio por el daño ambiental que padece, sobre todo, el oeste pampeano. La causa estuvo parada durante un par de años, pero tuvo un avance en setiembre de este año, cuando el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, retomó el expediente 732/10.
Ese expediente ingresó a la Corte el 13 de diciembre de 2010: está caratulado como “Palazzani, Miguel Angel contra Mendoza, provincia de y otro sobre amparo ambiental”.
Mientras se gestaban estos avances, el gobierno provincial primero dudó y después demoró el inicio de otra causa judicial. El gobernador Jorge primero apostó todas las fichas a la vía diplomática o a la “negociación política”. Más tarde, y a partir de la exigencia de numerosos sectores políticos y sociales, anunció el inicio de una demanda, cuya presentación también fue postergándose.
Desde ya, Mendoza pretende la vía de la negociación. Incluso desafía desde el discurso: plantea que con la presentación en la Corte no pasará nada. La provincia cuyana tiene para su aprobación el convenio que se firmó en 2008, entre el gobernador Jorge, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el gobernador mendocino Celso Jaque. La Legislatura no respalda ese acuerdo.
La causa presentada en 2010 había sido tratada por la Procuración General en abril de 2011, cuando dio dictamen favorable para que la Corte analice el tema.
Puede ser un aporte clave en el expediente el fallo del año 1987, en que la Corte declaró al Atuel como “interprovincial”. La Procuración, justamente, dijo que la Corte debe intervenir porque el conflicto es “interjurisdiccional”.
Entre las solicitudes de Palazzani en su demanda, se incluye el reclamo de que los jueces dispongan “el cese de las actividades generadoras de la disminución del caudal fluvial ecológico del Río Atuel Inferior” y que obliguen a Mendoza a tomar “las medidas pertinentes que garanticen el uso razonable y equitativo de sus aguas respecto a los habitantes de dicha provincia (La Pampa)”.
El “Estudio para la determinación del caudal mínimo necesario para el restablecimiento del sistema ecológico fluvial en el curso inferior del Río Atuel (Informe Final)” que realizó la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de La Pampa también es parte del expediente.
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En Tierra del Fuego vendían tierras de áreas protegidas
Tierra del Fuego: confirman que hay personas que venden áreas protegidas
Fecha de Publicación: 04/12/2013
Fuente: Noticias Ambientales
Provincia/Región: Tierra del Fuego
Lo confirmó el secretario de Desarrollo Sustentable y Ambiente Fabián Boyeras de la provincia
A pesar de la situación irregular, la venta es avalada por un escribano público, que no tendría ninguna documentación para respaldar su actuación. “Es una cesión precaria porque no tienen cómo acreditar la titularidad de la tierra. Hablamos de reservas de áreas protegidas provinciales creadas por ley y señalizadas como corresponde por los guardaparques”, remarcó, considerando que “es increíble que esté ocurriendo esto”.
No dio valores de los terrenos que se están vendiendo, pero aseguró que tuvo acceso “a un documento firmado ante escribano público entre dos partes, a partir del cual se cede una determinada cantidad de metros cuadrados”.
Consultado en base a qué documentación el escribano certifica, respondió que “a ninguna porque no tienen cómo acreditar titularidad de la tierra. Acá hay una irregularidad de quien cede y de quien está comprando”, dijo, al margen del escribano que “entiendo que es de Río Grande”.
“Ya se abrió el expediente, se hizo la denuncia policial y estamos avanzando porque no hay un único caso, por eso alertamos a la población que no se embarque en este proyecto”, sostuvo.
La venta se está realizando en la misma zona de reserva, conocida como Laguna Negra y ubicada al oeste de Tolhuin sobre la margen norte del Lago Fagnano. “Es un área protegida no muy extensa pero son unas 1200 hectáreas”, indicó Boyeras.
“Por suerte pudimos agarrar a la gente que estaba empezando a intervenir el área, habían cortado algunos árboles, habían puesto algunas estacas, acreditando con esta documentación que daba fe de la titularidad de la tierra”, relató del operativo.
Respecto del vendedor, dijo que “es un particular y el padre tiene algún pedido como viejo ocupante sobre el lugar, pero de ninguna manera puede acreditar la titularidad de la tierra”.
Acerca de cómo valida el escribano las operaciones, dijo que “básicamente acredita una cesión entre dos personas físicas. Pero no hay cómo demostrar la titularidad porque no está”, insistió.
Si puede elevarse algún planteo al colegio de escribanos, porque hay un profesional que está dando un viso de legalidad a las operaciones, no pudo confirmar actuaciones en tal sentido todavía. “Esto acaba de ocurrir, tiene días. Son algunos casos que han llegado en esa zona”, apuntó.
Por otra parte dio a conocer la participación del área a su cargo en un operativo conjunto con Vialidad Provincial, que lamentablemente quedó trunco. Se trata de la apertura del acceso a dos lagunas a través de una ruta provincial bloqueada por parte de la familia Bronzovich, que reclama la titularidad de la tierra e impide el acceso a los espejos de agua.
“Estaba bloqueado por un supuesto propietario cuando estamos hablando de tierras fiscales sin mensura. Es una parcela está registrada catastralmente como fiscal y justamente en esa zona se dio esta situación. Hay una denuncia penal en 2010 por usurpación y a partir de allí la justicia manda mediación. Este año se termina el proceso y se define la apertura, porque hay una ruta provincial creada por resolución de Vialidad, y hay una resolución de la Fiscalía de Estado que ordena a Vialidad a regularizar el tránsito en el marco de esta denuncia”, relató.
Indicó que aunque se abocaron a cumplir con estas disposiciones, el operativo “quedó trunco, porque se da una situación de tensión, un corte de la ruta con camiones y máquinas por una parte de la familia”.
Identificó al responsable como Esteban Bronzovich, que por su parte radicó denuncias contra Vialidad. Mientras tanto “está bloqueada una ruta provincial inclusive sobre una parcela fiscal”, aseveró.
Boyeras dio cuenta de un primer operativo el 8 de noviembre, cuando “se arregló una alcantarilla y se quitó un montículo de tierra que se había puesto para evitar el tránsito, se quitó un cerco, un alambre, se paró por mal tiempo y el fin de semana. Al lunes ya estaba levantado el cerco de nuevo. Entonces se hace un segundo operativo y cuando nos apersonamos se había puesto nuevamente el montículo también. Ahí se da esta situación de tensión, interviene el juzgado de instrucción entendiendo que hay que suspender todo hasta que se resuelva la cuestión de fondo”.
La pretensión de Esteban Bronzovich es “de 7.800 hectáreas, que está en discusión judicial”, dijo el funcionario, aunque a pesar de que resultara favorable al particular, de ninguna manera podría bloquear una ruta provincial, con “la complicación que significa para nuestra área porque tenemos que monitorear los bosques, los cuerpos de agua”.
Estos últimos años el control de las lagunas lo deben hacer a pie: “Entramos caminando pero no es lo ideal, son como cinco o seis kilómetros. Los pescadores van y cruzan con bicicletas, pero nosotros no podemos fiscalizar la pesca deportiva. Ante cualquier situación de incendio tenemos bloqueado el acceso. Hablamos de tierras fiscales y de una ruta provincial”, remarcó.
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Fecha de Publicación: 04/12/2013
Fuente: Noticias Ambientales
Provincia/Región: Tierra del Fuego
Lo confirmó el secretario de Desarrollo Sustentable y Ambiente Fabián Boyeras de la provincia
A pesar de la situación irregular, la venta es avalada por un escribano público, que no tendría ninguna documentación para respaldar su actuación. “Es una cesión precaria porque no tienen cómo acreditar la titularidad de la tierra. Hablamos de reservas de áreas protegidas provinciales creadas por ley y señalizadas como corresponde por los guardaparques”, remarcó, considerando que “es increíble que esté ocurriendo esto”.
No dio valores de los terrenos que se están vendiendo, pero aseguró que tuvo acceso “a un documento firmado ante escribano público entre dos partes, a partir del cual se cede una determinada cantidad de metros cuadrados”.
Consultado en base a qué documentación el escribano certifica, respondió que “a ninguna porque no tienen cómo acreditar titularidad de la tierra. Acá hay una irregularidad de quien cede y de quien está comprando”, dijo, al margen del escribano que “entiendo que es de Río Grande”.
“Ya se abrió el expediente, se hizo la denuncia policial y estamos avanzando porque no hay un único caso, por eso alertamos a la población que no se embarque en este proyecto”, sostuvo.
La venta se está realizando en la misma zona de reserva, conocida como Laguna Negra y ubicada al oeste de Tolhuin sobre la margen norte del Lago Fagnano. “Es un área protegida no muy extensa pero son unas 1200 hectáreas”, indicó Boyeras.
“Por suerte pudimos agarrar a la gente que estaba empezando a intervenir el área, habían cortado algunos árboles, habían puesto algunas estacas, acreditando con esta documentación que daba fe de la titularidad de la tierra”, relató del operativo.
Respecto del vendedor, dijo que “es un particular y el padre tiene algún pedido como viejo ocupante sobre el lugar, pero de ninguna manera puede acreditar la titularidad de la tierra”.
Acerca de cómo valida el escribano las operaciones, dijo que “básicamente acredita una cesión entre dos personas físicas. Pero no hay cómo demostrar la titularidad porque no está”, insistió.
Si puede elevarse algún planteo al colegio de escribanos, porque hay un profesional que está dando un viso de legalidad a las operaciones, no pudo confirmar actuaciones en tal sentido todavía. “Esto acaba de ocurrir, tiene días. Son algunos casos que han llegado en esa zona”, apuntó.
Por otra parte dio a conocer la participación del área a su cargo en un operativo conjunto con Vialidad Provincial, que lamentablemente quedó trunco. Se trata de la apertura del acceso a dos lagunas a través de una ruta provincial bloqueada por parte de la familia Bronzovich, que reclama la titularidad de la tierra e impide el acceso a los espejos de agua.
“Estaba bloqueado por un supuesto propietario cuando estamos hablando de tierras fiscales sin mensura. Es una parcela está registrada catastralmente como fiscal y justamente en esa zona se dio esta situación. Hay una denuncia penal en 2010 por usurpación y a partir de allí la justicia manda mediación. Este año se termina el proceso y se define la apertura, porque hay una ruta provincial creada por resolución de Vialidad, y hay una resolución de la Fiscalía de Estado que ordena a Vialidad a regularizar el tránsito en el marco de esta denuncia”, relató.
Indicó que aunque se abocaron a cumplir con estas disposiciones, el operativo “quedó trunco, porque se da una situación de tensión, un corte de la ruta con camiones y máquinas por una parte de la familia”.
Identificó al responsable como Esteban Bronzovich, que por su parte radicó denuncias contra Vialidad. Mientras tanto “está bloqueada una ruta provincial inclusive sobre una parcela fiscal”, aseveró.
Boyeras dio cuenta de un primer operativo el 8 de noviembre, cuando “se arregló una alcantarilla y se quitó un montículo de tierra que se había puesto para evitar el tránsito, se quitó un cerco, un alambre, se paró por mal tiempo y el fin de semana. Al lunes ya estaba levantado el cerco de nuevo. Entonces se hace un segundo operativo y cuando nos apersonamos se había puesto nuevamente el montículo también. Ahí se da esta situación de tensión, interviene el juzgado de instrucción entendiendo que hay que suspender todo hasta que se resuelva la cuestión de fondo”.
La pretensión de Esteban Bronzovich es “de 7.800 hectáreas, que está en discusión judicial”, dijo el funcionario, aunque a pesar de que resultara favorable al particular, de ninguna manera podría bloquear una ruta provincial, con “la complicación que significa para nuestra área porque tenemos que monitorear los bosques, los cuerpos de agua”.
Estos últimos años el control de las lagunas lo deben hacer a pie: “Entramos caminando pero no es lo ideal, son como cinco o seis kilómetros. Los pescadores van y cruzan con bicicletas, pero nosotros no podemos fiscalizar la pesca deportiva. Ante cualquier situación de incendio tenemos bloqueado el acceso. Hablamos de tierras fiscales y de una ruta provincial”, remarcó.
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Neuquén para un pozo no convencional
Medio Ambiente paró un pozo no convencional de YPF
Fecha de Publicación: 03/12/2013
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
Es por deficiencias técnicas en un equipo en Loma La Lata. Es la primera perforación de shale que se detiene por decisión del Ejecutivo.
En un escenario de negociaciones y diferencias entre la Provincia e YPF, la Subsecretaría de Ambiente realizó una inspección en el área Loma La Lata y dispuso la paralización de las actividades en un pozo no convencional donde trabajaba el equipo DLS 149.
Funcionarios provinciales de las secretarías de Ambiente, Hidrocarburos y Minería y de Trabajo se reunieron ayer con autoridades de YPF con el fin de ponerlas al tanto de la situación y de los plazos que tiene la petrolera para solucionar el tema. Es que el jueves pasado un pozo debió detener sus actividades por fallas en las medidas de seguridad obligatorias.
Del encuentro participaron el subsecretario de Ambiente de la provincia, Ricardo Esquivel, y los subsecretarios de Hidrocarburos y Minería, Gabriel López, y de Trabajo, Ernesto Seguel.
Esquivel explicó a La Mañana de Neuquén que “hemos intervenido algunos pozos a los que les hemos hecho recomendaciones que deben cumplimentar en breve”. Además, precisó que “el equipo DLS 149 no cumplía con una serie de medidas técnicas operativas, como la identificación de productos químicos, el control de pérdidas diversas en instalaciones, falta de carga en matafuegos y sobre todo habilitaciones técnicas de partes componentes del equipo”.
Este equipo continúa detenido porque se le realizaron dos inspecciones el 28 y el 30 de noviembre, pero no “se verificó el cumplimento de las tareas reclamadas; posiblemente hoy o mañana (por ayer y hoy) puedan lograr subsanarlo”. Esquivel también advirtió que se trata de “un solo episodio, pero las empresas deben tomar en cuenta que la alta demanda de equipos no puede estar por encima de la seguridad de los trabajadores, de la protección de la salud y del cuidado ambiental”.
La medida del gobierno provincial se produce en momentos en que se negocia con YPF el cobro de regalías sobre la base del precio de 7,50 dólares el millón de BTU que paga Nación a las empresas que están dentro del Plan Gas. Las conversaciones llevan varias semanas y aún no se llegó a un acuerdo.
Remediaciones.
Esquivel precisó a este diario que, desde la inspección realizada el sábado pasado, la empresa tiene cinco días que vencen mañana para efectuar las remediciones. Con respecto a las futuras multas que podría recibir YPF por el hecho, ahora los inspectores de Ambiente deben evaluar primero que se cumpla con la requisitoria solicitada y, a partir de eso, establecer los montos definitivos.
El dato es que se trata de una operación no convencional donde hasta ahora el gobierno neuquino ha resaltado que, más allá de los 100 pozos perforados con técnicas de fractura vertical y horizontal, no se han producido incidentes ambientales. De hecho, los incidentes ambientales que se han producido durante el año -como el que protagonizó Pluspetrol en Plottier- corresponden en su mayoría a instalaciones en mal estado o con bajo nivel de mantenimiento, pero de prácticas convencionales.
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Fecha de Publicación: 03/12/2013
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
Es por deficiencias técnicas en un equipo en Loma La Lata. Es la primera perforación de shale que se detiene por decisión del Ejecutivo.
En un escenario de negociaciones y diferencias entre la Provincia e YPF, la Subsecretaría de Ambiente realizó una inspección en el área Loma La Lata y dispuso la paralización de las actividades en un pozo no convencional donde trabajaba el equipo DLS 149.
Funcionarios provinciales de las secretarías de Ambiente, Hidrocarburos y Minería y de Trabajo se reunieron ayer con autoridades de YPF con el fin de ponerlas al tanto de la situación y de los plazos que tiene la petrolera para solucionar el tema. Es que el jueves pasado un pozo debió detener sus actividades por fallas en las medidas de seguridad obligatorias.
Del encuentro participaron el subsecretario de Ambiente de la provincia, Ricardo Esquivel, y los subsecretarios de Hidrocarburos y Minería, Gabriel López, y de Trabajo, Ernesto Seguel.
Esquivel explicó a La Mañana de Neuquén que “hemos intervenido algunos pozos a los que les hemos hecho recomendaciones que deben cumplimentar en breve”. Además, precisó que “el equipo DLS 149 no cumplía con una serie de medidas técnicas operativas, como la identificación de productos químicos, el control de pérdidas diversas en instalaciones, falta de carga en matafuegos y sobre todo habilitaciones técnicas de partes componentes del equipo”.
Este equipo continúa detenido porque se le realizaron dos inspecciones el 28 y el 30 de noviembre, pero no “se verificó el cumplimento de las tareas reclamadas; posiblemente hoy o mañana (por ayer y hoy) puedan lograr subsanarlo”. Esquivel también advirtió que se trata de “un solo episodio, pero las empresas deben tomar en cuenta que la alta demanda de equipos no puede estar por encima de la seguridad de los trabajadores, de la protección de la salud y del cuidado ambiental”.
La medida del gobierno provincial se produce en momentos en que se negocia con YPF el cobro de regalías sobre la base del precio de 7,50 dólares el millón de BTU que paga Nación a las empresas que están dentro del Plan Gas. Las conversaciones llevan varias semanas y aún no se llegó a un acuerdo.
Remediaciones.
Esquivel precisó a este diario que, desde la inspección realizada el sábado pasado, la empresa tiene cinco días que vencen mañana para efectuar las remediciones. Con respecto a las futuras multas que podría recibir YPF por el hecho, ahora los inspectores de Ambiente deben evaluar primero que se cumpla con la requisitoria solicitada y, a partir de eso, establecer los montos definitivos.
El dato es que se trata de una operación no convencional donde hasta ahora el gobierno neuquino ha resaltado que, más allá de los 100 pozos perforados con técnicas de fractura vertical y horizontal, no se han producido incidentes ambientales. De hecho, los incidentes ambientales que se han producido durante el año -como el que protagonizó Pluspetrol en Plottier- corresponden en su mayoría a instalaciones en mal estado o con bajo nivel de mantenimiento, pero de prácticas convencionales.
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El Gobierno nacional fotalece los biocombustibles
El Gobierno incrementó la obligación de usar biodiesel en el mercado local
Fecha de Publicación: 03/12/2013
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
El aumento escalonado del 8 al 10 por ciento regirá desde enero. Es por las restricciones que impuso la UE. Kicillof pide a empresarios que inviertan y no ajusten salarios.
El Gobierno anunció hoy el aumento del corte obligatorio del gasoil con biodiesel del 8 al 10 por ciento, que será escalonado desde el 1 de enero próximo.
El ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, también informó que las centrales termoeléctricas también deberán cortar con biodiesel el 10 por ciento del gasoil que utilizan para funcionar.
Los anuncios, que significarían la colocación de unos 450.000 toneladas de biodiesel anuales en el mercado local de combustibles, llegan luego de que la Unión Europea restringiera las compras de biocombustible argentino.
Kicillof
El ministro de Economía, Axel Kicillof, dijo que con el incremento del uso del biodiesel en el mercado local, para el corte del gasoil y en las centrales termoeléctricas, se ahorrarán divisas por al menos "50 millones de dólares" para el año próximo.
Al ser consultado si estas medidas podrían morigerar las subas en el precio de los combustibles, el ministro respondió:
"Estamos con la mirada puesta en el mercado de combustibles y vamos a avanzar en un acuerdo de precios" para el sector.
Kicillof brindará una conferencia de prensa junto con su par de Planificación Federal, Julio De Vido, en el Palacio de Hacienda.
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Fecha de Publicación: 03/12/2013
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
El aumento escalonado del 8 al 10 por ciento regirá desde enero. Es por las restricciones que impuso la UE. Kicillof pide a empresarios que inviertan y no ajusten salarios.
El Gobierno anunció hoy el aumento del corte obligatorio del gasoil con biodiesel del 8 al 10 por ciento, que será escalonado desde el 1 de enero próximo.
El ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, también informó que las centrales termoeléctricas también deberán cortar con biodiesel el 10 por ciento del gasoil que utilizan para funcionar.
Los anuncios, que significarían la colocación de unos 450.000 toneladas de biodiesel anuales en el mercado local de combustibles, llegan luego de que la Unión Europea restringiera las compras de biocombustible argentino.
Kicillof
El ministro de Economía, Axel Kicillof, dijo que con el incremento del uso del biodiesel en el mercado local, para el corte del gasoil y en las centrales termoeléctricas, se ahorrarán divisas por al menos "50 millones de dólares" para el año próximo.
Al ser consultado si estas medidas podrían morigerar las subas en el precio de los combustibles, el ministro respondió:
"Estamos con la mirada puesta en el mercado de combustibles y vamos a avanzar en un acuerdo de precios" para el sector.
Kicillof brindará una conferencia de prensa junto con su par de Planificación Federal, Julio De Vido, en el Palacio de Hacienda.
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Terraplenes y fumigaciones hacen peligrar el Delta
Cómo evitar un naufragio en el Delta
Fecha de Publicación: 03/12/2013
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Entre Ríos
Pobladores, pequeños productores y ambientalistas advierten sobre las temibles consecuencias que los terraplenes y endicamientos provocan en el ecosistema. A los estragos se suma la fumigación.
“Estamos a tiempo de evitar la creación de otro Riachuelo”, dicen especialistas en medio ambiente, pero también pobladores y pequeños productores rurales. Se refieren al Delta del Paraná, pero no sólo al paisaje bucólico que disfrutan los turistas de fin de semana, sino al extenso territorio de humedales que va desde el Río de la Plata hasta la localidad de Diamante, en Entre Ríos. La voracidad de algunos productores agropecuarios, que construyen diques para cortar cursos de arroyos y riachos o levantan terraplenes para favorecer la ganadería a gran escala o los cultivos de soja, está poniendo en riesgo ese ecosistema. A eso hay que agregar las denuncias de fumigaciones con plaguicidas, con potenciales daños al ganado y a la apicultura, que tiene allí a la principal producción del país. “Si la tendencia no se revierte, el Delta dejará de ser el gran proveedor de agua potable del área metropolitana y, por añadidura, no actuará más como un regulador de inundaciones”, advierten Virginia De Francesco y Leandro García Silva, del Area de Medio Ambiente de la Defensoría del Pueblo de la Nación.
El Delta del Paraná tiene una superficie de unos 17.500 kilómetros cuadrados y viven allí unas 25 mil personas. La mayor parte de su superficie (el 80 por ciento) corresponde a la provincia de Entre Ríos, mientras que el resto es jurisdicción de Buenos Aires (15 por ciento) y Santa Fe (5 por ciento). Se lo considera un macrosistema de humedales que se caracteriza por ser periódicamente inundable, dando lugar a un ecosistema híbrido entre el terrestre y el acuático, donde el agua juega un rol fundamental.
La Defensoría del Pueblo comenzó a intervenir en esa región después de la quema masiva de pastizales que, a principios de 2008, provocó trastornos en zonas urbanas de Buenos Aires y Santa Fe y trágicos accidentes en rutas por falta de visibilidad. Ahora vuelve a hacer pie en la región a partir de la denuncia de asociaciones ecologistas, que reclaman un plan de manejo para esa área, ante el avance de los cultivos agroindustriales, la ganadería intensiva y la alteración del medio ambiente mediante la construcción de terraplenes y endicamientos.
El reclamo lo iniciaron distintas asociaciones ambientalistas, entre ellas El Paraná no se Toca, de Rosario, que mediante una nota a la defensoría denunció que personas y empresas privadas “cortan cursos de agua, arroyos y riachos y realizan el drenado de lagunas mediante prácticas de endicamiento o terraplenamiento con la única intención de obtener tierra para producir pastizales para el ganado y la siembra intensiva”, dice Victoria Dunda, titular de esa ONG, a Página/12.
Como ejemplo, menciona el caso de “las tierras de la isla Irupé, a la altura de Villa Constitución, en la cual la empresa Bema Agri BV realiza cultivos intensivos de soja y colza, y varios terraplenamientos a la altura de la ciudad de Rosario y San Lorenzo, con fines ganaderos”.
A partir de la presentación, la defensoría convocó a la Fundación Humedales, una ONG con financiamiento externo que viene realizando estudios sobre la zona y aportó un mapa en el cual se identifican nada menos que 53 terraplenes en territorio entrerriano.
Con esa herramienta, la defensoría reclamó la aplicación del Plan Integral Estratégico para la Conservación y Desarrollo Sostenible del Delta del Paraná (Piecas-DP), un acuerdo suscripto a fines de 2008, después de los incendios, que crea un Comité Interjurisdiccional integrado por las tres provincias involucradas y la Nación. “Ese organismo había elaborado en 2011 una Evaluación Ambiental Estratégica, en la que señalaba que los endicamientos y terraplenes eran una amenaza para la conservación y el adecuado manejo del Delta”, dijo a Página/12 el defensor Anselmo Sella. Ahora, las ONG vuelven a pedir su intervención para frenar estas alteraciones a la geografía isleña que, advierten, puede tener graves consecuencias.
–¿En qué puede afectar la modificación paulatina del paisaje del Delta con fines productivos?
–El Delta actúa como una esponja, acumula y libera el agua de las crecidas a una menor velocidad, con lo que amortigua el impacto de una inundación. Pero además, el ecosistema, las plantas y el suelo, actúan como un purificador natural del agua. De esa manera, las plantas de AySA de Escobar obtienen agua potable de buena calidad con poco tratamiento –responde Carmen Penedo, de la Fundación Humedales.
Para quienes se proponen el cuidado del ambiente, el Delta del Paraná es un ecosistema estratégico para el país: tiene una altísima biodiversidad, fuente de la mayor pesquería fluvial del país (el sábalo es la segunda especie más exportada, después de la merluza).
“Las especies vegetales y las características del suelo contribuyen a purificar el agua –agrega Penedo–. Si se alteran los cursos de agua mediante rellenos y diques, las inundaciones pueden tener mayor impacto en la cuenca. Y si el agua se contamina, puede poner en riesgo el abastecimiento para consumo humano.”
Frontera agrícola
El problema, para los expertos, es el avance de la frontera agrícola hasta el río. “Llega masivamente el ganado desplazado por la soja, y los ganaderos que vienen de la pampa húmeda piensan que el Delta es lo mismo que la pampa, y no es así”, advierte Leandro García Silva, abogado del área de Medio Ambiente de la defensoría.
“La escala hace la diferencia –agrega Virginia De Francesco, bióloga y también integrante de esa área de la defensoría–. De 50 mil cabezas, que era la producción tradicional de la ganadería de islas en el Delta, se pasó a cerca de un millón de cabezas.” Estas nuevas prácticas, comenta García Silva, comenzaron en 2004, con el arrendamiento de tierras fiscales para la producción agropecuaria.
El problema no es de resolución sencilla, ya que no sólo involucra a los grandes productores, sino a algunos isleños que han visto el filón y tienen la oportunidad de hacer un buen negocio. “Viene el capital financiero y hace sociedad con los isleños que tienen las máquinas”, cuenta Jorge Temporetti, titular de la Filial Delta de la Federación Agraria Argentina.
El problema se agrava, según Temporetti, cuando las grandes empresas aplican agroquímicos. “El glifosato no está aprobado para humedales, porque hay especies que son resistentes a los herbicidas. Ocurrió que vino una empresa que hizo una aplicación más densa y concentrada, y después de dos o tres días vimos una cantidad de peces muertos. Hicieron una masacre.”
El secretario de Ambiente de Entre Ríos, Fernando Raffo, sostiene ante una consulta de Página/12 que “la provincia está trabajando sobre el tema entre distintas áreas” del gobierno y para abordarlo se empezó por “realizar un relevamiento aéreo de la zona involucrada”.
“Se está empezando a transparentar una realidad que no se conocía”, afirma el funcionario, aunque admite que el problema excede su competencia, ya que “el manejo del Delta depende del Ministerio de la Producción de la provincia”. Puso como ejemplo que se aplicaron sanciones por endicamientos ilegales a una empresa radicada sobre el río Uruguay, pero admitió que aún no se hizo lo mismo en el Delta del Paraná porque “la realidad de esa región requiere una solución integral”. Destacó no obstante los avances en el acuerdo entre las tres provincias y la Nación para diseñar un plan estratégico y la reciente media sanción por el Senado de una Ley de Presupuestos Mínimos que pretende regular el uso del suelo en ese territorio.
Ese proyecto despertó reacciones encontradas entre los productores. Mientras algunos, como José Jacobsen, en representación de los isleños, califican el proyecto de “inconsulto” y sostiene que “de continuar la marcha que llevan nos dejarán completamente marginados de cualquier tipo de actividad, tanto forestal como ganadera”, otros creen que es necesaria una regulación del uso del suelo.
Es que cualquier alteración en esa privilegiada geografía puede generar daños irreparables. La zona del Delta está entre las proveedoras de la cuota Hilton de carnes para exportación, por sus excelentes pasturas. Y sus flores saben alimentar una de las más importantes producciones de miel del país. La presencia de agroquímicos en uno u otro producto harían naufragar cualquiera de esos emprendimientos productivos.
Para la defensoría, lo que falta hoy es que las jurisdicciones pongan en marcha lo acordado en el Plan Estratégico. “No se ha logrado poner en marcha en el terreno –concluye García Silva–. Tiene que haber un ordenamiento ambiental, definir qué se puede hacer, en qué medida y dónde.”
“Estamos a tiempo –insisten– de evitar un nuevo desastre como el del Riachuelo.”
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Fecha de Publicación: 03/12/2013
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Entre Ríos
Pobladores, pequeños productores y ambientalistas advierten sobre las temibles consecuencias que los terraplenes y endicamientos provocan en el ecosistema. A los estragos se suma la fumigación.
“Estamos a tiempo de evitar la creación de otro Riachuelo”, dicen especialistas en medio ambiente, pero también pobladores y pequeños productores rurales. Se refieren al Delta del Paraná, pero no sólo al paisaje bucólico que disfrutan los turistas de fin de semana, sino al extenso territorio de humedales que va desde el Río de la Plata hasta la localidad de Diamante, en Entre Ríos. La voracidad de algunos productores agropecuarios, que construyen diques para cortar cursos de arroyos y riachos o levantan terraplenes para favorecer la ganadería a gran escala o los cultivos de soja, está poniendo en riesgo ese ecosistema. A eso hay que agregar las denuncias de fumigaciones con plaguicidas, con potenciales daños al ganado y a la apicultura, que tiene allí a la principal producción del país. “Si la tendencia no se revierte, el Delta dejará de ser el gran proveedor de agua potable del área metropolitana y, por añadidura, no actuará más como un regulador de inundaciones”, advierten Virginia De Francesco y Leandro García Silva, del Area de Medio Ambiente de la Defensoría del Pueblo de la Nación.
El Delta del Paraná tiene una superficie de unos 17.500 kilómetros cuadrados y viven allí unas 25 mil personas. La mayor parte de su superficie (el 80 por ciento) corresponde a la provincia de Entre Ríos, mientras que el resto es jurisdicción de Buenos Aires (15 por ciento) y Santa Fe (5 por ciento). Se lo considera un macrosistema de humedales que se caracteriza por ser periódicamente inundable, dando lugar a un ecosistema híbrido entre el terrestre y el acuático, donde el agua juega un rol fundamental.
La Defensoría del Pueblo comenzó a intervenir en esa región después de la quema masiva de pastizales que, a principios de 2008, provocó trastornos en zonas urbanas de Buenos Aires y Santa Fe y trágicos accidentes en rutas por falta de visibilidad. Ahora vuelve a hacer pie en la región a partir de la denuncia de asociaciones ecologistas, que reclaman un plan de manejo para esa área, ante el avance de los cultivos agroindustriales, la ganadería intensiva y la alteración del medio ambiente mediante la construcción de terraplenes y endicamientos.
El reclamo lo iniciaron distintas asociaciones ambientalistas, entre ellas El Paraná no se Toca, de Rosario, que mediante una nota a la defensoría denunció que personas y empresas privadas “cortan cursos de agua, arroyos y riachos y realizan el drenado de lagunas mediante prácticas de endicamiento o terraplenamiento con la única intención de obtener tierra para producir pastizales para el ganado y la siembra intensiva”, dice Victoria Dunda, titular de esa ONG, a Página/12.
Como ejemplo, menciona el caso de “las tierras de la isla Irupé, a la altura de Villa Constitución, en la cual la empresa Bema Agri BV realiza cultivos intensivos de soja y colza, y varios terraplenamientos a la altura de la ciudad de Rosario y San Lorenzo, con fines ganaderos”.
A partir de la presentación, la defensoría convocó a la Fundación Humedales, una ONG con financiamiento externo que viene realizando estudios sobre la zona y aportó un mapa en el cual se identifican nada menos que 53 terraplenes en territorio entrerriano.
Con esa herramienta, la defensoría reclamó la aplicación del Plan Integral Estratégico para la Conservación y Desarrollo Sostenible del Delta del Paraná (Piecas-DP), un acuerdo suscripto a fines de 2008, después de los incendios, que crea un Comité Interjurisdiccional integrado por las tres provincias involucradas y la Nación. “Ese organismo había elaborado en 2011 una Evaluación Ambiental Estratégica, en la que señalaba que los endicamientos y terraplenes eran una amenaza para la conservación y el adecuado manejo del Delta”, dijo a Página/12 el defensor Anselmo Sella. Ahora, las ONG vuelven a pedir su intervención para frenar estas alteraciones a la geografía isleña que, advierten, puede tener graves consecuencias.
–¿En qué puede afectar la modificación paulatina del paisaje del Delta con fines productivos?
–El Delta actúa como una esponja, acumula y libera el agua de las crecidas a una menor velocidad, con lo que amortigua el impacto de una inundación. Pero además, el ecosistema, las plantas y el suelo, actúan como un purificador natural del agua. De esa manera, las plantas de AySA de Escobar obtienen agua potable de buena calidad con poco tratamiento –responde Carmen Penedo, de la Fundación Humedales.
Para quienes se proponen el cuidado del ambiente, el Delta del Paraná es un ecosistema estratégico para el país: tiene una altísima biodiversidad, fuente de la mayor pesquería fluvial del país (el sábalo es la segunda especie más exportada, después de la merluza).
“Las especies vegetales y las características del suelo contribuyen a purificar el agua –agrega Penedo–. Si se alteran los cursos de agua mediante rellenos y diques, las inundaciones pueden tener mayor impacto en la cuenca. Y si el agua se contamina, puede poner en riesgo el abastecimiento para consumo humano.”
Frontera agrícola
El problema, para los expertos, es el avance de la frontera agrícola hasta el río. “Llega masivamente el ganado desplazado por la soja, y los ganaderos que vienen de la pampa húmeda piensan que el Delta es lo mismo que la pampa, y no es así”, advierte Leandro García Silva, abogado del área de Medio Ambiente de la defensoría.
“La escala hace la diferencia –agrega Virginia De Francesco, bióloga y también integrante de esa área de la defensoría–. De 50 mil cabezas, que era la producción tradicional de la ganadería de islas en el Delta, se pasó a cerca de un millón de cabezas.” Estas nuevas prácticas, comenta García Silva, comenzaron en 2004, con el arrendamiento de tierras fiscales para la producción agropecuaria.
El problema no es de resolución sencilla, ya que no sólo involucra a los grandes productores, sino a algunos isleños que han visto el filón y tienen la oportunidad de hacer un buen negocio. “Viene el capital financiero y hace sociedad con los isleños que tienen las máquinas”, cuenta Jorge Temporetti, titular de la Filial Delta de la Federación Agraria Argentina.
El problema se agrava, según Temporetti, cuando las grandes empresas aplican agroquímicos. “El glifosato no está aprobado para humedales, porque hay especies que son resistentes a los herbicidas. Ocurrió que vino una empresa que hizo una aplicación más densa y concentrada, y después de dos o tres días vimos una cantidad de peces muertos. Hicieron una masacre.”
El secretario de Ambiente de Entre Ríos, Fernando Raffo, sostiene ante una consulta de Página/12 que “la provincia está trabajando sobre el tema entre distintas áreas” del gobierno y para abordarlo se empezó por “realizar un relevamiento aéreo de la zona involucrada”.
“Se está empezando a transparentar una realidad que no se conocía”, afirma el funcionario, aunque admite que el problema excede su competencia, ya que “el manejo del Delta depende del Ministerio de la Producción de la provincia”. Puso como ejemplo que se aplicaron sanciones por endicamientos ilegales a una empresa radicada sobre el río Uruguay, pero admitió que aún no se hizo lo mismo en el Delta del Paraná porque “la realidad de esa región requiere una solución integral”. Destacó no obstante los avances en el acuerdo entre las tres provincias y la Nación para diseñar un plan estratégico y la reciente media sanción por el Senado de una Ley de Presupuestos Mínimos que pretende regular el uso del suelo en ese territorio.
Ese proyecto despertó reacciones encontradas entre los productores. Mientras algunos, como José Jacobsen, en representación de los isleños, califican el proyecto de “inconsulto” y sostiene que “de continuar la marcha que llevan nos dejarán completamente marginados de cualquier tipo de actividad, tanto forestal como ganadera”, otros creen que es necesaria una regulación del uso del suelo.
Es que cualquier alteración en esa privilegiada geografía puede generar daños irreparables. La zona del Delta está entre las proveedoras de la cuota Hilton de carnes para exportación, por sus excelentes pasturas. Y sus flores saben alimentar una de las más importantes producciones de miel del país. La presencia de agroquímicos en uno u otro producto harían naufragar cualquiera de esos emprendimientos productivos.
Para la defensoría, lo que falta hoy es que las jurisdicciones pongan en marcha lo acordado en el Plan Estratégico. “No se ha logrado poner en marcha en el terreno –concluye García Silva–. Tiene que haber un ordenamiento ambiental, definir qué se puede hacer, en qué medida y dónde.”
“Estamos a tiempo –insisten– de evitar un nuevo desastre como el del Riachuelo.”
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Azucarero procesado por contaminación
Procesaron al azucarero Julio Colombres por contaminación
Fecha de Publicación: 02/12/2013
Fuente: Portal contextotucuman.com
Provincia/Región: Tucumán
La Cámara Federal de Tucumán procesó por el delito de contaminación ambiental intencional doloso, según prevé el artículo 55 de la Ley nacional de Residuos Peligrosos Nº 24.051, al industrial azucarero tucumano Julio José Colombres, director de la razón social SA SER, a cargo de la explotación del ingenio azucarero Ñuñorco, por presunta contaminación de un afluente de la cuenca Salí-Dulce.
El cuerpo judicial reunió suficientes indicios que indican que el industrial tucumano mereció ser procesado por haber generado desde su fábrica, vuelcos de efluentes líquidos contaminantes que habría arrojado la firma años atrás, más precisamente al cauce del río Pueblo Viejo, el cual desemboca en el Río Salí, que a su vez, es tributario del dique Frontal de Las Termas de Río Hondo.
“Está probado y determinado por la Cámara Federal que hubo vuelco de vinaza al río por parte de su firma”, precisó en diálogo con Nuevo Diario, el fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, Dr. Gustavo Antonio Gómez, quien recibió la notificación de la resolución en el día de ayer. “La Cámara Federal lo establece como un delito intencional doloso y además reflejó que lo único que fue necesario es contaminar el ambiente, por lo tanto, ni siquiera hizo falta pruebas que refieran al daño a la salud, afectando la cuenca Salí Dulce”, resaltó.
Daño intencional
A partir del procesamiento de Colombres, la evolución de la causa quedará en manos del Juzgado Federal Nº 2 de la vecina provincia, a cargo del Dr. Fernando Poviña, causa que posteriormente será elevada a juicio oral y público.
“La posición de la Cámara Federal es muy clara, porque habla a las claras de un delito de peligro abstracto e intencional y verdaderamente, el fallo deja pocas dudas de lo que puede ser el futuro para otras causas penales”, relató el Dr. Gómez, sobre este nuevo procesamiento que pesa sobre el empresario que también se desempeña como titular del Centro Azucarero Regional Tucumán (CART).
El empresario fue acusado en varias oportunidades por arrojar residuos crudos.
Julio José Colombres es uno de los empresarios más poderosos de Tucumán en materia de producción de azúcar y bioetanol.
A principios de este año, el industrial fue citado por el juez federal de nuestra provincia, Dr. Guillermo Molinari, al ser imputado por un presunto daño ecológico al embalse de Las Termas de Río Hondo, causa que imputaba además a varios empresarios.
En 2011, en Tucumán, también fue indagado y procesado por contaminación, causa que luego fue apelada.
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Fecha de Publicación: 02/12/2013
Fuente: Portal contextotucuman.com
Provincia/Región: Tucumán
La Cámara Federal de Tucumán procesó por el delito de contaminación ambiental intencional doloso, según prevé el artículo 55 de la Ley nacional de Residuos Peligrosos Nº 24.051, al industrial azucarero tucumano Julio José Colombres, director de la razón social SA SER, a cargo de la explotación del ingenio azucarero Ñuñorco, por presunta contaminación de un afluente de la cuenca Salí-Dulce.
El cuerpo judicial reunió suficientes indicios que indican que el industrial tucumano mereció ser procesado por haber generado desde su fábrica, vuelcos de efluentes líquidos contaminantes que habría arrojado la firma años atrás, más precisamente al cauce del río Pueblo Viejo, el cual desemboca en el Río Salí, que a su vez, es tributario del dique Frontal de Las Termas de Río Hondo.
“Está probado y determinado por la Cámara Federal que hubo vuelco de vinaza al río por parte de su firma”, precisó en diálogo con Nuevo Diario, el fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, Dr. Gustavo Antonio Gómez, quien recibió la notificación de la resolución en el día de ayer. “La Cámara Federal lo establece como un delito intencional doloso y además reflejó que lo único que fue necesario es contaminar el ambiente, por lo tanto, ni siquiera hizo falta pruebas que refieran al daño a la salud, afectando la cuenca Salí Dulce”, resaltó.
Daño intencional
A partir del procesamiento de Colombres, la evolución de la causa quedará en manos del Juzgado Federal Nº 2 de la vecina provincia, a cargo del Dr. Fernando Poviña, causa que posteriormente será elevada a juicio oral y público.
“La posición de la Cámara Federal es muy clara, porque habla a las claras de un delito de peligro abstracto e intencional y verdaderamente, el fallo deja pocas dudas de lo que puede ser el futuro para otras causas penales”, relató el Dr. Gómez, sobre este nuevo procesamiento que pesa sobre el empresario que también se desempeña como titular del Centro Azucarero Regional Tucumán (CART).
El empresario fue acusado en varias oportunidades por arrojar residuos crudos.
Julio José Colombres es uno de los empresarios más poderosos de Tucumán en materia de producción de azúcar y bioetanol.
A principios de este año, el industrial fue citado por el juez federal de nuestra provincia, Dr. Guillermo Molinari, al ser imputado por un presunto daño ecológico al embalse de Las Termas de Río Hondo, causa que imputaba además a varios empresarios.
En 2011, en Tucumán, también fue indagado y procesado por contaminación, causa que luego fue apelada.
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Santa Fe: tercer año sin tratar la ley de agrotóxicos
Se reaviva el debate en torno a la reforma de la ley de agroquímicos
Fecha de Publicación: 02/12/2013
Fuente: La Capital (Santa Fe)
Provincia/Región: Santa Fe
Nuevo revés. Por tercer año consecutivo el proyecto no se abordó y, pese a tener prioridad, probablemente se trate recién el año próximo. Para vecinos y ambientalistas los legisladores dan otra vez la espalda a los problemas ambientales y sanitarios de la población.
Mientras la Bolsa de Comercio anunciaba con bombos y platillos el aumento de la superficie sembrada con soja durante la presente temporada, cambios de último momento, negociaciones desencontradas y lobbies oportunistas, en la Cámara de Diputados santafesina daban cuenta una vez más de la facilidad que poseen los hombres y mujeres que ocupan espacios en el Estado para hacer oídos sordos y ocultar bajo la alfombra la contracara de esa tendencia.
Los diversos proyectos de modificación de la ley 11.273 (de fitosanitarios) para regular el uso indiscriminado de agrotóxicos en la provincia recibieron un serio revés durante la semana que pasó. Es que a pesar de haber contado con preferencia para ser tratado en el recinto, el tema no se abordó y ahora corre el riesgo de pasar para el próximo año legislativo.
Atrás quedan, por tercer año consecutivo (dos en Senadores y ahora en Diputados), los reclamos de miles de personas que se esfuerzan por sacar a la luz el lamentable impacto que acarreó sobre su salud el actual sistema productivo agrícola y las nefastas consecuencias sobre los ecosistemas, por el avance de la frontera agraria a través de los desmontes indiscriminados, el envenenamiento y el lastimoso efecto de pérdida de biodiversidad que dejan como legado los métodos de agronomía extractiva.
A principios de noviembre, en una reunión en un anexo de la Cámara baja, se logró el consenso entre los impulsores de los tres proyectos en juego pertenecientes a los diputados José María Tessa, Aliza Damiani e Inés Bertero y los vecinos de pueblos fumigados y organizaciones que componen el colectivo Paren de Fumigarnos. El debate se centró en las distancias que debían estipularse en la nueva ley como franjas de amortiguación entre las zonas de cultivo y las poblaciones, escuelas, barrios y otras zonas sensibles. Se acordó un área mínima de tres mil metros para aplicaciones aéreas de plaguicidas y 700 para las terrestres.
Alarmante incremento.Basados en estudios científicos que acercaron a la mesa, los participantes realzaron la necesidad de mejorar la situación sanitaria de las poblaciones y reducir la toxicidad y cantidad de los químicos agrarios, cuyo uso se incrementó en los últimos 15 años un mil por ciento, según indican las cámaras comercializadoras.
Desde los pueblos fumigados aceptaron flexibilizar sus demandas iniciales para facilitar de forma urgente la sanción de una herramienta que atenúe el constante agravamiento de la salud, habilitando simultáneamente la producción de alimento sano en las zonas libres de fumigaciones, en un círculo virtuoso con múltiples beneficios.
Diputada polémica. Sin embargo un golpe de timón de último momento de la diputada Inés Bertero, productora agropecuaria, tiró por la borda con el resto de los proyectos y desató la tormenta. Bajo el argumento de generar "una ley aplicable más cercana a la realidad", modificó el texto de su propuesta y redujo las distancias que habían sido acordadas.
Esta "flexibilización" que introdujo la polémica diputada reavivó el debate y llevó a los damnificados a pedir sanciones para ella. "Reclamamos que se excuse la diputada Inés Bertero de participar en el debate por una nueva ley de agroquímicos", exigieron las entidades nucleadas en el colectivo Paren de Fumigarnos.
Según los ambientalistas, Bertero propuso sólo 50 metros de exclusión de agroquímicos y restricciones hasta los 300 metros (en los que se podría aplicar biocidas biológicos) en caso de aspersiones terrestres y de tres mil para las aéreas. Para los vecinos, la única razón que explica su proceder es su condición de productora agropecuaria.
"Estos hechos y consideraciones revelan su falta de compromiso con la palabra empeñada, con la salud y el ambiente. Está condicionada por su situación personal de empresaria agropecuaria que la inhibe moral, ética y legalmente", remarcaron desde la organización.
"Reclamamos la excusación de la diputada Bertero en el debate por una nueva ley de agroquímicos o en su defecto que sus pares la aparten, sin perjuicio de lo dispuesto por las leyes de ética pública", añadieron, y enfatizaron que también exigirán orgánicamente el tratamiento y la sanción del acuerdo celebrado entre los representantes de las principales fuerzas parlamentarias y los vecinos de la provincia.
"Es público que entidades gremiales del agronegocio frecuentan despachos legislativos o las integran, como el caso de la diputada Bertero. Elementales imperativos éticos impondrían excusarse en temas que los enfrentan a un evidente conflicto de intereses entre los propios y de las mayorías provinciales para cuya defensa fue elegida, sin perjuicio de las incompatibilidades previstas en las leyes de ética pública nacional y provincial", señalaron.
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Fecha de Publicación: 02/12/2013
Fuente: La Capital (Santa Fe)
Provincia/Región: Santa Fe
Nuevo revés. Por tercer año consecutivo el proyecto no se abordó y, pese a tener prioridad, probablemente se trate recién el año próximo. Para vecinos y ambientalistas los legisladores dan otra vez la espalda a los problemas ambientales y sanitarios de la población.
Mientras la Bolsa de Comercio anunciaba con bombos y platillos el aumento de la superficie sembrada con soja durante la presente temporada, cambios de último momento, negociaciones desencontradas y lobbies oportunistas, en la Cámara de Diputados santafesina daban cuenta una vez más de la facilidad que poseen los hombres y mujeres que ocupan espacios en el Estado para hacer oídos sordos y ocultar bajo la alfombra la contracara de esa tendencia.
Los diversos proyectos de modificación de la ley 11.273 (de fitosanitarios) para regular el uso indiscriminado de agrotóxicos en la provincia recibieron un serio revés durante la semana que pasó. Es que a pesar de haber contado con preferencia para ser tratado en el recinto, el tema no se abordó y ahora corre el riesgo de pasar para el próximo año legislativo.
Atrás quedan, por tercer año consecutivo (dos en Senadores y ahora en Diputados), los reclamos de miles de personas que se esfuerzan por sacar a la luz el lamentable impacto que acarreó sobre su salud el actual sistema productivo agrícola y las nefastas consecuencias sobre los ecosistemas, por el avance de la frontera agraria a través de los desmontes indiscriminados, el envenenamiento y el lastimoso efecto de pérdida de biodiversidad que dejan como legado los métodos de agronomía extractiva.
A principios de noviembre, en una reunión en un anexo de la Cámara baja, se logró el consenso entre los impulsores de los tres proyectos en juego pertenecientes a los diputados José María Tessa, Aliza Damiani e Inés Bertero y los vecinos de pueblos fumigados y organizaciones que componen el colectivo Paren de Fumigarnos. El debate se centró en las distancias que debían estipularse en la nueva ley como franjas de amortiguación entre las zonas de cultivo y las poblaciones, escuelas, barrios y otras zonas sensibles. Se acordó un área mínima de tres mil metros para aplicaciones aéreas de plaguicidas y 700 para las terrestres.
Alarmante incremento.Basados en estudios científicos que acercaron a la mesa, los participantes realzaron la necesidad de mejorar la situación sanitaria de las poblaciones y reducir la toxicidad y cantidad de los químicos agrarios, cuyo uso se incrementó en los últimos 15 años un mil por ciento, según indican las cámaras comercializadoras.
Desde los pueblos fumigados aceptaron flexibilizar sus demandas iniciales para facilitar de forma urgente la sanción de una herramienta que atenúe el constante agravamiento de la salud, habilitando simultáneamente la producción de alimento sano en las zonas libres de fumigaciones, en un círculo virtuoso con múltiples beneficios.
Diputada polémica. Sin embargo un golpe de timón de último momento de la diputada Inés Bertero, productora agropecuaria, tiró por la borda con el resto de los proyectos y desató la tormenta. Bajo el argumento de generar "una ley aplicable más cercana a la realidad", modificó el texto de su propuesta y redujo las distancias que habían sido acordadas.
Esta "flexibilización" que introdujo la polémica diputada reavivó el debate y llevó a los damnificados a pedir sanciones para ella. "Reclamamos que se excuse la diputada Inés Bertero de participar en el debate por una nueva ley de agroquímicos", exigieron las entidades nucleadas en el colectivo Paren de Fumigarnos.
Según los ambientalistas, Bertero propuso sólo 50 metros de exclusión de agroquímicos y restricciones hasta los 300 metros (en los que se podría aplicar biocidas biológicos) en caso de aspersiones terrestres y de tres mil para las aéreas. Para los vecinos, la única razón que explica su proceder es su condición de productora agropecuaria.
"Estos hechos y consideraciones revelan su falta de compromiso con la palabra empeñada, con la salud y el ambiente. Está condicionada por su situación personal de empresaria agropecuaria que la inhibe moral, ética y legalmente", remarcaron desde la organización.
"Reclamamos la excusación de la diputada Bertero en el debate por una nueva ley de agroquímicos o en su defecto que sus pares la aparten, sin perjuicio de lo dispuesto por las leyes de ética pública", añadieron, y enfatizaron que también exigirán orgánicamente el tratamiento y la sanción del acuerdo celebrado entre los representantes de las principales fuerzas parlamentarias y los vecinos de la provincia.
"Es público que entidades gremiales del agronegocio frecuentan despachos legislativos o las integran, como el caso de la diputada Bertero. Elementales imperativos éticos impondrían excusarse en temas que los enfrentan a un evidente conflicto de intereses entre los propios y de las mayorías provinciales para cuya defensa fue elegida, sin perjuicio de las incompatibilidades previstas en las leyes de ética pública nacional y provincial", señalaron.
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