La CSJ falla a favor de los Qom y los Mapuches
23:56 | 
Publicado por
Eco Sitio |
Prolegómenos
Fecha de Publicación: 12/07/2013
Fuente: Página 12 / Biodiversidad en América Latina y el Caribe
Provincia/Región: Nacional
Los derechos de los pueblos originarios fueron un taparrabo de la Convención de 1994, que constitucionalizó los principios del liberalismo privatizador, pero aún hoy no tienen plena vigencia. Legitimada ante la corporación judicial, la Corte debe decidir ahora la ley audiovisual y la propiedad del predio de Palermo, que enfrentan al sistema institucional con los poderes fácticos. La economía en año electoral.
El fallo que la Corte Suprema de Justicia preparaba respecto de un pueblo originario no era uno sino dos. Uno le dio la razón a la comunidad Qom La Primavera en el litigio por la medición de sus tierras, contra la provincia de Formosa, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y una fracción indígena respaldada por la administración de Gildo Insfrán. El otro suspendió el desalojo de un inmueble propiedad de la comunidad mapuche Las Huaytekas dispuesto por los tribunales de la provincia de Río Negro, para lo cual tomó en cuenta un dictamen del INAI. En los dos casos formaron la mayoría Ricardo Lorenzetti, Elena Highton, Raúl Zaffaroni y Juan Carlos Maqueda, a quienes se sumaron Carlos Fayt en el fallo de los Qom y Carmen Argibay en el de los mapuches. En ninguno votó Enrique Petracchi. Ambos se firmaron en el acuerdo del martes 2 de julio.
La visibilidad mayor corresponde a la comunidad toba Qom, porque su cacique Félix Díaz posee una especial aptitud comunicativa y ha desarrollado una intensa actividad pública, dentro y fuera del país, con apoyo de diversas organizaciones políticas a derecha e izquierda, que incluyó una audiencia con el papa Francisco en el Vaticano. Pero los mapuches constituyen la mayor entidad del Consejo Plurinacional Indígena y del Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios (ENOTPO). En cualquier caso, la firma simultánea de las dos decisiones, sumada a los fallos recientes que reconocen capacidad para representar a los trabajadores a organizaciones que no cuenten con la personería gremial, no ocurre por azar y ejemplifica el rechazo de la Corte a ser caracterizada como defensora de intereses oligárquicos o antipopulares. Estos fallos forman parte implícita del debate sobre la democratización de la Justicia, y preceden a la decisión que la Corte debe tomar acerca de la constitucionalidad de la ley audiovisual, sancionada por una amplia mayoría del Congreso hace cuatro años, pero que aún no ha podido ser aplicada por medidas cautelares y planteos de fondo presentados por el Grupo Clarín, que cuestiona su constitucionalidad. Una vez que la Cámara Federal de Apelaciones en lo Civil y Comercial satisfizo la pretensión del Grupo Clarín y elevó el expediente, la Corte dio traslado a la Procuración General de la Nación, que podría emitir su dictamen la semana próxima, antes del comienzo de la feria judicial de invierno (simpático nombre de las vacaciones pagas extra de que gozan durante dos semanas los jueces, mientras el resto de las profesiones y oficios continúan con sus labores).
Las tierras indígenas
Los casos de los pueblos originarios son importantes en sí, porque se refieren a derechos reconocidos en la Constitución reformada en 1994 y reglamentados en la ley de emergencia sobre tierras indígenas 26.160, de 2006. Ante el avance de la frontera agropecuaria sobre los pueblos originarios esa ley, promovida por la actual ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, suspendió la ejecución de desalojos de territorios de posesión o propiedad comunitaria y ordenó que el INAI realizara el relevamiento técnico jurídico catastral de esas tierras y la titulación comunitaria de su propiedad. Pero la tarea ha avanzado con suma lentitud. La ley fue prorrogada al vencer en noviembre de 2009 y deberá serlo otra vez en noviembre de este año, lo cual ratifica tanto la voluntad de cumplir con su propósito como las dificultades para su implementación, que desde el gobierno nacional se atribuyen a reticencia de las provincias. En mayo, la Corte había citado a una audiencia en la que Formosa y el INAI se comprometieron a que el relevamiento de tierras en el territorio provincial comenzara por la comunidad La Primavera, para lo cual debían elaborar un cronograma. Pero cuando lo presentaron a la Corte, contemplaba que comenzara por otros departamentos de la provincia (Ramón Lista, Bermejo y Matacos), y recién entonces llegará al departamento Pilcomayo, donde está la Comunidad Toba La Primavera, en la Colonia Laguna Blanca. La Corte no aceptó esa alteración del calendario de trabajo y además sostuvo que la propuesta respecto de La Primavera era imprecisa acerca de las fechas de realización de cada tarea y estimaba un plazo de ejecución de seis meses, que “no responde a la gravedad de los conflictos existentes”. Como considera que se necesitan “medidas inmediatas, la concentración de actividades y una propuesta de una fecha limite razonable”, el tribunal intimó a que en diez días hábiles (que vencen dentro de una semana) Formosa y el INAI reformulen el cronograma de tareas y cumplan con la decisión de la Corte Suprema de comenzar por La Primavera. En otra resolución del mismo día, la Corte Suprema dispuso suspender el desalojo de lo que los mapuches llaman “territorio recuperado”, una propiedad a 30 kilómetros de El Bolsón, que la comunidad ocupó en 2011 para impedir la construcción de un barrio privado del sindicato de petroleros de Comodoro Rivadavia que colocaría en terrenos del bosque sagrado Las Huaytekas, considerado único en el mundo, 60 cabañas, confitería, clínica de reposo y cancha de golf. En ese bosque milenario, en el que sin consentimiento de la comunidad cincuenta personas introdujeron maquinaria y vehículos con materiales y tambores de combustible, los mapuches realizan sus ceremonias ancestrales. Por eso decidieron impedir la realización de ese proyecto y defender el territorio de quienes atacan la naturaleza, “queriendo cambiar ríos, tirando árboles, contaminando, destrozando, usando en provecho propio lo que es bien de todos”, para lo cual cuentan por apoyo policial y de patotas. El INAI dictaminó que el terreno en disputa formaba parte del territorio tradicional de la comunidad indígena. Pese a ello, un juez de primera instancia, una Cámara de Apelaciones Civil y Comercial y el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro rechazaron con distintos argumentos las presentaciones de la comunidad Las Huaytekas, incluyendo su recurso extraordinario. Por eso, con el patrocinio del abogado Fernando Kosovsky, Coordinador del Grupo de Apoyo Jurídico por el Acceso a la Tierra en la Patagonia (GAJAT), debió llegar en queja a la Corte Suprema, que detuvo el desalojo. Ese Grupo Jurídico, junto con el CELS, el Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas y la Asociación de Abogados/as de Derecho Indígena cuestionó el año pasado los puntos del proyecto de reforma del Código Civil elaborado por Lorenzetti y Highton referidos a las comunidades indígenas, porque “reiteran los vicios de la visión liberal que en el siglo XIX despojó a esas comunidades de casi todos sus derechos”. La reforma propuesta sólo considera el derecho a la posesión y la propiedad comunitaria de las tierras y a participar en la gestión de los recursos naturales, a aquellas comunidades que tengan personería jurídica reconocida. También objetaron que el proyecto considere a las comunidades indígenas personas jurídicas de derecho privado, como las asociaciones civiles, las fundaciones y las sociedades comerciales, en lugar de personas de derecho público. Esto “implica olvidar que la Constitución Nacional reconoce a estas comunidades como preexistentes al Estado Nacional”. La propia incorporación de las comunidades indígenas al Código Civil no toma en cuenta la relación especial que tienen con sus tierras ni los estándares mínimos reconocidos por los órganos internacionales de derechos humanos. Una tercera resolución de la Corte, también del 2 de julio, conminó a la provincia de Formosa para que le informe quién ejerce la autoridad en la asociación civil Comunidad Aborigen La Primavera. En su nombre pretende participar de las negociaciones el cacique Cristino Sanabria, pese a que en las elecciones celebradas con control del gobierno nacional, por voto secreto y con padrones, fue derrotado en proporción 2 a 1 por Félix Díaz.
Señales
Estas resoluciones son señales emitidas por la Corte hacia los sectores más vulnerables de la sociedad, que tienden a complejizar el debate por la democratización de la Justicia que planteó el gobierno nacional. La mayor ironía de las últimas reformas constitucionales fue que consagraron en la letra derechos sin correlato alguno en la realidad política y social del país. El gobierno militar surgido del golpe de 1955 convocó en forma ilegal a una convención reformadora, que en 1957 sancionó como única enmienda el artículo 14 bis, donde se enumeran todos los derechos imaginables, incluyendo aquellos conquistados por los trabajadores en la década previa, que la dictadura que fusiló obreros había abolido por la fuerza. El objetivo central de esa reforma fue suplantar la Constitución de 1949, que a los derechos y garantías del texto del siglo XIX había sumado los principios del constitucionalismo social (con los Derechos del trabajador, de la familia, de la ancianidad y de la educación y la cultura) y declarado los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón y de gas propiedades imprescriptibles e inalienables de la Nación, y los servicios públicos como propiedad del Estado, cuya explotación no podría ser enajenada o concedida. El artículo 14 bis fue un cínico taparrabos para disimular ese despojo. Algo equivalente ocurrió con la reforma constitucional pactada entre Carlos Menem y Raúl Alfonsín en 1993. La Convención de 1994 adobó los principios del neoliberalismo privatizador con el reconocimiento de los derechos humanos, los del consumidor y los de los pueblos originarios. Sólo la incorporación de los tratados internacionales de derechos humanos ha tenido una aplicación significativa, porque organizaciones previas a la reforma, creadas en la resistencia a la dictadura, los reivindican como instrumento propio y han recurrido a las instancias internacionales para asegurar su vigencia. Los derechos de los pueblos originarios son desconocidos por diversos gobiernos provinciales, a menudo vinculados en forma más o menos directa con los agronegocios o con los emprendimientos mineros más contaminantes, como el que la semana pasada debió retroceder en La Rioja ante la sostenida impugnación social. Con timidez y aún sin definir su propia competencia en el proceso, la Corte comienza a hacerse cargo de esta problemática.
La prueba ácida
El tribunal también tiene para resolver la constitucionalidad de una ley y de un decreto que apuntan al núcleo de la confrontación entre las autoridades constitucionales representantes de la voluntad popular y los poderes fácticos, que no reconocen restricción legal alguna a sus prácticas e intereses. La ley audiovisual fue sancionada por una amplia mayoría de las dos cámaras del Congreso en 2009, luego de intensos debates en cada una de ellas y de una serie de foros regionales en los diversos puntos del país, con un grado de participación de la sociedad sin precedentes. Pero medidas cautelares dispuestas por el juez suplente jubilado Edmundo Carbone, que había sido funcionario político en las dictaduras de 1966 y 1976, frenaron su aplicación durante tres años, hasta que la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, integrada por jueces que el Estado denunció porque habían realizado viajes por cuenta de una entidad de lobby financiada por el Grupo Clarín (Ricardo Guarinoni, María Najurieta y Francisco de las Carreras), declaró inconstitucionales varios de sus artículos que obligan al Grupo a reducir el grado de concentración que alcanzó en el mercado de la televisión, violando incluso los topes que fijaba el decreto de la dictadura vigente hasta 2009. La Corte Suprema recibió el expediente el mes pasado con los recursos de las partes y lo remitió a la Procuración General para que dictamine. La Procuradora Alejandra Gils Carbó había iniciado el estudio del caso mucho antes de que le llegara el expediente, ya que todas las resoluciones eran públicas, por lo cual podría firmar su presentación antes de que comiencen las dos semanas de vacaciones de invierno del Poder Judicial. La Corte también recibió la medida cautelar por la que la misma Cámara impidió la ejecución del decreto 2552/12 del Poder Ejecutivo que anuló la venta de los terrenos que la Sociedad Rural ocupa en Palermo. Los jueces Ricardo Guarinoni, Graciela Medina y Francisco de las Carreras entendieron que “resulta verosímil” que el predio de Palermo sea propiedad de la Sociedad Rural y que el Estado Nacional no podría “recuperar un bien que vendió hace más de veinte años”. Según cuál sea el pronunciamiento de la Corte, el desenlace será recordado como parte crucial de un proceso profundo de redistribución del poder o como la declaración de impotencia de la democracia republicana ante algunos de los sectores particulares más poderosos, que han acompañado a todos los procesos de facto. Con la nulidad de la reforma del Consejo de la Magistratura, la Corte se legitimó ante la corporación judicial. Lo que está en juego ahora es la reconciliación de la justicia y de todo el sistema institucional con los intereses populares.
.
Fecha de Publicación: 12/07/2013
Fuente: Página 12 / Biodiversidad en América Latina y el Caribe
Provincia/Región: Nacional
Los derechos de los pueblos originarios fueron un taparrabo de la Convención de 1994, que constitucionalizó los principios del liberalismo privatizador, pero aún hoy no tienen plena vigencia. Legitimada ante la corporación judicial, la Corte debe decidir ahora la ley audiovisual y la propiedad del predio de Palermo, que enfrentan al sistema institucional con los poderes fácticos. La economía en año electoral.
El fallo que la Corte Suprema de Justicia preparaba respecto de un pueblo originario no era uno sino dos. Uno le dio la razón a la comunidad Qom La Primavera en el litigio por la medición de sus tierras, contra la provincia de Formosa, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y una fracción indígena respaldada por la administración de Gildo Insfrán. El otro suspendió el desalojo de un inmueble propiedad de la comunidad mapuche Las Huaytekas dispuesto por los tribunales de la provincia de Río Negro, para lo cual tomó en cuenta un dictamen del INAI. En los dos casos formaron la mayoría Ricardo Lorenzetti, Elena Highton, Raúl Zaffaroni y Juan Carlos Maqueda, a quienes se sumaron Carlos Fayt en el fallo de los Qom y Carmen Argibay en el de los mapuches. En ninguno votó Enrique Petracchi. Ambos se firmaron en el acuerdo del martes 2 de julio.
La visibilidad mayor corresponde a la comunidad toba Qom, porque su cacique Félix Díaz posee una especial aptitud comunicativa y ha desarrollado una intensa actividad pública, dentro y fuera del país, con apoyo de diversas organizaciones políticas a derecha e izquierda, que incluyó una audiencia con el papa Francisco en el Vaticano. Pero los mapuches constituyen la mayor entidad del Consejo Plurinacional Indígena y del Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios (ENOTPO). En cualquier caso, la firma simultánea de las dos decisiones, sumada a los fallos recientes que reconocen capacidad para representar a los trabajadores a organizaciones que no cuenten con la personería gremial, no ocurre por azar y ejemplifica el rechazo de la Corte a ser caracterizada como defensora de intereses oligárquicos o antipopulares. Estos fallos forman parte implícita del debate sobre la democratización de la Justicia, y preceden a la decisión que la Corte debe tomar acerca de la constitucionalidad de la ley audiovisual, sancionada por una amplia mayoría del Congreso hace cuatro años, pero que aún no ha podido ser aplicada por medidas cautelares y planteos de fondo presentados por el Grupo Clarín, que cuestiona su constitucionalidad. Una vez que la Cámara Federal de Apelaciones en lo Civil y Comercial satisfizo la pretensión del Grupo Clarín y elevó el expediente, la Corte dio traslado a la Procuración General de la Nación, que podría emitir su dictamen la semana próxima, antes del comienzo de la feria judicial de invierno (simpático nombre de las vacaciones pagas extra de que gozan durante dos semanas los jueces, mientras el resto de las profesiones y oficios continúan con sus labores).
Las tierras indígenas
Los casos de los pueblos originarios son importantes en sí, porque se refieren a derechos reconocidos en la Constitución reformada en 1994 y reglamentados en la ley de emergencia sobre tierras indígenas 26.160, de 2006. Ante el avance de la frontera agropecuaria sobre los pueblos originarios esa ley, promovida por la actual ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, suspendió la ejecución de desalojos de territorios de posesión o propiedad comunitaria y ordenó que el INAI realizara el relevamiento técnico jurídico catastral de esas tierras y la titulación comunitaria de su propiedad. Pero la tarea ha avanzado con suma lentitud. La ley fue prorrogada al vencer en noviembre de 2009 y deberá serlo otra vez en noviembre de este año, lo cual ratifica tanto la voluntad de cumplir con su propósito como las dificultades para su implementación, que desde el gobierno nacional se atribuyen a reticencia de las provincias. En mayo, la Corte había citado a una audiencia en la que Formosa y el INAI se comprometieron a que el relevamiento de tierras en el territorio provincial comenzara por la comunidad La Primavera, para lo cual debían elaborar un cronograma. Pero cuando lo presentaron a la Corte, contemplaba que comenzara por otros departamentos de la provincia (Ramón Lista, Bermejo y Matacos), y recién entonces llegará al departamento Pilcomayo, donde está la Comunidad Toba La Primavera, en la Colonia Laguna Blanca. La Corte no aceptó esa alteración del calendario de trabajo y además sostuvo que la propuesta respecto de La Primavera era imprecisa acerca de las fechas de realización de cada tarea y estimaba un plazo de ejecución de seis meses, que “no responde a la gravedad de los conflictos existentes”. Como considera que se necesitan “medidas inmediatas, la concentración de actividades y una propuesta de una fecha limite razonable”, el tribunal intimó a que en diez días hábiles (que vencen dentro de una semana) Formosa y el INAI reformulen el cronograma de tareas y cumplan con la decisión de la Corte Suprema de comenzar por La Primavera. En otra resolución del mismo día, la Corte Suprema dispuso suspender el desalojo de lo que los mapuches llaman “territorio recuperado”, una propiedad a 30 kilómetros de El Bolsón, que la comunidad ocupó en 2011 para impedir la construcción de un barrio privado del sindicato de petroleros de Comodoro Rivadavia que colocaría en terrenos del bosque sagrado Las Huaytekas, considerado único en el mundo, 60 cabañas, confitería, clínica de reposo y cancha de golf. En ese bosque milenario, en el que sin consentimiento de la comunidad cincuenta personas introdujeron maquinaria y vehículos con materiales y tambores de combustible, los mapuches realizan sus ceremonias ancestrales. Por eso decidieron impedir la realización de ese proyecto y defender el territorio de quienes atacan la naturaleza, “queriendo cambiar ríos, tirando árboles, contaminando, destrozando, usando en provecho propio lo que es bien de todos”, para lo cual cuentan por apoyo policial y de patotas. El INAI dictaminó que el terreno en disputa formaba parte del territorio tradicional de la comunidad indígena. Pese a ello, un juez de primera instancia, una Cámara de Apelaciones Civil y Comercial y el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro rechazaron con distintos argumentos las presentaciones de la comunidad Las Huaytekas, incluyendo su recurso extraordinario. Por eso, con el patrocinio del abogado Fernando Kosovsky, Coordinador del Grupo de Apoyo Jurídico por el Acceso a la Tierra en la Patagonia (GAJAT), debió llegar en queja a la Corte Suprema, que detuvo el desalojo. Ese Grupo Jurídico, junto con el CELS, el Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas y la Asociación de Abogados/as de Derecho Indígena cuestionó el año pasado los puntos del proyecto de reforma del Código Civil elaborado por Lorenzetti y Highton referidos a las comunidades indígenas, porque “reiteran los vicios de la visión liberal que en el siglo XIX despojó a esas comunidades de casi todos sus derechos”. La reforma propuesta sólo considera el derecho a la posesión y la propiedad comunitaria de las tierras y a participar en la gestión de los recursos naturales, a aquellas comunidades que tengan personería jurídica reconocida. También objetaron que el proyecto considere a las comunidades indígenas personas jurídicas de derecho privado, como las asociaciones civiles, las fundaciones y las sociedades comerciales, en lugar de personas de derecho público. Esto “implica olvidar que la Constitución Nacional reconoce a estas comunidades como preexistentes al Estado Nacional”. La propia incorporación de las comunidades indígenas al Código Civil no toma en cuenta la relación especial que tienen con sus tierras ni los estándares mínimos reconocidos por los órganos internacionales de derechos humanos. Una tercera resolución de la Corte, también del 2 de julio, conminó a la provincia de Formosa para que le informe quién ejerce la autoridad en la asociación civil Comunidad Aborigen La Primavera. En su nombre pretende participar de las negociaciones el cacique Cristino Sanabria, pese a que en las elecciones celebradas con control del gobierno nacional, por voto secreto y con padrones, fue derrotado en proporción 2 a 1 por Félix Díaz.
Señales
Estas resoluciones son señales emitidas por la Corte hacia los sectores más vulnerables de la sociedad, que tienden a complejizar el debate por la democratización de la Justicia que planteó el gobierno nacional. La mayor ironía de las últimas reformas constitucionales fue que consagraron en la letra derechos sin correlato alguno en la realidad política y social del país. El gobierno militar surgido del golpe de 1955 convocó en forma ilegal a una convención reformadora, que en 1957 sancionó como única enmienda el artículo 14 bis, donde se enumeran todos los derechos imaginables, incluyendo aquellos conquistados por los trabajadores en la década previa, que la dictadura que fusiló obreros había abolido por la fuerza. El objetivo central de esa reforma fue suplantar la Constitución de 1949, que a los derechos y garantías del texto del siglo XIX había sumado los principios del constitucionalismo social (con los Derechos del trabajador, de la familia, de la ancianidad y de la educación y la cultura) y declarado los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón y de gas propiedades imprescriptibles e inalienables de la Nación, y los servicios públicos como propiedad del Estado, cuya explotación no podría ser enajenada o concedida. El artículo 14 bis fue un cínico taparrabos para disimular ese despojo. Algo equivalente ocurrió con la reforma constitucional pactada entre Carlos Menem y Raúl Alfonsín en 1993. La Convención de 1994 adobó los principios del neoliberalismo privatizador con el reconocimiento de los derechos humanos, los del consumidor y los de los pueblos originarios. Sólo la incorporación de los tratados internacionales de derechos humanos ha tenido una aplicación significativa, porque organizaciones previas a la reforma, creadas en la resistencia a la dictadura, los reivindican como instrumento propio y han recurrido a las instancias internacionales para asegurar su vigencia. Los derechos de los pueblos originarios son desconocidos por diversos gobiernos provinciales, a menudo vinculados en forma más o menos directa con los agronegocios o con los emprendimientos mineros más contaminantes, como el que la semana pasada debió retroceder en La Rioja ante la sostenida impugnación social. Con timidez y aún sin definir su propia competencia en el proceso, la Corte comienza a hacerse cargo de esta problemática.
La prueba ácida
El tribunal también tiene para resolver la constitucionalidad de una ley y de un decreto que apuntan al núcleo de la confrontación entre las autoridades constitucionales representantes de la voluntad popular y los poderes fácticos, que no reconocen restricción legal alguna a sus prácticas e intereses. La ley audiovisual fue sancionada por una amplia mayoría de las dos cámaras del Congreso en 2009, luego de intensos debates en cada una de ellas y de una serie de foros regionales en los diversos puntos del país, con un grado de participación de la sociedad sin precedentes. Pero medidas cautelares dispuestas por el juez suplente jubilado Edmundo Carbone, que había sido funcionario político en las dictaduras de 1966 y 1976, frenaron su aplicación durante tres años, hasta que la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, integrada por jueces que el Estado denunció porque habían realizado viajes por cuenta de una entidad de lobby financiada por el Grupo Clarín (Ricardo Guarinoni, María Najurieta y Francisco de las Carreras), declaró inconstitucionales varios de sus artículos que obligan al Grupo a reducir el grado de concentración que alcanzó en el mercado de la televisión, violando incluso los topes que fijaba el decreto de la dictadura vigente hasta 2009. La Corte Suprema recibió el expediente el mes pasado con los recursos de las partes y lo remitió a la Procuración General para que dictamine. La Procuradora Alejandra Gils Carbó había iniciado el estudio del caso mucho antes de que le llegara el expediente, ya que todas las resoluciones eran públicas, por lo cual podría firmar su presentación antes de que comiencen las dos semanas de vacaciones de invierno del Poder Judicial. La Corte también recibió la medida cautelar por la que la misma Cámara impidió la ejecución del decreto 2552/12 del Poder Ejecutivo que anuló la venta de los terrenos que la Sociedad Rural ocupa en Palermo. Los jueces Ricardo Guarinoni, Graciela Medina y Francisco de las Carreras entendieron que “resulta verosímil” que el predio de Palermo sea propiedad de la Sociedad Rural y que el Estado Nacional no podría “recuperar un bien que vendió hace más de veinte años”. Según cuál sea el pronunciamiento de la Corte, el desenlace será recordado como parte crucial de un proceso profundo de redistribución del poder o como la declaración de impotencia de la democracia republicana ante algunos de los sectores particulares más poderosos, que han acompañado a todos los procesos de facto. Con la nulidad de la reforma del Consejo de la Magistratura, la Corte se legitimó ante la corporación judicial. Lo que está en juego ahora es la reconciliación de la justicia y de todo el sistema institucional con los intereses populares.
.
Etiquetas:
Formosa,
legislación y derecho ambiental,
Nacional,
pueblos originarios,
Río Negro
|
0
comentarios
Nombran a Gioja el empleado del mes de la Barrick
Para Greenpeace, Gioja es el empleado del mes... de la Barrick Gold
Fecha de Publicación: 12/07/2013
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: San Juan
La organización reclamó este jueves al gobernador de San Juan, José Luis Gioja, que deje de ser cómplice del incumplimiento de la Ley de Glaciares en su provincia.
En la solicitada publicada el gobernardo José Luis Gioja está caracterizado como “empleado del mes” de la minera Barrick Gold.
“En lugar de defender los glaciares y hacer cumplir la Ley, el Gobernador avala como si fuera vocero de la empresa el accionar de Barrick Gold que está afectando glaciares en San Juan”, señaló Gonzalo Strano de la unidad de campaña de Greenpeace.
En la solicitadaGioja está caracterizado como “empleado del mes” de la minera Barrick Gold, a la que Greenpeace denuncia por afectar los glaciares y el ambiente periglacial en la Reserva San Guillermo, con sus emprendimientos Veladero y Pascua Lama.
La organización lleva adelante la campaña "Salvá la Reserva San Guillermo" para exigir al mandatario que prohíba la actividad minera de Barrick Gold dentro de la Reserva.
.
Fecha de Publicación: 12/07/2013
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: San Juan
La organización reclamó este jueves al gobernador de San Juan, José Luis Gioja, que deje de ser cómplice del incumplimiento de la Ley de Glaciares en su provincia.En la solicitada publicada el gobernardo José Luis Gioja está caracterizado como “empleado del mes” de la minera Barrick Gold.
“En lugar de defender los glaciares y hacer cumplir la Ley, el Gobernador avala como si fuera vocero de la empresa el accionar de Barrick Gold que está afectando glaciares en San Juan”, señaló Gonzalo Strano de la unidad de campaña de Greenpeace.
En la solicitadaGioja está caracterizado como “empleado del mes” de la minera Barrick Gold, a la que Greenpeace denuncia por afectar los glaciares y el ambiente periglacial en la Reserva San Guillermo, con sus emprendimientos Veladero y Pascua Lama.
La organización lleva adelante la campaña "Salvá la Reserva San Guillermo" para exigir al mandatario que prohíba la actividad minera de Barrick Gold dentro de la Reserva.
.
Más investigación sobre contrataciones en el Riachuelo
Riachuelo: amplían la investigación por irregularidades a las empresas contratadas para sanear la cuenca
Fecha de Publicación: 12/07/2013
Fuente: Telam
Provincia/Región: Riachuelo
El juez federal Sebastián Casanello ordenó ampliar la investigación por las supuestas irregularidades cometidas por el juez federal de Quilmes Luis Armella, mientras estuvo a cargo de ejecutar el fallo de la Corte que ordenó limpiar ese curso de agua.
Además de las firmas mencionadas en la denuncia inicial, el juez federal Sebastián Casanello pidió informes a organismos públicos sobre la constitución de todas las empresas contratadas en el período en el que Armella estuvo en el caso, hasta que fue separado por el máximo tribunal tras recibir un informe que detallaba vínculos entre contratistas y el magistrado.
Según informaron fuentes judiciales, se requirió a la Auditoría General de la Nación que amplíe un informe inicial presentado en la causa e incluya a las empresas con contratos firmados mientras Armella estuvo a cargo de hacer cumplir el fallo.
Hasta el momento, en la causa están demostrados los vínculos societarios entre el grupo de empresas que formaron parte de la denuncia original, como Gildin y Kartonsec.
"Ahora se avanza para acreditar los vínculos de todas con el juez Armella", explicaron las fuentes.
En la causa declaró como testigo el autor del informe de la AGN donde se denunciaron las irregularidades a raíz de los vínculos encontrados entre los integrantes de las empresas contratadas y el juez.
.
Fecha de Publicación: 12/07/2013
Fuente: Telam
Provincia/Región: Riachuelo
El juez federal Sebastián Casanello ordenó ampliar la investigación por las supuestas irregularidades cometidas por el juez federal de Quilmes Luis Armella, mientras estuvo a cargo de ejecutar el fallo de la Corte que ordenó limpiar ese curso de agua.
Además de las firmas mencionadas en la denuncia inicial, el juez federal Sebastián Casanello pidió informes a organismos públicos sobre la constitución de todas las empresas contratadas en el período en el que Armella estuvo en el caso, hasta que fue separado por el máximo tribunal tras recibir un informe que detallaba vínculos entre contratistas y el magistrado.
Según informaron fuentes judiciales, se requirió a la Auditoría General de la Nación que amplíe un informe inicial presentado en la causa e incluya a las empresas con contratos firmados mientras Armella estuvo a cargo de hacer cumplir el fallo.
Hasta el momento, en la causa están demostrados los vínculos societarios entre el grupo de empresas que formaron parte de la denuncia original, como Gildin y Kartonsec.
"Ahora se avanza para acreditar los vínculos de todas con el juez Armella", explicaron las fuentes.
En la causa declaró como testigo el autor del informe de la AGN donde se denunciaron las irregularidades a raíz de los vínculos encontrados entre los integrantes de las empresas contratadas y el juez.
.
Mapuches no dejarán pasar a Chevron en Vaca Muerta
Mapuches anuncian que cerrarán el paso a Chevron
Fecha de Publicación: 11/07/2013
Fuente: Río Negro On Line
Provincia/Región: Río Negro
La Confederación Mapuche y las comunidades originarias asentadas en la zona de Vaca Muerta aseguraron que no permitirán el ingreso de la empresa Chevron a su territorio e impugnarán el acuerdo que se firmará el lunes con YPF por violar el derecho de consulta previa.
"No son tierras mapuches", dijo anoche un vocero de la compañía petrolera en la única declaración que hubo sobre el tema.
En una conferencia de prensa, Jorge Nahuel integrante de la Confederación explicó que "no se puede realizar ningún tipo de proyecto de desarrollo o emprendimiento en nuestro territorio si no se cumple con un procedimiento legal. El estado está obligado a consultar, si no lo hace está violando la ley", en referencia a la convención 169 de la OIT. En este sentido explicó que en ningún momento se consultó a las comunidades que viven en toda en la formación Vaca Muerta y que ante la firma de un convenio que permitirá a Chevron explotar más de 1.000 pozos para extraer gas y petróleo no convencional, tomarán "todas las medidas necesarias", para evitarlo. "Además hemos acordado con los pueblos afectados por Chevron en Ecuador, los kofan, siona, sarayaco, que no podemos permitir que Chevron entre al territorio mapuche, porque ya sabemos que va a traer contaminación", indicó Nahuel, al recordar el juicio que ganaron las comunidades ecuatorianas contra al empresa por contaminar 480.000 hectáreas de selva amazónica.
La Confederación presentará una impugnación al convenio que se firmará el lunes por incumplir con el derecho internacional de consulta previa. Además, las comunidades del lugar analizarán manifestarse ese día en el lugar.
El lonco Albino Campos, del lof Campo Maripe ubicado en el centro de Vaca Muerta, aseguró que los trabajos comenzaron hace tiempo, que hay cerca de 600 pozos en producción, y la mayoría está a entre dos y diez kilómetros de sus casas. "Esos lugares también son campos de pastoreo", alertó Campos. "Ya no queremos pagar más el precio de este desarrollo, que promueve un crecimiento sin límites, desvinculado de la naturaleza y de la cultura que le da soporte y sentido, que avanza destruyendo la biodiversidad, contaminando, el aire, las aguas, los lagos, dijeron en un comunicado. Cuestionaron al gobierno local por desconocer las características del acuerdo.
"Sorprende que Nación y Provincia abran las puertas a una empresa que es reconocida a nivel mundial como contaminante y extorsionadora", dijeron en la rueda de prensa.
.
Fecha de Publicación: 11/07/2013
Fuente: Río Negro On Line
Provincia/Región: Río Negro
La Confederación Mapuche y las comunidades originarias asentadas en la zona de Vaca Muerta aseguraron que no permitirán el ingreso de la empresa Chevron a su territorio e impugnarán el acuerdo que se firmará el lunes con YPF por violar el derecho de consulta previa."No son tierras mapuches", dijo anoche un vocero de la compañía petrolera en la única declaración que hubo sobre el tema.
En una conferencia de prensa, Jorge Nahuel integrante de la Confederación explicó que "no se puede realizar ningún tipo de proyecto de desarrollo o emprendimiento en nuestro territorio si no se cumple con un procedimiento legal. El estado está obligado a consultar, si no lo hace está violando la ley", en referencia a la convención 169 de la OIT. En este sentido explicó que en ningún momento se consultó a las comunidades que viven en toda en la formación Vaca Muerta y que ante la firma de un convenio que permitirá a Chevron explotar más de 1.000 pozos para extraer gas y petróleo no convencional, tomarán "todas las medidas necesarias", para evitarlo. "Además hemos acordado con los pueblos afectados por Chevron en Ecuador, los kofan, siona, sarayaco, que no podemos permitir que Chevron entre al territorio mapuche, porque ya sabemos que va a traer contaminación", indicó Nahuel, al recordar el juicio que ganaron las comunidades ecuatorianas contra al empresa por contaminar 480.000 hectáreas de selva amazónica.
La Confederación presentará una impugnación al convenio que se firmará el lunes por incumplir con el derecho internacional de consulta previa. Además, las comunidades del lugar analizarán manifestarse ese día en el lugar.
El lonco Albino Campos, del lof Campo Maripe ubicado en el centro de Vaca Muerta, aseguró que los trabajos comenzaron hace tiempo, que hay cerca de 600 pozos en producción, y la mayoría está a entre dos y diez kilómetros de sus casas. "Esos lugares también son campos de pastoreo", alertó Campos. "Ya no queremos pagar más el precio de este desarrollo, que promueve un crecimiento sin límites, desvinculado de la naturaleza y de la cultura que le da soporte y sentido, que avanza destruyendo la biodiversidad, contaminando, el aire, las aguas, los lagos, dijeron en un comunicado. Cuestionaron al gobierno local por desconocer las características del acuerdo.
"Sorprende que Nación y Provincia abran las puertas a una empresa que es reconocida a nivel mundial como contaminante y extorsionadora", dijeron en la rueda de prensa.
.
Las mineras de Santa Cruz no quieren pagar más
Mineras nombraron abogados para iniciar juicio a la provincia de Kirchner
Fecha de Publicación: 11/07/2013
Fuente: No a la Mina
Provincia/Región: Santa Cruz
Pretenden frenar el nuevo impuesto amparándose en la estabilidad fiscal de la Ley de Inversiones Mineras. "Lo que se pone en cuestión es la estabilidad fiscal y esto no se puede discutir." Ésa es la línea política y legal con la que está trabajando el equipo de abogados de las principales mineras que operan en la Argentina y que harán una presentación judicial para frenar el nuevo impuesto minero no bien lo promulgue el gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta.
Y según confiaron fuentes del sector, fundamentarán la presentación en que "todo el andamiaje de inversiones tiene buena parte de sus bases apoyadas" en ese beneficio que garantiza un bloque inmodificable de impuestos durante treinta años.
El equipo legal que coordina el abogado Carlos Saravia Frías, socio del estudio Saravia Frías-Mazzinghi, está integrado por los especialistas de Pan American Silver, Patagonia Gold y Yamana Gold, entre otros. Todos ellos están evaluando los pasos a seguir no bien se promulgue la ley, que Peralta logró tener desde hace quince días, detalló a BAE Negocios una fuente minera.
Más allá de que todas las empresas mineras de Santa Cruz cerraron filas ante el avance de Peralta, la situación no es la misma para cada una de ellas. Por ejemplo, Cerro Vanguardia –que opera la sudafricana AngloGold Ashanti– es socia de una empresa estatal (Fomento Minero de Santa Cruz) y no podría accionar contra su socio. Distinta es la situación de Cerro Negro –de Gold Corp.–, que tendría que pagar unos $400 millones y aún no está produciendo, pero ya declaró sus reservas.
Según la ley votada en la Cámara de Diputados santacruceña, todas las mineras que tengan el plan de factibilidad aprobado quedan alcanzadas por el nuevo "impuesto al derecho real de propiedad inmobiliaria minera", que se determinará mediante una alícuota del 1% sobre el valor de las reservas que posea la mina. Según un estudio de la consultora Abeceb, elaborado a pedido de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), las mineras tienen una presión impositiva del 53% de su producto bruto en la Argentina. Subrayan que es superior a la de Chile o Perú.
"Esto coincide con la curva descendente del precio de los metales y cuando eso ocurre los empresarios piensan en mantener la rentabilidad", se quejó ante este diario un empresario que conoce el sector. Aunque no lo diga abiertamente, la frase está ligada al empleo y la posibilidad de que la rentabilidad se mantenga recortando por allí. Lo que ocurre con esto no será menor porque el 14,2% del empleo privado de Santa Cruz está ligado a la minería de gran escala. Esa situación, que generó el alerta de todo el sector y comenzó a ser evaluada por la Organización Federal de Estados Mineros (Ofemi), no tuvo aún repercusiones públicas.
Para dar una idea del peso que tendrá esa alícuota del 1% en sus finanzas, las mineras señalan que se paga hasta el 3% de regalías a las provincias por el mineral –en varios casos es menos del 3%– en boca de mina. En ese lugar, el mineral tiene el precio más bajo de la cadena de valor.
Según indicaron fuentes privadas, el tema fue abordado por las provincias y por el secretario de Minería, Jorge Mayoral, pero la decisión fue no hablar en voz alta y esperar a que se sucedan los hechos: quieren ver hasta dónde llega Peralta, que consiguió la aprobación del impuesto, pero con la abstención de todos los legisladores que responden a La Cámpora. El artículo principal fue aprobado por 10 votos a favor (8 del PJ y 2 de la UCR) pero tuvo 14 abstenciones.
Es que la decisión de Peralta pega de lleno en la instancia que el Gobierno imaginó para tener una mesa de negociación permanente con las diez provincias mineras y, además, con las empresas: la Ofemi, que se creó en febrero del 2012 y preside Eduardo Fellner, tras el conflicto social que estalló en Famatina, La Rioja. Ese enfrentamiento con los pobladores locales sepultó, al menos por ahora, la posibilidad de explorar el cerro, y la semana pasada se firmó el convenio de rescisión de contrato con la canadiense Osisko Mining Corp.
País de oportunidades
El titular del Grosso Group Management, Joseph Grosso, sostuvo que la Argentina es "un país que siempre ofrece oportunidades". El empresario anunció que iniciará la etapa exploratoria de los proyectos Chinchilla y Chinchilla I en el departamento de Rinconada, en Jujuy, como parte de las iniciativas.
Ajuste en Vanguardia. Cerro Vanguardia, una de las principales productoras de oro del país, acaba de anunciar que iniciará un proceso de ajuste. Lo hizo el viernes pasado durante una reunión con sus empleados, al analizar la caída internacional del precio de los metales y "el contexto inflacionario argentino".
Según dijo el gerente general de Cerro Vanguardia, Jorge Sanguin, se vienen tiempos de "hacer más con menos", y señaló que tendrán que "tomar algunas decisiones difíciles, y que habrá sectores que deberán ser más austeros".
Un estudio especializado en el sector
El estudio jurídico Saravia Frías-Mazzinghi es uno de los más especializados en el derecho minero. No sólo porque entre sus clientes tiene a varias empresas como Mega Uranium, OroCobre, Argentina Mining, Batavia Mining, Patagonia Gold, Minera Mariana y Osisko Mining Company, sino porque dedica tiempo y esfuerzo a construir la fundamentación política para evitar que se eleve la presión tributaria sobre el sector.
Ante el creciente debate sobre la posibilidad de elevar la presión tributaria, el estudio que encabeza Carlos Saravia Frías planteó que el problema no era aumentar la carga impositiva sino lograr "una redistribución más directa, eficaz y equitativa de lo recaudado en concepto de impuestos para la Nación y las provincias". Fue durante un seminario organizado el 26 de octubre de 2011, en la Facultad de Derecho de la Universidad Austral con el patrocinio exclusivo de la canadiense Barrick Gold.
"Resulta válido preguntarse si la intención de aumentar la regalía minera no deviene de un problema de distribución y administración de la renta total, más que de un problema de lo que realmente percibe el Gobierno en concepto de minería. Prueba de lo antedicho, constituye el desarrollo económico alcanzado por algunas provincias que ha defendido el sistema implementado en los '90, tomando así la minería como base fundamental de su desarrollo económico", indicó el abogado Hugo Emilio Bastías, del estudio Saravia Frías-Mazzinghi, en el primer párrafo de las conclusiones del documento "Reflexiones ante un posible cambio en la regalía minera argentina", según detalló la revista Crisis.
.
Fecha de Publicación: 11/07/2013
Fuente: No a la Mina
Provincia/Región: Santa Cruz
Pretenden frenar el nuevo impuesto amparándose en la estabilidad fiscal de la Ley de Inversiones Mineras. "Lo que se pone en cuestión es la estabilidad fiscal y esto no se puede discutir." Ésa es la línea política y legal con la que está trabajando el equipo de abogados de las principales mineras que operan en la Argentina y que harán una presentación judicial para frenar el nuevo impuesto minero no bien lo promulgue el gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta.
Y según confiaron fuentes del sector, fundamentarán la presentación en que "todo el andamiaje de inversiones tiene buena parte de sus bases apoyadas" en ese beneficio que garantiza un bloque inmodificable de impuestos durante treinta años.
El equipo legal que coordina el abogado Carlos Saravia Frías, socio del estudio Saravia Frías-Mazzinghi, está integrado por los especialistas de Pan American Silver, Patagonia Gold y Yamana Gold, entre otros. Todos ellos están evaluando los pasos a seguir no bien se promulgue la ley, que Peralta logró tener desde hace quince días, detalló a BAE Negocios una fuente minera.
Más allá de que todas las empresas mineras de Santa Cruz cerraron filas ante el avance de Peralta, la situación no es la misma para cada una de ellas. Por ejemplo, Cerro Vanguardia –que opera la sudafricana AngloGold Ashanti– es socia de una empresa estatal (Fomento Minero de Santa Cruz) y no podría accionar contra su socio. Distinta es la situación de Cerro Negro –de Gold Corp.–, que tendría que pagar unos $400 millones y aún no está produciendo, pero ya declaró sus reservas.
Según la ley votada en la Cámara de Diputados santacruceña, todas las mineras que tengan el plan de factibilidad aprobado quedan alcanzadas por el nuevo "impuesto al derecho real de propiedad inmobiliaria minera", que se determinará mediante una alícuota del 1% sobre el valor de las reservas que posea la mina. Según un estudio de la consultora Abeceb, elaborado a pedido de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), las mineras tienen una presión impositiva del 53% de su producto bruto en la Argentina. Subrayan que es superior a la de Chile o Perú.
"Esto coincide con la curva descendente del precio de los metales y cuando eso ocurre los empresarios piensan en mantener la rentabilidad", se quejó ante este diario un empresario que conoce el sector. Aunque no lo diga abiertamente, la frase está ligada al empleo y la posibilidad de que la rentabilidad se mantenga recortando por allí. Lo que ocurre con esto no será menor porque el 14,2% del empleo privado de Santa Cruz está ligado a la minería de gran escala. Esa situación, que generó el alerta de todo el sector y comenzó a ser evaluada por la Organización Federal de Estados Mineros (Ofemi), no tuvo aún repercusiones públicas.
Para dar una idea del peso que tendrá esa alícuota del 1% en sus finanzas, las mineras señalan que se paga hasta el 3% de regalías a las provincias por el mineral –en varios casos es menos del 3%– en boca de mina. En ese lugar, el mineral tiene el precio más bajo de la cadena de valor.
Según indicaron fuentes privadas, el tema fue abordado por las provincias y por el secretario de Minería, Jorge Mayoral, pero la decisión fue no hablar en voz alta y esperar a que se sucedan los hechos: quieren ver hasta dónde llega Peralta, que consiguió la aprobación del impuesto, pero con la abstención de todos los legisladores que responden a La Cámpora. El artículo principal fue aprobado por 10 votos a favor (8 del PJ y 2 de la UCR) pero tuvo 14 abstenciones.
Es que la decisión de Peralta pega de lleno en la instancia que el Gobierno imaginó para tener una mesa de negociación permanente con las diez provincias mineras y, además, con las empresas: la Ofemi, que se creó en febrero del 2012 y preside Eduardo Fellner, tras el conflicto social que estalló en Famatina, La Rioja. Ese enfrentamiento con los pobladores locales sepultó, al menos por ahora, la posibilidad de explorar el cerro, y la semana pasada se firmó el convenio de rescisión de contrato con la canadiense Osisko Mining Corp.
País de oportunidades
El titular del Grosso Group Management, Joseph Grosso, sostuvo que la Argentina es "un país que siempre ofrece oportunidades". El empresario anunció que iniciará la etapa exploratoria de los proyectos Chinchilla y Chinchilla I en el departamento de Rinconada, en Jujuy, como parte de las iniciativas.
Ajuste en Vanguardia. Cerro Vanguardia, una de las principales productoras de oro del país, acaba de anunciar que iniciará un proceso de ajuste. Lo hizo el viernes pasado durante una reunión con sus empleados, al analizar la caída internacional del precio de los metales y "el contexto inflacionario argentino".
Según dijo el gerente general de Cerro Vanguardia, Jorge Sanguin, se vienen tiempos de "hacer más con menos", y señaló que tendrán que "tomar algunas decisiones difíciles, y que habrá sectores que deberán ser más austeros".
Un estudio especializado en el sector
El estudio jurídico Saravia Frías-Mazzinghi es uno de los más especializados en el derecho minero. No sólo porque entre sus clientes tiene a varias empresas como Mega Uranium, OroCobre, Argentina Mining, Batavia Mining, Patagonia Gold, Minera Mariana y Osisko Mining Company, sino porque dedica tiempo y esfuerzo a construir la fundamentación política para evitar que se eleve la presión tributaria sobre el sector.
Ante el creciente debate sobre la posibilidad de elevar la presión tributaria, el estudio que encabeza Carlos Saravia Frías planteó que el problema no era aumentar la carga impositiva sino lograr "una redistribución más directa, eficaz y equitativa de lo recaudado en concepto de impuestos para la Nación y las provincias". Fue durante un seminario organizado el 26 de octubre de 2011, en la Facultad de Derecho de la Universidad Austral con el patrocinio exclusivo de la canadiense Barrick Gold.
"Resulta válido preguntarse si la intención de aumentar la regalía minera no deviene de un problema de distribución y administración de la renta total, más que de un problema de lo que realmente percibe el Gobierno en concepto de minería. Prueba de lo antedicho, constituye el desarrollo económico alcanzado por algunas provincias que ha defendido el sistema implementado en los '90, tomando así la minería como base fundamental de su desarrollo económico", indicó el abogado Hugo Emilio Bastías, del estudio Saravia Frías-Mazzinghi, en el primer párrafo de las conclusiones del documento "Reflexiones ante un posible cambio en la regalía minera argentina", según detalló la revista Crisis.
.
Córdoba: campesinos buscan ayuda para evitar remates
Campesinos cordobeses buscan ayuda en Buenos Aires para evitar remate de terrenos
Fecha de Publicación: 11/07/2013
Fuente: La Mañana de Córdoba
Provincia/Región: Córdoba
Campesinos cordobeses se entrevistarán con funcionarios nacionales y organismos de Derechos Humanos, con la esperanza de frenar el remate de un campo que ocupan, tras fracasar en esas negociaciones con la provincia. Acusan a José Manuel de la Sota de “neoliberal e indiferente”.
Las reuniones se concretarán desde el miércoles y hasta el viernes de la semana próxima con el titular de la secretaría de Derechos Humanos, Martín Fresneda y con el subsecretario de Agricultura Familiar, Emilio Pérsico, entre otros, según adelantó Horacio Britos del Movimiento Campesino de Córdoba, integrante del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI-Vía Campesina).
Los campesinos quieren que el campo La Libertad, ubicado en el Departamento Ischilín en el noroeste cordobés y actualmente con bandera de remate, sea expropiado. Habitado y poseído por familias de campesinos el terreno de 13 mil hectáreas comprende la suma de los lotes que componen la quiebra de la firma Feigin Hnos. Ltda.
“Estamos muy preocupados, muy mal, desde que De la Sota se hizo cargo del gobierno dejó caer todo, archivaron el trámite y nos dejaron sin alternativas, el campo va a remate, los acreedores quieren cobrar”, explicó Britos, quien detalló que también llevarán su caso a organismos de Derechos Humanos y a la Comisión Nacional de Tierras.
.
Fecha de Publicación: 11/07/2013
Fuente: La Mañana de Córdoba
Provincia/Región: Córdoba
Campesinos cordobeses se entrevistarán con funcionarios nacionales y organismos de Derechos Humanos, con la esperanza de frenar el remate de un campo que ocupan, tras fracasar en esas negociaciones con la provincia. Acusan a José Manuel de la Sota de “neoliberal e indiferente”.
Las reuniones se concretarán desde el miércoles y hasta el viernes de la semana próxima con el titular de la secretaría de Derechos Humanos, Martín Fresneda y con el subsecretario de Agricultura Familiar, Emilio Pérsico, entre otros, según adelantó Horacio Britos del Movimiento Campesino de Córdoba, integrante del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI-Vía Campesina).
Los campesinos quieren que el campo La Libertad, ubicado en el Departamento Ischilín en el noroeste cordobés y actualmente con bandera de remate, sea expropiado. Habitado y poseído por familias de campesinos el terreno de 13 mil hectáreas comprende la suma de los lotes que componen la quiebra de la firma Feigin Hnos. Ltda.
“Estamos muy preocupados, muy mal, desde que De la Sota se hizo cargo del gobierno dejó caer todo, archivaron el trámite y nos dejaron sin alternativas, el campo va a remate, los acreedores quieren cobrar”, explicó Britos, quien detalló que también llevarán su caso a organismos de Derechos Humanos y a la Comisión Nacional de Tierras.
.
Ven unos peces en el Riachuelo y se armó la polémica
Riachuelo: un legislador K dijo que hay peces, y salieron a cruzarlo
Fecha de Publicación: 10/07/2013
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Riachuelo
Cabandié aseguró que es porque hay más oxígeno en el agua; para una ONG, sigue estando muy contaminada.
A cinco años del histórico fallo de la Corte Suprema que ordenó sanear el Riachuelo, el legislador kirchnerista Juan Cabandié dijo que vio peces en el curso de agua y desató la polémica.
Desde Greenpeace indicaron que la presencia de peces anfibios, que no necesitan oxígeno, no significa que la calidad del agua del Riachuelo haya mejorado. Y una vez más, la ONG denunció que la ACUMAR dispuso límites de vertidos industriales tan elevados que, aún si se cumplen, el río seguirá contaminado.
El 8 de julio de 2008, la Corte condenó a los Gobiernos Nacional, de la Ciudad y de la Provincia a sanear el Riachuelo. El lunes, en el 5° aniversario del fallo, el legislador porteño y candidato a diputado nacional por el Frente para la Victoria, Juan Cabandié, recorrió las obras y elogió: “Antes uno veía acumulación de botellas, basura y animales muertos y hoy comienza a haber en algunos sectores del Riachuelo bancos de peces. Es decir que se está oxigenando el agua y generando menos contaminación por parte de las empresas, que es de lo que ACUMAR se ocupa”.
Desde Greenpeace, una de las ONG que monitorean el cumplimiento del fallo, ayer aclararon que la presencia de cierto tipo de peces no indica que haya mejorado la calidad del agua. “El Riachuelo sigue igual o más contaminado que hace cinco años, cuando empezaron las tareas de saneamiento –afirmó Lorena Pujó, Coordinadora de la Campaña de Riachuelo de Greenpeace–. El hecho de que aparezca algún pez, no significa que esté limpio. El otro día dijeron que había un cardumen de madrecitas, pero esa especie sobrevive en la contaminación. También hay peces anfibios, que no necesitan oxígeno para sobrevivir. Estos no son indicadores serios de que haya disminuido la contaminación”.
Por Twitter, Cabandié retrucó: “ Algunos Pescados se enojan xqe hay Peces en Matanza-Riachuelo. ACUMAR está trabajando para recuperarlo, nunca dije que era la Laguna Azul ”.
Entre los avances que sí reconoce Greenpeace está la liberación del camino de sirga (en los laterales) y que hay menos basura en la desembocadura. Pero esto no alcanza para bajar la polución. “Aún si todas las industrias cumplieran los permisos de vertidos, el Riachuelo seguiría contaminado –subraya Pujó–. La estrategia de saneamiento de ACUMAR es incorrecta, porque si no se pide que dejen de contaminar, difícilmente el río deje de estar contaminado”.
La resolución N° 3 de ACUMAR permite el vertido sin restricciones de mercurio, plomo, cromo, cadmio, arsénico y otras. Y una presencia de oxígeno disuelto en el agua de menos de 2 mg. por litro, lo que no permite la vida de peces. Aún así, Greenpeace midió que en tramos de la cuenca baja y media, hay sólo 0,5 mg. de oxígeno por litro.
En su balance de estos cinco años, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) afirma que uno de los temas pendientes es modificar la legislación y establecer metas para la disminución del vertido de sustancias contaminantes. También explica que es prioritario confeccionar una política para la gestión de residuos, elaborar un plan de reurbanización de villas y garantizar el acceso al agua y las cloacas de la población de la Cuenca. Entre lo positivo, menciona la creación de la ACUMAR, como un órgano interjurisdiccional que coordina todas las acciones; la limpieza de las márgenes y la extracción de barcos abandonados. Pero por sobre todo, destaca el fallo de la Corte, que sirvió para romper con la inercia en que se encontraba el Riachuelo.
.
Fecha de Publicación: 10/07/2013
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Riachuelo
Cabandié aseguró que es porque hay más oxígeno en el agua; para una ONG, sigue estando muy contaminada.A cinco años del histórico fallo de la Corte Suprema que ordenó sanear el Riachuelo, el legislador kirchnerista Juan Cabandié dijo que vio peces en el curso de agua y desató la polémica.
Desde Greenpeace indicaron que la presencia de peces anfibios, que no necesitan oxígeno, no significa que la calidad del agua del Riachuelo haya mejorado. Y una vez más, la ONG denunció que la ACUMAR dispuso límites de vertidos industriales tan elevados que, aún si se cumplen, el río seguirá contaminado.
El 8 de julio de 2008, la Corte condenó a los Gobiernos Nacional, de la Ciudad y de la Provincia a sanear el Riachuelo. El lunes, en el 5° aniversario del fallo, el legislador porteño y candidato a diputado nacional por el Frente para la Victoria, Juan Cabandié, recorrió las obras y elogió: “Antes uno veía acumulación de botellas, basura y animales muertos y hoy comienza a haber en algunos sectores del Riachuelo bancos de peces. Es decir que se está oxigenando el agua y generando menos contaminación por parte de las empresas, que es de lo que ACUMAR se ocupa”.
Desde Greenpeace, una de las ONG que monitorean el cumplimiento del fallo, ayer aclararon que la presencia de cierto tipo de peces no indica que haya mejorado la calidad del agua. “El Riachuelo sigue igual o más contaminado que hace cinco años, cuando empezaron las tareas de saneamiento –afirmó Lorena Pujó, Coordinadora de la Campaña de Riachuelo de Greenpeace–. El hecho de que aparezca algún pez, no significa que esté limpio. El otro día dijeron que había un cardumen de madrecitas, pero esa especie sobrevive en la contaminación. También hay peces anfibios, que no necesitan oxígeno para sobrevivir. Estos no son indicadores serios de que haya disminuido la contaminación”.
Por Twitter, Cabandié retrucó: “ Algunos Pescados se enojan xqe hay Peces en Matanza-Riachuelo. ACUMAR está trabajando para recuperarlo, nunca dije que era la Laguna Azul ”.
Entre los avances que sí reconoce Greenpeace está la liberación del camino de sirga (en los laterales) y que hay menos basura en la desembocadura. Pero esto no alcanza para bajar la polución. “Aún si todas las industrias cumplieran los permisos de vertidos, el Riachuelo seguiría contaminado –subraya Pujó–. La estrategia de saneamiento de ACUMAR es incorrecta, porque si no se pide que dejen de contaminar, difícilmente el río deje de estar contaminado”.
La resolución N° 3 de ACUMAR permite el vertido sin restricciones de mercurio, plomo, cromo, cadmio, arsénico y otras. Y una presencia de oxígeno disuelto en el agua de menos de 2 mg. por litro, lo que no permite la vida de peces. Aún así, Greenpeace midió que en tramos de la cuenca baja y media, hay sólo 0,5 mg. de oxígeno por litro.
En su balance de estos cinco años, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) afirma que uno de los temas pendientes es modificar la legislación y establecer metas para la disminución del vertido de sustancias contaminantes. También explica que es prioritario confeccionar una política para la gestión de residuos, elaborar un plan de reurbanización de villas y garantizar el acceso al agua y las cloacas de la población de la Cuenca. Entre lo positivo, menciona la creación de la ACUMAR, como un órgano interjurisdiccional que coordina todas las acciones; la limpieza de las márgenes y la extracción de barcos abandonados. Pero por sobre todo, destaca el fallo de la Corte, que sirvió para romper con la inercia en que se encontraba el Riachuelo.
.
Se extiende el rechazo al fracking
Más Municipos argentinos libres de Fracking
Fecha de Publicación: 10/07/2013
Fuente: Portal www.biodiversidadla.org
Provincia/Región: Nacional
Se declaró a la ciudad de Villaguay y su ejido “libre de toda explotación y/o exploración de hidrocarburos no convencionales mediante el sistema de fracturación hidráulica”. Además sumandosé a San Carlos y Tupungato, Tunuyán también es declarada libre de fracking. Otras ciudades estudian proyectos.
El Consejo Deliberante de Tunuyán rechaza el fracking, sumándose a San Carlos y Tupungato
Otro paso a favor del medio ambiente: El Concejo Deliberante aprobó un proyecto de Vecinos Autoconvocados para prohibir la técnica conocida como fracking. La técnica requiere de pequeños explosivos y tiene varias consecuencias.
Valle de Uco se convirtió ayer en una región libre de fracking (fractura hidráulica), luego de que el Concejo Deliberante local aprobara por unanimidad el proyecto presentado por Vecinos Autoconvocados. Ya lo habían hecho los parlamentos de San Carlos y Tupungato. La sesión se desarrolló ante la presencia de unos 20 ambientalistas que llegaron hasta el Concejo con pancartas.
Luego de que la concejala por la UCR Sonia Olivera presentara el proyecto que creó la Banca del Ciudadano en el Parlamento tunuyanino, Vecinos Autoconvocados ingresó al cuerpo legislativo un proyecto que prohíbe el fracking en el departamento, moción que fue aprobada por unanimidad.
Entre los fundamentos de la iniciativa, los autores habían señalado que el pedido de prohibición es para el desarrollo de actividades de exploración y explotación de gas y petróleo de yacimientos no convencionales, mediante la técnica de fractura hidráulica o fracking en todo el territorio departamental.
Esa técnica utiliza explosivos para crear pequeñas fracturas mediante la perforación de una tubería de revestimiento que se aplican de manera artificial al llenarlas con agua a muy alta presión. Para ello se requieren entre 15.000 y 30.000 metros cúbicos de agua para iniciar la operación de un solo pozo.
Cuando se reduce la presión, el agua residual se mezcla con metales pesados o radiactivos procedentes del reflujo de la formación rocosa hacia la superficie que incluye el gas.
Seguridad pública
Las consecuencias ambientales de esta práctica incluyen la contaminación del agua dulce atmosférica y acústica de los acuíferos, el impacto en el paisaje e implica riesgo sísmico y emisión de gases de efecto invernadero, entre otros riesgos.
“En tal sentido, indicamos que el cuidado del agua no es sólo parte de la historia de Mendoza, sino que es sinónimo de lucha del pueblo para conservar como un derecho humano fundamental”, apuntaron los autoconvocados.
Las acciones preventivas y de preservación en un sentido más amplio abarcan todas las situaciones de riesgo para el medio ambiente.
El Concejo Deliberante declaró a Villaguay libre de fracking
Se declaró a la ciudad de Villaguay y su ejido “libre de toda explotación y/o exploración de hidrocarburos no convencionales mediante el sistema de fracturación hidráulica”. Concepción del Uruguay y Colón fueron las primeras en aplicar la prohibición. Otras ciudades estudian proyectos.
Por unanimidad, el Concejo Deliberante de Villaguay aprobó el proyecto de ordenanza presentado por los concejales de los bloques de la Unión Cívica Radical (UCR) y del Frente Entrerriano Federal (FEF) que declara a la Ciudad de Encuentros, “libre de fracking”.
En la norma se expresa que la fractura hidráulica –fracking– “es la técnica utilizada para extraer el gas no convencional almacenado en pequeños poros o burbujas de rocas impermeables, para lo cual no solo es necesario perforar, sino que se debe, además, fracturar la roca para que el gas pueda salir”. El texto abunda en fundamentos respecto de la contaminación que esta técnica provoca, por lo que está siendo cuestionada en diversos países y prohibida en otros.
Concretamente, en el articulado del proyecto se declara a la ciudad de Villaguay y su ejido “libre de toda explotación y/o exploración de hidrocarburos no convencionales mediante el sistema de fracturación hidráulica (fracking)” y se prohíbe en su jurisdicción.
En el dictamen manifestaron los concejales que “tal como se han expresado otros municipios entrerrianos –Concepción del Uruguay fue pionera, y la siguió Colón–, es necesario establecer la prohibición de utilizar ese método de exploración o extracción de hidrocarburos y se apeló: “Es necesario impedir el avance de sistemas de explotación de recursos energéticos que puedan dañar gravemente a nuestro medio ambiente, contaminando severamente nuestros recursos naturales y poniendo en riesgo la calidad de vida de nuestra población”.
Por otra parte, parlamentos de otras localidades avanzan con propuestas similares, mientras se aguarda la sanción de una ley a nivel provincial. Basavilbaso, Concordia, San José son algunas de ellas. O como el caso de Nogoyá, localidad en que el Concejo Deliberante aprobó un proyecto de resolución en que “expresa su preocupación” por la posible exploración y/o extracción de hidrocarburos mediante esta técnica, pero aguardan la decisión de una ley provincial. En tanto, ambientalistas de las localidades de la costa del Uruguay impulsan campañas para que en el vecino país se adopten medidas similares, debido a las consecuencias ambientales ante la posibilidad del uso de este método de extracción para la región.
.
Fecha de Publicación: 10/07/2013
Fuente: Portal www.biodiversidadla.org
Provincia/Región: Nacional
Se declaró a la ciudad de Villaguay y su ejido “libre de toda explotación y/o exploración de hidrocarburos no convencionales mediante el sistema de fracturación hidráulica”. Además sumandosé a San Carlos y Tupungato, Tunuyán también es declarada libre de fracking. Otras ciudades estudian proyectos.
El Consejo Deliberante de Tunuyán rechaza el fracking, sumándose a San Carlos y Tupungato
Otro paso a favor del medio ambiente: El Concejo Deliberante aprobó un proyecto de Vecinos Autoconvocados para prohibir la técnica conocida como fracking. La técnica requiere de pequeños explosivos y tiene varias consecuencias.
Valle de Uco se convirtió ayer en una región libre de fracking (fractura hidráulica), luego de que el Concejo Deliberante local aprobara por unanimidad el proyecto presentado por Vecinos Autoconvocados. Ya lo habían hecho los parlamentos de San Carlos y Tupungato. La sesión se desarrolló ante la presencia de unos 20 ambientalistas que llegaron hasta el Concejo con pancartas.
Luego de que la concejala por la UCR Sonia Olivera presentara el proyecto que creó la Banca del Ciudadano en el Parlamento tunuyanino, Vecinos Autoconvocados ingresó al cuerpo legislativo un proyecto que prohíbe el fracking en el departamento, moción que fue aprobada por unanimidad.
Entre los fundamentos de la iniciativa, los autores habían señalado que el pedido de prohibición es para el desarrollo de actividades de exploración y explotación de gas y petróleo de yacimientos no convencionales, mediante la técnica de fractura hidráulica o fracking en todo el territorio departamental.
Esa técnica utiliza explosivos para crear pequeñas fracturas mediante la perforación de una tubería de revestimiento que se aplican de manera artificial al llenarlas con agua a muy alta presión. Para ello se requieren entre 15.000 y 30.000 metros cúbicos de agua para iniciar la operación de un solo pozo.
Cuando se reduce la presión, el agua residual se mezcla con metales pesados o radiactivos procedentes del reflujo de la formación rocosa hacia la superficie que incluye el gas.
Seguridad pública
Las consecuencias ambientales de esta práctica incluyen la contaminación del agua dulce atmosférica y acústica de los acuíferos, el impacto en el paisaje e implica riesgo sísmico y emisión de gases de efecto invernadero, entre otros riesgos.
“En tal sentido, indicamos que el cuidado del agua no es sólo parte de la historia de Mendoza, sino que es sinónimo de lucha del pueblo para conservar como un derecho humano fundamental”, apuntaron los autoconvocados.
Las acciones preventivas y de preservación en un sentido más amplio abarcan todas las situaciones de riesgo para el medio ambiente.
El Concejo Deliberante declaró a Villaguay libre de fracking
Se declaró a la ciudad de Villaguay y su ejido “libre de toda explotación y/o exploración de hidrocarburos no convencionales mediante el sistema de fracturación hidráulica”. Concepción del Uruguay y Colón fueron las primeras en aplicar la prohibición. Otras ciudades estudian proyectos.
Por unanimidad, el Concejo Deliberante de Villaguay aprobó el proyecto de ordenanza presentado por los concejales de los bloques de la Unión Cívica Radical (UCR) y del Frente Entrerriano Federal (FEF) que declara a la Ciudad de Encuentros, “libre de fracking”.
En la norma se expresa que la fractura hidráulica –fracking– “es la técnica utilizada para extraer el gas no convencional almacenado en pequeños poros o burbujas de rocas impermeables, para lo cual no solo es necesario perforar, sino que se debe, además, fracturar la roca para que el gas pueda salir”. El texto abunda en fundamentos respecto de la contaminación que esta técnica provoca, por lo que está siendo cuestionada en diversos países y prohibida en otros.
Concretamente, en el articulado del proyecto se declara a la ciudad de Villaguay y su ejido “libre de toda explotación y/o exploración de hidrocarburos no convencionales mediante el sistema de fracturación hidráulica (fracking)” y se prohíbe en su jurisdicción.
En el dictamen manifestaron los concejales que “tal como se han expresado otros municipios entrerrianos –Concepción del Uruguay fue pionera, y la siguió Colón–, es necesario establecer la prohibición de utilizar ese método de exploración o extracción de hidrocarburos y se apeló: “Es necesario impedir el avance de sistemas de explotación de recursos energéticos que puedan dañar gravemente a nuestro medio ambiente, contaminando severamente nuestros recursos naturales y poniendo en riesgo la calidad de vida de nuestra población”.
Por otra parte, parlamentos de otras localidades avanzan con propuestas similares, mientras se aguarda la sanción de una ley a nivel provincial. Basavilbaso, Concordia, San José son algunas de ellas. O como el caso de Nogoyá, localidad en que el Concejo Deliberante aprobó un proyecto de resolución en que “expresa su preocupación” por la posible exploración y/o extracción de hidrocarburos mediante esta técnica, pero aguardan la decisión de una ley provincial. En tanto, ambientalistas de las localidades de la costa del Uruguay impulsan campañas para que en el vecino país se adopten medidas similares, debido a las consecuencias ambientales ante la posibilidad del uso de este método de extracción para la región.
.
Confirman explotación de litio en Jujuy
Confirmado: Toyota y la australiana Orocobre producirán litio en Jujuy
Fecha de Publicación: 10/07/2013
Fuente: Cronista
Provincia/Región: Jujuy
De la planta, que estará finalizada en agosto de 2014, saldrá el 10% del total mundial de litio. El tercer socio es la provincia de Jujuy a través de la estatal Jemse
La minera Toyota Tsusho ratificó su interés en producir litio junto a la Argentina e inversores australianos, un proyecto que se llevará a cabo en Jujuy.
Ayer, la ministra de Industria, Débora Giorgi, acordó en Japón la necesidad de avanzar en este proyecto del que, además de la compañía japonesa, también formará parte la estatal Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (Jemse) y la australiana Orocobre.
El emprendimiento demandará una inversión de u$s 229 millones y producirá 17.500 toneladas por año, cerca del 10% del total mundial actual.
Durante su visita a Oriente, Giorgi acordó con el manager ejecutivo de Toyota Tsusho, Taxumi Shirai, avanzar en el proyecto, en tanto que el ejecutivo se comprometió a finalizar la construcción de la planta para agosto del año próximo.
La idea de llevar adelante este proyecto ya había sido anunciada en otras oportunidades pero se avanzó a paso lento, por lo que ahora intentan darle un impulso definitivo.
"Venimos a pedir la asociación, con vistas al mediano y largo plazo", aseguró la funcionaria, durante su encuentro con los empresarios japoneses.
"Vamos hacia el cloruro de litio, al litio metálico y a la fabricación de celdas, baterías y químicos, que completarán el desarrollo de esta industria", destacó Giorgi, en un almuerzo con la cúpula de Toyota Tsusho "uno de los brazos de Toyota Corporation".
"Una de las principales políticas de Estado de este Gobierno es aprovechar estratégicamente los recursos naturales en todo el país, para que se conviertan en elementos dinamizadores de la industrialización de la ruralidad", sostuvo la ministra.
De acuerdo con las especificaciones que se brindaron tras el anuncio, la Argentina elevará con esto "de 2.000 a 17.500 toneladas" la producción anual de carbonato de litio.
Chile, Bolivia y Argentina concentran el 85% de las reservas mundiales del mineral.
La planta de litio estará situada cerca del yacimiento, en el llamado Salar de Olaroz, en la provincia de Jujuy.
El lunes, Toyota había dado un paso importante en cuanto a su crecimiento en la Argentina, y anunció que se lanzará al mercado de los autos compactos, donde hoy no tiene presencia. La compañía sostuvo que comenzará a comercializar el Etios, que ya se vende en otros países.
Fabricado en Brasil, en la planta que la japonesa tiene en Sorocaba, comenzó con la preventa y en septiembre estará en las concesionarias argentinas.
Por otra parte, la compañía ratificó su plan de inversiones en el país, que prevé la ampliación en 10.000 m2 de la sección destinada a la fabricación in house de chasis, la expansión de la línea de pintura y de 5.000 unidades adicionales de la pick up Hilux, que representa más de u$s150 millones en exportaciones.
.
Fecha de Publicación: 10/07/2013
Fuente: Cronista
Provincia/Región: Jujuy
De la planta, que estará finalizada en agosto de 2014, saldrá el 10% del total mundial de litio. El tercer socio es la provincia de Jujuy a través de la estatal JemseLa minera Toyota Tsusho ratificó su interés en producir litio junto a la Argentina e inversores australianos, un proyecto que se llevará a cabo en Jujuy.
Ayer, la ministra de Industria, Débora Giorgi, acordó en Japón la necesidad de avanzar en este proyecto del que, además de la compañía japonesa, también formará parte la estatal Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (Jemse) y la australiana Orocobre.
El emprendimiento demandará una inversión de u$s 229 millones y producirá 17.500 toneladas por año, cerca del 10% del total mundial actual.
Durante su visita a Oriente, Giorgi acordó con el manager ejecutivo de Toyota Tsusho, Taxumi Shirai, avanzar en el proyecto, en tanto que el ejecutivo se comprometió a finalizar la construcción de la planta para agosto del año próximo.
La idea de llevar adelante este proyecto ya había sido anunciada en otras oportunidades pero se avanzó a paso lento, por lo que ahora intentan darle un impulso definitivo.
"Venimos a pedir la asociación, con vistas al mediano y largo plazo", aseguró la funcionaria, durante su encuentro con los empresarios japoneses.
"Vamos hacia el cloruro de litio, al litio metálico y a la fabricación de celdas, baterías y químicos, que completarán el desarrollo de esta industria", destacó Giorgi, en un almuerzo con la cúpula de Toyota Tsusho "uno de los brazos de Toyota Corporation".
"Una de las principales políticas de Estado de este Gobierno es aprovechar estratégicamente los recursos naturales en todo el país, para que se conviertan en elementos dinamizadores de la industrialización de la ruralidad", sostuvo la ministra.
De acuerdo con las especificaciones que se brindaron tras el anuncio, la Argentina elevará con esto "de 2.000 a 17.500 toneladas" la producción anual de carbonato de litio.
Chile, Bolivia y Argentina concentran el 85% de las reservas mundiales del mineral.
La planta de litio estará situada cerca del yacimiento, en el llamado Salar de Olaroz, en la provincia de Jujuy.
El lunes, Toyota había dado un paso importante en cuanto a su crecimiento en la Argentina, y anunció que se lanzará al mercado de los autos compactos, donde hoy no tiene presencia. La compañía sostuvo que comenzará a comercializar el Etios, que ya se vende en otros países.
Fabricado en Brasil, en la planta que la japonesa tiene en Sorocaba, comenzó con la preventa y en septiembre estará en las concesionarias argentinas.
Por otra parte, la compañía ratificó su plan de inversiones en el país, que prevé la ampliación en 10.000 m2 de la sección destinada a la fabricación in house de chasis, la expansión de la línea de pintura y de 5.000 unidades adicionales de la pick up Hilux, que representa más de u$s150 millones en exportaciones.
.
Atucha II realizará una segunda prueba "en caliente"
Atucha II comenzó los trabajos para la segunda prueba en caliente
Fecha de Publicación: 09/07/2013
Fuente: Terra
Provincia/Región: Nacional
Atucha II comenzó los trabajos para la segunda prueba en caliente con vapor de origen no nuclear del proceso de puesta en marcha de la central, que incluye la sincronización con la red eléctrica nacional, informó hoy el Ministerio de Planificación Federal.
El proceso tiene una duración de 19 días, durante los cuales se van a realizar alrededor de 120 pruebas de funcionamiento, "lo que constituye un hito de gran importancia en la puesta en marcha final de la planta", destaca el comunicado oficial.
El objetivo de la prueba que está realizando la empresa Nucleoeléctrica Argentina (NA SA) es alcanzar las condiciones de operación normal de la central.
El proceso requiere de 450 mil litros de agua en todo el sistema. Una vez cargado se procederá a sacar todo el aire del mismo, y luego se calentará el agua y se llevará gradualmente a una presión de 114 bar y una temperatura de 278ºC, correspondientes a la presión y la temperatura de la central cuando esté en servicio.
Alcanzados dichos valores se producirá vapor de origen no nuclear para impulsar la turbina, generando energía y conectándose a la red eléctrica por un lapso aproximado de 10 minutos.
Finalizado este complejo ensayo, se retirará el total del agua liviana del sistema, se procederá a su secado y se cargará con las 600 toneladas de agua pesada que se utilizarán durante la futura operación.
Así, la central quedará en condiciones de iniciar la puesta en marcha nuclear para posteriormente generar energía eléctrica e integrarse al Sistema Interconectado Nacional(SIN), aportando el equivalente al 4 por ciento del consumo eléctrico total del país.
Esta etapa se suma a otras ya cumplidas, como la primera prueba en caliente, la prueba de presión del sistema primario y moderador y la carga de elementos combustibles en el núcleo del reactor.
La Central Nuclear Atucha II tiene una potencia de 745MW (megavatios) y funcionará a base de uranio natural y agua pesada.
Está ubicada sobre la margen derecha del Río Paraná, en la localidad de Lima, Partido de Zárate, a 115 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires.
La piedra fundacional de Atucha II se colocó en 1982, pero entre 1994 y 2006 la construcción estuvo paralizada hasta el relanzamiento del Plan Nuclear Argentino impulsado por el Gobierno Nacional.
Las obras civiles y el montaje mecánico de los principales componentes concluyeron en septiembre de 2011. En esa fecha, con la visita de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, se dio inicio a las tareas para la puesta en marcha de la central .
.
Fecha de Publicación: 09/07/2013
Fuente: Terra
Provincia/Región: Nacional
Atucha II comenzó los trabajos para la segunda prueba en caliente con vapor de origen no nuclear del proceso de puesta en marcha de la central, que incluye la sincronización con la red eléctrica nacional, informó hoy el Ministerio de Planificación Federal.
El proceso tiene una duración de 19 días, durante los cuales se van a realizar alrededor de 120 pruebas de funcionamiento, "lo que constituye un hito de gran importancia en la puesta en marcha final de la planta", destaca el comunicado oficial.
El objetivo de la prueba que está realizando la empresa Nucleoeléctrica Argentina (NA SA) es alcanzar las condiciones de operación normal de la central.
El proceso requiere de 450 mil litros de agua en todo el sistema. Una vez cargado se procederá a sacar todo el aire del mismo, y luego se calentará el agua y se llevará gradualmente a una presión de 114 bar y una temperatura de 278ºC, correspondientes a la presión y la temperatura de la central cuando esté en servicio.
Alcanzados dichos valores se producirá vapor de origen no nuclear para impulsar la turbina, generando energía y conectándose a la red eléctrica por un lapso aproximado de 10 minutos.
Finalizado este complejo ensayo, se retirará el total del agua liviana del sistema, se procederá a su secado y se cargará con las 600 toneladas de agua pesada que se utilizarán durante la futura operación.
Así, la central quedará en condiciones de iniciar la puesta en marcha nuclear para posteriormente generar energía eléctrica e integrarse al Sistema Interconectado Nacional(SIN), aportando el equivalente al 4 por ciento del consumo eléctrico total del país.
Esta etapa se suma a otras ya cumplidas, como la primera prueba en caliente, la prueba de presión del sistema primario y moderador y la carga de elementos combustibles en el núcleo del reactor.
La Central Nuclear Atucha II tiene una potencia de 745MW (megavatios) y funcionará a base de uranio natural y agua pesada.
Está ubicada sobre la margen derecha del Río Paraná, en la localidad de Lima, Partido de Zárate, a 115 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires.
La piedra fundacional de Atucha II se colocó en 1982, pero entre 1994 y 2006 la construcción estuvo paralizada hasta el relanzamiento del Plan Nuclear Argentino impulsado por el Gobierno Nacional.
Las obras civiles y el montaje mecánico de los principales componentes concluyeron en septiembre de 2011. En esa fecha, con la visita de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, se dio inicio a las tareas para la puesta en marcha de la central .
.
Preocupación en Córdoba por los incendios forestales
Incendios: alertan que 2013 será un año riesgoso
Fecha de Publicación: 09/07/2013
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Hay temor por la cantidad de árboles caídos en Calamuchita. Ya hubo varios focos, aunque ninguno extendido. 2012 fue el de menor superficie quemada.
La semana que pasó marcó el inicio de la temporada de incendios rurales en Córdoba. Como cada año, de mayo a noviembre los riesgos crecen porque las lluvias se reducen y los pastizales se secan con las heladas, haciéndose más combustibles.
Hace siete días, ayudados por jornadas ventosas, se quemaron algunos cientos de hectáreas, la mayoría de ellas de pastos y rastrojos (restos de cultivos), aunque también hubo bosque afectado.
El principal foco se desató entre Cabalango y Tanti, en Punilla, donde al menos 15 hectáreas de monte nativo resultaron quemadas. También los hubo en las zonas de El Manzano y Río Ceballos, de Sierras Chicas; entre Despeñaderos y San Agustín; en cercanías del lago Los Molinos; en Santa Rosa de Calamuchita; en Malagueño, y otros puntos del mapa.
Semanas anteriores hubo otros focos aislados. Uno de ellos, en Villa Rumipal, llegó a metros de algunas viviendas.
“Desde ahora se inician los meses más duros”, anticipó el bombero Marcelo Zornada, actual jefe del Plan Provincial de Manejo del Fuego.
“El plan está en marcha con todos los cuarteles involucrados”, señaló Zornada, quien confirmó además la disponibilidad del equipo aéreo, integrado por tres aviones hidrantes –uno vigía y dos helicópteros de la Provincia– y cuatro aviones que el Plan Nacional contra el Fuego dispone para Córdoba cada año, entre mayo y diciembre.
Riesgo extra. Para este año, un riesgo adicional es la presencia de mucha más madera seca, caída sobre todo en el valle de Calamuchita, donde fuertes temporales de viento, en octubre y noviembre pasados, dejaron por el suelo más de un millón de árboles de forestaciones de pinares de esa región serrana. Se estima que la mitad de esa madera fue extraída y recuperada, pero el resto quedó y aumenta la carga de fuego.
“El objetivo es estar alertas, con los bomberos en sus puestos de vigías en las zonas de riesgo, para poder detectar el fuego lo antes posible, para que no se expanda. En la gran mayoría de los casos, en los últimos años se viene logrando eso. La dificultad está cuando se trata de zonas de difícil acceso y cuando el viento les gana a los bomberos e impide la actividad del refuerzo aéreo”, explicó Zornada.
El año 2012 fue el de menor superficie quemada en esta provincia de los últimos 20 años. Se afectaron 10.100 hectáreas, según los datos del Plan Provincial de Manejo del Fuego. Un tercio fue en zona serrana.
La cifra es similar a los bajos registros de 2011 y 2007. Y está muy por debajo de los peores años de la década del ’90, cuando el fuego quemaba más de 200 mil hectáreas por año. En la última década, 2003 y 2009 fueron años complicados, con más de 120 mil hectáreas afectadas.
Reclamo. No es simple conocer el destino de lo que se recauda.
Federación de Bomberos reclama desde hace años mayor transparencia en la ejecución de los fondos.
Qué es. El Plan Provincial de Manejo del Fuego se sostiene con el aporte que desde 2005 pagan los cordobeses con la factura de energía. Residenciales abonan 5,25 pesos por mes, comercios 6,20 y grandes consumidores 220.
Primer trimestre. Para 2013 se prevén 57 millones. Ya se recaudaron 13,8 millones, pero se pagaron 3,76.
.
Fecha de Publicación: 09/07/2013
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Hay temor por la cantidad de árboles caídos en Calamuchita. Ya hubo varios focos, aunque ninguno extendido. 2012 fue el de menor superficie quemada.La semana que pasó marcó el inicio de la temporada de incendios rurales en Córdoba. Como cada año, de mayo a noviembre los riesgos crecen porque las lluvias se reducen y los pastizales se secan con las heladas, haciéndose más combustibles.
Hace siete días, ayudados por jornadas ventosas, se quemaron algunos cientos de hectáreas, la mayoría de ellas de pastos y rastrojos (restos de cultivos), aunque también hubo bosque afectado.
El principal foco se desató entre Cabalango y Tanti, en Punilla, donde al menos 15 hectáreas de monte nativo resultaron quemadas. También los hubo en las zonas de El Manzano y Río Ceballos, de Sierras Chicas; entre Despeñaderos y San Agustín; en cercanías del lago Los Molinos; en Santa Rosa de Calamuchita; en Malagueño, y otros puntos del mapa.
Semanas anteriores hubo otros focos aislados. Uno de ellos, en Villa Rumipal, llegó a metros de algunas viviendas.
“Desde ahora se inician los meses más duros”, anticipó el bombero Marcelo Zornada, actual jefe del Plan Provincial de Manejo del Fuego.
“El plan está en marcha con todos los cuarteles involucrados”, señaló Zornada, quien confirmó además la disponibilidad del equipo aéreo, integrado por tres aviones hidrantes –uno vigía y dos helicópteros de la Provincia– y cuatro aviones que el Plan Nacional contra el Fuego dispone para Córdoba cada año, entre mayo y diciembre.
Riesgo extra. Para este año, un riesgo adicional es la presencia de mucha más madera seca, caída sobre todo en el valle de Calamuchita, donde fuertes temporales de viento, en octubre y noviembre pasados, dejaron por el suelo más de un millón de árboles de forestaciones de pinares de esa región serrana. Se estima que la mitad de esa madera fue extraída y recuperada, pero el resto quedó y aumenta la carga de fuego.
“El objetivo es estar alertas, con los bomberos en sus puestos de vigías en las zonas de riesgo, para poder detectar el fuego lo antes posible, para que no se expanda. En la gran mayoría de los casos, en los últimos años se viene logrando eso. La dificultad está cuando se trata de zonas de difícil acceso y cuando el viento les gana a los bomberos e impide la actividad del refuerzo aéreo”, explicó Zornada.
El año 2012 fue el de menor superficie quemada en esta provincia de los últimos 20 años. Se afectaron 10.100 hectáreas, según los datos del Plan Provincial de Manejo del Fuego. Un tercio fue en zona serrana.
La cifra es similar a los bajos registros de 2011 y 2007. Y está muy por debajo de los peores años de la década del ’90, cuando el fuego quemaba más de 200 mil hectáreas por año. En la última década, 2003 y 2009 fueron años complicados, con más de 120 mil hectáreas afectadas.
Reclamo. No es simple conocer el destino de lo que se recauda.
Federación de Bomberos reclama desde hace años mayor transparencia en la ejecución de los fondos.
Qué es. El Plan Provincial de Manejo del Fuego se sostiene con el aporte que desde 2005 pagan los cordobeses con la factura de energía. Residenciales abonan 5,25 pesos por mes, comercios 6,20 y grandes consumidores 220.
Primer trimestre. Para 2013 se prevén 57 millones. Ya se recaudaron 13,8 millones, pero se pagaron 3,76.
.
Se cumplen 5 años de la orden de sanear el Riachuelo
A cinco años de que se ordenara sanear el Riachuelo, aún queda un largo camino
Fecha de Publicación: 08/07/2013
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Riachuelo
Al cumplirse hoy cinco años de que la Corte Suprema de Justicia, en un histórico fallo, intimara al Estado nacional, a la provincia de Buenos Aires y a la Ciudad recomponer el daño ambiental existente en la Cuenca Matanza-Riachuelo (CMR), todavía quedan muchas cuentas pendientes, de urgente resolución.
Si bien se estableció un programa de políticas públicas de cumplimiento obligatorio, determinando quiénes son los responsables de llevar adelante las acciones y las obras de saneamiento, y el plazo en que deberán ser concretadas, se suman los incumplimientos. Desde que el primer encargado de hacer cumplir el fallo de la corte, el juez federal de Quilmes, Luis Armella, fue apartado por presuntas irregularidades, en noviembre pasado, la causa está prácticamente detenida.
Según Andrés Nápoli, director de la Fundación Ambiente para los Recursos Naturales (FARN), "el fallo fue un punto de inflexión para sacar al Riachuelo del estado de abandono en el que se encontraba". Resaltó: "Queda mucho por hacer, principalmente porque los avances en el plan de saneamiento no se están dando dentro de los tiempos estipulados. Aun así, destacamos la sentencia de la Corte dictada hace cinco años, ya que nos permitió darle visibilidad y seguimiento a un tema que afecta de manera directa a más de tres millones de personas que viven en los márgenes del Riachuelo".
Pasados cinco años de este fallo que buscó revertir la falta de acciones de los gobiernos, que no asumían su responsabilidad en el saneamiento, la FARN puntualizó aspectos positivos y negativos en este período.
Entre los avances, destacó que el fallo de la Corte fue determinante para romper la inercia en la que se encontraba el Riachuelo y la creación de la Autoridad de Cuenca (Acumar) como órgano interjurisdiccional que coordina todas las acciones y obras. También, la limpieza de los márgenes de la cuenca y la extracción de buques abandonados, lo que permitió mejorar el espejo de agua y que el Riachuelo "huela mejor".
Además, fue importante el trabajo de las organizaciones y de la Acumar en el monitoreo para que el plan de saneamiento se lleve adelante y sea prioritario en la agenda política. También se creó el sitio www.quepasariachuelo.org.ar , una plataforma para que los vecinos denuncien la contaminación en la cuenca.
Entre las cuentas pendientes, FARN consideró que es necesario establecer metas para la disminución del vertido, emisión y disposición de sustancias contaminantes en el Riachuelo y modificar la legislación.
Puso en el debe la falta de confección de una política integral para la gestión de residuos en toda la cuenca y la elaboración de un plan de reurbanización de villas y asentamientos. Esta iniciativa posiblemente encuentre un envión con la designación de Buenos Aires como sede de los Juegos Olímpicos de la Juventud en 2018, para la cual toda la zona sur deberá reacondicionarse.
Además, todavía se debe garantizar de manera urgente el acceso al agua segura a la población que se encuentra en situación de riesgo.
Otros temas pendientes son la realización de obras de infraestructura cloacal y la elaboración de un mapa actualizado de la red de conductos de desagües pluviales.
Según FARN, también es necesario "preservar y defender los espacios verdes de la cuenca, como por ejemplo la recientemente creada Reserva Natural Laguna de Rocha", en Esteban Echeverría. Además, se debe elaborar un estudio integral de riesgo para el polo petroquímico de Dock Sud, sostuvieron.
Poco movimiento
Recién el 27 de marzo pasado la Justicia ordenó a la empresa Exolgan detener las obras de dragado que está realizando en el canal de entrada a Dock Sud hasta que presente los estudios ambientales correspondientes. El fallo había hecho lugar a una medida cautelar presentada por una fundación que argumentó que la remoción de barros producto del dragado podría afectar aún más la contaminación de las aguas.
En diciembre, tras apartar a Armella, la Corte resolvió repartir en dos tribunales la causa. El control de los contratos celebrados o por celebrarse en relación con el plan de obras de provisión de agua potable, cloacas (a cargo de AySA, ABSA y Enhosa) y tratamiento de la basura (a cargo de la Ceamse) quedó a cargo del juez federal porteño Sergio Torres; el control de la ejecución del saneamiento de la cuenca está en manos del juez federal de Morón Jorge Rodríguez.
Una causa con años de inercia
El expediente terminó radicado en dos juzgados
- El fallo. El 8 de julio de 2008, un histórico fallo de la Corte Suprema de Justicia obligó al Estado nacional, a la provincia de Buenos Aires y a la Ciudad a recomponer el daño ambiental existente en la cuenca Matanza-Riachuelo
- Denuncias. El 22 de marzo de 2009, el defensor del Pueblo de la Nación Eduardo Mondino y las ONG encargadas de monitorear el plan de saneamiento denunciaron que el Estado había incumplido sus obligaciones
- Armella, afuera. El 5 de noviembre de 2012, la Corte Suprema separó de la causa al juez federal de Quilmes, Luis Armella
- En dos juzgados. El 19 de diciembre de 2012, la Corte Suprema dispuso que el control de algunos contratos de obras lo hiciera el Juzgado Federal porteño N° 12 y el monitoreo de la ejecución del saneamiento, el Juzgado Federal N° 2 de Morón
.
Fecha de Publicación: 08/07/2013
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Riachuelo
Al cumplirse hoy cinco años de que la Corte Suprema de Justicia, en un histórico fallo, intimara al Estado nacional, a la provincia de Buenos Aires y a la Ciudad recomponer el daño ambiental existente en la Cuenca Matanza-Riachuelo (CMR), todavía quedan muchas cuentas pendientes, de urgente resolución.Si bien se estableció un programa de políticas públicas de cumplimiento obligatorio, determinando quiénes son los responsables de llevar adelante las acciones y las obras de saneamiento, y el plazo en que deberán ser concretadas, se suman los incumplimientos. Desde que el primer encargado de hacer cumplir el fallo de la corte, el juez federal de Quilmes, Luis Armella, fue apartado por presuntas irregularidades, en noviembre pasado, la causa está prácticamente detenida.
Según Andrés Nápoli, director de la Fundación Ambiente para los Recursos Naturales (FARN), "el fallo fue un punto de inflexión para sacar al Riachuelo del estado de abandono en el que se encontraba". Resaltó: "Queda mucho por hacer, principalmente porque los avances en el plan de saneamiento no se están dando dentro de los tiempos estipulados. Aun así, destacamos la sentencia de la Corte dictada hace cinco años, ya que nos permitió darle visibilidad y seguimiento a un tema que afecta de manera directa a más de tres millones de personas que viven en los márgenes del Riachuelo".
Pasados cinco años de este fallo que buscó revertir la falta de acciones de los gobiernos, que no asumían su responsabilidad en el saneamiento, la FARN puntualizó aspectos positivos y negativos en este período.
Entre los avances, destacó que el fallo de la Corte fue determinante para romper la inercia en la que se encontraba el Riachuelo y la creación de la Autoridad de Cuenca (Acumar) como órgano interjurisdiccional que coordina todas las acciones y obras. También, la limpieza de los márgenes de la cuenca y la extracción de buques abandonados, lo que permitió mejorar el espejo de agua y que el Riachuelo "huela mejor".
Además, fue importante el trabajo de las organizaciones y de la Acumar en el monitoreo para que el plan de saneamiento se lleve adelante y sea prioritario en la agenda política. También se creó el sitio www.quepasariachuelo.org.ar , una plataforma para que los vecinos denuncien la contaminación en la cuenca.
Entre las cuentas pendientes, FARN consideró que es necesario establecer metas para la disminución del vertido, emisión y disposición de sustancias contaminantes en el Riachuelo y modificar la legislación.
Puso en el debe la falta de confección de una política integral para la gestión de residuos en toda la cuenca y la elaboración de un plan de reurbanización de villas y asentamientos. Esta iniciativa posiblemente encuentre un envión con la designación de Buenos Aires como sede de los Juegos Olímpicos de la Juventud en 2018, para la cual toda la zona sur deberá reacondicionarse.
Además, todavía se debe garantizar de manera urgente el acceso al agua segura a la población que se encuentra en situación de riesgo.
Otros temas pendientes son la realización de obras de infraestructura cloacal y la elaboración de un mapa actualizado de la red de conductos de desagües pluviales.
Según FARN, también es necesario "preservar y defender los espacios verdes de la cuenca, como por ejemplo la recientemente creada Reserva Natural Laguna de Rocha", en Esteban Echeverría. Además, se debe elaborar un estudio integral de riesgo para el polo petroquímico de Dock Sud, sostuvieron.
Poco movimiento
Recién el 27 de marzo pasado la Justicia ordenó a la empresa Exolgan detener las obras de dragado que está realizando en el canal de entrada a Dock Sud hasta que presente los estudios ambientales correspondientes. El fallo había hecho lugar a una medida cautelar presentada por una fundación que argumentó que la remoción de barros producto del dragado podría afectar aún más la contaminación de las aguas.
En diciembre, tras apartar a Armella, la Corte resolvió repartir en dos tribunales la causa. El control de los contratos celebrados o por celebrarse en relación con el plan de obras de provisión de agua potable, cloacas (a cargo de AySA, ABSA y Enhosa) y tratamiento de la basura (a cargo de la Ceamse) quedó a cargo del juez federal porteño Sergio Torres; el control de la ejecución del saneamiento de la cuenca está en manos del juez federal de Morón Jorge Rodríguez.
Una causa con años de inercia
El expediente terminó radicado en dos juzgados
- El fallo. El 8 de julio de 2008, un histórico fallo de la Corte Suprema de Justicia obligó al Estado nacional, a la provincia de Buenos Aires y a la Ciudad a recomponer el daño ambiental existente en la cuenca Matanza-Riachuelo
- Denuncias. El 22 de marzo de 2009, el defensor del Pueblo de la Nación Eduardo Mondino y las ONG encargadas de monitorear el plan de saneamiento denunciaron que el Estado había incumplido sus obligaciones
- Armella, afuera. El 5 de noviembre de 2012, la Corte Suprema separó de la causa al juez federal de Quilmes, Luis Armella
- En dos juzgados. El 19 de diciembre de 2012, la Corte Suprema dispuso que el control de algunos contratos de obras lo hiciera el Juzgado Federal porteño N° 12 y el monitoreo de la ejecución del saneamiento, el Juzgado Federal N° 2 de Morón
.
Argentina con potencial para la energía eólica
Destacan importancia de industrializar la energía eólica
Fecha de Publicación: 08/07/2013
Fuente: Diario El Chubut
Provincia/Región: Chubut
La crisis energética, financiera y ambiental que atraviesa el mundo globalizado actual, desde hace ya varias décadas, llevó a los países desarrollados a fomentar la investigación y la utilización de energías renovables capaces de alcanzar los estándares de las fuentes tradicionales.
Los estados nacionales de países que hoy se encuentran a la vanguardia del desarrollo tecnológico y científico en el mundo como Dinamarca, Estados Unidos, Alemania, Canadá y -en menor medida- España, sumado a Brasil en Sudamérica, vienen apostando en los últimos años a una fuente energética limpia, segura, confiable, con un potencial extraordinario para crear una nueva industria generadora de empleo calificado: la energía eólica.
En el contexto del nuevo orden mundial, la Argentina aparece como uno de los países con mayor potencial para implementar este tipo de industria, pero a la vez es el menos desarrollado. Por esta razón, con el objetivo de revertir esta situación de atraso estructural, desde los años noventa hasta el presente, el Congreso de la Nación sancionó una serie de leyes de promoción para de este tipo de emprendimientos, que le dan prioridad a la fabricación de molinos eólicos financiados con capitales nacionales.
Sin embargo, el desarrollo en el país de esta industria es todavía muy incipiente y la totalidad de los equipos para construir los parques eólicos son adquiridos en el extranjero.
Capitales chubutenses
Desde hace seis años, Industrias Bass, una empresa de capitales chubutenses con 15 años de experiencia en el sector de la metalúrgica, capacita en el país y en el exterior recursos humanos, con el objetivo de promover la industria de la energía eólica en la Argentina.
No solo realiza proyectos de construcción y remodelación de parques eólicos en esta provincia, sino también se expandió con emprendimientos en las provincias de Buenos Aires y Santa Cruz, y en el sur de Chile.
Para ello, la firma dispone de dos plantas en el Parque Industrial de Trelew, de las cuales una está destinada íntegramente a la producción de torres eólicas. Esta última cuenta con una superficie de 6500 metros cuadrados cubiertos, está emplazada en un terreno de 16 hectáreas y tiene capacidad para fabricar 150 torres anuales.
Según informó el titular de Industrias Bass, Martín Castillo, la firma «está en condiciones de fabricar productos con las mismas normas de certificación que cualquier fábrica extranjera». En este sentido, explicó que la empresa tiene el equipamiento y el transporte necesarios para producir los anillos de fundación, las torres eólicas y algunas partes para los aerogeneradores de estos sistemas.
Producción nacional
Con el propósito de fomentar el desarrollo de la industria eólica en la Argentina, el 23 de septiembre de 1998, el Congreso de la Nación sancionó la ley 25.019, el Régimen Nacional de Energía Eólica, que dispuso la promoción de la investigación sobre este recurso energético y promovió la instalación de parques eólicos en todo el país.
En Chubut -un par de meses antes-, el 7 de julio de ese mismo año, se había sancionado la Ley Eólica Nº 4.389, que en su artículo 8ª expresa claramente que el estado priorizará el financiamiento de los emprendimientos ejecutados con elementos que se fabriquen en la provincia.
En tanto, el 6 de diciembre de 2006, el Congreso de la Nación aprobó la ley Nº 26.190, que fomenta el uso de fuentes renovables de energía destinadas a la producción de energía eléctrica. Esta ley hace hincapié en la fabricación de torres eólicas en el país (entre otras fuentes de energía) y en la creación de fuentes de empleo con capitales nacionales.
Más cercano en el tiempo, el 30 de noviembre de 2011, cuando la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, inauguró el parque eólico de Rawson, remarcó que los molinos deben y pueden ser fabricadas en la Argentina.
Millones de dólares al exterior
Según datos brindados por Martín Castillo, cada megavatio instalado, hoy cuesta alrededor de dos millones de dólares, de los cuales sólo 200.000 quedan en el país como obra civil y logística, mientras que 1.800.000 dólares se van al exterior para la adquisición, puesta en marcha y mantenimiento de los equipos.
Al respecto, el titular de Industrias Bass explicó que las torres eólicas se fabrican con una chapa especial que no se produce en el país y que se importa del mercado asiático (principalmente de China y Corea), al igual que otros materiales.
Hoy la firma emplea a 50 personas pero el empresario destacó que, de incentivarse el desarrollo por parte del Estado nacional y provincial de esta industria limpia, habría un efecto multiplicador en el mercado laboral.»Cuando las fábrica de torres eólicas esté funcionando a pleno, dará trabajo a unas 90 personas sólo en ese rubro», indicó.
En este sentido, Castillo afirmó que «es necesario que al momento de asumir los compromisos, el gobierno y los desarrolladores, además de producir energía, impulsen la industria nacional».
A su entender, Chubut cuenta con la tecnología y los recursos humanos necesarios para hacerlo. «Los negocios están, falta que los desarrolladores vean a la industria nacional como una posibilidad cierta y necesaria para abastecer sus requerimientos, y que los inversores también prefieran financiar trabajo nacional», concluyó el empresario.
Industria en potencia
Chubut cuenta con las condiciones climáticas ideales, la superficie y las redes de conexión indispensables para montar parques eólicos en toda la región. En la actualidad, existen en el territorio chubutense una serie de proyectos previstos para generar 2500 megavatios de energía eólica, con una inversión estimada de 5000 millones de dólares.
El más ambicioso es el de Gastre, que prevé la generación de 1350 magavatios (Mw). Luego, se encuentran El Angelito (400 Mw), Puerto Madryn (220 Mw), Loma Blanca (200 Mw), Malaspina (100 Mw) y otros.
.
Fecha de Publicación: 08/07/2013
Fuente: Diario El Chubut
Provincia/Región: Chubut
La crisis energética, financiera y ambiental que atraviesa el mundo globalizado actual, desde hace ya varias décadas, llevó a los países desarrollados a fomentar la investigación y la utilización de energías renovables capaces de alcanzar los estándares de las fuentes tradicionales.Los estados nacionales de países que hoy se encuentran a la vanguardia del desarrollo tecnológico y científico en el mundo como Dinamarca, Estados Unidos, Alemania, Canadá y -en menor medida- España, sumado a Brasil en Sudamérica, vienen apostando en los últimos años a una fuente energética limpia, segura, confiable, con un potencial extraordinario para crear una nueva industria generadora de empleo calificado: la energía eólica.
En el contexto del nuevo orden mundial, la Argentina aparece como uno de los países con mayor potencial para implementar este tipo de industria, pero a la vez es el menos desarrollado. Por esta razón, con el objetivo de revertir esta situación de atraso estructural, desde los años noventa hasta el presente, el Congreso de la Nación sancionó una serie de leyes de promoción para de este tipo de emprendimientos, que le dan prioridad a la fabricación de molinos eólicos financiados con capitales nacionales.
Sin embargo, el desarrollo en el país de esta industria es todavía muy incipiente y la totalidad de los equipos para construir los parques eólicos son adquiridos en el extranjero.
Capitales chubutenses
Desde hace seis años, Industrias Bass, una empresa de capitales chubutenses con 15 años de experiencia en el sector de la metalúrgica, capacita en el país y en el exterior recursos humanos, con el objetivo de promover la industria de la energía eólica en la Argentina.
No solo realiza proyectos de construcción y remodelación de parques eólicos en esta provincia, sino también se expandió con emprendimientos en las provincias de Buenos Aires y Santa Cruz, y en el sur de Chile.
Para ello, la firma dispone de dos plantas en el Parque Industrial de Trelew, de las cuales una está destinada íntegramente a la producción de torres eólicas. Esta última cuenta con una superficie de 6500 metros cuadrados cubiertos, está emplazada en un terreno de 16 hectáreas y tiene capacidad para fabricar 150 torres anuales.
Según informó el titular de Industrias Bass, Martín Castillo, la firma «está en condiciones de fabricar productos con las mismas normas de certificación que cualquier fábrica extranjera». En este sentido, explicó que la empresa tiene el equipamiento y el transporte necesarios para producir los anillos de fundación, las torres eólicas y algunas partes para los aerogeneradores de estos sistemas.
Producción nacional
Con el propósito de fomentar el desarrollo de la industria eólica en la Argentina, el 23 de septiembre de 1998, el Congreso de la Nación sancionó la ley 25.019, el Régimen Nacional de Energía Eólica, que dispuso la promoción de la investigación sobre este recurso energético y promovió la instalación de parques eólicos en todo el país.
En Chubut -un par de meses antes-, el 7 de julio de ese mismo año, se había sancionado la Ley Eólica Nº 4.389, que en su artículo 8ª expresa claramente que el estado priorizará el financiamiento de los emprendimientos ejecutados con elementos que se fabriquen en la provincia.
En tanto, el 6 de diciembre de 2006, el Congreso de la Nación aprobó la ley Nº 26.190, que fomenta el uso de fuentes renovables de energía destinadas a la producción de energía eléctrica. Esta ley hace hincapié en la fabricación de torres eólicas en el país (entre otras fuentes de energía) y en la creación de fuentes de empleo con capitales nacionales.
Más cercano en el tiempo, el 30 de noviembre de 2011, cuando la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, inauguró el parque eólico de Rawson, remarcó que los molinos deben y pueden ser fabricadas en la Argentina.
Millones de dólares al exterior
Según datos brindados por Martín Castillo, cada megavatio instalado, hoy cuesta alrededor de dos millones de dólares, de los cuales sólo 200.000 quedan en el país como obra civil y logística, mientras que 1.800.000 dólares se van al exterior para la adquisición, puesta en marcha y mantenimiento de los equipos.
Al respecto, el titular de Industrias Bass explicó que las torres eólicas se fabrican con una chapa especial que no se produce en el país y que se importa del mercado asiático (principalmente de China y Corea), al igual que otros materiales.
Hoy la firma emplea a 50 personas pero el empresario destacó que, de incentivarse el desarrollo por parte del Estado nacional y provincial de esta industria limpia, habría un efecto multiplicador en el mercado laboral.»Cuando las fábrica de torres eólicas esté funcionando a pleno, dará trabajo a unas 90 personas sólo en ese rubro», indicó.
En este sentido, Castillo afirmó que «es necesario que al momento de asumir los compromisos, el gobierno y los desarrolladores, además de producir energía, impulsen la industria nacional».
A su entender, Chubut cuenta con la tecnología y los recursos humanos necesarios para hacerlo. «Los negocios están, falta que los desarrolladores vean a la industria nacional como una posibilidad cierta y necesaria para abastecer sus requerimientos, y que los inversores también prefieran financiar trabajo nacional», concluyó el empresario.
Industria en potencia
Chubut cuenta con las condiciones climáticas ideales, la superficie y las redes de conexión indispensables para montar parques eólicos en toda la región. En la actualidad, existen en el territorio chubutense una serie de proyectos previstos para generar 2500 megavatios de energía eólica, con una inversión estimada de 5000 millones de dólares.
El más ambicioso es el de Gastre, que prevé la generación de 1350 magavatios (Mw). Luego, se encuentran El Angelito (400 Mw), Puerto Madryn (220 Mw), Loma Blanca (200 Mw), Malaspina (100 Mw) y otros.
.
Argentina y su debilidad nuclear
Argentina y su debilidad nuclear
Fecha de Publicación: 08/07/2013
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional
Por Mauro Fernández - Campaña de Clima y Energía de Greenpeace.
Argentina sufre una adicción alarmante. Desde hace 63 años, el país invierte miles de millones de dólares en la industria nuclear. ¿El resultado? Abastecer sólo el 4,7% de la demanda eléctrica nacional –de acuerdo a los datos de la compañía administradora del mercado eléctrico de 2012. A pesar de que los millonarios aportes no han logrado encender demasiadas luces, la dirigencia política está empecinada en seguir sacando dinero del bolsillo de los ciudadanos para financiar esta energía cara, sucia y peligrosa –y que en Argentina está 100% subsidiada.
La semana pasada, el ministro de Planificación, Julio De Vido, anunció que los argentinos pagaremos 42 mil millones de dólares para fomentar una fuente de energía que pone en peligro nuestra estructura social, nuestros territorios, e incluso nuestras vidas, como hemos visto luego de los desastres nucleares de Chernobyl y Fukushima. Y lo peor es que nadie nos preguntó si estamos de acuerdo. Una tecnología tan peligrosa no puede avanzar a espaldas de la población.
A más de dos años del desastre nuclear de Fukushima, miles de japoneses siguen sin poder regresar a sus hogares y la usina colapsada sigue contaminando el agua del Océano Pacífico con sucesivas fugas de radiactividad. Hoy, la tercera economía global avanza hacia una desnuclearización completa para la década de 2030. Sin embargo, nuestro país niega las devastadoras evidencias de esta tecnología y promete un crecimiento exponencial de su capacidad atómica bajo el falso paradigma de “seguridad nuclear”.
Las autoridades a cargo de determinar las causas del desastre nuclear concluyeron que lo que generó las condiciones para que Fukushima ocurra fue la debilidad y la connivencia del regulador nuclear; el rol del terremoto y el tsunami fue el de disparador. En Argentina la situación no es muy distinta. La falta de transparencia de la Autoridad Regulatoria Nuclear se evidencia, por ejemplo, cuando permite que se instale un nuevo reactor en la Central Nuclear Embalse, en Córdoba, sin llamar a audiencias públicas ni exigir un estudio de impacto ambiental. Un accidente nuclear puede ocurrir en Córdoba, donde pretende extenderse la vida útil de esta planta que no sería aceptada en muchos países por sus similitudes con el reactor de Chernobyl.
Además, luego de Fukushima, la Agencia Internacional de Energía Atómica convocó a todos sus Estados miembro –entre ellos Argentina– a solicitar auditorías por parte de sus pares para cotejar y mejorar las medidas de seguridad nuclear. Aunque más de 40 países ya lo han hecho –incluso países sin usinas atómicas operativas, como los Emiratos Árabes Unidos–, Argentina todavía no solicitó esta revisión.
Los anuncios de De Vido no pueden pasar desapercibidos. En Greenpeace somos conscientes que no hay energía nuclear segura, pero la mejor forma para transitar el abandono de esta tecnología sin descuidar a la población es cumpliendo los máximos estándares de seguridad, con transparencia regulatoria y participación pública. Argentina no cumple ninguna de estas condiciones.
Greenpeace propone una transición hacia fuentes de energía renovables. Una opción más limpia, segura y actualmente más económica, como hemos demostrado en nuestro escenario energético para el año 2050.
.
Fecha de Publicación: 08/07/2013
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional
Por Mauro Fernández - Campaña de Clima y Energía de Greenpeace.
Argentina sufre una adicción alarmante. Desde hace 63 años, el país invierte miles de millones de dólares en la industria nuclear. ¿El resultado? Abastecer sólo el 4,7% de la demanda eléctrica nacional –de acuerdo a los datos de la compañía administradora del mercado eléctrico de 2012. A pesar de que los millonarios aportes no han logrado encender demasiadas luces, la dirigencia política está empecinada en seguir sacando dinero del bolsillo de los ciudadanos para financiar esta energía cara, sucia y peligrosa –y que en Argentina está 100% subsidiada.
La semana pasada, el ministro de Planificación, Julio De Vido, anunció que los argentinos pagaremos 42 mil millones de dólares para fomentar una fuente de energía que pone en peligro nuestra estructura social, nuestros territorios, e incluso nuestras vidas, como hemos visto luego de los desastres nucleares de Chernobyl y Fukushima. Y lo peor es que nadie nos preguntó si estamos de acuerdo. Una tecnología tan peligrosa no puede avanzar a espaldas de la población.
A más de dos años del desastre nuclear de Fukushima, miles de japoneses siguen sin poder regresar a sus hogares y la usina colapsada sigue contaminando el agua del Océano Pacífico con sucesivas fugas de radiactividad. Hoy, la tercera economía global avanza hacia una desnuclearización completa para la década de 2030. Sin embargo, nuestro país niega las devastadoras evidencias de esta tecnología y promete un crecimiento exponencial de su capacidad atómica bajo el falso paradigma de “seguridad nuclear”.
Las autoridades a cargo de determinar las causas del desastre nuclear concluyeron que lo que generó las condiciones para que Fukushima ocurra fue la debilidad y la connivencia del regulador nuclear; el rol del terremoto y el tsunami fue el de disparador. En Argentina la situación no es muy distinta. La falta de transparencia de la Autoridad Regulatoria Nuclear se evidencia, por ejemplo, cuando permite que se instale un nuevo reactor en la Central Nuclear Embalse, en Córdoba, sin llamar a audiencias públicas ni exigir un estudio de impacto ambiental. Un accidente nuclear puede ocurrir en Córdoba, donde pretende extenderse la vida útil de esta planta que no sería aceptada en muchos países por sus similitudes con el reactor de Chernobyl.
Además, luego de Fukushima, la Agencia Internacional de Energía Atómica convocó a todos sus Estados miembro –entre ellos Argentina– a solicitar auditorías por parte de sus pares para cotejar y mejorar las medidas de seguridad nuclear. Aunque más de 40 países ya lo han hecho –incluso países sin usinas atómicas operativas, como los Emiratos Árabes Unidos–, Argentina todavía no solicitó esta revisión.
Los anuncios de De Vido no pueden pasar desapercibidos. En Greenpeace somos conscientes que no hay energía nuclear segura, pero la mejor forma para transitar el abandono de esta tecnología sin descuidar a la población es cumpliendo los máximos estándares de seguridad, con transparencia regulatoria y participación pública. Argentina no cumple ninguna de estas condiciones.
Greenpeace propone una transición hacia fuentes de energía renovables. Una opción más limpia, segura y actualmente más económica, como hemos demostrado en nuestro escenario energético para el año 2050.
.
Alumbrera, sin "derrame minero"
Despues de 20 años Alumbrera no realizó ninguna obra en el departamento
Fecha de Publicación: 07/07/2013
Fuente: No a la Mina
Provincia/Región: Catamarca
"Minera Alumbrera no realizó ninguna obra que beneficie a Santa María". Pese a que la empresa extrae el agua del campo el arenal de hace casi dos décadas y está a punto de terminar la explotación, Santa María no ha recibido ningún beneficio de esta empresa que está obligada a realizar inversiones de responsabilidad social empresaria.
La comunidad toda, incluso específicamente comerciantes y empresarios de Santa María se quejan de la administración que llevan adelante quienes están al frente de la empresa, o aparecen como las caras visibles del emprendimiento. Más específicamente, se trata de Jorge Montaldi (gerente de Relaciones Institucionales), Víctor Miguel Paredes, (representante de Asuntos Comunitarios) Walter Miñaura (gerente de Asuntos Institucionales) Jorge Reynoso (Analista de Costos) y Daniel Serrano (gerente de Desarrollo Sostenible).
Al respecto, José Sánchez, presidente de la Cámara Económica del departamento, sindica a la empresa y sus caras visibles como los responsables del atraso y perjuicio que sufre Santa María. Y es que sólo el 5,5% de las compras e insumos que se adquieren para el emprendimiento minero son de proveedores santamarianos. El resto, se compra afuera.
"Nosotros presentamos nuestro pedido basándonos en los informes de sostenibilidad que Minera Alumbrera realizó el año pasado. Ese 5,5% que se menciona allí es en función de los informes que ellos mismos dan. Todavía hay que dividir esa suma en la zona de impacto primario y en toda la provincia, o sea que en realidad es mucho menor".
También el empresario apunta que la Minera "tiene el compromiso de propiciar el desarrollo de proveedores mineros. Por eso es que se deriva de allí el compromiso social de Alumbrera con Santa María".
"En los últimos 15 años, este desarrollo de proveedores no se realizó. En Santa María no se produjo, en tanto las empresas que están son las que siempre han trabajado, y que no llegan a un total de cinco. Pero después de eso, no se propició un desarrollo de proveedores. A tal punto que la Minera se provee, en mayor parte, de otras provincias", asegura Sánchez.
También el empresario se queja de la falta de compromiso por parte de la empresa en tomar mano de obra catamarqueña. Según los datos que maneja la Cámara Empresaria, Minera Alumbrera puede tener 70 empleados y al respecto Sánchez apunta que "llama la atención que dentro del mayor emprendimiento minero ubicado en Catamarca, sean pocos los catamarqueños que allí trabajan. A mí me gustaría que Alumbrera diga cuántos profesionales santamarianos están trabajando allí. Sobran los dedos de una mano, eso lo puedo asegurar", destaca el empresario a Criterio New.
"No atendemos kiosquitos"
Según relata el Presidente de la Cámara Económica de Santa María, "Miñaura y Reynoso, todos ellos a cargo de las compras y las licitaciones, se auto proclamaron de que 'Minera Alumbrera no está para atender kiosquitos'".
"No son quiosquitos -les responde Sánchez-, son alrededor de 20 empresas de trasporte y servicios, camiones, metalúrgicas, almacenes de rubros generales, soldadores, pequeñas empresas que estamos trabajando en el medio, y que lógicamente aspiramos a convertirnos en proveedores mineros".
Reclamo de obras
No sólo la Cámara Económica se ha levantado en contra del accionar de los gerenciadores de Minera Alumbrera.
El intendente Anderch, el Rotary Club y varias organizaciones intermedias de Santa María vienen reclamando desde hace varios años a la empresa Minera Alumbrera Ltd. que apruebe el financiamiento, en el marco de su programa de Responsabilidad Social Empresaria (RSE), para construir el Complejo Cultural, Educativo y Polideportivo "Abel Acosta", de 6.403 metros cuadrados en dos plantas, que tendrá un espacio cubierto para la práctica deportiva, un área social y cultural equipada para espectáculos, un sector o área pedagógica para talleres , que se erigiría en terrenos de la ex Escuela Normal.
Pero hasta ahora no tuvieron respuesta positiva, pese a que Santa María está dentro del área primaria de impacto minero, y que esa comunidad "no fue satisfecha en su interés", contrastando las millonarias inversiones realizadas por la empresa en Tucumán, como el hospital materno infantil para la ciudad de Concepción (Tucumán), entre otras.
.
Fecha de Publicación: 07/07/2013
Fuente: No a la Mina
Provincia/Región: Catamarca
"Minera Alumbrera no realizó ninguna obra que beneficie a Santa María". Pese a que la empresa extrae el agua del campo el arenal de hace casi dos décadas y está a punto de terminar la explotación, Santa María no ha recibido ningún beneficio de esta empresa que está obligada a realizar inversiones de responsabilidad social empresaria.La comunidad toda, incluso específicamente comerciantes y empresarios de Santa María se quejan de la administración que llevan adelante quienes están al frente de la empresa, o aparecen como las caras visibles del emprendimiento. Más específicamente, se trata de Jorge Montaldi (gerente de Relaciones Institucionales), Víctor Miguel Paredes, (representante de Asuntos Comunitarios) Walter Miñaura (gerente de Asuntos Institucionales) Jorge Reynoso (Analista de Costos) y Daniel Serrano (gerente de Desarrollo Sostenible).
Al respecto, José Sánchez, presidente de la Cámara Económica del departamento, sindica a la empresa y sus caras visibles como los responsables del atraso y perjuicio que sufre Santa María. Y es que sólo el 5,5% de las compras e insumos que se adquieren para el emprendimiento minero son de proveedores santamarianos. El resto, se compra afuera.
"Nosotros presentamos nuestro pedido basándonos en los informes de sostenibilidad que Minera Alumbrera realizó el año pasado. Ese 5,5% que se menciona allí es en función de los informes que ellos mismos dan. Todavía hay que dividir esa suma en la zona de impacto primario y en toda la provincia, o sea que en realidad es mucho menor".
También el empresario apunta que la Minera "tiene el compromiso de propiciar el desarrollo de proveedores mineros. Por eso es que se deriva de allí el compromiso social de Alumbrera con Santa María".
"En los últimos 15 años, este desarrollo de proveedores no se realizó. En Santa María no se produjo, en tanto las empresas que están son las que siempre han trabajado, y que no llegan a un total de cinco. Pero después de eso, no se propició un desarrollo de proveedores. A tal punto que la Minera se provee, en mayor parte, de otras provincias", asegura Sánchez.
También el empresario se queja de la falta de compromiso por parte de la empresa en tomar mano de obra catamarqueña. Según los datos que maneja la Cámara Empresaria, Minera Alumbrera puede tener 70 empleados y al respecto Sánchez apunta que "llama la atención que dentro del mayor emprendimiento minero ubicado en Catamarca, sean pocos los catamarqueños que allí trabajan. A mí me gustaría que Alumbrera diga cuántos profesionales santamarianos están trabajando allí. Sobran los dedos de una mano, eso lo puedo asegurar", destaca el empresario a Criterio New.
"No atendemos kiosquitos"
Según relata el Presidente de la Cámara Económica de Santa María, "Miñaura y Reynoso, todos ellos a cargo de las compras y las licitaciones, se auto proclamaron de que 'Minera Alumbrera no está para atender kiosquitos'".
"No son quiosquitos -les responde Sánchez-, son alrededor de 20 empresas de trasporte y servicios, camiones, metalúrgicas, almacenes de rubros generales, soldadores, pequeñas empresas que estamos trabajando en el medio, y que lógicamente aspiramos a convertirnos en proveedores mineros".
Reclamo de obras
No sólo la Cámara Económica se ha levantado en contra del accionar de los gerenciadores de Minera Alumbrera.
El intendente Anderch, el Rotary Club y varias organizaciones intermedias de Santa María vienen reclamando desde hace varios años a la empresa Minera Alumbrera Ltd. que apruebe el financiamiento, en el marco de su programa de Responsabilidad Social Empresaria (RSE), para construir el Complejo Cultural, Educativo y Polideportivo "Abel Acosta", de 6.403 metros cuadrados en dos plantas, que tendrá un espacio cubierto para la práctica deportiva, un área social y cultural equipada para espectáculos, un sector o área pedagógica para talleres , que se erigiría en terrenos de la ex Escuela Normal.
Pero hasta ahora no tuvieron respuesta positiva, pese a que Santa María está dentro del área primaria de impacto minero, y que esa comunidad "no fue satisfecha en su interés", contrastando las millonarias inversiones realizadas por la empresa en Tucumán, como el hospital materno infantil para la ciudad de Concepción (Tucumán), entre otras.
.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
Suscribirse
Entradas
Comentarios