Lo que queda luego del desmonte
09:54 | 
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Hacha y sierra
Fecha de Publicación: 27/01/2013
Fuente: Revista Veintitres
Provincia/Región: Nacional
* Publicado el día 23/01
Un informe de la UBA y de la Redaf pone al descubierto los desmontes ilegales que salinizan la tierra y la vuelven improductiva. La lucha de las comunidades campesinas.
Durante años, las comunidades campesinas e indígenas denunciaron que los montes del la región del chaco salteño de nuestro país estaban siendo destruidos a una velocidad inusitada, al ritmo de la expansión sojera y ganadera. A la voracidad de empresarios agroforestales poco preocupados por la preservación del medio ambiente se le sumaba la complicidad de un Estado poco dispuesto a controlar. Ahora, el reclamo de los pobladores rurales tiene una base científica contundente. Un reciente estudio del Observatorio de Tierras, Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf), realizado en colaboración técnica con la Universidad de Buenos Aires y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, demostró que “a cinco años de la promulgación de la Ley de Bosques, Salta registra más de 330 mil hectáreas deforestadas: 98.894 en zonas prohibidas por su ordenamiento territorial de bosques nativos (OTBN) y 53.202 violando la restricción dictada por la Corte Suprema de Justicia entre 2009 y 2011”.
“Las comunidades indígenas y las familias campesinas vienen denunciando desde hace años los desmontes en su territorio, pero muchas veces no acceden a brindar información exacta para que sea tomada en cuenta por los funcionarios”, explicó Ana Laura Álvarez, ingeniera agrónoma, integrante de la organización no gubernamental Asociana. “Esto es aprovechado al máximo por empresarios dedicados a los agronegocios”, se quejó, en diálogo con Veintitrés. En esa sintonía, María Vallejos, del Laboratorio de Análisis Regional y Teledetección de la Facultad de Agronomía de la UBA, remarcó la importancia de “cuantificar” lo que está sucediendo: “No es lo mismo que sea la Universidad la que esté dando cuenta de esta situación de desmontes ilegales a que lo hagan solamente las familias campesinas afectadas directamente”.
Por su parte, Juan Luis Díaz, director ejecutivo de la Fundación por el Desarrollo en Justicia y Paz (Fundapaz), puntualizó a esta revista que “el desmonte también ocurre en otras provincias, la particularidad de Salta es que hay una medida cautelar dictada por la Justicia, y aun así siguieron porque falta decisión política para controlar; los funcionarios provinciales nos dicen que no tienen recursos para hacer un monitoreo, lo cual no es cierto. Desde que se emitió el informe no nos recibió ningún funcionario”.
Tanto Fundapaz como Asociana trabajan con organizaciones y comunidades indígenas en el Chaco salteño, participan de la Redaf, así como de la Mesa de Tierras de Salta, desde donde se presentó el recurso de amparo que derivó en la resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. “Lo que sucede con los desmontes en el norte del país es grave. Los gobiernos provinciales tienen que ser muy cuidadosos para evitar la tala ilegal –pidió Díaz–; el gobierno de la provincia de Salta fue muy permisivo en estos últimos años, tanto con los desmontes como con el monitoreo”.
Vallejos señaló que “la idea del trabajo es ponerlo a disposición del público, que no quede en el mundo académico”, y contó que en los últimos años, a partir del informe que realizó la Facultad de Agronomía de la UBA en ocasión del recurso de amparo, fueron varias las instancias judiciales que requirieron de la información que produce la Universidad. “Aportamos evidencias de la ubicación y la superficie de los desmontes ilegales producidos en distintas zonas de la región chaqueña”, graficó Vallejos y destacó que gracias al agrónomo del INTA José Volante, hay registro de los desmontes producidos desde 1976 hasta la actualidad. “Tenemos imágenes satelitales de 30 x 30 metros que permiten hacer una evolución histórica. También tenemos imágenes que nos permiten detectar los incendios intencionales que se generan para desmontar”, describió la especialista. Su tarea es “digitalizar la información, como parte de un estudio más grande, que permitirá superponer los datos de los bosques desmontados con información socioeconómica, como la de los censos”.
De acuerdo con Álvarez “es importante el aporte en lo que hace a análisis y acceso a la información satelital que brinda en este caso la Facultad de Agronomía”, ya que “tiene un peso diferente a la generada a nivel local, a la vez que la vinculación entre la academia y las poblaciones locales trae otros aportes, como la formación de estudiantes en la realidad local y otra visión de los llamados proyectos de desarrollo”.
El estudio también permite dar cuenta del proceso de salinización que se da en las tierras desmontadas. “Hay cambios en la composición de los nutrientes, el cloruro sale a la superficie. Es el principio de la desertificación”, advirtió Vallejos, para luego ilustrar que éste “es un proceso que ya sucedió en otros lugares del mundo. Al talar, se remueve la cobertura vegetal y se rompe el equilibrio hídrico. Cuando llueve, quedan las sales en el suelo”. Por este motivo, están estudiando los rendimientos de la soja, tanto en los primeros años como al cabo de seis o siete años.
“Se desmonta, se siembra soja y después queda el suelo salinizado, inutilizable. No son zonas agropecuarias, antes era impensable sembrar soja en estos lugares, pero el precio en aumento además de que ahora llueve un poco más favoreció que crezcan los desmontes. Esto está directamente asociado con desalojos de comunidades que ya habían sido arrinconadas. Es preocupante, dividen a las comunidades ofreciéndoles plata”, describió Vallejos, quien informó que de la zona chaqueña, donde más superficie se desmontó es Santiago del Estero, aunque la mayor tasa –relación con la superficie de monte original– se registra en Salta.
En ese difuso límite provincial fue asesinado el campesino Miguel Galván por personas vinculadas a empresarios sojeros que buscaban quedarse con las tierras ancestrales de su familia para desmontarlas, según constató un equipo de esta revista en octubre.
“Las inundaciones en Tartagal de 2009 y las de Santa Fe en 2004 tienen que ver con que el suelo pierde la capacidad de filtrar el agua”, recordó Díaz y alertó que “la producción maderera en Salta se hace en forma ilegal, no hay control de los organismos competentes”, pese a que con Ley de Bosques Nativos –impulsada por el ex diputado Miguel Bonasso–, la provincia hizo su mapa de ordenamiento territorial. “Es una guía para que se pueda monitorear que no se desmonte en las zonas donde está prohibido. Sin embargo, se avanzó por territorios destinados a ser conservados”, denunció Díaz. Para el director de Fundapaz la situación obedece al “corrimiento de la frontera agropecuaria por las plantaciones de soja y la ganadería extensiva, lo que provoca el corrimiento de la población a causa del negocio inmobiliario”.
Hectáreas arrasadas
- Desde 1976 a septiembre de 2012, la provincia de Salta perdió 2.074.210 hectáreas de bosque nativo. El 94 por ciento en la región chaqueña.
- La tasa de desmonte creció con el fin de la convertibilidad (2001). El 45 por ciento de las hectáreas desmontadas en Salta fueron ejecutadas entre el año 2000 y 2012 (aproximadamente 942.000 hectáreas). En el mismo período, la superficie cultivada con soja se duplicó.
- Desde 2007 a la fecha, más de 330 mil hectáreas fueron taladas: 98.894 en zonas prohibidas por el ordenamiento territorial de bosques nativos y 53.202 violando la restricción dictada por la Corte Suprema de Justicia entre 2009 y 2011.
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Fecha de Publicación: 27/01/2013
Fuente: Revista Veintitres
Provincia/Región: Nacional
* Publicado el día 23/01
Un informe de la UBA y de la Redaf pone al descubierto los desmontes ilegales que salinizan la tierra y la vuelven improductiva. La lucha de las comunidades campesinas.
Durante años, las comunidades campesinas e indígenas denunciaron que los montes del la región del chaco salteño de nuestro país estaban siendo destruidos a una velocidad inusitada, al ritmo de la expansión sojera y ganadera. A la voracidad de empresarios agroforestales poco preocupados por la preservación del medio ambiente se le sumaba la complicidad de un Estado poco dispuesto a controlar. Ahora, el reclamo de los pobladores rurales tiene una base científica contundente. Un reciente estudio del Observatorio de Tierras, Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf), realizado en colaboración técnica con la Universidad de Buenos Aires y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, demostró que “a cinco años de la promulgación de la Ley de Bosques, Salta registra más de 330 mil hectáreas deforestadas: 98.894 en zonas prohibidas por su ordenamiento territorial de bosques nativos (OTBN) y 53.202 violando la restricción dictada por la Corte Suprema de Justicia entre 2009 y 2011”.
“Las comunidades indígenas y las familias campesinas vienen denunciando desde hace años los desmontes en su territorio, pero muchas veces no acceden a brindar información exacta para que sea tomada en cuenta por los funcionarios”, explicó Ana Laura Álvarez, ingeniera agrónoma, integrante de la organización no gubernamental Asociana. “Esto es aprovechado al máximo por empresarios dedicados a los agronegocios”, se quejó, en diálogo con Veintitrés. En esa sintonía, María Vallejos, del Laboratorio de Análisis Regional y Teledetección de la Facultad de Agronomía de la UBA, remarcó la importancia de “cuantificar” lo que está sucediendo: “No es lo mismo que sea la Universidad la que esté dando cuenta de esta situación de desmontes ilegales a que lo hagan solamente las familias campesinas afectadas directamente”.
Por su parte, Juan Luis Díaz, director ejecutivo de la Fundación por el Desarrollo en Justicia y Paz (Fundapaz), puntualizó a esta revista que “el desmonte también ocurre en otras provincias, la particularidad de Salta es que hay una medida cautelar dictada por la Justicia, y aun así siguieron porque falta decisión política para controlar; los funcionarios provinciales nos dicen que no tienen recursos para hacer un monitoreo, lo cual no es cierto. Desde que se emitió el informe no nos recibió ningún funcionario”.
Tanto Fundapaz como Asociana trabajan con organizaciones y comunidades indígenas en el Chaco salteño, participan de la Redaf, así como de la Mesa de Tierras de Salta, desde donde se presentó el recurso de amparo que derivó en la resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. “Lo que sucede con los desmontes en el norte del país es grave. Los gobiernos provinciales tienen que ser muy cuidadosos para evitar la tala ilegal –pidió Díaz–; el gobierno de la provincia de Salta fue muy permisivo en estos últimos años, tanto con los desmontes como con el monitoreo”.
Vallejos señaló que “la idea del trabajo es ponerlo a disposición del público, que no quede en el mundo académico”, y contó que en los últimos años, a partir del informe que realizó la Facultad de Agronomía de la UBA en ocasión del recurso de amparo, fueron varias las instancias judiciales que requirieron de la información que produce la Universidad. “Aportamos evidencias de la ubicación y la superficie de los desmontes ilegales producidos en distintas zonas de la región chaqueña”, graficó Vallejos y destacó que gracias al agrónomo del INTA José Volante, hay registro de los desmontes producidos desde 1976 hasta la actualidad. “Tenemos imágenes satelitales de 30 x 30 metros que permiten hacer una evolución histórica. También tenemos imágenes que nos permiten detectar los incendios intencionales que se generan para desmontar”, describió la especialista. Su tarea es “digitalizar la información, como parte de un estudio más grande, que permitirá superponer los datos de los bosques desmontados con información socioeconómica, como la de los censos”.
De acuerdo con Álvarez “es importante el aporte en lo que hace a análisis y acceso a la información satelital que brinda en este caso la Facultad de Agronomía”, ya que “tiene un peso diferente a la generada a nivel local, a la vez que la vinculación entre la academia y las poblaciones locales trae otros aportes, como la formación de estudiantes en la realidad local y otra visión de los llamados proyectos de desarrollo”.
El estudio también permite dar cuenta del proceso de salinización que se da en las tierras desmontadas. “Hay cambios en la composición de los nutrientes, el cloruro sale a la superficie. Es el principio de la desertificación”, advirtió Vallejos, para luego ilustrar que éste “es un proceso que ya sucedió en otros lugares del mundo. Al talar, se remueve la cobertura vegetal y se rompe el equilibrio hídrico. Cuando llueve, quedan las sales en el suelo”. Por este motivo, están estudiando los rendimientos de la soja, tanto en los primeros años como al cabo de seis o siete años.
“Se desmonta, se siembra soja y después queda el suelo salinizado, inutilizable. No son zonas agropecuarias, antes era impensable sembrar soja en estos lugares, pero el precio en aumento además de que ahora llueve un poco más favoreció que crezcan los desmontes. Esto está directamente asociado con desalojos de comunidades que ya habían sido arrinconadas. Es preocupante, dividen a las comunidades ofreciéndoles plata”, describió Vallejos, quien informó que de la zona chaqueña, donde más superficie se desmontó es Santiago del Estero, aunque la mayor tasa –relación con la superficie de monte original– se registra en Salta.
En ese difuso límite provincial fue asesinado el campesino Miguel Galván por personas vinculadas a empresarios sojeros que buscaban quedarse con las tierras ancestrales de su familia para desmontarlas, según constató un equipo de esta revista en octubre.
“Las inundaciones en Tartagal de 2009 y las de Santa Fe en 2004 tienen que ver con que el suelo pierde la capacidad de filtrar el agua”, recordó Díaz y alertó que “la producción maderera en Salta se hace en forma ilegal, no hay control de los organismos competentes”, pese a que con Ley de Bosques Nativos –impulsada por el ex diputado Miguel Bonasso–, la provincia hizo su mapa de ordenamiento territorial. “Es una guía para que se pueda monitorear que no se desmonte en las zonas donde está prohibido. Sin embargo, se avanzó por territorios destinados a ser conservados”, denunció Díaz. Para el director de Fundapaz la situación obedece al “corrimiento de la frontera agropecuaria por las plantaciones de soja y la ganadería extensiva, lo que provoca el corrimiento de la población a causa del negocio inmobiliario”.
Hectáreas arrasadas
- Desde 1976 a septiembre de 2012, la provincia de Salta perdió 2.074.210 hectáreas de bosque nativo. El 94 por ciento en la región chaqueña.
- La tasa de desmonte creció con el fin de la convertibilidad (2001). El 45 por ciento de las hectáreas desmontadas en Salta fueron ejecutadas entre el año 2000 y 2012 (aproximadamente 942.000 hectáreas). En el mismo período, la superficie cultivada con soja se duplicó.
- Desde 2007 a la fecha, más de 330 mil hectáreas fueron taladas: 98.894 en zonas prohibidas por el ordenamiento territorial de bosques nativos y 53.202 violando la restricción dictada por la Corte Suprema de Justicia entre 2009 y 2011.
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Minera Vale - Potasio: que si, que no
La Provincia exigió a Vale que reactive la obra en el Sur
Fecha de Publicación: 26/01/2013
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza - Neuquén
El Gobierno emplazó a la firma en 5 días hábiles. Para la empresa, el proyecto no está suspendido. Pérez tratará el tema en Chile con Cristina Fernández y Dilma Rousseff.
Por su trascendencia, el conflicto ya está en manos del Ejecutivo nacional, y todo indica que será eje de una cumbre entre Cristina Fernández y Dilma Rousseff para destrabarlo este fin de semana en Chile.
Es que tras prorrogar por tiempo indeterminado el receso de la obra y las licencias a más de 4 mil empleados que se desempeñan en el proyecto Potasio Río Colorado, la minera brasileña Vale fue emplazada por la Dirección de Minería de Mendoza a retomar la actividad en no más de 5 días hábiles desde ayer viernes 25, bajo apercibimiento de declarar al yacimiento en construcción "en estado de abandono".
El vencimiento del plazo, el lunes 4 de febrero, coincide con la última prórroga del receso que manejan los empleados de CRC (Consorcio Río Colorado), contratista de la obra, aunque no confirmado por Vale. Si bien en caso de incumplir el marco regulatorio contempla el fin de la concesión y el traspaso de la mina a manos de la Provincia, antes, por la magnitud de la inversión que supera los U$S 6 mil millones e involucra a ambos países (el Estado de Brasil posee el 51% de Vale), se apuesta a agotar la instancia negociadora a nivel presidencial.
De hecho, el gobernador Francisco Pérez acompañará a Cristina Fernández a Chile y participará de la cumbre. Para Pérez, quien aseguró que "trabaja" con la Presidenta en el tema, la situación de Vale "es muy difícil", y expresó su intención de que "se dé certeza al comienzo de la obra".
La Resolución 13/13, firmada ayer por el director provincial de Minería, Carlos Molina, intima a Vale a que se efectivice la reactivación de la obra. En una carta dirigida al secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral, el responsable local del área da cuenta de que el Gobierno provincial había ordenado que se acatara la medida, como también "observar el fiel cumplimiento de los cronogramas presentados" ante a la Autoridad Minera.
Más allá de los 5 días de emplazamiento, se requiere otra notificación oficial que declare el estado de abandono del proyecto. Por el contexto político, no hay plazo para una eventual quita de la concesión y traspaso del yacimiento; por ahora es más un factor de presión para reiniciar los trabajos, que puede convertirse en una especie de "cláusula-gatillo" si la negociación entre las mandatarias no llega a buen puerto.
"Hasta aquí, lo que tenemos como fecha para volver a trabajar es el 4 de febrero. No recibimos ninguna comunicación oficial en contrario", señalaron ayer desde una de las empresas vinculadas a CRC (Consorcio Río Colorado).
En la minera, en tanto, hubo hermetismo toda la jornada, tal vez a la espera de los resultados de la cumbre Cristina-Dilma. Lo cierto es que el término del emplazamiento oficial coincide, extraoficialmente, con el fin de la nueva extensión del receso.
Qué dice la ley
En caso de que no se acate lo dispuesto, la resolución dispone el "apercibimiento de tener por configurado el abandono de la concesión en los términos del artículo 226 del Código de Minería y disponer la caducidad de la concesión por incumplimiento de las obligaciones a su cargo, conforme la normativa aplicable".
Desde el entorno de Molina señalan en tanto que "ni inconvenientes técnicos ni relacionados con el mercado justifican que la compañía incumpla con el compromiso asumido ante la Provincia". La referencia incluye al argumento dado por Vale do Río Doce en un comunicado el jueves 24, en el que justifica haber extendido "el receso de fin de año de los trabajadores, mientras analiza las variaciones en los fundamentos económicos de dicho proyecto" y que no lo han suspendido.
El presupuesto aprobado en diciembre último por la empresa para 2013 supera los U$S 600 millones pero la caída de la cotización internacional y la venta de hierro (principal fuente de ingresos de la minera para financiar el proyecto) siembra dudas sobre su ejecución, sobre todo luego de que el receso vacacional, que inicialmente iba a extenderse desde el 21 de diciembre al 7 de enero, se prorrogara.
La resolución 13 apela a que no se acredita ninguna de las circunstancias citadas en el artículo 17 del Código de Minería para la suspensión de trabajos en las minas, como "la seguridad pública, la conservación de pertenencias y la salud o existencia de los trabajadores". Asimismo, el artículo 226 reconoce "denunciable por abandono una concesión, cuando los dueños, en un acto directo y espontáneo, manifiesten a la autoridad la resolución de no continuar los trabajos".
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Vale confirmó la suspensión del tendido ferroviario
Fecha de Publicación: 26/01/2013
Fuente: Río Negro On Line
Provincia/Región: Mendoza - Neuquén
La empresa Vale confirmó a la provincia de Neuquén que suspendió, sin plazo, la construcción del tren para el traslado del potasio desde el sur de Mendoza hasta el puerto de Bahía Blanca, según informó el director de Minería, Carlos Portilla. "Se me aclaró que no es una paralización del proyecto sino una suspensión temporaria y no se conoce cuánto va a durar en el tiempo", comentó el director de Minería.
Indicó que la provincia emitió las autorizaciones para el tendido del ferrocarril que iba a comenzar en el mes de marzo y que involucra a tres provincias, y que no quedaba nada pendiente.
La firma brasileña había comenzado un proceso de exploración de potasio en la provincia que preveía para este año la perforación de tres pozos exploratorios "que apuntaba a saber si hay existencia y planificar el interés de la explotación".
Portilla dijo que "dijeron que era una decisión empresaria y es en lo general no en lo particular, se hablan de las condiciones económicas globales, cuestiones de flujo de caja" y agregó que se le indicó que los empleados siguen cobrando sus salarios.
Argumentó que "existe incertidumbre porque preveíamos que para marzo iban a comenzar las obras del ferrocarril".
Expresó que la dirección a su cargo no tiene potestad sobre el proyecto más allá de la extensión de una servidumbre por uso y ocupación de la vía férrea que se extiende desde la dirección de Minería, en función de lo que indica el Código de Minería nacional. La extracción del mineral se hace en Mendoza.
En Rincón de los Sauces se habían solicitado autorización para varias canteras ante la dirección de Minería para la provisión de materiales para hacer el terraplén de la vía y muchas ya tienen el estudio de impacto ambiental aprobado y "todo eso quedó en stand by". La construcción de la vía implicaba una inversión de 1.000 millones de dólares y el año pasado la empresa había desembarcado en Bahía Blanca los primeros rieles para comenzar el tendido desde Chichinales hacia Rincón de los Sauces. "Es un proyecto avanzado que supone que no se va a paralizar sino a suspender", opinó Portilla.
Sostuvo que las variables del proyecto son muchas y muy pocas dependen de la provincia de Neuquén, porque son de índole internacional o nacional. "Quedamos en posición de espectadores y esperando novedades del proyecto", concluyó.
Vale había dado licencia a sus 4.200 empleados, entre directos, personal de contratistas y subcontratistas, de Malargüe el 21 de diciembre hasta el 7 de este mes. Luego se les notificó que se extendió el período por una semana y ahora la suspensión no tiene fecha.
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Fecha de Publicación: 26/01/2013
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza - Neuquén
El Gobierno emplazó a la firma en 5 días hábiles. Para la empresa, el proyecto no está suspendido. Pérez tratará el tema en Chile con Cristina Fernández y Dilma Rousseff. Por su trascendencia, el conflicto ya está en manos del Ejecutivo nacional, y todo indica que será eje de una cumbre entre Cristina Fernández y Dilma Rousseff para destrabarlo este fin de semana en Chile.
Es que tras prorrogar por tiempo indeterminado el receso de la obra y las licencias a más de 4 mil empleados que se desempeñan en el proyecto Potasio Río Colorado, la minera brasileña Vale fue emplazada por la Dirección de Minería de Mendoza a retomar la actividad en no más de 5 días hábiles desde ayer viernes 25, bajo apercibimiento de declarar al yacimiento en construcción "en estado de abandono".
El vencimiento del plazo, el lunes 4 de febrero, coincide con la última prórroga del receso que manejan los empleados de CRC (Consorcio Río Colorado), contratista de la obra, aunque no confirmado por Vale. Si bien en caso de incumplir el marco regulatorio contempla el fin de la concesión y el traspaso de la mina a manos de la Provincia, antes, por la magnitud de la inversión que supera los U$S 6 mil millones e involucra a ambos países (el Estado de Brasil posee el 51% de Vale), se apuesta a agotar la instancia negociadora a nivel presidencial.
De hecho, el gobernador Francisco Pérez acompañará a Cristina Fernández a Chile y participará de la cumbre. Para Pérez, quien aseguró que "trabaja" con la Presidenta en el tema, la situación de Vale "es muy difícil", y expresó su intención de que "se dé certeza al comienzo de la obra".
La Resolución 13/13, firmada ayer por el director provincial de Minería, Carlos Molina, intima a Vale a que se efectivice la reactivación de la obra. En una carta dirigida al secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral, el responsable local del área da cuenta de que el Gobierno provincial había ordenado que se acatara la medida, como también "observar el fiel cumplimiento de los cronogramas presentados" ante a la Autoridad Minera.
Más allá de los 5 días de emplazamiento, se requiere otra notificación oficial que declare el estado de abandono del proyecto. Por el contexto político, no hay plazo para una eventual quita de la concesión y traspaso del yacimiento; por ahora es más un factor de presión para reiniciar los trabajos, que puede convertirse en una especie de "cláusula-gatillo" si la negociación entre las mandatarias no llega a buen puerto.
"Hasta aquí, lo que tenemos como fecha para volver a trabajar es el 4 de febrero. No recibimos ninguna comunicación oficial en contrario", señalaron ayer desde una de las empresas vinculadas a CRC (Consorcio Río Colorado).
En la minera, en tanto, hubo hermetismo toda la jornada, tal vez a la espera de los resultados de la cumbre Cristina-Dilma. Lo cierto es que el término del emplazamiento oficial coincide, extraoficialmente, con el fin de la nueva extensión del receso.
Qué dice la ley
En caso de que no se acate lo dispuesto, la resolución dispone el "apercibimiento de tener por configurado el abandono de la concesión en los términos del artículo 226 del Código de Minería y disponer la caducidad de la concesión por incumplimiento de las obligaciones a su cargo, conforme la normativa aplicable".
Desde el entorno de Molina señalan en tanto que "ni inconvenientes técnicos ni relacionados con el mercado justifican que la compañía incumpla con el compromiso asumido ante la Provincia". La referencia incluye al argumento dado por Vale do Río Doce en un comunicado el jueves 24, en el que justifica haber extendido "el receso de fin de año de los trabajadores, mientras analiza las variaciones en los fundamentos económicos de dicho proyecto" y que no lo han suspendido.
El presupuesto aprobado en diciembre último por la empresa para 2013 supera los U$S 600 millones pero la caída de la cotización internacional y la venta de hierro (principal fuente de ingresos de la minera para financiar el proyecto) siembra dudas sobre su ejecución, sobre todo luego de que el receso vacacional, que inicialmente iba a extenderse desde el 21 de diciembre al 7 de enero, se prorrogara.
La resolución 13 apela a que no se acredita ninguna de las circunstancias citadas en el artículo 17 del Código de Minería para la suspensión de trabajos en las minas, como "la seguridad pública, la conservación de pertenencias y la salud o existencia de los trabajadores". Asimismo, el artículo 226 reconoce "denunciable por abandono una concesión, cuando los dueños, en un acto directo y espontáneo, manifiesten a la autoridad la resolución de no continuar los trabajos".
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Vale confirmó la suspensión del tendido ferroviario
Fecha de Publicación: 26/01/2013
Fuente: Río Negro On Line
Provincia/Región: Mendoza - Neuquén
La empresa Vale confirmó a la provincia de Neuquén que suspendió, sin plazo, la construcción del tren para el traslado del potasio desde el sur de Mendoza hasta el puerto de Bahía Blanca, según informó el director de Minería, Carlos Portilla. "Se me aclaró que no es una paralización del proyecto sino una suspensión temporaria y no se conoce cuánto va a durar en el tiempo", comentó el director de Minería.
Indicó que la provincia emitió las autorizaciones para el tendido del ferrocarril que iba a comenzar en el mes de marzo y que involucra a tres provincias, y que no quedaba nada pendiente.
La firma brasileña había comenzado un proceso de exploración de potasio en la provincia que preveía para este año la perforación de tres pozos exploratorios "que apuntaba a saber si hay existencia y planificar el interés de la explotación".
Portilla dijo que "dijeron que era una decisión empresaria y es en lo general no en lo particular, se hablan de las condiciones económicas globales, cuestiones de flujo de caja" y agregó que se le indicó que los empleados siguen cobrando sus salarios.
Argumentó que "existe incertidumbre porque preveíamos que para marzo iban a comenzar las obras del ferrocarril".
Expresó que la dirección a su cargo no tiene potestad sobre el proyecto más allá de la extensión de una servidumbre por uso y ocupación de la vía férrea que se extiende desde la dirección de Minería, en función de lo que indica el Código de Minería nacional. La extracción del mineral se hace en Mendoza.
En Rincón de los Sauces se habían solicitado autorización para varias canteras ante la dirección de Minería para la provisión de materiales para hacer el terraplén de la vía y muchas ya tienen el estudio de impacto ambiental aprobado y "todo eso quedó en stand by". La construcción de la vía implicaba una inversión de 1.000 millones de dólares y el año pasado la empresa había desembarcado en Bahía Blanca los primeros rieles para comenzar el tendido desde Chichinales hacia Rincón de los Sauces. "Es un proyecto avanzado que supone que no se va a paralizar sino a suspender", opinó Portilla.
Sostuvo que las variables del proyecto son muchas y muy pocas dependen de la provincia de Neuquén, porque son de índole internacional o nacional. "Quedamos en posición de espectadores y esperando novedades del proyecto", concluyó.
Vale había dado licencia a sus 4.200 empleados, entre directos, personal de contratistas y subcontratistas, de Malargüe el 21 de diciembre hasta el 7 de este mes. Luego se les notificó que se extendió el período por una semana y ahora la suspensión no tiene fecha.
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En Neuquén hubo 4 derrames de petróleo en 10 días
Cuatro derrames petroleros en 10 días. Empresas responsables: Petrobras, YPF y New American Oil
Fecha de Publicación: 26/01/2013
Fuente: neuquen.com.ar
Provincia/Región: Neuquén
Ayer se produjo una rotura en una válvula y se fugaron 2.800 litros de petróleo a través de un cañadón. Ocurrió en el yacimiento Lomitas, operado por YPF, cerca de Rincón de los Sauces. Una válvula de retención de un oleoducto de la Batería 35 sufrió una pinchadura y se derramó agua con petróleo.
En la madrugada de ayer se produjo otro derrame petrolero en la zona de Rincón de los Sauces, el cuarto en 10 días. Esta vez en el yacimiento Lomitas, ubicado en el área Chihuido de la Sierra Negra.
La Subsecretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la provincia señaló que se derramaron en 2,8 metros cúbicos de petróleo neto (2.800 litros) en una zona distante a 40 kilómetros del casco urbano de Rincón de los Sauces y a 11 kilómetros del río Colorado.
Según se informó, una válvula de retención de un oleoducto de la Batería 35 sufrió una pinchadura de grandes dimensiones, por lo que el hidrocarburo comenzó a descender por un cañadón de un metro de ancho, alcanzando en su recorrido una longitud calculada en 1.500 metros de largo.
El yacimiento es explotado por la empresa YPF. Desde la compañía manifestaron a los inspectores municipales que se acercaron a constatar el incidente que el área estaba fuera del ejido municipal por lo que se negaron a firmar cualquier acta de infracción.
De todos modos desde el área de control municipal aseguraron que se harán las constataciones con los GPS para establecer fehacientemente si está fuera de la jurisdicción de la comuna.
Desde YPF señalaron que el derrame “de agua con mezcla de hidrocarburos fue rápidamente contenido”. Y agregaron: “La empresa puso en marcha un plan de contingencias interno que comprendió la movilización inmediata de un equipo especializado hasta el lugar y el cierre preventivo de la locación. Además, la compañía recorrió las instalaciones con autoridades locales a fin de constatar el inicio de las tareas de recuperación del producto y remediación del ambiente por medio de la utilización de materiales absorbentes y máquinas retroexcavadoras que transportarán el suelo afectado para su tratamiento integral”.
Luego de más de tres horas de espera, un grupo de inspectores del municipio logró ingresar al lugar del derrame, aunque les prohibieron tomar registro fotográfico de la situación.
Un intenso olor a hidrocarburos se podía sentir a varios metros del derrame que se registró en un cañadón que comunica con otro de mayor tamaño que tiene salida al río Colorado.
El petróleo derramado llegó a unos 300 metros de la barrera de control que se encarga de autorizar el paso vehicular para el acceso al lugar.
Desde la Subsecretaría de Ambiente provincial se reiteró: “Se actuará con la rigurosidad que establece la ley 1875”, y que se aplicarán a la empresa YPF las sanciones correspondientes, del mismo modo que se procedió en los otros tres incidentes ambientales registrados en los últimos días.
Con el de ayer, en 10 días hubo cuatro derrames detectados. Tres de ellos en cercanías a Rincón de los Sauces y otro en Plaza Huincul. Los tres incidentes anteriores estuvieron relacionados a las intensas lluvias, que provocaron roturas de cañerías y el rebalse de piletas con hidrocarburos. Las empresas involucradas son Petrobras, YPF y New American Oil.
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Fecha de Publicación: 26/01/2013
Fuente: neuquen.com.ar
Provincia/Región: Neuquén
Ayer se produjo una rotura en una válvula y se fugaron 2.800 litros de petróleo a través de un cañadón. Ocurrió en el yacimiento Lomitas, operado por YPF, cerca de Rincón de los Sauces. Una válvula de retención de un oleoducto de la Batería 35 sufrió una pinchadura y se derramó agua con petróleo. En la madrugada de ayer se produjo otro derrame petrolero en la zona de Rincón de los Sauces, el cuarto en 10 días. Esta vez en el yacimiento Lomitas, ubicado en el área Chihuido de la Sierra Negra.
La Subsecretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la provincia señaló que se derramaron en 2,8 metros cúbicos de petróleo neto (2.800 litros) en una zona distante a 40 kilómetros del casco urbano de Rincón de los Sauces y a 11 kilómetros del río Colorado.
Según se informó, una válvula de retención de un oleoducto de la Batería 35 sufrió una pinchadura de grandes dimensiones, por lo que el hidrocarburo comenzó a descender por un cañadón de un metro de ancho, alcanzando en su recorrido una longitud calculada en 1.500 metros de largo.
El yacimiento es explotado por la empresa YPF. Desde la compañía manifestaron a los inspectores municipales que se acercaron a constatar el incidente que el área estaba fuera del ejido municipal por lo que se negaron a firmar cualquier acta de infracción.
De todos modos desde el área de control municipal aseguraron que se harán las constataciones con los GPS para establecer fehacientemente si está fuera de la jurisdicción de la comuna.
Desde YPF señalaron que el derrame “de agua con mezcla de hidrocarburos fue rápidamente contenido”. Y agregaron: “La empresa puso en marcha un plan de contingencias interno que comprendió la movilización inmediata de un equipo especializado hasta el lugar y el cierre preventivo de la locación. Además, la compañía recorrió las instalaciones con autoridades locales a fin de constatar el inicio de las tareas de recuperación del producto y remediación del ambiente por medio de la utilización de materiales absorbentes y máquinas retroexcavadoras que transportarán el suelo afectado para su tratamiento integral”.
Luego de más de tres horas de espera, un grupo de inspectores del municipio logró ingresar al lugar del derrame, aunque les prohibieron tomar registro fotográfico de la situación.
Un intenso olor a hidrocarburos se podía sentir a varios metros del derrame que se registró en un cañadón que comunica con otro de mayor tamaño que tiene salida al río Colorado.
El petróleo derramado llegó a unos 300 metros de la barrera de control que se encarga de autorizar el paso vehicular para el acceso al lugar.
Desde la Subsecretaría de Ambiente provincial se reiteró: “Se actuará con la rigurosidad que establece la ley 1875”, y que se aplicarán a la empresa YPF las sanciones correspondientes, del mismo modo que se procedió en los otros tres incidentes ambientales registrados en los últimos días.
Con el de ayer, en 10 días hubo cuatro derrames detectados. Tres de ellos en cercanías a Rincón de los Sauces y otro en Plaza Huincul. Los tres incidentes anteriores estuvieron relacionados a las intensas lluvias, que provocaron roturas de cañerías y el rebalse de piletas con hidrocarburos. Las empresas involucradas son Petrobras, YPF y New American Oil.
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Aunque no haya plata la AGN auditará el Riachuelo
La AGN dice que auditará igual la obra del Riachuelo
Fecha de Publicación: 25/01/2013
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Riachuelo
El organismo rechazó el cese del convenio para el control del saneamiento basado en la falta de fondos
La Auditoría General de la Nación (AGN) rechazó el fin del contrato de control del saneamiento del Riachuelo, justificado por Juan José Mussi, presidente de la Acumar -organismo encargado de la ejecución del fallo de la Corte que ordenó la limpieza de la cuenca-, en la supuesta insuficiencia presupuestaria que atribuyó al incumplimiento en el envío de fondos por parte de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires.
"Rechazamos los términos de la carta que nos envió y exigimos que se mantengan todas las condiciones del convenio suscrito el 16 de noviembre de 2011. La Auditoría ratifica que cumplirá y exigirá el cumplimiento en todos sus términos del convenio y llevará a cabo las labores que le impone la sentencia de la Corte. En ningún caso acepta que argumentos de orden presupuestario o de otra índole le impidan cumplir con sus funciones de órgano rector del control externo de los fondos de origen estatal", respondió a Mussi el presidente de la AGN, Leandro Despouy, que el año pasado ya denunció una subejecución presupuestaria, por lo que desestimó tales problemas presupuestarios.
Denuncia. El candidato a senador porteño Rodolfo Terragno adelantó que denunciará "a los funcionarios de Nación, provincia o Ciudad que, por peleas políticas, incumplen con el deber" de limpiar el río.
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Fecha de Publicación: 25/01/2013
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Riachuelo
El organismo rechazó el cese del convenio para el control del saneamiento basado en la falta de fondos
La Auditoría General de la Nación (AGN) rechazó el fin del contrato de control del saneamiento del Riachuelo, justificado por Juan José Mussi, presidente de la Acumar -organismo encargado de la ejecución del fallo de la Corte que ordenó la limpieza de la cuenca-, en la supuesta insuficiencia presupuestaria que atribuyó al incumplimiento en el envío de fondos por parte de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires.
"Rechazamos los términos de la carta que nos envió y exigimos que se mantengan todas las condiciones del convenio suscrito el 16 de noviembre de 2011. La Auditoría ratifica que cumplirá y exigirá el cumplimiento en todos sus términos del convenio y llevará a cabo las labores que le impone la sentencia de la Corte. En ningún caso acepta que argumentos de orden presupuestario o de otra índole le impidan cumplir con sus funciones de órgano rector del control externo de los fondos de origen estatal", respondió a Mussi el presidente de la AGN, Leandro Despouy, que el año pasado ya denunció una subejecución presupuestaria, por lo que desestimó tales problemas presupuestarios.
Denuncia. El candidato a senador porteño Rodolfo Terragno adelantó que denunciará "a los funcionarios de Nación, provincia o Ciudad que, por peleas políticas, incumplen con el deber" de limpiar el río.
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La brutal deforestación de Argentina
En sólo dos años, se perdieron más de un millón de hectáreas
Fecha de Publicación: 25/01/2013
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
Lo asegura un informe de la Secretaría de Ambiente. Es porque la tala indiscriminada avanza aún en las zonas donde está prohibida por ley. La superficie desmontada equivale a 50 veces la Capital.
Los bosques nativos argentinos están retrocediendo a un ritmo alarmante, a pesar de que la Ley de Bosques prohíbe la tala indiscriminada en casi todo el país. Sólo en los últimos dos años, de acuerdo con un informe oficial de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS) al que tuvo acceso Clarín, se perdieron más de un millón de hectáreas que debían estar protegidas según el ordenamiento territorial que establece la normativa sancionada en 2007.
El Gobierno Nacional tenía en su poder estos datos desde junio de 2012 pero, según la organización de ecología política Los Verdes, el informe se mantenía cajoneado porque revela una situación delicada: en primer lugar, el incumplimiento de la ley. Pero también la amenaza que avanza sobre la biodiversidad, y algo más grave: el impacto social de la falta de control. Según denuncian organizaciones ambientales del interior, la deforestación sin freno guarda una estrecha relación con los asesinatos de campesinos y aborígenes ocurridos en los últimos años en diferentes provincias.
El estudio, titulado “Monitoreo de la Superficie de Bosque Nativo de la República Argentina” y llevado a cabo por la Dirección de Bosques de la SAyDS, “evidencia un aumento de la deforestación a pesar de la prohibición de desmontar estipulada en el artículo 8 de la ley”.
Funcionarios del Gobierno analizaron las tres regiones forestales que concentran el 85% de los bosques nativos del país –el parque chaqueño, la selva misionera y la selva tucumano-boliviana– y llegaron a la conclusión de que con la ley vigente, durante el período 2006 -2011, la deforestación fue superior en un 50% al período 1998-2002, cuando la ley todavía no existía.
Clarín se comunicó con la Dirección de Bosques y solicitó una entrevista con las autoridades. Pero no hubo respuesta.
“Los datos muestran que los desmontes avanzaron sobre áreas que habían quedado protegidas. Pero además, desde la reglamentación de la norma, el Gobierno Nacional nunca terminó de sustanciar el fondo para la conservación de los bosques. Este año, además, el presupuesto nacional asigna 10 veces menos de lo que debería, lo que demuestra el nulo interés del Gobierno y de las provincias en proteger un ecosistema clave”, señala Juan Carlos Villalonga, presidente de Los Verdes.
La Ley Nacional (26.331) de Bosques se aprobó a fines de 2007. Se reglamentó en abril de 2009. Y está vigente desde entonces. Establece zonas de alta concentración de biodiversidad en las que se impide la tala. A pesar de su existencia, en la Argentina se continúan desmontando superficies (con especies en peligro incluidas) para luego “alfombrar”, sobre todo, con soja: “El avance de la frontera agropecuaria –agrega Villalonga– a costa del bosque, también impacta sobre la regulación climática, el mantenimiento de las fuentes y caudales de agua y la conservación de los suelos. Por otro lado, la deforestación contribuye a la generación de gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático”.
El informe de la SAyDS focaliza también en los millones erogados para proteger a los bosques. El Fondo Nacional de la Ley estableció partidas para que las provincias pudieran aplicar la norma. Al 20 de febrero de 2011, Santiago del Estero, Salta, San Luis, Chaco, Catamarca, Formosa, Tucumán y Misiones concentraban el 80% de las contribuciones para la protección de bosques, unos 114 millones de pesos. “No obstante –concluye la SAyDS– las 8 provincias experimentaron el desmonte de un millón de hectáreas desde la promulgación de la ley hasta 2011”.
Las topadoras hicieron ruido, sobre todo, en Santiago del Estero. Esa fue la provincia que más desmontó (453.551 hectáreas), seguida por Salta (236.246), Formosa (129.603), Chaco (110.889), San Luis (37.483), Misiones (21.406), Tucumán (18.478) y Catamarca (12.164). Lo de Salta es preocupante: según otro estudio de la Red Agroforestal Argentina, en esa provincia no fue respetada ninguna de las zonas de prohibición de desmonte definidas por ley, “ni tampoco las restricciones fijadas tras denuncias de organizaciones campesinas, como la suspensión de desmontes dictada por la Corte Suprema para cuatro departamentos entre 2009 y 2011”.
Miguel Brassiolo, presidente del organismo, abre otro plano. “Hay una relación directa entre conflicto por la tierra y deforestación. Es clarísimo cómo fueron creciendo en los últimos años las disputas territoriales. Hay dos modelos en pugna: el modelo agropecuario industrial está arrasando con el modelo campesino que ve a la tierra como lugar de vida, y esa conflictividad llegó a cuatro muertes en los últimos tres años”.
Villalonga completa: “La expansión de los sistemas silvopastoriles sobre los bosques en provincias como Salta, Formosa, Chaco o Santiago del Estero viene provocando el desalojo de comunidades originarias y de pequeños campesinos”. Se refiere a las noticias de tragedia que se publican a menudo. “Estas comunidades que se resisten a perder su lugar están siendo asesinadas o presionadas por el poder económico y político”, concluye.
Las especies que están en riesgo por la tala
Según los expertos, desde el yaguareté hasta el puma y el lapacho.
El monitoreo de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable se realizó sobre las tres regiones donde se concentra el 85% del bosque nativo del país. Se trata de la selva misionera, el parque chaqueño y la selva tucumano-boliviana. Según biólogos y expertos consultados por Clarín, éstas son algunas de las especies en situación vulnerable por la deforestación.
En la selva misionera, la pérdida de bosque nativo pone en riesgo a especies como el yaguareté, el puma y el ocelote y otros mamíferos como el tapir, monos, corzuelas, dos especies de pecaríes y el coatí. El bosque nativo se compone allí de Pino Paraná, palo rosa, lapacho negro, guatambú y anchico. Todas especies amenazadas.
En la selva de Yungas ( monte tucumano-boliviano) también el yaguareté resiste a la amenaza de las topadoras, junto al tapir, el guacamayo verde, el loro alisero y el pato criollo. En cuanto a la flora nativa son propias de la región el cedro, el viraró, los alisos, el cebil, el horco-cebil, el vinal y el lapacho.
En el Parque chaqueño (el más castigado por la deforestación, según el informe oficial) están amenazados el yaguareté, el tatú carreta, el aguará guazú, el ciervo de los pantanos, el lobito del río y el chancho quimilero y las especies típicas del bosque nativo: quebracho colorado, quebracho santiagueño, quebracho blanco, algarrobos y guayacán.
El “ecocidio” continúa a pesar de la ley
En este gobierno, los que no mienten descaradamente se limitan a ser observadores y comentaristas de la depredación. En vez de cumplir la ley y denunciar judicialmente a quienes no la cumplen, se limitan a monitorear cómo las normas legales son violadas. No es una afirmación gratuita: es lo que han hecho con la ley 26.331, llamada Ley de Bosques, de mi autoría. Las autoridades nacionales le escamotearon sistemáticamente los fondos necesarios para cumplirla y observan pasivamente como las provincias más depredadoras aumentan el desmonte de los bosques nativos.
La deforestación es más alta que antes de la sanción de la ley en noviembre de 2007. Desde entonces hasta el presente las topadoras de los terratenientes sojeros o madereros han arrasado más de un millón de hectáreas de selvas nativas. Con las consecuencias previsibles para el clima, la fijación de los suelos, la biodiversidad y los ataques criminales a comunidades campesinas, que testimonian crímenes como el de Cristian Ferreyra.
En 2004, cuando presidía la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados presenté un proyecto solicitando al Poder Ejecutivo que declarase la “emergencia forestal nacional” y frenara los desmontes en todo el territorio argentino hasta tanto se sancionara una ley que protegiera los bosque nativos. Se sustentaba en un fundamento aterrador: en los últimos 70 años, el país había perdido el 70% de sus forestas originarias.
Ahora vemos que el ecocidio continúa a pesar de la ley. A contrapelo de sus declaraciones proambientalistas en Abu Dhabi, la presidenta Cristina Kirchner viene violando la ley de bosques desde su promulgación ficta en diciembre de 2007. Se tomó catorce meses para reglamentarla y recién lo hizo después del desastre de Tartagal, producto evidente de la deforestación.
Más duro fue el ninguneo presupuestario que continúa; nunca se aportó al Fondo Nacional para la Conservación de los Bosques lo establecido en la propia ley: el 0,3 por ciento del presupuesto nacional y el 2 por ciento de las retenciones a las exportaciones agroganaderas y forestales. Hubieran totalizado seis mil millones de pesos. Pero la realidad fue bien distinta: no hubo fondos para cumplir la Ley de Bosques en 2008 y 2009; en 2010 se incorporó una partida de 300 millones, en vez de los mil millones que marcaba la norma y de yapa 144 millones fueron desviados al Fútbol para Todos, por el entonces Jefe de Gabinete, Aníbal Fernández. En 2011, ante la falta de aprobación del presupuesto en el Congreso se repitió la partida del año anterior y en 2012 se destinaron al fondo 267 millones de pesos, siete veces menos que lo establecido por ley.
A la luz de estos datos no es de extrañar que la tasa de deforestación se haya elevado, que la emergencia forestal siga, que se hayan desmontado 275.245 hectáreas en zonas calificadas según la ley como “amarillas” o “rojas” (donde la tala está prohibidos) y, lo más grave, que en beneficio de Monsanto y los terratenientes sojeros, maiceros y ganaderos la expansión de la frontera agropecuaria amenace de muerte a lo poco que nos queda de bosques nativos.
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Fecha de Publicación: 25/01/2013
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
Lo asegura un informe de la Secretaría de Ambiente. Es porque la tala indiscriminada avanza aún en las zonas donde está prohibida por ley. La superficie desmontada equivale a 50 veces la Capital.Los bosques nativos argentinos están retrocediendo a un ritmo alarmante, a pesar de que la Ley de Bosques prohíbe la tala indiscriminada en casi todo el país. Sólo en los últimos dos años, de acuerdo con un informe oficial de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS) al que tuvo acceso Clarín, se perdieron más de un millón de hectáreas que debían estar protegidas según el ordenamiento territorial que establece la normativa sancionada en 2007.
El Gobierno Nacional tenía en su poder estos datos desde junio de 2012 pero, según la organización de ecología política Los Verdes, el informe se mantenía cajoneado porque revela una situación delicada: en primer lugar, el incumplimiento de la ley. Pero también la amenaza que avanza sobre la biodiversidad, y algo más grave: el impacto social de la falta de control. Según denuncian organizaciones ambientales del interior, la deforestación sin freno guarda una estrecha relación con los asesinatos de campesinos y aborígenes ocurridos en los últimos años en diferentes provincias.
El estudio, titulado “Monitoreo de la Superficie de Bosque Nativo de la República Argentina” y llevado a cabo por la Dirección de Bosques de la SAyDS, “evidencia un aumento de la deforestación a pesar de la prohibición de desmontar estipulada en el artículo 8 de la ley”.
Funcionarios del Gobierno analizaron las tres regiones forestales que concentran el 85% de los bosques nativos del país –el parque chaqueño, la selva misionera y la selva tucumano-boliviana– y llegaron a la conclusión de que con la ley vigente, durante el período 2006 -2011, la deforestación fue superior en un 50% al período 1998-2002, cuando la ley todavía no existía.
Clarín se comunicó con la Dirección de Bosques y solicitó una entrevista con las autoridades. Pero no hubo respuesta.
“Los datos muestran que los desmontes avanzaron sobre áreas que habían quedado protegidas. Pero además, desde la reglamentación de la norma, el Gobierno Nacional nunca terminó de sustanciar el fondo para la conservación de los bosques. Este año, además, el presupuesto nacional asigna 10 veces menos de lo que debería, lo que demuestra el nulo interés del Gobierno y de las provincias en proteger un ecosistema clave”, señala Juan Carlos Villalonga, presidente de Los Verdes.
La Ley Nacional (26.331) de Bosques se aprobó a fines de 2007. Se reglamentó en abril de 2009. Y está vigente desde entonces. Establece zonas de alta concentración de biodiversidad en las que se impide la tala. A pesar de su existencia, en la Argentina se continúan desmontando superficies (con especies en peligro incluidas) para luego “alfombrar”, sobre todo, con soja: “El avance de la frontera agropecuaria –agrega Villalonga– a costa del bosque, también impacta sobre la regulación climática, el mantenimiento de las fuentes y caudales de agua y la conservación de los suelos. Por otro lado, la deforestación contribuye a la generación de gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático”.
El informe de la SAyDS focaliza también en los millones erogados para proteger a los bosques. El Fondo Nacional de la Ley estableció partidas para que las provincias pudieran aplicar la norma. Al 20 de febrero de 2011, Santiago del Estero, Salta, San Luis, Chaco, Catamarca, Formosa, Tucumán y Misiones concentraban el 80% de las contribuciones para la protección de bosques, unos 114 millones de pesos. “No obstante –concluye la SAyDS– las 8 provincias experimentaron el desmonte de un millón de hectáreas desde la promulgación de la ley hasta 2011”.
Las topadoras hicieron ruido, sobre todo, en Santiago del Estero. Esa fue la provincia que más desmontó (453.551 hectáreas), seguida por Salta (236.246), Formosa (129.603), Chaco (110.889), San Luis (37.483), Misiones (21.406), Tucumán (18.478) y Catamarca (12.164). Lo de Salta es preocupante: según otro estudio de la Red Agroforestal Argentina, en esa provincia no fue respetada ninguna de las zonas de prohibición de desmonte definidas por ley, “ni tampoco las restricciones fijadas tras denuncias de organizaciones campesinas, como la suspensión de desmontes dictada por la Corte Suprema para cuatro departamentos entre 2009 y 2011”.
Miguel Brassiolo, presidente del organismo, abre otro plano. “Hay una relación directa entre conflicto por la tierra y deforestación. Es clarísimo cómo fueron creciendo en los últimos años las disputas territoriales. Hay dos modelos en pugna: el modelo agropecuario industrial está arrasando con el modelo campesino que ve a la tierra como lugar de vida, y esa conflictividad llegó a cuatro muertes en los últimos tres años”.
Villalonga completa: “La expansión de los sistemas silvopastoriles sobre los bosques en provincias como Salta, Formosa, Chaco o Santiago del Estero viene provocando el desalojo de comunidades originarias y de pequeños campesinos”. Se refiere a las noticias de tragedia que se publican a menudo. “Estas comunidades que se resisten a perder su lugar están siendo asesinadas o presionadas por el poder económico y político”, concluye.
Las especies que están en riesgo por la tala
Según los expertos, desde el yaguareté hasta el puma y el lapacho.
El monitoreo de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable se realizó sobre las tres regiones donde se concentra el 85% del bosque nativo del país. Se trata de la selva misionera, el parque chaqueño y la selva tucumano-boliviana. Según biólogos y expertos consultados por Clarín, éstas son algunas de las especies en situación vulnerable por la deforestación.
En la selva misionera, la pérdida de bosque nativo pone en riesgo a especies como el yaguareté, el puma y el ocelote y otros mamíferos como el tapir, monos, corzuelas, dos especies de pecaríes y el coatí. El bosque nativo se compone allí de Pino Paraná, palo rosa, lapacho negro, guatambú y anchico. Todas especies amenazadas.
En la selva de Yungas ( monte tucumano-boliviano) también el yaguareté resiste a la amenaza de las topadoras, junto al tapir, el guacamayo verde, el loro alisero y el pato criollo. En cuanto a la flora nativa son propias de la región el cedro, el viraró, los alisos, el cebil, el horco-cebil, el vinal y el lapacho.
En el Parque chaqueño (el más castigado por la deforestación, según el informe oficial) están amenazados el yaguareté, el tatú carreta, el aguará guazú, el ciervo de los pantanos, el lobito del río y el chancho quimilero y las especies típicas del bosque nativo: quebracho colorado, quebracho santiagueño, quebracho blanco, algarrobos y guayacán.
El “ecocidio” continúa a pesar de la ley
En este gobierno, los que no mienten descaradamente se limitan a ser observadores y comentaristas de la depredación. En vez de cumplir la ley y denunciar judicialmente a quienes no la cumplen, se limitan a monitorear cómo las normas legales son violadas. No es una afirmación gratuita: es lo que han hecho con la ley 26.331, llamada Ley de Bosques, de mi autoría. Las autoridades nacionales le escamotearon sistemáticamente los fondos necesarios para cumplirla y observan pasivamente como las provincias más depredadoras aumentan el desmonte de los bosques nativos.
La deforestación es más alta que antes de la sanción de la ley en noviembre de 2007. Desde entonces hasta el presente las topadoras de los terratenientes sojeros o madereros han arrasado más de un millón de hectáreas de selvas nativas. Con las consecuencias previsibles para el clima, la fijación de los suelos, la biodiversidad y los ataques criminales a comunidades campesinas, que testimonian crímenes como el de Cristian Ferreyra.
En 2004, cuando presidía la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados presenté un proyecto solicitando al Poder Ejecutivo que declarase la “emergencia forestal nacional” y frenara los desmontes en todo el territorio argentino hasta tanto se sancionara una ley que protegiera los bosque nativos. Se sustentaba en un fundamento aterrador: en los últimos 70 años, el país había perdido el 70% de sus forestas originarias.
Ahora vemos que el ecocidio continúa a pesar de la ley. A contrapelo de sus declaraciones proambientalistas en Abu Dhabi, la presidenta Cristina Kirchner viene violando la ley de bosques desde su promulgación ficta en diciembre de 2007. Se tomó catorce meses para reglamentarla y recién lo hizo después del desastre de Tartagal, producto evidente de la deforestación.
Más duro fue el ninguneo presupuestario que continúa; nunca se aportó al Fondo Nacional para la Conservación de los Bosques lo establecido en la propia ley: el 0,3 por ciento del presupuesto nacional y el 2 por ciento de las retenciones a las exportaciones agroganaderas y forestales. Hubieran totalizado seis mil millones de pesos. Pero la realidad fue bien distinta: no hubo fondos para cumplir la Ley de Bosques en 2008 y 2009; en 2010 se incorporó una partida de 300 millones, en vez de los mil millones que marcaba la norma y de yapa 144 millones fueron desviados al Fútbol para Todos, por el entonces Jefe de Gabinete, Aníbal Fernández. En 2011, ante la falta de aprobación del presupuesto en el Congreso se repitió la partida del año anterior y en 2012 se destinaron al fondo 267 millones de pesos, siete veces menos que lo establecido por ley.
A la luz de estos datos no es de extrañar que la tasa de deforestación se haya elevado, que la emergencia forestal siga, que se hayan desmontado 275.245 hectáreas en zonas calificadas según la ley como “amarillas” o “rojas” (donde la tala está prohibidos) y, lo más grave, que en beneficio de Monsanto y los terratenientes sojeros, maiceros y ganaderos la expansión de la frontera agropecuaria amenace de muerte a lo poco que nos queda de bosques nativos.
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Increíble: Acumar se declaró en emergencia financiera
Cancelaron la auditoría sobre la limpieza del Riachuelo por falta de presupuesto
Fecha de Publicación: 25/01/2013
Fuente: Eco2site
Provincia/Región: Riachuelo
La limpieza del Riachuelo no avanza, y su ejecución se torna cada vez más complicada debido a que Acumar se declaró en emergencia financiera y recortó varios de sus programas.
El Riachuelo no está atravesando su mejor momento, si es que alguna vez lo tuvo. A fines del año pasado, el juez que lideraba la causa, Luis Armella, fue removido de su cargo por denuncias de corrupción. Ahora, la falta de presupuesto atenta contra la utópica limpieza de la cuenca.
La denuncia de la situación, firmada por el secretario de Ambiente de la Nación y presidente de la Acumar, Juan José Mussi, había sido enviada a la Corte el 14 de noviembre del 2012 y pedía la "urgente y directa intervención del tribunal" ante el "incumplimiento" financiero de la Ciudad y de la provincia de Buenos Aires. Estamos casi a principios de febrero, y sin señales de esos aportes, la Acumar ya empezó a comunicar la falta de financiamiento para los programas.
"Para el presente año el presupuesto aprobado por el Consejo Directivo asciende a $ 652.444.252, del cual sólo $ 1.996.593 se solventaría con recursos propios", dice la nota de la Acumar. El 50% del saldo, $ 650.447.659, debe ser pagado por el gobierno nacional, mientras que a la Capital y a la provincia le corresponden el 25% a cada una.
"La provincia de Buenos Aires no devengó ni integró los recursos comprometidos y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sólo aportó el 15% del monto comprometido", prosigue la notificación.
Según Silvia Lospennato, representante de la Ciudad en el Consejo Directivo de Acumar, "la nota de Mussi es falaz". "La Ciudad se comprometió a un aporte de 25 millones de pesos y lo cumplió, y así se lo informamos a la Corte", señaló para La Nación.
Mussi hace una salvedad en la nota y destaca que si bien el gobierno de Daniel Scioli no hizo sus aportes, el monto que debe aportar está incluido en el presupuesto previsto para este año, cuestión que no ocurre en el ejercicio de Mauricio Macri.
Entre los programas recortados se encuentran los convenios con AySA para terminar las plantas de tratamiento de cloacas, la compra de equipos para el monitoreo del aire de la cuenca, la reforma de La Saladita y el acuerdo con la Auditoría General de la Nación (AGN) que debe controlar todo el proceso. Además del convenio con la Universidad de La Matanza para hallar conexiones y vuelcos clandestinos; la suspensión de la construcción del Ecopunto de Ezeiza; el plan sanitario de emergencia; la limpieza de basurales y la adquisición de equipamiento para la red de monitoreo del agua y del aire.
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Fecha de Publicación: 25/01/2013
Fuente: Eco2site
Provincia/Región: Riachuelo
La limpieza del Riachuelo no avanza, y su ejecución se torna cada vez más complicada debido a que Acumar se declaró en emergencia financiera y recortó varios de sus programas.El Riachuelo no está atravesando su mejor momento, si es que alguna vez lo tuvo. A fines del año pasado, el juez que lideraba la causa, Luis Armella, fue removido de su cargo por denuncias de corrupción. Ahora, la falta de presupuesto atenta contra la utópica limpieza de la cuenca.
La denuncia de la situación, firmada por el secretario de Ambiente de la Nación y presidente de la Acumar, Juan José Mussi, había sido enviada a la Corte el 14 de noviembre del 2012 y pedía la "urgente y directa intervención del tribunal" ante el "incumplimiento" financiero de la Ciudad y de la provincia de Buenos Aires. Estamos casi a principios de febrero, y sin señales de esos aportes, la Acumar ya empezó a comunicar la falta de financiamiento para los programas.
"Para el presente año el presupuesto aprobado por el Consejo Directivo asciende a $ 652.444.252, del cual sólo $ 1.996.593 se solventaría con recursos propios", dice la nota de la Acumar. El 50% del saldo, $ 650.447.659, debe ser pagado por el gobierno nacional, mientras que a la Capital y a la provincia le corresponden el 25% a cada una.
"La provincia de Buenos Aires no devengó ni integró los recursos comprometidos y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sólo aportó el 15% del monto comprometido", prosigue la notificación.
Según Silvia Lospennato, representante de la Ciudad en el Consejo Directivo de Acumar, "la nota de Mussi es falaz". "La Ciudad se comprometió a un aporte de 25 millones de pesos y lo cumplió, y así se lo informamos a la Corte", señaló para La Nación.
Mussi hace una salvedad en la nota y destaca que si bien el gobierno de Daniel Scioli no hizo sus aportes, el monto que debe aportar está incluido en el presupuesto previsto para este año, cuestión que no ocurre en el ejercicio de Mauricio Macri.
Entre los programas recortados se encuentran los convenios con AySA para terminar las plantas de tratamiento de cloacas, la compra de equipos para el monitoreo del aire de la cuenca, la reforma de La Saladita y el acuerdo con la Auditoría General de la Nación (AGN) que debe controlar todo el proceso. Además del convenio con la Universidad de La Matanza para hallar conexiones y vuelcos clandestinos; la suspensión de la construcción del Ecopunto de Ezeiza; el plan sanitario de emergencia; la limpieza de basurales y la adquisición de equipamiento para la red de monitoreo del agua y del aire.
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Minería de potasio en Río Colorado suspendido
Vale suspendió su inversión en el yacimiento de potasio Río Colorado
Fecha de Publicación: 24/01/2013
Fuente: El Cronista
Provincia/Región: Mendoza
La minera brasileña Vale, la tercera a nivel mundial, suspendió por tiempo indefinido los desembolsos para su proyecto de extracción de potasio en Río Colorado, Mendoza.
Según informó la agencia Bloomberg, la decisión se desprende de la necesidad de recortar inversiones. El CEO de la empresa con base en San Pablo, Murilo Ferreira, dijo a la agencia que Vale está vendiendo activos y suspendiendo inversiones mientras se prepara para informar las menores ganancias en tres años. En paralelo, la empresa indicó que está en conversaciones con potenciales socios para el proyecto de Río Colorado.
La inversión proyectada alcanzaba los u$s 5.900 millones. En octubre, Vale dijo que había invertido u$s 1.080 millones y completado el proyecto en un 41%.
Con la capacidad de producir 4,3 millones de toneladas métricas de potasio, el proyecto puede convertir a la Argentina en el tercer exportador mundial del producto.
?El proyecto no está cancelado?, expresó el ministro de Infraestructura y Energía de Mendoza, Rolando Baldasso. ?Hay cuestiones financieras que están impulsando una reestructuración operativa?, agregó.
En una entrevista al diario Valor en diciembre pasado, Ferreira aseguró que ?el superciclo (de commodities) terminó y nuestra filosofía es que no vamos a generar más excedentes financieros tan generosos en un futuro próximo?.
Explicó también que Vale continuará cortando activos no estratégicos y buscando socios para nuevos negocios con el objetivo de reducir gastos y garantizar la caja para seguir adelante con sus proyectos.
Sin embargo, el empresario aclaró que esto no significará despidos. La empresa emplea 140.000 personas en 37 países. En Brasil tiene 68.000 empleados. ?Vale no despedirá?, afirmó Ferreira a Valor. ?No tenemos ese propósito, a pesar de que vamos a seguir menos proyectos.
El retroceso de Vale significa una mala noticia para el sector minero. Según cifras oficiales, las inversiones en el rubro se dispararon casi 2.000% desde 2002, para llegar a los $ 11.800 millones el año pasado.
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Fecha de Publicación: 24/01/2013
Fuente: El Cronista
Provincia/Región: Mendoza
La minera brasileña Vale, la tercera a nivel mundial, suspendió por tiempo indefinido los desembolsos para su proyecto de extracción de potasio en Río Colorado, Mendoza. Según informó la agencia Bloomberg, la decisión se desprende de la necesidad de recortar inversiones. El CEO de la empresa con base en San Pablo, Murilo Ferreira, dijo a la agencia que Vale está vendiendo activos y suspendiendo inversiones mientras se prepara para informar las menores ganancias en tres años. En paralelo, la empresa indicó que está en conversaciones con potenciales socios para el proyecto de Río Colorado.
La inversión proyectada alcanzaba los u$s 5.900 millones. En octubre, Vale dijo que había invertido u$s 1.080 millones y completado el proyecto en un 41%.
Con la capacidad de producir 4,3 millones de toneladas métricas de potasio, el proyecto puede convertir a la Argentina en el tercer exportador mundial del producto.
?El proyecto no está cancelado?, expresó el ministro de Infraestructura y Energía de Mendoza, Rolando Baldasso. ?Hay cuestiones financieras que están impulsando una reestructuración operativa?, agregó.
En una entrevista al diario Valor en diciembre pasado, Ferreira aseguró que ?el superciclo (de commodities) terminó y nuestra filosofía es que no vamos a generar más excedentes financieros tan generosos en un futuro próximo?.
Explicó también que Vale continuará cortando activos no estratégicos y buscando socios para nuevos negocios con el objetivo de reducir gastos y garantizar la caja para seguir adelante con sus proyectos.
Sin embargo, el empresario aclaró que esto no significará despidos. La empresa emplea 140.000 personas en 37 países. En Brasil tiene 68.000 empleados. ?Vale no despedirá?, afirmó Ferreira a Valor. ?No tenemos ese propósito, a pesar de que vamos a seguir menos proyectos.
El retroceso de Vale significa una mala noticia para el sector minero. Según cifras oficiales, las inversiones en el rubro se dispararon casi 2.000% desde 2002, para llegar a los $ 11.800 millones el año pasado.
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Ayuí Grande podría efectivizarse
Aseguran que el proyecto Ayuí Grande sólo está postergado
Fecha de Publicación: 24/01/2013
Fuente: Morandú
Provincia/Región: Corrientes
Desde el sector arrocero revelaron a momarandu.com que el proyecto Ayuí Grande para represar miles de hectáreas para plantaciones agropecuarias “no está caído” que se esperan mejores escenarios políticos y que nuevos proyectos complementarios aguardan la reactivación de Ayuí Grande.
El Proyecto Productivo Represa Ayuí Grande se gestó con el objetivo principal de llevar adelante la producción de alimentos, fundamentalmente arroz, otros granos y ganadería, para lo cual prevé la construcción de una represa que permita la conformación de un lago de 7.900 hectáreas aproximadamente ubicada sobre el Arroyo Ayuí Grande.
Se trataba del plan de inversión hidráulico-agropecuario de mayor envergadura en la Provincia de Corrientes y el proyecto privado arrocero más importante del MERCOSUR.
Pero reclamos ambientalistas primero, sumados a la intervención del Gobierno nacional que frenó el proyecto, generaron que en su momento se diera por caído el proyecto pese a que en la justicia se avaló la postura de Corrientes, incluso la misma Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Pero desde el sector arrocero expresaron a Momarandu.com que “Ayuí está en suspenso, se está esperando mejores momentos para las inversiones” en clara referencia a la oposición del Estado nacional al proyecto por estar involucrado como inversor un referente del Grupo Clarín, grupo enfrentado al Gobierno nacional.
Manifestaron incluso que hay cinco o seis proyectos de gran envergadura esperando por la concreción de Ayuí Grande, que tenía a empresas de George Soros como principales promotoras.
Desde el sector sostienen que el principal freno al proyecto es el político, pues la Corte Suprema en distintas medidas avaló reclamos del Gobierno de Corrientes en favor del proyecto.
Los vaivenes judiciales
Cabe recordar que conocido el proyecto de represamiento, ecologistas presentaron medidas de amparo para frenar la iniciativa productiva pero la Corte Suprema de Justicia falló a favor del Gobierno de Corrientes.
Tras el reconocimiento de la Corte Suprema a favor de Corrientes en cuanto a la legalidad del proyecto, el 24 de agosto de 2011 la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación emitió la Resolución N° 1.238 que frenaba la iniciativa.
La medida estableció que las obras concernientes al "Proyecto Productivo Ayuí Grande" resultarían incompatibles con las obligaciones asumidas por Argentina en el Estatuto del Río Uruguay y otras normas y acuerdos internacionales, debido a que Ayuí podría comprometer la responsabilidad internacional del Estado por tratarse de una obra que causará perjuicio sensible al Río Uruguay al afectar la calidad de sus aguas.
Asimismo, la Secretaría de Medio Ambiente estableció que el "Proyecto Productivo Ayuí Grande" resultaría incompatible con las disposiciones de la Ley General de Ambientes N° 25.675, y de la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos N° 26.331, contrariando de ese modo los objetivos de la política ambiental nacional.
Contra dicha Resolución, la Fiscalía de Estado de Corrientes presentó Recurso Jerárquico atacando la medida, lo cual fue desestimado en diciembre último por la Jefatura de Ministros de la Nación.
Por las medidas de la Secretaría de Ambiente y de la Jefatura de Ministros, el Gobierno de Corrientes recurrió nuevamente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, máximo órgano judicial que reconoció la inconstitucionalidad de una resolución de la Secretaría de Ambiente de la Nación que ordenó el freno del proyecto, y admitió que un fallo de ese tipo es competencia de la Justicia ordinaria.
Corrientes había solicitado la declaración de inconstitucionalidad de la resolución de la Secretaría de Ambiente de la Nación, que sostuvo que el proyecto hídrico Ayuí Grande era incompatible con las obligaciones asumidas por la República en el Estatuto del Río Uruguay.
Concretamente, la provincia presentó demanda contra el Estado Nacional a fin de obtener la declaración de inconstitucionalidad de las resoluciones 1238/2011 emitida por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y la Resolución 1149 dictada por el Jefe de Gabinete de Ministros, que desestimó el recurso jerárquico de Corrientes contra la medida sobre Ayuí.
Además, el Estado correntino consideró que la Secretaría de Ambiente no tiene competencia para controlar el impacto ambiental de un río internacional y que debió darles a los organismos internacionales, nacionales y provinciales, al Consejo Federal del Ambiente, a la Comisión Administradora del Río Uruguay y a otros organismos con facultades competentes.
Por ello, estimó que la actuación del Gobierno nacional avasalló el dominio originario de los recursos naturales provinciales, y además invade la potestad de regular el uso y aprovechamiento de recursos, y viola el debido proceso adjetivo ya que Nación no le dio participación a la Provincia en la medida.
Pese a que en momento del fallo de la Corte Suprema el proyecto de Ayuí estaba caído por el retiro del grupo Soros, para el Gobierno de Corrientes resultó importante porque garantizaba la autonomía de Corrientes en la definición de proyectos productivos, y limitaba la intervención del Estado nacional.
Además la medida de la Corte contra la resolución de la Subsecretaria de Ambiente dejó libre la posibilidad de retomar en algún momento el mega emprendimiento de Ayuí.
El proyecto
El Proyecto Ayuí promovido por las empresas Copra S.A., Pilagá S.R.L., Tupantuva S.A., Santa Clara y Yuquerí S.A. y Ea. Ñú Verá proyectaba la producción de alimentos sobre la base de arroz irrigado, cultivos de otros granos y ganadería bovina, desarrollado en unas 77.000 hectáreas de suelos aptos incluidos en campos de su propiedad, ubicados dentro de la Cuenca del Arroyo Ayuí Grande, en el Departamento de Mercedes.
El proyecto obtuvo en 2009 aprobación por decreto del gobernador Arturo Colombi que para ello modificó el área de protección señalada sobre la reserva de Iberá y cuenta con el acompañamiento de la actual administración en el gobierno que lidera su primo Ricardo Colombi.
Se trata del plan de inversión hidráulico-agropecuario de mayor envergadura en la Provincia de Corrientes y el proyecto privado arrocero más importante del MERCOSUR a partir de la construcción de una presa que generaría un lago de 7.900 hectáreas y permitiría regar alrededor de 18 mil hectáreas de arroz o una superficie equivalente en consumo de agua.
La iniciativa reuniría tanto la disponibilidad de aguas y suelos, como la presencia de empresas con voluntad de asociarse, capacidad institucional y el respaldo financiero para asegurar la ejecución del proyecto; todo ello garantizado por la experiencia de firmas de solvente trayectoria, y líderes en la producción agrícola – ganadera.
Preveía incorporar 15.000 nuevas hectáreas a la producción de arroz -el cultivo de mayor incidencia en la economía provincial-, es decir más de 120.000 toneladas de arroz de producción anual, transformando al Departamento de Mercedes en el mayor polo arrocero del país y a Corrientes en la mayor provincia productora de arroz de Argentina; así como también preveía el desarrollo de unas 5.000 hectáreas de otros granos bajo riego como sorgo, maíz, trigo y soja en doble cosecha anual.
Adicionalmente, la iniciativa incluiría la producción de 9.000 hectáreas de cultivos de otros granos en secano y actividad ganadera sobre unas 13.000 hectáreas de pasturas implantadas, 7.500 hectáreas sobre rastrojo de arroz y 11.000 hectáreas en campo natural.
Rechazo a cuestionamientos
Los responsables del proyecto Ayuí Grande habías argumentado su rechazo a los distintos cuestionamientos recibidos por la iniciativa.
Respecto a que no se realizaron estudios técnicos y ambientales serios, indicaron que se efectuaron numerosos estudios, técnicamente solventes, de mucha seriedad y profesionalismo. Desde 1997 a la fecha, se han llevado a cabo múltiples trabajos, que demuestran lo contrario a lo que sostienen algunos.
Sobre críticas a que no se cumplimentaron los pasos legales previstos, desde el proyecto Ayuí argumentaron que la totalidad de los pasos administrativos y legales han sido rigurosamente cumplidos en sus diferentes etapas hasta culminar los mismos por completo.
Ante denuncias que la represa prevista en el proyecto es ilegal porque no se la puede ubicar interrumpiendo un cauce público, se sostuvo que si bien es correcto que el Ayuí Grande es un Arroyo no navegable cuyo cauce es de Dominio Público, no es correcto sostener que eso impide la realización de una represa sobre el arroyo.
Sobre planteos de que la represa producirá cambios negativos severos en el régimen hidrológico del Ayuí o incluso su colapso, se explicó que “sin dudas, la represa producirá, como cualquier emprendimiento, cambios en el régimen hidrológico del Ayuí Grande, pero todos ellos de carácter admisibles y en un balance general, de signo positivo”.
En relación a que los agroquímicos del Proyecto podrán contaminar el río Uruguay, se consideró esa aseveración fuera de contexto porque no establece parámetros razonables para sostenerse conceptualmente.
Mientras que frente a afirmaciones que la represa producirá proliferación de algas, se explicó que en ambientes lacustres, naturales o artificiales, con condiciones adecuadas de temperatura, turbidez y químicas del agua puede producirse la proliferación de algas. En el caso del proyecto ese impacto esta previsto, incluyendo su monitoreo.
Respecto a que la eventual rotura de la represa producirá severos daños aguas abajo, se argumentó que las dimensiones y alturas de la represa, y sus características estructurales y técnicas reducen al mínimo esa posibilidad de ocurrencia.
Por otra parte, respecto a que el proyecto producirá un escaso impacto socioeconómico favorable ya que el arroz ocupa poca mano de obra y todas las máquinas provienen de otras provincias, se explicó que el proyecto tendrá un impacto socioeconómico directo e indirecto de gran significación que será muy importante para la región de Mercedes y la Provincia de Corrientes.
Postura re rechazo
El megaproyecto que implicaba la construcción de una represa sobre el cauce del arroyo Ayuí Grande fue cuestionado por ambientalistas y el mismo Estado Nacional.
El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, en su momento expresó la preocupación del Gobierno nacional por el posible impacto ambiental severo de la represa Ayuí Grande en el ecosistema próximo a los Esteros del Iberá, y en el Tratado del río Uruguay.
La empresa fue motivo de estudio del gabinete nacional que analizó el anegamiento de tierras en la cuenca del arroyo Ayuí, afluente del río Uruguay, que proyectan Copra S.A. y Adeco Agro para regar unas 18.000 hectáreas de futuros arrozales.
El canciller Héctor Ti merman se refirió al proyecto durante su encuentro con la Asamblea Ciudadana Ambiental de Entre Ríos como una "amenaza contra el medio ambiente".
Sobre el tema se pronunciaron en su momento la Asamblea Ambiental de Paso de los Libres y Guardianes del Iberá junto pobladores de Mercedes , y el acompañamiento de otras 56 organizaciones ambientales de diferentes puntos del país.
Sostuvieron que un fallo de la Corte en torno al “Proyecto Productivo Ayuí Grande” fue leído por el gobierno como una presunta autorización cuando " en realidad se trata de una resolución de la que nada tienen que ver con la autorización o no de realizar el proyecto".
En consecuencia habían solicitado al gobierno nacional, que “intervenga para comprobar si la Ley Provincial de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Corrientes, responde al espíritu de la Ley Nacional" y estudios para determinar si "este emprendimiento puede contaminar el Río Uruguay".
Los ambientalistas mencionaron que desde hace varios años numerosas instituciones, científicos, políticos y personalidades de todos los ámbitos han rechazado este proyecto implica "anteponer" intereses económicos a los ambientales y agrava el deterioro planetario.
El petitorio para que se "desista" del proyecto fue dirigido a los responsables de la UTE “Represa Ayuí Grande” integrada por Copra S.A (José Aranda – Vicepresidente de Clarín) y Adecoagro (George Soros) y al gobierno provincial.
“No es nuestra intención oponernos al desarrollo económico de la provincia ni a la producción de arroz, pero pedimos respeto por las normas ambientales.” Aclararon las instituciones y entidades firmantes en rechazo del proyecto.
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Fecha de Publicación: 24/01/2013
Fuente: Morandú
Provincia/Región: Corrientes
Desde el sector arrocero revelaron a momarandu.com que el proyecto Ayuí Grande para represar miles de hectáreas para plantaciones agropecuarias “no está caído” que se esperan mejores escenarios políticos y que nuevos proyectos complementarios aguardan la reactivación de Ayuí Grande.
El Proyecto Productivo Represa Ayuí Grande se gestó con el objetivo principal de llevar adelante la producción de alimentos, fundamentalmente arroz, otros granos y ganadería, para lo cual prevé la construcción de una represa que permita la conformación de un lago de 7.900 hectáreas aproximadamente ubicada sobre el Arroyo Ayuí Grande.
Se trataba del plan de inversión hidráulico-agropecuario de mayor envergadura en la Provincia de Corrientes y el proyecto privado arrocero más importante del MERCOSUR.
Pero reclamos ambientalistas primero, sumados a la intervención del Gobierno nacional que frenó el proyecto, generaron que en su momento se diera por caído el proyecto pese a que en la justicia se avaló la postura de Corrientes, incluso la misma Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Pero desde el sector arrocero expresaron a Momarandu.com que “Ayuí está en suspenso, se está esperando mejores momentos para las inversiones” en clara referencia a la oposición del Estado nacional al proyecto por estar involucrado como inversor un referente del Grupo Clarín, grupo enfrentado al Gobierno nacional.
Manifestaron incluso que hay cinco o seis proyectos de gran envergadura esperando por la concreción de Ayuí Grande, que tenía a empresas de George Soros como principales promotoras.
Desde el sector sostienen que el principal freno al proyecto es el político, pues la Corte Suprema en distintas medidas avaló reclamos del Gobierno de Corrientes en favor del proyecto.
Los vaivenes judiciales
Cabe recordar que conocido el proyecto de represamiento, ecologistas presentaron medidas de amparo para frenar la iniciativa productiva pero la Corte Suprema de Justicia falló a favor del Gobierno de Corrientes.
Tras el reconocimiento de la Corte Suprema a favor de Corrientes en cuanto a la legalidad del proyecto, el 24 de agosto de 2011 la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación emitió la Resolución N° 1.238 que frenaba la iniciativa.
La medida estableció que las obras concernientes al "Proyecto Productivo Ayuí Grande" resultarían incompatibles con las obligaciones asumidas por Argentina en el Estatuto del Río Uruguay y otras normas y acuerdos internacionales, debido a que Ayuí podría comprometer la responsabilidad internacional del Estado por tratarse de una obra que causará perjuicio sensible al Río Uruguay al afectar la calidad de sus aguas.
Asimismo, la Secretaría de Medio Ambiente estableció que el "Proyecto Productivo Ayuí Grande" resultaría incompatible con las disposiciones de la Ley General de Ambientes N° 25.675, y de la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos N° 26.331, contrariando de ese modo los objetivos de la política ambiental nacional.
Contra dicha Resolución, la Fiscalía de Estado de Corrientes presentó Recurso Jerárquico atacando la medida, lo cual fue desestimado en diciembre último por la Jefatura de Ministros de la Nación.
Por las medidas de la Secretaría de Ambiente y de la Jefatura de Ministros, el Gobierno de Corrientes recurrió nuevamente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, máximo órgano judicial que reconoció la inconstitucionalidad de una resolución de la Secretaría de Ambiente de la Nación que ordenó el freno del proyecto, y admitió que un fallo de ese tipo es competencia de la Justicia ordinaria.
Corrientes había solicitado la declaración de inconstitucionalidad de la resolución de la Secretaría de Ambiente de la Nación, que sostuvo que el proyecto hídrico Ayuí Grande era incompatible con las obligaciones asumidas por la República en el Estatuto del Río Uruguay.
Concretamente, la provincia presentó demanda contra el Estado Nacional a fin de obtener la declaración de inconstitucionalidad de las resoluciones 1238/2011 emitida por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y la Resolución 1149 dictada por el Jefe de Gabinete de Ministros, que desestimó el recurso jerárquico de Corrientes contra la medida sobre Ayuí.
Además, el Estado correntino consideró que la Secretaría de Ambiente no tiene competencia para controlar el impacto ambiental de un río internacional y que debió darles a los organismos internacionales, nacionales y provinciales, al Consejo Federal del Ambiente, a la Comisión Administradora del Río Uruguay y a otros organismos con facultades competentes.
Por ello, estimó que la actuación del Gobierno nacional avasalló el dominio originario de los recursos naturales provinciales, y además invade la potestad de regular el uso y aprovechamiento de recursos, y viola el debido proceso adjetivo ya que Nación no le dio participación a la Provincia en la medida.
Pese a que en momento del fallo de la Corte Suprema el proyecto de Ayuí estaba caído por el retiro del grupo Soros, para el Gobierno de Corrientes resultó importante porque garantizaba la autonomía de Corrientes en la definición de proyectos productivos, y limitaba la intervención del Estado nacional.
Además la medida de la Corte contra la resolución de la Subsecretaria de Ambiente dejó libre la posibilidad de retomar en algún momento el mega emprendimiento de Ayuí.
El proyecto
El Proyecto Ayuí promovido por las empresas Copra S.A., Pilagá S.R.L., Tupantuva S.A., Santa Clara y Yuquerí S.A. y Ea. Ñú Verá proyectaba la producción de alimentos sobre la base de arroz irrigado, cultivos de otros granos y ganadería bovina, desarrollado en unas 77.000 hectáreas de suelos aptos incluidos en campos de su propiedad, ubicados dentro de la Cuenca del Arroyo Ayuí Grande, en el Departamento de Mercedes.
El proyecto obtuvo en 2009 aprobación por decreto del gobernador Arturo Colombi que para ello modificó el área de protección señalada sobre la reserva de Iberá y cuenta con el acompañamiento de la actual administración en el gobierno que lidera su primo Ricardo Colombi.
Se trata del plan de inversión hidráulico-agropecuario de mayor envergadura en la Provincia de Corrientes y el proyecto privado arrocero más importante del MERCOSUR a partir de la construcción de una presa que generaría un lago de 7.900 hectáreas y permitiría regar alrededor de 18 mil hectáreas de arroz o una superficie equivalente en consumo de agua.
La iniciativa reuniría tanto la disponibilidad de aguas y suelos, como la presencia de empresas con voluntad de asociarse, capacidad institucional y el respaldo financiero para asegurar la ejecución del proyecto; todo ello garantizado por la experiencia de firmas de solvente trayectoria, y líderes en la producción agrícola – ganadera.
Preveía incorporar 15.000 nuevas hectáreas a la producción de arroz -el cultivo de mayor incidencia en la economía provincial-, es decir más de 120.000 toneladas de arroz de producción anual, transformando al Departamento de Mercedes en el mayor polo arrocero del país y a Corrientes en la mayor provincia productora de arroz de Argentina; así como también preveía el desarrollo de unas 5.000 hectáreas de otros granos bajo riego como sorgo, maíz, trigo y soja en doble cosecha anual.
Adicionalmente, la iniciativa incluiría la producción de 9.000 hectáreas de cultivos de otros granos en secano y actividad ganadera sobre unas 13.000 hectáreas de pasturas implantadas, 7.500 hectáreas sobre rastrojo de arroz y 11.000 hectáreas en campo natural.
Rechazo a cuestionamientos
Los responsables del proyecto Ayuí Grande habías argumentado su rechazo a los distintos cuestionamientos recibidos por la iniciativa.
Respecto a que no se realizaron estudios técnicos y ambientales serios, indicaron que se efectuaron numerosos estudios, técnicamente solventes, de mucha seriedad y profesionalismo. Desde 1997 a la fecha, se han llevado a cabo múltiples trabajos, que demuestran lo contrario a lo que sostienen algunos.
Sobre críticas a que no se cumplimentaron los pasos legales previstos, desde el proyecto Ayuí argumentaron que la totalidad de los pasos administrativos y legales han sido rigurosamente cumplidos en sus diferentes etapas hasta culminar los mismos por completo.
Ante denuncias que la represa prevista en el proyecto es ilegal porque no se la puede ubicar interrumpiendo un cauce público, se sostuvo que si bien es correcto que el Ayuí Grande es un Arroyo no navegable cuyo cauce es de Dominio Público, no es correcto sostener que eso impide la realización de una represa sobre el arroyo.
Sobre planteos de que la represa producirá cambios negativos severos en el régimen hidrológico del Ayuí o incluso su colapso, se explicó que “sin dudas, la represa producirá, como cualquier emprendimiento, cambios en el régimen hidrológico del Ayuí Grande, pero todos ellos de carácter admisibles y en un balance general, de signo positivo”.
En relación a que los agroquímicos del Proyecto podrán contaminar el río Uruguay, se consideró esa aseveración fuera de contexto porque no establece parámetros razonables para sostenerse conceptualmente.
Mientras que frente a afirmaciones que la represa producirá proliferación de algas, se explicó que en ambientes lacustres, naturales o artificiales, con condiciones adecuadas de temperatura, turbidez y químicas del agua puede producirse la proliferación de algas. En el caso del proyecto ese impacto esta previsto, incluyendo su monitoreo.
Respecto a que la eventual rotura de la represa producirá severos daños aguas abajo, se argumentó que las dimensiones y alturas de la represa, y sus características estructurales y técnicas reducen al mínimo esa posibilidad de ocurrencia.
Por otra parte, respecto a que el proyecto producirá un escaso impacto socioeconómico favorable ya que el arroz ocupa poca mano de obra y todas las máquinas provienen de otras provincias, se explicó que el proyecto tendrá un impacto socioeconómico directo e indirecto de gran significación que será muy importante para la región de Mercedes y la Provincia de Corrientes.
Postura re rechazo
El megaproyecto que implicaba la construcción de una represa sobre el cauce del arroyo Ayuí Grande fue cuestionado por ambientalistas y el mismo Estado Nacional.
El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, en su momento expresó la preocupación del Gobierno nacional por el posible impacto ambiental severo de la represa Ayuí Grande en el ecosistema próximo a los Esteros del Iberá, y en el Tratado del río Uruguay.
La empresa fue motivo de estudio del gabinete nacional que analizó el anegamiento de tierras en la cuenca del arroyo Ayuí, afluente del río Uruguay, que proyectan Copra S.A. y Adeco Agro para regar unas 18.000 hectáreas de futuros arrozales.
El canciller Héctor Ti merman se refirió al proyecto durante su encuentro con la Asamblea Ciudadana Ambiental de Entre Ríos como una "amenaza contra el medio ambiente".
Sobre el tema se pronunciaron en su momento la Asamblea Ambiental de Paso de los Libres y Guardianes del Iberá junto pobladores de Mercedes , y el acompañamiento de otras 56 organizaciones ambientales de diferentes puntos del país.
Sostuvieron que un fallo de la Corte en torno al “Proyecto Productivo Ayuí Grande” fue leído por el gobierno como una presunta autorización cuando " en realidad se trata de una resolución de la que nada tienen que ver con la autorización o no de realizar el proyecto".
En consecuencia habían solicitado al gobierno nacional, que “intervenga para comprobar si la Ley Provincial de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Corrientes, responde al espíritu de la Ley Nacional" y estudios para determinar si "este emprendimiento puede contaminar el Río Uruguay".
Los ambientalistas mencionaron que desde hace varios años numerosas instituciones, científicos, políticos y personalidades de todos los ámbitos han rechazado este proyecto implica "anteponer" intereses económicos a los ambientales y agrava el deterioro planetario.
El petitorio para que se "desista" del proyecto fue dirigido a los responsables de la UTE “Represa Ayuí Grande” integrada por Copra S.A (José Aranda – Vicepresidente de Clarín) y Adecoagro (George Soros) y al gobierno provincial.
“No es nuestra intención oponernos al desarrollo económico de la provincia ni a la producción de arroz, pero pedimos respeto por las normas ambientales.” Aclararon las instituciones y entidades firmantes en rechazo del proyecto.
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Capital Federal comienza a recuperar los residuos
Con una nueva planta, la Ciudad consiguió reducir la basura que entierra
Fecha de Publicación: 24/01/2013
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Capital Federal
Es la que abrió en la Ceamse. Según el Gobierno, en 15 días de enero se evitó enviar al relleno 9.900 toneladas.
El ministro de Ambiente y Espacio Público, Diego Santilli, anunció ayer que la Ciudad está “superando” los objetivos de reducción de basura que figuran en el acuerdo firmado a fin de 2012 entre Provincia y Ciudad. Con la apertura de la planta de MBT en el predio de la Ceamse en José León Suárez, se evitó enterrar en el relleno sanitario “9.900 toneladas de residuos”. El funcionario aseguró que con estos avances “se dará más vida útil a los rellenos sanitarios”.
La nueva planta de Tratamiento Mecánico Biológico (MBT, por sus siglas en inglés) abrió los primeros días de enero y permite recuperar materiales reciclables como los metales, papel, vidrios y plásticos, además de la materia orgánica, que luego se utiliza como cobertura de los rellenos sanitarios. En lo que va del año procesó 6.122 toneladas.
En el acuerdo que firmaron en diciembre el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, y el Jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, la Ciudad se comprometió a reducir en un 78% la basura que manda a la Provincia en un plazo de 18 meses.
“Se fijó una meta: sobre un parámetro de seis mil toneladas diarias de basura que la Ciudad manda al relleno de la Ceamse, disminuir ese número a 5.400. Es decir, un 10%. Hoy estamos superando esa meta, ya que logramos una reducción del 11,4% en estos primeros quince días del año”, afirmó Santilli, quien explicó que el balance incluyó a todas las plantas receptoras de basura en funcionamiento: Pompeya, Zavaleta, Flores, Colegiales y Varela. “Tenemos un compromiso que consta de cuatro etapas. La primera es la reducción de desechos del 10% pautada para enero. La segunda es llegar a un 29% en marzo y, por último, conseguir un promedio del 44% en noviembre”, destacó Santilli.
Y explicó que este proceso de disminución de residuos es fundamental para “contribuir y generar mayor espacio en la Ceamse y así darle más vida útil a los rellenos sanitarios”. La cifra anunciada ayer corresponde a la primera quincena de enero, período en el que obviamente la Ciudad genera menos basura por estar muchos vecinos de vacaciones. Al respecto, Santilli comentó: “La meta quincenal es importante y está marcando una tendencia. Somos serios y entendemos desde hace mucho que cumplir con la Ley de Basura Cero y reducir la disposición final es una meta ineludible”.
Con respecto a los próximos pasos, el ministro aseguró que para junio estarán “en cada esquina” los contenedores verdes y negros que “serán de gran ayuda para la separación en origen”. “Hay que cambiar los hábitos y concientizarse”, aconsejó.
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Fecha de Publicación: 24/01/2013
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Capital Federal
Es la que abrió en la Ceamse. Según el Gobierno, en 15 días de enero se evitó enviar al relleno 9.900 toneladas.El ministro de Ambiente y Espacio Público, Diego Santilli, anunció ayer que la Ciudad está “superando” los objetivos de reducción de basura que figuran en el acuerdo firmado a fin de 2012 entre Provincia y Ciudad. Con la apertura de la planta de MBT en el predio de la Ceamse en José León Suárez, se evitó enterrar en el relleno sanitario “9.900 toneladas de residuos”. El funcionario aseguró que con estos avances “se dará más vida útil a los rellenos sanitarios”.
La nueva planta de Tratamiento Mecánico Biológico (MBT, por sus siglas en inglés) abrió los primeros días de enero y permite recuperar materiales reciclables como los metales, papel, vidrios y plásticos, además de la materia orgánica, que luego se utiliza como cobertura de los rellenos sanitarios. En lo que va del año procesó 6.122 toneladas.
En el acuerdo que firmaron en diciembre el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, y el Jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, la Ciudad se comprometió a reducir en un 78% la basura que manda a la Provincia en un plazo de 18 meses.
“Se fijó una meta: sobre un parámetro de seis mil toneladas diarias de basura que la Ciudad manda al relleno de la Ceamse, disminuir ese número a 5.400. Es decir, un 10%. Hoy estamos superando esa meta, ya que logramos una reducción del 11,4% en estos primeros quince días del año”, afirmó Santilli, quien explicó que el balance incluyó a todas las plantas receptoras de basura en funcionamiento: Pompeya, Zavaleta, Flores, Colegiales y Varela. “Tenemos un compromiso que consta de cuatro etapas. La primera es la reducción de desechos del 10% pautada para enero. La segunda es llegar a un 29% en marzo y, por último, conseguir un promedio del 44% en noviembre”, destacó Santilli.
Y explicó que este proceso de disminución de residuos es fundamental para “contribuir y generar mayor espacio en la Ceamse y así darle más vida útil a los rellenos sanitarios”. La cifra anunciada ayer corresponde a la primera quincena de enero, período en el que obviamente la Ciudad genera menos basura por estar muchos vecinos de vacaciones. Al respecto, Santilli comentó: “La meta quincenal es importante y está marcando una tendencia. Somos serios y entendemos desde hace mucho que cumplir con la Ley de Basura Cero y reducir la disposición final es una meta ineludible”.
Con respecto a los próximos pasos, el ministro aseguró que para junio estarán “en cada esquina” los contenedores verdes y negros que “serán de gran ayuda para la separación en origen”. “Hay que cambiar los hábitos y concientizarse”, aconsejó.
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Ahora se dan cuenta de los derrames de hidrocarburos
Por la lluvia se derramó una pileta con desechos de hidrocarburos
Fecha de Publicación: 23/01/2013
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Neuquén
La tormenta de hace diez días atrás generó el anegamiento de la pileta "API" de una empresa petrolera y en consecuencia se produjo el derrame de desechos con hidrocarburos en el mismo sector donde está instalada la planta. Esto fue advertido y denunciado ante el área de Medio Ambiente municipal que tomó intervención desde ayer. La compañía está situada en el parque petroquímico de Huincul.
El hecho se produjo luego de la tormenta ocurrida en la madrugada del 13 de enero pasado en las instalaciones que la empresa New American Oil tiene en el parque petroquímico de Huincul, al ingreso de la ciudad en el sentido Este.
Según confirmó el titular de la dirección de Medio Ambiente, Miguel Navarrete el hecho fue advertido por un vecino que caminaba por el sector. Una vez que lo observó se comunicó con el municipio que luego constató lo sucedido. El funcionario del área Medio Ambiental refirió que la empresa no dio aviso de la situación como es de rigor en este tipo de circunstancias y que recibirá una sanción por el incidente. Es el propio municipio el encargado de dar aviso además a la cartera de Medio Ambiente de la provincia. Ayer, Navarrete estuvo en el lugar y observó cómo se llevaban adelante las tareas de remediación.
En tanto, desde la compañía se indicó que el incidente se generó a partir de la tormenta que se desató durante la madrugada del domingo 13 de enero. La cantidad de agua que corrió por toda la zona inundó la pileta API y de allí emanaron los restos de líquidos con hidrocarburo. Descartaron, por otra parte, que se trate de una "pinchadura" de algún ducto o de algún derrame por la actividad sino que señalaron al fenómeno climático como el causante del daño.
La situación se agravó con la repetición de la tormenta del sábado último donde también cayó una importante cantidad de agua.
La máquina retroexcavadora era la encargada de retirar el suelo dañado y llevarla al lugar especificado para su tratamiento. No se informó sobre la cantidad de restos de hidrocarburo que corrió por el lugar.
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Preocupación por derrame de combustible en el Nahuel Huapi
Fecha de Publicación: 23/01/2013
Fuente: La Angostura Digital
Provincia/Región: Neuquén - Río Negro
Un importante derrame de combustible utilizado por embarcaciones náuticas se produjo en una costa de la bahía de Puerto Manzano del lago Nahuel Huapi.
Vecinos y turistas fueron quienes alertaron a las autoridades de Parques Nacionales y Prefectura Naval sobre la presencia de manchas de combustible, de unos 50 metros de largo por otros 5 de ancho.
Los efectivos de Prefectura realizaron una recorrida por las costas del sector de Puerto Manzano en busca de alguna secuela que pudiera orientar de dónde salió el combustible que terminó en el lago.
Según explicó a La Angostura Digital el Subprefecto Quayat, "las primeras estimaciones son que podría provenir de una embarcación de gran tamaño, considerando las medidas de las manchas".
"Iniciamos un patrullaje por el sector buscando establecer de dónde podía venir el combustible, pero es muy difícil ubicar la embarcación. De cualquier manera continuaremos con la investigación", aseguró Quayat.
El Subprefecto también explicó que, debido al oleaje y que las machas no presentaban una densidad muy consistente, "es muy probable que el combustible se disuelva en su gran mayoría, hasta desaparecer por completo".
No obstante, Prefectura decidió iniciar una causa administrativa para determinar quienes fueron los responsables de contaminar el lago Nahuel Huapi.
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Fecha de Publicación: 23/01/2013
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Neuquén
La tormenta de hace diez días atrás generó el anegamiento de la pileta "API" de una empresa petrolera y en consecuencia se produjo el derrame de desechos con hidrocarburos en el mismo sector donde está instalada la planta. Esto fue advertido y denunciado ante el área de Medio Ambiente municipal que tomó intervención desde ayer. La compañía está situada en el parque petroquímico de Huincul.El hecho se produjo luego de la tormenta ocurrida en la madrugada del 13 de enero pasado en las instalaciones que la empresa New American Oil tiene en el parque petroquímico de Huincul, al ingreso de la ciudad en el sentido Este.
Según confirmó el titular de la dirección de Medio Ambiente, Miguel Navarrete el hecho fue advertido por un vecino que caminaba por el sector. Una vez que lo observó se comunicó con el municipio que luego constató lo sucedido. El funcionario del área Medio Ambiental refirió que la empresa no dio aviso de la situación como es de rigor en este tipo de circunstancias y que recibirá una sanción por el incidente. Es el propio municipio el encargado de dar aviso además a la cartera de Medio Ambiente de la provincia. Ayer, Navarrete estuvo en el lugar y observó cómo se llevaban adelante las tareas de remediación.
En tanto, desde la compañía se indicó que el incidente se generó a partir de la tormenta que se desató durante la madrugada del domingo 13 de enero. La cantidad de agua que corrió por toda la zona inundó la pileta API y de allí emanaron los restos de líquidos con hidrocarburo. Descartaron, por otra parte, que se trate de una "pinchadura" de algún ducto o de algún derrame por la actividad sino que señalaron al fenómeno climático como el causante del daño.
La situación se agravó con la repetición de la tormenta del sábado último donde también cayó una importante cantidad de agua.
La máquina retroexcavadora era la encargada de retirar el suelo dañado y llevarla al lugar especificado para su tratamiento. No se informó sobre la cantidad de restos de hidrocarburo que corrió por el lugar.
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Preocupación por derrame de combustible en el Nahuel Huapi
Fecha de Publicación: 23/01/2013
Fuente: La Angostura Digital
Provincia/Región: Neuquén - Río Negro
Un importante derrame de combustible utilizado por embarcaciones náuticas se produjo en una costa de la bahía de Puerto Manzano del lago Nahuel Huapi.
Vecinos y turistas fueron quienes alertaron a las autoridades de Parques Nacionales y Prefectura Naval sobre la presencia de manchas de combustible, de unos 50 metros de largo por otros 5 de ancho.
Los efectivos de Prefectura realizaron una recorrida por las costas del sector de Puerto Manzano en busca de alguna secuela que pudiera orientar de dónde salió el combustible que terminó en el lago.
Según explicó a La Angostura Digital el Subprefecto Quayat, "las primeras estimaciones son que podría provenir de una embarcación de gran tamaño, considerando las medidas de las manchas".
"Iniciamos un patrullaje por el sector buscando establecer de dónde podía venir el combustible, pero es muy difícil ubicar la embarcación. De cualquier manera continuaremos con la investigación", aseguró Quayat.
El Subprefecto también explicó que, debido al oleaje y que las machas no presentaban una densidad muy consistente, "es muy probable que el combustible se disuelva en su gran mayoría, hasta desaparecer por completo".
No obstante, Prefectura decidió iniciar una causa administrativa para determinar quienes fueron los responsables de contaminar el lago Nahuel Huapi.
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Posadas: árboles de la selva en la cuidad
Plantarán árboles de la selva en Posadas
Fecha de Publicación: 23/01/2013
Fuente: El Diario
Provincia/Región: Misiones
Fecha de Publicación: 23/01/2013
Fuente: El Diario
Provincia/Región: Misiones
El plan municipal de arbolado urbano incluye las especies Pindó, Ceibo, Lapacho amarillo, Timbó y Chal chal. Se busca promover la conciencia ambiental.La Municipalidad de Posadas, a través de la Coordinación de la Unidad Ejecutora de Proyectos Especiales y el Ministerio de Ecología y Medioambiente de la Provincia, en el marco del Plan Urbano Ambiental del Plan Estratégico Posadas, concretó en estos dos últimos años el primer Plan Forestal Urbano.
Pertenece al Programa de Desarrollo de Infraestructuras Verdes y tiene por objetivo consolidar el arbolado urbano de Posadas para conferir identidad, organización y significado al paisaje capitalino, promoviendo conciencia ambiental y hacer a una mejor calidad de vida.
El proyecto contó con la participación de eruditos en distintas especialidades afines al ecológico emprendimiento urbano-ambiental para asegurar la viabilidad y eficiencia del trabajo emprendido y, en este sentido, se hicieron varios estudios previos.
Uno de ellos fue para identificar los tipos de suelo de toda la ciudad y para saber cuáles de las especies más representativas de la Provincia de Misiones son más funcionales a los objetivos.
De esta manera se convino la elección de cinco especies nativas que tienen condiciones óptimas de supervivencia, no son tóxicas y no producen daño a las infraestructuras: Pindó, Ceibo, Lapacho amarillo, Timbó y Chal chal respectivamente.
Todas embellecerán el portal Urbano de la Selva, a partir de tres enfoques definidos, esto es; principales calles y avenidas, arbolado de barrios periféricos y de espacios verdes, generación de vías verdes en sitios transitados uniendo avenidas y espacios verdes y bordes de arroyos.
Se ejecuta en niveles de arborización bien definidos; como también la recuperación, completamiento y sustitución e implantación de nuevos árboles para Posadas.
Además del Plan Forestal Urbano otra de las intervenciones de la Unidad Ejecutora de Proyectos Especiales tiene que ver con la puesta en valor del Jardín Botánico.
Se trata del Centro de Interpretación de la Selva Misionera y Parque Acuático que figura en la agenda de trabajo para este año y son concebidas como espacios para la conservación, recreación y educación de quienes hoy viven en Posadas y de las generaciones futuras.
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Vinaza: aflojan los derrames, pero cuando llueva...
Merman derrames de vinaza, pero temen más vuelcos cuando llueva
Fecha de Publicación: 23/01/2013
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán - Santiago del Estero
Un grupo de técnicos de la Defensoría del Pueblo de Santiago del Estero realizó una inspección a través de la cual se corroboró la reconstrucción de los taludes rotos en canales y reservorios para permitir el paso de los desechos, aunque las autoridades de Tucumán no garantizaron que sea permanente.
En diálogo con EL LIBERAL, el titular del organismo provincial, Martín Díaz Achával, informó que el grupo que viajó a la vecina provincia “primero fue al ingenio Trinidad, para verificar las obras que se comprometieron a realizar para tapar el flujo”.
En ese sentido, el ombudsman señaló que “efectivamente, se confirmó que ya fluye agua hacia El Palomar, aparentemente desde hace uno o dos días que está de esta manera, razón por la cual ya no está entrando vinaza a la localidad”.
Sin embargo aclaró que “hablo de vinaza, no necesariamente agua de lluvia; lo que sí sabemos es que el único depósito que hay sobre el canal, ya no está saliendo”.
El funcionario provincial señaló que las autoridades de Tucumán “no nos garantizan de que sea permanente porque aún hay vinaza en el canal, que tienen que retirarla a través de camiones, pero por lo menos este derrame después de ocho días fue controlado”.
Asimismo, el defensor sostuvo que desde el organismo que tiene a su cargo “por ahora nos deja tranquilos esta situación porque está manejada, pero de todos modos nos mantenemos alerta por cualquier inconveniente que pueda ocurrir”.
Contacto
En ese marco, Díaz Achával manifestó que durante la jornada de ayer no pudieron contactarse con las autoridades de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, a cargo del doctor Juan José Mussi; pero adelantó que en el transcurso de este martes “buscaremos contactarnos para ver si hubo algún tipo de avance sobre este tema”.
El defensor volvió a recalcar el compromiso que se adquirió desde el organismo nacional y añadió que espera que Mussi pueda poner freno a los vuelcos, luego de que a pesar de las advertencias de las autoridades de Tucumán y de Santiago y de las disposiciones de la Justicia Federal, la planta industrial que pertenece al empresario tucumano Jorge Rocchia Ferro, siguió derramando el residuo por el canal interprovincial del Este que desemboca en terreno santiagueño.
Como se recordará, el funcionario nacional se encuentra al tanto de los vuelcos del ingenio La Florida que llegaron hasta territorio santiagueño a través del canal interprovincial del Este.
También, que estos derrames masivos desde reservorios de la empresa tucumana situada en el departamento Cruz Alta, son similares al que ocurrió en noviembre, cuando más de 80 millones de litros de vinaza pura fueron descargados en El Palomar.
Legislador denunció al secretario de Medio Ambiente de Tucumán
El legislador Ariel García denunció ante la Justicia Federal al secretario de Medio Ambiente de Tucumán, Alfredo Montalván, por el delito de encubrimiento e infracción a la ley general de ambiente, a raíz de los vuelcos de vinaza en los canales que contaminan a los ríos afluentes de la cuenca de la región.
El legislador radical se refirió específicamente “a la contaminación generada en la localidad santiagueña de El Palomar, departamento Jiménez, provincia de Santiago del Estero, producida por el ingenio la Florida de nuestra provincia”.
“La responsabilidad por encubrimiento que se imputa al Secretario de Medio Ambiente y que debe tramitar en el fuero Federal, corresponde en virtud de que su actuar antijurídico se encuentra estrechamente ligado a la infracción de la ley 24051”, expresó García.
“Hace unos días la pequeña localidad santiagueña El Palomar se vio nuevamente amenazada por la vinaza que genera el ingenio La Florida de Tucumán, quien hace aproximadamente un mes, arrojó más de 80 millones de litros de desecho puro a través del canal interprovincial del Este”, indicó el legislador tucumano.
“Violando disposiciones legales y agravando una crisis ambiental ya desatada, el ingenio tucumano, arrojó nuevamente en los últimos 10 días (entre el 11/01/13 y el 18/01/13) millones de litros de vinaza hacia la localidad mencionada. Autoridades santiagueñas confirmaron que estos desechos fueron arrojados por la industria La Florida a través del canal interprovincial del Este”, remarcó el parlamentario del radicalismo.
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Fecha de Publicación: 23/01/2013
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán - Santiago del Estero
Un grupo de técnicos de la Defensoría del Pueblo de Santiago del Estero realizó una inspección a través de la cual se corroboró la reconstrucción de los taludes rotos en canales y reservorios para permitir el paso de los desechos, aunque las autoridades de Tucumán no garantizaron que sea permanente.En diálogo con EL LIBERAL, el titular del organismo provincial, Martín Díaz Achával, informó que el grupo que viajó a la vecina provincia “primero fue al ingenio Trinidad, para verificar las obras que se comprometieron a realizar para tapar el flujo”.
En ese sentido, el ombudsman señaló que “efectivamente, se confirmó que ya fluye agua hacia El Palomar, aparentemente desde hace uno o dos días que está de esta manera, razón por la cual ya no está entrando vinaza a la localidad”.
Sin embargo aclaró que “hablo de vinaza, no necesariamente agua de lluvia; lo que sí sabemos es que el único depósito que hay sobre el canal, ya no está saliendo”.
El funcionario provincial señaló que las autoridades de Tucumán “no nos garantizan de que sea permanente porque aún hay vinaza en el canal, que tienen que retirarla a través de camiones, pero por lo menos este derrame después de ocho días fue controlado”.
Asimismo, el defensor sostuvo que desde el organismo que tiene a su cargo “por ahora nos deja tranquilos esta situación porque está manejada, pero de todos modos nos mantenemos alerta por cualquier inconveniente que pueda ocurrir”.
Contacto
En ese marco, Díaz Achával manifestó que durante la jornada de ayer no pudieron contactarse con las autoridades de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, a cargo del doctor Juan José Mussi; pero adelantó que en el transcurso de este martes “buscaremos contactarnos para ver si hubo algún tipo de avance sobre este tema”.
El defensor volvió a recalcar el compromiso que se adquirió desde el organismo nacional y añadió que espera que Mussi pueda poner freno a los vuelcos, luego de que a pesar de las advertencias de las autoridades de Tucumán y de Santiago y de las disposiciones de la Justicia Federal, la planta industrial que pertenece al empresario tucumano Jorge Rocchia Ferro, siguió derramando el residuo por el canal interprovincial del Este que desemboca en terreno santiagueño.
Como se recordará, el funcionario nacional se encuentra al tanto de los vuelcos del ingenio La Florida que llegaron hasta territorio santiagueño a través del canal interprovincial del Este.
También, que estos derrames masivos desde reservorios de la empresa tucumana situada en el departamento Cruz Alta, son similares al que ocurrió en noviembre, cuando más de 80 millones de litros de vinaza pura fueron descargados en El Palomar.
Legislador denunció al secretario de Medio Ambiente de Tucumán
El legislador Ariel García denunció ante la Justicia Federal al secretario de Medio Ambiente de Tucumán, Alfredo Montalván, por el delito de encubrimiento e infracción a la ley general de ambiente, a raíz de los vuelcos de vinaza en los canales que contaminan a los ríos afluentes de la cuenca de la región.
El legislador radical se refirió específicamente “a la contaminación generada en la localidad santiagueña de El Palomar, departamento Jiménez, provincia de Santiago del Estero, producida por el ingenio la Florida de nuestra provincia”.
“La responsabilidad por encubrimiento que se imputa al Secretario de Medio Ambiente y que debe tramitar en el fuero Federal, corresponde en virtud de que su actuar antijurídico se encuentra estrechamente ligado a la infracción de la ley 24051”, expresó García.
“Hace unos días la pequeña localidad santiagueña El Palomar se vio nuevamente amenazada por la vinaza que genera el ingenio La Florida de Tucumán, quien hace aproximadamente un mes, arrojó más de 80 millones de litros de desecho puro a través del canal interprovincial del Este”, indicó el legislador tucumano.
“Violando disposiciones legales y agravando una crisis ambiental ya desatada, el ingenio tucumano, arrojó nuevamente en los últimos 10 días (entre el 11/01/13 y el 18/01/13) millones de litros de vinaza hacia la localidad mencionada. Autoridades santiagueñas confirmaron que estos desechos fueron arrojados por la industria La Florida a través del canal interprovincial del Este”, remarcó el parlamentario del radicalismo.
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Desvío ilegal del río Atuel en Mendoza
Descubren un desvío ilegal del río Atuel para regar un campo
Fecha de Publicación: 22/01/2013
Fuente: Diario Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
Irrigación detectó la irregularidad en la zona de Salinas Chicas, un área protegida. Sacaba 8 metros cúbicos por segundo del cauce y afectaba al dique El Nihuil.
La subdelegación de Aguas del río Atuel descubrió durante una inspección que manos anónimas habían desviado el curso del río a la altura de las Salinas Chicas, reserva natural.
Esto, según explicó el titular del organismo Fabio Di Berardino, había producido una especie de delta y aparentemente servía para regar pasturas a simple vista clandestinas para engordar ganado vacuno. De acuerdo a los cálculos de esta entidad, se perdían alrededor de 8 metros cúbicos por segundo lo que causaba una gran baja en el ingreso al dique donde en lugar de 38 metros cúbicos se había detectado en el aforador que sólo entraban 30.
El funcionario destacó que esa zona como reserva no puede ser usada para pasturas por lo que se dio intervención a la Dirección de Recursos Naturales Renovables.
Es de destacar que el desvío del río en esa zona no puede ser construido a mano sino con maquinaria pesada por lo que llama la atención, según expresaron allegados a ONG ambientalistas, que no se detecte al o los responsables. En la zona operan tres empresas privadas que son propietarias de los campos aunque no existe ningún antecedente que las ligue a esta situación. También se destacó que si se ingresa ganado vacuno a la zona (como ya se ha detectado en otras oportunidades) debe hacerse en equipos especialmente acondicionados debido a lo difícil de la geografía o en caso contrario a través del arreo tradicional que implica contratar a baqueanos del lugar, y esto no habría ocurrido.
Por su lado, César Quiroga, delegado de la Zona Sur de Recursos Naturales señaló desconocer que existiera ese desvío de agua. Aclaró que ellos realizan un monitoreo constante y que esta semana está prevista una inspección en la zona que va desde Piedras Negras hasta el arroyo El Lechuzo (unos 25 kilómetros de difícil acceso aún para vehículos 4 x 4).
"Es totalmente ilegal si se ha desviado el curso del río para hacer ingresar agua a la laguna Chica de las Salinas porque esa es zona "reserva santuario" y no se permite ninguna alteración antrópica en el lugar. Si el río Atuel crece e ingresa agua a la laguna bien, pero no se puede alterar con taponamientos artificiales el curso del río para elevar el nivel. El año pasado en temporada se detectaron dos taponamientos y se dio intervención a Irrigación que inmediatamente corrigió la situación".
El funcionario reiteró que es totalmente ilegal construir endicamientos en el río y afirmó desconocer si se detectó el año pasado a los responsables de los endicamientos.
Desde la semana pasada en El Nihuil se percibe un aumento de la cota lo que certificaría lo señalado por Irrigación. Ahora estarían ingresando al dique los 38 metros cúbicos por segundo que entran a la altura de las Salinas donde existe una especie de delta que en épocas de poca agua se secan y reviven cuando ingresa agua.
Este paraje declarado Reserva Natural (santuario) se encuentra ubicado en el departamento de San Rafael, a 8 kilómetros de la localidad de El Nihuil y abarca una extensión de 350 hectáreas.
Los bañados y la laguna se forman por dos brazos principales y varios pequeños afluentes del río Atuel que surcan la llanura al alcanzar la desembocadura de El Nihuil y La Salina. El objetivo de haber declarado esta zona como "reserva natural (santuario) es la conservación del humedal formado por la misma y preservar su importante riqueza piscícola, ya que en ella se encuentran importantes poblaciones de perca criolla. La vegetación en las tierras adyacentes corresponde a pastizales de junquillo y tupe en suelos arenosos sueltos.
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Fecha de Publicación: 22/01/2013
Fuente: Diario Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
Irrigación detectó la irregularidad en la zona de Salinas Chicas, un área protegida. Sacaba 8 metros cúbicos por segundo del cauce y afectaba al dique El Nihuil. La subdelegación de Aguas del río Atuel descubrió durante una inspección que manos anónimas habían desviado el curso del río a la altura de las Salinas Chicas, reserva natural.
Esto, según explicó el titular del organismo Fabio Di Berardino, había producido una especie de delta y aparentemente servía para regar pasturas a simple vista clandestinas para engordar ganado vacuno. De acuerdo a los cálculos de esta entidad, se perdían alrededor de 8 metros cúbicos por segundo lo que causaba una gran baja en el ingreso al dique donde en lugar de 38 metros cúbicos se había detectado en el aforador que sólo entraban 30.
El funcionario destacó que esa zona como reserva no puede ser usada para pasturas por lo que se dio intervención a la Dirección de Recursos Naturales Renovables.
Es de destacar que el desvío del río en esa zona no puede ser construido a mano sino con maquinaria pesada por lo que llama la atención, según expresaron allegados a ONG ambientalistas, que no se detecte al o los responsables. En la zona operan tres empresas privadas que son propietarias de los campos aunque no existe ningún antecedente que las ligue a esta situación. También se destacó que si se ingresa ganado vacuno a la zona (como ya se ha detectado en otras oportunidades) debe hacerse en equipos especialmente acondicionados debido a lo difícil de la geografía o en caso contrario a través del arreo tradicional que implica contratar a baqueanos del lugar, y esto no habría ocurrido.
Por su lado, César Quiroga, delegado de la Zona Sur de Recursos Naturales señaló desconocer que existiera ese desvío de agua. Aclaró que ellos realizan un monitoreo constante y que esta semana está prevista una inspección en la zona que va desde Piedras Negras hasta el arroyo El Lechuzo (unos 25 kilómetros de difícil acceso aún para vehículos 4 x 4).
"Es totalmente ilegal si se ha desviado el curso del río para hacer ingresar agua a la laguna Chica de las Salinas porque esa es zona "reserva santuario" y no se permite ninguna alteración antrópica en el lugar. Si el río Atuel crece e ingresa agua a la laguna bien, pero no se puede alterar con taponamientos artificiales el curso del río para elevar el nivel. El año pasado en temporada se detectaron dos taponamientos y se dio intervención a Irrigación que inmediatamente corrigió la situación".
El funcionario reiteró que es totalmente ilegal construir endicamientos en el río y afirmó desconocer si se detectó el año pasado a los responsables de los endicamientos.
Desde la semana pasada en El Nihuil se percibe un aumento de la cota lo que certificaría lo señalado por Irrigación. Ahora estarían ingresando al dique los 38 metros cúbicos por segundo que entran a la altura de las Salinas donde existe una especie de delta que en épocas de poca agua se secan y reviven cuando ingresa agua.
Este paraje declarado Reserva Natural (santuario) se encuentra ubicado en el departamento de San Rafael, a 8 kilómetros de la localidad de El Nihuil y abarca una extensión de 350 hectáreas.
Los bañados y la laguna se forman por dos brazos principales y varios pequeños afluentes del río Atuel que surcan la llanura al alcanzar la desembocadura de El Nihuil y La Salina. El objetivo de haber declarado esta zona como "reserva natural (santuario) es la conservación del humedal formado por la misma y preservar su importante riqueza piscícola, ya que en ella se encuentran importantes poblaciones de perca criolla. La vegetación en las tierras adyacentes corresponde a pastizales de junquillo y tupe en suelos arenosos sueltos.
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La recolección de residuos en el 2012 no fue buena
Admite la Ciudad que 2012 fue el peor año para la recolección de residuos
Fecha de Publicación: 22/01/2013
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Capital Federal
Para la administración de Mauricio Macri, 2012 fue el peor año en materia de gestión de los residuos urbanos . Y lo que el ciudadano experimenta en las calles a diario el propio gobierno porteño lo admite.
"Fue el año más crítico para la recolección de la basura en la ciudad durante toda esta gestión, sobre todo en el segundo semestre. Hubo 18 bloqueos y paros, y un sinfín de problemas. Por cada día perdido, necesitamos otros tres para dejar las calles limpias. Y la basura se acumuló en las esquinas. Estamos a mitad de camino y estoy orgulloso de la batalla que estamos dando", reconoció a LA NACION el ministro de Ambiente y Espacio Público, Diego Santilli.
Mientras se discute la nueva licitación por la recolección de residuos porteños, que será de 30.000 millones de pesos por diez años de concesión, las críticas por la acumulación de residuos -que arreciaron luego de que se conocieran los fuertes aumentos en el ABL porteño- llevaron a Macri a designar a un funcionario de su confianza, Edgardo Cenzón, para intentar revertir esta historia.
La falta de higiene persiste: bolsas negras, verdes y blancas con un "popurrí" de residuos de comida, papel y botellas plásticas desbordan los contenedores y hacen pensar que la separación en origen es todavía una utopía. Las bolsas quedan apiladas o desperdigadas en las esquinas, donde el sol del verano calienta los residuos, con lo que se propagan los malos olores y los riesgos que eso conlleva.
Si bien la colocación de contenedores negros en el 63% de la Capital ordenó bastante el retiro de basura domiciliaria, la recolección tiene serias falencias operativas. Y si a esto se suma que muchos vecinos aún no asumieron el compromiso de retirar la basura en el horario permitido (de domingos a viernes, de 20 a 21), se explica que la ciudad siga tan sucia.
Lideran el ranking de barrios que generan más residuos Recoleta, Monserrat, Retiro, San Nicolás, San Telmo, Constitución y La Boca, donde en diciembre pasado, por ejemplo, se recolectaron 33.543 toneladas, el 25% por ciento de lo que generan los domicilios porteños por mes. El micro y macrocentro se caracterizan por la alta concentración de basura, ya que allí conviven frentistas, encargados de edificios, dueños de restaurantes y los cartoneros.
Según datos de Ambiente y Espacio Público, las principales anomalías en la labor de las empresas de recolección en aquellos barrios son la falta de vaciado de los contenedores y la mala recolección de los residuos entorno a éstos. Prestan hoy servicio Cliba, Níttida, Integra, Urbasur y AESA. Esta última fue muy cuestionada en diciembre.
Los frentistas también incumplen a menudo su responsabilidad: sacan la basura fuera de hora, en ocasiones no la depositan en los contenedores o bien dejan objetos voluminosos dentro de ellos, como muebles y electrodomésticos.
Aumentaron las quejas
El presidente del Ente Único Regulador de Servicios Públicos, Lisandro Ferrali, dijo que hubo un incremento de "casi el 350%" en las denuncias de los usuarios por el servicio de higiene urbana, que se profundizó desde la instalación de contenedores.
En una recorrida que realizó LA NACION se advirtió que la suciedad es recurrente en numerosos barrios. Y la situación empeora donde no hay contenedores, pese a que cuando la basura se acumula en ellos, incluso las palomas hacen una parada obligada para comer los desechos de las bolsas abiertas.
"La ciudad está hecha un desastre: Si no, mirá lo que es esto: tiene que dar vergüenza que los turistas se paren a retratarlo", decía, molesta, María Eugenia Fermín, vecina de Recoleta, delante de un contenedor rodeado de restos de papeles y cartones, en Arroyo y Suipacha.
Si bien son muchas las zonas abarrotadas de residuos, el Barrio Chino, en Belgrano, cumple con todas las irregularidades en cuanto a la higiene. Allí, los comerciantes sacan los residuos a cualquier hora, incluso desechos de pescadería que causan olores nauseabundos. Los visitantes tiran los desperdicios en los pocos cestos que hay en las tres cuadras de Arribeños, entre Juramento y Blanco Encalada, y los papeles terminan en la calle.
Según fuentes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, en este lugar hay refuerzos de recolección y los camiones pasan a retirar los residuos varias veces al día. LA NACION constató, el viernes pasado, que en la esquina de Mendoza y Arribeños, por ejemplo, la basura comenzó a acumularse al mediodía. Y cerca de las 20, la pila había crecido notablemente, pero ningún camión había pasado a retirarla.
Sobre las soluciones proyectadas, Santilli dijo: "Tenemos un máster plan que prevé doble contenerización en la ciudad, el trabajo con las cooperativas de recuperadores urbanos para la gestión del material reciclable y con los grandes generadores, la construcción de plantas de tratamiento y la concientización de todos los actores". Y a pesar de la crítica situación, prometió: "Voy a terminar mi mandato como ministro con un antes y un después en el servicio de recolección".
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Fecha de Publicación: 22/01/2013
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Capital Federal
Para la administración de Mauricio Macri, 2012 fue el peor año en materia de gestión de los residuos urbanos . Y lo que el ciudadano experimenta en las calles a diario el propio gobierno porteño lo admite."Fue el año más crítico para la recolección de la basura en la ciudad durante toda esta gestión, sobre todo en el segundo semestre. Hubo 18 bloqueos y paros, y un sinfín de problemas. Por cada día perdido, necesitamos otros tres para dejar las calles limpias. Y la basura se acumuló en las esquinas. Estamos a mitad de camino y estoy orgulloso de la batalla que estamos dando", reconoció a LA NACION el ministro de Ambiente y Espacio Público, Diego Santilli.
Mientras se discute la nueva licitación por la recolección de residuos porteños, que será de 30.000 millones de pesos por diez años de concesión, las críticas por la acumulación de residuos -que arreciaron luego de que se conocieran los fuertes aumentos en el ABL porteño- llevaron a Macri a designar a un funcionario de su confianza, Edgardo Cenzón, para intentar revertir esta historia.
La falta de higiene persiste: bolsas negras, verdes y blancas con un "popurrí" de residuos de comida, papel y botellas plásticas desbordan los contenedores y hacen pensar que la separación en origen es todavía una utopía. Las bolsas quedan apiladas o desperdigadas en las esquinas, donde el sol del verano calienta los residuos, con lo que se propagan los malos olores y los riesgos que eso conlleva.
Si bien la colocación de contenedores negros en el 63% de la Capital ordenó bastante el retiro de basura domiciliaria, la recolección tiene serias falencias operativas. Y si a esto se suma que muchos vecinos aún no asumieron el compromiso de retirar la basura en el horario permitido (de domingos a viernes, de 20 a 21), se explica que la ciudad siga tan sucia.
Lideran el ranking de barrios que generan más residuos Recoleta, Monserrat, Retiro, San Nicolás, San Telmo, Constitución y La Boca, donde en diciembre pasado, por ejemplo, se recolectaron 33.543 toneladas, el 25% por ciento de lo que generan los domicilios porteños por mes. El micro y macrocentro se caracterizan por la alta concentración de basura, ya que allí conviven frentistas, encargados de edificios, dueños de restaurantes y los cartoneros.
Según datos de Ambiente y Espacio Público, las principales anomalías en la labor de las empresas de recolección en aquellos barrios son la falta de vaciado de los contenedores y la mala recolección de los residuos entorno a éstos. Prestan hoy servicio Cliba, Níttida, Integra, Urbasur y AESA. Esta última fue muy cuestionada en diciembre.
Los frentistas también incumplen a menudo su responsabilidad: sacan la basura fuera de hora, en ocasiones no la depositan en los contenedores o bien dejan objetos voluminosos dentro de ellos, como muebles y electrodomésticos.
Aumentaron las quejas
El presidente del Ente Único Regulador de Servicios Públicos, Lisandro Ferrali, dijo que hubo un incremento de "casi el 350%" en las denuncias de los usuarios por el servicio de higiene urbana, que se profundizó desde la instalación de contenedores.
En una recorrida que realizó LA NACION se advirtió que la suciedad es recurrente en numerosos barrios. Y la situación empeora donde no hay contenedores, pese a que cuando la basura se acumula en ellos, incluso las palomas hacen una parada obligada para comer los desechos de las bolsas abiertas.
"La ciudad está hecha un desastre: Si no, mirá lo que es esto: tiene que dar vergüenza que los turistas se paren a retratarlo", decía, molesta, María Eugenia Fermín, vecina de Recoleta, delante de un contenedor rodeado de restos de papeles y cartones, en Arroyo y Suipacha.
Si bien son muchas las zonas abarrotadas de residuos, el Barrio Chino, en Belgrano, cumple con todas las irregularidades en cuanto a la higiene. Allí, los comerciantes sacan los residuos a cualquier hora, incluso desechos de pescadería que causan olores nauseabundos. Los visitantes tiran los desperdicios en los pocos cestos que hay en las tres cuadras de Arribeños, entre Juramento y Blanco Encalada, y los papeles terminan en la calle.
Según fuentes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, en este lugar hay refuerzos de recolección y los camiones pasan a retirar los residuos varias veces al día. LA NACION constató, el viernes pasado, que en la esquina de Mendoza y Arribeños, por ejemplo, la basura comenzó a acumularse al mediodía. Y cerca de las 20, la pila había crecido notablemente, pero ningún camión había pasado a retirarla.
Sobre las soluciones proyectadas, Santilli dijo: "Tenemos un máster plan que prevé doble contenerización en la ciudad, el trabajo con las cooperativas de recuperadores urbanos para la gestión del material reciclable y con los grandes generadores, la construcción de plantas de tratamiento y la concientización de todos los actores". Y a pesar de la crítica situación, prometió: "Voy a terminar mi mandato como ministro con un antes y un después en el servicio de recolección".
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Macri, Scioli y la política detrás de la basura
Macri-Scioli: sacame la basura
Fecha de Publicación: 22/01/2013
Fuente: Newsweek
Provincia/Región: Capital Federal - Buenos Aires
En el reino de lo efímero, escribió Eduardo Galeano, "todo se convierte inmediatamente en chatarra". Y en el reino de la política, cada gesto se transforma en el acto en abono para especulaciones. Días atrás, en su primer encuentro del 2013, Mauricio Macri y Daniel Scioli compartieron foto, sonrisas y escenario en la inauguración oficial de una planta MBT de tratamiento de residuos en el relleno Norte 3 del CEAMSE (la cual, se dijo, busca reducir un 10 por ciento la cantidad de basura que la Ciudad entierra en la provincia). ¿Se trató de otra señal de diferenciación con la Presidenta? ¿O, simplemente, refleja la importancia crucial que tiene la cuestión de la basura para los sueños presidenciales del alcalde y el gobernador?
La respuesta, probablemente, reconozca ambos ingredientes. La disposición final de los residuos sólidos no es sólo un desafío doméstico: es "quizás el más grave problema ambiental urbano de la actualidad", asegura el biólogo y periodista ambiental Sergio Federovisky en Los mitos del medio ambiente (Capital Intelectual, 2012 ). "Las ciudades se hicieron sin pensar en la basura, pues la prepotencia del mercado por alentar el consumo masivo de elementos suntuarios –que rápidamente se convierten en residuos- es una cuestión reciente", agrega el director de la Agencia Ambiental La Plata. El cóctel se agrava por la explosión demográfica. Desde 1920, urbes como México DF, San Pablo y Buenos Aires (incluyendo toda el área metropolitana) multiplicaron entre 10 y 40 veces su población.
La situación llegó a su punto más álgido en noviembre. Como cada porteño ya genera en promedio más de dos kilos diarios de desechos que terminan en el relleno del CEAMSE y la fallida "Ley de Basura Cero", que rige en la Ciudad desde 2004 (aspiraba a reducir en un 70 por ciento el envío de basura para 2012, pero la cifra en realidad se duplicó en ese lapso), en noviembre pasado Scioli le lanzó un ultimátum a Macri: "Mi paciencia tiene un límite y los rellenos también". El líder del PRO respondió con un ambicioso plan escalonado: la Ciudad alcanzará una reducción en su despacho de basura del 29%, en julio del 31%, en noviembre del 44% y a mediados de 2014, de 78%.
Sin embargo, muchos expertos son escépticos sobre la posibilidad de que la promesa se cumpla, al menos en los tiempos previstos. Y, pese a que los ambientalistas ponen el grito en el cielo, bajan expectativas sobre el reciclaje, consideran que los rellenos son tan vitales como un hospital y hasta proponen la vuelta de la incineración.
A 18 kilómetros de Santa Rosa de Calamuchita, en un predio alejado de poblaciones, caminos de asfalto y cursos de agua, está en marcha un remedio posible. Una cinta de clasificación transporta la basura de 16 municipios de la región. Sobre una plataforma, cinco mujeres con barbijo examina la cinta y recogen botellas plásticas, papeles, cartones, vidrios, latas, piezas de aluminio y, en una próxima etapa, desechos orgánicos para fabricar compost o abono orgánico. El resto no reciclable sigue otro destino: entra en una prensadora que, tras una decena de golpes, "escupe" un fardo compacto de 800 kilos que posteriormente es envuelto de manera automática con tres vueltas de plástico impermeabilizante. El fardo así procesado termina en un relleno sanitario lindero, pero ocupando un tercio del volumen que ocupa la basura en un relleno convencional. Y sin producir jugo de basura (lixiviado) ni olores desagradables, lo cual reduce la necesidad o urgencia de cubrirlos con tierra.
El "punto verde" o centro de tratamiento de Calamuchita, que comenzó a funcionar en noviembre y tiene capacidad para procesar 150 toneladas de residuos por día, guarda algunas similitudes con la nueva planta MBT pero es la primera que utiliza esa tecnología de enfardado en América del Sur. "No es una solución mágica, pero es técnicamente avanzada y económicamente potable", asegura Oscar Scorza, CEO de la empresa Econovo, con sede en Oncativo, que desarrolló e instaló la maquinaria. Según Scorza, Europa ya tiene 300 plantas instaladas de ese tipo, la ciudad de Nueva York, dos (los fardos viajan por tren 1.100 kilómetros hasta un relleno a Kentucky) y México, una decena. "En 10 años, como mínimo, va a haber otras 100 en Argentina", se entusiasma el empresario.
Pero la expansión de estos enfoques mecánicos o biológicos de tratamiento de residuos denotan el fracaso o la limitación de otras propuestas "verdes" que suelen endiosarse: en particular, la separación domiciliaria de los residuos y el reciclado o reutilización masivos. "Se extendió la noción de que el reciclaje es la solución a todos nuestros males", escribe Federovisky. "A reciclar que se acaba el mundo, parecen decir todos. Pero el 80 por ciento de la basura no puede reciclarse aquí ni en Mónaco".
Marcela De Luca, docente de la maestría en Ingeniería Sanitaria de la UBA y secretaria técnica de la Asociación Argentina de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente (AIDIS Argentina), participó de varios estudios sobre la calidad de los residuos urbanos sólidos en el área metropolitana de Buenos Aires. Y concluyó que la proporción de basura que se puede reciclar ronda apenas el 15 por ciento. "Los plásticos, por ejemplo, no son todos iguales", señala. Aunque esos materiales representan del 13 al 20 por ciento del total de la basura, sólo entre un tercio y un cuarto de esa cantidad puede convertirse en materia prima para plásticos nuevos.
"Suponer que sólo con el reciclado se puede reducir más del 25 al 30 por ciento la cantidad de residuos es una simple expresión de deseos", reconoce el economista César Rodríguez, autor del libro Gestión integral de residuos, reciclado y cartoneo en Buenos Aires (Croquis, 2011), quien sin embargo destaca la importancia de alentar la separación en origen, la recolección diferenciada, las campañas de educación ambiental y el reciclado o reutilización.
Rodríguez cultiva el optimismo. Dice que esta vez es "factible" que la Ciudad de Buenos Aires pueda cumplir su compromiso de reducción de residuos, más allá de algunos retrasos en el cronograma. El plan oficial contempla, además de la nueva planta en el CEAMSE, una futura planta para tratar escombros y restos de podas, la instalación de containers en todo el distrito y licitaciones para recolectar y reciclar residuos húmedos y secos en "centros verdes".
No obstante, "estoy seguro de que se van a propulsar nuevas tecnologías", subraya Rodríguez. Una de ellas, en rigor una vieja conocida, es la incineración. Pese a su mala fama en Argentina, donde está prohibida desde fines de la década del `70 (aunque la Ley de Basura Cero porteña la admite entrelíneas bajo ciertas condiciones), el método se utiliza ampliamente en muchos países avanzados de Europa. "En París hay una planta a cinco cuadras de la Torre Eiffel", grafica De Luca, para quien las instalaciones modernas de combustión de basura no sólo reducen un 90 por ciento el volumen inicial de la basura y controlan la emisión de contaminantes gaseosos ambientales sino que también producen energía con un 22 por ciento de eficiencia. "Eso no es incineración", aclara: "Es una valorización térmica de los residuos". Otras tecnologías experimentales o incipientes incluyen la antorcha de plasma, la gasificación y la pirólisis. En todos los casos, siempre va a haber un residuo que termine en rellenos, que, según De Luca, no son sinónimos de basurales y representan instalaciones de ingeniería "que necesitamos para vivir en una ciudad".
No hay solución perfecta. La incineración, por caso, concita el rechazo de los ambientalistas, su inversión inicial es alta (para Scorza, quemar la basura de Córdoba costaría US$ 1.500 millones versus US$ 20 millones del enfardado) y la instalación de un horno moderno requiere 10 años. El compost de basura no sirve para uso agrícola. Y nadie quiere que le pongan un relleno en el patio de la casa. Pero el mero hecho de que se empiecen a replantear prejuicios representa un golpe a las propuestas meramente voluntaristas que, por otra parte, suelen reciclarse tanto como las sonrisas de Macri y Scioli en un acto.
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Fecha de Publicación: 22/01/2013
Fuente: Newsweek
Provincia/Región: Capital Federal - Buenos Aires
En el reino de lo efímero, escribió Eduardo Galeano, "todo se convierte inmediatamente en chatarra". Y en el reino de la política, cada gesto se transforma en el acto en abono para especulaciones. Días atrás, en su primer encuentro del 2013, Mauricio Macri y Daniel Scioli compartieron foto, sonrisas y escenario en la inauguración oficial de una planta MBT de tratamiento de residuos en el relleno Norte 3 del CEAMSE (la cual, se dijo, busca reducir un 10 por ciento la cantidad de basura que la Ciudad entierra en la provincia). ¿Se trató de otra señal de diferenciación con la Presidenta? ¿O, simplemente, refleja la importancia crucial que tiene la cuestión de la basura para los sueños presidenciales del alcalde y el gobernador?La respuesta, probablemente, reconozca ambos ingredientes. La disposición final de los residuos sólidos no es sólo un desafío doméstico: es "quizás el más grave problema ambiental urbano de la actualidad", asegura el biólogo y periodista ambiental Sergio Federovisky en Los mitos del medio ambiente (Capital Intelectual, 2012 ). "Las ciudades se hicieron sin pensar en la basura, pues la prepotencia del mercado por alentar el consumo masivo de elementos suntuarios –que rápidamente se convierten en residuos- es una cuestión reciente", agrega el director de la Agencia Ambiental La Plata. El cóctel se agrava por la explosión demográfica. Desde 1920, urbes como México DF, San Pablo y Buenos Aires (incluyendo toda el área metropolitana) multiplicaron entre 10 y 40 veces su población.
La situación llegó a su punto más álgido en noviembre. Como cada porteño ya genera en promedio más de dos kilos diarios de desechos que terminan en el relleno del CEAMSE y la fallida "Ley de Basura Cero", que rige en la Ciudad desde 2004 (aspiraba a reducir en un 70 por ciento el envío de basura para 2012, pero la cifra en realidad se duplicó en ese lapso), en noviembre pasado Scioli le lanzó un ultimátum a Macri: "Mi paciencia tiene un límite y los rellenos también". El líder del PRO respondió con un ambicioso plan escalonado: la Ciudad alcanzará una reducción en su despacho de basura del 29%, en julio del 31%, en noviembre del 44% y a mediados de 2014, de 78%.
Sin embargo, muchos expertos son escépticos sobre la posibilidad de que la promesa se cumpla, al menos en los tiempos previstos. Y, pese a que los ambientalistas ponen el grito en el cielo, bajan expectativas sobre el reciclaje, consideran que los rellenos son tan vitales como un hospital y hasta proponen la vuelta de la incineración.
A 18 kilómetros de Santa Rosa de Calamuchita, en un predio alejado de poblaciones, caminos de asfalto y cursos de agua, está en marcha un remedio posible. Una cinta de clasificación transporta la basura de 16 municipios de la región. Sobre una plataforma, cinco mujeres con barbijo examina la cinta y recogen botellas plásticas, papeles, cartones, vidrios, latas, piezas de aluminio y, en una próxima etapa, desechos orgánicos para fabricar compost o abono orgánico. El resto no reciclable sigue otro destino: entra en una prensadora que, tras una decena de golpes, "escupe" un fardo compacto de 800 kilos que posteriormente es envuelto de manera automática con tres vueltas de plástico impermeabilizante. El fardo así procesado termina en un relleno sanitario lindero, pero ocupando un tercio del volumen que ocupa la basura en un relleno convencional. Y sin producir jugo de basura (lixiviado) ni olores desagradables, lo cual reduce la necesidad o urgencia de cubrirlos con tierra.
El "punto verde" o centro de tratamiento de Calamuchita, que comenzó a funcionar en noviembre y tiene capacidad para procesar 150 toneladas de residuos por día, guarda algunas similitudes con la nueva planta MBT pero es la primera que utiliza esa tecnología de enfardado en América del Sur. "No es una solución mágica, pero es técnicamente avanzada y económicamente potable", asegura Oscar Scorza, CEO de la empresa Econovo, con sede en Oncativo, que desarrolló e instaló la maquinaria. Según Scorza, Europa ya tiene 300 plantas instaladas de ese tipo, la ciudad de Nueva York, dos (los fardos viajan por tren 1.100 kilómetros hasta un relleno a Kentucky) y México, una decena. "En 10 años, como mínimo, va a haber otras 100 en Argentina", se entusiasma el empresario.
Pero la expansión de estos enfoques mecánicos o biológicos de tratamiento de residuos denotan el fracaso o la limitación de otras propuestas "verdes" que suelen endiosarse: en particular, la separación domiciliaria de los residuos y el reciclado o reutilización masivos. "Se extendió la noción de que el reciclaje es la solución a todos nuestros males", escribe Federovisky. "A reciclar que se acaba el mundo, parecen decir todos. Pero el 80 por ciento de la basura no puede reciclarse aquí ni en Mónaco".
Marcela De Luca, docente de la maestría en Ingeniería Sanitaria de la UBA y secretaria técnica de la Asociación Argentina de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente (AIDIS Argentina), participó de varios estudios sobre la calidad de los residuos urbanos sólidos en el área metropolitana de Buenos Aires. Y concluyó que la proporción de basura que se puede reciclar ronda apenas el 15 por ciento. "Los plásticos, por ejemplo, no son todos iguales", señala. Aunque esos materiales representan del 13 al 20 por ciento del total de la basura, sólo entre un tercio y un cuarto de esa cantidad puede convertirse en materia prima para plásticos nuevos.
"Suponer que sólo con el reciclado se puede reducir más del 25 al 30 por ciento la cantidad de residuos es una simple expresión de deseos", reconoce el economista César Rodríguez, autor del libro Gestión integral de residuos, reciclado y cartoneo en Buenos Aires (Croquis, 2011), quien sin embargo destaca la importancia de alentar la separación en origen, la recolección diferenciada, las campañas de educación ambiental y el reciclado o reutilización.
Rodríguez cultiva el optimismo. Dice que esta vez es "factible" que la Ciudad de Buenos Aires pueda cumplir su compromiso de reducción de residuos, más allá de algunos retrasos en el cronograma. El plan oficial contempla, además de la nueva planta en el CEAMSE, una futura planta para tratar escombros y restos de podas, la instalación de containers en todo el distrito y licitaciones para recolectar y reciclar residuos húmedos y secos en "centros verdes".
No obstante, "estoy seguro de que se van a propulsar nuevas tecnologías", subraya Rodríguez. Una de ellas, en rigor una vieja conocida, es la incineración. Pese a su mala fama en Argentina, donde está prohibida desde fines de la década del `70 (aunque la Ley de Basura Cero porteña la admite entrelíneas bajo ciertas condiciones), el método se utiliza ampliamente en muchos países avanzados de Europa. "En París hay una planta a cinco cuadras de la Torre Eiffel", grafica De Luca, para quien las instalaciones modernas de combustión de basura no sólo reducen un 90 por ciento el volumen inicial de la basura y controlan la emisión de contaminantes gaseosos ambientales sino que también producen energía con un 22 por ciento de eficiencia. "Eso no es incineración", aclara: "Es una valorización térmica de los residuos". Otras tecnologías experimentales o incipientes incluyen la antorcha de plasma, la gasificación y la pirólisis. En todos los casos, siempre va a haber un residuo que termine en rellenos, que, según De Luca, no son sinónimos de basurales y representan instalaciones de ingeniería "que necesitamos para vivir en una ciudad".
No hay solución perfecta. La incineración, por caso, concita el rechazo de los ambientalistas, su inversión inicial es alta (para Scorza, quemar la basura de Córdoba costaría US$ 1.500 millones versus US$ 20 millones del enfardado) y la instalación de un horno moderno requiere 10 años. El compost de basura no sirve para uso agrícola. Y nadie quiere que le pongan un relleno en el patio de la casa. Pero el mero hecho de que se empiecen a replantear prejuicios representa un golpe a las propuestas meramente voluntaristas que, por otra parte, suelen reciclarse tanto como las sonrisas de Macri y Scioli en un acto.
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