Otro campesino asesinado por el modelo rural
23:05 | 
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El modelo sumó otra víctima
Fecha de Publicación: 11/10/2012
Fuente: https://darioaranda.wordpress.com
Provincia/Región: Santiago del Estero
Miguel Galván, del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, fue asesinado por defender el territorio. Las responsabilidades, los desalojos, la soja, Monsanto y las víctimas de un modelo de corporaciones y gobiernos.
Otra víctima campesina-indígena. Otra vez en Santiago del Estero. Y, otra vez, el trasfondo de un modelo agropecuario que avanza sobre familiares rurales y pueblos originarios. Miguel Galván, de 40 años, fue asesinado de una puñalada en la yugular por un “sicario” de un empresario sojero. El crimen sucedió ayer en el paraje Simbol, en el límite con Salta. “Todo el año denunciamos que esto se podía repetir y los jueces y el Gobernador miraron para otro lado”, denunció Deolinda Carrizo, del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase-Vía Campesino). Afirmó que el motivo de fondo es “el agronegocios” y exigió al gobierno nacional “acciones contundentes” para frenar la violencia en el campo. “La ley de freno a los desalojos campesinos está hace un año durmiendo en el Congreso. No puede ser que tenga que correr más sangre campesina para que los políticos se pongan de nuestro lado”, lamentó la dirigente del Mocase-VC.
Miguel Galván integra el Mocase-VC, es parte del Pueblo Lule-Vilela y trabaja junto a su hermano Rafael en el mismo territorio donde siempre vivió con su familia. A mediados de este año comenzaron a recibir amenazas de Paulino Riso, conocido en la zona por ser fuerza de choque de empresarios agropecuarios que pretenden hacerse de territorios de campesinos e indígenas.
En un comunicado, el Mocase-VC explicó ayer que las familias del Simbol “venían siendo hostigadas por sicarios de la Empresa Agropecuaria Lapaz SA de Rosario al Frontera (Salta), quien pretende alambrar parte del territorio de las comunidades indígenas Lule Vilela”. Los Galván no permitieron que la empresa avance sobre sus parcelas y, el 15 de septiembre, comenzaron el relevamiento territorial estipulado en la Ley 26160 de Emergencia Territorial (sancionada en 2006, prevé realizar un catastro de todos los territorios indígenas y suspende los desalojos).
A fines de septiembre se intensificaron las agresiones y el empresario Facundo León Suárez Figueroa, a cargo de Lapaz SA, denunció por “usurpación” a los hermanos Galván. El motivo está explicitado en el expediente judicial: “Lote 4, departamento de Copo, 1622 hectáreas”, zona pretendida para soja y maíz transgénico.
Deolinda Carrizo, del Mocase-VC, resume el desenlace: “Los compañeros defendían el territorio, se la hacían difícil al empresario y a sus matones, entonces Riso se llegó a la siesta, lo encontró solo al Miguel cuando daba agua a los animales, y lo acuchilló”.
Carrizo denunció que, hasta la 20 de ayer, el acusado aún no había sido detenido.
Muerte anunciada
“Se podría haber evitado, va a volver a ocurrir”. Fue el título del comunicado, del 16 de septiembre, del Mocase-VC. En nueve párrafos, el movimiento campesino recordó que, previo al asesinato de Cristian Ferreyra , de 23 años (16 de noviembre de 2011) había alertado sobre la violencia en el norte provincial. “Habíamos denunciado con anterioridad lo que terminó ocurriendo. Se podría haber evitado. Y denunciamos que hoy, septiembre del 2012, estamos viviendo en el mismo escenario de muerte y violencia”, advirtió la organización hace tres semanas.
“Brillaba por su ausencia el gobierno provincial, que no intervino y permitió que las fuerzas paramilitares de los sojeros se llevaran la vida campesina”, denunció el Movimiento. Y puntualizó “dos hechos que no terminaron con la muerte de nadie pero fueron dos ‘Cristian Ferreyra’”. Recuerda que en en diciembre de 2011 balearon en el pecho a Néstor Palacios, campesino que junto a su comunidad resistió el avance de una empresa agropecuaria de Tucumán.
El otro caso, el 1 de julio de 2012, en territorio salteño, límite con Santiago del Estero. “El empresario Saa llevó un grupo armado al mando de José Palavecino para intentar apoderarse del campo comunitario de diez familias campesino indígenas de los parajes de Choya, Vinalito, Vinal Macho y Dos naranjos (muy cerca del Simbol). Luego de una semana de amenazas con armas de fuego, le dispararon a la altura del pecho al campesino Sixto Ruiz, en otro caso que sólo por suerte no terminó con la muerte del poblador. A pesar de esto, la policía salteña continúa en el lugar sin permitir el ingreso de las familias al campo comunitario, prestando adicionales para el empresario”, precisaba el comunicado de septiembre pasado.
Como una tragedia anunciada, el Mocase remarcaba: “Hoy, entrando en la recta final del 2012, volvemos a denunciar lo que está ocurriendo, y vemos con mucho temor que se vuelva a repetir lo del año pasado (… ) En el Norte de Santiago del Estero y en el sur de Salta hay olor a pólvora, es nuevamente una zona liberada y caliente. Zona Roja. Y desde este medio, comprometemos nuevamente a las autoridades nacionales y provinciales, hagan todo lo que se tenga que hacer, para que cualquier conflicto vinculado a la tierra tenga resolución civil, constitucional, y que salvaguarde el derecho de los más olvidados, los más desprotegidos por las fuerzas de seguridad, pero protegidos por formar parte de una organización que nuclea mujeres y hombres, sujetos históricos, que no van a permitir que se avasallen los derechos de los campesinos y de los indígenas. Campesinos e indígenas que desde siempre y para siempre, amarán y cuidarán la tierra, su territorio”.
Ver Nota Completa
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Fecha de Publicación: 11/10/2012
Fuente: https://darioaranda.wordpress.com
Provincia/Región: Santiago del Estero
Miguel Galván, del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, fue asesinado por defender el territorio. Las responsabilidades, los desalojos, la soja, Monsanto y las víctimas de un modelo de corporaciones y gobiernos.Otra víctima campesina-indígena. Otra vez en Santiago del Estero. Y, otra vez, el trasfondo de un modelo agropecuario que avanza sobre familiares rurales y pueblos originarios. Miguel Galván, de 40 años, fue asesinado de una puñalada en la yugular por un “sicario” de un empresario sojero. El crimen sucedió ayer en el paraje Simbol, en el límite con Salta. “Todo el año denunciamos que esto se podía repetir y los jueces y el Gobernador miraron para otro lado”, denunció Deolinda Carrizo, del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase-Vía Campesino). Afirmó que el motivo de fondo es “el agronegocios” y exigió al gobierno nacional “acciones contundentes” para frenar la violencia en el campo. “La ley de freno a los desalojos campesinos está hace un año durmiendo en el Congreso. No puede ser que tenga que correr más sangre campesina para que los políticos se pongan de nuestro lado”, lamentó la dirigente del Mocase-VC.
Miguel Galván integra el Mocase-VC, es parte del Pueblo Lule-Vilela y trabaja junto a su hermano Rafael en el mismo territorio donde siempre vivió con su familia. A mediados de este año comenzaron a recibir amenazas de Paulino Riso, conocido en la zona por ser fuerza de choque de empresarios agropecuarios que pretenden hacerse de territorios de campesinos e indígenas.
En un comunicado, el Mocase-VC explicó ayer que las familias del Simbol “venían siendo hostigadas por sicarios de la Empresa Agropecuaria Lapaz SA de Rosario al Frontera (Salta), quien pretende alambrar parte del territorio de las comunidades indígenas Lule Vilela”. Los Galván no permitieron que la empresa avance sobre sus parcelas y, el 15 de septiembre, comenzaron el relevamiento territorial estipulado en la Ley 26160 de Emergencia Territorial (sancionada en 2006, prevé realizar un catastro de todos los territorios indígenas y suspende los desalojos).
A fines de septiembre se intensificaron las agresiones y el empresario Facundo León Suárez Figueroa, a cargo de Lapaz SA, denunció por “usurpación” a los hermanos Galván. El motivo está explicitado en el expediente judicial: “Lote 4, departamento de Copo, 1622 hectáreas”, zona pretendida para soja y maíz transgénico.
Deolinda Carrizo, del Mocase-VC, resume el desenlace: “Los compañeros defendían el territorio, se la hacían difícil al empresario y a sus matones, entonces Riso se llegó a la siesta, lo encontró solo al Miguel cuando daba agua a los animales, y lo acuchilló”.
Carrizo denunció que, hasta la 20 de ayer, el acusado aún no había sido detenido.
Muerte anunciada
“Se podría haber evitado, va a volver a ocurrir”. Fue el título del comunicado, del 16 de septiembre, del Mocase-VC. En nueve párrafos, el movimiento campesino recordó que, previo al asesinato de Cristian Ferreyra , de 23 años (16 de noviembre de 2011) había alertado sobre la violencia en el norte provincial. “Habíamos denunciado con anterioridad lo que terminó ocurriendo. Se podría haber evitado. Y denunciamos que hoy, septiembre del 2012, estamos viviendo en el mismo escenario de muerte y violencia”, advirtió la organización hace tres semanas.
“Brillaba por su ausencia el gobierno provincial, que no intervino y permitió que las fuerzas paramilitares de los sojeros se llevaran la vida campesina”, denunció el Movimiento. Y puntualizó “dos hechos que no terminaron con la muerte de nadie pero fueron dos ‘Cristian Ferreyra’”. Recuerda que en en diciembre de 2011 balearon en el pecho a Néstor Palacios, campesino que junto a su comunidad resistió el avance de una empresa agropecuaria de Tucumán.
El otro caso, el 1 de julio de 2012, en territorio salteño, límite con Santiago del Estero. “El empresario Saa llevó un grupo armado al mando de José Palavecino para intentar apoderarse del campo comunitario de diez familias campesino indígenas de los parajes de Choya, Vinalito, Vinal Macho y Dos naranjos (muy cerca del Simbol). Luego de una semana de amenazas con armas de fuego, le dispararon a la altura del pecho al campesino Sixto Ruiz, en otro caso que sólo por suerte no terminó con la muerte del poblador. A pesar de esto, la policía salteña continúa en el lugar sin permitir el ingreso de las familias al campo comunitario, prestando adicionales para el empresario”, precisaba el comunicado de septiembre pasado.
Como una tragedia anunciada, el Mocase remarcaba: “Hoy, entrando en la recta final del 2012, volvemos a denunciar lo que está ocurriendo, y vemos con mucho temor que se vuelva a repetir lo del año pasado (… ) En el Norte de Santiago del Estero y en el sur de Salta hay olor a pólvora, es nuevamente una zona liberada y caliente. Zona Roja. Y desde este medio, comprometemos nuevamente a las autoridades nacionales y provinciales, hagan todo lo que se tenga que hacer, para que cualquier conflicto vinculado a la tierra tenga resolución civil, constitucional, y que salvaguarde el derecho de los más olvidados, los más desprotegidos por las fuerzas de seguridad, pero protegidos por formar parte de una organización que nuclea mujeres y hombres, sujetos históricos, que no van a permitir que se avasallen los derechos de los campesinos y de los indígenas. Campesinos e indígenas que desde siempre y para siempre, amarán y cuidarán la tierra, su territorio”.
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Monsanto parece que evadió Ganancias
Afip suspendió a Monsanto por supuesta evasión de Ganancias
Fecha de Publicación: 11/10/2012
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
La multinacional fue excluida del Registro de Operadores de Granos. Le atribuyen haber eludido el pago de 70 millones de dólares.
La Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) suspendió ayer del Registro de Operadores de Granos a la multinacional Monsanto, tras detectar una supuesta evasión en el pago del Impuesto a las Ganancias que “ronda los 70 millones de dólares”, según informó una alta fuente del organismo.
En un contacto con periodistas acreditados en el Palacio de Hacienda, la fuente destacó que “durante el período 2001-2005, la empresa Monsanto inventó un préstamo con empresas vinculadas radicadas en paraísos fiscales para no pagar Impuesto a las Ganancias en la Argentina”.
La maniobra de la empresa, según señaló la fuente, se habría basado en la “generación de un crédito ficticio, sin fecha cierta ni legalización del consulado, a través de empresas vinculadas radicadas en paraísos fiscales, en este caso, Bermudas y Panamá”.
Las firmas involucradas en esa operatoria son “Monsanto Company (USA), Monsanto Panamá y Monsanto Bermudas”, señaló la fuente, que agregó que, adicionalmente, la Afip está investigando a la multinacional por la “transferencia accionaria a una empresa española que se hizo ficticiamente para evadir el impuesto a los Bienes Personales, ante la vigencia del convenio de doble imposición entre la Argentina y España”.
En este caso, el informante del organismo recaudador indicó que Monsanto “dejó de pagar unos siete millones de dólares correspondiente al impuesto sobre los Bienes Personales”.
Para ratificar estas maniobras de supuesta “planificación fiscal nociva”, Afip cruzó datos con organismos fiscales de Bermudas, y España, en el marco de los acuerdos firmados para intercambiar información con esos países.
Asimismo, están trabajando en el pedido de información a Estados Unidos en el marco del Acuerdo de Intercambio de Información Multilateral de la Ocde.
Monsanto ya había sido suspendida por la Afip el 13 de febrero de este año por una determinación del Impuesto a las Ganancias de 40 millones de pesos, que la empresa luego conformó debidamente.
Monsanto Argentina Saic informó a través de un comunicado que no recibió notificación alguna de la Afip. No obstante, aclara que “en sus 56 años de operación en el país, (la empresa) nunca ha evadido impuestos”.
“Entendemos que las declaraciones trascendidas son producto de errores de interpretación, y tomaremos contacto con las autoridades pertinentes a fin de facilitar la información que esclarezca el tema. A modo de antecedente, Monsanto Argentina Saic ya había sido suspendida por la Afip el 13 de febrero de este año en el Registro Fiscal de Operadores de Granos, siendo recientemente reincorporada. Del mismo modo, confiamos en poder revertir esta situación”, indicó la empresa.
Monsanto se proyecta construir en la localidad cordobesa de Malvinas Argentinas su segunda planta de acondicionamiento de semilla de maíz. La inversión, que asciende a 1.600 millones de pesos, generó una fuerte polémica de parte de grupos ecologistas que resisten el desembarco.
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Fecha de Publicación: 11/10/2012
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
La multinacional fue excluida del Registro de Operadores de Granos. Le atribuyen haber eludido el pago de 70 millones de dólares.
La Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) suspendió ayer del Registro de Operadores de Granos a la multinacional Monsanto, tras detectar una supuesta evasión en el pago del Impuesto a las Ganancias que “ronda los 70 millones de dólares”, según informó una alta fuente del organismo.
En un contacto con periodistas acreditados en el Palacio de Hacienda, la fuente destacó que “durante el período 2001-2005, la empresa Monsanto inventó un préstamo con empresas vinculadas radicadas en paraísos fiscales para no pagar Impuesto a las Ganancias en la Argentina”.
La maniobra de la empresa, según señaló la fuente, se habría basado en la “generación de un crédito ficticio, sin fecha cierta ni legalización del consulado, a través de empresas vinculadas radicadas en paraísos fiscales, en este caso, Bermudas y Panamá”.
Las firmas involucradas en esa operatoria son “Monsanto Company (USA), Monsanto Panamá y Monsanto Bermudas”, señaló la fuente, que agregó que, adicionalmente, la Afip está investigando a la multinacional por la “transferencia accionaria a una empresa española que se hizo ficticiamente para evadir el impuesto a los Bienes Personales, ante la vigencia del convenio de doble imposición entre la Argentina y España”.
En este caso, el informante del organismo recaudador indicó que Monsanto “dejó de pagar unos siete millones de dólares correspondiente al impuesto sobre los Bienes Personales”.
Para ratificar estas maniobras de supuesta “planificación fiscal nociva”, Afip cruzó datos con organismos fiscales de Bermudas, y España, en el marco de los acuerdos firmados para intercambiar información con esos países.
Asimismo, están trabajando en el pedido de información a Estados Unidos en el marco del Acuerdo de Intercambio de Información Multilateral de la Ocde.
Monsanto ya había sido suspendida por la Afip el 13 de febrero de este año por una determinación del Impuesto a las Ganancias de 40 millones de pesos, que la empresa luego conformó debidamente.
Monsanto Argentina Saic informó a través de un comunicado que no recibió notificación alguna de la Afip. No obstante, aclara que “en sus 56 años de operación en el país, (la empresa) nunca ha evadido impuestos”.
“Entendemos que las declaraciones trascendidas son producto de errores de interpretación, y tomaremos contacto con las autoridades pertinentes a fin de facilitar la información que esclarezca el tema. A modo de antecedente, Monsanto Argentina Saic ya había sido suspendida por la Afip el 13 de febrero de este año en el Registro Fiscal de Operadores de Granos, siendo recientemente reincorporada. Del mismo modo, confiamos en poder revertir esta situación”, indicó la empresa.
Monsanto se proyecta construir en la localidad cordobesa de Malvinas Argentinas su segunda planta de acondicionamiento de semilla de maíz. La inversión, que asciende a 1.600 millones de pesos, generó una fuerte polémica de parte de grupos ecologistas que resisten el desembarco.
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Hielos de la Patagonia sufren el cambio climático
Los hielos continentales de la Patagonia sufren cambios drásticos
Fecha de Publicación: 11/10/2012
Fuente: La Voz
Provincia/Región: Patagonia
Investigadores del Departamento de Ciencias Atmosféricas y Terrestres en la Universidad de Cornell, Ithaca, Nueva York (USA), y de la Universidad de Chile observaron un deshielo en Campo de Hielo Sur de la Patagonia.
Sus concluciones provienen del desarrollo de una nueva manera de usar los mapas topográficos digitales obtenidos por un satélite de la Nasa.
La pérdida de volumen de hielo sufrida por este campo de hielo entre los años 2000 y 2012 ha sido 50% más rápida que la sufrida durante el periodo 1975-2000, según un nuevo análisis de modelos de elevación digitales.
Entre 2000 y 2012, el campo de hielo, aproximadamente 3 veces más grande que el estado Rhode Island, y ubicado en el tramo sur de la Cordillera de los Andes, en la zona fronteriza entre Chile y Argentina, perdió volumen rápidamente en muchos de sus más grandes glaciares de desagüe.
El análisis ldel equipo de Michael Willis, Andrew Melkonian y Matthew Pritchard, de la Universidad de Cornell; y Andrés Rivera, de la Universidad de Chile, revela que, en muchos casos, la reducción del volumen de hielo se extendió hasta las zonas más altas del campo de hielo.
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Fecha de Publicación: 11/10/2012
Fuente: La Voz
Provincia/Región: Patagonia
Investigadores del Departamento de Ciencias Atmosféricas y Terrestres en la Universidad de Cornell, Ithaca, Nueva York (USA), y de la Universidad de Chile observaron un deshielo en Campo de Hielo Sur de la Patagonia.Sus concluciones provienen del desarrollo de una nueva manera de usar los mapas topográficos digitales obtenidos por un satélite de la Nasa.
La pérdida de volumen de hielo sufrida por este campo de hielo entre los años 2000 y 2012 ha sido 50% más rápida que la sufrida durante el periodo 1975-2000, según un nuevo análisis de modelos de elevación digitales.
Entre 2000 y 2012, el campo de hielo, aproximadamente 3 veces más grande que el estado Rhode Island, y ubicado en el tramo sur de la Cordillera de los Andes, en la zona fronteriza entre Chile y Argentina, perdió volumen rápidamente en muchos de sus más grandes glaciares de desagüe.
El análisis ldel equipo de Michael Willis, Andrew Melkonian y Matthew Pritchard, de la Universidad de Cornell; y Andrés Rivera, de la Universidad de Chile, revela que, en muchos casos, la reducción del volumen de hielo se extendió hasta las zonas más altas del campo de hielo.
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Duro informe de la AVLB sobre el Riachuelo
Riachuelo: dicen que por los vertidos seguirá contaminado
Fecha de Publicación: 10/10/2012
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Riachuelo
La Asociación Vecinos La Boca denunció que ACUMAR es permisiva con los tóxicos.
A dos días de la audiencia pública en la que la Corte Suprema evaluará el grado de cumplimiento del saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo, ayer la Asociación de Vecinos La Boca (AVLB) volvió a denunciar que con los límites de vertidos de contaminantes permitidos por ACUMAR, el Riachuelo seguirá contaminado . Lo hizo durante la presentación de su informe de Monitoreo Externo del Plan, preparado por un comité de expertos y financiado por el Fondo de Desarrollo Social para la Sociedad Civil del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento.
El encuentro se realizó en la Sociedad Científica Argentina, con la participación de los ingenieros Enrique Inhouds y Enrique Martínez y los doctores Juan Agustín Moretton y Raúl Estrada Oyuela, autores del informe junto a Carlos Juliá y Alejandro Malpartida.
La AVLB integra el comité de seguimiento del plan de saneamiento ordenado por la Corte. “En el informe analizamos si las resoluciones de ACUMAR son válidas para lograr el objetivo de sanear el Riachuelo”, contó Alfredo Alberti, presidente de la entidad. En el estudio se explica que la resolución 1/2007 de ACUMAR, la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo, permite el vertido sin restricciones de compuestos nitrogenados, escherichia coli, cromo, plomo, cadmio, mercurio y arsénico, entre otros contaminantes. “Aún si todas las empresas se ajustasen a lo normado por las resoluciones vigentes, el Riachuelo seguiría contaminado ”, dice Alberti.
También cuestionaron la resolución 3, que fija objetivos de calidad del agua a mediano y largo plazo. “ACUMAR fue muy poco optimista en cuanto a la calidad del líquido de la cuenca –observó el ingeniero sanitario Enrique Inhouds–. Si uno analiza la resolución 3, descubre que este río sólo va a poder ser utilizado para recreación pasiva. Es decir que para mirarlo de lejos y nada más . No se va a poder nadar, pescar o remar ni tener contacto físico”. El motivo, según explicó, es que la resolución permite una presencia de oxígeno disuelto en el agua de menos de 2 miligramos en el 90% del tiempo, lo que tampoco es compatible con la vida de peces. “No existe restricción para el vuelco de escherichia coli ni compuestos nitrogenados, es decir que no estamos restringiendo el vuelco de líquidos cloacales ”, subrayó Inhouds.
“La contaminación es producida por aquello que r educe el oxígeno disuelto ”, explicó el ingeniero químico Enrique Martínez, que sostuvo que por eso son especialmente perniciosos los desechos cloacales, los basurales y los desagües de industrias que descargan materia orgánica, como las curtiembres. Por su parte, el doctor en Bioquímica Juan Moretton reveló que en el Riachuelo hay tóxicos que, aún con una baja dosis, si la exposición es por tiempo prolongado tienen efectos sobre materiales genéticos.
“Para iniciar un proceso de recomposición del río hay que empezar por saber qué es lo que el río puede soportar como carga de contaminantes y eso no se estudió ”, señaló Raúl Estrada Oyuela, presidente de la Academia Argentina de Ciencias del Ambiente. Y cuestionó que el plan de AySA para tratar los desechos cloacales de la cuenca sea airearlos con una serie de cascadas al aire libre. “El río va a ser algo feo de ver, con una capa de aceite en su superficie. Y encima, vamos a tener que mirarlo con máscara de gas por el olor”.
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Fecha de Publicación: 10/10/2012
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Riachuelo
La Asociación Vecinos La Boca denunció que ACUMAR es permisiva con los tóxicos.A dos días de la audiencia pública en la que la Corte Suprema evaluará el grado de cumplimiento del saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo, ayer la Asociación de Vecinos La Boca (AVLB) volvió a denunciar que con los límites de vertidos de contaminantes permitidos por ACUMAR, el Riachuelo seguirá contaminado . Lo hizo durante la presentación de su informe de Monitoreo Externo del Plan, preparado por un comité de expertos y financiado por el Fondo de Desarrollo Social para la Sociedad Civil del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento.
El encuentro se realizó en la Sociedad Científica Argentina, con la participación de los ingenieros Enrique Inhouds y Enrique Martínez y los doctores Juan Agustín Moretton y Raúl Estrada Oyuela, autores del informe junto a Carlos Juliá y Alejandro Malpartida.
La AVLB integra el comité de seguimiento del plan de saneamiento ordenado por la Corte. “En el informe analizamos si las resoluciones de ACUMAR son válidas para lograr el objetivo de sanear el Riachuelo”, contó Alfredo Alberti, presidente de la entidad. En el estudio se explica que la resolución 1/2007 de ACUMAR, la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo, permite el vertido sin restricciones de compuestos nitrogenados, escherichia coli, cromo, plomo, cadmio, mercurio y arsénico, entre otros contaminantes. “Aún si todas las empresas se ajustasen a lo normado por las resoluciones vigentes, el Riachuelo seguiría contaminado ”, dice Alberti.
También cuestionaron la resolución 3, que fija objetivos de calidad del agua a mediano y largo plazo. “ACUMAR fue muy poco optimista en cuanto a la calidad del líquido de la cuenca –observó el ingeniero sanitario Enrique Inhouds–. Si uno analiza la resolución 3, descubre que este río sólo va a poder ser utilizado para recreación pasiva. Es decir que para mirarlo de lejos y nada más . No se va a poder nadar, pescar o remar ni tener contacto físico”. El motivo, según explicó, es que la resolución permite una presencia de oxígeno disuelto en el agua de menos de 2 miligramos en el 90% del tiempo, lo que tampoco es compatible con la vida de peces. “No existe restricción para el vuelco de escherichia coli ni compuestos nitrogenados, es decir que no estamos restringiendo el vuelco de líquidos cloacales ”, subrayó Inhouds.
“La contaminación es producida por aquello que r educe el oxígeno disuelto ”, explicó el ingeniero químico Enrique Martínez, que sostuvo que por eso son especialmente perniciosos los desechos cloacales, los basurales y los desagües de industrias que descargan materia orgánica, como las curtiembres. Por su parte, el doctor en Bioquímica Juan Moretton reveló que en el Riachuelo hay tóxicos que, aún con una baja dosis, si la exposición es por tiempo prolongado tienen efectos sobre materiales genéticos.
“Para iniciar un proceso de recomposición del río hay que empezar por saber qué es lo que el río puede soportar como carga de contaminantes y eso no se estudió ”, señaló Raúl Estrada Oyuela, presidente de la Academia Argentina de Ciencias del Ambiente. Y cuestionó que el plan de AySA para tratar los desechos cloacales de la cuenca sea airearlos con una serie de cascadas al aire libre. “El río va a ser algo feo de ver, con una capa de aceite en su superficie. Y encima, vamos a tener que mirarlo con máscara de gas por el olor”.
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Proyecto de 'techos verdes' en la CABA
Avanza el proyecto de 'techos verdes' en la Ciudad
Fecha de Publicación: 10/10/2012
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Nacional
El proyecto de ley que propone la implementación de los denominados "Techos o Terrazas Verdes" en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires dio un nuevo paso ayer al ser tratado en audiencia pública, tras haber sido aprobado en primera lectura.
El expediente Nº 416-D-2011 de autoría del diputado Fernando De Andreis (PRO) retoma el presentado por el fallecido diputado Gerardo Ingaramo y se encuentra en tratamiento en las Comisiones de Planeamiento Urbano y Ambiente, presididas por las diputadas María Karina Spalla y Marta Varela respectivamente. Obtuvo aprobación inicial el 12 de julio y deberá ser considerado nuevamente en sesión ordinaria para su sanción definitiva.Entiende por techos o terrazas verdes a las superficies cubiertas de vegetación, cuyo principal objetivo es contribuir con el ambiente urbano mediante el sostenimiento ecológico en grandes ciudades.
Además, incorpora estrategias de adaptación al cambio climático para ser aplicadas a los edificios. En ese sentido, los autores citan entre los fundamentos de la iniciativa legislativa a los arquitectos paisajistas que han llamado la atención sobre la difícil situación de los paisajes culturales y naturales y de su gente y han aconsejado desarrollar planes globales.
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Fecha de Publicación: 10/10/2012
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Nacional
El proyecto de ley que propone la implementación de los denominados "Techos o Terrazas Verdes" en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires dio un nuevo paso ayer al ser tratado en audiencia pública, tras haber sido aprobado en primera lectura.
El expediente Nº 416-D-2011 de autoría del diputado Fernando De Andreis (PRO) retoma el presentado por el fallecido diputado Gerardo Ingaramo y se encuentra en tratamiento en las Comisiones de Planeamiento Urbano y Ambiente, presididas por las diputadas María Karina Spalla y Marta Varela respectivamente. Obtuvo aprobación inicial el 12 de julio y deberá ser considerado nuevamente en sesión ordinaria para su sanción definitiva.Entiende por techos o terrazas verdes a las superficies cubiertas de vegetación, cuyo principal objetivo es contribuir con el ambiente urbano mediante el sostenimiento ecológico en grandes ciudades.
Además, incorpora estrategias de adaptación al cambio climático para ser aplicadas a los edificios. En ese sentido, los autores citan entre los fundamentos de la iniciativa legislativa a los arquitectos paisajistas que han llamado la atención sobre la difícil situación de los paisajes culturales y naturales y de su gente y han aconsejado desarrollar planes globales.
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"Hay que poner a la minería en boca de todos"
Hay que poner a la minería en boca de todos
Fecha de Publicación: 10/10/2012
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Nacional
Es secretario de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (Caem) y participó de la reunión de la Organización Federal de Estados Mineros (Ofemi) en Jujuy. Se refirió a la mejora de la renta para las provincias que prevén plantear mediante un estudio, la participación del Estado que falta debatir y Ley de Glaciares.Es secretario de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (Caem) y participó de la reunión de la Organización Federal de Estados Mineros (Ofemi) en Jujuy. Se refirió a la mejora de la renta para las provincias que prevén plantear mediante un estudio, la participación del Estado que falta debatir y Ley de Glaciares.
-Se reunió con integrantes de la Ofemi, ¿están en contacto con ellos, qué perspectivas tienen al respecto, en qué trabajan?.
-Esta fue formalmente la primera reunión con el comité ejecutivo de la Ofemi. El comité ejecutivo está conformado por los directores, la máxima autoridad minera de cada una de las provincias, entonces fue una oportunidad que nos brindó la Cámara provincial junto con la Ofemi de poder participar como Cámara nacional para empezar a intercambiar algunas visiones estratégicas sobre el desarrollo futuro del sector.
-¿Cuáles son los temas que les interesan y qué van a plantear, más allá de esta primera reunión de presentación?
-Fundamentalmente en cómo se avanza en una estrategia regional y nacional conjunta de comunicación, para poner al sector en boca de todas las personas, como corresponde, y empezar a plantear temas coyunturales como puede ser el tema de la renta minera, la participación ciudadana y algunos conflictos regionales que están empezando a aparecer.
-Desde hace un tiempo han surgido unos proyectos, también a nivel nacional, con la intención de incrementar las regalías mineras…¿ustedes han abordado esto?, ya que se ha estado debatiendo en distintas provincias.
-Si, a nivel nacional nosotros hemos presentado dos trabajos en los cuales hemos recopilado toda la información de cuánto es lo que el sector aporta a la economía nacional y provincial. Y basados en ese trabajo, que es de ABC, en la medida que tengamos la oportunidad y cuando se den los tiempos, queremos presentarle formalmente a la Ofemi cuál es la propuesta por parte del sector para mejorar esa renta, que puede ser necesaria para las distintas provincias. Cada proyecto en particular necesita que sea diferente, porque cada proyecto tanto el litio, el oro o el cobre, o los proyectos que están en otra región como en la Patagonia, son diferentes las posibilidades de captación de renta.
-¿Cómo está la situación actualmente respecto a la Resolución 142 y 305 respecto a las restricciones de los tiempos de ingreso de las divisas por las exportaciones?
-Por suerte en el tema de exportación, salvo en algunos casos particulares de la organización de las empresas, el resto se ha podido solucionar, tanto a nivel del trabajo que se hizo con el Ministerio de Economía, hemos podido lograr que la mayoría de las empresas tengan los plazos correspondientes para empezar a liquidar las divisas de exportación.
-¿Cómo ve el tema de la participación estatal, que en Jujuy se ha dado con un proyecto de litio, mientras hay otro por salir?. ¿Se ha tratado esto respecto a otros proyectos que pudieran surgir en otras provincias?.
-Si, yo creo que eso surge del propio espíritu de la Ofemi en el acta constitutiva de esta organización. Uno de los puntos que se plantea es que el Estado debe participar a través de las empresas estatales. Nosotros como sector estuvimos de acuerdo, me parece que es oportuno eso. En lo que me parece que nos debemos un debate profundo es en la forma en que debe participar, que todavía es muy incipiente. Cada provincia está tratando de empezar a proponer algunas ideas y no se ha hecho un debate en profundidad sobre el tema.
-¿Y cuál sería el planteo?, ¿el hecho que la sociedad sea obligatoria?
-Exacto, la sociedad obligatoria, la forma, aportes, si es propietaria de la actividad, si comienza la actividad, si se asocia con un proyecto nuevo o un proyecto pre-existente, si el proyecto es de mediano o largo plazo, qué tipo de producto es, son muchas las variables. Es importante entender la realidad de cada proyecto minero, de cada empresa, y de ahí en más salir a proponer una participación del Estado.
-¿Con respecto a la sustitución de importaciones, cómo están trabajando actualmente, que al principio era muy tajante?
-Es una muy buena política que está posibilitando al desarrollo de muchos proveedores. Como toda norma en los primeros momentos se generó algunos inconvenientes, se ha logrado articular bien con la mesa de homologación por un lado, y con el Ministerio de Industria por el otro, en un trabajo en conjunto.
-¿Con respecto a la Ley de Glaciares, se han pronunciado en algo?
-A nivel de la Ley de Glaciares somos respetuosos de la Ley como tal, lo que estamos propiciando junto con la Ley de San Juan, y el Gobierno nacional de que se termine el inventario de glaciares para poder tener el mapa de ordenamiento adecuado para realizar la actividad donde corresponda.
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Fecha de Publicación: 10/10/2012
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Nacional
Es secretario de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (Caem) y participó de la reunión de la Organización Federal de Estados Mineros (Ofemi) en Jujuy. Se refirió a la mejora de la renta para las provincias que prevén plantear mediante un estudio, la participación del Estado que falta debatir y Ley de Glaciares.Es secretario de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (Caem) y participó de la reunión de la Organización Federal de Estados Mineros (Ofemi) en Jujuy. Se refirió a la mejora de la renta para las provincias que prevén plantear mediante un estudio, la participación del Estado que falta debatir y Ley de Glaciares.-Se reunió con integrantes de la Ofemi, ¿están en contacto con ellos, qué perspectivas tienen al respecto, en qué trabajan?.
-Esta fue formalmente la primera reunión con el comité ejecutivo de la Ofemi. El comité ejecutivo está conformado por los directores, la máxima autoridad minera de cada una de las provincias, entonces fue una oportunidad que nos brindó la Cámara provincial junto con la Ofemi de poder participar como Cámara nacional para empezar a intercambiar algunas visiones estratégicas sobre el desarrollo futuro del sector.
-¿Cuáles son los temas que les interesan y qué van a plantear, más allá de esta primera reunión de presentación?
-Fundamentalmente en cómo se avanza en una estrategia regional y nacional conjunta de comunicación, para poner al sector en boca de todas las personas, como corresponde, y empezar a plantear temas coyunturales como puede ser el tema de la renta minera, la participación ciudadana y algunos conflictos regionales que están empezando a aparecer.
-Desde hace un tiempo han surgido unos proyectos, también a nivel nacional, con la intención de incrementar las regalías mineras…¿ustedes han abordado esto?, ya que se ha estado debatiendo en distintas provincias.
-Si, a nivel nacional nosotros hemos presentado dos trabajos en los cuales hemos recopilado toda la información de cuánto es lo que el sector aporta a la economía nacional y provincial. Y basados en ese trabajo, que es de ABC, en la medida que tengamos la oportunidad y cuando se den los tiempos, queremos presentarle formalmente a la Ofemi cuál es la propuesta por parte del sector para mejorar esa renta, que puede ser necesaria para las distintas provincias. Cada proyecto en particular necesita que sea diferente, porque cada proyecto tanto el litio, el oro o el cobre, o los proyectos que están en otra región como en la Patagonia, son diferentes las posibilidades de captación de renta.
-¿Cómo está la situación actualmente respecto a la Resolución 142 y 305 respecto a las restricciones de los tiempos de ingreso de las divisas por las exportaciones?
-Por suerte en el tema de exportación, salvo en algunos casos particulares de la organización de las empresas, el resto se ha podido solucionar, tanto a nivel del trabajo que se hizo con el Ministerio de Economía, hemos podido lograr que la mayoría de las empresas tengan los plazos correspondientes para empezar a liquidar las divisas de exportación.
-¿Cómo ve el tema de la participación estatal, que en Jujuy se ha dado con un proyecto de litio, mientras hay otro por salir?. ¿Se ha tratado esto respecto a otros proyectos que pudieran surgir en otras provincias?.
-Si, yo creo que eso surge del propio espíritu de la Ofemi en el acta constitutiva de esta organización. Uno de los puntos que se plantea es que el Estado debe participar a través de las empresas estatales. Nosotros como sector estuvimos de acuerdo, me parece que es oportuno eso. En lo que me parece que nos debemos un debate profundo es en la forma en que debe participar, que todavía es muy incipiente. Cada provincia está tratando de empezar a proponer algunas ideas y no se ha hecho un debate en profundidad sobre el tema.
-¿Y cuál sería el planteo?, ¿el hecho que la sociedad sea obligatoria?
-Exacto, la sociedad obligatoria, la forma, aportes, si es propietaria de la actividad, si comienza la actividad, si se asocia con un proyecto nuevo o un proyecto pre-existente, si el proyecto es de mediano o largo plazo, qué tipo de producto es, son muchas las variables. Es importante entender la realidad de cada proyecto minero, de cada empresa, y de ahí en más salir a proponer una participación del Estado.
-¿Con respecto a la sustitución de importaciones, cómo están trabajando actualmente, que al principio era muy tajante?
-Es una muy buena política que está posibilitando al desarrollo de muchos proveedores. Como toda norma en los primeros momentos se generó algunos inconvenientes, se ha logrado articular bien con la mesa de homologación por un lado, y con el Ministerio de Industria por el otro, en un trabajo en conjunto.
-¿Con respecto a la Ley de Glaciares, se han pronunciado en algo?
-A nivel de la Ley de Glaciares somos respetuosos de la Ley como tal, lo que estamos propiciando junto con la Ley de San Juan, y el Gobierno nacional de que se termine el inventario de glaciares para poder tener el mapa de ordenamiento adecuado para realizar la actividad donde corresponda.
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2.000 L/s de agua Argentina para cobre chileno
Minera japonesa utilizará el agua de Argentina para extraer cobre en Chile
Fecha de Publicación: 09/10/2012
Fuente: El Debate
Provincia/Región: La Rioja - Nacional
La subsidiaria chilena de la minera Lumina Copper utilizará agua de la provincia argentina para su proyecto "Caserones", en el norte del país vecino. Utilizaría hasta 2.000 litros por segundo. Detalles del polémico proyecto
La polémica en torno a la actividad minera retorna al centro de escena. Y vuelve a ganar protagonismo en un momento en el que la discusión respecto de la forma en que se realizan las explotaciones en Argentina parecía haberse aquietado.Ahora la subsidiaria chilena de la minera de origen japonés Lumina Copper utilizará agua de la provincia de La Rioja para su proyecto "Caserones", en el norte trasandino.
Esta decisión acaba de ser avalada por el mismo gerente de Asuntos Externos y Comunicaciones de Lumina Copper Chile, Jaime Andrade.Y llega luego que el diputado chileno de la UDI, Carlos Vilches, aseverara hace pocos meses que el emprendimiento minero contemplaba transportar -por contrato- desde la Argentina alrededor de 2.000 litros de líquido por segundo. En ese momento, Vilches detalló además que la compañía en cuestión ya estudiaba la ingeniería para construir las cañerías que le aseguren la disponibilidad del elemento.
Ahora, Andrade comunicó que "la empresa proveedora que tomó la iniciativa de traer agua desde Argentina a Chile y que, en su momento, se contactó conellos, siguió adelante en sus negociaciones con la gobernación de La Rioja".
"Ellos han avanzado en la concesión del agua, en algunas evaluaciones técnicas y soluciones en ingeniería. Hoy uno podría decir que la solución -del punto de vista técnico y económico- está más trabajada que cuando nos aprobaron el estudio de impacto ambiental, hace dos años. Y puede ser que haya una mejor condición jurídica-política", afirmó.
"Sería una solución espectacular para los problemas de escasez que tiene la región. Porque significaría que esa empresa podría proveer a la zona, en una primera fase, de 1.000 litros por segundo, que podrían dividirse en 500 para nosotros y 500 para el resto de los proyectos", añadió el representante de Lumina Copper Chile.En paralelo, Nelson Pizarro, CEO de la compañía minera, admitió en declaraciones al diario trasandino La Tercera que traer agua desde Argentina es la opción más interesante."En su momento estudiamos esa alternativa, pero hoy es una posibilidad siempre que haya una compañía que cuente con los derechos para importar agua", dijo.Al parecer, y más allá de ciertas declaraciones un tanto ambiguas, la idea de la productora minera consiste en traer el recurso desde el río Salado, que se ubica muy cerca de la frontera binacional.Esa vía, explicó Pizarro durante las últimas semanas, demandará la construcción de una cañería de alrededor de 30 kilómetros de extensión.Pero para concretarla se requiere avanzar en la concesión del agua y "que haya una adecuado marco juridíco y político", precisó el ejecutivo.En otras palabras, que no exista un cambio de reglas posterior que, en definitiva, origine la perdida de las inversiones concretadas por la minera de este lado de la cordillera de los Andes.El proyecto Caserones se emplaza en el Valle de Copiapó, a 162 kilómetros al sureste de Tierra Amarilla. El emprendimiento se encuentra distante unos 15 kilómetros de la frontera chilena y emplazado sobre una elevación superior a los 4.600 metros.El titular de este proyecto, SCM Minera Lumina Copper Chile, es una empresa que pertenece a las firmas japonesas Pan Pacific Copper (75%) y a Mitsui Bussan Copper Investment (25%).Caserones comprende un depósito de cobre y molibdeno que, en pocos meses, será explotado a cielo abierto mediante un proceso combinado de producción de concentrados de cobre. Todo esto a partir de una planta de flotación convencional que procesará 105.000 toneladas diarias de mineral.
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Fecha de Publicación: 09/10/2012
Fuente: El Debate
Provincia/Región: La Rioja - Nacional
La subsidiaria chilena de la minera Lumina Copper utilizará agua de la provincia argentina para su proyecto "Caserones", en el norte del país vecino. Utilizaría hasta 2.000 litros por segundo. Detalles del polémico proyectoLa polémica en torno a la actividad minera retorna al centro de escena. Y vuelve a ganar protagonismo en un momento en el que la discusión respecto de la forma en que se realizan las explotaciones en Argentina parecía haberse aquietado.Ahora la subsidiaria chilena de la minera de origen japonés Lumina Copper utilizará agua de la provincia de La Rioja para su proyecto "Caserones", en el norte trasandino.
Esta decisión acaba de ser avalada por el mismo gerente de Asuntos Externos y Comunicaciones de Lumina Copper Chile, Jaime Andrade.Y llega luego que el diputado chileno de la UDI, Carlos Vilches, aseverara hace pocos meses que el emprendimiento minero contemplaba transportar -por contrato- desde la Argentina alrededor de 2.000 litros de líquido por segundo. En ese momento, Vilches detalló además que la compañía en cuestión ya estudiaba la ingeniería para construir las cañerías que le aseguren la disponibilidad del elemento.
Ahora, Andrade comunicó que "la empresa proveedora que tomó la iniciativa de traer agua desde Argentina a Chile y que, en su momento, se contactó conellos, siguió adelante en sus negociaciones con la gobernación de La Rioja".
"Ellos han avanzado en la concesión del agua, en algunas evaluaciones técnicas y soluciones en ingeniería. Hoy uno podría decir que la solución -del punto de vista técnico y económico- está más trabajada que cuando nos aprobaron el estudio de impacto ambiental, hace dos años. Y puede ser que haya una mejor condición jurídica-política", afirmó.
"Sería una solución espectacular para los problemas de escasez que tiene la región. Porque significaría que esa empresa podría proveer a la zona, en una primera fase, de 1.000 litros por segundo, que podrían dividirse en 500 para nosotros y 500 para el resto de los proyectos", añadió el representante de Lumina Copper Chile.En paralelo, Nelson Pizarro, CEO de la compañía minera, admitió en declaraciones al diario trasandino La Tercera que traer agua desde Argentina es la opción más interesante."En su momento estudiamos esa alternativa, pero hoy es una posibilidad siempre que haya una compañía que cuente con los derechos para importar agua", dijo.Al parecer, y más allá de ciertas declaraciones un tanto ambiguas, la idea de la productora minera consiste en traer el recurso desde el río Salado, que se ubica muy cerca de la frontera binacional.Esa vía, explicó Pizarro durante las últimas semanas, demandará la construcción de una cañería de alrededor de 30 kilómetros de extensión.Pero para concretarla se requiere avanzar en la concesión del agua y "que haya una adecuado marco juridíco y político", precisó el ejecutivo.En otras palabras, que no exista un cambio de reglas posterior que, en definitiva, origine la perdida de las inversiones concretadas por la minera de este lado de la cordillera de los Andes.El proyecto Caserones se emplaza en el Valle de Copiapó, a 162 kilómetros al sureste de Tierra Amarilla. El emprendimiento se encuentra distante unos 15 kilómetros de la frontera chilena y emplazado sobre una elevación superior a los 4.600 metros.El titular de este proyecto, SCM Minera Lumina Copper Chile, es una empresa que pertenece a las firmas japonesas Pan Pacific Copper (75%) y a Mitsui Bussan Copper Investment (25%).Caserones comprende un depósito de cobre y molibdeno que, en pocos meses, será explotado a cielo abierto mediante un proceso combinado de producción de concentrados de cobre. Todo esto a partir de una planta de flotación convencional que procesará 105.000 toneladas diarias de mineral.
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Propuesta inovadora para tratamiento de vinaza
Presentan nueva propuesta para tratamiento de vinaza
Fecha de Publicación: 09/10/2012
Fuente: Nuevo Diario
Provincia/Región: Tucumán
Quieren recuperar un gran porcentaje del agua para reutilizarla en el proceso industrial.
La empresa nacional I&D Muvad SA (Consultores en Subproductos Industriales Biorgánicos) para Latinoamérica presentó días atrás una propuesta innovadora para solucionar la problemática del vertido de vinaza en la cuenca Salí-Dulce, que tanto afecta a los santiagueños al llegar al lago del dique de Las Termas Río Hondo, al atacar el medio ambiente en el que se desarrolla la vida animal y vegetal de este importante espejo de agua de Santiago.
Desde la empresa, precisaron a Nuevo Diario que los científicos Luis Vélez, Domingo Muratore, Felipe Alarcón y Carlos Blanco (experto en caña de azúcar), todos ellos integrantes de Muvad SA, se reunieron junto con representantes del gobierno tucumano de las áreas de la Producción y Medio Ambiente para dar a conocer su propuesta.
Posteriormente a la reunión con las autoridades tucumanas involucradas en la temática, los investigadores lo hicieron con los responsables de la Estación Experimental Obispo Colombres de Tucumán. Allí, expusieron su propuesta, la que ya está patentada como otra de las alternativas para solucionar este problema ambiental.
Si bien esa iniciativa aún no fue aplicada a la actividad fabril azucarera, directivos de ingenios aseguraron resultados exitosos en medio de la polémica por la disposición final de la vinaza en territorio tucumano.
Demanda inversión millonaria
La empresa de investigación y desarrollo tecnológico con sede en Córdoba, ya patentó esta iniciativa.
El Dr. Vélez planteó que se trata de un proceso diferente: “No atacamos la vinaza, sino la evitamos mediante una serie de subprocesos dentro de un proceso general”, afirmó.
Vélez, Muratore y Alarcón resaltaron que ese mecanismo permitirá, inclusive, la elaboración de vino de caña de azúcar, repitiendo la experiencia lograda en Filipinas.
Los investigadores expresaron también que los industriales requerirán una inversión de casi U$S 5 millones, aunque el monto también dependerá de las dimensiones de la planta. El programa contemplará la utilización de una estructura de máquinas, como una membrana de filtración (importada), entre otros detalles.
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Fecha de Publicación: 09/10/2012
Fuente: Nuevo Diario
Provincia/Región: Tucumán
Quieren recuperar un gran porcentaje del agua para reutilizarla en el proceso industrial. La empresa nacional I&D Muvad SA (Consultores en Subproductos Industriales Biorgánicos) para Latinoamérica presentó días atrás una propuesta innovadora para solucionar la problemática del vertido de vinaza en la cuenca Salí-Dulce, que tanto afecta a los santiagueños al llegar al lago del dique de Las Termas Río Hondo, al atacar el medio ambiente en el que se desarrolla la vida animal y vegetal de este importante espejo de agua de Santiago.
Desde la empresa, precisaron a Nuevo Diario que los científicos Luis Vélez, Domingo Muratore, Felipe Alarcón y Carlos Blanco (experto en caña de azúcar), todos ellos integrantes de Muvad SA, se reunieron junto con representantes del gobierno tucumano de las áreas de la Producción y Medio Ambiente para dar a conocer su propuesta.
Posteriormente a la reunión con las autoridades tucumanas involucradas en la temática, los investigadores lo hicieron con los responsables de la Estación Experimental Obispo Colombres de Tucumán. Allí, expusieron su propuesta, la que ya está patentada como otra de las alternativas para solucionar este problema ambiental.
Si bien esa iniciativa aún no fue aplicada a la actividad fabril azucarera, directivos de ingenios aseguraron resultados exitosos en medio de la polémica por la disposición final de la vinaza en territorio tucumano.
Demanda inversión millonaria
La empresa de investigación y desarrollo tecnológico con sede en Córdoba, ya patentó esta iniciativa.
El Dr. Vélez planteó que se trata de un proceso diferente: “No atacamos la vinaza, sino la evitamos mediante una serie de subprocesos dentro de un proceso general”, afirmó.
Vélez, Muratore y Alarcón resaltaron que ese mecanismo permitirá, inclusive, la elaboración de vino de caña de azúcar, repitiendo la experiencia lograda en Filipinas.
Los investigadores expresaron también que los industriales requerirán una inversión de casi U$S 5 millones, aunque el monto también dependerá de las dimensiones de la planta. El programa contemplará la utilización de una estructura de máquinas, como una membrana de filtración (importada), entre otros detalles.
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"Otra UNT es posible" pide romper con la Alumbrera
Exigen romper el vínculo con Minera Alumbrera
Fecha de Publicación: 08/10/2012
Fuente: El Siglo
Provincia/Región: Tucumán
Docentes y alumnos que integran el espacio "Otra UNT es posible" participaron de un encuentro en la facultad de Artes donde reiteraron su rechazo al daño socio-ambiental que ocasiona Minera Alumbrera, socia de la UNT para la explotación del yacimiento de Bajo La Alumbrera, en la vecina provincia de Catamarca.
Los participantes del cónclave se manifestaron "por la emancipación y la democratización de la universidad pública y el cese de todos los acuerdos que la UNT mantiene con las empresas mineras. Los estudiantes y educadores universitarios dieron a conocer un petitorio a través del cual se solicita "la realización de auditorias" en torno al acuerdo con Minera Alumbrera para determinar la presumible comisión de delitos por parte de las autoridades universitarias. En este sentido, el planteo no sólo exige indagar respecto al tema de la contaminación ambiental, sino también frente a una posible comisión de los delitos malversación de fondos y enriquecimiento ilícito, conforme a las causas que obra en poder de la Justicia Federal de Tucumán. "Si se probaran dichas inconductas, se debe proceder a un juicio académico a las autoridades que hubieran incurrido en esos delitos", explicaron docentes que integran "Otra UNT es posible".
Por otro lado, durante el encuentro también se adelantó que se pedirá la reforma del Estatuto Universitario para la implementación de la elección directa de las autoridades de la UNT, a fin de evitar los casos de fraude en los procesos electorales, teniendo en cuenta la polémica reelección de Juan Alberto Cerisola en 2010. "Además, solicitamos la recuperación de Canal 10 como medio universitario y disolución de la sociedad con el Gobierno provincial ", sostuvo Facundo Arias, consejero superior por el Estamento Estudiantil.
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Fecha de Publicación: 08/10/2012
Fuente: El Siglo
Provincia/Región: Tucumán
Docentes y alumnos que integran el espacio "Otra UNT es posible" participaron de un encuentro en la facultad de Artes donde reiteraron su rechazo al daño socio-ambiental que ocasiona Minera Alumbrera, socia de la UNT para la explotación del yacimiento de Bajo La Alumbrera, en la vecina provincia de Catamarca.
Los participantes del cónclave se manifestaron "por la emancipación y la democratización de la universidad pública y el cese de todos los acuerdos que la UNT mantiene con las empresas mineras. Los estudiantes y educadores universitarios dieron a conocer un petitorio a través del cual se solicita "la realización de auditorias" en torno al acuerdo con Minera Alumbrera para determinar la presumible comisión de delitos por parte de las autoridades universitarias. En este sentido, el planteo no sólo exige indagar respecto al tema de la contaminación ambiental, sino también frente a una posible comisión de los delitos malversación de fondos y enriquecimiento ilícito, conforme a las causas que obra en poder de la Justicia Federal de Tucumán. "Si se probaran dichas inconductas, se debe proceder a un juicio académico a las autoridades que hubieran incurrido en esos delitos", explicaron docentes que integran "Otra UNT es posible".
Por otro lado, durante el encuentro también se adelantó que se pedirá la reforma del Estatuto Universitario para la implementación de la elección directa de las autoridades de la UNT, a fin de evitar los casos de fraude en los procesos electorales, teniendo en cuenta la polémica reelección de Juan Alberto Cerisola en 2010. "Además, solicitamos la recuperación de Canal 10 como medio universitario y disolución de la sociedad con el Gobierno provincial ", sostuvo Facundo Arias, consejero superior por el Estamento Estudiantil.
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El drama del glifosato en Entre Ríos
Los campos reciben 280 millones de litros de glifosato por mes
Fecha de Publicación: 08/10/2012
Fuente: El Diario de Entre Ríos
Provincia/Región: Entre Ríos
Una hectárea de campo sembrado con soja demanda 10 litros de glifosato, un producto que garantiza la productividad del principal cultivo: la soja. Se trata de un herbicida que borra toda maleza indeseable para dejar el territorio libre a la soja.
El glifosato ha convertido a los campos argentinos en una mina de oro. Sin embargo, hoy los profesionales de la salud cada vez más ven con mirada de preocupación los efectos colaterales que ese producto genera en el medio ambiente: flora, fauna, seres humanos que habitan en las proximidades o en parte de las 28 millones de hectáreas donde se produce soja transgénica.
Colectivos ambientalistas o de salud pública como “Médicos de pueblos fumigados” o, entre nosotros, el Foro Ecologista de Paraná plantean el alerta por lo que califican como una invasión nociva de productos químicos, cuyas consecuencias son impredecibles.
Un estudio realizado por un investigador de la Universidad Nacional de Misiones (UNAM) determinó que en el Alto Paraná se aplicó un 1,08 millones de kilos de glifosato durante una década para las plantaciones de pinos, “a lo que hay que sumarle los otros agrotóxicos que se utilizan en un poderoso cóctel”.
La afirmación corresponde al ingeniero forestal Julio Bernio, docente de la Facultad de Ciencias Forestales de la UNAM, y se limita a la zona de plantaciones de las coníferas, es decir que no se toma en cuenta los químicos que se aplican a la tierra por las plantaciones de soja.
El testimonio del ingeniero Bernio cobra importancia porque trabajó para firmas forestales multinacionales y conoce buena parte de sus números y datos.
“Alto Paraná usa (los agrotóxicos) en la pre y postplantación, o sea del primero al tercer año del árbol. Aplican un poderoso cóctel compuesto por distintos herbicidas, un pre-emergente que forma una película sobre el suelo, que mata a las plantas apenas germina la semilla, y un detergente como coayudante”, reveló el experto.
“Además –continuó– hay que tener en cuenta la contaminación directa con agrotóxicos, ya que estos se disuelven en 200 litros de agua por hectárea, y el líquido lo toman de arroyos y nacientes. Se hacen como mínimo, dos aplicaciones por año, en las 15 mil hectáreas que tienen con plantaciones de uno a tres años”.
La Región
Si sólo por la plantación de pinos, el Alto Paraná recibió un millón ocho mil kilos de agrotóxicos, que por la corriente hacia el sus pasa por nuestras cosas, hay que decir que el paso del agua suma también sus químicos en las costas de las provincias que le suceden en su recorrido. Corrientes hace su “aporte” de químicos, y la producción rural entrerriana también la hace.
Según el bioquímico y referente del Foro Ecologista de Paraná, Daniel Verzeñassi, buena parte de los productos llegan al agua pero también ejercen una contaminación directa, por evaporado de la tierra o por el mismo traslado del viento al momento de su aplicación.
Verzeñassi sostiene que los efectos de los agroquímicos en la salud poblacional son impredecibles, pero que ya se están viendo los efectos en niños recién nacidos. Como profesional del hospital público de neonatología asegura que por efecto de los agrotóxicos cada vez existen mayores casos de malformaciones congénitas y abortos espontáneos. El cálculo que hace el profesional, en diálogo con EL DIARIO, es éste: una hectárea de soja transgénica demanda 10 litros de glifosato mensuales en los niveles de producción que hoy se realizan. Así, un millón de hectáreas absorben 10 millones de litros del producto químico en un mes. Pero como la superficie sembrada está en no menos de 28 millones de hectárea, lo que se utilizan son 280 millones de litros de glifosato por mes en los campos productivos de soja, gran parte de lo cual se halla en Entre Ríos.
El ingeniero forestal Julio Bernio reveló: “En la empresa (para la que trabajaba) nos prohibían que digamos agrotóxicos, y teníamos que referirnos a los mismos como agroquímicos. No tenemos que engañarnos, acá la cuestión pasa por la salud de la gente y el derecho que todos tenemos de hacer uso correcto de los recursos naturales, no podemos hacer lo que queremos en una, diez o miles de hectáreas”.
Hacia esta región llegan los agrotóxicos que el río va cargando en todo el trayecto anterior. El aludido glifosato para la producción forestal, pero también la que demandan otras economías regionales, como las tabacaleras también misioneras. O la soja mesopotámica y santafesina, por caso. Eso llega al río en gran parte, como coinciden Verzeñassi y Bernio por diversos medios. “En Misiones se complica por las lluvias torrenciales y suelo quebrado. Llueve, lava todo el suelo, y eso va a parar a los arroyos. El 80 por ciento de las ciudades de la provincia toman el agua de los arroyos para potabilizarla y todos los componentes químicos van a parar ahí”.
El mandato santafesino
Paren de fumigarnos” es el nombre de la campaña que se inició en Santa Fe, y que reunió 20 mil firmas para un petitorio donde se reclama a los legisladores provinciales que se actualice la regulación del uso de agroquímicos en la provincia vecina.
Concretamente piden: prohibición de toda fumigación con métodos terrestres en una distancia menor a 800 metros de zonas pobladas, escuelas, caseríos y cursos de agua; prohibición de fumigaciones aéreas en toda la provincia; expresa prohibición de utilizar agroquímicos en los silos ubicados en inmediaciones de ejidos urbanos.
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Fecha de Publicación: 08/10/2012
Fuente: El Diario de Entre Ríos
Provincia/Región: Entre Ríos
Una hectárea de campo sembrado con soja demanda 10 litros de glifosato, un producto que garantiza la productividad del principal cultivo: la soja. Se trata de un herbicida que borra toda maleza indeseable para dejar el territorio libre a la soja.El glifosato ha convertido a los campos argentinos en una mina de oro. Sin embargo, hoy los profesionales de la salud cada vez más ven con mirada de preocupación los efectos colaterales que ese producto genera en el medio ambiente: flora, fauna, seres humanos que habitan en las proximidades o en parte de las 28 millones de hectáreas donde se produce soja transgénica.
Colectivos ambientalistas o de salud pública como “Médicos de pueblos fumigados” o, entre nosotros, el Foro Ecologista de Paraná plantean el alerta por lo que califican como una invasión nociva de productos químicos, cuyas consecuencias son impredecibles.
Un estudio realizado por un investigador de la Universidad Nacional de Misiones (UNAM) determinó que en el Alto Paraná se aplicó un 1,08 millones de kilos de glifosato durante una década para las plantaciones de pinos, “a lo que hay que sumarle los otros agrotóxicos que se utilizan en un poderoso cóctel”.
La afirmación corresponde al ingeniero forestal Julio Bernio, docente de la Facultad de Ciencias Forestales de la UNAM, y se limita a la zona de plantaciones de las coníferas, es decir que no se toma en cuenta los químicos que se aplican a la tierra por las plantaciones de soja.
El testimonio del ingeniero Bernio cobra importancia porque trabajó para firmas forestales multinacionales y conoce buena parte de sus números y datos.
“Alto Paraná usa (los agrotóxicos) en la pre y postplantación, o sea del primero al tercer año del árbol. Aplican un poderoso cóctel compuesto por distintos herbicidas, un pre-emergente que forma una película sobre el suelo, que mata a las plantas apenas germina la semilla, y un detergente como coayudante”, reveló el experto.
“Además –continuó– hay que tener en cuenta la contaminación directa con agrotóxicos, ya que estos se disuelven en 200 litros de agua por hectárea, y el líquido lo toman de arroyos y nacientes. Se hacen como mínimo, dos aplicaciones por año, en las 15 mil hectáreas que tienen con plantaciones de uno a tres años”.
La Región
Si sólo por la plantación de pinos, el Alto Paraná recibió un millón ocho mil kilos de agrotóxicos, que por la corriente hacia el sus pasa por nuestras cosas, hay que decir que el paso del agua suma también sus químicos en las costas de las provincias que le suceden en su recorrido. Corrientes hace su “aporte” de químicos, y la producción rural entrerriana también la hace.
Según el bioquímico y referente del Foro Ecologista de Paraná, Daniel Verzeñassi, buena parte de los productos llegan al agua pero también ejercen una contaminación directa, por evaporado de la tierra o por el mismo traslado del viento al momento de su aplicación.
Verzeñassi sostiene que los efectos de los agroquímicos en la salud poblacional son impredecibles, pero que ya se están viendo los efectos en niños recién nacidos. Como profesional del hospital público de neonatología asegura que por efecto de los agrotóxicos cada vez existen mayores casos de malformaciones congénitas y abortos espontáneos. El cálculo que hace el profesional, en diálogo con EL DIARIO, es éste: una hectárea de soja transgénica demanda 10 litros de glifosato mensuales en los niveles de producción que hoy se realizan. Así, un millón de hectáreas absorben 10 millones de litros del producto químico en un mes. Pero como la superficie sembrada está en no menos de 28 millones de hectárea, lo que se utilizan son 280 millones de litros de glifosato por mes en los campos productivos de soja, gran parte de lo cual se halla en Entre Ríos.
El ingeniero forestal Julio Bernio reveló: “En la empresa (para la que trabajaba) nos prohibían que digamos agrotóxicos, y teníamos que referirnos a los mismos como agroquímicos. No tenemos que engañarnos, acá la cuestión pasa por la salud de la gente y el derecho que todos tenemos de hacer uso correcto de los recursos naturales, no podemos hacer lo que queremos en una, diez o miles de hectáreas”.
Hacia esta región llegan los agrotóxicos que el río va cargando en todo el trayecto anterior. El aludido glifosato para la producción forestal, pero también la que demandan otras economías regionales, como las tabacaleras también misioneras. O la soja mesopotámica y santafesina, por caso. Eso llega al río en gran parte, como coinciden Verzeñassi y Bernio por diversos medios. “En Misiones se complica por las lluvias torrenciales y suelo quebrado. Llueve, lava todo el suelo, y eso va a parar a los arroyos. El 80 por ciento de las ciudades de la provincia toman el agua de los arroyos para potabilizarla y todos los componentes químicos van a parar ahí”.
El mandato santafesino
Paren de fumigarnos” es el nombre de la campaña que se inició en Santa Fe, y que reunió 20 mil firmas para un petitorio donde se reclama a los legisladores provinciales que se actualice la regulación del uso de agroquímicos en la provincia vecina.
Concretamente piden: prohibición de toda fumigación con métodos terrestres en una distancia menor a 800 metros de zonas pobladas, escuelas, caseríos y cursos de agua; prohibición de fumigaciones aéreas en toda la provincia; expresa prohibición de utilizar agroquímicos en los silos ubicados en inmediaciones de ejidos urbanos.
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Biodiésel argentino sin reglas claras por el momento
El biodiésel, un conflicto sin horizonte todavía
Fecha de Publicación: 08/10/2012
Fuente: Terra
Provincia/Región: Nacional
Las empresas pymes productoras de biodiesel le pidieron al secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, una rebaja importante: Que las retenciones sean del cinco por ciento y no del 19,11 por ciento como están fijadas ahora en un esquema de alícuotas móviles.
El reclamo partió de la Cámara de Empresas Pyme de Energía y Biocombustibles (CEPEB) que está en formación y que agrupa a unas 27 plantas, de las cuales unas 16 estaban en funcionamiento y el resto por habilitarse cuando un decreto el 10 de agosto último los sorprendió con una brutal suba de los derechos de exportación y una baja del precio interno del biodiésel.
Entonces inmediatamente se paralizaron las Pymes del biodiesel a las que se les pretende adjudicar las 700 mil toneladas anuales del biocombustible en la Argentina que se utiliza, por Ley, para cortar al siete por ciento el gasoil.
Posteriormente, un nuevo decreto puso un esquema de retenciones móviles que fueron forzadas ante las empresas grandes y Pymes, con el sencillo planteo oficial de si quieren que los derechos de exportación bajen, entonces firmen que las prefieren así.
El vice ministro de Economía, Axel Kicillof, fue el encargado de explicar el nuevo sistema, pero el plan no resultó: las Pymes del biodiésel en la Argentina siguen paradas.
Ocurre que el costo actual de producir un litro de biodiésel ronda los 5100 a 5200 pesos la tonelada y con la publicación de la Resolución 1725/12 que establece un precio interno para el biodiesel de 4.661 pesos por tonelada, no alcanza y la crisis sigue en carne viva.
Héctor Bolzán, titular de dos plantas de biodiésel en Entre Ríos explicó a Noticias Argentinas que "el costo de producir un litro de biodiésel, de acuerdo con la tecnología, de cada planta ronda los 5100 a 5200 pesos la tonelada, hay que agregar rentabilidad para poder ganar algo".
Esta semana Moreno llamó a un representante de todas las Pymes, pero sólo hubo promesas de adecuar el precio en sucesivas publicaciones de instrumentos legales por parte del Gobierno.
"Estamos realizando muchas gestiones y reuniones, pero la solución no se plasma todavía, el sector está muy preocupado, los gastos fijos de las empresas hay que pagarlos y ya llevamos dos meses de parados", explicó Bolzán.
Según evaluó, avanzaron en la promesa de que va a haber una "diferencia entre las empresas chicas y grandes".
Otra situación que ocurre es que las PYmes que estaban habilitadas cubrían la mitad de las 700 mil toneladas, cupo total, para cortar el gasoil y el resto lo proveían las firmas grandes: ahora eso no sucede.
Las Pymes publicaron un informe en el que piden el cinco por ciento de retenciones, es decir un 15 por ciento menos que el 19,11 actual, para la fórmula de dónde sale el precio.
En el Gobierno la propuesta no gusta, se supo, pero los productores de biodiésel en cesación de actividades recordaron que "el cambio de política llevada a cabo con el Decreto 1436/12" los "afectó directa y gratuitamente, ya que el sector creció por el emprendimiento de empresarios PYmes que "creímos en la ley y en la industrialización del país, construyendo plantas incluso fuera de la provincia de Santa Fe como en Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos, San Luis y Neuquén".
"A pesar del pedido de la señora presidenta de que no se perdiera ninguna fuente de trabajo, ni se cierre ninguna empresa, el Decreto 1719/2012 no ha generado mejora alguna a nuestro sector: nuestra producción se destina al corte obligatorio implementado por el Programa respaldado por la Ley 26.093 de Producción y Uso Sustentable de Biocombustibles dictada en el 2006 durante el mandato del ex Presidente Néstor Kirchner", dijeron.
Además, hay confusión con los costos, porque el precio del insumo básico para hacer biodiésel, que es el aceite de soja, ha bajado no sólo a nivel internacional sino también internamente por la falta de demanda: se estima que cuando ésta se restablezca, el valor subirá otra vez.
"Los tiempos de las empresas del sector se agotan, vienen de dos meses solventando costos fijos sin recibir ingreso alguno. Necesitamos un esquema de previsibilidad, las PYmes no tenemos espalda para soportar estos vaivenes", difundieron en un comunicado.
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Fecha de Publicación: 08/10/2012
Fuente: Terra
Provincia/Región: Nacional
Las empresas pymes productoras de biodiesel le pidieron al secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, una rebaja importante: Que las retenciones sean del cinco por ciento y no del 19,11 por ciento como están fijadas ahora en un esquema de alícuotas móviles.
El reclamo partió de la Cámara de Empresas Pyme de Energía y Biocombustibles (CEPEB) que está en formación y que agrupa a unas 27 plantas, de las cuales unas 16 estaban en funcionamiento y el resto por habilitarse cuando un decreto el 10 de agosto último los sorprendió con una brutal suba de los derechos de exportación y una baja del precio interno del biodiésel.
Entonces inmediatamente se paralizaron las Pymes del biodiesel a las que se les pretende adjudicar las 700 mil toneladas anuales del biocombustible en la Argentina que se utiliza, por Ley, para cortar al siete por ciento el gasoil.
Posteriormente, un nuevo decreto puso un esquema de retenciones móviles que fueron forzadas ante las empresas grandes y Pymes, con el sencillo planteo oficial de si quieren que los derechos de exportación bajen, entonces firmen que las prefieren así.
El vice ministro de Economía, Axel Kicillof, fue el encargado de explicar el nuevo sistema, pero el plan no resultó: las Pymes del biodiésel en la Argentina siguen paradas.
Ocurre que el costo actual de producir un litro de biodiésel ronda los 5100 a 5200 pesos la tonelada y con la publicación de la Resolución 1725/12 que establece un precio interno para el biodiesel de 4.661 pesos por tonelada, no alcanza y la crisis sigue en carne viva.
Héctor Bolzán, titular de dos plantas de biodiésel en Entre Ríos explicó a Noticias Argentinas que "el costo de producir un litro de biodiésel, de acuerdo con la tecnología, de cada planta ronda los 5100 a 5200 pesos la tonelada, hay que agregar rentabilidad para poder ganar algo".
Esta semana Moreno llamó a un representante de todas las Pymes, pero sólo hubo promesas de adecuar el precio en sucesivas publicaciones de instrumentos legales por parte del Gobierno.
"Estamos realizando muchas gestiones y reuniones, pero la solución no se plasma todavía, el sector está muy preocupado, los gastos fijos de las empresas hay que pagarlos y ya llevamos dos meses de parados", explicó Bolzán.
Según evaluó, avanzaron en la promesa de que va a haber una "diferencia entre las empresas chicas y grandes".
Otra situación que ocurre es que las PYmes que estaban habilitadas cubrían la mitad de las 700 mil toneladas, cupo total, para cortar el gasoil y el resto lo proveían las firmas grandes: ahora eso no sucede.
Las Pymes publicaron un informe en el que piden el cinco por ciento de retenciones, es decir un 15 por ciento menos que el 19,11 actual, para la fórmula de dónde sale el precio.
En el Gobierno la propuesta no gusta, se supo, pero los productores de biodiésel en cesación de actividades recordaron que "el cambio de política llevada a cabo con el Decreto 1436/12" los "afectó directa y gratuitamente, ya que el sector creció por el emprendimiento de empresarios PYmes que "creímos en la ley y en la industrialización del país, construyendo plantas incluso fuera de la provincia de Santa Fe como en Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos, San Luis y Neuquén".
"A pesar del pedido de la señora presidenta de que no se perdiera ninguna fuente de trabajo, ni se cierre ninguna empresa, el Decreto 1719/2012 no ha generado mejora alguna a nuestro sector: nuestra producción se destina al corte obligatorio implementado por el Programa respaldado por la Ley 26.093 de Producción y Uso Sustentable de Biocombustibles dictada en el 2006 durante el mandato del ex Presidente Néstor Kirchner", dijeron.
Además, hay confusión con los costos, porque el precio del insumo básico para hacer biodiésel, que es el aceite de soja, ha bajado no sólo a nivel internacional sino también internamente por la falta de demanda: se estima que cuando ésta se restablezca, el valor subirá otra vez.
"Los tiempos de las empresas del sector se agotan, vienen de dos meses solventando costos fijos sin recibir ingreso alguno. Necesitamos un esquema de previsibilidad, las PYmes no tenemos espalda para soportar estos vaivenes", difundieron en un comunicado.
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Gualeguaychú sigue preguntando por Botnia
Asamblea de Gualeguaychú reclamó información sobre monitoreos en Botnia
Fecha de Publicación: 07/10/2012
Fuente: Diario Hoy
Provincia/Región: Entre Ríos
La Asamblea Ciudadana Ambiental Gualeguaychú volvió a reclamar al gobierno nacional información sobre loas monitoreos realizados a la planta de la fábrica de pasta de celulosa UPM-Botnia, que instaló Uruguay en forma inconsulta sobre el río compartido.
"Pasan los días y no tenemos acceso a la información que es pública y es nuestra", lamentó la agrupación.
La Asamblea presentó un petitorio al Concejo Deliberante de Gualeguaychú, al cumplirse un mes de que el canciller argentino Héctor Timerman se quejara ante el gobierno uruguayo porque la planta pastera estaba produciendo más de lo permitido.
"¿Qué pasa con la publicación de los informes científicos del monitoreo a la planta de Botnia y la zona del río Uruguay cercana a esa pastera, que iba a brindar la Comisión Administradora del Río Uruguay?", cuestionó en su texto.
Y, recordó los reclamos del sector "ante los poderes de gobierno pidiendo coherencia entre dichos y acciones, ya que este es el momento de actuar".
Asimismo, destacó que no tuvo respuesta el pedido de audiencia al canciller Héctor Timerman, formulado en agosto.
La Asamblea pidió "acciones pacíficas, democráticas y participativas" contra la pastera Botnia-UPM, y denunció que los funcionarios uruguayos y argentinos "siguen jugando a las escondidas".
El monitoreo en la planta de Botnia-UPM es realizado desde noviembre de 2010 por un comité científico binacional que depende de la Comisión Administradora del Río Uruguay, pero los gobiernos de Argentina y Uruguay no se pusieron de acuerdo hasta el momento para la difusión de los resultados.
El mes pasado se produjeron acusaciones cruzadas entre ambos gobiernos y el juez federal de Concepción del Uruguay, Alberto Seró, solicitó a la CARU que haga públicos los informes ambientales.
"Pasa el tiempo y los funcionarios uruguayos y argentinos, siguen jugando a las escondidas", indicó la Asamblea en el petitorio y se preguntaron: "¿Qué acciones serán necesarias para que nos escuchen?" La asamblea recordó también que el Concejo Deliberante de Gualeguaychú aprobó una resolución para que Argentina publique los informes científicos del monitoreo, acuerdo que fue enviado al Senado de la Nación y aún no tiene respuesta.
"¿Qué pasa con la convocatoria, anunciada por ustedes a los Concejos Deliberantes del Río Uruguay para que apoyen la exigencia de publicación de esos informes?", preguntó la Asamblea a los concejales.
Al reclamó "acciones, pacíficas, democráticas y participativas", la Asamblea subrayó que "ya pasó el tiempo de las palabras y la paciencia se agota".
El asambleísta Martín Alazard exigió "mayor participación de la comunidad política", y disparó que "acompañar a la Asamblea no es participar de la marcha al puente una vez al año".
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Fecha de Publicación: 07/10/2012
Fuente: Diario Hoy
Provincia/Región: Entre Ríos
La Asamblea Ciudadana Ambiental Gualeguaychú volvió a reclamar al gobierno nacional información sobre loas monitoreos realizados a la planta de la fábrica de pasta de celulosa UPM-Botnia, que instaló Uruguay en forma inconsulta sobre el río compartido."Pasan los días y no tenemos acceso a la información que es pública y es nuestra", lamentó la agrupación.
La Asamblea presentó un petitorio al Concejo Deliberante de Gualeguaychú, al cumplirse un mes de que el canciller argentino Héctor Timerman se quejara ante el gobierno uruguayo porque la planta pastera estaba produciendo más de lo permitido.
"¿Qué pasa con la publicación de los informes científicos del monitoreo a la planta de Botnia y la zona del río Uruguay cercana a esa pastera, que iba a brindar la Comisión Administradora del Río Uruguay?", cuestionó en su texto.
Y, recordó los reclamos del sector "ante los poderes de gobierno pidiendo coherencia entre dichos y acciones, ya que este es el momento de actuar".
Asimismo, destacó que no tuvo respuesta el pedido de audiencia al canciller Héctor Timerman, formulado en agosto.
La Asamblea pidió "acciones pacíficas, democráticas y participativas" contra la pastera Botnia-UPM, y denunció que los funcionarios uruguayos y argentinos "siguen jugando a las escondidas".
El monitoreo en la planta de Botnia-UPM es realizado desde noviembre de 2010 por un comité científico binacional que depende de la Comisión Administradora del Río Uruguay, pero los gobiernos de Argentina y Uruguay no se pusieron de acuerdo hasta el momento para la difusión de los resultados.
El mes pasado se produjeron acusaciones cruzadas entre ambos gobiernos y el juez federal de Concepción del Uruguay, Alberto Seró, solicitó a la CARU que haga públicos los informes ambientales.
"Pasa el tiempo y los funcionarios uruguayos y argentinos, siguen jugando a las escondidas", indicó la Asamblea en el petitorio y se preguntaron: "¿Qué acciones serán necesarias para que nos escuchen?" La asamblea recordó también que el Concejo Deliberante de Gualeguaychú aprobó una resolución para que Argentina publique los informes científicos del monitoreo, acuerdo que fue enviado al Senado de la Nación y aún no tiene respuesta.
"¿Qué pasa con la convocatoria, anunciada por ustedes a los Concejos Deliberantes del Río Uruguay para que apoyen la exigencia de publicación de esos informes?", preguntó la Asamblea a los concejales.
Al reclamó "acciones, pacíficas, democráticas y participativas", la Asamblea subrayó que "ya pasó el tiempo de las palabras y la paciencia se agota".
El asambleísta Martín Alazard exigió "mayor participación de la comunidad política", y disparó que "acompañar a la Asamblea no es participar de la marcha al puente una vez al año".
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Otro año más sin presupuestos para bosques
Por quinto año se incumple la ley de bosques
Fecha de Publicación: 06/10/2012
Fuente: Blog Ecológico - La Nación
Provincia/Región: Nacional
Un año más, un presupuesto más y, como se esperaba, un nuevo incumplimiento. Se trata del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos, de acuerdo a lo establecido en la Ley Nacional N° 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos.
El actual proyecto de ley de Presupuesto, asignó al fondo $230 millones mientras que la norma N° 26.331, art. 31, incisos a) y b): se establece una partida no menor del 0,3% del Presupuesto Nacional, ($ 1.515 millones), y una asignación específica del 2% de las retenciones a las exportaciones de productos primarios y secundarios provenientes de la agricultura, ganadería y sector forestal, que elevaría el monto a $2.327 millones.
El hecho deja ver al menos dos problemas: el primero y más evidente es el incumplimiento y la falta de voluntad política en avanzar en una protección genuina. Y el segundo, tal vez aún más grave, es que de este modo se pone en duda la creación de fondos especiales para poder afrontar otro tipo de conflictos ambientales. Uno que se discute hoy, por caso, es el que crea el proyecto para la disposición de residuos eléctricos y electrónicos. Y se da la razón a los grupos que ponen trabas para que este tipo de normas no avance.
Ante la pobre asignación al fondo de bosques y como todavía el presupuesto está en etapa de discusión, las ONG Fundación Vida Silvestre Argentina, Greenpeace, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales y asociaciones de productores y de la industria foresto-industrial (como FAIMA y AFOA), manifestaron su preocupación frente a la insuficiente partida y enviaron una carta a los presidentes de bloque de la Cámara de Diputados.
El Fondo para la conservación de los bosques nativos establece en el artículo 30 “el objeto de compensar a las jurisdicciones que conservan los bosques nativos, por los servicios ambientales que éstos brindan”. El fondo tiene un sentido federal, ya que el 30% está destinado a fortalecer la capacidad técnica y de control, mientras que el 70% restante a compensar a los titulares que efectúen tareas de conservación y manejo sostenible de los bosques.
“A cinco años de la promulgación de la Ley de Bosques, ésta se encuentra muy lejos de cumplirse, ya que viene padeciendo falencias similares desde el año 2008. Por esta razón, las cinco organizaciones firmantes solicitan de carácter urgente apoyar un incremento en el presupuesto . Del mismo modo, el Consejo Federal del Medio Ambiente (COFEMA), y provincias como Tierra del Fuego, San Luis, Misiones, Salta y Chaco, ya vienen reclamando hace un tiempo sobre esta problemática“, indicaron las ONG mediante un comunicado.
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Fecha de Publicación: 06/10/2012
Fuente: Blog Ecológico - La Nación
Provincia/Región: Nacional
Un año más, un presupuesto más y, como se esperaba, un nuevo incumplimiento. Se trata del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos, de acuerdo a lo establecido en la Ley Nacional N° 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos.El actual proyecto de ley de Presupuesto, asignó al fondo $230 millones mientras que la norma N° 26.331, art. 31, incisos a) y b): se establece una partida no menor del 0,3% del Presupuesto Nacional, ($ 1.515 millones), y una asignación específica del 2% de las retenciones a las exportaciones de productos primarios y secundarios provenientes de la agricultura, ganadería y sector forestal, que elevaría el monto a $2.327 millones.
El hecho deja ver al menos dos problemas: el primero y más evidente es el incumplimiento y la falta de voluntad política en avanzar en una protección genuina. Y el segundo, tal vez aún más grave, es que de este modo se pone en duda la creación de fondos especiales para poder afrontar otro tipo de conflictos ambientales. Uno que se discute hoy, por caso, es el que crea el proyecto para la disposición de residuos eléctricos y electrónicos. Y se da la razón a los grupos que ponen trabas para que este tipo de normas no avance.
Ante la pobre asignación al fondo de bosques y como todavía el presupuesto está en etapa de discusión, las ONG Fundación Vida Silvestre Argentina, Greenpeace, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales y asociaciones de productores y de la industria foresto-industrial (como FAIMA y AFOA), manifestaron su preocupación frente a la insuficiente partida y enviaron una carta a los presidentes de bloque de la Cámara de Diputados.
El Fondo para la conservación de los bosques nativos establece en el artículo 30 “el objeto de compensar a las jurisdicciones que conservan los bosques nativos, por los servicios ambientales que éstos brindan”. El fondo tiene un sentido federal, ya que el 30% está destinado a fortalecer la capacidad técnica y de control, mientras que el 70% restante a compensar a los titulares que efectúen tareas de conservación y manejo sostenible de los bosques.
“A cinco años de la promulgación de la Ley de Bosques, ésta se encuentra muy lejos de cumplirse, ya que viene padeciendo falencias similares desde el año 2008. Por esta razón, las cinco organizaciones firmantes solicitan de carácter urgente apoyar un incremento en el presupuesto . Del mismo modo, el Consejo Federal del Medio Ambiente (COFEMA), y provincias como Tierra del Fuego, San Luis, Misiones, Salta y Chaco, ya vienen reclamando hace un tiempo sobre esta problemática“, indicaron las ONG mediante un comunicado.
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Aumenta el déficit energético
El déficit energético ya es cuatro veces mayor al de 2011
Fecha de Publicación: 06/10/2012
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
Entre enero y agosto el rojo fue US$ 1.650 millones. En 2011 fue US$ 431 millones.
El Gobierno justificó la estatización de YPF en la búsqueda de la soberanía hidrocarburífera. Esto implicaba una menor dependencia de las importaciones de combustible, que llegaron a un récord en 2011. Sin embargo, esa situación todavía no se revirtió y se está profundizando en relación al año pasado. Entre enero y agosto el déficit energético se multiplicó por cuatro en comparación con el mismo período de 2011 .
Según datos de la Secretaría de Energía, el país importó combustibles por más de US$ 4.400 millones hasta agosto y acumula un déficit de casi US$ 1.650 millones en este terreno. En el mismo período de 2011 (con Repsol y la familia Eskenazi como accionistas de YPF), las importaciones totalizaban US$ 3.250 millones y el saldo desfavorable era de US$ 431 millones. Esto sucede en medio de un parate en la actividad económica, en contraste con el crecimiento del PBI en 2011.
En agosto , según los datos de la Secretaría de Energía, el rojo en la balanza comercial energética fue de US$ 353 millones . Un año atrás, en agosto de 2011, antes de que el Estado sea el principal accionista de YPF, el déficit había sido US$ 310 millones.
En agosto último se exportaron combustibles por US$ 336 millones, mientras que las importaciones fueron US$ 689 millones. Desde el martes hasta el jueves, las cifras de la balanza comercial energética no estuvieron en la página de la Secretaría de Energía, dependiente del ministerio de Planificación. En el sector energético creyeron que el “efecto Indec” podía haber llegado a la dependencia de Daniel Cameron, tal como informó “La Nación” en su edición de ayer. Sin embargo, la secretaría de Energía corrigió y publicó los datos.
“Hubiera sido una pésima seña l para las empresas y sus proyecciones”, explicaron dos expertos a Clarín que estaban enojados el jueves a la tarde (cuando no había datos). “Una intervención al estilo Indec hubiera impactado también hasta la gestión y credibilidad de Miguel Galuccio (CEO y presidente de YPF”, detallaron.
El rojo de agosto (US$ 353 millones) fue inferior al de julio, donde registró US$ 554,6 millones de déficit entre exportaciones e importaciones.
Hasta agosto, las importaciones de energía subieron 35% en relación a 2011. Pasaron de US$ 3.250 millones en 2011 a más de US$ 4.400 millones en 2012.
Las ventas al exterior, en cambio, retrocedieron 2%. Entre enero y agosto de 2012 se exportó combustible por US$ 2.754 millones, mientras que en agosto de 2011 se había llegado a US$ 2.819 millones.
Para castigar la gestión anterior de YPF, el Gobierno suspendió los estímulos impositivos del programa “Petróleo Plus”. Pero esa situación alcanzó a todas las petroleras y terminó afectando las exportaciones de petróleo en general.
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Fecha de Publicación: 06/10/2012
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
Entre enero y agosto el rojo fue US$ 1.650 millones. En 2011 fue US$ 431 millones.
El Gobierno justificó la estatización de YPF en la búsqueda de la soberanía hidrocarburífera. Esto implicaba una menor dependencia de las importaciones de combustible, que llegaron a un récord en 2011. Sin embargo, esa situación todavía no se revirtió y se está profundizando en relación al año pasado. Entre enero y agosto el déficit energético se multiplicó por cuatro en comparación con el mismo período de 2011 .
Según datos de la Secretaría de Energía, el país importó combustibles por más de US$ 4.400 millones hasta agosto y acumula un déficit de casi US$ 1.650 millones en este terreno. En el mismo período de 2011 (con Repsol y la familia Eskenazi como accionistas de YPF), las importaciones totalizaban US$ 3.250 millones y el saldo desfavorable era de US$ 431 millones. Esto sucede en medio de un parate en la actividad económica, en contraste con el crecimiento del PBI en 2011.
En agosto , según los datos de la Secretaría de Energía, el rojo en la balanza comercial energética fue de US$ 353 millones . Un año atrás, en agosto de 2011, antes de que el Estado sea el principal accionista de YPF, el déficit había sido US$ 310 millones.
En agosto último se exportaron combustibles por US$ 336 millones, mientras que las importaciones fueron US$ 689 millones. Desde el martes hasta el jueves, las cifras de la balanza comercial energética no estuvieron en la página de la Secretaría de Energía, dependiente del ministerio de Planificación. En el sector energético creyeron que el “efecto Indec” podía haber llegado a la dependencia de Daniel Cameron, tal como informó “La Nación” en su edición de ayer. Sin embargo, la secretaría de Energía corrigió y publicó los datos.
“Hubiera sido una pésima seña l para las empresas y sus proyecciones”, explicaron dos expertos a Clarín que estaban enojados el jueves a la tarde (cuando no había datos). “Una intervención al estilo Indec hubiera impactado también hasta la gestión y credibilidad de Miguel Galuccio (CEO y presidente de YPF”, detallaron.
El rojo de agosto (US$ 353 millones) fue inferior al de julio, donde registró US$ 554,6 millones de déficit entre exportaciones e importaciones.
Hasta agosto, las importaciones de energía subieron 35% en relación a 2011. Pasaron de US$ 3.250 millones en 2011 a más de US$ 4.400 millones en 2012.
Las ventas al exterior, en cambio, retrocedieron 2%. Entre enero y agosto de 2012 se exportó combustible por US$ 2.754 millones, mientras que en agosto de 2011 se había llegado a US$ 2.819 millones.
Para castigar la gestión anterior de YPF, el Gobierno suspendió los estímulos impositivos del programa “Petróleo Plus”. Pero esa situación alcanzó a todas las petroleras y terminó afectando las exportaciones de petróleo en general.
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Riachuelo: la CSJ toma evalúa a CEAMSE y AySA
La corte convocó a la CEAMSE y AySA
Fecha de Publicación: 05/10/2012
Fuente: Diario El Sol
Provincia/Región: Riachuelo
Es para participar de la audiencia pública en donde se evaluará el grado de avance del plan de seneamiento del Riachuelo
La Corte Suprema de Justicia de la Nación convocó a las empresas Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA) y Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE) para que participen de la audiencia pública en la que se evaluará el grado de avance del plan de saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo (fallo “Mendoza y otros”) ordenado por el Tribunal.
Tanto el AYSA como el CEAMSE deberán informar a la Corte sobre los actos ejecutados y las contrataciones realizadas por indicación de la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR).
La referida audiencia se desarrollará el próximo jueves 11 a partir de las 10. El Alto Tribunal dispuso que el Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios de Almirante Brown, Avellaneda, Esteban Echeverría, La Matanza, Lanús y Lomas de Zamora, presenten una breve exposición sobre cada uno de los objetivos y resultados que integran el programa de ejecución obligatoria impuesto por la sentencia condenatoria de la Corte.
También participarán el Defensor del Pueblo de la Nación y el titular de la Auditoría General de la Nación, quienes deberán informar sobre las dificultades que pudieran haber existido a la hora de realizar los controles encomendados en la sentencia y sus observaciones.
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Fecha de Publicación: 05/10/2012
Fuente: Diario El Sol
Provincia/Región: Riachuelo
Es para participar de la audiencia pública en donde se evaluará el grado de avance del plan de seneamiento del Riachuelo
La Corte Suprema de Justicia de la Nación convocó a las empresas Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA) y Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE) para que participen de la audiencia pública en la que se evaluará el grado de avance del plan de saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo (fallo “Mendoza y otros”) ordenado por el Tribunal.
Tanto el AYSA como el CEAMSE deberán informar a la Corte sobre los actos ejecutados y las contrataciones realizadas por indicación de la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR).
La referida audiencia se desarrollará el próximo jueves 11 a partir de las 10. El Alto Tribunal dispuso que el Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios de Almirante Brown, Avellaneda, Esteban Echeverría, La Matanza, Lanús y Lomas de Zamora, presenten una breve exposición sobre cada uno de los objetivos y resultados que integran el programa de ejecución obligatoria impuesto por la sentencia condenatoria de la Corte.
También participarán el Defensor del Pueblo de la Nación y el titular de la Auditoría General de la Nación, quienes deberán informar sobre las dificultades que pudieran haber existido a la hora de realizar los controles encomendados en la sentencia y sus observaciones.
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