Tucumán: vinaza como agua perfumada
09:02 | 
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"La vinaza fluye en la provincia de Tucumán como si se tratara de agua perfumada"
Fecha de Publicación: 07/09/2012
Fuente: Diario Panorama
Provincia/Región: Tucumán
Así lo sostuvo el diputado radical de la provincia de Tucumán, Ariel García, quién se apersonó en Delfín Gallo para escuchar la problemática de los vecinos.
El legislador radical de la provincia de Tucumán, Ariel García dijo que “la vinaza fluye en la provincia como si se tratara de agua perfumada, porque las autoridades ambientales están esperando las denuncias del Comité de Cuenca para actuar y aplicar sanciones”.
El parlamentario aludió de esa manera a las denuncias sobre derrames de vinaza y ceniza ocurridos en los últimos días y que tienen como protagonistas a los ingenios Santa Rosa, Concepción (ATANOR) y La Trinidad.
“El gobierno provincial siempre actúa una vez que los integrantes del Comité de la Cuenca Salí-Dulce, en especial los funcionarios santiagueños, denuncian las irregularidades y aportan pruebas de ellas, como ocurrió con el derrame de cenizas del ingenio Santa Rosa, al que se le aplicó después una multa de 200 mil pesos”, sostuvo el legislador, quien en la jornada del miércoles se apersonó en Delfín Gallo para escuchar la problemática de vecinos, que viven a escasos 30 metros de un canal con vinaza a cielo abierto de un kilómetro y medio de extensión y ocho metros de profundidad.
“Es una vergüenza que el gobierno provincial permita este daño ambiental y perjudique a personas inocentes que vivieron toda su vida en esa zona, que se convirtió en inhabitable, no sólo por el pestilente y permanente olor, sino por el peligro que implica ese efluente contaminante para la salud de las personas”, espetó.
“Esta vinaza la desechó, sin ningún tipo de tratamiento, el ingenio Concepción. El área ambiental de la provincia no hizo nada al respecto.
Agregó que “ahora se suma otro derrame, pero esta vez tiene como responsable al ingenio La Trinidad. Quizá al gobierno provincial se le escapó la tortuga en lo que hace a la implementación del Programa Vinaza Cero, pero esos inconvenientes sólo se solucionan con controles preventivos y sanciones concretas”.
“Al parecer la vinaza se esta colmatando en los supuestos "piletones" y las cenizas están estorbando en los ingenios y es por eso que se están dedicando a eliminarlas en estos días. Si el gobernador no puede cumplir con los compromisos asumidos con el gobierno de Santiago del Estero y la propia nación, por lo menos que cumpla con la preservación de la salud de los tucumanos, que no pueden vivir en las condiciones a la que los somete la contaminación”, expresó García.
“Le recuerdo al gobernador Alperovich que el derecho a un medio ambiente saludable forma parte de los derechos humanos de tercera generación, los cuales debe velar como representante del pueblo. Si no lo hace, desde el radicalismo, en donde tenemos representación parlamentaria, se lo haremos recordar en todo momento, porque es nuestro deber y mandato de quienes nos dieron esa sagrada responsabilidad”, finalizó.
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Fecha de Publicación: 07/09/2012
Fuente: Diario Panorama
Provincia/Región: Tucumán
Así lo sostuvo el diputado radical de la provincia de Tucumán, Ariel García, quién se apersonó en Delfín Gallo para escuchar la problemática de los vecinos.El legislador radical de la provincia de Tucumán, Ariel García dijo que “la vinaza fluye en la provincia como si se tratara de agua perfumada, porque las autoridades ambientales están esperando las denuncias del Comité de Cuenca para actuar y aplicar sanciones”.
El parlamentario aludió de esa manera a las denuncias sobre derrames de vinaza y ceniza ocurridos en los últimos días y que tienen como protagonistas a los ingenios Santa Rosa, Concepción (ATANOR) y La Trinidad.
“El gobierno provincial siempre actúa una vez que los integrantes del Comité de la Cuenca Salí-Dulce, en especial los funcionarios santiagueños, denuncian las irregularidades y aportan pruebas de ellas, como ocurrió con el derrame de cenizas del ingenio Santa Rosa, al que se le aplicó después una multa de 200 mil pesos”, sostuvo el legislador, quien en la jornada del miércoles se apersonó en Delfín Gallo para escuchar la problemática de vecinos, que viven a escasos 30 metros de un canal con vinaza a cielo abierto de un kilómetro y medio de extensión y ocho metros de profundidad.
“Es una vergüenza que el gobierno provincial permita este daño ambiental y perjudique a personas inocentes que vivieron toda su vida en esa zona, que se convirtió en inhabitable, no sólo por el pestilente y permanente olor, sino por el peligro que implica ese efluente contaminante para la salud de las personas”, espetó.
“Esta vinaza la desechó, sin ningún tipo de tratamiento, el ingenio Concepción. El área ambiental de la provincia no hizo nada al respecto.
Agregó que “ahora se suma otro derrame, pero esta vez tiene como responsable al ingenio La Trinidad. Quizá al gobierno provincial se le escapó la tortuga en lo que hace a la implementación del Programa Vinaza Cero, pero esos inconvenientes sólo se solucionan con controles preventivos y sanciones concretas”.
“Al parecer la vinaza se esta colmatando en los supuestos "piletones" y las cenizas están estorbando en los ingenios y es por eso que se están dedicando a eliminarlas en estos días. Si el gobernador no puede cumplir con los compromisos asumidos con el gobierno de Santiago del Estero y la propia nación, por lo menos que cumpla con la preservación de la salud de los tucumanos, que no pueden vivir en las condiciones a la que los somete la contaminación”, expresó García.
“Le recuerdo al gobernador Alperovich que el derecho a un medio ambiente saludable forma parte de los derechos humanos de tercera generación, los cuales debe velar como representante del pueblo. Si no lo hace, desde el radicalismo, en donde tenemos representación parlamentaria, se lo haremos recordar en todo momento, porque es nuestro deber y mandato de quienes nos dieron esa sagrada responsabilidad”, finalizó.
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Se juntaron los gobernadores mineros
Cumbre de provincias mineras en Salta
Fecha de Publicación: 07/09/2012
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
Gobernadores y representantes de la Organización Federal de Estados Mineros (OFEMI) se reunieron ayer en Salta para defender la actividad y unificar criterios y normativas que permitan “generar desarrollo sustentable en las regiones mineras de cada provincia”, según informaron.
La reunión, en el Centro Cívico Grand Bourg, donde funciona la sede gubernamental salteña, fue presidida por el gobernador salteño, Juan Manuel Urtubey, quien estuvo acompañado por sus pares de San Juan y La Rioja, José Luis Gioja y Luis Beder Herrera.
Además, participaron el secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral, y representantes de las provincias de Chubut, Río Negro, Neuquén, Santa Cruz, Mendoza, Jujuy, La Rioja, San Juan y Catamarca.
En la reunión se analizaron puntos planteados en la agenda en común de los estados miembros de la OFEMI, creada en febrero pasado.
La reunión de la OFEMI se concretó en el marco de la novena edición de la Convención Internacional sobre Oportunidades de Negocios en Exploración, Geología y Minería “Argentina Mining 2012”, que se realiza en Salta desde el martes, con la participación de más de 3.000 personas.
En el Centro de Convenciones de Limache, más de 400 empresas mostraron su actividad en este evento, que concluyó ayer.
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Fecha de Publicación: 07/09/2012
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
Gobernadores y representantes de la Organización Federal de Estados Mineros (OFEMI) se reunieron ayer en Salta para defender la actividad y unificar criterios y normativas que permitan “generar desarrollo sustentable en las regiones mineras de cada provincia”, según informaron.
La reunión, en el Centro Cívico Grand Bourg, donde funciona la sede gubernamental salteña, fue presidida por el gobernador salteño, Juan Manuel Urtubey, quien estuvo acompañado por sus pares de San Juan y La Rioja, José Luis Gioja y Luis Beder Herrera.
Además, participaron el secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral, y representantes de las provincias de Chubut, Río Negro, Neuquén, Santa Cruz, Mendoza, Jujuy, La Rioja, San Juan y Catamarca.
En la reunión se analizaron puntos planteados en la agenda en común de los estados miembros de la OFEMI, creada en febrero pasado.
La reunión de la OFEMI se concretó en el marco de la novena edición de la Convención Internacional sobre Oportunidades de Negocios en Exploración, Geología y Minería “Argentina Mining 2012”, que se realiza en Salta desde el martes, con la participación de más de 3.000 personas.
En el Centro de Convenciones de Limache, más de 400 empresas mostraron su actividad en este evento, que concluyó ayer.
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Fumigaciones en Córdoba: los fundamentos del fallo
“Es un delito de peligro”
Fecha de Publicación: 06/09/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Córdoba
La Cámara 1ª del Crimen de Córdoba dio a conocer ayer los fundamentos de la sentencia por la que fueron condenados un productor rural y un piloto que contaminaron, mediante el uso de agroquímicos, una zona barrial de la capital provincial. En el fallo, los camaristas destacaron que lo que se juzgó “no es un delito de lesión, sino de peligro, que no exige que afecte a la salud, sino que posiblemente la afecte”, al tratarse de residuos que “posean componentes que lo tornen peligrosos para la salud de organismos vivos, lo que ha quedado fehacientemente demostrado”.
El tribunal, integrado por Lorenzo Rodríguez, Susana Cordi Moreno y Mario Capdevilla, condenó a Jorge Parra (foto), propietario de un campo cultivado con soja, próximo al barrio Ituzaingó Anexo, a tres años de prisión de ejecución condicional. A Parra lo encontraron autor del delito de contaminación ambiental penado por la Ley de Residuos Peligrosos (Nº 24.051), en forma continuada, por un hecho ocurrido entre octubre de 2003 y febrero de 2004, y por otro sucedido en 2008.
Asimismo, el tribunal condenó al piloto Edgardo Jorge Pancel(foto)lo a tres años de ejecución condicional por considerarlo coautor del delito de contaminación ambiental por el hecho ocurrido en 2008.
“Parra y Pancello planificaron la realización del hecho en el campo propiedad del primero. Para ello, Parra adquirió agroquímicos para pulverizar sus campos y los puso en poder de Pancello, para que lo hiciese, conociendo la toxicidad de los productos que entregaba”, destacó el camarista Rodríguez, a cuyo voto se adhirió Cordi Moreno.
El magistrado insistió en que Parra actuó a sabiendas de que “la legislación vigente lo prohibía”, dado que la Ordenanza Nº 10.505 “declaraba a Barrio Ituzaingó Anexo en Emergencia Sanitaria Municipal, y la Nº 10.590 prohibía la aplicación de plaguicidas o biocidas químicos mediante fumigación terrestre o aérea a menos de 2500 metros de cualquier vivienda de ese barrio”. En el mismo sentido, el juez remarcó: “Pancello recibió esta carga de agroquímicos y aceptó la tarea encomendada. También, con pleno conocimiento de que el encargo era para realizar una tarea ilegal, ya que es un hombre experimentado en el tema porque es dueño de una empresa, precisamente, dedicada a este rubro”.
El juez agregó que “Pancello cargó los productos en su avioneta” y, “navegando en forma ilegal”, arribó a los campos de Parra, que se encontraban sembrados con soja, hasta el mismo borde del barrio poblado, y comenzó a “arrojar su carga de agroquímicos, pasando por encima de éste, contaminando todo el ambiente de un modo peligroso para la salud”.
Los camaristas también dispusieron que, durante cuatro años, Parra deberá cumplir como regla de conducta “diez horas semanales de trabajo no remunerado”, a favor “del Estado o de instituciones de bien público, vinculadas a la salud”, al tiempo que quedó inhabilitado “durante ocho años para el ejercicio de la actividad de aplicación de productos agroquímicos”. En el mismo sentido, el tribunal resolvió que, durante tres años, Pancello, que fue inhabilitado durante diez años “para el ejercicio de la actividad de aplicación de productos agroquímicos”, deberá realizar trabajos comunitarios no remunerables durante ocho horas semanales, “a favor del Estado o de una institución de bien público dedicada a la salud”.
Por su parte, el tribunal absolvió al productor Jorge Alberto Gabrielli, tal como había pedido el fiscal Marcelo Novillo Corbalán en el momento de efectuar sus alegatos por considerar que faltaban pruebas determinantes y por aplicación del principio de presunción de inocencia.
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Fecha de Publicación: 06/09/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Córdoba
La Cámara 1ª del Crimen de Córdoba dio a conocer ayer los fundamentos de la sentencia por la que fueron condenados un productor rural y un piloto que contaminaron, mediante el uso de agroquímicos, una zona barrial de la capital provincial. En el fallo, los camaristas destacaron que lo que se juzgó “no es un delito de lesión, sino de peligro, que no exige que afecte a la salud, sino que posiblemente la afecte”, al tratarse de residuos que “posean componentes que lo tornen peligrosos para la salud de organismos vivos, lo que ha quedado fehacientemente demostrado”.El tribunal, integrado por Lorenzo Rodríguez, Susana Cordi Moreno y Mario Capdevilla, condenó a Jorge Parra (foto), propietario de un campo cultivado con soja, próximo al barrio Ituzaingó Anexo, a tres años de prisión de ejecución condicional. A Parra lo encontraron autor del delito de contaminación ambiental penado por la Ley de Residuos Peligrosos (Nº 24.051), en forma continuada, por un hecho ocurrido entre octubre de 2003 y febrero de 2004, y por otro sucedido en 2008.
Asimismo, el tribunal condenó al piloto Edgardo Jorge Pancel(foto)lo a tres años de ejecución condicional por considerarlo coautor del delito de contaminación ambiental por el hecho ocurrido en 2008.
“Parra y Pancello planificaron la realización del hecho en el campo propiedad del primero. Para ello, Parra adquirió agroquímicos para pulverizar sus campos y los puso en poder de Pancello, para que lo hiciese, conociendo la toxicidad de los productos que entregaba”, destacó el camarista Rodríguez, a cuyo voto se adhirió Cordi Moreno.
El magistrado insistió en que Parra actuó a sabiendas de que “la legislación vigente lo prohibía”, dado que la Ordenanza Nº 10.505 “declaraba a Barrio Ituzaingó Anexo en Emergencia Sanitaria Municipal, y la Nº 10.590 prohibía la aplicación de plaguicidas o biocidas químicos mediante fumigación terrestre o aérea a menos de 2500 metros de cualquier vivienda de ese barrio”. En el mismo sentido, el juez remarcó: “Pancello recibió esta carga de agroquímicos y aceptó la tarea encomendada. También, con pleno conocimiento de que el encargo era para realizar una tarea ilegal, ya que es un hombre experimentado en el tema porque es dueño de una empresa, precisamente, dedicada a este rubro”.
El juez agregó que “Pancello cargó los productos en su avioneta” y, “navegando en forma ilegal”, arribó a los campos de Parra, que se encontraban sembrados con soja, hasta el mismo borde del barrio poblado, y comenzó a “arrojar su carga de agroquímicos, pasando por encima de éste, contaminando todo el ambiente de un modo peligroso para la salud”.
Los camaristas también dispusieron que, durante cuatro años, Parra deberá cumplir como regla de conducta “diez horas semanales de trabajo no remunerado”, a favor “del Estado o de instituciones de bien público, vinculadas a la salud”, al tiempo que quedó inhabilitado “durante ocho años para el ejercicio de la actividad de aplicación de productos agroquímicos”. En el mismo sentido, el tribunal resolvió que, durante tres años, Pancello, que fue inhabilitado durante diez años “para el ejercicio de la actividad de aplicación de productos agroquímicos”, deberá realizar trabajos comunitarios no remunerables durante ocho horas semanales, “a favor del Estado o de una institución de bien público dedicada a la salud”.
Por su parte, el tribunal absolvió al productor Jorge Alberto Gabrielli, tal como había pedido el fiscal Marcelo Novillo Corbalán en el momento de efectuar sus alegatos por considerar que faltaban pruebas determinantes y por aplicación del principio de presunción de inocencia.
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Científicos trabajan en el inventario de glaciares
Científicos argentinos trabajan en el inventario nacional de glaciares
Fecha de Publicación: 06/09/2012
Fuente: No a la Mina - Agencia - Instituto Leloir
Provincia/Región: Nacional
Establecido por la Ley de Glaciares, será útil para establecer medidas de manejo y adaptación frente a una eventual escasez hídrica en zonas áridas del oeste del país. El Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA)junto con la Secretaría de Ambiente de la Nación, es responsable del inventario y monitoreo del estado de los glaciares.
Cada cinco años la Argentina contará con un inventario nacional de glaciares. Así lo establece la ley nacional 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, más conocida como Ley de Glaciares, reglamentada en el país a fines de febrero de 2011. Y los trabajos ya están en marcha.
"Conocer el número, área y distribución espacial de los cuerpos de hielo no sólo brinda una estimación de las reservas hídricas en estado sólido existentes en las diferentes cuencas andinas, sino también información básica para conocer la capacidad reguladora de dichos cuerpos sobre los caudales en distintas condiciones climáticas", indicó a la Agencia CyTA Ricardo Villalba, director del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), dependiente del CONICET. El IANIGLA, junto con la Secretaría de Ambiente de la Nación, es responsable del inventario y monitoreo del estado de los glaciares.
De acuerdo a Villalba, el relevamiento es fundamental a la hora de establecer medidas de manejo y adaptación frente a eventos de escasez hídrica en zonas áridas del oeste argentino.
Para realizar el inventario de los glaciares, los investigadores del IANIGLA analizan imágenes satelitales y realizan periódicamente relevamientos y determinaciones de campo junto con mediciones de GPS.
Aunque todavía no se presentaron los resultados, diversos estudios indican que la gran mayoría de los glaciares estudiados en los Andes de Argentina han sufrido un franco retroceso durante el último siglo, en sintonía con lo observado en otras regiones montañosas del planeta.
"En promedio, los glaciares de seis áreas de estudio en los Andes patagónicos han perdido alrededor del 10 por ciento de su superficie entre 1984 y 2004", indicó Villalba.
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Fecha de Publicación: 06/09/2012
Fuente: No a la Mina - Agencia - Instituto Leloir
Provincia/Región: Nacional
Establecido por la Ley de Glaciares, será útil para establecer medidas de manejo y adaptación frente a una eventual escasez hídrica en zonas áridas del oeste del país. El Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA)junto con la Secretaría de Ambiente de la Nación, es responsable del inventario y monitoreo del estado de los glaciares.Cada cinco años la Argentina contará con un inventario nacional de glaciares. Así lo establece la ley nacional 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, más conocida como Ley de Glaciares, reglamentada en el país a fines de febrero de 2011. Y los trabajos ya están en marcha.
"Conocer el número, área y distribución espacial de los cuerpos de hielo no sólo brinda una estimación de las reservas hídricas en estado sólido existentes en las diferentes cuencas andinas, sino también información básica para conocer la capacidad reguladora de dichos cuerpos sobre los caudales en distintas condiciones climáticas", indicó a la Agencia CyTA Ricardo Villalba, director del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), dependiente del CONICET. El IANIGLA, junto con la Secretaría de Ambiente de la Nación, es responsable del inventario y monitoreo del estado de los glaciares.
De acuerdo a Villalba, el relevamiento es fundamental a la hora de establecer medidas de manejo y adaptación frente a eventos de escasez hídrica en zonas áridas del oeste argentino.
Para realizar el inventario de los glaciares, los investigadores del IANIGLA analizan imágenes satelitales y realizan periódicamente relevamientos y determinaciones de campo junto con mediciones de GPS.
Aunque todavía no se presentaron los resultados, diversos estudios indican que la gran mayoría de los glaciares estudiados en los Andes de Argentina han sufrido un franco retroceso durante el último siglo, en sintonía con lo observado en otras regiones montañosas del planeta.
"En promedio, los glaciares de seis áreas de estudio en los Andes patagónicos han perdido alrededor del 10 por ciento de su superficie entre 1984 y 2004", indicó Villalba.
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Botnia con varias irregularidades
Botnia confirma todos los malos pronósticos
Fecha de Publicación: 06/09/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Luego de meses de divergencias en la comisión binacional que debe vigilar el río Uruguay, los funcionarios argentinos dieron a conocer un informe sobre Botnia que enumera varias irregularidades. Y acusan a Uruguay de poner trabas.
Después de diecisiete meses de silencio, los funcionarios argentinos a cargo del plan de vigilancia de UPM-Botnia dieron a conocer un informe sobre el funcionamiento de la pastera. El documento advierte sobre gravísimas irregularidades detectadas en la planta, como el vuelco clandestino de efluentes al río. También denuncia que Uruguay ha puesto continuamente trabas al monitoreo y que modificó normas ambientales para adecuarlas a la necesidad de la empresa.
Los hechos están detallados en un informe preliminar sobre el monitoreo que los técnicos presentaron al canciller Héctor Timerman. La Cancillería decidió difundirlo después de un nuevo cortocircuito con los funcionarios uruguayos, que el lunes aseguraron públicamente que UPM-Botnia no contamina y que la Argentina no quiere dar a conocer los resultados de los análisis para no tener que admitirlo.
El plan de vigilancia ambiental está a cargo de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), un organismo binacional integrado por una delegación argentina y una uruguaya. Dentro de la CARU, a su vez, hay un comité científico con dos representantes por cada país, que son los que se encargan de entrar a UPM-Botnia para tomar las muestras. El comité ingresó 16 veces a la planta. La CARU debía dar a conocer, luego de cada entrada, un informe conjunto pero, enredada en una sucesión de desacuerdos, nunca pudo redactar nada.
El documento dado a conocer ayer da una idea de por qué. Estas son sus principales denuncias:
- En octubre de 2010 el comité científico hizo su primera entrada a la pastera. Encontró que la empresa estaba diluyendo parte de sus efluentes industriales con agua del río antes de verterlos en el cauce. La dilución está prohibida, incluso por las propias normas uruguayas.
- Tras el reclamo argentino, la empresa dejó de diluir los efluentes. Pero obtuvo de las autoridades uruguayas un permiso para aumentar a 37 grados la temperatura de vuelco de sus efluentes al río. Una fuente de la CARU explicó a Página/12 que para el resto de las industrias, la temperatura máxima permitida sigue siendo de 30 grados, “es decir que la norma fue cambiada a medida de UPM-Botnia”. Pero en el caso del río Uruguay, la modificación es más grave porque el Digesto aprobado por ambos países estipula que esa temperatura no puede superar “las condiciones naturales del río Uruguay”, que están en los 20 grados.
- Un año después del primer ingreso, en noviembre de 2011, los científicos se toparon con “un vertedero clandestino de efluentes industriales sin tratar la costa del río”, detalla el informe. Según pudo saber este diario, estaba a mil metros del vuelco declarado y vertía al río 170 litros por segundo.
- Los científicos argentinos sospechan además sobre el posible uso de otro caño para verter efluentes industriales directamente al río. Pudieron ver el ducto de lejos, en la visita a la planta de abril pasado. Constataron que se trataba de un caño no declarado, pero cuando quisieron acercarse para saber de qué se trataba, les prohibieron llegar hasta él.
- Hubo –y sigue habiendo– trabas para instalar equipamiento para medir la contaminación. Por ejemplo, cita el caso de un caudalímetro que lograron instalar sólo después de ocho meses de discusiones. Y revela que el sistema de boyas centinelas –que en su interior llevarán almejas, por su sensibilidad a la contaminación– todavía no pudo ser instalado, a pesar de que transcurrieron 17 meses desde que fue acordado.
Parte de las kafkianas dificultades para realizar el monitoreo es que los dos países deben ponerse de acuerdo en qué parámetros usar para establecer si los efluentes están dentro o fuera de lo permitido. La fuente consultada por Página/12 explicó que en el año ’90, Uruguay y Argentina acordaron un Digesto del río Uruguay. En él se ordenaba que las partes debían adecuar sus legislaciones locales a los parámetros del Digesto, salvo que la norma local fuera más exigente. “El Uruguay no lo hizo y pretende que sus normas rijan para Botnia, o incluso ha hecho una norma especial para la pastera, como con el caso de la temperatura de los efluentes.”
Una cuestión extra es que la planta está teniendo una producción anual mayor a la autorizada. Esto es un agravante de la situación, porque implica que se están volcando al río mayor cantidad de sustancias, advierte el informe, “incrementando su contaminación”.
Estos son los primeros datos oficiales que da a conocer la Cancillería argentina desde que empezó el monitoreo. Su difusión era un tema pendiente, ya que el gobierno argentino se había comprometido a hacer pública la información sobre el plan de vigilancia de la pastera, más allá de si llegaba o no a un acuerdo con Uruguay para redactar informes conjuntos.
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Fecha de Publicación: 06/09/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Luego de meses de divergencias en la comisión binacional que debe vigilar el río Uruguay, los funcionarios argentinos dieron a conocer un informe sobre Botnia que enumera varias irregularidades. Y acusan a Uruguay de poner trabas.
Después de diecisiete meses de silencio, los funcionarios argentinos a cargo del plan de vigilancia de UPM-Botnia dieron a conocer un informe sobre el funcionamiento de la pastera. El documento advierte sobre gravísimas irregularidades detectadas en la planta, como el vuelco clandestino de efluentes al río. También denuncia que Uruguay ha puesto continuamente trabas al monitoreo y que modificó normas ambientales para adecuarlas a la necesidad de la empresa.
Los hechos están detallados en un informe preliminar sobre el monitoreo que los técnicos presentaron al canciller Héctor Timerman. La Cancillería decidió difundirlo después de un nuevo cortocircuito con los funcionarios uruguayos, que el lunes aseguraron públicamente que UPM-Botnia no contamina y que la Argentina no quiere dar a conocer los resultados de los análisis para no tener que admitirlo.
El plan de vigilancia ambiental está a cargo de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), un organismo binacional integrado por una delegación argentina y una uruguaya. Dentro de la CARU, a su vez, hay un comité científico con dos representantes por cada país, que son los que se encargan de entrar a UPM-Botnia para tomar las muestras. El comité ingresó 16 veces a la planta. La CARU debía dar a conocer, luego de cada entrada, un informe conjunto pero, enredada en una sucesión de desacuerdos, nunca pudo redactar nada.
El documento dado a conocer ayer da una idea de por qué. Estas son sus principales denuncias:
- En octubre de 2010 el comité científico hizo su primera entrada a la pastera. Encontró que la empresa estaba diluyendo parte de sus efluentes industriales con agua del río antes de verterlos en el cauce. La dilución está prohibida, incluso por las propias normas uruguayas.
- Tras el reclamo argentino, la empresa dejó de diluir los efluentes. Pero obtuvo de las autoridades uruguayas un permiso para aumentar a 37 grados la temperatura de vuelco de sus efluentes al río. Una fuente de la CARU explicó a Página/12 que para el resto de las industrias, la temperatura máxima permitida sigue siendo de 30 grados, “es decir que la norma fue cambiada a medida de UPM-Botnia”. Pero en el caso del río Uruguay, la modificación es más grave porque el Digesto aprobado por ambos países estipula que esa temperatura no puede superar “las condiciones naturales del río Uruguay”, que están en los 20 grados.
- Un año después del primer ingreso, en noviembre de 2011, los científicos se toparon con “un vertedero clandestino de efluentes industriales sin tratar la costa del río”, detalla el informe. Según pudo saber este diario, estaba a mil metros del vuelco declarado y vertía al río 170 litros por segundo.
- Los científicos argentinos sospechan además sobre el posible uso de otro caño para verter efluentes industriales directamente al río. Pudieron ver el ducto de lejos, en la visita a la planta de abril pasado. Constataron que se trataba de un caño no declarado, pero cuando quisieron acercarse para saber de qué se trataba, les prohibieron llegar hasta él.
- Hubo –y sigue habiendo– trabas para instalar equipamiento para medir la contaminación. Por ejemplo, cita el caso de un caudalímetro que lograron instalar sólo después de ocho meses de discusiones. Y revela que el sistema de boyas centinelas –que en su interior llevarán almejas, por su sensibilidad a la contaminación– todavía no pudo ser instalado, a pesar de que transcurrieron 17 meses desde que fue acordado.
Parte de las kafkianas dificultades para realizar el monitoreo es que los dos países deben ponerse de acuerdo en qué parámetros usar para establecer si los efluentes están dentro o fuera de lo permitido. La fuente consultada por Página/12 explicó que en el año ’90, Uruguay y Argentina acordaron un Digesto del río Uruguay. En él se ordenaba que las partes debían adecuar sus legislaciones locales a los parámetros del Digesto, salvo que la norma local fuera más exigente. “El Uruguay no lo hizo y pretende que sus normas rijan para Botnia, o incluso ha hecho una norma especial para la pastera, como con el caso de la temperatura de los efluentes.”
Una cuestión extra es que la planta está teniendo una producción anual mayor a la autorizada. Esto es un agravante de la situación, porque implica que se están volcando al río mayor cantidad de sustancias, advierte el informe, “incrementando su contaminación”.
Estos son los primeros datos oficiales que da a conocer la Cancillería argentina desde que empezó el monitoreo. Su difusión era un tema pendiente, ya que el gobierno argentino se había comprometido a hacer pública la información sobre el plan de vigilancia de la pastera, más allá de si llegaba o no a un acuerdo con Uruguay para redactar informes conjuntos.
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Cancillería afirma que Botnia no se deja monitorear
Argentina denuncia que la ex Botnia pone obstáculos al monitoreo
Fecha de Publicación: 05/09/2012
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
Desde Cancillería fueron muy duros con la empresa diciendo que “ignora e infringe lo ordenado por la Corte Internacional de Justicia".
La delegación argentina ante la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), celebró hoy "la aceptación por parte de la delegación uruguaya de dar a conocer los resultados" del monitoreo que el comité científico de ese ente viene realizando desde octubre de 2010 y hasta la fecha sobre la planta UPM (ex Botnia), según se informó desde cancillería.
"La delegación argentina manifiesta que está a la espera de reunirse con su contraparte uruguaya para acordar la difusión de los resultados", se afirma en un comunicado emitido por el ministerio de Relaciones Exteriores.
En el mismo texto se destaca que "esas actividades de monitoreo y control se llevaron a cabo pese a los obstáculos y retaceos de información por parte de la empresa".
Entre tanto, antes de que se ponga fecha a una nueva reunión, la cancillería argentina difundió el informe que le fue preparado al canciller Héctor Timerman, sobre la situación actual del monitoreo realizado sobre la planta UPM, ex Botnia, "desde el fallo de la Corte de La Haya hasta el presente y sobre excesos de los niveles de producción de la mencionada planta".
Duras críticas. Mediante el comunicado emitido por la cartera de Relaciones Exteriores y la difusión del informe completo, se puso a disposición de la opinión pública los elementos necesarios para evaluar el caso y responder así a las informaciones publicadas hoy por distintos medios locales, que se hicieron eco de un presunto comunicado emitido por la delegación uruguaya.
El informe comienza con la aclaración de que "hasta el momento no se ha podido dar información por parte de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) sobre el monitoreo de UPM, debido a desacuerdos en el seno de dicha Comisión sobre las normas que rigen los vuelcos de efluentes de la empresa".
Además dice que "ello implica ignorar e infringir lo ordenado por la Corte Internacional de Justicia en su sentencia del 20 de abril de 2010".
Otro de los motivos que se esgrime es la "carencia de información uruguaya que esclarezca episodios ocurridos en el curso del monitoreo del Comité Científico, e inconsistencias en los informes producidos por el laboratorio canadiense seleccionado para analizar la mayoría de las muestras obtenidas en ocasión de cada muestreo".
Además se destaca la "permanente obstrucción, de parte del Uruguay, al monitoreo de la planta de UPM (ex Botnia)".
El informe difundido contiene más de 10 páginas con un detalle pormenorizado de lo ocurrido en referencia al monitoreo desde 2010 hasta la fecha.
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Fecha de Publicación: 05/09/2012
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
Desde Cancillería fueron muy duros con la empresa diciendo que “ignora e infringe lo ordenado por la Corte Internacional de Justicia".La delegación argentina ante la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), celebró hoy "la aceptación por parte de la delegación uruguaya de dar a conocer los resultados" del monitoreo que el comité científico de ese ente viene realizando desde octubre de 2010 y hasta la fecha sobre la planta UPM (ex Botnia), según se informó desde cancillería.
"La delegación argentina manifiesta que está a la espera de reunirse con su contraparte uruguaya para acordar la difusión de los resultados", se afirma en un comunicado emitido por el ministerio de Relaciones Exteriores.
En el mismo texto se destaca que "esas actividades de monitoreo y control se llevaron a cabo pese a los obstáculos y retaceos de información por parte de la empresa".
Entre tanto, antes de que se ponga fecha a una nueva reunión, la cancillería argentina difundió el informe que le fue preparado al canciller Héctor Timerman, sobre la situación actual del monitoreo realizado sobre la planta UPM, ex Botnia, "desde el fallo de la Corte de La Haya hasta el presente y sobre excesos de los niveles de producción de la mencionada planta".
Duras críticas. Mediante el comunicado emitido por la cartera de Relaciones Exteriores y la difusión del informe completo, se puso a disposición de la opinión pública los elementos necesarios para evaluar el caso y responder así a las informaciones publicadas hoy por distintos medios locales, que se hicieron eco de un presunto comunicado emitido por la delegación uruguaya.
El informe comienza con la aclaración de que "hasta el momento no se ha podido dar información por parte de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) sobre el monitoreo de UPM, debido a desacuerdos en el seno de dicha Comisión sobre las normas que rigen los vuelcos de efluentes de la empresa".
Además dice que "ello implica ignorar e infringir lo ordenado por la Corte Internacional de Justicia en su sentencia del 20 de abril de 2010".
Otro de los motivos que se esgrime es la "carencia de información uruguaya que esclarezca episodios ocurridos en el curso del monitoreo del Comité Científico, e inconsistencias en los informes producidos por el laboratorio canadiense seleccionado para analizar la mayoría de las muestras obtenidas en ocasión de cada muestreo".
Además se destaca la "permanente obstrucción, de parte del Uruguay, al monitoreo de la planta de UPM (ex Botnia)".
El informe difundido contiene más de 10 páginas con un detalle pormenorizado de lo ocurrido en referencia al monitoreo desde 2010 hasta la fecha.
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Ingenio multado por contaminar el Salí - Dulce
Un ingenio debe pagar $200.000 por contaminar la cuenca Salí - Dulce
Fecha de Publicación: 05/09/2012
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
La medida fue adoptada por la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia. Detectaron que el Santa Rosa arrojó cenizas en un efluente.
El Gobierno de Tucumán, a través de la Secretaría de Medio Ambiente, le aplicó una sanción al ingenio Santa Rosa por el vuelco de ceniza en uno de los efluentes de la cuenca Salí - Dulce. La multa se fijó en $ 200.000, y marca un antecedente para la firma, ya que, de acuerdo con la nueva legislación, de haber una nueva sanción se duplicaría la cifra puesto que la severidad de los castigos aumenta ante cada nueva falta.
"En realidad, son dos las multas que estamos tramitando. La primera es de febrero por $ 100.000, cuando se labraron actas por arrojar cenizas y la segunda infracción, también por el mismo monto, obedece a que esa planta virtió vinaza en un afluente del río Salí", explicó el titular de Medio Ambiente, Alfredo Montalván.
Aclaró, sin embargo, que el cobro de las sanciones aún no se hizo efectiva porque se encuentran en trámite. Es decir, la firma recusó las multas ante el Ministerio de la Producción, de quien depende su área, quien debería confirmar las multas. "La actual ley nos ayuda bastante, porque ahora tenemos la posibilidad de trabar embargos en las cuentas de la empresa afectada, si esta se declara en rebeldía", explicó el funcionario.
Agregó, que jun to con el Santa Rosa, hay otros ingenios en igual situación, por infracciones que se detectaron desde febrero. Entre ellos, mencionó a las plantas azucareras La Florida y Concepción (de la firma Atanor), entre otras. En todos los casos, las multas son por cifras similares. También se encuentra en esta situación una citrícola.
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Fecha de Publicación: 05/09/2012
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
La medida fue adoptada por la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia. Detectaron que el Santa Rosa arrojó cenizas en un efluente.
El Gobierno de Tucumán, a través de la Secretaría de Medio Ambiente, le aplicó una sanción al ingenio Santa Rosa por el vuelco de ceniza en uno de los efluentes de la cuenca Salí - Dulce. La multa se fijó en $ 200.000, y marca un antecedente para la firma, ya que, de acuerdo con la nueva legislación, de haber una nueva sanción se duplicaría la cifra puesto que la severidad de los castigos aumenta ante cada nueva falta.
"En realidad, son dos las multas que estamos tramitando. La primera es de febrero por $ 100.000, cuando se labraron actas por arrojar cenizas y la segunda infracción, también por el mismo monto, obedece a que esa planta virtió vinaza en un afluente del río Salí", explicó el titular de Medio Ambiente, Alfredo Montalván.
Aclaró, sin embargo, que el cobro de las sanciones aún no se hizo efectiva porque se encuentran en trámite. Es decir, la firma recusó las multas ante el Ministerio de la Producción, de quien depende su área, quien debería confirmar las multas. "La actual ley nos ayuda bastante, porque ahora tenemos la posibilidad de trabar embargos en las cuentas de la empresa afectada, si esta se declara en rebeldía", explicó el funcionario.
Agregó, que jun to con el Santa Rosa, hay otros ingenios en igual situación, por infracciones que se detectaron desde febrero. Entre ellos, mencionó a las plantas azucareras La Florida y Concepción (de la firma Atanor), entre otras. En todos los casos, las multas son por cifras similares. También se encuentra en esta situación una citrícola.
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Ley de Semillas y modificaciones polémicas
Cuestionamientos ante la inminente modificación de la Ley de Semillas
Fecha de Publicación: 04/09/2012
Fuente: El Puntal de Río Cuarto
Provincia/Región: Nacional
En el marco de la presentación de la nueva tecnología en soja Intacta RR2 realizada en los últimos días, el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Norberto Yauhar también anunció que se está trabajando en la redacción de una nueva Ley de Semillas que en los próximos meses sería enviada al Congreso Nacional.
“Hemos tomado la decisión de avanzar en el transcurso de este año en un borrador de una Ley de Semillas como corresponde a un país que pretende ser líder en la producción de alimentos, buscamos proteger la propiedad intelectual del proceso de desarrollo”, afirmó Yauhar en esa oportunidad.
El investigador del Conicet Andrés Carrasco también cuestionó estos anuncios y analizó las implicancias que ésta modificación en la legislación podría tener para los productores del país al disminuir el denominado uso propio de las semillas para favorecer el pago de regalías a las empresas creadoras de los Organismos Genéticamente Modificados (OGM) aprobados por el gobierno nacional.
“El uso propio significa que un agricultor hace su cosecha y se reserva parte de las semillas para la cosecha próxima, o sea que buscan moderar o dificultar el uso de la semilla de la propia cosecha rompiendo una regla histórica de 10 mil años”, sostuvo al respecto Carrasco.
Refiriéndose a las afirmaciones del ministro días atrás, el investigador expresó: “Esto me parece un acto celebratorio de una enorme irresponsabilidad porque detrás de esto hay un montón de cosas que no se dicen, que no se han debatido, hay cosas que están seriamente cuestionadas por muchos, acá y en otras partes del mundo, y me parece que no debería celebrarse tan abiertamente que vamos a modificar la Ley de Semillas para favorecer a Monsanto”.
Hasta el momento, Monsanto jamás logró cobrar regalías por su primera semilla de soja transgénica debido a que esa variedad no había sido patentada en Argentina. Pero en 2009 la multinacional sí obtuvo patente en el país por la soja Intacta RR2 y, luego de que la empresa anunciara inversiones millonarias, el gobierno nacional le dio garantías a la empresa sobre el pago de regalías por parte de los productores.
“Un cambio cultural en la agricultura”
“Hasta ahora la agricultura argentina no pago patentes por distintas razones, recién ahora se van a establecer y lo que hace la empresa es establecer un contrato individual con el productor que firma un convenio contractual”, explicó Carrasco y agregó que al tratarse de contratos de índole privado el Estado no podrá intervenir en este ámbito.
“O sea que en realidad están celebrando ceder el control y la propiedad que regula los insumos de la producción agrícola a 3, 4 o 5 grandes transnacionales”, continuó.
Hasta el momento, se afirma que más del 60% de los productores de soja ya habrían firmado contratos para el uso de la nueva semilla Intacta RR2. Para el investigador del Conicet el resto de los OGM aprobados en el último tiempo también se regularán con el mismo criterio.
“Como Monsanto y Syngenta se aseguran los sistemas de control de qué semilla está usando cada agricultor a partir de estos contratos, cuando un agricultor mande su cosecha al lugar de embarque, el acopiador va a testear las características de ese poroto y va a determinar qué tipo de semilla está usando. Y si está usando una semilla indebidamente porque no la pagó ese productor va a ser penalizado”, describió el biólogo.
“Esto es todo un cambio cultural en la agricultura que los agricultores norteamericanos han denunciado infinidad de veces y hablan de la `policía de Monsanto´. Entonces si eso pasa allá me imagino lo que puede pasar acá, donde hay muchos circuitos informales”, alertó finalmente Carrasco.
“No estamos eliminando agroquímicos, estamos introduciendo nuevos”
El investigador del Conicet Andrés Carrasco, quien había denunciado los efectos tóxicos del glifosato, advirtió que la introducción en el país de diez nuevas semillas transgénicas de soja y maíz aumentará la aplicación de sustancias químicas nocivas para la salud, entre ellas el herbicida glufosinato de amonio
En el último año, el Ministerio de Agricultura de la Nación aprobó la introducción en el país de diez nuevas semillas transgénicas, entre ellas la soja Intacta RR2 anunciada en los últimos días. Contradiciendo lo afirmado desde el gobierno y las empresas, el investigador del Conicet y docente de la UBA Andrés Carrasco advirtió que estas tecnologías conllevarán una mayor aplicación de agroquímicos. Además, relató que cinco de los nuevos organismos que se usarán en el país son resistentes al glufosinato de amonio, un producto “más tóxico que el glifosato”.
“No estamos eliminando los herbicidas y los agroquímicos, estamos introduciendo nuevos”, dijo Carrasco a este diario en respuesta a los anuncios oficiales difundidos días atrás, según los cuales la introducción de nuevas semillas transgénicas en Argentina permitirá una agricultura más respetuosa con el medio ambiente.
El investigador del Conicet y director del Laboratorio de Embriología Molecular de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA) difundió en 2009 un estudio que demostró los efectos tóxicos del glifosato en embriones. El uso de dicho herbicida comenzó a extenderse en 1996 cuando se aprobó por primera vez en el país la semilla de soja transgénica creada por la multinacional Monsanto.
Desde aquel momento hasta hoy, el gobierno nacional aprobó 27 Organismos Genéticamente Modificados (OGM) que buscan mejorar el rendimiento de la producción agrícola, diez de los cuales fueron autorizadas en el último año. Según indicó Carrasco, la soja Intacta RR2 desarrollada por Monsanto -resistente al glifosato y a determinados insectos- fue la que mayor difusión alcanzó en los últimos días, pero la lista incluye nueve semillas más de soja y maíz y cada una de ellas es resistente a distintos tipos de agroquímicos.
“Lo más significativo es que de las 10 nuevas semillas del último año -y de eso no se habla- 5 de ellas incorporaron el glufosinato de amonio. Es decir que son semillas resistentes al glifosato y a este nuevo herbicida”, explicó el investigador en relación al producto cuyo nombre comercial más difundido es “Liberty” de la empresa Bayer.
Según se establece en la página oficial del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ganadería de la Nación, las cinco semillas de soja y maíz aprobadas entre 2011 y 2012 resistentes al glufosinato de amonio fueron desarrolladas por las empresas Bayer, Syngenta, Dow AgroSciences y Monsanto.
“Era obvio que las empresas iban a tener que poner otro herbicida”, expresó el científico en relación a la creciente aparición de malezas resistentes al glifosato. Y explicó que actualmente quien utilice estos nuevos OGM combinará la aplicación de dos herbicidas en el proceso de pulverización, aumentando los riesgos a la salud y el ambiente.
“Más tóxico que el glifosato”
“Se ha dicho públicamente y con fuerza en discursos oficiales que las nuevas semillas introducidas por estas grandes transnacionales van a usar menos agroquímicos. A lo mejor usan menos agroquímicos de un tipo pero están introduciendo otros nuevos que no son mejores que los que se están usando hoy sino que son peores”, denunció Carrasco. Y agregó que la aplicación de glufosinato que conlleva el uso de algunas de estas semillas es la mayor demostración de esta realidad.
“Se sabe que es más tóxico que el glifosato, eso sin duda”, aseguró el investigador del Conicet respecto a los efectos que puede provocar este producto sobre la salud.
En este sentido, el biólogo precisó: “El problema es que si el glifosato era clase 4 -o sea que se decía que tenía baja toxicidad y después se descubrió que esa baja toxicidad era muy relativa, que más bien tenía efectos no deseables- desde el año 1996 se sabe que el glufosinato altera la síntesis de neurotrasmisores porque es un bloqueante de un aminoácido importante para el sistema nervioso”.
Según Carrasco, ya en 1996 experimentos de laboratorio realizados en mamíferos demostraron que este agroquímico puede provocar malformaciones congénitas. “Durante el desarrollo embrionario tiene efectos teratogénicos muy significativos”, señaló y destacó que entre los resultados de dicho estudio se encontraron incluso malformaciones en rostro.
De este modo, el director del Laboratorio de Embriología Molecular expresó que las investigaciones realizadas y publicadas hace más de una década en ratones ya indicaban que el glufosinato produce muertes celulares en el tejido nervioso.
En otros países
A su vez, el investigador principal del Conicet destacó que el glufosinato está siendo duramente cuestionado en otros países y señaló que ya fue declarado como tóxico por un informe de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. En ese marco, el producto fue incluido entre las 22 sustancias que la Unión Europea prohibiría próximamente por sus riesgos para la salud.
“Es muy probable que en Europa el glufosinato sea prohibido porque ya hay reportes oficiales de la Unión Europea que van en esa dirección y está en las listas negras, hay montones de organizaciones ambientalistas que están pidiendo que lo prohíban”, advirtió el biólogo.
Carrasco aclaró que en territorio europeo no están permitidos los cultivos transgénicos con resistencia a ningún tipo de herbicida, por lo que hasta ahora tanto el glifosato como el glufosinato se aplican para otros fines. Pese a ello, según informó el investigador, hace un año Bayer debió sacar este producto del mercado en Alemania por disposición de las autoridades.
Así, cuestionando la aprobación del kirchnerismo de las nuevas semillas de soja y maíz, concluyó: “Mientras los europeos tienden a no permitir que se vendan en los viveros herbicidas a base de glufosinato para las plantitas, nosotros lo estamos introduciendo en la producción agrícola”.
Finalmente, el profesor de la UBA advirtió que el panorama empeora si se tiene en cuenta que actualmente Argentina cuenta con 23 millones y medio de hectáreas sembradas con transgénico que pretenden aumentarse considerablemente en los próximos años, trayendo aparejado un uso creciente de agroquímicos.
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Fecha de Publicación: 04/09/2012
Fuente: El Puntal de Río Cuarto
Provincia/Región: Nacional
En el marco de la presentación de la nueva tecnología en soja Intacta RR2 realizada en los últimos días, el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Norberto Yauhar también anunció que se está trabajando en la redacción de una nueva Ley de Semillas que en los próximos meses sería enviada al Congreso Nacional.“Hemos tomado la decisión de avanzar en el transcurso de este año en un borrador de una Ley de Semillas como corresponde a un país que pretende ser líder en la producción de alimentos, buscamos proteger la propiedad intelectual del proceso de desarrollo”, afirmó Yauhar en esa oportunidad.
El investigador del Conicet Andrés Carrasco también cuestionó estos anuncios y analizó las implicancias que ésta modificación en la legislación podría tener para los productores del país al disminuir el denominado uso propio de las semillas para favorecer el pago de regalías a las empresas creadoras de los Organismos Genéticamente Modificados (OGM) aprobados por el gobierno nacional.
“El uso propio significa que un agricultor hace su cosecha y se reserva parte de las semillas para la cosecha próxima, o sea que buscan moderar o dificultar el uso de la semilla de la propia cosecha rompiendo una regla histórica de 10 mil años”, sostuvo al respecto Carrasco.
Refiriéndose a las afirmaciones del ministro días atrás, el investigador expresó: “Esto me parece un acto celebratorio de una enorme irresponsabilidad porque detrás de esto hay un montón de cosas que no se dicen, que no se han debatido, hay cosas que están seriamente cuestionadas por muchos, acá y en otras partes del mundo, y me parece que no debería celebrarse tan abiertamente que vamos a modificar la Ley de Semillas para favorecer a Monsanto”.
Hasta el momento, Monsanto jamás logró cobrar regalías por su primera semilla de soja transgénica debido a que esa variedad no había sido patentada en Argentina. Pero en 2009 la multinacional sí obtuvo patente en el país por la soja Intacta RR2 y, luego de que la empresa anunciara inversiones millonarias, el gobierno nacional le dio garantías a la empresa sobre el pago de regalías por parte de los productores.
“Un cambio cultural en la agricultura”
“Hasta ahora la agricultura argentina no pago patentes por distintas razones, recién ahora se van a establecer y lo que hace la empresa es establecer un contrato individual con el productor que firma un convenio contractual”, explicó Carrasco y agregó que al tratarse de contratos de índole privado el Estado no podrá intervenir en este ámbito.
“O sea que en realidad están celebrando ceder el control y la propiedad que regula los insumos de la producción agrícola a 3, 4 o 5 grandes transnacionales”, continuó.
Hasta el momento, se afirma que más del 60% de los productores de soja ya habrían firmado contratos para el uso de la nueva semilla Intacta RR2. Para el investigador del Conicet el resto de los OGM aprobados en el último tiempo también se regularán con el mismo criterio.
“Como Monsanto y Syngenta se aseguran los sistemas de control de qué semilla está usando cada agricultor a partir de estos contratos, cuando un agricultor mande su cosecha al lugar de embarque, el acopiador va a testear las características de ese poroto y va a determinar qué tipo de semilla está usando. Y si está usando una semilla indebidamente porque no la pagó ese productor va a ser penalizado”, describió el biólogo.
“Esto es todo un cambio cultural en la agricultura que los agricultores norteamericanos han denunciado infinidad de veces y hablan de la `policía de Monsanto´. Entonces si eso pasa allá me imagino lo que puede pasar acá, donde hay muchos circuitos informales”, alertó finalmente Carrasco.
“No estamos eliminando agroquímicos, estamos introduciendo nuevos”
El investigador del Conicet Andrés Carrasco, quien había denunciado los efectos tóxicos del glifosato, advirtió que la introducción en el país de diez nuevas semillas transgénicas de soja y maíz aumentará la aplicación de sustancias químicas nocivas para la salud, entre ellas el herbicida glufosinato de amonio
En el último año, el Ministerio de Agricultura de la Nación aprobó la introducción en el país de diez nuevas semillas transgénicas, entre ellas la soja Intacta RR2 anunciada en los últimos días. Contradiciendo lo afirmado desde el gobierno y las empresas, el investigador del Conicet y docente de la UBA Andrés Carrasco advirtió que estas tecnologías conllevarán una mayor aplicación de agroquímicos. Además, relató que cinco de los nuevos organismos que se usarán en el país son resistentes al glufosinato de amonio, un producto “más tóxico que el glifosato”.
“No estamos eliminando los herbicidas y los agroquímicos, estamos introduciendo nuevos”, dijo Carrasco a este diario en respuesta a los anuncios oficiales difundidos días atrás, según los cuales la introducción de nuevas semillas transgénicas en Argentina permitirá una agricultura más respetuosa con el medio ambiente.
El investigador del Conicet y director del Laboratorio de Embriología Molecular de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA) difundió en 2009 un estudio que demostró los efectos tóxicos del glifosato en embriones. El uso de dicho herbicida comenzó a extenderse en 1996 cuando se aprobó por primera vez en el país la semilla de soja transgénica creada por la multinacional Monsanto.
Desde aquel momento hasta hoy, el gobierno nacional aprobó 27 Organismos Genéticamente Modificados (OGM) que buscan mejorar el rendimiento de la producción agrícola, diez de los cuales fueron autorizadas en el último año. Según indicó Carrasco, la soja Intacta RR2 desarrollada por Monsanto -resistente al glifosato y a determinados insectos- fue la que mayor difusión alcanzó en los últimos días, pero la lista incluye nueve semillas más de soja y maíz y cada una de ellas es resistente a distintos tipos de agroquímicos.
“Lo más significativo es que de las 10 nuevas semillas del último año -y de eso no se habla- 5 de ellas incorporaron el glufosinato de amonio. Es decir que son semillas resistentes al glifosato y a este nuevo herbicida”, explicó el investigador en relación al producto cuyo nombre comercial más difundido es “Liberty” de la empresa Bayer.
Según se establece en la página oficial del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ganadería de la Nación, las cinco semillas de soja y maíz aprobadas entre 2011 y 2012 resistentes al glufosinato de amonio fueron desarrolladas por las empresas Bayer, Syngenta, Dow AgroSciences y Monsanto.
“Era obvio que las empresas iban a tener que poner otro herbicida”, expresó el científico en relación a la creciente aparición de malezas resistentes al glifosato. Y explicó que actualmente quien utilice estos nuevos OGM combinará la aplicación de dos herbicidas en el proceso de pulverización, aumentando los riesgos a la salud y el ambiente.
“Más tóxico que el glifosato”
“Se ha dicho públicamente y con fuerza en discursos oficiales que las nuevas semillas introducidas por estas grandes transnacionales van a usar menos agroquímicos. A lo mejor usan menos agroquímicos de un tipo pero están introduciendo otros nuevos que no son mejores que los que se están usando hoy sino que son peores”, denunció Carrasco. Y agregó que la aplicación de glufosinato que conlleva el uso de algunas de estas semillas es la mayor demostración de esta realidad.
“Se sabe que es más tóxico que el glifosato, eso sin duda”, aseguró el investigador del Conicet respecto a los efectos que puede provocar este producto sobre la salud.
En este sentido, el biólogo precisó: “El problema es que si el glifosato era clase 4 -o sea que se decía que tenía baja toxicidad y después se descubrió que esa baja toxicidad era muy relativa, que más bien tenía efectos no deseables- desde el año 1996 se sabe que el glufosinato altera la síntesis de neurotrasmisores porque es un bloqueante de un aminoácido importante para el sistema nervioso”.
Según Carrasco, ya en 1996 experimentos de laboratorio realizados en mamíferos demostraron que este agroquímico puede provocar malformaciones congénitas. “Durante el desarrollo embrionario tiene efectos teratogénicos muy significativos”, señaló y destacó que entre los resultados de dicho estudio se encontraron incluso malformaciones en rostro.
De este modo, el director del Laboratorio de Embriología Molecular expresó que las investigaciones realizadas y publicadas hace más de una década en ratones ya indicaban que el glufosinato produce muertes celulares en el tejido nervioso.
En otros países
A su vez, el investigador principal del Conicet destacó que el glufosinato está siendo duramente cuestionado en otros países y señaló que ya fue declarado como tóxico por un informe de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. En ese marco, el producto fue incluido entre las 22 sustancias que la Unión Europea prohibiría próximamente por sus riesgos para la salud.
“Es muy probable que en Europa el glufosinato sea prohibido porque ya hay reportes oficiales de la Unión Europea que van en esa dirección y está en las listas negras, hay montones de organizaciones ambientalistas que están pidiendo que lo prohíban”, advirtió el biólogo.
Carrasco aclaró que en territorio europeo no están permitidos los cultivos transgénicos con resistencia a ningún tipo de herbicida, por lo que hasta ahora tanto el glifosato como el glufosinato se aplican para otros fines. Pese a ello, según informó el investigador, hace un año Bayer debió sacar este producto del mercado en Alemania por disposición de las autoridades.
Así, cuestionando la aprobación del kirchnerismo de las nuevas semillas de soja y maíz, concluyó: “Mientras los europeos tienden a no permitir que se vendan en los viveros herbicidas a base de glufosinato para las plantitas, nosotros lo estamos introduciendo en la producción agrícola”.
Finalmente, el profesor de la UBA advirtió que el panorama empeora si se tiene en cuenta que actualmente Argentina cuenta con 23 millones y medio de hectáreas sembradas con transgénico que pretenden aumentarse considerablemente en los próximos años, trayendo aparejado un uso creciente de agroquímicos.
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Debate sobre la matriz energética argentina
Audiencia pública en el Congreso sobre la matriz energética argentina
Fecha de Publicación: 03/09/2012
Fuente: El Parlamentario
Provincia/Región: Nacional
El diputado Carlos Comi de la Coalición Cívica convoca a debatir un proyecto que propone el abandono paulatino de la energía nuclear y una mayor generación eléctrica en base a fuentes de energía renovable.
El diputado nacional Carlos Comi (Coalición Cívica-ARI) y el presidente del partido Los Verdes Juan Carlos Villalonga encabezarán este martes en el Congreso una jornada abierta para discutir un proyecto de ley que propone la transformación de la matriz energética argentina y el abandono paulatino de la energía nuclear.
La reunión está programada para las 10 en la Sala 1 del edificio Anexo de la Cámara baja.
El proyecto estipula que para el año 2020 se “apaguen” todas las centrales atómicas argentinas y se adopte una meta del 25 por ciento de la generación eléctrica en base a fuentes de energía renovable. "Creemos que ha llegado el momento, luego de transcurrido casi un año, de abrir un debate transversal en la esperanza de escuchar los distintos aportes y sugerencias que las organizaciones y las empresas del sector de las energías renovables puedan hacernos con el fin de mejorar la iniciativa y generar un consenso imprescindible para avanzar en un objetivo tan ambicioso como necesario para los futuros del país", sostienen Comi y Villalonga en la convocatoria.
“El proyecto pretende impulsar un nuevo consenso energético” explicó Comi, que remarcó que “hay que colocar a la Argentina en un sendero energético verde, abandonando la energía nuclear y disminuyendo la dependencia de los combustibles fósiles”.
Para desactivar el programa nuclear actualmente en vigencia, el diputado santafesino plantea derogar la Ley 26.566 aprobada en el 2009 que otorga múltiples beneficios fiscales y declara de interés nacional la finalización de Atucha II y la adquisición de nuevas plantas atómicas.
Entre las innovaciones que figuran en el proyecto, se encuentra un artículo que establece que la Secretaría de Energía y el Ente Nacional de Regulación de la Electricidad (ENRE) “deberán generar los instrumentos legales y técnicos para que todos los usuarios puedan ser generadores de energía eléctrica en base a fuentes renovables y volcar esa energía a las redes”. Para el área metropolitana de Buenos Aires, esa modalidad de producción eléctrica distribuida debería estar disponible para el 2015.
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Fecha de Publicación: 03/09/2012
Fuente: El Parlamentario
Provincia/Región: Nacional
El diputado Carlos Comi de la Coalición Cívica convoca a debatir un proyecto que propone el abandono paulatino de la energía nuclear y una mayor generación eléctrica en base a fuentes de energía renovable.
El diputado nacional Carlos Comi (Coalición Cívica-ARI) y el presidente del partido Los Verdes Juan Carlos Villalonga encabezarán este martes en el Congreso una jornada abierta para discutir un proyecto de ley que propone la transformación de la matriz energética argentina y el abandono paulatino de la energía nuclear.
La reunión está programada para las 10 en la Sala 1 del edificio Anexo de la Cámara baja.
El proyecto estipula que para el año 2020 se “apaguen” todas las centrales atómicas argentinas y se adopte una meta del 25 por ciento de la generación eléctrica en base a fuentes de energía renovable. "Creemos que ha llegado el momento, luego de transcurrido casi un año, de abrir un debate transversal en la esperanza de escuchar los distintos aportes y sugerencias que las organizaciones y las empresas del sector de las energías renovables puedan hacernos con el fin de mejorar la iniciativa y generar un consenso imprescindible para avanzar en un objetivo tan ambicioso como necesario para los futuros del país", sostienen Comi y Villalonga en la convocatoria.
“El proyecto pretende impulsar un nuevo consenso energético” explicó Comi, que remarcó que “hay que colocar a la Argentina en un sendero energético verde, abandonando la energía nuclear y disminuyendo la dependencia de los combustibles fósiles”.
Para desactivar el programa nuclear actualmente en vigencia, el diputado santafesino plantea derogar la Ley 26.566 aprobada en el 2009 que otorga múltiples beneficios fiscales y declara de interés nacional la finalización de Atucha II y la adquisición de nuevas plantas atómicas.
Entre las innovaciones que figuran en el proyecto, se encuentra un artículo que establece que la Secretaría de Energía y el Ente Nacional de Regulación de la Electricidad (ENRE) “deberán generar los instrumentos legales y técnicos para que todos los usuarios puedan ser generadores de energía eléctrica en base a fuentes renovables y volcar esa energía a las redes”. Para el área metropolitana de Buenos Aires, esa modalidad de producción eléctrica distribuida debería estar disponible para el 2015.
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Por error procesal absuelven a contaminador
Absolvieron a empresario frigorífico en una causa por contaminación del río Salí
Fecha de Publicación: 03/09/2012
Fuente: El Siglo
Provincia/Región: Tucumán
El Tribunal Oral Federal absolvió ayer a Manuel Aarón Bliman, dueño del frigorífico "La Barraca" en una causa por contaminación de la cuenca Salí-Dulce. Fueron anuladas las pruebas realizadas por la Policía Ecológica y la Gendarmería Nacional; y el Ministerio Público Fiscal desistió de proseguir con la acción pública.
Tras un largo proceso, que demandó ocho años desde que se inició la investigación, el Tribunal Oral Federal de Tucumán (TOF) absolvió ayer al empresario Manuel Aarón Bliman, propietario del frigorífico "La Barraca", quien estaba denunciado por la presunta contaminación del río Salí con efluentes industriales sin tratamiento previo.
En el fallo, que lleva la firma de los jueces María Alicia Noli (presidenta), Carlos Jiménez Montilla y Gabriel Eduardo Casas, se resolvió la absolución de Bliman "de las condiciones personales que constan en autos, del delito que le fuera imputado (violación a la ley 24.051, de Residuos Peligrosos), atento al desistimiento de la acción pública por parte del Ministerio Público Fiscal", que estuvo representado por Leopoldo Peralta Palma.
Además, el TOF dispuso diferir para el próximo lunes 10 de septiembre, a las 12.00, la lectura de los fundamentos de la sentencia.
Durante el desarrollo de la primera jornada del juicio oral, la semana pasada, el TOF había desestimado como prueba válida en el proceso una pericia concretada por la Policía Ecológica de la Provincia, ya que la misma se había producido sin la participación del juez obrante en ese momento (el ex magistrado Mario Racedo) y ante el desconocimiento del acusado.
La decisión de los magistrados fue fundamentada en razón de que, anteriormente, la Cámara Federal Penal de la Provincia ya había declarado nula esa actuación pericial, por considerar que se avasallaba el derecho a defensa del empresario.
Con argumentos similares, la Justicia tampoco consideró como válidas las pruebas recogidas por la Policía Científica de la Gendarmería Nacional en distintos tramos de un caño subterráneo que transportaba efluentes industriales y desembocaba en el río Salí, el cual a su vez alimenta el dique El Frontal de Termas de Río Hondo, en Santiago del Estero.
Bliman había sido denunciado en 2004 y procesado un año más tarde por Racedo, quien estaba a cargo del Juzgado Federal II, por considerarlo presunto autor, penalmente responsable, del delito de contaminación ambiental con riesgo para la salud pública, previsto y penado por los artículos 55 y 57 de la Ley Nacional 24.051 (de Residuos Peligrosos).
Cuando declaró ante el TOF, el empresario basó su alegato en cuestionar el modo en que se realizaron las pericias para la recolección de pruebas, con la extracción de muestras de efluentes que contenían material orgánico en descomposición y eran volcados al río.
Bilman aseguró que el proceso que se lleva adelante para el tratamiento de los residuos provenientes del faenado animal que se realizaba en su frigorífico, instalado en la localidad de Alderetes, cumplía con todos los requisitos legales. Además, aseguró que resulta difícil de constatar que los residuos detectados correspondan al frigorífico de su propiedad, puesto que el conducto subterráneo que transportaba los efluentes era compartido con otros dos frigoríficos y una avícola de la zona.
Finalmente, y relacionado con los controles preventivos que se impusieron al frigorífico para garantizar que no contamine, Bilman indicó que "todos los meses inspeccionaban la Secretaría de Agricultura y el SIPROSA y nunca hubo una advertencia porque los análisis que se hacían nos daban perfecto", adujo.
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Fecha de Publicación: 03/09/2012
Fuente: El Siglo
Provincia/Región: Tucumán
El Tribunal Oral Federal absolvió ayer a Manuel Aarón Bliman, dueño del frigorífico "La Barraca" en una causa por contaminación de la cuenca Salí-Dulce. Fueron anuladas las pruebas realizadas por la Policía Ecológica y la Gendarmería Nacional; y el Ministerio Público Fiscal desistió de proseguir con la acción pública. Tras un largo proceso, que demandó ocho años desde que se inició la investigación, el Tribunal Oral Federal de Tucumán (TOF) absolvió ayer al empresario Manuel Aarón Bliman, propietario del frigorífico "La Barraca", quien estaba denunciado por la presunta contaminación del río Salí con efluentes industriales sin tratamiento previo.
En el fallo, que lleva la firma de los jueces María Alicia Noli (presidenta), Carlos Jiménez Montilla y Gabriel Eduardo Casas, se resolvió la absolución de Bliman "de las condiciones personales que constan en autos, del delito que le fuera imputado (violación a la ley 24.051, de Residuos Peligrosos), atento al desistimiento de la acción pública por parte del Ministerio Público Fiscal", que estuvo representado por Leopoldo Peralta Palma.
Además, el TOF dispuso diferir para el próximo lunes 10 de septiembre, a las 12.00, la lectura de los fundamentos de la sentencia.
Durante el desarrollo de la primera jornada del juicio oral, la semana pasada, el TOF había desestimado como prueba válida en el proceso una pericia concretada por la Policía Ecológica de la Provincia, ya que la misma se había producido sin la participación del juez obrante en ese momento (el ex magistrado Mario Racedo) y ante el desconocimiento del acusado.
La decisión de los magistrados fue fundamentada en razón de que, anteriormente, la Cámara Federal Penal de la Provincia ya había declarado nula esa actuación pericial, por considerar que se avasallaba el derecho a defensa del empresario.
Con argumentos similares, la Justicia tampoco consideró como válidas las pruebas recogidas por la Policía Científica de la Gendarmería Nacional en distintos tramos de un caño subterráneo que transportaba efluentes industriales y desembocaba en el río Salí, el cual a su vez alimenta el dique El Frontal de Termas de Río Hondo, en Santiago del Estero.
Bliman había sido denunciado en 2004 y procesado un año más tarde por Racedo, quien estaba a cargo del Juzgado Federal II, por considerarlo presunto autor, penalmente responsable, del delito de contaminación ambiental con riesgo para la salud pública, previsto y penado por los artículos 55 y 57 de la Ley Nacional 24.051 (de Residuos Peligrosos).
Cuando declaró ante el TOF, el empresario basó su alegato en cuestionar el modo en que se realizaron las pericias para la recolección de pruebas, con la extracción de muestras de efluentes que contenían material orgánico en descomposición y eran volcados al río.
Bilman aseguró que el proceso que se lleva adelante para el tratamiento de los residuos provenientes del faenado animal que se realizaba en su frigorífico, instalado en la localidad de Alderetes, cumplía con todos los requisitos legales. Además, aseguró que resulta difícil de constatar que los residuos detectados correspondan al frigorífico de su propiedad, puesto que el conducto subterráneo que transportaba los efluentes era compartido con otros dos frigoríficos y una avícola de la zona.
Finalmente, y relacionado con los controles preventivos que se impusieron al frigorífico para garantizar que no contamine, Bilman indicó que "todos los meses inspeccionaban la Secretaría de Agricultura y el SIPROSA y nunca hubo una advertencia porque los análisis que se hacían nos daban perfecto", adujo.
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Las pruebas contra el juez Luis Antonio Armella
Las pruebas
Fecha de Publicación: 02/09/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Riachuelo
Esta semana el juez Luis Antonio Armella deberá presentar su descargo a la Corte Suprema de Justicia. Ante la contundencia de las pruebas sobre su desempeño corrupto, la duda se reduce a saber si sólo será separado de la causa en la que supervisa la limpieza del Riachuelo o del juzgado que ocupa desde hace seis años y que le ha valido el mote de Virrey de Quilmes. Aquí, las pruebas de todo lo informado el domingo y mucho más.
El martes, la Corte Suprema de Justicia resolvió investigar “los hechos difundidos” del juez federal de Quilmes Luis Antonio Armella que comprometen “la transparencia en el manejo patrimonial de la cosa pública” y reclamarle que formulara su descargo. Así lo informó a un grupo de periodistas el presidente del tribunal, Ricardo Lorenzetti. Sin embargo, la Acordada que dispuso la investigación recién se firmó el día siguiente. Además de emplazar al juez para que responda en cinco días con un “informe preciso y circunstanciado”, requiere a la Auditoría General de la Nación que en dos semanas identifique todas las contrataciones realizadas para la limpieza del Riachuelo con las empresas vinculadas con el juez que se mencionaron aquí el domingo 26. La defensa de Armella fue asumida por el más antiguo juez de la Corte, Carlos Fayt, de 94 años, quien luego de hablar con el juez trató de convencer a sus pares: “Pobre muchacho, se va a pegar un tiro”, argumentó. Enrique Petracchi, designado como Fayt por el ex presidente Raúl Alfonsín al concluir la dictadura militar, sostuvo que “el carácter gravísimo de las impugnaciones al juez” hacía inconveniente que siguiera a cargo de la ejecución de la sentencia de la Corte para la limpieza del Riachuelo, por lo que debía nombrarse un subrogante mientras se sustanciaba la investigación sobre los hechos. Petracchi entiende que el derecho de defensa del juez no debería poner en peligro la posibilidad de llegar a la verdad, ya que Armella podría manipular o destruir pruebas incriminatorias.
La familia unida
Armella adelantó parte de su descargo a Fayt y al diario La Nación. Dijo que la sociedad presidida por su suegro e integrada entre otros por su esposa y un tío se formó “a efectos de levantar un edificio en una antigua propiedad de Bernal”. Esta es una versión edulcorada de aquellos hechos que Armella no puede negar. La cuestión no es qué construye sino quienes integran esa sociedad llamada “San Martín 264 Bernal SA” y qué relación tienen esas personas con las obras por la limpieza del Riachuelo que ordena el juez. La dirección que le da nombre corresponde al antiguo domicilio de la suegra de Armella, Nora Alicia Martini, quien también es jueza, a cargo del tribunal en lo Correccional 8 de Lomas de Zamora. San Martín es un boulevard paralelo a la vía del tren, a metros de la Avenida Zapiola y a cuatro cuadras de la Estación Bernal. La casa de la suegra está en demolición y la familia se mudó al country Abril, el más caro de la zona sur, en Hudson, partido de Berazategui. Un cartel anuncia que cuando concluya la demolición allí se levantará el edificio Lacar, con departamentos de 2 y 3 ambientes. La obra, dirigida por el tío del juez, Aníbal Carlos Nietzel, comenzó hace un mes y medio, pero se paralizó desde la publicación aquí de la nota “Nieblas del Riachuelo”. Martini era prosecretaria del Juzgado Criminal y Correccional 4 de Dolores, entonces a cargo del juez Héctor Abel Musumano. Su designación como jueza en Lomas gozó de la misma tutela que la de su yerno, la Procuradora General bonaerense María Falbo. Con idéntica carta de presentación, la esposa del juez, Marina Laura Groba Martini, llegó a secretaria del Tribunal en lo Criminal 5, de Quilmes, cargo incompatible con su desempeño en la empresa “San Martín 264 Bernal SA”. También la esposa del tío arquitecto Aníbal Carlos Nietzel, Vanesa Maiola, fue designada fiscal de Florencio Varela. En su intento de control de daños, Armella adujo que “entre los socios de ese emprendimiento habría una empresa constructora que trabaja en una de las obras de saneamiento del Riachuelo”, como si se tratara de una casualidad sin importancia. No es una empresa, sino varias: Gildin SA, Compañía Constructora M&T SA, Tierras Provinciales SA, y Vial Rogo Constructora SA. Tampoco hay sólo un socio de la esposa, el suegro y el tío del juez que participe en obras vinculadas con el saneamiento del Riachuelo, sino cuatro. El principal de ellos es el abogado portugués Arturo Rodrígues da Silva y la coincidencia no se debe al azar. Varias veces por semana Rodrígues da Silva pasa por el tribunal para buscar a Armella en un automóvil Audi de color celeste. Rodrígues da Silva es presidente suplente de la empresa familiar del juez, presidente de Gildin, director de M&T, presidente y socio de Tierras Provinciales y socio de Vial Rogo. En Gildin es directora suplente Gilda González, cuyos hermanas Romina y Lorena son a su vez socias del suegro y la esposa de Armella. Otra socia en la empresa familiar de la mujer del juez es Graciela Susana Beatriz Aparicio, quien al mismo tiempo es directora suplente de M&T. Tanto Gildin como M&T están entre las empresas beneficiadas por las contrataciones que urge Armella bajo amenaza de multas y sanciones si no se realizan en plazos perentorios. El recurso de amparo que permitió seguir funcionando a la cantera de Gildin SA, mientras Armella clausuraba a todas las competidoras, no fue concedido por la jueza subrogante en Quilmes, Marcela Claudia Linares, sino por el juez federal de La Plata, Julio César Miralles, en junio de 2006. La causa sigue ahora en el Juzgado Nº 1 en lo Contencioso Administrativo de Quilmes, a cargo de Hugo Guarnieri. En septiembre de 2011, Armella ordenó el cierre de las canteras y en octubre amplió la directiva a todas las “que se constaten en el futuro”. La cantera Lomas de Brown, que se encuentra a 7 km de la cuenca, planteó que Armella se había excedido en su competencia. Según la Corte Suprema, sólo debía ejercerla sobre los aspectos hidrográficos. La Dirección de Minería le respondió que no podía concederle o negarle la inscripción porque el expediente había quedado retenido en el juzgado de Armella. El socio de Armella, Rodrigues da Silva, ya frecuentó las noticias policiales hace quince años, vinculado igual que ahora con un funcionario judicial: en 1997 el juez Samuel Saraví Paz lo condenó a tres años de prisión en suspenso por destruir carátulas judiciales, cambiar causas de juzgados, utilizar sellos falsos y no pagar la tasa de justicia, en combinación con el oficial primero del Juzgado Civil y Comercial Nº 5 de La Plata, Jorge Luis Madueña.
Adjudicación directa
Otro de los alegatos del juez ante Fayt y La Nación es que las contrataciones no fueron directas sino por licitación. Los documentos que se reproducen aquí lo desmienten:
- la solicitud de pedido para la rectificación de la ribera sur del Riachuelo indica que se trata de una “adjudicación directa” a la constructora M&T.
- la solicitud de pedido para la recuperación de márgenes, en el tramo 2.b. del proyecto también es por “adjudicación directa” a la constructora M&T.
- para justificar estas contrataciones directas, Armella amenaza con multas y sanciones a “todo funcionario responsable”.
- esto permite que Gildin y su alter ego M&T facturen las obras a realizar con impresionantes sobreprecios, que hasta triplican los valores de mercado, como se advierte en el cuadro para las obras de recuperación ambiental del margen sur tramo 2.b.
- a precios de mercado, la obra costaría 4,04 millones de pesos, pero la Acumar terminará pagando 12,1 millones. El 40 por ciento de anticipo que recibe la empresa vinculada con el magistrado supera el valor total de la obra: 4,8 millones de pesos. Es decir que antes de empezar los trabajos, M&T recibe más de lo que correspondería por todo el trabajo a precios de mercado. Los ocho millones restantes son plata dulce.
- para que sea inevitable que los contratos recaigan en la cantera de Gildin SA, Armella prohíbe el funcionamiento de todas las competidoras instaladas en la cuenca hídrica Matanza-Riachuelo.
Esta insistencia del juez en la clausura de todas las canteras públicas de la Cuenca también paralizó la construcción de la autopista Juan Domingo Perón, que de Merlo a La Plata continúa la del Buen Ayre. Desde hace un año y medio los trabajos no avanzan por falta de los materiales que se obtienen en las canteras prohibidas.
La última copa
En la reunión con los periodistas, Lorenzetti señaló que hasta ese momento ni los intendentes ni la Acumar se habían quejado del juez. No es un argumento muy sólido. El poder de un juez federal es muy superior al de los intendentes, cuyos cargos e incluso su libertad dependen de una razonable relación con el magistrado. En el caso de Armella, además, es conocido en la zona el destrato que prodiga a los alcaldes de la Cuenca, a quienes no permite levantarse de la mesa antes de que Su Señoría termine la última copa de vino, bajo apercibimiento de sanciones. Tampoco la Acumar está en condiciones de enfrentar al juez, ya que como órgano interjurisdiccional entre la Nación, la provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y más de una docena de municipios, su poder es muy disperso. Lo preside un representante del gobierno nacional, que es el Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable Juan José Mussi, que está en minoría en un directorio con representantes de las demás jurisdicciones. El organismo accedió a designar en su planta a los recomendados del juez (ver “Barra de amigos”). Mussi no se quedó atrás y nombró primero como Subsecretario de Control y Fiscalización Ambiental y Prevención de la Contaminación, y en junio de 2011 como presidente ejecutivo de Acumar al bioquímico Oscar Deina, que está casado con su hija, la médica especialista en diagnóstico por imágenes Mariel Mercedes Mussi. El hermano de Mariel, Juan Patricio, quien presidía el Concejo Deliberante de Berazategui quedó a cargo de la intendencia cuando el padre asumió en la Acumar. La semana pasada, Armella dispuso intervenir el Sindicato de Trabajadores Municipales de Berazategui, al que están afiliados la mitad de los 3300 empleados del municipio, en un altísimo porcentaje como contratados, a pesar de la antigüedad en los cargos. La anterior conducción, alineada con el diputado de Unión PRO Alfredo Atanasof, fue desbancada en 2010, a instancias de Néstor Kirchner y del secretario general de la CGT, Hugo Moyano. En octubre de 2011 fue electa la nueva conducción, convalidada por el ministerio de Trabajo de la Nación, pero impugnada por Juan Patricio Mussi. Sin embargo, Armella convocó a nuevas elecciones, como reclamaba el intendente hereditario, quien se resiste a pasar a planta permanente a los contratados. La abrumadora cantidad de pruebas sobre la conducta del juez Armella reduce el margen de dudas a saber si sólo será separado de la megacausa del Riachuelo (en la que la Corte Suprema podría designar a un funcionario que se ocupe en exclusividad, sin atender al mismo tiempo un juzgado federal) o también se promoverá su juicio político para apartarlo del tribunal que le permitió convertirse en el Virrey de Quilmes. La causal de mal desempeño parece configurada con exceso e incluso el “delito en el ejercicio de sus funciones” que contempla el artículo 53 de la Constitución.
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Fecha de Publicación: 02/09/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Riachuelo
Esta semana el juez Luis Antonio Armella deberá presentar su descargo a la Corte Suprema de Justicia. Ante la contundencia de las pruebas sobre su desempeño corrupto, la duda se reduce a saber si sólo será separado de la causa en la que supervisa la limpieza del Riachuelo o del juzgado que ocupa desde hace seis años y que le ha valido el mote de Virrey de Quilmes. Aquí, las pruebas de todo lo informado el domingo y mucho más.
El martes, la Corte Suprema de Justicia resolvió investigar “los hechos difundidos” del juez federal de Quilmes Luis Antonio Armella que comprometen “la transparencia en el manejo patrimonial de la cosa pública” y reclamarle que formulara su descargo. Así lo informó a un grupo de periodistas el presidente del tribunal, Ricardo Lorenzetti. Sin embargo, la Acordada que dispuso la investigación recién se firmó el día siguiente. Además de emplazar al juez para que responda en cinco días con un “informe preciso y circunstanciado”, requiere a la Auditoría General de la Nación que en dos semanas identifique todas las contrataciones realizadas para la limpieza del Riachuelo con las empresas vinculadas con el juez que se mencionaron aquí el domingo 26. La defensa de Armella fue asumida por el más antiguo juez de la Corte, Carlos Fayt, de 94 años, quien luego de hablar con el juez trató de convencer a sus pares: “Pobre muchacho, se va a pegar un tiro”, argumentó. Enrique Petracchi, designado como Fayt por el ex presidente Raúl Alfonsín al concluir la dictadura militar, sostuvo que “el carácter gravísimo de las impugnaciones al juez” hacía inconveniente que siguiera a cargo de la ejecución de la sentencia de la Corte para la limpieza del Riachuelo, por lo que debía nombrarse un subrogante mientras se sustanciaba la investigación sobre los hechos. Petracchi entiende que el derecho de defensa del juez no debería poner en peligro la posibilidad de llegar a la verdad, ya que Armella podría manipular o destruir pruebas incriminatorias.
La familia unida
Armella adelantó parte de su descargo a Fayt y al diario La Nación. Dijo que la sociedad presidida por su suegro e integrada entre otros por su esposa y un tío se formó “a efectos de levantar un edificio en una antigua propiedad de Bernal”. Esta es una versión edulcorada de aquellos hechos que Armella no puede negar. La cuestión no es qué construye sino quienes integran esa sociedad llamada “San Martín 264 Bernal SA” y qué relación tienen esas personas con las obras por la limpieza del Riachuelo que ordena el juez. La dirección que le da nombre corresponde al antiguo domicilio de la suegra de Armella, Nora Alicia Martini, quien también es jueza, a cargo del tribunal en lo Correccional 8 de Lomas de Zamora. San Martín es un boulevard paralelo a la vía del tren, a metros de la Avenida Zapiola y a cuatro cuadras de la Estación Bernal. La casa de la suegra está en demolición y la familia se mudó al country Abril, el más caro de la zona sur, en Hudson, partido de Berazategui. Un cartel anuncia que cuando concluya la demolición allí se levantará el edificio Lacar, con departamentos de 2 y 3 ambientes. La obra, dirigida por el tío del juez, Aníbal Carlos Nietzel, comenzó hace un mes y medio, pero se paralizó desde la publicación aquí de la nota “Nieblas del Riachuelo”. Martini era prosecretaria del Juzgado Criminal y Correccional 4 de Dolores, entonces a cargo del juez Héctor Abel Musumano. Su designación como jueza en Lomas gozó de la misma tutela que la de su yerno, la Procuradora General bonaerense María Falbo. Con idéntica carta de presentación, la esposa del juez, Marina Laura Groba Martini, llegó a secretaria del Tribunal en lo Criminal 5, de Quilmes, cargo incompatible con su desempeño en la empresa “San Martín 264 Bernal SA”. También la esposa del tío arquitecto Aníbal Carlos Nietzel, Vanesa Maiola, fue designada fiscal de Florencio Varela. En su intento de control de daños, Armella adujo que “entre los socios de ese emprendimiento habría una empresa constructora que trabaja en una de las obras de saneamiento del Riachuelo”, como si se tratara de una casualidad sin importancia. No es una empresa, sino varias: Gildin SA, Compañía Constructora M&T SA, Tierras Provinciales SA, y Vial Rogo Constructora SA. Tampoco hay sólo un socio de la esposa, el suegro y el tío del juez que participe en obras vinculadas con el saneamiento del Riachuelo, sino cuatro. El principal de ellos es el abogado portugués Arturo Rodrígues da Silva y la coincidencia no se debe al azar. Varias veces por semana Rodrígues da Silva pasa por el tribunal para buscar a Armella en un automóvil Audi de color celeste. Rodrígues da Silva es presidente suplente de la empresa familiar del juez, presidente de Gildin, director de M&T, presidente y socio de Tierras Provinciales y socio de Vial Rogo. En Gildin es directora suplente Gilda González, cuyos hermanas Romina y Lorena son a su vez socias del suegro y la esposa de Armella. Otra socia en la empresa familiar de la mujer del juez es Graciela Susana Beatriz Aparicio, quien al mismo tiempo es directora suplente de M&T. Tanto Gildin como M&T están entre las empresas beneficiadas por las contrataciones que urge Armella bajo amenaza de multas y sanciones si no se realizan en plazos perentorios. El recurso de amparo que permitió seguir funcionando a la cantera de Gildin SA, mientras Armella clausuraba a todas las competidoras, no fue concedido por la jueza subrogante en Quilmes, Marcela Claudia Linares, sino por el juez federal de La Plata, Julio César Miralles, en junio de 2006. La causa sigue ahora en el Juzgado Nº 1 en lo Contencioso Administrativo de Quilmes, a cargo de Hugo Guarnieri. En septiembre de 2011, Armella ordenó el cierre de las canteras y en octubre amplió la directiva a todas las “que se constaten en el futuro”. La cantera Lomas de Brown, que se encuentra a 7 km de la cuenca, planteó que Armella se había excedido en su competencia. Según la Corte Suprema, sólo debía ejercerla sobre los aspectos hidrográficos. La Dirección de Minería le respondió que no podía concederle o negarle la inscripción porque el expediente había quedado retenido en el juzgado de Armella. El socio de Armella, Rodrigues da Silva, ya frecuentó las noticias policiales hace quince años, vinculado igual que ahora con un funcionario judicial: en 1997 el juez Samuel Saraví Paz lo condenó a tres años de prisión en suspenso por destruir carátulas judiciales, cambiar causas de juzgados, utilizar sellos falsos y no pagar la tasa de justicia, en combinación con el oficial primero del Juzgado Civil y Comercial Nº 5 de La Plata, Jorge Luis Madueña.
Adjudicación directa
Otro de los alegatos del juez ante Fayt y La Nación es que las contrataciones no fueron directas sino por licitación. Los documentos que se reproducen aquí lo desmienten:
- la solicitud de pedido para la rectificación de la ribera sur del Riachuelo indica que se trata de una “adjudicación directa” a la constructora M&T.
- la solicitud de pedido para la recuperación de márgenes, en el tramo 2.b. del proyecto también es por “adjudicación directa” a la constructora M&T.
- para justificar estas contrataciones directas, Armella amenaza con multas y sanciones a “todo funcionario responsable”.
- esto permite que Gildin y su alter ego M&T facturen las obras a realizar con impresionantes sobreprecios, que hasta triplican los valores de mercado, como se advierte en el cuadro para las obras de recuperación ambiental del margen sur tramo 2.b.
- a precios de mercado, la obra costaría 4,04 millones de pesos, pero la Acumar terminará pagando 12,1 millones. El 40 por ciento de anticipo que recibe la empresa vinculada con el magistrado supera el valor total de la obra: 4,8 millones de pesos. Es decir que antes de empezar los trabajos, M&T recibe más de lo que correspondería por todo el trabajo a precios de mercado. Los ocho millones restantes son plata dulce.
- para que sea inevitable que los contratos recaigan en la cantera de Gildin SA, Armella prohíbe el funcionamiento de todas las competidoras instaladas en la cuenca hídrica Matanza-Riachuelo.
Esta insistencia del juez en la clausura de todas las canteras públicas de la Cuenca también paralizó la construcción de la autopista Juan Domingo Perón, que de Merlo a La Plata continúa la del Buen Ayre. Desde hace un año y medio los trabajos no avanzan por falta de los materiales que se obtienen en las canteras prohibidas.
La última copa
En la reunión con los periodistas, Lorenzetti señaló que hasta ese momento ni los intendentes ni la Acumar se habían quejado del juez. No es un argumento muy sólido. El poder de un juez federal es muy superior al de los intendentes, cuyos cargos e incluso su libertad dependen de una razonable relación con el magistrado. En el caso de Armella, además, es conocido en la zona el destrato que prodiga a los alcaldes de la Cuenca, a quienes no permite levantarse de la mesa antes de que Su Señoría termine la última copa de vino, bajo apercibimiento de sanciones. Tampoco la Acumar está en condiciones de enfrentar al juez, ya que como órgano interjurisdiccional entre la Nación, la provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y más de una docena de municipios, su poder es muy disperso. Lo preside un representante del gobierno nacional, que es el Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable Juan José Mussi, que está en minoría en un directorio con representantes de las demás jurisdicciones. El organismo accedió a designar en su planta a los recomendados del juez (ver “Barra de amigos”). Mussi no se quedó atrás y nombró primero como Subsecretario de Control y Fiscalización Ambiental y Prevención de la Contaminación, y en junio de 2011 como presidente ejecutivo de Acumar al bioquímico Oscar Deina, que está casado con su hija, la médica especialista en diagnóstico por imágenes Mariel Mercedes Mussi. El hermano de Mariel, Juan Patricio, quien presidía el Concejo Deliberante de Berazategui quedó a cargo de la intendencia cuando el padre asumió en la Acumar. La semana pasada, Armella dispuso intervenir el Sindicato de Trabajadores Municipales de Berazategui, al que están afiliados la mitad de los 3300 empleados del municipio, en un altísimo porcentaje como contratados, a pesar de la antigüedad en los cargos. La anterior conducción, alineada con el diputado de Unión PRO Alfredo Atanasof, fue desbancada en 2010, a instancias de Néstor Kirchner y del secretario general de la CGT, Hugo Moyano. En octubre de 2011 fue electa la nueva conducción, convalidada por el ministerio de Trabajo de la Nación, pero impugnada por Juan Patricio Mussi. Sin embargo, Armella convocó a nuevas elecciones, como reclamaba el intendente hereditario, quien se resiste a pasar a planta permanente a los contratados. La abrumadora cantidad de pruebas sobre la conducta del juez Armella reduce el margen de dudas a saber si sólo será separado de la megacausa del Riachuelo (en la que la Corte Suprema podría designar a un funcionario que se ocupe en exclusividad, sin atender al mismo tiempo un juzgado federal) o también se promoverá su juicio político para apartarlo del tribunal que le permitió convertirse en el Virrey de Quilmes. La causal de mal desempeño parece configurada con exceso e incluso el “delito en el ejercicio de sus funciones” que contempla el artículo 53 de la Constitución.
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Podrían autorizar el proyecto San Jorge de cobre
Una minera reflota su proyecto en Cuyo
Fecha de Publicación: 01/09/2012
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Mendoza
El gobierno mendocino podría autorizar a San Jorge a extraer el cobre allí.
El proyecto minero San Jorge, que el año pasado movilizó fuertemente a la sociedad mendocina y puso incluso en peligro la elección del actual gobernador Paco Pérez, no está muerto.
El ministro de Infraestructura de la provincia, Rolando Baldasso, reconoció que el Gobierno evalúa el expediente remitido por la empresa minera (perteneciente al grupo canadiense Coro Mining) para modificar el rechazado proyecto, de manera que el cobre siga siendo extraído en Uspallata (departamento de Las Heras, Mendoza), pero sea trasladado después por tren a la provincia de San Juan para su procesamiento.
El proceso se centra ahora sólo en la extracción de cobre y no de oro, como estaba planteado inicialmente.
San Jorge se convirtió el año pasado en el asunto más candente de la política mendocina, por el fuerte malestar derivado de los riesgos ecológicos de la obra y su elevado consumo de agua (12 millones de litros al día), que superó las expectativas por los beneficios estimados (creación de 2000 empleos e ingresos anuales por regalías a la provincia cercanos a los 3 millones de dólares).
El 24 de agosto del año pasado, la Cámara de Diputados provincial decidió rechazar la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto, obligada por la marcha atrás de Pérez, entonces candidato justicialista a gobernador.
A pesar de que como ministro de Infraestructura del gobierno anterior había impulsado el proyecto, Pérez dio vuelta el voto peronista en contra de la posición del gobernador en ejercicio, Celso Jaque. El motivo no fue otro que un serio peligro electoral: Pérez fue socio del despacho de abogados que representaba a la compañía minera y no lograba quitarse el cartel de "prominero".
Las encuestas electorales coincidían en que los proyectos megamineros a cielo abierto generan rechazo en el 75 por ciento de la población según el censo mendocino. Ese día el hoy gobernador prometió que "San Jorge no tendrá la posibilidad de extraer oro y cobre en Uspallata".
A pesar de que el futuro del expediente es aún incierto, puede adivinarse un conflicto provincial por las regalías, dado que algunos dirigentes sanjuaninos ya han adelantado que reclamarían una parte de ellas por procesar el cobre en Calingasta (una ubicación problemática por su cercanía al parque nacional El Leoncito, en la provincia de San Juan).
El proyecto inicial de San Jorge fue rechazado en plena vigencia de la ley 7.722, aprobada en 2007, que preserva los recursos hídricos del uso de sustancias tóxicas como cianuro, ácido sulfúrico y mercurio, entre otros.
No existe una norma parecida en San Juan, cuyo gobierno, liderado por el justicialista José Luis Gioja, apoya la actividad megaminera. Numerosas empresas del rubro han presentado reclamos de inconstitucionalidad aún pendientes de la decisión del Poder Judicial mendocino.
Los ecologistas, que han juntado 35.000 firmas a favor de la ley, preparan acciones este mes en defensa de la norma.
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Fecha de Publicación: 01/09/2012
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Mendoza
El gobierno mendocino podría autorizar a San Jorge a extraer el cobre allí.
El proyecto minero San Jorge, que el año pasado movilizó fuertemente a la sociedad mendocina y puso incluso en peligro la elección del actual gobernador Paco Pérez, no está muerto.
El ministro de Infraestructura de la provincia, Rolando Baldasso, reconoció que el Gobierno evalúa el expediente remitido por la empresa minera (perteneciente al grupo canadiense Coro Mining) para modificar el rechazado proyecto, de manera que el cobre siga siendo extraído en Uspallata (departamento de Las Heras, Mendoza), pero sea trasladado después por tren a la provincia de San Juan para su procesamiento.
El proceso se centra ahora sólo en la extracción de cobre y no de oro, como estaba planteado inicialmente.
San Jorge se convirtió el año pasado en el asunto más candente de la política mendocina, por el fuerte malestar derivado de los riesgos ecológicos de la obra y su elevado consumo de agua (12 millones de litros al día), que superó las expectativas por los beneficios estimados (creación de 2000 empleos e ingresos anuales por regalías a la provincia cercanos a los 3 millones de dólares).
El 24 de agosto del año pasado, la Cámara de Diputados provincial decidió rechazar la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto, obligada por la marcha atrás de Pérez, entonces candidato justicialista a gobernador.
A pesar de que como ministro de Infraestructura del gobierno anterior había impulsado el proyecto, Pérez dio vuelta el voto peronista en contra de la posición del gobernador en ejercicio, Celso Jaque. El motivo no fue otro que un serio peligro electoral: Pérez fue socio del despacho de abogados que representaba a la compañía minera y no lograba quitarse el cartel de "prominero".
Las encuestas electorales coincidían en que los proyectos megamineros a cielo abierto generan rechazo en el 75 por ciento de la población según el censo mendocino. Ese día el hoy gobernador prometió que "San Jorge no tendrá la posibilidad de extraer oro y cobre en Uspallata".
A pesar de que el futuro del expediente es aún incierto, puede adivinarse un conflicto provincial por las regalías, dado que algunos dirigentes sanjuaninos ya han adelantado que reclamarían una parte de ellas por procesar el cobre en Calingasta (una ubicación problemática por su cercanía al parque nacional El Leoncito, en la provincia de San Juan).
El proyecto inicial de San Jorge fue rechazado en plena vigencia de la ley 7.722, aprobada en 2007, que preserva los recursos hídricos del uso de sustancias tóxicas como cianuro, ácido sulfúrico y mercurio, entre otros.
No existe una norma parecida en San Juan, cuyo gobierno, liderado por el justicialista José Luis Gioja, apoya la actividad megaminera. Numerosas empresas del rubro han presentado reclamos de inconstitucionalidad aún pendientes de la decisión del Poder Judicial mendocino.
Los ecologistas, que han juntado 35.000 firmas a favor de la ley, preparan acciones este mes en defensa de la norma.
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Fumigaciones en Alberti limitadas por la justicia
Agroquímicos: Justicia falló a favor de un amparo ambiental en Alberti
Fecha de Publicación: 01/09/2012
Fuente: LN1
Provincia/Región: Buenos Aires
La Corte favoreció un reclamo por los riesgos en la salud provocado por pesticidas. Los mismos son utilizados en pulverizaciones agrícolas llevadas a cabo en el distrito que conduce Marta Susana Médici. La presentación había sido realizada por un vecino que rescató la aplicación del principio precautorio. Indicaron que no se cumple con la ley si se otorgan autorizaciones sin conocer el efecto.
La Justicia bonaerense se pronunció a favor de un amparo presentado por el vecino de Alberti, José Luis Forquera, por las consecuencias de la utilización de pesticidas en fumigaciones terrestres con agroquímicos, llevadas a cabo en cercanías de un ejido urbano.
La Suprema Corte decidió favorablemente ya que fundamentó que a raíz de las dudas existentes acerca de la peligrosidad de los agroquímicos para la población, aplicó el principio precautorio establecido en el artículo 4 de la ley 25.675.
Los jueces dieron lugar a la conclusión expuesta por los amparistas y consideraron equivocado el accionar de la cámara que exigió la acreditación de un daño concreto para avanzar en la causa cuando debió ponderar si la fumigación representaba peligro para la salud de los vecinos.
El fallo constituye claramente un avance muy significativo en lo que hace a los amparos ambientales en general y por los pesticidas en particular. Las intoxicaciones por plaguicidas constituyen uno de los principales motivos de consulta en los centros de asistencia toxicológica del país.
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Fecha de Publicación: 01/09/2012
Fuente: LN1
Provincia/Región: Buenos Aires
La Corte favoreció un reclamo por los riesgos en la salud provocado por pesticidas. Los mismos son utilizados en pulverizaciones agrícolas llevadas a cabo en el distrito que conduce Marta Susana Médici. La presentación había sido realizada por un vecino que rescató la aplicación del principio precautorio. Indicaron que no se cumple con la ley si se otorgan autorizaciones sin conocer el efecto.
La Justicia bonaerense se pronunció a favor de un amparo presentado por el vecino de Alberti, José Luis Forquera, por las consecuencias de la utilización de pesticidas en fumigaciones terrestres con agroquímicos, llevadas a cabo en cercanías de un ejido urbano.
La Suprema Corte decidió favorablemente ya que fundamentó que a raíz de las dudas existentes acerca de la peligrosidad de los agroquímicos para la población, aplicó el principio precautorio establecido en el artículo 4 de la ley 25.675.
Los jueces dieron lugar a la conclusión expuesta por los amparistas y consideraron equivocado el accionar de la cámara que exigió la acreditación de un daño concreto para avanzar en la causa cuando debió ponderar si la fumigación representaba peligro para la salud de los vecinos.
El fallo constituye claramente un avance muy significativo en lo que hace a los amparos ambientales en general y por los pesticidas en particular. Las intoxicaciones por plaguicidas constituyen uno de los principales motivos de consulta en los centros de asistencia toxicológica del país.
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Se juntó el consejo de la cuenca del Atuel
Se reunió el consejo asesor de la cuenca del Atuel
Fecha de Publicación: 01/09/2012
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
Se trabajó en torno a tres ejes: Plan Estratégico Agua 2020, Desarrollo Socioeconómico de la región y Balance Hídrico.
Encabezada por el superintendente general de Irrigación, José Luis Álvarez, se llevó a cabo en General Alvear la primera reunión del Consejo Asesor de Cuenca del río Atuel. Participaron los intendentes sureños Emir Félix, de San Rafael, y Juan Carlos De Paolo, de Alvear, junto con 16 inspectores de cuenca, funcionarios del gobierno de la provincia, el subdelegado de Aguas del Atuel, Fabio Di Berardino, y legisladores de ambos departamentos para que a futuro acompañen los acuerdos que de allí surjan desde sus bancas, ratificándolos por ley "para tener un camino a futuro trazado y que el próximo superintendente se encuentre con los planes ya hechos y deba cumplirlos", según señaló Álvarez.
Estuvieron presentes además Carlos Achetoni -representante de la Federación Agraria- y Miguel Santolín presidente de la Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Ganadería de Alvear.
Al término de la reunión que se prolongó hasta entrada la tarde, los principales puntos que se acordaron fueron articular el Gran Acuerdo del Agua para la Cuenca del Atuel, que establecerá los principios que deberán regir el agua en la misma, y trabajar en torno a tres ejes estratégicos: al Plan Estratégico Agua 2020, al Desarrollo Socioeconómico de la región y al Balance Hídrico.
También se trataron diversos temas que tienen que ver con el funcionamiento cotidiano del Departamento de Irrigación como la contaminación medio ambiental, los planes de erogaciones y obras además del crecimiento urbano territorial entre otros.
"Este consejo incide en la planificación, el uso eficiente del agua y en cada una de las acciones que vamos a ir tomando desde Irrigación, desde la definición de las obras que vamos a tener que realizar y la eficiencia de cada uno de los usos", sintetizó el superintendente.
La puesta en marcha de los consejos asesores de cuenca fue anunciada por el gobernador, Francisco Pérez, en su discurso de apertura de sesiones en la Legislatura el 1 de mayo, y la reunión del Consejo del Atuel es la tercera del año, luego de las del Tunuyán Superior y de la zona de riego de Malargüe.
Para el intendente Emir Félix "es un desafío importante" integrar una mesa de consenso. Mientras que su par alvearense Juan Carlos De Paolo destacó la importancia de trabajar junto con los representantes de la provincia.
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Fecha de Publicación: 01/09/2012
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
Se trabajó en torno a tres ejes: Plan Estratégico Agua 2020, Desarrollo Socioeconómico de la región y Balance Hídrico. Encabezada por el superintendente general de Irrigación, José Luis Álvarez, se llevó a cabo en General Alvear la primera reunión del Consejo Asesor de Cuenca del río Atuel. Participaron los intendentes sureños Emir Félix, de San Rafael, y Juan Carlos De Paolo, de Alvear, junto con 16 inspectores de cuenca, funcionarios del gobierno de la provincia, el subdelegado de Aguas del Atuel, Fabio Di Berardino, y legisladores de ambos departamentos para que a futuro acompañen los acuerdos que de allí surjan desde sus bancas, ratificándolos por ley "para tener un camino a futuro trazado y que el próximo superintendente se encuentre con los planes ya hechos y deba cumplirlos", según señaló Álvarez.
Estuvieron presentes además Carlos Achetoni -representante de la Federación Agraria- y Miguel Santolín presidente de la Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Ganadería de Alvear.
Al término de la reunión que se prolongó hasta entrada la tarde, los principales puntos que se acordaron fueron articular el Gran Acuerdo del Agua para la Cuenca del Atuel, que establecerá los principios que deberán regir el agua en la misma, y trabajar en torno a tres ejes estratégicos: al Plan Estratégico Agua 2020, al Desarrollo Socioeconómico de la región y al Balance Hídrico.
También se trataron diversos temas que tienen que ver con el funcionamiento cotidiano del Departamento de Irrigación como la contaminación medio ambiental, los planes de erogaciones y obras además del crecimiento urbano territorial entre otros.
"Este consejo incide en la planificación, el uso eficiente del agua y en cada una de las acciones que vamos a ir tomando desde Irrigación, desde la definición de las obras que vamos a tener que realizar y la eficiencia de cada uno de los usos", sintetizó el superintendente.
La puesta en marcha de los consejos asesores de cuenca fue anunciada por el gobernador, Francisco Pérez, en su discurso de apertura de sesiones en la Legislatura el 1 de mayo, y la reunión del Consejo del Atuel es la tercera del año, luego de las del Tunuyán Superior y de la zona de riego de Malargüe.
Para el intendente Emir Félix "es un desafío importante" integrar una mesa de consenso. Mientras que su par alvearense Juan Carlos De Paolo destacó la importancia de trabajar junto con los representantes de la provincia.
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A juicio por contaminar la Cuenca Salí - Dulce
Enjuician al dueño de un frigorífico por contaminar la Cuenca Salí - Dulce
Fecha de Publicación: 31/08/2012
Fuente: Tucumán Noticias
Provincia/Región: Nacional
Luego de un largo proceso llega a los estrados el caso por contaminación a la cuenca acuífera por parte de un frigorífico tucumano sin que se realzará tratamiento previo. La audiencia en tribunales federales comenzará a las 9.30
El propietario del frigorífico "La Barraca", instalado en Alderetes, Manuel Aarón Bliman, será sometido hoy a un juicio oral y público por contaminar las aguas del río Salí, que desemboca en el dique El Frontal, de Termas de Río Hondo, en Santiago del Estero.
El empresario, quien fue procesado en 2005 por el entonces responsable del Juzgado Federal II de Tucumán, Mario Racedo, es considerado presunto autor, penalmente responsable, del delito de contaminación ambiental con riesgo para la salud pública, previsto y penado por los artículos 55 y 57 de la Ley Nacional 24.051 (de Residuos Peligrosos).
Según el requerimiento fiscal de elevación a juicio, Bliman "habría vertido efluentes industriales, de los previstos en el anexo I y II de la Ley 24.051, sin tratamiento previo, de modo peligroso para la salud común de las personas, derivados de su actividad frigorífica, los cuales derivan finalmente en el río Salí".
La audiencia, que se iniciará a las 9.30, es un hecho histórico en materia de la lucha contra la contaminación en la región, puesto que por primera vez un industrial estará en el banquillo de los acusados, en un debate oral y público. Anteriormente, el Tribunal Oral Federal de Tucumán (TOF) realizó juicios abreviados contra el ex intendente de Concepción, Octavio Muedra, y contra el dueño de un sanatorio privado de Banda del Río Salí, también por contaminar la cuenca Salí-Dulce. En ambos casos, se fijaron multas y prisión en suspenso, por violaciones a la Ley de Residuos Peligrosos.
En el caso de Bliman, el artículo 55 de la Ley 24.051 prevé penas de 3 a 10 años de prisión a aquel que "envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud, el suelo, la atmósfera o el ambiente en general". Además, establece que si esa contaminación "fuera seguida de la muerte de alguna persona, la pena será de 10 a 24 años de reclusión o prisión".
En tanto, el artículo 57 de esa norma señala que cuando la contaminación "se hubiese producido por decisión de una persona jurídica, la pena se aplicará a los directores, gerentes, síndicos, miembros del consejo de vigilancia, administradores, mandatarios o representantes de la misma que hubiesen intervenido en el hecho punible, sin prejuicio de las demás responsabilidades penales que pudiesen existir".
El Tribunal que juzgará a Bliman está integrado por los jueces del TOF María Alicia Noli, Carlos Jiménez Montilla y Gabriel Casas. En representación del Ministerio Público Fiscal actuará Leopoldo Peralta Palma, mientras que la defensa será ejercida por Próspero Barrionuevo (h)
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Fecha de Publicación: 31/08/2012
Fuente: Tucumán Noticias
Provincia/Región: Nacional
Luego de un largo proceso llega a los estrados el caso por contaminación a la cuenca acuífera por parte de un frigorífico tucumano sin que se realzará tratamiento previo. La audiencia en tribunales federales comenzará a las 9.30El propietario del frigorífico "La Barraca", instalado en Alderetes, Manuel Aarón Bliman, será sometido hoy a un juicio oral y público por contaminar las aguas del río Salí, que desemboca en el dique El Frontal, de Termas de Río Hondo, en Santiago del Estero.
El empresario, quien fue procesado en 2005 por el entonces responsable del Juzgado Federal II de Tucumán, Mario Racedo, es considerado presunto autor, penalmente responsable, del delito de contaminación ambiental con riesgo para la salud pública, previsto y penado por los artículos 55 y 57 de la Ley Nacional 24.051 (de Residuos Peligrosos).
Según el requerimiento fiscal de elevación a juicio, Bliman "habría vertido efluentes industriales, de los previstos en el anexo I y II de la Ley 24.051, sin tratamiento previo, de modo peligroso para la salud común de las personas, derivados de su actividad frigorífica, los cuales derivan finalmente en el río Salí".
La audiencia, que se iniciará a las 9.30, es un hecho histórico en materia de la lucha contra la contaminación en la región, puesto que por primera vez un industrial estará en el banquillo de los acusados, en un debate oral y público. Anteriormente, el Tribunal Oral Federal de Tucumán (TOF) realizó juicios abreviados contra el ex intendente de Concepción, Octavio Muedra, y contra el dueño de un sanatorio privado de Banda del Río Salí, también por contaminar la cuenca Salí-Dulce. En ambos casos, se fijaron multas y prisión en suspenso, por violaciones a la Ley de Residuos Peligrosos.
En el caso de Bliman, el artículo 55 de la Ley 24.051 prevé penas de 3 a 10 años de prisión a aquel que "envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud, el suelo, la atmósfera o el ambiente en general". Además, establece que si esa contaminación "fuera seguida de la muerte de alguna persona, la pena será de 10 a 24 años de reclusión o prisión".
En tanto, el artículo 57 de esa norma señala que cuando la contaminación "se hubiese producido por decisión de una persona jurídica, la pena se aplicará a los directores, gerentes, síndicos, miembros del consejo de vigilancia, administradores, mandatarios o representantes de la misma que hubiesen intervenido en el hecho punible, sin prejuicio de las demás responsabilidades penales que pudiesen existir".
El Tribunal que juzgará a Bliman está integrado por los jueces del TOF María Alicia Noli, Carlos Jiménez Montilla y Gabriel Casas. En representación del Ministerio Público Fiscal actuará Leopoldo Peralta Palma, mientras que la defensa será ejercida por Próspero Barrionuevo (h)
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