La ARN diche que en Atucha I está todo bien
14:40 | 
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Aclaración por Atucha
Fecha de Publicación: 23/08/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
La Autoridad Regulatoria Nuclear aclaró que “no es posible extrapolar” con Atucha I lo ocurrido en la Central Nuclear Doel 3 en Bélgica, cerrada a raíz de fisuras detectadas en las vasijas de acero que protegen el material atómico. El recipiente, sostuvo la entidad en un comunicado, fue provisto por la empresa alemana Siemens y no por Rotterdam Droogdok Maatschappij, de Holanda. Asimismo, reportó que las inspecciones realizadas durante la última parada programada de Atucha I, durante seis semanas a partir del 28 de abril de 2012, “arrojaron resultados satisfactorios”. “La actividad desarrollada incluyó la inspección de los componentes significativos para la seguridad”, expresó la Autoridad Regulatoria Nuclear. En ese sentido, afirmó que el análisis de la situación en la Central Nuclear Doel 3 “catalogada como nivel 1, la más baja, en una escala de 1 a 7 de eventos nucleares reportables, está siendo llevada a cabo por el operador y el regulador de Bélgica”. “Sin perjuicio de lo anterior, las Autoridades Regulatorias de Argentina, Bélgica, Alemania, Holanda, España, Suiza, Suecia y Estados Unidos están en permanente contacto para analizar la evolución de la situación y aprovechar la experiencia operativa a fin de mantener el nivel de seguridad apropiado en sus instalaciones”, expresó. Organizaciones ambientalistas habían reclamado a la Autoridad Regulatoria Nuclear que clarifique la situación de la planta atómica Atucha I.
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Fecha de Publicación: 23/08/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
La Autoridad Regulatoria Nuclear aclaró que “no es posible extrapolar” con Atucha I lo ocurrido en la Central Nuclear Doel 3 en Bélgica, cerrada a raíz de fisuras detectadas en las vasijas de acero que protegen el material atómico. El recipiente, sostuvo la entidad en un comunicado, fue provisto por la empresa alemana Siemens y no por Rotterdam Droogdok Maatschappij, de Holanda. Asimismo, reportó que las inspecciones realizadas durante la última parada programada de Atucha I, durante seis semanas a partir del 28 de abril de 2012, “arrojaron resultados satisfactorios”. “La actividad desarrollada incluyó la inspección de los componentes significativos para la seguridad”, expresó la Autoridad Regulatoria Nuclear. En ese sentido, afirmó que el análisis de la situación en la Central Nuclear Doel 3 “catalogada como nivel 1, la más baja, en una escala de 1 a 7 de eventos nucleares reportables, está siendo llevada a cabo por el operador y el regulador de Bélgica”. “Sin perjuicio de lo anterior, las Autoridades Regulatorias de Argentina, Bélgica, Alemania, Holanda, España, Suiza, Suecia y Estados Unidos están en permanente contacto para analizar la evolución de la situación y aprovechar la experiencia operativa a fin de mantener el nivel de seguridad apropiado en sus instalaciones”, expresó. Organizaciones ambientalistas habían reclamado a la Autoridad Regulatoria Nuclear que clarifique la situación de la planta atómica Atucha I.
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Solicitan inventario de glaciares en Neuquén
Solicitan inventario de glaciares
Fecha de Publicación: 23/08/2012
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
La iniciativa tiene por objeto “la protección de los glaciares y del ambiente periglacial ubicados en el territorio de la provincia”.
La Comisión de Medio Ambiente de la Legislatura neuquina emitió ayer un despacho por unanimidad respecto del proyecto de declaración que estipula que la Cámara “vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (Sayds), realice en forma urgente el Inventario Nacional de Glaciares, estableciendo como prioridad a las provincias patagónicas”.
El proyecto fue presentado por la diputada Beatriz Kreitman (ARI-Coalición Cívica) y acompañado por el diputado Jesús Escobar (Libres del Sur) como primer paso en la discusión del proyecto 7.267, impulsado en su momento por la ex legisladora Paula Sánchez y retomado en esta gestión.
La iniciativa tiene por objeto “la protección de los glaciares y del ambiente periglacial ubicados en el territorio de la Provincia”.
El propósito, se explicó, es “preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos y proveedores de agua de recarga de cuencas hidrográficas”.
El proyecto original fue modificado levemente (se quitó parte del artículo 1 y la totalidad del artículo 2) y acompañado por el Movimiento Popular Neuquino (MPN) y los diputados de los bloques aliados.
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Fecha de Publicación: 23/08/2012
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
La iniciativa tiene por objeto “la protección de los glaciares y del ambiente periglacial ubicados en el territorio de la provincia”.
La Comisión de Medio Ambiente de la Legislatura neuquina emitió ayer un despacho por unanimidad respecto del proyecto de declaración que estipula que la Cámara “vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (Sayds), realice en forma urgente el Inventario Nacional de Glaciares, estableciendo como prioridad a las provincias patagónicas”.
El proyecto fue presentado por la diputada Beatriz Kreitman (ARI-Coalición Cívica) y acompañado por el diputado Jesús Escobar (Libres del Sur) como primer paso en la discusión del proyecto 7.267, impulsado en su momento por la ex legisladora Paula Sánchez y retomado en esta gestión.
La iniciativa tiene por objeto “la protección de los glaciares y del ambiente periglacial ubicados en el territorio de la Provincia”.
El propósito, se explicó, es “preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos y proveedores de agua de recarga de cuencas hidrográficas”.
El proyecto original fue modificado levemente (se quitó parte del artículo 1 y la totalidad del artículo 2) y acompañado por el Movimiento Popular Neuquino (MPN) y los diputados de los bloques aliados.
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Córdoba: condenas por fumigar fuera de norma
Qué cambiará realmente con la condena por el uso de agroquímicos en Argentina
Fecha de Publicación: 22/08/2012
Fuente: BBC
Provincia/Región: Córdoba - Nacional
En un fallo considerado histórico una corte en Argentina condenó a dos hombres por fumigar de forma indebida con insecticidas y pesticidas en un campo cercano a un poblado.
Se trata del primer juicio realizado en América Latina por el uso de agroquímicos, sustancias ampliamente utilizadas en países agroexportadores como Argentina, uno de los principales productores de soja del mundo.
Para las organizaciones ecologistas, que consideran que los agroquímicos dañan la salud, este fallo podría ser un primer paso para que comience a limitarse el uso de sustancias como el glifosato, el herbicida más ampliamente utilizado en la región.
Sin embargo, algunos expertos legales advierten que esta causa no reducirá el uso de estos químicos, ya que los hombres juzgados no fueron condenados por usar agroquímicos (sustancias permitidas por ley) sino por violar los límites establecidos para su uso.
Francisco Parra, un productor agrario, y Edgardo Pancello, un piloto de avioneta, fueron sentenciados a tres años de prisión condicional por no haber respetado la franja de resguardo al fumigar sobre un campo contiguo al poblado de Ituzaingó Anexo, un barrio en la céntrica provincia de Córdoba.
Un tercer hombre resultó absuelto por falta de pruebas. El tribunal informó que dará a conocer los fundamentos de su resolución el 4 de septiembre.
No obstante, algunos medios argentinos interpretaron que con su fallo la justicia cordobesa estaba dando por comprobado que existe un vínculo entre el uso de agroquímicos y la inusual cantidad de enfermos que hay en Ituzaingó Anexo.
Durante una visita a ese poblado de 5.000 habitantes los vecinos dijeron BBC Mundo que desde que comenzaron las fumigaciones hace doce años 82 personas murieron de cáncer y otras 143 padecen la enfermedad.
También muchas mujeres han sufrido abortos y análisis de sangre realizados a 140 niños mostraron que el 80% de ellos tenía rastros de agrotóxicos.
Precedente
Para Alejandro Pérez Moreno, abogado de Pancello, la condena de este martes no demuestra un vínculo entre el uso de agroquímicos y estas enfermedades.
“Para declarar la culpabilidad los jueces sólo tenían que determinar que existía un peligro potencial, por lo cual es erróneo interpretar que este fallo acepta que los agroquímicos causaron estas enfermedades”, dijo a BBC Mundo.
La potencial conexión entre agroquímicos y problemas de salud podría ser establecida en un caso paralelo, considerado la “causa madre” del debate sobre el uso de estas sustancias.
En ese proceso, entablado por los mismos fiscales de esta causa contra los mismos imputados, se busca probar que efectivamente los agroquímicos que arrojaron en Ituzaingó Anexo dañaron la salud de esa población.
Carlos Matheu, el fiscal que impulsa la causa, dijo a BBC Mundo que en septiembre comenzarán las pericias para determinar estos vínculos causales.
Si la Justicia determina que hay evidencia suficiente el caso podría llegar a las cortes en 2013.
Para Matheu, la condena de este martes le da un impulso fuerte a ese proceso. Sin embargo Pérez Moreno consideró que ese fallo sólo se refirió a un asunto de límites y no a la cuestión de fondo.
“Este es un fallo aislado que no cambiará nada porque la ley permite el uso de agroquímicos así que para que se limite su uso tendrán que cambiar la ley”, sostuvo.
El abogado también dijo que apelará la sentencia de la Cámara del Crimen, por lo que ese fallo tampoco es firme aún.
Delito
¿Cambia algo entonces a partir de este fallo?
Según el fiscal Matheu, si bien esta resolución no prueba que los agroquímicos causan daños a la salud, sí sienta un precedente que cambiará la forma en que se usan estas sustancias en Argentina.
“Esta es la primera vez en el continente americano que un tribunal considera que arrojar agroquímicos violando las franjas de resguardo es un delito. Antes a esta violación se la consideraba simplemente una falta administrativa. Ahora se puede ir a la cárcel por este motivo”, explicó.
Para el letrado, esta nueva tipificación hará que los productores agrarios tengan que restringir fuertemente el uso actual que hacen de sustancias como el glifosato.
“Ahora los productores fumigan sin demasiado cuidado y no toman en consideración factores como el viento, que puede diseminar los químicos por poblados cercanos. A partir de este fallo tendrán que tener recaudos mucho mayores”, advirtió.
Según Matheu, en Argentina unas 12 millones de personas viven en zonas donde se fumiga con agroquímicos. Y sólo en 2011 se arrojaron 300 millones de litros de estos productos.
BBC Mundo intentó conocer la opinión de las asociaciones rurales sobre las repercusiones que pueda tener este fallo pero hasta ahora ninguna se ha pronunciado sobre el tema.
Sin embargo, el diputado de la provincia de Buenos Aires Jorge Srodek, un productor de soja que integra la comisión de Asuntos Agrarios del Congreso provincial, dijo a este medio que este caso será un “llamado de atención” sobre el uso apropiado de los agroquímicos.
“El glifosato es una sustancia imprescindible para la producción de soja pero considero que hay que ser responsable en cómo se lo aplica”, afirmó.
En ese sentido, Srodek consideró arriesgado utilizar aviones para fumigar con este herbicida.
Para Matheu, este es un punto clave: la fiscalía de Córdoba pidió que el Ministerio de Salud nacional prohíba la fumigación aérea con agroquímicos. Y el letrado también espera que este fallo haga pensar dos veces a los productores que utilizan esta técnica.
Más Información:
- InfoBae - En un fallo histórico, la Justicia de Córdoba condenó la fumigación ilegal
- Chaco Día por Día - Primera condena por fumigar con agroquímicos
- ImpulsoBaires - Qué cambiará realmente con la condena por el uso de agroquímicos en Argentina
- La Arena - Por fumigaciones ilegales en Córdoba, dictan dos condenas sin ...
- Clarín Tres años para un productor y un fumigador por contaminar
Ver todo el seguimiento del caso desde el Blog de Noticias Ambientales de la Provincia Córdoba
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Fecha de Publicación: 22/08/2012
Fuente: BBC
Provincia/Región: Córdoba - Nacional
En un fallo considerado histórico una corte en Argentina condenó a dos hombres por fumigar de forma indebida con insecticidas y pesticidas en un campo cercano a un poblado.Se trata del primer juicio realizado en América Latina por el uso de agroquímicos, sustancias ampliamente utilizadas en países agroexportadores como Argentina, uno de los principales productores de soja del mundo.
Para las organizaciones ecologistas, que consideran que los agroquímicos dañan la salud, este fallo podría ser un primer paso para que comience a limitarse el uso de sustancias como el glifosato, el herbicida más ampliamente utilizado en la región.
Sin embargo, algunos expertos legales advierten que esta causa no reducirá el uso de estos químicos, ya que los hombres juzgados no fueron condenados por usar agroquímicos (sustancias permitidas por ley) sino por violar los límites establecidos para su uso.
Francisco Parra, un productor agrario, y Edgardo Pancello, un piloto de avioneta, fueron sentenciados a tres años de prisión condicional por no haber respetado la franja de resguardo al fumigar sobre un campo contiguo al poblado de Ituzaingó Anexo, un barrio en la céntrica provincia de Córdoba.
Un tercer hombre resultó absuelto por falta de pruebas. El tribunal informó que dará a conocer los fundamentos de su resolución el 4 de septiembre.
No obstante, algunos medios argentinos interpretaron que con su fallo la justicia cordobesa estaba dando por comprobado que existe un vínculo entre el uso de agroquímicos y la inusual cantidad de enfermos que hay en Ituzaingó Anexo.
Durante una visita a ese poblado de 5.000 habitantes los vecinos dijeron BBC Mundo que desde que comenzaron las fumigaciones hace doce años 82 personas murieron de cáncer y otras 143 padecen la enfermedad.
También muchas mujeres han sufrido abortos y análisis de sangre realizados a 140 niños mostraron que el 80% de ellos tenía rastros de agrotóxicos.
Precedente
Para Alejandro Pérez Moreno, abogado de Pancello, la condena de este martes no demuestra un vínculo entre el uso de agroquímicos y estas enfermedades.
“Para declarar la culpabilidad los jueces sólo tenían que determinar que existía un peligro potencial, por lo cual es erróneo interpretar que este fallo acepta que los agroquímicos causaron estas enfermedades”, dijo a BBC Mundo.
La potencial conexión entre agroquímicos y problemas de salud podría ser establecida en un caso paralelo, considerado la “causa madre” del debate sobre el uso de estas sustancias.
En ese proceso, entablado por los mismos fiscales de esta causa contra los mismos imputados, se busca probar que efectivamente los agroquímicos que arrojaron en Ituzaingó Anexo dañaron la salud de esa población.
Carlos Matheu, el fiscal que impulsa la causa, dijo a BBC Mundo que en septiembre comenzarán las pericias para determinar estos vínculos causales.
Si la Justicia determina que hay evidencia suficiente el caso podría llegar a las cortes en 2013.
Para Matheu, la condena de este martes le da un impulso fuerte a ese proceso. Sin embargo Pérez Moreno consideró que ese fallo sólo se refirió a un asunto de límites y no a la cuestión de fondo.
“Este es un fallo aislado que no cambiará nada porque la ley permite el uso de agroquímicos así que para que se limite su uso tendrán que cambiar la ley”, sostuvo.
El abogado también dijo que apelará la sentencia de la Cámara del Crimen, por lo que ese fallo tampoco es firme aún.
Delito
¿Cambia algo entonces a partir de este fallo?
Según el fiscal Matheu, si bien esta resolución no prueba que los agroquímicos causan daños a la salud, sí sienta un precedente que cambiará la forma en que se usan estas sustancias en Argentina.
“Esta es la primera vez en el continente americano que un tribunal considera que arrojar agroquímicos violando las franjas de resguardo es un delito. Antes a esta violación se la consideraba simplemente una falta administrativa. Ahora se puede ir a la cárcel por este motivo”, explicó.
Para el letrado, esta nueva tipificación hará que los productores agrarios tengan que restringir fuertemente el uso actual que hacen de sustancias como el glifosato.
“Ahora los productores fumigan sin demasiado cuidado y no toman en consideración factores como el viento, que puede diseminar los químicos por poblados cercanos. A partir de este fallo tendrán que tener recaudos mucho mayores”, advirtió.
Según Matheu, en Argentina unas 12 millones de personas viven en zonas donde se fumiga con agroquímicos. Y sólo en 2011 se arrojaron 300 millones de litros de estos productos.
BBC Mundo intentó conocer la opinión de las asociaciones rurales sobre las repercusiones que pueda tener este fallo pero hasta ahora ninguna se ha pronunciado sobre el tema.
Sin embargo, el diputado de la provincia de Buenos Aires Jorge Srodek, un productor de soja que integra la comisión de Asuntos Agrarios del Congreso provincial, dijo a este medio que este caso será un “llamado de atención” sobre el uso apropiado de los agroquímicos.
“El glifosato es una sustancia imprescindible para la producción de soja pero considero que hay que ser responsable en cómo se lo aplica”, afirmó.
En ese sentido, Srodek consideró arriesgado utilizar aviones para fumigar con este herbicida.
Para Matheu, este es un punto clave: la fiscalía de Córdoba pidió que el Ministerio de Salud nacional prohíba la fumigación aérea con agroquímicos. Y el letrado también espera que este fallo haga pensar dos veces a los productores que utilizan esta técnica.
Más Información:
- InfoBae - En un fallo histórico, la Justicia de Córdoba condenó la fumigación ilegal
- Chaco Día por Día - Primera condena por fumigar con agroquímicos
- ImpulsoBaires - Qué cambiará realmente con la condena por el uso de agroquímicos en Argentina
- La Arena - Por fumigaciones ilegales en Córdoba, dictan dos condenas sin ...
- Clarín Tres años para un productor y un fumigador por contaminar
Ver todo el seguimiento del caso desde el Blog de Noticias Ambientales de la Provincia Córdoba
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Dos megarrepresas en Santa Cruz
Cristina anunció dos megarrepresas en Santa Cruz
Fecha de Publicación: 22/08/2012
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Santa Cruz
Juntas, serán las más grandes del país. En marzo, cae el Fondo Santa Cruz de la factura de la luz.
La presidenta Cristina Fernández relanzó ayer el llamado a licitación para construir las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic sobre el río Santa Cruz, en esa provincia patagónica.
Las obras se habían anunciado ya en 2008, aunque en ese entonces la primera se iba a llamar Barrancosa y, la segunda, Cóndor Cliff. En abril, la Presidenta las anunció también en un acto en la localidad santacruceña Luis Piedrabuena
Entre 2008 y ayer también varió el precio, en principio por la inflación. Hace cuatro años se anunció que costarían 16 mil millones de pesos. Ayer, se anunciaron 21.600 millones.
Según Cristina Fernández, la postergación se debió a que aún no estaban listas las líneas de transporte eléctrico necesarias para llevar los 1.740 megavatios que producirá el complejo al resto del país, ya que esa generación excede por completo el consumo de Santa Cruz.
En ese marco, anunció que en marzo los consumidores de electricidad de todo el país dejarán de pagar el cargo Fondo para Santa Cruz, vigente durante décadas para financiar obras eléctricas en esa provincia.
Según contó, ya se hicieron giras a China, Brasil y Rusia para tentar a interesados en financiar el proyecto. Es que el consorcio que se presente a construir tendrá que conseguir alguien que ponga el 50 por ciento del financiamiento, es decir, 10.800 millones de pesos. Si todo va bien, la apertura de ofertas sería en diciembre.
La obra proyectada es de enorme envergadura. Por empezar, su capacidad de generación hidroeléctrica será la más alta del país (Salto y Yacyretá la superan, pero ambas son binacionales). Además, permitirá el riego de un área estimada en 35 mil hectáreas. Según la Presidenta, su impacto será tan importante que cambiará la matriz energética del país: cuando funcione, el 41 por ciento de la energía consumida en será hidroeléctrica, contra el 31 por ciento de la actualidad.
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Fecha de Publicación: 22/08/2012
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Santa Cruz
Juntas, serán las más grandes del país. En marzo, cae el Fondo Santa Cruz de la factura de la luz.La presidenta Cristina Fernández relanzó ayer el llamado a licitación para construir las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic sobre el río Santa Cruz, en esa provincia patagónica.
Las obras se habían anunciado ya en 2008, aunque en ese entonces la primera se iba a llamar Barrancosa y, la segunda, Cóndor Cliff. En abril, la Presidenta las anunció también en un acto en la localidad santacruceña Luis Piedrabuena
Entre 2008 y ayer también varió el precio, en principio por la inflación. Hace cuatro años se anunció que costarían 16 mil millones de pesos. Ayer, se anunciaron 21.600 millones.
Según Cristina Fernández, la postergación se debió a que aún no estaban listas las líneas de transporte eléctrico necesarias para llevar los 1.740 megavatios que producirá el complejo al resto del país, ya que esa generación excede por completo el consumo de Santa Cruz.
En ese marco, anunció que en marzo los consumidores de electricidad de todo el país dejarán de pagar el cargo Fondo para Santa Cruz, vigente durante décadas para financiar obras eléctricas en esa provincia.
Según contó, ya se hicieron giras a China, Brasil y Rusia para tentar a interesados en financiar el proyecto. Es que el consorcio que se presente a construir tendrá que conseguir alguien que ponga el 50 por ciento del financiamiento, es decir, 10.800 millones de pesos. Si todo va bien, la apertura de ofertas sería en diciembre.
La obra proyectada es de enorme envergadura. Por empezar, su capacidad de generación hidroeléctrica será la más alta del país (Salto y Yacyretá la superan, pero ambas son binacionales). Además, permitirá el riego de un área estimada en 35 mil hectáreas. Según la Presidenta, su impacto será tan importante que cambiará la matriz energética del país: cuando funcione, el 41 por ciento de la energía consumida en será hidroeléctrica, contra el 31 por ciento de la actualidad.
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Atucha I en peligro por las vasijas belgas
Alerta en Atucha I por las vasijas que cubren su combustible nuclear
Fecha de Publicación: 21/08/2012
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
La Agencia de Energía Nuclear confirmó que es uno de los 19 reactores en el mundo construidos con el mismo tipo de material que presentó fisuras en una central atómica en Bélgica
La central nuclear argentina Atucha I permanece en estado de alerta luego de confirmarse que sus vasijas fueron provistas por la misma empresa que distribuyó ese material a la planta atómica Doel-3 en Bélgica, cerrada desde junio, tras verificarse fisuras en su estructura.
La confirmación oficial llegó a través de la Agencia de Energía Nuclear (NEA) de la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OCDE), quien informó que la central nuclear argentina Atucha I es uno de los 19 reactores en operación con vasijas provistas por la empresa holandesa RDM (Rotterdamsche Droogdok Maatschappij).
Esas fallas representan un grave riesgo para todas las centrales con vasijas de presión provistas por RDM, ya que supone un defecto en su fabricación. El organismo regulador belga (AFCN) evalúa el cierre permanente de la planta en caso de confirmar las fisuras.
Esta información corrobora las advertencias realizadas por organizaciones ambientalistas, que recientemente le reclamaron a la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) que se clarifique la situación de la planta atómica Atucha I.
Sin respuesta
"Hasta ahora no se ha logrado ninguna respuesta de parte de las autoridades" explicó Juan Carlos Villalonga, de la organización Los Verdes. "La ARN debe clarificar la situación de Atucha I y definir, de manera inmediata, cuál será la estrategia que seguirán para evaluar la integridad de su recipiente de presión", Villalonga, que trabajó durante 16 años en la organización ecologista Greeenpeace.
Por su parte, Mauro Fernández, de Greenpeace, indicó que "hay 22 millones de argentinos que viven a menos de 300 km de Atucha y podrían ser afectados por un accidente grave en la planta. La ARN debe dejar de esconder información y realizar una comunicación transparente de la situación".
"Se trata de Información pública vital para la comunidad que nuestra Autoridad Regulatoria Nuclear debe responder, más aún luego que la Agencia de Energía Nuclear de la OCDE confirmó que Atucha I está en el listado de los 19 reactores provistos por RDM", dijo Maria Eugenia Di Paola, de FARN.
Las organizaciones Greenpeace, Los Verdes y FARN presentaron el martes 14 un pedido de información pública a la ARN y la CNEA (Comisión Nacional de Energía Atómica) reclamando que confirmen si la empresa RDM actuó como proveedora de una central atómica argentina. Al pedido adhirieron Taller Ecologista de Rosario, la organización M'biguá de Entre Ríos y FUNAM de Córdoba.
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Fecha de Publicación: 21/08/2012
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
La Agencia de Energía Nuclear confirmó que es uno de los 19 reactores en el mundo construidos con el mismo tipo de material que presentó fisuras en una central atómica en BélgicaLa central nuclear argentina Atucha I permanece en estado de alerta luego de confirmarse que sus vasijas fueron provistas por la misma empresa que distribuyó ese material a la planta atómica Doel-3 en Bélgica, cerrada desde junio, tras verificarse fisuras en su estructura.
La confirmación oficial llegó a través de la Agencia de Energía Nuclear (NEA) de la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OCDE), quien informó que la central nuclear argentina Atucha I es uno de los 19 reactores en operación con vasijas provistas por la empresa holandesa RDM (Rotterdamsche Droogdok Maatschappij).
Esas fallas representan un grave riesgo para todas las centrales con vasijas de presión provistas por RDM, ya que supone un defecto en su fabricación. El organismo regulador belga (AFCN) evalúa el cierre permanente de la planta en caso de confirmar las fisuras.
Esta información corrobora las advertencias realizadas por organizaciones ambientalistas, que recientemente le reclamaron a la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) que se clarifique la situación de la planta atómica Atucha I.
Sin respuesta
"Hasta ahora no se ha logrado ninguna respuesta de parte de las autoridades" explicó Juan Carlos Villalonga, de la organización Los Verdes. "La ARN debe clarificar la situación de Atucha I y definir, de manera inmediata, cuál será la estrategia que seguirán para evaluar la integridad de su recipiente de presión", Villalonga, que trabajó durante 16 años en la organización ecologista Greeenpeace.
Por su parte, Mauro Fernández, de Greenpeace, indicó que "hay 22 millones de argentinos que viven a menos de 300 km de Atucha y podrían ser afectados por un accidente grave en la planta. La ARN debe dejar de esconder información y realizar una comunicación transparente de la situación".
"Se trata de Información pública vital para la comunidad que nuestra Autoridad Regulatoria Nuclear debe responder, más aún luego que la Agencia de Energía Nuclear de la OCDE confirmó que Atucha I está en el listado de los 19 reactores provistos por RDM", dijo Maria Eugenia Di Paola, de FARN.
Las organizaciones Greenpeace, Los Verdes y FARN presentaron el martes 14 un pedido de información pública a la ARN y la CNEA (Comisión Nacional de Energía Atómica) reclamando que confirmen si la empresa RDM actuó como proveedora de una central atómica argentina. Al pedido adhirieron Taller Ecologista de Rosario, la organización M'biguá de Entre Ríos y FUNAM de Córdoba.
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Profundizarán el monitoreo de la cuenca Salí-Dulce
Profundizarán tareas de inspección y monitoreo de la cuenca Salí-Dulce
Fecha de Publicación: 21/08/2012
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán
El defensor del Pueblo, Martín Díaz Achával, brindó precisiones sobre las tareas de inspección de industrias alcoholeras y monitoreo de afluentes del río Salí; donde se han determinado varias anomalías, de las cuales siete derivaron en sanciones (multas y suspensiones) a industrias azucareras.
En ese sentido, se puntualizó que de los 11 ingenios que producen bioetanol, se verificó que más del 50 % está haciendo las inversiones necesarias para la ejecución de las obras del vinazoducto.
“Se pretende que aquel que no lo haga, no pueda producir en 2013”, afirmó el funcionario y adelantó que próximamente se implementará un acuerdo para el monitoreo de la cuenca Salí-
Dulce también por la noche, ya que actualmente se realiza de día.
Díaz Achával aseguró que “el sistema funciona lo suficientemente bien para determinar cualquier alteración química de las aguas, y el resultado está a la luz pública: donde desde hace un año no se registra mortandad de peces, ni se observan manchas en el embalse de Río Hondo”.
En declaraciones a la prensa, el ombudsman amplió detalles del reciente convenio suscripto con la Secretaría del Agua, indicando que “el mismo, con el importante apoyo del gobierno de la provincia, tiene por objeto institucionalizar y profundizar el trabajo conjunto que se viene desarrollando dado que, desde hace tiempo se vienen realizando tareas de monitoreo de industrias y control de la cuenca Salí-Dulce”.
“Desde principio de año -agregó- se vienen desarrollando inspecciones permanentes a 11 ingenios (que fueron visitados 6 veces cada uno) y monitoreos de afluentes, de lunes a lunes, con cuatro equipos de trabajo, recorriendo hasta 500 km por día en la provincia de Tucumán. La Secretaría del Agua coordina técnicamente y la Defensoría afectó a 18 personas de su planta de personal”.
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Fecha de Publicación: 21/08/2012
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán
El defensor del Pueblo, Martín Díaz Achával, brindó precisiones sobre las tareas de inspección de industrias alcoholeras y monitoreo de afluentes del río Salí; donde se han determinado varias anomalías, de las cuales siete derivaron en sanciones (multas y suspensiones) a industrias azucareras.En ese sentido, se puntualizó que de los 11 ingenios que producen bioetanol, se verificó que más del 50 % está haciendo las inversiones necesarias para la ejecución de las obras del vinazoducto.
“Se pretende que aquel que no lo haga, no pueda producir en 2013”, afirmó el funcionario y adelantó que próximamente se implementará un acuerdo para el monitoreo de la cuenca Salí-
Dulce también por la noche, ya que actualmente se realiza de día.
Díaz Achával aseguró que “el sistema funciona lo suficientemente bien para determinar cualquier alteración química de las aguas, y el resultado está a la luz pública: donde desde hace un año no se registra mortandad de peces, ni se observan manchas en el embalse de Río Hondo”.
En declaraciones a la prensa, el ombudsman amplió detalles del reciente convenio suscripto con la Secretaría del Agua, indicando que “el mismo, con el importante apoyo del gobierno de la provincia, tiene por objeto institucionalizar y profundizar el trabajo conjunto que se viene desarrollando dado que, desde hace tiempo se vienen realizando tareas de monitoreo de industrias y control de la cuenca Salí-Dulce”.
“Desde principio de año -agregó- se vienen desarrollando inspecciones permanentes a 11 ingenios (que fueron visitados 6 veces cada uno) y monitoreos de afluentes, de lunes a lunes, con cuatro equipos de trabajo, recorriendo hasta 500 km por día en la provincia de Tucumán. La Secretaría del Agua coordina técnicamente y la Defensoría afectó a 18 personas de su planta de personal”.
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Delta del Paraná en emergencia ambiental
Piden emergencia ambiental y frenar los terraplenes en las islas
Fecha de Publicación: 20/08/2012
Fuente: la Capital
Provincia/Región: Santa Fe
Un conjunto de organizaciones ciudadanas de la región presentó ante la Legislatura entrerriana un proyecto que busca impedir el avance de endicamientos ilegales y el desmonte de bosques nativos en las islas de la vecina provincia, hasta tanto se cumpla con el ordenamiento territorial necesario para preservar este ecosistema estratégico del Delta del Paraná.
Cinco organizaciones ambientales nucleadas en la Red Delta del Paraná, presentaron a través de Fundación M'biguá un proyecto para declarar "la emergencia ambiental de la sustentabilidad ecológica, social y productiva del sistema de humedales y selva en galería de la provincia de Entre Ríos, de conformidad a las competencias y derechos dispuestos en los artículos 41º, 43º y 124º de la Constitución nacional, y 83º a 86º de la Constitución de Entre Ríos", reza el texto de la iniciativa.
El proyecto está dirigido particularmente a la Comisión de Tierras y Obras Públicas, Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, y fue elaborado "a raíz de los últimos acontecimientos en el Delta y de los retrasos de la provincia de Entre Ríos en dar cumplimiento a su ordenamiento territorial de Bosque Nativo", con el propósito de impulsar y retomarlo.
La ONG pide además "acompañar el Piecas y volver a instalar la necesidad de contar con normas claras para el Delta", según señala la nota que acompaña al proyecto, firmada por las organizaciones que integran la Red Delta: Fundación M'Biguá (Paraná), Taller Ecologista (Rosario), Centro Ecologista Renacer (Villa Constitución), Ala Plástica (La Plata) y Fundación Oga (San Nicolás).
Fundamentos. A finales de julio, un equipo formado por miembros del Taller Ecologista y la Asociación Ecologista Renacer, comprobó el avance de la agricultura industrial y la reconstrucción de terraplenes ilegales en las islas de Victoria, particularmente frente a Villa Constitución, situación que viene siendo denunciada por pobladores y ambientalistas desde 2008 a causa de los severos impactos que supone para el ecosistema, y por violar las normativas vigentes.
Una de las irregularidades más graves que pudieron comprobar los ambientalistas es la que tiene como responsable a " la empresa holandesa Bema Agri, propietaria de un predio de casi 10 mil hectáreas en las islas entrerrianas, que ha reconstruido un terraplén para avanzar con el cultivo de soja, trigo y colza en parte de sus tierras, en las que se confirmó la utilización de glifosato", señala un comunicado de la Red Delta del Paraná.
Simultáneamente, el movimiento de ciudadanos autoconvocados "El Paraná No se Toca" alertaba sobre el cierre de un curso de agua en el humedal, frente a la costa rosarina, mediante el uso de palas mecánicas y retroexcavadoras, para poder destinar tierras a la actividad agropecuaria.
Esta misma organización denunció el avance de otros terraplenes ilegales de distinto tamaño, cerca de Rosario, de los que productores isleños se valen para resguardar ganado, abrir caminos, y alterar los cursos de agua, según sus necesidades. Y a principios de este mes, el mismo secretario de Medioambiente de Entre Ríos, Fernando Raffo, reconoció la existencia de al menos seis o siete terraplenes más, además de los denunciados.
Después de que derogara en enero pasado una ley de explotación arrocera de algunos sectores del Delta, el Ejecutivo entrerriano manifestó su intención de convocar a todos los sectores involucrados a discutir el ordenamiento territorial del Delta del Paraná, pero según las organizaciones todavía no se han producido novedades al respecto. "Ello profundizó la necesidad de avanzar con esta iniciativa" para la declaración de la emergencia ambiental en los humedales de Entre Ríos y la prohibición del desmonte y de "toda modalidad de endicamiento, represamiento y obstaculización de los cursos de aguas públicas de conformidad a las normas del Código Civil y de la Constitución Provincial", concluyó la ONG.
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Fecha de Publicación: 20/08/2012
Fuente: la Capital
Provincia/Región: Santa Fe
Un conjunto de organizaciones ciudadanas de la región presentó ante la Legislatura entrerriana un proyecto que busca impedir el avance de endicamientos ilegales y el desmonte de bosques nativos en las islas de la vecina provincia, hasta tanto se cumpla con el ordenamiento territorial necesario para preservar este ecosistema estratégico del Delta del Paraná.Cinco organizaciones ambientales nucleadas en la Red Delta del Paraná, presentaron a través de Fundación M'biguá un proyecto para declarar "la emergencia ambiental de la sustentabilidad ecológica, social y productiva del sistema de humedales y selva en galería de la provincia de Entre Ríos, de conformidad a las competencias y derechos dispuestos en los artículos 41º, 43º y 124º de la Constitución nacional, y 83º a 86º de la Constitución de Entre Ríos", reza el texto de la iniciativa.
El proyecto está dirigido particularmente a la Comisión de Tierras y Obras Públicas, Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, y fue elaborado "a raíz de los últimos acontecimientos en el Delta y de los retrasos de la provincia de Entre Ríos en dar cumplimiento a su ordenamiento territorial de Bosque Nativo", con el propósito de impulsar y retomarlo.
La ONG pide además "acompañar el Piecas y volver a instalar la necesidad de contar con normas claras para el Delta", según señala la nota que acompaña al proyecto, firmada por las organizaciones que integran la Red Delta: Fundación M'Biguá (Paraná), Taller Ecologista (Rosario), Centro Ecologista Renacer (Villa Constitución), Ala Plástica (La Plata) y Fundación Oga (San Nicolás).
Fundamentos. A finales de julio, un equipo formado por miembros del Taller Ecologista y la Asociación Ecologista Renacer, comprobó el avance de la agricultura industrial y la reconstrucción de terraplenes ilegales en las islas de Victoria, particularmente frente a Villa Constitución, situación que viene siendo denunciada por pobladores y ambientalistas desde 2008 a causa de los severos impactos que supone para el ecosistema, y por violar las normativas vigentes.
Una de las irregularidades más graves que pudieron comprobar los ambientalistas es la que tiene como responsable a " la empresa holandesa Bema Agri, propietaria de un predio de casi 10 mil hectáreas en las islas entrerrianas, que ha reconstruido un terraplén para avanzar con el cultivo de soja, trigo y colza en parte de sus tierras, en las que se confirmó la utilización de glifosato", señala un comunicado de la Red Delta del Paraná.
Simultáneamente, el movimiento de ciudadanos autoconvocados "El Paraná No se Toca" alertaba sobre el cierre de un curso de agua en el humedal, frente a la costa rosarina, mediante el uso de palas mecánicas y retroexcavadoras, para poder destinar tierras a la actividad agropecuaria.
Esta misma organización denunció el avance de otros terraplenes ilegales de distinto tamaño, cerca de Rosario, de los que productores isleños se valen para resguardar ganado, abrir caminos, y alterar los cursos de agua, según sus necesidades. Y a principios de este mes, el mismo secretario de Medioambiente de Entre Ríos, Fernando Raffo, reconoció la existencia de al menos seis o siete terraplenes más, además de los denunciados.
Después de que derogara en enero pasado una ley de explotación arrocera de algunos sectores del Delta, el Ejecutivo entrerriano manifestó su intención de convocar a todos los sectores involucrados a discutir el ordenamiento territorial del Delta del Paraná, pero según las organizaciones todavía no se han producido novedades al respecto. "Ello profundizó la necesidad de avanzar con esta iniciativa" para la declaración de la emergencia ambiental en los humedales de Entre Ríos y la prohibición del desmonte y de "toda modalidad de endicamiento, represamiento y obstaculización de los cursos de aguas públicas de conformidad a las normas del Código Civil y de la Constitución Provincial", concluyó la ONG.
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Rafaela: modelo en el camino a la sustentabilidad
Quiero ser verde
Fecha de Publicación: 20/08/2012
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Santa Fe
Separación de residuos, biodiésel de aceite usado en el transporte público, un árbol por persona: la ciudad santafecina de Rafaela, industrial por tradición, decidió apostar a la sustentabilidad. Y lo está logrando
Rafaela.- Cuando la hecatombe de 2001, Rafaela, en el centro oeste de la provincia de Santa Fe, fue una de las pocas ciudades que sobrevivió al caos del cierre fabril, el desempleo y el corralito. Su perfil agroindustrial, forjado desde su fundación en 1881 por once familias provenientes de Suiza, Alemania y el Piamonte italiano, le permitió resistir la crisis y salir rápidamente fortalecida, hasta tal punto de ser caso de estudio por su desarrollo económico en universidades argentinas y extranjeras.
Hoy, la ciudad va por más y está embarcada en un modelo de producción y consumo sustentable. En este camino, ya se dieron varios pasos: desde hace 10 años el municipio impulsa un plan de separación domiciliaria, que permite recuperar el 20% de los residuos. El 80% restante es procesado y convertido en materia prima. Con los restos de poda y los escombros se obtiene granza para la industria de la construcción; con los neumáticos triturados, gravilla para el asfalto, y con las botellas PET trituradas, muebles inoxidables y juegos para exteriores y plazas.
En 2003, en un predio de 33 hectáreas a pocos kilómetros del casco urbano, se inauguró el relleno sanitario. Desde 2008 funciona allí una Estación de Residuos Clasificados (ERC), donde tres cooperativas de ex cartoneros trabajan en la separación, clasificación y recuperación de la basura. Dentro del predio, 1.5 hectáreas están destinadas al Parque Tecnológico del Reciclado, donde se instalará una treintena de empresas destinadas a revalorizar los desechos. Ya hay siete emprendimientos con parcelas asignadas: un centro de acopio para aceite vegetal usado (AVU), un centro de valorización de residuos de poda y patio, un centro de tratamiento de residuos especiales, una planta procesadora de residuos de construcción, una planta de tratamiento de envases de agroquímicos (la primera en el país), una planta de tratamiento de residuos orgánicos para la fabricación de biogás y compostaje, y una planta de tratamiento de aceites minerales y neumáticos.
De basura a recursos
Hasta hace 10 años, los residuos se tiraban en un basural a cielo abierto y olor nauseabundo, en el norte de la ciudad, donde unas treinta familias se habían asentado en casillas muy precarias para vivir del cirujeo. Hoy, esas personas conforman las cooperativas de recicladores que trabajan en la ERC, y algunas retomaron la educación formal. "Tenemos dos chicas que están estudiando el profesorado de Biología", dice con orgullo Alejandro Jurado, biólogo, quien coordina el programa Rafaela más Sustentable, destinado a convertir la ciudad industrial en una urbe verde.
Porteño de nacimiento y rafaelino por adopción, Jurado hizo casi toda su carrera en Barcelona, desde donde fue convocado por el anterior intendente, Rafael Perotti, para coordinar el plan Rafaela más Sustentable, que la actual gestión de Luis Castellano continúa. El programa se enfoca en seis aspectos: gestión de los residuos sólidos urbanos, energías renovables, biodiversidad, movilidad sustentable, educación ambiental, economía verde.
Todo hogar en Rafaela tiene tres tachos de basura: uno para los residuos orgánicos o húmedos (cáscaras, ramas y hojas, papel limpio), otro para los envases plásticos y vidrios, y otro para los residuos especiales: pilas, baterías, equipos y partes electrónicas en desuso que no pueden ser tirados junto a la basura común porque son potencialmente contaminantes. A esto se sumó recientemente la recolección de aceite usado, con el que se fabrica biodiésel para el transporte público. Las fechas para la recolección de los residuos también son diferenciadas.
Lograr el compromiso de los rafaelinos con la separación domiciliaria de los residuos no fue fácil ni inmediato. "Al principio se hacía en algunos barrios, pero la mayoría seguía tirando todo en la misma bolsa", cuenta Florencia Abron, promotora ambiental. Su trabajo consiste en recorrer puerta a puerta los hogares para concientizarlos. Hasta hace un año, trabajaba en la Municipalidad cobrando estacionamiento en la vía pública. "Me ofrecieron hacer el curso de promotora ambiental y este trabajo me resulta mucho más interesante", confiesa.
La creación de empleos verdes inclusivos es otro de los pilares del programa Rafaela más Sustentable. Y así como los recolectores informales se convirtieron en trabajadores formales en la Estación de Residuos Clasificados, la recuperación de componentes electrónicos y la reparación de equipos informáticos también es una fuente de capacitación y empleo para los más jóvenes. El circuito empieza cuando se depositan las partes y losaparatos en desuso en los llamados puntos verdes móviles, que no son otra cosa que contenedores que viajan por la ciudad, con el fin de que los vecinos puedan periódicamente dejar allí sus residuos electrónicos. Otra opción es llevarlos hasta la ERC.
Una vez allí, un equipo de jóvenes que han sido capacitados en reparación de PC revisa los equipos, los arregla cuando es posible, y separa aquellos componentes que pueden ser reutilizados (cables, placas, tornillos). Los materiales y las sustancias no reutilizables y potencialmente tóxicas (mercurio y plomo, entre otras) son enviados a centros de tratamiento de residuos especiales.
Esta alternativa de capacitación laboral se propone a chicos de 15 a 17 años de barrios humildes que abandonaron el colegio. Desde 2010, unos 50 jóvenes han participado de esta iniciativa con gran compromiso, ya que más del 90% completó el curso de 6 meses, recuperando casi 100 computadoras que fueron donadas a escuelas primarias.
Todo es renovable
Los aceites vegetales usados, provenientes de los hogares y restaurantes, se convierten en un problema ambiental porque contaminan los acuíferos tanto si se los tira por la cañería como si van a parar a un basurero. Como respuesta, el municipio, junto al INTI y las cámaras industriales y empresariales de Rafaela, implementó en 2010 una campaña con grandes generadores, a la que este año se sumaron los hogares. Se diseñó un sistema para recoger el aceite usado en hogares y comercios, y almacenarlo en un depósito dentro del Parque del Reciclado. A partir de un acuerdo, la firma Bioenergy procesa el aceite usado en su planta de Roldán y lo devuelve al municipio como biodiésel. La clave está en juntar 20 mil litros de aceite cada 3 meses (equivalentes a un camión cisterna); para completar este cupo se convocó a localidades vecinas, como Ceres y Sunchales. El biogás es otro combustible renovable que se obtiene de desechos, en este caso residuos de poda. Asimismo, Rafaela implementó un sistema de semáforos e iluminación en plazas y edificios públicos con pantallas LED alimentadas por energía solar fotovoltaica.
Durante la Semana del Ambiente, que se celebra anualmente en junio, los más chicos y sus familias son protagonistas de una maratón de actividades: desde recorridos por ciclovías y edificios sustentables hasta obras de teatro y cine debate con temática ambiental. Las nuevas generaciones son las más conscientes de los peligros que amenazan la continuidad de la vida en el planeta, y suelen ser las encargadas de llevar esta preocupación y buenos hábitos a sus casas.
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Fecha de Publicación: 20/08/2012
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Santa Fe
Separación de residuos, biodiésel de aceite usado en el transporte público, un árbol por persona: la ciudad santafecina de Rafaela, industrial por tradición, decidió apostar a la sustentabilidad. Y lo está lograndoRafaela.- Cuando la hecatombe de 2001, Rafaela, en el centro oeste de la provincia de Santa Fe, fue una de las pocas ciudades que sobrevivió al caos del cierre fabril, el desempleo y el corralito. Su perfil agroindustrial, forjado desde su fundación en 1881 por once familias provenientes de Suiza, Alemania y el Piamonte italiano, le permitió resistir la crisis y salir rápidamente fortalecida, hasta tal punto de ser caso de estudio por su desarrollo económico en universidades argentinas y extranjeras.
Hoy, la ciudad va por más y está embarcada en un modelo de producción y consumo sustentable. En este camino, ya se dieron varios pasos: desde hace 10 años el municipio impulsa un plan de separación domiciliaria, que permite recuperar el 20% de los residuos. El 80% restante es procesado y convertido en materia prima. Con los restos de poda y los escombros se obtiene granza para la industria de la construcción; con los neumáticos triturados, gravilla para el asfalto, y con las botellas PET trituradas, muebles inoxidables y juegos para exteriores y plazas.
En 2003, en un predio de 33 hectáreas a pocos kilómetros del casco urbano, se inauguró el relleno sanitario. Desde 2008 funciona allí una Estación de Residuos Clasificados (ERC), donde tres cooperativas de ex cartoneros trabajan en la separación, clasificación y recuperación de la basura. Dentro del predio, 1.5 hectáreas están destinadas al Parque Tecnológico del Reciclado, donde se instalará una treintena de empresas destinadas a revalorizar los desechos. Ya hay siete emprendimientos con parcelas asignadas: un centro de acopio para aceite vegetal usado (AVU), un centro de valorización de residuos de poda y patio, un centro de tratamiento de residuos especiales, una planta procesadora de residuos de construcción, una planta de tratamiento de envases de agroquímicos (la primera en el país), una planta de tratamiento de residuos orgánicos para la fabricación de biogás y compostaje, y una planta de tratamiento de aceites minerales y neumáticos.
De basura a recursos
Hasta hace 10 años, los residuos se tiraban en un basural a cielo abierto y olor nauseabundo, en el norte de la ciudad, donde unas treinta familias se habían asentado en casillas muy precarias para vivir del cirujeo. Hoy, esas personas conforman las cooperativas de recicladores que trabajan en la ERC, y algunas retomaron la educación formal. "Tenemos dos chicas que están estudiando el profesorado de Biología", dice con orgullo Alejandro Jurado, biólogo, quien coordina el programa Rafaela más Sustentable, destinado a convertir la ciudad industrial en una urbe verde.
Porteño de nacimiento y rafaelino por adopción, Jurado hizo casi toda su carrera en Barcelona, desde donde fue convocado por el anterior intendente, Rafael Perotti, para coordinar el plan Rafaela más Sustentable, que la actual gestión de Luis Castellano continúa. El programa se enfoca en seis aspectos: gestión de los residuos sólidos urbanos, energías renovables, biodiversidad, movilidad sustentable, educación ambiental, economía verde.
Todo hogar en Rafaela tiene tres tachos de basura: uno para los residuos orgánicos o húmedos (cáscaras, ramas y hojas, papel limpio), otro para los envases plásticos y vidrios, y otro para los residuos especiales: pilas, baterías, equipos y partes electrónicas en desuso que no pueden ser tirados junto a la basura común porque son potencialmente contaminantes. A esto se sumó recientemente la recolección de aceite usado, con el que se fabrica biodiésel para el transporte público. Las fechas para la recolección de los residuos también son diferenciadas.
Lograr el compromiso de los rafaelinos con la separación domiciliaria de los residuos no fue fácil ni inmediato. "Al principio se hacía en algunos barrios, pero la mayoría seguía tirando todo en la misma bolsa", cuenta Florencia Abron, promotora ambiental. Su trabajo consiste en recorrer puerta a puerta los hogares para concientizarlos. Hasta hace un año, trabajaba en la Municipalidad cobrando estacionamiento en la vía pública. "Me ofrecieron hacer el curso de promotora ambiental y este trabajo me resulta mucho más interesante", confiesa.
La creación de empleos verdes inclusivos es otro de los pilares del programa Rafaela más Sustentable. Y así como los recolectores informales se convirtieron en trabajadores formales en la Estación de Residuos Clasificados, la recuperación de componentes electrónicos y la reparación de equipos informáticos también es una fuente de capacitación y empleo para los más jóvenes. El circuito empieza cuando se depositan las partes y losaparatos en desuso en los llamados puntos verdes móviles, que no son otra cosa que contenedores que viajan por la ciudad, con el fin de que los vecinos puedan periódicamente dejar allí sus residuos electrónicos. Otra opción es llevarlos hasta la ERC.
Una vez allí, un equipo de jóvenes que han sido capacitados en reparación de PC revisa los equipos, los arregla cuando es posible, y separa aquellos componentes que pueden ser reutilizados (cables, placas, tornillos). Los materiales y las sustancias no reutilizables y potencialmente tóxicas (mercurio y plomo, entre otras) son enviados a centros de tratamiento de residuos especiales.
Esta alternativa de capacitación laboral se propone a chicos de 15 a 17 años de barrios humildes que abandonaron el colegio. Desde 2010, unos 50 jóvenes han participado de esta iniciativa con gran compromiso, ya que más del 90% completó el curso de 6 meses, recuperando casi 100 computadoras que fueron donadas a escuelas primarias.
Todo es renovable
Los aceites vegetales usados, provenientes de los hogares y restaurantes, se convierten en un problema ambiental porque contaminan los acuíferos tanto si se los tira por la cañería como si van a parar a un basurero. Como respuesta, el municipio, junto al INTI y las cámaras industriales y empresariales de Rafaela, implementó en 2010 una campaña con grandes generadores, a la que este año se sumaron los hogares. Se diseñó un sistema para recoger el aceite usado en hogares y comercios, y almacenarlo en un depósito dentro del Parque del Reciclado. A partir de un acuerdo, la firma Bioenergy procesa el aceite usado en su planta de Roldán y lo devuelve al municipio como biodiésel. La clave está en juntar 20 mil litros de aceite cada 3 meses (equivalentes a un camión cisterna); para completar este cupo se convocó a localidades vecinas, como Ceres y Sunchales. El biogás es otro combustible renovable que se obtiene de desechos, en este caso residuos de poda. Asimismo, Rafaela implementó un sistema de semáforos e iluminación en plazas y edificios públicos con pantallas LED alimentadas por energía solar fotovoltaica.
Durante la Semana del Ambiente, que se celebra anualmente en junio, los más chicos y sus familias son protagonistas de una maratón de actividades: desde recorridos por ciclovías y edificios sustentables hasta obras de teatro y cine debate con temática ambiental. Las nuevas generaciones son las más conscientes de los peligros que amenazan la continuidad de la vida en el planeta, y suelen ser las encargadas de llevar esta preocupación y buenos hábitos a sus casas.
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Atucha I: piden información sobre su estado
Ambientalistas exigen saber si Atucha I está bajo alerta de cierre
Fecha de Publicación: 19/08/2012
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Nacional
Se detectaron fallas en un reactor de Bélgica, construido por la misma empresa que fuera responsable del equipo argentino. Piden que el Gobierno haga público el estado de la central.
Las organizaciones ambientalistas Greenpeace, Los Verdes y FARN demandaron a la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) y a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) que informen si Atucha I se encuentra dentro de la lista de los 20 reactores nucleares que deberían cerrarse para realizar controles.
La solicitud tuvo lugar después de que la Agencia Federal Nuclear belga (AFNB), que elabora la lista, ordenara el cierre preventivo del reactor belga Doel-3 por fallas registradas en la vasija de contención del reactor.
La empresa fabricante de este elemento, la holandesa RDM (Rotterdamsche Droogdok Maatschappij, ya inexistente), participó en la fabricación de, por lo menos, 20 reactores distribuidos en ocho países, dentro de los cuales se encuentra Argentina, según el francés Le Monde.
El pedido de los ambientalistas se basa en el vínculo comercial que tuvieron la cuestionada empresa holandesa y la CNEA durante la construcción de Atucha I, entre 1968 y 1974. El recipiente de presión de la central se fabricó en los talleres de la firma Ruhrstahl de Hattingen (Alemania Federal) y RDM de Rotterdam (Holanda).
"Existe una alta probabilidad de que RDM haya provisto el recipiente de contención a la central de Atucha I, por lo que la CNEA y la ARN deben confirmar públicamente si esto es así. En caso de serlo, se debe someter Atucha I a las mismas revisiones que se están realizando en los reactores europeos", señaló Juan Carlos Villalonga, de Los Verdes, en un comunicado.
"Los gobiernos no pueden jugar con la seguridad de la gente. Si la ARN confirma que esta empresa ha sido proveedora argentina, el Gobierno Nacional debe ordenar el cierre inmediato de Atucha I y asegurar un control exhaustivo e independiente de la situación", sostuvo por su parte Mauro Fernández, de Greenpeace, organización que viene reclamando al gobierno el cierre de plantas nucleares.
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Fecha de Publicación: 19/08/2012
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Nacional
Se detectaron fallas en un reactor de Bélgica, construido por la misma empresa que fuera responsable del equipo argentino. Piden que el Gobierno haga público el estado de la central.Las organizaciones ambientalistas Greenpeace, Los Verdes y FARN demandaron a la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) y a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) que informen si Atucha I se encuentra dentro de la lista de los 20 reactores nucleares que deberían cerrarse para realizar controles.
La solicitud tuvo lugar después de que la Agencia Federal Nuclear belga (AFNB), que elabora la lista, ordenara el cierre preventivo del reactor belga Doel-3 por fallas registradas en la vasija de contención del reactor.
La empresa fabricante de este elemento, la holandesa RDM (Rotterdamsche Droogdok Maatschappij, ya inexistente), participó en la fabricación de, por lo menos, 20 reactores distribuidos en ocho países, dentro de los cuales se encuentra Argentina, según el francés Le Monde.
El pedido de los ambientalistas se basa en el vínculo comercial que tuvieron la cuestionada empresa holandesa y la CNEA durante la construcción de Atucha I, entre 1968 y 1974. El recipiente de presión de la central se fabricó en los talleres de la firma Ruhrstahl de Hattingen (Alemania Federal) y RDM de Rotterdam (Holanda).
"Existe una alta probabilidad de que RDM haya provisto el recipiente de contención a la central de Atucha I, por lo que la CNEA y la ARN deben confirmar públicamente si esto es así. En caso de serlo, se debe someter Atucha I a las mismas revisiones que se están realizando en los reactores europeos", señaló Juan Carlos Villalonga, de Los Verdes, en un comunicado.
"Los gobiernos no pueden jugar con la seguridad de la gente. Si la ARN confirma que esta empresa ha sido proveedora argentina, el Gobierno Nacional debe ordenar el cierre inmediato de Atucha I y asegurar un control exhaustivo e independiente de la situación", sostuvo por su parte Mauro Fernández, de Greenpeace, organización que viene reclamando al gobierno el cierre de plantas nucleares.
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Las muertes del Ceamse
Las muertes que genera el basural de González Catán
Fecha de Publicación: 19/08/2012
Fuente: Miradas al Sur
Provincia/Región: Buenos Aires
La ciudad del partido de La Matanza está seriamente afectada por el relleno sanitario del Ceamse: contaminación, leucemia y afecciones poco comunes como moneda corriente entre grandes y chicos.
Lo que ellos plantean afuera es que nosotros somos unos mentirosos”, dice Celia Frutos, de la ONG Vecinos Autoconvocados de Catán contra la Ceamse. Las pruebas de la infamia sobran: cualquiera que se acerque a esta ciudad del partido de La Matanza, en la Provincia de Buenos Aires, podrá ver que esos “mentirosos” están siendo contaminados desde hace 33 años.
A fines de los ’90, los vecinos empezaron a notar que algo estaba pasando en Catán. Pero no sabían cuál podía ser la causa. Se estaban empezando a infectar muchos chicos con enfermedades autoinmunes, leucemia. “Esto es como un barrio: te ibas enterando que tal murió, que el hijo de otro se enfermó, y así. Era muy raro que un adolescente tuviera un ACV, pero así fue”, cuenta Celia. Así se empezaron a juntar los vecinos y pudieron organizar las primeras reuniones.
En principio, hacia 2003, le pedían a las autoridades que investigaran cuáles eran los motivos de tantas enfermedades. “Hasta ese momento sospechábamos que la contaminación podría venir del Ceamse, las canteras, el crematorio, alguno de los tres cementerios que nos rodean. Hasta que logramos que el Ministerio de Salud provincial hiciera análisis de agua en las cuatro escuelas linderas y en las casas de algunos vecinos para demostrar cuál era realmente la causa.”
Entonces empezaron a enviar los resultados y los pedidos de cierre a todas las secretarías y ministerios de Salud y Ambiente: el agua estaba contaminada con cromo, y había sido declarada no apta para consumo. “Fuimos avanzando con las muestras, y aunque ya habíamos comprobado que había contaminación en tierra, aire y agua, en La Matanza nos trataban de mentirosos, y hasta al propio ministerio”, cuenta Celia asombrada.
En 2005, hicieron una denuncia penal por residuos peligrosos. Y comenzó un proceso mucho más arduo que el que habían transitado. En ese expediente se presentó la historia clínica de 1.200 vecinos, en donde sólo dos personas no estaban enfermas, pero todas tenían un denominador común: cromo en orina. La evaluación –hecha por el cuerpo médico forense de la Nación– obligó el análisis subterráneo de los acuíferos Puelche y Pampeano. Con los resultados en la mano, el perito por parte de la Ceamse no pudo desentenderse del tema: el Puelche y el Pampeano están contaminados con metales, y ese agua, sin tratamiento previo, no se puede consumir.
¿Se puede vivir? La contaminación parece no tener solución: “El agua que llega a nuestras casas es de pozo y no logramos que nos den los resultados de metales pesados, necesitamos esos análisis, queremos saber si tiene lo mismo que se encontró en las personas: plomo, arsénico, cromo. Queremos saber qué es lo que estamos tomando nosotros”, dice Domingo, vecino de Catán, a quien hace pocas semanas le habilitaron la red junto con una nota que aseguraba la potabilidad del agua. “Llamás al 0800 que te figura en la factura y te dicen: ‘no se preocupe que el agua es tratada bacteriológicamente’. Sí, les respondo siempre, pero no por metales. Y no saben qué responderme.”
Otra vecina, Graciela, cuenta que “no tienen cómo comprobar que el agua no está contaminada: primero le echaron la culpa a los pozos negros, y después, a las napas”. El problema de la profundidad de los pozos se da porque el agua viaja a cierta altura y, cuando llega al pozo, los metales caen y se concentran. Por eso, al extraerse agua de allí, lleva más veneno a las casas.
Pero, además del miedo, los resultados causan más angustia. Mingo lo sabe: a su nieto de cuatro años le encontraron plomo en sangre. “Mi hijo vive a ocho cuadras del Ceamse, y a mi nieto le encontraron metales en un análisis de sangre que hicieron oficialmente mientras hacían relevamientos por la cuenca Matanza Riachuelo. Todavía no puedo conseguir que me den los resultados de sus análisis.” Ese día, lo llevaron a un módulo en un barrio cercano, en Virrey del Pino, le pincharon el dedito, le sacaron sangre y a los pocos segundos tuvieron el resultado: plomo. “Le vamos a sacar sangre para mandarla a analizar”, le dijeron a Mingo. Esos resultados no se los entregaron nunca, y cuando fue a reclamarlos, se los negaron. “Hasta que hablé con una doctora que había venido y con buena voluntad hurgó en los archivos de una computadora. Ahí me enteré que el permitido de plomo en sangre es de 10, y mi nieto tiene 11.” El abuelo repite una y otra vez la pregunta: “Si saben que estamos contaminados, ¿por qué no se interesan por nosotros?”.
El barrio Nicol –que hace poco salió en algunos noticieros porque uno de sus colegios no tenía baño propio, sino químicos– está de espalda al relleno sanitario, y entre tres y cinco metros por debajo de la altura media de Catán. Allí viven los más afectados. “Acá se prometieron 19 salas de auxilio y no hay ninguna. Lo que necesitamos es tecnología de punta para los hospitales, nuestros vecinos no tienen enfermedades como para hacerles primeros auxilios, están muy graves.” Desde mayo de 2004, las enfermedades que fueron relevadas en diferentes barrios y manzanas van desde asma, dermatitis, alergia, conjuntivitis, disminución visual, trastornos respiratorios, trastornos en vías urinarias y trastornos estomacales, hasta las más graves: leucemia, púrpura, lupus y deficiencias cardíacas.
El proyecto. El Centro Ambiental de Reconversión Energética (Care) ya está en construcción. Daniel Iglesias, su jefe Técnico, cuenta que la planta está instalada a unos tres kilometros del relleno sanitario –en la Ruta provincial 1001 y Conde–, y que todo el predio –unas 25 hectáreas– está destinado a todas las etapas. “Ahora estamos construyendo en las primeras cuatro, en las que habrá una nave industrial de seis mil metros cuadrados, una planta de clasificacion manual y mecánica, un edificio administrativo y entrada simultánea y descarga de hasta 10 camiones a la vez.” Y remarca una y otra vez que “está preparado para procesar 1.500 toneladas por día, para basura de La Matanza y solamente de La Matanza”.
Iglesias cuenta que en la primera etapa se clasificarán y recuperarán –según lo ofertado en el pliego por la empresa adjudicataria (Los Mallines SRL e Instalmat SRL, una, especialista en movimientos de suelo y la otra, en construcciones civiles)–, el 11% del material reciclable –papel, diario, cartón– y un 28% en combustible sólido recuperado. “Con eso estamos en condiciones de disminuir el 40% del enterramiento. El otro 60%, en un principio, lo seguiremos llevando al relleno sanitario”, cuenta el jefe técnico. “Mientras tanto estamos evaluando las tecnologías de la segunda etapa para empezar a escribir el pliego y ver qué ofertas recibimos.” Según sus cálculos, en octubre de 2014, ese 60% se podrá convertir en energía, biocombustible o energía eléctrica. “Esa es la idea fundamental y la filosofía del Care, que va de la mano de una fuerte campaña sobre recolección diferenciada y separación en origen”, cuenta, y que a partir del mes que viene se incluirá a 630 cooperativistas del plan Argentina Trabaja. “Estamos tratando de recuperar todo lo posible en la calle, de la mano de los recicladores urbanos, para que cada vez venga menos material acá. La idea no es, como piensan alguno, importar basura o generar cada vez más. Por eso nosotros pensamos una planta de 1.500 toneladas, y en vías de reducción.”
El fin: “Todo esto se hace para el cierre progresivo del Ceamse. Lo que pasa es que hay que ser realistas, como con el tema del Riachuelo. En la primera instancia reducimos una gran parte de basura, que en un año es mucho. Estamos hablando de cerrar el Ceamse de acá a cinco años aproximadamente. Después vendrá todo el proceso del poscierre”, dice. “Yo creo que la gente quiere ver que no entre ningún camión más al Ceamse. Por eso, tiro un estimado: octubre de 2015. Para esa fecha se le pone una cadena con candado a la tranquera puertas afuera y no ingresa más nadie. Lo que sí queda es un trabajo arduo de adentro, con esa montaña. Y poder recuperarlo como espacio público.”
Graciela cuenta que no hay un plan ni para los enfermos ni para los que se siguen contaminando. Que les recomiendan que se muden a otro lugar, pero muy poca gente lo logra. Primero, porque nadie quiere comprar una casa ahí; segundo, porque tampoco los quieren indemnizar para que se vayan. “Desde el municipio nos tratan como si fuéramos 20 o 30 inadaptados. Supuestamente, 2.600 millones están de acuerdo con el Care.” Ese número es el total de los habitantes de La Matanza; en Catán son 270 mil aproximadamente. “A mí me parece que a más de 30 años de salvarle el pellejo a otra gente ya es hora de decir: la basura acá no. Por el respeto a las personas que no contrajeron las enfermedades y las trajeron acá, sino que se las agarraron por el Ceamse, es hora de tratar el tema basura en serio. Nosotros tenemos derecho de no querer más la basura acá, ya está, el daño que causaron ya lo causaron, no lo continúen más.”
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Fecha de Publicación: 19/08/2012
Fuente: Miradas al Sur
Provincia/Región: Buenos Aires
La ciudad del partido de La Matanza está seriamente afectada por el relleno sanitario del Ceamse: contaminación, leucemia y afecciones poco comunes como moneda corriente entre grandes y chicos.Lo que ellos plantean afuera es que nosotros somos unos mentirosos”, dice Celia Frutos, de la ONG Vecinos Autoconvocados de Catán contra la Ceamse. Las pruebas de la infamia sobran: cualquiera que se acerque a esta ciudad del partido de La Matanza, en la Provincia de Buenos Aires, podrá ver que esos “mentirosos” están siendo contaminados desde hace 33 años.
A fines de los ’90, los vecinos empezaron a notar que algo estaba pasando en Catán. Pero no sabían cuál podía ser la causa. Se estaban empezando a infectar muchos chicos con enfermedades autoinmunes, leucemia. “Esto es como un barrio: te ibas enterando que tal murió, que el hijo de otro se enfermó, y así. Era muy raro que un adolescente tuviera un ACV, pero así fue”, cuenta Celia. Así se empezaron a juntar los vecinos y pudieron organizar las primeras reuniones.
En principio, hacia 2003, le pedían a las autoridades que investigaran cuáles eran los motivos de tantas enfermedades. “Hasta ese momento sospechábamos que la contaminación podría venir del Ceamse, las canteras, el crematorio, alguno de los tres cementerios que nos rodean. Hasta que logramos que el Ministerio de Salud provincial hiciera análisis de agua en las cuatro escuelas linderas y en las casas de algunos vecinos para demostrar cuál era realmente la causa.”
Entonces empezaron a enviar los resultados y los pedidos de cierre a todas las secretarías y ministerios de Salud y Ambiente: el agua estaba contaminada con cromo, y había sido declarada no apta para consumo. “Fuimos avanzando con las muestras, y aunque ya habíamos comprobado que había contaminación en tierra, aire y agua, en La Matanza nos trataban de mentirosos, y hasta al propio ministerio”, cuenta Celia asombrada.
En 2005, hicieron una denuncia penal por residuos peligrosos. Y comenzó un proceso mucho más arduo que el que habían transitado. En ese expediente se presentó la historia clínica de 1.200 vecinos, en donde sólo dos personas no estaban enfermas, pero todas tenían un denominador común: cromo en orina. La evaluación –hecha por el cuerpo médico forense de la Nación– obligó el análisis subterráneo de los acuíferos Puelche y Pampeano. Con los resultados en la mano, el perito por parte de la Ceamse no pudo desentenderse del tema: el Puelche y el Pampeano están contaminados con metales, y ese agua, sin tratamiento previo, no se puede consumir.
¿Se puede vivir? La contaminación parece no tener solución: “El agua que llega a nuestras casas es de pozo y no logramos que nos den los resultados de metales pesados, necesitamos esos análisis, queremos saber si tiene lo mismo que se encontró en las personas: plomo, arsénico, cromo. Queremos saber qué es lo que estamos tomando nosotros”, dice Domingo, vecino de Catán, a quien hace pocas semanas le habilitaron la red junto con una nota que aseguraba la potabilidad del agua. “Llamás al 0800 que te figura en la factura y te dicen: ‘no se preocupe que el agua es tratada bacteriológicamente’. Sí, les respondo siempre, pero no por metales. Y no saben qué responderme.”
Otra vecina, Graciela, cuenta que “no tienen cómo comprobar que el agua no está contaminada: primero le echaron la culpa a los pozos negros, y después, a las napas”. El problema de la profundidad de los pozos se da porque el agua viaja a cierta altura y, cuando llega al pozo, los metales caen y se concentran. Por eso, al extraerse agua de allí, lleva más veneno a las casas.
Pero, además del miedo, los resultados causan más angustia. Mingo lo sabe: a su nieto de cuatro años le encontraron plomo en sangre. “Mi hijo vive a ocho cuadras del Ceamse, y a mi nieto le encontraron metales en un análisis de sangre que hicieron oficialmente mientras hacían relevamientos por la cuenca Matanza Riachuelo. Todavía no puedo conseguir que me den los resultados de sus análisis.” Ese día, lo llevaron a un módulo en un barrio cercano, en Virrey del Pino, le pincharon el dedito, le sacaron sangre y a los pocos segundos tuvieron el resultado: plomo. “Le vamos a sacar sangre para mandarla a analizar”, le dijeron a Mingo. Esos resultados no se los entregaron nunca, y cuando fue a reclamarlos, se los negaron. “Hasta que hablé con una doctora que había venido y con buena voluntad hurgó en los archivos de una computadora. Ahí me enteré que el permitido de plomo en sangre es de 10, y mi nieto tiene 11.” El abuelo repite una y otra vez la pregunta: “Si saben que estamos contaminados, ¿por qué no se interesan por nosotros?”.
El barrio Nicol –que hace poco salió en algunos noticieros porque uno de sus colegios no tenía baño propio, sino químicos– está de espalda al relleno sanitario, y entre tres y cinco metros por debajo de la altura media de Catán. Allí viven los más afectados. “Acá se prometieron 19 salas de auxilio y no hay ninguna. Lo que necesitamos es tecnología de punta para los hospitales, nuestros vecinos no tienen enfermedades como para hacerles primeros auxilios, están muy graves.” Desde mayo de 2004, las enfermedades que fueron relevadas en diferentes barrios y manzanas van desde asma, dermatitis, alergia, conjuntivitis, disminución visual, trastornos respiratorios, trastornos en vías urinarias y trastornos estomacales, hasta las más graves: leucemia, púrpura, lupus y deficiencias cardíacas.
El proyecto. El Centro Ambiental de Reconversión Energética (Care) ya está en construcción. Daniel Iglesias, su jefe Técnico, cuenta que la planta está instalada a unos tres kilometros del relleno sanitario –en la Ruta provincial 1001 y Conde–, y que todo el predio –unas 25 hectáreas– está destinado a todas las etapas. “Ahora estamos construyendo en las primeras cuatro, en las que habrá una nave industrial de seis mil metros cuadrados, una planta de clasificacion manual y mecánica, un edificio administrativo y entrada simultánea y descarga de hasta 10 camiones a la vez.” Y remarca una y otra vez que “está preparado para procesar 1.500 toneladas por día, para basura de La Matanza y solamente de La Matanza”.
Iglesias cuenta que en la primera etapa se clasificarán y recuperarán –según lo ofertado en el pliego por la empresa adjudicataria (Los Mallines SRL e Instalmat SRL, una, especialista en movimientos de suelo y la otra, en construcciones civiles)–, el 11% del material reciclable –papel, diario, cartón– y un 28% en combustible sólido recuperado. “Con eso estamos en condiciones de disminuir el 40% del enterramiento. El otro 60%, en un principio, lo seguiremos llevando al relleno sanitario”, cuenta el jefe técnico. “Mientras tanto estamos evaluando las tecnologías de la segunda etapa para empezar a escribir el pliego y ver qué ofertas recibimos.” Según sus cálculos, en octubre de 2014, ese 60% se podrá convertir en energía, biocombustible o energía eléctrica. “Esa es la idea fundamental y la filosofía del Care, que va de la mano de una fuerte campaña sobre recolección diferenciada y separación en origen”, cuenta, y que a partir del mes que viene se incluirá a 630 cooperativistas del plan Argentina Trabaja. “Estamos tratando de recuperar todo lo posible en la calle, de la mano de los recicladores urbanos, para que cada vez venga menos material acá. La idea no es, como piensan alguno, importar basura o generar cada vez más. Por eso nosotros pensamos una planta de 1.500 toneladas, y en vías de reducción.”
El fin: “Todo esto se hace para el cierre progresivo del Ceamse. Lo que pasa es que hay que ser realistas, como con el tema del Riachuelo. En la primera instancia reducimos una gran parte de basura, que en un año es mucho. Estamos hablando de cerrar el Ceamse de acá a cinco años aproximadamente. Después vendrá todo el proceso del poscierre”, dice. “Yo creo que la gente quiere ver que no entre ningún camión más al Ceamse. Por eso, tiro un estimado: octubre de 2015. Para esa fecha se le pone una cadena con candado a la tranquera puertas afuera y no ingresa más nadie. Lo que sí queda es un trabajo arduo de adentro, con esa montaña. Y poder recuperarlo como espacio público.”
Graciela cuenta que no hay un plan ni para los enfermos ni para los que se siguen contaminando. Que les recomiendan que se muden a otro lugar, pero muy poca gente lo logra. Primero, porque nadie quiere comprar una casa ahí; segundo, porque tampoco los quieren indemnizar para que se vayan. “Desde el municipio nos tratan como si fuéramos 20 o 30 inadaptados. Supuestamente, 2.600 millones están de acuerdo con el Care.” Ese número es el total de los habitantes de La Matanza; en Catán son 270 mil aproximadamente. “A mí me parece que a más de 30 años de salvarle el pellejo a otra gente ya es hora de decir: la basura acá no. Por el respeto a las personas que no contrajeron las enfermedades y las trajeron acá, sino que se las agarraron por el Ceamse, es hora de tratar el tema basura en serio. Nosotros tenemos derecho de no querer más la basura acá, ya está, el daño que causaron ya lo causaron, no lo continúen más.”
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Santiago sondea la energía geotérmica
Investigan la posibilidad de generar energía geotérmica
Fecha de Publicación: 18/08/2012
Fuente: Nuevo Diario
Provincia/Región: Santiago del Estero
Realizaron primeros sondeos de investigación técnica, consistentes en determinar la factibilidad de encontrar vapores endógenos.
Especialistas en investigación geológica y minera de acuíferos termales y vapores endógenos realizaron en la ciudad de Las Termas de Río Hondo las primeras tareas de prospección y exploración de los recursos geotermales de la ciudad, con la intención de determinar fehacientemente sus características hidrogeológicas para poder aprovechar el uso de este tipo de energía alternativa para la provincia.
Por tal motivo, el Gobierno de la Provincia firmó un convenio y asistencia técnica para dicho trabajo, conjuntamente con la Secretaría de Desarrollo, Ciencia y Tecnología y Gestión Pública de la Provincia y la UNSE, a través del Departamento de Geología y Geotecnia y el Instituto de Tecnología Aplicada de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías de la UNSE y la Secretaria de Minería de la Nación.
Estudiar los reservorios
La investigación surgió a partir de indicios desde la Secretaría de Ciencia de Tecnología y el Instituto de Tecnología Aplicadas de la UNSE, que realizó el planteo a la Dirección de Minería de la Provincia y a la Secretaría de Minería de la Nación para investigar en profundidad sobre el tema.
Al respecto, el CPN Juan Carlos Costas señaló a Nuevo Diario , LV11 y FM 88.1que con gran expectativa, “se realizó la primera etapa de investigación mediante sondeos técnicos, a través de sensores que ayuden a determinar la existencia de vapores endógenos, las cuales generan energía alternativa”, precisó.
El proyecto prevé determinar el volumen del recurso, su sustentabilidad y perdurabilidad en el tiempo. Como antecedente, Costas comentó que en Las Termas de Río Hondo ya existía un pozo de alrededor de 800 metros y un estudio arrojó el dato que a dicha profundidad se registraba una temperatura de 79º.
En este plano, el Servicio Geológico Minero Argentino (Segemar) se encuentra abocada en los estudios magneto-telúricos mediante equipamientos especiales de sondeos técnicos para determinar dicho propósito de trabajo.
Costas indicó además que “los vapores endógenos se encuentran en grandes profundidades de la tierra” y recalcó que en Santiago “no tenemos pozos de 2 mil metros y la idea es que si los estudios son favorables, podamos buscar a partir de allí el apoyo de la Nación y de organismos técnicos como el Segemar, conjuntamente con UNSE y el Gobierno de la Provincia para apoyar férreamente este proyecto de investigación geotérmica”, concluyó.
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Fecha de Publicación: 18/08/2012
Fuente: Nuevo Diario
Provincia/Región: Santiago del Estero
Realizaron primeros sondeos de investigación técnica, consistentes en determinar la factibilidad de encontrar vapores endógenos.
Especialistas en investigación geológica y minera de acuíferos termales y vapores endógenos realizaron en la ciudad de Las Termas de Río Hondo las primeras tareas de prospección y exploración de los recursos geotermales de la ciudad, con la intención de determinar fehacientemente sus características hidrogeológicas para poder aprovechar el uso de este tipo de energía alternativa para la provincia.
Por tal motivo, el Gobierno de la Provincia firmó un convenio y asistencia técnica para dicho trabajo, conjuntamente con la Secretaría de Desarrollo, Ciencia y Tecnología y Gestión Pública de la Provincia y la UNSE, a través del Departamento de Geología y Geotecnia y el Instituto de Tecnología Aplicada de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías de la UNSE y la Secretaria de Minería de la Nación.
Estudiar los reservorios
La investigación surgió a partir de indicios desde la Secretaría de Ciencia de Tecnología y el Instituto de Tecnología Aplicadas de la UNSE, que realizó el planteo a la Dirección de Minería de la Provincia y a la Secretaría de Minería de la Nación para investigar en profundidad sobre el tema.
Al respecto, el CPN Juan Carlos Costas señaló a Nuevo Diario , LV11 y FM 88.1que con gran expectativa, “se realizó la primera etapa de investigación mediante sondeos técnicos, a través de sensores que ayuden a determinar la existencia de vapores endógenos, las cuales generan energía alternativa”, precisó.
El proyecto prevé determinar el volumen del recurso, su sustentabilidad y perdurabilidad en el tiempo. Como antecedente, Costas comentó que en Las Termas de Río Hondo ya existía un pozo de alrededor de 800 metros y un estudio arrojó el dato que a dicha profundidad se registraba una temperatura de 79º.
En este plano, el Servicio Geológico Minero Argentino (Segemar) se encuentra abocada en los estudios magneto-telúricos mediante equipamientos especiales de sondeos técnicos para determinar dicho propósito de trabajo.
Costas indicó además que “los vapores endógenos se encuentran en grandes profundidades de la tierra” y recalcó que en Santiago “no tenemos pozos de 2 mil metros y la idea es que si los estudios son favorables, podamos buscar a partir de allí el apoyo de la Nación y de organismos técnicos como el Segemar, conjuntamente con UNSE y el Gobierno de la Provincia para apoyar férreamente este proyecto de investigación geotérmica”, concluyó.
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Gualeguaychú quiere volver a La Haya
Gualeguaychú prevé recurrir a La Haya por la "mala fe" de Uruguay y la ex Botnia
Fecha de Publicación: 18/08/2012
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Entre Ríos
El Concejo Deliberante de esa ciudad enviará al Congreso un pedido de acceso a la información sobre el monitoreo de la planta, en la que incluirán el reclamo para que vuelva a interceder la Corte Internacional
El Concejo Deliberante de la ciudad entrerriana de Gualeguaychú aprobó por unanimidad un pedido de acceso a la información sobre los monitoreos a la planta de UPM (ex-Botnia), luego de seis años sin emitir un instrumento institucional vinculado con la lucha ambiental de la región.
Mediante el documento, se solicitará a la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) y a la Cancillería los informes de los resultados de los monitoreos realizados a la planta Orion (UPM, ex Botnia), además de girar esta actuación al Congreso para que evalúe si existen elementos fundados para recurrir nuevamente a la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
Los concejales expresaron que Uruguay “sigue actuando de mala fe”, y plantearon que una vez conocidos los resultados del monitoreo realizado en forma continua desde hace 14 meses, el Congreso argentino evalúe si es necesario que se recurra otra vez a la justicia internacional.
El Concejo Deliberante manifestó que “a pesar de que se han realizado 14 monitoreos en la planta de UPM, aún se desconocen sus resultados oficiales por la negativa de Uruguay a dejar sin efecto la norma especial para la planta de UPM en lo que hace al estándar temperatura”.
“Se estaría incrementando la contaminación y otros efectos nocivos en el curso fluvial”, agregaron.
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Fecha de Publicación: 18/08/2012
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Entre Ríos
El Concejo Deliberante de esa ciudad enviará al Congreso un pedido de acceso a la información sobre el monitoreo de la planta, en la que incluirán el reclamo para que vuelva a interceder la Corte InternacionalEl Concejo Deliberante de la ciudad entrerriana de Gualeguaychú aprobó por unanimidad un pedido de acceso a la información sobre los monitoreos a la planta de UPM (ex-Botnia), luego de seis años sin emitir un instrumento institucional vinculado con la lucha ambiental de la región.
Mediante el documento, se solicitará a la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) y a la Cancillería los informes de los resultados de los monitoreos realizados a la planta Orion (UPM, ex Botnia), además de girar esta actuación al Congreso para que evalúe si existen elementos fundados para recurrir nuevamente a la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
Los concejales expresaron que Uruguay “sigue actuando de mala fe”, y plantearon que una vez conocidos los resultados del monitoreo realizado en forma continua desde hace 14 meses, el Congreso argentino evalúe si es necesario que se recurra otra vez a la justicia internacional.
El Concejo Deliberante manifestó que “a pesar de que se han realizado 14 monitoreos en la planta de UPM, aún se desconocen sus resultados oficiales por la negativa de Uruguay a dejar sin efecto la norma especial para la planta de UPM en lo que hace al estándar temperatura”.
“Se estaría incrementando la contaminación y otros efectos nocivos en el curso fluvial”, agregaron.
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Quieren que Entre Ríos sea libre de 'fracking'
Quieren que la provincia sea libre de 'fracking'
Fecha de Publicación: 17/08/2012
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Entre Ríos
Organizaciones realizaron un panel en la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER, en el que expusieron los riesgos de esa forma de extracción del hidrocarburo.
El “fracking” es una técnica usada para extraer gas almacenado en pequeños poros o burbujas de rocas impermeables ubicadas a cientos de metros debajo de la superficie. La forma de obtener el hidrocarburo bajo el método de la Fractura Hidráulica es “altamente contaminante”. Con la intención de declarar a Entre Ríos “libre de fracking”, diferentes organizaciones realizaron un panel en la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER, a fin de poner en discusión los peligros que conlleva este tipo de prácticas.
Se destacan como realizadores de la actividad el Observatorio Petrolero Sur, el Instituto Transformar, el Programa de extensión de la UNER “Por una nueva economía” y el Centro de Estudios Municipales y Provinciales.
Hernán Scandizzo, perteneciente al Observatorio Petrolero Sur, dijo a UNO:“Por el momento se está haciendo en una fase experimental en la provincia de Neuquén. Esta práctica tiene desarrollo en Estados Unidos y Canadá. Lo que se quiere es prevenir para que esto no se haga acá”. A su vez señaló que numerosos países europeos y africanos ya rechazaron esta forma de extraer gas.
“Lo que pasa con los hidrocarburos no convencionales es que se reconfigura todo el mapa. Entonces provincias como Entre Ríos, Corrientes, Chaco o Santa Fe empiezan a tener interés ya que estos yacimientos se encuentran en numerosos lugares”, sostuvo.
Según sus explicaciones, el agua que se inyecta para lograr obtener el gas lleva consigo una variedad de 600 productos tóxicos que luego una parte vuelve a la superficie y otra queda en el subsuelo. “Lo que queremos evitar, es que se haga el fracking en la provincia porque pondría en peligro las napas de agua”, agregó.
Concientizar
Por su parte, la exdiputada nacional por la Coalición Cívica ARI, Fernanda Reyes, dijo: “La idea con la que realizamos esta charla es en el marco de la campaña ‘Sin agua no hay futuro’; hay una búsqueda de la mercantilización del agua para darle un valor comercial”.
También señaló la importancia de “empezar a entender que el agua es un recurso limitado y que la calidad y la accesibilidad también. El avance sobre la contaminación del agua es muy fuerte y tenemos que empezar a concientizarnos de que esto está ocurriendo y va a tener consecuencias”.
En este sentido remarcó la necesidad de generar espacios con organizaciones sociales para que se discutan estas problemáticas.
Asimismo se presentó en el panel el proyecto denominado “Entre Ríos Libre de Fracking”, de la diputada provincial María Emma Bargagna del Frente Amplio Progresista-GEN.
Denuncian restricciones
Miembros del centro de estudios Junta Americana por los Pueblos Libres condenaron las restricciones que recibieron estudiantes de Villaguay, cuando se empeñaban en conocer y difundir un sistema de extracción violento de gas no convencional, conocido como fractura hidráulica o “fracking”, que pone en riesgo los acuíferos.
“Deberían ser felicitados por su responsabilidad social, pero los estudiantes encontraron en cambio una resistencia inexplicable a primera vista en las autoridades de su escuela”, denunciaron a través de una carta y pidieron a los entrerrianos que se sumen a la causa de los alumnos del Colegio Martiniano Leguizamón de Villaguay.
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Fecha de Publicación: 17/08/2012
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Entre Ríos
Organizaciones realizaron un panel en la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER, en el que expusieron los riesgos de esa forma de extracción del hidrocarburo.El “fracking” es una técnica usada para extraer gas almacenado en pequeños poros o burbujas de rocas impermeables ubicadas a cientos de metros debajo de la superficie. La forma de obtener el hidrocarburo bajo el método de la Fractura Hidráulica es “altamente contaminante”. Con la intención de declarar a Entre Ríos “libre de fracking”, diferentes organizaciones realizaron un panel en la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER, a fin de poner en discusión los peligros que conlleva este tipo de prácticas.
Se destacan como realizadores de la actividad el Observatorio Petrolero Sur, el Instituto Transformar, el Programa de extensión de la UNER “Por una nueva economía” y el Centro de Estudios Municipales y Provinciales.
Hernán Scandizzo, perteneciente al Observatorio Petrolero Sur, dijo a UNO:“Por el momento se está haciendo en una fase experimental en la provincia de Neuquén. Esta práctica tiene desarrollo en Estados Unidos y Canadá. Lo que se quiere es prevenir para que esto no se haga acá”. A su vez señaló que numerosos países europeos y africanos ya rechazaron esta forma de extraer gas.
“Lo que pasa con los hidrocarburos no convencionales es que se reconfigura todo el mapa. Entonces provincias como Entre Ríos, Corrientes, Chaco o Santa Fe empiezan a tener interés ya que estos yacimientos se encuentran en numerosos lugares”, sostuvo.
Según sus explicaciones, el agua que se inyecta para lograr obtener el gas lleva consigo una variedad de 600 productos tóxicos que luego una parte vuelve a la superficie y otra queda en el subsuelo. “Lo que queremos evitar, es que se haga el fracking en la provincia porque pondría en peligro las napas de agua”, agregó.
Concientizar
Por su parte, la exdiputada nacional por la Coalición Cívica ARI, Fernanda Reyes, dijo: “La idea con la que realizamos esta charla es en el marco de la campaña ‘Sin agua no hay futuro’; hay una búsqueda de la mercantilización del agua para darle un valor comercial”.
También señaló la importancia de “empezar a entender que el agua es un recurso limitado y que la calidad y la accesibilidad también. El avance sobre la contaminación del agua es muy fuerte y tenemos que empezar a concientizarnos de que esto está ocurriendo y va a tener consecuencias”.
En este sentido remarcó la necesidad de generar espacios con organizaciones sociales para que se discutan estas problemáticas.
Asimismo se presentó en el panel el proyecto denominado “Entre Ríos Libre de Fracking”, de la diputada provincial María Emma Bargagna del Frente Amplio Progresista-GEN.
Denuncian restricciones
Miembros del centro de estudios Junta Americana por los Pueblos Libres condenaron las restricciones que recibieron estudiantes de Villaguay, cuando se empeñaban en conocer y difundir un sistema de extracción violento de gas no convencional, conocido como fractura hidráulica o “fracking”, que pone en riesgo los acuíferos.
“Deberían ser felicitados por su responsabilidad social, pero los estudiantes encontraron en cambio una resistencia inexplicable a primera vista en las autoridades de su escuela”, denunciaron a través de una carta y pidieron a los entrerrianos que se sumen a la causa de los alumnos del Colegio Martiniano Leguizamón de Villaguay.
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La Pampa demandará a Mendoza por el Atuel
La Pampa apura una demanda contra Mendoza
Fecha de Publicación: 17/08/2012
Fuente: Los Andes On Line
Provincia/Región: Mendoza - La Pampa
La Legislatura aprobó una ley para que el Gobernador inicie acciones ante la Corte Suprema.
La Legislatura pampeana aprobó ayer un proyecto que exige al gobernador justicialista Oscar Jorge que, "sin más demora", presente en la Corte Suprema de Justicia de la Nación una demanda ambiental contra la provincia Mendoza por el corte del cauce del río Atuel.
La medida, consideraron los diputados pampeanos en la iniciativa, se debe a las consecuencias generadas por la interrupción del caudal, que generó un proceso de desertificación en un millón de hectáreas y el éxodo de miles de pobladores del oeste pampeano.
Los legisladores pampeanos también pidieron que la Provincia se presente bajo la figura legal de "amicus curiae" (amigo del tribunal) en otra demanda que presentó el abogado Miguel Palazzani contra el Estado mendocino por el mismo tema.
El texto de la iniciativa aprobada ayer en forma unánime fue consensuada por los bloques justicialista y Fremap, un frente que integran la Unión Cívica Radical y el Partido Socialista.
Pese al reclamo legislativo, el gobernador Jorge ratificó en los últimos días que sostendrá su pedido por la vía de la negociación política.
Historia de un conflicto
La Pampa padece la interrupción del caudal del río Atuel desde 1947, cuando fue construido el dique El Nihuil en tierra mendocina.
La obra, según advirtieron varias gestiones de gobierno, provocó la interrupción de río hacia la zona oeste de La Pampa.
En 1987 la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a partir de una demanda del Estado pampeano, consagró "la interprovincialidad" del río y pidió que ambos distritos negocien una solución.
Dos décadas después, en 2008, se firmó el Convenio del Atuel, que estableció entre otros puntos la realización de obras en el sur mendocino para garantizar un caudal mínimo a La Pampa, aunque todavía no se pusieron en marcha los trabajos.
Ese convenio, firmado por el entonces gobernador mendocino Celso Jaque, nunca llegó a la Legislatura de Mendoza para su ratificación, por lo que la dirigencia en general desconoce sus alcances. Por otra parte, fue usado como elemento en la disputa política que suscitó con el ex superintendente general de Irrigación, Eduardo Frigerio.
El legislador radical pampeano Martín Berhongaray expresó a DyN que "de una vez por todas el gobernador tiene que ponerse al frente del reclamo ante Mendoza por la vía judicial".
Además, consideró que "no hay otro camino" para afrontar el tema, "porque los mendocinos -dijo- ya han dado muestra de sobra de no tener intención de soltar agua para La Pampa".
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Fecha de Publicación: 17/08/2012
Fuente: Los Andes On Line
Provincia/Región: Mendoza - La Pampa
La Legislatura aprobó una ley para que el Gobernador inicie acciones ante la Corte Suprema. La Legislatura pampeana aprobó ayer un proyecto que exige al gobernador justicialista Oscar Jorge que, "sin más demora", presente en la Corte Suprema de Justicia de la Nación una demanda ambiental contra la provincia Mendoza por el corte del cauce del río Atuel.
La medida, consideraron los diputados pampeanos en la iniciativa, se debe a las consecuencias generadas por la interrupción del caudal, que generó un proceso de desertificación en un millón de hectáreas y el éxodo de miles de pobladores del oeste pampeano.
Los legisladores pampeanos también pidieron que la Provincia se presente bajo la figura legal de "amicus curiae" (amigo del tribunal) en otra demanda que presentó el abogado Miguel Palazzani contra el Estado mendocino por el mismo tema.
El texto de la iniciativa aprobada ayer en forma unánime fue consensuada por los bloques justicialista y Fremap, un frente que integran la Unión Cívica Radical y el Partido Socialista.
Pese al reclamo legislativo, el gobernador Jorge ratificó en los últimos días que sostendrá su pedido por la vía de la negociación política.
Historia de un conflicto
La Pampa padece la interrupción del caudal del río Atuel desde 1947, cuando fue construido el dique El Nihuil en tierra mendocina.
La obra, según advirtieron varias gestiones de gobierno, provocó la interrupción de río hacia la zona oeste de La Pampa.
En 1987 la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a partir de una demanda del Estado pampeano, consagró "la interprovincialidad" del río y pidió que ambos distritos negocien una solución.
Dos décadas después, en 2008, se firmó el Convenio del Atuel, que estableció entre otros puntos la realización de obras en el sur mendocino para garantizar un caudal mínimo a La Pampa, aunque todavía no se pusieron en marcha los trabajos.
Ese convenio, firmado por el entonces gobernador mendocino Celso Jaque, nunca llegó a la Legislatura de Mendoza para su ratificación, por lo que la dirigencia en general desconoce sus alcances. Por otra parte, fue usado como elemento en la disputa política que suscitó con el ex superintendente general de Irrigación, Eduardo Frigerio.
El legislador radical pampeano Martín Berhongaray expresó a DyN que "de una vez por todas el gobernador tiene que ponerse al frente del reclamo ante Mendoza por la vía judicial".
Además, consideró que "no hay otro camino" para afrontar el tema, "porque los mendocinos -dijo- ya han dado muestra de sobra de no tener intención de soltar agua para La Pampa".
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Según Mussi la sociedad no está bien informada
Habló Mussi: “La sociedad discute mucho porque no está bien informada”
Fecha de Publicación: 16/08/2012
Fuente: Comunicación Ambiental
Provincia/Región: Nacional
El Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación compartió su visión en las VII Jornadas Metropolitanas y I Nacionales de Capacitación Ambiental, organizadas por Sociedad Ambiental. Señaló la ausencia de institucionalidad gubernamental, la manipulación informativa, y habló de varios temas polémicos: la megaminería, los glaciares y los agroquímicos.
A un año y medio de gestión, Mussi empezó aclarando que “el ambiente no está incluido en nuestro estamento gubernamental”. Se refirió a que en algunos municipios ni siquiera tiene lugar como Secretaría o Subsecretaría, o “está dentro de otra cartera como la de Producción” y sin ir más lejos “no hay Ministerio de Ambiente en la Argentina”.
A su vez, admitió que su tarea no es fácil “porque es un tema discutido”. Explicó que “la sociedad discute mucho porque no está bien informada” y relacionó: a “más discusión, menos decisiones, menos respuestas, menos soluciones”.
Sobre los medios de comunicación, Mussi recordó que “en la información hay intereses encontrados, basta con ver cuánto se discute la Minería y qué poco sobre Agroquímicos”, insinuando la participación de los grupos Clarín y La Nación en los agronegocios. En el caso de los pueblos donde las empresas “manejan muchos puestos de trabajo”, éstas tienen el poder de presionar a los medios locales y transmitir la falsa antinomia “trabajo-ambiente”. En síntesis, “falta una figura que coordine todo esto”, confesó.
¿Centralizar y bajar línea?
El Secretario de Ambiente propuso: “hay que despolitizar el tema para que no se use en las campañas políticas cada dos años”. Segundo, resaltó la importancia de la educación ambiental, entendiéndola como “la suma de reiteración de la información”. Por si quedaban dudas, dijo: “hay que machacar”.
¿Pero machacar cuál información? Los manuales de Educación Ambiental lanzados el año pasado de manera conjunta con el Ministerio de Educación de la Nación nunca fueron distribuidos. Mussi expresó a ComAmbiental que “los manuales se presentaron de una manera parcializada” con la opinión de un solo sector en materia de Agroquímicos y de Minería.
En ese sentido, indicó que “desde la Secretaría no podemos oponernos a la soja porque es una actividad muy importante para el país”. El mensaje fue similar para la minería de la que “dependen por lo menos 60 servicios”, sostuvo Mussi. Y aclaró: “la minería a cielo abierto es la única que contamina cuando no se toman los recaudos suficientes. Pedimos a las mineras que la metodología sea la misma que usan en su país de origen”. Corrigió así su "infortunada" frase del año pasado.
“El inventario de Glaciares está hecho casi en un 30%”. En rueda de prensa, Mussi brindó más información al respecto. “Estamos sumando provincias como Catamarca y La Rioja que no habían adherido a la Ley. No es fácil porque estamos en el medio de la montaña y en algunos casos tenemos que pedir permiso a Cancillería porque tenemos que pasar del lado chileno. El inventario tiene que ser comparativo al cabo de un año. Empezó en Mendoza y algunas zonas de San Juan, sin olvidar que las provincias por la Constitución Nacional, son dueñas de los recursos naturales.”
“Falta prevención”
Como médico, Mussi sabe que “prevenir cuesta un tercio de lo que cuesta curar o remediar” y para ello insistió en el rol de las familias, que a su vez se informan a través de los medios y la escuela.
Como corolario dijo: “Hay que acordar en materia ambiental. Cortar calles e imponer mis ideas no es lo mejor”. Para ejemplificar, rememoró que como intendente de Berazategui interrumpió la construcción de la subestación eléctrica de Rigolleau, aplicando el principio precautorio. “Se hizo la evaluación de impacto ambiental y la justicia actuó”, por lo cual no entiende la continuidad de las manifestaciones en contra.
En ese sentido se avergonzó de que los conflictos llegaran a instancias judiciales “porque significa el fracaso de la política”. No obstante, admitió que hubo avances gracias a los fallos, como en el saneamiento del Riachuelo y de la cuenca Salí-Dulce.
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Fecha de Publicación: 16/08/2012
Fuente: Comunicación Ambiental
Provincia/Región: Nacional
El Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación compartió su visión en las VII Jornadas Metropolitanas y I Nacionales de Capacitación Ambiental, organizadas por Sociedad Ambiental. Señaló la ausencia de institucionalidad gubernamental, la manipulación informativa, y habló de varios temas polémicos: la megaminería, los glaciares y los agroquímicos.A un año y medio de gestión, Mussi empezó aclarando que “el ambiente no está incluido en nuestro estamento gubernamental”. Se refirió a que en algunos municipios ni siquiera tiene lugar como Secretaría o Subsecretaría, o “está dentro de otra cartera como la de Producción” y sin ir más lejos “no hay Ministerio de Ambiente en la Argentina”.
A su vez, admitió que su tarea no es fácil “porque es un tema discutido”. Explicó que “la sociedad discute mucho porque no está bien informada” y relacionó: a “más discusión, menos decisiones, menos respuestas, menos soluciones”.
Sobre los medios de comunicación, Mussi recordó que “en la información hay intereses encontrados, basta con ver cuánto se discute la Minería y qué poco sobre Agroquímicos”, insinuando la participación de los grupos Clarín y La Nación en los agronegocios. En el caso de los pueblos donde las empresas “manejan muchos puestos de trabajo”, éstas tienen el poder de presionar a los medios locales y transmitir la falsa antinomia “trabajo-ambiente”. En síntesis, “falta una figura que coordine todo esto”, confesó.
¿Centralizar y bajar línea?
El Secretario de Ambiente propuso: “hay que despolitizar el tema para que no se use en las campañas políticas cada dos años”. Segundo, resaltó la importancia de la educación ambiental, entendiéndola como “la suma de reiteración de la información”. Por si quedaban dudas, dijo: “hay que machacar”.
¿Pero machacar cuál información? Los manuales de Educación Ambiental lanzados el año pasado de manera conjunta con el Ministerio de Educación de la Nación nunca fueron distribuidos. Mussi expresó a ComAmbiental que “los manuales se presentaron de una manera parcializada” con la opinión de un solo sector en materia de Agroquímicos y de Minería.
En ese sentido, indicó que “desde la Secretaría no podemos oponernos a la soja porque es una actividad muy importante para el país”. El mensaje fue similar para la minería de la que “dependen por lo menos 60 servicios”, sostuvo Mussi. Y aclaró: “la minería a cielo abierto es la única que contamina cuando no se toman los recaudos suficientes. Pedimos a las mineras que la metodología sea la misma que usan en su país de origen”. Corrigió así su "infortunada" frase del año pasado.
“El inventario de Glaciares está hecho casi en un 30%”. En rueda de prensa, Mussi brindó más información al respecto. “Estamos sumando provincias como Catamarca y La Rioja que no habían adherido a la Ley. No es fácil porque estamos en el medio de la montaña y en algunos casos tenemos que pedir permiso a Cancillería porque tenemos que pasar del lado chileno. El inventario tiene que ser comparativo al cabo de un año. Empezó en Mendoza y algunas zonas de San Juan, sin olvidar que las provincias por la Constitución Nacional, son dueñas de los recursos naturales.”
“Falta prevención”
Como médico, Mussi sabe que “prevenir cuesta un tercio de lo que cuesta curar o remediar” y para ello insistió en el rol de las familias, que a su vez se informan a través de los medios y la escuela.
Como corolario dijo: “Hay que acordar en materia ambiental. Cortar calles e imponer mis ideas no es lo mejor”. Para ejemplificar, rememoró que como intendente de Berazategui interrumpió la construcción de la subestación eléctrica de Rigolleau, aplicando el principio precautorio. “Se hizo la evaluación de impacto ambiental y la justicia actuó”, por lo cual no entiende la continuidad de las manifestaciones en contra.
En ese sentido se avergonzó de que los conflictos llegaran a instancias judiciales “porque significa el fracaso de la política”. No obstante, admitió que hubo avances gracias a los fallos, como en el saneamiento del Riachuelo y de la cuenca Salí-Dulce.
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