La Angostura: emprendimientos versus bosques
18:14 | 
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Más cruces en La Angostura debido a la Ley de Bosques
Fecha de Publicación: 18/07/2012
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
El intendente Roberto Cacault sostuvo ayer que “es un error plantear el debate” en torno a los proyectos inmobiliarios que impulsa la empresa Cerro Bayo, en distintos sectores estratégicos del ejido municipal.
“Es un error total. Nosotros no estamos planteando+ esa discusión”, señaló. Y explicó que el mapa con las categorías de conservación, tal como está diseñado, no afecta sólo a los proyectos de Cerro Bayo, sino que a todos los emprendimientos.
Cacault sostuvo que el Gobierno reclama recuperar la autonomía municipal para definir su desarrollo urbano. Aclaró que “no estamos en contra de la ley de bosques; estamos de acuerdo que se aplique y se respete”. “No estamos de acuerdo con el mapa”, reiteró.
Reconoció que no comparte el desarrollo inmobiliario que Cerro Bayo impulsa en los alrededores del centro de esquí. “No me gusta la cantidad de unidades que proyectan”, afirmó Cacault.
La empresa pretende vender 171 lotes, donde se podrá construir una vivienda. El proyecto, junto con los expedientes de otros emprendimientos, fue enviado desde el Consejo Consultivo local, que integran concejales del oficialismo y la oposición, representantes de entidades intermedias y del Ejecutivo municipal, al ministro de Desarrollo Territorial, Leandro Bertoya, para que defina si se ajustan a la ley de bosques.
Bertoya es la autoridad de aplicación de la norma sancionada en noviembre pasado por la Legislatura.
Continuidad jurídica
Cacault consignó que aunque no le gusta el proyecto, “hay una continuidad jurídica que se tiene que respetar porque esos proyectos fueron aprobados por el gobierno anterior”.
El concejal del PJ-FpV José Picón renunció al Consejo Consultivo local con fuertes críticas al intendente. El edil señaló en una carta pública que los argumentos que se esgrimen en contra de la ley de bosques “ocultan las verdaderas intenciones, que son satisfacer las pretensiones de los grupos económicos que están detrás de proyectos inmobiliarios”, en zonas que la ley prohíbe expresamente.
La edil del PJ-FpV Valeria Navarro explicó que la renuncia de Picón se resolvió en conjunto y es una postura política porque “no queremos ser cómplices de estas cosas que no vamos a compartir”. “Este tipo de negocios para unos pocos no los vamos a apoyar”, afirmó.
Cacault dijo ayer esas críticas “sólo tratan de ensuciar una figura”. Y planteó que “no hay pueblo turístico que no esté emparentado con las inversiones inmobiliarias”.
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Fecha de Publicación: 18/07/2012
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
El intendente Roberto Cacault sostuvo ayer que “es un error plantear el debate” en torno a los proyectos inmobiliarios que impulsa la empresa Cerro Bayo, en distintos sectores estratégicos del ejido municipal.“Es un error total. Nosotros no estamos planteando+ esa discusión”, señaló. Y explicó que el mapa con las categorías de conservación, tal como está diseñado, no afecta sólo a los proyectos de Cerro Bayo, sino que a todos los emprendimientos.
Cacault sostuvo que el Gobierno reclama recuperar la autonomía municipal para definir su desarrollo urbano. Aclaró que “no estamos en contra de la ley de bosques; estamos de acuerdo que se aplique y se respete”. “No estamos de acuerdo con el mapa”, reiteró.
Reconoció que no comparte el desarrollo inmobiliario que Cerro Bayo impulsa en los alrededores del centro de esquí. “No me gusta la cantidad de unidades que proyectan”, afirmó Cacault.
La empresa pretende vender 171 lotes, donde se podrá construir una vivienda. El proyecto, junto con los expedientes de otros emprendimientos, fue enviado desde el Consejo Consultivo local, que integran concejales del oficialismo y la oposición, representantes de entidades intermedias y del Ejecutivo municipal, al ministro de Desarrollo Territorial, Leandro Bertoya, para que defina si se ajustan a la ley de bosques.
Bertoya es la autoridad de aplicación de la norma sancionada en noviembre pasado por la Legislatura.
Continuidad jurídica
Cacault consignó que aunque no le gusta el proyecto, “hay una continuidad jurídica que se tiene que respetar porque esos proyectos fueron aprobados por el gobierno anterior”.
El concejal del PJ-FpV José Picón renunció al Consejo Consultivo local con fuertes críticas al intendente. El edil señaló en una carta pública que los argumentos que se esgrimen en contra de la ley de bosques “ocultan las verdaderas intenciones, que son satisfacer las pretensiones de los grupos económicos que están detrás de proyectos inmobiliarios”, en zonas que la ley prohíbe expresamente.
La edil del PJ-FpV Valeria Navarro explicó que la renuncia de Picón se resolvió en conjunto y es una postura política porque “no queremos ser cómplices de estas cosas que no vamos a compartir”. “Este tipo de negocios para unos pocos no los vamos a apoyar”, afirmó.
Cacault dijo ayer esas críticas “sólo tratan de ensuciar una figura”. Y planteó que “no hay pueblo turístico que no esté emparentado con las inversiones inmobiliarias”.
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Elaboración de productos con fauna protegida
Comercio ilegal: Ambiente secuestró productos elaborados con especies de la fauna silvestre
Fecha de Publicación: 18/07/2012
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Capital
En un operativo realizado en dos locales de la calle Florida por la Secretaría de Ambiente de la Nación, a cargo del Dr. Juan José Mussi, con la colaboración de la Policía Federal Argentina División Delitos Ambientales, agentes de la Dirección Nacional de Ordenamiento Ambiental y Conservación de la Biodiversidad secuestraron más de 30 productos manufacturados con cueros y pieles de animales de la fauna silvestre.
Los locales verificados carecían de inscripción ante la Dirección de Fauna Silvestre de la Nación y ofrecían a la venta carteras, guantes, billeteras y estolas confeccionadas con las especies mencionadas. La mercadería allanada no contaba con el amparo de la documentación que acreditara su origen legal.
En total, como resultado del procedimiento se procedió al secuestro de 34 productos manufacturados con cueros y pieles de animales de la fauna silvestre.
La Ley 22.421 y sus normas establecen la obligatoriedad de inscribirse en los registros de la DFS a todas aquellas personas físicas o jurídicas que se dediquen a cualquier etapa de la comercialización de animales vivos, productos y subproductos de la fauna silvestre, así como asentar en sus registros en tiempo y forma la documentación relacionada con el origen de las mismas.
Asimismo, la normativa establece la obligatoriedad de colocar una estampilla a todos los productos manufacturados que se encuentren a la venta y en exhibición, de tal forma que dicha estampilla no pueda ser removida de los productos y por consiguiente evitar su reutilización. Las estampillas deben ser adquiridas en la Secretaría de Ambiente de la Nación, luego de presentar un formulario con carácter de declaración jurada y que se verifique que el interesado tiene en sus registros el saldo relacionado con la mercadería declarada.
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Fecha de Publicación: 18/07/2012
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Capital
En un operativo realizado en dos locales de la calle Florida por la Secretaría de Ambiente de la Nación, a cargo del Dr. Juan José Mussi, con la colaboración de la Policía Federal Argentina División Delitos Ambientales, agentes de la Dirección Nacional de Ordenamiento Ambiental y Conservación de la Biodiversidad secuestraron más de 30 productos manufacturados con cueros y pieles de animales de la fauna silvestre.Los locales verificados carecían de inscripción ante la Dirección de Fauna Silvestre de la Nación y ofrecían a la venta carteras, guantes, billeteras y estolas confeccionadas con las especies mencionadas. La mercadería allanada no contaba con el amparo de la documentación que acreditara su origen legal.
En total, como resultado del procedimiento se procedió al secuestro de 34 productos manufacturados con cueros y pieles de animales de la fauna silvestre.
La Ley 22.421 y sus normas establecen la obligatoriedad de inscribirse en los registros de la DFS a todas aquellas personas físicas o jurídicas que se dediquen a cualquier etapa de la comercialización de animales vivos, productos y subproductos de la fauna silvestre, así como asentar en sus registros en tiempo y forma la documentación relacionada con el origen de las mismas.
Asimismo, la normativa establece la obligatoriedad de colocar una estampilla a todos los productos manufacturados que se encuentren a la venta y en exhibición, de tal forma que dicha estampilla no pueda ser removida de los productos y por consiguiente evitar su reutilización. Las estampillas deben ser adquiridas en la Secretaría de Ambiente de la Nación, luego de presentar un formulario con carácter de declaración jurada y que se verifique que el interesado tiene en sus registros el saldo relacionado con la mercadería declarada.
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Wichís de Salta protestan por los desmontes
Salta. Indígenas acampan en la ruta para impedir el desmonte de sus tierras
Fecha de Publicación: 17/07/2012
Fuente: Contacto Politico
Provincia/Región: Salta
Comunidades wichí del municipio de Embarcación, Salta, decidieron acampar a la vera de la ruta 81 –a la altura de Fortín Dragones- en un nuevo intento por detener los desmontes en su Territorio.
Según informaron referentes de la Federación Wichí de la Cuenca del Río Bermejo, un empresario del sector agroindustrial pretende desmontar territorio comunitario que está afectado por el relevamiento realizado por organismos provinciales y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INAI) en el marco de la ley 26.160, lo que implicaría una violación al marco jurídico vigente.
Frente a las denuncias de la Federación Wichí, funcionarios de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Salta viajaron a la zona y se desentendieron de la situación alegando que el empresario contaba con el permiso de desmonte ya que cumplía con los requisitos que impone la normativa provincial. Ante esta situación las comunidades wichí de ruta 53 y 81, con apoyo de familias criollas, demandan la intervención del INAI para frenar las topadoras.
La falta de respuestas a las demandas formuladas por la Federación Wichí se han convertido en regla tanto en la provincia como en el INAI. Cabe destacar que esta situación de desatención allana el terreno a las amenazas de muerte y mensajes intimidatorios recibidos por referentes de la organización wichí que encabezan la lucha contra los desmontes y las talas selectivas llevadas adelante por empresarios madereros. En más de una oportunidad los comuneros intentaron denunciar estos hechos en las delegaciones policiales de la zona pero estas no fueron recibidas, en un claro acto de discriminación y, quizá, de encubrimiento.
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Fecha de Publicación: 17/07/2012
Fuente: Contacto Politico
Provincia/Región: Salta
Comunidades wichí del municipio de Embarcación, Salta, decidieron acampar a la vera de la ruta 81 –a la altura de Fortín Dragones- en un nuevo intento por detener los desmontes en su Territorio.
Según informaron referentes de la Federación Wichí de la Cuenca del Río Bermejo, un empresario del sector agroindustrial pretende desmontar territorio comunitario que está afectado por el relevamiento realizado por organismos provinciales y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INAI) en el marco de la ley 26.160, lo que implicaría una violación al marco jurídico vigente.
Frente a las denuncias de la Federación Wichí, funcionarios de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Salta viajaron a la zona y se desentendieron de la situación alegando que el empresario contaba con el permiso de desmonte ya que cumplía con los requisitos que impone la normativa provincial. Ante esta situación las comunidades wichí de ruta 53 y 81, con apoyo de familias criollas, demandan la intervención del INAI para frenar las topadoras.
La falta de respuestas a las demandas formuladas por la Federación Wichí se han convertido en regla tanto en la provincia como en el INAI. Cabe destacar que esta situación de desatención allana el terreno a las amenazas de muerte y mensajes intimidatorios recibidos por referentes de la organización wichí que encabezan la lucha contra los desmontes y las talas selectivas llevadas adelante por empresarios madereros. En más de una oportunidad los comuneros intentaron denunciar estos hechos en las delegaciones policiales de la zona pero estas no fueron recibidas, en un claro acto de discriminación y, quizá, de encubrimiento.
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Dolares: para las mineras el cepo no estan rígido
Las penas son de nosotros, los dólares son de las mineras
Fecha de Publicación: 16/07/2012
Fuente: No a la Mina - Por Miguel Bonasso
Provincia/Región: Nacional
Mientras los sabuesos de la AFIP revuelven los colchones de los jubilados amarretes en busca de dólares, el gobierno le concede a la Barrick Gold y las otras empresas megamineras que liquiden las divisas de sus exportaciones en 120 días y no en 30 como se había establecido inicialmente y como deben hacerlo otras empresas. El pingüe negocio financiero que significan el plazo extra se dio después de las reuniones que mantuvo el ministro Julio De Vido con el capo de Barrick, Peter Munk, en Nueva York.
El privilegio es tan escandaloso que hasta Página/12 se ocupó del tema en algunas notas de crítica light. El pingüe negocio financiero que significan 90 días de plazo extra se dio, por cierto, después de las reuniones que mantuvo el ministro Julio De Vido con el capo de Barrick, Peter Munk, en el contexto de una de las clásicas apariciones de Cristina en el Council of the Americas, el santuario de David Rockefeller en Nueva York.
En Buenos Aires también hubo reuniones de Barrick Gold y Xstrata (que explota Bajo la Alumbrera) con De Vido, el secretario de Minería Jorge Mayoral (que compartía oficinas con la Barrick) y el temible bolchevique Axel Kicillof. Las mineras –según informó Javier Lewkovicz en Página/12- "justificaron la necesidad de extender el plazo de liquidación en función del largo viaje hacia destinos de Canadá; China o Suiza. También advirtieron que la certificación del precio y la calidad del mineral se realiza en la refinería que lo adquiere, situación que alarga los tiempos y que también constituye una de las principales críticas hacia el sector, ya que esa modalidad se presta a maniobras de subfacturación".
Como seguramente lo saben los amigos de este blog (bonasso-elmal.blogspot.com), nadie mete las narices en los lingotes de metal dorée que salen del aeropuerto privado de la Barrick en Veladero, en la desolada terraza de los Andes. Cada ladrillo de esos lleva una mezcla de oro, plata, cobre y otros 14 minerales estratégicos que no suelen declararse. En lejanas refinerías las corporaciones separan la paja del trigo y cobran millones de dólares por los distintos metales preciosos que contienen los lingotes. Esa separación se opera a miles de kilómetros de distancia de la Argentina y no hay inspectores de la AFIP a la vista. Las mineras, como las petroleras, se limitan a consignar el contenido y el valor de sus exportaciones en declaraciones juradas que el Fisco acepta a pies juntillas. Al cabo hay una distancia sideral entre un caballero como Peter Munk y los cretinos locales que por una añeja degeneración cultural pretenden ahorrar en dólares.
Durante años, como diputado nacional, presenté y representé un proyecto para controlar on line lo que Repsol y las otras petroleras sacaban realmente de los pozos y lo que las mineras como Barrick sacaban de los rajos abiertos en nuestra Cordillera. Esos proyectos eran idefectiblemente girados a la Comisión de Energía y allí naufragaban.
No pretendo ser Nostradamus, pero en los fundamentos de aquel proyecto que no fue, advertía que nos íbamos a quedar sin petróleo y sin gas, que deberíamos importar en el futuro a precios internacionales en inevitable ascenso (guerras e invasiones mediante). Es exactamente lo que está sucediendo y lo que recién descubrieron el oscuro De Vido y el iluminado Kicillof, cuando recordaron los nueve años de saqueo y rentas extraordinarias de Repsol, que coinciden exactamente con los nueve años de edad del Proyecto K. La gruesa factura energética, que supera los doce mil millones de dólares, es precisamente una de las razones de la sequía de billetes verdes y el consiguiente control de cambios. La otra razón de la astringencia en materia de divisas es el pago puntual de la deuda externa, incluyendo la que contrajo la dictadura y es –de manera manifiesta y judicial- "deuda odiosa".
"El Mal", como vemos, sigue viento en popa, a pesar del cantar de gesta pseudonacionalizadora, que celebran los intelectuales orgánicos del Modelo K.
La verdad, como bien decía Rodolfo Walsh (convertido ahora en muñequito para coleccionar por los demiurgos de Balcarce 50), está a la mano de cualquiera que se limite a leer los diarios (tanto sean los de la Corpo como los de la cadena oficial que regentea Szpolsky).
En la citada reunión de Nueva York, la organización filantrópica Monsanto anunció que invertirá 1800 millones de pesos para una nueva planta de maíz transgénico que "creará 400 puestos de trabajo", como subraya otra nota de Página/12. Es decir que se profundizará la "expansión de la frontera agropecuaria" (sojera y maicera, diría yo), en perjuicio de los bosques nativos y el cambio climático.
Tampoco es dable esperar cambios realmente "nacionales, populares y progresistas" en el terreno de la megaminería y su relación patológica con la conservación del agua y el medio ambiente.
El fallo de la Corte Suprema que desestimó (correctamente) los amparos interpuestos por la Barrick contra la ley de glaciares, ha sido insolentemente ninguneado por la minera que afirmó no estar afectando los recursos hídricos y por la provincia de San Juan que se jactó de tener su propio inventario de glaciares.
La Presidenta, por su parte, ha guardado un sospechoso silencio sobre esta acordada que la obliga a realizar, de una buena vez, un auténtico inventario nacional de glaciares. Fiel a un estilo que envidiaría la monarquía saudita, el Poder Ejecutivo sigue ignorando al Poder Legislativo y desobedeciendo al Poder Judicial.
Mientras tanto se va cocinando la nueva trampa, una supuesta participación de los estados provinciales en la renta minera, que consagre el principio gatopardista: "que algo cambie para que todo siga igual".
De esa oscura maniobra tendiente a proteger los intereses del sector más concentrado del capitalismo mundial, volveremos a ocuparnos en este espacio (bonasso-elmal.blogspot.com). El único que me queda después de más de 50 años de ejercer el periodismo profesional. Censurado y marginado por los dos grandes bandos en pugna, sólo tengo este modesto instrumento para seguir clamando contra el modelo neocolonial. Pero eso no importa si logro convocar por esta vía a todos mis lectores. A los que un día lejano se estremecieron con "Recuerdo de la muerte", a los que seguían mis crónicas dominicales en Página/12, a los que hoy me paran por la calle y me impulsan a seguir defendiendo bosques y glaciares. Que es como decir el agua y el aire.
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Fecha de Publicación: 16/07/2012
Fuente: No a la Mina - Por Miguel Bonasso
Provincia/Región: Nacional
Mientras los sabuesos de la AFIP revuelven los colchones de los jubilados amarretes en busca de dólares, el gobierno le concede a la Barrick Gold y las otras empresas megamineras que liquiden las divisas de sus exportaciones en 120 días y no en 30 como se había establecido inicialmente y como deben hacerlo otras empresas. El pingüe negocio financiero que significan el plazo extra se dio después de las reuniones que mantuvo el ministro Julio De Vido con el capo de Barrick, Peter Munk, en Nueva York.El privilegio es tan escandaloso que hasta Página/12 se ocupó del tema en algunas notas de crítica light. El pingüe negocio financiero que significan 90 días de plazo extra se dio, por cierto, después de las reuniones que mantuvo el ministro Julio De Vido con el capo de Barrick, Peter Munk, en el contexto de una de las clásicas apariciones de Cristina en el Council of the Americas, el santuario de David Rockefeller en Nueva York.
En Buenos Aires también hubo reuniones de Barrick Gold y Xstrata (que explota Bajo la Alumbrera) con De Vido, el secretario de Minería Jorge Mayoral (que compartía oficinas con la Barrick) y el temible bolchevique Axel Kicillof. Las mineras –según informó Javier Lewkovicz en Página/12- "justificaron la necesidad de extender el plazo de liquidación en función del largo viaje hacia destinos de Canadá; China o Suiza. También advirtieron que la certificación del precio y la calidad del mineral se realiza en la refinería que lo adquiere, situación que alarga los tiempos y que también constituye una de las principales críticas hacia el sector, ya que esa modalidad se presta a maniobras de subfacturación".
Como seguramente lo saben los amigos de este blog (bonasso-elmal.blogspot.com), nadie mete las narices en los lingotes de metal dorée que salen del aeropuerto privado de la Barrick en Veladero, en la desolada terraza de los Andes. Cada ladrillo de esos lleva una mezcla de oro, plata, cobre y otros 14 minerales estratégicos que no suelen declararse. En lejanas refinerías las corporaciones separan la paja del trigo y cobran millones de dólares por los distintos metales preciosos que contienen los lingotes. Esa separación se opera a miles de kilómetros de distancia de la Argentina y no hay inspectores de la AFIP a la vista. Las mineras, como las petroleras, se limitan a consignar el contenido y el valor de sus exportaciones en declaraciones juradas que el Fisco acepta a pies juntillas. Al cabo hay una distancia sideral entre un caballero como Peter Munk y los cretinos locales que por una añeja degeneración cultural pretenden ahorrar en dólares.
Durante años, como diputado nacional, presenté y representé un proyecto para controlar on line lo que Repsol y las otras petroleras sacaban realmente de los pozos y lo que las mineras como Barrick sacaban de los rajos abiertos en nuestra Cordillera. Esos proyectos eran idefectiblemente girados a la Comisión de Energía y allí naufragaban.
No pretendo ser Nostradamus, pero en los fundamentos de aquel proyecto que no fue, advertía que nos íbamos a quedar sin petróleo y sin gas, que deberíamos importar en el futuro a precios internacionales en inevitable ascenso (guerras e invasiones mediante). Es exactamente lo que está sucediendo y lo que recién descubrieron el oscuro De Vido y el iluminado Kicillof, cuando recordaron los nueve años de saqueo y rentas extraordinarias de Repsol, que coinciden exactamente con los nueve años de edad del Proyecto K. La gruesa factura energética, que supera los doce mil millones de dólares, es precisamente una de las razones de la sequía de billetes verdes y el consiguiente control de cambios. La otra razón de la astringencia en materia de divisas es el pago puntual de la deuda externa, incluyendo la que contrajo la dictadura y es –de manera manifiesta y judicial- "deuda odiosa".
"El Mal", como vemos, sigue viento en popa, a pesar del cantar de gesta pseudonacionalizadora, que celebran los intelectuales orgánicos del Modelo K.
La verdad, como bien decía Rodolfo Walsh (convertido ahora en muñequito para coleccionar por los demiurgos de Balcarce 50), está a la mano de cualquiera que se limite a leer los diarios (tanto sean los de la Corpo como los de la cadena oficial que regentea Szpolsky).
En la citada reunión de Nueva York, la organización filantrópica Monsanto anunció que invertirá 1800 millones de pesos para una nueva planta de maíz transgénico que "creará 400 puestos de trabajo", como subraya otra nota de Página/12. Es decir que se profundizará la "expansión de la frontera agropecuaria" (sojera y maicera, diría yo), en perjuicio de los bosques nativos y el cambio climático.
Tampoco es dable esperar cambios realmente "nacionales, populares y progresistas" en el terreno de la megaminería y su relación patológica con la conservación del agua y el medio ambiente.
El fallo de la Corte Suprema que desestimó (correctamente) los amparos interpuestos por la Barrick contra la ley de glaciares, ha sido insolentemente ninguneado por la minera que afirmó no estar afectando los recursos hídricos y por la provincia de San Juan que se jactó de tener su propio inventario de glaciares.
La Presidenta, por su parte, ha guardado un sospechoso silencio sobre esta acordada que la obliga a realizar, de una buena vez, un auténtico inventario nacional de glaciares. Fiel a un estilo que envidiaría la monarquía saudita, el Poder Ejecutivo sigue ignorando al Poder Legislativo y desobedeciendo al Poder Judicial.
Mientras tanto se va cocinando la nueva trampa, una supuesta participación de los estados provinciales en la renta minera, que consagre el principio gatopardista: "que algo cambie para que todo siga igual".
De esa oscura maniobra tendiente a proteger los intereses del sector más concentrado del capitalismo mundial, volveremos a ocuparnos en este espacio (bonasso-elmal.blogspot.com). El único que me queda después de más de 50 años de ejercer el periodismo profesional. Censurado y marginado por los dos grandes bandos en pugna, sólo tengo este modesto instrumento para seguir clamando contra el modelo neocolonial. Pero eso no importa si logro convocar por esta vía a todos mis lectores. A los que un día lejano se estremecieron con "Recuerdo de la muerte", a los que seguían mis crónicas dominicales en Página/12, a los que hoy me paran por la calle y me impulsan a seguir defendiendo bosques y glaciares. Que es como decir el agua y el aire.
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Se reanuda el juicio por fumigaciones en Córdoba
Se reanuda el juicio de Bº Ituzaingó
Fecha de Publicación: 16/07/2012
Fuente: Día a Día
Provincia/Región: Córdoba
Después de que terminara la feria judicial se retoman las audiencias. El proceso podría culminar esta semana.
Hoy, a las 9.30, se retoma el juicio por fumigaciones en barrio Ituzaingó Anexo, en sala de la Cámara 1ª del Crimen.
En este proceso están imputados dos productores agropecuarios y un aeroaplicador por contaminación dolosa por fumigar con agroquímicos en proximidades al barrio existiendo una ordenanza y una ley provincial que lo prohibían. Las audiencias se suspendieron con el inicio de la feria judicial. Cuando comenzó el juicio el 11 de junio, se pensaba que se iba a extender hasta el 20 de ese mes, pero en el transcurso del proceso fueron surgiendo nuevas pruebas, una de ellas motivó la ampliación de la causa por la que está siendo juzgado el productor Francisco Parra, por lo que su defensa, a cargo de Juan Manuel Aráoz, pidió la suspensión del juicio para reorganizar su estrategia.
Ahora Parra también está imputado por contaminación dolosa. Los otros acusados son Edgardo Pancello, el aeroaplicador, y Jorge Gabrielli, el otro productor.
Parra está acusado de fumigar en reiteradas oportunidades con un tractor tipo mosquito desde octubre de 2003 hasta febrero de 2004, y junto con Pancello y Gabrielli están acusados de aplicar agroquímicos sobre los campos del barrio el 1º de febrero de 2008. El reinicio del proceso estaba previsto para el 18 de julio, pero se adelantó. Se estima que el histórico juicio podría terminar esta semana. El Tribunal todavía tiene que tomar declaraciones y Aráoz podría presentar más testigos para aportar nuevas pruebas.
Movilizados. En tanto, las Madres de Ituzaingó y el colectivo de organizaciones “Paren de fumigar” organizan una marcha en reclamo de justicia ante el reinicio del juicio. La marcha está prevista para este jueves, a las 18, que partirá de avenida Colón y La Cañada. “Necesitamos que vengan todos -indican en el comunicado emitido de manera conjunta- los que crean que las personas no son plantas, que no se los puede fumigar con poderosos venenos porque en el campo vecino el sojero tiene una necesidad productiva que la impusieron empresas como Monsanto, Bayer, Nidera y Novartis”.
Según expresa el comunicado, la convocatoria es para poder enfrentar “a los representantes del capitalismo extractivista instalado en el país, que busca generar rápidas y enormes diferencias en base a la destrucción de nuestros bienes comunes, como son nuestras tierras, aguas, bosques y montañas a través del agronegocio, la megaminería”.
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Fecha de Publicación: 16/07/2012
Fuente: Día a Día
Provincia/Región: Córdoba
Después de que terminara la feria judicial se retoman las audiencias. El proceso podría culminar esta semana.Hoy, a las 9.30, se retoma el juicio por fumigaciones en barrio Ituzaingó Anexo, en sala de la Cámara 1ª del Crimen.
En este proceso están imputados dos productores agropecuarios y un aeroaplicador por contaminación dolosa por fumigar con agroquímicos en proximidades al barrio existiendo una ordenanza y una ley provincial que lo prohibían. Las audiencias se suspendieron con el inicio de la feria judicial. Cuando comenzó el juicio el 11 de junio, se pensaba que se iba a extender hasta el 20 de ese mes, pero en el transcurso del proceso fueron surgiendo nuevas pruebas, una de ellas motivó la ampliación de la causa por la que está siendo juzgado el productor Francisco Parra, por lo que su defensa, a cargo de Juan Manuel Aráoz, pidió la suspensión del juicio para reorganizar su estrategia.
Ahora Parra también está imputado por contaminación dolosa. Los otros acusados son Edgardo Pancello, el aeroaplicador, y Jorge Gabrielli, el otro productor.
Parra está acusado de fumigar en reiteradas oportunidades con un tractor tipo mosquito desde octubre de 2003 hasta febrero de 2004, y junto con Pancello y Gabrielli están acusados de aplicar agroquímicos sobre los campos del barrio el 1º de febrero de 2008. El reinicio del proceso estaba previsto para el 18 de julio, pero se adelantó. Se estima que el histórico juicio podría terminar esta semana. El Tribunal todavía tiene que tomar declaraciones y Aráoz podría presentar más testigos para aportar nuevas pruebas.
Movilizados. En tanto, las Madres de Ituzaingó y el colectivo de organizaciones “Paren de fumigar” organizan una marcha en reclamo de justicia ante el reinicio del juicio. La marcha está prevista para este jueves, a las 18, que partirá de avenida Colón y La Cañada. “Necesitamos que vengan todos -indican en el comunicado emitido de manera conjunta- los que crean que las personas no son plantas, que no se los puede fumigar con poderosos venenos porque en el campo vecino el sojero tiene una necesidad productiva que la impusieron empresas como Monsanto, Bayer, Nidera y Novartis”.
Según expresa el comunicado, la convocatoria es para poder enfrentar “a los representantes del capitalismo extractivista instalado en el país, que busca generar rápidas y enormes diferencias en base a la destrucción de nuestros bienes comunes, como son nuestras tierras, aguas, bosques y montañas a través del agronegocio, la megaminería”.
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Intiman a Macri a cumplir con la Ley de Residuos
La Provincia intimó a la Ciudad a cumplir con la "Ley de Basura Cero"
Fecha de Publicación: 15/07/2012
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Capital - Buenos Aires
Una resolución de el Organismo Provincial para el Desarrollo Sustentable (OPDS) obliga a reducir el envío de desechos en 30 días
El Gobierno bonaerense intimó hoy a la Ciudad de Buenos Aires a cumplir en un plazo de 30 días lo establecido en la "Ley de Basura Cero", debido a la situación crítica que atraviesa uno de los rellenos sanitarios y a que la administración porteña incrementó los envíos en lugar de reducirlos como fija esa normativa.
El secretario de Espacios Públicos bonaerense, Eduardo Aparicio, explicó hoy a DyN que "la provincia, a través de esta secretaría y el Organismo Provincial para el Desarrollo Sustentable(OPDS) intima a la Ciudad de Buenos Aires a cumplir sus compromisos" de aplicar este año la norma de regulación de disposición de basura. Y, advirtió que mientras corre ese plazo de un mes para los residuos domiciliarios, desde hoy "se impiden que ingresen los áridos al CEAMSE, como relleno y restos de materiales de construcción".
Se trata de una resolución de el OPDS, que establece que el CEAMSE "en un plazo de treinta días corridos arbitre las medidas necesarias" para recibir los residuos sólidos de la Ciudad "únicamente en el porcentaje establecido en la Ley 1854 para el año en curso".
Aparicio remarcó que "la ciudad de Buenos Aires arroja por día unas 6.500 toneladas de basura" al CEAMSE mientras los otros 28 municipios de la provincia que integran el cinturón ecológico "disponen unas 8.500 toneladas diarias en conjunto". Y agregó: "La ley de Basura Cero no está aplicada de ninguna forma y tampoco hacen controles para reducir el porcentaje de basura que a diario se arroja en el CEAMSE",
El OPDS estableció además que los "residuos industriales no especiales no podrán ser enviados al CEAMSE sin tratamiento previo".
El director de el OPDS, José Molina, firmó dos resoluciones respecto a estas medidas tomando como argumento que "el artículo 28 de la Constitución provincial establece el derecho para todos los habitantes a gozar de un ambiente sano, y el deber de conservarlo y protegerlo en su provecho, y en el de las generaciones futuras".
Molina recordó que la Legislatura porteña sancionó la norma 1854 el 24 de noviembre de 2005, conocida como "Ley de Basura Cero", por la cual estableció un conjunto de pautas, principios, obligaciones y responsabilidades en la gestión integral de los residuos sólidos urbanos generados en su territorio. Desde la OPDS se observó que la Capital Federal "ha incrementado la cantidad de residuos sólidos urbanos que dispone en el relleno sanitario de CEAMSE".
"Tal circunstancia implica una reducción progresiva, inminente y crítica del espacio físico disponible de afectación para la etapa final de la gestión de estos residuos en el territorio provincial", explicó el organismo.
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Prohibido tirar la basura
Fecha de Publicación: 15/07/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Capital - Buenos Aires
Pasados “todos los plazos acordados”, el gobierno bonaerense limitó el ingreso de basura desde la Capital.
El gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó dos resoluciones del Organismo Provincial de Desarrollo Sustentable (OPDS), que prohíben y limitan el ingreso de residuos provenientes de la Ciudad de Buenos Aires, debido a que “se encuentran vencidos todos los plazos acordados y propuestos por la Ciudad para dicha reducción”. El gobierno de Daniel Scioli también intimó a la Ceamse para que en un plazo de 30 días sólo se pueda recibir la cantidad de toneladas de residuos sólidos urbanos establecidos en Ley Basura Cero para el año en curso.
El jefe de Gabinete provincial, Alberto Pérez, explicó que “desde el año 2008 hasta el presente hemos dado innumerables muestras de predisposición para resolver en conjunto la reducción de basura y la concientización de la población para el reciclado en origen”.
“Junto a los intendentes de la provincia, el gremio de la Ceamse, los trabajadores y las universidades hicimos durante más de cuatro años un esfuerzo conjunto que no ha sido acompañado por el distrito que más residuos produce”, aseguró. Pérez agregó que “en los próximos días nos reuniremos con los intendentes y secretarios de medio ambiente de los municipios de la provincia que integran la Ceamse para seguir trabajando sobre la reducción en origen y aplicar nuevas tecnologías de tratamiento de residuos”.
Por su parte, el diputado provincial del FpV-PJ Martín Cosentino sostuvo que “los habitantes de la provincia somos perjudicados por los reiterados incumplimientos por parte del gobierno de la Ciudad”. Agregó que “evidentemente, el respeto a los compromisos y acuerdos asumidos no forman parte de la conducta de (Mauricio) Macri, es claro que no tiene voluntad política de resolver el problema ambiental”.
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Fecha de Publicación: 15/07/2012
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Capital - Buenos Aires
Una resolución de el Organismo Provincial para el Desarrollo Sustentable (OPDS) obliga a reducir el envío de desechos en 30 días
El Gobierno bonaerense intimó hoy a la Ciudad de Buenos Aires a cumplir en un plazo de 30 días lo establecido en la "Ley de Basura Cero", debido a la situación crítica que atraviesa uno de los rellenos sanitarios y a que la administración porteña incrementó los envíos en lugar de reducirlos como fija esa normativa.
El secretario de Espacios Públicos bonaerense, Eduardo Aparicio, explicó hoy a DyN que "la provincia, a través de esta secretaría y el Organismo Provincial para el Desarrollo Sustentable(OPDS) intima a la Ciudad de Buenos Aires a cumplir sus compromisos" de aplicar este año la norma de regulación de disposición de basura. Y, advirtió que mientras corre ese plazo de un mes para los residuos domiciliarios, desde hoy "se impiden que ingresen los áridos al CEAMSE, como relleno y restos de materiales de construcción".
Se trata de una resolución de el OPDS, que establece que el CEAMSE "en un plazo de treinta días corridos arbitre las medidas necesarias" para recibir los residuos sólidos de la Ciudad "únicamente en el porcentaje establecido en la Ley 1854 para el año en curso".
Aparicio remarcó que "la ciudad de Buenos Aires arroja por día unas 6.500 toneladas de basura" al CEAMSE mientras los otros 28 municipios de la provincia que integran el cinturón ecológico "disponen unas 8.500 toneladas diarias en conjunto". Y agregó: "La ley de Basura Cero no está aplicada de ninguna forma y tampoco hacen controles para reducir el porcentaje de basura que a diario se arroja en el CEAMSE",
El OPDS estableció además que los "residuos industriales no especiales no podrán ser enviados al CEAMSE sin tratamiento previo".
El director de el OPDS, José Molina, firmó dos resoluciones respecto a estas medidas tomando como argumento que "el artículo 28 de la Constitución provincial establece el derecho para todos los habitantes a gozar de un ambiente sano, y el deber de conservarlo y protegerlo en su provecho, y en el de las generaciones futuras".
Molina recordó que la Legislatura porteña sancionó la norma 1854 el 24 de noviembre de 2005, conocida como "Ley de Basura Cero", por la cual estableció un conjunto de pautas, principios, obligaciones y responsabilidades en la gestión integral de los residuos sólidos urbanos generados en su territorio. Desde la OPDS se observó que la Capital Federal "ha incrementado la cantidad de residuos sólidos urbanos que dispone en el relleno sanitario de CEAMSE".
"Tal circunstancia implica una reducción progresiva, inminente y crítica del espacio físico disponible de afectación para la etapa final de la gestión de estos residuos en el territorio provincial", explicó el organismo.
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Prohibido tirar la basura
Fecha de Publicación: 15/07/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Capital - Buenos Aires
Pasados “todos los plazos acordados”, el gobierno bonaerense limitó el ingreso de basura desde la Capital.
El gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó dos resoluciones del Organismo Provincial de Desarrollo Sustentable (OPDS), que prohíben y limitan el ingreso de residuos provenientes de la Ciudad de Buenos Aires, debido a que “se encuentran vencidos todos los plazos acordados y propuestos por la Ciudad para dicha reducción”. El gobierno de Daniel Scioli también intimó a la Ceamse para que en un plazo de 30 días sólo se pueda recibir la cantidad de toneladas de residuos sólidos urbanos establecidos en Ley Basura Cero para el año en curso.
El jefe de Gabinete provincial, Alberto Pérez, explicó que “desde el año 2008 hasta el presente hemos dado innumerables muestras de predisposición para resolver en conjunto la reducción de basura y la concientización de la población para el reciclado en origen”.
“Junto a los intendentes de la provincia, el gremio de la Ceamse, los trabajadores y las universidades hicimos durante más de cuatro años un esfuerzo conjunto que no ha sido acompañado por el distrito que más residuos produce”, aseguró. Pérez agregó que “en los próximos días nos reuniremos con los intendentes y secretarios de medio ambiente de los municipios de la provincia que integran la Ceamse para seguir trabajando sobre la reducción en origen y aplicar nuevas tecnologías de tratamiento de residuos”.
Por su parte, el diputado provincial del FpV-PJ Martín Cosentino sostuvo que “los habitantes de la provincia somos perjudicados por los reiterados incumplimientos por parte del gobierno de la Ciudad”. Agregó que “evidentemente, el respeto a los compromisos y acuerdos asumidos no forman parte de la conducta de (Mauricio) Macri, es claro que no tiene voluntad política de resolver el problema ambiental”.
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Tensión en el corte contra La Alumbrera
Catamarca: tensión por nueva protesta antiminera
Fecha de Publicación: 15/07/2012
Fuente: Los Andes On Line
Provincia/Región: Catamarca
Manifestantes intentan desde ayer bloquear el paso de camiones hacia el yacimiento La Alumbrera. Hubo incidentes con mineros.
Asambleístas que rechazan la minería y grupos que apoyan esa industria acampaban ayer, con una distancia de unos 150 metros, en la intersección de las rutas 40 y 60, en el puesto catamarqueño de Cerro Negro, donde hubo algunos incidentes menores como piedrazos y bombas de estruendo.
La instalación de los grupos antagónicos en las rutas generó preocupación entre los pobladores del departamento de Tinogasta y de Belén, en la zona oeste de la provincia.
Desde el viernes en la noche, los antimineros volvieron a las rutas para impedir el paso de vehículos que se dirigen al yacimiento de la empresa Minera La Alumbrera.
Esto provocó la reacción de los grupos que defienden la minería, que también se agruparon en la intersección de las rutas en el puesto caminero denominado Cerro Negro, empalme de los caminos que conducen a los departamentos de Tinogasta y Belén.
Los asambleístas, llegados desde distintos puntos del país, se congregaron en ese sitio para realizar una asamblea general mañana.
Mientras esperan la llegada de más asambleístas del resto del país montaron un campamento y pusieron en conocimiento de las autoridades policiales la modalidad de la convocatoria que en esta ocasión será bloqueo selectivo-informativo en contra de la megaminería.
Darío Moreno, integrante de la Asamblea de Tinogasta, indicó a la prensa local que el bloqueo se gestó durante un encuentro realizado en Mendoza, donde resolvieron nacionalizar la protesta que se puso en marcha ayer en el oeste catamarqueño. Sin embargo, obreros de la región se congregaron frente al campamento donde se realiza el bloqueo de rutas para "defender la fuente de trabajo".
Según un comunicado publicado por diario La Unión de Catamarca, los autoconvocados a favor de las mineras señalaron que iban a Cerro Negro para "defender nuestras fuentes de trabajo y el desarrollo económico de la provincia".
En ese marco, invitaron "a todos los vecinos, empresarios, cámaras, asociaciones civiles, cooperativas, ONG, amigos, familiares" a sumarse a la concentración.
Las asambleas, por su parte, denunciaron que durante la noche desde ese sector arrojaron piedras contra sus vehículos e hicieron estallar petardos muy cerca de su campamento. Y denunciaron a "patotas pagadas por la megaminera transnacional".
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Fecha de Publicación: 15/07/2012
Fuente: Los Andes On Line
Provincia/Región: Catamarca
Manifestantes intentan desde ayer bloquear el paso de camiones hacia el yacimiento La Alumbrera. Hubo incidentes con mineros.
Asambleístas que rechazan la minería y grupos que apoyan esa industria acampaban ayer, con una distancia de unos 150 metros, en la intersección de las rutas 40 y 60, en el puesto catamarqueño de Cerro Negro, donde hubo algunos incidentes menores como piedrazos y bombas de estruendo.
La instalación de los grupos antagónicos en las rutas generó preocupación entre los pobladores del departamento de Tinogasta y de Belén, en la zona oeste de la provincia.
Desde el viernes en la noche, los antimineros volvieron a las rutas para impedir el paso de vehículos que se dirigen al yacimiento de la empresa Minera La Alumbrera.
Esto provocó la reacción de los grupos que defienden la minería, que también se agruparon en la intersección de las rutas en el puesto caminero denominado Cerro Negro, empalme de los caminos que conducen a los departamentos de Tinogasta y Belén.
Los asambleístas, llegados desde distintos puntos del país, se congregaron en ese sitio para realizar una asamblea general mañana.
Mientras esperan la llegada de más asambleístas del resto del país montaron un campamento y pusieron en conocimiento de las autoridades policiales la modalidad de la convocatoria que en esta ocasión será bloqueo selectivo-informativo en contra de la megaminería.
Darío Moreno, integrante de la Asamblea de Tinogasta, indicó a la prensa local que el bloqueo se gestó durante un encuentro realizado en Mendoza, donde resolvieron nacionalizar la protesta que se puso en marcha ayer en el oeste catamarqueño. Sin embargo, obreros de la región se congregaron frente al campamento donde se realiza el bloqueo de rutas para "defender la fuente de trabajo".
Según un comunicado publicado por diario La Unión de Catamarca, los autoconvocados a favor de las mineras señalaron que iban a Cerro Negro para "defender nuestras fuentes de trabajo y el desarrollo económico de la provincia".
En ese marco, invitaron "a todos los vecinos, empresarios, cámaras, asociaciones civiles, cooperativas, ONG, amigos, familiares" a sumarse a la concentración.
Las asambleas, por su parte, denunciaron que durante la noche desde ese sector arrojaron piedras contra sus vehículos e hicieron estallar petardos muy cerca de su campamento. Y denunciaron a "patotas pagadas por la megaminera transnacional".
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El impacto de la expansión agrícola en el NOA
En 30 años, el NOA podría inundarse con agua salada
Fecha de Publicación: 14/07/2012
Fuente: Info Campo
Provincia/Región: NOA
Investigadores de la Fauba advierten sobre el impacto de la expansión agrícola. El ascenso de las napas en el este de Salta podría causar anegamientos, salinizar los suelos y hacerlos improductivos.
Los cambios generados en el uso del suelo por la expansión de la frontera agrícola están acelerando procesos que en la naturaleza demoraron miles de años en manifestarse y que hoy comienzan a amenazar seriamente su productividad.
Dos estudios de la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA) advierten sobre las consecuencias del desmonte en Cuyo y en el NOA, vinculadas con ascenso de las napas freáticas y a la salinización de los suelos. En Australia ya se perdió el 10% del área agrícola por este fenómeno, que en sólo 30 años podría llevar a que parte del noroeste argentino, donde hoy se produce alimentos, se inunde con agua salada.
Los estudios, que también involucran a la Universidad Nacional de San Luis (UNSL), se concentran en planicies semiáridas de las regiones Espinal y Chaco, en las provincias de San Luis, donde apareció un nuevo río de la noche a la mañana, con cauces de 10 metros de ancho y 5 de profundidad, y del este de Salta, donde el desmonte y la siembra de cultivos (principalmente la de soja) crecieron de manera exponencial en los últimas años.
“El reemplazo de la vegetación semiárida por agricultura de secano genera mayor humedad en el suelo, lavado de sales de los perfiles y un posible ascenso de los niveles freáticos”, resumió Celina Santoni, quien estudió el tema en su tesis de posgrado en la Escuela para Graduados de la FAUBA, bajo la dirección de Esteban Jobbágy, pionero en la investigación de este proceso desde el Grupo de Estudios Ambientales de la UNSL e investigador del Conicet.
Los trabajos, que también financiados por el Instituto Interamericano de Para la Investigación del Cambio Global (IAI), el Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica (FONCyT) y el Conicet, e involucraron la participación de José Paruelo, Gervasio Piñeiro, Victoria Marchesini, Laura Amdan y otros investigadores de las cátedras de Ecología y Métodos Cuantitativos de la FAUBA.
Según Jobbágy, el Nuevo Río (como se lo denominó en la provincia cuyana) es una señal temprana de los grandes cambios provocados en el uso de la tierra: “Los sedimentos pasaron allí 9 mil años sin sufrir incisiones ni procesos parecidos. Pero desde los ´70, los niveles freáticos subieron hasta 10 metros y, de la noche a la mañana (realmente, no metafóricamente), el ascenso de las napas generó una ruptura por donde corre el agua en forma permanente, aun en la estación seca”. ¿Qué cambió en estos años para generar tal impacto? “Lo que resulta único del presente es el disturbio agrícola: 90% de la cuenca esta desmontada”, aseguró el investigador.
“Los bosques secos en estas condiciones de clima suelen alojar naturalmente una enorme cantidad de sales en el suelo muy profundo, a más de dos metros de profundidad. Esto es el resultado del consumo exhaustivo de agua que hace la vegetación natural y que lleva a que se acumulen sales en profundidad por siglos o milenios, y que las napas freáticas se mantengan profundas. La agricultura cambia esta condición, generando fugas de agua en profundidad. Con el tiempo esto lava las sales, las transporta a la napa, eleva su nivel y, en muchos casos, causa salinidad en superficie cuando las napas entran en contacto con la atmosfera”, explicó.
En Australia existe un antecedente denominado dryland salinity que provocó al ascenso de los niveles freáticos, con aguas totalmente salinizadas, producto del lavado de las sales acumuladas naturalmente en los suelos en profundidad. El resultado final son grandes hectáreas de suelos inundados con aguas salinas o suelos totalmente salinizados e improductivos. Esto ocurrió después de más de 100 años de uso agrícola de las tierras, que originalmente tenían bosques de eucaliptos.
“Asociamos esa situación con lo ocurrido en San Luis, en la cuenca del Nuevo Río (una de las más antiguas deforestadas en el país, con 70 años de historia agrícola), donde ya se perdieron muchas hectáreas de tierras y la salinización de napas superficiales es un problema incipiente”, apuntó Santoni. Sin embargo, el ascenso de niveles freáticos no causó anegamientos y salinización como en Australia, sino la ruptura del terreno por un proceso particular: “Se trata de una cuenca con pendientes más altas que las típicas de nuestras llanuras y con sedimentos eólicos muy nuevos y, creemos, susceptibles a la ruptura por napas que fluyen a mayor velocidad”, dijo Jobbágy.
En el NOA, las investigaciones arrojaron coincidencias con San Luis, Australia y otras planicies semiáridas de Estados Unidos, según Amdan, quien estudió las consecuencias del desmonte sobre la recarga de agua subterránea y la salinización de suelos en Salta. Su trabajo se presentó junto a otras tesis coordinadas de la licenciatura en Ciencias Ambientales de la FAUBA ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para evaluar el impacto ambiental acumulativo del desmonte en cuatro departamentos del este salteño (San Martín, Orán, Rivadavia y Santa Victoria), que en las últimas tres décadas tuvieron el mayor crecimiento agrícola del país, en detrimento del bosques.
“El desmonte cambió radicalmente el sistema radicular”, dijo Amdan, y explicó que las raíces de la soja (el cultivo extensivo más difundido en el este de Salta) no logran absorber la lluvia como lo hacían los árboles. Esto hace que el agua atraviese todo el perfil del suelo y transporte las sales acumuladas por milenios hasta las napas. Si el monocultivo de soja persiste, con el tiempo las napas comienzan a ascender con las sales, hasta llegar a la superficie. Y esto podría suceder, según las conclusiones de Amdan, en un período de entre 30 y 100 años, según la edad del desmonte, la cobertura y el manejo agronómico. En el caso de las pasturas, que se siembran como alimento para el ganado, el proceso podría demorar hasta 250 años.
“El problema está identificado, tenemos evidencias in situ y experiencia de otras regiones similares sobre cómo es la dinámica del proceso y sus posibles consecuencias. La señal en Salta es fuerte y las consecuencias son severas. No podemos sentarnos a esperar de brazos cruzados para ver cómo el sistema resuelve naturalmente el cambio”, advirtió.
“Entendemos que el modelo productivo presiona para obtener una rentabilidad máxima inmediata, pero el costo a largo plazo puede ser tan alto que no haya retorno posible y la pérdida de productividad, así como la capacidad de producir alimentos, sean netas”, concluyó Amdan.
Por esta razón, los investigadores se concentran en remediar o frenar el proceso y proponer sistemas alternativos de manejo del suelo que, sin limitar las producciones agrícolas típicas de ambientes semiáridos y las tendencias productivas actuales, retrasen o anulen el efecto de recarga subterránea y la salinización del agua y los suelos, antes que sea demasiado tarde.
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Fecha de Publicación: 14/07/2012
Fuente: Info Campo
Provincia/Región: NOA
Investigadores de la Fauba advierten sobre el impacto de la expansión agrícola. El ascenso de las napas en el este de Salta podría causar anegamientos, salinizar los suelos y hacerlos improductivos. Los cambios generados en el uso del suelo por la expansión de la frontera agrícola están acelerando procesos que en la naturaleza demoraron miles de años en manifestarse y que hoy comienzan a amenazar seriamente su productividad.
Dos estudios de la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA) advierten sobre las consecuencias del desmonte en Cuyo y en el NOA, vinculadas con ascenso de las napas freáticas y a la salinización de los suelos. En Australia ya se perdió el 10% del área agrícola por este fenómeno, que en sólo 30 años podría llevar a que parte del noroeste argentino, donde hoy se produce alimentos, se inunde con agua salada.
Los estudios, que también involucran a la Universidad Nacional de San Luis (UNSL), se concentran en planicies semiáridas de las regiones Espinal y Chaco, en las provincias de San Luis, donde apareció un nuevo río de la noche a la mañana, con cauces de 10 metros de ancho y 5 de profundidad, y del este de Salta, donde el desmonte y la siembra de cultivos (principalmente la de soja) crecieron de manera exponencial en los últimas años.
“El reemplazo de la vegetación semiárida por agricultura de secano genera mayor humedad en el suelo, lavado de sales de los perfiles y un posible ascenso de los niveles freáticos”, resumió Celina Santoni, quien estudió el tema en su tesis de posgrado en la Escuela para Graduados de la FAUBA, bajo la dirección de Esteban Jobbágy, pionero en la investigación de este proceso desde el Grupo de Estudios Ambientales de la UNSL e investigador del Conicet.
Los trabajos, que también financiados por el Instituto Interamericano de Para la Investigación del Cambio Global (IAI), el Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica (FONCyT) y el Conicet, e involucraron la participación de José Paruelo, Gervasio Piñeiro, Victoria Marchesini, Laura Amdan y otros investigadores de las cátedras de Ecología y Métodos Cuantitativos de la FAUBA.
Según Jobbágy, el Nuevo Río (como se lo denominó en la provincia cuyana) es una señal temprana de los grandes cambios provocados en el uso de la tierra: “Los sedimentos pasaron allí 9 mil años sin sufrir incisiones ni procesos parecidos. Pero desde los ´70, los niveles freáticos subieron hasta 10 metros y, de la noche a la mañana (realmente, no metafóricamente), el ascenso de las napas generó una ruptura por donde corre el agua en forma permanente, aun en la estación seca”. ¿Qué cambió en estos años para generar tal impacto? “Lo que resulta único del presente es el disturbio agrícola: 90% de la cuenca esta desmontada”, aseguró el investigador.
“Los bosques secos en estas condiciones de clima suelen alojar naturalmente una enorme cantidad de sales en el suelo muy profundo, a más de dos metros de profundidad. Esto es el resultado del consumo exhaustivo de agua que hace la vegetación natural y que lleva a que se acumulen sales en profundidad por siglos o milenios, y que las napas freáticas se mantengan profundas. La agricultura cambia esta condición, generando fugas de agua en profundidad. Con el tiempo esto lava las sales, las transporta a la napa, eleva su nivel y, en muchos casos, causa salinidad en superficie cuando las napas entran en contacto con la atmosfera”, explicó.
En Australia existe un antecedente denominado dryland salinity que provocó al ascenso de los niveles freáticos, con aguas totalmente salinizadas, producto del lavado de las sales acumuladas naturalmente en los suelos en profundidad. El resultado final son grandes hectáreas de suelos inundados con aguas salinas o suelos totalmente salinizados e improductivos. Esto ocurrió después de más de 100 años de uso agrícola de las tierras, que originalmente tenían bosques de eucaliptos.
“Asociamos esa situación con lo ocurrido en San Luis, en la cuenca del Nuevo Río (una de las más antiguas deforestadas en el país, con 70 años de historia agrícola), donde ya se perdieron muchas hectáreas de tierras y la salinización de napas superficiales es un problema incipiente”, apuntó Santoni. Sin embargo, el ascenso de niveles freáticos no causó anegamientos y salinización como en Australia, sino la ruptura del terreno por un proceso particular: “Se trata de una cuenca con pendientes más altas que las típicas de nuestras llanuras y con sedimentos eólicos muy nuevos y, creemos, susceptibles a la ruptura por napas que fluyen a mayor velocidad”, dijo Jobbágy.
En el NOA, las investigaciones arrojaron coincidencias con San Luis, Australia y otras planicies semiáridas de Estados Unidos, según Amdan, quien estudió las consecuencias del desmonte sobre la recarga de agua subterránea y la salinización de suelos en Salta. Su trabajo se presentó junto a otras tesis coordinadas de la licenciatura en Ciencias Ambientales de la FAUBA ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para evaluar el impacto ambiental acumulativo del desmonte en cuatro departamentos del este salteño (San Martín, Orán, Rivadavia y Santa Victoria), que en las últimas tres décadas tuvieron el mayor crecimiento agrícola del país, en detrimento del bosques.
“El desmonte cambió radicalmente el sistema radicular”, dijo Amdan, y explicó que las raíces de la soja (el cultivo extensivo más difundido en el este de Salta) no logran absorber la lluvia como lo hacían los árboles. Esto hace que el agua atraviese todo el perfil del suelo y transporte las sales acumuladas por milenios hasta las napas. Si el monocultivo de soja persiste, con el tiempo las napas comienzan a ascender con las sales, hasta llegar a la superficie. Y esto podría suceder, según las conclusiones de Amdan, en un período de entre 30 y 100 años, según la edad del desmonte, la cobertura y el manejo agronómico. En el caso de las pasturas, que se siembran como alimento para el ganado, el proceso podría demorar hasta 250 años.
“El problema está identificado, tenemos evidencias in situ y experiencia de otras regiones similares sobre cómo es la dinámica del proceso y sus posibles consecuencias. La señal en Salta es fuerte y las consecuencias son severas. No podemos sentarnos a esperar de brazos cruzados para ver cómo el sistema resuelve naturalmente el cambio”, advirtió.
“Entendemos que el modelo productivo presiona para obtener una rentabilidad máxima inmediata, pero el costo a largo plazo puede ser tan alto que no haya retorno posible y la pérdida de productividad, así como la capacidad de producir alimentos, sean netas”, concluyó Amdan.
Por esta razón, los investigadores se concentran en remediar o frenar el proceso y proponer sistemas alternativos de manejo del suelo que, sin limitar las producciones agrícolas típicas de ambientes semiáridos y las tendencias productivas actuales, retrasen o anulen el efecto de recarga subterránea y la salinización del agua y los suelos, antes que sea demasiado tarde.
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No quieren más animales en el Zoo
Proponen que el Zoo no tenga animales
Fecha de Publicación: 14/07/2012
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Capital
Ambientalistas quieren que se modernice y que se convierta en un espacio didáctico; se demora la decisión sobre quién lo administrará
Horas después de que una jueza decidiera suspender la subasta pública que dirá quién es el mejor postor para manejarlo, el Jardín Zoológico sigue en el ojo de la tormenta.
Mientras la Justicia evalúa si el llamado a licitación es legítimo y los diputados porteños estudian un proyecto para que su administración vuelva a manos de la Ciudad, un grupo de ambientalistas realizará mañana un abrazo simbólico para proponer un nuevo modelo de zoológico.
Concretamente, el Centro Argentino para el Derecho Animal y Ambiental quiere refuncionalizar el espacio para que se convierta en un centro didáctico, al tiempo que se prohíba el ingreso de nuevos animales, se realice el control reproductivo de los que hoy habitan el Zoo, para llevarlos a reservas naturales.
Con el lema "No al Zoo, sí al jardín ecológico", mañana se reunirán, a las 16, frente al parque. "Esta propuesta tomó forma en muchos países. No queremos más animales en cautividad. Queremos que el lugar se destine a la fauna que proviene de decomiso de actividades judiciales", explicó a LA NACION el activista por los derechos de los animales y director del Centro Argentino para el Derecho Animal y Ambiental, Eduardo Murphy.
La entidad propone que los animales que hoy viven en el Zoo sean entregados a santuarios de fauna libre, sin fines de lucro. "Como no pueden ser reintegrados a la libertad total, ya que no saben valerse por sí mismos y padecen zoocosis, una psicosis por haber estado encerrados tanto tiempo que los hace carentes de los reflejos más comunes y les impide vivir en comunidad, proponemos donarlos a estos espacios", señaló Murphy.
Dentro de este cambio de paradigma, quieren que no peligre la mano de obra actual, que se encargaría de los animales decomisados. "A través de cámaras de televisión, los chicos podrían ver cómo se trabaja en su conservación -agregó-. Es más educativo que el animal metido en una jaula. No tenemos el clima de Africa para tener un león, pero sí podrían exhibirse algunos animales que estén siendo conservados."
"Hay un grupo de personas e instituciones que están en contra de los zoológicos que se autodenominan proteccionistas, en los que hay quienes opinan con conocimiento y quienes no, con tendencias a un claro fundamentalismo, donde no se discrimina si hay zoológicos buenos o malos. Se determina que no deben existir, pero desde el punto de vista de la conservación de la naturaleza es una propuesta disparatada y desacertada", consideró el director general del zoológico porteño, el museólogo Claudio Bertonatti. "¿Quién se puede oponer a un buen zoológico, que esté al servicio de la educación natural y la conservación ambiental? Sí podemos discutir cuán bien hacemos la tarea", reconoció.
El parque es propiedad de la Ciudad, pero desde 1991 está concesionado. El contrato venció en enero de 2011 y fue prorrogado al grupo mexicano CIE.
A un año y medio de vencida la concesión, el gobierno porteño entregará las 18 hectáreas, durante los próximos cinco años, a la empresa que más pague. Es decir que no habrá licitación sino subasta: el Zoo será entregado en concesión al mejor postor, con una base de alrededor de $ 150.000 por mes como canon, cifra que el gobierno espera superar.
"No elegimos la subasta como método -confió Bertonatti a LA NACION-. Nos pareció extraño, es una modalidad inusual para una institución como ésta, donde creemos que hay que ponderar qué propuesta de zoológico tiene el interesado."
Mientras se dirime la suerte del parque y se discute sobre su futuro, Bertonatti aseguró: "Mientras, estamos trabajando como si acá fuéramos a morir de viejos. La institución tiene objetivos que no pueden postergarse por los avatares de la política y la gestión pública... Si no, es dejar morir el zoológico".
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Fecha de Publicación: 14/07/2012
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Capital
Ambientalistas quieren que se modernice y que se convierta en un espacio didáctico; se demora la decisión sobre quién lo administrará
Horas después de que una jueza decidiera suspender la subasta pública que dirá quién es el mejor postor para manejarlo, el Jardín Zoológico sigue en el ojo de la tormenta.
Mientras la Justicia evalúa si el llamado a licitación es legítimo y los diputados porteños estudian un proyecto para que su administración vuelva a manos de la Ciudad, un grupo de ambientalistas realizará mañana un abrazo simbólico para proponer un nuevo modelo de zoológico.
Concretamente, el Centro Argentino para el Derecho Animal y Ambiental quiere refuncionalizar el espacio para que se convierta en un centro didáctico, al tiempo que se prohíba el ingreso de nuevos animales, se realice el control reproductivo de los que hoy habitan el Zoo, para llevarlos a reservas naturales.
Con el lema "No al Zoo, sí al jardín ecológico", mañana se reunirán, a las 16, frente al parque. "Esta propuesta tomó forma en muchos países. No queremos más animales en cautividad. Queremos que el lugar se destine a la fauna que proviene de decomiso de actividades judiciales", explicó a LA NACION el activista por los derechos de los animales y director del Centro Argentino para el Derecho Animal y Ambiental, Eduardo Murphy.
La entidad propone que los animales que hoy viven en el Zoo sean entregados a santuarios de fauna libre, sin fines de lucro. "Como no pueden ser reintegrados a la libertad total, ya que no saben valerse por sí mismos y padecen zoocosis, una psicosis por haber estado encerrados tanto tiempo que los hace carentes de los reflejos más comunes y les impide vivir en comunidad, proponemos donarlos a estos espacios", señaló Murphy.
Dentro de este cambio de paradigma, quieren que no peligre la mano de obra actual, que se encargaría de los animales decomisados. "A través de cámaras de televisión, los chicos podrían ver cómo se trabaja en su conservación -agregó-. Es más educativo que el animal metido en una jaula. No tenemos el clima de Africa para tener un león, pero sí podrían exhibirse algunos animales que estén siendo conservados."
"Hay un grupo de personas e instituciones que están en contra de los zoológicos que se autodenominan proteccionistas, en los que hay quienes opinan con conocimiento y quienes no, con tendencias a un claro fundamentalismo, donde no se discrimina si hay zoológicos buenos o malos. Se determina que no deben existir, pero desde el punto de vista de la conservación de la naturaleza es una propuesta disparatada y desacertada", consideró el director general del zoológico porteño, el museólogo Claudio Bertonatti. "¿Quién se puede oponer a un buen zoológico, que esté al servicio de la educación natural y la conservación ambiental? Sí podemos discutir cuán bien hacemos la tarea", reconoció.
El parque es propiedad de la Ciudad, pero desde 1991 está concesionado. El contrato venció en enero de 2011 y fue prorrogado al grupo mexicano CIE.
A un año y medio de vencida la concesión, el gobierno porteño entregará las 18 hectáreas, durante los próximos cinco años, a la empresa que más pague. Es decir que no habrá licitación sino subasta: el Zoo será entregado en concesión al mejor postor, con una base de alrededor de $ 150.000 por mes como canon, cifra que el gobierno espera superar.
"No elegimos la subasta como método -confió Bertonatti a LA NACION-. Nos pareció extraño, es una modalidad inusual para una institución como ésta, donde creemos que hay que ponderar qué propuesta de zoológico tiene el interesado."
Mientras se dirime la suerte del parque y se discute sobre su futuro, Bertonatti aseguró: "Mientras, estamos trabajando como si acá fuéramos a morir de viejos. La institución tiene objetivos que no pueden postergarse por los avatares de la política y la gestión pública... Si no, es dejar morir el zoológico".
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Inician el mayor bloqueo contra la Alumbrera
Inician hoy el mayor bloqueo contra la empresa Minera Alumbrera
Fecha de Publicación: 13/07/2012
Fuente: EL Siglo
Provincia/Región: Catamarca
Organizaciones sociales y ambientalistas realizarán desde este sábado un corte de ruta selectivo por tiempo indefinido en el paraje catamarqueño de Cerro Negro, en la intersección de las rutas 40 y 60. La protesta apunta a desabastecer a la empresa, acusada de contaminar y empobrecer a la región. Sigue firme el bloqueo en el Paso de San Francisco.
El repudio social a la actividad que realiza la empresa Minera Alumbrera, acusada de ocasionar severos daños ambientales en nuestra región e investigada en la Justicia Federal de Tucumán por envenenar con metales pesados la cuenca Salí-Dulce, crece como una bola de nieve.
Organizaciones sociales y asambleas ambientalistas de distintos puntos del país iniciarán este sábado un bloqueo selectivo e informativo por tiempo indefinido en la intersección de las rutas nacionales 40 y 60, en el paraje denominado Cerro Negro, en la provincia de Catamarca.
Según explicó Darío Moreno, integrante de la Asamblea de Tinogasta, el objetivo de este corte selectivo, que solamente impedirá el tránsito de camiones y vehículos pertenecientes a la empresa, "tiene la finalidad de desabastecer a La Alumbrera y de poner en primera plana la problemática minera y las demás luchas".
El dirigente social recordó que el bloqueo de Cerro Negro, que se convertiría en el principal foco de protesta contra Minera Alumbrera, se empezó a gestar durante un encuentro realizado recientemente en Mendoza, donde se resolvió nacionalizar la protesta que hoy comenzará en Catamarca.
"En esta misma línea hemos construido una propuesta que nos lleva a mancomunar esfuerzos con el resto de las asambleas de Cuyo-NOA, y que también sea receptora de los aportes de todo grupo a nivel nacional. De esta forma concebimos el corte de Cerro Negro", destacó Moreno.
El asambleísta acotó que se lograron "acuerdos con la Asamblea de Susques (en lucha contra la minería de litio), que bloqueará simultáneamente el Paso de Jama. Esto, en particular, constituye la primera victoria de la actividad Cerro Negro, puesto que se ejemplifica el espíritu nacional de nuestra propuesta", enfatizó.
Por otro lado, informó que la Asamblea de Tinogasta propuso realizar "una caravana de automóviles y micros que parta desde distintos puntos del país y que tenga como destino final nuestro pueblo, el sábado 21 de julio, y así realizar un gran acto el domingo 22".
En este sentido, Moreno recordó que esa última fecha fue consagrada, en la reciente Cumbre de los Pueblos de Río de Janeiro, como "Día Internacional de Lucha contra la Megaminería. Consideramos que así se visualizará la lucha de todos los pueblos que pelean día a día por una vida digna y un ambiente sano", argumentó.
Consignas de la protesta
Los organizadores del bloqueo en Cerro Negro condenaron "el modelo extractivista de muerte y destrucción de la megaminería" y bregaron para que el mismo "deje de ser la política de estado central de 'todos y todas' los gobernantes".
Además, recordaron que desde hace más de 40 días, pese a que fueron procesados más de 50 manifestantes, se mantiene firme el corte selectivo en el Paso Internacional San Francisco, al pie de la Cordillera, donde se impide el paso a los camiones "que traen insumos de muerte y destrucción" al yacimiento de Bajo La Alumbrera.
Por ello resaltaron la importancia de contar con una activa participación "de todos los pueblos, asambleas, organizaciones, partidos e instituciones que defienden la tierra y los bienes comunes" en lo que, según explicaron, se constituirá "en el más importante bloqueo selectivo informativo a la empresa Minera Alumbrera en la intersección de las rutas nacionales 40 y 60".
"El bloqueo Cerro Negro queremos que sea importante no sólo en dimensión, sino además en espíritu de lucha, que las mineras con sus serviles representantes en los distintos gobiernos se den cuenta que nos afecta a todos los argentinos y que desde el Norte a Sur, de Este a Oeste, les decimos que NO", agregaron los asambleístas.
A la hora de justificar su reclamo, apuntaron que "el fracaso del modelo minero de desarrollo constituye una realidad objetiva e innegable" en Catamarca que "tras quince años de explotación de Bajo La Alumbrera, ha dejado un desolador paisaje natural y social".
En este sentido, mencionaron "la grave destrucción de ecosistemas, la afectación de acuíferos y cuencas hídricas, el descomunal esparcimiento de sustancias contaminantes por aire, agua y suelo, y sus consecuencias negativas sobre la flora, la fauna, la biodiversidad y la salud de nuestras poblaciones"
A esos factores, señalaron que "hay que sumar un lamentable saldo socioeconómico y político, como el empobrecimiento generalizado de la población; falta de empleo, de futuro, de agua potable y de electricidad; la institucionalización del clientelismo y la corrupción; el deterioro de la representatividad, de la gobernabilidad y del estado de derecho y la degradación de la cultura democrática al ritmo de la profundización de las desigualdades sociales".
A continuación, resaltaron que "esta es una lucha nacional que nos afecta a todos, porque el modelo minero está levantando en Catamarca el proyecto Agua Rica, que una vez en producción va a traer tres veces más muerte, depredación, contaminación y represión que la Alumbrera".
En este sentido, denunciaron que "Xtrata (socia mayoritaria de Minera) en toda Latinoamérica reprime a los pobladores con las armas de los estados serviles".
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Fecha de Publicación: 13/07/2012
Fuente: EL Siglo
Provincia/Región: Catamarca
Organizaciones sociales y ambientalistas realizarán desde este sábado un corte de ruta selectivo por tiempo indefinido en el paraje catamarqueño de Cerro Negro, en la intersección de las rutas 40 y 60. La protesta apunta a desabastecer a la empresa, acusada de contaminar y empobrecer a la región. Sigue firme el bloqueo en el Paso de San Francisco. El repudio social a la actividad que realiza la empresa Minera Alumbrera, acusada de ocasionar severos daños ambientales en nuestra región e investigada en la Justicia Federal de Tucumán por envenenar con metales pesados la cuenca Salí-Dulce, crece como una bola de nieve.
Organizaciones sociales y asambleas ambientalistas de distintos puntos del país iniciarán este sábado un bloqueo selectivo e informativo por tiempo indefinido en la intersección de las rutas nacionales 40 y 60, en el paraje denominado Cerro Negro, en la provincia de Catamarca.
Según explicó Darío Moreno, integrante de la Asamblea de Tinogasta, el objetivo de este corte selectivo, que solamente impedirá el tránsito de camiones y vehículos pertenecientes a la empresa, "tiene la finalidad de desabastecer a La Alumbrera y de poner en primera plana la problemática minera y las demás luchas".
El dirigente social recordó que el bloqueo de Cerro Negro, que se convertiría en el principal foco de protesta contra Minera Alumbrera, se empezó a gestar durante un encuentro realizado recientemente en Mendoza, donde se resolvió nacionalizar la protesta que hoy comenzará en Catamarca.
"En esta misma línea hemos construido una propuesta que nos lleva a mancomunar esfuerzos con el resto de las asambleas de Cuyo-NOA, y que también sea receptora de los aportes de todo grupo a nivel nacional. De esta forma concebimos el corte de Cerro Negro", destacó Moreno.
El asambleísta acotó que se lograron "acuerdos con la Asamblea de Susques (en lucha contra la minería de litio), que bloqueará simultáneamente el Paso de Jama. Esto, en particular, constituye la primera victoria de la actividad Cerro Negro, puesto que se ejemplifica el espíritu nacional de nuestra propuesta", enfatizó.
Por otro lado, informó que la Asamblea de Tinogasta propuso realizar "una caravana de automóviles y micros que parta desde distintos puntos del país y que tenga como destino final nuestro pueblo, el sábado 21 de julio, y así realizar un gran acto el domingo 22".
En este sentido, Moreno recordó que esa última fecha fue consagrada, en la reciente Cumbre de los Pueblos de Río de Janeiro, como "Día Internacional de Lucha contra la Megaminería. Consideramos que así se visualizará la lucha de todos los pueblos que pelean día a día por una vida digna y un ambiente sano", argumentó.
Consignas de la protesta
Los organizadores del bloqueo en Cerro Negro condenaron "el modelo extractivista de muerte y destrucción de la megaminería" y bregaron para que el mismo "deje de ser la política de estado central de 'todos y todas' los gobernantes".
Además, recordaron que desde hace más de 40 días, pese a que fueron procesados más de 50 manifestantes, se mantiene firme el corte selectivo en el Paso Internacional San Francisco, al pie de la Cordillera, donde se impide el paso a los camiones "que traen insumos de muerte y destrucción" al yacimiento de Bajo La Alumbrera.
Por ello resaltaron la importancia de contar con una activa participación "de todos los pueblos, asambleas, organizaciones, partidos e instituciones que defienden la tierra y los bienes comunes" en lo que, según explicaron, se constituirá "en el más importante bloqueo selectivo informativo a la empresa Minera Alumbrera en la intersección de las rutas nacionales 40 y 60".
"El bloqueo Cerro Negro queremos que sea importante no sólo en dimensión, sino además en espíritu de lucha, que las mineras con sus serviles representantes en los distintos gobiernos se den cuenta que nos afecta a todos los argentinos y que desde el Norte a Sur, de Este a Oeste, les decimos que NO", agregaron los asambleístas.
A la hora de justificar su reclamo, apuntaron que "el fracaso del modelo minero de desarrollo constituye una realidad objetiva e innegable" en Catamarca que "tras quince años de explotación de Bajo La Alumbrera, ha dejado un desolador paisaje natural y social".
En este sentido, mencionaron "la grave destrucción de ecosistemas, la afectación de acuíferos y cuencas hídricas, el descomunal esparcimiento de sustancias contaminantes por aire, agua y suelo, y sus consecuencias negativas sobre la flora, la fauna, la biodiversidad y la salud de nuestras poblaciones"
A esos factores, señalaron que "hay que sumar un lamentable saldo socioeconómico y político, como el empobrecimiento generalizado de la población; falta de empleo, de futuro, de agua potable y de electricidad; la institucionalización del clientelismo y la corrupción; el deterioro de la representatividad, de la gobernabilidad y del estado de derecho y la degradación de la cultura democrática al ritmo de la profundización de las desigualdades sociales".
A continuación, resaltaron que "esta es una lucha nacional que nos afecta a todos, porque el modelo minero está levantando en Catamarca el proyecto Agua Rica, que una vez en producción va a traer tres veces más muerte, depredación, contaminación y represión que la Alumbrera".
En este sentido, denunciaron que "Xtrata (socia mayoritaria de Minera) en toda Latinoamérica reprime a los pobladores con las armas de los estados serviles".
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El Nahuel Huapi contaminado con metales pesados
Ong será querellante en causa por contaminación
Fecha de Publicación: 13/07/2012
Fuente: Río Negro On Line
Provincia/Región: Río Negro
La Cámara Federal de Roca habilitó a la Asociación Civil Árbol de Pie a constituirse en querellante para impulsar la investigación abierta por la presunta de contaminación del lago Nahuel Huapi con metales pesados.
La denuncia fue promovida integrantes de la ong a mediados de 2009, a raíz del análisis de aguas realizado por la Universidad Nacional del Comahue que detectó la presencia de cromo, mercurio, plomo y altos niveles de contaminación bacteriológica en inmediaciones de la vieja planta cloacal del Centro Atómico Bariloche, en Puerto Moreno.
La referente de AdP, Ana Wieman, celebró la decisión judicial, que todavía no les fue notificada, y anticipó a "Río Negro" que hoy concurrirán al juzgado Federal local para tomar vista del expediente antes de la feria.
A la par de la denuncia la ong planteó la intención de constituirse en querellante para "asumir la defensa de los derechos lesionados", pero el juzgado Federal de Bariloche denegó el pedido por entender que no se estaba en presencia de un bien colectivo o interés difuso sino ante derechos individuales divisibles lesionados por un hecho único. Al recurrir la medida AdP destacó que gozar de un "medioambiente" sano era un derecho humano contemplado en la Constitución Nacional.
La Cámara hizo lugar a la apelación y encuadró se decisión en el artículo 82 bis del Código Procesal Penal que reconoce a las asociaciones o fundaciones legalmente registradas el derecho a "constituirse en querellante en procesos en los que se investiguen crímenes de lesa humanidad o graves violaciones a los derechos humanos siempre que su objeto estatutario se vincule directamente con la defensa de los derechos que se consideren lesionados".
Wieman destacó que "esta decisión nos permitirá presentarnos como querellantes en otras causas federales donde esté en peligro el derecho a un ambiente sano". En relación al estado de la investigación de la presunta contaminación señaló que el fiscal promovió algunas acciones pero que las actuaciones quedaron suspendidas en noviembre de 2010, cuando el expediente pasó a la Cámara Federal de Roca para que se resuelva el pedido de constitución de querella.
La referente ambientalista señaló que "la finalidad de la denuncia es saber de donde provienen los metales pesados que están en la zona de vuelco de la vieja planta del CAB, y si el DPA no lo investigó que lo haga la justicia".
También planteó como otro objetivo importante que el CAB tenga su propia planta de tratamiento de efluentes cloacales, adecuada a los desechos que produce ese complejo científico que en la actualidad está conectado a la red cloacal de la ciudad. Esos desechos van a la planta depuradora que además de estar colapsada no está preparada para recibir metales pesados ni materias peligrosas.
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Fecha de Publicación: 13/07/2012
Fuente: Río Negro On Line
Provincia/Región: Río Negro
La Cámara Federal de Roca habilitó a la Asociación Civil Árbol de Pie a constituirse en querellante para impulsar la investigación abierta por la presunta de contaminación del lago Nahuel Huapi con metales pesados.La denuncia fue promovida integrantes de la ong a mediados de 2009, a raíz del análisis de aguas realizado por la Universidad Nacional del Comahue que detectó la presencia de cromo, mercurio, plomo y altos niveles de contaminación bacteriológica en inmediaciones de la vieja planta cloacal del Centro Atómico Bariloche, en Puerto Moreno.
La referente de AdP, Ana Wieman, celebró la decisión judicial, que todavía no les fue notificada, y anticipó a "Río Negro" que hoy concurrirán al juzgado Federal local para tomar vista del expediente antes de la feria.
A la par de la denuncia la ong planteó la intención de constituirse en querellante para "asumir la defensa de los derechos lesionados", pero el juzgado Federal de Bariloche denegó el pedido por entender que no se estaba en presencia de un bien colectivo o interés difuso sino ante derechos individuales divisibles lesionados por un hecho único. Al recurrir la medida AdP destacó que gozar de un "medioambiente" sano era un derecho humano contemplado en la Constitución Nacional.
La Cámara hizo lugar a la apelación y encuadró se decisión en el artículo 82 bis del Código Procesal Penal que reconoce a las asociaciones o fundaciones legalmente registradas el derecho a "constituirse en querellante en procesos en los que se investiguen crímenes de lesa humanidad o graves violaciones a los derechos humanos siempre que su objeto estatutario se vincule directamente con la defensa de los derechos que se consideren lesionados".
Wieman destacó que "esta decisión nos permitirá presentarnos como querellantes en otras causas federales donde esté en peligro el derecho a un ambiente sano". En relación al estado de la investigación de la presunta contaminación señaló que el fiscal promovió algunas acciones pero que las actuaciones quedaron suspendidas en noviembre de 2010, cuando el expediente pasó a la Cámara Federal de Roca para que se resuelva el pedido de constitución de querella.
La referente ambientalista señaló que "la finalidad de la denuncia es saber de donde provienen los metales pesados que están en la zona de vuelco de la vieja planta del CAB, y si el DPA no lo investigó que lo haga la justicia".
También planteó como otro objetivo importante que el CAB tenga su propia planta de tratamiento de efluentes cloacales, adecuada a los desechos que produce ese complejo científico que en la actualidad está conectado a la red cloacal de la ciudad. Esos desechos van a la planta depuradora que además de estar colapsada no está preparada para recibir metales pesados ni materias peligrosas.
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Quema de cañaverales el otro problema de Tucumán
Unifican criterios para prevenir la quema de cañaverales
Fecha de Publicación: 13/07/2012
Fuente: Tucumán Noticias
Provincia/Región: Tucumán
Controlar y concientizar sobre la quema de cañaverales fue el motivo de una reunión que mantuvieron representantes de diferentes sectores involucrados en la problemática ambiental y productiva en esta época de zafra.
La sede del Ministerio de Desarrollo Productivo fue el lugar del encuentro presidido por el Secretario de Medio Ambiente,Alfredo Montalván quien estuvo acompañado por representantes de la Defensoría del Pueblo, Policía Ecológica, Defensa Civil, Dirección de Fiscalización Ambiental, EDET, Transnoa y del Ministerio de Seguridad Ciudadana.
"Esta es una mesa activa la cual se reune periodicamente para evaluar acciones a seguir, actuamos en función de la experiencia y lecciones aprendidas. Desde los diferentes sectores bregamos para prevenir la quema de cañaverales, práctica que afecta a la producción, a la salud, al medio ambiente y provoca fuertes inconvenientes en los tendidos eléctricos y en las rutas" dijo el funcionario.
Finalmente sostuvo que "desde la secretaría trabajamos para profundizar la cosecha en verde para así evitar daños posteriores, también se esta impartiendo educación ambiental en las escuelas para concientizar a las futuras generaciones", remarcó Montalván.
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Fecha de Publicación: 13/07/2012
Fuente: Tucumán Noticias
Provincia/Región: Tucumán
Controlar y concientizar sobre la quema de cañaverales fue el motivo de una reunión que mantuvieron representantes de diferentes sectores involucrados en la problemática ambiental y productiva en esta época de zafra.
La sede del Ministerio de Desarrollo Productivo fue el lugar del encuentro presidido por el Secretario de Medio Ambiente,Alfredo Montalván quien estuvo acompañado por representantes de la Defensoría del Pueblo, Policía Ecológica, Defensa Civil, Dirección de Fiscalización Ambiental, EDET, Transnoa y del Ministerio de Seguridad Ciudadana.
"Esta es una mesa activa la cual se reune periodicamente para evaluar acciones a seguir, actuamos en función de la experiencia y lecciones aprendidas. Desde los diferentes sectores bregamos para prevenir la quema de cañaverales, práctica que afecta a la producción, a la salud, al medio ambiente y provoca fuertes inconvenientes en los tendidos eléctricos y en las rutas" dijo el funcionario.
Finalmente sostuvo que "desde la secretaría trabajamos para profundizar la cosecha en verde para así evitar daños posteriores, también se esta impartiendo educación ambiental en las escuelas para concientizar a las futuras generaciones", remarcó Montalván.
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Por el desmonte el norte se convertirá en desierto
Pronostican que por el desmonte el norte se convertirá en un desierto
Fecha de Publicación: 12/07/2012
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: NOA
Los cambios generados en el uso del suelo por la expansión de la frontera agrícola están acelerando procesos que en la naturaleza demoraron miles de años en manifestarse y que hoy comienzan a amenazar seriamente su productividad. Dos estudios de la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA) advierten sobre las consecuencias del desmonte en Cuyo y en el NOA, vinculadas con ascenso de las napas freáticas y a la salinización de los suelos. En Australia ya se perdió el 10% del área agrícola por este fenómeno, que en sólo 30 años podría llevar a que parte del noroeste argentino, donde hoy se produce alimentos, se inunde con agua salada.
Los estudios, que también involucran a la Universidad Nacional de San Luis (UNSL), se concentran en planicies semiáridas de las regiones Espinal y Chaco, en las provincias de San Luis, donde apareció un nuevo río de la noche a la mañana, con cauces de 10 metros de ancho y 5 de profundidad, y del este de Salta, donde el desmonte y la siembra de cultivos (principalmente la de soja) crecieron de manera exponencial en los últimas años.
“El reemplazo de la vegetación semiárida por agricultura de secano genera mayor humedad en el suelo, lavado de sales de los perfiles y un posible ascenso de los niveles freáticos”, resumió Celina Santoni, quien estudió el tema en su tesis de posgrado en la Escuela para Graduados de la FAUBA, bajo la dirección de Esteban Jobbágy, pionero en la investigación de este proceso desde el Grupo de Estudios Ambientales de la UNSL e investigador del Conicet.
Los trabajos, que también financiados por el Instituto Interamericano de Para la Investigación del Cambio Global (IAI), el Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica (FONCyT) y el Conicet, e involucraron la participación de José Paruelo, Gervasio Piñeiro, Victoria Marchesini, Laura Amdan y otros investigadores de las cátedras de Ecología y Métodos Cuantitativos de la FAUBA.
Según Jobbágy, el Nuevo Río (como se lo denominó en la provincia cuyana) es una señal temprana de los grandes cambios provocados en el uso de la tierra: “Los sedimentos pasaron allí 9 mil años sin sufrir incisiones ni procesos parecidos. Pero desde los ´70, los niveles freáticos subieron hasta 10 metros y, de la noche a la mañana (realmente, no metafóricamente), el ascenso de las napas generó una ruptura por donde corre el agua en forma permanente, aun en la estación seca”. ¿Qué cambió en estos años para generar tal impacto? “Lo que resulta único del presente es el disturbio agrícola: 90% de la cuenca esta desmontada”, aseguró el investigador.
“Los bosques secos en estas condiciones de clima suelen alojar naturalmente una enorme cantidad de sales en el suelo muy profundo, a más de dos metros de profundidad. Esto es el resultado del consumo exhaustivo de agua que hace la vegetación natural y que lleva a que se acumulen sales en profundidad por siglos o milenios, y que las napas freáticas se mantengan profundas. La agricultura cambia esta condición, generando fugas de agua en profundidad. Con el tiempo esto lava las sales, las transporta a la napa, eleva su nivel y, en muchos casos, causa salinidad en superficie cuando las napas entran en contacto con la atmosfera”, explicó.
En Australia existe un antecedente denominado dryland salinity que provocó al ascenso de los niveles freáticos, con aguas totalmente salinizadas, producto del lavado de las sales acumuladas naturalmente en los suelos en profundidad. El resultado final son grandes hectáreas de suelos inundados con aguas salinas o suelos totalmente salinizados e improductivos. Esto ocurrió después de más de 100 años de uso agrícola de las tierras, que originalmente tenían bosques de eucaliptos.
“Asociamos esa situación con lo ocurrido en San Luis, en la cuenca del Nuevo Río (una de las más antiguas deforestadas en el país, con 70 años de historia agrícola), donde ya se perdieron muchas hectáreas de tierras y la salinización de napas superficiales es un problema incipiente”, apuntó Santoni. Sin embargo, el ascenso de niveles freáticos no causó anegamientos y salinización como en Australia, sino la ruptura del terreno por un proceso particular: “Se trata de una cuenca con pendientes más altas que las típicas de nuestras llanuras y con sedimentos eólicos muy nuevos y, creemos, susceptibles a la ruptura por napas que fluyen a mayor velocidad”, dijo Jobbágy.
En el NOA, las investigaciones arrojaron coincidencias con San Luis, Australia y otras planicies semiáridas de Estados Unidos, según Amdan, quien estudió las consecuencias del desmonte sobre la recarga de agua subterránea y la salinización de suelos en Salta. Su trabajo se presentó junto a otras tesis coordinadas de la licenciatura en Ciencias Ambientales de la FAUBA ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para evaluar el impacto ambiental acumulativo del desmonte en cuatro departamentos del este salteño (San Martín, Orán, Rivadavia y Santa Victoria), que en las últimas tres décadas tuvieron el mayor crecimiento agrícola del país, en detrimento del bosques.
“El desmonte cambió radicalmente el sistema radicular”, dijo Amdan, y explicó que las raíces de la soja (el cultivo extensivo más difundido en el este de Salta) no logran absorber la lluvia como lo hacían los árboles. Esto hace que el agua atraviese todo el perfil del suelo y transporte las sales acumuladas por milenios hasta las napas. Si el monocultivo de soja persiste, con el tiempo las napas comienzan a ascender con las sales, hasta llegar a la superficie. Y esto podría suceder, según las conclusiones de Amdan, en un período de entre 30 y 100 años, según la edad del desmonte, la cobertura y el manejo agronómico. En el caso de las pasturas, que se siembran como alimento para el ganado, el proceso podría demorar hasta 250 años.
“El problema está identificado, tenemos evidencias in situ y experiencia de otras regiones similares sobre cómo es la dinámica del proceso y sus posibles consecuencias. La señal en Salta es fuerte y las consecuencias son severas. No podemos sentarnos a esperar de brazos cruzados para ver cómo el sistema resuelve naturalmente el cambio”, advirtió. “Entendemos que el modelo productivo presiona para obtener una rentabilidad máxima inmediata, pero el costo a largo plazo puede ser tan alto que no haya retorno posible y la pérdida de productividad, así como la capacidad de producir alimentos, sean netas”, concluyó Amdan.
Por esta razón, los investigadores se concentran en remediar o frenar el proceso y proponer sistemas alternativos de manejo del suelo que, sin limitar las producciones agrícolas típicas de ambientes semiáridos y las tendencias productivas actuales, retrasen o anulen el efecto de recarga subterránea y la salinización del agua y los suelos, antes que sea demasiado tarde.
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Fecha de Publicación: 12/07/2012
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: NOA
Los cambios generados en el uso del suelo por la expansión de la frontera agrícola están acelerando procesos que en la naturaleza demoraron miles de años en manifestarse y que hoy comienzan a amenazar seriamente su productividad. Dos estudios de la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA) advierten sobre las consecuencias del desmonte en Cuyo y en el NOA, vinculadas con ascenso de las napas freáticas y a la salinización de los suelos. En Australia ya se perdió el 10% del área agrícola por este fenómeno, que en sólo 30 años podría llevar a que parte del noroeste argentino, donde hoy se produce alimentos, se inunde con agua salada.Los estudios, que también involucran a la Universidad Nacional de San Luis (UNSL), se concentran en planicies semiáridas de las regiones Espinal y Chaco, en las provincias de San Luis, donde apareció un nuevo río de la noche a la mañana, con cauces de 10 metros de ancho y 5 de profundidad, y del este de Salta, donde el desmonte y la siembra de cultivos (principalmente la de soja) crecieron de manera exponencial en los últimas años.
“El reemplazo de la vegetación semiárida por agricultura de secano genera mayor humedad en el suelo, lavado de sales de los perfiles y un posible ascenso de los niveles freáticos”, resumió Celina Santoni, quien estudió el tema en su tesis de posgrado en la Escuela para Graduados de la FAUBA, bajo la dirección de Esteban Jobbágy, pionero en la investigación de este proceso desde el Grupo de Estudios Ambientales de la UNSL e investigador del Conicet.
Los trabajos, que también financiados por el Instituto Interamericano de Para la Investigación del Cambio Global (IAI), el Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica (FONCyT) y el Conicet, e involucraron la participación de José Paruelo, Gervasio Piñeiro, Victoria Marchesini, Laura Amdan y otros investigadores de las cátedras de Ecología y Métodos Cuantitativos de la FAUBA.
Según Jobbágy, el Nuevo Río (como se lo denominó en la provincia cuyana) es una señal temprana de los grandes cambios provocados en el uso de la tierra: “Los sedimentos pasaron allí 9 mil años sin sufrir incisiones ni procesos parecidos. Pero desde los ´70, los niveles freáticos subieron hasta 10 metros y, de la noche a la mañana (realmente, no metafóricamente), el ascenso de las napas generó una ruptura por donde corre el agua en forma permanente, aun en la estación seca”. ¿Qué cambió en estos años para generar tal impacto? “Lo que resulta único del presente es el disturbio agrícola: 90% de la cuenca esta desmontada”, aseguró el investigador.
“Los bosques secos en estas condiciones de clima suelen alojar naturalmente una enorme cantidad de sales en el suelo muy profundo, a más de dos metros de profundidad. Esto es el resultado del consumo exhaustivo de agua que hace la vegetación natural y que lleva a que se acumulen sales en profundidad por siglos o milenios, y que las napas freáticas se mantengan profundas. La agricultura cambia esta condición, generando fugas de agua en profundidad. Con el tiempo esto lava las sales, las transporta a la napa, eleva su nivel y, en muchos casos, causa salinidad en superficie cuando las napas entran en contacto con la atmosfera”, explicó.
En Australia existe un antecedente denominado dryland salinity que provocó al ascenso de los niveles freáticos, con aguas totalmente salinizadas, producto del lavado de las sales acumuladas naturalmente en los suelos en profundidad. El resultado final son grandes hectáreas de suelos inundados con aguas salinas o suelos totalmente salinizados e improductivos. Esto ocurrió después de más de 100 años de uso agrícola de las tierras, que originalmente tenían bosques de eucaliptos.
“Asociamos esa situación con lo ocurrido en San Luis, en la cuenca del Nuevo Río (una de las más antiguas deforestadas en el país, con 70 años de historia agrícola), donde ya se perdieron muchas hectáreas de tierras y la salinización de napas superficiales es un problema incipiente”, apuntó Santoni. Sin embargo, el ascenso de niveles freáticos no causó anegamientos y salinización como en Australia, sino la ruptura del terreno por un proceso particular: “Se trata de una cuenca con pendientes más altas que las típicas de nuestras llanuras y con sedimentos eólicos muy nuevos y, creemos, susceptibles a la ruptura por napas que fluyen a mayor velocidad”, dijo Jobbágy.
En el NOA, las investigaciones arrojaron coincidencias con San Luis, Australia y otras planicies semiáridas de Estados Unidos, según Amdan, quien estudió las consecuencias del desmonte sobre la recarga de agua subterránea y la salinización de suelos en Salta. Su trabajo se presentó junto a otras tesis coordinadas de la licenciatura en Ciencias Ambientales de la FAUBA ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para evaluar el impacto ambiental acumulativo del desmonte en cuatro departamentos del este salteño (San Martín, Orán, Rivadavia y Santa Victoria), que en las últimas tres décadas tuvieron el mayor crecimiento agrícola del país, en detrimento del bosques.
“El desmonte cambió radicalmente el sistema radicular”, dijo Amdan, y explicó que las raíces de la soja (el cultivo extensivo más difundido en el este de Salta) no logran absorber la lluvia como lo hacían los árboles. Esto hace que el agua atraviese todo el perfil del suelo y transporte las sales acumuladas por milenios hasta las napas. Si el monocultivo de soja persiste, con el tiempo las napas comienzan a ascender con las sales, hasta llegar a la superficie. Y esto podría suceder, según las conclusiones de Amdan, en un período de entre 30 y 100 años, según la edad del desmonte, la cobertura y el manejo agronómico. En el caso de las pasturas, que se siembran como alimento para el ganado, el proceso podría demorar hasta 250 años.
“El problema está identificado, tenemos evidencias in situ y experiencia de otras regiones similares sobre cómo es la dinámica del proceso y sus posibles consecuencias. La señal en Salta es fuerte y las consecuencias son severas. No podemos sentarnos a esperar de brazos cruzados para ver cómo el sistema resuelve naturalmente el cambio”, advirtió. “Entendemos que el modelo productivo presiona para obtener una rentabilidad máxima inmediata, pero el costo a largo plazo puede ser tan alto que no haya retorno posible y la pérdida de productividad, así como la capacidad de producir alimentos, sean netas”, concluyó Amdan.
Por esta razón, los investigadores se concentran en remediar o frenar el proceso y proponer sistemas alternativos de manejo del suelo que, sin limitar las producciones agrícolas típicas de ambientes semiáridos y las tendencias productivas actuales, retrasen o anulen el efecto de recarga subterránea y la salinización del agua y los suelos, antes que sea demasiado tarde.
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Glaciares: la Corte pone las cosas en su lugar
Glaciares: la Corte pone las cosas en su lugar
Fecha de Publicación: 12/07/2012
Fuente: La Nación
Provincia/Región: San Juan - Nacional
El máximo tribunal revocó la medida cautelar por la cual se suspendía la ley promulgada en octubre de 2010
El pasado 3 de julio la Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó la medida cautelar dictada por el juez federal de San Juan Miguel Angel Gálvez, por la que suspendía la aplicación de la ley de glaciares promulgada en octubre de 2010.
La medida había sido requerida por las empresas mineras Barrick Exploraciones Argentina SA (Beasa) y Exploraciones Mineras Argentinas SA (Emasa) y otorgada por el juez de la provincia cuyana, con el objetivo de suspender la aplicación de varios artículos de la ley para el emprendimiento minero Pascua Lama. En síntesis, se suspendió la aplicación de los artículos que definen los glaciares, los que ordenan la realización del Inventario Nacional de Glaciares, los que prohíben actividades que impliquen la destrucción de glaciares y la obligación de realizar estudios de impacto ambiental. El fundamento de la medida otorgada por el juez de San Juan era que la ley de glaciares creaba "un estado de intranquilidad e incertidumbre para las empresas Beasa y Emasa", quienes verían afectado su patrimonio y su derecho a ejercer toda industria lícita, protegidos por nuestra Constitución.
La Corte dispuso el levantamiento de la medida cautelar y su pedido de ampliación, señalando la inexistencia de gravámenes y efectos irreparables para los intereses de las empresas en el caso de aplicarse la ley de glaciares, cuyo objetivo es, justamente, preservar los glaciares como reserva estratégica de recursos hídricos para el consumo humano, para la agricultura y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas.
No podemos dejar de remontarnos al contexto del año 2008 cuando, por unanimidad de ambas cámaras, se aprobó una ley que establecía la protección de los glaciares y periglaciares, es decir, también el entorno de esa formación natural; la realización de un inventario, y la prohibición de actividades que puedan afectarlos, como dispersión de contaminantes, actividades industriales, mineras, petrolíferas y obras de infraestructura inadecuadas. Determinaba además que toda actividad no prohibida que allí se hiciera requería una evaluación de impacto ambiental y establecía fuertes sanciones en casos de incumplimiento.
La ley fue vetada por el Poder Ejecutivo, que en aquel momento manifestaba que ya existía legislación en la materia, y que el gobierno ya había tomado medidas respecto de la cuestión ambiental. El texto del veto, firmado por el entonces jefe de Gabinete, Sergio Massa, cuestionó que la ley "no puede limitarse a la absoluta prohibición de actividades", y admitió que "gobernadores de la zona cordillerana han manifestado su preocupación con lo dispuesto por la norma sancionada" porque afectaría inversiones y puestos de trabajo. Sin embargo, los legisladores de las provincias cordilleranas habían votado la ley.
El veto presidencial sorprendió debido al apoyo legislativo absoluto con que contó el proyecto.
Desde 2001, la multinacional minera Barrick procura concretar un proyecto mucho más ambicioso y sin antecedentes en el mundo: la explotación de un yacimiento más grande, el de Pascua Lama, a 5000 metros de altura en la Cordillera, que involucra a la provincia de San Juan y a Chile. El emprendimiento ha despertado las críticas de entidades ambientalistas de ambos países por el peligro que podrían correr los glaciares y la zona periglaciar. Incluso afirman que la actividad derrocha millones de litros de agua, que podría contaminar el ambiente de manera irreversible y que la riqueza que se genera no queda en el país, porque las empresas tienen numerosas exenciones impositivas.
Como se recordará, el veto presidencial agregaba que la ley "podría afectar el desarrollo económico de las provincias involucradas, implicando la imposibilidad de desarrollar cualquier tipo de actividad u obra en zonas cordilleranas", lo cual "daría preeminencia a los aspectos ambientales por encima de actividades que podrían autorizarse y desarrollarse en perfecto cuidado del medio ambiente".
Sin desconocer que los minerales y los metales hacen una gran contribución a la economía y a la sociedad, esta actividad no puede realizarse a costa de poner en riesgo el futuro de uno de los recursos más frágiles que posee nuestro país.
Nuevamente la Corte Suprema -con los votos de los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Santiago Petracchi y Juan Carlos Maqueda- ha cumplido un rol fundamental en materia ambiental, como lo ha hecho en otras oportunidades.
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Fecha de Publicación: 12/07/2012
Fuente: La Nación
Provincia/Región: San Juan - Nacional
El máximo tribunal revocó la medida cautelar por la cual se suspendía la ley promulgada en octubre de 2010
El pasado 3 de julio la Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó la medida cautelar dictada por el juez federal de San Juan Miguel Angel Gálvez, por la que suspendía la aplicación de la ley de glaciares promulgada en octubre de 2010.
La medida había sido requerida por las empresas mineras Barrick Exploraciones Argentina SA (Beasa) y Exploraciones Mineras Argentinas SA (Emasa) y otorgada por el juez de la provincia cuyana, con el objetivo de suspender la aplicación de varios artículos de la ley para el emprendimiento minero Pascua Lama. En síntesis, se suspendió la aplicación de los artículos que definen los glaciares, los que ordenan la realización del Inventario Nacional de Glaciares, los que prohíben actividades que impliquen la destrucción de glaciares y la obligación de realizar estudios de impacto ambiental. El fundamento de la medida otorgada por el juez de San Juan era que la ley de glaciares creaba "un estado de intranquilidad e incertidumbre para las empresas Beasa y Emasa", quienes verían afectado su patrimonio y su derecho a ejercer toda industria lícita, protegidos por nuestra Constitución.
La Corte dispuso el levantamiento de la medida cautelar y su pedido de ampliación, señalando la inexistencia de gravámenes y efectos irreparables para los intereses de las empresas en el caso de aplicarse la ley de glaciares, cuyo objetivo es, justamente, preservar los glaciares como reserva estratégica de recursos hídricos para el consumo humano, para la agricultura y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas.
No podemos dejar de remontarnos al contexto del año 2008 cuando, por unanimidad de ambas cámaras, se aprobó una ley que establecía la protección de los glaciares y periglaciares, es decir, también el entorno de esa formación natural; la realización de un inventario, y la prohibición de actividades que puedan afectarlos, como dispersión de contaminantes, actividades industriales, mineras, petrolíferas y obras de infraestructura inadecuadas. Determinaba además que toda actividad no prohibida que allí se hiciera requería una evaluación de impacto ambiental y establecía fuertes sanciones en casos de incumplimiento.
La ley fue vetada por el Poder Ejecutivo, que en aquel momento manifestaba que ya existía legislación en la materia, y que el gobierno ya había tomado medidas respecto de la cuestión ambiental. El texto del veto, firmado por el entonces jefe de Gabinete, Sergio Massa, cuestionó que la ley "no puede limitarse a la absoluta prohibición de actividades", y admitió que "gobernadores de la zona cordillerana han manifestado su preocupación con lo dispuesto por la norma sancionada" porque afectaría inversiones y puestos de trabajo. Sin embargo, los legisladores de las provincias cordilleranas habían votado la ley.
El veto presidencial sorprendió debido al apoyo legislativo absoluto con que contó el proyecto.
Desde 2001, la multinacional minera Barrick procura concretar un proyecto mucho más ambicioso y sin antecedentes en el mundo: la explotación de un yacimiento más grande, el de Pascua Lama, a 5000 metros de altura en la Cordillera, que involucra a la provincia de San Juan y a Chile. El emprendimiento ha despertado las críticas de entidades ambientalistas de ambos países por el peligro que podrían correr los glaciares y la zona periglaciar. Incluso afirman que la actividad derrocha millones de litros de agua, que podría contaminar el ambiente de manera irreversible y que la riqueza que se genera no queda en el país, porque las empresas tienen numerosas exenciones impositivas.
Como se recordará, el veto presidencial agregaba que la ley "podría afectar el desarrollo económico de las provincias involucradas, implicando la imposibilidad de desarrollar cualquier tipo de actividad u obra en zonas cordilleranas", lo cual "daría preeminencia a los aspectos ambientales por encima de actividades que podrían autorizarse y desarrollarse en perfecto cuidado del medio ambiente".
Sin desconocer que los minerales y los metales hacen una gran contribución a la economía y a la sociedad, esta actividad no puede realizarse a costa de poner en riesgo el futuro de uno de los recursos más frágiles que posee nuestro país.
Nuevamente la Corte Suprema -con los votos de los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Santiago Petracchi y Juan Carlos Maqueda- ha cumplido un rol fundamental en materia ambiental, como lo ha hecho en otras oportunidades.
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ecosistemas,
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legislación y derecho ambiental,
minería,
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recursos hídricos,
San Juan
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Rosario es la ciudad más verde
Rosario, la primera del país con más áreas verdes por habitante
Fecha de Publicación: 11/07/2012
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe
Un informe realizado por el equipo de Iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles (Ices) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) señala a Rosario como la principal metrópoli del país con más metros cuadrados de espacios verdes por habitante. Y como una de las mejores posicionadas en ese rango en Latinoamérica.
De acuerdo a un trabajo publicado por Horacio Terraza, coordinador de la Gerencia de Infraestructura y Medioambiente de la Ices, Rosario posee en la actualidad un promedio de 10,4 metros cuadrados de espacios verdes por persona, cantidad que la posiciona como una de las ciudades importantes y en crecimiento de América latina.
De hecho, se encuentra dentro de los parámetros recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS): entre 10 y 15 metros cuadrados de espacios verdes por persona.
Con esa cifra, la ciudad se ubica por arriba de otros grandes centros urbanos que formaron parte del trabajo realizado por el equipo del Ices.
Entre las ciudades argentinas que participaron del estudio, Rosario se posiciona primera por encima de Mar del Plata, que posee 3,38 metros cuadrados de espacios verdes por habitante, y de Buenos Aires, que tiene 2,69 metros cuadrados por persona.
Además, si la ciudad es comparada con Córdoba, que no fue tomada por el BID, permanece bien posicionada. De acuerdo a datos del municipio, la capital mediterránea tiene 6,5 metros cuadrados de espacios verdes públicos por persona.
A nivel regional, Rosario quedó quinta en el muestreo, sólo superada por Curitiba, Porto Alegre, Montevideo y San Pablo. Y se posicionó por encima de Belo Horizonte, Campiñas, Guayaquil, Bogotá, Cali y Guadalajara, entre otras ciudades de las 21 utilizadas para el informe.
La iniciativa del BID es una plataforma que se lanzó en 2011 con el objetivo de apoyar a algunas de las 140 metrópolis con poblaciones de entre 100 mil y 2 millones de personas en América latina y el Caribe que vienen creciendo a una velocidad superior a las megaciudades de la región.
Específicamente, la iniciativa busca aliarse con aquellas ciudades que quieren desarrollar una estrategia de largo plazo para alcanzar la sostenibilidad en su gestión ambiental, fiscal y urbana, y para anticipar las consecuencias del cambio climático.
El equipo del BID realizó el informe con el fin de diagnosticar la situación de las ciudades más importantes de la región en relación a la cantidad de espacios verdes que poseen, en el contexto de crecimiento de los últimos años.
A su turno, Pablo Seghezzo, secretario de Servicios Públicos municipal, destacó que, en función de los trabajos realizados a lo largo de 2012 para el cuidado del arbolado público (Plan de Poda y Escamonda) y las tareas correspondientes al Plan de Forestación vigente, se alcanza una cifra de 14 millones de pesos anuales destinados a esos objetivos.
Esta inversión se suma al Plan de Mantenimiento y Mejora de Plazas, que implica un desembolso de 500 mil pesos mensuales.
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Fecha de Publicación: 11/07/2012
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe
Un informe realizado por el equipo de Iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles (Ices) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) señala a Rosario como la principal metrópoli del país con más metros cuadrados de espacios verdes por habitante. Y como una de las mejores posicionadas en ese rango en Latinoamérica.
De acuerdo a un trabajo publicado por Horacio Terraza, coordinador de la Gerencia de Infraestructura y Medioambiente de la Ices, Rosario posee en la actualidad un promedio de 10,4 metros cuadrados de espacios verdes por persona, cantidad que la posiciona como una de las ciudades importantes y en crecimiento de América latina.
De hecho, se encuentra dentro de los parámetros recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS): entre 10 y 15 metros cuadrados de espacios verdes por persona.
Con esa cifra, la ciudad se ubica por arriba de otros grandes centros urbanos que formaron parte del trabajo realizado por el equipo del Ices.
Entre las ciudades argentinas que participaron del estudio, Rosario se posiciona primera por encima de Mar del Plata, que posee 3,38 metros cuadrados de espacios verdes por habitante, y de Buenos Aires, que tiene 2,69 metros cuadrados por persona.
Además, si la ciudad es comparada con Córdoba, que no fue tomada por el BID, permanece bien posicionada. De acuerdo a datos del municipio, la capital mediterránea tiene 6,5 metros cuadrados de espacios verdes públicos por persona.
A nivel regional, Rosario quedó quinta en el muestreo, sólo superada por Curitiba, Porto Alegre, Montevideo y San Pablo. Y se posicionó por encima de Belo Horizonte, Campiñas, Guayaquil, Bogotá, Cali y Guadalajara, entre otras ciudades de las 21 utilizadas para el informe.
La iniciativa del BID es una plataforma que se lanzó en 2011 con el objetivo de apoyar a algunas de las 140 metrópolis con poblaciones de entre 100 mil y 2 millones de personas en América latina y el Caribe que vienen creciendo a una velocidad superior a las megaciudades de la región.
Específicamente, la iniciativa busca aliarse con aquellas ciudades que quieren desarrollar una estrategia de largo plazo para alcanzar la sostenibilidad en su gestión ambiental, fiscal y urbana, y para anticipar las consecuencias del cambio climático.
El equipo del BID realizó el informe con el fin de diagnosticar la situación de las ciudades más importantes de la región en relación a la cantidad de espacios verdes que poseen, en el contexto de crecimiento de los últimos años.
A su turno, Pablo Seghezzo, secretario de Servicios Públicos municipal, destacó que, en función de los trabajos realizados a lo largo de 2012 para el cuidado del arbolado público (Plan de Poda y Escamonda) y las tareas correspondientes al Plan de Forestación vigente, se alcanza una cifra de 14 millones de pesos anuales destinados a esos objetivos.
Esta inversión se suma al Plan de Mantenimiento y Mejora de Plazas, que implica un desembolso de 500 mil pesos mensuales.
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