El Nahuel Huapi contaminado con metales pesados
18:04 | 
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Eco Sitio |
Ong será querellante en causa por contaminación
Fecha de Publicación: 13/07/2012
Fuente: Río Negro On Line
Provincia/Región: Río Negro
La Cámara Federal de Roca habilitó a la Asociación Civil Árbol de Pie a constituirse en querellante para impulsar la investigación abierta por la presunta de contaminación del lago Nahuel Huapi con metales pesados.
La denuncia fue promovida integrantes de la ong a mediados de 2009, a raíz del análisis de aguas realizado por la Universidad Nacional del Comahue que detectó la presencia de cromo, mercurio, plomo y altos niveles de contaminación bacteriológica en inmediaciones de la vieja planta cloacal del Centro Atómico Bariloche, en Puerto Moreno.
La referente de AdP, Ana Wieman, celebró la decisión judicial, que todavía no les fue notificada, y anticipó a "Río Negro" que hoy concurrirán al juzgado Federal local para tomar vista del expediente antes de la feria.
A la par de la denuncia la ong planteó la intención de constituirse en querellante para "asumir la defensa de los derechos lesionados", pero el juzgado Federal de Bariloche denegó el pedido por entender que no se estaba en presencia de un bien colectivo o interés difuso sino ante derechos individuales divisibles lesionados por un hecho único. Al recurrir la medida AdP destacó que gozar de un "medioambiente" sano era un derecho humano contemplado en la Constitución Nacional.
La Cámara hizo lugar a la apelación y encuadró se decisión en el artículo 82 bis del Código Procesal Penal que reconoce a las asociaciones o fundaciones legalmente registradas el derecho a "constituirse en querellante en procesos en los que se investiguen crímenes de lesa humanidad o graves violaciones a los derechos humanos siempre que su objeto estatutario se vincule directamente con la defensa de los derechos que se consideren lesionados".
Wieman destacó que "esta decisión nos permitirá presentarnos como querellantes en otras causas federales donde esté en peligro el derecho a un ambiente sano". En relación al estado de la investigación de la presunta contaminación señaló que el fiscal promovió algunas acciones pero que las actuaciones quedaron suspendidas en noviembre de 2010, cuando el expediente pasó a la Cámara Federal de Roca para que se resuelva el pedido de constitución de querella.
La referente ambientalista señaló que "la finalidad de la denuncia es saber de donde provienen los metales pesados que están en la zona de vuelco de la vieja planta del CAB, y si el DPA no lo investigó que lo haga la justicia".
También planteó como otro objetivo importante que el CAB tenga su propia planta de tratamiento de efluentes cloacales, adecuada a los desechos que produce ese complejo científico que en la actualidad está conectado a la red cloacal de la ciudad. Esos desechos van a la planta depuradora que además de estar colapsada no está preparada para recibir metales pesados ni materias peligrosas.
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Fecha de Publicación: 13/07/2012
Fuente: Río Negro On Line
Provincia/Región: Río Negro
La Cámara Federal de Roca habilitó a la Asociación Civil Árbol de Pie a constituirse en querellante para impulsar la investigación abierta por la presunta de contaminación del lago Nahuel Huapi con metales pesados.La denuncia fue promovida integrantes de la ong a mediados de 2009, a raíz del análisis de aguas realizado por la Universidad Nacional del Comahue que detectó la presencia de cromo, mercurio, plomo y altos niveles de contaminación bacteriológica en inmediaciones de la vieja planta cloacal del Centro Atómico Bariloche, en Puerto Moreno.
La referente de AdP, Ana Wieman, celebró la decisión judicial, que todavía no les fue notificada, y anticipó a "Río Negro" que hoy concurrirán al juzgado Federal local para tomar vista del expediente antes de la feria.
A la par de la denuncia la ong planteó la intención de constituirse en querellante para "asumir la defensa de los derechos lesionados", pero el juzgado Federal de Bariloche denegó el pedido por entender que no se estaba en presencia de un bien colectivo o interés difuso sino ante derechos individuales divisibles lesionados por un hecho único. Al recurrir la medida AdP destacó que gozar de un "medioambiente" sano era un derecho humano contemplado en la Constitución Nacional.
La Cámara hizo lugar a la apelación y encuadró se decisión en el artículo 82 bis del Código Procesal Penal que reconoce a las asociaciones o fundaciones legalmente registradas el derecho a "constituirse en querellante en procesos en los que se investiguen crímenes de lesa humanidad o graves violaciones a los derechos humanos siempre que su objeto estatutario se vincule directamente con la defensa de los derechos que se consideren lesionados".
Wieman destacó que "esta decisión nos permitirá presentarnos como querellantes en otras causas federales donde esté en peligro el derecho a un ambiente sano". En relación al estado de la investigación de la presunta contaminación señaló que el fiscal promovió algunas acciones pero que las actuaciones quedaron suspendidas en noviembre de 2010, cuando el expediente pasó a la Cámara Federal de Roca para que se resuelva el pedido de constitución de querella.
La referente ambientalista señaló que "la finalidad de la denuncia es saber de donde provienen los metales pesados que están en la zona de vuelco de la vieja planta del CAB, y si el DPA no lo investigó que lo haga la justicia".
También planteó como otro objetivo importante que el CAB tenga su propia planta de tratamiento de efluentes cloacales, adecuada a los desechos que produce ese complejo científico que en la actualidad está conectado a la red cloacal de la ciudad. Esos desechos van a la planta depuradora que además de estar colapsada no está preparada para recibir metales pesados ni materias peligrosas.
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Quema de cañaverales el otro problema de Tucumán
Unifican criterios para prevenir la quema de cañaverales
Fecha de Publicación: 13/07/2012
Fuente: Tucumán Noticias
Provincia/Región: Tucumán
Controlar y concientizar sobre la quema de cañaverales fue el motivo de una reunión que mantuvieron representantes de diferentes sectores involucrados en la problemática ambiental y productiva en esta época de zafra.
La sede del Ministerio de Desarrollo Productivo fue el lugar del encuentro presidido por el Secretario de Medio Ambiente,Alfredo Montalván quien estuvo acompañado por representantes de la Defensoría del Pueblo, Policía Ecológica, Defensa Civil, Dirección de Fiscalización Ambiental, EDET, Transnoa y del Ministerio de Seguridad Ciudadana.
"Esta es una mesa activa la cual se reune periodicamente para evaluar acciones a seguir, actuamos en función de la experiencia y lecciones aprendidas. Desde los diferentes sectores bregamos para prevenir la quema de cañaverales, práctica que afecta a la producción, a la salud, al medio ambiente y provoca fuertes inconvenientes en los tendidos eléctricos y en las rutas" dijo el funcionario.
Finalmente sostuvo que "desde la secretaría trabajamos para profundizar la cosecha en verde para así evitar daños posteriores, también se esta impartiendo educación ambiental en las escuelas para concientizar a las futuras generaciones", remarcó Montalván.
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Fecha de Publicación: 13/07/2012
Fuente: Tucumán Noticias
Provincia/Región: Tucumán
Controlar y concientizar sobre la quema de cañaverales fue el motivo de una reunión que mantuvieron representantes de diferentes sectores involucrados en la problemática ambiental y productiva en esta época de zafra.
La sede del Ministerio de Desarrollo Productivo fue el lugar del encuentro presidido por el Secretario de Medio Ambiente,Alfredo Montalván quien estuvo acompañado por representantes de la Defensoría del Pueblo, Policía Ecológica, Defensa Civil, Dirección de Fiscalización Ambiental, EDET, Transnoa y del Ministerio de Seguridad Ciudadana.
"Esta es una mesa activa la cual se reune periodicamente para evaluar acciones a seguir, actuamos en función de la experiencia y lecciones aprendidas. Desde los diferentes sectores bregamos para prevenir la quema de cañaverales, práctica que afecta a la producción, a la salud, al medio ambiente y provoca fuertes inconvenientes en los tendidos eléctricos y en las rutas" dijo el funcionario.
Finalmente sostuvo que "desde la secretaría trabajamos para profundizar la cosecha en verde para así evitar daños posteriores, también se esta impartiendo educación ambiental en las escuelas para concientizar a las futuras generaciones", remarcó Montalván.
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Por el desmonte el norte se convertirá en desierto
Pronostican que por el desmonte el norte se convertirá en un desierto
Fecha de Publicación: 12/07/2012
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: NOA
Los cambios generados en el uso del suelo por la expansión de la frontera agrícola están acelerando procesos que en la naturaleza demoraron miles de años en manifestarse y que hoy comienzan a amenazar seriamente su productividad. Dos estudios de la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA) advierten sobre las consecuencias del desmonte en Cuyo y en el NOA, vinculadas con ascenso de las napas freáticas y a la salinización de los suelos. En Australia ya se perdió el 10% del área agrícola por este fenómeno, que en sólo 30 años podría llevar a que parte del noroeste argentino, donde hoy se produce alimentos, se inunde con agua salada.
Los estudios, que también involucran a la Universidad Nacional de San Luis (UNSL), se concentran en planicies semiáridas de las regiones Espinal y Chaco, en las provincias de San Luis, donde apareció un nuevo río de la noche a la mañana, con cauces de 10 metros de ancho y 5 de profundidad, y del este de Salta, donde el desmonte y la siembra de cultivos (principalmente la de soja) crecieron de manera exponencial en los últimas años.
“El reemplazo de la vegetación semiárida por agricultura de secano genera mayor humedad en el suelo, lavado de sales de los perfiles y un posible ascenso de los niveles freáticos”, resumió Celina Santoni, quien estudió el tema en su tesis de posgrado en la Escuela para Graduados de la FAUBA, bajo la dirección de Esteban Jobbágy, pionero en la investigación de este proceso desde el Grupo de Estudios Ambientales de la UNSL e investigador del Conicet.
Los trabajos, que también financiados por el Instituto Interamericano de Para la Investigación del Cambio Global (IAI), el Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica (FONCyT) y el Conicet, e involucraron la participación de José Paruelo, Gervasio Piñeiro, Victoria Marchesini, Laura Amdan y otros investigadores de las cátedras de Ecología y Métodos Cuantitativos de la FAUBA.
Según Jobbágy, el Nuevo Río (como se lo denominó en la provincia cuyana) es una señal temprana de los grandes cambios provocados en el uso de la tierra: “Los sedimentos pasaron allí 9 mil años sin sufrir incisiones ni procesos parecidos. Pero desde los ´70, los niveles freáticos subieron hasta 10 metros y, de la noche a la mañana (realmente, no metafóricamente), el ascenso de las napas generó una ruptura por donde corre el agua en forma permanente, aun en la estación seca”. ¿Qué cambió en estos años para generar tal impacto? “Lo que resulta único del presente es el disturbio agrícola: 90% de la cuenca esta desmontada”, aseguró el investigador.
“Los bosques secos en estas condiciones de clima suelen alojar naturalmente una enorme cantidad de sales en el suelo muy profundo, a más de dos metros de profundidad. Esto es el resultado del consumo exhaustivo de agua que hace la vegetación natural y que lleva a que se acumulen sales en profundidad por siglos o milenios, y que las napas freáticas se mantengan profundas. La agricultura cambia esta condición, generando fugas de agua en profundidad. Con el tiempo esto lava las sales, las transporta a la napa, eleva su nivel y, en muchos casos, causa salinidad en superficie cuando las napas entran en contacto con la atmosfera”, explicó.
En Australia existe un antecedente denominado dryland salinity que provocó al ascenso de los niveles freáticos, con aguas totalmente salinizadas, producto del lavado de las sales acumuladas naturalmente en los suelos en profundidad. El resultado final son grandes hectáreas de suelos inundados con aguas salinas o suelos totalmente salinizados e improductivos. Esto ocurrió después de más de 100 años de uso agrícola de las tierras, que originalmente tenían bosques de eucaliptos.
“Asociamos esa situación con lo ocurrido en San Luis, en la cuenca del Nuevo Río (una de las más antiguas deforestadas en el país, con 70 años de historia agrícola), donde ya se perdieron muchas hectáreas de tierras y la salinización de napas superficiales es un problema incipiente”, apuntó Santoni. Sin embargo, el ascenso de niveles freáticos no causó anegamientos y salinización como en Australia, sino la ruptura del terreno por un proceso particular: “Se trata de una cuenca con pendientes más altas que las típicas de nuestras llanuras y con sedimentos eólicos muy nuevos y, creemos, susceptibles a la ruptura por napas que fluyen a mayor velocidad”, dijo Jobbágy.
En el NOA, las investigaciones arrojaron coincidencias con San Luis, Australia y otras planicies semiáridas de Estados Unidos, según Amdan, quien estudió las consecuencias del desmonte sobre la recarga de agua subterránea y la salinización de suelos en Salta. Su trabajo se presentó junto a otras tesis coordinadas de la licenciatura en Ciencias Ambientales de la FAUBA ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para evaluar el impacto ambiental acumulativo del desmonte en cuatro departamentos del este salteño (San Martín, Orán, Rivadavia y Santa Victoria), que en las últimas tres décadas tuvieron el mayor crecimiento agrícola del país, en detrimento del bosques.
“El desmonte cambió radicalmente el sistema radicular”, dijo Amdan, y explicó que las raíces de la soja (el cultivo extensivo más difundido en el este de Salta) no logran absorber la lluvia como lo hacían los árboles. Esto hace que el agua atraviese todo el perfil del suelo y transporte las sales acumuladas por milenios hasta las napas. Si el monocultivo de soja persiste, con el tiempo las napas comienzan a ascender con las sales, hasta llegar a la superficie. Y esto podría suceder, según las conclusiones de Amdan, en un período de entre 30 y 100 años, según la edad del desmonte, la cobertura y el manejo agronómico. En el caso de las pasturas, que se siembran como alimento para el ganado, el proceso podría demorar hasta 250 años.
“El problema está identificado, tenemos evidencias in situ y experiencia de otras regiones similares sobre cómo es la dinámica del proceso y sus posibles consecuencias. La señal en Salta es fuerte y las consecuencias son severas. No podemos sentarnos a esperar de brazos cruzados para ver cómo el sistema resuelve naturalmente el cambio”, advirtió. “Entendemos que el modelo productivo presiona para obtener una rentabilidad máxima inmediata, pero el costo a largo plazo puede ser tan alto que no haya retorno posible y la pérdida de productividad, así como la capacidad de producir alimentos, sean netas”, concluyó Amdan.
Por esta razón, los investigadores se concentran en remediar o frenar el proceso y proponer sistemas alternativos de manejo del suelo que, sin limitar las producciones agrícolas típicas de ambientes semiáridos y las tendencias productivas actuales, retrasen o anulen el efecto de recarga subterránea y la salinización del agua y los suelos, antes que sea demasiado tarde.
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Fecha de Publicación: 12/07/2012
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: NOA
Los cambios generados en el uso del suelo por la expansión de la frontera agrícola están acelerando procesos que en la naturaleza demoraron miles de años en manifestarse y que hoy comienzan a amenazar seriamente su productividad. Dos estudios de la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA) advierten sobre las consecuencias del desmonte en Cuyo y en el NOA, vinculadas con ascenso de las napas freáticas y a la salinización de los suelos. En Australia ya se perdió el 10% del área agrícola por este fenómeno, que en sólo 30 años podría llevar a que parte del noroeste argentino, donde hoy se produce alimentos, se inunde con agua salada.Los estudios, que también involucran a la Universidad Nacional de San Luis (UNSL), se concentran en planicies semiáridas de las regiones Espinal y Chaco, en las provincias de San Luis, donde apareció un nuevo río de la noche a la mañana, con cauces de 10 metros de ancho y 5 de profundidad, y del este de Salta, donde el desmonte y la siembra de cultivos (principalmente la de soja) crecieron de manera exponencial en los últimas años.
“El reemplazo de la vegetación semiárida por agricultura de secano genera mayor humedad en el suelo, lavado de sales de los perfiles y un posible ascenso de los niveles freáticos”, resumió Celina Santoni, quien estudió el tema en su tesis de posgrado en la Escuela para Graduados de la FAUBA, bajo la dirección de Esteban Jobbágy, pionero en la investigación de este proceso desde el Grupo de Estudios Ambientales de la UNSL e investigador del Conicet.
Los trabajos, que también financiados por el Instituto Interamericano de Para la Investigación del Cambio Global (IAI), el Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica (FONCyT) y el Conicet, e involucraron la participación de José Paruelo, Gervasio Piñeiro, Victoria Marchesini, Laura Amdan y otros investigadores de las cátedras de Ecología y Métodos Cuantitativos de la FAUBA.
Según Jobbágy, el Nuevo Río (como se lo denominó en la provincia cuyana) es una señal temprana de los grandes cambios provocados en el uso de la tierra: “Los sedimentos pasaron allí 9 mil años sin sufrir incisiones ni procesos parecidos. Pero desde los ´70, los niveles freáticos subieron hasta 10 metros y, de la noche a la mañana (realmente, no metafóricamente), el ascenso de las napas generó una ruptura por donde corre el agua en forma permanente, aun en la estación seca”. ¿Qué cambió en estos años para generar tal impacto? “Lo que resulta único del presente es el disturbio agrícola: 90% de la cuenca esta desmontada”, aseguró el investigador.
“Los bosques secos en estas condiciones de clima suelen alojar naturalmente una enorme cantidad de sales en el suelo muy profundo, a más de dos metros de profundidad. Esto es el resultado del consumo exhaustivo de agua que hace la vegetación natural y que lleva a que se acumulen sales en profundidad por siglos o milenios, y que las napas freáticas se mantengan profundas. La agricultura cambia esta condición, generando fugas de agua en profundidad. Con el tiempo esto lava las sales, las transporta a la napa, eleva su nivel y, en muchos casos, causa salinidad en superficie cuando las napas entran en contacto con la atmosfera”, explicó.
En Australia existe un antecedente denominado dryland salinity que provocó al ascenso de los niveles freáticos, con aguas totalmente salinizadas, producto del lavado de las sales acumuladas naturalmente en los suelos en profundidad. El resultado final son grandes hectáreas de suelos inundados con aguas salinas o suelos totalmente salinizados e improductivos. Esto ocurrió después de más de 100 años de uso agrícola de las tierras, que originalmente tenían bosques de eucaliptos.
“Asociamos esa situación con lo ocurrido en San Luis, en la cuenca del Nuevo Río (una de las más antiguas deforestadas en el país, con 70 años de historia agrícola), donde ya se perdieron muchas hectáreas de tierras y la salinización de napas superficiales es un problema incipiente”, apuntó Santoni. Sin embargo, el ascenso de niveles freáticos no causó anegamientos y salinización como en Australia, sino la ruptura del terreno por un proceso particular: “Se trata de una cuenca con pendientes más altas que las típicas de nuestras llanuras y con sedimentos eólicos muy nuevos y, creemos, susceptibles a la ruptura por napas que fluyen a mayor velocidad”, dijo Jobbágy.
En el NOA, las investigaciones arrojaron coincidencias con San Luis, Australia y otras planicies semiáridas de Estados Unidos, según Amdan, quien estudió las consecuencias del desmonte sobre la recarga de agua subterránea y la salinización de suelos en Salta. Su trabajo se presentó junto a otras tesis coordinadas de la licenciatura en Ciencias Ambientales de la FAUBA ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para evaluar el impacto ambiental acumulativo del desmonte en cuatro departamentos del este salteño (San Martín, Orán, Rivadavia y Santa Victoria), que en las últimas tres décadas tuvieron el mayor crecimiento agrícola del país, en detrimento del bosques.
“El desmonte cambió radicalmente el sistema radicular”, dijo Amdan, y explicó que las raíces de la soja (el cultivo extensivo más difundido en el este de Salta) no logran absorber la lluvia como lo hacían los árboles. Esto hace que el agua atraviese todo el perfil del suelo y transporte las sales acumuladas por milenios hasta las napas. Si el monocultivo de soja persiste, con el tiempo las napas comienzan a ascender con las sales, hasta llegar a la superficie. Y esto podría suceder, según las conclusiones de Amdan, en un período de entre 30 y 100 años, según la edad del desmonte, la cobertura y el manejo agronómico. En el caso de las pasturas, que se siembran como alimento para el ganado, el proceso podría demorar hasta 250 años.
“El problema está identificado, tenemos evidencias in situ y experiencia de otras regiones similares sobre cómo es la dinámica del proceso y sus posibles consecuencias. La señal en Salta es fuerte y las consecuencias son severas. No podemos sentarnos a esperar de brazos cruzados para ver cómo el sistema resuelve naturalmente el cambio”, advirtió. “Entendemos que el modelo productivo presiona para obtener una rentabilidad máxima inmediata, pero el costo a largo plazo puede ser tan alto que no haya retorno posible y la pérdida de productividad, así como la capacidad de producir alimentos, sean netas”, concluyó Amdan.
Por esta razón, los investigadores se concentran en remediar o frenar el proceso y proponer sistemas alternativos de manejo del suelo que, sin limitar las producciones agrícolas típicas de ambientes semiáridos y las tendencias productivas actuales, retrasen o anulen el efecto de recarga subterránea y la salinización del agua y los suelos, antes que sea demasiado tarde.
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Glaciares: la Corte pone las cosas en su lugar
Glaciares: la Corte pone las cosas en su lugar
Fecha de Publicación: 12/07/2012
Fuente: La Nación
Provincia/Región: San Juan - Nacional
El máximo tribunal revocó la medida cautelar por la cual se suspendía la ley promulgada en octubre de 2010
El pasado 3 de julio la Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó la medida cautelar dictada por el juez federal de San Juan Miguel Angel Gálvez, por la que suspendía la aplicación de la ley de glaciares promulgada en octubre de 2010.
La medida había sido requerida por las empresas mineras Barrick Exploraciones Argentina SA (Beasa) y Exploraciones Mineras Argentinas SA (Emasa) y otorgada por el juez de la provincia cuyana, con el objetivo de suspender la aplicación de varios artículos de la ley para el emprendimiento minero Pascua Lama. En síntesis, se suspendió la aplicación de los artículos que definen los glaciares, los que ordenan la realización del Inventario Nacional de Glaciares, los que prohíben actividades que impliquen la destrucción de glaciares y la obligación de realizar estudios de impacto ambiental. El fundamento de la medida otorgada por el juez de San Juan era que la ley de glaciares creaba "un estado de intranquilidad e incertidumbre para las empresas Beasa y Emasa", quienes verían afectado su patrimonio y su derecho a ejercer toda industria lícita, protegidos por nuestra Constitución.
La Corte dispuso el levantamiento de la medida cautelar y su pedido de ampliación, señalando la inexistencia de gravámenes y efectos irreparables para los intereses de las empresas en el caso de aplicarse la ley de glaciares, cuyo objetivo es, justamente, preservar los glaciares como reserva estratégica de recursos hídricos para el consumo humano, para la agricultura y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas.
No podemos dejar de remontarnos al contexto del año 2008 cuando, por unanimidad de ambas cámaras, se aprobó una ley que establecía la protección de los glaciares y periglaciares, es decir, también el entorno de esa formación natural; la realización de un inventario, y la prohibición de actividades que puedan afectarlos, como dispersión de contaminantes, actividades industriales, mineras, petrolíferas y obras de infraestructura inadecuadas. Determinaba además que toda actividad no prohibida que allí se hiciera requería una evaluación de impacto ambiental y establecía fuertes sanciones en casos de incumplimiento.
La ley fue vetada por el Poder Ejecutivo, que en aquel momento manifestaba que ya existía legislación en la materia, y que el gobierno ya había tomado medidas respecto de la cuestión ambiental. El texto del veto, firmado por el entonces jefe de Gabinete, Sergio Massa, cuestionó que la ley "no puede limitarse a la absoluta prohibición de actividades", y admitió que "gobernadores de la zona cordillerana han manifestado su preocupación con lo dispuesto por la norma sancionada" porque afectaría inversiones y puestos de trabajo. Sin embargo, los legisladores de las provincias cordilleranas habían votado la ley.
El veto presidencial sorprendió debido al apoyo legislativo absoluto con que contó el proyecto.
Desde 2001, la multinacional minera Barrick procura concretar un proyecto mucho más ambicioso y sin antecedentes en el mundo: la explotación de un yacimiento más grande, el de Pascua Lama, a 5000 metros de altura en la Cordillera, que involucra a la provincia de San Juan y a Chile. El emprendimiento ha despertado las críticas de entidades ambientalistas de ambos países por el peligro que podrían correr los glaciares y la zona periglaciar. Incluso afirman que la actividad derrocha millones de litros de agua, que podría contaminar el ambiente de manera irreversible y que la riqueza que se genera no queda en el país, porque las empresas tienen numerosas exenciones impositivas.
Como se recordará, el veto presidencial agregaba que la ley "podría afectar el desarrollo económico de las provincias involucradas, implicando la imposibilidad de desarrollar cualquier tipo de actividad u obra en zonas cordilleranas", lo cual "daría preeminencia a los aspectos ambientales por encima de actividades que podrían autorizarse y desarrollarse en perfecto cuidado del medio ambiente".
Sin desconocer que los minerales y los metales hacen una gran contribución a la economía y a la sociedad, esta actividad no puede realizarse a costa de poner en riesgo el futuro de uno de los recursos más frágiles que posee nuestro país.
Nuevamente la Corte Suprema -con los votos de los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Santiago Petracchi y Juan Carlos Maqueda- ha cumplido un rol fundamental en materia ambiental, como lo ha hecho en otras oportunidades.
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Fecha de Publicación: 12/07/2012
Fuente: La Nación
Provincia/Región: San Juan - Nacional
El máximo tribunal revocó la medida cautelar por la cual se suspendía la ley promulgada en octubre de 2010
El pasado 3 de julio la Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó la medida cautelar dictada por el juez federal de San Juan Miguel Angel Gálvez, por la que suspendía la aplicación de la ley de glaciares promulgada en octubre de 2010.
La medida había sido requerida por las empresas mineras Barrick Exploraciones Argentina SA (Beasa) y Exploraciones Mineras Argentinas SA (Emasa) y otorgada por el juez de la provincia cuyana, con el objetivo de suspender la aplicación de varios artículos de la ley para el emprendimiento minero Pascua Lama. En síntesis, se suspendió la aplicación de los artículos que definen los glaciares, los que ordenan la realización del Inventario Nacional de Glaciares, los que prohíben actividades que impliquen la destrucción de glaciares y la obligación de realizar estudios de impacto ambiental. El fundamento de la medida otorgada por el juez de San Juan era que la ley de glaciares creaba "un estado de intranquilidad e incertidumbre para las empresas Beasa y Emasa", quienes verían afectado su patrimonio y su derecho a ejercer toda industria lícita, protegidos por nuestra Constitución.
La Corte dispuso el levantamiento de la medida cautelar y su pedido de ampliación, señalando la inexistencia de gravámenes y efectos irreparables para los intereses de las empresas en el caso de aplicarse la ley de glaciares, cuyo objetivo es, justamente, preservar los glaciares como reserva estratégica de recursos hídricos para el consumo humano, para la agricultura y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas.
No podemos dejar de remontarnos al contexto del año 2008 cuando, por unanimidad de ambas cámaras, se aprobó una ley que establecía la protección de los glaciares y periglaciares, es decir, también el entorno de esa formación natural; la realización de un inventario, y la prohibición de actividades que puedan afectarlos, como dispersión de contaminantes, actividades industriales, mineras, petrolíferas y obras de infraestructura inadecuadas. Determinaba además que toda actividad no prohibida que allí se hiciera requería una evaluación de impacto ambiental y establecía fuertes sanciones en casos de incumplimiento.
La ley fue vetada por el Poder Ejecutivo, que en aquel momento manifestaba que ya existía legislación en la materia, y que el gobierno ya había tomado medidas respecto de la cuestión ambiental. El texto del veto, firmado por el entonces jefe de Gabinete, Sergio Massa, cuestionó que la ley "no puede limitarse a la absoluta prohibición de actividades", y admitió que "gobernadores de la zona cordillerana han manifestado su preocupación con lo dispuesto por la norma sancionada" porque afectaría inversiones y puestos de trabajo. Sin embargo, los legisladores de las provincias cordilleranas habían votado la ley.
El veto presidencial sorprendió debido al apoyo legislativo absoluto con que contó el proyecto.
Desde 2001, la multinacional minera Barrick procura concretar un proyecto mucho más ambicioso y sin antecedentes en el mundo: la explotación de un yacimiento más grande, el de Pascua Lama, a 5000 metros de altura en la Cordillera, que involucra a la provincia de San Juan y a Chile. El emprendimiento ha despertado las críticas de entidades ambientalistas de ambos países por el peligro que podrían correr los glaciares y la zona periglaciar. Incluso afirman que la actividad derrocha millones de litros de agua, que podría contaminar el ambiente de manera irreversible y que la riqueza que se genera no queda en el país, porque las empresas tienen numerosas exenciones impositivas.
Como se recordará, el veto presidencial agregaba que la ley "podría afectar el desarrollo económico de las provincias involucradas, implicando la imposibilidad de desarrollar cualquier tipo de actividad u obra en zonas cordilleranas", lo cual "daría preeminencia a los aspectos ambientales por encima de actividades que podrían autorizarse y desarrollarse en perfecto cuidado del medio ambiente".
Sin desconocer que los minerales y los metales hacen una gran contribución a la economía y a la sociedad, esta actividad no puede realizarse a costa de poner en riesgo el futuro de uno de los recursos más frágiles que posee nuestro país.
Nuevamente la Corte Suprema -con los votos de los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Santiago Petracchi y Juan Carlos Maqueda- ha cumplido un rol fundamental en materia ambiental, como lo ha hecho en otras oportunidades.
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ecosistemas,
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Nacional,
recursos hídricos,
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Rosario es la ciudad más verde
Rosario, la primera del país con más áreas verdes por habitante
Fecha de Publicación: 11/07/2012
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe
Un informe realizado por el equipo de Iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles (Ices) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) señala a Rosario como la principal metrópoli del país con más metros cuadrados de espacios verdes por habitante. Y como una de las mejores posicionadas en ese rango en Latinoamérica.
De acuerdo a un trabajo publicado por Horacio Terraza, coordinador de la Gerencia de Infraestructura y Medioambiente de la Ices, Rosario posee en la actualidad un promedio de 10,4 metros cuadrados de espacios verdes por persona, cantidad que la posiciona como una de las ciudades importantes y en crecimiento de América latina.
De hecho, se encuentra dentro de los parámetros recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS): entre 10 y 15 metros cuadrados de espacios verdes por persona.
Con esa cifra, la ciudad se ubica por arriba de otros grandes centros urbanos que formaron parte del trabajo realizado por el equipo del Ices.
Entre las ciudades argentinas que participaron del estudio, Rosario se posiciona primera por encima de Mar del Plata, que posee 3,38 metros cuadrados de espacios verdes por habitante, y de Buenos Aires, que tiene 2,69 metros cuadrados por persona.
Además, si la ciudad es comparada con Córdoba, que no fue tomada por el BID, permanece bien posicionada. De acuerdo a datos del municipio, la capital mediterránea tiene 6,5 metros cuadrados de espacios verdes públicos por persona.
A nivel regional, Rosario quedó quinta en el muestreo, sólo superada por Curitiba, Porto Alegre, Montevideo y San Pablo. Y se posicionó por encima de Belo Horizonte, Campiñas, Guayaquil, Bogotá, Cali y Guadalajara, entre otras ciudades de las 21 utilizadas para el informe.
La iniciativa del BID es una plataforma que se lanzó en 2011 con el objetivo de apoyar a algunas de las 140 metrópolis con poblaciones de entre 100 mil y 2 millones de personas en América latina y el Caribe que vienen creciendo a una velocidad superior a las megaciudades de la región.
Específicamente, la iniciativa busca aliarse con aquellas ciudades que quieren desarrollar una estrategia de largo plazo para alcanzar la sostenibilidad en su gestión ambiental, fiscal y urbana, y para anticipar las consecuencias del cambio climático.
El equipo del BID realizó el informe con el fin de diagnosticar la situación de las ciudades más importantes de la región en relación a la cantidad de espacios verdes que poseen, en el contexto de crecimiento de los últimos años.
A su turno, Pablo Seghezzo, secretario de Servicios Públicos municipal, destacó que, en función de los trabajos realizados a lo largo de 2012 para el cuidado del arbolado público (Plan de Poda y Escamonda) y las tareas correspondientes al Plan de Forestación vigente, se alcanza una cifra de 14 millones de pesos anuales destinados a esos objetivos.
Esta inversión se suma al Plan de Mantenimiento y Mejora de Plazas, que implica un desembolso de 500 mil pesos mensuales.
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Fecha de Publicación: 11/07/2012
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe
Un informe realizado por el equipo de Iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles (Ices) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) señala a Rosario como la principal metrópoli del país con más metros cuadrados de espacios verdes por habitante. Y como una de las mejores posicionadas en ese rango en Latinoamérica.
De acuerdo a un trabajo publicado por Horacio Terraza, coordinador de la Gerencia de Infraestructura y Medioambiente de la Ices, Rosario posee en la actualidad un promedio de 10,4 metros cuadrados de espacios verdes por persona, cantidad que la posiciona como una de las ciudades importantes y en crecimiento de América latina.
De hecho, se encuentra dentro de los parámetros recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS): entre 10 y 15 metros cuadrados de espacios verdes por persona.
Con esa cifra, la ciudad se ubica por arriba de otros grandes centros urbanos que formaron parte del trabajo realizado por el equipo del Ices.
Entre las ciudades argentinas que participaron del estudio, Rosario se posiciona primera por encima de Mar del Plata, que posee 3,38 metros cuadrados de espacios verdes por habitante, y de Buenos Aires, que tiene 2,69 metros cuadrados por persona.
Además, si la ciudad es comparada con Córdoba, que no fue tomada por el BID, permanece bien posicionada. De acuerdo a datos del municipio, la capital mediterránea tiene 6,5 metros cuadrados de espacios verdes públicos por persona.
A nivel regional, Rosario quedó quinta en el muestreo, sólo superada por Curitiba, Porto Alegre, Montevideo y San Pablo. Y se posicionó por encima de Belo Horizonte, Campiñas, Guayaquil, Bogotá, Cali y Guadalajara, entre otras ciudades de las 21 utilizadas para el informe.
La iniciativa del BID es una plataforma que se lanzó en 2011 con el objetivo de apoyar a algunas de las 140 metrópolis con poblaciones de entre 100 mil y 2 millones de personas en América latina y el Caribe que vienen creciendo a una velocidad superior a las megaciudades de la región.
Específicamente, la iniciativa busca aliarse con aquellas ciudades que quieren desarrollar una estrategia de largo plazo para alcanzar la sostenibilidad en su gestión ambiental, fiscal y urbana, y para anticipar las consecuencias del cambio climático.
El equipo del BID realizó el informe con el fin de diagnosticar la situación de las ciudades más importantes de la región en relación a la cantidad de espacios verdes que poseen, en el contexto de crecimiento de los últimos años.
A su turno, Pablo Seghezzo, secretario de Servicios Públicos municipal, destacó que, en función de los trabajos realizados a lo largo de 2012 para el cuidado del arbolado público (Plan de Poda y Escamonda) y las tareas correspondientes al Plan de Forestación vigente, se alcanza una cifra de 14 millones de pesos anuales destinados a esos objetivos.
Esta inversión se suma al Plan de Mantenimiento y Mejora de Plazas, que implica un desembolso de 500 mil pesos mensuales.
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Importante rescate de fauna en Santiago
Recuperan osos, aves y pumas en operativos
Fecha de Publicación: 11/07/2012
Fuente: Nuevo Diario
Provincia/Región: Santiago del Estero
Fueron liberados en el Parque Provincial, la Reserva de Copo y Areas Protegidas.
La Dirección General de Bosques y Fauna, perteneciente al Ministerio de Producción, Recursos Naturales, Forestación y Tierras, informó que el pasado 5 de julio, en operativos de control en la provincia, se rescataron y liberaron 5 osos meleros y 3 hormigueros, 3 pumas, 500 aves canoras de diferentes especies y 500 loros habladores, los que fueron liberados en el Parque Provincial Copo, Reserva Provincial y Areas Protegidas.
Las tareas de control son continuas en la Dirección de Bosques.
Los lineamientos desde el Ministerio, que maneja el ingeniero Luis Fernando Gelid, son claros. De esta forma, el secuestro de especies amenazadas y/o protegidas forma parte de las acciones de la dirección.
Desde Bosques informaron que uno de los osos meleros recuperados se encontraba en cautiverio en una propiedad privada próxima a la localidad de Icaño (Dpto. Avellaneda).
Personal de la Subdirección de Fauna recibió la denuncia y llevó a cabo el procedimiento con el apoyo de personal policial de la Comisaría Nº 42 de Colonia Dora, recuperando un ejemplar hembra de unos 10 kilogramos que se encontraba encerrado en una pequeña jaula. También destacaron que “hay especies de la fauna autóctona que se encuentran amenazadas y deben ser protegidas. Si se las mantiene en cautiverio, las posibilidades de supervivencia son bajas, y tomarlas como mascotas puede implicar riesgos para las personas, por ser animales silvestres. La Ley Provincial Nº 4802 Protección a la Fauna Silvestre prohibe su comercialización y tráfico ilegal”.
Finalmente, recordaron a la población que “sin compradores, no hay vendedores”.
Para mayor información o denuncias, dirigirse a Dirección General de Bosques y Fauna, Independencia Nº 475, Capital de Santiago del Estero. Tel. (0385) 421 8391/ 421 3764 Int. 112-114, e-mail: direfo_ comunicacion@yahoo.com.ar.
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Fecha de Publicación: 11/07/2012
Fuente: Nuevo Diario
Provincia/Región: Santiago del Estero
Fueron liberados en el Parque Provincial, la Reserva de Copo y Areas Protegidas. La Dirección General de Bosques y Fauna, perteneciente al Ministerio de Producción, Recursos Naturales, Forestación y Tierras, informó que el pasado 5 de julio, en operativos de control en la provincia, se rescataron y liberaron 5 osos meleros y 3 hormigueros, 3 pumas, 500 aves canoras de diferentes especies y 500 loros habladores, los que fueron liberados en el Parque Provincial Copo, Reserva Provincial y Areas Protegidas.
Las tareas de control son continuas en la Dirección de Bosques.
Los lineamientos desde el Ministerio, que maneja el ingeniero Luis Fernando Gelid, son claros. De esta forma, el secuestro de especies amenazadas y/o protegidas forma parte de las acciones de la dirección.
Desde Bosques informaron que uno de los osos meleros recuperados se encontraba en cautiverio en una propiedad privada próxima a la localidad de Icaño (Dpto. Avellaneda).
Personal de la Subdirección de Fauna recibió la denuncia y llevó a cabo el procedimiento con el apoyo de personal policial de la Comisaría Nº 42 de Colonia Dora, recuperando un ejemplar hembra de unos 10 kilogramos que se encontraba encerrado en una pequeña jaula. También destacaron que “hay especies de la fauna autóctona que se encuentran amenazadas y deben ser protegidas. Si se las mantiene en cautiverio, las posibilidades de supervivencia son bajas, y tomarlas como mascotas puede implicar riesgos para las personas, por ser animales silvestres. La Ley Provincial Nº 4802 Protección a la Fauna Silvestre prohibe su comercialización y tráfico ilegal”.
Finalmente, recordaron a la población que “sin compradores, no hay vendedores”.
Para mayor información o denuncias, dirigirse a Dirección General de Bosques y Fauna, Independencia Nº 475, Capital de Santiago del Estero. Tel. (0385) 421 8391/ 421 3764 Int. 112-114, e-mail: direfo_ comunicacion@yahoo.com.ar.
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Mapuches apelarán juicio a industria minera
Mapuches apelarán por juicio a la mina
Fecha de Publicación: 10/07/2012
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
La comunidad mapuche Mellao Morales de Loncopué apelará la decisión judicial de caducar un litigio que inició a la empresa Cormine, que tiene un contrato paralizado para explotar la mina de Campana Mahuida.
"La decisión de la jueza no está firme y, como no la compartimos, será objeto de recurso de apelación", explicó Cristian Hendrickse, abogado de la comunidad, respecto de la decisión del Juzgado Civil Nº4.
Señaló que, debido a la complejidad de la causa, el expediente volvió al Juzgado en abril de 2012."Mal puede impulsarse un proceso que no se encontraba en la Secretaría del Juzgado", argumentó.
"La demora en la tramitación de la causa no resulta imputable a la comunidad Mellao Morales", añadió.
"Entendemos que la mediatización de una resolución que no se encuentra firme y que aniquila los derechos de la comunidad Mellao Morales se dirige a influir en el ánimo de los vocales del Tribunal Superior de Justicia, quienes en estos días deben decidir sobre la cautelar que mantiene la suspensión del proyecto minero", señaló Hendrickse.
La comunidad expresa que Cormine vendió la concesión de explotación del suelo sin su previa consulta, establecida en los Tratados Internacionales. El emprendimiento obligaría a mudar a toda la comunidad porque su suelo sería dinamitado, según explicaron.
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Fecha de Publicación: 10/07/2012
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
La comunidad mapuche Mellao Morales de Loncopué apelará la decisión judicial de caducar un litigio que inició a la empresa Cormine, que tiene un contrato paralizado para explotar la mina de Campana Mahuida.
"La decisión de la jueza no está firme y, como no la compartimos, será objeto de recurso de apelación", explicó Cristian Hendrickse, abogado de la comunidad, respecto de la decisión del Juzgado Civil Nº4.
Señaló que, debido a la complejidad de la causa, el expediente volvió al Juzgado en abril de 2012."Mal puede impulsarse un proceso que no se encontraba en la Secretaría del Juzgado", argumentó.
"La demora en la tramitación de la causa no resulta imputable a la comunidad Mellao Morales", añadió.
"Entendemos que la mediatización de una resolución que no se encuentra firme y que aniquila los derechos de la comunidad Mellao Morales se dirige a influir en el ánimo de los vocales del Tribunal Superior de Justicia, quienes en estos días deben decidir sobre la cautelar que mantiene la suspensión del proyecto minero", señaló Hendrickse.
La comunidad expresa que Cormine vendió la concesión de explotación del suelo sin su previa consulta, establecida en los Tratados Internacionales. El emprendimiento obligaría a mudar a toda la comunidad porque su suelo sería dinamitado, según explicaron.
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La agricultura de Argentina no es sustentable
El Inta de Casilda advierte que la soja está destruyendo el suelo de Santa Fe
Fecha de Publicación: 10/07/2012
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe
El ingeniero agrónomo Fernando Martínez sostiene que la explotación de los campos no prevé la restitución de nutrientes esenciales. "La diferencia de nuetra tierra con otras es que se la aguanta", dijo
"Lo que se hace en esta zona es explotación agropecuaria. Explotar es destruir y lo que se destruye es el suelo, despacito, pero se lo va destruyendo. Este es un modelo del que no podemos jactarnos los argentinos". La reflexión pertenece al ingeniero agrónomo Fernando Martínez, titular del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) de Casilda, quien manifestó que la explotación de la tierra que se hace en la actualidad no prevé la reposición de los nutrientes que se extraen por ese cultivo.
En declaraciones al programa "La barra de Casal" de La Red, el especialista aclaró que la pampa húmeda "tardará siglos en convertirse en un desierto" porque la característica principal de esta tierra "es que se la aguanta".
"Los suelos se van quedando cortos de nitrógeno. Podemos cultivar soja porque la soja independiza nitrógeno del suelo, pero la soja se lleva fósforo, azufre y magnesio. Esto lo designamos en Casilda como costos ocultos porque no aparecen en la contabilidad de nadie. Se sacan nutrientes de los sueños como si fuera una cuenta bancaria con fondos ilimitados", manifestó el ingeniero agrónomo.
El especialista encuentra las explicaciones a este proceso de degradación muy atrás en el tiempo. "Ese es el modelo agrícola de 1880. Saquémosle el jugo al suelo y después nos volvemos a Italia. Lo último no funciona porque no podemos volver a Italia, esto lo digo sin apuntarle a ninguna colectividad. Pero desde las asociaciones gremiales de productores hasta propietarios de campos, dicen que tienen una explotación agropecuaria. A esa gente habría que sacarle el campo porque no entienden nada. El suelo no se explota. Se puede utilizar, pero no explotarlo como un yacimiento de algo hasta que lo agotás. Al suelo tenés que hacerle cultivo que le aporten rastrojo en superficie y raíces por dentro del suelo para mantener el nivel de materia orgánica".
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La Argentina sólo repone el 37% de los nutrientes del suelo
Fecha de Publicación: 10/07/2012
Fuente: Biodiversidad en América Latina y El Caribe
Provincia/Región: Nacional
En cada barco de 40 mil toneladas exportadas de grano de soja se pierden aproximadamente 4.000 de nutrientes. Para los especialistas, es el “costo oculto” de la agricultura argentina.
Un estudio del INTA Casilda –Santa Fe– aseguró que, por cada carguero que lleva soja al exterior, se pierden miles de toneladas de nutrientes de los suelos argentinos; esos nutrientes, además, no son repuestos. Para Fernando Martínez, jefe de esa unidad del INTA, “cada 40 mil toneladas de grano de soja se exportan hasta 8.700 de fertilizantes, de las que sólo se reponen el 37 por ciento”.
La especialista Graciela Cordone, también del INTA Casilda, detalló que en un barco cargado con 40.000 toneladas de soja se exportan 3.576 toneladas de nutrientes. Si la carga es de trigo, los nutrientes se cuentan por 1.176 toneladas y, en el caso del maíz, 966.
Los especialistas coinciden en que las 3.576 toneladas de nutrientes extraídos –nitrógeno, fósforo, azufre, potasio y magnesio– se equiparan a 8.735 toneladas de fertilizantes –urea, superfosfato simple, cloruro de potasio y sulfato de magnesio–. Una tonelada de fertilizante tiene un costo promedio de unos 450 dólares, lo que generaría una descapitalización de, al menos, 3 millones de dólares por barco.
La técnica de Casilda graficó la pérdida: “Necesitaríamos 300 camiones para cargar los fertilizantes que contienen los nutrientes que se exportan en cada barco: de cada tres unidades de nutrientes sólo se repone una”.
“Hay que generar conciencia y cuantificar el valor económico de los recursos naturales a partir del cuidado de la materia orgánica del suelo que es un componente y a la vez un indicador de su calidad. Esto aún no es considerado como un hecho preocupante debido a las excelentes condiciones productivas del suelo argentino”, advirtió Cordone.
En esta línea, Martínez agregó: “Tenemos un suelo tan fértil que no se toma conciencia de la importancia de mantener la fertilidad mediante el agregado de nutrientes que comienzan a faltar. Mientras el negocio sea rentable, no se dimensionará que todo se termina y el suelo, que es el gran soporte de la agroindustria, también se terminará”.
“La materia orgánica es un factor fundamental en la cadena agroindustrial”, aseguró la técnica del INTA. Por esto llaman ‘costo oculto’ a las pérdidas de producción, industrialización y de derechos de exportación ocasionadas por la disminución de materia orgánica y nutrientes en el suelo.
En este contexto, el jefe del INTA Casilda comparó la situación nacional con la de Brasil y aseguró que allí “un productor sojero debe invertir más de 400 dólares por hectárea en fertilizantes para producir 4.000 kilos de la oleaginosa en un suelo rentable. Un argentino logra el mismo rendimiento por hectárea con 40 dólares, un costo 10 veces menor”.
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Fecha de Publicación: 10/07/2012
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe
El ingeniero agrónomo Fernando Martínez sostiene que la explotación de los campos no prevé la restitución de nutrientes esenciales. "La diferencia de nuetra tierra con otras es que se la aguanta", dijo"Lo que se hace en esta zona es explotación agropecuaria. Explotar es destruir y lo que se destruye es el suelo, despacito, pero se lo va destruyendo. Este es un modelo del que no podemos jactarnos los argentinos". La reflexión pertenece al ingeniero agrónomo Fernando Martínez, titular del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) de Casilda, quien manifestó que la explotación de la tierra que se hace en la actualidad no prevé la reposición de los nutrientes que se extraen por ese cultivo.
En declaraciones al programa "La barra de Casal" de La Red, el especialista aclaró que la pampa húmeda "tardará siglos en convertirse en un desierto" porque la característica principal de esta tierra "es que se la aguanta".
"Los suelos se van quedando cortos de nitrógeno. Podemos cultivar soja porque la soja independiza nitrógeno del suelo, pero la soja se lleva fósforo, azufre y magnesio. Esto lo designamos en Casilda como costos ocultos porque no aparecen en la contabilidad de nadie. Se sacan nutrientes de los sueños como si fuera una cuenta bancaria con fondos ilimitados", manifestó el ingeniero agrónomo.
El especialista encuentra las explicaciones a este proceso de degradación muy atrás en el tiempo. "Ese es el modelo agrícola de 1880. Saquémosle el jugo al suelo y después nos volvemos a Italia. Lo último no funciona porque no podemos volver a Italia, esto lo digo sin apuntarle a ninguna colectividad. Pero desde las asociaciones gremiales de productores hasta propietarios de campos, dicen que tienen una explotación agropecuaria. A esa gente habría que sacarle el campo porque no entienden nada. El suelo no se explota. Se puede utilizar, pero no explotarlo como un yacimiento de algo hasta que lo agotás. Al suelo tenés que hacerle cultivo que le aporten rastrojo en superficie y raíces por dentro del suelo para mantener el nivel de materia orgánica".
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La Argentina sólo repone el 37% de los nutrientes del suelo
Fecha de Publicación: 10/07/2012
Fuente: Biodiversidad en América Latina y El Caribe
Provincia/Región: Nacional
En cada barco de 40 mil toneladas exportadas de grano de soja se pierden aproximadamente 4.000 de nutrientes. Para los especialistas, es el “costo oculto” de la agricultura argentina.
Un estudio del INTA Casilda –Santa Fe– aseguró que, por cada carguero que lleva soja al exterior, se pierden miles de toneladas de nutrientes de los suelos argentinos; esos nutrientes, además, no son repuestos. Para Fernando Martínez, jefe de esa unidad del INTA, “cada 40 mil toneladas de grano de soja se exportan hasta 8.700 de fertilizantes, de las que sólo se reponen el 37 por ciento”.
La especialista Graciela Cordone, también del INTA Casilda, detalló que en un barco cargado con 40.000 toneladas de soja se exportan 3.576 toneladas de nutrientes. Si la carga es de trigo, los nutrientes se cuentan por 1.176 toneladas y, en el caso del maíz, 966.
Los especialistas coinciden en que las 3.576 toneladas de nutrientes extraídos –nitrógeno, fósforo, azufre, potasio y magnesio– se equiparan a 8.735 toneladas de fertilizantes –urea, superfosfato simple, cloruro de potasio y sulfato de magnesio–. Una tonelada de fertilizante tiene un costo promedio de unos 450 dólares, lo que generaría una descapitalización de, al menos, 3 millones de dólares por barco.
La técnica de Casilda graficó la pérdida: “Necesitaríamos 300 camiones para cargar los fertilizantes que contienen los nutrientes que se exportan en cada barco: de cada tres unidades de nutrientes sólo se repone una”.
“Hay que generar conciencia y cuantificar el valor económico de los recursos naturales a partir del cuidado de la materia orgánica del suelo que es un componente y a la vez un indicador de su calidad. Esto aún no es considerado como un hecho preocupante debido a las excelentes condiciones productivas del suelo argentino”, advirtió Cordone.
En esta línea, Martínez agregó: “Tenemos un suelo tan fértil que no se toma conciencia de la importancia de mantener la fertilidad mediante el agregado de nutrientes que comienzan a faltar. Mientras el negocio sea rentable, no se dimensionará que todo se termina y el suelo, que es el gran soporte de la agroindustria, también se terminará”.
“La materia orgánica es un factor fundamental en la cadena agroindustrial”, aseguró la técnica del INTA. Por esto llaman ‘costo oculto’ a las pérdidas de producción, industrialización y de derechos de exportación ocasionadas por la disminución de materia orgánica y nutrientes en el suelo.
En este contexto, el jefe del INTA Casilda comparó la situación nacional con la de Brasil y aseguró que allí “un productor sojero debe invertir más de 400 dólares por hectárea en fertilizantes para producir 4.000 kilos de la oleaginosa en un suelo rentable. Un argentino logra el mismo rendimiento por hectárea con 40 dólares, un costo 10 veces menor”.
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Denuncian que la minería ya daño glaciares
Denuncian que la minería ya ha provocado daños en glaciares
Fecha de Publicación: 09/07/2012
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: San Juan
Abogados ambientalistas aseguran que en los proyectos de Veladero y Pascua Lama se han afectado campos de hielo. Desde el 3 de julio pasado las mineras deben adecuarse a la Ley de Glaciares.
El desarrollo de proyectos mineros sobre los glaciares y el ambiente periglacial cordillerano provocó "grandes daños ambientales, muchos de ellos de carácter irreversible", aseguró hoy Enrique Viale, integrante de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA).
"La actividad se realiza sobre glaciares y el ambiente periglacial, en flagrante violación de la Ley de Glaciares", opinó Viale.
El abogado ambientalista señaló que esta situación se da desde que en noviembre de 2008 la presidenta Cristina Fernández, por medio del decreto 1.837, vetó la denominada Ley de Glaciares votada en forma unánime por el Congreso Nacional y promulgada dos años después tras modificaciones en el texto original.
"Desde el veto presidencial, en los proyectos de Veladero y Pascua-Lama (San Juan), se han cometido grandes daños ambientales, muchos de ellos de carácter irreversibles", afirmó.
Viale indicó que ambos emprendimientos "están operando sobre glaciares y ambiente periglacial tal como se desprende de los Informes Impacto Ambiental realizados por la propia empresa" a cargo de las iniciativas.
La empresa minera Barrick, a cargo de los proyectos mineros en la Cordillera, dijo días atrás que sus "actividades no se realizan en glaciares" y "cumple en todo con sus respectivas aprobaciones ambientales, incluyendo la legislación provincial para la protección" de los hielos cordilleranos, señaló el vicepresidente regional de Asuntos Corporativos de Barrick para Sudamérica, Rodrigo Jiménez Castellanos.
El 3 de julio pasado, la Corte Suprema de Justicia puso en vigencia la Ley de Glaciares, que protege reservorios de agua y limita desde las zonas periglaciares la actividad minera a cielo abierto, considerada contaminante, al revocar medidas cautelares dictadas en San Juan que frenaban su aplicación.
Los informes de las compañías mineras, dijo Viale, "confiesan que su actividad se realiza sobre glaciares y ambiente periglacial". "Por eso su empeño en quitarle validez a la norma, porque saben que están violando la ley", señaló el abogado.
Al respecto, Viale recordó que varias organizaciones ambientales, entre ellas Greenpeace, presentaron sendos pedidos a la Corte Suprema para que ordene el "inmediato cese" de los trabajos de Veladero y Pascua Lama, éste último proyecto encarado en forma conjunta entre la Argentina y Chile.
La resolución tomada días atrás por el máximo tribunal también ordenó el inicio del inventario de glaciares.
El relevamiento, que abarcará a las zonas "prioritarias" cordilleranas, "no pueden demorar más de 180 días, atento lo establecido en el artículo 15 de la norma", resaltó Viale.
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Fecha de Publicación: 09/07/2012
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: San Juan
Abogados ambientalistas aseguran que en los proyectos de Veladero y Pascua Lama se han afectado campos de hielo. Desde el 3 de julio pasado las mineras deben adecuarse a la Ley de Glaciares. El desarrollo de proyectos mineros sobre los glaciares y el ambiente periglacial cordillerano provocó "grandes daños ambientales, muchos de ellos de carácter irreversible", aseguró hoy Enrique Viale, integrante de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA).
"La actividad se realiza sobre glaciares y el ambiente periglacial, en flagrante violación de la Ley de Glaciares", opinó Viale.
El abogado ambientalista señaló que esta situación se da desde que en noviembre de 2008 la presidenta Cristina Fernández, por medio del decreto 1.837, vetó la denominada Ley de Glaciares votada en forma unánime por el Congreso Nacional y promulgada dos años después tras modificaciones en el texto original.
"Desde el veto presidencial, en los proyectos de Veladero y Pascua-Lama (San Juan), se han cometido grandes daños ambientales, muchos de ellos de carácter irreversibles", afirmó.
Viale indicó que ambos emprendimientos "están operando sobre glaciares y ambiente periglacial tal como se desprende de los Informes Impacto Ambiental realizados por la propia empresa" a cargo de las iniciativas.
La empresa minera Barrick, a cargo de los proyectos mineros en la Cordillera, dijo días atrás que sus "actividades no se realizan en glaciares" y "cumple en todo con sus respectivas aprobaciones ambientales, incluyendo la legislación provincial para la protección" de los hielos cordilleranos, señaló el vicepresidente regional de Asuntos Corporativos de Barrick para Sudamérica, Rodrigo Jiménez Castellanos.
El 3 de julio pasado, la Corte Suprema de Justicia puso en vigencia la Ley de Glaciares, que protege reservorios de agua y limita desde las zonas periglaciares la actividad minera a cielo abierto, considerada contaminante, al revocar medidas cautelares dictadas en San Juan que frenaban su aplicación.
Los informes de las compañías mineras, dijo Viale, "confiesan que su actividad se realiza sobre glaciares y ambiente periglacial". "Por eso su empeño en quitarle validez a la norma, porque saben que están violando la ley", señaló el abogado.
Al respecto, Viale recordó que varias organizaciones ambientales, entre ellas Greenpeace, presentaron sendos pedidos a la Corte Suprema para que ordene el "inmediato cese" de los trabajos de Veladero y Pascua Lama, éste último proyecto encarado en forma conjunta entre la Argentina y Chile.
La resolución tomada días atrás por el máximo tribunal también ordenó el inicio del inventario de glaciares.
El relevamiento, que abarcará a las zonas "prioritarias" cordilleranas, "no pueden demorar más de 180 días, atento lo establecido en el artículo 15 de la norma", resaltó Viale.
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ecosistemas,
glaciares,
legislación y derecho ambiental,
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San Juan
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Entre Ríos analiza cambios en Ley de agrotóxicos
Ampliarían la zona de protección para fumigar con agroquímicos
Fecha de Publicación: 09/07/2012
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Entre Ríos
En la Cámara de Senadores comenzó a analizarse un proyecto que intenta regular el uso de sustancias químicas en Entre Ríos y cuyo dato más saliente es, tal vez, que se propone ampliar la protección de las áreas urbanas, definiéndola como “la zona edificada de ciudades y pueblos de la provincia y su área circundante”, prohibiendo la fumigación a 1.000 metros de distancia.
En la Cámara alta se encuentra desde setiembre de 2009 un proyecto que propone modificar la vieja ley 6599, que tenía media sanción de Diputados, pero nunca fue tratado por el Senado.
Ante el complejo panorama que presenta el uso de agroquímicos, y especialmente la ausencia de controles eficientes, los senadores consideran que se debe hacer “un proyecto integral sobre la forma de administrar las sustancias químicas”, de acuerdo a la intención manifestada por el autor del proyecto, Enrique Cresto (FpV-Concordia).
Allí se propone crear un marco legal “cuyo objetivo es la Regulación del Uso de todas las Sustancias Químicas que se emplean en las actividades relacionadas a la Producción Agropecuaria, tanto en la tierra, como a través del aire y el agua” en el territorio entrerriano. Tiene como ejes centrales la defensa de la salud humana, del ecosistema, de los recursos naturales y de la producción agropecuaria y de terceros. Se hace responsable a quienes utilicen los mismos, de los daños que puedan ocasionarse por usos indebidos o contrarios a lo que disponga la norma que se propone.
El proyecto, de 25 artículos, incluye un glosario que identifica claramente a los actores del sistema y deberá ser tenido en cuenta al momento de reglamentar la ley.
Tasas y responsabilidades
Para incorporarse a los registros habrá que abonar una tasa cuyo producido será para sostener los procesos de fiscalización y control de cumplimiento en el manejo de las sustancias.
La autoridad de aplicación deberá, entre otras responsabilidades, ocuparse de controlar la fabricación, distribución, comercialización, almacenamiento, traslado y utilización de los agroquímicos, y deberá tener actualizados los registros de personas físicas o jurídicas, empresas involucradas en el manejo y aplicación de sustancias.
También deberá brindar toda la información relativa a las funciones de registro y control, dar a conocer aspectos (entre todos los partícipes de los procesos de aplicación) de las normas de seguridad ambiental en vigencia generadas por todos los niveles del Estado.
Deberá contar con un sistema de acceso rápido y permanente a la nómina de comercios registrados y empresas prestadoras de servicios, como así también ejercer funciones de policía sanitaria, en concordancia con el Colegio de Ingenieros.
Áreas Urbanas
Desde la autoridad provincial se deberá inspeccionar, fiscalizar y controlar el uso y aplicación de agroquímicos en áreas urbanas, lo que hará con la Dirección de Medio Ambiente y el Ministerio de Salud. Se precisa que se entiende por “área urbana” la zona edificada de ciudades y pueblos de la provincia y su área circundante hasta 1.000 metros del límite de edificación. Además, si se considera que hay peligro para la salud se podrá prohibir completamente el uso de agroquímicos.
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Fecha de Publicación: 09/07/2012
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Entre Ríos
En la Cámara de Senadores comenzó a analizarse un proyecto que intenta regular el uso de sustancias químicas en Entre Ríos y cuyo dato más saliente es, tal vez, que se propone ampliar la protección de las áreas urbanas, definiéndola como “la zona edificada de ciudades y pueblos de la provincia y su área circundante”, prohibiendo la fumigación a 1.000 metros de distancia.
En la Cámara alta se encuentra desde setiembre de 2009 un proyecto que propone modificar la vieja ley 6599, que tenía media sanción de Diputados, pero nunca fue tratado por el Senado.
Ante el complejo panorama que presenta el uso de agroquímicos, y especialmente la ausencia de controles eficientes, los senadores consideran que se debe hacer “un proyecto integral sobre la forma de administrar las sustancias químicas”, de acuerdo a la intención manifestada por el autor del proyecto, Enrique Cresto (FpV-Concordia).
Allí se propone crear un marco legal “cuyo objetivo es la Regulación del Uso de todas las Sustancias Químicas que se emplean en las actividades relacionadas a la Producción Agropecuaria, tanto en la tierra, como a través del aire y el agua” en el territorio entrerriano. Tiene como ejes centrales la defensa de la salud humana, del ecosistema, de los recursos naturales y de la producción agropecuaria y de terceros. Se hace responsable a quienes utilicen los mismos, de los daños que puedan ocasionarse por usos indebidos o contrarios a lo que disponga la norma que se propone.
El proyecto, de 25 artículos, incluye un glosario que identifica claramente a los actores del sistema y deberá ser tenido en cuenta al momento de reglamentar la ley.
Tasas y responsabilidades
Para incorporarse a los registros habrá que abonar una tasa cuyo producido será para sostener los procesos de fiscalización y control de cumplimiento en el manejo de las sustancias.
La autoridad de aplicación deberá, entre otras responsabilidades, ocuparse de controlar la fabricación, distribución, comercialización, almacenamiento, traslado y utilización de los agroquímicos, y deberá tener actualizados los registros de personas físicas o jurídicas, empresas involucradas en el manejo y aplicación de sustancias.
También deberá brindar toda la información relativa a las funciones de registro y control, dar a conocer aspectos (entre todos los partícipes de los procesos de aplicación) de las normas de seguridad ambiental en vigencia generadas por todos los niveles del Estado.
Deberá contar con un sistema de acceso rápido y permanente a la nómina de comercios registrados y empresas prestadoras de servicios, como así también ejercer funciones de policía sanitaria, en concordancia con el Colegio de Ingenieros.
Áreas Urbanas
Desde la autoridad provincial se deberá inspeccionar, fiscalizar y controlar el uso y aplicación de agroquímicos en áreas urbanas, lo que hará con la Dirección de Medio Ambiente y el Ministerio de Salud. Se precisa que se entiende por “área urbana” la zona edificada de ciudades y pueblos de la provincia y su área circundante hasta 1.000 metros del límite de edificación. Además, si se considera que hay peligro para la salud se podrá prohibir completamente el uso de agroquímicos.
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El Riachuelo a 4 años del fallo de la CSJ
La limpieza del Riachuelo: hay avances pero todavía no frenan la contaminación
Fecha de Publicación: 08/07/2012
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Capital - Buenos Aires
A cuatro años del fallo de la Corte, se notan progresos en la higiene de las márgenes y la superficie del agua. Pero ONG ambientalistas dicen que se permiten límites muy altos de vertidos industriales.
El 8 de julio de 2008, la Corte Suprema dictó un fallo histórico: condenó a los Gobiernos Nacional, de la Ciudad y de la Provincia a sanear el Riachuelo . Y designó al juez federal de Quilmes, Luis Armella para que vigile la ejecución de la sentencia. Al principio, los avances fueron escasos y los plazos de entre 30 días y seis meses fijados por la Corte para distintos objetivos se vencieron. Cuatro años después, las ONG del cuerpo colegiado que supervisa el cumplimiento del fallo afirman que hay progresos. Se hizo gran parte del camino de sirga, se relocalizaron asentamientos y se inspeccionó casi el 80% de las industrias de la zona. Ahora la preocupación son los límites de vertidos industriales permitidos que, según las ONG, son muy elevados y no frenan la contaminación .
El juez Armella está detrás de que se cumpla cada detalle de la sentencia. “Faltan cosas por hacer, pero después de cuatro años por primera vez hay un plan instalado y con continuidad –evalúa–. Es cierto que los plazos dispuestos por la Corte se vencieron, pero hubo que consolidar el ACUMAR (el organismo a cargo del plan de saneamiento) y que adaptar el fallo a la realidad. Lo más endeble es el control a las industrias”, dice el juez, que apela a multar a los funcionarios. Su último sancionado con $ 3.000, fue el director de Calidad Ambiental de Lanús.
Un avance fue el censo de las industrias de la cuenca. Según la Secretaría de Ambiente de la Nación, cuyo titular Juan José Mussi también preside el ACUMAR, hay 22.454 establecimientos, incluyendo 11.457 industriales. Inspeccionaron 17.518, el 78%, y descubrieron que 1.403 contaminaban . Hasta ahora, 767 presentaron Programas de Reconversión Industrial, pero sólo 50 se reconvirtieron .
En las ONG del cuerpo colegiado que supervisa el saneamiento, reconocen que desde 2011 hubo progresos. Pero ahora su preocupación son los límites de sustancias vertidas permitidas por la resolución 3 de 2009 del ACUMAR. “Para recuperar un río hay que estudiar cuál es su capacidad para recibir contaminantes –explica Raúl Estrada Oyuela, presidente de la Academia Argentina de Ciencias del Ambiente y miembro de la Asociación de Vecinos por La Boca–. Eso no se hizo con el Riachuelo. La resolución le inventó un uso para actividades recreativas pasivas y permite el vertido sin restricciones de compuestos nitrogenados, escherichia coli, cromo, plomo, cadmio, mercurio y arsénico”.
También se permite una presencia de oxígeno disuelto en el agua de menos de 2 miligramos, lo que no permite la vida de peces . Y acepta que haya aceites y grasas y distintas concentraciones de sulfuro, cianuro e hidrocarburos durante el 90% del tiempo. “Los límites para el vertido de sustancias contaminantes están determinados por concentración, en miligramos por litro, pero no está limitado cuántos litros se pueden tirar”, detalla Consuelo Bilbao, de Greenpeace.
Andrés Nápoli, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) observa: “El fallo se va cumpliendo, porque hay mucha voluntad del juzgado de Quilmes y de la Corte. Pero la legislación vigente presenta deficiencias , sobre todo en materia de vertidos, que podrían conducir a la paradoja de que, aún cuando todas las empresas se ajustasen a lo normado, el Riachuelo siga contaminado . Hay que modificar la resolución que establece los objetivos de calidad de agua, para implementar un sistema de control con límites progresivos a la cantidad total de contaminantes enviados al Riachuelo”.
Armella subraya que se empezó desde cero. “Hay que fijar metas graduales. Este es un proceso”, dice. La normativa prevé la revisión periódica de “los usos y objetivos de calidad para su mejor adecuación a los nuevos escenarios que se planteen”.
Clarín pidió hablar con Mussi, pero sus voceros se excusaron diciendo que está de viaje.
“La labor de Armella es encomiable y nos satisface que exista el ACUMAR, al que le podemos exigir. Pero los volcados industriales tienen que tender a cero”, reclama Alfredo Alberti, de Vecinos por La Boca. Bilbao, de Greenpeace, admite: “Hay avances, sobre todo en la limpieza de márgenes y superficial de aguas, y en las relocalizaciones de algunos asentamientos y de La Saladita. Eso es positivo, si tenemos en cuenta que el Riachuelo estuvo olvidado por 200 años”.
El punto débil: apenas 50 de las 1.403 industrias se reconvirtieron
Son datos de la Secretaría de Ambiente de la Nación. Mudaron sólo al 10% de la gente que vive en las orillas.
Esto es lo que se hizo hasta ahora para sanear el Riachuelo y cumplir el fallo, según informó la Secretaría de Ambiente de la Nación.
* Control industrial. Se empadronaron los 22.454 establecimientos e inspeccionaron al 78%. Hay 1.403 que contaminan, 767 de las cuales tienen planes de reconversión. Sólo 50 los concretaron.
* Relocalización de asentamientos. Relocalizaron a 334 familias de las casi 3.000 que estaban asentadas sobre la traza del camino de sirga o costero. Por otra parte, de las 17.771 viviendas proyectadas para relocalizar otras familias, hay 1.329 finalizadas y 6.147 en ejecución.
* Saneamiento de basurales. Erradicaron 184 basurales y trabajan sobre otros 34. Como parte del Plan Maestro de Gestión integral de Residuos Sólidos Urbanos, están instalando 14 ecopuntos o plantas de tratamiento, una por municipio. Y entregaron 17 camiones recolectores para la cuenca alta.
* Limpieza de márgenes y espejo de agua. Se limpiaron 276 kilómetros de márgenes, de un total de 317,28 kilómetros, mediante el trabajo de 2.125 cooperativistas. Fueron retiradas 12.891 toneladas de chatarra, 70 autos y 59 embarcaciones abandonados en el Riachuelo.
* Liberación del camino de sirga. El juez Luis Armella ordenó la liberación de un camino costero, tal como ordena el Código Civil, para recuperar el control sobre el río. Desalojaron 37 empresas y relocalizaron 5 asentamientos y también 12.000 puestos de La Saladita. Así liberaron 33.698 metros, equivalentes al 84% del camino. Pavimentaron el 55%.
* Saneamiento cloacal. Se están construyendo plantas depuradoras. La de Berazategui tiene un avance del 70% y, cuando esté lista a principios de 2013, beneficiará a 4 millones de habitantes. La Planta Sudoeste en Aldo Bonzi, La Matanza, ya está concluida y en funcionamiento, así como los colectores troncales y estaciones de bombeo. Permitirá incorporar a 300.000 usuarios. La obra de la planta de El Jagüel está avanzada en un 60% y estará lista en la segunda mitad de 2013 para extender la red a 150.000 vecinos. También se empezó a construir la planta depuradora Lanús, en el predio ACUBA, y la Fiorito, en Lomas. Mientras, las obras del colector Margen Izquierdo y el Emisario están en proceso de preadjudicación y la planta de tratamiento Dock Sud, en proceso de apertura de sobre de ofertas. También se están licitando dos de las seis estaciones de aireación que incorporarán oxígeno disuelto a las aguas del Riachuelo.
* Red de agua potable. Están construyendo las plantas potabilizadoras Paraná de las Palmas, 9 de Abril y Glew. La inversión prevista para plantas es de $ 2.952 millones para la cuenca baja y media y de $ 1.411 millones para la cuenca alta.
* Plan sanitario de emergencia. Se construyó el Hospital de Cañuelas. Hay 12 unidades sanitarias móviles, 15 unidades fijas y 4 laboratorios toxicológicos.
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Fecha de Publicación: 08/07/2012
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Capital - Buenos Aires
A cuatro años del fallo de la Corte, se notan progresos en la higiene de las márgenes y la superficie del agua. Pero ONG ambientalistas dicen que se permiten límites muy altos de vertidos industriales.El 8 de julio de 2008, la Corte Suprema dictó un fallo histórico: condenó a los Gobiernos Nacional, de la Ciudad y de la Provincia a sanear el Riachuelo . Y designó al juez federal de Quilmes, Luis Armella para que vigile la ejecución de la sentencia. Al principio, los avances fueron escasos y los plazos de entre 30 días y seis meses fijados por la Corte para distintos objetivos se vencieron. Cuatro años después, las ONG del cuerpo colegiado que supervisa el cumplimiento del fallo afirman que hay progresos. Se hizo gran parte del camino de sirga, se relocalizaron asentamientos y se inspeccionó casi el 80% de las industrias de la zona. Ahora la preocupación son los límites de vertidos industriales permitidos que, según las ONG, son muy elevados y no frenan la contaminación .
El juez Armella está detrás de que se cumpla cada detalle de la sentencia. “Faltan cosas por hacer, pero después de cuatro años por primera vez hay un plan instalado y con continuidad –evalúa–. Es cierto que los plazos dispuestos por la Corte se vencieron, pero hubo que consolidar el ACUMAR (el organismo a cargo del plan de saneamiento) y que adaptar el fallo a la realidad. Lo más endeble es el control a las industrias”, dice el juez, que apela a multar a los funcionarios. Su último sancionado con $ 3.000, fue el director de Calidad Ambiental de Lanús.
Un avance fue el censo de las industrias de la cuenca. Según la Secretaría de Ambiente de la Nación, cuyo titular Juan José Mussi también preside el ACUMAR, hay 22.454 establecimientos, incluyendo 11.457 industriales. Inspeccionaron 17.518, el 78%, y descubrieron que 1.403 contaminaban . Hasta ahora, 767 presentaron Programas de Reconversión Industrial, pero sólo 50 se reconvirtieron .
En las ONG del cuerpo colegiado que supervisa el saneamiento, reconocen que desde 2011 hubo progresos. Pero ahora su preocupación son los límites de sustancias vertidas permitidas por la resolución 3 de 2009 del ACUMAR. “Para recuperar un río hay que estudiar cuál es su capacidad para recibir contaminantes –explica Raúl Estrada Oyuela, presidente de la Academia Argentina de Ciencias del Ambiente y miembro de la Asociación de Vecinos por La Boca–. Eso no se hizo con el Riachuelo. La resolución le inventó un uso para actividades recreativas pasivas y permite el vertido sin restricciones de compuestos nitrogenados, escherichia coli, cromo, plomo, cadmio, mercurio y arsénico”.
También se permite una presencia de oxígeno disuelto en el agua de menos de 2 miligramos, lo que no permite la vida de peces . Y acepta que haya aceites y grasas y distintas concentraciones de sulfuro, cianuro e hidrocarburos durante el 90% del tiempo. “Los límites para el vertido de sustancias contaminantes están determinados por concentración, en miligramos por litro, pero no está limitado cuántos litros se pueden tirar”, detalla Consuelo Bilbao, de Greenpeace.
Andrés Nápoli, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) observa: “El fallo se va cumpliendo, porque hay mucha voluntad del juzgado de Quilmes y de la Corte. Pero la legislación vigente presenta deficiencias , sobre todo en materia de vertidos, que podrían conducir a la paradoja de que, aún cuando todas las empresas se ajustasen a lo normado, el Riachuelo siga contaminado . Hay que modificar la resolución que establece los objetivos de calidad de agua, para implementar un sistema de control con límites progresivos a la cantidad total de contaminantes enviados al Riachuelo”.
Armella subraya que se empezó desde cero. “Hay que fijar metas graduales. Este es un proceso”, dice. La normativa prevé la revisión periódica de “los usos y objetivos de calidad para su mejor adecuación a los nuevos escenarios que se planteen”.
Clarín pidió hablar con Mussi, pero sus voceros se excusaron diciendo que está de viaje.
“La labor de Armella es encomiable y nos satisface que exista el ACUMAR, al que le podemos exigir. Pero los volcados industriales tienen que tender a cero”, reclama Alfredo Alberti, de Vecinos por La Boca. Bilbao, de Greenpeace, admite: “Hay avances, sobre todo en la limpieza de márgenes y superficial de aguas, y en las relocalizaciones de algunos asentamientos y de La Saladita. Eso es positivo, si tenemos en cuenta que el Riachuelo estuvo olvidado por 200 años”.
El punto débil: apenas 50 de las 1.403 industrias se reconvirtieron
Son datos de la Secretaría de Ambiente de la Nación. Mudaron sólo al 10% de la gente que vive en las orillas.
Esto es lo que se hizo hasta ahora para sanear el Riachuelo y cumplir el fallo, según informó la Secretaría de Ambiente de la Nación.
* Control industrial. Se empadronaron los 22.454 establecimientos e inspeccionaron al 78%. Hay 1.403 que contaminan, 767 de las cuales tienen planes de reconversión. Sólo 50 los concretaron.
* Relocalización de asentamientos. Relocalizaron a 334 familias de las casi 3.000 que estaban asentadas sobre la traza del camino de sirga o costero. Por otra parte, de las 17.771 viviendas proyectadas para relocalizar otras familias, hay 1.329 finalizadas y 6.147 en ejecución.
* Saneamiento de basurales. Erradicaron 184 basurales y trabajan sobre otros 34. Como parte del Plan Maestro de Gestión integral de Residuos Sólidos Urbanos, están instalando 14 ecopuntos o plantas de tratamiento, una por municipio. Y entregaron 17 camiones recolectores para la cuenca alta.
* Limpieza de márgenes y espejo de agua. Se limpiaron 276 kilómetros de márgenes, de un total de 317,28 kilómetros, mediante el trabajo de 2.125 cooperativistas. Fueron retiradas 12.891 toneladas de chatarra, 70 autos y 59 embarcaciones abandonados en el Riachuelo.
* Liberación del camino de sirga. El juez Luis Armella ordenó la liberación de un camino costero, tal como ordena el Código Civil, para recuperar el control sobre el río. Desalojaron 37 empresas y relocalizaron 5 asentamientos y también 12.000 puestos de La Saladita. Así liberaron 33.698 metros, equivalentes al 84% del camino. Pavimentaron el 55%.
* Saneamiento cloacal. Se están construyendo plantas depuradoras. La de Berazategui tiene un avance del 70% y, cuando esté lista a principios de 2013, beneficiará a 4 millones de habitantes. La Planta Sudoeste en Aldo Bonzi, La Matanza, ya está concluida y en funcionamiento, así como los colectores troncales y estaciones de bombeo. Permitirá incorporar a 300.000 usuarios. La obra de la planta de El Jagüel está avanzada en un 60% y estará lista en la segunda mitad de 2013 para extender la red a 150.000 vecinos. También se empezó a construir la planta depuradora Lanús, en el predio ACUBA, y la Fiorito, en Lomas. Mientras, las obras del colector Margen Izquierdo y el Emisario están en proceso de preadjudicación y la planta de tratamiento Dock Sud, en proceso de apertura de sobre de ofertas. También se están licitando dos de las seis estaciones de aireación que incorporarán oxígeno disuelto a las aguas del Riachuelo.
* Red de agua potable. Están construyendo las plantas potabilizadoras Paraná de las Palmas, 9 de Abril y Glew. La inversión prevista para plantas es de $ 2.952 millones para la cuenca baja y media y de $ 1.411 millones para la cuenca alta.
* Plan sanitario de emergencia. Se construyó el Hospital de Cañuelas. Hay 12 unidades sanitarias móviles, 15 unidades fijas y 4 laboratorios toxicológicos.
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El problema sin ley de los residuos electrónicos
Reciclaje de desechos tecno
Fecha de Publicación: 07/07/2012
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
El descarte de aparatos electricos y computadoras genera residuos altamente toxicos. algunos countries y barrios cerrados ya tienen planes para reciclar la basura, pero no la electronica.
Los expertos piensan en los barrios cerrados y countries como lugares perfectos para iniciativas que busquen separar los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). “Si tenemos en cuenta las condiciones socioeconómicas, es un grupo clave para desarrollar un plan piloto de recolección diferenciada de residuos, no sólo de RAEE, sino también de otros reciclables como el plástico o el papel”, sostiene Verónica Calona, responsable de Asuntos Institucionales y Medio Ambiente de Silkers, dedicados a la disposición sustentable de la basura electrónica En Nordelta, por ejemplo, hace más de cinco años que sus más de 13.000 habitantes separan unas 360 toneladas de basura por mes en secos, orgánicos y verdes (de poda). “El 41% se transforma en compost, el 12% se recicla y así, menos del 47% llega al Ceamse”, detalla Pablo Segura, gerente general de la Asociación Vecinal Nordelta. Pero a pesar de ese avance todavía no cuentan con programas de gestión de RAEE, una situación que se repite en el resto de los barrios cerrados.
“Nosotros levantamos poco y nada (de RAEE). Lo llevamos a nuestro centro de reciclado y lo que se puede reparar se lo damos a alguno de los integrantes como parte de la política social de la cooperativa. Lo que no, se queda en el galpón. Es que el Ceamse no tiene un lugar específico para estas cosas”, confirma Adrián Sciortino, supervisor de Creando Conciencia, a cargo de los residuos en Santa Bárbara, Talar del Lago, Talar de Pacheco, La Comarca y Nordelta.
Lo que sucede hoy es que ni las empresas ni los vecinos tienen un marco normativo específico al que puedan ajustarse con esos residuos obsoletos: hasta ahora en el Congreso Nacional la “ley de basura electrónica” sólo cuenta con media sanción del Senado, y el Ejecutivo, aunque promulgó la ley 14.321, todavía no la reglamentó.
Al no existir un sistema de gestión que permita desechar los RAEE sin que vayan a parar al relleno sanitario, muchos vecinos optan por donarlos a distintas ONG o los ubican en el mercado de bienes usados. Juan Martin Ravettini, uno de los responsables de Qué Reciclo, una empresa que recupera PCs en desuso en barrios cerrados, lo resume: “Es un beneficio para todos: la gente me da los materiales, yo les sumo mi tiempo y entre todos ayudamos a que haya menos contaminación. Además, los monitores recuperados se venden a $ 35, lo que da acceso a más personas a la tecnología.” El problema radica, según advierten los ambientalistas, en que no todos los que con buena voluntad acometen la tarea de manipular estos residuos se encuentran en condiciones seguras de hacerlo. Con todo, sólo 10% del total del RAEE llega a ser reciclado, según calculan en Greenpeace, en base a estimaciones realizadas por distintas empresas del sector, consultoras y la Cámara Argentina de Máquinas de Oficina, Comerciales y Afines. Otro 50% permanece arrumbado en casas, oficinas y depósitos y, según las mismas proyecciones, el 40% restante termina en el relleno sanitario con el resto de la basura doméstica.
El año pasado recibió media sanción del Senado de la Nación y todavía espera ser tratada por la Cámara Baja. Está pensada para que las empresas fabricantes e importadoras de todo tipo de productos eléctricos y electrónicos se hagan cargo de los residuos al establecer lugares en donde los consumidores puedan dejarlos.
“Son las empresas las que deben hacerse cargo del pasivo ambiental”, advierte Consuelo Bilbao, coordinadora de Greenpeace, y continúa: “Municipalidades como la de Buenos Aires, que con buena intención se hicieron responsables de la recolección de pilas, después tuvieron un enorme dolor de cabeza a la hora de disponer de esos residuos. Por eso es que el que contamina debe pagar, porque al ser esto parte del costo de producción, tal como se comprobó en Europa, se ven obligados a disminuir el impacto ambiental”.
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Fecha de Publicación: 07/07/2012
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
El descarte de aparatos electricos y computadoras genera residuos altamente toxicos. algunos countries y barrios cerrados ya tienen planes para reciclar la basura, pero no la electronica.Los expertos piensan en los barrios cerrados y countries como lugares perfectos para iniciativas que busquen separar los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). “Si tenemos en cuenta las condiciones socioeconómicas, es un grupo clave para desarrollar un plan piloto de recolección diferenciada de residuos, no sólo de RAEE, sino también de otros reciclables como el plástico o el papel”, sostiene Verónica Calona, responsable de Asuntos Institucionales y Medio Ambiente de Silkers, dedicados a la disposición sustentable de la basura electrónica En Nordelta, por ejemplo, hace más de cinco años que sus más de 13.000 habitantes separan unas 360 toneladas de basura por mes en secos, orgánicos y verdes (de poda). “El 41% se transforma en compost, el 12% se recicla y así, menos del 47% llega al Ceamse”, detalla Pablo Segura, gerente general de la Asociación Vecinal Nordelta. Pero a pesar de ese avance todavía no cuentan con programas de gestión de RAEE, una situación que se repite en el resto de los barrios cerrados.
“Nosotros levantamos poco y nada (de RAEE). Lo llevamos a nuestro centro de reciclado y lo que se puede reparar se lo damos a alguno de los integrantes como parte de la política social de la cooperativa. Lo que no, se queda en el galpón. Es que el Ceamse no tiene un lugar específico para estas cosas”, confirma Adrián Sciortino, supervisor de Creando Conciencia, a cargo de los residuos en Santa Bárbara, Talar del Lago, Talar de Pacheco, La Comarca y Nordelta.
Lo que sucede hoy es que ni las empresas ni los vecinos tienen un marco normativo específico al que puedan ajustarse con esos residuos obsoletos: hasta ahora en el Congreso Nacional la “ley de basura electrónica” sólo cuenta con media sanción del Senado, y el Ejecutivo, aunque promulgó la ley 14.321, todavía no la reglamentó.
Al no existir un sistema de gestión que permita desechar los RAEE sin que vayan a parar al relleno sanitario, muchos vecinos optan por donarlos a distintas ONG o los ubican en el mercado de bienes usados. Juan Martin Ravettini, uno de los responsables de Qué Reciclo, una empresa que recupera PCs en desuso en barrios cerrados, lo resume: “Es un beneficio para todos: la gente me da los materiales, yo les sumo mi tiempo y entre todos ayudamos a que haya menos contaminación. Además, los monitores recuperados se venden a $ 35, lo que da acceso a más personas a la tecnología.” El problema radica, según advierten los ambientalistas, en que no todos los que con buena voluntad acometen la tarea de manipular estos residuos se encuentran en condiciones seguras de hacerlo. Con todo, sólo 10% del total del RAEE llega a ser reciclado, según calculan en Greenpeace, en base a estimaciones realizadas por distintas empresas del sector, consultoras y la Cámara Argentina de Máquinas de Oficina, Comerciales y Afines. Otro 50% permanece arrumbado en casas, oficinas y depósitos y, según las mismas proyecciones, el 40% restante termina en el relleno sanitario con el resto de la basura doméstica.
El año pasado recibió media sanción del Senado de la Nación y todavía espera ser tratada por la Cámara Baja. Está pensada para que las empresas fabricantes e importadoras de todo tipo de productos eléctricos y electrónicos se hagan cargo de los residuos al establecer lugares en donde los consumidores puedan dejarlos.
“Son las empresas las que deben hacerse cargo del pasivo ambiental”, advierte Consuelo Bilbao, coordinadora de Greenpeace, y continúa: “Municipalidades como la de Buenos Aires, que con buena intención se hicieron responsables de la recolección de pilas, después tuvieron un enorme dolor de cabeza a la hora de disponer de esos residuos. Por eso es que el que contamina debe pagar, porque al ser esto parte del costo de producción, tal como se comprobó en Europa, se ven obligados a disminuir el impacto ambiental”.
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Minas de uranio y pasivos ambientales sin remediar
“No se remediaron ni el 40% de los pasivos ambientales en las minas de uranio mendocinas”
Fecha de Publicación: 07/07/2012
Fuente: Informador Político
Provincia/Región: Mendoza
El diputado nacional mendocino Enrique Vaquié participó hoy en una jornada de debate sobre la problemática relacionada al uso del agua organizada por la Unión Cívica Radical de San Rafael.
“En Mendoza, pareciera que los únicos que no se enteran sobre la importancia de la protección de las fuentes de agua son algunas personas de la clase política. Desde la UCR estamos orgullosos de lo logrado con la sanción de la ley 7.722 en Mendoza y de hacer desde el Congreso de la Nación todo lo que esté a nuestro alcance para que se respete el derecho a un medio ambiente sano consagrado nuestra Constitución Nacional,” explicó Vaquié.
El diputado radical contó: "Consultamos al Jefe de Gabinete de Ministros sobre el avance de la remediación ambiental que están obligados a realizar en aquellos lugares donde funcionan o funcionaron minas de uranio ya que el Poder Ejecutivo tanto nacional como provincial parecen más que interesados en volver a apostar a la energía nuclear que se sirve de ese material.
La respuesta que obtuvimos nos pareció preocupante: en el ex Complejo Fabril Malargüe, que cesó sus actividades en 1986, el Proyecto de Restitución Ambiental de la Minería del Uranio (PRAMU) para junio de 2011 alcanzó un 35% de avance, gestionaron solo un 10% del volumen de colas de mineral. Mientras tanto, en el Complejo Minero Fabril San Rafael, ubicado en Sierra Pintada, que no se encuentra en operación desde 1995, las tareas que se están desarrollando son de restitución ambiental del Complejo y de tratamiento y acondicionamiento de instalaciones. Según la respuesta que recibimos del Poder Ejecutivo nacional, a la fecha se ha ejecutado solo un 27,1% del proyecto".
En el informe que el Jefe de Gabinete de Ministros envió al Congreso de la Nación por requerimiento de los diputados Vaquié y Juri también se informó que: "La CNEA, a partir del anuncio oficial de la reactivación de la Actividad Nuclear en Argentina en el año 2006 y de la formulación de un Plan Estratégico 2010-2019 tiene previsto el abastecimiento de las centrales nucleares argentinas con combustibles con uranio de yacimientos argentinos. En particular el yacimiento Sierra Pintada en la provincia de Mendoza, en las inmediaciones de la ciudad de San Rafael cuenta todavía con el 80 % de sus reservas.".
Para Vaquié: "Esa posibilidad está excluida por nuestra legislación provincial que prohíbe la utilización de sustancias tóxicas como la que implica la extracción de uranio, además, si no se remedian efectivamente los pasivos ambientales que todavía contaminan las Aguas mendocinas, todo debate será estéril".
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Fecha de Publicación: 07/07/2012
Fuente: Informador Político
Provincia/Región: Mendoza
El diputado nacional mendocino Enrique Vaquié participó hoy en una jornada de debate sobre la problemática relacionada al uso del agua organizada por la Unión Cívica Radical de San Rafael.
“En Mendoza, pareciera que los únicos que no se enteran sobre la importancia de la protección de las fuentes de agua son algunas personas de la clase política. Desde la UCR estamos orgullosos de lo logrado con la sanción de la ley 7.722 en Mendoza y de hacer desde el Congreso de la Nación todo lo que esté a nuestro alcance para que se respete el derecho a un medio ambiente sano consagrado nuestra Constitución Nacional,” explicó Vaquié.
El diputado radical contó: "Consultamos al Jefe de Gabinete de Ministros sobre el avance de la remediación ambiental que están obligados a realizar en aquellos lugares donde funcionan o funcionaron minas de uranio ya que el Poder Ejecutivo tanto nacional como provincial parecen más que interesados en volver a apostar a la energía nuclear que se sirve de ese material.
La respuesta que obtuvimos nos pareció preocupante: en el ex Complejo Fabril Malargüe, que cesó sus actividades en 1986, el Proyecto de Restitución Ambiental de la Minería del Uranio (PRAMU) para junio de 2011 alcanzó un 35% de avance, gestionaron solo un 10% del volumen de colas de mineral. Mientras tanto, en el Complejo Minero Fabril San Rafael, ubicado en Sierra Pintada, que no se encuentra en operación desde 1995, las tareas que se están desarrollando son de restitución ambiental del Complejo y de tratamiento y acondicionamiento de instalaciones. Según la respuesta que recibimos del Poder Ejecutivo nacional, a la fecha se ha ejecutado solo un 27,1% del proyecto".
En el informe que el Jefe de Gabinete de Ministros envió al Congreso de la Nación por requerimiento de los diputados Vaquié y Juri también se informó que: "La CNEA, a partir del anuncio oficial de la reactivación de la Actividad Nuclear en Argentina en el año 2006 y de la formulación de un Plan Estratégico 2010-2019 tiene previsto el abastecimiento de las centrales nucleares argentinas con combustibles con uranio de yacimientos argentinos. En particular el yacimiento Sierra Pintada en la provincia de Mendoza, en las inmediaciones de la ciudad de San Rafael cuenta todavía con el 80 % de sus reservas.".
Para Vaquié: "Esa posibilidad está excluida por nuestra legislación provincial que prohíbe la utilización de sustancias tóxicas como la que implica la extracción de uranio, además, si no se remedian efectivamente los pasivos ambientales que todavía contaminan las Aguas mendocinas, todo debate será estéril".
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Sali-Dulce: Verifican obras en ingenios
Verifican obras en ingenios y disposición final de vinaza
Fecha de Publicación: 06/07/2012
Fuente: Nuevo Diario
Provincia/Región: Tucumán
El objetivo es dar cumplimiento al acuerdo firmado entre Santiago, Tucumán y la Nación para evitar la contaminación de la cuenca.
Con el propósito de verificar el grado de avance de las metas fijadas en el convenio firmado entre la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación, Tucumán y Santiago del Estero para evitar la contaminación de la cuenca Salí-Dulce, se realizó durante la semana una serie de inspecciones en ingenios azucareros de la vecina provincia.
El propósito de las auditorías consistió en comprobar el progreso de las acciones llevadas a cabo por los ingenios, tendientes a evitar vuelco de cenizas generadas por los filtros de calderas, como así también de la vinaza y demás efluentes líquidos residuales. Como quedó constado en el acuerdo, el objetivo esencial es evitar principalmente el vuelco de vinaza y recuperar el agua de lavado de caña de azúcar, al finalizar la zafra. Hasta aquí, cumpliendo con el programa, se inspeccionaron los ingenios San Juan, Santa Rosa, Santa Bárbara, Leales, Trinidad y Cruz Alta.
Visita a Leales
Sobre la inspección realizada ayer al ingenio Leales, el director de Medio Ambiente de la Provincia, Ing. Juan Carlos Targa, comentó a Nuevo Diario que dicha industria “tiene la ventaja de contar con tierras salino-sódicas, donde es dispuesta la vinaza y la cachaza”.
Recalcó que como resultado de cada inspección se labra un acta y se prepara un informe trimestral que es elevado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que analiza los pormenores de cada inspección realizada.
“Todavía hay algo de vinaza y se advierte que la misma no llegue a los ríos. Igualmente, todos están haciendo obras como conducción por vinazoducto”. Asimismo, Targa indicó que “se hace un seguimiento a los camiones que transportan vinaza para constatar que se deposita luego el desecho en un lugar referenciado y seguro”.
A la par de dichas inspecciones, comentó además que todos los días se realizan recorridos por los ríos tributarios del embalse (cuatro veces por día), con la intención de asegurar un control efectivo.
Participaron de los últimos controles miembros del Comité de Cuenca Salí-Dulce, Secretaría de Medio Ambiente de la Nación y Tucumán y Defensoría del Pueblo de Santiago del Estero.
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Fecha de Publicación: 06/07/2012
Fuente: Nuevo Diario
Provincia/Región: Tucumán
El objetivo es dar cumplimiento al acuerdo firmado entre Santiago, Tucumán y la Nación para evitar la contaminación de la cuenca. Con el propósito de verificar el grado de avance de las metas fijadas en el convenio firmado entre la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación, Tucumán y Santiago del Estero para evitar la contaminación de la cuenca Salí-Dulce, se realizó durante la semana una serie de inspecciones en ingenios azucareros de la vecina provincia.
El propósito de las auditorías consistió en comprobar el progreso de las acciones llevadas a cabo por los ingenios, tendientes a evitar vuelco de cenizas generadas por los filtros de calderas, como así también de la vinaza y demás efluentes líquidos residuales. Como quedó constado en el acuerdo, el objetivo esencial es evitar principalmente el vuelco de vinaza y recuperar el agua de lavado de caña de azúcar, al finalizar la zafra. Hasta aquí, cumpliendo con el programa, se inspeccionaron los ingenios San Juan, Santa Rosa, Santa Bárbara, Leales, Trinidad y Cruz Alta.
Visita a Leales
Sobre la inspección realizada ayer al ingenio Leales, el director de Medio Ambiente de la Provincia, Ing. Juan Carlos Targa, comentó a Nuevo Diario que dicha industria “tiene la ventaja de contar con tierras salino-sódicas, donde es dispuesta la vinaza y la cachaza”.
Recalcó que como resultado de cada inspección se labra un acta y se prepara un informe trimestral que es elevado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que analiza los pormenores de cada inspección realizada.
“Todavía hay algo de vinaza y se advierte que la misma no llegue a los ríos. Igualmente, todos están haciendo obras como conducción por vinazoducto”. Asimismo, Targa indicó que “se hace un seguimiento a los camiones que transportan vinaza para constatar que se deposita luego el desecho en un lugar referenciado y seguro”.
A la par de dichas inspecciones, comentó además que todos los días se realizan recorridos por los ríos tributarios del embalse (cuatro veces por día), con la intención de asegurar un control efectivo.
Participaron de los últimos controles miembros del Comité de Cuenca Salí-Dulce, Secretaría de Medio Ambiente de la Nación y Tucumán y Defensoría del Pueblo de Santiago del Estero.
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Chaco: Aprueban la nueva ley de agroquímicos
Aprueban la nueva ley de agroquímicos
Fecha de Publicación: 06/07/2012
Fuente: InfoCampo
Provincia/Región: Chaco
La distancia de resguardo para las fumigaciones aéreas se ampliará a 1500 metros, mientras que para las terrestres será de 500. El tratamiento en particular se realizará el 25 de julio.
La iniciativa promovida por el Ejecutivo Provincial fue aprobada en general con 25 votos en la provincia de Chaco.
La nueva ley que regula el uso de agroquímicos apunta a convertirse en una norma para fortalecer el resguardo ambiental y el desarrollo sustentable, influyendo en el impacto de las actividades productivas agrícolas de la región.
Durante la sesión, se consideró necesario mejorar la actual Ley de Biocidas y poseer la potestad de ejercer la autoridad de aplicación de la misma a través del Ministerio de Planificación y Ambiente de la provincia.
En el recinto, Eduardo Aguilar, titular del Parlamento, abrió el debate destacando que esta es una “iniciativa trascendente” que trata en este tiempo la Legislatura, y expresó que “vamos a aprobar una iniciativa que nos pone de alguna manera en la vanguardia de las otras legislaciones que existen en otras provincias. Se están realizando juicios y han existido controversias en el Chaco de parte de distintas poblaciones que reclaman sentirse afectados por la aplicación de agroquímicos, esto se ha intentado recepcionar en la redacción, esta ley fija distancias mínimas que están acordes con las máximas que existen en el país para las aéreas que será de 1500 metros y 500 para las fumigaciones terrestres y adicionalmente le otorgamos a la autoridad de aplicación que es el Ministerio de Medio Ambiente con la posibilidad de ampliar estas distancias. Lo que ponemos en la ley son distancias mínimas - aclaró - que pueden ampliar o prohibir prácticas de fumigación aéreas en zonas de la provincia donde exista la necesidad de preservar de manera clara el ambiente y la salud de la población”.
En tanto, mencionó que la ley establece un principio precautorio “compatible con la legislación nacional que quiere decir que ante la existencia, presunción de riesgos graves e inminentes para la salud de la población con independencia de la realización de los estudios la autoridad de aplicación, se puede prohibir de manera preventiva la aplicación de agroquímicos".
“La ley - remarcó - prioriza la salud de la población y la preservación del ambiente en el marco de una provincia que tiene una muy fuerte transformación productiva", siguió. “Tal vez no sea una iniciativa definitiva - mencionó -, hay posibilidad de implementar estudios que van a ir cambiando las categorías de productos para bien o para mal y en ese caso la Legislatura va a tener que tener una nueva intervención. La eficacia de esta ley depende de la capacidad de aplicación que tenga el Ejecutivo”, argumentó Aguilar.
Por su parte, la titular de la Comisión de Salud Delia González explicó que “estamos usando agroquímicos, eso debe quedar en claro. Son venenos, no podemos negar irresponsablemente que estamos usando productos de altísima toxicidad. El éxito de esta ley es la educación”, anticipó añadiendo “a lo que se complementan los monitoreos, los registros epidemiológicos, el control y el seguimiento. Se ha demostrado que son venenos y nocivos para los anfibios, los casos presentados son debido al mal uso, al uso incorrecto o irresponsable de los agroquímicos. Lo que estamos apelando es que aparezca el Estado para hacer los controles y hacer la educación de la población”.
Finalmente, el diputado Sergio Vallejos reconoció que el tema se ha trabajado con mucha voluntad, con mucha participación “pero ha quedado evidenciado en el trabajo que se hizo en la jornada que todavía hay cuestiones que no quedan definidas”, dijo proponiendo el mantenimiento en cartera de la iniciativa, tras lo cual el diputado Ricardo Sánchez propuso la votación en general del despacho y que el tratamiento en particular se realice en la primera sesión después del receso “para ordenar la redacción”, cuestión que fue aceptada por los legisladores difiriendo el tratamiento en particular.
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Fecha de Publicación: 06/07/2012
Fuente: InfoCampo
Provincia/Región: Chaco
La distancia de resguardo para las fumigaciones aéreas se ampliará a 1500 metros, mientras que para las terrestres será de 500. El tratamiento en particular se realizará el 25 de julio.
La iniciativa promovida por el Ejecutivo Provincial fue aprobada en general con 25 votos en la provincia de Chaco.
La nueva ley que regula el uso de agroquímicos apunta a convertirse en una norma para fortalecer el resguardo ambiental y el desarrollo sustentable, influyendo en el impacto de las actividades productivas agrícolas de la región.
Durante la sesión, se consideró necesario mejorar la actual Ley de Biocidas y poseer la potestad de ejercer la autoridad de aplicación de la misma a través del Ministerio de Planificación y Ambiente de la provincia.
En el recinto, Eduardo Aguilar, titular del Parlamento, abrió el debate destacando que esta es una “iniciativa trascendente” que trata en este tiempo la Legislatura, y expresó que “vamos a aprobar una iniciativa que nos pone de alguna manera en la vanguardia de las otras legislaciones que existen en otras provincias. Se están realizando juicios y han existido controversias en el Chaco de parte de distintas poblaciones que reclaman sentirse afectados por la aplicación de agroquímicos, esto se ha intentado recepcionar en la redacción, esta ley fija distancias mínimas que están acordes con las máximas que existen en el país para las aéreas que será de 1500 metros y 500 para las fumigaciones terrestres y adicionalmente le otorgamos a la autoridad de aplicación que es el Ministerio de Medio Ambiente con la posibilidad de ampliar estas distancias. Lo que ponemos en la ley son distancias mínimas - aclaró - que pueden ampliar o prohibir prácticas de fumigación aéreas en zonas de la provincia donde exista la necesidad de preservar de manera clara el ambiente y la salud de la población”.
En tanto, mencionó que la ley establece un principio precautorio “compatible con la legislación nacional que quiere decir que ante la existencia, presunción de riesgos graves e inminentes para la salud de la población con independencia de la realización de los estudios la autoridad de aplicación, se puede prohibir de manera preventiva la aplicación de agroquímicos".
“La ley - remarcó - prioriza la salud de la población y la preservación del ambiente en el marco de una provincia que tiene una muy fuerte transformación productiva", siguió. “Tal vez no sea una iniciativa definitiva - mencionó -, hay posibilidad de implementar estudios que van a ir cambiando las categorías de productos para bien o para mal y en ese caso la Legislatura va a tener que tener una nueva intervención. La eficacia de esta ley depende de la capacidad de aplicación que tenga el Ejecutivo”, argumentó Aguilar.
Por su parte, la titular de la Comisión de Salud Delia González explicó que “estamos usando agroquímicos, eso debe quedar en claro. Son venenos, no podemos negar irresponsablemente que estamos usando productos de altísima toxicidad. El éxito de esta ley es la educación”, anticipó añadiendo “a lo que se complementan los monitoreos, los registros epidemiológicos, el control y el seguimiento. Se ha demostrado que son venenos y nocivos para los anfibios, los casos presentados son debido al mal uso, al uso incorrecto o irresponsable de los agroquímicos. Lo que estamos apelando es que aparezca el Estado para hacer los controles y hacer la educación de la población”.
Finalmente, el diputado Sergio Vallejos reconoció que el tema se ha trabajado con mucha voluntad, con mucha participación “pero ha quedado evidenciado en el trabajo que se hizo en la jornada que todavía hay cuestiones que no quedan definidas”, dijo proponiendo el mantenimiento en cartera de la iniciativa, tras lo cual el diputado Ricardo Sánchez propuso la votación en general del despacho y que el tratamiento en particular se realice en la primera sesión después del receso “para ordenar la redacción”, cuestión que fue aceptada por los legisladores difiriendo el tratamiento en particular.
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