Riachuelo: “Clausurar o aplicar multas”
08:46 | 
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“Clausurar o aplicar multas ambientales”
Fecha de Publicación: 18/04/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Buenos Aires - Capital
Abogado y ambientalista de la Corte Suprema de la India, trajo su experiencia en la cuenca del Ganges. Propone aplicar duras sanciones y reubicar las empresas en parques industriales. De paso por Buenos Aires, habló con Página/12.
“Ha llegado el momento de que los actores involucrados en la temática de la Cuenca Matanza-Riachuelo no esperen un minuto más. Hay una inversión en tareas de saneamiento, pero si los resultados no se ven, la sociedad debe dar un paso adelante, exigir respuestas y tomar cartas en el asunto”, dijo a Página/12 Malesh Mehta, un prestigioso abogado de la Corte Suprema de la India, que trabaja desde hace más de 25 años en el saneamiento del mítico río Ganges. Las palabras de Mehta resonaron en la Primera Conferencia Ambiental sobre responsabilidad social en las Cuencas Matanza-Riachuelo y Reconquista (ver recuadro), que fue convocada por la Unión de Industriales para Saneamiento de esas cuencas (Uiscumarr). Es que las similitudes en materia de contaminación y de saneamiento –salvando las distancias– no son meras coincidencias.
Abogado de profesión y ambientalista comprometido por elección –desde mediados de los ’80–, Mehta ha hecho de la lucha para proteger el medio ambiente su misión, lo que lo ha llevado a cruzar fronteras. Sus casos ambientales se han traducido en protección del patrimonio natural y cultural de su país contra los efectos adversos de la contaminación.
“El río Ganges es parte integral de la identidad de la India, considerado como un río sagrado que desciende de los cielos, se ha reverenciado y adorado a lo largo de la civilización india. Este antiguo y magnífico río ahora está bajo amenaza debido a la construcción de represas hidroeléctricas en su curso superior, algo que será devastador para la ecología, la vida silvestre y las comunidades, ya que se irá haciendo un túnel en su cauce”, explicó el abogado ambientalista.
Mehta también comentó que “cuenca abajo, el río Ganges sufre los efectos de la deforestación y sigue siendo utilizado como un vertedero de residuos industriales y domésticos sin tratar”. Aunque advirtió que “en noviembre de 2008, el primer ministro de la India, Manmohan Singh, declaró al Ganges un río nacional y estableció una autoridad especial para atender a su limpieza. Sin embargo, hasta ahora no ha habido resultados totalmente visibles a la mejora de la situación de este curso de agua, porque se trata de un trabajo a muy largo plazo que podría llevar varias décadas hasta lograr su limpieza definitiva”.
El significativo río Ganges fluye por las llanuras del norte de la India hacia Bangladesh y culmina su largo viaje de 2510 kilómetros hasta llegar al delta de Sundarbans. En la actualidad, la contaminación extrema que sufre el río afecta a unos “400 millones de personas”, que viven en sus proximidades.
La Cuenca Matanza-Riachuelo y Reconquista, las dos más contaminadas de Argentina, y que se encuentran entre las 30 más contaminadas del mundo, afectan la calidad de vida de “más de 12 millones de personas”, a la vez que constituyen una “amenaza” para la economía de nuestro país.
Tal como el Ganges es símbolo para todos los habitantes de la India, el Riachuelo lo es para los habitantes del área metropolitana. Según señaló Mehta, tuvo “la posibilidad de recorrer en dos oportunidades la Cuenca Matanza-Riacuelo”, y el último lunes lo hizo junto a referentes de Uiscumarr. “Vi que toda la extensa Cuenca Matanza-Riachuelo está muy mal y aun como turista o visitante me sentí mal. Por ello, cuando hay cosas que no están funcionando de manera correcta y cuando la calidad ambiental es pobre, tengo el deber de señalar estos problemas”, expresó.
“Hay problemas alarmantes en toda la Cuenca Matanza-Riachuelo, que afectan la salud de quienes viven en sus márgenes y que son provocados por los desperdicios de las fábricas que utilizan grandes cantidades de cromo y otros componentes dañinos que no se controlan”, dijo Mehta.
“Responsabilidad social es respetar la ley. La única opción es colocar multas ambientales sobre las industrias y cerrarlas si no las acatan, como se hizo en la India, aunque aún falta mucho. Cumplir con la normativa nos llevó a cerrar 900 fábricas desde la década del ’80 hasta la actualidad”, expuso el abogado ambientalista. “En Calcuta, las fábricas se reubicaron en parques industriales de actividades afines y esa también sería una buena opción aquí”, agregó.
“Estoy en Argentina como ciudadano del mundo. El único objetivo es preocuparse por el cuidado del río hoy, porque si se trabaja con estos parámetros viviremos en un mundo mejor a corto plazo.”
Fecha de Publicación: 18/04/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Buenos Aires - Capital
Abogado y ambientalista de la Corte Suprema de la India, trajo su experiencia en la cuenca del Ganges. Propone aplicar duras sanciones y reubicar las empresas en parques industriales. De paso por Buenos Aires, habló con Página/12.
“Ha llegado el momento de que los actores involucrados en la temática de la Cuenca Matanza-Riachuelo no esperen un minuto más. Hay una inversión en tareas de saneamiento, pero si los resultados no se ven, la sociedad debe dar un paso adelante, exigir respuestas y tomar cartas en el asunto”, dijo a Página/12 Malesh Mehta, un prestigioso abogado de la Corte Suprema de la India, que trabaja desde hace más de 25 años en el saneamiento del mítico río Ganges. Las palabras de Mehta resonaron en la Primera Conferencia Ambiental sobre responsabilidad social en las Cuencas Matanza-Riachuelo y Reconquista (ver recuadro), que fue convocada por la Unión de Industriales para Saneamiento de esas cuencas (Uiscumarr). Es que las similitudes en materia de contaminación y de saneamiento –salvando las distancias– no son meras coincidencias.
Abogado de profesión y ambientalista comprometido por elección –desde mediados de los ’80–, Mehta ha hecho de la lucha para proteger el medio ambiente su misión, lo que lo ha llevado a cruzar fronteras. Sus casos ambientales se han traducido en protección del patrimonio natural y cultural de su país contra los efectos adversos de la contaminación.
“El río Ganges es parte integral de la identidad de la India, considerado como un río sagrado que desciende de los cielos, se ha reverenciado y adorado a lo largo de la civilización india. Este antiguo y magnífico río ahora está bajo amenaza debido a la construcción de represas hidroeléctricas en su curso superior, algo que será devastador para la ecología, la vida silvestre y las comunidades, ya que se irá haciendo un túnel en su cauce”, explicó el abogado ambientalista.
Mehta también comentó que “cuenca abajo, el río Ganges sufre los efectos de la deforestación y sigue siendo utilizado como un vertedero de residuos industriales y domésticos sin tratar”. Aunque advirtió que “en noviembre de 2008, el primer ministro de la India, Manmohan Singh, declaró al Ganges un río nacional y estableció una autoridad especial para atender a su limpieza. Sin embargo, hasta ahora no ha habido resultados totalmente visibles a la mejora de la situación de este curso de agua, porque se trata de un trabajo a muy largo plazo que podría llevar varias décadas hasta lograr su limpieza definitiva”.
El significativo río Ganges fluye por las llanuras del norte de la India hacia Bangladesh y culmina su largo viaje de 2510 kilómetros hasta llegar al delta de Sundarbans. En la actualidad, la contaminación extrema que sufre el río afecta a unos “400 millones de personas”, que viven en sus proximidades.
La Cuenca Matanza-Riachuelo y Reconquista, las dos más contaminadas de Argentina, y que se encuentran entre las 30 más contaminadas del mundo, afectan la calidad de vida de “más de 12 millones de personas”, a la vez que constituyen una “amenaza” para la economía de nuestro país.
Tal como el Ganges es símbolo para todos los habitantes de la India, el Riachuelo lo es para los habitantes del área metropolitana. Según señaló Mehta, tuvo “la posibilidad de recorrer en dos oportunidades la Cuenca Matanza-Riacuelo”, y el último lunes lo hizo junto a referentes de Uiscumarr. “Vi que toda la extensa Cuenca Matanza-Riachuelo está muy mal y aun como turista o visitante me sentí mal. Por ello, cuando hay cosas que no están funcionando de manera correcta y cuando la calidad ambiental es pobre, tengo el deber de señalar estos problemas”, expresó.
“Hay problemas alarmantes en toda la Cuenca Matanza-Riachuelo, que afectan la salud de quienes viven en sus márgenes y que son provocados por los desperdicios de las fábricas que utilizan grandes cantidades de cromo y otros componentes dañinos que no se controlan”, dijo Mehta.
“Responsabilidad social es respetar la ley. La única opción es colocar multas ambientales sobre las industrias y cerrarlas si no las acatan, como se hizo en la India, aunque aún falta mucho. Cumplir con la normativa nos llevó a cerrar 900 fábricas desde la década del ’80 hasta la actualidad”, expuso el abogado ambientalista. “En Calcuta, las fábricas se reubicaron en parques industriales de actividades afines y esa también sería una buena opción aquí”, agregó.
“Estoy en Argentina como ciudadano del mundo. El único objetivo es preocuparse por el cuidado del río hoy, porque si se trabaja con estos parámetros viviremos en un mundo mejor a corto plazo.”
En 6 años los bosques de Córdoba se redujeron 40%
En 6 años, se redujo un 40% el bosque nativo de Córdoba
Fecha de Publicación: 18/04/2012
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Según investigadores de la UNC, entre 2004 y 2010, otras 269 mil hectáreas cambiaron de uso. Una ley prohibía los desmontes.
El número impresiona por sí solo: casi el 40 por ciento de los bosques nativos que subsistían en 2004 en el norte y oeste de Córdoba ya no estaban en 2010.
En apenas seis años, desaparecieron 269 mil hectáreas de bosques cerrados (lo más parecido al monte original) y de bosques abiertos (que han tenido perturbaciones pero mantienen hasta 40 por ciento de cobertura de árboles autóctonos).
El dato surge de un relevamiento recientemente culminado por los investigadores Marcelo Cabido y Laura Hoyos, del Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal de la Universidad Nacional de Córdoba.
“En 2004 ya quedaba solamente el 10 por ciento del bosque que había en estas zonas en el año 1900. Ahora, vemos con preocupación que de aquel 10 por ciento remanente, casi el 40 por ciento se perdió en los últimos seis años”, señaló Cabido a este diario.
El estudio, realizado sobre la base de comparaciones de imágenes satelitales Landsat de 2004 y 2010, sólo se refiere al norte de Córdoba (desde Jesús María hasta el límite con Santiago del Estero) y al noroeste, pero sin contar la zona serrana, ni el centro y sur provincial.
“Si se evaluaran las sierras, estimamos que el balance sería similar o peor, porque además de la deforestación que no se detuvo se suma el efecto de los incendios forestales. Pero ese relevamiento está en proceso ahora”, acotó Cabido.
Al centro y sur provincial ya no tiene casi sentido medirlo, porque no registran bosques desde hace décadas, salvo en reductos muy pequeños. “Es insignificante lo que quedó allí, no más de 10 mil hectáreas en total”, apuntó el doctor en Biología.
El cuadro que resume la investigación (ver Cambio de uso... ) muestra que, en el norte y oeste provincial –donde más se conservaba el monte autóctono cordobés– se pasó de 681.293 hectáreas medidas en 2004 sumando bosques cerrados y abiertos, a 412.310 hectáreas relevadas en 2010.
La diferencia es de 269 mil hectáreas menos en seis años, a razón de 45 mil por año y a una tasa anual de 6 al 7 por ciento, lo que los investigadores, de perfil ambientalista, califican de “alarmante”.
Cabido plantea que en estas zonas la pérdida de bosque fue fundamentalmente por el avance en el uso de la tierra para fines agrícolas o ganaderos. En ciertas áreas serranas, en tanto, a ese cambio de uso de suelo se agrega el destinado a las nuevas urbanizaciones.
La ley. “Lo que también alarma es que en 2005 Córdoba sancionó una ley que prohibía todos los desmontes. A pesar de eso, desde entonces se perdieron cientos de miles de hectáreas, lo que demuestra que las leyes no se cumplen, o no se las hace cumplir”, sostuvo Cabido.
Además de bosques abiertos y cerrados, el relevamiento distingue las áreas de matorrales (que eran bosque pero se perdieron, aunque podrían recuperarse) y las culturales (ya de uso agropecuario o urbano).
Entre 1979 y 2010, el uso “cultural” en el norte y el oeste pasó del 26 al 49 por ciento de los suelos. En el mismo período de 30 años, el bosque cerrado se redujo del 33 al 5 por ciento.
Entre 2004 y 2010, el uso “cultural” del suelo avanzó del 43 al 49 por ciento. Y el bosque cerrado, sólo en esos seis años, bajó del 15 al 5 por ciento.
Tema de debate
Mañana. El relevamiento de los investigadores de la UNC será presentado este jueves, durante el encuentro Diálogo Ciudadano sobre Bosques Nativos, que se desarrollará a las 18.30 en la Legislatura Provincial. Es promovido por la senadora nacional Norma Morandini.
Abierto. Ante legisladores y público interesado, fueron invitados a exponer funcionarios nacionales y provinciales ligados al tema e investigadores universitarios. Entre ellos, Marcelo Cabido, del Conicet y la UNC, y coautor del relevamiento.
Dos leyes. En 2005, Córdoba sancionó una ley que prohibió los desmontes, salvo que fueran expresamente autorizados por la Secretaría de Ambiente. El estudio de la UNC muestra que se desmontó mucho más de lo eventualmente autorizado. En 2010, la Legislatura aprobó una nueva ley de bosques nativos, para adherir a una norma nacional en ese rubro. El texto generó fuertes controversias y hasta planteos judiciales de inconstitucionalidad.
Fecha de Publicación: 18/04/2012
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Según investigadores de la UNC, entre 2004 y 2010, otras 269 mil hectáreas cambiaron de uso. Una ley prohibía los desmontes.
El número impresiona por sí solo: casi el 40 por ciento de los bosques nativos que subsistían en 2004 en el norte y oeste de Córdoba ya no estaban en 2010.
En apenas seis años, desaparecieron 269 mil hectáreas de bosques cerrados (lo más parecido al monte original) y de bosques abiertos (que han tenido perturbaciones pero mantienen hasta 40 por ciento de cobertura de árboles autóctonos).
El dato surge de un relevamiento recientemente culminado por los investigadores Marcelo Cabido y Laura Hoyos, del Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal de la Universidad Nacional de Córdoba.
“En 2004 ya quedaba solamente el 10 por ciento del bosque que había en estas zonas en el año 1900. Ahora, vemos con preocupación que de aquel 10 por ciento remanente, casi el 40 por ciento se perdió en los últimos seis años”, señaló Cabido a este diario.
El estudio, realizado sobre la base de comparaciones de imágenes satelitales Landsat de 2004 y 2010, sólo se refiere al norte de Córdoba (desde Jesús María hasta el límite con Santiago del Estero) y al noroeste, pero sin contar la zona serrana, ni el centro y sur provincial.
“Si se evaluaran las sierras, estimamos que el balance sería similar o peor, porque además de la deforestación que no se detuvo se suma el efecto de los incendios forestales. Pero ese relevamiento está en proceso ahora”, acotó Cabido.
Al centro y sur provincial ya no tiene casi sentido medirlo, porque no registran bosques desde hace décadas, salvo en reductos muy pequeños. “Es insignificante lo que quedó allí, no más de 10 mil hectáreas en total”, apuntó el doctor en Biología.
El cuadro que resume la investigación (ver Cambio de uso... ) muestra que, en el norte y oeste provincial –donde más se conservaba el monte autóctono cordobés– se pasó de 681.293 hectáreas medidas en 2004 sumando bosques cerrados y abiertos, a 412.310 hectáreas relevadas en 2010.
La diferencia es de 269 mil hectáreas menos en seis años, a razón de 45 mil por año y a una tasa anual de 6 al 7 por ciento, lo que los investigadores, de perfil ambientalista, califican de “alarmante”.
Cabido plantea que en estas zonas la pérdida de bosque fue fundamentalmente por el avance en el uso de la tierra para fines agrícolas o ganaderos. En ciertas áreas serranas, en tanto, a ese cambio de uso de suelo se agrega el destinado a las nuevas urbanizaciones.
La ley. “Lo que también alarma es que en 2005 Córdoba sancionó una ley que prohibía todos los desmontes. A pesar de eso, desde entonces se perdieron cientos de miles de hectáreas, lo que demuestra que las leyes no se cumplen, o no se las hace cumplir”, sostuvo Cabido.
Además de bosques abiertos y cerrados, el relevamiento distingue las áreas de matorrales (que eran bosque pero se perdieron, aunque podrían recuperarse) y las culturales (ya de uso agropecuario o urbano).
Entre 1979 y 2010, el uso “cultural” en el norte y el oeste pasó del 26 al 49 por ciento de los suelos. En el mismo período de 30 años, el bosque cerrado se redujo del 33 al 5 por ciento.
Entre 2004 y 2010, el uso “cultural” del suelo avanzó del 43 al 49 por ciento. Y el bosque cerrado, sólo en esos seis años, bajó del 15 al 5 por ciento.
Tema de debate
Mañana. El relevamiento de los investigadores de la UNC será presentado este jueves, durante el encuentro Diálogo Ciudadano sobre Bosques Nativos, que se desarrollará a las 18.30 en la Legislatura Provincial. Es promovido por la senadora nacional Norma Morandini.
Abierto. Ante legisladores y público interesado, fueron invitados a exponer funcionarios nacionales y provinciales ligados al tema e investigadores universitarios. Entre ellos, Marcelo Cabido, del Conicet y la UNC, y coautor del relevamiento.
Dos leyes. En 2005, Córdoba sancionó una ley que prohibió los desmontes, salvo que fueran expresamente autorizados por la Secretaría de Ambiente. El estudio de la UNC muestra que se desmontó mucho más de lo eventualmente autorizado. En 2010, la Legislatura aprobó una nueva ley de bosques nativos, para adherir a una norma nacional en ese rubro. El texto generó fuertes controversias y hasta planteos judiciales de inconstitucionalidad.
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Premiada por luchar contra los agrotóxicos
Goldman: premio contra los plaguicidas
Fecha de Publicación: 17/04/2012
Fuente: Sin Mordaza
Provincia/Región: Córdoba
El mismo será entregado a Sofía Gatica de Madres de Ituzaingó, primera mujer argentina en recibirlo. El premio será entregado hoy en San Francisco, EE.UU.
Hace unos años Sofía dio a luz a una niña cuyos riñones no funcionaron, y la beba murió. Cuando sus vecinos le contaron que había muchos casos como ése además del cáncer y de múltiples problemas de salud, Sofía entró en acción.
Sofía es una de las Madres de Ituzaingó cuya lucha mostró al mundo las consecuencias del uso de plaguicidas en torno a las zonas urbanas. Además integra “Paren de fumigar”, colectivo nacional que pelea para prohibir la aplicación aérea de agroquímicos, la separación de las áreas urbanas de las fumigaciones terrestres y para promover la reconversión a la agroecología.
Con el grupo de madres empezaron a buscar la epidemiología que el gobierno se negaba y se resiste a hacer: de puerta en puerta llevaron a cabo el primer estudio epidemiológico de la zona y descubrieron los graves efectos que la fumigación con pesticidas estaba ocasionando.
Su organización creó el Mapa del cáncer a contrapelo de los decires de las autoridades locales, reacias a reconocer que en ese sector de la ciudad estaba pasando algo gravísimo: tasas extremadamente superiores a las normales para esa enfermedad.
Las Madres de Ituzaingó comenzaron a protestar en contra del uso de plaguicidas en su zona, concurriendo a las oficinas ambientales de la ciudad de Córdoba, sin obtener respuestas. Cortaron calles, realizaron marchas. En 2003 lograron la sanción de una ordenanza para prohibir las fumigaciones a menos de 2.500 metros de las viviendas. Y en junio próximo serán protagonistas del juicio que sienta por vez primera en el banquillo de los acusados a dos productores y a un aeroaplicador, por haber violado las restricciones para fumigar en Ituzaingó Anexo, en lo que es el primer proceso judicial de este tipo en Argentina.
Argentina es el tercer mayor exportador mundial de soja. Cada año, la industria aplica millones de litros de agrotóxicos. Si bien Monsanto afirma que no hay riesgo para los seres humanos con su producto estrella asociado al cultivo, en glifosato, profusión de estudios científicos muestran lo contrario. Aemás, el coctel utilizado incluye endosulfán, pesticida altamente tóxico que ha sido prohibido en 80 países a causa de las amenazas para la salud humana y el medio ambiente. En mayo de 2011, se añadió a la lista de la ONU de contaminantes orgánicos persistentes a ser elimindos del planeta.
Fecha de Publicación: 17/04/2012
Fuente: Sin Mordaza
Provincia/Región: Córdoba
El mismo será entregado a Sofía Gatica de Madres de Ituzaingó, primera mujer argentina en recibirlo. El premio será entregado hoy en San Francisco, EE.UU.
Hace unos años Sofía dio a luz a una niña cuyos riñones no funcionaron, y la beba murió. Cuando sus vecinos le contaron que había muchos casos como ése además del cáncer y de múltiples problemas de salud, Sofía entró en acción.
Sofía es una de las Madres de Ituzaingó cuya lucha mostró al mundo las consecuencias del uso de plaguicidas en torno a las zonas urbanas. Además integra “Paren de fumigar”, colectivo nacional que pelea para prohibir la aplicación aérea de agroquímicos, la separación de las áreas urbanas de las fumigaciones terrestres y para promover la reconversión a la agroecología.
Con el grupo de madres empezaron a buscar la epidemiología que el gobierno se negaba y se resiste a hacer: de puerta en puerta llevaron a cabo el primer estudio epidemiológico de la zona y descubrieron los graves efectos que la fumigación con pesticidas estaba ocasionando.
Su organización creó el Mapa del cáncer a contrapelo de los decires de las autoridades locales, reacias a reconocer que en ese sector de la ciudad estaba pasando algo gravísimo: tasas extremadamente superiores a las normales para esa enfermedad.
Las Madres de Ituzaingó comenzaron a protestar en contra del uso de plaguicidas en su zona, concurriendo a las oficinas ambientales de la ciudad de Córdoba, sin obtener respuestas. Cortaron calles, realizaron marchas. En 2003 lograron la sanción de una ordenanza para prohibir las fumigaciones a menos de 2.500 metros de las viviendas. Y en junio próximo serán protagonistas del juicio que sienta por vez primera en el banquillo de los acusados a dos productores y a un aeroaplicador, por haber violado las restricciones para fumigar en Ituzaingó Anexo, en lo que es el primer proceso judicial de este tipo en Argentina.
Argentina es el tercer mayor exportador mundial de soja. Cada año, la industria aplica millones de litros de agrotóxicos. Si bien Monsanto afirma que no hay riesgo para los seres humanos con su producto estrella asociado al cultivo, en glifosato, profusión de estudios científicos muestran lo contrario. Aemás, el coctel utilizado incluye endosulfán, pesticida altamente tóxico que ha sido prohibido en 80 países a causa de las amenazas para la salud humana y el medio ambiente. En mayo de 2011, se añadió a la lista de la ONU de contaminantes orgánicos persistentes a ser elimindos del planeta.
Mendoza entre dos posturas por la minería
Mendoza entre dos posturas: ¿Sí o no a la minería?
Fecha de Publicación: 17/04/2012
Fuente: Política Digital
Provincia/Región: Mendoza
Días atrás se produjeron fuertes cruces entre los los propios intendentes oficialistas (PJ) sobre la minería. Esta provincia, al igual que en La Rioja, Catamarca, San Luis y Neuquén, mantiene históricos enfrentamientos entre pro y anti mineros. Intendentes y empresarios mineros presionan al gobernador a pesar de que éste, prometió respetar una ley provincial que imposibilita el desarrollo de esa actividad.
Fue el caballito de batalla de campaña, donde los candidatos competían por mostrarse a favor del ambiente y en contra de toda actividad contaminante en la provincia. Anuncios rimbombantes sobre el tema, dejaron a los actuales funcionarios "presos" de sus propias promesas, aún en diferencia con la sintonía nacional, que promueve la actividad.
El problema: La contaminación
Con el argumento de que el estado "no está capacitado" o "no es confiable" para el control de esta actividad, que para la extracción y procesamiento de metales a cielo abierto, utiliza sustancias altamente contaminantes como el cianuro, y otras que poseen pasivos peligrosos para la salud, se vienen realizando marchas y protestas, con activistas que presionan desde distintos sectores, para que el estado provincial tome una decisión definitiva sobre el tema.
La Ley
Una ley provincial (7.722) prohíbe expresamente la actividad que utilice alguna de esta sustancias, por lo que se ha dado marcha atrás en varios proyectos mineros que pretendían operar en Mendoza. El año pasado, un emprendimiento llegó hasta la legislatura, pero no obtuvo los consensos necesarios para desarrollarse.
Los intendentes
Los intendentes de la zona sur y centro de la provincia, denominada "Valle de Uco" que comprende San Carlos, gobernada por el demócrata Jorge Difonso y de Tunuyán, por el justicialista Martín Aveiro reclamaron el apoyo del secretario de Ambiente, Marcos Zandomeni para ampliar las reservas naturales de Laguna del Diamante y El Manzano con el fin de evitar, como lo solicitan los habitantes de esas comunas, la explotación minera a cielo abierto.
Por otra parte, los caciques de los departamentos del norte, Ruben Miranda de Las Heras y Abraham de Guaymallén mostraron una férrea defensa a la actividad minera como posible eje productivo de sus departamentos.
Fecha de Publicación: 17/04/2012
Fuente: Política Digital
Provincia/Región: Mendoza
Días atrás se produjeron fuertes cruces entre los los propios intendentes oficialistas (PJ) sobre la minería. Esta provincia, al igual que en La Rioja, Catamarca, San Luis y Neuquén, mantiene históricos enfrentamientos entre pro y anti mineros. Intendentes y empresarios mineros presionan al gobernador a pesar de que éste, prometió respetar una ley provincial que imposibilita el desarrollo de esa actividad.
Fue el caballito de batalla de campaña, donde los candidatos competían por mostrarse a favor del ambiente y en contra de toda actividad contaminante en la provincia. Anuncios rimbombantes sobre el tema, dejaron a los actuales funcionarios "presos" de sus propias promesas, aún en diferencia con la sintonía nacional, que promueve la actividad.
El problema: La contaminación
Con el argumento de que el estado "no está capacitado" o "no es confiable" para el control de esta actividad, que para la extracción y procesamiento de metales a cielo abierto, utiliza sustancias altamente contaminantes como el cianuro, y otras que poseen pasivos peligrosos para la salud, se vienen realizando marchas y protestas, con activistas que presionan desde distintos sectores, para que el estado provincial tome una decisión definitiva sobre el tema.
La Ley
Una ley provincial (7.722) prohíbe expresamente la actividad que utilice alguna de esta sustancias, por lo que se ha dado marcha atrás en varios proyectos mineros que pretendían operar en Mendoza. El año pasado, un emprendimiento llegó hasta la legislatura, pero no obtuvo los consensos necesarios para desarrollarse.
Los intendentes
Los intendentes de la zona sur y centro de la provincia, denominada "Valle de Uco" que comprende San Carlos, gobernada por el demócrata Jorge Difonso y de Tunuyán, por el justicialista Martín Aveiro reclamaron el apoyo del secretario de Ambiente, Marcos Zandomeni para ampliar las reservas naturales de Laguna del Diamante y El Manzano con el fin de evitar, como lo solicitan los habitantes de esas comunas, la explotación minera a cielo abierto.
Por otra parte, los caciques de los departamentos del norte, Ruben Miranda de Las Heras y Abraham de Guaymallén mostraron una férrea defensa a la actividad minera como posible eje productivo de sus departamentos.
Audiencias para desmontar de 20 mil hectáreas
Convocan a audiencias para el desmonte de 20 mil hectáreas
Fecha de Publicación: 17/04/2012
Fuente: El Intransigente
Provincia/Región: Salta
El Ministerio de Ambiente y producción Sustentable convocó a tres audiencias para debate de emprendimientos ganaderos y agrícolas de desmontes que involucran 20 mil hectáreas
En dos semanas el Ministerio de Ambiente y producción Sustentable convocó a tres audiencias para poner en debate emprendimientos ganaderos y agrícolas de desmontes que involucran un total aproximado de 20 mil hectáreas. Más de la mitad de las se ubican en la finca San Francisco, del departamento San Martín. Las restantes son hectáreas a desmontar en Anta.
Así surge al menos de las convocatorias publicadas en el Boletín Oficial en las cuales (se aclara), no se trata de un desmonte total sobre esas tierras, sino emprendimientos que dejan zonas de "conservación" (y por tanto, se supone, no serán desmontadas), además de realizarse por "módulos", informó Nuevo Diario de Salta.
Llamó la atención que al menos en dos de las audiencias públicas convocadas los proyectos de desmonte se hicieran sobre tierras que, según el Mapa de Ordenamiento Territorial de la provincia las marca como amarillas o rojas, categorías que indican que las tierras no deberían ser desmontadas.
Pero "el mapa de ordenamiento territorial de Salta no es definitivo porque no tiene un análisis predial", sostuvo la secretaria de Ambiente, Mirta Terán, al ser consultada por esta situación.
Y es que ya salieron algunos ambientalistas a demostrar su preocupación, al igual que comunidades campesinas, en tanto no se sabe en Salta entonces, cuáles son los parámetros que se están tomando para seguir o no adelante con un emprendimiento de desmonte.
Al ser consultada sobre cuáles serán las zonas a respetar, Terán indicó que "todas las que no deban de ser tocadas. Cabeceras de cuenca, de los ríos", en donde sostuvo, se limita el desmonte a una distancia de entre 500 y 1000 metros.
Como al hacer su mapa Salta (al parecer en el apuro por recibir montos para la conservación, además de apurar el trámite para que permitan reiniciar los desmontes), no lo hizo con un análisis predial. Ello generó la disposición de un decreto provincial por el cual, en caso de hacer un análisis predial, se pueden cambiar los colores que dispone el mapa de Ordenamiento Territorial aprobado por Ley en Salta.
Terán aseguró que los proyectos de desmonte que quedaron de 2007 a la fecha paralizados "se analizan uno por uno", para luego pasar por manos de una comisión interdisciplinaria que analiza esta primera propuesta.
"Muchos de los proyectos dan respuestas de las consultas. Hay informes adicionales de consultores externos de la Universidad (Nacional de Salta).
Aseguró además que a los dos emprendimientos que solicitaron desmontes en zonas donde en principio, no debían realizarse las deforestaciones, se les redujo la superficie a desmontar "en un 20 o 25%" a fin de que "sean mayores las áreas de conservación".
Con respecto a la falta de prórroga de la audiencia por el desmonte en San Martín, suspensión que había sido solicitada por organizaciones criollas y originarias de los Lotes 55 y 14, justificó que cuando el proyecto fue al Instituto Provincial de Pueblos Indígenas (IPPIS), este dijo que no había afectación a ninguna comunidad originaria.
Fecha de Publicación: 17/04/2012
Fuente: El Intransigente
Provincia/Región: Salta
El Ministerio de Ambiente y producción Sustentable convocó a tres audiencias para debate de emprendimientos ganaderos y agrícolas de desmontes que involucran 20 mil hectáreas
En dos semanas el Ministerio de Ambiente y producción Sustentable convocó a tres audiencias para poner en debate emprendimientos ganaderos y agrícolas de desmontes que involucran un total aproximado de 20 mil hectáreas. Más de la mitad de las se ubican en la finca San Francisco, del departamento San Martín. Las restantes son hectáreas a desmontar en Anta.
Así surge al menos de las convocatorias publicadas en el Boletín Oficial en las cuales (se aclara), no se trata de un desmonte total sobre esas tierras, sino emprendimientos que dejan zonas de "conservación" (y por tanto, se supone, no serán desmontadas), además de realizarse por "módulos", informó Nuevo Diario de Salta.
Llamó la atención que al menos en dos de las audiencias públicas convocadas los proyectos de desmonte se hicieran sobre tierras que, según el Mapa de Ordenamiento Territorial de la provincia las marca como amarillas o rojas, categorías que indican que las tierras no deberían ser desmontadas.
Pero "el mapa de ordenamiento territorial de Salta no es definitivo porque no tiene un análisis predial", sostuvo la secretaria de Ambiente, Mirta Terán, al ser consultada por esta situación.
Y es que ya salieron algunos ambientalistas a demostrar su preocupación, al igual que comunidades campesinas, en tanto no se sabe en Salta entonces, cuáles son los parámetros que se están tomando para seguir o no adelante con un emprendimiento de desmonte.
Al ser consultada sobre cuáles serán las zonas a respetar, Terán indicó que "todas las que no deban de ser tocadas. Cabeceras de cuenca, de los ríos", en donde sostuvo, se limita el desmonte a una distancia de entre 500 y 1000 metros.
Como al hacer su mapa Salta (al parecer en el apuro por recibir montos para la conservación, además de apurar el trámite para que permitan reiniciar los desmontes), no lo hizo con un análisis predial. Ello generó la disposición de un decreto provincial por el cual, en caso de hacer un análisis predial, se pueden cambiar los colores que dispone el mapa de Ordenamiento Territorial aprobado por Ley en Salta.
Terán aseguró que los proyectos de desmonte que quedaron de 2007 a la fecha paralizados "se analizan uno por uno", para luego pasar por manos de una comisión interdisciplinaria que analiza esta primera propuesta.
"Muchos de los proyectos dan respuestas de las consultas. Hay informes adicionales de consultores externos de la Universidad (Nacional de Salta).
Aseguró además que a los dos emprendimientos que solicitaron desmontes en zonas donde en principio, no debían realizarse las deforestaciones, se les redujo la superficie a desmontar "en un 20 o 25%" a fin de que "sean mayores las áreas de conservación".
Con respecto a la falta de prórroga de la audiencia por el desmonte en San Martín, suspensión que había sido solicitada por organizaciones criollas y originarias de los Lotes 55 y 14, justificó que cuando el proyecto fue al Instituto Provincial de Pueblos Indígenas (IPPIS), este dijo que no había afectación a ninguna comunidad originaria.
Críticas al modelo extractivo
Críticas al modelo extractivo
Fecha de Publicación: 16/04/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Una resolución del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Agrarias declara “discrepancias con los lineamientos generales del PEA”. Sostiene que tendrá impacto negativo al consolidar el modelo de los agronegocios y la industria extractiva.
El Plan Estratégico Agroalimentario (PEA) fue presentado el año pasado por el gobierno nacional. Prevé metas productivas para los próximos diez años, entre ellas insta a aumentar un 60 por ciento la producción granaria e incorporar nuevos territorios al modelo de agronegocios. “El Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata declara su discrepancia con los lineamientos generales del PEA”, destaca la resolución 048/2012 de la Facultad y advierte: “El Plan Agroalimentario tendrá un profundo y negativo impacto en el complejo sistema productivo de nuestro país, al consolidar el modelo de país agroexportador basado en la agricultura industrial, pools de siembra, agrotóxicos, monocultivos, despoblamiento rural y enormes ciudades insustentables.”
El PEA está plasmado en 160 carillas, repleto de estadísticas, cuadros y gráficos. Fue presentado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en septiembre ultimo en Tecnópolis. Contó con el apoyo de gobernadores y empresas del sector. En la página 15 figuran las 43 “unidades académicas” que “participan en la elaboración” del PEA, entre ellas Agronomía de La Plata –una de las referentes en la formación de profesionales e investigadores de la Argentina rural.
En la resolución, el Consejo Superior de la Facultad identifica al “modelo dominante” en el país como “agro-minero exportador” caracterizado por “una fuerte intervención del capital financiero en la actividad, uso indiscriminado de insumos derivados del petróleo, contaminación, exclusión de pequeños productores y pérdida de biodiversidad”. Afirma que, en el modelo vigente, las ganancias “formidables son para las cada vez más grandes empresas”.
“La agricultura industrial tiene un fuerte impacto negativo sobre el ambiente, por merma de nutrientes en el suelo, reducción de biodiversidad, uso indiscriminado de agroquímicos y la introducción del riego en zonas donde el agua es un recurso escaso. Se genera un modelo de agricultura sin agricultores”, alerta la resolución.
Y precisa respecto al plan oficial que “el PEA lejos está de promover políticas que vislumbren modificaciones a las tendencias actuales del modelo productivo”, Explicita que el Gobierno pretende aumentar la superficie sembrada de 32 millones de hectáreas a 41 millones (27 por ciento más) y, en línea con organizaciones campesinas, cuestiona que “Avanzará la frontera agrícola hacia territorios donde hoy las comunidades campesinas e indígenas están resistiendo desalojos”.
“Todo indica que el modelo antes descripto tenderá a profundizarse”, advierte la Facultad. Precisa que el PEA promueve que la soja transgénica ocupe no menos del 45 por ciento de la superficie a sembrar y que el maíz sea utilizado para producción de agrocombustibles. “Ambas medidas están absolutamente enfrentadas a la defensa de la soberanía y seguridad alimentaria de nuestro pueblo”, asegura la resolución, fechada el 23 de marzo último (la sesión fue el 20 de diciembre), y que, en su parte resolutiva, crea una comisión interclaustro para diseñar un “PEA alternativo”.
Augusto Calandrelli, consejero superior por el claustro estudiantil, explicó que las universidades participaron de debates y realizaron propuestas para la confección del PEA, pero aclaró que “ninguno de los aspectos críticos al modelo” fueron tenidos en cuenta por “la mesa chica del Ministerio de Agricultura” que redactó el documento final. “El PEA no es una síntesis debatida con universidades ni con organizaciones de la agricultura familiar, sino que es una decisión de funcionarios del Gobierno”, explicó.
“La resolución de nuestra Facultad es un primer paso para cuestionar un modelo de producción que mantiene profundas continuidades con el neoliberalismo de los años ’90”, avisó el consejero superior. La Facultad de Agronomía de La Plata, fundada en 1906 y referente entre las casas de estudios, se sumó a las facultades que cuestionan el modelo extractivo. La Universidad Nacional de Córdoba y la de Río Cuarto alertaron, en 2009 y 2010, sobre los efectos ambientales y económicos de la megaminería. La Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario denunció, en marzo pasado, al modelo extractivo por sus “consecuencias comprobadas” en el ambiente y en la salud de las poblaciones. Y la Universidad de Buenos Aires también cuestionó la megaminería, el miércoles pasado, en una declaración de apoyo del Consejo Superior (el más alto espacio político de la UBA): apuntó a los efectos ambientales, pero también a la represión y violación de derechos que padecen las poblaciones que rechazan la cuestionada actividad (puntualizó casos de Catamarca y La Rioja).
“En las últimas semanas, han sido vulnerados derechos constitucionales de ciudadanos y ciudadanas de las regiones en conflicto al ser violentamente reprimidos por las fuerzas de seguridad del Estado en los cortes selectivos contra la Minera Alumbrera en las localidades de Belén, Amaicha del Valle y Tinogasta”, denunció la UBA y coincidió con Agronomía de La Plata respecto de los agronegocios: “Este modelo productivo extractivo-exportador está íntimamente asociado con el avance de la frontera agraria a costa del despojo de la tierra a campesinos y el desmonte y deforestación, con la utilización excesiva de agrotóxicos en las fumigaciones”.
Fecha de Publicación: 16/04/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Una resolución del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Agrarias declara “discrepancias con los lineamientos generales del PEA”. Sostiene que tendrá impacto negativo al consolidar el modelo de los agronegocios y la industria extractiva.
El Plan Estratégico Agroalimentario (PEA) fue presentado el año pasado por el gobierno nacional. Prevé metas productivas para los próximos diez años, entre ellas insta a aumentar un 60 por ciento la producción granaria e incorporar nuevos territorios al modelo de agronegocios. “El Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata declara su discrepancia con los lineamientos generales del PEA”, destaca la resolución 048/2012 de la Facultad y advierte: “El Plan Agroalimentario tendrá un profundo y negativo impacto en el complejo sistema productivo de nuestro país, al consolidar el modelo de país agroexportador basado en la agricultura industrial, pools de siembra, agrotóxicos, monocultivos, despoblamiento rural y enormes ciudades insustentables.”
El PEA está plasmado en 160 carillas, repleto de estadísticas, cuadros y gráficos. Fue presentado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en septiembre ultimo en Tecnópolis. Contó con el apoyo de gobernadores y empresas del sector. En la página 15 figuran las 43 “unidades académicas” que “participan en la elaboración” del PEA, entre ellas Agronomía de La Plata –una de las referentes en la formación de profesionales e investigadores de la Argentina rural.
En la resolución, el Consejo Superior de la Facultad identifica al “modelo dominante” en el país como “agro-minero exportador” caracterizado por “una fuerte intervención del capital financiero en la actividad, uso indiscriminado de insumos derivados del petróleo, contaminación, exclusión de pequeños productores y pérdida de biodiversidad”. Afirma que, en el modelo vigente, las ganancias “formidables son para las cada vez más grandes empresas”.
“La agricultura industrial tiene un fuerte impacto negativo sobre el ambiente, por merma de nutrientes en el suelo, reducción de biodiversidad, uso indiscriminado de agroquímicos y la introducción del riego en zonas donde el agua es un recurso escaso. Se genera un modelo de agricultura sin agricultores”, alerta la resolución.
Y precisa respecto al plan oficial que “el PEA lejos está de promover políticas que vislumbren modificaciones a las tendencias actuales del modelo productivo”, Explicita que el Gobierno pretende aumentar la superficie sembrada de 32 millones de hectáreas a 41 millones (27 por ciento más) y, en línea con organizaciones campesinas, cuestiona que “Avanzará la frontera agrícola hacia territorios donde hoy las comunidades campesinas e indígenas están resistiendo desalojos”.
“Todo indica que el modelo antes descripto tenderá a profundizarse”, advierte la Facultad. Precisa que el PEA promueve que la soja transgénica ocupe no menos del 45 por ciento de la superficie a sembrar y que el maíz sea utilizado para producción de agrocombustibles. “Ambas medidas están absolutamente enfrentadas a la defensa de la soberanía y seguridad alimentaria de nuestro pueblo”, asegura la resolución, fechada el 23 de marzo último (la sesión fue el 20 de diciembre), y que, en su parte resolutiva, crea una comisión interclaustro para diseñar un “PEA alternativo”.
Augusto Calandrelli, consejero superior por el claustro estudiantil, explicó que las universidades participaron de debates y realizaron propuestas para la confección del PEA, pero aclaró que “ninguno de los aspectos críticos al modelo” fueron tenidos en cuenta por “la mesa chica del Ministerio de Agricultura” que redactó el documento final. “El PEA no es una síntesis debatida con universidades ni con organizaciones de la agricultura familiar, sino que es una decisión de funcionarios del Gobierno”, explicó.
“La resolución de nuestra Facultad es un primer paso para cuestionar un modelo de producción que mantiene profundas continuidades con el neoliberalismo de los años ’90”, avisó el consejero superior. La Facultad de Agronomía de La Plata, fundada en 1906 y referente entre las casas de estudios, se sumó a las facultades que cuestionan el modelo extractivo. La Universidad Nacional de Córdoba y la de Río Cuarto alertaron, en 2009 y 2010, sobre los efectos ambientales y económicos de la megaminería. La Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario denunció, en marzo pasado, al modelo extractivo por sus “consecuencias comprobadas” en el ambiente y en la salud de las poblaciones. Y la Universidad de Buenos Aires también cuestionó la megaminería, el miércoles pasado, en una declaración de apoyo del Consejo Superior (el más alto espacio político de la UBA): apuntó a los efectos ambientales, pero también a la represión y violación de derechos que padecen las poblaciones que rechazan la cuestionada actividad (puntualizó casos de Catamarca y La Rioja).
“En las últimas semanas, han sido vulnerados derechos constitucionales de ciudadanos y ciudadanas de las regiones en conflicto al ser violentamente reprimidos por las fuerzas de seguridad del Estado en los cortes selectivos contra la Minera Alumbrera en las localidades de Belén, Amaicha del Valle y Tinogasta”, denunció la UBA y coincidió con Agronomía de La Plata respecto de los agronegocios: “Este modelo productivo extractivo-exportador está íntimamente asociado con el avance de la frontera agraria a costa del despojo de la tierra a campesinos y el desmonte y deforestación, con la utilización excesiva de agrotóxicos en las fumigaciones”.
Tesoros ocultos en la basura electrónica
Tesoros ocultos en la basura electrónica
Fecha de Publicación: 16/04/2012
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
La recuperación y reciclado de oro, plata y cobre de celulares y computadoras es una industria que podría generar no pocos beneficios
Ariel Flores busca oro, cobre, plata y otros metales. Lleva casco, martillo, destornillador hidráulico y una protección para cubrirse los ojos. Hallar los tesoros que busca le demanda entre cinco y 20 minutos. Para obtener los metales que busca no usa ningún componente contaminante. Ni siquiera necesita usar líquidos que separen el hallazgo del material al que están adheridos.
La actividad de Flores se denomina minería urbana y es nada menos que el reciclado de residuos eléctricos y electrónicos (RAEE). "Empiezo con los cables, después separo el CPU y, por último, los monitores. Nosotros reconocemos el material y lo separamos en cajas y bolsones. Estos últimos después son exportados", contó este minero urbano que trabaja en Quilmes, en una de las tres plantas que se dedican a esta actividad en el país.
"Entre los aparatos electrónicos que más se usan, los celulares y las computadoras son los que poseen la tasa más alta de reciclado. Más del 90% de sus partes pueden ser recicladas, ya que son fáciles de desensamblar y reutilizar. Debido a varias causas, como la nueva legislación en los países desarrollados, la industria del reciclado se ha visto obligada a virar hacia tecnologías más eficientes que permitan recuperar cada vez más cantidad de materiales", dijo Eugenia Testa, directora política de Greenpeace Argentina.
En el caso del oro, y al contrario de lo que se especula, sólo puede encontrarse en cantidades mínimas dentro de celulares o computadoras: un celular sólo posee en promedio 0,025% de oro en su interior, además de otros elementos valorizables. No obstante, el consumo y descarte de estos artefactos implica el derroche de este recurso, según un informe especial realizado por la ONG ambientalista.
La mala noticia es que en la Argentina sólo se recicla el 15% de los RAEE que se generan. Los cálculos oficiales dan cuenta de que cada argentino genera alrededor de tres kilogramos de basura electrónica por año, lo que representa 120.000 toneladas de basura electrónica anuales. "Se calcula que alrededor del 50% de estos residuos están arrumbados en oficinas, hogares, entes públicos o depósitos, más del 40% se entierra o se descarta en basurales y rellenos y cerca del 10% ingresa en esquemas informales o formales de gestión de residuos. Esto representa un derroche de recursos que podrían recuperarse, además de una alta fuente de contaminación", indican en Greenpeace.
El aprovechamiento del oro, la plata y el cobre de los celulares generaría además muy buenos ingresos.
"La actividad que realizamos en esta empresa es 100% ambiental. Lo que no se puede separar se envía a refinerías que están en Bélgica, Alemania o Suecia", explicó Verónica Calona, responsable de Silkers, una de las tres compañías que realizan esta actividad en el país. Es que la minería urbana tiene un doble impacto positivo: por un lado, permite recuperar metales o materiales cada vez más escasos y cuya obtención, a través de la minería tradicional, genera un alto impacto ambiental. Por el otro, frena el impacto que estos residuos generan en el ambiente al degradarse en basurales contaminando las napas de agua, los suelos y el aire.
Sin embargo, la industria del reciclado de minerales por este medio no cuenta con una legislación para su promoción, como sí goza la minería tradicional. "Las trabas que te ponen para la exportación son muy importantes. Nosotros recibimos entre 100.000 y 170.000 kilos de aparatos para reciclar. El 2% de ese material puede ser dispuesto para exportar. El tema es que el 85% de los RAEE va a parar a los rellenos", agregó Calona.
La cuestión del volumen es fundamental. Según Gustavo Protomastro, consultor ambiental que trabaja para otra empresa que realiza la actividad, son necesarios al menos 15.000 kilos de plaquetas para poder exportar el cargamento. "No se puede exportar sólo un poco porque no resulta rentable. Por supuesto que una política de apoyo sería lo mejor", indicó.
Las plaquetas que están dentro de las CPU de las computadoras tienen metales como plata, oro, cobre, aluminio y tierras raras. Estas últimas están compuestas por una serie de metales utilizados para fabricar productos de alta tecnología como pantallas LED, componentes para autos, imanes y baterías recargables, entre otros. Hoy, China, países europeos y los Estados Unidos se disputan este mercado para poder abastecer el suyo para la fabricación de estos aparatos.
Desde 2008 se encuentra en el Congreso un proyecto de ley para la recuperación, reciclado y reutilización de la basura electrónica que se descarta en el país. El proyecto establece el concepto de Responsabilidad Extendida del Productor, bajo el cual las empresas que ponen en el mercado los productos eléctricos y electrónicos deberán ser responsables financiera y legalmente por la gestión y tratamiento de sus propios residuos. En 2011 el proyecto fue aprobado por el Senado, pero, por cuarto año consecutivo, el texto quedó descartado de la agenda de la Cámara baja.
Se aprovecha una mínima parte
En la ciudad de Buenos Aires se estima que cada habitante descarta siete kilos de residuos eléctricos y electrónicos por año, según estima la Cámara Argentina de Máquinas y Oficinas Comerciales y Afines (Camoca), el doble que el promedio en el nivel nacional, debido sobre todo a la gran cantidad de empresas que tienen sus oficinas en la Capital.
En la Argentina se recicla sólo el 15% de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) que se generan. La parte que se recicla corresponde en su mayoría a residuos provenientes de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) Las cifras de reciclado y recuperación de materiales presentes en los RAEE son mínimas. De las 120.000 toneladas anuales de basura electrónica producida, las empresas Dalafer y Silkers, operadores habilitados para reciclar residuos electrónicos, sólo procesan entre 3000 y 4000 toneladas cada una, mientras que otras 2000 toneladas son tratadas por el resto de los operadores habilitados por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Nación.
Los aparatos eléctricos y electrónicos son fabricados con un 25% de componentes reutilizables, un 72% de materiales reciclables (plásticos, metales ferrosos, aluminio, cobre, oro, níquel, estaño de las placas, entre otros) y con un 3% de elementos potencialmente tóxicos, como plomo, mercurio, berilio, selenio, cadmio, cromo, sustancias halogenadas, clorofluocarbonos, bifenilos policlorados, policloruro de vinilo, ignífugos como el arsénico y el amianto, entre otros. Más del 90% de sus partes pueden ser recicladas.
Fecha de Publicación: 16/04/2012
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
La recuperación y reciclado de oro, plata y cobre de celulares y computadoras es una industria que podría generar no pocos beneficios
Ariel Flores busca oro, cobre, plata y otros metales. Lleva casco, martillo, destornillador hidráulico y una protección para cubrirse los ojos. Hallar los tesoros que busca le demanda entre cinco y 20 minutos. Para obtener los metales que busca no usa ningún componente contaminante. Ni siquiera necesita usar líquidos que separen el hallazgo del material al que están adheridos.
La actividad de Flores se denomina minería urbana y es nada menos que el reciclado de residuos eléctricos y electrónicos (RAEE). "Empiezo con los cables, después separo el CPU y, por último, los monitores. Nosotros reconocemos el material y lo separamos en cajas y bolsones. Estos últimos después son exportados", contó este minero urbano que trabaja en Quilmes, en una de las tres plantas que se dedican a esta actividad en el país.
"Entre los aparatos electrónicos que más se usan, los celulares y las computadoras son los que poseen la tasa más alta de reciclado. Más del 90% de sus partes pueden ser recicladas, ya que son fáciles de desensamblar y reutilizar. Debido a varias causas, como la nueva legislación en los países desarrollados, la industria del reciclado se ha visto obligada a virar hacia tecnologías más eficientes que permitan recuperar cada vez más cantidad de materiales", dijo Eugenia Testa, directora política de Greenpeace Argentina.
En el caso del oro, y al contrario de lo que se especula, sólo puede encontrarse en cantidades mínimas dentro de celulares o computadoras: un celular sólo posee en promedio 0,025% de oro en su interior, además de otros elementos valorizables. No obstante, el consumo y descarte de estos artefactos implica el derroche de este recurso, según un informe especial realizado por la ONG ambientalista.
La mala noticia es que en la Argentina sólo se recicla el 15% de los RAEE que se generan. Los cálculos oficiales dan cuenta de que cada argentino genera alrededor de tres kilogramos de basura electrónica por año, lo que representa 120.000 toneladas de basura electrónica anuales. "Se calcula que alrededor del 50% de estos residuos están arrumbados en oficinas, hogares, entes públicos o depósitos, más del 40% se entierra o se descarta en basurales y rellenos y cerca del 10% ingresa en esquemas informales o formales de gestión de residuos. Esto representa un derroche de recursos que podrían recuperarse, además de una alta fuente de contaminación", indican en Greenpeace.
El aprovechamiento del oro, la plata y el cobre de los celulares generaría además muy buenos ingresos.
"La actividad que realizamos en esta empresa es 100% ambiental. Lo que no se puede separar se envía a refinerías que están en Bélgica, Alemania o Suecia", explicó Verónica Calona, responsable de Silkers, una de las tres compañías que realizan esta actividad en el país. Es que la minería urbana tiene un doble impacto positivo: por un lado, permite recuperar metales o materiales cada vez más escasos y cuya obtención, a través de la minería tradicional, genera un alto impacto ambiental. Por el otro, frena el impacto que estos residuos generan en el ambiente al degradarse en basurales contaminando las napas de agua, los suelos y el aire.
Sin embargo, la industria del reciclado de minerales por este medio no cuenta con una legislación para su promoción, como sí goza la minería tradicional. "Las trabas que te ponen para la exportación son muy importantes. Nosotros recibimos entre 100.000 y 170.000 kilos de aparatos para reciclar. El 2% de ese material puede ser dispuesto para exportar. El tema es que el 85% de los RAEE va a parar a los rellenos", agregó Calona.
La cuestión del volumen es fundamental. Según Gustavo Protomastro, consultor ambiental que trabaja para otra empresa que realiza la actividad, son necesarios al menos 15.000 kilos de plaquetas para poder exportar el cargamento. "No se puede exportar sólo un poco porque no resulta rentable. Por supuesto que una política de apoyo sería lo mejor", indicó.
Las plaquetas que están dentro de las CPU de las computadoras tienen metales como plata, oro, cobre, aluminio y tierras raras. Estas últimas están compuestas por una serie de metales utilizados para fabricar productos de alta tecnología como pantallas LED, componentes para autos, imanes y baterías recargables, entre otros. Hoy, China, países europeos y los Estados Unidos se disputan este mercado para poder abastecer el suyo para la fabricación de estos aparatos.
Desde 2008 se encuentra en el Congreso un proyecto de ley para la recuperación, reciclado y reutilización de la basura electrónica que se descarta en el país. El proyecto establece el concepto de Responsabilidad Extendida del Productor, bajo el cual las empresas que ponen en el mercado los productos eléctricos y electrónicos deberán ser responsables financiera y legalmente por la gestión y tratamiento de sus propios residuos. En 2011 el proyecto fue aprobado por el Senado, pero, por cuarto año consecutivo, el texto quedó descartado de la agenda de la Cámara baja.
Se aprovecha una mínima parte
En la ciudad de Buenos Aires se estima que cada habitante descarta siete kilos de residuos eléctricos y electrónicos por año, según estima la Cámara Argentina de Máquinas y Oficinas Comerciales y Afines (Camoca), el doble que el promedio en el nivel nacional, debido sobre todo a la gran cantidad de empresas que tienen sus oficinas en la Capital.
En la Argentina se recicla sólo el 15% de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) que se generan. La parte que se recicla corresponde en su mayoría a residuos provenientes de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) Las cifras de reciclado y recuperación de materiales presentes en los RAEE son mínimas. De las 120.000 toneladas anuales de basura electrónica producida, las empresas Dalafer y Silkers, operadores habilitados para reciclar residuos electrónicos, sólo procesan entre 3000 y 4000 toneladas cada una, mientras que otras 2000 toneladas son tratadas por el resto de los operadores habilitados por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Nación.
Los aparatos eléctricos y electrónicos son fabricados con un 25% de componentes reutilizables, un 72% de materiales reciclables (plásticos, metales ferrosos, aluminio, cobre, oro, níquel, estaño de las placas, entre otros) y con un 3% de elementos potencialmente tóxicos, como plomo, mercurio, berilio, selenio, cadmio, cromo, sustancias halogenadas, clorofluocarbonos, bifenilos policlorados, policloruro de vinilo, ignífugos como el arsénico y el amianto, entre otros. Más del 90% de sus partes pueden ser recicladas.
El Riachuelo, sumergido en el deterioro
El Riachuelo, sumergido en el deterioro
Fecha de Publicación: 16/04/2012
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Buenos Aires - Capital
En el reciente Seminario los derechos del Riachuelo -las ponencias pueden revisarse en http://www.facebook.com/ProAguasLimpias - un grupo de especialistas, activistas de la sociedad civil, periodistas y ciudadanos comprometidos fueron convocados a pensar al Riachuelo como un sujeto de derecho , incorporando a los múltiples actores afectados, actuales y potenciales en un diálogo sobre el deber de afrontar una situación que pone a prueba cómo sacudir cuestiones “sumergidas” en el olvido y la indiferencia.
Esta problemática implica revisar conceptos sobre los derechos denominados nuevos, una serie de valores en movimiento que han ido adquiriendo significado por cambios profundos de la sociedad (tales como los referidos al ambiente y el género). Demanda, asimismo, asumir una idea de dignidad en base a concebir al ser humano como un fin en sí mismo y no como un medio para los fines de otras personas; que esté ligada a la libertad ejercida de una manera responsable, con equilibrio entre las libertades individuales y el resto de los derechos; y que promueva una igualdad entendida como equidad que, sin suprimir las diferencias, logre que éstas disparidades no sean discriminatorias ni excluyentes.
Sobre este marco, se demanda un mayor compromiso con el derecho ambiental, analizando cómo lograr su efectivización. En el referido encuentro, se debatió sobre la intervención de la Corte Suprema de Justicia y se concibió la jurisprudencia más reciente como un quiebre para el derecho ambiental, así como la necesidad de pensar si la Corte debe usar su capital político empeñándose en el diseño de políticas públicas ante la omisión de los otros poderes.
La vulneración colectiva de derechos fundamentales que se produce en el ámbito de la cuenca requiere de la implementación inmediata de políticas que cuenten con el mayor grado de compromiso, creatividad y eficacia para revertir el deterioro imperante y lograr los objetivos establecidos por la Corte.
Aún cuando el balance a posteriori del fallo, con la intervención activa de la sociedad civil, arroja al presente un saldo desfavorable en materia concreción de acciones sustantivas para el futuro de la cuenca, existen motivos que permiten pensar en cambios positivos y sostenibles, aunando esfuerzos en una política de Estado para la cuenca, integrando visiones desde el Estado, la sociedad civil los organismos internacionales y las empresas.
La participación en las decisiones que nos afectan, no sólo de manera directa como individuos damnificados sino como personas responsables de la construcción del modelo de sociedad en que queremos vivir , es la única manera de asegurar nuestra influencia y también la forma de introducir sentimientos de corresponsabilidad entre las personas. Es por ello que el desarrollo debe ser solidario y alcanzar todos los rincones de nuestro territorio, ya que la existencia digna de las generaciones futuras no puede hacerse dándole la espalda a esa vena negra que vemos cotidianamente desde nuestra ciudad maravillos a. La declaración de todos estos derechos emergentes no debe quedarse en una enumeración, sino movilizar conciencias y recursos para garantizar su cumplimiento a través de la adopción de mecanismos de garantía.
Fecha de Publicación: 16/04/2012
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Buenos Aires - Capital
En el reciente Seminario los derechos del Riachuelo -las ponencias pueden revisarse en http://www.facebook.com/ProAguasLimpias - un grupo de especialistas, activistas de la sociedad civil, periodistas y ciudadanos comprometidos fueron convocados a pensar al Riachuelo como un sujeto de derecho , incorporando a los múltiples actores afectados, actuales y potenciales en un diálogo sobre el deber de afrontar una situación que pone a prueba cómo sacudir cuestiones “sumergidas” en el olvido y la indiferencia.
Esta problemática implica revisar conceptos sobre los derechos denominados nuevos, una serie de valores en movimiento que han ido adquiriendo significado por cambios profundos de la sociedad (tales como los referidos al ambiente y el género). Demanda, asimismo, asumir una idea de dignidad en base a concebir al ser humano como un fin en sí mismo y no como un medio para los fines de otras personas; que esté ligada a la libertad ejercida de una manera responsable, con equilibrio entre las libertades individuales y el resto de los derechos; y que promueva una igualdad entendida como equidad que, sin suprimir las diferencias, logre que éstas disparidades no sean discriminatorias ni excluyentes.
Sobre este marco, se demanda un mayor compromiso con el derecho ambiental, analizando cómo lograr su efectivización. En el referido encuentro, se debatió sobre la intervención de la Corte Suprema de Justicia y se concibió la jurisprudencia más reciente como un quiebre para el derecho ambiental, así como la necesidad de pensar si la Corte debe usar su capital político empeñándose en el diseño de políticas públicas ante la omisión de los otros poderes.
La vulneración colectiva de derechos fundamentales que se produce en el ámbito de la cuenca requiere de la implementación inmediata de políticas que cuenten con el mayor grado de compromiso, creatividad y eficacia para revertir el deterioro imperante y lograr los objetivos establecidos por la Corte.
Aún cuando el balance a posteriori del fallo, con la intervención activa de la sociedad civil, arroja al presente un saldo desfavorable en materia concreción de acciones sustantivas para el futuro de la cuenca, existen motivos que permiten pensar en cambios positivos y sostenibles, aunando esfuerzos en una política de Estado para la cuenca, integrando visiones desde el Estado, la sociedad civil los organismos internacionales y las empresas.
La participación en las decisiones que nos afectan, no sólo de manera directa como individuos damnificados sino como personas responsables de la construcción del modelo de sociedad en que queremos vivir , es la única manera de asegurar nuestra influencia y también la forma de introducir sentimientos de corresponsabilidad entre las personas. Es por ello que el desarrollo debe ser solidario y alcanzar todos los rincones de nuestro territorio, ya que la existencia digna de las generaciones futuras no puede hacerse dándole la espalda a esa vena negra que vemos cotidianamente desde nuestra ciudad maravillos a. La declaración de todos estos derechos emergentes no debe quedarse en una enumeración, sino movilizar conciencias y recursos para garantizar su cumplimiento a través de la adopción de mecanismos de garantía.
Mendoza apuesta por la geotérmica
Mendoza apuesta por la geotérmica
Fecha de Publicación: 15/04/2012
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
Desde la Asociación Geológica afirman que podría ser usada en actividades industriales y también brindar electricidad a emprendimientos mineros. En nuestra provincia hay más de 20 zonas que evidencian el potencial local. En Malargüe una empresa ha comenzado a realizar tareas de exploración.
El transcurrir del siglo XXI traerá varios desafíos. Uno será generar energía. Pero dicha generación porta, a su vez, otro gran reto, quizás aún mayor: producir energías limpias o “amigables” con el ambiente. Con ambos preceptos cumple la energía geotérmica. Los especialistas aseguran que “es la más limpia de todas” y que, además, es sustentable en el tiempo. “Puede ser eterna”, garantizan, y éste también es otro atributo clave.
La fuente de energía geotérmica es aquella que se puede obtener mediante el calor de los vapores que emergen del interior de la Tierra. De la temperatura del agua depende su capacidad de generación energética.
Mendoza está situada en el cinturón de fuego del Pacífico, sobre la cordillera de los Andes, en zonas con alta actividad volcánica y sísmica. En nuestra provincia existen, según se conoce a la fecha, más de 20 puntos geográficos con evidentes “manifestaciones externas”, esto es el constante salir de vapores desde la tierra que dan indicios del potencial que podría tener la provincia.
Sin embargo, Mendoza aún no dispone de la información geológica sobre lo que sucede en sus supuestos reservorios subterráneos. Para obtener unas primeras “marcas” del mapa geotérmico se necesitan alrededor de unos U$S 300 millones e iniciar las tareas de exploración.
Según un estudio, geólogos mendocinos llegaron a la conclusión que en zonas de Malargüe, por ejemplo, los vapores emergen a unos 200° C. Esto significa que están sobre zonas de “alta temperatura” a gran profundidad y que con ellos se puede generar energía eléctrica.
Además del uso energético para generar electricidad, la geotérmica se utiliza para aprovechar directamente su calor, balneoterapia y spa, calefacción y agua caliente urbana, invernaderos y refrigeración por absorción.
En Mendoza, a la energía geotérmica “hay que darle un uso industrial o exportarla”, explica el presidente de la Asociación Geológica provincial, Víctor Bonfils. En su relato señala que las zonas potenciales con reservorios geotérmicos estás muy alejadas de los centros urbanos.
Pero -asegura- están cerca de algunos emprendimientos mineros -caso de Vale, en Malargüe- y las centrales podrían brindar electricidad en estos casos. Otra opción será aprovechar la futura inversión que se realizará en Portezuelo del Viento y el tendido eléctrico que de allí surgirá.
La generación de electricidad geotérmica podría complementar a la hidroeléctrica.
“Al inicio -dice Bonfils- se realiza una inversión grande pero después el costo de mantenimiento y de explotación es menor al que se realiza con los hidrocarburos e hidroeléctrico”.
Las centrales y los pozos geotérmicos son relativamente pequeñas -en comparación con otros generadores y explotaciones- y “tienen un impacto pequeño en el ambiente”, declara Marcos Zandomeni, secretario de Ambiente.
“El desarrollo se construye con energía”, señala este funcionario, quien además redobla la apuesta al decir que “más aún si son energías limpias”, las cuales “suman trabajo, bajan emisiones contaminantes, mejoran el ambiente y aportan a la débil matriz energética del país que se sustenta en un 88% en las fósiles”.
Un paso concreto: empieza la exploración local
El presidente de la Asociación de Geólogos de Mendoza explica que la provincia está iniciándose en este campo energético. “Estamos en la etapa de estudio y reconocimiento”, previo a todo tipo de explotación.
Pone como ejemplo a la provincia vecina de Neuquén, la cual ya tiene dos emprendimientos importantes: Copahue y Domuyo. Uno está en la etapa de factibilidad y el otro ya está en la generación.
Sin embargo, una buena noticia revolucionó la esfera pública y privada: una empresa multinacional con mucho know-how invertirá en exploración en dos potenciales reservorios de Malargüe.
Con muy buena expectativa, la empresa mendocina Geoenergía Argentina SA firmó un acuerdo de cooperación con la mega firma binacional (canadiense-australiana) Earth Heat.
Este convenio representa un importante primer paso para la exploración de fuentes alternativas de energía que todos ya celebran.
Con esta rúbrica, se investigará la formación de aguas subterráneas que existen en dos de estas zonas de Malargüe: Los Molles y el volcán Peteroa.
En esta etapa, la compañía extranjera, junto con la mendocina, pondrán todos sus recursos -tecnológicos y técnicos- para la exploración minera de dichos reservorios de esta fuente de energía utilizada, principalmente, para generar electricidad.
Los especialistas aseguran que es un buen complemento de la hidroeléctrica, “son como hermanas”, y en este caso puntual de Malargüe están ubicadas en zonas cercanas a la futura represa Portezuelo del Viento. De ella se utilizaría la infraestructura eléctrica para alternar con una u otra fuente de generación eléctrica.
Como toda exploración minera, poco se sabe de la inversión “real” que se desembolsará en el terreno. Aunque se prevé que para elaborar un mapa geotérmico de estos depósitos de aguas termales subterráneos se necesitan inicialmente unos U$S 150 mil (para alcanzar una primera investigación) y entre exploración y explotación la inversión ascendería a U$S 1,5 millón.
Estos reservorios serán explorados a lo largo de 2012 y son dos áreas, de un total de 14, que se dieron en concesión a la firma mendocina bajo el gobierno de Celso Jaque, con los derechos de minería para exploración y futuros estudios de esas zonas. La multinacional Earth Heat aportaría una importante trayectoria que tiene en su haber a nivel mundial y nacional (en la actualidad está a cargo de una central geotérmica en Neuquén) y capital.
En ambos reservorios mendocinos ya se han presentado los informes de impacto ambiental pero aún falta completar el mapa geotérmico y la real prospección para una futura explotación de estas áreas.
Mendoza, en el mapa geotérmico
“La provincia está ubicada en el ‘Cinturón de fuego del Pacífico’. Es una zona volcánica y sísmica con varias reservas geotermales”, explica el geólogo mendocino Gustavo Racioppi, de Geoenergía Argentina.
En su detalle, puntualiza que este tipo de energía es la más “verde y sustentable” de todas. No depende del clima, como otras también limpias, y la compara con la eólica y la solar.
Asimismo, los reservorios geotérmicos pueden “ser eternos”, y en esto dependen de la gestión y administración que se realice. Hay que “reinyectar” constante y rutinariamente todo el agua que se extrae.
A su vez, es un tipo de energía “modular”, esto es, que la planta generadora puede ir creciendo o escalando según las necesidades operativas y demandadas.
Desde Neuquén, el especialista Juan Carlos Grosso, en representación de la multinacional, dijo que Mendoza está ubicada en una zona muy importante y “es la continuación de las vetas neuquinas”.
En la provincia vecina se creó hace dos años la primera central geotérmica en la zona de Copahue. Tiene una generación de energía eléctrica de 30 MW, y fue la primera en su tipo en el país y en Suramérica.
Por el momento, los geólogos son cautos y afirman que “Mendoza tiene un potencial teórico” geotermal y que sólo un mapa, producto de la exploración, podrá cuantificar y especificar la viabilidad de futuras explotaciones.
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Fecha de Publicación: 15/04/2012
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
Desde la Asociación Geológica afirman que podría ser usada en actividades industriales y también brindar electricidad a emprendimientos mineros. En nuestra provincia hay más de 20 zonas que evidencian el potencial local. En Malargüe una empresa ha comenzado a realizar tareas de exploración.
El transcurrir del siglo XXI traerá varios desafíos. Uno será generar energía. Pero dicha generación porta, a su vez, otro gran reto, quizás aún mayor: producir energías limpias o “amigables” con el ambiente. Con ambos preceptos cumple la energía geotérmica. Los especialistas aseguran que “es la más limpia de todas” y que, además, es sustentable en el tiempo. “Puede ser eterna”, garantizan, y éste también es otro atributo clave.
La fuente de energía geotérmica es aquella que se puede obtener mediante el calor de los vapores que emergen del interior de la Tierra. De la temperatura del agua depende su capacidad de generación energética.
Mendoza está situada en el cinturón de fuego del Pacífico, sobre la cordillera de los Andes, en zonas con alta actividad volcánica y sísmica. En nuestra provincia existen, según se conoce a la fecha, más de 20 puntos geográficos con evidentes “manifestaciones externas”, esto es el constante salir de vapores desde la tierra que dan indicios del potencial que podría tener la provincia.
Sin embargo, Mendoza aún no dispone de la información geológica sobre lo que sucede en sus supuestos reservorios subterráneos. Para obtener unas primeras “marcas” del mapa geotérmico se necesitan alrededor de unos U$S 300 millones e iniciar las tareas de exploración.
Según un estudio, geólogos mendocinos llegaron a la conclusión que en zonas de Malargüe, por ejemplo, los vapores emergen a unos 200° C. Esto significa que están sobre zonas de “alta temperatura” a gran profundidad y que con ellos se puede generar energía eléctrica.
Además del uso energético para generar electricidad, la geotérmica se utiliza para aprovechar directamente su calor, balneoterapia y spa, calefacción y agua caliente urbana, invernaderos y refrigeración por absorción.
En Mendoza, a la energía geotérmica “hay que darle un uso industrial o exportarla”, explica el presidente de la Asociación Geológica provincial, Víctor Bonfils. En su relato señala que las zonas potenciales con reservorios geotérmicos estás muy alejadas de los centros urbanos.
Pero -asegura- están cerca de algunos emprendimientos mineros -caso de Vale, en Malargüe- y las centrales podrían brindar electricidad en estos casos. Otra opción será aprovechar la futura inversión que se realizará en Portezuelo del Viento y el tendido eléctrico que de allí surgirá.
La generación de electricidad geotérmica podría complementar a la hidroeléctrica.
“Al inicio -dice Bonfils- se realiza una inversión grande pero después el costo de mantenimiento y de explotación es menor al que se realiza con los hidrocarburos e hidroeléctrico”.
Las centrales y los pozos geotérmicos son relativamente pequeñas -en comparación con otros generadores y explotaciones- y “tienen un impacto pequeño en el ambiente”, declara Marcos Zandomeni, secretario de Ambiente.
“El desarrollo se construye con energía”, señala este funcionario, quien además redobla la apuesta al decir que “más aún si son energías limpias”, las cuales “suman trabajo, bajan emisiones contaminantes, mejoran el ambiente y aportan a la débil matriz energética del país que se sustenta en un 88% en las fósiles”.
Un paso concreto: empieza la exploración local
El presidente de la Asociación de Geólogos de Mendoza explica que la provincia está iniciándose en este campo energético. “Estamos en la etapa de estudio y reconocimiento”, previo a todo tipo de explotación.
Pone como ejemplo a la provincia vecina de Neuquén, la cual ya tiene dos emprendimientos importantes: Copahue y Domuyo. Uno está en la etapa de factibilidad y el otro ya está en la generación.
Sin embargo, una buena noticia revolucionó la esfera pública y privada: una empresa multinacional con mucho know-how invertirá en exploración en dos potenciales reservorios de Malargüe.
Con muy buena expectativa, la empresa mendocina Geoenergía Argentina SA firmó un acuerdo de cooperación con la mega firma binacional (canadiense-australiana) Earth Heat.
Este convenio representa un importante primer paso para la exploración de fuentes alternativas de energía que todos ya celebran.
Con esta rúbrica, se investigará la formación de aguas subterráneas que existen en dos de estas zonas de Malargüe: Los Molles y el volcán Peteroa.
En esta etapa, la compañía extranjera, junto con la mendocina, pondrán todos sus recursos -tecnológicos y técnicos- para la exploración minera de dichos reservorios de esta fuente de energía utilizada, principalmente, para generar electricidad.
Los especialistas aseguran que es un buen complemento de la hidroeléctrica, “son como hermanas”, y en este caso puntual de Malargüe están ubicadas en zonas cercanas a la futura represa Portezuelo del Viento. De ella se utilizaría la infraestructura eléctrica para alternar con una u otra fuente de generación eléctrica.
Como toda exploración minera, poco se sabe de la inversión “real” que se desembolsará en el terreno. Aunque se prevé que para elaborar un mapa geotérmico de estos depósitos de aguas termales subterráneos se necesitan inicialmente unos U$S 150 mil (para alcanzar una primera investigación) y entre exploración y explotación la inversión ascendería a U$S 1,5 millón.
Estos reservorios serán explorados a lo largo de 2012 y son dos áreas, de un total de 14, que se dieron en concesión a la firma mendocina bajo el gobierno de Celso Jaque, con los derechos de minería para exploración y futuros estudios de esas zonas. La multinacional Earth Heat aportaría una importante trayectoria que tiene en su haber a nivel mundial y nacional (en la actualidad está a cargo de una central geotérmica en Neuquén) y capital.
En ambos reservorios mendocinos ya se han presentado los informes de impacto ambiental pero aún falta completar el mapa geotérmico y la real prospección para una futura explotación de estas áreas.
Mendoza, en el mapa geotérmico
“La provincia está ubicada en el ‘Cinturón de fuego del Pacífico’. Es una zona volcánica y sísmica con varias reservas geotermales”, explica el geólogo mendocino Gustavo Racioppi, de Geoenergía Argentina.
En su detalle, puntualiza que este tipo de energía es la más “verde y sustentable” de todas. No depende del clima, como otras también limpias, y la compara con la eólica y la solar.
Asimismo, los reservorios geotérmicos pueden “ser eternos”, y en esto dependen de la gestión y administración que se realice. Hay que “reinyectar” constante y rutinariamente todo el agua que se extrae.
A su vez, es un tipo de energía “modular”, esto es, que la planta generadora puede ir creciendo o escalando según las necesidades operativas y demandadas.
Desde Neuquén, el especialista Juan Carlos Grosso, en representación de la multinacional, dijo que Mendoza está ubicada en una zona muy importante y “es la continuación de las vetas neuquinas”.
En la provincia vecina se creó hace dos años la primera central geotérmica en la zona de Copahue. Tiene una generación de energía eléctrica de 30 MW, y fue la primera en su tipo en el país y en Suramérica.
Por el momento, los geólogos son cautos y afirman que “Mendoza tiene un potencial teórico” geotermal y que sólo un mapa, producto de la exploración, podrá cuantificar y especificar la viabilidad de futuras explotaciones.
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Se descubren nuevas especies en la Argentina
Aún hoy se descubren nuevas especies en la Argentina
Fecha de Publicación: 15/04/2012
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Nacional
Investigadores de la Universidad Maimónides y de la fundación Azara descubrieron más de 30 especies nuevas para la ciencia en los últimos seis años, además de otras tantas especies cuya existencia se desconocía para el país y publican un artículo científico cada tres días. Convirtiéndose así en uno de los ámbitos científicos de mayor referencia nacional para las ciencias naturales.
La Fundación Azara es una institución no gubernamental y sin fines de lucro referente nacional en las ciencias naturales y antropológicas. Tiene por misión contribuir al estudio y la conservación del patrimonio natural y cultural del país, y también desarrolla actividades en otros países latinoamericanos como Paraguay, Bolivia, Chile y Brasil.
En el año 2006 la Fundación Azara se incorporó a la Universidad Maimónides, creándose en dicha Universidad el Departamento de Ciencias Naturales y Antropológicas. Allí un grupo de investigadores y naturalistas sigue aún hoy en el siglo XXI descubriendo especies -tanto vivientes como extintas- nuevas para la ciencia, y en otros casos especies cuya existencia se desconocía para nuestro país.
Sus investigadores han dado a conocer más de 30 nuevas especies en los últimos seis años. Entre los peces: las formas fósilesAmeghinoceratodus iheringi, Atlantoceratodus patagonicus, Ceratodus argentinus, Ceratodus kaopen, Chaoceratodus portezuelensis,Ptychoceratodus cionei, Ptychoceratodus wichmanni; Genidens ancestrales,Belonostomus lamarquensis, entre los reptiles: la serpiente fósil Najash rionegrina; entre las aves: Alamitornis minutus, Anas chepen, Ankonetta larriestrai, Belonopterus lilloi, Intiornis saltensis, Lamarqueavis australis,Megapaloelodus peiranoi, Pampaemberiza olrogi, Pleistoanser bravardi; entre los dinosaurios: Amargatitanis macni, Austrocheirus isasii,Buitreraptor gonzalezorum, Cathartesaura anaeróbica, Dromaeopodus shandongensis, Nopcsasponylus alarconensis, Pneumatoraptor fodori,Bonapartenykus ultimus; y entre los mamíferos Cronopio dentiacutus y el tucu-tuco Ctenomys thomasi; entre otras.
Descubrieron además especies cuya existencia era desconocida en nuestro país, tal es el caso del gato del pantanal (Lynchailurus braccatus) o delpicaflor tijereta (Eupetomena macroura). Y redescubrieron especies que no se veían desde hacia décadas como el ave llamada comúnmentebailarín castaño (Piprites pileata).
Desde este ámbito además se publica en promedio un artículo científico cada tres días en prestigiosas revistas cuya nómina incluye incluso las más importantes del mundo como Nature y continúa con otras como:Alcheringa: An Australasian Journal of Palaeontology (Australia), American Museum Novitates (Estados Unidos), Annales de Paléontologie (Francia),Biodiversity and Conservation (Alemania), Biological Conservation(Inglaterra), Biotropica (Inglaterra), Bird Conservation International(Inglaterra), Bulletin de L’Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique(Bélgica), Comptes Rendus Palevol. (Francia), Cretaceous Research(Inglaterra), Frontiers in Ecology and the Environment (Estados Unidos),Gondwana Research (Japón), Herpetological Journal (Estados Unidos),Historical Biology (Inglaterra), Journal of South American Earth Sciences(Inglaterra), Journal of Systematic Palaeontology (Inglaterra), Journal of Tropical Ecology (Inglaterra), Journal of Vertebrate Paleontology (Estados Unidos), Mammalian Biology (Alemania), Naturwissenschaften (Alemania),Neues Jahrbuch fur Geologie und Palaontologie (Alemania), Ornitología Neotropical (Canadá), Paläontologische Zeitschrift (Alemania), Physical Review (Estados Unidos), Proceedings of The Royal Society of London(Inglaterra), The South American Archaeological Record (Estados Unidos),The Wilson Journal of Ornithology (Inglaterra), Tropical Lepidoptera Research (Estados Unidos), entre otras.
Además de la sorprendente producción científica -que incluye también un libro cada 60 días- y los nuevos descubrimientos, la Fundación Azara, a través del Departamento de Ciencias Naturales y Antropológicas dela Universidad Maimónides, va más allá. Desde su creación contribuyó con más de cincuenta proyectos de investigación y conservación; participó como editora o auspiciante en más de doscientos libros sobre ciencia y naturaleza; produjo ciclos documentales (algunos de ellos se trasmiten por Canal Encuentro); promovió la creación de reservas naturales y la implementación de otras; trabajó en el rescate y manejo de la vida silvestre; promovió la investigación y la divulgación de la ciencia en el marco de las universidades privadas argentinas; asesoró en la confección de distintas leyes ambientales de su país; organizó congresos, cursos y casi un centenar de conferencias.
En el año 2004 creó los Congresos Nacionales de Conservación de la Biodiversidad, que desde entonces se realizan cada dos años. Desde el año 2005 maneja el Centro de Rescate, Rehabilitación y Recría de Fauna Silvestre “Güirá Oga”, vecino al Parque Nacional Iguazú, en la provincia de Misiones. En sus colecciones científicas -abiertas a la consulta de investigadores nacionales y extranjeros que lo deseen- se atesoran más de 40.000 piezas.
Actualmente tiene actividad en diez provincias argentinas: Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Chaco, San Juan, La Pampa, Buenos Aires, Río Negro, Neuquén y Santa Cruz. Proyecta construir próximamente un importante centro para la divulgación de la ciencia en Tigre y es uno de los interesados en gerenciar el Jardín Zoológico de la Ciudad de Buenos Aires, tras el vencimiento de la actual concesión en enero de 2011.
Fecha de Publicación: 15/04/2012
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Nacional
Investigadores de la Universidad Maimónides y de la fundación Azara descubrieron más de 30 especies nuevas para la ciencia en los últimos seis años, además de otras tantas especies cuya existencia se desconocía para el país y publican un artículo científico cada tres días. Convirtiéndose así en uno de los ámbitos científicos de mayor referencia nacional para las ciencias naturales.
La Fundación Azara es una institución no gubernamental y sin fines de lucro referente nacional en las ciencias naturales y antropológicas. Tiene por misión contribuir al estudio y la conservación del patrimonio natural y cultural del país, y también desarrolla actividades en otros países latinoamericanos como Paraguay, Bolivia, Chile y Brasil.
En el año 2006 la Fundación Azara se incorporó a la Universidad Maimónides, creándose en dicha Universidad el Departamento de Ciencias Naturales y Antropológicas. Allí un grupo de investigadores y naturalistas sigue aún hoy en el siglo XXI descubriendo especies -tanto vivientes como extintas- nuevas para la ciencia, y en otros casos especies cuya existencia se desconocía para nuestro país.
Sus investigadores han dado a conocer más de 30 nuevas especies en los últimos seis años. Entre los peces: las formas fósilesAmeghinoceratodus iheringi, Atlantoceratodus patagonicus, Ceratodus argentinus, Ceratodus kaopen, Chaoceratodus portezuelensis,Ptychoceratodus cionei, Ptychoceratodus wichmanni; Genidens ancestrales,Belonostomus lamarquensis, entre los reptiles: la serpiente fósil Najash rionegrina; entre las aves: Alamitornis minutus, Anas chepen, Ankonetta larriestrai, Belonopterus lilloi, Intiornis saltensis, Lamarqueavis australis,Megapaloelodus peiranoi, Pampaemberiza olrogi, Pleistoanser bravardi; entre los dinosaurios: Amargatitanis macni, Austrocheirus isasii,Buitreraptor gonzalezorum, Cathartesaura anaeróbica, Dromaeopodus shandongensis, Nopcsasponylus alarconensis, Pneumatoraptor fodori,Bonapartenykus ultimus; y entre los mamíferos Cronopio dentiacutus y el tucu-tuco Ctenomys thomasi; entre otras.
Descubrieron además especies cuya existencia era desconocida en nuestro país, tal es el caso del gato del pantanal (Lynchailurus braccatus) o delpicaflor tijereta (Eupetomena macroura). Y redescubrieron especies que no se veían desde hacia décadas como el ave llamada comúnmentebailarín castaño (Piprites pileata).
Desde este ámbito además se publica en promedio un artículo científico cada tres días en prestigiosas revistas cuya nómina incluye incluso las más importantes del mundo como Nature y continúa con otras como:Alcheringa: An Australasian Journal of Palaeontology (Australia), American Museum Novitates (Estados Unidos), Annales de Paléontologie (Francia),Biodiversity and Conservation (Alemania), Biological Conservation(Inglaterra), Biotropica (Inglaterra), Bird Conservation International(Inglaterra), Bulletin de L’Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique(Bélgica), Comptes Rendus Palevol. (Francia), Cretaceous Research(Inglaterra), Frontiers in Ecology and the Environment (Estados Unidos),Gondwana Research (Japón), Herpetological Journal (Estados Unidos),Historical Biology (Inglaterra), Journal of South American Earth Sciences(Inglaterra), Journal of Systematic Palaeontology (Inglaterra), Journal of Tropical Ecology (Inglaterra), Journal of Vertebrate Paleontology (Estados Unidos), Mammalian Biology (Alemania), Naturwissenschaften (Alemania),Neues Jahrbuch fur Geologie und Palaontologie (Alemania), Ornitología Neotropical (Canadá), Paläontologische Zeitschrift (Alemania), Physical Review (Estados Unidos), Proceedings of The Royal Society of London(Inglaterra), The South American Archaeological Record (Estados Unidos),The Wilson Journal of Ornithology (Inglaterra), Tropical Lepidoptera Research (Estados Unidos), entre otras.
Además de la sorprendente producción científica -que incluye también un libro cada 60 días- y los nuevos descubrimientos, la Fundación Azara, a través del Departamento de Ciencias Naturales y Antropológicas dela Universidad Maimónides, va más allá. Desde su creación contribuyó con más de cincuenta proyectos de investigación y conservación; participó como editora o auspiciante en más de doscientos libros sobre ciencia y naturaleza; produjo ciclos documentales (algunos de ellos se trasmiten por Canal Encuentro); promovió la creación de reservas naturales y la implementación de otras; trabajó en el rescate y manejo de la vida silvestre; promovió la investigación y la divulgación de la ciencia en el marco de las universidades privadas argentinas; asesoró en la confección de distintas leyes ambientales de su país; organizó congresos, cursos y casi un centenar de conferencias.
En el año 2004 creó los Congresos Nacionales de Conservación de la Biodiversidad, que desde entonces se realizan cada dos años. Desde el año 2005 maneja el Centro de Rescate, Rehabilitación y Recría de Fauna Silvestre “Güirá Oga”, vecino al Parque Nacional Iguazú, en la provincia de Misiones. En sus colecciones científicas -abiertas a la consulta de investigadores nacionales y extranjeros que lo deseen- se atesoran más de 40.000 piezas.
Actualmente tiene actividad en diez provincias argentinas: Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Chaco, San Juan, La Pampa, Buenos Aires, Río Negro, Neuquén y Santa Cruz. Proyecta construir próximamente un importante centro para la divulgación de la ciencia en Tigre y es uno de los interesados en gerenciar el Jardín Zoológico de la Ciudad de Buenos Aires, tras el vencimiento de la actual concesión en enero de 2011.
Sali-Dulce: pronto inspeccionarán ingenios
El Comité de Cuenca inspeccionará ingenios la próxima semana
Fecha de Publicación: 14/04/2012
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán - Santiago del Estero
Los integrantes del Comité de Cuenca Salí-Dulce resolvieron continuar con las inspecciones la próxima semana en ingenios de Tucumán, luego de la reunión que mantuvieron ayer en la sede de Santiago del Estero.
Durante el encuentro, de carácter administrativo, los integrantes del organismo interjurisdiccional se dividieron en tres grupos para trabajar sobre gestión los temas tiempo real; caudales y participación social, desarrollada con el defensor del Pueblo de la provincia, Martín Díaz Achával.
Asimismo, se pusieron de acuerdo en avanzar sobre la fecha para mantener una nueva reunión que, en primera instancia, se realizaría en la última semana del mes de abril.
Para ello, se acordó visitar a las empresas tucumanas, a los fines de verificar los avances respecto a los acuerdos firmados entre los gobiernos de Santiago del Estero, Tucumán, la Secretaría de Ambiente de la Nación y la Defensoría del Pueblo de la provincia.
En ese sentido, se encuentran confirmadas la presencia de autoridades del organismo nacional, ya que se encuentran como garantes del acuerdo con el propósito de evitar la judialización del conflicto entre Santiago y Tucumán, a partir de la contaminación por parte de ingenios.
Fecha de Publicación: 14/04/2012
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán - Santiago del Estero
Los integrantes del Comité de Cuenca Salí-Dulce resolvieron continuar con las inspecciones la próxima semana en ingenios de Tucumán, luego de la reunión que mantuvieron ayer en la sede de Santiago del Estero.
Durante el encuentro, de carácter administrativo, los integrantes del organismo interjurisdiccional se dividieron en tres grupos para trabajar sobre gestión los temas tiempo real; caudales y participación social, desarrollada con el defensor del Pueblo de la provincia, Martín Díaz Achával.
Asimismo, se pusieron de acuerdo en avanzar sobre la fecha para mantener una nueva reunión que, en primera instancia, se realizaría en la última semana del mes de abril.
Para ello, se acordó visitar a las empresas tucumanas, a los fines de verificar los avances respecto a los acuerdos firmados entre los gobiernos de Santiago del Estero, Tucumán, la Secretaría de Ambiente de la Nación y la Defensoría del Pueblo de la provincia.
En ese sentido, se encuentran confirmadas la presencia de autoridades del organismo nacional, ya que se encuentran como garantes del acuerdo con el propósito de evitar la judialización del conflicto entre Santiago y Tucumán, a partir de la contaminación por parte de ingenios.
Guardafaunas universitarios
Quieren impulsar la formación universitaria de los guardafaunas
Fecha de Publicación: 14/04/2012
Fuente: El Diario de Madryn
Provincia/Región: Chubut
El bloque de la Unión Cívica Radical expresó el interés en promover el dictado en Chubut de la carrera universitaria de guardafauna o técnico en áreas naturales protegidas, administración de reservas naturales o en conservación de la naturaleza.
Chubut posee 25 áreas protegidas, existentes y proyectadas, “lo que implica una demanda constante de personal capacitado y que reúna los requisitos que las normas reglamentarias han establecido al respecto”, señalan los fundamentos de un proyecto de declaración presentado hoy por el diputado José Luis Lizurume.
Además de impulsar que la Legislatura declare de interés el dictado de la carrera, el bloque radical promueve también solicitar a la Secretaria de Turismo y Áreas Protegidas, realice para ello las gestiones correspondientes ante la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.
La presentación recuerda que el decreto N° 1462/07, que aprobó el Estatuto del Sistema Provincial de Guardafaunas, ha dispuesto como uno de los requisitos para el ingreso del personal la posesión de “título habilitante” para desempeñarse en el terreno como guardaparque o técnico en administración y/o manejo de áreas protegidas, expedido por instituciones reconocidas oficialmente a nivel nacional o provincial.
“Este requisito resulta esencial en cuanto a la capacidad y preparación del personal dispuesto en esas áreas protegidas”, indican los fundamentos.
Espíritu conservacionista
El bloque de la Unión Cívica Radical reivindicó en su proyecto que la Provincia del Chubut, “desde los comienzos mismos de su institucionalización, ha establecido con claridad su espíritu conservacionista en cuanto al cuidado de los recursos naturales”, señalando que “la definición de áreas protegidas y planes de manejo hace, de nuestras riquezas naturales, una posibilidad de explotación turística y recreativa, sin afectar el medio ambiente”.
“La definición de áreas protegidas conlleva, entre otras medidas, el destinar recursos humanos para el cuidado de los recursos naturales y la atención de los visitantes en esas zonas definidas”, añaden.
Experiencias en el país
En la actualidad son pocas las instituciones educativas en el país que ofrecen estas carreras, entre ellas la Universidad Nacional de Misiones, el Instituto Superior Perito Moreno en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o el Instituto de Educación “Dr. Jorge Coll” de la Provincia de Mendoza.
También han existido algunas experiencias en el dictado de carreras a término, como el caso del Convenio entre la Administración de Parques Nacionales y la Universidad de Buenos Aires entre los años 2005 – 2007, entre otras.
Oferta educativa
“La falta de oferta educativa hace las veces de elemental impedimento para la cobertura de los cargos y por ende, la carencia de personal que permita la real protección de nuestras riquezas naturales”, puntualizan.
Los diputados radicales consideraron que “esta es una importante oportunidad en cuanto la conjugación de la falta de oferta académica por un lado, la demanda concreta de profesionales por el otro, y el alto interés que despierta entre nuestra población, las ramas del saber referidas al cuidado del medio ambiente y los recursos naturales”.
Interés
“Por lo expuesto, resulta imprescindible transmitir al Poder Ejecutivo Provincial, Secretaria de Turismo y Áreas Protegidas el profundo interés, en cuanto a la posibilidad de materializar el dictado de una carrera de guardafauna y/o técnico en áreas naturales protegidas y/o administración de reservas naturales y/o técnico en conservación de la naturaleza”.
El dictado de una carrera por parte de alguna de las instituciones educativas “debe contar con el acompañamiento de los organismos especializados, por lo cual se debería gestionar la suscripción de algún convenio para lograrlo”, enfatizan los fundamentos de la presentación.
“Es necesario profundizar los esfuerzos para marcar el rumbo en el quehacer educativo, dotando no solo de recursos, tanto económicos, humanos o edilicios, sino también con la planificación de otras carreras educativas”, señalan.
Fecha de Publicación: 14/04/2012
Fuente: El Diario de Madryn
Provincia/Región: Chubut
El bloque de la Unión Cívica Radical expresó el interés en promover el dictado en Chubut de la carrera universitaria de guardafauna o técnico en áreas naturales protegidas, administración de reservas naturales o en conservación de la naturaleza.
Chubut posee 25 áreas protegidas, existentes y proyectadas, “lo que implica una demanda constante de personal capacitado y que reúna los requisitos que las normas reglamentarias han establecido al respecto”, señalan los fundamentos de un proyecto de declaración presentado hoy por el diputado José Luis Lizurume.
Además de impulsar que la Legislatura declare de interés el dictado de la carrera, el bloque radical promueve también solicitar a la Secretaria de Turismo y Áreas Protegidas, realice para ello las gestiones correspondientes ante la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.
La presentación recuerda que el decreto N° 1462/07, que aprobó el Estatuto del Sistema Provincial de Guardafaunas, ha dispuesto como uno de los requisitos para el ingreso del personal la posesión de “título habilitante” para desempeñarse en el terreno como guardaparque o técnico en administración y/o manejo de áreas protegidas, expedido por instituciones reconocidas oficialmente a nivel nacional o provincial.
“Este requisito resulta esencial en cuanto a la capacidad y preparación del personal dispuesto en esas áreas protegidas”, indican los fundamentos.
Espíritu conservacionista
El bloque de la Unión Cívica Radical reivindicó en su proyecto que la Provincia del Chubut, “desde los comienzos mismos de su institucionalización, ha establecido con claridad su espíritu conservacionista en cuanto al cuidado de los recursos naturales”, señalando que “la definición de áreas protegidas y planes de manejo hace, de nuestras riquezas naturales, una posibilidad de explotación turística y recreativa, sin afectar el medio ambiente”.
“La definición de áreas protegidas conlleva, entre otras medidas, el destinar recursos humanos para el cuidado de los recursos naturales y la atención de los visitantes en esas zonas definidas”, añaden.
Experiencias en el país
En la actualidad son pocas las instituciones educativas en el país que ofrecen estas carreras, entre ellas la Universidad Nacional de Misiones, el Instituto Superior Perito Moreno en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o el Instituto de Educación “Dr. Jorge Coll” de la Provincia de Mendoza.
También han existido algunas experiencias en el dictado de carreras a término, como el caso del Convenio entre la Administración de Parques Nacionales y la Universidad de Buenos Aires entre los años 2005 – 2007, entre otras.
Oferta educativa
“La falta de oferta educativa hace las veces de elemental impedimento para la cobertura de los cargos y por ende, la carencia de personal que permita la real protección de nuestras riquezas naturales”, puntualizan.
Los diputados radicales consideraron que “esta es una importante oportunidad en cuanto la conjugación de la falta de oferta académica por un lado, la demanda concreta de profesionales por el otro, y el alto interés que despierta entre nuestra población, las ramas del saber referidas al cuidado del medio ambiente y los recursos naturales”.
Interés
“Por lo expuesto, resulta imprescindible transmitir al Poder Ejecutivo Provincial, Secretaria de Turismo y Áreas Protegidas el profundo interés, en cuanto a la posibilidad de materializar el dictado de una carrera de guardafauna y/o técnico en áreas naturales protegidas y/o administración de reservas naturales y/o técnico en conservación de la naturaleza”.
El dictado de una carrera por parte de alguna de las instituciones educativas “debe contar con el acompañamiento de los organismos especializados, por lo cual se debería gestionar la suscripción de algún convenio para lograrlo”, enfatizan los fundamentos de la presentación.
“Es necesario profundizar los esfuerzos para marcar el rumbo en el quehacer educativo, dotando no solo de recursos, tanto económicos, humanos o edilicios, sino también con la planificación de otras carreras educativas”, señalan.
Bosques Nativos: prórroga para Entre Ríos
Prorrogó la Nación el plazo para adherir a la ley de Bosques Nativos
Fecha de Publicación: 13/04/2012
Fuente: Recinto Net
Provincia/Región: Entre Ríos
El plazo anterior había finalizado el 31 de marzo. La decisión beneficia a Entre Ríos que aún no cumplió con el relevamiento y clasificación del recurso.
Paraná.(RN). El Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) a pedido de las provincias, resolvió prorrogar hasta el 30 de abril el plazo para la presentación del ordenamiento de bosque nativo.• La medida beneficia a Entre Ríos, una de las jurisdicciones que adeuda ese trabajo, estipulado en la ley nacional de presupuestos mínimos sancionada en 2007. Lo confirmó el titular de Recursos Naturales, Claudio Ledesma, y subrayó que es éste uno de los principales temas en agenda.
Esta semana representantes de las áreas de Recursos Naturales de todas las provincias, se reunieron en el Cofema para tratar la marcha de la aplicación de la ley Nº 26331 de Presupuestos Mínimos de Bosques Nativos.
En ese ámbito “y a pedido de todas” las jurisdicciones, se resolvió extender hasta el 30 de abril el plazo para la presentación del ordenamiento de bosque nativo, informó Ledesma.
El plazo anterior había finalizado el 31 de marzo. En consecuencia, la decisión beneficia a Entre Ríos que aún no cumplió con el relevamiento y clasificación del recurso, paso estipulado en la normativa nacional que fija parámetros y condiciones para la utilización y conservación del monte.
Tras destacar que a este tema “lo tomamos con mucha fuerza”, el director de Recursos Naturales de la provincia comentó que el trámite administrativo en torno al proyecto está avanzado.
En abril, el gobierno provincial estuvo próximo a ingresar a la Cámara alta provincial el borrador de la ley requerida por Nación.
La gestión se concretará tras cuatro años y casi cuatro meses de sancionada por el Congreso la denominada ley Bonasso. Mientras tanto, el desmonte está prohibido en el territorio entrerriano.(
Fecha de Publicación: 13/04/2012
Fuente: Recinto Net
Provincia/Región: Entre Ríos
El plazo anterior había finalizado el 31 de marzo. La decisión beneficia a Entre Ríos que aún no cumplió con el relevamiento y clasificación del recurso.
Paraná.(RN). El Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) a pedido de las provincias, resolvió prorrogar hasta el 30 de abril el plazo para la presentación del ordenamiento de bosque nativo.• La medida beneficia a Entre Ríos, una de las jurisdicciones que adeuda ese trabajo, estipulado en la ley nacional de presupuestos mínimos sancionada en 2007. Lo confirmó el titular de Recursos Naturales, Claudio Ledesma, y subrayó que es éste uno de los principales temas en agenda.
Esta semana representantes de las áreas de Recursos Naturales de todas las provincias, se reunieron en el Cofema para tratar la marcha de la aplicación de la ley Nº 26331 de Presupuestos Mínimos de Bosques Nativos.
En ese ámbito “y a pedido de todas” las jurisdicciones, se resolvió extender hasta el 30 de abril el plazo para la presentación del ordenamiento de bosque nativo, informó Ledesma.
El plazo anterior había finalizado el 31 de marzo. En consecuencia, la decisión beneficia a Entre Ríos que aún no cumplió con el relevamiento y clasificación del recurso, paso estipulado en la normativa nacional que fija parámetros y condiciones para la utilización y conservación del monte.
Tras destacar que a este tema “lo tomamos con mucha fuerza”, el director de Recursos Naturales de la provincia comentó que el trámite administrativo en torno al proyecto está avanzado.
En abril, el gobierno provincial estuvo próximo a ingresar a la Cámara alta provincial el borrador de la ley requerida por Nación.
La gestión se concretará tras cuatro años y casi cuatro meses de sancionada por el Congreso la denominada ley Bonasso. Mientras tanto, el desmonte está prohibido en el territorio entrerriano.(
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Plan para conservar las costas patagónicas
Acuerdan un nuevo plan para conservar las costas patagónicas
Fecha de Publicación: 12/04/2012
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Patagonia
Funcionarios aseguran que contribuirá para el desarrollo sustentable de la zona y ayudará a preservar los recursos naturales.
La Administración de Parques Nacionales (APN) y el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), firmaron hoy un convenio marco de cooperación para la conservación y el uso sustentable de las áreas protegidas costero marinas de la Patagonia Austral.
A partir de la firma del convenio, ambos organismos establecerán un Comité de Ejecución que analizará los proyectos y planes de trabajo específicos, en el marco de un vínculo de cooperación general, con el objetivo de aportar su capacidad científica a la conservación y el ordenamiento de importantes áreas marinas del Atlántico Sur.
El acuerdo fue firmado por la presidenta del Directorio de la APN, Patricia Gandini, y por el subsecretario de Pesca de la Nación, Miguel Bustamante, en su carácter de director a cargo del INIDEP..
"Este histórico acuerdo contribuirá sustancialmente para el desarrollo sustentable de la zona y ayudará a preservar los recursos naturales, mejorando la calidad de vida de las comunidades locales", dijo Gandini.
La zona en cuestión se encuentra dentro de la plataforma continental Argentina; una planicie submarina de 1 millón de kilómetros cuadrados de superficie.
El Mar Argentino integra un gran ecosistema oceánico que comprende la margen continental del Atlántico sudoccidental expuesto a los efectos ecológicos de los frentes generados por las corrientes de Brasil y Malvinas constituyendo uno de los ambientes biológicamente más importantes del planeta.
La corriente de Malvinas fluyendo de Sur a Norte, de aguas frías y poco salinas se encuentra con la corriente de Brasil de aguas salinas y cálidas a los 38 grados de latitud aproximadamente formando frentes y remolinos donde se crean áreas de productividad diferencial con altísima productividad primaria.
Durante la primavera hay una explosión de fitoplancton en el mar y esto es la base de una compleja trama trófica, es el alimento de numerosas especies de peces, de crustáceos, aves y mamíferos marinos que viven del mar Argentino.
También utilizan nuestra plataforma el Mar Argentino especies que reproducen en Australia, Nueva Zelanda, África y Chile.
Sin embargo, a pesar de la importancia del mar, sólo un 0,5% de la superficie total de los océanos está considerada como zona protegida.
Fecha de Publicación: 12/04/2012
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Patagonia
Funcionarios aseguran que contribuirá para el desarrollo sustentable de la zona y ayudará a preservar los recursos naturales.
La Administración de Parques Nacionales (APN) y el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), firmaron hoy un convenio marco de cooperación para la conservación y el uso sustentable de las áreas protegidas costero marinas de la Patagonia Austral.
A partir de la firma del convenio, ambos organismos establecerán un Comité de Ejecución que analizará los proyectos y planes de trabajo específicos, en el marco de un vínculo de cooperación general, con el objetivo de aportar su capacidad científica a la conservación y el ordenamiento de importantes áreas marinas del Atlántico Sur.
El acuerdo fue firmado por la presidenta del Directorio de la APN, Patricia Gandini, y por el subsecretario de Pesca de la Nación, Miguel Bustamante, en su carácter de director a cargo del INIDEP..
"Este histórico acuerdo contribuirá sustancialmente para el desarrollo sustentable de la zona y ayudará a preservar los recursos naturales, mejorando la calidad de vida de las comunidades locales", dijo Gandini.
La zona en cuestión se encuentra dentro de la plataforma continental Argentina; una planicie submarina de 1 millón de kilómetros cuadrados de superficie.
El Mar Argentino integra un gran ecosistema oceánico que comprende la margen continental del Atlántico sudoccidental expuesto a los efectos ecológicos de los frentes generados por las corrientes de Brasil y Malvinas constituyendo uno de los ambientes biológicamente más importantes del planeta.
La corriente de Malvinas fluyendo de Sur a Norte, de aguas frías y poco salinas se encuentra con la corriente de Brasil de aguas salinas y cálidas a los 38 grados de latitud aproximadamente formando frentes y remolinos donde se crean áreas de productividad diferencial con altísima productividad primaria.
Durante la primavera hay una explosión de fitoplancton en el mar y esto es la base de una compleja trama trófica, es el alimento de numerosas especies de peces, de crustáceos, aves y mamíferos marinos que viven del mar Argentino.
También utilizan nuestra plataforma el Mar Argentino especies que reproducen en Australia, Nueva Zelanda, África y Chile.
Sin embargo, a pesar de la importancia del mar, sólo un 0,5% de la superficie total de los océanos está considerada como zona protegida.
Curiosa postura de la UBA sobre la minería
Curiosa postura de la UBA sobre la minería
Fecha de Publicación: 12/04/2012
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Buenos Aires
¿Se puede apoyar la lucha del pueblo de Andalgalá contra la minera La Alumbrera y, al mismo tiempo, recibir fondos de esa empresa? Según la Universidad de Buenos Aires (UBA), se puede.
El Consejo Superior de la UBA aprobó ayer una declaración de apoyo "a las poblaciones de Famatina, Chilecito, Belén, Tinogasta y Andalgalá" que se muestra en favor de "los reclamos en lucha por la defensa de la vida digna en un ambiente saludable, en contra de la instalación y permanencia de empresas mineras que saquean los bienes naturales de la región dejando a su paso contaminación y una importante deuda ambiental".
El máximo órgano político de la UBA adhirió así a una resolución de la Facultad de Ciencias Exactas, que también expresa taxativamente un claro "repudio por la privación injustificada de la libertad y la imputación a los asambleístas detenidos en Catamarca y La Rioja" y por la "represión y criminalización de la protesta social".
Lo curioso del enfático documento aprobado ayer es que la UBA es una de las universidades nacionales que desde 2008 aceptó recibir fondos del YMAD, el ente a cargo del yacimiento Bajo La Alumbrera. Esa mina de oro, cobre, plata y molibdeno, ubicada a 80 kilómetros de Andalgalá, es operada por la multinacional suizo-canadiense La Alumbrera, a la que combaten los vecinos y las organizaciones ambientales catamarqueñas.
Según indicó a LA NACION el secretario general de la UBA, Carlos Más Vélez, no existe una contradicción entre recibir dinero de La Alumbrera y la declaración de ayer. "Antes de aceptar los fondos, en 2008, una comisión de expertos de la universidad dictaminó que La Alumbrera no contaminaba", agregó.
La Justicia no piensa lo mismo: en los fueros federales todavía se tramitan causas en la que directivos de esa compañía están procesados por contaminación.
"No hay contradicción porque no se votó contra toda la megaminería, sino sólo contra la contaminante", explicó Más Vélez, a tono con los argumentos que ayer expusieron el rector Ruben Hallú y el decano Jorge Aliaga (Ciencias Exactas).
Sin embargo, el texto aprobado menciona expresamente a Andalgalá en su primer artículo. "En contra de la instalación y permanencia de empresas mineras que saquean los bienes naturales de la región dejando a su paso contaminación", agrega. Son los mismos vecinos que desde hace 13 años combaten a La Alumbrera, que ahora intenta abrir un nuevo yacimiento, Agua Rica, a sólo 17 kilómetros de Andalgalá.
Con más de 20 votos a favor, los dos únicos votos en contra de la declaración de ayer fueron de los consejeros del Partido Obrero, que denunciaron esta contradicción. La agrupación La Mella-Rebelión, que comanda la FUBA, adelantó que ahora intentarán reabrir el debate para que la UBA deje de recibir fondos de La Alumbrera.
También fue curiosa la respuesta del vocero de la UBA, Ariel Sujarchuk. Ante la consulta inicial de LA NACION, y contra lo que expresaron sus superiores (las reuniones del Consejo Superior no son secretas), negó que ayer se hubiera tratado el tema minería en la UBA.
Fecha de Publicación: 12/04/2012
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Buenos Aires
¿Se puede apoyar la lucha del pueblo de Andalgalá contra la minera La Alumbrera y, al mismo tiempo, recibir fondos de esa empresa? Según la Universidad de Buenos Aires (UBA), se puede.
El Consejo Superior de la UBA aprobó ayer una declaración de apoyo "a las poblaciones de Famatina, Chilecito, Belén, Tinogasta y Andalgalá" que se muestra en favor de "los reclamos en lucha por la defensa de la vida digna en un ambiente saludable, en contra de la instalación y permanencia de empresas mineras que saquean los bienes naturales de la región dejando a su paso contaminación y una importante deuda ambiental".
El máximo órgano político de la UBA adhirió así a una resolución de la Facultad de Ciencias Exactas, que también expresa taxativamente un claro "repudio por la privación injustificada de la libertad y la imputación a los asambleístas detenidos en Catamarca y La Rioja" y por la "represión y criminalización de la protesta social".
Lo curioso del enfático documento aprobado ayer es que la UBA es una de las universidades nacionales que desde 2008 aceptó recibir fondos del YMAD, el ente a cargo del yacimiento Bajo La Alumbrera. Esa mina de oro, cobre, plata y molibdeno, ubicada a 80 kilómetros de Andalgalá, es operada por la multinacional suizo-canadiense La Alumbrera, a la que combaten los vecinos y las organizaciones ambientales catamarqueñas.
Según indicó a LA NACION el secretario general de la UBA, Carlos Más Vélez, no existe una contradicción entre recibir dinero de La Alumbrera y la declaración de ayer. "Antes de aceptar los fondos, en 2008, una comisión de expertos de la universidad dictaminó que La Alumbrera no contaminaba", agregó.
La Justicia no piensa lo mismo: en los fueros federales todavía se tramitan causas en la que directivos de esa compañía están procesados por contaminación.
"No hay contradicción porque no se votó contra toda la megaminería, sino sólo contra la contaminante", explicó Más Vélez, a tono con los argumentos que ayer expusieron el rector Ruben Hallú y el decano Jorge Aliaga (Ciencias Exactas).
Sin embargo, el texto aprobado menciona expresamente a Andalgalá en su primer artículo. "En contra de la instalación y permanencia de empresas mineras que saquean los bienes naturales de la región dejando a su paso contaminación", agrega. Son los mismos vecinos que desde hace 13 años combaten a La Alumbrera, que ahora intenta abrir un nuevo yacimiento, Agua Rica, a sólo 17 kilómetros de Andalgalá.
Con más de 20 votos a favor, los dos únicos votos en contra de la declaración de ayer fueron de los consejeros del Partido Obrero, que denunciaron esta contradicción. La agrupación La Mella-Rebelión, que comanda la FUBA, adelantó que ahora intentarán reabrir el debate para que la UBA deje de recibir fondos de La Alumbrera.
También fue curiosa la respuesta del vocero de la UBA, Ariel Sujarchuk. Ante la consulta inicial de LA NACION, y contra lo que expresaron sus superiores (las reuniones del Consejo Superior no son secretas), negó que ayer se hubiera tratado el tema minería en la UBA.
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