Los recursos son de todos
18:47 | 
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Los recursos son de todos
Fecha de Publicación: 01/04/2012
Fuente: Página/12 - Por Marcos Rebasa - Especialista en servicios públicos y energía
Provincia/Región: Nacional
Se atribuye a las provincias la propiedad de los recursos naturales en base al artículo 124 de la Constitución Nacional. El especialista Marcos Rebasa argumenta que esa idea es un error de interpretación.
Una afirmación constante ante la opinión pública, difundida además por funcionarios y comentaristas de diversas disciplinas, atribuye a las provincias la propiedad de los recursos naturales. Como ratificación de la idea se recurre a la Constitución nacional para respaldar ese aserto. Pues bien, eso es un error, un equívoco de buena fe en la mayor parte de los casos, producto de una lectura parcial y simplista de un texto constitucional que es rico en novedades y afirmaciones sobre los recursos naturales, a partir de la reforma del ’94. Texto nuevo que en ningún momento establece esa propiedad en cabeza de las provincias. Aparte del absurdo que supondría la propiedad de esos recursos fragmentada en 25 soberanías, nuestra Constitución no dice eso.
El gran aporte sobre los recursos naturales de la reforma reside en el artículo 41, del capítulo “Nuevos derechos y garantías”, que ha sido uno de los principales logros de los constituyentes. Dicha norma sienta dos principios centrales, que condicionan el aprovechamiento de los recursos naturales, y que corresponden a los nuevos derechos y garantías de los habitantes de la nación: 1) El respeto a un uso sustentable de las actividades productivas, y 2) el uso racional de esos recursos. La facultad para legislar sobre estas dos calidades en el tratamiento de esos recursos corresponde al Congreso nacional, es una facultad federal respecto de los presupuestos mínimos para resguardar la sustentabilidad y la racionalidad en su explotación, que las provincias pueden complementar, siendo más exigentes en los requisitos, nunca más permisivos.
Luego tenemos la mención complementaria del artículo 75 inciso 17 y las definiciones de los incisos 18 y 19 de ese mismo artículo constitucional. El 17 exige la consulta de los pueblos originarios en la gestión de los recursos naturales. El 18 establece las facultades nacionales para proveer al progreso y ha sido considerado habitualmente como el que habilita a la Nación a promover el bienestar general. La reforma ha agregado a esa facultad federal para intervenir en el desarrollo de la economía, el nuevo inciso 19, que promueve la redistribución de los beneficios de esos recursos, de todos ellos, entre las regiones del país, es decir entre todos los habitantes. Esta cláusula también es de una novedad central, ya que alienta el reparto equitativo de las riquezas. Y finalmente, en el capítulo dedicado a las provincias, en el artículo 124 y al término del mismo, la frase que ha sido mal interpretada: ... “corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio”.
El dominio originario, concepto que proviene del derecho minero, también conocido como dominio eminente, está referido a la soberanía estatal sobre el territorio. No está vinculado con la propiedad de los recursos. Es la facultad para gestionarlos en beneficio de la comunidad, del conjunto social, dictando la legislación particular para cada provincia que se considere conveniente, en forma complementaria y supeditada a la legislación nacional que compete al Congreso nacional sobre el conjunto de los recursos, y a las facultades de la Nación para ejercer la jurisdicción sobre los mismos, cuando así también corresponda. Observemos que el texto constitucional dice “corresponde” a las provincias. No dice “pertenece” a las provincias. El dominio originario no atribuye propiedad, sino derechos a ejercer la legislación y regulación particular y específica. Si no fuera así el recurso natural suelo sería hoy propiedad de cada una de las provincias, lo cual es un absurdo con sólo enunciarlo.
Esas facultades federales mencionadas son válidas en relación con todos los recursos naturales en general. Pero con respecto a la minería y a los hidrocarburos en particular, la Constitución nacional es terminante: las provincias delegan la legislación sobre esos recursos en la Nación, en el Congreso nacional, por el artículo 75 inciso 12. Por ello la interpretación lógica y coherente de estas cláusulas de la norma fundamental implica facultades federales para legislar en general sobre los recursos naturales, y la jurisdicción para controlar su cumplimiento, con los límites del artículo 41 mencionado.
Esto dice nuestra Constitución, a la cual deben remitirse las leyes tanto nacionales como provinciales, así como las autoridades en sus respectivas responsabilidades. Podríamos interrogarnos entonces a quién pertenece la propiedad de los recursos naturales. Si bien la Constitución no se expide al respecto, depende del carácter y condiciones de cada recurso, y con la excepción mencionada no queda duda de que a todos los habitantes de la Nación argentina. Conclusión que está avalada por la doctrina sobre estos recursos que los incluye en el concepto de dominio colectivo, como un nuevo paradigma entre lo público y lo privado, sobre aquellos bienes que pertenecen al común, a la sociedad, y que hoy plantea también la doctrina internacional sobre los bienes comunes
Fecha de Publicación: 01/04/2012
Fuente: Página/12 - Por Marcos Rebasa - Especialista en servicios públicos y energía
Provincia/Región: Nacional
Se atribuye a las provincias la propiedad de los recursos naturales en base al artículo 124 de la Constitución Nacional. El especialista Marcos Rebasa argumenta que esa idea es un error de interpretación.
Una afirmación constante ante la opinión pública, difundida además por funcionarios y comentaristas de diversas disciplinas, atribuye a las provincias la propiedad de los recursos naturales. Como ratificación de la idea se recurre a la Constitución nacional para respaldar ese aserto. Pues bien, eso es un error, un equívoco de buena fe en la mayor parte de los casos, producto de una lectura parcial y simplista de un texto constitucional que es rico en novedades y afirmaciones sobre los recursos naturales, a partir de la reforma del ’94. Texto nuevo que en ningún momento establece esa propiedad en cabeza de las provincias. Aparte del absurdo que supondría la propiedad de esos recursos fragmentada en 25 soberanías, nuestra Constitución no dice eso.
El gran aporte sobre los recursos naturales de la reforma reside en el artículo 41, del capítulo “Nuevos derechos y garantías”, que ha sido uno de los principales logros de los constituyentes. Dicha norma sienta dos principios centrales, que condicionan el aprovechamiento de los recursos naturales, y que corresponden a los nuevos derechos y garantías de los habitantes de la nación: 1) El respeto a un uso sustentable de las actividades productivas, y 2) el uso racional de esos recursos. La facultad para legislar sobre estas dos calidades en el tratamiento de esos recursos corresponde al Congreso nacional, es una facultad federal respecto de los presupuestos mínimos para resguardar la sustentabilidad y la racionalidad en su explotación, que las provincias pueden complementar, siendo más exigentes en los requisitos, nunca más permisivos.
Luego tenemos la mención complementaria del artículo 75 inciso 17 y las definiciones de los incisos 18 y 19 de ese mismo artículo constitucional. El 17 exige la consulta de los pueblos originarios en la gestión de los recursos naturales. El 18 establece las facultades nacionales para proveer al progreso y ha sido considerado habitualmente como el que habilita a la Nación a promover el bienestar general. La reforma ha agregado a esa facultad federal para intervenir en el desarrollo de la economía, el nuevo inciso 19, que promueve la redistribución de los beneficios de esos recursos, de todos ellos, entre las regiones del país, es decir entre todos los habitantes. Esta cláusula también es de una novedad central, ya que alienta el reparto equitativo de las riquezas. Y finalmente, en el capítulo dedicado a las provincias, en el artículo 124 y al término del mismo, la frase que ha sido mal interpretada: ... “corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio”.
El dominio originario, concepto que proviene del derecho minero, también conocido como dominio eminente, está referido a la soberanía estatal sobre el territorio. No está vinculado con la propiedad de los recursos. Es la facultad para gestionarlos en beneficio de la comunidad, del conjunto social, dictando la legislación particular para cada provincia que se considere conveniente, en forma complementaria y supeditada a la legislación nacional que compete al Congreso nacional sobre el conjunto de los recursos, y a las facultades de la Nación para ejercer la jurisdicción sobre los mismos, cuando así también corresponda. Observemos que el texto constitucional dice “corresponde” a las provincias. No dice “pertenece” a las provincias. El dominio originario no atribuye propiedad, sino derechos a ejercer la legislación y regulación particular y específica. Si no fuera así el recurso natural suelo sería hoy propiedad de cada una de las provincias, lo cual es un absurdo con sólo enunciarlo.
Esas facultades federales mencionadas son válidas en relación con todos los recursos naturales en general. Pero con respecto a la minería y a los hidrocarburos en particular, la Constitución nacional es terminante: las provincias delegan la legislación sobre esos recursos en la Nación, en el Congreso nacional, por el artículo 75 inciso 12. Por ello la interpretación lógica y coherente de estas cláusulas de la norma fundamental implica facultades federales para legislar en general sobre los recursos naturales, y la jurisdicción para controlar su cumplimiento, con los límites del artículo 41 mencionado.
Esto dice nuestra Constitución, a la cual deben remitirse las leyes tanto nacionales como provinciales, así como las autoridades en sus respectivas responsabilidades. Podríamos interrogarnos entonces a quién pertenece la propiedad de los recursos naturales. Si bien la Constitución no se expide al respecto, depende del carácter y condiciones de cada recurso, y con la excepción mencionada no queda duda de que a todos los habitantes de la Nación argentina. Conclusión que está avalada por la doctrina sobre estos recursos que los incluye en el concepto de dominio colectivo, como un nuevo paradigma entre lo público y lo privado, sobre aquellos bienes que pertenecen al común, a la sociedad, y que hoy plantea también la doctrina internacional sobre los bienes comunes
¿Tucumán sin pulmones verdes en manzanas?
Buscan saber cómo será la ciudad sin pulmones
Fecha de Publicación: 01/04/2012
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
La Defensoría del Pueblo les requirió informes a arquitectos por la polémica ordenanza que permite edificar en los centros de manzana. El Colegio de Arquitectos, la Facultad de Arquitectura y Urbanismo y la Secretaría de Medio Ambiente deben hacer un análisis técnico
¿Qué consecuencias tendrá en el medio ambiente de San Miguel de Tucumán la eliminación de los pulmones de manzana? ¿Y en el funcionamiento de la ciudad? Esos dos interrogantes pretende dilucidar, cuanto antes, la Defensoría del Pueblo. Y su titular, Hugo Cabral, les requirió informes técnicos a tres organismos especializados en la materia: el Colegio de Arquitectos de Tucumán (CAT), la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, y la Secretaria de Medio Ambiente de la Provincia. Además, les envió a los expertos una copia de la polémica ordenanza, que habilita la edificación de cocheras en los corazones de manzana de los edificios de altura ubicados dentro de las cuatro avenidas.
La respuesta de los organismos será clave para que el defensor del pueblo pueda intervenir en el asunto. "Con esa evaluación, realizada con rigor técnico y muy bien sustentada, podremos conocer el impacto que producirá en la ciudad esta ordenanza que se ha sancionado. Sobre la base de esos informes vamos a realizar un pronunciamiento", le explicó Cabral a LA GACETA.
El proyecto para quitarles la protección a los espacios verdes que deben quedar libres de construcciones fue impulsado desde Ejecutivo Municipal. En octubre del año pasado, el intendente, Domingo Amaya, le había enviado al cuerpo una iniciativa para que los centros de manzana del microcentro puedan ser ocupados por galerías comerciales. En diciembre, la propuesta fue modificada por concejales oficialistas. Así, además de ampliar la zona de influencia, se contempló que los pulmones pudieran ser transformados en estacionamientos, dentro de las cuatro avenidas.
Más opciones para autos
En el recinto, el bloque oficialista argumentó que la cuestión ayudaría a resolver la contaminación vehicular, ya que habría más opciones para guardar autos.
Así, pese al rechazo del bloque opositor, la norma fue aprobada.
Luego, la ordenanza fue promulgada por el concejal Ramón Santiago Cano (PJ), titular del cuerpo, ya que Amaya se encontraba de viaje en Chile.
La cuestión generó el rechazo de los expertos, quienes señalaron las consecuencias negativas que podría tener este cambio en el medio ambiente de la ciudad. Entre otros aspectos, remarcaron que se contaminará el aire, y que la temperatura se incrementará.
Ahora, Cabral intervino en la cuestión. Sin embargo, para poder emitir una postura, deberá aguardar qué dicen la CAT, los profesionales de la Facultad y la Secretaría de Medio Ambiente. Y, en ese sentido, eligió prudencia a la hora de analizar qué repercusiones pueden tener las palabras de los expertos en la materia. "Como Defensoría vamos a hacer un pronunciamiento bien sustentado, y entonces vamos a contemplar las medidas a seguir. Más allá de la opinión que pueda tener uno como arquitecto y especialista en planificación, desde este lugar corresponde contar con todos los elementos técnicos antes de realizar alguna manifestación. Por eso, requerimos que la respuesta sea a la mayor brevedad. Estamos a la espera", indicó Cabral, preocupado.
Fecha de Publicación: 01/04/2012
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
La Defensoría del Pueblo les requirió informes a arquitectos por la polémica ordenanza que permite edificar en los centros de manzana. El Colegio de Arquitectos, la Facultad de Arquitectura y Urbanismo y la Secretaría de Medio Ambiente deben hacer un análisis técnico
¿Qué consecuencias tendrá en el medio ambiente de San Miguel de Tucumán la eliminación de los pulmones de manzana? ¿Y en el funcionamiento de la ciudad? Esos dos interrogantes pretende dilucidar, cuanto antes, la Defensoría del Pueblo. Y su titular, Hugo Cabral, les requirió informes técnicos a tres organismos especializados en la materia: el Colegio de Arquitectos de Tucumán (CAT), la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, y la Secretaria de Medio Ambiente de la Provincia. Además, les envió a los expertos una copia de la polémica ordenanza, que habilita la edificación de cocheras en los corazones de manzana de los edificios de altura ubicados dentro de las cuatro avenidas.
La respuesta de los organismos será clave para que el defensor del pueblo pueda intervenir en el asunto. "Con esa evaluación, realizada con rigor técnico y muy bien sustentada, podremos conocer el impacto que producirá en la ciudad esta ordenanza que se ha sancionado. Sobre la base de esos informes vamos a realizar un pronunciamiento", le explicó Cabral a LA GACETA.
El proyecto para quitarles la protección a los espacios verdes que deben quedar libres de construcciones fue impulsado desde Ejecutivo Municipal. En octubre del año pasado, el intendente, Domingo Amaya, le había enviado al cuerpo una iniciativa para que los centros de manzana del microcentro puedan ser ocupados por galerías comerciales. En diciembre, la propuesta fue modificada por concejales oficialistas. Así, además de ampliar la zona de influencia, se contempló que los pulmones pudieran ser transformados en estacionamientos, dentro de las cuatro avenidas.
Más opciones para autos
En el recinto, el bloque oficialista argumentó que la cuestión ayudaría a resolver la contaminación vehicular, ya que habría más opciones para guardar autos.
Así, pese al rechazo del bloque opositor, la norma fue aprobada.
Luego, la ordenanza fue promulgada por el concejal Ramón Santiago Cano (PJ), titular del cuerpo, ya que Amaya se encontraba de viaje en Chile.
La cuestión generó el rechazo de los expertos, quienes señalaron las consecuencias negativas que podría tener este cambio en el medio ambiente de la ciudad. Entre otros aspectos, remarcaron que se contaminará el aire, y que la temperatura se incrementará.
Ahora, Cabral intervino en la cuestión. Sin embargo, para poder emitir una postura, deberá aguardar qué dicen la CAT, los profesionales de la Facultad y la Secretaría de Medio Ambiente. Y, en ese sentido, eligió prudencia a la hora de analizar qué repercusiones pueden tener las palabras de los expertos en la materia. "Como Defensoría vamos a hacer un pronunciamiento bien sustentado, y entonces vamos a contemplar las medidas a seguir. Más allá de la opinión que pueda tener uno como arquitecto y especialista en planificación, desde este lugar corresponde contar con todos los elementos técnicos antes de realizar alguna manifestación. Por eso, requerimos que la respuesta sea a la mayor brevedad. Estamos a la espera", indicó Cabral, preocupado.
BA apagará sus luces por la "Hora del Planeta"
Buenos Aires apagará sus luces por la "Hora del Planeta"
Fecha de Publicación: 31/03/2012
Fuente: TN
Provincia/Región: Nacional
Será el sábado a la noche: la iniciativa busca alertar sobre los efectos del cambio climático en el medio ambiente.
Buenos Aires participará el sábado de una nueva edición de la "Hora del Planeta", la iniciativa global que promueve apagar las luces de viviendas, edificios públicos y monumentos durante una hora para alertar sobre los efectos del cambio climático en el medio ambiente.
La acción se hará por quinto año consecutivo entre las 20.30 y 21.30, y será coordinada por la Organización Mundial de Conservación (WWF), a nivel internacional, y la Fundación Vida Silvestre en la Argentina. En esta ciudad, la iniciativa tendrá como punto neurálgico al Planetario, donde se desarrollarán actividades ligadas al reciclaje y al medio ambiente.
Además, el músico Kevin Johansen y su banda The Nada ofrecerá un concierto. La actividad empezará a las 19 y los asistentes podrán contribuir con la ecología llevando materiales reciclables como botellas de plástico, cartón o diarios.
Estos productos, según indicó el ministro porteño de Ambiente y Espacio Público, se convertirán en más de 5 mil árboles plantados, aseguró un comunicado. La "Hora del Planeta" surgió en 2007 en Sydney, Australia, y con el correr de los años se sumaron otras metrópolis. En 2011, unas 19 ciudades de 13 provincias argentinas participaron oficialmente de la convocatoria y apagaron las luces de sus edificios emblemáticos.
Fecha de Publicación: 31/03/2012
Fuente: TN
Provincia/Región: Nacional
Será el sábado a la noche: la iniciativa busca alertar sobre los efectos del cambio climático en el medio ambiente.
Buenos Aires participará el sábado de una nueva edición de la "Hora del Planeta", la iniciativa global que promueve apagar las luces de viviendas, edificios públicos y monumentos durante una hora para alertar sobre los efectos del cambio climático en el medio ambiente.
La acción se hará por quinto año consecutivo entre las 20.30 y 21.30, y será coordinada por la Organización Mundial de Conservación (WWF), a nivel internacional, y la Fundación Vida Silvestre en la Argentina. En esta ciudad, la iniciativa tendrá como punto neurálgico al Planetario, donde se desarrollarán actividades ligadas al reciclaje y al medio ambiente.
Además, el músico Kevin Johansen y su banda The Nada ofrecerá un concierto. La actividad empezará a las 19 y los asistentes podrán contribuir con la ecología llevando materiales reciclables como botellas de plástico, cartón o diarios.
Estos productos, según indicó el ministro porteño de Ambiente y Espacio Público, se convertirán en más de 5 mil árboles plantados, aseguró un comunicado. La "Hora del Planeta" surgió en 2007 en Sydney, Australia, y con el correr de los años se sumaron otras metrópolis. En 2011, unas 19 ciudades de 13 provincias argentinas participaron oficialmente de la convocatoria y apagaron las luces de sus edificios emblemáticos.
Cuestionan la reforma de la ley de biocidas
Cuestionan la reforma de la ley de biocidas
Fecha de Publicación: 30/03/2012
Fuente: InfoCampo
Provincia/Región: Chaco
La Red de Salud Popular advierte sobre la falta de controles respecto al uso de agrotóxicos
Mediante un documento titulado “Ley de Biocidas: señor gobernador, vuelva a ser senador”, la Red de Salud Popular "Doctor Ramón Carillo" indicó que la propuesta remitida por el Ejecutivo a la Legislatura en cuanto al uso de agroquímicos presenta contradicciones y falta de controles respecto al uso de biocidas, poniendo en riesgo el biniestar de cultivos y salud de la gente.
Como publica el Diario Norte de Chaco, el 14 de marzo, el Poder Ejecutivo Provincial presentó en la Legislatura el Proyecto de Ley Nº 498 por el cual propicia la ley de Agroquímicos, modificatoria de la Ley 3378 de Biocidas. En tanto que el artículo 44 del proyecto establece la derogación de ley 3378.
“Este proyecto, en su artículo 34, fija las distancias mínimas de aplicación de agroquímicos: 500 metros para las terrestres (no previstas en la normativa vigente) y 1.000 metros para las aéreas, igual a las que fija el decreto Nº 454/89 (reglamentario de la Ley de Biocidas). Las distancias estipuladas limitan su alcance a centros urbanos, establecimientos educativos y sanitarios. Por lo que la protección no incluye a los caseríos rurales, a parques nacionales, parques provinciales, fuentes y cursos de agua, riachos, lagunas, etcétera”, indica la Red Popular.
Fecha de Publicación: 30/03/2012
Fuente: InfoCampo
Provincia/Región: Chaco
La Red de Salud Popular advierte sobre la falta de controles respecto al uso de agrotóxicos
Mediante un documento titulado “Ley de Biocidas: señor gobernador, vuelva a ser senador”, la Red de Salud Popular "Doctor Ramón Carillo" indicó que la propuesta remitida por el Ejecutivo a la Legislatura en cuanto al uso de agroquímicos presenta contradicciones y falta de controles respecto al uso de biocidas, poniendo en riesgo el biniestar de cultivos y salud de la gente.
Como publica el Diario Norte de Chaco, el 14 de marzo, el Poder Ejecutivo Provincial presentó en la Legislatura el Proyecto de Ley Nº 498 por el cual propicia la ley de Agroquímicos, modificatoria de la Ley 3378 de Biocidas. En tanto que el artículo 44 del proyecto establece la derogación de ley 3378.
“Este proyecto, en su artículo 34, fija las distancias mínimas de aplicación de agroquímicos: 500 metros para las terrestres (no previstas en la normativa vigente) y 1.000 metros para las aéreas, igual a las que fija el decreto Nº 454/89 (reglamentario de la Ley de Biocidas). Las distancias estipuladas limitan su alcance a centros urbanos, establecimientos educativos y sanitarios. Por lo que la protección no incluye a los caseríos rurales, a parques nacionales, parques provinciales, fuentes y cursos de agua, riachos, lagunas, etcétera”, indica la Red Popular.
Contundente respaldo de CFK a la minería
“No prescindir de la minería”
Fecha de Publicación: 30/03/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Santa Cruz - Nacional
Cristina Kirchner participó en Santa Cruz de la puesta en marcha de la explotación subterránea de Cerro Vanguardia. Allí reclamó no “hablar con slogans” y aprovechar las riquezas bajo el suelo, como lo hacen países como Australia y Canadá.
”No debemos negarnos a una gran oportunidad, que en nuestro país está subexplotada. La minería es una actividad de gran importancia.” Con estas palabras, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner inauguró ayer la explotación subterránea de Cerro Vanguardia, ubicada a 70 kilómetros de Puerto San Julián, en la provincia de Santa Cruz. La mandataria aprovechó el encuentro para destacar el potencial de esta actividad y remarcó la necesidad de que los estados provinciales comiencen a tener un rol más protagónico en el sector. De hecho, esta semana los estados provinciales mineros, nucleados en la Ofemi, firmaron un documento donde se comprometieron a alcanzar una mayor participación en la renta minera. A su vez, el documento establece las bases para que los distintos actores sociales (pueblos originarios, académicos, empresarios, sindicatos) participen del debate sobre la extracción de minerales.
“Muchas veces se habla a través de slogans, pero no se puede prescindir de la minería por su aporte en todos los ámbitos del quehacer diario. Necesitamos una reflexión madura”, manifestó Fernández de Kirchner, quien agregó: “No está bien que la gente se muera de hambre en la superficie cuando uno está parado sobre grandes riquezas”. Estas últimas palabras fueron pronunciadas previamente por el presidente de Ecuador, Rafael Correa. La jefa de Estado también mencionó que países que se ponen muchas veces como modelo, como Australia y Canadá, tienen sectores mineros muy desarrollados.
Cerro Vanguardia está integrada por las empresas Anglo Gold Ashanti (con sede en Johannesburgo, Sudáfrica) y Fomento Minero Santa Cruz SE (Fomicruz), con el 7,5 por ciento de las acciones. La compañía provincial santacruceña fue una de las primeras en constituirse en el país.
Al igual que en el sector de los hidrocarburos, las provincias están jugando un rol cada vez más fuerte en la definición de las políticas mineras. El documento que firmaron las jurisdicciones que integran la Ofemi marca este rumbo. “Se reconoce al Estado nacional y a las provincias la facultad de participar de la actividad minera, a través de entidades estatales debidamente facultadas para la exploración o producción de minas”, sostiene el Acuerdo. En los últimos nueve años, esta industria pasó de representar el 0,2 por ciento del PBI al 1,2 por ciento, según datos de la Secretaría de Minería.
En 2010 hubo un record de producción, aproximadamente 27.000 millones de pesos, mientras que las exportaciones representaron 13.800 millones. Las retenciones que aplica el Gobierno se ubican entre el 5 y 10 por ciento, de acuerdo al nivel del valor agregado de lo que se vende. Es decir que la mayor parte de esta renta fue para las empresas extractivas.
“Es necesario que las corporaciones sepan que no hay cambio de reglas, sino que hay mayores exigencias frente a la sociedad en el cuidado del medio ambiente”, agregó la Presidenta. El acuerdo también fijó un marco para el cuidado ambiental y una amplia participación social. En este sentido, la iniciativa de los gobernadores promueve la “presencia de representantes sociales, del mundo del trabajo, del quehacer económico, de la cultura, del campo académico, de las organizaciones no gubernamentales y de la actividad pública”. Esto no es un dato menor, si se tiene en cuenta la conflictividad social registrada en varias zonas del país (Famatina y Andalgalá).
Más Información:
- Diario Popular - Cristina hizo una enfática defensa de la minería
- La Nación - La Presidenta tildó de "esnobs" a los que cuestionan la minería
- La Voz - Cristina defendió la minería en inauguración de una empresa del sector
- Los Andes - Cristina hizo una defensa de la minería en el país
Fecha de Publicación: 30/03/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Santa Cruz - Nacional
Cristina Kirchner participó en Santa Cruz de la puesta en marcha de la explotación subterránea de Cerro Vanguardia. Allí reclamó no “hablar con slogans” y aprovechar las riquezas bajo el suelo, como lo hacen países como Australia y Canadá.
”No debemos negarnos a una gran oportunidad, que en nuestro país está subexplotada. La minería es una actividad de gran importancia.” Con estas palabras, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner inauguró ayer la explotación subterránea de Cerro Vanguardia, ubicada a 70 kilómetros de Puerto San Julián, en la provincia de Santa Cruz. La mandataria aprovechó el encuentro para destacar el potencial de esta actividad y remarcó la necesidad de que los estados provinciales comiencen a tener un rol más protagónico en el sector. De hecho, esta semana los estados provinciales mineros, nucleados en la Ofemi, firmaron un documento donde se comprometieron a alcanzar una mayor participación en la renta minera. A su vez, el documento establece las bases para que los distintos actores sociales (pueblos originarios, académicos, empresarios, sindicatos) participen del debate sobre la extracción de minerales.
“Muchas veces se habla a través de slogans, pero no se puede prescindir de la minería por su aporte en todos los ámbitos del quehacer diario. Necesitamos una reflexión madura”, manifestó Fernández de Kirchner, quien agregó: “No está bien que la gente se muera de hambre en la superficie cuando uno está parado sobre grandes riquezas”. Estas últimas palabras fueron pronunciadas previamente por el presidente de Ecuador, Rafael Correa. La jefa de Estado también mencionó que países que se ponen muchas veces como modelo, como Australia y Canadá, tienen sectores mineros muy desarrollados.
Cerro Vanguardia está integrada por las empresas Anglo Gold Ashanti (con sede en Johannesburgo, Sudáfrica) y Fomento Minero Santa Cruz SE (Fomicruz), con el 7,5 por ciento de las acciones. La compañía provincial santacruceña fue una de las primeras en constituirse en el país.
Al igual que en el sector de los hidrocarburos, las provincias están jugando un rol cada vez más fuerte en la definición de las políticas mineras. El documento que firmaron las jurisdicciones que integran la Ofemi marca este rumbo. “Se reconoce al Estado nacional y a las provincias la facultad de participar de la actividad minera, a través de entidades estatales debidamente facultadas para la exploración o producción de minas”, sostiene el Acuerdo. En los últimos nueve años, esta industria pasó de representar el 0,2 por ciento del PBI al 1,2 por ciento, según datos de la Secretaría de Minería.
En 2010 hubo un record de producción, aproximadamente 27.000 millones de pesos, mientras que las exportaciones representaron 13.800 millones. Las retenciones que aplica el Gobierno se ubican entre el 5 y 10 por ciento, de acuerdo al nivel del valor agregado de lo que se vende. Es decir que la mayor parte de esta renta fue para las empresas extractivas.
“Es necesario que las corporaciones sepan que no hay cambio de reglas, sino que hay mayores exigencias frente a la sociedad en el cuidado del medio ambiente”, agregó la Presidenta. El acuerdo también fijó un marco para el cuidado ambiental y una amplia participación social. En este sentido, la iniciativa de los gobernadores promueve la “presencia de representantes sociales, del mundo del trabajo, del quehacer económico, de la cultura, del campo académico, de las organizaciones no gubernamentales y de la actividad pública”. Esto no es un dato menor, si se tiene en cuenta la conflictividad social registrada en varias zonas del país (Famatina y Andalgalá).
Más Información:
- Diario Popular - Cristina hizo una enfática defensa de la minería
- La Nación - La Presidenta tildó de "esnobs" a los que cuestionan la minería
- La Voz - Cristina defendió la minería en inauguración de una empresa del sector
- Los Andes - Cristina hizo una defensa de la minería en el país
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Mussi recorrerá los ingenios antes de la zafra
Mussi recorrerá los ingenios antes de la zafra para verificar la inversión en saneamiento
Fecha de Publicación: 29/03/2012
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán
El funcionario nacional reiteró su compromiso de trabajar para cesar la polución industrial en la cuenca Salí Dulce.
El secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable (Sayds) de la Nación, Juan José Mussi, reafirmó su compromiso para hacer cesar la contaminación de la actividad industrial en el embalse Río Hondo, en sendas reuniones que mantuvo con los defensores de la Nación, Santiago del Estero, y Tucumán; y por otra parte, con el Comité de Cuenca Salí Dulce. Ambos encuentros se desarrollaron en la sede de la Sayds en horas de la tarde.
El funcionario nacional que es el garante del acuerdo firmado entre ambas provincias, adelantó que estará recorriendo los ingenios tucumanos a fines de abril, para supervisar que se hayan realizado las obras para el tratamiento de los efluentes industriales. En tal sentido, reiteró que no se dejará destilar a aquellas plantas que no hayan concluido los trabajos.
Así lo dio a conocer el defensor del Pueblo de Santiago del Estero, Martín Díaz Achával, quien estuvo junto con Mussi, y con los ombudsman de la Nación, Anselmo Sella; y de Tucumán, Hugo Cabral. “Fue una reunión muy positiva, interesante en la cual se han planteado muchos temas. Se ha entregado el informe de las visitas que realizaron los equipos de la defensoría y se hizo un reconocimiento al secretario de Ambiente, porque en los controles participamos con técnicos de la secretaría y el trato fue excelente de parte de ellos”, comentó Díaz Achával.
El funcionario contó que en ese marco, la Defensoría de Santiago “entregamos nuestra visión y las comentamos. Estuvieron los defensores de Nación y de Tucumán que también hicieron aportes acerca del control participativo”. En este aspecto, Díaz Achával comentó que anteayer mantuvo otra reunión con Sella y Cabral, y las ONG nacionales, que van a ver “cómo participan de acuerdo con el ámbito en el que trabajan, una desde el ambiente, otra desde la salud, otra de la defensa del hábitat de los animales, lo cual enriquece el trabajo”, dijo.
El ombudsman santiagueño manifestó que le provocó satisfacción ver “el compromiso que tiene Mussi en la causa, es muy importante, a tal punto que había una reunión paralela del Comité de Cuenca. El Dr. Mussi le dedica mucho tiempo, incluso hablamos de que la Presidenta incluyó en la agenda nacional este tema, así que nos provoca alegría el compromiso”, expresó.
Firmeza
Rescató que Mussi se mantuvo en la postura de que “las industrias que estén en condiciones van a seguir trabajando y las que no, serán suspendidas, que es lo que esperamos oír Santiago y Tucumán, y también la Corte. El secretario recalcó que va a cumplir con la ley a rajatabla; ha reiterado su compromiso, su palabra y la del Gobierno nacional de hacer cumplir la ley y que aquella planta que llegue a arrojar vinaza, no va a poder producir. O realizan las obras para evitar los vuelcos o van a encontrarse con la paralización de la destilación”, rescató.
Consejo Consultivo
Acerca de las reuniones del Consejo Consultivo que conforman las defensorías de la Nación, Santiago y Tucumán, Díaz Achával dijo que no está establecida todavía la fecha, pero que será dentro de 30 días, tal como establece la carta de creación del órgano consultivo.
Fecha de Publicación: 29/03/2012
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán
El funcionario nacional reiteró su compromiso de trabajar para cesar la polución industrial en la cuenca Salí Dulce.
El secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable (Sayds) de la Nación, Juan José Mussi, reafirmó su compromiso para hacer cesar la contaminación de la actividad industrial en el embalse Río Hondo, en sendas reuniones que mantuvo con los defensores de la Nación, Santiago del Estero, y Tucumán; y por otra parte, con el Comité de Cuenca Salí Dulce. Ambos encuentros se desarrollaron en la sede de la Sayds en horas de la tarde.
El funcionario nacional que es el garante del acuerdo firmado entre ambas provincias, adelantó que estará recorriendo los ingenios tucumanos a fines de abril, para supervisar que se hayan realizado las obras para el tratamiento de los efluentes industriales. En tal sentido, reiteró que no se dejará destilar a aquellas plantas que no hayan concluido los trabajos.
Así lo dio a conocer el defensor del Pueblo de Santiago del Estero, Martín Díaz Achával, quien estuvo junto con Mussi, y con los ombudsman de la Nación, Anselmo Sella; y de Tucumán, Hugo Cabral. “Fue una reunión muy positiva, interesante en la cual se han planteado muchos temas. Se ha entregado el informe de las visitas que realizaron los equipos de la defensoría y se hizo un reconocimiento al secretario de Ambiente, porque en los controles participamos con técnicos de la secretaría y el trato fue excelente de parte de ellos”, comentó Díaz Achával.
El funcionario contó que en ese marco, la Defensoría de Santiago “entregamos nuestra visión y las comentamos. Estuvieron los defensores de Nación y de Tucumán que también hicieron aportes acerca del control participativo”. En este aspecto, Díaz Achával comentó que anteayer mantuvo otra reunión con Sella y Cabral, y las ONG nacionales, que van a ver “cómo participan de acuerdo con el ámbito en el que trabajan, una desde el ambiente, otra desde la salud, otra de la defensa del hábitat de los animales, lo cual enriquece el trabajo”, dijo.
El ombudsman santiagueño manifestó que le provocó satisfacción ver “el compromiso que tiene Mussi en la causa, es muy importante, a tal punto que había una reunión paralela del Comité de Cuenca. El Dr. Mussi le dedica mucho tiempo, incluso hablamos de que la Presidenta incluyó en la agenda nacional este tema, así que nos provoca alegría el compromiso”, expresó.
Firmeza
Rescató que Mussi se mantuvo en la postura de que “las industrias que estén en condiciones van a seguir trabajando y las que no, serán suspendidas, que es lo que esperamos oír Santiago y Tucumán, y también la Corte. El secretario recalcó que va a cumplir con la ley a rajatabla; ha reiterado su compromiso, su palabra y la del Gobierno nacional de hacer cumplir la ley y que aquella planta que llegue a arrojar vinaza, no va a poder producir. O realizan las obras para evitar los vuelcos o van a encontrarse con la paralización de la destilación”, rescató.
Consejo Consultivo
Acerca de las reuniones del Consejo Consultivo que conforman las defensorías de la Nación, Santiago y Tucumán, Díaz Achával dijo que no está establecida todavía la fecha, pero que será dentro de 30 días, tal como establece la carta de creación del órgano consultivo.
Van por la renta sin olvidar el medio ambiente
Van por la renta sin olvidar el medio ambiente
Fecha de Publicación: 28/03/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
El Acuerdo Federal firmado por la Nación y provincias mineras busca el desarrollo del sector con el compromiso de cuidar el medio ambiente. “Generar los mecanismos para integrar la actividad a la cultura de los pueblos”, proclama.
Las provincias buscarán aumentar su participación en la renta minera. Así quedó establecido en el Acuerdo Federal firmado ayer por las 10 provincias que integran la Organización Federal de Estados Mineros (Ofemi). Para alcanzar este objetivo, las jurisdicciones impulsarán la creación de empresas estatales o mixtas (en aquellos casos donde no existan). A su vez, se propone crear un Fondo para el Desarrollo de Infraestructura para que las provincias estén en igualdad de condiciones a la hora de acceder a un proyecto extractivo. La minería (sobre todo la que se realiza a “cielo abierto”) es objeto de críticas por distintas organizaciones sociales. Incluso, se han generado hecho conflictivos en distintas partes del país, como Famatina y Andalgalá. En este sentido, el acuerdo firmado por los gobernadores incluye una cláusula en la que se comprometen a cuidar el medio ambiente, con el objetivo de que sea “sustentable para el desarrollo humano”, y generar los mecanismos para “integrar esta actividad económica a la cultura de los pueblos”.
“Estamos tratando de subsanar la situación, generar un esquema no sólo asociativo, sino también de asesoramiento para ampliar la participación de las provincias en la renta minera”, manifestó ayer Julio De Vido, ministro de Planificación, luego de anunciar la firma del acuerdo. Los gobernadores presentes fueron Eduardo Fellner, presidente de la Ofemi (Jujuy); Juan Manuel Urtubey (Salta); Lucía Corpacci (Catamarca); Luis Beder Herrera (La Rioja); José Luis Gioja (San Juan); Francisco “Paco” Pérez (Mendoza) y Daniel Peralta (Santa Cruz). También firmaron los mandatarios de Chubut (Martín Buzzi), Neuquén (Jorge Sapag) y Río Negro (Alberto Weretilneck).
El actual marco regulatorio para el sector se basa en la Ley de Inversiones Mineras de 1993, elaborada por el sanjuanino José Luis Gioja y por el actual secretario del área, Alejandro Mayoral. La norma fijó un régimen de estabilidad fiscal por 30 años, sumado a otros beneficios, como la amortización acelerada de los bienes de capital, doble deducción de gastos en exploración y devolución anticipada de IVA. Si bien este acuerdo no pretende modificar las condiciones para el capital privado, promueve una mayor participación de los estados provinciales.
“Se reconoce al Estado nacional y a las provincias la facultad de participar de la actividad minera, a través de entidades estatales debidamente facultadas para la exploración o producción de minas”, sostiene el Acuerdo. En los últimos nueve años, esta industria pasó de representar el 0,2 por ciento del PBI al 1,2 por ciento, según datos de la Secretaría de Minería.
En 2010 hubo un record de producción, aproximadamente 27.000 millones de pesos, mientras que las exportaciones representaron 13.800 millones. Las retenciones que aplica el Gobierno se ubican entre el 5 y 10 por ciento, de acuerdo con el nivel del valor agregado de lo que se vende. Es decir que la mayor parte de esta renta fue para las empresas extractivas.
“Este acuerdo significa una revalorización del federalismo con un objetivo muy claro, que es el desarrollo de políticas comunes entre las provincias y el Estado nacional en materia de explotación de recursos mineros”, sostuvo Fellner.
La susceptibilidad social en torno de la minería –con recientes cortes de ruta incluidos– puso en el centro de la escena el vínculo entre las poblaciones que viven cerca de los yacimientos y las empresas extractivas. El Acuerdo firmado es un marco para diseñar políticas sectoriales, pero también podría ser un paraguas para contener socialmente a los sectores que se oponen a la minería.
En su artículo 9 se propone que el sector minero opere bajo principios de producción racional y desarrollo sustentable, “con una amplia participación social” que permita alcanzar “un alto grado de cohesión local y regional”. Además, se propone la “presencia de representantes sociales, del mundo del trabajo, del quehacer económico, de la cultura, del campo académico, de las organizaciones no gubernamentales y de la actividad pública”. Y también se plantea la necesidad de “desarrollar estrategias para la construcción del diálogo social”.
“Los minerales se agotan y para mantener la sustentabilidad de la zona, los recursos de la renta minera deben servir para desarrollar infraestructura para emprendimientos productivos que sustituyan la minería cuando no esté”, manifestó Mayoral, quien agregó: “Por eso están convocados los actores sociales, empresarios y políticos de la región para discutir la sustentabilidad de la actividad. Con este acuerdo se propicia que los recursos naturales primarios que se extraen puedan tener valor agregado industrial al pie de los yacimientos. Eso generará nuevos empleos y hacia eso debemos ir”.
Fecha de Publicación: 28/03/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
El Acuerdo Federal firmado por la Nación y provincias mineras busca el desarrollo del sector con el compromiso de cuidar el medio ambiente. “Generar los mecanismos para integrar la actividad a la cultura de los pueblos”, proclama.
Las provincias buscarán aumentar su participación en la renta minera. Así quedó establecido en el Acuerdo Federal firmado ayer por las 10 provincias que integran la Organización Federal de Estados Mineros (Ofemi). Para alcanzar este objetivo, las jurisdicciones impulsarán la creación de empresas estatales o mixtas (en aquellos casos donde no existan). A su vez, se propone crear un Fondo para el Desarrollo de Infraestructura para que las provincias estén en igualdad de condiciones a la hora de acceder a un proyecto extractivo. La minería (sobre todo la que se realiza a “cielo abierto”) es objeto de críticas por distintas organizaciones sociales. Incluso, se han generado hecho conflictivos en distintas partes del país, como Famatina y Andalgalá. En este sentido, el acuerdo firmado por los gobernadores incluye una cláusula en la que se comprometen a cuidar el medio ambiente, con el objetivo de que sea “sustentable para el desarrollo humano”, y generar los mecanismos para “integrar esta actividad económica a la cultura de los pueblos”.
“Estamos tratando de subsanar la situación, generar un esquema no sólo asociativo, sino también de asesoramiento para ampliar la participación de las provincias en la renta minera”, manifestó ayer Julio De Vido, ministro de Planificación, luego de anunciar la firma del acuerdo. Los gobernadores presentes fueron Eduardo Fellner, presidente de la Ofemi (Jujuy); Juan Manuel Urtubey (Salta); Lucía Corpacci (Catamarca); Luis Beder Herrera (La Rioja); José Luis Gioja (San Juan); Francisco “Paco” Pérez (Mendoza) y Daniel Peralta (Santa Cruz). También firmaron los mandatarios de Chubut (Martín Buzzi), Neuquén (Jorge Sapag) y Río Negro (Alberto Weretilneck).
El actual marco regulatorio para el sector se basa en la Ley de Inversiones Mineras de 1993, elaborada por el sanjuanino José Luis Gioja y por el actual secretario del área, Alejandro Mayoral. La norma fijó un régimen de estabilidad fiscal por 30 años, sumado a otros beneficios, como la amortización acelerada de los bienes de capital, doble deducción de gastos en exploración y devolución anticipada de IVA. Si bien este acuerdo no pretende modificar las condiciones para el capital privado, promueve una mayor participación de los estados provinciales.
“Se reconoce al Estado nacional y a las provincias la facultad de participar de la actividad minera, a través de entidades estatales debidamente facultadas para la exploración o producción de minas”, sostiene el Acuerdo. En los últimos nueve años, esta industria pasó de representar el 0,2 por ciento del PBI al 1,2 por ciento, según datos de la Secretaría de Minería.
En 2010 hubo un record de producción, aproximadamente 27.000 millones de pesos, mientras que las exportaciones representaron 13.800 millones. Las retenciones que aplica el Gobierno se ubican entre el 5 y 10 por ciento, de acuerdo con el nivel del valor agregado de lo que se vende. Es decir que la mayor parte de esta renta fue para las empresas extractivas.
“Este acuerdo significa una revalorización del federalismo con un objetivo muy claro, que es el desarrollo de políticas comunes entre las provincias y el Estado nacional en materia de explotación de recursos mineros”, sostuvo Fellner.
La susceptibilidad social en torno de la minería –con recientes cortes de ruta incluidos– puso en el centro de la escena el vínculo entre las poblaciones que viven cerca de los yacimientos y las empresas extractivas. El Acuerdo firmado es un marco para diseñar políticas sectoriales, pero también podría ser un paraguas para contener socialmente a los sectores que se oponen a la minería.
En su artículo 9 se propone que el sector minero opere bajo principios de producción racional y desarrollo sustentable, “con una amplia participación social” que permita alcanzar “un alto grado de cohesión local y regional”. Además, se propone la “presencia de representantes sociales, del mundo del trabajo, del quehacer económico, de la cultura, del campo académico, de las organizaciones no gubernamentales y de la actividad pública”. Y también se plantea la necesidad de “desarrollar estrategias para la construcción del diálogo social”.
“Los minerales se agotan y para mantener la sustentabilidad de la zona, los recursos de la renta minera deben servir para desarrollar infraestructura para emprendimientos productivos que sustituyan la minería cuando no esté”, manifestó Mayoral, quien agregó: “Por eso están convocados los actores sociales, empresarios y políticos de la región para discutir la sustentabilidad de la actividad. Con este acuerdo se propicia que los recursos naturales primarios que se extraen puedan tener valor agregado industrial al pie de los yacimientos. Eso generará nuevos empleos y hacia eso debemos ir”.
Los desmontes entre Chaco y Santiago
El delito forestal no se detiene en la frontera con Santiago del Estero: secuestran rollos y carbón vegetal
Fecha de Publicación: 28/03/2012
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco - Santiago del Estero
El trabajo de los inspectores de la Dirección de Bosques junto a efectivos de la policía rural no da tregua a los transportistas ilegales de madera y de productos forestales que operan en los caminos del Chaco, sobre todo en aquellos que hacen de límite interprovincial, como es el caso con Santiago del Estero.
En lo que va del año, numerosos fueron los operativos y controles de rutina que dieron resultados positivos, con miles de toneladas de madera y productos forestales incautados.
En algunos casos -como los que se mencionan en esta nota- solo bastó hacer una recorrida por el camino interprovincial para atrapar a los traficantes de madera.
En continuación con los operativos sobre el límite con Santiago del Estero, a cargo del inspector de Bosques Ramón Eduardo Gauna en forma conjunta con personal de Policía Rural de la Sección Rural de Pampa del Infierno y Destacamento Tres Estacas, se realizó una recorrida por Picada Olmos y el límite interprovincial, y se logró interceptar el paso de distintos transportes a los cuales se procedió a labrar actas de infracción y decomisos de sus cargas.
Carbón vegetal que iba para Buenos Aires
En este operativo se detuvo a un Camión Mercedes Benz 1634 dominio HOY 455 y semirremolque dominio KTR 575, conducido por Adalberto Díaz, que transportaba 7.690 kgs de carbón vegetal en bolsas de 20 kilos sin guía con destino a la Provincia de Buenos Aires.
Al día siguiente se detuvo a un camión Scania R114GB dominio FHK 851 y acoplado ombú de tres ejes dominio FUK 109, conducido por Alexis Ángel Broggi Galarza, que transportaba 22.000 kilos de carbón vegetal en bolsas de 20 kilos. El chofer realizó la carga en el Lote 38 de Tres Estacas, jurisdicción de Charata, y en el momento en que se lo interceptó exhibió una guía de tránsito de la provincia de Santiago del Estero, del destacamento forestal de Campo Gallo.
Se detectó que la documentación había sido entregada en la localidad de Sachayoj, Santiago del Estero; adujo que no sabía que estaba ya en otra provincia, es decir Chaco, y que por eso conducía con este tipo de guía.
Por esto se procedió a labrarle acta de infracción por transportar productos elaborados con guía que no corresponde al predio y con guías ilegales que no pudieron amparar el cargamento de carbón que llevaba.
Leña campana y madera
Horas más tarde se detuvo a un camión Dodge 800 dominio UTL 728 y acoplado Torregiani de dos ejes sin dominio conducido por Abelardo Ismael Suárez, que transportaba 8.000 kilos de rollos de quebracho colorado santiagueño y 12.000 kilos de rollos de quebracho blanco para uso aserradero con guía vencida con destino a Los Frentones.
En otro sector del camino, se detuvo a un tractor marca Deutz, sin patente y con acoplado de tres ejes, conducido por Andrés Heraclio Hernández, que transportaba 14.390 kilos de leña campana varia, sin guía y con destino a Los Frentones.
Fecha de Publicación: 28/03/2012
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco - Santiago del Estero
El trabajo de los inspectores de la Dirección de Bosques junto a efectivos de la policía rural no da tregua a los transportistas ilegales de madera y de productos forestales que operan en los caminos del Chaco, sobre todo en aquellos que hacen de límite interprovincial, como es el caso con Santiago del Estero.
En lo que va del año, numerosos fueron los operativos y controles de rutina que dieron resultados positivos, con miles de toneladas de madera y productos forestales incautados.
En algunos casos -como los que se mencionan en esta nota- solo bastó hacer una recorrida por el camino interprovincial para atrapar a los traficantes de madera.
En continuación con los operativos sobre el límite con Santiago del Estero, a cargo del inspector de Bosques Ramón Eduardo Gauna en forma conjunta con personal de Policía Rural de la Sección Rural de Pampa del Infierno y Destacamento Tres Estacas, se realizó una recorrida por Picada Olmos y el límite interprovincial, y se logró interceptar el paso de distintos transportes a los cuales se procedió a labrar actas de infracción y decomisos de sus cargas.
Carbón vegetal que iba para Buenos Aires
En este operativo se detuvo a un Camión Mercedes Benz 1634 dominio HOY 455 y semirremolque dominio KTR 575, conducido por Adalberto Díaz, que transportaba 7.690 kgs de carbón vegetal en bolsas de 20 kilos sin guía con destino a la Provincia de Buenos Aires.
Al día siguiente se detuvo a un camión Scania R114GB dominio FHK 851 y acoplado ombú de tres ejes dominio FUK 109, conducido por Alexis Ángel Broggi Galarza, que transportaba 22.000 kilos de carbón vegetal en bolsas de 20 kilos. El chofer realizó la carga en el Lote 38 de Tres Estacas, jurisdicción de Charata, y en el momento en que se lo interceptó exhibió una guía de tránsito de la provincia de Santiago del Estero, del destacamento forestal de Campo Gallo.
Se detectó que la documentación había sido entregada en la localidad de Sachayoj, Santiago del Estero; adujo que no sabía que estaba ya en otra provincia, es decir Chaco, y que por eso conducía con este tipo de guía.
Por esto se procedió a labrarle acta de infracción por transportar productos elaborados con guía que no corresponde al predio y con guías ilegales que no pudieron amparar el cargamento de carbón que llevaba.
Leña campana y madera
Horas más tarde se detuvo a un camión Dodge 800 dominio UTL 728 y acoplado Torregiani de dos ejes sin dominio conducido por Abelardo Ismael Suárez, que transportaba 8.000 kilos de rollos de quebracho colorado santiagueño y 12.000 kilos de rollos de quebracho blanco para uso aserradero con guía vencida con destino a Los Frentones.
En otro sector del camino, se detuvo a un tractor marca Deutz, sin patente y con acoplado de tres ejes, conducido por Andrés Heraclio Hernández, que transportaba 14.390 kilos de leña campana varia, sin guía y con destino a Los Frentones.
Con aval de Cristina, anuncian el “pacto minero”
Con aval de Cristina, hoy anuncian el “pacto minero”
Fecha de Publicación: 27/03/2012
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: Nacional
Diez gobernadores de provincias mineras presentaron ayer el documento a la Presidenta.
Tal como lo anunciara a mediados de febrero el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, hoy al mediodía en la Casa de Jujuy en Buenos Aires, los diez gobernadores de las provincias mineras, entre ellos José Luis Gioja, anunciarán el lanzamiento del Acuerdo Federal de Desarrollo Minero, que contó con el aval de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien recibió a los mandatarios ayer por la noche en su despacho para ajustar los detalles que le darán vía libre al ‘pacto minero’.
El anuncio del acuerdo, sumado al establecimiento de la Organización Federal de Estados Mineros (OFEMI), comandada por Eduardo Fellner (presidente), Lucía Corpacci (vice) y Gioja (secretario), tienen como objetivo central la recuperación del sector minero, para tornar más productiva a la actividad, y para que la misma adquiera un alto grado de cohesión local y regional, en el contexto de los distintos frentes de conflicto en torno a la minería.
El sanjuanino, junto a Juan Manuel Urtubey (Salta), Lucía Corpacci (Catamarca), Luis Beder Herrera (La Rioja), Francisco ‘Paco’ Pérez (Mendoza), Jorge Sapag (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Eduardo Fellner (Jujuy), Martín Buzzi (Chubut) y Daniel Peralta (Santa Cruz) presentaron a la jefa de Estado el documento que rubricarán con las autoridades nacionales vinculadas al sector.
Ahora bien, se espera que la implementación de este pacto federal minero conlleve modificaciones sustanciales como el surgimiento de empresas públicas mineras -la idea es incorporar valor agregado y sustituir importaciones de bienes e insumos progresivamente-, que permitan unificar criterios de aplicación de las normas vigentes en el sector, reconociendo a la vez las atribuciones de las provincias sobre el manejo de sus recursos.
Especialmente, la participación de las provincias en la renta minera, a través de su participación en la conformación societaria de las empresas que operen los proyectos mineros, y el fondo para el desarrollo de infraestructura, cuyo fin es facilitar condiciones simétricas entre los actores del sector, son los dos ítems cruciales del acuerdo, de los que aún no se conocen los detalles y que hasta anoche los mandatarios mineros mantenían bajo siete llaves a pedido de Presidencia, comentaron.
Otros puntos que considera el documento son: el cuidado del medio ambiente a partir de la interacción entre la Secretaría nacional y la de Minería, la consolidación de la minería no metalífera y la integración de la actividad a la sostenibilidad económica y social de los pueblos, lo que también se trató en una reunión previa de las cámaras (ver aparte). Hoy, probablemente, todo lo declarativo del texto podría redundar en cuestiones más concretas que, de una vez por todas, permita mostrar las cartas con las que va a jugar el sector, más aún con el aval que Cristina Fernández le dio a la actividad tras la polémica que se desató con el freno de Famatina, en La Rioja y que en vez de dar un paso atrás, el Gobierno Nacional pidió un ‘debate serio’.
Fecha de Publicación: 27/03/2012
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: Nacional
Diez gobernadores de provincias mineras presentaron ayer el documento a la Presidenta.
Tal como lo anunciara a mediados de febrero el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, hoy al mediodía en la Casa de Jujuy en Buenos Aires, los diez gobernadores de las provincias mineras, entre ellos José Luis Gioja, anunciarán el lanzamiento del Acuerdo Federal de Desarrollo Minero, que contó con el aval de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien recibió a los mandatarios ayer por la noche en su despacho para ajustar los detalles que le darán vía libre al ‘pacto minero’.
El anuncio del acuerdo, sumado al establecimiento de la Organización Federal de Estados Mineros (OFEMI), comandada por Eduardo Fellner (presidente), Lucía Corpacci (vice) y Gioja (secretario), tienen como objetivo central la recuperación del sector minero, para tornar más productiva a la actividad, y para que la misma adquiera un alto grado de cohesión local y regional, en el contexto de los distintos frentes de conflicto en torno a la minería.
El sanjuanino, junto a Juan Manuel Urtubey (Salta), Lucía Corpacci (Catamarca), Luis Beder Herrera (La Rioja), Francisco ‘Paco’ Pérez (Mendoza), Jorge Sapag (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Eduardo Fellner (Jujuy), Martín Buzzi (Chubut) y Daniel Peralta (Santa Cruz) presentaron a la jefa de Estado el documento que rubricarán con las autoridades nacionales vinculadas al sector.
Ahora bien, se espera que la implementación de este pacto federal minero conlleve modificaciones sustanciales como el surgimiento de empresas públicas mineras -la idea es incorporar valor agregado y sustituir importaciones de bienes e insumos progresivamente-, que permitan unificar criterios de aplicación de las normas vigentes en el sector, reconociendo a la vez las atribuciones de las provincias sobre el manejo de sus recursos.
Especialmente, la participación de las provincias en la renta minera, a través de su participación en la conformación societaria de las empresas que operen los proyectos mineros, y el fondo para el desarrollo de infraestructura, cuyo fin es facilitar condiciones simétricas entre los actores del sector, son los dos ítems cruciales del acuerdo, de los que aún no se conocen los detalles y que hasta anoche los mandatarios mineros mantenían bajo siete llaves a pedido de Presidencia, comentaron.
Otros puntos que considera el documento son: el cuidado del medio ambiente a partir de la interacción entre la Secretaría nacional y la de Minería, la consolidación de la minería no metalífera y la integración de la actividad a la sostenibilidad económica y social de los pueblos, lo que también se trató en una reunión previa de las cámaras (ver aparte). Hoy, probablemente, todo lo declarativo del texto podría redundar en cuestiones más concretas que, de una vez por todas, permita mostrar las cartas con las que va a jugar el sector, más aún con el aval que Cristina Fernández le dio a la actividad tras la polémica que se desató con el freno de Famatina, en La Rioja y que en vez de dar un paso atrás, el Gobierno Nacional pidió un ‘debate serio’.
Salí-Dulce: duros cuestionamientos a industriales
Contaminación Salí-Dulce: duros cuestionamientos a los industriales
Fecha de Publicación: 27/03/2012
Fuente: Tucuman Noticias
Provincia/Región: Tucumán
Mariot, quien integra el Comité de Asesores del Gobierno de la Provincia, criticó la propuesta de fertirriego que buscan implementar las industrias y afirmó que “si se quiere usar la vinaza para riego, la solución sería que primero hay que tratarla, pero lamentablemente están tratando de buscarle la vuelta por el lado equivocado”.
“A la vinaza hay que tratarla -insistió- es un costo de producción que los señores industriales no lo quieren afrontar; controlar el sistema tiene sus costos de producción y ello no significa un gasto”.
En ese sentido, el profesional sostuvo que “los industriales tienen la obligación, de acuerdo con las leyes en vigencia, de cumplir con todo lo que se les exige’ y describió que se trata ‘de las mismas leyes que a uno como ciudadano lo obligan a manejar con un sistema de control en el tránsito, son las misma leyes que a uno lo obligan a respetar a su prójimo, son las mismas leyes que nos tocan a todos; entonces tienen que cumplirlas y controlar”.
El especialista manifestó su disgusto con “las cosas que se están diciendo, me molesta que estén tratando de buscarle la solución por el lado equivocado y que empiece a circular la versión de que el tratamiento no se puede realizar y que estaríamos condenando al lago a vivir contaminado”.
“Si en vez de ganar un 40 por ciento en el proceso de la producción del alcohol, ganan cinco puntos menos, porque eso es lo que les cuesta la descontaminación de la vinaza, tendrán que hacerlo; eso es ni más ni menos lo que nos obliga a los ciudadanos en determinadas condiciones”, indicó en tal sentido.
Asimismo, afirmó que “esta gente no quiere cumplir con la ley y esto es grave, porque nos están dañando a los demás” y criticó la complicidad del Poder Ejecutivo de la vecina provincia al sostener que “la actitud de empresarios tucumanos entra en los niveles de delincuencia, el que viola la ley es un delincuente y si el gobierno de Tucumán está favoreciendo esto, serán delincuentes ellos también; pero la ley hay que respetarla, eso es fundamental”.
Vinaza acumulada
En ese marco y en referencia a los millones de litros de vinaza que acumulan los ingenios tucumanos, Mariot detalló que “si los industriales tienen esa cantidad de sustancia contaminante, es porque han estado violando anteriormente, la ley le dice que los industriales tienen que largar agua industrial, es decir, agua tratada. Si ellos la tienen ahí es porque no han cumplido con la ley”.
El profesional explicó que “tratar de decir que vamos a traer la vinaza a Santiago y vamos a regar eso, es decir ‘vamos a contaminar Santiago’, o sea, no vamos a contaminar el embalse, pero vamos a contaminar 30 mil hectáreas de tierras santiagueñas”.
Por último, Mariot reiteró la necesidad de que los empresarios “comiencen de una vez por todas a invertir en el tratamiento de la vinaza. Es la única manera con la que podemos llegar a una solución, de lo contrario, continuarán cometiendo delitos al contaminar y produciendo serios daños a nuestro ecosistema con actitudes propias de delincuentes”.
Cristina exigió a los ingenios que inviertan para tratar la vinaza
Fecha de Publicación: 27/03/2012
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán
La Presidenta anunció créditos por 75 millones de dólares para las industrias tucumanas, que serán destinados a la modernización del sector que produce bioetanol, pero recalcó que ella controlará –antes de entregarse los fondos- que todos los proyectos contemplen el tratamiento de los desechos.
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner encabezó un acto de firma de convenios con la Corporación Andina de Fomento (CAF), en el que exigió a los ingenios tucumanos que realicen inversiones para el tratamiento de la vinaza, el desecho industrial que contamina el embalse Río Hondo.
El acuerdo rubricado entre la Nación y la CAF otorgará créditos por $1.245 millones para realizar obras en todo el país y en la ruta nacional 40, escuelas e incrementar la competitividad del sector azucarero.
Durante el acto al que asistió el gobernador Gerardo Zamora, la mandataria argentina manifestó su preocupación por la situación que afecta a la ciudad de Las Termas a partir de la problemática ambiental que generan los ingenios de la vecina provincia con el vuelco de desechos industriales.
En ese marco, la Presidenta detalló que ella misma se encargará de dar el visto bueno antes de que los proyectos presentados por las industrias tucumanas sean aprobados. “Me gustaría ver los proyectos antes que se aprobasen señor ministro (Julio de Vido), porque me interesa mucho el tema; que vaya también con tratamiento de líquidos de efluentes por una cuestión de saneamiento”, indicó en tal sentido.
La CAF otorgará asimismo financiamiento por un monto de u$s 100 millones al “Programa para Incrementar la Competitividad del Sector Azucarero del NOA”, a ser ejecutado por el Ministerio de Agricultura. Con este préstamo, se buscará promover la competitividad de la industria azucarera del Noroeste Argentino, a partir de la creación de incentivos a la producción de etanol en un contexto de sostenibilidad ambiental y social, y el apoyo a los pequeños productores de caña de azúcar.
Durante el discurso pronunciado, Cristina detalló que “hemos firmado el programa de modernización del sector azucarero que produce bioetanol. Que se haya comenzado a producir bioetanol también ha sido muy importante para que una región muy castigada cuando había variación del precio internacional del azúcar, tenga hoy la alternativa de incorporar la producción de combustible, y entonces sustraerse en la medida de lo posible, de la variación permanente de la economía”.
Asimismo, la Presidenta describió que “hay 30 millones de dólares que aporta el sector privado, 10 nosotros y 100 que financia la CAF, que en definitiva terminamos pagando nosotros, para construcción de nuevas destilarías y para el tratamiento de la vinaza que es líquido efluente que sale”.
La jefa de Estado dijo que “además habrá ayuda para reconversión de los pequeños productores que no son reembolsables, que constituyen el 33 por ciento de la superficie de producción; y también riego presurizado, son 20 empresas en total”.
Al tiempo que destacó que “lo más importante es que va a tener una unidad ejecutora, no va a una bolsa donde nadie sabe qué pasa, va a la Unidad de Cambio Rural (Ucar), dentro de la Ucar se creará la Unidad Ejecutora, donde se depositan todos los fondos y donde se presentan los proyectos”.
La Presidenta destacó que “es muy importante la constitución de la Unidad Ejecutora que siga y analice cada uno de los proyectos y cada uno de los desembolsos y cada uno de los momentos de la ejecución de la obra; es muy importante para la conversión y la competitividad de un sector importantísimo y tradicional como es el sector azucarero”.
En tal sentido, se detalló que las operaciones de crédito a las empresas azucareras del NOA se canalizarán a través del Banco de Inversión de Comercio Exterior (Bice).
La CAF (que cambió recientemente su nombre a Banco de Desarrollo de América Latina) fue constituida en 1970 y está conformada en la actualidad por 18 países de América latina, el Caribe y Europa, así como por 14 bancos privados de la región andina.
Fecha de Publicación: 27/03/2012
Fuente: Tucuman Noticias
Provincia/Región: Tucumán
Mariot, quien integra el Comité de Asesores del Gobierno de la Provincia, criticó la propuesta de fertirriego que buscan implementar las industrias y afirmó que “si se quiere usar la vinaza para riego, la solución sería que primero hay que tratarla, pero lamentablemente están tratando de buscarle la vuelta por el lado equivocado”.
“A la vinaza hay que tratarla -insistió- es un costo de producción que los señores industriales no lo quieren afrontar; controlar el sistema tiene sus costos de producción y ello no significa un gasto”.
En ese sentido, el profesional sostuvo que “los industriales tienen la obligación, de acuerdo con las leyes en vigencia, de cumplir con todo lo que se les exige’ y describió que se trata ‘de las mismas leyes que a uno como ciudadano lo obligan a manejar con un sistema de control en el tránsito, son las misma leyes que a uno lo obligan a respetar a su prójimo, son las mismas leyes que nos tocan a todos; entonces tienen que cumplirlas y controlar”.
El especialista manifestó su disgusto con “las cosas que se están diciendo, me molesta que estén tratando de buscarle la solución por el lado equivocado y que empiece a circular la versión de que el tratamiento no se puede realizar y que estaríamos condenando al lago a vivir contaminado”.
“Si en vez de ganar un 40 por ciento en el proceso de la producción del alcohol, ganan cinco puntos menos, porque eso es lo que les cuesta la descontaminación de la vinaza, tendrán que hacerlo; eso es ni más ni menos lo que nos obliga a los ciudadanos en determinadas condiciones”, indicó en tal sentido.
Asimismo, afirmó que “esta gente no quiere cumplir con la ley y esto es grave, porque nos están dañando a los demás” y criticó la complicidad del Poder Ejecutivo de la vecina provincia al sostener que “la actitud de empresarios tucumanos entra en los niveles de delincuencia, el que viola la ley es un delincuente y si el gobierno de Tucumán está favoreciendo esto, serán delincuentes ellos también; pero la ley hay que respetarla, eso es fundamental”.
Vinaza acumulada
En ese marco y en referencia a los millones de litros de vinaza que acumulan los ingenios tucumanos, Mariot detalló que “si los industriales tienen esa cantidad de sustancia contaminante, es porque han estado violando anteriormente, la ley le dice que los industriales tienen que largar agua industrial, es decir, agua tratada. Si ellos la tienen ahí es porque no han cumplido con la ley”.
El profesional explicó que “tratar de decir que vamos a traer la vinaza a Santiago y vamos a regar eso, es decir ‘vamos a contaminar Santiago’, o sea, no vamos a contaminar el embalse, pero vamos a contaminar 30 mil hectáreas de tierras santiagueñas”.
Por último, Mariot reiteró la necesidad de que los empresarios “comiencen de una vez por todas a invertir en el tratamiento de la vinaza. Es la única manera con la que podemos llegar a una solución, de lo contrario, continuarán cometiendo delitos al contaminar y produciendo serios daños a nuestro ecosistema con actitudes propias de delincuentes”.
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Cristina exigió a los ingenios que inviertan para tratar la vinaza
Fecha de Publicación: 27/03/2012
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán
La Presidenta anunció créditos por 75 millones de dólares para las industrias tucumanas, que serán destinados a la modernización del sector que produce bioetanol, pero recalcó que ella controlará –antes de entregarse los fondos- que todos los proyectos contemplen el tratamiento de los desechos.
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner encabezó un acto de firma de convenios con la Corporación Andina de Fomento (CAF), en el que exigió a los ingenios tucumanos que realicen inversiones para el tratamiento de la vinaza, el desecho industrial que contamina el embalse Río Hondo.
El acuerdo rubricado entre la Nación y la CAF otorgará créditos por $1.245 millones para realizar obras en todo el país y en la ruta nacional 40, escuelas e incrementar la competitividad del sector azucarero.
Durante el acto al que asistió el gobernador Gerardo Zamora, la mandataria argentina manifestó su preocupación por la situación que afecta a la ciudad de Las Termas a partir de la problemática ambiental que generan los ingenios de la vecina provincia con el vuelco de desechos industriales.
En ese marco, la Presidenta detalló que ella misma se encargará de dar el visto bueno antes de que los proyectos presentados por las industrias tucumanas sean aprobados. “Me gustaría ver los proyectos antes que se aprobasen señor ministro (Julio de Vido), porque me interesa mucho el tema; que vaya también con tratamiento de líquidos de efluentes por una cuestión de saneamiento”, indicó en tal sentido.
La CAF otorgará asimismo financiamiento por un monto de u$s 100 millones al “Programa para Incrementar la Competitividad del Sector Azucarero del NOA”, a ser ejecutado por el Ministerio de Agricultura. Con este préstamo, se buscará promover la competitividad de la industria azucarera del Noroeste Argentino, a partir de la creación de incentivos a la producción de etanol en un contexto de sostenibilidad ambiental y social, y el apoyo a los pequeños productores de caña de azúcar.
Durante el discurso pronunciado, Cristina detalló que “hemos firmado el programa de modernización del sector azucarero que produce bioetanol. Que se haya comenzado a producir bioetanol también ha sido muy importante para que una región muy castigada cuando había variación del precio internacional del azúcar, tenga hoy la alternativa de incorporar la producción de combustible, y entonces sustraerse en la medida de lo posible, de la variación permanente de la economía”.
Asimismo, la Presidenta describió que “hay 30 millones de dólares que aporta el sector privado, 10 nosotros y 100 que financia la CAF, que en definitiva terminamos pagando nosotros, para construcción de nuevas destilarías y para el tratamiento de la vinaza que es líquido efluente que sale”.
La jefa de Estado dijo que “además habrá ayuda para reconversión de los pequeños productores que no son reembolsables, que constituyen el 33 por ciento de la superficie de producción; y también riego presurizado, son 20 empresas en total”.
Al tiempo que destacó que “lo más importante es que va a tener una unidad ejecutora, no va a una bolsa donde nadie sabe qué pasa, va a la Unidad de Cambio Rural (Ucar), dentro de la Ucar se creará la Unidad Ejecutora, donde se depositan todos los fondos y donde se presentan los proyectos”.
La Presidenta destacó que “es muy importante la constitución de la Unidad Ejecutora que siga y analice cada uno de los proyectos y cada uno de los desembolsos y cada uno de los momentos de la ejecución de la obra; es muy importante para la conversión y la competitividad de un sector importantísimo y tradicional como es el sector azucarero”.
En tal sentido, se detalló que las operaciones de crédito a las empresas azucareras del NOA se canalizarán a través del Banco de Inversión de Comercio Exterior (Bice).
La CAF (que cambió recientemente su nombre a Banco de Desarrollo de América Latina) fue constituida en 1970 y está conformada en la actualidad por 18 países de América latina, el Caribe y Europa, así como por 14 bancos privados de la región andina.
Un documento anticontaminante
Un documento anticontaminante
Fecha de Publicación: 26/03/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Santa Fe - Nacional
Con el voto unánime de sus veinte consejeros, la Facultad de Medicina de la UNR aprobó una resolución que cuestiona la “producción altamente contaminante”, en la que incluye la minería, la fabricación de pasta celulosa y aceites vegetales.
“El avance en nuestros territorios de modos de producción altamente contaminantes, como ser la agroindustria transgénica dependiente de tóxicos, la minería a cielo abierto, la fabricación de pasta de celulosa, la producción de aceites vegetales, la extracción de petróleo (...), vulnera los derechos de los ciudadanos a nacer, crecer y desarrollarse en un ambiente saludable.” La denuncia, que bien podría atribuirse a asambleas socio-ambientales o a pueblos originarios, fue realizada por la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) que, con voto unánime de sus veinte consejeros superiores, aprobó la resolución que cuestiona el modelo extractivo, en especial a la megaminería y al modelo agropecuario. También solicitó al gobierno nacional que “frene las acciones represivas sobre los movimientos sociales” y le pidió que “asuma la responsabilidad de garantizar la plena vigencia de los derechos humanos”.
Aprobada por el Consejo Superior de la facultad pública, el documento enumera como parte de un mismo modelo a las concentraciones urbanas, los agrotóxicos y transgénicos, la minería y pasteras, represas y centrales nucleares, contaminantes químicos, biodiversidad diezmada, destrucción de territorios y “poblaciones en franca diáspora despojadas de los bie-nes comunes”. Afirma que todas estas actividades “deben ser identificadas como problemas del campo de la salud por los responsables de definir políticas públicas”.
“Existen ya pruebas científicas concluyentes acerca de los daños que provocan a la salud de los ecosistemas y por tanto de los humanos, los modelos productivos que se están imponiendo en nuestros países, por lo que resulta ina-ceptable la excusa de los responsables políticos que se escudan en la supuesta debilidad de las mismas en lugar de aplicar el principio precautorio”, asegura la casa de altos estudios.
Fechado el 10 de febrero último, difundido la última semana, apunta de manera directa al Plan Estratégico Agroalimentario (PEA), que propone aumentar un 60 por ciento la producción granaria para 2020. “Es un aviso de profundización de un modelo extractivo de agua, fósforo y nutrientes de nuestros suelos, así como de incrementos siderales en los volúmenes de agrotóxicos a utilizar y con los que se rociarán a nuestras comunidades”, alerta y rechaza el discurso empresario que promete mayor producción de alimentos para acabar con el hambre.
La Facultad fue en 2011 sede del Congreso Latinoamericano de Salud Socioambiental, donde medio centenar de investigadores aportaron estudios científicos y casos concretos de la afección en la salud en zonas con monocultivo de soja. La resolución fue apoyada por todos los bloques (docentes, estudiantes, no docentes y graduados).
“Producimos conocimiento científico que sea útil a la comunidad y formamos trabajadores de la salud comprometidos con la realidad”, afirmó el consejero por el claustro docente Damián Verzeñassi, y explicó que la Facultad apuesta a “generar conocimientos que hagan cada día más difícil que algunos representantes pretendan burlarse de la inteligencia del pueblo al decir que minería o agrotóxicos no afectan el ambiente y la salud. Hay sobradas pruebas de lo que provocan”.
Con la megaminería en la agenda pública en enero por la pueblada de Famatina y los cortes selectivos en Catamarca, la Facultad de Medicina identifica como posibles fuentes de contaminación a los cráteres en las montañas, las pilas de lixiviación, los escombros removidos y los diques de colas (grandes piletones que hacen de basureros mineros). “La actividad minera que se de-sarrolla a cielo abierto daña severamente el ambiente y en consecuencia a los seres humanos y sus comunidades”, denuncia, en línea con resoluciones similares de la Universidad Nacional de Córdoba (2009) y Río Cuarto (2010).
Toma como caso testigo de la megaminería a Bajo La Alumbrera, ubicada en Catamarca. “Está autorizada a consumir 100 millones de litros de agua por día de la reserva acuífera del Campo del Arenal, alto consumo, casi el doble del consumo de toda Catamarca”, señala y, en base a una causa del fiscal de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez, remarca que se ha probado la contaminación con arsénico, cadmio, cobre, mercurio, plomo y selenio.
También denuncia el “espionaje” de empresas mineras (en referencia a la compañía Osisko en Famatina) y, con respecto a la violenta represión del 10 de febrero en Tinogasta (Catamarca), cuestiona que “las fuerzas de seguridad del Estado y grupos parapoliciales y promineros han ejercido acciones de vulneración de los derechos constitucionales de muchos ciudadanos”.
En sus artículos resolutivos, el Consejo Directivo de la Facultad se solidariza con las comunidades afectadas por los modelos de producción extractivistas que “comprometen la salud de los ecosistemas y a los seres humanos”, y convoca a todos sus equipos docentes a ponerse “a disposición de las comunidades afectadas por los modelos de producción contaminantes”.
Fecha de Publicación: 26/03/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Santa Fe - Nacional
Con el voto unánime de sus veinte consejeros, la Facultad de Medicina de la UNR aprobó una resolución que cuestiona la “producción altamente contaminante”, en la que incluye la minería, la fabricación de pasta celulosa y aceites vegetales.
“El avance en nuestros territorios de modos de producción altamente contaminantes, como ser la agroindustria transgénica dependiente de tóxicos, la minería a cielo abierto, la fabricación de pasta de celulosa, la producción de aceites vegetales, la extracción de petróleo (...), vulnera los derechos de los ciudadanos a nacer, crecer y desarrollarse en un ambiente saludable.” La denuncia, que bien podría atribuirse a asambleas socio-ambientales o a pueblos originarios, fue realizada por la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) que, con voto unánime de sus veinte consejeros superiores, aprobó la resolución que cuestiona el modelo extractivo, en especial a la megaminería y al modelo agropecuario. También solicitó al gobierno nacional que “frene las acciones represivas sobre los movimientos sociales” y le pidió que “asuma la responsabilidad de garantizar la plena vigencia de los derechos humanos”.
Aprobada por el Consejo Superior de la facultad pública, el documento enumera como parte de un mismo modelo a las concentraciones urbanas, los agrotóxicos y transgénicos, la minería y pasteras, represas y centrales nucleares, contaminantes químicos, biodiversidad diezmada, destrucción de territorios y “poblaciones en franca diáspora despojadas de los bie-nes comunes”. Afirma que todas estas actividades “deben ser identificadas como problemas del campo de la salud por los responsables de definir políticas públicas”.
“Existen ya pruebas científicas concluyentes acerca de los daños que provocan a la salud de los ecosistemas y por tanto de los humanos, los modelos productivos que se están imponiendo en nuestros países, por lo que resulta ina-ceptable la excusa de los responsables políticos que se escudan en la supuesta debilidad de las mismas en lugar de aplicar el principio precautorio”, asegura la casa de altos estudios.
Fechado el 10 de febrero último, difundido la última semana, apunta de manera directa al Plan Estratégico Agroalimentario (PEA), que propone aumentar un 60 por ciento la producción granaria para 2020. “Es un aviso de profundización de un modelo extractivo de agua, fósforo y nutrientes de nuestros suelos, así como de incrementos siderales en los volúmenes de agrotóxicos a utilizar y con los que se rociarán a nuestras comunidades”, alerta y rechaza el discurso empresario que promete mayor producción de alimentos para acabar con el hambre.
La Facultad fue en 2011 sede del Congreso Latinoamericano de Salud Socioambiental, donde medio centenar de investigadores aportaron estudios científicos y casos concretos de la afección en la salud en zonas con monocultivo de soja. La resolución fue apoyada por todos los bloques (docentes, estudiantes, no docentes y graduados).
“Producimos conocimiento científico que sea útil a la comunidad y formamos trabajadores de la salud comprometidos con la realidad”, afirmó el consejero por el claustro docente Damián Verzeñassi, y explicó que la Facultad apuesta a “generar conocimientos que hagan cada día más difícil que algunos representantes pretendan burlarse de la inteligencia del pueblo al decir que minería o agrotóxicos no afectan el ambiente y la salud. Hay sobradas pruebas de lo que provocan”.
Con la megaminería en la agenda pública en enero por la pueblada de Famatina y los cortes selectivos en Catamarca, la Facultad de Medicina identifica como posibles fuentes de contaminación a los cráteres en las montañas, las pilas de lixiviación, los escombros removidos y los diques de colas (grandes piletones que hacen de basureros mineros). “La actividad minera que se de-sarrolla a cielo abierto daña severamente el ambiente y en consecuencia a los seres humanos y sus comunidades”, denuncia, en línea con resoluciones similares de la Universidad Nacional de Córdoba (2009) y Río Cuarto (2010).
Toma como caso testigo de la megaminería a Bajo La Alumbrera, ubicada en Catamarca. “Está autorizada a consumir 100 millones de litros de agua por día de la reserva acuífera del Campo del Arenal, alto consumo, casi el doble del consumo de toda Catamarca”, señala y, en base a una causa del fiscal de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez, remarca que se ha probado la contaminación con arsénico, cadmio, cobre, mercurio, plomo y selenio.
También denuncia el “espionaje” de empresas mineras (en referencia a la compañía Osisko en Famatina) y, con respecto a la violenta represión del 10 de febrero en Tinogasta (Catamarca), cuestiona que “las fuerzas de seguridad del Estado y grupos parapoliciales y promineros han ejercido acciones de vulneración de los derechos constitucionales de muchos ciudadanos”.
En sus artículos resolutivos, el Consejo Directivo de la Facultad se solidariza con las comunidades afectadas por los modelos de producción extractivistas que “comprometen la salud de los ecosistemas y a los seres humanos”, y convoca a todos sus equipos docentes a ponerse “a disposición de las comunidades afectadas por los modelos de producción contaminantes”.
Comienzan a fabricar las baterías de litio
Comienzan a fabricar las baterías de litio
Fecha de Publicación: 26/03/2012
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional - Catamarca
Serán desarrolladas en Catamarca por la empresa Sol.ar, de capitales cordobeses. El proyecto iniciado en ámbitos universitarios locales recibió pedidos de fabricantes de computadoras, motos, celulares y equipos de energía eólica. Contactos con automotrices.
El desarrollo de la primera batería de litio argentina, un proyecto surgido en ámbitos científicos de Córdoba, Buenos Aires y La Plata, iniciará su faz industrial en próximas semanas. Lo hará con la empresa Sol.ar –en la que participan como socios capitales de autopartistas cordobeses– y, como ya lo adelantó este diario en enero pasado, lo hará en provincias que tienen salinas, de donde sale el insumo más importante: la salmuera.
Científicos de universidades desarrollaron procesos para obtener los óxidos necesarios para la batería provenientes del carbonato de litio, insumo que se obtiene aplicando procesos químicos a esa salmuera.
El desarrollo de este tipo de baterías es fundamental para producir computadoras, celulares, herramientas y otros aparatos electrónicos; pero también será importante para el desarrollo de equipos de energía eólica y solar (guardan la energía que se produce) y automóviles y motocicletas eléctricas.
Por eso, el Gobierno nacional dio un fuerte apoyo al proyecto y creó la Mesa Nacional del Litio, integrada por los ministerios de Ciencia y Técnica, Industria y Economía.
Argentina, con reservas por 11 millones de toneladas métricas, es el tercer país en stock de litio y junto con Bolivia y Chile conforman lo que la revista Forbes denominó “la Arabia Saudita del litio”: concentran 85 por ciento de la reserva mundial. Para esto se estudia crear empresas mixtas (con participación privada y pública) para generar carbonato de litio, que requiere grandes inversiones. La idea es cumplir con el objetivo oficial de sustituir importaciones, pero también determinar la tecnología más “amigable” con el medio ambiente del salar (para no generar los problemas que ya tiene la minería) y establecer los procedimientos de “remediación” del ambiente, esto es, cómo dejar el salar lo mejor posible luego de terminada la explotación.
Según el coordinador del proyecto, Daniel Barraco, ex decano de la Facultad de Matemática, Astronomía y Física (Famaf) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), la primera planta se montará en El Pantanillo, el parque industrial de la ciudad de Catamarca, que tiene una de las salinas más importantes del país. Si el plan crece, también se montarían plantas en Jujuy y Salta.
El proyecto se inició a mediados de 2011 y el primer paso fue fabricar los óxidos, el cátodo, ánodo, electrolito y obtener los plásticos que integran la batería; el segundo fue avanzar en la purificación de los elementos. Según Barraco, el nuevo paso se dará cuando se termine de montar la planta catamarqueña, en la que trabajarían unas 30 personas, con una inversión que ronda los 30 millones de dólares. Sol.ar comenzará importando algunos componentes, pero un plan diseñado hasta 2014 prevé que el resto de las piezas internas (comenzando por las celdas) también pueda ser fabricado en el país.
El proyecto tiene el apoyo oficial para vincularse con el programa Conectar Igualdad, con el que el Gobierno distribuye netbooks entre los secundarios; para esto, inició conversaciones con BGH y Newsan.
Este año, la Nación licitará la compra de 400 mil unidades; las primeras 120 mil serán importadas, pero el resto tendrá que presentar una mayor integración de componentes nacionales, por lo cual Sol.ar sellará en estos días convenios para convertirse en proveedora de las principales fabricantes.
También hubo contactos con Brightstar (fabricante de BlackBerry) y con Mirgor, que además de ser fabricante de Nokia es un importante proveedor de la industria automotriz, lo que le abrió una puerta a esta industria para proyectos de vehículos eléctricos, su gran objetivo.
El valor de las baterías depende en parte de la cantidad de carbonato de litio que lleva (el kilo vale entre 60 y 90 dólares). El grupo logró una batería para auto de 300 a 400 kilogramos (el peso que hoy tiene la batería de los autos Tesla Roadster), con lo cual valdrían de 10 a 20 mil dólares. “El mercado hasta 2020 es de 20 por ciento del stock automotor mundial, unos 200 millones de vehículos, lo que implica un mercado global de dos billones de dólares”, dice Barraco.
Además, asegura que Sol.ar recibió pedidos de baterías para una moto eléctrica de parte de una empresa nacional (que mantuvo en reserva) y para molinos de energía eólica.
“Al principio, es probable que la batería nacional sea más cara que la importada. Pero teniendo en cuenta las reservas de la región, llegará un punto en que se fabricarán a precios muy competitivos”, pronosticó.
Quiénes participan
Primer grupo. Para la producción del carbonato de litio, el proyecto contó con la participación inicial de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y la Comisión Nacional de Energía Atómica (Conea).
Qué hizo. Estos tres sectores trabajaron en la producción de los óxidos, cátodo, ánodo y electrolito.
Segundo grupo. En la segunda etapa, que incluye la purificación, intervinieron también el Instituto Universitario Aeronáutico de Córdoba (IUA), la Universidad Nacional de Catamarca (Unca) y la Universidad Nacional de Jujuy (Unju).
Fecha de Publicación: 26/03/2012
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional - Catamarca
Serán desarrolladas en Catamarca por la empresa Sol.ar, de capitales cordobeses. El proyecto iniciado en ámbitos universitarios locales recibió pedidos de fabricantes de computadoras, motos, celulares y equipos de energía eólica. Contactos con automotrices.
El desarrollo de la primera batería de litio argentina, un proyecto surgido en ámbitos científicos de Córdoba, Buenos Aires y La Plata, iniciará su faz industrial en próximas semanas. Lo hará con la empresa Sol.ar –en la que participan como socios capitales de autopartistas cordobeses– y, como ya lo adelantó este diario en enero pasado, lo hará en provincias que tienen salinas, de donde sale el insumo más importante: la salmuera.
Científicos de universidades desarrollaron procesos para obtener los óxidos necesarios para la batería provenientes del carbonato de litio, insumo que se obtiene aplicando procesos químicos a esa salmuera.
El desarrollo de este tipo de baterías es fundamental para producir computadoras, celulares, herramientas y otros aparatos electrónicos; pero también será importante para el desarrollo de equipos de energía eólica y solar (guardan la energía que se produce) y automóviles y motocicletas eléctricas.
Por eso, el Gobierno nacional dio un fuerte apoyo al proyecto y creó la Mesa Nacional del Litio, integrada por los ministerios de Ciencia y Técnica, Industria y Economía.
Argentina, con reservas por 11 millones de toneladas métricas, es el tercer país en stock de litio y junto con Bolivia y Chile conforman lo que la revista Forbes denominó “la Arabia Saudita del litio”: concentran 85 por ciento de la reserva mundial. Para esto se estudia crear empresas mixtas (con participación privada y pública) para generar carbonato de litio, que requiere grandes inversiones. La idea es cumplir con el objetivo oficial de sustituir importaciones, pero también determinar la tecnología más “amigable” con el medio ambiente del salar (para no generar los problemas que ya tiene la minería) y establecer los procedimientos de “remediación” del ambiente, esto es, cómo dejar el salar lo mejor posible luego de terminada la explotación.
Según el coordinador del proyecto, Daniel Barraco, ex decano de la Facultad de Matemática, Astronomía y Física (Famaf) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), la primera planta se montará en El Pantanillo, el parque industrial de la ciudad de Catamarca, que tiene una de las salinas más importantes del país. Si el plan crece, también se montarían plantas en Jujuy y Salta.
El proyecto se inició a mediados de 2011 y el primer paso fue fabricar los óxidos, el cátodo, ánodo, electrolito y obtener los plásticos que integran la batería; el segundo fue avanzar en la purificación de los elementos. Según Barraco, el nuevo paso se dará cuando se termine de montar la planta catamarqueña, en la que trabajarían unas 30 personas, con una inversión que ronda los 30 millones de dólares. Sol.ar comenzará importando algunos componentes, pero un plan diseñado hasta 2014 prevé que el resto de las piezas internas (comenzando por las celdas) también pueda ser fabricado en el país.
El proyecto tiene el apoyo oficial para vincularse con el programa Conectar Igualdad, con el que el Gobierno distribuye netbooks entre los secundarios; para esto, inició conversaciones con BGH y Newsan.
Este año, la Nación licitará la compra de 400 mil unidades; las primeras 120 mil serán importadas, pero el resto tendrá que presentar una mayor integración de componentes nacionales, por lo cual Sol.ar sellará en estos días convenios para convertirse en proveedora de las principales fabricantes.
También hubo contactos con Brightstar (fabricante de BlackBerry) y con Mirgor, que además de ser fabricante de Nokia es un importante proveedor de la industria automotriz, lo que le abrió una puerta a esta industria para proyectos de vehículos eléctricos, su gran objetivo.
El valor de las baterías depende en parte de la cantidad de carbonato de litio que lleva (el kilo vale entre 60 y 90 dólares). El grupo logró una batería para auto de 300 a 400 kilogramos (el peso que hoy tiene la batería de los autos Tesla Roadster), con lo cual valdrían de 10 a 20 mil dólares. “El mercado hasta 2020 es de 20 por ciento del stock automotor mundial, unos 200 millones de vehículos, lo que implica un mercado global de dos billones de dólares”, dice Barraco.
Además, asegura que Sol.ar recibió pedidos de baterías para una moto eléctrica de parte de una empresa nacional (que mantuvo en reserva) y para molinos de energía eólica.
“Al principio, es probable que la batería nacional sea más cara que la importada. Pero teniendo en cuenta las reservas de la región, llegará un punto en que se fabricarán a precios muy competitivos”, pronosticó.
Quiénes participan
Primer grupo. Para la producción del carbonato de litio, el proyecto contó con la participación inicial de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y la Comisión Nacional de Energía Atómica (Conea).
Qué hizo. Estos tres sectores trabajaron en la producción de los óxidos, cátodo, ánodo y electrolito.
Segundo grupo. En la segunda etapa, que incluye la purificación, intervinieron también el Instituto Universitario Aeronáutico de Córdoba (IUA), la Universidad Nacional de Catamarca (Unca) y la Universidad Nacional de Jujuy (Unju).
Neuqúen: No hay estudio ambiental petrolero
No hay estudio ambiental petrolero
Fecha de Publicación: 25/03/2012
Fuente: La Mañama de Neuqúen
Provincia/Región: Neuqúen
En el extremo noroeste de la ciudad, hay 76 pozos petroleros activos que opera la firma Pluspetrol. Pertenecen al yacimiento Centenario, que ocupa casi la mitad del ejido urbano y que la empresa explota desde 1977. En 2010, el municipio proyectó la realización de un estudio propio sobre el impacto ambiental de esa actividad en el suelo y las napas subterráneas; sin embargo, a la fecha, los informes siguen pendientes.
Desde la subsecretaría de Servicios Ambientales indicaron que controlan la explotación a partir de la información que aporta la propia petrolera y las inspecciones periódicas de los pozos.
Señalaron también que no tienen conocimiento de la realización de un estudio propio del impacto ambiental a partir de la actividad hidrocarburífera, salvo el que se proyectó en 2010 y aún no concluyó. “Lo que pasa es que se trata de trabajos de costos elevados, por eso es difícil que se afronten con fondos municipales”, explicó Paola Guerrero, directora municipal de Ambiente.
Los dos estudios previstos forman parte del acuerdo que firmó el gobierno comunal con Pluspetrol hace dos años y deben financiarse con fondos aportados por la propia empresa, pero gestionados por el Ejecutivo.
El 22 de julio de 2010, al momento de rubricar el acuerdo, el entonces intendente Martín Farizano destacó la relevancia del informe que se proyectaba. Afirmó que iba “a encarar un profundo estudio de impacto ambiental respecto de las consecuencias actuales y futuras de la explotación petrolera en el ejido urbano de la ciudad".
El primero de los estudios proyectados, denominado “Degradación del suelo y sanidad edáfica con relación a la actividad industrial, petrolera y agrícola en Valentina Norte”, se adjudicó en diciembre pasado a la consultora Juan Mendía, con un presupuesto de 298 mil pesos. El relevamiento comenzó en enero y está previsto que finalice para junio de este año.
El segundo estudio, titulado “Contaminación del agua subterránea con relación a la actividad industrial, petrolera y agrícola en Valentina Norte”, está en etapa de preadjudicación a la firma Cooprogetti y aún no comenzó, según informaron desde la subsecretaría de Obras Públicas del municipio.
Hasta contar con esa información, la subsecretaría de Servicios Ambientales trabaja con los datos provistos por Pluspetrol. Los pozos están en la zona de Valentina Norte Rural, algunos quedaron a metros de asentamientos irregulares y de la traza de la autovía de la Meseta.
Nueve pozos para remediación
Además de controlar, la subsecretaría municipal de Servicios Ambientales inspecciona el plan de remediación de Pluspetrol para antiguas perforaciones inactivas, donde se estima que quedaron piletas de lodos con hidrocarburos.
Mario Celardi, director del área, contó que quedaron pozos previos a la llegada de Pluspetrol, algunos de 1964, “cuando no había tantas normativas ambientales”. En estos casos, señaló, la empresa viene aplicando un plan de remediación paulatino.
“El año pasado, se trabajó en identificar cuáles eran los pozos que podían tener piletas naturales y se caracterizaron nueve, de los que estamos esperando los análisis y después tienen que presentar el plan de cómo va a ser la remediación”, comentó.
Añadió que “varias piletas fueron remediadas en su momento pero quedan más y por eso Pluspetrol presentó un plan de trabajo”.
Afirmó también que, respecto de las perforaciones actuales, “estando bien controlado, no hay inconvenientes; pero hay que aclarar que nosotros podemos actuar hasta cierto límite, después está lo que Nación y Provincia autoricen”.
Además de los pozos, hay ductos que transportan el petróleo. En este caso, Celardi afirmó que “van al costado de la calle, siempre en terrenos públicos, y no se permite que pasen por debajo de una vivienda”.
Explicó además que no se puede difundir públicamente la ubicación de los pozos o los ductos por seguridad. “La política es que es información privada de la empresa, porque es información bastante sensible por la posibilidad de sabotajes”, fundamentó.
Fecha de Publicación: 25/03/2012
Fuente: La Mañama de Neuqúen
Provincia/Región: Neuqúen
En el extremo noroeste de la ciudad, hay 76 pozos petroleros activos que opera la firma Pluspetrol. Pertenecen al yacimiento Centenario, que ocupa casi la mitad del ejido urbano y que la empresa explota desde 1977. En 2010, el municipio proyectó la realización de un estudio propio sobre el impacto ambiental de esa actividad en el suelo y las napas subterráneas; sin embargo, a la fecha, los informes siguen pendientes.
Desde la subsecretaría de Servicios Ambientales indicaron que controlan la explotación a partir de la información que aporta la propia petrolera y las inspecciones periódicas de los pozos.
Señalaron también que no tienen conocimiento de la realización de un estudio propio del impacto ambiental a partir de la actividad hidrocarburífera, salvo el que se proyectó en 2010 y aún no concluyó. “Lo que pasa es que se trata de trabajos de costos elevados, por eso es difícil que se afronten con fondos municipales”, explicó Paola Guerrero, directora municipal de Ambiente.
Los dos estudios previstos forman parte del acuerdo que firmó el gobierno comunal con Pluspetrol hace dos años y deben financiarse con fondos aportados por la propia empresa, pero gestionados por el Ejecutivo.
El 22 de julio de 2010, al momento de rubricar el acuerdo, el entonces intendente Martín Farizano destacó la relevancia del informe que se proyectaba. Afirmó que iba “a encarar un profundo estudio de impacto ambiental respecto de las consecuencias actuales y futuras de la explotación petrolera en el ejido urbano de la ciudad".
El primero de los estudios proyectados, denominado “Degradación del suelo y sanidad edáfica con relación a la actividad industrial, petrolera y agrícola en Valentina Norte”, se adjudicó en diciembre pasado a la consultora Juan Mendía, con un presupuesto de 298 mil pesos. El relevamiento comenzó en enero y está previsto que finalice para junio de este año.
El segundo estudio, titulado “Contaminación del agua subterránea con relación a la actividad industrial, petrolera y agrícola en Valentina Norte”, está en etapa de preadjudicación a la firma Cooprogetti y aún no comenzó, según informaron desde la subsecretaría de Obras Públicas del municipio.
Hasta contar con esa información, la subsecretaría de Servicios Ambientales trabaja con los datos provistos por Pluspetrol. Los pozos están en la zona de Valentina Norte Rural, algunos quedaron a metros de asentamientos irregulares y de la traza de la autovía de la Meseta.
Nueve pozos para remediación
Además de controlar, la subsecretaría municipal de Servicios Ambientales inspecciona el plan de remediación de Pluspetrol para antiguas perforaciones inactivas, donde se estima que quedaron piletas de lodos con hidrocarburos.
Mario Celardi, director del área, contó que quedaron pozos previos a la llegada de Pluspetrol, algunos de 1964, “cuando no había tantas normativas ambientales”. En estos casos, señaló, la empresa viene aplicando un plan de remediación paulatino.
“El año pasado, se trabajó en identificar cuáles eran los pozos que podían tener piletas naturales y se caracterizaron nueve, de los que estamos esperando los análisis y después tienen que presentar el plan de cómo va a ser la remediación”, comentó.
Añadió que “varias piletas fueron remediadas en su momento pero quedan más y por eso Pluspetrol presentó un plan de trabajo”.
Afirmó también que, respecto de las perforaciones actuales, “estando bien controlado, no hay inconvenientes; pero hay que aclarar que nosotros podemos actuar hasta cierto límite, después está lo que Nación y Provincia autoricen”.
Además de los pozos, hay ductos que transportan el petróleo. En este caso, Celardi afirmó que “van al costado de la calle, siempre en terrenos públicos, y no se permite que pasen por debajo de una vivienda”.
Explicó además que no se puede difundir públicamente la ubicación de los pozos o los ductos por seguridad. “La política es que es información privada de la empresa, porque es información bastante sensible por la posibilidad de sabotajes”, fundamentó.
Santa Fe: ganadero cerró un arroyo del Delta
Repudian a ganadero que cerró un arroyo y preparan relevamiento de las islas
Fecha de Publicación: 24/03/2012
Fuente: Rosario 3
Provincia/Región: Santa Fe
El grupo autoconvocados "El Paraná no se Toca" denunció que un empresario tabicó un cauce de agua navegable en pleno humendal con fines privados. Se trata de una práctica que se repite y que afecta la biodiversidad de la reserva frente a Rosario. Realizaron un "velorio" de ese cauce y continuarán con más acciones para crear una red de control.
Un grupo de ambientalistas, trabajadores y amantes del río denunciaron que un empresario ganadero cerró el arroyo navegable conocido como Boca de la Cruz, en las islas frente a Rosario, con fines privados. El acto afecta la zona de humedales, una reserva de la biodiversidad local, y viola la normativa vigente. Tras ese acto, van por más: realizarán un relevamiento de las islas y buscarán conformar una red de control junto a isleños.
Los autoconvocados en defensa del río realizaron el fin de semana pasado una suerte de escrache (un "velatorio" del cauce bloqueado en ese campo) y en estos días preparan un informe para elevar a Victoria, Entre Ríos, con el fin de que se avance en los controles en la zona de islas. Además, trabajan para que el Concejo realice un pedido de informes sobre el cierre de cursos de agua navegables.
"Somos un grupo heterogéneo, con abogados, biólogos, maestros, entre otros, que nos juntamos para hacer pública esta situación. La idea es conformar una red con isleños, que permita denunciar y generar conciencia rápidamente cuando se realicen trabajos ilegales sobre los humedales", contó a Rosario3.com Maximiliano, integrante del grupo que se reúne todos los martes a las 20 en el gimnasio de capoeira Zungú, de Avellaneda y avenida Alberdi, y que invita a los interesados a sumarse.
El "velatorio" en las islas
El título del mensaje que llegó al espacio de Periodismo Ciudadano de este medio fue "Una protesta más que extraña y original, en pos de los humedales" y alertó sobre la situación.
"Un productor ganadero cerró un arroyo navegable en la zona de islas cercanas a Rosario, para poder llegar hasta su casa con una 4x4, lo que generó un malestar muy grande entre la gente del río, tanto en los pescadores que viven del recurso ictícola como en los visitantes que se llegaban hasta esa zona, pues era un verdadero reservorio de biodiversidad como había pocos en aquel maravilloso estado de conservación", señala el grupo de ambientalistas y kayaquistas de la región, que acusa a Enzo Mariani, quien además es el dueño de la guardería náutica Henry Morgan.
"El grupo autoconvocados «el Paraná no se Toca», el mismo que hace pocas semanas se opusiera fuertemente al proyecto arrocero entrerriano en los humedales, esta vez se hizo eco del último pedido que hiciera Adrían Busi, un querido kayakistas fallecido de cáncer en enero de este año: hagamos un acto en el tapón del arroyo cortado. Los kayakistas se convocaron en la zona donde se mató ese cauce de agua y prepararon un velatorio para homenajear al arroyo cortado", explicaron.
El acto de protesta se llevó a cabo el fin de semana pasado (ver imágenes y relato). Ahora, desde ese grupo adelantaron a Rosario3.com que realizarán un nuevo recorrido por otros "riachos de nuestra zona para seguir documentando, inventariando y viendo cómo están los ambientes".
Por otro lado, autoridades de Victoria les pidieron las coordenadas exactas del arroyo tabicado. La misma respuesta tuvieron desde esa Municipalidad hace cuatro años cuando se realizó una denuncia similar contra el mismo titular de ese campo (ver más abajo).
La zona de conflicto se puede ver desde el Google map, herramienta que el grupo utilizó para marcar con fotos los lugares clave. Además, desde la Asociación Rosarina de Pesca con Mosca sumaron imágenes satelitales de los terraplenes ilegales registrados hace cuatro años en el mismo campo (ver Galería de imágenes).
La historia de los terraplenes
En julio de 2008 el diario Crítica de la Argentina publicó un informe sobre el mismo accionar en ese mismo sitio, que ya realizaba el empresario Mariani.
“A sólo diez kilómetros frente a Rosario, en las islas entrerrianas, un terraplén de dos metros de alto, cinco de ancho y varios kilómetros de largo corta uno de los brazos del Paranacito, uno de los riachos internos. La obra forma parte de una serie de caminos de tierra que cortan cursos de agua y secan lagunas, como base de la estrategia de un empresario ganadero para convertir el humedal en un terreno apto para multiplicar las cabezas de su hacienda”, señalaba la nota.
“Las obras no están habilitadas por el gobierno de Entre Ríos y violan la ley provincial nº 9172 de uso del agua, algo que al ente con poder de policía en el tema le consta, pero no actúa «por los tiempos que lleva un trámite en la administración pública»”, continúa el texto que puede rastrearse por internet aunque no en la página del extinto diario Critica, dada de baja.
La evidencia de que la ausencia de controles es un peligro para la preservación del humedal, uno de los más importantes del mundo, queda a sólo 45 minutos en lancha desde Rosario, a tres kilómetros de la ruta a Victoria y a sólo un click de la computadora de algún funcionario que le eche una miradita al famoso programa de imágenes satelitales Google Earth.
“Es cierto, existen muchos terraplenes que se realizan de forma ilegal”, reconoció Pamela María, titular del Consejo Regulador del Uso de Fuentes de Agua de Entre Ríos (Corufa). El ente, que depende de la Secretaría de Producción, ejerce el poder de policía sobre la zona pero cuenta con “tres o cuatro inspectores”, según apuntó la funcionaria. Crítica de Santa Fe quiso saber la cantidad de inspecciones que el Corufa realizó en lo que va del año, pero no obtuvo respuesta.
La respuesta del empresario
El propietario del campo en cuestión, Enzo Mariani, defendió en aquel momento (hace más de cuatro años) sus acciones: “El Paranacito, que se utiliza para la navegación, está totalmente abierto. Lo que cerramos porque necesitamos el camino para pasar es una boca que se abre del Paranacito a la izquierda, que se conoce como el Zanjón de la Cruz, que no es navegable, salvo cuando hay creciente. Lo otro que cerramos es el comienzo de una zanja, el bañado de Sacacalzones, antes de otro zanjón, que se llamaba Pantanoso. No teníamos vinculación con una parte de nuestra propiedad y tapamos esa zanja para poder acceder del otro lado, nada más”.
Entre Ríos debería exigir habilitaciones y estudios de impacto ambiental ante cada obra en la zona de humedales. Así lo establece la ley de uso de aguas nº 9172. “Si eso no se cumple, hay una infracción y debe sancionarse”, aseguró Diego Rodríguez, abogado del grupo ecologista Mbiguá. El artículo 45 de esa norma es claro: “Los titulares de propiedades lindantes con cursos de aguas no navegables, podrán construir por su cuenta cruces o puentes, siempre que no entorpezcan o reduzcan el paso de las aguas”.
Fecha de Publicación: 24/03/2012
Fuente: Rosario 3
Provincia/Región: Santa Fe
El grupo autoconvocados "El Paraná no se Toca" denunció que un empresario tabicó un cauce de agua navegable en pleno humendal con fines privados. Se trata de una práctica que se repite y que afecta la biodiversidad de la reserva frente a Rosario. Realizaron un "velorio" de ese cauce y continuarán con más acciones para crear una red de control.
Un grupo de ambientalistas, trabajadores y amantes del río denunciaron que un empresario ganadero cerró el arroyo navegable conocido como Boca de la Cruz, en las islas frente a Rosario, con fines privados. El acto afecta la zona de humedales, una reserva de la biodiversidad local, y viola la normativa vigente. Tras ese acto, van por más: realizarán un relevamiento de las islas y buscarán conformar una red de control junto a isleños.
Los autoconvocados en defensa del río realizaron el fin de semana pasado una suerte de escrache (un "velatorio" del cauce bloqueado en ese campo) y en estos días preparan un informe para elevar a Victoria, Entre Ríos, con el fin de que se avance en los controles en la zona de islas. Además, trabajan para que el Concejo realice un pedido de informes sobre el cierre de cursos de agua navegables.
"Somos un grupo heterogéneo, con abogados, biólogos, maestros, entre otros, que nos juntamos para hacer pública esta situación. La idea es conformar una red con isleños, que permita denunciar y generar conciencia rápidamente cuando se realicen trabajos ilegales sobre los humedales", contó a Rosario3.com Maximiliano, integrante del grupo que se reúne todos los martes a las 20 en el gimnasio de capoeira Zungú, de Avellaneda y avenida Alberdi, y que invita a los interesados a sumarse.
El "velatorio" en las islas
El título del mensaje que llegó al espacio de Periodismo Ciudadano de este medio fue "Una protesta más que extraña y original, en pos de los humedales" y alertó sobre la situación.
"Un productor ganadero cerró un arroyo navegable en la zona de islas cercanas a Rosario, para poder llegar hasta su casa con una 4x4, lo que generó un malestar muy grande entre la gente del río, tanto en los pescadores que viven del recurso ictícola como en los visitantes que se llegaban hasta esa zona, pues era un verdadero reservorio de biodiversidad como había pocos en aquel maravilloso estado de conservación", señala el grupo de ambientalistas y kayaquistas de la región, que acusa a Enzo Mariani, quien además es el dueño de la guardería náutica Henry Morgan.
"El grupo autoconvocados «el Paraná no se Toca», el mismo que hace pocas semanas se opusiera fuertemente al proyecto arrocero entrerriano en los humedales, esta vez se hizo eco del último pedido que hiciera Adrían Busi, un querido kayakistas fallecido de cáncer en enero de este año: hagamos un acto en el tapón del arroyo cortado. Los kayakistas se convocaron en la zona donde se mató ese cauce de agua y prepararon un velatorio para homenajear al arroyo cortado", explicaron.
El acto de protesta se llevó a cabo el fin de semana pasado (ver imágenes y relato). Ahora, desde ese grupo adelantaron a Rosario3.com que realizarán un nuevo recorrido por otros "riachos de nuestra zona para seguir documentando, inventariando y viendo cómo están los ambientes".
Por otro lado, autoridades de Victoria les pidieron las coordenadas exactas del arroyo tabicado. La misma respuesta tuvieron desde esa Municipalidad hace cuatro años cuando se realizó una denuncia similar contra el mismo titular de ese campo (ver más abajo).
La zona de conflicto se puede ver desde el Google map, herramienta que el grupo utilizó para marcar con fotos los lugares clave. Además, desde la Asociación Rosarina de Pesca con Mosca sumaron imágenes satelitales de los terraplenes ilegales registrados hace cuatro años en el mismo campo (ver Galería de imágenes).
La historia de los terraplenes
En julio de 2008 el diario Crítica de la Argentina publicó un informe sobre el mismo accionar en ese mismo sitio, que ya realizaba el empresario Mariani.
“A sólo diez kilómetros frente a Rosario, en las islas entrerrianas, un terraplén de dos metros de alto, cinco de ancho y varios kilómetros de largo corta uno de los brazos del Paranacito, uno de los riachos internos. La obra forma parte de una serie de caminos de tierra que cortan cursos de agua y secan lagunas, como base de la estrategia de un empresario ganadero para convertir el humedal en un terreno apto para multiplicar las cabezas de su hacienda”, señalaba la nota.
“Las obras no están habilitadas por el gobierno de Entre Ríos y violan la ley provincial nº 9172 de uso del agua, algo que al ente con poder de policía en el tema le consta, pero no actúa «por los tiempos que lleva un trámite en la administración pública»”, continúa el texto que puede rastrearse por internet aunque no en la página del extinto diario Critica, dada de baja.
La evidencia de que la ausencia de controles es un peligro para la preservación del humedal, uno de los más importantes del mundo, queda a sólo 45 minutos en lancha desde Rosario, a tres kilómetros de la ruta a Victoria y a sólo un click de la computadora de algún funcionario que le eche una miradita al famoso programa de imágenes satelitales Google Earth.
“Es cierto, existen muchos terraplenes que se realizan de forma ilegal”, reconoció Pamela María, titular del Consejo Regulador del Uso de Fuentes de Agua de Entre Ríos (Corufa). El ente, que depende de la Secretaría de Producción, ejerce el poder de policía sobre la zona pero cuenta con “tres o cuatro inspectores”, según apuntó la funcionaria. Crítica de Santa Fe quiso saber la cantidad de inspecciones que el Corufa realizó en lo que va del año, pero no obtuvo respuesta.
La respuesta del empresario
El propietario del campo en cuestión, Enzo Mariani, defendió en aquel momento (hace más de cuatro años) sus acciones: “El Paranacito, que se utiliza para la navegación, está totalmente abierto. Lo que cerramos porque necesitamos el camino para pasar es una boca que se abre del Paranacito a la izquierda, que se conoce como el Zanjón de la Cruz, que no es navegable, salvo cuando hay creciente. Lo otro que cerramos es el comienzo de una zanja, el bañado de Sacacalzones, antes de otro zanjón, que se llamaba Pantanoso. No teníamos vinculación con una parte de nuestra propiedad y tapamos esa zanja para poder acceder del otro lado, nada más”.
Entre Ríos debería exigir habilitaciones y estudios de impacto ambiental ante cada obra en la zona de humedales. Así lo establece la ley de uso de aguas nº 9172. “Si eso no se cumple, hay una infracción y debe sancionarse”, aseguró Diego Rodríguez, abogado del grupo ecologista Mbiguá. El artículo 45 de esa norma es claro: “Los titulares de propiedades lindantes con cursos de aguas no navegables, podrán construir por su cuenta cruces o puentes, siempre que no entorpezcan o reduzcan el paso de las aguas”.
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