Las razones de la minería
17:24 | 
Publicado por
Eco Sitio |
Las razones de la minería
Fecha de Publicación: 19/02/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Por José Natanson - Director de Le Monde diplomatique, Edición Cono Sur.
Africa, partes de Asia y América latina viven con tensiones el boom extractivo, que cambió de métodos y alimenta un mercado voraz. De la mano de las inversiones llegan los conflictos políticos y medioambientales
La minería atraviesa un período de auge mundial que se explica por varias razones. La primera son las innovaciones tecnológicas, que hoy permiten explotar minerales dispersos en áreas relativamente amplias, superando así el agotamiento de la tradicional explotación de veta. La segunda es la escalada de precios resultante de la voracidad de algunos países emergentes en procesos de intensa industrialización, en particular China, que hoy consume el 46 por ciento del acero, el 40 por ciento del cobre y el 50 por ciento del carbón que se produce en el mundo, lo que la ha convertido en lo que los economistas, esos virtuosos del lenguaje, definen como un monopsonio (un actor económico que logra controlar el mercado por su capacidad de consumo, algo así como un monopolio de la demanda). Además, la debacle de los mercados financieros convencionales disparada por la crisis mundial de 2008-2011 llevó a muchos especuladores a refugiarse en las materias primas, lo que también contribuyó a aumentar sus precios.
Junto con Africa y algunas zonas de Asia, América del Sur es una de las regiones más ricas en minerales del planeta. En los últimos años, casi todos los países han visto una expansión acelerada de la actividad. En Brasil, por ejemplo, la producción de bauxita pasó de 19,3 millones de toneladas en 2003 a 29 millones en 2010, mientras que la de hierro creció de 263,7 a 370 millones de toneladas. En Perú, que hoy lidera el ranking minero de la región, las exportaciones totales registraron en 2011 el record de 45.726 millones de dólares, lo que representó un incremento de 28 por ciento en comparación al año anterior: de ellas, el 58 por ciento son minerales. Las exportaciones mineras provenientes del Mercosur ampliado pasaron de 13 mil millones de dólares en 2003 a 42 mil millones en 2009 (todos datos de la Cepal).
El investigador uruguayo Eduardo Gudynas, muy crítico con el auge de la minería y las condiciones sociales y ambientales en las que se desarrolla, distingue sin embargo diferentes realidades (“Estado compensador y nuevos extractivismos”, revista Nueva Sociedad Nº 237).
Para Gudynas, países como Perú y Colombia practican un extractivismo clásico, en el cual las empresas trasnacionales de-sempeñan un rol centralísimo, con escasos o nulos controles estatales, mientras que otros países han intentado esquemas más o menos articulados, más o menos efectivos, que tienden a incrementar el papel regulador al Estado y aumentar los porcentajes de apropiación de la renta minera, ya sea mediante la creación de joint ventures (contratos de riesgo compartido) entre empresas nacionales y extranjeras, como en Bolivia, donde la Korea Resource se asoció con la Corporación Minera, sea a través de la creación de empresas estatales, como en Catamarca o Santa Cruz, o vía la imposición de nuevos tributos, como las retenciones argentinas o ecuatorianas.
Gudynas aclara que nada de esto modifica la inserción subordinada en la economía mundial de los países sudamericanos, que siguen siendo “tomadores de precios” y que se han mostrado incapaces de coordinar entre sí estrategias conjuntas al estilo de las potencias petroleras reunidas en la OPEP. Al final, las pulsiones del boom minero resultan tan irresistibles como las de la soja y condenan a los países de la región a su rol de exportadores de productos con escaso valor agregado, un problema no por conocido menos real y que ha sido retratado infinidad de veces, por ejemplo, por el padre del cine boliviano, Jorge Ruiz, en un documental cuyo título lo dice todo: Un poquito de diversificación económica.
En este contexto, decir que los gobernadores cordilleranos argentinos son “gobernadores mineros” es tan correcto como afirmar que Evo Morales u Ollanta Humala son “presidentes mineros”. Todos ellos enfrentan la resistencia de las comunidades locales al desarrollo de algunos de estos proyectos, como sucedió con el plan de la empresa australiana Republic Gold Limited para invertir 59 millones de dólares en la mina de oro Amayapampa, en el suroeste de Bolivia, o con el proyecto aurífero Conga, en Perú. En Bolivia, el intento de construir una carretera para unir las regiones de Cochabamba y Beni a través del Parque del Territorio Indígena Isiboro Sécure generó el rechazo de las comunidades que lo habitan, quienes fueron ferozmente reprimidas por la policía, a punto tal que Evo Morales tuvo que cambiar medio gabinete y anunciar la suspensión del proyecto.
La significación económica que ha adquirido la minería ayuda a entender por qué líderes como Lula o Evo, que difícilmente puedan ser calificados como conservadores, insisten con ella. No tanto por la capacidad de los emprendimientos mineros de crear trabajo o articularse virtuosamente con otras actividades económicas, pues en general funcionan como enclaves bastante cerrados, pero sí por su impacto en las exportaciones, con sus cruciales efectos en la balanza comercial de economías siempre sedientas de divisas, y como vía para incrementar los recursos fiscales, a través de la apropiación de un porcentaje variable de la renta minera.
Si se mira bien, esto es lo que está sucediendo en Argentina, donde la minería contribuye a fortalecer las cuentas fiscales de provincias con entramados productivos muy frágiles, como Catamarca o La Rioja o San Juan, y a mejorar la balanza comercial: se calculan unos 4 mil millones de dólares de exportaciones mineras en 2011 y, lo que es todavía más importante, con tendencia creciente (aunque, claro, debido a cargas tributarias comparativamente más bajas que las que pesan sobre, por ejemplo, la soja). En todo caso, la minería alimenta las exportaciones en un momento en el que ha reaparecido, aunque moderada, la temible “restricción externa”, que tantos problemas ocasionó a la economía argentina en el pasado. Y no sólo aquí. En Brasil, donde el gobierno acaba de anunciar un fabuloso ajuste fiscal, la minería constituye un rubro importante de exportación (la compañía brasileña Vale Do Rio Doce es de hecho la segunda minera más importante ¡del mundo!).
Como tantas otras cosas, el debate un poco exasperante que se vive hoy en Argentina es la versión local de una tendencia más amplia. Sin meterme en la cuestión de fondo (¿contamina la minería?, ¿crea progreso o es una garantía de expoliación y atraso?), creo que vale la pena revisarlo desde un punto de vista más político.
Puede ser hasta obvio decirlo, pero en medio de una discusión estridente, en la que algunos medios insospechados de sensibilidad ambiental se han vuelto ecologistas furiosos, quizá sea necesario: los gobernadores cordilleranos que apuestan a los emprendimientos mineros acaban de ser revalidados popularmente con porcentajes en algunos casos altísimos de votos. Con todo su cianuro, José Luis Gioja se impuso, hace apenas dos meses, con casi el 70 por ciento de los sufragios. ¿Quiere decir esto que Gioja tiene razón, o que los sanjuaninos no se equivocaron al votarlo? Ciertamente no: la idea de que el pueblo siempre tiene la razón es una pavada galáctica, desmentida por la historia cientos de veces. Aparte del hecho de que “razón” significa poco en política, no prueba nada, salvo tal vez una cosa: los sanjuaninos creen que es el hombre más adecuado para manejar su provincia, lo que al menos podría invitar a los analistas porteños a preguntarnos por los motivos de esta adhesión, y a explorar con cuidado temas fundamentales pero olímpicamente obviados en el debate actual, como la relación entre minas y votos, que es la relación entre ecología y democracia.
Una pista interesante en este sentido es la sugerida por Mario Wainfeld: “la licencia social”, es decir, la aprobación de las poblaciones involucradas a través de mecanismos como plebiscitos o referéndums, como condición para la realización de los proyectos mineros. Este tipo de consultas ayudarían a generar un debate amplio acerca de las ventajas y desventajas de los emprendimientos y permitirían definir situaciones trabadas de manera democrática. El problema, me parece, surge cuando se hila más fino y se avanza en cuestiones de implementación, la primera de las cuales es el alcance. ¿Quiénes deberían votar? ¿Los habitantes de la ciudad de Famatina? ¿Los del departamento? ¿O todos los riojanos, que tras la reforma constitucional del ’94 se convirtieron en los únicos propietarios de su subsuelo? No hace falta ser Artemio López para adivinar que el resultado variaría sustancialmente.
En Argentina hay unos pocos ejemplos de consultas populares: el plebiscito por el Beagle en 1984 y, más acá en el tiempo, el rechazo cerrado (81 por ciento) de los habitantes de Esquel a un proyecto minero y la negativa de los misioneros (89 por ciento) a la construcción de la represa de Corpus Cristi. En los últimos tiempos, América latina ha construido una breve pero intensa experiencia en este sentido, aunque en general relacionada con reformas constitucionales y revocatorias presidenciales, como en Venezuela, Bolivia y Ecuador. El método, en todo caso, ha sido probado, y de hecho Evo Morales sugirió una consulta popular para zanjar el diferendo de la carretera y Pepe Mujica mencionó la posibilidad de realizar un plebiscito en la disputa por la minera de Aratirí. Curiosamente, en el caso de Gualeguaychú, que la socióloga Maristella Svampa ha definido como el “símbolo de la resistencia socioambiental asamblearia”, la Asamblea de vecinos se negó siempre a aceptar la resolución vía plebiscito, como propuso en su momento el gobernador Jorge Busti. Es el problema de los métodos de la democracia institucional, por más directa que sea: quienes se someten a ellos están obligados a acatar el resultado, sea cual fuere.
Debate
Por Alfredo Zaiat
El debate sobre la minería ha adquirido mayor complejidad porque durante años las multinacionales dispusieron una política de ocultamiento de su actividad en el área de explotación. También por la subordinación de los poderes político y judicial provinciales a los intereses de esas megacompañías. Y por el silencio que cubrió las protestas y represiones a pobladores de esas zonas durante años, con muy pocas excepciones, entre ellas la de este diario. El kirchnerismo se ha sentido cómodo en ese marco de negocios de las mineras, incluso ha impulsado con énfasis esas inversiones. Ante las fuertes restricciones legales para implementar cambios profundos en el generoso esquema de promoción diseñado en los noventa, sólo pudo avanzar con fijar retenciones a las exportaciones del 5 al 10 por ciento, medida que algunas mineras resisten en la Justicia, y, desde noviembre pasado, con obligarlas a liquidar los dólares de sus ventas al exterior en el mercado local. Y en el marco de redefinición de la política de subsidios, le retiraron los que gozaban para la electricidad. Ahora también ha alentado la unión de las provincias mineras para unificar estrategias ante el poder de las mineras. El aspecto ambiental de la minería es relevante, como lo es también el de la producción sojera, petrolera, química, de curtiembres, petroquímica, y de toda industria. Concentrar el tema minero exclusivamente en la contaminación, cuando toda intervención humana en la naturaleza altera el ecosistema y cuando la actual fase del capitalismo transita el estadio del consumismo extremo, debilita y restringe el debate. La cuestión de la minería adquiere mayor densidad cuando se aborda además la articulación del poder económico, la apropiación de rentas de recursos estratégicos no renovables, la distribución del excedente y el perfil de especialización productivo.
A diferencia de Chile, país con el que se comparte la cordillera rica en recursos mineros, Argentina no tenía una historia importante en la actividad, excepto la de Yacimientos Carboníferos Fiscales. Sin antecedentes, en la formación de suficientes cuadros técnicos ni en inversiones de magnitud en la exploración, como lo hubo en el área de hidrocarburos con YPF desde las primeras décadas del siglo pasado, en la primera mitad de los ’90 se diseñó un cuadro normativo para el desembarco de las grandes compañías mineras, que traían los dólares y el conocimiento para comenzar la explotación, ya no con la tecnología antigua del socavón, que arrasa por dentro a la montaña, sino con la de cielo abierto, que directamente la dinamita.
El actual modelo minero fue estructurado con el acuerdo federal minero, con el Código Minero y con la reforma constitucional del ’94, que en su artículo 124 dispone que les corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio. Esto último ha provocado una grieta difícil de reparar para instrumentar una administración nacional e integral de las riquezas hidrocarburíferas y mineras.
Ese marco legal facilitó el desarrollo de lo que se denomina “economía de enclave”: ingresan capitales del exterior para explotar ricos yacimientos mineros, realizan millonarias inversiones, pagan una muy baja proporción de impuestos en relación a su giro (por ejemplo, están exentos del impuesto al cheque, a los combustibles), tienen estabilidad fiscal por treinta años y gozan de un régimen de importación sin aranceles. Las regalías abonadas a las provincias son bajas (de 2,5 a 4,0 por ciento en boca de mina), pero a la vez esos recursos son muy importantes para las finanzas de esos gobiernos. Esta dependencia fiscal explica la defensa férrea que legisladores y gobernadores de provincias mineras realizan de esa actividad.
Para eludir las restricciones de ese marco legal, que además se refuerza con los Tratados Bilaterales de Inversión que implicaron la pérdida de la jurisdicción nacional a manos del tribunal internacional Caidi-Banco Mundial, se ha empezado a evaluar, aunque en forma incipiente, la participación del Estado, nacional y provincial, a través de empresas públicas en emprendimientos mineros. De esa forma, parte de la renta extraordinaria minera podría ser apropiada por toda la sociedad.
En esa misma línea, el Gobierno podría alentar en el Congreso la modificación del esquema regulatorio de la minería, aunque todavía no ha manifestado esa voluntad política. Esos cambios legislativos no alterarían los proyectos en curso por la existencia de derechos adquiridos, pero establecerían, para futuros emprendimientos, normas equilibradas entre el interés privado y el desarrollo nacional. Como la renta minera es generosa, en un contexto internacional de alza estructural de los precios de esas materias primas, las corporaciones mineras primero rechazarían esos cambios alertando por una caída de las inversiones, pero se sabe por otros antecedentes, pasados y recientes, que finalmente las realizarán –incluso asociadas con el Estado– por las abundantes riquezas escondidas en cerros y montañas.
Desde que se inició la minería en gran escala hace poco más de quince años, la actividad tuvo un crecimiento exponencial. Hay actualmente doce grandes proyectos en operación, tres en construcción y 340 “prospectos” en diversas etapas de desarrollo para extraer diversos minerales. Entre 1998 y 2009, la participación de la minería en el PBI saltó del 1,5 al 4,5 por ciento. Podría alcanzar el 6,0 por ciento cuando dentro de poco entre en funcionamiento el gigante Pascua-Lama, un emprendimiento binacional argentino-chileno en San Juan que tiene reservas de 18 millones de onzas de oro, de acuerdo a la información difundida a la prensa.
La secretaria de Minería de la Nación estima que existen 2,3 millones de kilómetros cuadrados con potencial geológico apto para el desarrollo minero. El tipo de explotación de recursos naturales, su destino y la forma de apropiación de sus rentas extraordinarias son cuestiones clave del desarrollo. Del mismo modo que la tierra forma parte del bien común de toda la sociedad, los minerales ocultos que contiene la cordillera también son riquezas que forman parte del patrimonio colectivo. Esto implica que la intervención de las multinacionales en ambas actividades (minería y agro) no tiene diferencias porque el patrón extractivo es similar. En clave medioambiental, el cianuro y el glifosato aplicados sin controles y en forma desaprensiva provocan daños irreparables. Y en términos económicos, la necesidad de avanzar sobre la renta minera es tan relevante como la captura social a través del Estado de la renta sojera mediante retenciones. Por eso en este debate resulta orientador encontrar respuestas a lo siguiente: ¿cuál es la tasa de ganancia “normal” en esas explotaciones?; ¿shocks extraodinarios que disparan al alza el precio del mineral extraído no cambian las condiciones de la explotación fijadas por el Estado?; ¿cuál es el beneficio para la sociedad de poseer una inmensa riqueza natural, de cuyos frutos disfruta muy poco y sólo los recibe vía impuestos y empleos?; ¿cuál es la prudente estrategia financiera y de acumulación de reservas de un país con ricas áreas mineras donde se esconden abundantes reservas de oro?
Avanzar sobre esos interrogantes profundizaría el actual debate de la minería, para empezar a cuestionar el modelo de “economía de enclave”, que cuando agota el recurso natural es abandonada con consecuencias sociales y laborales. Ese patrón extractivo se supera cuando se diseñan políticas que incorporan a ese esquema productivo la elaboración local de las materias primas. En el caso de la minería, sería la etapa de procesamiento de los metales en refinerías. Esto exige fuertes desembolsos de dólares y mayores escalas, con demanda de trabajo de calidad al necesitar ingenieros, técnicos, investigadores. La tarea es construir los eslabonamientos necesarios entre recursos naturales, manufacturas y servicios. Incentivar así la innovación científico-técnica en cada uno articulándolos en torno de conglomerados productivos, incorporando a las pequeñas y medianas empresas, de modo que el impulso exportador refuerce la capacidad de arrastre sobre el resto de la economía y que los resultados de ese crecimiento se distribuyan con mayor igualdad. Este es el gran desafío de la actividad minera, como el de otras industrias extractivas, para ser parte del desarrollo nacional y no sólo un gran negocio para multinacionales.
Fecha de Publicación: 19/02/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Por José Natanson - Director de Le Monde diplomatique, Edición Cono Sur.
Africa, partes de Asia y América latina viven con tensiones el boom extractivo, que cambió de métodos y alimenta un mercado voraz. De la mano de las inversiones llegan los conflictos políticos y medioambientales
La minería atraviesa un período de auge mundial que se explica por varias razones. La primera son las innovaciones tecnológicas, que hoy permiten explotar minerales dispersos en áreas relativamente amplias, superando así el agotamiento de la tradicional explotación de veta. La segunda es la escalada de precios resultante de la voracidad de algunos países emergentes en procesos de intensa industrialización, en particular China, que hoy consume el 46 por ciento del acero, el 40 por ciento del cobre y el 50 por ciento del carbón que se produce en el mundo, lo que la ha convertido en lo que los economistas, esos virtuosos del lenguaje, definen como un monopsonio (un actor económico que logra controlar el mercado por su capacidad de consumo, algo así como un monopolio de la demanda). Además, la debacle de los mercados financieros convencionales disparada por la crisis mundial de 2008-2011 llevó a muchos especuladores a refugiarse en las materias primas, lo que también contribuyó a aumentar sus precios.
Junto con Africa y algunas zonas de Asia, América del Sur es una de las regiones más ricas en minerales del planeta. En los últimos años, casi todos los países han visto una expansión acelerada de la actividad. En Brasil, por ejemplo, la producción de bauxita pasó de 19,3 millones de toneladas en 2003 a 29 millones en 2010, mientras que la de hierro creció de 263,7 a 370 millones de toneladas. En Perú, que hoy lidera el ranking minero de la región, las exportaciones totales registraron en 2011 el record de 45.726 millones de dólares, lo que representó un incremento de 28 por ciento en comparación al año anterior: de ellas, el 58 por ciento son minerales. Las exportaciones mineras provenientes del Mercosur ampliado pasaron de 13 mil millones de dólares en 2003 a 42 mil millones en 2009 (todos datos de la Cepal).
El investigador uruguayo Eduardo Gudynas, muy crítico con el auge de la minería y las condiciones sociales y ambientales en las que se desarrolla, distingue sin embargo diferentes realidades (“Estado compensador y nuevos extractivismos”, revista Nueva Sociedad Nº 237).
Para Gudynas, países como Perú y Colombia practican un extractivismo clásico, en el cual las empresas trasnacionales de-sempeñan un rol centralísimo, con escasos o nulos controles estatales, mientras que otros países han intentado esquemas más o menos articulados, más o menos efectivos, que tienden a incrementar el papel regulador al Estado y aumentar los porcentajes de apropiación de la renta minera, ya sea mediante la creación de joint ventures (contratos de riesgo compartido) entre empresas nacionales y extranjeras, como en Bolivia, donde la Korea Resource se asoció con la Corporación Minera, sea a través de la creación de empresas estatales, como en Catamarca o Santa Cruz, o vía la imposición de nuevos tributos, como las retenciones argentinas o ecuatorianas.
Gudynas aclara que nada de esto modifica la inserción subordinada en la economía mundial de los países sudamericanos, que siguen siendo “tomadores de precios” y que se han mostrado incapaces de coordinar entre sí estrategias conjuntas al estilo de las potencias petroleras reunidas en la OPEP. Al final, las pulsiones del boom minero resultan tan irresistibles como las de la soja y condenan a los países de la región a su rol de exportadores de productos con escaso valor agregado, un problema no por conocido menos real y que ha sido retratado infinidad de veces, por ejemplo, por el padre del cine boliviano, Jorge Ruiz, en un documental cuyo título lo dice todo: Un poquito de diversificación económica.
En este contexto, decir que los gobernadores cordilleranos argentinos son “gobernadores mineros” es tan correcto como afirmar que Evo Morales u Ollanta Humala son “presidentes mineros”. Todos ellos enfrentan la resistencia de las comunidades locales al desarrollo de algunos de estos proyectos, como sucedió con el plan de la empresa australiana Republic Gold Limited para invertir 59 millones de dólares en la mina de oro Amayapampa, en el suroeste de Bolivia, o con el proyecto aurífero Conga, en Perú. En Bolivia, el intento de construir una carretera para unir las regiones de Cochabamba y Beni a través del Parque del Territorio Indígena Isiboro Sécure generó el rechazo de las comunidades que lo habitan, quienes fueron ferozmente reprimidas por la policía, a punto tal que Evo Morales tuvo que cambiar medio gabinete y anunciar la suspensión del proyecto.
La significación económica que ha adquirido la minería ayuda a entender por qué líderes como Lula o Evo, que difícilmente puedan ser calificados como conservadores, insisten con ella. No tanto por la capacidad de los emprendimientos mineros de crear trabajo o articularse virtuosamente con otras actividades económicas, pues en general funcionan como enclaves bastante cerrados, pero sí por su impacto en las exportaciones, con sus cruciales efectos en la balanza comercial de economías siempre sedientas de divisas, y como vía para incrementar los recursos fiscales, a través de la apropiación de un porcentaje variable de la renta minera.
Si se mira bien, esto es lo que está sucediendo en Argentina, donde la minería contribuye a fortalecer las cuentas fiscales de provincias con entramados productivos muy frágiles, como Catamarca o La Rioja o San Juan, y a mejorar la balanza comercial: se calculan unos 4 mil millones de dólares de exportaciones mineras en 2011 y, lo que es todavía más importante, con tendencia creciente (aunque, claro, debido a cargas tributarias comparativamente más bajas que las que pesan sobre, por ejemplo, la soja). En todo caso, la minería alimenta las exportaciones en un momento en el que ha reaparecido, aunque moderada, la temible “restricción externa”, que tantos problemas ocasionó a la economía argentina en el pasado. Y no sólo aquí. En Brasil, donde el gobierno acaba de anunciar un fabuloso ajuste fiscal, la minería constituye un rubro importante de exportación (la compañía brasileña Vale Do Rio Doce es de hecho la segunda minera más importante ¡del mundo!).
Como tantas otras cosas, el debate un poco exasperante que se vive hoy en Argentina es la versión local de una tendencia más amplia. Sin meterme en la cuestión de fondo (¿contamina la minería?, ¿crea progreso o es una garantía de expoliación y atraso?), creo que vale la pena revisarlo desde un punto de vista más político.
Puede ser hasta obvio decirlo, pero en medio de una discusión estridente, en la que algunos medios insospechados de sensibilidad ambiental se han vuelto ecologistas furiosos, quizá sea necesario: los gobernadores cordilleranos que apuestan a los emprendimientos mineros acaban de ser revalidados popularmente con porcentajes en algunos casos altísimos de votos. Con todo su cianuro, José Luis Gioja se impuso, hace apenas dos meses, con casi el 70 por ciento de los sufragios. ¿Quiere decir esto que Gioja tiene razón, o que los sanjuaninos no se equivocaron al votarlo? Ciertamente no: la idea de que el pueblo siempre tiene la razón es una pavada galáctica, desmentida por la historia cientos de veces. Aparte del hecho de que “razón” significa poco en política, no prueba nada, salvo tal vez una cosa: los sanjuaninos creen que es el hombre más adecuado para manejar su provincia, lo que al menos podría invitar a los analistas porteños a preguntarnos por los motivos de esta adhesión, y a explorar con cuidado temas fundamentales pero olímpicamente obviados en el debate actual, como la relación entre minas y votos, que es la relación entre ecología y democracia.
Una pista interesante en este sentido es la sugerida por Mario Wainfeld: “la licencia social”, es decir, la aprobación de las poblaciones involucradas a través de mecanismos como plebiscitos o referéndums, como condición para la realización de los proyectos mineros. Este tipo de consultas ayudarían a generar un debate amplio acerca de las ventajas y desventajas de los emprendimientos y permitirían definir situaciones trabadas de manera democrática. El problema, me parece, surge cuando se hila más fino y se avanza en cuestiones de implementación, la primera de las cuales es el alcance. ¿Quiénes deberían votar? ¿Los habitantes de la ciudad de Famatina? ¿Los del departamento? ¿O todos los riojanos, que tras la reforma constitucional del ’94 se convirtieron en los únicos propietarios de su subsuelo? No hace falta ser Artemio López para adivinar que el resultado variaría sustancialmente.
En Argentina hay unos pocos ejemplos de consultas populares: el plebiscito por el Beagle en 1984 y, más acá en el tiempo, el rechazo cerrado (81 por ciento) de los habitantes de Esquel a un proyecto minero y la negativa de los misioneros (89 por ciento) a la construcción de la represa de Corpus Cristi. En los últimos tiempos, América latina ha construido una breve pero intensa experiencia en este sentido, aunque en general relacionada con reformas constitucionales y revocatorias presidenciales, como en Venezuela, Bolivia y Ecuador. El método, en todo caso, ha sido probado, y de hecho Evo Morales sugirió una consulta popular para zanjar el diferendo de la carretera y Pepe Mujica mencionó la posibilidad de realizar un plebiscito en la disputa por la minera de Aratirí. Curiosamente, en el caso de Gualeguaychú, que la socióloga Maristella Svampa ha definido como el “símbolo de la resistencia socioambiental asamblearia”, la Asamblea de vecinos se negó siempre a aceptar la resolución vía plebiscito, como propuso en su momento el gobernador Jorge Busti. Es el problema de los métodos de la democracia institucional, por más directa que sea: quienes se someten a ellos están obligados a acatar el resultado, sea cual fuere.
Debate
Por Alfredo Zaiat
El debate sobre la minería ha adquirido mayor complejidad porque durante años las multinacionales dispusieron una política de ocultamiento de su actividad en el área de explotación. También por la subordinación de los poderes político y judicial provinciales a los intereses de esas megacompañías. Y por el silencio que cubrió las protestas y represiones a pobladores de esas zonas durante años, con muy pocas excepciones, entre ellas la de este diario. El kirchnerismo se ha sentido cómodo en ese marco de negocios de las mineras, incluso ha impulsado con énfasis esas inversiones. Ante las fuertes restricciones legales para implementar cambios profundos en el generoso esquema de promoción diseñado en los noventa, sólo pudo avanzar con fijar retenciones a las exportaciones del 5 al 10 por ciento, medida que algunas mineras resisten en la Justicia, y, desde noviembre pasado, con obligarlas a liquidar los dólares de sus ventas al exterior en el mercado local. Y en el marco de redefinición de la política de subsidios, le retiraron los que gozaban para la electricidad. Ahora también ha alentado la unión de las provincias mineras para unificar estrategias ante el poder de las mineras. El aspecto ambiental de la minería es relevante, como lo es también el de la producción sojera, petrolera, química, de curtiembres, petroquímica, y de toda industria. Concentrar el tema minero exclusivamente en la contaminación, cuando toda intervención humana en la naturaleza altera el ecosistema y cuando la actual fase del capitalismo transita el estadio del consumismo extremo, debilita y restringe el debate. La cuestión de la minería adquiere mayor densidad cuando se aborda además la articulación del poder económico, la apropiación de rentas de recursos estratégicos no renovables, la distribución del excedente y el perfil de especialización productivo.
A diferencia de Chile, país con el que se comparte la cordillera rica en recursos mineros, Argentina no tenía una historia importante en la actividad, excepto la de Yacimientos Carboníferos Fiscales. Sin antecedentes, en la formación de suficientes cuadros técnicos ni en inversiones de magnitud en la exploración, como lo hubo en el área de hidrocarburos con YPF desde las primeras décadas del siglo pasado, en la primera mitad de los ’90 se diseñó un cuadro normativo para el desembarco de las grandes compañías mineras, que traían los dólares y el conocimiento para comenzar la explotación, ya no con la tecnología antigua del socavón, que arrasa por dentro a la montaña, sino con la de cielo abierto, que directamente la dinamita.
El actual modelo minero fue estructurado con el acuerdo federal minero, con el Código Minero y con la reforma constitucional del ’94, que en su artículo 124 dispone que les corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio. Esto último ha provocado una grieta difícil de reparar para instrumentar una administración nacional e integral de las riquezas hidrocarburíferas y mineras.
Ese marco legal facilitó el desarrollo de lo que se denomina “economía de enclave”: ingresan capitales del exterior para explotar ricos yacimientos mineros, realizan millonarias inversiones, pagan una muy baja proporción de impuestos en relación a su giro (por ejemplo, están exentos del impuesto al cheque, a los combustibles), tienen estabilidad fiscal por treinta años y gozan de un régimen de importación sin aranceles. Las regalías abonadas a las provincias son bajas (de 2,5 a 4,0 por ciento en boca de mina), pero a la vez esos recursos son muy importantes para las finanzas de esos gobiernos. Esta dependencia fiscal explica la defensa férrea que legisladores y gobernadores de provincias mineras realizan de esa actividad.
Para eludir las restricciones de ese marco legal, que además se refuerza con los Tratados Bilaterales de Inversión que implicaron la pérdida de la jurisdicción nacional a manos del tribunal internacional Caidi-Banco Mundial, se ha empezado a evaluar, aunque en forma incipiente, la participación del Estado, nacional y provincial, a través de empresas públicas en emprendimientos mineros. De esa forma, parte de la renta extraordinaria minera podría ser apropiada por toda la sociedad.
En esa misma línea, el Gobierno podría alentar en el Congreso la modificación del esquema regulatorio de la minería, aunque todavía no ha manifestado esa voluntad política. Esos cambios legislativos no alterarían los proyectos en curso por la existencia de derechos adquiridos, pero establecerían, para futuros emprendimientos, normas equilibradas entre el interés privado y el desarrollo nacional. Como la renta minera es generosa, en un contexto internacional de alza estructural de los precios de esas materias primas, las corporaciones mineras primero rechazarían esos cambios alertando por una caída de las inversiones, pero se sabe por otros antecedentes, pasados y recientes, que finalmente las realizarán –incluso asociadas con el Estado– por las abundantes riquezas escondidas en cerros y montañas.
Desde que se inició la minería en gran escala hace poco más de quince años, la actividad tuvo un crecimiento exponencial. Hay actualmente doce grandes proyectos en operación, tres en construcción y 340 “prospectos” en diversas etapas de desarrollo para extraer diversos minerales. Entre 1998 y 2009, la participación de la minería en el PBI saltó del 1,5 al 4,5 por ciento. Podría alcanzar el 6,0 por ciento cuando dentro de poco entre en funcionamiento el gigante Pascua-Lama, un emprendimiento binacional argentino-chileno en San Juan que tiene reservas de 18 millones de onzas de oro, de acuerdo a la información difundida a la prensa.
La secretaria de Minería de la Nación estima que existen 2,3 millones de kilómetros cuadrados con potencial geológico apto para el desarrollo minero. El tipo de explotación de recursos naturales, su destino y la forma de apropiación de sus rentas extraordinarias son cuestiones clave del desarrollo. Del mismo modo que la tierra forma parte del bien común de toda la sociedad, los minerales ocultos que contiene la cordillera también son riquezas que forman parte del patrimonio colectivo. Esto implica que la intervención de las multinacionales en ambas actividades (minería y agro) no tiene diferencias porque el patrón extractivo es similar. En clave medioambiental, el cianuro y el glifosato aplicados sin controles y en forma desaprensiva provocan daños irreparables. Y en términos económicos, la necesidad de avanzar sobre la renta minera es tan relevante como la captura social a través del Estado de la renta sojera mediante retenciones. Por eso en este debate resulta orientador encontrar respuestas a lo siguiente: ¿cuál es la tasa de ganancia “normal” en esas explotaciones?; ¿shocks extraodinarios que disparan al alza el precio del mineral extraído no cambian las condiciones de la explotación fijadas por el Estado?; ¿cuál es el beneficio para la sociedad de poseer una inmensa riqueza natural, de cuyos frutos disfruta muy poco y sólo los recibe vía impuestos y empleos?; ¿cuál es la prudente estrategia financiera y de acumulación de reservas de un país con ricas áreas mineras donde se esconden abundantes reservas de oro?
Avanzar sobre esos interrogantes profundizaría el actual debate de la minería, para empezar a cuestionar el modelo de “economía de enclave”, que cuando agota el recurso natural es abandonada con consecuencias sociales y laborales. Ese patrón extractivo se supera cuando se diseñan políticas que incorporan a ese esquema productivo la elaboración local de las materias primas. En el caso de la minería, sería la etapa de procesamiento de los metales en refinerías. Esto exige fuertes desembolsos de dólares y mayores escalas, con demanda de trabajo de calidad al necesitar ingenieros, técnicos, investigadores. La tarea es construir los eslabonamientos necesarios entre recursos naturales, manufacturas y servicios. Incentivar así la innovación científico-técnica en cada uno articulándolos en torno de conglomerados productivos, incorporando a las pequeñas y medianas empresas, de modo que el impulso exportador refuerce la capacidad de arrastre sobre el resto de la economía y que los resultados de ese crecimiento se distribuyan con mayor igualdad. Este es el gran desafío de la actividad minera, como el de otras industrias extractivas, para ser parte del desarrollo nacional y no sólo un gran negocio para multinacionales.
Chaco: Deforestación y desalojo, un entramado
Deforestación y desalojo, un entramado complejo y peligroso
Fecha de Publicación: 18/02/2012
Fuente: Data Chaco
Provincia/Región: Chaco
Desde hace varios meses, empresas pertenecientes a la “poderosa corporación forestal chaqueña” vienen talando los montes que pertenecen a las posesiones ancestrales de más de 400 familias campesinas criollas y la propiedad de la Asociación Comunitaria MEGUESOXOCHI del Teuco – Bermejito. Así lo hace saber la comunidad. Hablan de compromisos incumplidos de parte del Estado.
El FNC (Frente nacional Campesino) quiere poner en conocimiento del pueblo y de las autoridades competentes los padecimientos de los campesinos, Criollos y Originarios, del Interfluvio Teuco – Bermejito, en El Impenetrable, departamento Gral. Güemes, provincia del Chaco, Republica Argentina. Así lo hizo saber a DataChaco su referente, Benigno López.
Los campesinos criollos del Interfluvio se reunirán el próximo sábado 25 de febrero para discutir y acordar los pasos a seguir respecto a la situación planteada.
En los parajes del Interfluvio Teuco – Bermejito conviven desde hace siglos miles de personas, centenares de familias, tanto criollos como indígenas. En el Interfluvio existen panoramas contrastantes: paisajes naturales cautivantes y pobreza extrema; en los últimos años el estado nacional ha invertido mucho en nutrición, salud, vivienda y educación, pero las injusticias y sus consecuencias sigue humillando a una parte de los pobladores.
En el año 1999 la Asociación Comunitaria Meguesoxochi conquista el título de propiedad de 139.138 hectáreas, 78 aéreas y 08 centiáreas; el título de propiedad es otorgado por el Instituto de Colonización del Chaco a través de la resolución Nº 0399, de fecha 12 de abril de 1999, y lleva el 598. Esto se da durante la gestión del gobernador Ángel Rosas, de la UCR.
En el momento de otorgarse el título de propiedad a la Asociación MEGUESOXOCHI existían alrededor de 500 familias de pequeños ganaderos criollos dentro del predio adjudicado a la Asociación Indígena, el gobierno de turno negocia con los afectados propuestas de reubicaciones, indemnizaciones y compensaciones, los resultados fueron simplemente desastrosos; pero en todas las campañas electorales tanto los candidatos de la UCR como el PJ prometieron soluciones dignas para los campesinos criollos e indígenas. Lo lamentable de la historia es que la situación está cada vez más grave y no se vislumbra ninguna solución.
Desde hace varios meses, empresas pertenecientes a la “poderosa corporación forestal chaqueña” vienen talando los montes que pertenecen a las posesiones ancestrales de más de 400 familias campesinas criollas y la propiedad de la Asociación Comunitaria MEGUESOXOCHI del Teuco – Bermejito (pueblo originario).
La depredación de los montes del Interfluvio es muy grave por lo siguiente:
1. Un grupo de millonarios e influyentes empresarios forestales se enriquecen arrasando el monte perteneciente a pueblos originarios y familias campesinas.
2. A cambio de la riqueza que se llevan, los empresarios forestales distribuyen limosnas entre los que aceptan la tala de árboles y “ayudan” a los dirigentes y punteros que salen a convencer a los dueños de las tierras y de los montes.
3. Los que compran y los que venden la madera violan deliberadamente los derechos de los campesinos criollos, cuyas familias en muchos casos tienen la posesión de las tierras hace más de 100 años; derechos consagrados en el Código Civil Argentino.
4. La Dirección de Bosques de la provincia del Chaco es la que otorga los permisos a los dirigentes de la Asociación Comunitaria MEGUESOCOCHI para explotar los montes de la comunidad Indígena y de las posesiones históricas de los campesinos.
5. Grupos de choque, ligados a empresarios forestales y políticos, amenazan a pobladores, cortan alambrados, matan animales, y hasta queman las casas de las personas que se oponen a la tala irracional del monte.
6. En las bondadosas tierras del Interfluvio Teuco - Bermejito actualmente reina la tensión, abundan las denuncias ante la policía de la provincia del Chaco; ¿pero qué puede hacer la policía de la provincia? cuando las riendas del poder real en la zona están en manos de empresarios inescrupulosos.
7. Los empresarios que generan los conflictos gozan de impunidad, se escudan detrás de los más pobres entre los pobres y al parecer cuentan con representantes políticos de mucho peso.
Temen por el agravamiento del conflicto
"En los últimos días pudimos dialogar con muchos campesinos, criollos e indígenas, del Interfluvio, todos ellos, de uno y de otro lado, hablan de compromisos incumplidos de los diferentes gobiernos provinciales. Todos ellos y ellas temen el agravamiento del conflicto, todos y todas quieren evitar más hechos de violencia", relató Benigno López.
Y apuntó: "El clima de enfrentamiento entre pobres se recalentó en los últimos meses debido a la tala irracional de arboles, actividad que siembra miseria entre los campesinos y genera millones de dólares para la corporación forestal".
Según trascendidos extraoficiales, después de la tala de los montes vendría el desalojo compulsivo de los campesinos criollos y el arrinconamiento de los indígenas que habitan las fértiles tierras del interfluvio Teuco – Bermejito, desde la confluencia hasta la ex estancia La Fidelidad.
En los últimos meses se hicieron varias reuniones entre los Campesinos y el Gobierno del Chaco, se acordó trabajar para la regularización dominial de las posesiones históricas, también se trato el tema de la reubicación y se analizaron posibles compensaciones; se suscribieron actas de acuerdo pero no se pudieron concretar las metas.
Algo extraño, inesperado, sucedió en la última entrevista (según los campesinos/as), el gobernador ofrece una única salida que consistiría en una módica indemnización para que los pequeños ganaderos abandonen sus posesiones de tierra; la oferta de indemnización cayó mal entre la mayoría de los pequeños productores.
Los dirigentes campesinos consideran que: “la situación de los pequeños ganaderos en el Interfluvio (Teuco –Bermejito) es de extrema gravedad y que es pura y exclusiva responsabilidad del estado provincial ya que ningún gobierno tuvo la suficiente voluntad política para resolver el problema de tierra en la zona”.
"Como FNC estamos sumamente preocupados porque en el Interfluvio Teuco -Bermejito:
a) observamos que se están violando garantías constitucionales;
b) alertamos sobre el fomento de la xenofobia;
c) advertimos sobre la presencia de provocadores y civiles armados", dice el dirigente.
Por ello, desde el FNC solicitan "encarecidamente a las autoridades provinciales y nacionales convoquen en forma urgente a una mesa de diálogo a los diferentes actores en conflicto; proponemos que la mesa este conformado por los dirigentes Indígenas, los dirigentes de los campesinos criollos, representantes del Gobierno Provincial, Legisladores provinciales y el Gobierno Nacional. El dialogo es el único camino para encontrar soluciones a los problemas en el Interfluvio Teuco – Bermejito".
Fecha de Publicación: 18/02/2012
Fuente: Data Chaco
Provincia/Región: Chaco
Desde hace varios meses, empresas pertenecientes a la “poderosa corporación forestal chaqueña” vienen talando los montes que pertenecen a las posesiones ancestrales de más de 400 familias campesinas criollas y la propiedad de la Asociación Comunitaria MEGUESOXOCHI del Teuco – Bermejito. Así lo hace saber la comunidad. Hablan de compromisos incumplidos de parte del Estado.
El FNC (Frente nacional Campesino) quiere poner en conocimiento del pueblo y de las autoridades competentes los padecimientos de los campesinos, Criollos y Originarios, del Interfluvio Teuco – Bermejito, en El Impenetrable, departamento Gral. Güemes, provincia del Chaco, Republica Argentina. Así lo hizo saber a DataChaco su referente, Benigno López.
Los campesinos criollos del Interfluvio se reunirán el próximo sábado 25 de febrero para discutir y acordar los pasos a seguir respecto a la situación planteada.
En los parajes del Interfluvio Teuco – Bermejito conviven desde hace siglos miles de personas, centenares de familias, tanto criollos como indígenas. En el Interfluvio existen panoramas contrastantes: paisajes naturales cautivantes y pobreza extrema; en los últimos años el estado nacional ha invertido mucho en nutrición, salud, vivienda y educación, pero las injusticias y sus consecuencias sigue humillando a una parte de los pobladores.
En el año 1999 la Asociación Comunitaria Meguesoxochi conquista el título de propiedad de 139.138 hectáreas, 78 aéreas y 08 centiáreas; el título de propiedad es otorgado por el Instituto de Colonización del Chaco a través de la resolución Nº 0399, de fecha 12 de abril de 1999, y lleva el 598. Esto se da durante la gestión del gobernador Ángel Rosas, de la UCR.
En el momento de otorgarse el título de propiedad a la Asociación MEGUESOXOCHI existían alrededor de 500 familias de pequeños ganaderos criollos dentro del predio adjudicado a la Asociación Indígena, el gobierno de turno negocia con los afectados propuestas de reubicaciones, indemnizaciones y compensaciones, los resultados fueron simplemente desastrosos; pero en todas las campañas electorales tanto los candidatos de la UCR como el PJ prometieron soluciones dignas para los campesinos criollos e indígenas. Lo lamentable de la historia es que la situación está cada vez más grave y no se vislumbra ninguna solución.
Desde hace varios meses, empresas pertenecientes a la “poderosa corporación forestal chaqueña” vienen talando los montes que pertenecen a las posesiones ancestrales de más de 400 familias campesinas criollas y la propiedad de la Asociación Comunitaria MEGUESOXOCHI del Teuco – Bermejito (pueblo originario).
La depredación de los montes del Interfluvio es muy grave por lo siguiente:
1. Un grupo de millonarios e influyentes empresarios forestales se enriquecen arrasando el monte perteneciente a pueblos originarios y familias campesinas.
2. A cambio de la riqueza que se llevan, los empresarios forestales distribuyen limosnas entre los que aceptan la tala de árboles y “ayudan” a los dirigentes y punteros que salen a convencer a los dueños de las tierras y de los montes.
3. Los que compran y los que venden la madera violan deliberadamente los derechos de los campesinos criollos, cuyas familias en muchos casos tienen la posesión de las tierras hace más de 100 años; derechos consagrados en el Código Civil Argentino.
4. La Dirección de Bosques de la provincia del Chaco es la que otorga los permisos a los dirigentes de la Asociación Comunitaria MEGUESOCOCHI para explotar los montes de la comunidad Indígena y de las posesiones históricas de los campesinos.
5. Grupos de choque, ligados a empresarios forestales y políticos, amenazan a pobladores, cortan alambrados, matan animales, y hasta queman las casas de las personas que se oponen a la tala irracional del monte.
6. En las bondadosas tierras del Interfluvio Teuco - Bermejito actualmente reina la tensión, abundan las denuncias ante la policía de la provincia del Chaco; ¿pero qué puede hacer la policía de la provincia? cuando las riendas del poder real en la zona están en manos de empresarios inescrupulosos.
7. Los empresarios que generan los conflictos gozan de impunidad, se escudan detrás de los más pobres entre los pobres y al parecer cuentan con representantes políticos de mucho peso.
Temen por el agravamiento del conflicto
"En los últimos días pudimos dialogar con muchos campesinos, criollos e indígenas, del Interfluvio, todos ellos, de uno y de otro lado, hablan de compromisos incumplidos de los diferentes gobiernos provinciales. Todos ellos y ellas temen el agravamiento del conflicto, todos y todas quieren evitar más hechos de violencia", relató Benigno López.
Y apuntó: "El clima de enfrentamiento entre pobres se recalentó en los últimos meses debido a la tala irracional de arboles, actividad que siembra miseria entre los campesinos y genera millones de dólares para la corporación forestal".
Según trascendidos extraoficiales, después de la tala de los montes vendría el desalojo compulsivo de los campesinos criollos y el arrinconamiento de los indígenas que habitan las fértiles tierras del interfluvio Teuco – Bermejito, desde la confluencia hasta la ex estancia La Fidelidad.
En los últimos meses se hicieron varias reuniones entre los Campesinos y el Gobierno del Chaco, se acordó trabajar para la regularización dominial de las posesiones históricas, también se trato el tema de la reubicación y se analizaron posibles compensaciones; se suscribieron actas de acuerdo pero no se pudieron concretar las metas.
Algo extraño, inesperado, sucedió en la última entrevista (según los campesinos/as), el gobernador ofrece una única salida que consistiría en una módica indemnización para que los pequeños ganaderos abandonen sus posesiones de tierra; la oferta de indemnización cayó mal entre la mayoría de los pequeños productores.
Los dirigentes campesinos consideran que: “la situación de los pequeños ganaderos en el Interfluvio (Teuco –Bermejito) es de extrema gravedad y que es pura y exclusiva responsabilidad del estado provincial ya que ningún gobierno tuvo la suficiente voluntad política para resolver el problema de tierra en la zona”.
"Como FNC estamos sumamente preocupados porque en el Interfluvio Teuco -Bermejito:
a) observamos que se están violando garantías constitucionales;
b) alertamos sobre el fomento de la xenofobia;
c) advertimos sobre la presencia de provocadores y civiles armados", dice el dirigente.
Por ello, desde el FNC solicitan "encarecidamente a las autoridades provinciales y nacionales convoquen en forma urgente a una mesa de diálogo a los diferentes actores en conflicto; proponemos que la mesa este conformado por los dirigentes Indígenas, los dirigentes de los campesinos criollos, representantes del Gobierno Provincial, Legisladores provinciales y el Gobierno Nacional. El dialogo es el único camino para encontrar soluciones a los problemas en el Interfluvio Teuco – Bermejito".
Etiquetas:
Chaco,
Desmontes,
ecosistemas,
legislación y derecho ambiental,
pueblos originarios
|
0
comentarios
Desastre en el río Tunuyán por agroquímicos
Desastre en el río Tunuyán: murieron 30 mil peces por contaminación de agroquímicos
Fecha de Publicación: 18/02/2012
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza
Una mortandad de peces puso en relieve una contaminación de unos 5 kilómetros del río. Se produjo a la altura de la entrada a la Ciudad de Tunuyán. Enterate de los detalles en medio de la lucha por la protección del agua pura en que se encuentra la población del Valle de Uco.
En medio del debate por la protección del agua pura enarbolada por los vecinos y ciudadanos del Valle de Uco se produjo este desastre ecológico en el río Tunuyán, pero no fue or la acción contaminante de la minería metalífera sino por la desaprensión de quienes se dedican a la agricultura en la zona
Todo salió a luz el domingo a la mañana. Y se trata de un derrame de un deshecho de una finca podría haber ocasionado el envenenamiento del agua dulce. Eso provocó la mortandad de unos 30 mil peces entre ellos, carpas y truchas jóvenes conocidas como "amur", según advirtió el dueño del coto (Rodolfo Moscuén según un forista de MDZ) a los representantes de Irrigación.
La ingeniera Maira Guiñazú de la Policía del Agua de irrigación relató que la denuncia la recibieron del dueño del coto de pesca que se encuentra sobre el río Tunuyán. Más precisamente al oeste de la entrada a la ciudad de Tunuyán en dirección norte-sur.
El tramo contaminado del río se estima en 5 kilómetros y su origen probables es una finca aguas arriba del coto de pesca. Se presume que alguien de esa propiedad limpió una maquinaria que contenía agroquímicos y ese deshecho fue a dar al arroyo Salas Caroca afluente del Tunuyán.
La Policía Científica, la Municipalidad de Tunuyán completaron el operativo de búsqueda de pruebas.
Se calcula que la contaminación tiene un costo de unos 300 mil pesos si se tiene en cuanta que cada pez está valuado en 10 pesos.
Fecha de Publicación: 18/02/2012
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza
Una mortandad de peces puso en relieve una contaminación de unos 5 kilómetros del río. Se produjo a la altura de la entrada a la Ciudad de Tunuyán. Enterate de los detalles en medio de la lucha por la protección del agua pura en que se encuentra la población del Valle de Uco.
En medio del debate por la protección del agua pura enarbolada por los vecinos y ciudadanos del Valle de Uco se produjo este desastre ecológico en el río Tunuyán, pero no fue or la acción contaminante de la minería metalífera sino por la desaprensión de quienes se dedican a la agricultura en la zona
Todo salió a luz el domingo a la mañana. Y se trata de un derrame de un deshecho de una finca podría haber ocasionado el envenenamiento del agua dulce. Eso provocó la mortandad de unos 30 mil peces entre ellos, carpas y truchas jóvenes conocidas como "amur", según advirtió el dueño del coto (Rodolfo Moscuén según un forista de MDZ) a los representantes de Irrigación.
La ingeniera Maira Guiñazú de la Policía del Agua de irrigación relató que la denuncia la recibieron del dueño del coto de pesca que se encuentra sobre el río Tunuyán. Más precisamente al oeste de la entrada a la ciudad de Tunuyán en dirección norte-sur.
El tramo contaminado del río se estima en 5 kilómetros y su origen probables es una finca aguas arriba del coto de pesca. Se presume que alguien de esa propiedad limpió una maquinaria que contenía agroquímicos y ese deshecho fue a dar al arroyo Salas Caroca afluente del Tunuyán.
La Policía Científica, la Municipalidad de Tunuyán completaron el operativo de búsqueda de pruebas.
Se calcula que la contaminación tiene un costo de unos 300 mil pesos si se tiene en cuanta que cada pez está valuado en 10 pesos.
Alumbrera : posible ruptura en mineraloducto
Se habrían registrado rupturas en el mineraloducto que va a la Alumbrera y afectaría cursos de agua de Santiago
Fecha de Publicación: 18/02/2012
Fuente: Nuevo Diario
Provincia/Región: Catamarca
Ayer, en horas de la tarde, medios de Catamarca informaron acerca de la ruptura del sistema de filtraciones en los barroductos que van a la minera la Alumbrera.
En tal sentido, el geólogo salteño Carlos Morello reveló que hubo rupturas en los barroductos que van a la minera la Alumbrera. Dijo que se trata de un mineraloducto de 225 kilómetros y un diámetro de casi dos metros que atraviesa el Aconquija y une la planta de la Alumbrera con la estación ferroviaria de Cruz Alta, que está al norte de Tucumán.
El geólogo sostuvo que fue en este último tramo que se produjeron rupturas porque allí se hace el filtrado de la pulpa que se envía. Se trata de un material entre sólido y líquido, donde va el oro pequeño que no se puede recuperar inclusive todavía con algo de cobre.
“Esto va hasta el puerto de Rosario y de ahí se hace una última filtración en Cruz Alta”, agregó Morello y subrayó que fue allí donde se rompió el sistema de filtraciones e inmediatamente pasó a las aguas del río Salí y desde ahí se dispersó para todos lados, fundamentalmente, a Santiago del Estero.
Fecha de Publicación: 18/02/2012
Fuente: Nuevo Diario
Provincia/Región: Catamarca
Ayer, en horas de la tarde, medios de Catamarca informaron acerca de la ruptura del sistema de filtraciones en los barroductos que van a la minera la Alumbrera.
En tal sentido, el geólogo salteño Carlos Morello reveló que hubo rupturas en los barroductos que van a la minera la Alumbrera. Dijo que se trata de un mineraloducto de 225 kilómetros y un diámetro de casi dos metros que atraviesa el Aconquija y une la planta de la Alumbrera con la estación ferroviaria de Cruz Alta, que está al norte de Tucumán.
El geólogo sostuvo que fue en este último tramo que se produjeron rupturas porque allí se hace el filtrado de la pulpa que se envía. Se trata de un material entre sólido y líquido, donde va el oro pequeño que no se puede recuperar inclusive todavía con algo de cobre.
“Esto va hasta el puerto de Rosario y de ahí se hace una última filtración en Cruz Alta”, agregó Morello y subrayó que fue allí donde se rompió el sistema de filtraciones e inmediatamente pasó a las aguas del río Salí y desde ahí se dispersó para todos lados, fundamentalmente, a Santiago del Estero.
La Alumbrera se defiende
Para La Alumbrera, el problema es la “mala comunicación” empresarial
Fecha de Publicación: 17/02/2012
Fuente: El Siglo
Provincia/Región: Catamarca
Hasta el momento, la estrategia defensiva sólo se basaba en argumentos de terceros e informes que categorizaban la aplicación apegada a las normas de su desarrollo operativo. Pero, esta vez, fue uno de los principales responsables de empresa La Alumbrera quien decidió salir a contrarrestar las innumerables críticas que sostienen el accionar contaminante en el que incurriría la empresa.
De esta forma, el vicepresidente de la empresa Xstrata Copper, operadora del yacimiento Julián Rooney, negó la utilización de cianuro en la explotación y aseguró que "no hay efectos en la salud de la gente que rodea al proyecto" de explotación minero. Según sostuvo, la única culpa de la industria minera es la "mala comunicación" que hubo durante años sobre la actividad.
En una entrevista concedida a la señal de cable TN, el empresario sostuvo que "la producción de oro en La Alumbrera no se hace con cianuro, es algo que ha quedado corroborado en la presentación del informe del impacto ambiental del año 1998, cuando comenzaron las operaciones". Además, destacó que "la provincia (Catamarca) hizo un estudio que encaró la fundación Funcei, en el que se corroboró que la actividad de la empresa no genera efectos en la salud de la gente que rodea al proyecto".
Justamente los riesgos de afectación de la salud y del medioambiente por la explotación minera a cielo abierto son el eje del reclamo de los vecinos y asambleístas que se vienen manifestando en las localidades catamarqueñas de Andalgalá, Tinogasta y Belén.
"Ninguna de las muestras que se tomaron dieron más allá de los parámetros establecidos por la ley que regula la descarga de las actividades industriales", precisó.
Rooney admitió que siguen con "preocupación todo lo que estuvo ocurriendo". Asimismo, recordó que "el 60 por ciento de las utilidades de la actividad minera quedan en el país" y remarcó que Xstrata Copper "emplea aproximadamente a 2 mil personas y tiene exportaciones por 1700 millones de dólares, lo que significa un importante beneficio no sólo para la región, sino para el país".
En tanto, reconoció que una de las falencias del proyecto minero, y por el que se genera la polémica sobre la actividad, es la comunicación. "Estamos en un programa de comunicación de todas estas verdades, porque las verdades hay que comunicarlas, ya que las percepciones son las que manejan las opiniones", consideró el empresario.
El gerente explicó que lo que hacen las mineras es separar el mineral estéril del que contienen cobre y oro a través de un proceso de explotación y admitió que hasta ahora "no se ha informado lo suficiente sobre las actividades de las mineras y su impacto ambiental". "Esa es la meaculpa que hacemos las empresas", agregó.
En tanto, sobre la posibilidad de que las provincias tengan sus propias empresas a través de la creación de la Organización Federal de Estados Mineros, un claro respaldo de la administración nacional a las mineras , Rooney manifestó: "Me parece muy positivo porque es un reconocimiento a la falta de impacto ambiental. Que las provincias tengan sus empresas y quieran encarar una actividad lícita que tiene grandes beneficios es un hecho muy positivo. Mal podría una empresa provincial que está inserta en esa sociedad prestarse a un tema de manejo ambiental que sea perjudicial para la población", concluyó el empresario”.
Minera La Alumbrera tiene tres causas por delitos ambientales y una por cuestiones económicas
Fecha de Publicación: 17/02/2012
Fuente: No a la Mina
Provincia/Región: Catamarca
Un fiscal de Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca detalló las denuncias que tiene la empresa minera. En ninguna se ha llegado a juicio. Recordó que la firma está constituída por dos partes: una privada y otra estatal.
Antonio Gómez es fiscal general de las provincias de Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca. En diálogo con el programa radial La Palangana (FM 103.7), relató que la empresa Minera La Alumbrera posee tres causas por delitos ambientales, en las tres provincias. La más antigua data de 1998 en donde la Cámara Federal procesó a Julián Rooney, vicepresidente de la empresa, por el agua que se tiraba al Dique El Frontal luego del proceso que se da en la planta de secado.
"Realicé una investigación por mi cuenta y tuve en cuenta informes de la misma minera que daba cuenta de altísimos índices de contaminación, informes de gendarmería, de la secretaría de Minería de la Nación y de algunas provincias. La prueba es sobre-abundante", remarcó el fiscal.
Todavía no se concretó ningún juicio. "Presentamos recursos de quejas por la demora. Lo último que nos queda es una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos", aseguró.
Sobre los delitos económicos Gómez, recordó que Minera La Alumbrera está integrada por dos grupos, una privado y otro estatal. El estatal es Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD), una sociedad integrada por representantes del Gobierno de Catamarca, la Universidad Nacional de Tucumán y el Gobierno nacional. En el sitio web de la minera se afirma que los derechos de exploración y explotación pertenecen a YMAD.
"La minera le entrega a YMAD el 20% de todas sus ganacias netas. Esos son muchos millones de dólares. El dinero que se reciba la universidad se reparte de la siguiente manera: un 50% queda en la casa de estudios y la otra mitad va al resto de las universidades del país, por eso algunos informes son poco confiables", explicó.
Además, describió que un científico peruano radicó una denuncia tras estudiar el tipo de roca que se estaba extrayendo de la mina. Al parecer estarían explotando un grupo de minerales ocultos, valuados en 90 dólares por tonelada. "Esto implicaría un engaño a sus socios, es decir al Gobierno", añadió el fiscal.
Fecha de Publicación: 17/02/2012
Fuente: El Siglo
Provincia/Región: Catamarca
Hasta el momento, la estrategia defensiva sólo se basaba en argumentos de terceros e informes que categorizaban la aplicación apegada a las normas de su desarrollo operativo. Pero, esta vez, fue uno de los principales responsables de empresa La Alumbrera quien decidió salir a contrarrestar las innumerables críticas que sostienen el accionar contaminante en el que incurriría la empresa.
De esta forma, el vicepresidente de la empresa Xstrata Copper, operadora del yacimiento Julián Rooney, negó la utilización de cianuro en la explotación y aseguró que "no hay efectos en la salud de la gente que rodea al proyecto" de explotación minero. Según sostuvo, la única culpa de la industria minera es la "mala comunicación" que hubo durante años sobre la actividad.
En una entrevista concedida a la señal de cable TN, el empresario sostuvo que "la producción de oro en La Alumbrera no se hace con cianuro, es algo que ha quedado corroborado en la presentación del informe del impacto ambiental del año 1998, cuando comenzaron las operaciones". Además, destacó que "la provincia (Catamarca) hizo un estudio que encaró la fundación Funcei, en el que se corroboró que la actividad de la empresa no genera efectos en la salud de la gente que rodea al proyecto".
Justamente los riesgos de afectación de la salud y del medioambiente por la explotación minera a cielo abierto son el eje del reclamo de los vecinos y asambleístas que se vienen manifestando en las localidades catamarqueñas de Andalgalá, Tinogasta y Belén.
"Ninguna de las muestras que se tomaron dieron más allá de los parámetros establecidos por la ley que regula la descarga de las actividades industriales", precisó.
Rooney admitió que siguen con "preocupación todo lo que estuvo ocurriendo". Asimismo, recordó que "el 60 por ciento de las utilidades de la actividad minera quedan en el país" y remarcó que Xstrata Copper "emplea aproximadamente a 2 mil personas y tiene exportaciones por 1700 millones de dólares, lo que significa un importante beneficio no sólo para la región, sino para el país".
En tanto, reconoció que una de las falencias del proyecto minero, y por el que se genera la polémica sobre la actividad, es la comunicación. "Estamos en un programa de comunicación de todas estas verdades, porque las verdades hay que comunicarlas, ya que las percepciones son las que manejan las opiniones", consideró el empresario.
El gerente explicó que lo que hacen las mineras es separar el mineral estéril del que contienen cobre y oro a través de un proceso de explotación y admitió que hasta ahora "no se ha informado lo suficiente sobre las actividades de las mineras y su impacto ambiental". "Esa es la meaculpa que hacemos las empresas", agregó.
En tanto, sobre la posibilidad de que las provincias tengan sus propias empresas a través de la creación de la Organización Federal de Estados Mineros, un claro respaldo de la administración nacional a las mineras , Rooney manifestó: "Me parece muy positivo porque es un reconocimiento a la falta de impacto ambiental. Que las provincias tengan sus empresas y quieran encarar una actividad lícita que tiene grandes beneficios es un hecho muy positivo. Mal podría una empresa provincial que está inserta en esa sociedad prestarse a un tema de manejo ambiental que sea perjudicial para la población", concluyó el empresario”.
----------------------------------------------------------------------------------
Minera La Alumbrera tiene tres causas por delitos ambientales y una por cuestiones económicas
Fecha de Publicación: 17/02/2012
Fuente: No a la Mina
Provincia/Región: Catamarca
Un fiscal de Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca detalló las denuncias que tiene la empresa minera. En ninguna se ha llegado a juicio. Recordó que la firma está constituída por dos partes: una privada y otra estatal.
Antonio Gómez es fiscal general de las provincias de Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca. En diálogo con el programa radial La Palangana (FM 103.7), relató que la empresa Minera La Alumbrera posee tres causas por delitos ambientales, en las tres provincias. La más antigua data de 1998 en donde la Cámara Federal procesó a Julián Rooney, vicepresidente de la empresa, por el agua que se tiraba al Dique El Frontal luego del proceso que se da en la planta de secado.
"Realicé una investigación por mi cuenta y tuve en cuenta informes de la misma minera que daba cuenta de altísimos índices de contaminación, informes de gendarmería, de la secretaría de Minería de la Nación y de algunas provincias. La prueba es sobre-abundante", remarcó el fiscal.
Todavía no se concretó ningún juicio. "Presentamos recursos de quejas por la demora. Lo último que nos queda es una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos", aseguró.
Sobre los delitos económicos Gómez, recordó que Minera La Alumbrera está integrada por dos grupos, una privado y otro estatal. El estatal es Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD), una sociedad integrada por representantes del Gobierno de Catamarca, la Universidad Nacional de Tucumán y el Gobierno nacional. En el sitio web de la minera se afirma que los derechos de exploración y explotación pertenecen a YMAD.
"La minera le entrega a YMAD el 20% de todas sus ganacias netas. Esos son muchos millones de dólares. El dinero que se reciba la universidad se reparte de la siguiente manera: un 50% queda en la casa de estudios y la otra mitad va al resto de las universidades del país, por eso algunos informes son poco confiables", explicó.
Además, describió que un científico peruano radicó una denuncia tras estudiar el tipo de roca que se estaba extrayendo de la mina. Al parecer estarían explotando un grupo de minerales ocultos, valuados en 90 dólares por tonelada. "Esto implicaría un engaño a sus socios, es decir al Gobierno", añadió el fiscal.
Polémica por parque para curtiembres en Lanús
Polémica por parque para curtiembres en Lanús
Fecha de Publicación: 17/02/2012
Fuente: Diario Popular
Provincia/Región: Buenos Aires
La creación de un Parque Industrial Curtiembrero en Lanús, acordado entre el municipio y la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), generó fuertes críticas al ser considerado en el Concejo Deliberante, donde el oficialismo logró su aprobación por 17.
La sesión extraordinaria generó un largo debate, donde los bloques opositores reclamaron más tiempo para analizar pormenores del proyecto. El sector estará ubicado en el predio que pertenecía a Asociación Civil de Usuarios Bancarios Argentinos (ACUBA), en Olazábal y la ribera. Esa reestructuración urbana se dará en el marco del saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo.
Desde el macrismo, el edil Heriberto Deibe dijo que “si el juez Luis Armella procesó al intendente por malversación de fondos en una causa relacionada con la limpieza del Riachuelo, yo no le puedo dar un cheque en blanco a Díaz Pérez para que haga semejante obra sin darnos detalles técnicos”.
“Inversión millonaria”
Asimismo, desde la oposición -PRO y FAP- no supieron estimar el monto de la obra pero aseguran que se trata de “inversión millonaria en dólares”, financiada por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. “Las preguntas que se le hicieron al oficialismo respecto de contaminación, censo de curtidores, grado de contaminación del nuevo parque no fueron contestadas. Nosotros no estamos para autorizar, estamos para legislar”, aseguró Deibe.
Por su parte María La Rosa (GEN), denunció que “parece que siguen las mismas mañas”, en alusión al cambio de autoridades en el Concejo Deliberante y la falta de tiempo para estudiar proyectos. “Al oficialismo no le interesa lo que pensamos, ni el debate ni la discusión”, se lamentó.
En tanto el concejal del PRO Jorge Schiavone criticó el escaso tiempo que tuvo para ver el expediente.
Fecha de Publicación: 17/02/2012
Fuente: Diario Popular
Provincia/Región: Buenos Aires
La creación de un Parque Industrial Curtiembrero en Lanús, acordado entre el municipio y la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), generó fuertes críticas al ser considerado en el Concejo Deliberante, donde el oficialismo logró su aprobación por 17.
La sesión extraordinaria generó un largo debate, donde los bloques opositores reclamaron más tiempo para analizar pormenores del proyecto. El sector estará ubicado en el predio que pertenecía a Asociación Civil de Usuarios Bancarios Argentinos (ACUBA), en Olazábal y la ribera. Esa reestructuración urbana se dará en el marco del saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo.
Desde el macrismo, el edil Heriberto Deibe dijo que “si el juez Luis Armella procesó al intendente por malversación de fondos en una causa relacionada con la limpieza del Riachuelo, yo no le puedo dar un cheque en blanco a Díaz Pérez para que haga semejante obra sin darnos detalles técnicos”.
“Inversión millonaria”
Asimismo, desde la oposición -PRO y FAP- no supieron estimar el monto de la obra pero aseguran que se trata de “inversión millonaria en dólares”, financiada por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. “Las preguntas que se le hicieron al oficialismo respecto de contaminación, censo de curtidores, grado de contaminación del nuevo parque no fueron contestadas. Nosotros no estamos para autorizar, estamos para legislar”, aseguró Deibe.
Por su parte María La Rosa (GEN), denunció que “parece que siguen las mismas mañas”, en alusión al cambio de autoridades en el Concejo Deliberante y la falta de tiempo para estudiar proyectos. “Al oficialismo no le interesa lo que pensamos, ni el debate ni la discusión”, se lamentó.
En tanto el concejal del PRO Jorge Schiavone criticó el escaso tiempo que tuvo para ver el expediente.
Los perjuicios del corte del Atuel en La Pampa
Corte del Atuel: "El perjuicio se expresa en éxodo poblacional, desertificación y daños ambientales"
Fecha de Publicación: 17/02/2012
Fuente: El Diario de La Pampa
Provincia/Región: La Pampa
El gobernador Oscar Jorge encabezó este viernes el acto de Presentación Sintética de Resultados del Estudio para la Cuantificación Monetaria del daño ambiental causado a la Provincia de La Pampa por la carencia de un caudal fluvioecológico del Río Atuel.
El gobernador Oscar Jorge encabezó este viernes el acto del denominado “Estudio para la cuantificación monetaria del daño causado en la provincia de La Pampa por la carencia de un caudal fluvioecológico del Río Atuel”. Ese trabajo fue encargado a la Universidad de La Pampa y su objetivo, sintetizando ese extenso título, es poder establecer el daño económico causado por el corte del Atuel desde la provincia de Mendoza.
El acto de la mañana de este viernes en el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno era muy esperado. Y más en días donde se está convocando a una manifestación popular por parte de distintas organizaciones sociales. Se podía anticipar un mensaje firme del gobierno provincial sobre el conflicto histórico, pero quedó a medias.
En rigor, no se conoció un número exacto del perjuicio sufrido por nuestra provincia y es posible que no se conozca. El contrato entre el Estado pampeano y la UNLPam incluye una cláusula de confidencialidad que no permite la publicidad del resultado completo del estudio. Néstor Lastiri, secretario de Recursos Hídricos provincial, dijo ante la prensa luego de la presentación que se llevarán a cabo una serie de talleres en Santa Isabel durante las próximas semanas para hacer una evaluación global del informe de la UNLPam y que “el perjuicio” deberá ser evaluado no sólo desde el lado económico sino también social.
El gobernador Oscar Mario Jorge también habló con la prensa luego del acto, de manera breve. Descartó de plano insistir por la vía judicial y recordó que está vigente el Convenio del Atuel firmado en 2009. Aunque en Mendoza no se aprobó, dijo que había hablado con su par de esa provincia, Francisco “Paco” Pérez, para reflotarlo. “Durante la anterior gobernación, Mendoza ha avanzado en algunas obras en orden con este convenio. Y vamos a tratar por lo menos que haya un paso. Los problemas económicos, ambientales y sociales se verán en otro momento”, dijo el mandatario pampeano.
El trabajo
El acto se llevó a cabo en el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno. Estuvieron Jorge, Lastiri, el rector de la UNLPam, Sergio Baudino, el diputado provincial Juan Pablo Morisoli, los ministros Ariel Rauchengerger, Sergio Violo y Abelardo Ferrán, el fiscal de Estado, Alejandro Vanini, y la asesora letrada Daniela Vassia.
El trabajo fue realizado por la Consultora Técnica de la Univesidad Nacional de La Pampa, y financiado con dinero del Consejo Federal de Inversiones (CFI).
En su alocución previa a la presentación formal, el gobernador Jorge dijo que “esta es una de las unidades hidrográficas más alteradas negativamente por la acción humana. La utilización que ha hecho y realiza la provincia de Mendoza de las aguas del río, ha impactado sobre gran parte del oeste pampeano, afectando las condiciones sociales, económicas, productivas y ambientales”. Agregó que “el perjuicio se expresa en éxodo poblacional, empobrecimiento de los productores, desertificación y severos daños ambientales desde que se hizo la obra de los Nihuiles” y que “la actitud de Mendoza no corresponde a la de una provincia hermana. Este gobierno mantiene su política y reclamo por sus recursos”.
El encargado de dar a conocer el estudio fue el coordinador del proyecto, el ingeniero Marcelo Gaviño Novillo. Explicó que lo se le entregó a la provincia “es un conjunto de opciones, no decimos lo que se tiene que hacer”. Y destacó que “no sirve resolver el conflicto del Atuel si no se resuelven otros conflictos como el de la cuencia del Salado-Desaguadero”.
El resultado final son tres tomos. El primero es una síntesis en un documento de 130 páginas; el segundo es un detalle compuesto por cinco extensos volúmenes; y el tercero son cinco DVD con toda la información cargada para ser puesta a diposición de las bases de datos de la Secretaría de Recursos Hídricos.
Gaviño Novillo insistió en que la vía de resolución debe ser “a través del diálogo basado en la razón” y que este material servía como “sustento técnico” para “tener una base para hacer valer nuestros derechos”.
Fecha de Publicación: 17/02/2012
Fuente: El Diario de La Pampa
Provincia/Región: La Pampa
El gobernador Oscar Jorge encabezó este viernes el acto de Presentación Sintética de Resultados del Estudio para la Cuantificación Monetaria del daño ambiental causado a la Provincia de La Pampa por la carencia de un caudal fluvioecológico del Río Atuel.
El gobernador Oscar Jorge encabezó este viernes el acto del denominado “Estudio para la cuantificación monetaria del daño causado en la provincia de La Pampa por la carencia de un caudal fluvioecológico del Río Atuel”. Ese trabajo fue encargado a la Universidad de La Pampa y su objetivo, sintetizando ese extenso título, es poder establecer el daño económico causado por el corte del Atuel desde la provincia de Mendoza.
El acto de la mañana de este viernes en el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno era muy esperado. Y más en días donde se está convocando a una manifestación popular por parte de distintas organizaciones sociales. Se podía anticipar un mensaje firme del gobierno provincial sobre el conflicto histórico, pero quedó a medias.
En rigor, no se conoció un número exacto del perjuicio sufrido por nuestra provincia y es posible que no se conozca. El contrato entre el Estado pampeano y la UNLPam incluye una cláusula de confidencialidad que no permite la publicidad del resultado completo del estudio. Néstor Lastiri, secretario de Recursos Hídricos provincial, dijo ante la prensa luego de la presentación que se llevarán a cabo una serie de talleres en Santa Isabel durante las próximas semanas para hacer una evaluación global del informe de la UNLPam y que “el perjuicio” deberá ser evaluado no sólo desde el lado económico sino también social.
El gobernador Oscar Mario Jorge también habló con la prensa luego del acto, de manera breve. Descartó de plano insistir por la vía judicial y recordó que está vigente el Convenio del Atuel firmado en 2009. Aunque en Mendoza no se aprobó, dijo que había hablado con su par de esa provincia, Francisco “Paco” Pérez, para reflotarlo. “Durante la anterior gobernación, Mendoza ha avanzado en algunas obras en orden con este convenio. Y vamos a tratar por lo menos que haya un paso. Los problemas económicos, ambientales y sociales se verán en otro momento”, dijo el mandatario pampeano.
El trabajo
El acto se llevó a cabo en el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno. Estuvieron Jorge, Lastiri, el rector de la UNLPam, Sergio Baudino, el diputado provincial Juan Pablo Morisoli, los ministros Ariel Rauchengerger, Sergio Violo y Abelardo Ferrán, el fiscal de Estado, Alejandro Vanini, y la asesora letrada Daniela Vassia.
El trabajo fue realizado por la Consultora Técnica de la Univesidad Nacional de La Pampa, y financiado con dinero del Consejo Federal de Inversiones (CFI).
En su alocución previa a la presentación formal, el gobernador Jorge dijo que “esta es una de las unidades hidrográficas más alteradas negativamente por la acción humana. La utilización que ha hecho y realiza la provincia de Mendoza de las aguas del río, ha impactado sobre gran parte del oeste pampeano, afectando las condiciones sociales, económicas, productivas y ambientales”. Agregó que “el perjuicio se expresa en éxodo poblacional, empobrecimiento de los productores, desertificación y severos daños ambientales desde que se hizo la obra de los Nihuiles” y que “la actitud de Mendoza no corresponde a la de una provincia hermana. Este gobierno mantiene su política y reclamo por sus recursos”.
El encargado de dar a conocer el estudio fue el coordinador del proyecto, el ingeniero Marcelo Gaviño Novillo. Explicó que lo se le entregó a la provincia “es un conjunto de opciones, no decimos lo que se tiene que hacer”. Y destacó que “no sirve resolver el conflicto del Atuel si no se resuelven otros conflictos como el de la cuencia del Salado-Desaguadero”.
El resultado final son tres tomos. El primero es una síntesis en un documento de 130 páginas; el segundo es un detalle compuesto por cinco extensos volúmenes; y el tercero son cinco DVD con toda la información cargada para ser puesta a diposición de las bases de datos de la Secretaría de Recursos Hídricos.
Gaviño Novillo insistió en que la vía de resolución debe ser “a través del diálogo basado en la razón” y que este material servía como “sustento técnico” para “tener una base para hacer valer nuestros derechos”.
La reacción de los gobernadores mineros
Reacción de los gobernadores mineros
Fecha de Publicación: 16/02/2012
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Nacional
A yer se reunieron en Buenos Aires los gobernadores de provincias que tienen desarrollo minero en sus jurisdicciones con el objeto de constituir una organización (similar a la de las provincias petroleras) para reivindicar esta actividad económica.
Para ello se encontraron con el ministro de Planificación, Julio de Vido, buscando una suerte de “bendición” del Gobierno nacional que, de alguna manera, termine de confirmar el discurso de la Presidenta en apoyo a esta actividad.
Según lo expresado por algunos gobernadores, el objetivo de la iniciativa sería crear un Acuerdo Federal Minero que asegure el desarrollo y el cuidado del ambiente. La idea, también, es dar participación a las comunidades originarias así como la creación de empresas públicas provinciales para que intervengan en la minería.
La parte declamativa es muy liviana y cae en lugares comunes. Cualquier actividad económica debe tener como propósito el crecimiento, la creación de empleo y el cuidado del ambiente, por lo que resultaría ocioso hacer esta aclaración respecto de la minería. Además, existe una ley de defensa del medio ambiente y cada provincia tiene sus propias normativas ambientales.
En realidad, es una tibia respuesta de los gobernadores ante el avance de los movimientos ambientalistas (que nadie sabe quién los financia) llenos de frases altisonantes contra la megaminería que ha generado situaciones de violencia y represión.
Las dudas de la gente
Una de las consignas que esgrimen los ambientalistas es la de la contaminación. En este sentido, el uso de la frase “megaminería contaminante” busca asociar a los grandes desarrollos con la contaminación por definición y sin necesidad de explicación.
Las comunidades no son expertas en el tema y ni las compañías mineras ni los funcionarios han tenido el tino de explicar esta situación con claridad. En su lugar, se hacen contra-movilizaciones de gente que trabaja en la minería, con cosas burdas como el diálogo de la Presidenta con un minero medio trucho.
Las personas que viven en las zonas en cuestión están necesitadas de trabajo, pero si les dicen que les van a contaminar los campos, que sus aguas no servirán para nada, que ellos y sus hijos morirán de cáncer y no encuentran explicaciones válidas, con razón se van a oponer.
Si los gobernadores quieren legitimar la actividad, deberían dar seguridades de que sus provincias cumplirán de manera irrestricta con los controles ambientales. Como nadie cree que vayan a hacerlo, deberían involucrar a las comunidades y a organizaciones ambientalistas serias para que, juntos, formen una Policía Ambiental Minera, donde todos los sectores puedan ejercer el control.
Además, tendrían que establecer protocolos muy claros acerca del tratamiento de las aguas y su recuperación así como de los residuos. De la misma forma, debería quedar planteado, antes del inicio, cuál será el plan de recuperación de la zona y las inversiones que se harán para que la vida siga siendo posible una vez que termine la explotación.
La actividad minera fue una posibilidad a partir de la Ley de Promoción, que eximió a las compañías de impuestos y les impuso una regalía del 3%. Pero esta ley fue dictada en un momento en que el precio de los metales estaba por el piso, una situación que no se da en la actualidad. Del otorgamiento de estabilidad fiscal por 30 años, si bien pretende dar seguridad jurídica, también es un cepo para avanzar.
Hace poco, Perú renegoció con las mineras las regalías y las aumentaron al 15%, lo que indica que existen márgenes. La creación de empresas locales estatales quizás sea una forma de asegurarse algo más de ingreso, porque, en rigor de verdad, ninguna provincia tiene capital para explotar por sí misma dichos reservorios ni la aptitud para salir al mercado de capitales a captar inversores.
Las comunidades tienen miedo y ni las empresas ni el Estado les dan garantías. ¿O acaso la contaminación de una empresa estatal es más justificable que la de una empresa privada? Hay que sincerarse y actuar con seriedad. Es posible que haya minería con cuidado del medio ambiente, pero las empresas y el Estado deben dar garantías a satisfacción, algo que hasta ahora no han hecho.
Más Información:
- Página/12 - Marcha contra las mineras
- La Voz - Provincias se unen por más ganancias de la minería
- Clarín - El Gobierno nacional volvió a apoyar la megaminería
- Diario Río Negro - Provincias mineras se juntan con apoyo nacional
Fecha de Publicación: 16/02/2012
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Nacional
A yer se reunieron en Buenos Aires los gobernadores de provincias que tienen desarrollo minero en sus jurisdicciones con el objeto de constituir una organización (similar a la de las provincias petroleras) para reivindicar esta actividad económica.
Para ello se encontraron con el ministro de Planificación, Julio de Vido, buscando una suerte de “bendición” del Gobierno nacional que, de alguna manera, termine de confirmar el discurso de la Presidenta en apoyo a esta actividad.
Según lo expresado por algunos gobernadores, el objetivo de la iniciativa sería crear un Acuerdo Federal Minero que asegure el desarrollo y el cuidado del ambiente. La idea, también, es dar participación a las comunidades originarias así como la creación de empresas públicas provinciales para que intervengan en la minería.
La parte declamativa es muy liviana y cae en lugares comunes. Cualquier actividad económica debe tener como propósito el crecimiento, la creación de empleo y el cuidado del ambiente, por lo que resultaría ocioso hacer esta aclaración respecto de la minería. Además, existe una ley de defensa del medio ambiente y cada provincia tiene sus propias normativas ambientales.
En realidad, es una tibia respuesta de los gobernadores ante el avance de los movimientos ambientalistas (que nadie sabe quién los financia) llenos de frases altisonantes contra la megaminería que ha generado situaciones de violencia y represión.
Las dudas de la gente
Una de las consignas que esgrimen los ambientalistas es la de la contaminación. En este sentido, el uso de la frase “megaminería contaminante” busca asociar a los grandes desarrollos con la contaminación por definición y sin necesidad de explicación.
Las comunidades no son expertas en el tema y ni las compañías mineras ni los funcionarios han tenido el tino de explicar esta situación con claridad. En su lugar, se hacen contra-movilizaciones de gente que trabaja en la minería, con cosas burdas como el diálogo de la Presidenta con un minero medio trucho.
Las personas que viven en las zonas en cuestión están necesitadas de trabajo, pero si les dicen que les van a contaminar los campos, que sus aguas no servirán para nada, que ellos y sus hijos morirán de cáncer y no encuentran explicaciones válidas, con razón se van a oponer.
Si los gobernadores quieren legitimar la actividad, deberían dar seguridades de que sus provincias cumplirán de manera irrestricta con los controles ambientales. Como nadie cree que vayan a hacerlo, deberían involucrar a las comunidades y a organizaciones ambientalistas serias para que, juntos, formen una Policía Ambiental Minera, donde todos los sectores puedan ejercer el control.
Además, tendrían que establecer protocolos muy claros acerca del tratamiento de las aguas y su recuperación así como de los residuos. De la misma forma, debería quedar planteado, antes del inicio, cuál será el plan de recuperación de la zona y las inversiones que se harán para que la vida siga siendo posible una vez que termine la explotación.
La actividad minera fue una posibilidad a partir de la Ley de Promoción, que eximió a las compañías de impuestos y les impuso una regalía del 3%. Pero esta ley fue dictada en un momento en que el precio de los metales estaba por el piso, una situación que no se da en la actualidad. Del otorgamiento de estabilidad fiscal por 30 años, si bien pretende dar seguridad jurídica, también es un cepo para avanzar.
Hace poco, Perú renegoció con las mineras las regalías y las aumentaron al 15%, lo que indica que existen márgenes. La creación de empresas locales estatales quizás sea una forma de asegurarse algo más de ingreso, porque, en rigor de verdad, ninguna provincia tiene capital para explotar por sí misma dichos reservorios ni la aptitud para salir al mercado de capitales a captar inversores.
Las comunidades tienen miedo y ni las empresas ni el Estado les dan garantías. ¿O acaso la contaminación de una empresa estatal es más justificable que la de una empresa privada? Hay que sincerarse y actuar con seriedad. Es posible que haya minería con cuidado del medio ambiente, pero las empresas y el Estado deben dar garantías a satisfacción, algo que hasta ahora no han hecho.
Más Información:
- Página/12 - Marcha contra las mineras
- La Voz - Provincias se unen por más ganancias de la minería
- Clarín - El Gobierno nacional volvió a apoyar la megaminería
- Diario Río Negro - Provincias mineras se juntan con apoyo nacional
Se reunen los gobernadores mineros
“Un desarrollo minero con reglas claras”
Fecha de Publicación: 15/02/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
La gobernadora de Catamarca aseguró que en La Alumbrera no se usa cianuro y destacó que el agua en su provincia no está contaminada. Dijo que no permitirá “que intereses económicos estén por encima de la salud”. Y criticó la cobertura de algunos medios.
“Yo soy médica, soy madre y nada me preocupa más que los catamarqueños vivamos mejor, con salud. No voy a permitir que intereses económicos estén por encima de la salud de mi población.” La gobernadora de Catamarca, Lucía Corpacci, ofreció ayer una conferencia de prensa en la ciudad de Buenos Aires, para negar que los emprendimientos mineros en marcha estén contaminando la provincia. En oposición a lo que afirman los que se oponen a la megaminería a cielo abierto, Corpacci aseguró que en la explotación de Bajo La Alumbrera “no se usa cianuro” y aseguró que el agua en Catamarca “no está contaminada”. La mandataria provincial se refirió al tema en la jornada previa a una manifestación que se hará hoy en contra de los emprendimientos mineros, en el marco de una situación de tensión en la provincia por la presencia de grupos que apoyan esas iniciativas, circunstancia que hace suponer que puede haber enfrentamientos entre las dos partes. Corpacci también debatió sobre el tema en el programa 6 7 8, donde estuvo acompañada por el vicegobernador Dalmacio Mera.
Corpacci dijo que el propósito de su gobierno, que asumió hace dos meses, es plantear “la defensa y la importancia del desarrollo minero con reglas claras”. Remarcó que por esa razón se reunió con los empresarios mineros para decirles que la minería “debe beneficiar a todos los catamarqueños y no a unos pocos”. Aclaró también que su gestión “no autorizó nuevos emprendimientos”, dado que los que se están cuestionando fueron aprobados por gobiernos anteriores. “Por eso llama la atención este conflicto” que la pone en el centro de la escena.
Sobre las razones del recrudecimiento del debate sostuvo que le preocupa que “la desinformación” es “generada por algunos medios nacionales”, en referencia a TN y al diario Clarín, cuyos titulares, al aludir a los emprendimientos mineros en Catamarca, dicen que los camiones que transitan la provincia “llevan una carga de muerte”, por el cianuro o los explosivos que formarían parte de la carga. Al respecto, sugirió a esos dos medios que “se informen” porque “el agua no está contaminada y no se usa cianuro” en la explotación minera catamarqueña.
Durante la reunión, Corpacci hizo pasar un video en pantalla gigante con una parte de la cobertura del periodista Julio Bazán, de TN. “Ven, ahí dice que están pasando camiones con cianuro”, criticó la gobernadora, para insistir en afirmar que “no se usa cianuro”. También respondió preguntas sobre la represión ocurrida el viernes de la semana pasada en Tinogasta. Afirmó que está “en contra de la violencia” y que quiere una policía “que esté a favor de la gente”. De todos modos, dijo que los problemas se desencadenaron cuando “personas que estaban en el corte arrojaron piedras, una de las cuales hirió de gravedad a un camionero” que pasaba por el lugar al volante de su vehículo. “Esas imágenes no fueron mostradas por la televisión”, se quejó Corpacci.
En la reunión de prensa, que se hizo en la Casa de Catamarca en Buenos Aires, se precisó que en la provincia existen 13 proyectos en exploración y 5 en ejecución. Entre los que se están ejecutando se encuentra el de Bajo La Alumbrera que, recordó Corpacci, “lleva 15 años de producción y tiene una corta vida útil productiva por delante”.
Sobre los cortes de ruta que se están realizando a favor de la minería, Corpacci aclaró que su gobierno “no está involucrado con los que hacen los contrapiquetes”. Aclaró que sí pudo ver que “la gente que está a favor de la minería está cortando la ruta, pero nosotros no tenemos nada que ver, porque siempre hemos dicho que estamos en contra de los cortes”.
La mandataria insistió en que minera La Alumbrera “no utiliza cianuro en ningún momento de la producción”. En ese sentido aseguró que “los estudios realizados por centros reconocidos sobre la influencia que puede tener el desarrollo minero en nuestras cuencas hídricas demuestran claramente que el agua no está perjudicada por el desarrollo minero”. El vicegobernador Mera, al sentar posición sobre el tema, dijo: “No somos mineros, somos desarrollistas y queremos el progreso de la provincia”.
Para exigir, mejor juntarse
Buscan instalar parámetros comunes para exigir a las multinacionales de la minería. La idea también es brindar un parecer conjunto sobre los conflictos que está generando la actividad. Hoy cierran el acuerdo frente al ministro De Vido.
Gobernadores de las provincias donde mayor peso tiene la actividad minera oficializarán hoy la conformación de la Organización Federal de Estados Mineros (Ofemi), a través de la cual buscarán ganar fuerza relativa frente a las multinacionales que operan en el sector. Los mandatarios provinciales mantuvieron ayer una reunión preparatoria con el secretario de Minería, Jorge Mayoral, y hoy cerrarían el acuerdo con la presencia del ministro de Planificación Federal, Julio De Vido. Las administraciones provinciales también darán su parecer, en forma conjunta, sobre los recientes conflictos sociales desatados por la actividad. “La intención es que las provincias mineras andinas podamos fijar parámetros comunes frente a las empresas, que permitan establecer un piso de exigencias de distinta índole”, indicó a Página/12 Dalmacio Mera, vicegobernador de Catamarca.
Se reunieron ayer con Mayoral los gobernadores de Jujuy, Eduardo Fellner; Salta, Juan Manuel Urtubey; Catamarca, Lucía Corpacci; La Rioja, Luis Beder Herrera; San Juan, José Luis Gioja; Chubut, Martín Buzzi; Río Negro, Alberto Weretilneck, y Santa Cruz, Daniel Peralta. Esas provincias conformarán la Ofemi, que hará las veces de la Ofephi, vinculada con el sector de los hidrocarburos, pero para la minería.
La intención es, por un lado, hacer una defensa de la actividad, que es muy cuestionada en términos ambientales, fiscales y de aporte al desarrollo económico. Los mandatarios subrayarán los controles ambientales que estarían tomando y sentarán posición en el conflicto de Famatina. Sin embargo, otro de los objetivos es ganar fuerza relativa, a través de la unión de las provincias, para conseguir negociar temas ambientales y fiscales de mejor manera con las multinacionales que operan en el sector.
“Es una idea que hace muchos meses fue hablada con otros gobernadores, no es algo nuevo. A todos les parecía razonable que las provincias mineras andinas se junten para fijar parámetros comunes frente a las empresas multinacionales. Así poder tener todos un piso de exigencias ambientales y económicas. La idea es también poder hacer las cosas de forma más transparente y mejorar la comunicación hacia la sociedad”, indicó Dalmacio Mera. Desde el plano ambiental, las provincias buscarán fijar pisos comunes de exigencia y elevarlos en algunos casos, ya que las normativas son disímiles. “Es un viejo anhelo poder demostrar que se puede hacer minería en forma sustentable”, completó el funcionario.
“Las provincias buscan que la actividad proporcione mejores y mayores resultados que los actuales, para volcar más recursos a sus presupuestos. El tema medioambiental debe debatirse con absoluta sinceridad en todos los ámbitos que corresponda. En solitario siempre es más difícil plantear reglas de juego a empresas multinacionales”, afirmó ayer Daniel Peralta.
Los gobernadores buscarán emitir un documento en forma conjunta, aunque la redacción final es materia de discusión, porque los criterios no son los mismos en cada caso. Por ejemplo, Río Negro y Catamarca estarían a favor de la participación directa del Estado en las explotaciones a través de las empresas públicas provinciales, a diferencia de San Juan, que opta por sólo “extremar los controles”. El punto de referencia en esa materia es la empresa estatal de Santa Cruz, Fomicruz, que opera a través de la asociación a emprendimientos privados. De esa forma, el estado provincial participa en determinado porcentaje en las utilidades de las firmas.
“Ese esquema habría que pensarlo para los nuevos emprendimientos, porque si no las empresas que ya han explorado pueden hacer juicios. Hay que pensar de aquí en adelante”, indicó un asistente a la reunión de ayer. “La intención es lograr esos objetivos, pero sin tocar el Código Minero, para evitar el problema que sería llevar ese tema al Congreso”, explicaron desde San Juan. Los gobernadores también buscarán que las empresas mineras tiendan lazos con los proveedores locales. En general, las compañías sólo adquieren servicios con escasa tracción hacia el interior del entramado productivo. Por eso, algunas provincias pretenden impulsar el refinamiento o el fraccionamiento local de los minerales.
Más Información:
- Urgente24 - Hoy comienza el Kontraataque minero
- Los Andes - San Luis se declaró en contra de la megaminería
- Diario Uno - Gobernadores pro minería acordaron fundar una organización federal
Fecha de Publicación: 15/02/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
La gobernadora de Catamarca aseguró que en La Alumbrera no se usa cianuro y destacó que el agua en su provincia no está contaminada. Dijo que no permitirá “que intereses económicos estén por encima de la salud”. Y criticó la cobertura de algunos medios.
“Yo soy médica, soy madre y nada me preocupa más que los catamarqueños vivamos mejor, con salud. No voy a permitir que intereses económicos estén por encima de la salud de mi población.” La gobernadora de Catamarca, Lucía Corpacci, ofreció ayer una conferencia de prensa en la ciudad de Buenos Aires, para negar que los emprendimientos mineros en marcha estén contaminando la provincia. En oposición a lo que afirman los que se oponen a la megaminería a cielo abierto, Corpacci aseguró que en la explotación de Bajo La Alumbrera “no se usa cianuro” y aseguró que el agua en Catamarca “no está contaminada”. La mandataria provincial se refirió al tema en la jornada previa a una manifestación que se hará hoy en contra de los emprendimientos mineros, en el marco de una situación de tensión en la provincia por la presencia de grupos que apoyan esas iniciativas, circunstancia que hace suponer que puede haber enfrentamientos entre las dos partes. Corpacci también debatió sobre el tema en el programa 6 7 8, donde estuvo acompañada por el vicegobernador Dalmacio Mera.
Corpacci dijo que el propósito de su gobierno, que asumió hace dos meses, es plantear “la defensa y la importancia del desarrollo minero con reglas claras”. Remarcó que por esa razón se reunió con los empresarios mineros para decirles que la minería “debe beneficiar a todos los catamarqueños y no a unos pocos”. Aclaró también que su gestión “no autorizó nuevos emprendimientos”, dado que los que se están cuestionando fueron aprobados por gobiernos anteriores. “Por eso llama la atención este conflicto” que la pone en el centro de la escena.
Sobre las razones del recrudecimiento del debate sostuvo que le preocupa que “la desinformación” es “generada por algunos medios nacionales”, en referencia a TN y al diario Clarín, cuyos titulares, al aludir a los emprendimientos mineros en Catamarca, dicen que los camiones que transitan la provincia “llevan una carga de muerte”, por el cianuro o los explosivos que formarían parte de la carga. Al respecto, sugirió a esos dos medios que “se informen” porque “el agua no está contaminada y no se usa cianuro” en la explotación minera catamarqueña.
Durante la reunión, Corpacci hizo pasar un video en pantalla gigante con una parte de la cobertura del periodista Julio Bazán, de TN. “Ven, ahí dice que están pasando camiones con cianuro”, criticó la gobernadora, para insistir en afirmar que “no se usa cianuro”. También respondió preguntas sobre la represión ocurrida el viernes de la semana pasada en Tinogasta. Afirmó que está “en contra de la violencia” y que quiere una policía “que esté a favor de la gente”. De todos modos, dijo que los problemas se desencadenaron cuando “personas que estaban en el corte arrojaron piedras, una de las cuales hirió de gravedad a un camionero” que pasaba por el lugar al volante de su vehículo. “Esas imágenes no fueron mostradas por la televisión”, se quejó Corpacci.
En la reunión de prensa, que se hizo en la Casa de Catamarca en Buenos Aires, se precisó que en la provincia existen 13 proyectos en exploración y 5 en ejecución. Entre los que se están ejecutando se encuentra el de Bajo La Alumbrera que, recordó Corpacci, “lleva 15 años de producción y tiene una corta vida útil productiva por delante”.
Sobre los cortes de ruta que se están realizando a favor de la minería, Corpacci aclaró que su gobierno “no está involucrado con los que hacen los contrapiquetes”. Aclaró que sí pudo ver que “la gente que está a favor de la minería está cortando la ruta, pero nosotros no tenemos nada que ver, porque siempre hemos dicho que estamos en contra de los cortes”.
La mandataria insistió en que minera La Alumbrera “no utiliza cianuro en ningún momento de la producción”. En ese sentido aseguró que “los estudios realizados por centros reconocidos sobre la influencia que puede tener el desarrollo minero en nuestras cuencas hídricas demuestran claramente que el agua no está perjudicada por el desarrollo minero”. El vicegobernador Mera, al sentar posición sobre el tema, dijo: “No somos mineros, somos desarrollistas y queremos el progreso de la provincia”.
Para exigir, mejor juntarse
Buscan instalar parámetros comunes para exigir a las multinacionales de la minería. La idea también es brindar un parecer conjunto sobre los conflictos que está generando la actividad. Hoy cierran el acuerdo frente al ministro De Vido.
Gobernadores de las provincias donde mayor peso tiene la actividad minera oficializarán hoy la conformación de la Organización Federal de Estados Mineros (Ofemi), a través de la cual buscarán ganar fuerza relativa frente a las multinacionales que operan en el sector. Los mandatarios provinciales mantuvieron ayer una reunión preparatoria con el secretario de Minería, Jorge Mayoral, y hoy cerrarían el acuerdo con la presencia del ministro de Planificación Federal, Julio De Vido. Las administraciones provinciales también darán su parecer, en forma conjunta, sobre los recientes conflictos sociales desatados por la actividad. “La intención es que las provincias mineras andinas podamos fijar parámetros comunes frente a las empresas, que permitan establecer un piso de exigencias de distinta índole”, indicó a Página/12 Dalmacio Mera, vicegobernador de Catamarca.
Se reunieron ayer con Mayoral los gobernadores de Jujuy, Eduardo Fellner; Salta, Juan Manuel Urtubey; Catamarca, Lucía Corpacci; La Rioja, Luis Beder Herrera; San Juan, José Luis Gioja; Chubut, Martín Buzzi; Río Negro, Alberto Weretilneck, y Santa Cruz, Daniel Peralta. Esas provincias conformarán la Ofemi, que hará las veces de la Ofephi, vinculada con el sector de los hidrocarburos, pero para la minería.
La intención es, por un lado, hacer una defensa de la actividad, que es muy cuestionada en términos ambientales, fiscales y de aporte al desarrollo económico. Los mandatarios subrayarán los controles ambientales que estarían tomando y sentarán posición en el conflicto de Famatina. Sin embargo, otro de los objetivos es ganar fuerza relativa, a través de la unión de las provincias, para conseguir negociar temas ambientales y fiscales de mejor manera con las multinacionales que operan en el sector.
“Es una idea que hace muchos meses fue hablada con otros gobernadores, no es algo nuevo. A todos les parecía razonable que las provincias mineras andinas se junten para fijar parámetros comunes frente a las empresas multinacionales. Así poder tener todos un piso de exigencias ambientales y económicas. La idea es también poder hacer las cosas de forma más transparente y mejorar la comunicación hacia la sociedad”, indicó Dalmacio Mera. Desde el plano ambiental, las provincias buscarán fijar pisos comunes de exigencia y elevarlos en algunos casos, ya que las normativas son disímiles. “Es un viejo anhelo poder demostrar que se puede hacer minería en forma sustentable”, completó el funcionario.
“Las provincias buscan que la actividad proporcione mejores y mayores resultados que los actuales, para volcar más recursos a sus presupuestos. El tema medioambiental debe debatirse con absoluta sinceridad en todos los ámbitos que corresponda. En solitario siempre es más difícil plantear reglas de juego a empresas multinacionales”, afirmó ayer Daniel Peralta.
Los gobernadores buscarán emitir un documento en forma conjunta, aunque la redacción final es materia de discusión, porque los criterios no son los mismos en cada caso. Por ejemplo, Río Negro y Catamarca estarían a favor de la participación directa del Estado en las explotaciones a través de las empresas públicas provinciales, a diferencia de San Juan, que opta por sólo “extremar los controles”. El punto de referencia en esa materia es la empresa estatal de Santa Cruz, Fomicruz, que opera a través de la asociación a emprendimientos privados. De esa forma, el estado provincial participa en determinado porcentaje en las utilidades de las firmas.
“Ese esquema habría que pensarlo para los nuevos emprendimientos, porque si no las empresas que ya han explorado pueden hacer juicios. Hay que pensar de aquí en adelante”, indicó un asistente a la reunión de ayer. “La intención es lograr esos objetivos, pero sin tocar el Código Minero, para evitar el problema que sería llevar ese tema al Congreso”, explicaron desde San Juan. Los gobernadores también buscarán que las empresas mineras tiendan lazos con los proveedores locales. En general, las compañías sólo adquieren servicios con escasa tracción hacia el interior del entramado productivo. Por eso, algunas provincias pretenden impulsar el refinamiento o el fraccionamiento local de los minerales.
Más Información:
- Urgente24 - Hoy comienza el Kontraataque minero
- Los Andes - San Luis se declaró en contra de la megaminería
- Diario Uno - Gobernadores pro minería acordaron fundar una organización federal
Etiquetas:
Alumbrera,
industrias - empresas - economía,
minería,
Nacional,
política ambiental
|
0
comentarios
Minería, el debate pendiente
Minería, el debate pendiente
Fecha de Publicación: 14/02/2012
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional - Catamarca
El avance de emprendimientos mineros sin el consenso social de los pueblos afectados es abrumador. Sin embargo, en distintos lugares donde éstos operan, aparecen voces disidentes que con reclamos pacíficos y un amplio apoyo vecinal, intentan poner freno al avasallamiento a los recursos naturales.
Entre los casos más conocidos se encuentra el de Catamarca y la mina Bajo La Alumbrera, que explota oro desde 1997 afectando la vida de las comunidades que habitan las zonas circundantes, como Belén, Andalgalá, Santa María y Tinogasta.
Hace más de 10 años, los vecinos de la zona conformaron asambleas y denunciaron a la empresa suiza Xstrata Copper y las canadienses Goldcorp y Yamana Gold, responsables del yacimiento Bajo La Alumbrera, con el objetivo de frenar el impacto ambiental en la zona: la contaminación y la falta de agua, los cambios en la morfología del terreno, los peligros constantes de los químicos con los que trabaja la empresa, los efectos producidos por explosivos, entre otros.
En las últimas semanas, el escaso control del gobierno a estos emprendimientos, los impactos ambientales y las promesas de un progreso que nunca llega (Catamarca, con 15 años de "progresos mineros", sigue siendo una de las provincias más pobres del país) movilizó a las asambleas a cortar nuevamente el acceso a la mina de vehículos con explosivos, tóxicos y otros insumos para la empresa. Estos reclamos desataron el viernes la brutal represión policial donde fueron agredidos, detenidos y procesados más de treinta vecinos.
Un día antes, la Presidenta de la Nación, aseguraba que Argentina se debía un debate serio en relación a la minería, debate que como demuestra el accionar de las fuerzas policiales de Catamarca, todavía no empezó y amenaza con no escuchar opiniones que disientan con la versión oficial.
La minería a cielo abierto es una actividad industrial insostenible por definición, ya que la explotación del mineral supone su agotamiento. El valor de los recursos naturales extraídos está completamente distorsionado por los beneficios impositivos que tiene la actividad, y por la externalización de los costos ambientales y sociales que produce.
A gran escala, esta industria está asociada a los impactos sociales relacionados con los cambios poblacionales que ocurren mientras opera la mina, y amenaza recursos naturales en los que se basa el desarrollo de otras actividades como el turismo, la agricultura y la ganadería.
Greenpeace viene reclamando desde el año 2003, un debate sobre la megaminería y el uso de sustancias contaminantes en el proceso de extracción del mineral. La minería es responsable de la destrucción de ecosistemas: prueba de ello es el impacto de los glaciares ocasionado por la empresa Barrick Gold en Pascua Lama (1); es responsable de un alto consumo de agua y energía (Bajo La Alumbrera utiliza alrededor de 100 millones de litros de agua por día), compitiendo con el abastecimiento de otras actividades productivas y de la población misma; es responsable de generar empleos durante un corto plazo y dejar enormes pasivos ambientales; y es responsable de ocasionar el agotamiento de recursos naturales, en algunos casos como el del oro sin otro destino que el de bienes suntuarios.
Todo esto nos obliga a analizar estos emprendimientos desde una perspectiva más amplia, evaluando la necesidad real de seguir dañando el ambiente y amenazando los medios de vida de comunidades enteras a cambio de la extracción de un recurso no renovable que ya ha sido explotado durante siglos.
Por Gonzalo Strano + El autor es miembro de la Unidad de Campañas de Greenpeace Argentina
Más Información:
- La Nación - Responsabilizan al gobierno nacional
- La Nación - Siguen los cortes y crece la tensión en Catamarca
- El Tiempo Argentino - Los bloqueos a favor y contra la minería marcan el pulso
- Página/12 - La minería, la invención democrática y el desarrollo sustentable
- El Cronista - Reunión de gobernadores por críticas a minería
- El Siglo - “La Alumbrera exportó la contaminación de Catamarca a Tucumán”
Fecha de Publicación: 14/02/2012
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional - Catamarca
El avance de emprendimientos mineros sin el consenso social de los pueblos afectados es abrumador. Sin embargo, en distintos lugares donde éstos operan, aparecen voces disidentes que con reclamos pacíficos y un amplio apoyo vecinal, intentan poner freno al avasallamiento a los recursos naturales.
Entre los casos más conocidos se encuentra el de Catamarca y la mina Bajo La Alumbrera, que explota oro desde 1997 afectando la vida de las comunidades que habitan las zonas circundantes, como Belén, Andalgalá, Santa María y Tinogasta.
Hace más de 10 años, los vecinos de la zona conformaron asambleas y denunciaron a la empresa suiza Xstrata Copper y las canadienses Goldcorp y Yamana Gold, responsables del yacimiento Bajo La Alumbrera, con el objetivo de frenar el impacto ambiental en la zona: la contaminación y la falta de agua, los cambios en la morfología del terreno, los peligros constantes de los químicos con los que trabaja la empresa, los efectos producidos por explosivos, entre otros.
En las últimas semanas, el escaso control del gobierno a estos emprendimientos, los impactos ambientales y las promesas de un progreso que nunca llega (Catamarca, con 15 años de "progresos mineros", sigue siendo una de las provincias más pobres del país) movilizó a las asambleas a cortar nuevamente el acceso a la mina de vehículos con explosivos, tóxicos y otros insumos para la empresa. Estos reclamos desataron el viernes la brutal represión policial donde fueron agredidos, detenidos y procesados más de treinta vecinos.
Un día antes, la Presidenta de la Nación, aseguraba que Argentina se debía un debate serio en relación a la minería, debate que como demuestra el accionar de las fuerzas policiales de Catamarca, todavía no empezó y amenaza con no escuchar opiniones que disientan con la versión oficial.
La minería a cielo abierto es una actividad industrial insostenible por definición, ya que la explotación del mineral supone su agotamiento. El valor de los recursos naturales extraídos está completamente distorsionado por los beneficios impositivos que tiene la actividad, y por la externalización de los costos ambientales y sociales que produce.
A gran escala, esta industria está asociada a los impactos sociales relacionados con los cambios poblacionales que ocurren mientras opera la mina, y amenaza recursos naturales en los que se basa el desarrollo de otras actividades como el turismo, la agricultura y la ganadería.
Greenpeace viene reclamando desde el año 2003, un debate sobre la megaminería y el uso de sustancias contaminantes en el proceso de extracción del mineral. La minería es responsable de la destrucción de ecosistemas: prueba de ello es el impacto de los glaciares ocasionado por la empresa Barrick Gold en Pascua Lama (1); es responsable de un alto consumo de agua y energía (Bajo La Alumbrera utiliza alrededor de 100 millones de litros de agua por día), compitiendo con el abastecimiento de otras actividades productivas y de la población misma; es responsable de generar empleos durante un corto plazo y dejar enormes pasivos ambientales; y es responsable de ocasionar el agotamiento de recursos naturales, en algunos casos como el del oro sin otro destino que el de bienes suntuarios.
Todo esto nos obliga a analizar estos emprendimientos desde una perspectiva más amplia, evaluando la necesidad real de seguir dañando el ambiente y amenazando los medios de vida de comunidades enteras a cambio de la extracción de un recurso no renovable que ya ha sido explotado durante siglos.
Por Gonzalo Strano + El autor es miembro de la Unidad de Campañas de Greenpeace Argentina
Más Información:
- La Nación - Responsabilizan al gobierno nacional
- La Nación - Siguen los cortes y crece la tensión en Catamarca
- El Tiempo Argentino - Los bloqueos a favor y contra la minería marcan el pulso
- Página/12 - La minería, la invención democrática y el desarrollo sustentable
- El Cronista - Reunión de gobernadores por críticas a minería
- El Siglo - “La Alumbrera exportó la contaminación de Catamarca a Tucumán”
Ampliación del relleno sanitario de Ceamse
Avanzan con la ampliación del relleno sanitario de Ceamse
Fecha de Publicación: 14/02/2012
Fuente: El Día
Provincia/Región: Buenos Aires
Mientras se demora la nueva planta de tratamiento de residuos, buscan más lugar en el predio de Ensenada
Las ONGs que integran la asamblea ambiental "No + Ceamse" advirtieron por trabajos de ampliación que ya se estarían realizando en el relleno sanitario de Punta Lara, pese a que una orden judicial había ordenado el cierre del predio. Fuentes del sindicato de trabajadores de la Ceamse, en tanto, confirmaron que está prevista una ampliación para poder recibir la basura que ingresará al lugar hasta que se construya la nueva planta de tratamiento de residuos de la Región.
"Hemos visto en las últimas semanas que en el relleno se avanzó con la obra, ya se hicieron los terraplenes de los costados como para construir un nuevo módulo. Es una ampliación que va en contra de leyes nacionales y provinciales, con el agravante de que está al lado de una cava que posee agua que aflora de las napas subterráneas", señaló Marcelo Martínez, titular de la Ong Nuevo Ambiente.
Para los ambientalistas, la decisión de ampliar el relleno significa "un retroceso judicial e institucional, además de una burla a los compromisos y fallos judiciales".
Vale recordar que, en un fallo de diciembre de 2010, la Suprema Corte provincial le había denegado a Ceamse un pedido para ampliar el relleno de Punta Lara y había instado a los municipios a que informaran cuál sería el destino de la basura de la Región.
Sin embargo, el proyecto presentado en aquel momento para la construcción de una planta de tratamiento de residuos aún no pudo ser iniciado, según refirieron los ambientalistas. Esa demora es la explicación que dan los trabajadores de la Ceamse para justificar la necesidad de expandir el relleno.
De acuerdo con lo que indicaron referentes de la Asociación Gremial de Obreros y Empleados de Ceamse (AGOEC), "los módulos que se utilizan se encuentran con la capacidad colmada, por eso se está trabajando para poder hacer frente a la mayor demanda de residuos que podríamos tener en los próximos meses".
Según las estimaciones que hacen los referentes del sindicato, "si se cumpliera el cierre del relleno hoy mismo, en tres días la Ciudad estaría con la basura en la calle porque no habría a dónde llevarla".
Desde AGOEC, además, se estimó que la planta de tratamiento de residuos proyectada no podría estar lista en un plazo menor a 18 meses, por lo que se indicó que los trabajos en el relleno de Punta Lara apuntan a "mejorar la capacidad operativa teniendo en cuenta que vamos a tener que seguir recibiendo basura al menos durante un año y medio más".
"Estos trabajos no se hacen de un día para el otro, por eso estamos pensando ya desde hoy en las necesidades que pueden tenerse en los próximos meses", explicaron desde el gremio.
Fecha de Publicación: 14/02/2012
Fuente: El Día
Provincia/Región: Buenos Aires
Mientras se demora la nueva planta de tratamiento de residuos, buscan más lugar en el predio de Ensenada
Las ONGs que integran la asamblea ambiental "No + Ceamse" advirtieron por trabajos de ampliación que ya se estarían realizando en el relleno sanitario de Punta Lara, pese a que una orden judicial había ordenado el cierre del predio. Fuentes del sindicato de trabajadores de la Ceamse, en tanto, confirmaron que está prevista una ampliación para poder recibir la basura que ingresará al lugar hasta que se construya la nueva planta de tratamiento de residuos de la Región.
"Hemos visto en las últimas semanas que en el relleno se avanzó con la obra, ya se hicieron los terraplenes de los costados como para construir un nuevo módulo. Es una ampliación que va en contra de leyes nacionales y provinciales, con el agravante de que está al lado de una cava que posee agua que aflora de las napas subterráneas", señaló Marcelo Martínez, titular de la Ong Nuevo Ambiente.
Para los ambientalistas, la decisión de ampliar el relleno significa "un retroceso judicial e institucional, además de una burla a los compromisos y fallos judiciales".
Vale recordar que, en un fallo de diciembre de 2010, la Suprema Corte provincial le había denegado a Ceamse un pedido para ampliar el relleno de Punta Lara y había instado a los municipios a que informaran cuál sería el destino de la basura de la Región.
Sin embargo, el proyecto presentado en aquel momento para la construcción de una planta de tratamiento de residuos aún no pudo ser iniciado, según refirieron los ambientalistas. Esa demora es la explicación que dan los trabajadores de la Ceamse para justificar la necesidad de expandir el relleno.
De acuerdo con lo que indicaron referentes de la Asociación Gremial de Obreros y Empleados de Ceamse (AGOEC), "los módulos que se utilizan se encuentran con la capacidad colmada, por eso se está trabajando para poder hacer frente a la mayor demanda de residuos que podríamos tener en los próximos meses".
Según las estimaciones que hacen los referentes del sindicato, "si se cumpliera el cierre del relleno hoy mismo, en tres días la Ciudad estaría con la basura en la calle porque no habría a dónde llevarla".
Desde AGOEC, además, se estimó que la planta de tratamiento de residuos proyectada no podría estar lista en un plazo menor a 18 meses, por lo que se indicó que los trabajos en el relleno de Punta Lara apuntan a "mejorar la capacidad operativa teniendo en cuenta que vamos a tener que seguir recibiendo basura al menos durante un año y medio más".
"Estos trabajos no se hacen de un día para el otro, por eso estamos pensando ya desde hoy en las necesidades que pueden tenerse en los próximos meses", explicaron desde el gremio.
Andagalá es "zona liberada"
Denuncian que Andagalá es “zona liberada, peor que en la dictadura”
Fecha de Publicación: 13/02/2012
Fuente: AIM
Provincia/Región: Catamarca
A dos días de un nuevo aniversario de la mayor protesta de ambientalistas contra la megaminería a cielo abierto, más de 3.000 vecinos de Andagalá (Catamarca), marcharon el sábado para exigir al gobierno que reestablezca el estado de derecho y libere el tránsito de personas, impedido “por una patota pro-minera”, confirmó a AIM el integrante de la Asamblea El Algarrobo Ricardo Morel. “Denunciamos la falta total de garantías constitucionales y la vulneración absoluta del estado de derecho en todo el departamento de Andalgalá”. “La zona está liberada, peor que en la dictadura”, destacó.
En diálogo con esta Agencia, Morel advirtió que “Andalgá debe ser liberado, y si no lo hace el Estado, lo hará el pueblo movilizándose en las calles de todo el país”. El asambleísta, que es artesano textil, docente y pequeño productor en una finca en la que produce nueces, relató que Andangalá “está sitiada por una patota pro minera, que controla los accesos a la ciudad para evitar el ingreso de personas que intentan unirse a la lucha en contra de la mega minería a cielo abierto”.
El dirigente manifestó que desde hace cinco días, “un grupo de personas que trabaja en la minera Bajo la Alumbrera y empresarios avalados por los gobiernos provincial y nacional, actúan con total impunidad cortando los caminos hacia Andalgalá. En ese bloqueo impiden el paso a los medios de comunicación no oficialistas y a todos aquellos que se expresan en contra de la minería contaminante. Este accionar demuestra como estas empresas transnacionales operan al margen de la legalidad, utilizando una metodología patoteril de control total, ignorando la voz y la voluntad del pueblo”.
Además, Morel aseveró a AIM que este grupo de personas “maltrató y maltrata a los periodistas de medios nacionales que vinieron a cubrir los sucesos, como Gabriel Levinas y Julio Bazán, quienes fueron agredidos y amenazados. Ambos tuvieron que regresar porque los escupían y no los dejaban pasar”.
Sumado a esa grave actitud, Morel denunció que tampoco pudieron pasar otras 10 personas del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), organización social de inspiración cristiano – ecuménica que preside Adolfo Pérez Esquivel, y que tiene como finalidad promover los valores de la Solidaridad y la No violencia e impulsar la construcción de una sociedad que se funde en el reconocimiento pleno de los Derechos de la Persona y de los Pueblos. “Los persiguieron unos 50 kilómetros por la ruta y en este momento están en Belén sin poder llegar a Andagalá. Tampoco pudieron ingresar a la localidad compañeros que tienen hijos chicos y nuestra abogada, que está en Belén. Los identifican y depende quien esté o el grado de locura que tenga, dejan entrar o no”.
Justicia y policía: ¿dónde están?
El docente afirmó a AIM que ni la justicia ni la policía actúan. “Los teléfonos de la provincia están cerrados y la zona está liberada, peor que en la época de la dictadura”, dijo y reclamó que “se reestablezca el estado de derecho. Una cosa es que se paren camiones o camionetas que trabajan con la minera y otra cosa es un grupo de empresarios con intereses económicos importantes, que bloquean y maltratan a todos los que no piensen igual que ellos”.
El integrante de la asamblea El Algarrobo aseguró que “la policía no hace nada porque la fiscal (Marta Nieva) no les da la orden. No sabemos si ella está en la casa durmiendo o encerrada, y lo cierto que esto es una cosa de locos: cortaron los caminos alternativos, los campos y son los dueños y señores del pueblo”, se quejó.
También advirtió que el interés de la minera, avalada por el gobierno, es “propiciar el enfrentamiento de las patotas con los vecinos, ocasionando un caos social que
desestabilice al gobierno municipal por su abierto pronunciamiento en contra del proyecto minero a cielo abierto Agua Rica, desviando el objetivo real y principal de la protesta regional”.
Morel también señaló que todas las personas consideradas “anti mineras” corren el riesgo de ser agredidas por estas patotas, “tal como sucedió con cinco compañeros el miércoles pasado a la noche” y denunció que el gobierno nacional “minimiza y oculta la gravísima situación de represión total de la que somos objeto los pueblos organizados en contra de la mega minería. Denunciamos que el estado de derecho fue reemplazado por el estado minero”.
El reclamo
Los pobladores de Andagalá reclaman “el restablecimiento inmediato del estado de derecho en la localidad y en todo el territorio catamarqueño, así como de las garantías de libre tránsito de toda persona que ingrese o egrese de nuestro pueblo”.
Morel aclaró que la asamblea El Algarrobo responsabiliza “por cualquier hecho de violencia o agresión de la que seamos objeto cualquier vecino de Andalgalá o persona que desee ingresar a nuestro departamento a la fiscal Marta Nieva, al fiscal federal de Catamarca, Santos Reinoso, así como al gobierno nacional por no garantizar los derechos humanos ni la integridad de los pueblos afectados por la mega minería”. “Andalgá debe ser liberado, y si no lo hace el Estado, lo hará el pueblo movilizándose en las calles de todo el país”.
Sin medios, igual se puede
Andagalá es un pueblo de 17.000 habitantes. La marcha de 3.000 ciudadanos que se realizó el sábado, “fue más que significativa. No pudimos salir por la radio ni informar por los medios, que están totalmente comprados por el oficialismo o por la minera. Nuestro recurso fue Internet y los megáfonos, que usamos para hacer saber a la gente que se hacía la marcha alrededor de la plaza. Es gravísimo, porque los medios adeptos malinforman a la ciudadanía y porque nadie muestra lo que hacemos nosotros, que llevamos más de 110 rondas alrededor de la plaza desde el 15 de febrero de 2010”.
Muy grave
Radio El Algarrobo, el medio de comunicación de los vecinos que luchan contra la minería a cielo abierto, está interferida desde la noche del jueves 9 de febrero.
En Tinogasta
Vecinos coincidieron en destacar el “ambiente caldeado” en el corte tras la represión policial, que se produjo mientras estaba en la provincia el secretario de minería de la Nación, Jorge Mayoral. “Acá no hay barrabravas ni violentos, nos conocemos todos, pero hay gente que quedó muy enojada, difícil de controlar”, indicó el docente Juan Roger, miembro de la Asamblea de Autoconvocados de Tinogasta. “Tienen que entender que genera mucha impotencia cuando ves que vos y tus hijos están en peligro. Nos consideran población sacrificable. Te hace estallar”, explicó.
En el corte continúa la indignación contra el intendente Hugo Avila, quien ganó las últimas elecciones con argumentos contrarios a la megaminería. Dicen que se “bederizó” (en alusión al gobernador riojano, Luis Beder Herrera, quien también cambió su posición antiminera tras ocupar el poder). Después de la represión, el gobierno provincial de la kirchnerista Lucía Corpacci replegó a la policía (sólo patrulla una camioneta de bomberos). Con el argumento de que los cortes se producen en rutas nacionales, también intentaría que la justicia federal se hiciera cargo de los desalojos, según indicaron fuentes del área de Seguridad provincial.
Funcionarios de ese área recibieron ayer a abogados de los manifestantes de Tinogasta, que exigieron la suspensión del proyecto de Agua Rica, que explota la canadiense Yamana Gold, una de las accionistas de Bajo La Alumbrera.
Lejos de poner en duda las explotaciones que rechazan los ambientalistas, el secretario Mayoral continuó ayer promoviendo la actividad en la provincia junto a Angel Mercado, ministro de Producción, esposo de la gobernadora y sobrino del director de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio, Armando “Bombón” Mercado, ex esposo de la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner.
Más allá del corte existente en Tinogasta y las asambleas en Belén y Amaicha del Valle, las fuentes consultadas coincidieron en señalar a la comuna de Andalgalá como el centro que podría concentrar la mayor tensión en los próximos días. No sólo por el corte total que volvió a la ruta y los grupos pro mineros que actúan en la zona: el miércoles 15 se cumplirán dos años de la mayor protesta de ambientalistas contra la megaminería a cielo abierto.
Más Información:
- No a la Mina - Andalgalá ciudad sitiada
- ADN - Conflicto minero: “La situación es muy complicada", admite ...
- Página/12- Un corte de la patota prominera
Fecha de Publicación: 13/02/2012
Fuente: AIM
Provincia/Región: Catamarca
A dos días de un nuevo aniversario de la mayor protesta de ambientalistas contra la megaminería a cielo abierto, más de 3.000 vecinos de Andagalá (Catamarca), marcharon el sábado para exigir al gobierno que reestablezca el estado de derecho y libere el tránsito de personas, impedido “por una patota pro-minera”, confirmó a AIM el integrante de la Asamblea El Algarrobo Ricardo Morel. “Denunciamos la falta total de garantías constitucionales y la vulneración absoluta del estado de derecho en todo el departamento de Andalgalá”. “La zona está liberada, peor que en la dictadura”, destacó.
En diálogo con esta Agencia, Morel advirtió que “Andalgá debe ser liberado, y si no lo hace el Estado, lo hará el pueblo movilizándose en las calles de todo el país”. El asambleísta, que es artesano textil, docente y pequeño productor en una finca en la que produce nueces, relató que Andangalá “está sitiada por una patota pro minera, que controla los accesos a la ciudad para evitar el ingreso de personas que intentan unirse a la lucha en contra de la mega minería a cielo abierto”.
El dirigente manifestó que desde hace cinco días, “un grupo de personas que trabaja en la minera Bajo la Alumbrera y empresarios avalados por los gobiernos provincial y nacional, actúan con total impunidad cortando los caminos hacia Andalgalá. En ese bloqueo impiden el paso a los medios de comunicación no oficialistas y a todos aquellos que se expresan en contra de la minería contaminante. Este accionar demuestra como estas empresas transnacionales operan al margen de la legalidad, utilizando una metodología patoteril de control total, ignorando la voz y la voluntad del pueblo”.
Además, Morel aseveró a AIM que este grupo de personas “maltrató y maltrata a los periodistas de medios nacionales que vinieron a cubrir los sucesos, como Gabriel Levinas y Julio Bazán, quienes fueron agredidos y amenazados. Ambos tuvieron que regresar porque los escupían y no los dejaban pasar”.
Sumado a esa grave actitud, Morel denunció que tampoco pudieron pasar otras 10 personas del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), organización social de inspiración cristiano – ecuménica que preside Adolfo Pérez Esquivel, y que tiene como finalidad promover los valores de la Solidaridad y la No violencia e impulsar la construcción de una sociedad que se funde en el reconocimiento pleno de los Derechos de la Persona y de los Pueblos. “Los persiguieron unos 50 kilómetros por la ruta y en este momento están en Belén sin poder llegar a Andagalá. Tampoco pudieron ingresar a la localidad compañeros que tienen hijos chicos y nuestra abogada, que está en Belén. Los identifican y depende quien esté o el grado de locura que tenga, dejan entrar o no”.
Justicia y policía: ¿dónde están?
El docente afirmó a AIM que ni la justicia ni la policía actúan. “Los teléfonos de la provincia están cerrados y la zona está liberada, peor que en la época de la dictadura”, dijo y reclamó que “se reestablezca el estado de derecho. Una cosa es que se paren camiones o camionetas que trabajan con la minera y otra cosa es un grupo de empresarios con intereses económicos importantes, que bloquean y maltratan a todos los que no piensen igual que ellos”.
El integrante de la asamblea El Algarrobo aseguró que “la policía no hace nada porque la fiscal (Marta Nieva) no les da la orden. No sabemos si ella está en la casa durmiendo o encerrada, y lo cierto que esto es una cosa de locos: cortaron los caminos alternativos, los campos y son los dueños y señores del pueblo”, se quejó.
También advirtió que el interés de la minera, avalada por el gobierno, es “propiciar el enfrentamiento de las patotas con los vecinos, ocasionando un caos social que
desestabilice al gobierno municipal por su abierto pronunciamiento en contra del proyecto minero a cielo abierto Agua Rica, desviando el objetivo real y principal de la protesta regional”.
Morel también señaló que todas las personas consideradas “anti mineras” corren el riesgo de ser agredidas por estas patotas, “tal como sucedió con cinco compañeros el miércoles pasado a la noche” y denunció que el gobierno nacional “minimiza y oculta la gravísima situación de represión total de la que somos objeto los pueblos organizados en contra de la mega minería. Denunciamos que el estado de derecho fue reemplazado por el estado minero”.
El reclamo
Los pobladores de Andagalá reclaman “el restablecimiento inmediato del estado de derecho en la localidad y en todo el territorio catamarqueño, así como de las garantías de libre tránsito de toda persona que ingrese o egrese de nuestro pueblo”.
Morel aclaró que la asamblea El Algarrobo responsabiliza “por cualquier hecho de violencia o agresión de la que seamos objeto cualquier vecino de Andalgalá o persona que desee ingresar a nuestro departamento a la fiscal Marta Nieva, al fiscal federal de Catamarca, Santos Reinoso, así como al gobierno nacional por no garantizar los derechos humanos ni la integridad de los pueblos afectados por la mega minería”. “Andalgá debe ser liberado, y si no lo hace el Estado, lo hará el pueblo movilizándose en las calles de todo el país”.
Sin medios, igual se puede
Andagalá es un pueblo de 17.000 habitantes. La marcha de 3.000 ciudadanos que se realizó el sábado, “fue más que significativa. No pudimos salir por la radio ni informar por los medios, que están totalmente comprados por el oficialismo o por la minera. Nuestro recurso fue Internet y los megáfonos, que usamos para hacer saber a la gente que se hacía la marcha alrededor de la plaza. Es gravísimo, porque los medios adeptos malinforman a la ciudadanía y porque nadie muestra lo que hacemos nosotros, que llevamos más de 110 rondas alrededor de la plaza desde el 15 de febrero de 2010”.
Muy grave
Radio El Algarrobo, el medio de comunicación de los vecinos que luchan contra la minería a cielo abierto, está interferida desde la noche del jueves 9 de febrero.
En Tinogasta
Vecinos coincidieron en destacar el “ambiente caldeado” en el corte tras la represión policial, que se produjo mientras estaba en la provincia el secretario de minería de la Nación, Jorge Mayoral. “Acá no hay barrabravas ni violentos, nos conocemos todos, pero hay gente que quedó muy enojada, difícil de controlar”, indicó el docente Juan Roger, miembro de la Asamblea de Autoconvocados de Tinogasta. “Tienen que entender que genera mucha impotencia cuando ves que vos y tus hijos están en peligro. Nos consideran población sacrificable. Te hace estallar”, explicó.
En el corte continúa la indignación contra el intendente Hugo Avila, quien ganó las últimas elecciones con argumentos contrarios a la megaminería. Dicen que se “bederizó” (en alusión al gobernador riojano, Luis Beder Herrera, quien también cambió su posición antiminera tras ocupar el poder). Después de la represión, el gobierno provincial de la kirchnerista Lucía Corpacci replegó a la policía (sólo patrulla una camioneta de bomberos). Con el argumento de que los cortes se producen en rutas nacionales, también intentaría que la justicia federal se hiciera cargo de los desalojos, según indicaron fuentes del área de Seguridad provincial.
Funcionarios de ese área recibieron ayer a abogados de los manifestantes de Tinogasta, que exigieron la suspensión del proyecto de Agua Rica, que explota la canadiense Yamana Gold, una de las accionistas de Bajo La Alumbrera.
Lejos de poner en duda las explotaciones que rechazan los ambientalistas, el secretario Mayoral continuó ayer promoviendo la actividad en la provincia junto a Angel Mercado, ministro de Producción, esposo de la gobernadora y sobrino del director de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio, Armando “Bombón” Mercado, ex esposo de la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner.
Más allá del corte existente en Tinogasta y las asambleas en Belén y Amaicha del Valle, las fuentes consultadas coincidieron en señalar a la comuna de Andalgalá como el centro que podría concentrar la mayor tensión en los próximos días. No sólo por el corte total que volvió a la ruta y los grupos pro mineros que actúan en la zona: el miércoles 15 se cumplirán dos años de la mayor protesta de ambientalistas contra la megaminería a cielo abierto.
Más Información:
- No a la Mina - Andalgalá ciudad sitiada
- ADN - Conflicto minero: “La situación es muy complicada", admite ...
- Página/12- Un corte de la patota prominera
Derogan una ley de cultivos en el Delta
Derogan una ley de cultivos en el Delta
Fecha de Publicación: 13/02/2012
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Entre Ríos
El gobierno tomó la decisión tras las protestas de ambientalistas que objetaban el uso de agroquímicos
La Legislatura entrerriana derogó una ley luego de un mes de haberla creado, ante la resistencia que generaba por el hecho de que ponía en riesgo los humedales de las islas del delta entrerriano al permitir el ingreso de agroquímicos.
El proyecto en cuestión apuntaba a fomentar la explotación agropecuaria en las islas, pero eso generó una fuerte controversia entre el gobierno provincial y las organizaciones ecologistas de todo el Litoral.
La Legislatura de Entre Ríos aprobó el proyecto impulsado por el poder ejecutivo entrerriano, mediante el cual se creaba una sociedad anónima para la utilización productiva de las tierras fiscales, incluyendo las que integran los humedales de las islas. Se trató de la ley Nº 10.092 publicada el 26 de diciembre último en el Boletín Oficial, que otorgaba en concesión las tierras fiscales del Delta con el fin de destinarlas a la explotación agrícola intensiva.
Pero la nueva norma, que derogó la anterior, limita el uso de las islas a la ganadería, la apicultura y el turismo, prohibiendo taxativamente la "explotación agrícola intensiva que requiera la aplicación de agroquímicos y plaguicidas".
La creación de la ley de explotación de los humedales se enmarcó en un proceso de recuperación de islas fiscales que estaban en manos privadas por arrendamiento o por usurpación. De ese modo, el Estado provincial logró sumar a su dominio más de 200.000 hectáreas, de las cuales 60.000 se ubican en el Delta entrerriano, especialmente en los departamentos Victoria y Gualeguay.
La ley establecía una sociedad anónima llamada Arroz del Delta Entrerriano y que tendría una vigencia legal de 99 años. La norma, antes de su derogación, estableció además que la dirección y administración estuviera a cargo de un directorio con facultades para suscribir convenios con empresas públicas o privadas, nacionales o extranjeras para explotar las tierras.
La medida había sido impulsada por la Fiscalía de Estado, lo que no generó ningún tipo de resistencia. Lo que sí preocupó fue el destino que se les pretendía dar a esas tierras, muchas de ellas vírgenes.
"El Paraná no se toca"
Por eso, la sanción de la ley en diciembre del año pasado desató una tormenta de críticas de entidades ambientalistas de ambas orillas del Paraná.
Desde la Fundación Proteger, con sede en Santa Fe, su titular, Jorge Cappato, cuestionó la decisión entrerriana de explotar los humedales de las islas, planteó la preocupación por el futuro uso de agroquímicos y recordó que "los esteros, bañados, islas del Paraná y los ecosistemas donde el agua es el factor predominante, tienen un valor biológico extraordinario".
En tanto, el principal referente de la Fundación M'Bigua, con sede en Entre Ríos, Jorge Daneri, dijo a LA NACION que los postulados constitucionales de protección al medio ambiente "fueron amenazados por una norma sancionada en 48 horas, sin debate político ni técnico de las áreas con competencia que establece la creación de nada menos que una sociedad anónima en la que el Estado será minoritario".
En Rosario, la ley impulsada por Entre Ríos también generó una fuerte resistencia. "¡El Paraná no se toca!", fue el título de la convocatoria que se hizo por Facebook para protestar contra la explotación de los humedales de las islas, en una manifestación que llegó a congregar a centenares de personas frente al Monumento a la Bandera.
Por toda esa resistencia, la ley fue derogada por los mismos que la aprobaron un mes y medio atrás..
Fecha de Publicación: 13/02/2012
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Entre Ríos
El gobierno tomó la decisión tras las protestas de ambientalistas que objetaban el uso de agroquímicos
La Legislatura entrerriana derogó una ley luego de un mes de haberla creado, ante la resistencia que generaba por el hecho de que ponía en riesgo los humedales de las islas del delta entrerriano al permitir el ingreso de agroquímicos.
El proyecto en cuestión apuntaba a fomentar la explotación agropecuaria en las islas, pero eso generó una fuerte controversia entre el gobierno provincial y las organizaciones ecologistas de todo el Litoral.
La Legislatura de Entre Ríos aprobó el proyecto impulsado por el poder ejecutivo entrerriano, mediante el cual se creaba una sociedad anónima para la utilización productiva de las tierras fiscales, incluyendo las que integran los humedales de las islas. Se trató de la ley Nº 10.092 publicada el 26 de diciembre último en el Boletín Oficial, que otorgaba en concesión las tierras fiscales del Delta con el fin de destinarlas a la explotación agrícola intensiva.
Pero la nueva norma, que derogó la anterior, limita el uso de las islas a la ganadería, la apicultura y el turismo, prohibiendo taxativamente la "explotación agrícola intensiva que requiera la aplicación de agroquímicos y plaguicidas".
La creación de la ley de explotación de los humedales se enmarcó en un proceso de recuperación de islas fiscales que estaban en manos privadas por arrendamiento o por usurpación. De ese modo, el Estado provincial logró sumar a su dominio más de 200.000 hectáreas, de las cuales 60.000 se ubican en el Delta entrerriano, especialmente en los departamentos Victoria y Gualeguay.
La ley establecía una sociedad anónima llamada Arroz del Delta Entrerriano y que tendría una vigencia legal de 99 años. La norma, antes de su derogación, estableció además que la dirección y administración estuviera a cargo de un directorio con facultades para suscribir convenios con empresas públicas o privadas, nacionales o extranjeras para explotar las tierras.
La medida había sido impulsada por la Fiscalía de Estado, lo que no generó ningún tipo de resistencia. Lo que sí preocupó fue el destino que se les pretendía dar a esas tierras, muchas de ellas vírgenes.
"El Paraná no se toca"
Por eso, la sanción de la ley en diciembre del año pasado desató una tormenta de críticas de entidades ambientalistas de ambas orillas del Paraná.
Desde la Fundación Proteger, con sede en Santa Fe, su titular, Jorge Cappato, cuestionó la decisión entrerriana de explotar los humedales de las islas, planteó la preocupación por el futuro uso de agroquímicos y recordó que "los esteros, bañados, islas del Paraná y los ecosistemas donde el agua es el factor predominante, tienen un valor biológico extraordinario".
En tanto, el principal referente de la Fundación M'Bigua, con sede en Entre Ríos, Jorge Daneri, dijo a LA NACION que los postulados constitucionales de protección al medio ambiente "fueron amenazados por una norma sancionada en 48 horas, sin debate político ni técnico de las áreas con competencia que establece la creación de nada menos que una sociedad anónima en la que el Estado será minoritario".
En Rosario, la ley impulsada por Entre Ríos también generó una fuerte resistencia. "¡El Paraná no se toca!", fue el título de la convocatoria que se hizo por Facebook para protestar contra la explotación de los humedales de las islas, en una manifestación que llegó a congregar a centenares de personas frente al Monumento a la Bandera.
Por toda esa resistencia, la ley fue derogada por los mismos que la aprobaron un mes y medio atrás..
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
Suscribirse
Entradas
Comentarios