Conflicto por el agua entre Córdoba y Santiago
07:53 | 
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Afirman que Santiago respeta los cupos de agua que se derivan a Córdoba por el Dulce
Fecha de Publicación: 17/10/2011
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Santiago del Estero - Córdoba
Se cumplen “con creces” los acuerdos históricos firmados entre ambas jurisdicciones para respetar el tránsito de agua por el río que es el 22% de la cuenca Salí-Dulce.
El secretario del Agua, Abel Tévez, afirmó que Santiago del Estero cumple “con creces” el cupo de agua que le corresponde a la provincia de Córdoba que se deriva por el cauce del río Dulce y afirmó que se respetan los acuerdos firmados.
Tévez respondió de esta manera a una declaración del secretario de Ambiente de Córdoba, Raúl Costa, quien había señalado que la Laguna de Mar Chiquita recibe menos caudales, lo que provoca una salinización.
“Santiago cumple con creces”, afirmó el funcionario al ser consultado sobre la versión que hizo pública el responsable de Ambiente de la vecina provincia y le pidió que se informe correctamente antes de emitir una apreciación sobre el tema de los manejos de los caudales.
“Transitaron por el río Dulce hacia Córdoba 4.100 hectómetros por año. Por convenio firmado en 1967 le corresponde un 22% de los caudales medios que recibe la cuenca, que cuyo volumen está en el orden de 3.600 hectómetros”, apuntó al despejar dudas sobre el paso del agua hacia la jurisdicción río abajo.
Según el funcionario Cordobés las canalizaciones y derivaciones del río Dulce, con el fin de disponer y extraer agua para el riesgo de campos productivos ubicados en los departamentos santiagueños Quebrachos, Salavina, Mitre, Rivadavia y Ojo de Agua provocan que disminuya la provisión del líquido.
Carta
Según Costa, la semana pasada le entregó una carta formal a su par de Santiago del Estero, Juan Carlos Targa, transmitiéndole la inquietud durante la reunión del Comité Interjurisdiccional de la Cuenca Salí-Dulce, que integran Córdoba, Santiago del Estero, Salta, Tucumán y Catamarca.
El funcionario adelantó que en el transcurso de esta semana, técnicos de Ambiente de la vecina provincia sobrevolarán el trayecto del Salí-Dulce desde Tucumán hasta su desembocadura en Mar Chiquita con el propósito de identificar si existen canalizaciones desde el cauce.
Fecha de Publicación: 17/10/2011
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Santiago del Estero - Córdoba
Se cumplen “con creces” los acuerdos históricos firmados entre ambas jurisdicciones para respetar el tránsito de agua por el río que es el 22% de la cuenca Salí-Dulce.
El secretario del Agua, Abel Tévez, afirmó que Santiago del Estero cumple “con creces” el cupo de agua que le corresponde a la provincia de Córdoba que se deriva por el cauce del río Dulce y afirmó que se respetan los acuerdos firmados.
Tévez respondió de esta manera a una declaración del secretario de Ambiente de Córdoba, Raúl Costa, quien había señalado que la Laguna de Mar Chiquita recibe menos caudales, lo que provoca una salinización.
“Santiago cumple con creces”, afirmó el funcionario al ser consultado sobre la versión que hizo pública el responsable de Ambiente de la vecina provincia y le pidió que se informe correctamente antes de emitir una apreciación sobre el tema de los manejos de los caudales.
“Transitaron por el río Dulce hacia Córdoba 4.100 hectómetros por año. Por convenio firmado en 1967 le corresponde un 22% de los caudales medios que recibe la cuenca, que cuyo volumen está en el orden de 3.600 hectómetros”, apuntó al despejar dudas sobre el paso del agua hacia la jurisdicción río abajo.
Según el funcionario Cordobés las canalizaciones y derivaciones del río Dulce, con el fin de disponer y extraer agua para el riesgo de campos productivos ubicados en los departamentos santiagueños Quebrachos, Salavina, Mitre, Rivadavia y Ojo de Agua provocan que disminuya la provisión del líquido.
Carta
Según Costa, la semana pasada le entregó una carta formal a su par de Santiago del Estero, Juan Carlos Targa, transmitiéndole la inquietud durante la reunión del Comité Interjurisdiccional de la Cuenca Salí-Dulce, que integran Córdoba, Santiago del Estero, Salta, Tucumán y Catamarca.
El funcionario adelantó que en el transcurso de esta semana, técnicos de Ambiente de la vecina provincia sobrevolarán el trayecto del Salí-Dulce desde Tucumán hasta su desembocadura en Mar Chiquita con el propósito de identificar si existen canalizaciones desde el cauce.
Critican recortes en el Fondo para bosques nativos
Critican recortes en el Fondo para la conservación de los bosques nativos
Fecha de Publicación: 16/10/2011
Fuente: La Mañana (Formosa)
Provincia/Región: Nacional
Indican que el proyecto de presupuesto 2012 contempla una partida de 267 millones de pesos cuando en realidad se debería destinar $2.200 millones
La diputada radical Alicia Mastandrea, manifestó su preocupación por el recorte del Fondo de Conservación de los Bosques Nativos para las provincias de la Región del Norte Grande en el proyecto de Presupuesto 2012 enviado al Congreso por el Gobierno nacional.
La legisladora aseguró que "el proyecto de presupuesto 2012 contempla una partida de apenas 267 millones de pesos cuando en realidad debería destinar 2.200 millones de pesos para ese propósito".
"Si el Congreso aprueba la norma, estaría violando la Ley 26.331 de Bosques que dispone la creación de un fondo cuyo objetivo es compensar a las provincias y a los propietarios de campos que, debido al ordenamiento territorial, no pueden poner en producción los campos en cuestión", explicó la legisladora chaqueña.
"Esta es una muestra más de que el discurso oficial y los hechos van por distintos caminos en medio de la discusión por la Ley de Tierras que tanto le interesa al Gobierno. Con esto lo único que se va a lograr es que los propietarios sigan desmontando los campos para ponerlos en producción", señaló la funcionaria.
Mastandrea recordó que "son 15 las provincias en condiciones de recibir las compensaciones ambientales: Catamarca, Chaco, Formosa, Salta, Santiago del Estero, Tucumán, Misiones, Jujuy, Río Negro, San Luis, San Juan, Santa Cruz, La Pampa y Chubut, a las que podrían sumarse Córdoba y Corrientes cuyos técnicos todavía están en plenas negociaciones con funcionarios de la Secretaría de Ambiente por algunas cuestiones que deben revisar en cuanto a su ordenamiento territorial".
La legisladora también dijo que "no es la primera vez que el Congreso violaría la Ley de Bosques. El Presupuesto 2010 implementó un Fondo de Conservación de Bosques por 300 millones de pesos, cuando la asignación a las provincias debería haber sido de al menos 1.300 millones".
Finalmente, Mastandrea explicó que "para determinar las sumas que deberían destinarse hay que tener en cuenta que la Ley de Bosques determina que el Fondo debe ser integrado por partidas anuales que no podrán ser inferiores al 0,3% del Presupuesto nacional y por el 2% del total de las retenciones a las exportaciones de productos primarios y secundarios provenientes de la agricultura, ganadería y sector forestal correspondientes al año anterior del ejercicio".
Fecha de Publicación: 16/10/2011
Fuente: La Mañana (Formosa)
Provincia/Región: Nacional
Indican que el proyecto de presupuesto 2012 contempla una partida de 267 millones de pesos cuando en realidad se debería destinar $2.200 millones
La diputada radical Alicia Mastandrea, manifestó su preocupación por el recorte del Fondo de Conservación de los Bosques Nativos para las provincias de la Región del Norte Grande en el proyecto de Presupuesto 2012 enviado al Congreso por el Gobierno nacional.
La legisladora aseguró que "el proyecto de presupuesto 2012 contempla una partida de apenas 267 millones de pesos cuando en realidad debería destinar 2.200 millones de pesos para ese propósito".
"Si el Congreso aprueba la norma, estaría violando la Ley 26.331 de Bosques que dispone la creación de un fondo cuyo objetivo es compensar a las provincias y a los propietarios de campos que, debido al ordenamiento territorial, no pueden poner en producción los campos en cuestión", explicó la legisladora chaqueña.
"Esta es una muestra más de que el discurso oficial y los hechos van por distintos caminos en medio de la discusión por la Ley de Tierras que tanto le interesa al Gobierno. Con esto lo único que se va a lograr es que los propietarios sigan desmontando los campos para ponerlos en producción", señaló la funcionaria.
Mastandrea recordó que "son 15 las provincias en condiciones de recibir las compensaciones ambientales: Catamarca, Chaco, Formosa, Salta, Santiago del Estero, Tucumán, Misiones, Jujuy, Río Negro, San Luis, San Juan, Santa Cruz, La Pampa y Chubut, a las que podrían sumarse Córdoba y Corrientes cuyos técnicos todavía están en plenas negociaciones con funcionarios de la Secretaría de Ambiente por algunas cuestiones que deben revisar en cuanto a su ordenamiento territorial".
La legisladora también dijo que "no es la primera vez que el Congreso violaría la Ley de Bosques. El Presupuesto 2010 implementó un Fondo de Conservación de Bosques por 300 millones de pesos, cuando la asignación a las provincias debería haber sido de al menos 1.300 millones".
Finalmente, Mastandrea explicó que "para determinar las sumas que deberían destinarse hay que tener en cuenta que la Ley de Bosques determina que el Fondo debe ser integrado por partidas anuales que no podrán ser inferiores al 0,3% del Presupuesto nacional y por el 2% del total de las retenciones a las exportaciones de productos primarios y secundarios provenientes de la agricultura, ganadería y sector forestal correspondientes al año anterior del ejercicio".
Santiago ratificará el amparo contra Tucumán
Santiago del Estero ratificará el amparo contra firmas tucumanas
Fecha de Publicación: 15/10/2011
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Santiago del Estero - Tucumán
La semana que viene, la Corte Suprema de Justicia de la Nación recibirá del fiscal de Estado de Santiago del Estero, Raúl Abate, la ratificación de la demanda contra los empresarios de las industrias tucumanas responsables de la contaminación de la cuenca Salí-Dulce. Ayer, el diario santiagueño "El Liberal" publicó que el máximo tribunal de la Nación había enviado un decreto a los Gobiernos de Santiago del Estero y de Tucumán, por el que preguntaba si la vecina provincia continuaría con la demanda. Según el medio, Abate y el ombudsman santiagueño, Martín Díaz Achával, se pronunciaron por ratificar el amparo ambiental. Así lo confirmó a LA GACETA el propio fiscal de Estado santiagueño.
"La judicialización ya se inició y, en esta instancia, según nos hace saber la Corte, o ratificamos la demanda o se cae; no tenemos alternativa de suspensión. Y la ratificaremos porque ningún empresario tucumano pasó por la Fiscalía de Estado con un plan para dejar de contaminar", explicó Abate a LA GACETA. "Si ellos no aparecen, si no traen una propuesta seria para evitar que se siga contaminando, no podemos dar marcha atrás en una acción que ya llegó a la Corte de la Nación", agregó. Según el funcionario, la decisión de los industriales tucumanos de no presentarse ante el Gobierno santiagueño implica que no hay voluntad de comenzar a cesar la contaminación de la cuenca. "No se manifiesta la expresión de los empresarios, que deben venir con medidas concretas tendientes a dejar de causar daño. No renunciaremos a una acción si no vemos voluntad", dijo.
Aclaró que la demanda no está dirigida contra la Nación o contra Tucumán, sino contra los dueños de empresas que arrojarían fluidos contaminantes al río Salí. En ese sentido, prefirió no opinar sobre el grado de responsabilidad que le cabría al Gobierno tucumano, de reclamar enfáticamente a los industriales que apuren un plan para poner fin a la polución. "Desconozco las acciones que pueda estar llevando adelante Tucumán para lograr que los empresarios definan una propuesta concreta para cesar la contaminación. Yo recibo mandato del gobernador (Gerardo Zamora), que me ordena interponer algún recurso para hacer que el daño frene. Y hasta ahora, no tengo una orden contraria", afirmó.
El 26 de septiembre, el secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Juan José Mussi, propuso a los integrantes del Comité de Cuenca Salí-Dulce -los gobernadores de las provincias de la cuenca y los ministros del Interior (Florencio Randazzo), de Planificación Federal (Julio de Vido) y el Jefe de Gabinete (Aníbal Fernández), entre otros- una solución alternativa entre las partes para evitar la intervención de la Corte en el conflicto. Al respecto, Abate aclaró: "yo actúo en el campo procesal o jurídico, no en las negociaciones técnicas; mis instrucciones son las de interponer esta acción. Y no haremos caer la demanda sin tener una propuesta verificable de que se evitará que siga la contaminación".
Fecha de Publicación: 15/10/2011
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Santiago del Estero - Tucumán
La semana que viene, la Corte Suprema de Justicia de la Nación recibirá del fiscal de Estado de Santiago del Estero, Raúl Abate, la ratificación de la demanda contra los empresarios de las industrias tucumanas responsables de la contaminación de la cuenca Salí-Dulce. Ayer, el diario santiagueño "El Liberal" publicó que el máximo tribunal de la Nación había enviado un decreto a los Gobiernos de Santiago del Estero y de Tucumán, por el que preguntaba si la vecina provincia continuaría con la demanda. Según el medio, Abate y el ombudsman santiagueño, Martín Díaz Achával, se pronunciaron por ratificar el amparo ambiental. Así lo confirmó a LA GACETA el propio fiscal de Estado santiagueño.
"La judicialización ya se inició y, en esta instancia, según nos hace saber la Corte, o ratificamos la demanda o se cae; no tenemos alternativa de suspensión. Y la ratificaremos porque ningún empresario tucumano pasó por la Fiscalía de Estado con un plan para dejar de contaminar", explicó Abate a LA GACETA. "Si ellos no aparecen, si no traen una propuesta seria para evitar que se siga contaminando, no podemos dar marcha atrás en una acción que ya llegó a la Corte de la Nación", agregó. Según el funcionario, la decisión de los industriales tucumanos de no presentarse ante el Gobierno santiagueño implica que no hay voluntad de comenzar a cesar la contaminación de la cuenca. "No se manifiesta la expresión de los empresarios, que deben venir con medidas concretas tendientes a dejar de causar daño. No renunciaremos a una acción si no vemos voluntad", dijo.
Aclaró que la demanda no está dirigida contra la Nación o contra Tucumán, sino contra los dueños de empresas que arrojarían fluidos contaminantes al río Salí. En ese sentido, prefirió no opinar sobre el grado de responsabilidad que le cabría al Gobierno tucumano, de reclamar enfáticamente a los industriales que apuren un plan para poner fin a la polución. "Desconozco las acciones que pueda estar llevando adelante Tucumán para lograr que los empresarios definan una propuesta concreta para cesar la contaminación. Yo recibo mandato del gobernador (Gerardo Zamora), que me ordena interponer algún recurso para hacer que el daño frene. Y hasta ahora, no tengo una orden contraria", afirmó.
El 26 de septiembre, el secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Juan José Mussi, propuso a los integrantes del Comité de Cuenca Salí-Dulce -los gobernadores de las provincias de la cuenca y los ministros del Interior (Florencio Randazzo), de Planificación Federal (Julio de Vido) y el Jefe de Gabinete (Aníbal Fernández), entre otros- una solución alternativa entre las partes para evitar la intervención de la Corte en el conflicto. Al respecto, Abate aclaró: "yo actúo en el campo procesal o jurídico, no en las negociaciones técnicas; mis instrucciones son las de interponer esta acción. Y no haremos caer la demanda sin tener una propuesta verificable de que se evitará que siga la contaminación".
Producción limpia en ingenios de Salta y Jujuy
Los ingenios de Salta y de Jujuy lograron, en los últimos años, llegar a la "contaminación cero"
Fecha de Publicación: 14/10/2011
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Salta - Jujuy - Santiago del Estero - Tucumán
Las industrias sucroalcoholeras transforman los residuos en biofertilizantes. "Si tuviéramos vinaza cerca, la compraríamos porque representa abono", dijo un gerente.
Los ingenios azucareros de Salta y de Jujuy (Ledesma, San Isidro y Tabacal) lograron en los últimos años recuperar y transformar todos los residuos orgánicos que se generan en el proceso industrial de esta importante actividad productiva del norte argentino. Esto fue posible por el trabajo conjunto en la ejecución de diferentes proyectos sobre el desarrollo de alternativas para el manejo de efluentes de la producción de bioetanol (vinaza, cachaza, bagazo, ceniza de caldera), para conseguir un producto final de calidad y también sustentable ambientalmente.
Este proyecto modelo, coordinado por la Fundación Jujuy 3000, que es único en el país, permitió a los establecimientos fabriles desarrollar técnicas de manejo y transformación de efluentes industriales sólidos y líquidos en fertilizantes orgánicos de alto valor agregado.
"Hoy además de azúcar, papel y alcohol también producen biofertilizantes y energía sustentable producto de un aprovechamiento y correcto manejo de sus efluentes". Así explicó Juan María Gutiérrez, gerente de Medio Ambiente del Ingenio Tabacal, durante una jornada de biocombustibles que se realizó en el Colegio de Ingenieros de Jujuy.
El especialista señaló que la industria azucarera genera muchos residuos, "pero por suerte todos son de origen orgánico". En este sentido destacó que el ingenio Tabacal, "a través de varios proyectos, logró recuperarlos y transformarlos en sustratos que se aprovechan para seguir fertilizando sus tierras".
Gutiérrez reveló que todos los años se recupera más de 1 millón de toneladas que vuelven al sistema productivo. Y apuntó: "hemos comprobado que la calidad de los suelos mejoró con la aplicación de este sustrato que distribuimos a razón de 26 toneladas por hectárea todos los años en el surco".
Gutiérrez recordó que los ingenios producían azúcar, después alcohol y papel. Pero luego descubrieron que los residuos son muy ricos en elementos que son extraídos del suelo por la caña del azúcar y que a través de un manejo correcto pueden ser transformados en biofertilizantes.
Pedidos
Pero no sólo Tabacal fertiliza sus tierras con la producción de este sustrato, aclaró Gutiérrez: "se sumó una gran parte de productores de la región que, viendo las bondades de este producto sustentable, todos los años solicitan al ingenio su provisión para fertilizar sus cultivos".
Sobre la contaminación que pueden causar los residuos mal manejados, el profesional explicó que por cada litro de alcohol se generan 12 litros de vinaza, que si se tiran a los ríos lógicamente contamina.
En este sentido aseguró: "no es el caso de Tabacal, donde se la aprovecha para generar otros productos sustentables; si tuviéramos vinaza cerca, tal vez la compraríamos porque para nosotros este residuo representa un abono para nuestro cultivo".
Tabacal es una de las principales agroindustrias del NOA y el principal empleador privado de Salta. Se hizo acreedora al principal reconocimiento en la categoría "Cuidado del Medio Ambiente" del Premio al Emprendedor Solidario, que desde hace nueve años entrega el Foro Ecuménico Social.
Este importante galardón fue el reconocimiento a la ejecución empresaria del programa "Recuperación y transformación de residuos y efluentes de la industria sucro-alcoholera en abonos orgánicos", que constituye una alternativa para el desarrollo de una agricultura sostenible.
Alternativas
El programa nació con el objetivo de buscar alternativas para que cada kilogramo de azúcar, cada litro de alcohol y cada kilovatio producido sean sustentables.
En este sentido, Gutiérrez aseguró que había una prioridad: "nosotros consideramos que somos 100% sustentables".
Al respecto explicó que una empresa que produce siete veces más combustible del que consume; tres veces más la energía eléctrica de la que necesita; que da trabajo a unas 2.500 personas; que está instalada hace 90 años; que produce 210.000 toneladas de azúcar; que tiene efluente cero y genera 60 millones de litros de alcohol, "me parece que eso es sustentable", remarcó el especialista.
Respecto de la transferencia de esta tecnología señaló: "nosotros siempre estuvimos abiertos a compartir las tecnologías desarrolladas con los demás ingenios, tanto de nuestro país como de los países vecinos".
Agregó al respecto que no debe haber secretos para las soluciones ambientales. "Por eso nosotros compartimos todo lo que hacemos para evitar impactos ambientales y creo que ese es el camino hacia las producciones sustentables, como la nuestra".
Fecha de Publicación: 14/10/2011
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Salta - Jujuy - Santiago del Estero - Tucumán
Las industrias sucroalcoholeras transforman los residuos en biofertilizantes. "Si tuviéramos vinaza cerca, la compraríamos porque representa abono", dijo un gerente.
Los ingenios azucareros de Salta y de Jujuy (Ledesma, San Isidro y Tabacal) lograron en los últimos años recuperar y transformar todos los residuos orgánicos que se generan en el proceso industrial de esta importante actividad productiva del norte argentino. Esto fue posible por el trabajo conjunto en la ejecución de diferentes proyectos sobre el desarrollo de alternativas para el manejo de efluentes de la producción de bioetanol (vinaza, cachaza, bagazo, ceniza de caldera), para conseguir un producto final de calidad y también sustentable ambientalmente.
Este proyecto modelo, coordinado por la Fundación Jujuy 3000, que es único en el país, permitió a los establecimientos fabriles desarrollar técnicas de manejo y transformación de efluentes industriales sólidos y líquidos en fertilizantes orgánicos de alto valor agregado.
"Hoy además de azúcar, papel y alcohol también producen biofertilizantes y energía sustentable producto de un aprovechamiento y correcto manejo de sus efluentes". Así explicó Juan María Gutiérrez, gerente de Medio Ambiente del Ingenio Tabacal, durante una jornada de biocombustibles que se realizó en el Colegio de Ingenieros de Jujuy.
El especialista señaló que la industria azucarera genera muchos residuos, "pero por suerte todos son de origen orgánico". En este sentido destacó que el ingenio Tabacal, "a través de varios proyectos, logró recuperarlos y transformarlos en sustratos que se aprovechan para seguir fertilizando sus tierras".
Gutiérrez reveló que todos los años se recupera más de 1 millón de toneladas que vuelven al sistema productivo. Y apuntó: "hemos comprobado que la calidad de los suelos mejoró con la aplicación de este sustrato que distribuimos a razón de 26 toneladas por hectárea todos los años en el surco".
Gutiérrez recordó que los ingenios producían azúcar, después alcohol y papel. Pero luego descubrieron que los residuos son muy ricos en elementos que son extraídos del suelo por la caña del azúcar y que a través de un manejo correcto pueden ser transformados en biofertilizantes.
Pedidos
Pero no sólo Tabacal fertiliza sus tierras con la producción de este sustrato, aclaró Gutiérrez: "se sumó una gran parte de productores de la región que, viendo las bondades de este producto sustentable, todos los años solicitan al ingenio su provisión para fertilizar sus cultivos".
Sobre la contaminación que pueden causar los residuos mal manejados, el profesional explicó que por cada litro de alcohol se generan 12 litros de vinaza, que si se tiran a los ríos lógicamente contamina.
En este sentido aseguró: "no es el caso de Tabacal, donde se la aprovecha para generar otros productos sustentables; si tuviéramos vinaza cerca, tal vez la compraríamos porque para nosotros este residuo representa un abono para nuestro cultivo".
Tabacal es una de las principales agroindustrias del NOA y el principal empleador privado de Salta. Se hizo acreedora al principal reconocimiento en la categoría "Cuidado del Medio Ambiente" del Premio al Emprendedor Solidario, que desde hace nueve años entrega el Foro Ecuménico Social.
Este importante galardón fue el reconocimiento a la ejecución empresaria del programa "Recuperación y transformación de residuos y efluentes de la industria sucro-alcoholera en abonos orgánicos", que constituye una alternativa para el desarrollo de una agricultura sostenible.
Alternativas
El programa nació con el objetivo de buscar alternativas para que cada kilogramo de azúcar, cada litro de alcohol y cada kilovatio producido sean sustentables.
En este sentido, Gutiérrez aseguró que había una prioridad: "nosotros consideramos que somos 100% sustentables".
Al respecto explicó que una empresa que produce siete veces más combustible del que consume; tres veces más la energía eléctrica de la que necesita; que da trabajo a unas 2.500 personas; que está instalada hace 90 años; que produce 210.000 toneladas de azúcar; que tiene efluente cero y genera 60 millones de litros de alcohol, "me parece que eso es sustentable", remarcó el especialista.
Respecto de la transferencia de esta tecnología señaló: "nosotros siempre estuvimos abiertos a compartir las tecnologías desarrolladas con los demás ingenios, tanto de nuestro país como de los países vecinos".
Agregó al respecto que no debe haber secretos para las soluciones ambientales. "Por eso nosotros compartimos todo lo que hacemos para evitar impactos ambientales y creo que ese es el camino hacia las producciones sustentables, como la nuestra".
Intiman a la minera por el hierro en la costa
Intiman a la minera por el hierro en la costa
Fecha de Publicación: 14/10/2011
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
La MCC Minera Sierra Grande deberá retirar el acopio de mineral de hierro que tiene a 200 metros del mar en Punta Colorada. El Codema intimó a remediar el terreno en poco tiempo y a buscar soluciones a la dispersión de polvo de hierro en la costa.
Esta semana el titular del Codema, Oscar Echeverría se reunió con autoridades de la MCC Minera en Viedma para buscar un acuerdo que permita subsanar el daño ambiental, que data de varios años. A pesar del conocimiento del caso, el Codema no actuó antes.
Desde hace un par de años la MCC acopia concentrado de hierro en el puerto de Punta Colorada, lo que preocupa por los efectos que pueden tener en el medioambiente y en las personas la presencia de miles de toneladas de hierro concentrado en forma de polvo.
El tema preocupa más cuando millones de esas partículas vuelan por los aires en los frecuentes días de viento de la Patagonia costera, e inevitablemente quedan depositadas en inmuebles, vehículos, el suelo y la costa.
Esta semana el Codema pidió por nota a la MCC que de manera inmediata suspenda el lugar de acopio. La minera respondió que en pocos días llegará un buque a cargar hierro y se llevará las 70 mil toneladas de hierro que tiene acopiadas en la actualidad.
Además respondió que es imposible retirar el lugar de acopio del lugar por razones operativas.
Ayer, tras un nuevo encuentro de partes la Minera se comprometió a realizar un muro de seis metros y una cobertura del mineral y propiciar la humectación con modernas metodologías. "Hemos tenido muy mal diálogo y se nos complica idiomáticamente" dijo Echeverría.
Hace dos años el ahora intendente electo Renzo Tamburrini, denunció la contaminación cuando vivió en carne propia una situación y denunció ante el Concejo Provincial de Ecología y Medioambiente, a la empresa MCC Minera Sierra Grande por contaminación ambiental.
El legislador realizó la denuncia en perjuicio de su persona y del estado rionegrino, se alarmó después de comprobar que en la playa Las Casitas, contigua al muelle de Punta Colorada, que en la arena había restos de polvo de hierro.
Fecha de Publicación: 14/10/2011
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
La MCC Minera Sierra Grande deberá retirar el acopio de mineral de hierro que tiene a 200 metros del mar en Punta Colorada. El Codema intimó a remediar el terreno en poco tiempo y a buscar soluciones a la dispersión de polvo de hierro en la costa.
Esta semana el titular del Codema, Oscar Echeverría se reunió con autoridades de la MCC Minera en Viedma para buscar un acuerdo que permita subsanar el daño ambiental, que data de varios años. A pesar del conocimiento del caso, el Codema no actuó antes.
Desde hace un par de años la MCC acopia concentrado de hierro en el puerto de Punta Colorada, lo que preocupa por los efectos que pueden tener en el medioambiente y en las personas la presencia de miles de toneladas de hierro concentrado en forma de polvo.
El tema preocupa más cuando millones de esas partículas vuelan por los aires en los frecuentes días de viento de la Patagonia costera, e inevitablemente quedan depositadas en inmuebles, vehículos, el suelo y la costa.
Esta semana el Codema pidió por nota a la MCC que de manera inmediata suspenda el lugar de acopio. La minera respondió que en pocos días llegará un buque a cargar hierro y se llevará las 70 mil toneladas de hierro que tiene acopiadas en la actualidad.
Además respondió que es imposible retirar el lugar de acopio del lugar por razones operativas.
Ayer, tras un nuevo encuentro de partes la Minera se comprometió a realizar un muro de seis metros y una cobertura del mineral y propiciar la humectación con modernas metodologías. "Hemos tenido muy mal diálogo y se nos complica idiomáticamente" dijo Echeverría.
Hace dos años el ahora intendente electo Renzo Tamburrini, denunció la contaminación cuando vivió en carne propia una situación y denunció ante el Concejo Provincial de Ecología y Medioambiente, a la empresa MCC Minera Sierra Grande por contaminación ambiental.
El legislador realizó la denuncia en perjuicio de su persona y del estado rionegrino, se alarmó después de comprobar que en la playa Las Casitas, contigua al muelle de Punta Colorada, que en la arena había restos de polvo de hierro.
Sali-Dulce: indicios de la presencia de ácidos
Ahora descubrieron indicios de la presencia de ácidos en la cuenca
Fecha de Publicación: 13/10/2011
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán - Santiago del Estero
Técnicos del Comité de Cuenca Salí-Dulce sospechan que ante la probable limpieza de máquinas industriales de ingenios, algunos tributarios tucumanos tendrían la presencia de ácido debido al bajo PH que se registró en las mediciones realizadas por los integrantes del organismo.
No obstante, esta variable será motivo de análisis en los próximos días para confirmar esta presunción de los especialistas ante el cese de la actividad azucarera en esta etapa del año.
Durante un recorrido por los tributarios de la provincia de Tucumán, técnicos del Comité de Cuenca que representan a Santiago del Estero, constataron un alto grado de contaminación por el río Salí y el canal Dp2 y Troncal, tributario tucumano que recepta los desechos de citrícolas, minera La Alumbrera y los ingenios del departamento Leales.
Fuentes confiables informaron a EL LIBERAL que la inspección por estos ríos tucumanos que desembocan en el embalse registró la presencia de aguas turbias, malolientes y de color marrón.
La sonda multiparamétrica que posee el organismo no midió oxígeno diluido en agua, registro que indica la inexistencia de vida ictícola en este tributario tucumano.
Los especialistas intuyen que todavía sigue la presencia de residuos industriales en estos cursos de agua que generaban un fuerte hedor. “El agua pasó de color negro a marrón y no hay presencia de peces y nota también presencia de cenizas, en estos momentos el Salí, el Dp2 y Troncal le aportan contaminación al embalse”, indicó una fuente que coordinó las mediciones realizadas en la jornada de ayer.
Según estos estudios, otro de los tributarios comprometidos es el río Colorado, caracterizado por la abundante presencia de carbonilla, residuo de la quema de caña de azúcar.
“En el colorado hallamos 3,3 de oxígeno y no hay presencia de vida ictícola, encima el caudal de agua es medio bajo. En el río Matazambi que exhibía generalmente un color rojizo, se registró sorpresivamente niveles de oxígeno”, manifestaron.
De esta manera, los profesionales expresaron que uno de los principales objetivos será tratar de determinar la existencia a través de estudios.
Fecha de Publicación: 13/10/2011
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán - Santiago del Estero
Técnicos del Comité de Cuenca Salí-Dulce sospechan que ante la probable limpieza de máquinas industriales de ingenios, algunos tributarios tucumanos tendrían la presencia de ácido debido al bajo PH que se registró en las mediciones realizadas por los integrantes del organismo.
No obstante, esta variable será motivo de análisis en los próximos días para confirmar esta presunción de los especialistas ante el cese de la actividad azucarera en esta etapa del año.
Durante un recorrido por los tributarios de la provincia de Tucumán, técnicos del Comité de Cuenca que representan a Santiago del Estero, constataron un alto grado de contaminación por el río Salí y el canal Dp2 y Troncal, tributario tucumano que recepta los desechos de citrícolas, minera La Alumbrera y los ingenios del departamento Leales.
Fuentes confiables informaron a EL LIBERAL que la inspección por estos ríos tucumanos que desembocan en el embalse registró la presencia de aguas turbias, malolientes y de color marrón.
La sonda multiparamétrica que posee el organismo no midió oxígeno diluido en agua, registro que indica la inexistencia de vida ictícola en este tributario tucumano.
Los especialistas intuyen que todavía sigue la presencia de residuos industriales en estos cursos de agua que generaban un fuerte hedor. “El agua pasó de color negro a marrón y no hay presencia de peces y nota también presencia de cenizas, en estos momentos el Salí, el Dp2 y Troncal le aportan contaminación al embalse”, indicó una fuente que coordinó las mediciones realizadas en la jornada de ayer.
Según estos estudios, otro de los tributarios comprometidos es el río Colorado, caracterizado por la abundante presencia de carbonilla, residuo de la quema de caña de azúcar.
“En el colorado hallamos 3,3 de oxígeno y no hay presencia de vida ictícola, encima el caudal de agua es medio bajo. En el río Matazambi que exhibía generalmente un color rojizo, se registró sorpresivamente niveles de oxígeno”, manifestaron.
De esta manera, los profesionales expresaron que uno de los principales objetivos será tratar de determinar la existencia a través de estudios.
La Entre Ríos que la soja destruyó
La Entre Ríos que la soja destruyó
Fecha de Publicación: 13/10/2011
Fuente: AIM
Provincia/Región: Entre Ríos
El departamento Villaguay, donde otrora esplendió la selva del Montiel, es el más depredado en los últimos 10 años por la acción humana, justificada en términos económicos, a un nivel desconocido en toda la historia anterior de Entre Ríos.
El departamento Villaguay es el más depredado en los últimos 10 años por la acción humana.
Una organización no gubernamental ecologista lamentó que de nada sirvieron los recursos de amparo ni los convenios firmados con la justicia para evitar la depredación: el desmonte siguió sistemático con topadoras y quema del monte nativo hasta su destrucción completa.
En estación Raíces, según la denuncia, el desmonte salvaje producido paradójicamente por la “civilización” con fines productivos y comerciales, llega hasta el patio de las viviendas rurales de la zona. Esto permite suponer que la siembra de soja para obtener renta, que de eso se trata, llegará hasta allí.
Esto representa un peligro para la salud por el uso de agroquímicos que comporta el nuevo estilo productivo con uso de semillas transgénicas, y además viola la ley de uso de agroquímicos.
El procedimiento es: primero desmonte con topadoras, luego denuncia, luego llegada tardía de inspectores que aplican multas irrisorias que los infractores pagan con gusto.
Las normas, que el gobierno provincial a través de la secretaría de la Producción no cumple ni hace cumplir, disponen que el permiso de desmonte para cada propietario de campo es de 100 hectáreas con un plan de manejo firmada por un ingeniero matriculado.
En contraposición con estas normas, que permanecen en los papeles y nada más que en los papeles, en el departamento Villaguay, bajo el impulso de los altos precios de la soja, se ha destruido la obra milenaria de la naturaleza, con consecuencias imprevisibles.
Fecha de Publicación: 13/10/2011
Fuente: AIM
Provincia/Región: Entre Ríos
El departamento Villaguay, donde otrora esplendió la selva del Montiel, es el más depredado en los últimos 10 años por la acción humana, justificada en términos económicos, a un nivel desconocido en toda la historia anterior de Entre Ríos.
El departamento Villaguay es el más depredado en los últimos 10 años por la acción humana.
Una organización no gubernamental ecologista lamentó que de nada sirvieron los recursos de amparo ni los convenios firmados con la justicia para evitar la depredación: el desmonte siguió sistemático con topadoras y quema del monte nativo hasta su destrucción completa.
En estación Raíces, según la denuncia, el desmonte salvaje producido paradójicamente por la “civilización” con fines productivos y comerciales, llega hasta el patio de las viviendas rurales de la zona. Esto permite suponer que la siembra de soja para obtener renta, que de eso se trata, llegará hasta allí.
Esto representa un peligro para la salud por el uso de agroquímicos que comporta el nuevo estilo productivo con uso de semillas transgénicas, y además viola la ley de uso de agroquímicos.
El procedimiento es: primero desmonte con topadoras, luego denuncia, luego llegada tardía de inspectores que aplican multas irrisorias que los infractores pagan con gusto.
Las normas, que el gobierno provincial a través de la secretaría de la Producción no cumple ni hace cumplir, disponen que el permiso de desmonte para cada propietario de campo es de 100 hectáreas con un plan de manejo firmada por un ingeniero matriculado.
En contraposición con estas normas, que permanecen en los papeles y nada más que en los papeles, en el departamento Villaguay, bajo el impulso de los altos precios de la soja, se ha destruido la obra milenaria de la naturaleza, con consecuencias imprevisibles.
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Quemaron 6.000 hectáreas de monte en tres años
Quemaron 6.000 hectáreas de monte en sólo tres años
Fecha de Publicación: 12/10/2011
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco
Casi 6.000 hectáreas de monte fueron devastadas en tres años en la zona norte de Tres Isletas a causa de incendios provocados, por lo cual los organismos pertinentes radicaron la correspondiente denuncia penal del caso que genera un alto impacto ambiental.
Así confirmó ayer a NORTE el director de Bosques del Chaco, Miguel Angel López, quien señaló que el avance del fuego a lo largo de tres años ha destruido una masa boscosa que alcanzó las 6.000 hectáreas.
El hecho, grave por lo que implica la destrucción de los recursos naturales, fue detectado gracias a las imágenes satelitales obtenidas por el Geo- el sistema de georreferencia instalado en el ex edificio de Cosecha, en Sáenz Peña- y mediante el cual se llevaron a cabo actuaciones contra los responsables de las quemazones.
Imágenes elocuentes
Las imágenes satelitales a las que accedió NORTE muestran el daño producido por los incendios forestales, como manera de concienciar a la sociedad sobre las medidas a tomar para prevenirlos y manejarlos. En forma secuencial, se observa que la primera toma de agosto de 2009 se habían iniciado las quemazones, otra imagen de julio de 2010 con grandes avances en la depredación y, finalmente, la obtenida en septiembre de 2011, donde el daño provocado detectado es enorme y alcanzó las 6.000 hectáreas.
López: “Fue a propósito”
El director de Bosques dice que esta quema “es más grave de lo que estamos pensando, porque se hizo a propósito, con el fin de lograr verdaderos desmontes encubiertos, y este ejemplo de una zona cercana a Tres Isletas donde el avance del fuego a lo largo de tres años ha destruido la masa boscosa de 6000 hectáreas”, dijo.
“Están identificados”
El titular de Bosques confirmó ayer que inspectores de este organismo ha identificado a los propietarios de los predios y contratado un abogado para iniciar acciones penales y económicas por el daño ambiental producido.
Fecha de Publicación: 12/10/2011
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco
Casi 6.000 hectáreas de monte fueron devastadas en tres años en la zona norte de Tres Isletas a causa de incendios provocados, por lo cual los organismos pertinentes radicaron la correspondiente denuncia penal del caso que genera un alto impacto ambiental.
Así confirmó ayer a NORTE el director de Bosques del Chaco, Miguel Angel López, quien señaló que el avance del fuego a lo largo de tres años ha destruido una masa boscosa que alcanzó las 6.000 hectáreas.
El hecho, grave por lo que implica la destrucción de los recursos naturales, fue detectado gracias a las imágenes satelitales obtenidas por el Geo- el sistema de georreferencia instalado en el ex edificio de Cosecha, en Sáenz Peña- y mediante el cual se llevaron a cabo actuaciones contra los responsables de las quemazones.
Imágenes elocuentes
Las imágenes satelitales a las que accedió NORTE muestran el daño producido por los incendios forestales, como manera de concienciar a la sociedad sobre las medidas a tomar para prevenirlos y manejarlos. En forma secuencial, se observa que la primera toma de agosto de 2009 se habían iniciado las quemazones, otra imagen de julio de 2010 con grandes avances en la depredación y, finalmente, la obtenida en septiembre de 2011, donde el daño provocado detectado es enorme y alcanzó las 6.000 hectáreas.
López: “Fue a propósito”
El director de Bosques dice que esta quema “es más grave de lo que estamos pensando, porque se hizo a propósito, con el fin de lograr verdaderos desmontes encubiertos, y este ejemplo de una zona cercana a Tres Isletas donde el avance del fuego a lo largo de tres años ha destruido la masa boscosa de 6000 hectáreas”, dijo.
“Están identificados”
El titular de Bosques confirmó ayer que inspectores de este organismo ha identificado a los propietarios de los predios y contratado un abogado para iniciar acciones penales y económicas por el daño ambiental producido.
El ambiente a la cabeza de los temas de la CSJ
Derecho ambiental, a la cabeza de los temas de la Corte Suprema de Justicia
Fecha de Publicación: 12/10/2011
Fuente: Diario BAE
Provincia/Región: Nacional
La Matanza-Riachuelo fue el leading case que puso en primera plana al derecho ambiental como política de Estado. Glaciares, ley de tierras, basurales, son otros casos resonantes. Pero ¿son respetadas las disposiciones judiciales en materia de medioambiente?
El saneamiento del Riachuelo se convirtió en un caso emblemático de un país que no hace mucho empezó a contar con la incidencia de la Justicia para que se lleven a cabo políticas ambientales.
En este contexto, la problemática medioambiental comenzó a proyectarse este año y lo hace fuertemente de cara a 2012, según explicó a BAE el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, como uno de los temas sobre los cuales el máximo tribunal está trabajando intensamente. “Se están viviendo momentos muy difíciles en el mundo. Vemos que hay una gran indiferencia por parte de los líderes mundiales acerca de la protección del medioambiente y hay una temeridad de cómo están actuando porque se están tomando decisiones que pueden llevar a una catástrofe ambiental; entonces nosotros tenemos una postura muy firme y somos una de las Cortes más avanzadas en el mundo en materia ambiental por el tipo de decisiones que hemos tomado”, detalló Lorenzetti. Mediante estas resoluciones judiciales, la Corte ha asumido un rol activo en la toma de decisiones ambientales, competencias que en principio deberían haber sido llevadas a cabo por un ministerio nacional que priorice la salud y los recursos naturales de la ciudadanía.
El titular de la Corte sostuvo que el año próximo se llevará a cabo la reunión mundial Río + 20, donde el tribunal argentino fue convocado a compartir su experiencia sobre el trabajo realizado en el Riachuelo.
“Se trata de una causa emblemática porque a través de la intervención de la Corte se puso en marcha una política de Estado”, explica a BAE el abogado de la ONG Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Andrés Nápoli.
En ese sentido, la Corte Suprema de Justicia dio potestad al juez federal de Quilmes, Luis Armella, para que proceda en un conflicto que trae consigo más de quince años de desatención. Así, los más recientes avances de la causa llevaron a que días atrás el magistrado ordenara la clausura de veinte empresas ubicadas sobre el Riachuelo, en el marco de la ejecución de la sentencia dictada por la Corte Suprema en la causa “Mendoza”, en donde el máximo saneamiento integral de esa cuenca donde trabajen de manera conjunta los gobiernos nacional, provincial y de la Ciudad de Buenos Aires.
Según coincidieron especialistas consultados por BAE, “el ambiental es un derecho colectivo que involucra al conjunto de los ciudadanos y que debe ser atendido tanto a nivel político como por parte del estamento judicial que debe tomar cartas en el asunto para proteger a las personas”.
Desde el juzgado advirtieron a BAE que los pasos a seguir serán continuar desarrollando fiscalizaciones e instando a que la autoridad de la cuenca, Acumar, siga trabajando en pos de completar el trabajo de saneamiento que, según informaron autoridades oficiales, vería su etapa de culminación en 2016.
Cabe destacar que Acumar fue creada en al año 2006 por ley 26.168, y se encuentra complementada por las leyes de presupuestos mínimos en materia ambiental, entre las que se destaca la Ley General del Ambiente 25.675 y la Ley de Acceso a la Información Pública Ambiental 25.831, mientras que en órbita penal-federal se imponen las reglas de la Ley de Residuos Peligrosos 24.051.
En este plano, una de las mayores obras sobre las que hizo foco la Justicia es avanzar en la liberación del camino de sirga, para dar paso al cumplimiento con la relocalización de más de 1.300 familias que se encuentran apostadas a orillas del Riachuelo. Cabe destacar que para llevar adelante estas obras el presupuesto asignado en 2011 fue de 424.790.153 pesos.
CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS
“En el plano medioambiental es importante preguntarse qué grado de cumplimiento tienen las órdenes judiciales”, con esta frase Nápoli pone de manifiesto uno de los grandes temas que transita la justicia ambiental y que resulta un reclamo constante entre los actores judiciales que se desempeñan en este ámbito: la preocupante falta de acatamiento de las sentencias. “Los incumplimientos se dan porque estas acciones judiciales son obligaciones de hacer. En la causa Riachuelo, por ejemplo, hubo una sentencia histórica, el gran interrogante que siempre surge es si esa sentencia se va a cumplir y cómo se va a lograr definitivamente”, señala Nápoli.
Al respecto, la diputada nacional Alicia Comelli, autora de una batería de proyectos sobre sustentabilidad y preservación de recursos naturales, sostiene la necesidad de que “se cree una justicia especializada en temas medioambientales”, razón por lo cual avanza en la Cámara baja un proyecto de ley para la creación de un fuero ambiental “de manera que la Justicia pueda especializarse en el análisis de la temática; para esto se necesita un urgente debate parlamentario para que se logre dar un avance contundente a nivel político y judicial”. En forma complementaria, otras propuestas novedosas vienen de la mano de las fiscalías ambientales, del aumento de la mediación ambiental e incluso la creación de tribunales de menor cuantía que apunten a descomprimir a los juzgados de causas de menor prioridad.
OTRAS ÁREAS
Desde el año pasado la Ley de Glaciares 26.639 se convirtió en un tema central dado que, según explica Nápoli, “el Congreso sancionó una nueva legislación que no ha podido implementarse de la manera en que debería, dado que por ejemplo jueces federales de San Juan emitieron una serie de medidas cautelares que prohibieron la aplicación de la norma de manera directa, por lo tanto esa es una materia pendiente aún que está siendo estudiada por la Corte Suprema de Justicia”. Ante las presentaciones del gobierno de San Juan y de las empresas mineras para que se dejara sin efecto la norma –dado que, según aducían, la misma era violatoria de los derechos adquiridos y contratados con anterioridad– desde FARN entienden que “la ley sancionada por el Congreso no tiene que ver con la vulneración de los derechos, sino que con la protección de un bien que es superior. Creemos que la Corte va a fallar en favor de la vigencia de la ley”.
Otro de los temas centrales sobre el que los abogados ambientalistas hacen foco es la Ley de Protección de Bosques Nativos 26.331 mediante la que se estableció un ordenamiento del territorio de todas las provincias del país. “Se trata de otro tema judicializado, dado que ante el freno que existe en este tema, se han llevado a cabo muchas presentaciones judiciales en las distintas provincias”, sostiene Nápoli.
En el mismo sentido, el consultor jurídico Máximo Cafici sostuvo que “el derecho ambiental y su juego armónico con la Constitución Nacional permitieron –a través de decisiones judiciales aisladas que podrán ser revisadas– que surjan grietas que limitan el avance de normas clave para la defensa ambiental como la protección de los glaciares y los bosques nativos, fuentes esenciales de la biodiversidad. Una evaluación ambiental previa y estratégica podría ser una solución pacífica para que en el futuro mantengamos los recursos naturales que nos identifican en nuestro territorio”.
En este escenario, la justicia nacional –con el accionar de la Corte a la cabeza– comienza a transitar con mayor responsabilidad y entendimiento sobre los temas medioambientales que afectan los derechos de los ciudadanos; sin dudas, en materia de derecho medioambiental falta un largo camino por recorrer, pero desde distintos sectores buscan fortalecer un trabajo conjunto que combine el accionar de la política y la Justicia para lograr políticas de Estado concretas en pos de dar cumplimiento al artículo 41 de la Constitución Nacional que exige por el derecho de todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano.
LEY DE TIERRAS. RECHAZO A LOS ARGUMENTOS DE INCONSTITUCIONALIDAD
Existen casi veinte iniciativas que buscan fijar normas para la tenencia de tierras, en especial en manos de extranjeros pero, a pesar de que la presidenta Cristina Fernández hizo especial foco en el tema, hay una clara resistencia de la oposición para la salida del proyecto.
Ante las declaraciones de inconstitucionalidad a la iniciativa de protección al dominio de tierras rurales, el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, rechazó estos argumentos, sobre lo cual el ministro de Justicia, Julio Alak, sostuvo que se trata de una cuestión de “soberanía”.
El proyecto busca limitar a 1.000 hectáreas la tenencia de campos por parte de extranjeros y prevé la creación de un registro único nacional de propiedades, para limitar a 20% el dominio por parte de no nacionales, si bien no modifica los derechos adquiridos por los actuales terratenientes.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos consideró que el proyecto de ley de protección al dominio nacional del suelo impulsado por la Presidenta “satisface una demanda de fuerte contenido nacional, porque es una cuestión de soberanía de Estado defender un recurso estratégico no renovable” y agregó que “en los últimos años Argentina ha experimentado un gran avance en materia registral”. En ese orden, explicó que “el Registro Nacional de Tierras Rurales tendrá como base el Sistema Nacional de Información de los Registros de la Propiedad Inmueble (SiNaRePI)” con el que cuenta la cartera a su cargo.
El ministro de Justicia señaló que “el SiNaRePI es un instrumento implementado a partir de observaciones formuladas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), con relación a la necesidad de contar con un acceso unificado a la información inmobiliaria por parte de la Unidad de Información Financiera (UIF) y de los organismos judiciales”.
Luego de aclarar que “en ningún caso se suplantarán los recaudos registrales de cada jurisdicción”, Alak subrayó que el sistema “recabará información de todas las jurisdicciones adheridas, permitirá conformar la base de datos de tierras rurales y confrontar la información obtenida a partir del censo de tierras rurales y de las declaraciones juradas obligatorias, previstas en el proyecto, facilitando y agilizando la constatación de los inmuebles rurales en manos de extranjeros”.
Fecha de Publicación: 12/10/2011
Fuente: Diario BAE
Provincia/Región: Nacional
La Matanza-Riachuelo fue el leading case que puso en primera plana al derecho ambiental como política de Estado. Glaciares, ley de tierras, basurales, son otros casos resonantes. Pero ¿son respetadas las disposiciones judiciales en materia de medioambiente?
El saneamiento del Riachuelo se convirtió en un caso emblemático de un país que no hace mucho empezó a contar con la incidencia de la Justicia para que se lleven a cabo políticas ambientales.
En este contexto, la problemática medioambiental comenzó a proyectarse este año y lo hace fuertemente de cara a 2012, según explicó a BAE el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, como uno de los temas sobre los cuales el máximo tribunal está trabajando intensamente. “Se están viviendo momentos muy difíciles en el mundo. Vemos que hay una gran indiferencia por parte de los líderes mundiales acerca de la protección del medioambiente y hay una temeridad de cómo están actuando porque se están tomando decisiones que pueden llevar a una catástrofe ambiental; entonces nosotros tenemos una postura muy firme y somos una de las Cortes más avanzadas en el mundo en materia ambiental por el tipo de decisiones que hemos tomado”, detalló Lorenzetti. Mediante estas resoluciones judiciales, la Corte ha asumido un rol activo en la toma de decisiones ambientales, competencias que en principio deberían haber sido llevadas a cabo por un ministerio nacional que priorice la salud y los recursos naturales de la ciudadanía.
El titular de la Corte sostuvo que el año próximo se llevará a cabo la reunión mundial Río + 20, donde el tribunal argentino fue convocado a compartir su experiencia sobre el trabajo realizado en el Riachuelo.
“Se trata de una causa emblemática porque a través de la intervención de la Corte se puso en marcha una política de Estado”, explica a BAE el abogado de la ONG Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Andrés Nápoli.
En ese sentido, la Corte Suprema de Justicia dio potestad al juez federal de Quilmes, Luis Armella, para que proceda en un conflicto que trae consigo más de quince años de desatención. Así, los más recientes avances de la causa llevaron a que días atrás el magistrado ordenara la clausura de veinte empresas ubicadas sobre el Riachuelo, en el marco de la ejecución de la sentencia dictada por la Corte Suprema en la causa “Mendoza”, en donde el máximo saneamiento integral de esa cuenca donde trabajen de manera conjunta los gobiernos nacional, provincial y de la Ciudad de Buenos Aires.
Según coincidieron especialistas consultados por BAE, “el ambiental es un derecho colectivo que involucra al conjunto de los ciudadanos y que debe ser atendido tanto a nivel político como por parte del estamento judicial que debe tomar cartas en el asunto para proteger a las personas”.
Desde el juzgado advirtieron a BAE que los pasos a seguir serán continuar desarrollando fiscalizaciones e instando a que la autoridad de la cuenca, Acumar, siga trabajando en pos de completar el trabajo de saneamiento que, según informaron autoridades oficiales, vería su etapa de culminación en 2016.
Cabe destacar que Acumar fue creada en al año 2006 por ley 26.168, y se encuentra complementada por las leyes de presupuestos mínimos en materia ambiental, entre las que se destaca la Ley General del Ambiente 25.675 y la Ley de Acceso a la Información Pública Ambiental 25.831, mientras que en órbita penal-federal se imponen las reglas de la Ley de Residuos Peligrosos 24.051.
En este plano, una de las mayores obras sobre las que hizo foco la Justicia es avanzar en la liberación del camino de sirga, para dar paso al cumplimiento con la relocalización de más de 1.300 familias que se encuentran apostadas a orillas del Riachuelo. Cabe destacar que para llevar adelante estas obras el presupuesto asignado en 2011 fue de 424.790.153 pesos.
CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS
“En el plano medioambiental es importante preguntarse qué grado de cumplimiento tienen las órdenes judiciales”, con esta frase Nápoli pone de manifiesto uno de los grandes temas que transita la justicia ambiental y que resulta un reclamo constante entre los actores judiciales que se desempeñan en este ámbito: la preocupante falta de acatamiento de las sentencias. “Los incumplimientos se dan porque estas acciones judiciales son obligaciones de hacer. En la causa Riachuelo, por ejemplo, hubo una sentencia histórica, el gran interrogante que siempre surge es si esa sentencia se va a cumplir y cómo se va a lograr definitivamente”, señala Nápoli.
Al respecto, la diputada nacional Alicia Comelli, autora de una batería de proyectos sobre sustentabilidad y preservación de recursos naturales, sostiene la necesidad de que “se cree una justicia especializada en temas medioambientales”, razón por lo cual avanza en la Cámara baja un proyecto de ley para la creación de un fuero ambiental “de manera que la Justicia pueda especializarse en el análisis de la temática; para esto se necesita un urgente debate parlamentario para que se logre dar un avance contundente a nivel político y judicial”. En forma complementaria, otras propuestas novedosas vienen de la mano de las fiscalías ambientales, del aumento de la mediación ambiental e incluso la creación de tribunales de menor cuantía que apunten a descomprimir a los juzgados de causas de menor prioridad.
OTRAS ÁREAS
Desde el año pasado la Ley de Glaciares 26.639 se convirtió en un tema central dado que, según explica Nápoli, “el Congreso sancionó una nueva legislación que no ha podido implementarse de la manera en que debería, dado que por ejemplo jueces federales de San Juan emitieron una serie de medidas cautelares que prohibieron la aplicación de la norma de manera directa, por lo tanto esa es una materia pendiente aún que está siendo estudiada por la Corte Suprema de Justicia”. Ante las presentaciones del gobierno de San Juan y de las empresas mineras para que se dejara sin efecto la norma –dado que, según aducían, la misma era violatoria de los derechos adquiridos y contratados con anterioridad– desde FARN entienden que “la ley sancionada por el Congreso no tiene que ver con la vulneración de los derechos, sino que con la protección de un bien que es superior. Creemos que la Corte va a fallar en favor de la vigencia de la ley”.
Otro de los temas centrales sobre el que los abogados ambientalistas hacen foco es la Ley de Protección de Bosques Nativos 26.331 mediante la que se estableció un ordenamiento del territorio de todas las provincias del país. “Se trata de otro tema judicializado, dado que ante el freno que existe en este tema, se han llevado a cabo muchas presentaciones judiciales en las distintas provincias”, sostiene Nápoli.
En el mismo sentido, el consultor jurídico Máximo Cafici sostuvo que “el derecho ambiental y su juego armónico con la Constitución Nacional permitieron –a través de decisiones judiciales aisladas que podrán ser revisadas– que surjan grietas que limitan el avance de normas clave para la defensa ambiental como la protección de los glaciares y los bosques nativos, fuentes esenciales de la biodiversidad. Una evaluación ambiental previa y estratégica podría ser una solución pacífica para que en el futuro mantengamos los recursos naturales que nos identifican en nuestro territorio”.
En este escenario, la justicia nacional –con el accionar de la Corte a la cabeza– comienza a transitar con mayor responsabilidad y entendimiento sobre los temas medioambientales que afectan los derechos de los ciudadanos; sin dudas, en materia de derecho medioambiental falta un largo camino por recorrer, pero desde distintos sectores buscan fortalecer un trabajo conjunto que combine el accionar de la política y la Justicia para lograr políticas de Estado concretas en pos de dar cumplimiento al artículo 41 de la Constitución Nacional que exige por el derecho de todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano.
LEY DE TIERRAS. RECHAZO A LOS ARGUMENTOS DE INCONSTITUCIONALIDAD
Existen casi veinte iniciativas que buscan fijar normas para la tenencia de tierras, en especial en manos de extranjeros pero, a pesar de que la presidenta Cristina Fernández hizo especial foco en el tema, hay una clara resistencia de la oposición para la salida del proyecto.
Ante las declaraciones de inconstitucionalidad a la iniciativa de protección al dominio de tierras rurales, el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, rechazó estos argumentos, sobre lo cual el ministro de Justicia, Julio Alak, sostuvo que se trata de una cuestión de “soberanía”.
El proyecto busca limitar a 1.000 hectáreas la tenencia de campos por parte de extranjeros y prevé la creación de un registro único nacional de propiedades, para limitar a 20% el dominio por parte de no nacionales, si bien no modifica los derechos adquiridos por los actuales terratenientes.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos consideró que el proyecto de ley de protección al dominio nacional del suelo impulsado por la Presidenta “satisface una demanda de fuerte contenido nacional, porque es una cuestión de soberanía de Estado defender un recurso estratégico no renovable” y agregó que “en los últimos años Argentina ha experimentado un gran avance en materia registral”. En ese orden, explicó que “el Registro Nacional de Tierras Rurales tendrá como base el Sistema Nacional de Información de los Registros de la Propiedad Inmueble (SiNaRePI)” con el que cuenta la cartera a su cargo.
El ministro de Justicia señaló que “el SiNaRePI es un instrumento implementado a partir de observaciones formuladas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), con relación a la necesidad de contar con un acceso unificado a la información inmobiliaria por parte de la Unidad de Información Financiera (UIF) y de los organismos judiciales”.
Luego de aclarar que “en ningún caso se suplantarán los recaudos registrales de cada jurisdicción”, Alak subrayó que el sistema “recabará información de todas las jurisdicciones adheridas, permitirá conformar la base de datos de tierras rurales y confrontar la información obtenida a partir del censo de tierras rurales y de las declaraciones juradas obligatorias, previstas en el proyecto, facilitando y agilizando la constatación de los inmuebles rurales en manos de extranjeros”.
Falta capacitación para el uso de agrotóxicos
Advierten que falta capacitación para el uso de agrotóxicos
Fecha de Publicación: 11/10/2011
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Misiones
El informe de un canal nacional volvió a poner sobre el tapete los perjuicios derivados del uso de químicos en el agro. El ministro del Agro, Néstor Ortega, admitió que productores incurren en “faltas graves de conducta” y que necesitan acompañamiento más constante de técnicos. El diputado Ricardo Maciel reclamó más compromiso de las tabacaleras.
Un crudo informe televisivo difundido en la noche del martes por el canal América TV, de Buenos Aires, volvió a centrar el eje del debate del sector agropecuario sobre un tema tan recurrente como irresuelto: los efectos nocivos del uso de agrotóxicos en los cultivos.
El ministro del Agro de la Provincia, Néstor Ortega, reconoció la gravedad de la situación, aunque destacó que se produjeron avances importantes en los últimos años , como la eliminación de sustancias altamente tóxicas de las chacras misioneras como el bromuro de metilo, que se utilizaba extensamente en la actividad tabacalera.
El funcionario repartió responsabilidades entre los propios productores, a quienes endilgó “una falta grave de conducta sobre el uso de agrotóxicos” y entre las empresas que venden los químicos y no capacitan apropiadamente a los productores para que los usen del modo que resulte menos nocivo posible.
El diputado provincial y representante de Misiones en el Inym, Ricardo Maciel, apuntó directamente contra las tabacaleras. Recordó que estas empresas tienen la responsabilidad en la entrega de los agroquímicos y del recupero de los envases, los cuales conservan parte de la toxicidad de su contenido.
“Se insiste en que el pequeño tabacalero es el que contamina el ambiente, sobemos que el cultivo de tabaco implica uso de agrotóxicos. Pero nadie habla de la empresa que entregó esos químicos”, observó Maciel.
Recordó que en los últimos años mejoró el modo en que se utiliza este tipo de productos y destacó que Misiones fue una de las primeras provincias en dejar de usar el bromuro de metilo en los almácigos de tabaco.
Fecha de Publicación: 11/10/2011
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Misiones
El informe de un canal nacional volvió a poner sobre el tapete los perjuicios derivados del uso de químicos en el agro. El ministro del Agro, Néstor Ortega, admitió que productores incurren en “faltas graves de conducta” y que necesitan acompañamiento más constante de técnicos. El diputado Ricardo Maciel reclamó más compromiso de las tabacaleras.
Un crudo informe televisivo difundido en la noche del martes por el canal América TV, de Buenos Aires, volvió a centrar el eje del debate del sector agropecuario sobre un tema tan recurrente como irresuelto: los efectos nocivos del uso de agrotóxicos en los cultivos.
El ministro del Agro de la Provincia, Néstor Ortega, reconoció la gravedad de la situación, aunque destacó que se produjeron avances importantes en los últimos años , como la eliminación de sustancias altamente tóxicas de las chacras misioneras como el bromuro de metilo, que se utilizaba extensamente en la actividad tabacalera.
El funcionario repartió responsabilidades entre los propios productores, a quienes endilgó “una falta grave de conducta sobre el uso de agrotóxicos” y entre las empresas que venden los químicos y no capacitan apropiadamente a los productores para que los usen del modo que resulte menos nocivo posible.
El diputado provincial y representante de Misiones en el Inym, Ricardo Maciel, apuntó directamente contra las tabacaleras. Recordó que estas empresas tienen la responsabilidad en la entrega de los agroquímicos y del recupero de los envases, los cuales conservan parte de la toxicidad de su contenido.
“Se insiste en que el pequeño tabacalero es el que contamina el ambiente, sobemos que el cultivo de tabaco implica uso de agrotóxicos. Pero nadie habla de la empresa que entregó esos químicos”, observó Maciel.
Recordó que en los últimos años mejoró el modo en que se utiliza este tipo de productos y destacó que Misiones fue una de las primeras provincias en dejar de usar el bromuro de metilo en los almácigos de tabaco.
Capital: Talan especies exóticas en la reserva
Talan especies exóticas en la reserva
Fecha de Publicación: 10/10/2011
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Capital
Como la ciudad pretende proteger los humedales, comenzaron a despojar el terreno de las especies exóticas que invaden el lugar
La tala de varios árboles en la Reserva Ecológica, en la Costanera Sur, llama la atención. Decenas de vecinos se preguntan qué es lo que está pasando en uno de los espacios verdes más grandes de la Capital, donde se ven paraísos caídos junto a vestigios de palmeras.
Lo que sucede es que la reserva, que fue declarada sitio Ramsar (para la protección de humedales), nació como un espacio con función educativa. Y es lo que se quiere recuperar. Para ello, el objetivo es despojarla de todas las especies exóticas que han prendido en el área para recuperar las ecorregiones autóctonas.
Estos son los objetivos con los que asumió hace poco menos de un año el naturalista y museólogo Claudio Bertonatti al frente de esta jurisdicción porteña, que depende del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. "Sé que genera resistencia ver que se está talando un árbol, pero se trata de un plan para terminar con un problema que afecta al mundo entero: las especies invasoras", explica Bertonatti a LA NACION, mientras recorre uno de los senderos de la reserva.
El problema que generan las especies exóticas en un ecosistema es que, al no tener un predador, se expanden sin control. "Si la especie nueva se adapta, sigue una serie de etapas hasta transformarse en una invasión biológica. Además se modela el paisaje de una forma que no es la deseada", agrega.
Entre las especies exóticas que no están dentro de las tres ecorregiones de la zona (bosques de sauces y juncales, pastizal o espinal) están, por ejemplo, la palmera phoenix, el ligustro y el paraíso.
Los biólogos han detectado que poco menos del 20 por ciento de la flora que existe en la reserva es exótica. "Los árboles que tenemos que sacar compiten por luz y por agua con las especies autóctonas, que también tienen la desventaja de tener predadores. El trabajo se va a hacer en etapas. En los lugares donde se quita un árbol, se planta uno nuevo que corresponde con la ecorregión", explica Bertonatti, e indica que los restos quedan en el lugar para que los vecinos se acerquen y se les pueda explicar cuál es la idea de la gestión. ¿Qué es una especie invasora? Es aquella introducida capaz de propagarse sin la asistencia directa del ser humano o que se sostiene por sí misma, en hábitats naturales o seminaturales, donde produce cambios significativos en términos de composición, estructura o procesos del ecosistema.
Implantado
En rigor, todo el ambiente que se generó en este espacio verde de la Costanera Sur es implantado. Desde 1918 hasta 1950 funcionó allí el Balneario Municipal. El deterioro de las aguas a causa de la contaminación decretó la decadencia del paseo.
En el año 1978 el gobierno militar empezó a "ganarle tierras al río" volcando escombros en él para construir el centro administrativo de la ciudad. Sin embargo, en 1984 se abandonó el proyecto, dejando un molde que la naturaleza tomó como base para colonizar con sus especies silvestres, gracias a inundaciones y el arribo de camalotales.
Dos años más tarde, Fundación Vida Silvestre Argentina, Aves Argentinas y Amigos de la Tierra propusieron al gobierno de la ciudad crear esta reserva con unas 353 hectáreas. Así, el 5 de junio de 1986 se la declaró Parque Natural y Zona de Reserva Ecológica.
"El plan para recuperar la reserva con fines educativos es uno de los principales objetivos de esta nueva etapa. Creemos que es un espacio fundamental para la ciudad y estamos trabajando en ella", sintetizó el ministro de Ambiente y Espacio Público, Diego Santilli.
Varios vecinos están en favor de la readecuación que se está llevando adelante; sin embargo, sostienen que la urbanización que se proyecta en los terrenos de la ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors afectará el canal que los separa y que pertenece al área protegida.
"El plan de manejo es muy viejo, pero es la única forma de protegerlo, y la suplantación de especies exóticas es fundamental. Lo que es muy grave es el proyecto de Mauricio Macri, que desconoce los límites de la reserva y autoriza el paso de embarcaciones por el canal para ingresar en las marinas que se proyectan. En el viejo proyecto, en 2002, esto no estaba incluido. Además, van a tener que canalizarlos porque al no ser aguas profundas no pueden entrar los barcos. Será una afectación importante para la biodiversidad", denuncia Irene Verbitsky, de la ONG Por la reserva.
La ley de creación de la reserva incluye el canal ubicado dentro de ese espacio verde y le da protección. El proyecto de urbanización que pretende llevar adelante IRSA es discutido en este momento en la Legislatura. Sin embargo, el trámite no será sencillo, empezando por el hecho de que se trataría de una reforma del Código de Planeamiento y requeriría una ley de doble lectura (dos veces debe ser discutida en el recinto) y mediar una audiencia pública.
EFECTOS DE LA INVASIÓN
- Impacto biológico. Por ejemplo, contaminación genética por hibridación entre las formas exóticas y las autóctonas.
- Impacto ecológico. Pérdida de biodiversidad, como se ha detectado en los Estados Unidos en áreas colonizadas por la hormiga roja argentina ( Solenopsis invicta ). En Texas, la biodiversidad de invertebrados disminuyó un 40%, mientras que la disminución de hormigas locales fue del 70 por ciento. Su expansión es a razón de 30-50 km por año y ocupan actualmente más de 110 millones de hectáreas.
- Impacto económico. Por daños a cultivos o a la infraestructura humana. En Australia una evaluación de las pérdidas ocasionadas por el conejo reveló que los daños eran los equivalentes a los de una guerra.
- Impacto sanitario. Transmisión de enfermedades en especies afines y/o trastornos al ser humano. En la mayoría de los casos, los animales silvestres autóctonos no tienen defensas contra las enfermedades introducidas.
- Impactos sociales. Como la inseguridad que provocan los ataques de algunas especies al hombre o a los animales bajo su cuidado. Las mismas hormigas de fuego negra ya mencionadas generaron un cortocircuito que mató a los ocupantes de una casa en Texas.
- Algunos problemas asociados. Empobrecimiento de la biodiversidad de un lugar (por reemplazo de sistemas naturales multiespecíficos por otros donde unas pocas invasoras son dominantes).
Fecha de Publicación: 10/10/2011
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Capital
Como la ciudad pretende proteger los humedales, comenzaron a despojar el terreno de las especies exóticas que invaden el lugar
La tala de varios árboles en la Reserva Ecológica, en la Costanera Sur, llama la atención. Decenas de vecinos se preguntan qué es lo que está pasando en uno de los espacios verdes más grandes de la Capital, donde se ven paraísos caídos junto a vestigios de palmeras.
Lo que sucede es que la reserva, que fue declarada sitio Ramsar (para la protección de humedales), nació como un espacio con función educativa. Y es lo que se quiere recuperar. Para ello, el objetivo es despojarla de todas las especies exóticas que han prendido en el área para recuperar las ecorregiones autóctonas.
Estos son los objetivos con los que asumió hace poco menos de un año el naturalista y museólogo Claudio Bertonatti al frente de esta jurisdicción porteña, que depende del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. "Sé que genera resistencia ver que se está talando un árbol, pero se trata de un plan para terminar con un problema que afecta al mundo entero: las especies invasoras", explica Bertonatti a LA NACION, mientras recorre uno de los senderos de la reserva.
El problema que generan las especies exóticas en un ecosistema es que, al no tener un predador, se expanden sin control. "Si la especie nueva se adapta, sigue una serie de etapas hasta transformarse en una invasión biológica. Además se modela el paisaje de una forma que no es la deseada", agrega.
Entre las especies exóticas que no están dentro de las tres ecorregiones de la zona (bosques de sauces y juncales, pastizal o espinal) están, por ejemplo, la palmera phoenix, el ligustro y el paraíso.
Los biólogos han detectado que poco menos del 20 por ciento de la flora que existe en la reserva es exótica. "Los árboles que tenemos que sacar compiten por luz y por agua con las especies autóctonas, que también tienen la desventaja de tener predadores. El trabajo se va a hacer en etapas. En los lugares donde se quita un árbol, se planta uno nuevo que corresponde con la ecorregión", explica Bertonatti, e indica que los restos quedan en el lugar para que los vecinos se acerquen y se les pueda explicar cuál es la idea de la gestión. ¿Qué es una especie invasora? Es aquella introducida capaz de propagarse sin la asistencia directa del ser humano o que se sostiene por sí misma, en hábitats naturales o seminaturales, donde produce cambios significativos en términos de composición, estructura o procesos del ecosistema.
Implantado
En rigor, todo el ambiente que se generó en este espacio verde de la Costanera Sur es implantado. Desde 1918 hasta 1950 funcionó allí el Balneario Municipal. El deterioro de las aguas a causa de la contaminación decretó la decadencia del paseo.
En el año 1978 el gobierno militar empezó a "ganarle tierras al río" volcando escombros en él para construir el centro administrativo de la ciudad. Sin embargo, en 1984 se abandonó el proyecto, dejando un molde que la naturaleza tomó como base para colonizar con sus especies silvestres, gracias a inundaciones y el arribo de camalotales.
Dos años más tarde, Fundación Vida Silvestre Argentina, Aves Argentinas y Amigos de la Tierra propusieron al gobierno de la ciudad crear esta reserva con unas 353 hectáreas. Así, el 5 de junio de 1986 se la declaró Parque Natural y Zona de Reserva Ecológica.
"El plan para recuperar la reserva con fines educativos es uno de los principales objetivos de esta nueva etapa. Creemos que es un espacio fundamental para la ciudad y estamos trabajando en ella", sintetizó el ministro de Ambiente y Espacio Público, Diego Santilli.
Varios vecinos están en favor de la readecuación que se está llevando adelante; sin embargo, sostienen que la urbanización que se proyecta en los terrenos de la ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors afectará el canal que los separa y que pertenece al área protegida.
"El plan de manejo es muy viejo, pero es la única forma de protegerlo, y la suplantación de especies exóticas es fundamental. Lo que es muy grave es el proyecto de Mauricio Macri, que desconoce los límites de la reserva y autoriza el paso de embarcaciones por el canal para ingresar en las marinas que se proyectan. En el viejo proyecto, en 2002, esto no estaba incluido. Además, van a tener que canalizarlos porque al no ser aguas profundas no pueden entrar los barcos. Será una afectación importante para la biodiversidad", denuncia Irene Verbitsky, de la ONG Por la reserva.
La ley de creación de la reserva incluye el canal ubicado dentro de ese espacio verde y le da protección. El proyecto de urbanización que pretende llevar adelante IRSA es discutido en este momento en la Legislatura. Sin embargo, el trámite no será sencillo, empezando por el hecho de que se trataría de una reforma del Código de Planeamiento y requeriría una ley de doble lectura (dos veces debe ser discutida en el recinto) y mediar una audiencia pública.
EFECTOS DE LA INVASIÓN
- Impacto biológico. Por ejemplo, contaminación genética por hibridación entre las formas exóticas y las autóctonas.
- Impacto ecológico. Pérdida de biodiversidad, como se ha detectado en los Estados Unidos en áreas colonizadas por la hormiga roja argentina ( Solenopsis invicta ). En Texas, la biodiversidad de invertebrados disminuyó un 40%, mientras que la disminución de hormigas locales fue del 70 por ciento. Su expansión es a razón de 30-50 km por año y ocupan actualmente más de 110 millones de hectáreas.
- Impacto económico. Por daños a cultivos o a la infraestructura humana. En Australia una evaluación de las pérdidas ocasionadas por el conejo reveló que los daños eran los equivalentes a los de una guerra.
- Impacto sanitario. Transmisión de enfermedades en especies afines y/o trastornos al ser humano. En la mayoría de los casos, los animales silvestres autóctonos no tienen defensas contra las enfermedades introducidas.
- Impactos sociales. Como la inseguridad que provocan los ataques de algunas especies al hombre o a los animales bajo su cuidado. Las mismas hormigas de fuego negra ya mencionadas generaron un cortocircuito que mató a los ocupantes de una casa en Texas.
- Algunos problemas asociados. Empobrecimiento de la biodiversidad de un lugar (por reemplazo de sistemas naturales multiespecíficos por otros donde unas pocas invasoras son dominantes).
Cuestionan rechazo a un referéndum por minería
Loncopué cuestiona rechazo al referéndum por la mina
Fecha de Publicación: 09/10/2011
Fuente: Río Negro On Line
Provincia/Región: Neuquén
Los vecinos autoconvocados denunciaron que para la Junta Electoral Federal de Neuquén ellos no existen. Advirtieron que si no hay respuestas a la queja, llevarán el caso a la Cámara Nacional Electoral.
Vecinos de esta localidad salieron a cuestionar en duros términos a la Junta Electoral Federal de Neuquén por la decisión de rechazar la apelación presentada frente a la suspensión del referéndum para avalar o desechar la actividad minera a cielo abierto en el ejido urbano.
Los autoconvocados denunciaron que para esta Junta "los ciudadanos de Loncopué no existimos", al tiempo que calificaron de "títeres del gobierno" a los jueces que fallaron en contra de la petición popular.
"En cuestión de horas, con una celeridad inédita, en el mismo día de presentado el recurso la Junta rechazó la apelación invocando que aquellos ciudadanos privados de su derecho legal a votar en referéndum no estamos legitimados para apelar la resolución que nos cercenó nuestros derechos, que solo lo puede hacer el municipio que con malicia dilató 43 días la solicitud de realizar en forma simultánea el referéndum y las elecciones", expresaron a través de un documento que lleva las firmas de Viviana Vaca, Norberto Guerrero y Cristian Hendrickse, entre otros.
Los vecinos exigen la realización de una consulta popular donde se ponga a consideración de los ciudadanos una ordenanza que prohíbe la explotación minera a cielo abierto en todo el ejido municipal.
"Pese a las dificultades y las trampas que nos ponen los representantes de las petroleras y mineras para eludir la ley y cercenar nuestros derechos a participar en la vida política de nuestro país, seguiremos luchando por la plena vigencia de nuestros derechos y por la defensa del medio ambiente de las futuras generaciones", expusieron.
"Resulta evidente que para estos jueces títeres del gobierno los mecanismos de democracia semidirecta son sólo palabras huecas y no derechos concretos de los ciudadanos", concluyeron los voceros de la "Mesa del Sí".
Fecha de Publicación: 09/10/2011
Fuente: Río Negro On Line
Provincia/Región: Neuquén
Los vecinos autoconvocados denunciaron que para la Junta Electoral Federal de Neuquén ellos no existen. Advirtieron que si no hay respuestas a la queja, llevarán el caso a la Cámara Nacional Electoral.
Vecinos de esta localidad salieron a cuestionar en duros términos a la Junta Electoral Federal de Neuquén por la decisión de rechazar la apelación presentada frente a la suspensión del referéndum para avalar o desechar la actividad minera a cielo abierto en el ejido urbano.
Los autoconvocados denunciaron que para esta Junta "los ciudadanos de Loncopué no existimos", al tiempo que calificaron de "títeres del gobierno" a los jueces que fallaron en contra de la petición popular.
"En cuestión de horas, con una celeridad inédita, en el mismo día de presentado el recurso la Junta rechazó la apelación invocando que aquellos ciudadanos privados de su derecho legal a votar en referéndum no estamos legitimados para apelar la resolución que nos cercenó nuestros derechos, que solo lo puede hacer el municipio que con malicia dilató 43 días la solicitud de realizar en forma simultánea el referéndum y las elecciones", expresaron a través de un documento que lleva las firmas de Viviana Vaca, Norberto Guerrero y Cristian Hendrickse, entre otros.
Los vecinos exigen la realización de una consulta popular donde se ponga a consideración de los ciudadanos una ordenanza que prohíbe la explotación minera a cielo abierto en todo el ejido municipal.
"Pese a las dificultades y las trampas que nos ponen los representantes de las petroleras y mineras para eludir la ley y cercenar nuestros derechos a participar en la vida política de nuestro país, seguiremos luchando por la plena vigencia de nuestros derechos y por la defensa del medio ambiente de las futuras generaciones", expusieron.
"Resulta evidente que para estos jueces títeres del gobierno los mecanismos de democracia semidirecta son sólo palabras huecas y no derechos concretos de los ciudadanos", concluyeron los voceros de la "Mesa del Sí".
Glifosato: "Les dije que abandonen su domicilio"
"Les dije que abandonen su domicilio"
Fecha de Publicación: 09/10/2011
Fuente: Rosario/12
Provincia/Región: Santa Fe
El obstetra Darío García tomó esa determinación después de comprobar que uno de los gemelos falleció dentro del vientre de esta mujer que vive en Firmat. Otra hija del matrimonio fue trasplantada por lo que "consideré que era un decisión lógica".
"Está probado que en dosis muchos más bajas que a las que está sometida esta familia en su propia casa, el glifosato afectó las células placentarias de los animales de laboratorio. Es una cuestión de sentido común pedirles que se fueran de su casa que está calle por medio a un campo que reiteradamente es fumigado con agroquímicos". La contundente frase pertenece al médico Darío García, el obstetra de María Luisa de Fontanellaz, quien le aconsejó dejar su casa luego que la mujer de Firmat perdiera el embarazo de uno de sus dos gemelos, ya que sospecha que las fumigaciones con glifosato que practican en un campo frente mismo a su casa, provocó el triste desenlace.
-¿Cómo comenzó este caso?- preguntó Rosario/12 al doctor García.
-Desde el punto de vista médico María Luisa es una paciente que viene a la consulta con un embarazo doble y en la segunda consulta cuando le hago el examen ecográfico, me encuentro con que uno de estos dos embriones fetos se encontraba sin vida, mientras el otro estaba absolutamente normal. Obviamente el matrimonio debió enfrentar una angustia y la incertidumbre de saber el porqué. Obviamente entramos a indagar no solo en la historia clínica de la mamá, sino con estudios de laboratorio, complementarios y ecográficos y encontramos resultados normales. Por ende, continuamos en la duda de porque se había detenido la vida de un embrión y no los dos. El marido de la paciente (Edgar Fontanellaz) que es bioquímico, nos planteó la posibilidad de que pueda existir el glifosato como riesgo potencial dentro de los agroquímicos a los que estaban expuestos en su morada. Realmente ahondé en el tema y se sabe que el glifosato produce daños a las células placentarias a dosis mucho más bajas a las que se exponían ellos. Debí hacerme responsable del feto que vivía dentro de la panza y del otro que se hallaba sin vida y al que no podemos sacar, y que podía agredir no solo al otro feto vivo sino a la mamá. Tomé entonces la determinación de que la familia se cambie de morada para evitar riesgos. También hay un punto importante: la hija mayor de siete años tiene una hipoacusia neurosensorial congénita y termina de hacerse una transplante coclear bilateral, es decir que todavía está en recuperación posoperatoria y el propio pediatra de la chiquita sugirió el aislamiento de la nena de este tipo de ambiente fumigado.
-¿Dónde vive la familia Fontanellaz?
-En una vivienda que está separada de un campo fumigado solo por una calle. El padre de familia ya había presentado varias y reiteradas denuncias a la intendencia por los riesgos que implicaban para su familia. El señor es bioquímico y tiene mucho criterio en cuanto a la exigencia y a la insistencia de que ellos dejen de exponer a su familia, y al barrio que la rodea, a este tipo de productos como el glifosato.
-¿Cuál entiende que es el riesgo de la familia Fontanellaz?
-Mire, lo que digo es que en laboratorio los estudios realizados en animales de experimentación en dosis muchos más bajas a las que está expuesta esta familia, se afectaron las células de la placenta.
-¿Cómo ha procedido con el embarazo?
-Como obstetra no puedo sacar el feto muerto, porque arriesgo en más de un 90 por ciento al feto vivo, porque se puede lesionar la bolsa, puedo quitar líquido amniótico o lo puedo lesionar, y obviamente se pueden morir los dos. Por ende ahora el feto muerto está dentro del útero y en íntimo contacto con el feto vivo, y decidimos seguir así hasta el parto. Afortunadamente María Luisa cursa un embarazo normal de 37 semanas y media y faltan solo dos semanas para los nueve meses y el feto vivo está en buen estado de salud.
-¿Usted piensa que los agroquímicos afectaron al feto?
-Esto se va a saber con el nacimiento, cuando podamos analizar placenta y membrana y el vestigio de feto que puede haber, ahora en estado de maceración. Estos estudios lo van a decir. En este sentido la abogada Graciela Gómez ya investigó para hacer un estudio desde el punto de vista del gen celular y de cromosomas celulares, y puntualmente dentro de las células de humor vítreo del feto muerto, que serían las células que tendrían mayor adhesividad al glifosato y allí se verá si tuvo ingerencia en deceso de este feto o si fue una casualidad.
-¿Qué grado de certeza tiene usted sobre la relación entre la acción de este agroquímico con la muerte del feto?
-Si bien no tengo un detalle puntual en la investigación de agroquímicos y la afectación del embarazo en evolución, si se sabe a ciencia cierta que en animales de experimentación a dosis ultrabajas, daña las células placentarias y las células fetales. Por una cuestión de sentido común y por una relación directamente proporcional, el glifosato sería un tóxico para estas células placentarias, las del cordón fetal como las células madre que justamente al ser muy inmaduras son muy vulnerables a cualquier exposición a un químico. En este caso puntual no puedo asegurar que en esta muerte fetal haya tenido una ingerencia directa.
-Como obstetra, ¿ha tenido casos similares donde debió indicar el traslado de la embarazada?.
-Trabajaba en el efector de salud provincial de Cabín 9 en Pérez, y empezamos a investigar cuando notamos que había mucha incidencia de leucemia en personas jóvenes y en niños y se llegó a la conclusión de que los cables de alta tensión que estaban muy bajos en ese bario, tenían una relación directa en la afectación por la radiación sobre estas células madre de la sangre que son inmaduras y se llegó a la conclusión y se probó científicamente que afectaban a este tipo de células. Por eso en ese barrio había tantos caso de leucemia, muchos caso de linfomas, que no pasaban en otros lugares.
-¿Qué decisión se tomó?
-Hubo una intervención legal y se trató de quitar ese cableado.
-¿Qué medidas podrían tomarse como política sanitaria sobre las fumigaciones y su afectación sobre la salud humana, puntualmente sobre su población de pacientes, las embarazadas?.
- Así como le sugerí al matrimonio evitar la exposición directa al agroquímico, lo haría como política ya que este producto afecta directamente al genoma celular y provoca una distorsión. Obviamente estoy esperando la confirmación de este caso para pedir en forma imperativa el aislamiento de las embarazadas a este tipo de fumigaciones. Por una cuestión de sentido común, hoy pido evitar exposiciones de este tipo de herbicidas y agroquímicos- concluyó García.
Causa judicial en marcha
El viernes fue presentado en sede judicial un escrito para solicitar que se resuelva el pedido de una medida cautelar, cuyo plazo ya venció, para impedir las aplicaciones de agroquímicos a menos de mil metros del radio urbano. La presentación fue realizada por las abogadas patrocinantes del matrimonio Fontanellaz que, a mediados de abril, perdió uno de los gemelos que esperaba. La acción fue interpuesta el 21 del mes pasado contra la Municipalidad local y Sanidad Vegetal de la provincia ante el Juzgado de distrito Nº 16 en lo Civil, Comercial y Laboral de Firmat a cargo de Sylvia Pozzi, quien ayer fue instada a expedirse sobre el particular.
El escrito redactado por las doctoras Carina Sánchez Nadal y Graciela Gómez tiene por finalidad que la magistrada haga lugar a la medida cautelar hasta tanto resuelva como cuestión de fondo un recurso de amparo inspirado en el mismo propósito de prohibir la aplicación de agrotóxicos en cercanías de la ciudad. Las profesionales confían en una resolución favorable y revelaron que los demandantes no contestaron los requerimientos de la Justicia en el marco de la cautelar desde que fueron iniciadas las actuaciones hace más de dos semanas. A ello se suma una causa penal sustanciada en la Unidad Fiscal de Delitos Ambientales con sede en Capital Federal, cuyo trámite fue previo a las demandas interpuestas en los tribunales firmatenses. La denuncia surgió el 9 de septiembre luego de un llamado de Edgar Fontanellaz para intentar frenar una fumigación en un campo lindero a su casa. María Luisa dará a luz al otro bebé en el Sanatorio Británico de Rosario entre mediados y fin de este mes.
Fecha de Publicación: 09/10/2011
Fuente: Rosario/12
Provincia/Región: Santa Fe
El obstetra Darío García tomó esa determinación después de comprobar que uno de los gemelos falleció dentro del vientre de esta mujer que vive en Firmat. Otra hija del matrimonio fue trasplantada por lo que "consideré que era un decisión lógica".
"Está probado que en dosis muchos más bajas que a las que está sometida esta familia en su propia casa, el glifosato afectó las células placentarias de los animales de laboratorio. Es una cuestión de sentido común pedirles que se fueran de su casa que está calle por medio a un campo que reiteradamente es fumigado con agroquímicos". La contundente frase pertenece al médico Darío García, el obstetra de María Luisa de Fontanellaz, quien le aconsejó dejar su casa luego que la mujer de Firmat perdiera el embarazo de uno de sus dos gemelos, ya que sospecha que las fumigaciones con glifosato que practican en un campo frente mismo a su casa, provocó el triste desenlace.
-¿Cómo comenzó este caso?- preguntó Rosario/12 al doctor García.
-Desde el punto de vista médico María Luisa es una paciente que viene a la consulta con un embarazo doble y en la segunda consulta cuando le hago el examen ecográfico, me encuentro con que uno de estos dos embriones fetos se encontraba sin vida, mientras el otro estaba absolutamente normal. Obviamente el matrimonio debió enfrentar una angustia y la incertidumbre de saber el porqué. Obviamente entramos a indagar no solo en la historia clínica de la mamá, sino con estudios de laboratorio, complementarios y ecográficos y encontramos resultados normales. Por ende, continuamos en la duda de porque se había detenido la vida de un embrión y no los dos. El marido de la paciente (Edgar Fontanellaz) que es bioquímico, nos planteó la posibilidad de que pueda existir el glifosato como riesgo potencial dentro de los agroquímicos a los que estaban expuestos en su morada. Realmente ahondé en el tema y se sabe que el glifosato produce daños a las células placentarias a dosis mucho más bajas a las que se exponían ellos. Debí hacerme responsable del feto que vivía dentro de la panza y del otro que se hallaba sin vida y al que no podemos sacar, y que podía agredir no solo al otro feto vivo sino a la mamá. Tomé entonces la determinación de que la familia se cambie de morada para evitar riesgos. También hay un punto importante: la hija mayor de siete años tiene una hipoacusia neurosensorial congénita y termina de hacerse una transplante coclear bilateral, es decir que todavía está en recuperación posoperatoria y el propio pediatra de la chiquita sugirió el aislamiento de la nena de este tipo de ambiente fumigado.
-¿Dónde vive la familia Fontanellaz?
-En una vivienda que está separada de un campo fumigado solo por una calle. El padre de familia ya había presentado varias y reiteradas denuncias a la intendencia por los riesgos que implicaban para su familia. El señor es bioquímico y tiene mucho criterio en cuanto a la exigencia y a la insistencia de que ellos dejen de exponer a su familia, y al barrio que la rodea, a este tipo de productos como el glifosato.
-¿Cuál entiende que es el riesgo de la familia Fontanellaz?
-Mire, lo que digo es que en laboratorio los estudios realizados en animales de experimentación en dosis muchos más bajas a las que está expuesta esta familia, se afectaron las células de la placenta.
-¿Cómo ha procedido con el embarazo?
-Como obstetra no puedo sacar el feto muerto, porque arriesgo en más de un 90 por ciento al feto vivo, porque se puede lesionar la bolsa, puedo quitar líquido amniótico o lo puedo lesionar, y obviamente se pueden morir los dos. Por ende ahora el feto muerto está dentro del útero y en íntimo contacto con el feto vivo, y decidimos seguir así hasta el parto. Afortunadamente María Luisa cursa un embarazo normal de 37 semanas y media y faltan solo dos semanas para los nueve meses y el feto vivo está en buen estado de salud.
-¿Usted piensa que los agroquímicos afectaron al feto?
-Esto se va a saber con el nacimiento, cuando podamos analizar placenta y membrana y el vestigio de feto que puede haber, ahora en estado de maceración. Estos estudios lo van a decir. En este sentido la abogada Graciela Gómez ya investigó para hacer un estudio desde el punto de vista del gen celular y de cromosomas celulares, y puntualmente dentro de las células de humor vítreo del feto muerto, que serían las células que tendrían mayor adhesividad al glifosato y allí se verá si tuvo ingerencia en deceso de este feto o si fue una casualidad.
-¿Qué grado de certeza tiene usted sobre la relación entre la acción de este agroquímico con la muerte del feto?
-Si bien no tengo un detalle puntual en la investigación de agroquímicos y la afectación del embarazo en evolución, si se sabe a ciencia cierta que en animales de experimentación a dosis ultrabajas, daña las células placentarias y las células fetales. Por una cuestión de sentido común y por una relación directamente proporcional, el glifosato sería un tóxico para estas células placentarias, las del cordón fetal como las células madre que justamente al ser muy inmaduras son muy vulnerables a cualquier exposición a un químico. En este caso puntual no puedo asegurar que en esta muerte fetal haya tenido una ingerencia directa.
-Como obstetra, ¿ha tenido casos similares donde debió indicar el traslado de la embarazada?.
-Trabajaba en el efector de salud provincial de Cabín 9 en Pérez, y empezamos a investigar cuando notamos que había mucha incidencia de leucemia en personas jóvenes y en niños y se llegó a la conclusión de que los cables de alta tensión que estaban muy bajos en ese bario, tenían una relación directa en la afectación por la radiación sobre estas células madre de la sangre que son inmaduras y se llegó a la conclusión y se probó científicamente que afectaban a este tipo de células. Por eso en ese barrio había tantos caso de leucemia, muchos caso de linfomas, que no pasaban en otros lugares.
-¿Qué decisión se tomó?
-Hubo una intervención legal y se trató de quitar ese cableado.
-¿Qué medidas podrían tomarse como política sanitaria sobre las fumigaciones y su afectación sobre la salud humana, puntualmente sobre su población de pacientes, las embarazadas?.
- Así como le sugerí al matrimonio evitar la exposición directa al agroquímico, lo haría como política ya que este producto afecta directamente al genoma celular y provoca una distorsión. Obviamente estoy esperando la confirmación de este caso para pedir en forma imperativa el aislamiento de las embarazadas a este tipo de fumigaciones. Por una cuestión de sentido común, hoy pido evitar exposiciones de este tipo de herbicidas y agroquímicos- concluyó García.
Causa judicial en marcha
El viernes fue presentado en sede judicial un escrito para solicitar que se resuelva el pedido de una medida cautelar, cuyo plazo ya venció, para impedir las aplicaciones de agroquímicos a menos de mil metros del radio urbano. La presentación fue realizada por las abogadas patrocinantes del matrimonio Fontanellaz que, a mediados de abril, perdió uno de los gemelos que esperaba. La acción fue interpuesta el 21 del mes pasado contra la Municipalidad local y Sanidad Vegetal de la provincia ante el Juzgado de distrito Nº 16 en lo Civil, Comercial y Laboral de Firmat a cargo de Sylvia Pozzi, quien ayer fue instada a expedirse sobre el particular.
El escrito redactado por las doctoras Carina Sánchez Nadal y Graciela Gómez tiene por finalidad que la magistrada haga lugar a la medida cautelar hasta tanto resuelva como cuestión de fondo un recurso de amparo inspirado en el mismo propósito de prohibir la aplicación de agrotóxicos en cercanías de la ciudad. Las profesionales confían en una resolución favorable y revelaron que los demandantes no contestaron los requerimientos de la Justicia en el marco de la cautelar desde que fueron iniciadas las actuaciones hace más de dos semanas. A ello se suma una causa penal sustanciada en la Unidad Fiscal de Delitos Ambientales con sede en Capital Federal, cuyo trámite fue previo a las demandas interpuestas en los tribunales firmatenses. La denuncia surgió el 9 de septiembre luego de un llamado de Edgar Fontanellaz para intentar frenar una fumigación en un campo lindero a su casa. María Luisa dará a luz al otro bebé en el Sanatorio Británico de Rosario entre mediados y fin de este mes.
Tompkins quiere crear un parque nacional
Inusual oferta de un millonario para crear un parque nacional
Fecha de Publicación: 08/10/2011
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional - Corrientes
Negocia la donación con el Gobierno. Douglas Tompkins es cuestionado por la cantidad de recursos naturales que controla en Argentina. Ahora ofrece regalar 150 mil ha en los Esteros del Iberá para hacer la mayor área protegida del país.
Es el socio inesperado. Cinco años atrás, alrededor de su figura florecían acusaciones que hasta los mismos funcionarios del Gobierno Nacional, a voz alzada, se ocupaban de ratificar. Decían que el magnate ecologista Douglas Tompkins, dueño de miles de hectáreas en el Litoral y en la Patagonia, venía por los recursos naturales, el agua y el futuro; que ya se había apropiado de medio Chile y que su nuevo objetivo era el Acuífero Guaraní. Por ejemplo, siendo Secretario de Tierras de Néstor Kirchner, Luis Delía irrumpió una mañana en una de sus estancias correntinas, cortó los alambrados con una tenaza y anunció que el norteamericano sería expropiado porque la tierra debe ser de los argentinos y nunca de un “gringo imperialista”. Eso dijo, pero nada, finalmente, sucedió.
Ahora, a través de una alianza con Tompkins, el Gobierno Nacional trabaja para crear el área protegida más grande del país en los Esteros del Iberá: un parque nacional de más de un millón de hectáreas en el norte de Corrientes, habitado por yacarés, carpinchos y aves de mil formas; una postal de confín, con matices de sabana africana. El proceso fue confirmado a Clarín por el mismo Tompkins y por fuentes del ministerio de Turismo de la Nación. El estadounidense lo expresó sin vueltas: “Estamos haciendo la donación de tierras más grande de la historia”, dijo. En el norte de Corrientes, según datos del sector inmobiliario, la hectárea no baja de los 1.500 dólares, por lo tanto el norteamericano está ofreciendo un territorio cuyo valor alcanza los 180 millones de dólares.
Las conversaciones entre Gobierno y Conservation Land Trust (CLT), la fundación del terrateniente ecologista, comenzaron hace más de un año y medio. Pero se aceleraron en mayo cuando, mediante una carta de intención, Tompkins ofreció al ministro Enrique Meyer donar las cuatro estancias que posee en la zona. Se tratan de 150 mil hectáreas clave. Desde ellas es posible controlar la totalidad de los Esteros del Iberá, el segundo humedal más grande de Latinoamérica.
Pero el proyecto viene con controversias: para crear el parque, además de la tierra de Tompkins, se necesita que el gobierno correntino ceda a la Nación más de 700 mil hectáreas fiscales, hoy protegidas bajo la categoría de Reserva Provincial. En ese punto está la traba, porque la creación de la mega área natural chocaría con los intereses de los productores agropecuarios de la región, que necesitan el agua para sus cosechas. El gobernador de Corrientes, Ricardo Colombi, sostiene que por ahora no será viable la cesión de tierras, pero como su mandato vence en menos de dos años, en el Gobierno Nacional especulan con que el parque se concretará en 2013.
Ni el Gobierno ni Tompkins parecen tener apuro. Mientras el tiempo pasa, las conversaciones continúan y el Iberá, a fuerza de promoción turística, no para de recibir visitantes. La calma de Colonia Carlos Pellegrini, pueblo lindante con uno de los campos del norteamericano, en el corazón del estero, ahora se ve alterada por la cantidad de turistas foráneos que llega hasta el lugar para realizar avistajes de fauna. Clarín fue testigo esta semana de lo que ocurre en ese sitio de naturaleza salvaje en el interior del país.
Desde que arribó en 1998, Tompkins y sus equipos vienen trabajando sobre la totalidad del área. En varias ocasiones fueron denunciados por el fundamentalismo con que se dedican a preservar recursos naturales y chocaron con estancieros de la zona por su militancia ambiental que consiste en oponerse a cualquier tipo de actividad extractiva que implique una degradación para el medio ambiente. Se ocupan, principalmente, de reintroducir especies en peligro de extinción. Ya lo hicieron con el oso hormiguero y con el venado de las pampas. Y apuestan ahora por el yaguareté, un felino que hace más de cien años dejó de verse por el pantano. Tompkins recibió a Clarín esta semana en su estancia Rincón del Socorro, donde vive 6 meses al año (el resto lo pasa en el Sur de Chile) y habló de sus intenciones. Seguidor del movimiento de la ecología profunda, basado en una excesiva compasión por la naturaleza, expresó que busca donar lo que posee porque sólo pretende crear áreas protegidas. Por si quedan dudas, sus dos hijas no heredarán tierra porque ya les hizo adelanto de herencia en vida.
Con el Iberá, el norteamericano intentará replicar la experiencia del Parque Nacional Monte León, inaugurado en 2004 en Santa Cruz, después de que efectuara una donación de 70 mil hectáreas sobre el litoral austral. Tompkins es, además, el extranjero que se manifiesta a favor del proyecto oficial de ley de tierras. Aunque dice que le falta claridad, lo valora como punto de partida para discutir el uso que se hace de los suelos en el país de la tierra infinita, la Argentina.
Fecha de Publicación: 08/10/2011
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional - Corrientes
Negocia la donación con el Gobierno. Douglas Tompkins es cuestionado por la cantidad de recursos naturales que controla en Argentina. Ahora ofrece regalar 150 mil ha en los Esteros del Iberá para hacer la mayor área protegida del país.
Es el socio inesperado. Cinco años atrás, alrededor de su figura florecían acusaciones que hasta los mismos funcionarios del Gobierno Nacional, a voz alzada, se ocupaban de ratificar. Decían que el magnate ecologista Douglas Tompkins, dueño de miles de hectáreas en el Litoral y en la Patagonia, venía por los recursos naturales, el agua y el futuro; que ya se había apropiado de medio Chile y que su nuevo objetivo era el Acuífero Guaraní. Por ejemplo, siendo Secretario de Tierras de Néstor Kirchner, Luis Delía irrumpió una mañana en una de sus estancias correntinas, cortó los alambrados con una tenaza y anunció que el norteamericano sería expropiado porque la tierra debe ser de los argentinos y nunca de un “gringo imperialista”. Eso dijo, pero nada, finalmente, sucedió.
Ahora, a través de una alianza con Tompkins, el Gobierno Nacional trabaja para crear el área protegida más grande del país en los Esteros del Iberá: un parque nacional de más de un millón de hectáreas en el norte de Corrientes, habitado por yacarés, carpinchos y aves de mil formas; una postal de confín, con matices de sabana africana. El proceso fue confirmado a Clarín por el mismo Tompkins y por fuentes del ministerio de Turismo de la Nación. El estadounidense lo expresó sin vueltas: “Estamos haciendo la donación de tierras más grande de la historia”, dijo. En el norte de Corrientes, según datos del sector inmobiliario, la hectárea no baja de los 1.500 dólares, por lo tanto el norteamericano está ofreciendo un territorio cuyo valor alcanza los 180 millones de dólares.
Las conversaciones entre Gobierno y Conservation Land Trust (CLT), la fundación del terrateniente ecologista, comenzaron hace más de un año y medio. Pero se aceleraron en mayo cuando, mediante una carta de intención, Tompkins ofreció al ministro Enrique Meyer donar las cuatro estancias que posee en la zona. Se tratan de 150 mil hectáreas clave. Desde ellas es posible controlar la totalidad de los Esteros del Iberá, el segundo humedal más grande de Latinoamérica.
Pero el proyecto viene con controversias: para crear el parque, además de la tierra de Tompkins, se necesita que el gobierno correntino ceda a la Nación más de 700 mil hectáreas fiscales, hoy protegidas bajo la categoría de Reserva Provincial. En ese punto está la traba, porque la creación de la mega área natural chocaría con los intereses de los productores agropecuarios de la región, que necesitan el agua para sus cosechas. El gobernador de Corrientes, Ricardo Colombi, sostiene que por ahora no será viable la cesión de tierras, pero como su mandato vence en menos de dos años, en el Gobierno Nacional especulan con que el parque se concretará en 2013.
Ni el Gobierno ni Tompkins parecen tener apuro. Mientras el tiempo pasa, las conversaciones continúan y el Iberá, a fuerza de promoción turística, no para de recibir visitantes. La calma de Colonia Carlos Pellegrini, pueblo lindante con uno de los campos del norteamericano, en el corazón del estero, ahora se ve alterada por la cantidad de turistas foráneos que llega hasta el lugar para realizar avistajes de fauna. Clarín fue testigo esta semana de lo que ocurre en ese sitio de naturaleza salvaje en el interior del país.
Desde que arribó en 1998, Tompkins y sus equipos vienen trabajando sobre la totalidad del área. En varias ocasiones fueron denunciados por el fundamentalismo con que se dedican a preservar recursos naturales y chocaron con estancieros de la zona por su militancia ambiental que consiste en oponerse a cualquier tipo de actividad extractiva que implique una degradación para el medio ambiente. Se ocupan, principalmente, de reintroducir especies en peligro de extinción. Ya lo hicieron con el oso hormiguero y con el venado de las pampas. Y apuestan ahora por el yaguareté, un felino que hace más de cien años dejó de verse por el pantano. Tompkins recibió a Clarín esta semana en su estancia Rincón del Socorro, donde vive 6 meses al año (el resto lo pasa en el Sur de Chile) y habló de sus intenciones. Seguidor del movimiento de la ecología profunda, basado en una excesiva compasión por la naturaleza, expresó que busca donar lo que posee porque sólo pretende crear áreas protegidas. Por si quedan dudas, sus dos hijas no heredarán tierra porque ya les hizo adelanto de herencia en vida.
Con el Iberá, el norteamericano intentará replicar la experiencia del Parque Nacional Monte León, inaugurado en 2004 en Santa Cruz, después de que efectuara una donación de 70 mil hectáreas sobre el litoral austral. Tompkins es, además, el extranjero que se manifiesta a favor del proyecto oficial de ley de tierras. Aunque dice que le falta claridad, lo valora como punto de partida para discutir el uso que se hace de los suelos en el país de la tierra infinita, la Argentina.
Riachuelo: la Justicia clausuró veinte industrias
Riachuelo: la Justicia federal clausuró veinte industrias por contaminación
Fecha de Publicación: 07/10/2011
Fuente: CIJ
Provincia/Región: Buenos Aires - Capital
Lo dispuso el Juzgado Federal de Quilmes. Fue luego de que una serie de allanamientos realizados entre este jueves y viernes en Lanús, Lomas de Zamora, La Matanza, Merlo y Capital. Se constató que empresas volcaban cianuro y otros residuos tóxicos
El juez Luis Armella, titular del Juzgado Federal de Quilmes, ordenó la clausura de 20 empresas ubicadas sobre el Riachuelo, en el marco de la ejecución de la sentencia dictada por la Corte Suprema en la causa “Mendoza”, en donde el Máximo Tribunal ordenó la puesta en marcha de un plan de saneamiento integral de esa cuenca.
Según informaron desde el juzgado, se dispuso un amplio operativo con la función de prevenir la contaminación ambiental, en este caso vinculados a uno de los rubros “más peligrosos” en materia industrial, conocido como “galvanoplastías”, llevado a cabo este viernes sobre 25 establecimientos ubicados en los partidos de Lanús, Lomas de Zamora, La Matanza, Merlo y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se consideraren “clandestinos” y en tres casos verificación de estado de clausura vigente.
La diagramación general del operativo, indicaron, se llevó a cabo en el asiento del Juzgado Federal de Quilmes, con fecha de este jueves, y se materializaron los operativos desde la Jefatura Departamental de La Matanza, se abordaron cada uno de los objetivos con personal del Ministerio de Seguridad provincial, Infantería y personal de seguridad.
La Dirección de Prevención Ecológica trabajó para cubrir las cuestiones de seguridad pública, en cuanto al tratamiento de las sustancias peligrosas y residuos especiales que genera esta clase de actividad, utilizando equipamiento de protección personal trajes tyvek, máscaras y semimáscaras, detallaron.
En tanto, se comunicó que las industrias inspeccionadas fueron clausuradas de manera total conforme las condiciones de riesgo que presentaban, derrame de residuos peligrosos, falta de respaldo documental en la disposición de residuos líquidos y sólidos, conexiones clandestinas y muestras que dieron fuera de parámetro, con presencia de cianuro en concentraciones “muy altas”, como en el caso de una galvanoplastia en Avellaneda.
La falta de habilitaciones de todo tipo fue el fundamento para considerar como clandestinos a los establecimientos allanados y, además, tampoco han cumplimentado el empadronamiento obligatorio, tal como lo establece la Autoridad de Cuenca en disposiciones previas. “Es llamativo el hecho que en muchos casos ni siquiera tenían habilitación municipal y funcionaban en lugares en forma desapercibida”, se resaltó.
La detección e identificación fue un trabajo encarado por la Autoridad de Cuenca junto con la Dirección de Prevención Ecológica, a las órdenes del Juzgado Federal y de la Secretaria Especial, a cargo de Fernando Minguillón y Pablo Ezequiel Wilk, que tramita en un incidente de la causa “Mendoza”.
Para los operativos, la Autoridad de Cuenca puso a disposición transportes de residuos especiales, a los fines de proceder al secuestro de residuos peligrosos y evitar su vuelco al ambiente, o en otros casos afectar el funcionamiento de la planta de tratamiento que lo recibe, hecho que se llevó a cabo en la mayoría de los establecimientos.
Asimismo, se informó que se estableció la existencia de materias primas que se encuentran incluidas en la lista de precursores químicos (utilizados en la fabricación de drogas ilícitas) y por tal motivo se dio intervención al Sedronar.
Resultado de los procedimientos
- De los 25 allanamientos realizados, 20 finalizaron con la clausura preventiva total.
- Dos allanamientos se hicieron en establecimientos ya clausurados, sin que se constatara violación de la misma.
- Un allanamiento sobre un local con clausura parcial se convirtió a clausura preventiva total (en la localidad de Remedios de Escalada), lugar en el que la propietaria habría desmantelado el proceso de galvanizado, iniciándose una investigación a los fines de determinar la trazabilidad de los residuos generados a lo largo de la actividad y el destino de las demás maquinarias, no exhibiendo el lugar plan de desmantelamiento de la planta u otra circunstancia.
Hechos salientes
Según informaron desde el juzgado, una firma de Avellaneda fue muestreada y se encontró exceso en parámetros de cianuros hasta en cinco veces el límite permitido, motivo por el cual se convocó a un personal de AySA, a los fines de proceder a la obstrucción del vuelco por cuestiones de urgencia y seguridad pública.
Además, se aplicó la clausura preventiva total de la planta y nuevo muestreo de sus efluentes, impulsando la Autoridad de Cuenca a formular una denuncia bajo los alcances del Articulo 55 de la Ley 24.051.
Asimismo, otra empresa con sede en La Matanza no contaba con habilitaciones y se detectó una gran cantidad de bateas y sustancias peligrosas en general, quien declaró tener un vuelco a colectora cloacal. Verificada esta circunstancia, se comprobó la existencia de un sistema donde, a partir de un tanque oculto, descargaba agua limpia sobre la cámara de muestras. En tanto que los residuos evitaban mediante un bypass esta cámara y se volcaban directamente sobre el cloacal. El juzgado dispuso su inmediata clausura.
Por otro lado, conforme la gran cantidad de sustancias peligrosas encontradas y otras materias primas de las que no se pudo establecer de una manera fehaciente su característica, como norma general se procedió a su secuestro por orden del Juzgado Federal de Quilmes, procediendo a la entrega de las mismas en carácter de depositario judicial a su propietario, notificándolo de la penas con que la ley alcanza a los depositarios infieles (art. 261 a 263 del Código Penal). Dichos elementos serán retirados por la autoridad de aplicación, en conjunto con Sedronar, que fue notificado de la obligación de inspeccionar los tenedores de precursores y su trazabilidad.
Desde el juzgado se informó que se continúa en este tipo de fiscalizaciones, poniéndose en práctica medidas más estrictas por parte de Acumar, acorde a las necesidades que demandan todos los actores involucrados en el saneamiento de la cuenca.
Fecha de Publicación: 07/10/2011
Fuente: CIJ
Provincia/Región: Buenos Aires - Capital
Lo dispuso el Juzgado Federal de Quilmes. Fue luego de que una serie de allanamientos realizados entre este jueves y viernes en Lanús, Lomas de Zamora, La Matanza, Merlo y Capital. Se constató que empresas volcaban cianuro y otros residuos tóxicos
El juez Luis Armella, titular del Juzgado Federal de Quilmes, ordenó la clausura de 20 empresas ubicadas sobre el Riachuelo, en el marco de la ejecución de la sentencia dictada por la Corte Suprema en la causa “Mendoza”, en donde el Máximo Tribunal ordenó la puesta en marcha de un plan de saneamiento integral de esa cuenca.
Según informaron desde el juzgado, se dispuso un amplio operativo con la función de prevenir la contaminación ambiental, en este caso vinculados a uno de los rubros “más peligrosos” en materia industrial, conocido como “galvanoplastías”, llevado a cabo este viernes sobre 25 establecimientos ubicados en los partidos de Lanús, Lomas de Zamora, La Matanza, Merlo y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se consideraren “clandestinos” y en tres casos verificación de estado de clausura vigente.
La diagramación general del operativo, indicaron, se llevó a cabo en el asiento del Juzgado Federal de Quilmes, con fecha de este jueves, y se materializaron los operativos desde la Jefatura Departamental de La Matanza, se abordaron cada uno de los objetivos con personal del Ministerio de Seguridad provincial, Infantería y personal de seguridad.
La Dirección de Prevención Ecológica trabajó para cubrir las cuestiones de seguridad pública, en cuanto al tratamiento de las sustancias peligrosas y residuos especiales que genera esta clase de actividad, utilizando equipamiento de protección personal trajes tyvek, máscaras y semimáscaras, detallaron.
En tanto, se comunicó que las industrias inspeccionadas fueron clausuradas de manera total conforme las condiciones de riesgo que presentaban, derrame de residuos peligrosos, falta de respaldo documental en la disposición de residuos líquidos y sólidos, conexiones clandestinas y muestras que dieron fuera de parámetro, con presencia de cianuro en concentraciones “muy altas”, como en el caso de una galvanoplastia en Avellaneda.
La falta de habilitaciones de todo tipo fue el fundamento para considerar como clandestinos a los establecimientos allanados y, además, tampoco han cumplimentado el empadronamiento obligatorio, tal como lo establece la Autoridad de Cuenca en disposiciones previas. “Es llamativo el hecho que en muchos casos ni siquiera tenían habilitación municipal y funcionaban en lugares en forma desapercibida”, se resaltó.
La detección e identificación fue un trabajo encarado por la Autoridad de Cuenca junto con la Dirección de Prevención Ecológica, a las órdenes del Juzgado Federal y de la Secretaria Especial, a cargo de Fernando Minguillón y Pablo Ezequiel Wilk, que tramita en un incidente de la causa “Mendoza”.
Para los operativos, la Autoridad de Cuenca puso a disposición transportes de residuos especiales, a los fines de proceder al secuestro de residuos peligrosos y evitar su vuelco al ambiente, o en otros casos afectar el funcionamiento de la planta de tratamiento que lo recibe, hecho que se llevó a cabo en la mayoría de los establecimientos.
Asimismo, se informó que se estableció la existencia de materias primas que se encuentran incluidas en la lista de precursores químicos (utilizados en la fabricación de drogas ilícitas) y por tal motivo se dio intervención al Sedronar.
Resultado de los procedimientos
- De los 25 allanamientos realizados, 20 finalizaron con la clausura preventiva total.
- Dos allanamientos se hicieron en establecimientos ya clausurados, sin que se constatara violación de la misma.
- Un allanamiento sobre un local con clausura parcial se convirtió a clausura preventiva total (en la localidad de Remedios de Escalada), lugar en el que la propietaria habría desmantelado el proceso de galvanizado, iniciándose una investigación a los fines de determinar la trazabilidad de los residuos generados a lo largo de la actividad y el destino de las demás maquinarias, no exhibiendo el lugar plan de desmantelamiento de la planta u otra circunstancia.
Hechos salientes
Según informaron desde el juzgado, una firma de Avellaneda fue muestreada y se encontró exceso en parámetros de cianuros hasta en cinco veces el límite permitido, motivo por el cual se convocó a un personal de AySA, a los fines de proceder a la obstrucción del vuelco por cuestiones de urgencia y seguridad pública.
Además, se aplicó la clausura preventiva total de la planta y nuevo muestreo de sus efluentes, impulsando la Autoridad de Cuenca a formular una denuncia bajo los alcances del Articulo 55 de la Ley 24.051.
Asimismo, otra empresa con sede en La Matanza no contaba con habilitaciones y se detectó una gran cantidad de bateas y sustancias peligrosas en general, quien declaró tener un vuelco a colectora cloacal. Verificada esta circunstancia, se comprobó la existencia de un sistema donde, a partir de un tanque oculto, descargaba agua limpia sobre la cámara de muestras. En tanto que los residuos evitaban mediante un bypass esta cámara y se volcaban directamente sobre el cloacal. El juzgado dispuso su inmediata clausura.
Por otro lado, conforme la gran cantidad de sustancias peligrosas encontradas y otras materias primas de las que no se pudo establecer de una manera fehaciente su característica, como norma general se procedió a su secuestro por orden del Juzgado Federal de Quilmes, procediendo a la entrega de las mismas en carácter de depositario judicial a su propietario, notificándolo de la penas con que la ley alcanza a los depositarios infieles (art. 261 a 263 del Código Penal). Dichos elementos serán retirados por la autoridad de aplicación, en conjunto con Sedronar, que fue notificado de la obligación de inspeccionar los tenedores de precursores y su trazabilidad.
Desde el juzgado se informó que se continúa en este tipo de fiscalizaciones, poniéndose en práctica medidas más estrictas por parte de Acumar, acorde a las necesidades que demandan todos los actores involucrados en el saneamiento de la cuenca.
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