Médicos advierten el daño de los agroquímicos
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Médicos de Pueblos Fumigados advierten el daño de un peligroso insecticida
Fecha de Publicación: 15/09/2011
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Nacional
“Es urgente que comencemos a replantearnos de qué manera avanzamos hacia formas de producción más amigables con la salud del ambiente y de las personas”. Esa es una de las conclusiones y principales exigencias que plantea un informe elaborado por la Red de Médicos de Pueblos Fumigados tras conocer la prohibición de los usos residenciales de clorpirifós impuesta por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (Environmental Protection Agency, EPA).
La nota de la Red Universitaria de Ambiente y Salud -Médicos de Pueblos Fumigados-, utiliza como fuente los datos de la presentación del profesor Oscar Scremin (School of Medicine, UCLA de Estados Unidos, y Conicet de Argentina) ante el Senasa, reclamando la reclasificación de los agroquímicos en Argentina.
Es el médico pediatra y neonatólogo Medardo Avila Vázquez, coordinador Médicos de Pueblos Fumigados, quien pone la firma en un informe que revela datos inquietantes. Así, al dar cuenta de la masividad es el uso de esta clase de insecticidas, cita las cifras de importación anual de clorpirifós a través de la Aduana de Buenos Aires.
“En 2010 ingresaron 8.650.000 de litros/kilos de este tóxico, un incremento de más del cien por ciento con respecto a 2006. Estas cifras provienen del sitio web del Servicio Nacional de Sanidad Agroalimentaria (Senasa)”, consigna el informe. Así acota que, al dividir la cantidad de clorpirifós importada en 2010 por su dosis letal 50 extrapolada a seres humanos, surge que son 2.633.500.635 las dosis, es decir, más de 60 veces la población de Argentina.
“Se importa cada año una cantidad suficiente como para eliminar a Argentina del planeta si cada habitante se expone directamente al mismo. Estas cantidades circulan por nuestras rutas, se almacenan en lugares que no conocemos, quizás en centros urbanos, se fraccionan e incorporan a formulaciones varias en establecimientos a lo largo y a lo ancho del país y luego se distribuyen y dispersan en el ambiente por aplicaciones terrestres y aéreas”, advierte.
Al respecto también agrega que “existen como residuos en los alimentos y en el agua al contaminar vegetales, peces, aves y demás animales que se consumen en las mesas de los argentinos”.
Niños expuestos
En otro punto, advierte que las cifras mencionadas “dan una idea de la magnitud de los potenciales daños a la salud pública”, y afirma que “la industria de agroquímicos es indiferente a esto”. E incluso menciona “débiles estadísticas del Ministerio de Salud Pública, otro organismo que debiera informar en relación a la solicitud del Defensor del Pueblo de la Nación, y que parecen consignar la inocuidad del uso de plaguicidas en general o quizás no conozca los efectos del clorpirifós sobre el neuro-desarrollo humano”.
En sus considerandos, la Resolución 147/10 del Defensor del Pueblo dice que, aún considerándose solamente el riesgo de intoxicación aguda con dosis letales, un número aproximado de 3 millones de niños y niñas viven en situación de riesgo ambiental por agroquímicos.
“Esta gravísima aseveración debiera haber provocado una intervención del Senasa para verificar los niveles de contaminación por plaguicidas en la sangre u orina en niños de las zonas afectadas, pero por ahora, con respecto al clorpirifós, no tomó ninguna determinación y paralelamente autoriza a las empresas de agroquímicos a que liquiden todas sus existencias de Endosulfán y después recién comenzar a ejecutar la prohibición del uso de este veneno en la Argentina, recientemente acordada en el Convenio de Estocolmo”, subraya el informe de la Red Universitaria de Ambiente y Salud.
Dura crítica
En otro punto, sostiene que el clorpirifós “es otro ejemplo de la incorporación descontrolada y creciente de un conocido tóxico que se esparce ampliamente en la Argentina, como parte de una práctica de producción agroindustrial que no considera los derechos a la salud y al ambiente sano de toda la población”.
Así insiste en que “un sistema de producción que requiere incorporar año a año más venenos para mantener su producción no anda bien, no es sustentable, y con una mirada desde la Salud Pública nos parece hasta criminal”.
Por eso considera “urgente” el replanteo de la manera de avanzar “hacia formas de producción más amigables con la salud del ambiente y de las personas, y no seguir aceptando recetas que van contra nuestros propios derechos sociales y que benefician esencialmente a las grandes empresas de biotecnología que controlan ampliamente este mercado”, concluye.
Lo que dicen los americanos
En las palabras de la entonces administradora de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, Carol Browner, clorpirifós es un viejo y riesgoso pesticida con más de 50 años de uso. Al hablar de la prohibición de uso residencial urbano, consideró que había llegado el momento de tomar acciones para proteger a sus niños de la exposición a este químico, ya que conocían claramente su potencial riesgo sobre la salud.
Un estudio reciente (2011) de la Universidad de Columbia en ese país concluye que “el cociente intelectual de niños expuestos a clorpirifós en el período pre-natal esta reducido en relación directa a los niveles de este plaguicida en la sangre del cordón umbilical al momento del nacimiento”.
Para la Red Universitaria que agrupa a médicos argentinos, evidencias de este tipo debieran constituir un fuerte argumento para solicitar la prohibición total de su uso en cualquier ambiente, urbano o rural. Es de hacer notar que estos efectos de clorpirifós se encontraron a dosis que están muy por debajo de aquellas que provocan inhibición de la enzima acetilcolinesterasa que es la causa de su toxicidad aguda.
“Este ejemplo de efecto de dosis sub-letales disponible en la literatura reciente justifica la necesidad de re-clasificar (y muy probablemente prohibir el uso) este plaguicida y otros de la misma clase química y toxicológica que se utilizan masivamente en Argentina (por ejemplo metamidofós)”, indica finalmente el informe.
Fecha de Publicación: 15/09/2011
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Nacional
“Es urgente que comencemos a replantearnos de qué manera avanzamos hacia formas de producción más amigables con la salud del ambiente y de las personas”. Esa es una de las conclusiones y principales exigencias que plantea un informe elaborado por la Red de Médicos de Pueblos Fumigados tras conocer la prohibición de los usos residenciales de clorpirifós impuesta por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (Environmental Protection Agency, EPA).
La nota de la Red Universitaria de Ambiente y Salud -Médicos de Pueblos Fumigados-, utiliza como fuente los datos de la presentación del profesor Oscar Scremin (School of Medicine, UCLA de Estados Unidos, y Conicet de Argentina) ante el Senasa, reclamando la reclasificación de los agroquímicos en Argentina.
Es el médico pediatra y neonatólogo Medardo Avila Vázquez, coordinador Médicos de Pueblos Fumigados, quien pone la firma en un informe que revela datos inquietantes. Así, al dar cuenta de la masividad es el uso de esta clase de insecticidas, cita las cifras de importación anual de clorpirifós a través de la Aduana de Buenos Aires.
“En 2010 ingresaron 8.650.000 de litros/kilos de este tóxico, un incremento de más del cien por ciento con respecto a 2006. Estas cifras provienen del sitio web del Servicio Nacional de Sanidad Agroalimentaria (Senasa)”, consigna el informe. Así acota que, al dividir la cantidad de clorpirifós importada en 2010 por su dosis letal 50 extrapolada a seres humanos, surge que son 2.633.500.635 las dosis, es decir, más de 60 veces la población de Argentina.
“Se importa cada año una cantidad suficiente como para eliminar a Argentina del planeta si cada habitante se expone directamente al mismo. Estas cantidades circulan por nuestras rutas, se almacenan en lugares que no conocemos, quizás en centros urbanos, se fraccionan e incorporan a formulaciones varias en establecimientos a lo largo y a lo ancho del país y luego se distribuyen y dispersan en el ambiente por aplicaciones terrestres y aéreas”, advierte.
Al respecto también agrega que “existen como residuos en los alimentos y en el agua al contaminar vegetales, peces, aves y demás animales que se consumen en las mesas de los argentinos”.
Niños expuestos
En otro punto, advierte que las cifras mencionadas “dan una idea de la magnitud de los potenciales daños a la salud pública”, y afirma que “la industria de agroquímicos es indiferente a esto”. E incluso menciona “débiles estadísticas del Ministerio de Salud Pública, otro organismo que debiera informar en relación a la solicitud del Defensor del Pueblo de la Nación, y que parecen consignar la inocuidad del uso de plaguicidas en general o quizás no conozca los efectos del clorpirifós sobre el neuro-desarrollo humano”.
En sus considerandos, la Resolución 147/10 del Defensor del Pueblo dice que, aún considerándose solamente el riesgo de intoxicación aguda con dosis letales, un número aproximado de 3 millones de niños y niñas viven en situación de riesgo ambiental por agroquímicos.
“Esta gravísima aseveración debiera haber provocado una intervención del Senasa para verificar los niveles de contaminación por plaguicidas en la sangre u orina en niños de las zonas afectadas, pero por ahora, con respecto al clorpirifós, no tomó ninguna determinación y paralelamente autoriza a las empresas de agroquímicos a que liquiden todas sus existencias de Endosulfán y después recién comenzar a ejecutar la prohibición del uso de este veneno en la Argentina, recientemente acordada en el Convenio de Estocolmo”, subraya el informe de la Red Universitaria de Ambiente y Salud.
Dura crítica
En otro punto, sostiene que el clorpirifós “es otro ejemplo de la incorporación descontrolada y creciente de un conocido tóxico que se esparce ampliamente en la Argentina, como parte de una práctica de producción agroindustrial que no considera los derechos a la salud y al ambiente sano de toda la población”.
Así insiste en que “un sistema de producción que requiere incorporar año a año más venenos para mantener su producción no anda bien, no es sustentable, y con una mirada desde la Salud Pública nos parece hasta criminal”.
Por eso considera “urgente” el replanteo de la manera de avanzar “hacia formas de producción más amigables con la salud del ambiente y de las personas, y no seguir aceptando recetas que van contra nuestros propios derechos sociales y que benefician esencialmente a las grandes empresas de biotecnología que controlan ampliamente este mercado”, concluye.
Lo que dicen los americanos
En las palabras de la entonces administradora de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, Carol Browner, clorpirifós es un viejo y riesgoso pesticida con más de 50 años de uso. Al hablar de la prohibición de uso residencial urbano, consideró que había llegado el momento de tomar acciones para proteger a sus niños de la exposición a este químico, ya que conocían claramente su potencial riesgo sobre la salud.
Un estudio reciente (2011) de la Universidad de Columbia en ese país concluye que “el cociente intelectual de niños expuestos a clorpirifós en el período pre-natal esta reducido en relación directa a los niveles de este plaguicida en la sangre del cordón umbilical al momento del nacimiento”.
Para la Red Universitaria que agrupa a médicos argentinos, evidencias de este tipo debieran constituir un fuerte argumento para solicitar la prohibición total de su uso en cualquier ambiente, urbano o rural. Es de hacer notar que estos efectos de clorpirifós se encontraron a dosis que están muy por debajo de aquellas que provocan inhibición de la enzima acetilcolinesterasa que es la causa de su toxicidad aguda.
“Este ejemplo de efecto de dosis sub-letales disponible en la literatura reciente justifica la necesidad de re-clasificar (y muy probablemente prohibir el uso) este plaguicida y otros de la misma clase química y toxicológica que se utilizan masivamente en Argentina (por ejemplo metamidofós)”, indica finalmente el informe.
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Arsénico en el Agua, se trata el tema en el COHIFE
Arsénico en el Agua, se trata el tema en Consejo Hídrico Federal
Fecha de Publicación: 15/09/2011
Fuente: Reporte 24
Provincia/Región: Nacional
A través del Consejo Hídrico Federal se canalizarán las inquietudes para alcanzar el nuevo límite del parámetro arsénico en el agua
El Consejo Hídrico Federal (COHIFE) resolvió que cada provincia deberá enviar una nota a la Comisión Nacional de Alimentos (CONAL) y organismos involucrados con datos precisos de población afectada con los nuevos límites de arsénico en el agua.
El Consejo Hídrico Federal (COHIFE) resolvió que cada provincia deberá enviar una nota a la Comisión Nacional de Alimentos (CONAL) y organismos involucrados con datos precisos de población afectada con los nuevos límites de arsénico en el agua, medidas de mitigación que emprendidas desde el 2007 a la fecha, dificultades, tiempos, inversiones y recursos para alcanzar el límite de 0.01 mg/l y la necesidad de peticionar una extensión de los plazos establecidos. Estas fueron las principales conclusiones del nuevo encuentro realizado en la Ciudad de Buenos Aires del organismo que preside Cristina Magnano, titular de la Administración Provincial del Agua (APA).
Los máximos responsables del ente nacional mantuvieron un encuentro junto a representantes de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación y de las provincias de Chaco, Santa Fe, Santiago del Estero, Salta, La Pampa, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mendoza y Tierra del Fuego. En la oportunidad, abordaron el tema del arsénico en el agua, cuestión central en la reunión 56 del COHIFE del pasado mes de agosto.
Los representantes provinciales se reunieron en relación a la Resolución Conjunta Nº 68/07 y 196/07 de la Secretaría de Políticas, Regulación y Relaciones Sanitarias del Ministerio de Salud y de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos que establece como límite del parámetro arsénico en el agua de consumo humano en 0.01 mg/l. Dado que los plazos para alcanzar dicho límite vencen en mayo de 2012, los representantes provinciales manifestaron su preocupación, mostrando sus situaciones particulares y sus dificultades para alcanzarlo.
Por eso, se resolvió que el Consejo Hídrico Federal será el espacio donde se canalizarán todos los trabajos desarrollados por las distintas provincias y capitalizará el material recibido. También se puntualizó que todas las provincias con problemas de arsénico deberán tener una mayor participación en los talleres y deberán establecer su referente sobre la temática.
Fecha de Publicación: 15/09/2011
Fuente: Reporte 24
Provincia/Región: Nacional
A través del Consejo Hídrico Federal se canalizarán las inquietudes para alcanzar el nuevo límite del parámetro arsénico en el agua
El Consejo Hídrico Federal (COHIFE) resolvió que cada provincia deberá enviar una nota a la Comisión Nacional de Alimentos (CONAL) y organismos involucrados con datos precisos de población afectada con los nuevos límites de arsénico en el agua.
El Consejo Hídrico Federal (COHIFE) resolvió que cada provincia deberá enviar una nota a la Comisión Nacional de Alimentos (CONAL) y organismos involucrados con datos precisos de población afectada con los nuevos límites de arsénico en el agua, medidas de mitigación que emprendidas desde el 2007 a la fecha, dificultades, tiempos, inversiones y recursos para alcanzar el límite de 0.01 mg/l y la necesidad de peticionar una extensión de los plazos establecidos. Estas fueron las principales conclusiones del nuevo encuentro realizado en la Ciudad de Buenos Aires del organismo que preside Cristina Magnano, titular de la Administración Provincial del Agua (APA).
Los máximos responsables del ente nacional mantuvieron un encuentro junto a representantes de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación y de las provincias de Chaco, Santa Fe, Santiago del Estero, Salta, La Pampa, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mendoza y Tierra del Fuego. En la oportunidad, abordaron el tema del arsénico en el agua, cuestión central en la reunión 56 del COHIFE del pasado mes de agosto.
Los representantes provinciales se reunieron en relación a la Resolución Conjunta Nº 68/07 y 196/07 de la Secretaría de Políticas, Regulación y Relaciones Sanitarias del Ministerio de Salud y de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos que establece como límite del parámetro arsénico en el agua de consumo humano en 0.01 mg/l. Dado que los plazos para alcanzar dicho límite vencen en mayo de 2012, los representantes provinciales manifestaron su preocupación, mostrando sus situaciones particulares y sus dificultades para alcanzarlo.
Por eso, se resolvió que el Consejo Hídrico Federal será el espacio donde se canalizarán todos los trabajos desarrollados por las distintas provincias y capitalizará el material recibido. También se puntualizó que todas las provincias con problemas de arsénico deberán tener una mayor participación en los talleres y deberán establecer su referente sobre la temática.
Crean un observatorio por la Desertificación
Ambiente y el Conicet avanzan en un Observatorio Nacional de la Degradación de las Tierras y Desertificación
Fecha de Publicación: 15/09/2011
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
Con el objetivo de crear un equipo interinstitucional que permita diseñar un sistema de monitoreo de la degradación de las tierras, incluyendo procesos sociales y económicos e instale prácticas de mitigación, adaptación y prevención; se llevó a cabo un taller en el que las partes acordaran los lineamientos para la creación y gestión de un Observatorio Nacional.
n representación del titular de la cartera ambiental Dr. Juan José Mussi, el subsecretario de Coordinación de Políticas Ambientales Ing. Armando Gandia, presentó, junto con la directora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Dra. Marta Rovira, el proyecto del Observatorio y contextualizó la problemática de la desertificación a nivel mundial.
“Participé recientemente en la COP de la que Argentina preside hasta octubre, donde se acordó `El llamado de Ginebra` para que en la Asamblea General de las Naciones Unidas -que se desarrollará el 20 de septiembre - se instale la desertificación en la agenda de los presidentes de todos los países del mundo como un tema prioritario, urgente e impostergable”, remarcó el subsecretario.
A su vez, Gandia destacó que se está trabajando en la concientización de afectados por la desertificación en su implicancia con la problemática de género: “en las zonas de máxima degradación de las tierras se producen migraciones forzadas, que se dan en el tercio del territorio mundial más pobre de la humanidad, y las más afectadas son las mujeres que, junto con los niños, son los últimos en abandonar esos suelos”. “Este tema es el que Argentina considera prioritario y lo vamos a instalar en la agenda para la próxima COP”, aseguró.
El Observatorio Nacional de la Degradación de las Tierras y Desertificación se propone cuantificar la naturaleza y la severidad de los impactos y construir capacidades de intervención para atenuar la degradación de las tierras secas. Asimismo, busca validar una metodología de evaluación aplicable a diferentes ecosistemas y situaciones socioeconómicas, construir una Unidad de Monitoreo Permanente a nivel nacional y difundir la experiencia y los resultados en la región de América Latina y el Caribe.
Este proyecto tiene como antecedente el de Evaluación de la Degradación de tierras en Zonas áridas (LADA por sus siglas en ingles), ejecutado entre el 2007 y 2011, que ha sido financiado por el Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF) y cuya agencia de implementación ha sido el PNUMA y de ejecución la FAO de la ONU.
Entre las instituciones, además de la Secretaría de Ambiente como autoridad aplicación y el Conicet, forman parte el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA); secretaría de Ciencia e Innovación de Chubut y el Centro de Investigaciones y Extensión Forestal Andino Patagónica.
Con respecto al sector académico, están involucradas las siguientes universidades nacionales: de Buenos Aires, de Córdoba, de La Rioja, de Catamarca, de La Pampa, Universidad del Sur y de Cuyo (Mendoza).
La desertificación en números:
* Argentina es el país de América Latina con mayor superficie árida, semiárida y subhúmeda seca, abarcando el 75% del territorio.
* De los 276 millones de hectáreas que componen el territorio continental nacional, 60 millones están afectados por distintos procesos de degradación.
* Las tierras áridas de la Argentina contribuyen con el 50% del valor de la producción agrícola y el 47% de la ganadera, también concentran aproximadamente el 30% de la población nacional.
Fecha de Publicación: 15/09/2011
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
Con el objetivo de crear un equipo interinstitucional que permita diseñar un sistema de monitoreo de la degradación de las tierras, incluyendo procesos sociales y económicos e instale prácticas de mitigación, adaptación y prevención; se llevó a cabo un taller en el que las partes acordaran los lineamientos para la creación y gestión de un Observatorio Nacional.
n representación del titular de la cartera ambiental Dr. Juan José Mussi, el subsecretario de Coordinación de Políticas Ambientales Ing. Armando Gandia, presentó, junto con la directora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Dra. Marta Rovira, el proyecto del Observatorio y contextualizó la problemática de la desertificación a nivel mundial.
“Participé recientemente en la COP de la que Argentina preside hasta octubre, donde se acordó `El llamado de Ginebra` para que en la Asamblea General de las Naciones Unidas -que se desarrollará el 20 de septiembre - se instale la desertificación en la agenda de los presidentes de todos los países del mundo como un tema prioritario, urgente e impostergable”, remarcó el subsecretario.
A su vez, Gandia destacó que se está trabajando en la concientización de afectados por la desertificación en su implicancia con la problemática de género: “en las zonas de máxima degradación de las tierras se producen migraciones forzadas, que se dan en el tercio del territorio mundial más pobre de la humanidad, y las más afectadas son las mujeres que, junto con los niños, son los últimos en abandonar esos suelos”. “Este tema es el que Argentina considera prioritario y lo vamos a instalar en la agenda para la próxima COP”, aseguró.
El Observatorio Nacional de la Degradación de las Tierras y Desertificación se propone cuantificar la naturaleza y la severidad de los impactos y construir capacidades de intervención para atenuar la degradación de las tierras secas. Asimismo, busca validar una metodología de evaluación aplicable a diferentes ecosistemas y situaciones socioeconómicas, construir una Unidad de Monitoreo Permanente a nivel nacional y difundir la experiencia y los resultados en la región de América Latina y el Caribe.
Este proyecto tiene como antecedente el de Evaluación de la Degradación de tierras en Zonas áridas (LADA por sus siglas en ingles), ejecutado entre el 2007 y 2011, que ha sido financiado por el Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF) y cuya agencia de implementación ha sido el PNUMA y de ejecución la FAO de la ONU.
Entre las instituciones, además de la Secretaría de Ambiente como autoridad aplicación y el Conicet, forman parte el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA); secretaría de Ciencia e Innovación de Chubut y el Centro de Investigaciones y Extensión Forestal Andino Patagónica.
Con respecto al sector académico, están involucradas las siguientes universidades nacionales: de Buenos Aires, de Córdoba, de La Rioja, de Catamarca, de La Pampa, Universidad del Sur y de Cuyo (Mendoza).
La desertificación en números:
* Argentina es el país de América Latina con mayor superficie árida, semiárida y subhúmeda seca, abarcando el 75% del territorio.
* De los 276 millones de hectáreas que componen el territorio continental nacional, 60 millones están afectados por distintos procesos de degradación.
* Las tierras áridas de la Argentina contribuyen con el 50% del valor de la producción agrícola y el 47% de la ganadera, también concentran aproximadamente el 30% de la población nacional.
Periodismo que invisibiliza
Periodismo que invisibiliza
Fecha de Publicación: 14/09/2011
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Darío Aranda reflexiona sobre el comportamiento de los grandes medios de comunicación y los periodistas acerca de la invisibilización de la opinión de campesinos e indígenas.
Medios de comunicación “independientes” y opositores, de un lado. “Militantes” y oficialistas, del otro. En ese maniqueísmo se ha transformado buena parte de los grandes medios de comunicación. Ambos denuncian, y silencian, según sus conveniencias económicas y políticas.
El proyecto de ley para regular la venta de tierras a extranjeros se suma a la lista de ejemplos que deja en evidencia a los grandes medios. El primer grupo publica editoriales y otorga espacios a quienes se oponen a regular la extranjerización porque, afirman, se estaría por “violar” la Constitución nacional. Desde la otra vereda se resalta el proyecto de ley como una gran cruzada nacional, casi presentada como si fuera la reforma agraria.
Es llamativo que, salvo excepciones, los periodistas de los grandes medios no consulten a un actor fundamental del territorio: campesinos y pueblos originarios.
Dirigencia política y formadores de opinión invisibilizan a los sectores populares de la Argentina rural. Influyen el desconocimiento o la discriminación de clase (o un poco de ambos). O, quizá, se los evita porque campesinos y pueblos originarios son quienes más claramente pueden dejar al descubierto que la extranjerización de tierras no es un problema central de Argentina, sino que el origen de sus pesares está en el modelo extractivo que es política de Estado, y donde agronegocios, megaminería, forestales y petroleras (sólo sus caras más famosas) cuentan con permanente apoyo mediático y gubernamental.
Pocos pueden oponerse a legislar sobre la venta de tierras a extranjeros. Mucho menos se opondrán quienes impulsan el actual modelo agropecuario, porque una ley de ese tipo no afecta ningún interés de los ganadores del modelo.
Regular la extranjerización de tierras no combate el corazón de la injusticia rural: la concentración de la tierra. Datos duros del INTA: el 2 por ciento de las explotaciones agropecuarias controla la mitad de la tierra del país. Mientras que el 57 por ciento de las chacras cuenta sólo con el 3 por ciento de la tierra.
Empresarios y gobiernos extranjeros no necesitan comprar tierras de Argentina para explotarlas según su necesidad.
El gobierno de Río Negro firmó en octubre de 2010 un acuerdo con China para sembrar 240 mil hectáreas. El gobierno de Chaco firmó un acuerdo en febrero último con un “fondo inversor” de Arabia Saudita para que explote 200 mil hectáreas del Impenetrable.
También son extranjeros, y no verán afectados sus intereses, empresas mineras, petroleras y forestales que controlan amplias extensiones de territorio nacional.
El principal problema de campesinos e indígenas no es la extranjerización, sino el modelo agropecuario. En 2001 se sembraron en Argentina 10 millones de hectáreas con soja. En 2010 se llegó al record de 19 millones de hectáreas, el 56 por ciento de la tierra cultivada.
El Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI-Vía Campesina) estima un piso de 200 mil familias rurales expulsadas por el avance sojero. Las topadoras suelen estar al servicio de empresarios que –la gran mayoría de las veces– son argentinos.
El Plan Estratégico Agroalimentario (PEA) planifica la política agropecuaria para los próximos nueve años. Y logró lo que ninguna otra iniciativa kirchnerista había logrado: obtuvo el apoyo (o al menos la ausencia de críticas) de medios opositores y también de medios oficialistas.
El PEA impulsa aumentar la producción granaria un 60 por ciento en los próximos nueve años. Llama la atención que los periodistas que durante la 125 tanto cuestionaron la sojización ahora no hayan alertado sobre el aumento de desalojos, desmontes y del uso masivo de agrotóxicos que provocará lo pautado en el PEA. Una premisa básica del periodismo es no ocultar la realidad. Los “daños colaterales” de la “Argentina líder agroalimentaria” (eslogan del PEA) recaerá sobre los sectores populares del campo argentino. A pesar de ello, la gran mayoría de los periodistas de grandes medios publicitan el PEA como un hecho auspicioso y, como de costumbre, ignoran a campesinos y pueblos originarios.
Fecha de Publicación: 14/09/2011
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Darío Aranda reflexiona sobre el comportamiento de los grandes medios de comunicación y los periodistas acerca de la invisibilización de la opinión de campesinos e indígenas.
Medios de comunicación “independientes” y opositores, de un lado. “Militantes” y oficialistas, del otro. En ese maniqueísmo se ha transformado buena parte de los grandes medios de comunicación. Ambos denuncian, y silencian, según sus conveniencias económicas y políticas.
El proyecto de ley para regular la venta de tierras a extranjeros se suma a la lista de ejemplos que deja en evidencia a los grandes medios. El primer grupo publica editoriales y otorga espacios a quienes se oponen a regular la extranjerización porque, afirman, se estaría por “violar” la Constitución nacional. Desde la otra vereda se resalta el proyecto de ley como una gran cruzada nacional, casi presentada como si fuera la reforma agraria.
Es llamativo que, salvo excepciones, los periodistas de los grandes medios no consulten a un actor fundamental del territorio: campesinos y pueblos originarios.
Dirigencia política y formadores de opinión invisibilizan a los sectores populares de la Argentina rural. Influyen el desconocimiento o la discriminación de clase (o un poco de ambos). O, quizá, se los evita porque campesinos y pueblos originarios son quienes más claramente pueden dejar al descubierto que la extranjerización de tierras no es un problema central de Argentina, sino que el origen de sus pesares está en el modelo extractivo que es política de Estado, y donde agronegocios, megaminería, forestales y petroleras (sólo sus caras más famosas) cuentan con permanente apoyo mediático y gubernamental.
Pocos pueden oponerse a legislar sobre la venta de tierras a extranjeros. Mucho menos se opondrán quienes impulsan el actual modelo agropecuario, porque una ley de ese tipo no afecta ningún interés de los ganadores del modelo.
Regular la extranjerización de tierras no combate el corazón de la injusticia rural: la concentración de la tierra. Datos duros del INTA: el 2 por ciento de las explotaciones agropecuarias controla la mitad de la tierra del país. Mientras que el 57 por ciento de las chacras cuenta sólo con el 3 por ciento de la tierra.
Empresarios y gobiernos extranjeros no necesitan comprar tierras de Argentina para explotarlas según su necesidad.
El gobierno de Río Negro firmó en octubre de 2010 un acuerdo con China para sembrar 240 mil hectáreas. El gobierno de Chaco firmó un acuerdo en febrero último con un “fondo inversor” de Arabia Saudita para que explote 200 mil hectáreas del Impenetrable.
También son extranjeros, y no verán afectados sus intereses, empresas mineras, petroleras y forestales que controlan amplias extensiones de territorio nacional.
El principal problema de campesinos e indígenas no es la extranjerización, sino el modelo agropecuario. En 2001 se sembraron en Argentina 10 millones de hectáreas con soja. En 2010 se llegó al record de 19 millones de hectáreas, el 56 por ciento de la tierra cultivada.
El Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI-Vía Campesina) estima un piso de 200 mil familias rurales expulsadas por el avance sojero. Las topadoras suelen estar al servicio de empresarios que –la gran mayoría de las veces– son argentinos.
El Plan Estratégico Agroalimentario (PEA) planifica la política agropecuaria para los próximos nueve años. Y logró lo que ninguna otra iniciativa kirchnerista había logrado: obtuvo el apoyo (o al menos la ausencia de críticas) de medios opositores y también de medios oficialistas.
El PEA impulsa aumentar la producción granaria un 60 por ciento en los próximos nueve años. Llama la atención que los periodistas que durante la 125 tanto cuestionaron la sojización ahora no hayan alertado sobre el aumento de desalojos, desmontes y del uso masivo de agrotóxicos que provocará lo pautado en el PEA. Una premisa básica del periodismo es no ocultar la realidad. Los “daños colaterales” de la “Argentina líder agroalimentaria” (eslogan del PEA) recaerá sobre los sectores populares del campo argentino. A pesar de ello, la gran mayoría de los periodistas de grandes medios publicitan el PEA como un hecho auspicioso y, como de costumbre, ignoran a campesinos y pueblos originarios.
Santiago exigirá suspensión de todos los ingenios
La provincia exigirá la suspensión de todos los ingenios tucumanos
Fecha de Publicación: 14/09/2011
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Santiago del Estero - Tucumán
El fiscal federal de Santiago del Estero, Pedro Simón, pidió la suspensión preventiva de la producción de todos los ingenios tucumanos que están denunciados por contaminar la cuenca Salí-Dulce, en una solicitud de fuerte impacto en el marco de las causas que se investigan las violaciones a la ley nacional de Residuos Peligrosos.
El requerimiento fue elevado al juez federal, Guillermo Molinari, quien deberá resolver sobre los alcances de la medida.
Según trascendió de fuentes judiciales, Simón pidió la suspensión de 10 ingenios radicados en la vecina provincia que tienen destilerías y que producen bioetanol, un compuesto que se mezcla con las naftas, y cuyo desecho altamente tóxico es la vinaza. Los millones de litros de ese residuo que se vuelcan a la cuenca producen la mortandad de peces y dejan sin vida a los afluentes que llegan al lago de Río Hondo.
En el dictamen, se solicita además una vez decretada la suspensión de la actividad, que el Comité de Cuenca, como máxima autoridad hídrica de la región, evalúe en un tiempo perentorio a cada una de las fábricas para determinar cuáles tienen plantas de tratamiento de efluentes en condiciones para autorizarlas a retomar sus operaciones.
Para el fiscal está comprobado que los ingenios siguen contaminando y para ello se valió de pruebas documentales que tiene el expediente y de las propias resoluciones del gobierno tucumano, que la semana última clausuró la destilería del ingenio La Florida porque contamina, indicaron las mismas fuentes.
Con esta medida, Simón se adhirió a una medida cautelar presentada por la Fiscalía de Estado de la provincia y la Defensoría del Pueblo de Santiago del Estero. También el funcionario judicial dio dictamen favorable para que esos dos organismos sean aceptados como querellantes en esta causa y así poder aportar pruebas para la marcha de la investigación.
Otro punto trascendente, es que el fiscal federal insistió para que el secretario de Medio Ambiente de Tucumán, Alfredo Montalván, sea imputado por los supuestos delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, por considerar que no actuó o lo hizo ineficientemente para frenar el vuelco de residuos tóxicos en la cuenca.
Un dato nuevo, es que Simón endureció su posición respecto de la falta de respuesta del Registro Público de Comercio de Tucumán, organismo al que realizó dos requerimientos durante julio y agosto sobre quiénes son los propietarios, accionistas o responsables de los ingenios investigados. Por ello, solicitó también la imputación de su titular por la falta de colaboración con la Justicia.
Fecha de Publicación: 14/09/2011
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Santiago del Estero - Tucumán
El fiscal federal de Santiago del Estero, Pedro Simón, pidió la suspensión preventiva de la producción de todos los ingenios tucumanos que están denunciados por contaminar la cuenca Salí-Dulce, en una solicitud de fuerte impacto en el marco de las causas que se investigan las violaciones a la ley nacional de Residuos Peligrosos.
El requerimiento fue elevado al juez federal, Guillermo Molinari, quien deberá resolver sobre los alcances de la medida.
Según trascendió de fuentes judiciales, Simón pidió la suspensión de 10 ingenios radicados en la vecina provincia que tienen destilerías y que producen bioetanol, un compuesto que se mezcla con las naftas, y cuyo desecho altamente tóxico es la vinaza. Los millones de litros de ese residuo que se vuelcan a la cuenca producen la mortandad de peces y dejan sin vida a los afluentes que llegan al lago de Río Hondo.
En el dictamen, se solicita además una vez decretada la suspensión de la actividad, que el Comité de Cuenca, como máxima autoridad hídrica de la región, evalúe en un tiempo perentorio a cada una de las fábricas para determinar cuáles tienen plantas de tratamiento de efluentes en condiciones para autorizarlas a retomar sus operaciones.
Para el fiscal está comprobado que los ingenios siguen contaminando y para ello se valió de pruebas documentales que tiene el expediente y de las propias resoluciones del gobierno tucumano, que la semana última clausuró la destilería del ingenio La Florida porque contamina, indicaron las mismas fuentes.
Con esta medida, Simón se adhirió a una medida cautelar presentada por la Fiscalía de Estado de la provincia y la Defensoría del Pueblo de Santiago del Estero. También el funcionario judicial dio dictamen favorable para que esos dos organismos sean aceptados como querellantes en esta causa y así poder aportar pruebas para la marcha de la investigación.
Otro punto trascendente, es que el fiscal federal insistió para que el secretario de Medio Ambiente de Tucumán, Alfredo Montalván, sea imputado por los supuestos delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, por considerar que no actuó o lo hizo ineficientemente para frenar el vuelco de residuos tóxicos en la cuenca.
Un dato nuevo, es que Simón endureció su posición respecto de la falta de respuesta del Registro Público de Comercio de Tucumán, organismo al que realizó dos requerimientos durante julio y agosto sobre quiénes son los propietarios, accionistas o responsables de los ingenios investigados. Por ello, solicitó también la imputación de su titular por la falta de colaboración con la Justicia.
Accidente industrial en una incineradora
Arden 1400 hectáreas de la reserva natural Otamendi
Fecha de Publicación: 13/09/2011
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Buenos Aires
Unas 1400 hectáreas de pastizales se quemaron durante un incendio que se desató el fin de semana en la Reserva Natural Otamendi, en el norte de la provincia de Buenos Aires. Anoche, bomberos y personal de la Administración de Parques Nacionales (APN) continuaban luchando contra el fuego para que las llamas no se propagaran y afectaran la autopista Buenos Aires-Rosario.
Según informó la Administración Nacional de Parques, mediante sobrevuelos en la zona y un monitoreo realizado en tierra se comprobó que las llamas consumían pastizales en cercanías del paraje Los Ciervos, próximo al Paraná de las Palmas.
Desde la APN descartaron por completo que el incendio se haya originado por causas naturales.
El fuego comenzó durante la noche del sábado y el frente, de acuerdo con la misma fuente, va desde el kilómetro 60 al 70 de la ruta nacional 9, aunque a 1000 metros de distancia de la vía que conecta la Capital con Rosario.
"Según indicó el guardaparques Jorge Júber, el incendio habría comenzado el sábado por la noche y, una vez que se declaró la emergencia, intervinieron guardaparques y brigadistas de Parques Nacionales y del Plan Nacional de Manejo de Fuego", señaló la APN.
También se sumaron cuadrillas de bomberos de municipios bonaerenses y de la Policía Federal para proteger las viviendas que se encuentran en las cercanías de la reserva.
Anteanoche, las tareas de combate del fuego debieron ser suspendidas por las características "pantanosas del terreno", según detalló el operador de Comando del Cuartel de Bomberos de Campana, Sergio Graciani. En la mañana de ayer se pudo retomar el trabajo.
Bomberos y brigadistas en tierra, con la ayuda de aviones hidrantes, combatían el fuego. Hasta ayer, los investigadores intentaban determinar cómo se había originado el incendio, aunque daban por hecho que fue de forma intencional.
Tras una jornada de intenso trabajo en el frente del fuego, los equipos afectados al combate del incendio originado en la zona continuaban anoche monitoreando el avance de las llamas en el paraje Los Ciervos. El sentido del viento ayudaba a que el humo se disipara en el sentido opuesto. La preocupación de las autoridades es que las columnas de humo afecten a los pobladores de localidades cercanas a la reserva o que avance sobre la ruta 9.
Fecha de Publicación: 13/09/2011
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Buenos Aires
Unas 1400 hectáreas de pastizales se quemaron durante un incendio que se desató el fin de semana en la Reserva Natural Otamendi, en el norte de la provincia de Buenos Aires. Anoche, bomberos y personal de la Administración de Parques Nacionales (APN) continuaban luchando contra el fuego para que las llamas no se propagaran y afectaran la autopista Buenos Aires-Rosario.
Según informó la Administración Nacional de Parques, mediante sobrevuelos en la zona y un monitoreo realizado en tierra se comprobó que las llamas consumían pastizales en cercanías del paraje Los Ciervos, próximo al Paraná de las Palmas.
Desde la APN descartaron por completo que el incendio se haya originado por causas naturales.
El fuego comenzó durante la noche del sábado y el frente, de acuerdo con la misma fuente, va desde el kilómetro 60 al 70 de la ruta nacional 9, aunque a 1000 metros de distancia de la vía que conecta la Capital con Rosario.
"Según indicó el guardaparques Jorge Júber, el incendio habría comenzado el sábado por la noche y, una vez que se declaró la emergencia, intervinieron guardaparques y brigadistas de Parques Nacionales y del Plan Nacional de Manejo de Fuego", señaló la APN.
También se sumaron cuadrillas de bomberos de municipios bonaerenses y de la Policía Federal para proteger las viviendas que se encuentran en las cercanías de la reserva.
Anteanoche, las tareas de combate del fuego debieron ser suspendidas por las características "pantanosas del terreno", según detalló el operador de Comando del Cuartel de Bomberos de Campana, Sergio Graciani. En la mañana de ayer se pudo retomar el trabajo.
Bomberos y brigadistas en tierra, con la ayuda de aviones hidrantes, combatían el fuego. Hasta ayer, los investigadores intentaban determinar cómo se había originado el incendio, aunque daban por hecho que fue de forma intencional.
Tras una jornada de intenso trabajo en el frente del fuego, los equipos afectados al combate del incendio originado en la zona continuaban anoche monitoreando el avance de las llamas en el paraje Los Ciervos. El sentido del viento ayudaba a que el humo se disipara en el sentido opuesto. La preocupación de las autoridades es que las columnas de humo afecten a los pobladores de localidades cercanas a la reserva o que avance sobre la ruta 9.
Incendio en la reserva natural Otamendi
Arden 1400 hectáreas de la reserva natural Otamendi
Fecha de Publicación: 13/09/2011
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Buenos Aires
Unas 1400 hectáreas de pastizales se quemaron durante un incendio que se desató el fin de semana en la Reserva Natural Otamendi, en el norte de la provincia de Buenos Aires. Anoche, bomberos y personal de la Administración de Parques Nacionales (APN) continuaban luchando contra el fuego para que las llamas no se propagaran y afectaran la autopista Buenos Aires-Rosario.
Según informó la Administración Nacional de Parques, mediante sobrevuelos en la zona y un monitoreo realizado en tierra se comprobó que las llamas consumían pastizales en cercanías del paraje Los Ciervos, próximo al Paraná de las Palmas.
Desde la APN descartaron por completo que el incendio se haya originado por causas naturales.
El fuego comenzó durante la noche del sábado y el frente, de acuerdo con la misma fuente, va desde el kilómetro 60 al 70 de la ruta nacional 9, aunque a 1000 metros de distancia de la vía que conecta la Capital con Rosario.
"Según indicó el guardaparques Jorge Júber, el incendio habría comenzado el sábado por la noche y, una vez que se declaró la emergencia, intervinieron guardaparques y brigadistas de Parques Nacionales y del Plan Nacional de Manejo de Fuego", señaló la APN.
También se sumaron cuadrillas de bomberos de municipios bonaerenses y de la Policía Federal para proteger las viviendas que se encuentran en las cercanías de la reserva.
Anteanoche, las tareas de combate del fuego debieron ser suspendidas por las características "pantanosas del terreno", según detalló el operador de Comando del Cuartel de Bomberos de Campana, Sergio Graciani. En la mañana de ayer se pudo retomar el trabajo.
Bomberos y brigadistas en tierra, con la ayuda de aviones hidrantes, combatían el fuego. Hasta ayer, los investigadores intentaban determinar cómo se había originado el incendio, aunque daban por hecho que fue de forma intencional.
Tras una jornada de intenso trabajo en el frente del fuego, los equipos afectados al combate del incendio originado en la zona continuaban anoche monitoreando el avance de las llamas en el paraje Los Ciervos. El sentido del viento ayudaba a que el humo se disipara en el sentido opuesto. La preocupación de las autoridades es que las columnas de humo afecten a los pobladores de localidades cercanas a la reserva o que avance sobre la ruta 9.
Fecha de Publicación: 13/09/2011
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Buenos Aires
Unas 1400 hectáreas de pastizales se quemaron durante un incendio que se desató el fin de semana en la Reserva Natural Otamendi, en el norte de la provincia de Buenos Aires. Anoche, bomberos y personal de la Administración de Parques Nacionales (APN) continuaban luchando contra el fuego para que las llamas no se propagaran y afectaran la autopista Buenos Aires-Rosario.
Según informó la Administración Nacional de Parques, mediante sobrevuelos en la zona y un monitoreo realizado en tierra se comprobó que las llamas consumían pastizales en cercanías del paraje Los Ciervos, próximo al Paraná de las Palmas.
Desde la APN descartaron por completo que el incendio se haya originado por causas naturales.
El fuego comenzó durante la noche del sábado y el frente, de acuerdo con la misma fuente, va desde el kilómetro 60 al 70 de la ruta nacional 9, aunque a 1000 metros de distancia de la vía que conecta la Capital con Rosario.
"Según indicó el guardaparques Jorge Júber, el incendio habría comenzado el sábado por la noche y, una vez que se declaró la emergencia, intervinieron guardaparques y brigadistas de Parques Nacionales y del Plan Nacional de Manejo de Fuego", señaló la APN.
También se sumaron cuadrillas de bomberos de municipios bonaerenses y de la Policía Federal para proteger las viviendas que se encuentran en las cercanías de la reserva.
Anteanoche, las tareas de combate del fuego debieron ser suspendidas por las características "pantanosas del terreno", según detalló el operador de Comando del Cuartel de Bomberos de Campana, Sergio Graciani. En la mañana de ayer se pudo retomar el trabajo.
Bomberos y brigadistas en tierra, con la ayuda de aviones hidrantes, combatían el fuego. Hasta ayer, los investigadores intentaban determinar cómo se había originado el incendio, aunque daban por hecho que fue de forma intencional.
Tras una jornada de intenso trabajo en el frente del fuego, los equipos afectados al combate del incendio originado en la zona continuaban anoche monitoreando el avance de las llamas en el paraje Los Ciervos. El sentido del viento ayudaba a que el humo se disipara en el sentido opuesto. La preocupación de las autoridades es que las columnas de humo afecten a los pobladores de localidades cercanas a la reserva o que avance sobre la ruta 9.
Vale todo en el Riachuelo
Vale todo en Riachuelo: se pueden tirar tóxicos
Fecha de Publicación: 12/09/2011
Fuente: Ambito Financiero
Provincia/Región: Buenos Aires - Capital
Casi 2.000 familias que viven en los alrededores del Riachuelo aún deben ser relocalizadas, ya que los tóxicos pueden provocar desde cáncer hasta malformaciones y otras enfermedades.
El año 2008 marcó un hito en la historia del Riachuelo. La Corte Suprema de Justicia dictó un fallo que condena al Estado nacional, al porteño y al de la provincia de Buenos Aires a recomponer el daño ambiental de la cuenca. A tres años de esta decisión, son varios los asuntos pendientes y aún no hay una fecha de cuándo se convertirá en un flujo de agua limpia. Además, las industrias -aunque ahora controladas- pueden seguir vertiendo allí sus desechos con el peligro que implica esto para la salud de quienes viven en los alrededores.
La Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), creada en 2006, es la encargada del saneamiento del río y de todo el medio ambiente que lo rodea. Entre sus tareas se encuentra la de clausurar las industrias que tiran sus desechos a este flujo de agua. Sin embargo, permite el vertido de basura por concentración, es decir, una cantidad determinada por metro cúbico sin tener en cuenta los litros totales que cada fábrica tira, por lo que se siguen vertiendo desechos tóxicos.
«El río se va a limpiar sólo cuando dejen de contaminar; se puede sacar basura, pero se ensucia mucho más rápido de lo que se limpia», afirmó a este diario Leandro García Silva, de la Defensoría del Pueblo de la Nación, una de las instituciones del cuerpo colegiado encargado de controlar el trabajo de la ACUMAR.
«Nadie te puede dar un plazo sobre cuándo se terminará de limpiar el Riachuelo, y la ACUMAR tiene que realizar un cronograma claro», agregó García Silva y explicó que «la Corte pide un estado funcional del Riachuelo, que haya peces y vegetación, que sea un río. Pide que se recomponga el ámbito».
La contaminación del Riachuelo puede generar en la población que vive en sus alrededores una larga lista de enfermedades. Desde cáncer hasta problemas en la piel, en el desarrollo neurocognitivo y psicomotriz, malformaciones congénitas, problemas hormonales, respiratorios, digestivos y en el sistema reproductivo, entre otros. Las sustancias tóxicas y cancerígenas de los residuos llegan a la gente a través del agua que consumen, el aire que respiran (vapores y olores), el suelo y los alimentos, es decir, del contacto con el medio en el que viven.
Otra de las instituciones que conforman el cuerpo colegiado es la Fundación Ambiente y Recursos Humanos (FARN). Su director del área Riachuelo, Andrés Nápoli, destacó el accionar de la Justicia, que intimó para que se termine la remoción de buques y la limpieza de los márgenes del Riachuelo. Pero agregó que son muchos los mandatos de la Corte incumplidos y las cosas que faltan hacer. «Las metas son muy bajas y no permiten la recuperación requerida. Aún falta remover la basura a cielo abierto, ya que en la zona hay 326 basurales y menos del 10% fue eliminado. Además, todavía se desconoce cuáles son los grupos poblacionales en riesgo que necesitan atención inmediata», detalló a este diario.
Nápoli también explicó que no se concluyó el proceso de fiscalización de industrias y que faltan políticas de vivienda por parte de ACUMAR, que debería trasladar a la población en peligro y determinar cuáles serán los espacios verdes y cuáles los industriales. «Son 2.000 las familias en el programa de relocalización y sólo se relocalizó a 80», aseguró García Silva al respecto.
«Falta también ordenar el Polo Petroquímico Dock Sud, donde hay más de 44 industrias en un pequeño territorio en la desembocadura del Riachuelo, que vierten sustancias tóxicas a pesar de que en las cercanías vive gente», desarrolló Nápoli, quien aseveró hay otros tres agentes contaminantes: las industrias, las cloacas y los basurales.
«Con el fallo de la Corte hubo un antes y un después. Ésta dejó claros los objetivos con respecto al Riachuelo: la recomposición del agua, el aire y el suelo, mejorar la calidad de vida de los que viven en la zona y la prevención. Pero los esfuerzos se hacen sólo cuando va a haber una audiencia con la Corte», aseguró García Silva, quien detalló que también falta ocuparse de la calidad del aire y de la producción de residuos y su tratamiento.
Entre las industrias que más contaminan se encuentran las curtiembres, por lo que Greenpeace Argentina, otra de las instituciones del cuerpo colegiado, denunció públicamente a varias marcas conocidas -Prüne, Sarkani y Grimoldi- por utilizarlas como proveedores. En respuesta, Grimoldi les pidió la semana pasada a las curtiembres con las que trabaja un plan de producción limpia.
«Las curtiembres vierten descargas a pluviales en Lanús y Avellaneda que llegan al Riachuelo y contienen cromo, cromo 6, sulfuro, cadmio y plomo», aseguró Consuelo Bilbao, coordinadora de la campaña Riachuelo, a Ámbito Financiero. «Reutilizar el cromo es fácil y la tecnología está disponible. Lo que faltan son plantas de tratamiento para cumplir con la norma», agregó. Otras industrias altamente contaminantes son los frigoríficos, las alimentarias, las químicas y las petroquímicas.
Fecha de Publicación: 12/09/2011
Fuente: Ambito Financiero
Provincia/Región: Buenos Aires - Capital
Casi 2.000 familias que viven en los alrededores del Riachuelo aún deben ser relocalizadas, ya que los tóxicos pueden provocar desde cáncer hasta malformaciones y otras enfermedades.
El año 2008 marcó un hito en la historia del Riachuelo. La Corte Suprema de Justicia dictó un fallo que condena al Estado nacional, al porteño y al de la provincia de Buenos Aires a recomponer el daño ambiental de la cuenca. A tres años de esta decisión, son varios los asuntos pendientes y aún no hay una fecha de cuándo se convertirá en un flujo de agua limpia. Además, las industrias -aunque ahora controladas- pueden seguir vertiendo allí sus desechos con el peligro que implica esto para la salud de quienes viven en los alrededores.
La Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), creada en 2006, es la encargada del saneamiento del río y de todo el medio ambiente que lo rodea. Entre sus tareas se encuentra la de clausurar las industrias que tiran sus desechos a este flujo de agua. Sin embargo, permite el vertido de basura por concentración, es decir, una cantidad determinada por metro cúbico sin tener en cuenta los litros totales que cada fábrica tira, por lo que se siguen vertiendo desechos tóxicos.
«El río se va a limpiar sólo cuando dejen de contaminar; se puede sacar basura, pero se ensucia mucho más rápido de lo que se limpia», afirmó a este diario Leandro García Silva, de la Defensoría del Pueblo de la Nación, una de las instituciones del cuerpo colegiado encargado de controlar el trabajo de la ACUMAR.
«Nadie te puede dar un plazo sobre cuándo se terminará de limpiar el Riachuelo, y la ACUMAR tiene que realizar un cronograma claro», agregó García Silva y explicó que «la Corte pide un estado funcional del Riachuelo, que haya peces y vegetación, que sea un río. Pide que se recomponga el ámbito».
La contaminación del Riachuelo puede generar en la población que vive en sus alrededores una larga lista de enfermedades. Desde cáncer hasta problemas en la piel, en el desarrollo neurocognitivo y psicomotriz, malformaciones congénitas, problemas hormonales, respiratorios, digestivos y en el sistema reproductivo, entre otros. Las sustancias tóxicas y cancerígenas de los residuos llegan a la gente a través del agua que consumen, el aire que respiran (vapores y olores), el suelo y los alimentos, es decir, del contacto con el medio en el que viven.
Otra de las instituciones que conforman el cuerpo colegiado es la Fundación Ambiente y Recursos Humanos (FARN). Su director del área Riachuelo, Andrés Nápoli, destacó el accionar de la Justicia, que intimó para que se termine la remoción de buques y la limpieza de los márgenes del Riachuelo. Pero agregó que son muchos los mandatos de la Corte incumplidos y las cosas que faltan hacer. «Las metas son muy bajas y no permiten la recuperación requerida. Aún falta remover la basura a cielo abierto, ya que en la zona hay 326 basurales y menos del 10% fue eliminado. Además, todavía se desconoce cuáles son los grupos poblacionales en riesgo que necesitan atención inmediata», detalló a este diario.
Nápoli también explicó que no se concluyó el proceso de fiscalización de industrias y que faltan políticas de vivienda por parte de ACUMAR, que debería trasladar a la población en peligro y determinar cuáles serán los espacios verdes y cuáles los industriales. «Son 2.000 las familias en el programa de relocalización y sólo se relocalizó a 80», aseguró García Silva al respecto.
«Falta también ordenar el Polo Petroquímico Dock Sud, donde hay más de 44 industrias en un pequeño territorio en la desembocadura del Riachuelo, que vierten sustancias tóxicas a pesar de que en las cercanías vive gente», desarrolló Nápoli, quien aseveró hay otros tres agentes contaminantes: las industrias, las cloacas y los basurales.
«Con el fallo de la Corte hubo un antes y un después. Ésta dejó claros los objetivos con respecto al Riachuelo: la recomposición del agua, el aire y el suelo, mejorar la calidad de vida de los que viven en la zona y la prevención. Pero los esfuerzos se hacen sólo cuando va a haber una audiencia con la Corte», aseguró García Silva, quien detalló que también falta ocuparse de la calidad del aire y de la producción de residuos y su tratamiento.
Entre las industrias que más contaminan se encuentran las curtiembres, por lo que Greenpeace Argentina, otra de las instituciones del cuerpo colegiado, denunció públicamente a varias marcas conocidas -Prüne, Sarkani y Grimoldi- por utilizarlas como proveedores. En respuesta, Grimoldi les pidió la semana pasada a las curtiembres con las que trabaja un plan de producción limpia.
«Las curtiembres vierten descargas a pluviales en Lanús y Avellaneda que llegan al Riachuelo y contienen cromo, cromo 6, sulfuro, cadmio y plomo», aseguró Consuelo Bilbao, coordinadora de la campaña Riachuelo, a Ámbito Financiero. «Reutilizar el cromo es fácil y la tecnología está disponible. Lo que faltan son plantas de tratamiento para cumplir con la norma», agregó. Otras industrias altamente contaminantes son los frigoríficos, las alimentarias, las químicas y las petroquímicas.
Salud vs. agroquímicos
Salud vs. agroquímicos
Fecha de Publicación: 12/09/2011
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Buenos Aires
Los municipios fueron informados sobre los gravísimos inconvenientes y recibieron recomendaciones sobre el mayor control de la aplicación de los agroquímicos.
Una serie de denuncias sobre afectaciones a la salud llevaron a que la Defensoría del Pueblo bonaerense recomiende a los municipios que controlen las aplicaciones de agroquímicos, tanto terrestres como aéreas. Como primer paso, el organismo les sugirió a las autoridades locales que revisen las planificaciones territoriales con las que actualmente cuentan. Asimismo, en su resolución, el defensor Carlos Bonicatto anuncia el inicio de una investigación sobre la incidencia de los agrotóxicos en términos sanitarios. La Defensoría planteó que por sobre los agronegocios deben primar “la salud de la población, el cuidado de los alimentos y el medio ambiente”.
Mediante la Resolución 32/11, el defensor sienta posición respecto del debate sobre los paquetes tecnológicos agrícolas y sus implicancias sociosanitarias. Como fundamento, Bonicatto sostiene que los municipios deben impulsar normas que generen “pautas de conducta concretas, claras y precisas” para con el sector agropecuario respecto de la aplicación de agroquímicos.
En diálogo con Página/12, Bonicatto explicó que desde su organismo se hicieron eco de la temática a partir de “denuncias concretas sobre el perjuicio a la salud” y por investigaciones que dan cuenta de “la afectación de cursos de agua”, producto del efecto residual de los agroquímicos. Bonicatto propone cruzar argumentos y buscar “un equilibrio”. Por un lado, las estadísticas marcan que Buenos Aires “produce el 45 por ciento de los granos del país”. Pero ese nivel de producción lleva implícito “algún grado de uso irresponsable de los agroquímicos”. Ante ese cuadro, propuso el funcionario, hay que fomentar un “desarrollo que no esté ajeno a la protección de la vida y el cuidado del ambiente”.
Sobre esa idea, el artículo 1 de la resolución recomienda a los municipios que adopten “medidas pertinentes para un uso responsable de agroquímicos en su territorio”. Para eso sugiere realizar una “adecuada planificación territorial”, que sirva tanto para la aplicación aérea como terrestre. “El principal problema –entiende Bonicatto– es que las ciudades crecen y las poblaciones quedan al lado de los campos.” Esa falta de regulación “es un tema gravísimo”, enfatizó. En ese sentido, “la tarea de los municipios se vuelve central”, porque desde esas instituciones se deben hacer los ordenamientos territoriales en una primera instancia.
Por otra parte, la resolución fue puesta en conocimiento del Ministerio de Asuntos Agrarios bonaerense, que trabaja en la modificación del decreto 499/91 que reglamentó la Ley de Agroquímicos provincial, hace ya veinte años. La responsable del área de Medioambiente de la Defensoría, Carolina Barros Schelotto, señaló que, como les piden acciones a los municipios, también impera “una nueva legislación provincial”. “Los cambios tecnológicos y el avance de hectáreas sembradas dejaron bastante obsoleta la norma actual”, consideró Barros Schelotto.
Uno de los casos que llevó a la Defensoría a dar relevancia al tema fue el de un niño (J.E.M.) de la ciudad de Mercedes, que contrajo leucemia tiempo después de ser rociado con agrotóxicos desde una avioneta, mientras jugaba en el patio de su casa. Además, hubo presentaciones con otras particulares de San Antonio de Areco y Trenque Lauquen. La abogada de la familia del niño afectado, Graciela Gómez, consideró que la resolución del defensor “es un avance muy importante”, ya que “es una palabra de peso” para presentarse ante los municipios a pedir que limiten las pulverizaciones con agroquímicos en cercanías de viviendas, escuelas, y zonas urbanas.
Además de la recomendación a los gobiernos locales, la resolución da cuenta del inicio de una investigación sobre la incidencia de los agroquímicos en la salud y en los alimentos. Con esto, la Defensoría busca hacer “una tarea de seguimiento” sobre un tema que consideran “grave” y del que deben tener “un estudio confiable”, describió Bonicatto. Entre los análisis, habrá pruebas sobre los restos de agroquímicos en hortalizas, algo que actualmente “carece de controles”.
“Esperamos no tener que acudir a la Justicia. Es de buenas prácticas administrativas que los municipios y las provincias acomoden las normas al cuidado de la salud y el ambiente”, advirtió el titular de la Defensoría bonaerense.
Fecha de Publicación: 12/09/2011
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Buenos Aires
Los municipios fueron informados sobre los gravísimos inconvenientes y recibieron recomendaciones sobre el mayor control de la aplicación de los agroquímicos.
Una serie de denuncias sobre afectaciones a la salud llevaron a que la Defensoría del Pueblo bonaerense recomiende a los municipios que controlen las aplicaciones de agroquímicos, tanto terrestres como aéreas. Como primer paso, el organismo les sugirió a las autoridades locales que revisen las planificaciones territoriales con las que actualmente cuentan. Asimismo, en su resolución, el defensor Carlos Bonicatto anuncia el inicio de una investigación sobre la incidencia de los agrotóxicos en términos sanitarios. La Defensoría planteó que por sobre los agronegocios deben primar “la salud de la población, el cuidado de los alimentos y el medio ambiente”.
Mediante la Resolución 32/11, el defensor sienta posición respecto del debate sobre los paquetes tecnológicos agrícolas y sus implicancias sociosanitarias. Como fundamento, Bonicatto sostiene que los municipios deben impulsar normas que generen “pautas de conducta concretas, claras y precisas” para con el sector agropecuario respecto de la aplicación de agroquímicos.
En diálogo con Página/12, Bonicatto explicó que desde su organismo se hicieron eco de la temática a partir de “denuncias concretas sobre el perjuicio a la salud” y por investigaciones que dan cuenta de “la afectación de cursos de agua”, producto del efecto residual de los agroquímicos. Bonicatto propone cruzar argumentos y buscar “un equilibrio”. Por un lado, las estadísticas marcan que Buenos Aires “produce el 45 por ciento de los granos del país”. Pero ese nivel de producción lleva implícito “algún grado de uso irresponsable de los agroquímicos”. Ante ese cuadro, propuso el funcionario, hay que fomentar un “desarrollo que no esté ajeno a la protección de la vida y el cuidado del ambiente”.
Sobre esa idea, el artículo 1 de la resolución recomienda a los municipios que adopten “medidas pertinentes para un uso responsable de agroquímicos en su territorio”. Para eso sugiere realizar una “adecuada planificación territorial”, que sirva tanto para la aplicación aérea como terrestre. “El principal problema –entiende Bonicatto– es que las ciudades crecen y las poblaciones quedan al lado de los campos.” Esa falta de regulación “es un tema gravísimo”, enfatizó. En ese sentido, “la tarea de los municipios se vuelve central”, porque desde esas instituciones se deben hacer los ordenamientos territoriales en una primera instancia.
Por otra parte, la resolución fue puesta en conocimiento del Ministerio de Asuntos Agrarios bonaerense, que trabaja en la modificación del decreto 499/91 que reglamentó la Ley de Agroquímicos provincial, hace ya veinte años. La responsable del área de Medioambiente de la Defensoría, Carolina Barros Schelotto, señaló que, como les piden acciones a los municipios, también impera “una nueva legislación provincial”. “Los cambios tecnológicos y el avance de hectáreas sembradas dejaron bastante obsoleta la norma actual”, consideró Barros Schelotto.
Uno de los casos que llevó a la Defensoría a dar relevancia al tema fue el de un niño (J.E.M.) de la ciudad de Mercedes, que contrajo leucemia tiempo después de ser rociado con agrotóxicos desde una avioneta, mientras jugaba en el patio de su casa. Además, hubo presentaciones con otras particulares de San Antonio de Areco y Trenque Lauquen. La abogada de la familia del niño afectado, Graciela Gómez, consideró que la resolución del defensor “es un avance muy importante”, ya que “es una palabra de peso” para presentarse ante los municipios a pedir que limiten las pulverizaciones con agroquímicos en cercanías de viviendas, escuelas, y zonas urbanas.
Además de la recomendación a los gobiernos locales, la resolución da cuenta del inicio de una investigación sobre la incidencia de los agroquímicos en la salud y en los alimentos. Con esto, la Defensoría busca hacer “una tarea de seguimiento” sobre un tema que consideran “grave” y del que deben tener “un estudio confiable”, describió Bonicatto. Entre los análisis, habrá pruebas sobre los restos de agroquímicos en hortalizas, algo que actualmente “carece de controles”.
“Esperamos no tener que acudir a la Justicia. Es de buenas prácticas administrativas que los municipios y las provincias acomoden las normas al cuidado de la salud y el ambiente”, advirtió el titular de la Defensoría bonaerense.
Soros abandonó el proyecto Ayuí Grande
El magnate Soros abandonó el proyecto arrocero del vice de Clarín
Fecha de Publicación: 11/09/2011
Fuente: Infoalternativa
Provincia/Región: Corrientes
El multimillonario húngaro decidió retirarse del emprendimiento que tenía con José Aranda. Aunque la empresa insiste con el proyecto, para los ecologistas “quedó herido de muerte”. El diario Tiempo Argentino había revelado el caso en agosto de 2010.
El magnate húngaro George Soros abandonó el polémico proyecto arrocero que planeaba la construcción de la represa Ayuí Grande y dejó en soledad a José Antonio Aranda, vicepresidente del Grupo Clarín. Así lo indica el Acta de Reunión de Directorio Nº 72 perteneciente a la Unión Transitoria de Empresas (UTE) formada, entre otras, por Pilagá SA (propiedad de Soros) y Copra SA (perteneciente a Aranda).
El documento, al que Tiempo Argentino accedió de forma exclusiva, explica que Pilagá SA resolvió “no continuar como miembro” de la unión de empresas debido a “razones propias”. De esa manera, Aranda se convirtió en el socio mayoritario de la iniciativa, ya que ahora entre las compañías Copra SA y Tupantuva SA (también del vicepresidente de Clarín) posee el 80% de las acciones de la UTE.
En esa misma reunión de directorio, celebrada el 5 de este mes, el resto de las firmas que forman parte del emprendimiento ratificaron la continuidad del “proyecto de la represa sobre el Arroyo Ayuí Grande”. Y aclararon que, a pesar de la partida de Soros, la “modificación de los porcentajes de participación no implica la modificación en la porción de agua para riego que podrán aprovechar una vez construida la represa, la cual se regirá conforme las Concesiones de Uso de las Aguas Públicas otorgadas por el Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (ICAA).” Esto significa que, a pesar de las reiteradas objeciones, Aranda tiene en mente seguir adelante con la obra.
Sin embargo, para las ONG ambientalistas de la zona, el emprendimiento quedó “herido de muerte”. En diálogo con Tiempo, Emilio Spataro, integrante de la ONG Salvemos al Iberá, aseguró: “Siempre sostuvimos que la clave para que el proyecto del Ayuí fracasara era que Soros se abriera. Con esta separación, la construcción de la represa queda herida de muerte. En la práctica, no se puede llevar a cabo, ya que Aranda necesitaba a Soros porque sus campos eran linderos.”
En el mismo sentido se pronunció la diputada correntina Inés Fagetti (FPV), quien se opuso a la construcción de la represa desde el primer momento: “Hace tiempo se rumoreaba sobre la partida de Soros, pero evidentemente la resolución de la Secretaría de Ambiente de la Nación fue determinante para que ese grupo ya no quiera avanzar con el proyecto. Creo que esto es vital para que el emprendimiento caiga.”
Desde Corrientes, el contador Ricardo Freire, mano derecha de Aranda, manifestó su sorpresa y adujo no estar al tanto de la noticia. “No sé nada, por lo que no puedo confirmar la salida de Soros del proyecto.” Asimismo, explicó que desde Copra SA seguirán trabajando en función de la iniciativa, ya que “desde el punto de vista legal, este proyecto está aprobado. Nosotros contamos con todas las habilitaciones provinciales”.
Sin embargo, el retiro de Soros se da, justamente, en medio de uno de los peores momentos para el emprendimiento. Es que el proyecto (que pretendía adueñarse de un río, inundar 8000 hectáreas y eliminar 130 kilómetros de bosques) ya fue frenado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en noviembre de 2010, y por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación el 25 de agosto pasado. Hace dos semanas, el organismo encabezado por Juan José Mussi resolvió que las obras del proyecto “resultan incompatibles con las disposiciones de la Ley General de Ambiente Nº 25.675 y la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos Nº 26.331”. Además, agregó que “compromete la responsabilidad internacional del Estado por tratarse de una obra que causará perjuicio sensible al río Uruguay, al afectar la calidad de sus aguas”.
Asimismo, en noviembre de 2010 la Corte ya había decidido suspender las obras por 90 días hasta tanto se determine si la misma ocasionará daños al medioambiente y afectará el cauce del río Uruguay. Luego, en junio de este año, el máximo tribunal dio por “extinguido el proceso”, ya que el supuesto perjuicio ecológico que podría generar la represa “no puede encontrar cabida en esta causa”, en tanto excedía su objeto, pero reconoció que el Estado nacional tenía competencia para actuar.
Las empresas Copra y Pilagá comenzaron en 2005 con la idea de construir la represa Ayuí Grande. Pero recién el 8 agosto de 2010 el proyecto fue conocido por la opinión pública a través de una investigación realizada por este diario. El emprendimiento, alentado por el incremento mundial del precio de los granos, cuenta con el aval del gobierno de Ricardo Colombi, quien hace menos de un mes enfatizó: “No nos vamos a dejar llevar por falsos ambientalistas que lo único que quieren es que nuestra provincia tenga más del 60% de tierras improductivas.” Y añadió: “No podemos tolerar que personas foráneas nos vengan a decir que tenemos que vivir permanentemente en estado animal, sin poder trabajar o producir.”
Sin embargo, y para desgracia del gobernador Colombi, el vicepresidente de Clarín cada vez está más solo, y su sueño de la represa propia, cada vez más lejos de convertirse en realidad. (Fuente Tiempo Argentino)
Fecha de Publicación: 11/09/2011
Fuente: Infoalternativa
Provincia/Región: Corrientes
El multimillonario húngaro decidió retirarse del emprendimiento que tenía con José Aranda. Aunque la empresa insiste con el proyecto, para los ecologistas “quedó herido de muerte”. El diario Tiempo Argentino había revelado el caso en agosto de 2010.
El magnate húngaro George Soros abandonó el polémico proyecto arrocero que planeaba la construcción de la represa Ayuí Grande y dejó en soledad a José Antonio Aranda, vicepresidente del Grupo Clarín. Así lo indica el Acta de Reunión de Directorio Nº 72 perteneciente a la Unión Transitoria de Empresas (UTE) formada, entre otras, por Pilagá SA (propiedad de Soros) y Copra SA (perteneciente a Aranda).
El documento, al que Tiempo Argentino accedió de forma exclusiva, explica que Pilagá SA resolvió “no continuar como miembro” de la unión de empresas debido a “razones propias”. De esa manera, Aranda se convirtió en el socio mayoritario de la iniciativa, ya que ahora entre las compañías Copra SA y Tupantuva SA (también del vicepresidente de Clarín) posee el 80% de las acciones de la UTE.
En esa misma reunión de directorio, celebrada el 5 de este mes, el resto de las firmas que forman parte del emprendimiento ratificaron la continuidad del “proyecto de la represa sobre el Arroyo Ayuí Grande”. Y aclararon que, a pesar de la partida de Soros, la “modificación de los porcentajes de participación no implica la modificación en la porción de agua para riego que podrán aprovechar una vez construida la represa, la cual se regirá conforme las Concesiones de Uso de las Aguas Públicas otorgadas por el Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (ICAA).” Esto significa que, a pesar de las reiteradas objeciones, Aranda tiene en mente seguir adelante con la obra.
Sin embargo, para las ONG ambientalistas de la zona, el emprendimiento quedó “herido de muerte”. En diálogo con Tiempo, Emilio Spataro, integrante de la ONG Salvemos al Iberá, aseguró: “Siempre sostuvimos que la clave para que el proyecto del Ayuí fracasara era que Soros se abriera. Con esta separación, la construcción de la represa queda herida de muerte. En la práctica, no se puede llevar a cabo, ya que Aranda necesitaba a Soros porque sus campos eran linderos.”
En el mismo sentido se pronunció la diputada correntina Inés Fagetti (FPV), quien se opuso a la construcción de la represa desde el primer momento: “Hace tiempo se rumoreaba sobre la partida de Soros, pero evidentemente la resolución de la Secretaría de Ambiente de la Nación fue determinante para que ese grupo ya no quiera avanzar con el proyecto. Creo que esto es vital para que el emprendimiento caiga.”
Desde Corrientes, el contador Ricardo Freire, mano derecha de Aranda, manifestó su sorpresa y adujo no estar al tanto de la noticia. “No sé nada, por lo que no puedo confirmar la salida de Soros del proyecto.” Asimismo, explicó que desde Copra SA seguirán trabajando en función de la iniciativa, ya que “desde el punto de vista legal, este proyecto está aprobado. Nosotros contamos con todas las habilitaciones provinciales”.
Sin embargo, el retiro de Soros se da, justamente, en medio de uno de los peores momentos para el emprendimiento. Es que el proyecto (que pretendía adueñarse de un río, inundar 8000 hectáreas y eliminar 130 kilómetros de bosques) ya fue frenado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en noviembre de 2010, y por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación el 25 de agosto pasado. Hace dos semanas, el organismo encabezado por Juan José Mussi resolvió que las obras del proyecto “resultan incompatibles con las disposiciones de la Ley General de Ambiente Nº 25.675 y la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos Nº 26.331”. Además, agregó que “compromete la responsabilidad internacional del Estado por tratarse de una obra que causará perjuicio sensible al río Uruguay, al afectar la calidad de sus aguas”.
Asimismo, en noviembre de 2010 la Corte ya había decidido suspender las obras por 90 días hasta tanto se determine si la misma ocasionará daños al medioambiente y afectará el cauce del río Uruguay. Luego, en junio de este año, el máximo tribunal dio por “extinguido el proceso”, ya que el supuesto perjuicio ecológico que podría generar la represa “no puede encontrar cabida en esta causa”, en tanto excedía su objeto, pero reconoció que el Estado nacional tenía competencia para actuar.
Las empresas Copra y Pilagá comenzaron en 2005 con la idea de construir la represa Ayuí Grande. Pero recién el 8 agosto de 2010 el proyecto fue conocido por la opinión pública a través de una investigación realizada por este diario. El emprendimiento, alentado por el incremento mundial del precio de los granos, cuenta con el aval del gobierno de Ricardo Colombi, quien hace menos de un mes enfatizó: “No nos vamos a dejar llevar por falsos ambientalistas que lo único que quieren es que nuestra provincia tenga más del 60% de tierras improductivas.” Y añadió: “No podemos tolerar que personas foráneas nos vengan a decir que tenemos que vivir permanentemente en estado animal, sin poder trabajar o producir.”
Sin embargo, y para desgracia del gobernador Colombi, el vicepresidente de Clarín cada vez está más solo, y su sueño de la represa propia, cada vez más lejos de convertirse en realidad. (Fuente Tiempo Argentino)
La minería plantea un dilema en Mendoza
La minería plantea un dilema en Mendoza
Fecha de Publicación: 11/09/2011
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Mendoza
¿Es incompatible el desarrollo de la megaminería a cielo abierto con la conservación del medioambiente? En Mendoza, el debate ha alcanzado a tal nivel de polarización que hace unas semanas, en el Congreso provincial, el bloque justicialista rechazó el proyecto San Jorge (mina de oro y cobre, en Uspallata) con el único objetivo de eliminar el cartel de prominero del ex ministro "Paco" Pérez, su candidato a gobernador en las elecciones del 23 de octubre. Para sorpresa de todos, el peronismo rechazó la declaración de impacto ambiental y provocó una fisura con el gobierno (también oficialista) de Celso Jaque, que lleva impulsando el proyecto desde 2007 y daba por hecha su aprobación definitiva. Pesa mucho más en el electorado el fuerte malestar derivado de los riesgos ecológicas de la obra y su elevado consumo de agua (12 millones de litros al día) que las expectativas de crear 2000 empleos y unos ingresos anuales por regalías estimados en US$ 3 millones. Las encuestas coinciden en que los proyectos megamineros a cielo abierto son rechazados por el 75% del censo mendocino.
El debate sobre la minería se encuadra en un contexto económico marcado por la voluntad unánime de "diversificar la matriz productiva mendocina", como coinciden varias fuentes gubernamentales, y encaja en un escenario internacional en el que el elevado precio de las materias primas como el cobre, el oro o el uranio estimula, por un lado, a las empresas a explorar yacimientos en nuevos lugares y, por otro, a los gobiernos a aprobar proyectos que generan más regalías para sus arcas. La suba del precio del oro como refugio inversor en plena crisis financiera mundial ha llevado a que Brasil y Perú elevaran el nivel de las regalías.
La diputada radical Patricia Gutiérrez asegura que "a Mendoza, sencillamente, el negocio de la minería no le conviene". La ley establece que las provincias sólo reciben el 3% de las regalías generadas, que tras descuentos y retenciones se quedan realmente en un 1,6% del valor de la producción en boca de mina. "Muy distinto sería el panorama si las regalías fueran del 6%, como en Perú -sostiene la diputada- en cuyo caso podrían establecerse controles ambientales rigurosos y ampliar la producción agrícola en otras zonas."
Personas del gobierno de Jaque lamentan que la demonización de la actividad minera. Oficialistas, radicales y demócratas coinciden en que el proyecto de San Jorge volverá a activarse en 2012 o 2013. La empresa confía incluso en que la Suprema Corte provincial deje nulo el reciente procedimiento legislativo, y amenaza, si no, con interponer una demanda indemnizatoria.
Menos revuelo ha causado la posible reapertura de la mina de uranio de Sierra Pintada, en San Rafael, la segunda del país, en tamaño, cerrada en 1997. La Comisión Nacional de la Energía Atómica sostiene: "El país necesita materia prima para centrales nucleares [y es un] desperdicio tener el yacimiento mendocino cerrado y depender del mercado externo". También descansa en el archivo del Congreso el proyecto Huemul, en Malargüe, a cargo de Calypso Uranium.
Fecha de Publicación: 11/09/2011
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Mendoza
¿Es incompatible el desarrollo de la megaminería a cielo abierto con la conservación del medioambiente? En Mendoza, el debate ha alcanzado a tal nivel de polarización que hace unas semanas, en el Congreso provincial, el bloque justicialista rechazó el proyecto San Jorge (mina de oro y cobre, en Uspallata) con el único objetivo de eliminar el cartel de prominero del ex ministro "Paco" Pérez, su candidato a gobernador en las elecciones del 23 de octubre. Para sorpresa de todos, el peronismo rechazó la declaración de impacto ambiental y provocó una fisura con el gobierno (también oficialista) de Celso Jaque, que lleva impulsando el proyecto desde 2007 y daba por hecha su aprobación definitiva. Pesa mucho más en el electorado el fuerte malestar derivado de los riesgos ecológicas de la obra y su elevado consumo de agua (12 millones de litros al día) que las expectativas de crear 2000 empleos y unos ingresos anuales por regalías estimados en US$ 3 millones. Las encuestas coinciden en que los proyectos megamineros a cielo abierto son rechazados por el 75% del censo mendocino.
El debate sobre la minería se encuadra en un contexto económico marcado por la voluntad unánime de "diversificar la matriz productiva mendocina", como coinciden varias fuentes gubernamentales, y encaja en un escenario internacional en el que el elevado precio de las materias primas como el cobre, el oro o el uranio estimula, por un lado, a las empresas a explorar yacimientos en nuevos lugares y, por otro, a los gobiernos a aprobar proyectos que generan más regalías para sus arcas. La suba del precio del oro como refugio inversor en plena crisis financiera mundial ha llevado a que Brasil y Perú elevaran el nivel de las regalías.
La diputada radical Patricia Gutiérrez asegura que "a Mendoza, sencillamente, el negocio de la minería no le conviene". La ley establece que las provincias sólo reciben el 3% de las regalías generadas, que tras descuentos y retenciones se quedan realmente en un 1,6% del valor de la producción en boca de mina. "Muy distinto sería el panorama si las regalías fueran del 6%, como en Perú -sostiene la diputada- en cuyo caso podrían establecerse controles ambientales rigurosos y ampliar la producción agrícola en otras zonas."
Personas del gobierno de Jaque lamentan que la demonización de la actividad minera. Oficialistas, radicales y demócratas coinciden en que el proyecto de San Jorge volverá a activarse en 2012 o 2013. La empresa confía incluso en que la Suprema Corte provincial deje nulo el reciente procedimiento legislativo, y amenaza, si no, con interponer una demanda indemnizatoria.
Menos revuelo ha causado la posible reapertura de la mina de uranio de Sierra Pintada, en San Rafael, la segunda del país, en tamaño, cerrada en 1997. La Comisión Nacional de la Energía Atómica sostiene: "El país necesita materia prima para centrales nucleares [y es un] desperdicio tener el yacimiento mendocino cerrado y depender del mercado externo". También descansa en el archivo del Congreso el proyecto Huemul, en Malargüe, a cargo de Calypso Uranium.
Confirmaron la inauguración de Atucha II
Confirmaron la inauguración de Atucha II para el lunes 26
Fecha de Publicación: 10/09/2011
Fuente: Diario El Debate
Provincia/Región: Nacional
El ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, confirmó que el 26 de septiembre se inaugurará Atucha II ubicada sobre la margen derecha del Río Paraná, en la localidad de Lima, con la presencia de Cristina de Kirchner.
El ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, confirmó que el 26 de septiembre se inaugurará Atucha II ubicada sobre la margen derecha del Río Paraná, en la localidad de Lima, Partido de Zárate, con la presencia de Cristina de Kirchner. Atucha II es una central nucleoeléctrica de una potencia de 745 MWe que va a aportar 692 MW eléctricos netos al sistema interconectado nacional. Está adyacente a la central nuclear Atucha I, aprovechando gran parte de su infraestructura. Atucha II se integrará al parque de generación nuclear del sistema eléctrico argentino, en adición a Atucha I (357 MWe) y Embalse (648 MWe).
Cuando entre en funcionamiento comercial el turbogrupo de Atucha II pasará a ser la máquina de mayor potencia unitaria del sistema interconectado nacional, posición que ahora ocupa la Central Nuclear de Embalse.
Atucha II es una central nuclear moderna, similar a las últimas centrales construidas en Alemania, así como las de Trillo en España y Angra II en Brasil. Desde el punto de vista del diseño y construcción cuenta con sistemas de seguridad actualizados, que incluyen el concepto de defensa en profundidad con barreras sucesivas, esfera de contención, separación física entre sistemas de seguridad y programa de vigilancia en servicio, entre otros conceptos. Cabe destacar también que Atucha II se está construyendo de acuerdo con la licencia de construcción, las normas y el programa de inspección oportunamente dispuesto por la Autoridad Regulatoria Nuclear Argentina (ARN).
Inversión
El titular de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), Diego Bossio manifestó que "cerca del 22 por ciento del Fondo, unos 40 mil millones de pesos, está invertido en energía, como en el caso de Atucha II. También muchas obras están financiadas por este fondo, de manera prudente y responsable, apostando al desarrollo y generando trabajo para los argentinos", precisó. El funcionario también explicó en declaraciones radiales la importancia de las inversiones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES en la economía local, según se informó en un comunicado.
Fecha de Publicación: 10/09/2011
Fuente: Diario El Debate
Provincia/Región: Nacional
El ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, confirmó que el 26 de septiembre se inaugurará Atucha II ubicada sobre la margen derecha del Río Paraná, en la localidad de Lima, con la presencia de Cristina de Kirchner.
El ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, confirmó que el 26 de septiembre se inaugurará Atucha II ubicada sobre la margen derecha del Río Paraná, en la localidad de Lima, Partido de Zárate, con la presencia de Cristina de Kirchner. Atucha II es una central nucleoeléctrica de una potencia de 745 MWe que va a aportar 692 MW eléctricos netos al sistema interconectado nacional. Está adyacente a la central nuclear Atucha I, aprovechando gran parte de su infraestructura. Atucha II se integrará al parque de generación nuclear del sistema eléctrico argentino, en adición a Atucha I (357 MWe) y Embalse (648 MWe).
Cuando entre en funcionamiento comercial el turbogrupo de Atucha II pasará a ser la máquina de mayor potencia unitaria del sistema interconectado nacional, posición que ahora ocupa la Central Nuclear de Embalse.
Atucha II es una central nuclear moderna, similar a las últimas centrales construidas en Alemania, así como las de Trillo en España y Angra II en Brasil. Desde el punto de vista del diseño y construcción cuenta con sistemas de seguridad actualizados, que incluyen el concepto de defensa en profundidad con barreras sucesivas, esfera de contención, separación física entre sistemas de seguridad y programa de vigilancia en servicio, entre otros conceptos. Cabe destacar también que Atucha II se está construyendo de acuerdo con la licencia de construcción, las normas y el programa de inspección oportunamente dispuesto por la Autoridad Regulatoria Nuclear Argentina (ARN).
Inversión
El titular de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), Diego Bossio manifestó que "cerca del 22 por ciento del Fondo, unos 40 mil millones de pesos, está invertido en energía, como en el caso de Atucha II. También muchas obras están financiadas por este fondo, de manera prudente y responsable, apostando al desarrollo y generando trabajo para los argentinos", precisó. El funcionario también explicó en declaraciones radiales la importancia de las inversiones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES en la economía local, según se informó en un comunicado.
Apertura del "Parque Nacional Islas de Santa Fe"
Dieron apertura al "Parque Nacional Islas de Santa Fe"
Fecha de Publicación: 09/09/2011
Fuente: El Intransigente
Provincia/Región: Santa Fe
Está ubicado a 50 kilómetros al norte de Rosario, sobre el río Paraná. Se trata de un área de unas 2.900 hectáreas, sobre el lado santafesino del curso de agua
La Secretaría de Comunicación Social de la Provncia de Samta Fe informó que se trata de un área de unas 2.900 hectáreas. El ingreso a la zona protegida es a través de Puerto Gaboto, en la desembocadura del río Coronda. La zona linda con el Parque Nacional Predelta, en Entre Ríos. Su fauna está conformada principalmente por carpinchos, nutrias y yacarés, además de la fauna ictícola y la gran variedad de aves. También se destacan distintas especies vegetales.
Hoy el secretario de Medio Ambiente, César Mackler, junto con el intendente del Parque Nacional Islas de Santa Fe, Reynaldo Zanello, harán la presentación institucional del primer parque nacional de la provincia de Santa Fe ante autoridades de la Secretaría de Turismo provincial, intendentes y presidentes comunales del sur provincial, operadores de turismo y actores ligados a la actividad turística y medioambiental.
El encuentro tendrá lugar a las 10 en el complejo Carcaraes, ubicado sobre la ruta nacional 11, km. 363, a la altura de Oliveros.
La presentación marca el inicio formal de actividades del parque santafesino y se hará en el marco de la reunión de la Red de Responsables y Facilitadores Ambientales que periódicamente realiza la Secretaría de Medio Ambiente.
El director provincial de Medio Ambiente, Edgardo Seguro, indicó que “durante la jornada también se desarrollará el Curso de Turismo Sustentable”.
Programa de facilitadores ambientales
La Secretaría de Medio Ambiente, dependiente del Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente, implementó en 2009 un programa de conformación de una red de responsables y facilitadores ambientales de municipios y comunas con el objetivo de mejorar la respuesta de las autoridades, tanto locales como provinciales, en lo referente a las demandas ambientales.
El programa se enmarca en la aplicación de políticas públicas para el desarrollo sustentable local y regional.
Las acciones se focalizan en la gestión y promoción del aprendizaje de pasos a seguir frente a conflictos ambientales, ya sea desde la mirada jurídica, social, educativa, política y administrativa y en la incorporación de la variable ambiental en los procesos decisión de las autoridades locales con un fuerte énfasis en la evaluación ambiental estratégica.
También se enfatiza en los procesos de capacitación basados en la metodología investigación-acción participativa, los cuales están orientados a propiciar una mayor compresión de la realidad ambiental local y regional y su relación con la comunidad, para incrementar la capacidad de los actores locales y coordinar la atención de sus necesidades.
Parque Nacional Islas de Santa Fe
Está ubicado a 50 kilómetros al norte de Rosario, sobre el río Paraná. Se trata de un área de unas 2.900 hectáreas, sobre el lado santafesino del curso de agua.
Comprende los inmuebles fiscales provinciales correspondientes a las islas Campo El Rico, Mabel o Chingolo, La Gallina, El Conscripto, El Lago, Del Medio o De Lillo, El Alisillar y Pajas Blancas, que quedaron sometidos al régimen de la ley de parques nacionales, monumentos naturales y reservas nacionales en octubre de 2010.
El ingreso a la zona protegida es a través de Puerto Gaboto, en la desembocadura del río Coronda. La zona linda con el Parque Nacional Predelta, en la provincia de Entre Ríos.
La fauna del lugar está conformada principalmente por carpinchos, nutrias y yacarés, además de la fauna ictícola y la gran variedad de aves. También se destacan distintas especies vegetales como el irupé y arbóreas como el sauce, el timbó y sangre de Drago, entre otras.
Fecha de Publicación: 09/09/2011
Fuente: El Intransigente
Provincia/Región: Santa Fe
Está ubicado a 50 kilómetros al norte de Rosario, sobre el río Paraná. Se trata de un área de unas 2.900 hectáreas, sobre el lado santafesino del curso de agua
La Secretaría de Comunicación Social de la Provncia de Samta Fe informó que se trata de un área de unas 2.900 hectáreas. El ingreso a la zona protegida es a través de Puerto Gaboto, en la desembocadura del río Coronda. La zona linda con el Parque Nacional Predelta, en Entre Ríos. Su fauna está conformada principalmente por carpinchos, nutrias y yacarés, además de la fauna ictícola y la gran variedad de aves. También se destacan distintas especies vegetales.
Hoy el secretario de Medio Ambiente, César Mackler, junto con el intendente del Parque Nacional Islas de Santa Fe, Reynaldo Zanello, harán la presentación institucional del primer parque nacional de la provincia de Santa Fe ante autoridades de la Secretaría de Turismo provincial, intendentes y presidentes comunales del sur provincial, operadores de turismo y actores ligados a la actividad turística y medioambiental.
El encuentro tendrá lugar a las 10 en el complejo Carcaraes, ubicado sobre la ruta nacional 11, km. 363, a la altura de Oliveros.
La presentación marca el inicio formal de actividades del parque santafesino y se hará en el marco de la reunión de la Red de Responsables y Facilitadores Ambientales que periódicamente realiza la Secretaría de Medio Ambiente.
El director provincial de Medio Ambiente, Edgardo Seguro, indicó que “durante la jornada también se desarrollará el Curso de Turismo Sustentable”.
Programa de facilitadores ambientales
La Secretaría de Medio Ambiente, dependiente del Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente, implementó en 2009 un programa de conformación de una red de responsables y facilitadores ambientales de municipios y comunas con el objetivo de mejorar la respuesta de las autoridades, tanto locales como provinciales, en lo referente a las demandas ambientales.
El programa se enmarca en la aplicación de políticas públicas para el desarrollo sustentable local y regional.
Las acciones se focalizan en la gestión y promoción del aprendizaje de pasos a seguir frente a conflictos ambientales, ya sea desde la mirada jurídica, social, educativa, política y administrativa y en la incorporación de la variable ambiental en los procesos decisión de las autoridades locales con un fuerte énfasis en la evaluación ambiental estratégica.
También se enfatiza en los procesos de capacitación basados en la metodología investigación-acción participativa, los cuales están orientados a propiciar una mayor compresión de la realidad ambiental local y regional y su relación con la comunidad, para incrementar la capacidad de los actores locales y coordinar la atención de sus necesidades.
Parque Nacional Islas de Santa Fe
Está ubicado a 50 kilómetros al norte de Rosario, sobre el río Paraná. Se trata de un área de unas 2.900 hectáreas, sobre el lado santafesino del curso de agua.
Comprende los inmuebles fiscales provinciales correspondientes a las islas Campo El Rico, Mabel o Chingolo, La Gallina, El Conscripto, El Lago, Del Medio o De Lillo, El Alisillar y Pajas Blancas, que quedaron sometidos al régimen de la ley de parques nacionales, monumentos naturales y reservas nacionales en octubre de 2010.
El ingreso a la zona protegida es a través de Puerto Gaboto, en la desembocadura del río Coronda. La zona linda con el Parque Nacional Predelta, en la provincia de Entre Ríos.
La fauna del lugar está conformada principalmente por carpinchos, nutrias y yacarés, además de la fauna ictícola y la gran variedad de aves. También se destacan distintas especies vegetales como el irupé y arbóreas como el sauce, el timbó y sangre de Drago, entre otras.
Nación quiere fondos de bosques más inclusivos
La Nación quiere fondos de bosques más inclusivos
Fecha de Publicación: 09/09/2011
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Nacional
Aspiran a que cuestiones técnicas, conocimientos científicos y experiencias tengan impacto real en la vida de las personas.
En medio de la polémica por la distribución de los fondos nacionales de la ley de bosques, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, salió a buscar aportes para formular nuevos proyectos de inversión sobre bosques nativos, a ser financiado por el Banco Mundial.
A través del Proyecto Bosques Nativos y su Biodiversidad, el funcionario Esteban Guida, mencionó en un comunicado enviado a El Tribuno, que por medio de la encuesta “se busca consolidar la sostenibilidad del bosque nativo, para proteger su biodiversidad, pero también para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. La diversidad de miradas ayudarán a presentar un mejor proyecto de inversión, más inclusivo”.
Guida resaltó que “las cuestiones técnicas, el conocimiento científico y las experiencias de las comunidades relacionadas con el bosque se deben reflejar en acciones con impacto real en la vida de las personas”. El organismo nacional extendió la convocatoria a todo el público interesado.
Guida explicó el objetivo de los nuevos proyectos: “Es nuestra convicción que todos somos relevantes respecto a la conservación de nuestros bosques nativos. Estamos generando distintos canales de participación para que todos tengan la posibilidad de acercar sus aportes y sugerencias a fin de lograr una propuesta participativa de inversión para nuestro país”, resaltó.
Proyectos a medida para ONG
La propuesta surge en el marco de investigaciones periodísticas que demostraron cómo organizaciones sin fines de lucro podrían quedarse con más del 40% de los fondos asignados a comunidades aborígenes.
Se trata de Fundapaz, Fundación para el Desarrollo en Justicia y Paz, que maneja cifras millonarias destinadas a las poblaciones originarias de Lote 75, Wayayuk, Kayip y San Patricio. Los recursos nacionales que aporta la ley de bosques son distribuidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia, a cargo de Francisco Javier López Sastre. Tras las publicaciones, Fundapaz intentó demostrar que solo obtendrían el 20,86% de los fondos, en concepto de “administración, asistencia técnica y capacitación”. La fundación presentó una rendición de cuentas ante el ministerio de López Sastre, sobre los proyectos aprobados en una primera etapa, de $222.232 pesos gestionados en nombre de las cuatro comunidades. Pero son los fondos que se enviarán para concretar la segunda etapa de los proyectos, que serán aprobados dentro de unos meses, con los que Fundapaz obtendrá los mayores réditos. Será por la elaboración de un inventario forestal y plan de manejo sustentable.
Fecha de Publicación: 09/09/2011
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Nacional
Aspiran a que cuestiones técnicas, conocimientos científicos y experiencias tengan impacto real en la vida de las personas.
En medio de la polémica por la distribución de los fondos nacionales de la ley de bosques, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, salió a buscar aportes para formular nuevos proyectos de inversión sobre bosques nativos, a ser financiado por el Banco Mundial.
A través del Proyecto Bosques Nativos y su Biodiversidad, el funcionario Esteban Guida, mencionó en un comunicado enviado a El Tribuno, que por medio de la encuesta “se busca consolidar la sostenibilidad del bosque nativo, para proteger su biodiversidad, pero también para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. La diversidad de miradas ayudarán a presentar un mejor proyecto de inversión, más inclusivo”.
Guida resaltó que “las cuestiones técnicas, el conocimiento científico y las experiencias de las comunidades relacionadas con el bosque se deben reflejar en acciones con impacto real en la vida de las personas”. El organismo nacional extendió la convocatoria a todo el público interesado.
Guida explicó el objetivo de los nuevos proyectos: “Es nuestra convicción que todos somos relevantes respecto a la conservación de nuestros bosques nativos. Estamos generando distintos canales de participación para que todos tengan la posibilidad de acercar sus aportes y sugerencias a fin de lograr una propuesta participativa de inversión para nuestro país”, resaltó.
Proyectos a medida para ONG
La propuesta surge en el marco de investigaciones periodísticas que demostraron cómo organizaciones sin fines de lucro podrían quedarse con más del 40% de los fondos asignados a comunidades aborígenes.
Se trata de Fundapaz, Fundación para el Desarrollo en Justicia y Paz, que maneja cifras millonarias destinadas a las poblaciones originarias de Lote 75, Wayayuk, Kayip y San Patricio. Los recursos nacionales que aporta la ley de bosques son distribuidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia, a cargo de Francisco Javier López Sastre. Tras las publicaciones, Fundapaz intentó demostrar que solo obtendrían el 20,86% de los fondos, en concepto de “administración, asistencia técnica y capacitación”. La fundación presentó una rendición de cuentas ante el ministerio de López Sastre, sobre los proyectos aprobados en una primera etapa, de $222.232 pesos gestionados en nombre de las cuatro comunidades. Pero son los fondos que se enviarán para concretar la segunda etapa de los proyectos, que serán aprobados dentro de unos meses, con los que Fundapaz obtendrá los mayores réditos. Será por la elaboración de un inventario forestal y plan de manejo sustentable.
Tucumán: Clausuran una destilería por la vinaza
Clausura preventiva para una destilería por arrojar vinaza
Fecha de Publicación: 09/09/2011
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
En un operativo de rutina, veedores del comité de Cuenca Salí Dulce procedieron ayer a la clausura preventiva de una destilería ubicada en el este provincial, según informó ayer a LA GACETA el secretario de Medio Ambiente de la provincia, Alfredo Montalván.
"Todos los martes y jueves hacemos inspecciones con los veedores y, en este marco, se detectó un problema y hemos tomado la decisión de clausurar la planta", precisó el funcionario. Del operativo, entre otros participaron el director de Medio Ambiente de Santiago del Estero, Juan Carlos Targa, un biólogo (Sergio Sal) y un ingeniero (Hugo Bardera), además de un representante de Catamarca, precisó Montalván (foto).
"Estas son señales claras y contundentes de que este gobierno se hace cargo de su responsabilidad en la gestión ambiental", puntualizó el funcionario. Remarcó que el problema detectado tiene que ver con el arrojo de vinaza al efluente de fábrica. "Tengo entendido que desde hoy (por ayer) empezaron las medidas de correcciones del caso, por parte del establecimiento, para solucionar el inconveniente", indicó Montalván.
El titular de Medio Ambiente apuntó que las inspecciones generales son diarias y que abarcan a todos los establecimientos industriales instalados en Tucumán. "La clausura a la destilería coincidió con la presencia de los veedores del comité", finalizó.
Fecha de Publicación: 09/09/2011
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
En un operativo de rutina, veedores del comité de Cuenca Salí Dulce procedieron ayer a la clausura preventiva de una destilería ubicada en el este provincial, según informó ayer a LA GACETA el secretario de Medio Ambiente de la provincia, Alfredo Montalván.
"Todos los martes y jueves hacemos inspecciones con los veedores y, en este marco, se detectó un problema y hemos tomado la decisión de clausurar la planta", precisó el funcionario. Del operativo, entre otros participaron el director de Medio Ambiente de Santiago del Estero, Juan Carlos Targa, un biólogo (Sergio Sal) y un ingeniero (Hugo Bardera), además de un representante de Catamarca, precisó Montalván (foto).
"Estas son señales claras y contundentes de que este gobierno se hace cargo de su responsabilidad en la gestión ambiental", puntualizó el funcionario. Remarcó que el problema detectado tiene que ver con el arrojo de vinaza al efluente de fábrica. "Tengo entendido que desde hoy (por ayer) empezaron las medidas de correcciones del caso, por parte del establecimiento, para solucionar el inconveniente", indicó Montalván.
El titular de Medio Ambiente apuntó que las inspecciones generales son diarias y que abarcan a todos los establecimientos industriales instalados en Tucumán. "La clausura a la destilería coincidió con la presencia de los veedores del comité", finalizó.
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