Los riesgos de la utilización de plaguicidas
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Los riesgos de la utilización local de plaguicidas en los cultivos
Fecha de Publicación: 18/07/2011
Fuente: Diario El Argentino
Provincia/Región: Nacional
Si una plaga es cada vez más resistente, se necesitará más pesticida que la elimine. La ecuación que existe para alcanzar la sustentabilidad de los cultivos de hoy en día es categórica: cuanto más rentable, se necesitan cada vez más dosis de plaguicidas para que el cultivo subsista. Directamente proporcional a la mayor cantidad de aplicación de agroquímicos es el número de afecciones a la salud de la población que está expuesta a la manipulación de esos tóxicos: los riesgos son tanto para los aplicadores como para los consumidores, a quienes los alimentos les llegan cada vez con más residuos tóxicos. La Plata, como el cinturón frutihortícola más importante de la región, no escapa a esos números. Hablan los especialistas.
La peste
Los agroquímicos –herbicidas, fertilizantes, insecticidas– son sustancias destinadas a matar, repeler, atraer, regular o interrumpir el crecimiento de los seres vivos que se consideran plagas para los cultivos. Pero hacer rentables las plantaciones con su uso tiene cada vez un costo más alto, y son los números los que lo indican: mientras en 1993 se utilizaban 30 millones de litros/kilos de agroquímicos en el país, hoy ese número aumentó un 1.000%: los cultivos nacionales requieren 300 millones de litros/kilos anuales.
“El grave problema comenzó con la expansión de los monocultivos de soja, que no son sustentables porque interrumpen el ciclo natural de la materia orgánica y no se nutren de parásitos o de organismos biológicos, entonces necesitan de plaguicidas para subsistir”, explicó a Diagonales Javier Souza Casadinho, ingeniero agrónomo y coordinador regional de RAPAL (Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas de América Latina).
Según el último censo frutihortícola de la Provincia, que data del 2005, el cinturón productivo de La Plata abarca alrededor de 3.700 hectáreas dedicadas a la producción de hortalizas, en varias hectáreas de las cuales, tal como apuntó Casadinho, se utilizan alrededor de doce aplicaciones de agroquímicos por cosecha (entre herbicidas como glifosato, insecticidas como endosulfán y fungicidas).
En La Plata, la intoxicación por plaguicidas es la segunda causa de consultas según el Hospital de Niños Sor Ludovica, referente provincial en el área de Toxicología. Allí se presentan tanto los casos agudos como los crónicos; los últimos, más difíciles de diagnosticar por su falta de síntomas urgentes.
El Hospital Alejandro Korn, de la localidad Melchor Romero, es la institución platense que recibe la mayoría de esos casos de urgencia de intoxicación por plaguicidas, ya que se emplaza en la zona con más prevalencia de este tipo de casos: en el corazón del cinturón frutihortícola, entre Romero, Abasto, Olmos. “Esta es una zona ruralizada, hay horticultores y productores que trabajan específicamente con plaguicidas, herbicidas, raticidas. Este hospital es el que más casos recibe de La Plata”, explicó a Diagonales la Jefa de Guardia de dicha institución, Marcela Ripullone: por año, el servicio contabiliza 50 casos de intoxicación aguda por plaguicidas.
Los casos crónicos, en tanto, que son los que pasan por consultorio y no por la guardia, “son pacientes que están crónicamente expuestos y, por alguna razón, si fumigan según para dónde sople el viento afecta a quienes estén alrededor. Otros viven en contacto con el veneno: entonces, siempre tienen una base de veneno en el organismo hasta que se descompensan por algún factor. Después están los que se intoxicaron porque no cuentan con los equipos de seguridad –guantes, botas, máscaras–, que en esta zona ninguno tiene”, afirmó la médica. “Los trabajadores rurales de esta zona son muy pobres, y ninguno sigue las normas de aplicación”, señaló por su parte Leda Gianuzzi, titular de la Cátedra de Toxicología de la Facultad de Ciencias Exactas, y continuó: “por eso queremos hacer acciones conjuntas con el INTA para dar charlas sobre los riesgos, los peligros del agua, y ver algunas prácticas de manejos de agroquímicos para que su manipulación no sea tan riesgosa. El uso es muy desacertado, se usa muy mal”.
Riesgos a la salud
¿Cuántos y cuáles son los plaguicidas que pueden estar afectando la salud de las poblaciones platenses de manera crónica? Para los especialistas en el tema, calcularlo es muy difícil. “Si bien desde hace años existe un proyecto para que se haga un screening que permita detectar y evaluar los casos de intoxicación crónica por plaguicidas en los lugares cercanos a los campos, y permita conocer qué nivel de incidencia tienen los plaguicidas en las poblaciones de la zona, nunca se llevó a cabo. Sería la mejor manera de medir crónicamente la contaminación de la salud por plaguicidas: haciéndole el estudio a todo aquel que ingrese al hospital por cualquier causa.
Pero ahora no tenemos idea de la problemática, si bien sabemos que tiene prevalencia en la zona, no podemos medirlo de ninguna manera. No existen las mediciones sobre casos crónicos”, indicó María Cecilia Chiodi, jefa del servicio de laboratorio central del Hospital Alejandro Korn.
“El problema más grave que vemos ahora es la mezcla de plaguicidas. Están mezclados: clorados con fosforados, por ejemplo. Además, hay oleadas que ingresan al país determinados tipos de plaguicidas, que están prohibidos. El año pasado sucedió con el ingreso al país de clorpirifos, un insecticida sumamente utilizado en la zona para las plagas”, señaló Repullone. Según apuntó la médica, la sustancia que más hallan en los sujetos intoxicados es el hormiguicida “Hortal”.
En el consumo
Aunque el imaginario social relacione que ingerir frutas y verduras es sinónimo de buena salud, no todo lo que sale de la huerta es oro. La alta cantidad de agroquímicos en las cosechas no se desintegran por arte de magia, sino que permanecen en forma residual y llegan en dosis más bajas a la mesa del consumidor. Por las investigaciones de restos de pesticidas órganoclorados que realizó de papas años atrás, Leda Gianuzzi dijo a este medio que “en la producción local hay valores detectables de plaguicidas aunque en niveles menores a los máximos permitidos. Sin embargo, desde mi punto de vista, los niveles permitidos son muy altos”, opina.
Según definió Gianuzzi, las condiciones en las que se utilizan los pesticidas en la ciudad son “terribles”. Citó varios ejemplos en la Ruta 36, adonde los productores viven en una zona adonde la casa está al lado del invernadero, adonde sus niños duermen al lado de las bolsas de pesticidas. Manifestó que el cultivo que más riesgos guarda por esta situación son las frutillas, en las que se registra un uso abusivo de bromuro de metilo, un pesticida altamente tóxico.
Los análisis nacionales sobre los niveles de pesticidas permitidos están en manos de la Dirección Nacional de Agroquímicos, Productos Veterinarios y Alimentos del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA). El organismo estatal sólo toma para su análisis a porciones limitadas de los productos que ingresan al Mercado Central Argentino, que “por eso no son representativas del estado en que están los productos que consumimos”, señaló Gianuzzi.
Diagonales intentó consultar al SENASA sobre los monitoreos que se estarían haciendo en el Mercado Regional de La Plata, pero no obtuvo respuesta oficial sobre el tema.
Los números
30 millones de litros/kilos de plaguicidas se utilizaban en el país en 1993.
300 millones de litros/kilos de plaguicidas son los que requieren hoy anualmente los cultivos del país.
3.700 hectáreas componen al Frutihortícola platense. El total de hectáreas cultivadas en el país es de 20 millones.
Fecha de Publicación: 18/07/2011
Fuente: Diario El Argentino
Provincia/Región: Nacional
Si una plaga es cada vez más resistente, se necesitará más pesticida que la elimine. La ecuación que existe para alcanzar la sustentabilidad de los cultivos de hoy en día es categórica: cuanto más rentable, se necesitan cada vez más dosis de plaguicidas para que el cultivo subsista. Directamente proporcional a la mayor cantidad de aplicación de agroquímicos es el número de afecciones a la salud de la población que está expuesta a la manipulación de esos tóxicos: los riesgos son tanto para los aplicadores como para los consumidores, a quienes los alimentos les llegan cada vez con más residuos tóxicos. La Plata, como el cinturón frutihortícola más importante de la región, no escapa a esos números. Hablan los especialistas.
La peste
Los agroquímicos –herbicidas, fertilizantes, insecticidas– son sustancias destinadas a matar, repeler, atraer, regular o interrumpir el crecimiento de los seres vivos que se consideran plagas para los cultivos. Pero hacer rentables las plantaciones con su uso tiene cada vez un costo más alto, y son los números los que lo indican: mientras en 1993 se utilizaban 30 millones de litros/kilos de agroquímicos en el país, hoy ese número aumentó un 1.000%: los cultivos nacionales requieren 300 millones de litros/kilos anuales.
“El grave problema comenzó con la expansión de los monocultivos de soja, que no son sustentables porque interrumpen el ciclo natural de la materia orgánica y no se nutren de parásitos o de organismos biológicos, entonces necesitan de plaguicidas para subsistir”, explicó a Diagonales Javier Souza Casadinho, ingeniero agrónomo y coordinador regional de RAPAL (Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas de América Latina).
Según el último censo frutihortícola de la Provincia, que data del 2005, el cinturón productivo de La Plata abarca alrededor de 3.700 hectáreas dedicadas a la producción de hortalizas, en varias hectáreas de las cuales, tal como apuntó Casadinho, se utilizan alrededor de doce aplicaciones de agroquímicos por cosecha (entre herbicidas como glifosato, insecticidas como endosulfán y fungicidas).
En La Plata, la intoxicación por plaguicidas es la segunda causa de consultas según el Hospital de Niños Sor Ludovica, referente provincial en el área de Toxicología. Allí se presentan tanto los casos agudos como los crónicos; los últimos, más difíciles de diagnosticar por su falta de síntomas urgentes.
El Hospital Alejandro Korn, de la localidad Melchor Romero, es la institución platense que recibe la mayoría de esos casos de urgencia de intoxicación por plaguicidas, ya que se emplaza en la zona con más prevalencia de este tipo de casos: en el corazón del cinturón frutihortícola, entre Romero, Abasto, Olmos. “Esta es una zona ruralizada, hay horticultores y productores que trabajan específicamente con plaguicidas, herbicidas, raticidas. Este hospital es el que más casos recibe de La Plata”, explicó a Diagonales la Jefa de Guardia de dicha institución, Marcela Ripullone: por año, el servicio contabiliza 50 casos de intoxicación aguda por plaguicidas.
Los casos crónicos, en tanto, que son los que pasan por consultorio y no por la guardia, “son pacientes que están crónicamente expuestos y, por alguna razón, si fumigan según para dónde sople el viento afecta a quienes estén alrededor. Otros viven en contacto con el veneno: entonces, siempre tienen una base de veneno en el organismo hasta que se descompensan por algún factor. Después están los que se intoxicaron porque no cuentan con los equipos de seguridad –guantes, botas, máscaras–, que en esta zona ninguno tiene”, afirmó la médica. “Los trabajadores rurales de esta zona son muy pobres, y ninguno sigue las normas de aplicación”, señaló por su parte Leda Gianuzzi, titular de la Cátedra de Toxicología de la Facultad de Ciencias Exactas, y continuó: “por eso queremos hacer acciones conjuntas con el INTA para dar charlas sobre los riesgos, los peligros del agua, y ver algunas prácticas de manejos de agroquímicos para que su manipulación no sea tan riesgosa. El uso es muy desacertado, se usa muy mal”.
Riesgos a la salud
¿Cuántos y cuáles son los plaguicidas que pueden estar afectando la salud de las poblaciones platenses de manera crónica? Para los especialistas en el tema, calcularlo es muy difícil. “Si bien desde hace años existe un proyecto para que se haga un screening que permita detectar y evaluar los casos de intoxicación crónica por plaguicidas en los lugares cercanos a los campos, y permita conocer qué nivel de incidencia tienen los plaguicidas en las poblaciones de la zona, nunca se llevó a cabo. Sería la mejor manera de medir crónicamente la contaminación de la salud por plaguicidas: haciéndole el estudio a todo aquel que ingrese al hospital por cualquier causa.
Pero ahora no tenemos idea de la problemática, si bien sabemos que tiene prevalencia en la zona, no podemos medirlo de ninguna manera. No existen las mediciones sobre casos crónicos”, indicó María Cecilia Chiodi, jefa del servicio de laboratorio central del Hospital Alejandro Korn.
“El problema más grave que vemos ahora es la mezcla de plaguicidas. Están mezclados: clorados con fosforados, por ejemplo. Además, hay oleadas que ingresan al país determinados tipos de plaguicidas, que están prohibidos. El año pasado sucedió con el ingreso al país de clorpirifos, un insecticida sumamente utilizado en la zona para las plagas”, señaló Repullone. Según apuntó la médica, la sustancia que más hallan en los sujetos intoxicados es el hormiguicida “Hortal”.
En el consumo
Aunque el imaginario social relacione que ingerir frutas y verduras es sinónimo de buena salud, no todo lo que sale de la huerta es oro. La alta cantidad de agroquímicos en las cosechas no se desintegran por arte de magia, sino que permanecen en forma residual y llegan en dosis más bajas a la mesa del consumidor. Por las investigaciones de restos de pesticidas órganoclorados que realizó de papas años atrás, Leda Gianuzzi dijo a este medio que “en la producción local hay valores detectables de plaguicidas aunque en niveles menores a los máximos permitidos. Sin embargo, desde mi punto de vista, los niveles permitidos son muy altos”, opina.
Según definió Gianuzzi, las condiciones en las que se utilizan los pesticidas en la ciudad son “terribles”. Citó varios ejemplos en la Ruta 36, adonde los productores viven en una zona adonde la casa está al lado del invernadero, adonde sus niños duermen al lado de las bolsas de pesticidas. Manifestó que el cultivo que más riesgos guarda por esta situación son las frutillas, en las que se registra un uso abusivo de bromuro de metilo, un pesticida altamente tóxico.
Los análisis nacionales sobre los niveles de pesticidas permitidos están en manos de la Dirección Nacional de Agroquímicos, Productos Veterinarios y Alimentos del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA). El organismo estatal sólo toma para su análisis a porciones limitadas de los productos que ingresan al Mercado Central Argentino, que “por eso no son representativas del estado en que están los productos que consumimos”, señaló Gianuzzi.
Diagonales intentó consultar al SENASA sobre los monitoreos que se estarían haciendo en el Mercado Regional de La Plata, pero no obtuvo respuesta oficial sobre el tema.
Los números
30 millones de litros/kilos de plaguicidas se utilizaban en el país en 1993.
300 millones de litros/kilos de plaguicidas son los que requieren hoy anualmente los cultivos del país.
3.700 hectáreas componen al Frutihortícola platense. El total de hectáreas cultivadas en el país es de 20 millones.
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Soja en Río Negro: INTA cuestiona el proyecto
El INTA de Río Negro cuestiona la venta de tierras a una empresa china
Fecha de Publicación: 18/07/2011
Fuente: INTA
Provincia/Región: Río Negro
Sus técnicos consideraron que la firma extranjera es un “monstruo” que impondrá condiciones de comercialización.
Un experto de la Estación Experimental Agropecuaria del Valle Inferior del Río Negro, ubicado en la provincia homónima y que pertenece al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), se manifestó en contra de la idea de que cualquier proyecto de cultivo sojero o de una única especie agrícola pueda ser la llave del desarrollo regional, tal como las autoridades de Río Negro han señalado a la hora de “promover” su acuerdo de venta de tierras fiscales a una empresa china para que produzca soja.
El jueves pasado, técnicos del INTA de esta estación experimental expusieron sus reparos ante funcionarios provinciales y autoridades de entidades intermedias y cuestionaron abiertamente los acuerdos del Poder Ejecutivo provincial con la empresa china Heilongjang Beidahuang State Farm Business, que propone financiar las obras de irrigación de valles para la producción de alimentos producidos por esa misma firma, en particular soja. Como contrapartida, Río Negro otorgaría una serie de facilidades, entre las que se encuentra la concesión del puerto de San Antonio Este por 50 años.
Oscar Lascano, técnico de la Estación Experimental, dijo en una entrevista con Radio Nacional que se ha presentado un “proyecto de desarrollo adecuado para la región” porque “es importante poner en valor las tierras con procesos de irrigación”, lo cual fue considerado “estratégico para el desarrollo de la zona”. Además resaltó que las obras de irrigación “implican un gran avance, somos partidarios de los procesos de irrigación, pero tienen que darse en un marco de desarrollo, con la participación de muchos actores, con procesos de colonización, producciones pequeñas con procesos transformadores y agregado de valor posteriores”.
Lascano fustigó la idea de que “no vamos a tener clientes para estas producciones cuando hay un mundo ávido de alimentos”.
En ese sentido, el técnico del INTA resaltó que “lo opuesto” a ese proyecto alternativo que plantearon “es desarrollar un valle o varios valles, como se piensa, con proyectos sojeros tratando de producir commodities en competencia con la pampa húmeda”.
El experto describió a la empresa china como un “monstruo” que impondrá las condiciones de comercialización y “negociaría en condiciones inequitativas”. En el documento elaborado por el INTA, los técnicos manifestaron que “es técnicamente inviable” desarrollar áreas irrigadas “a través de un modelo de monocultivo basado en la soja o en cualquier otro producto a gran escala”.
Un convenio Cuestionado
El cuestionado acuerdo sojero firmado el año pasado con la mayor productora de alimentos de China generó una fuerte polémica en Río negro.
El pacto le otorga a la estatal Heilongjiang Farms la concesión por hasta 50 años de 320 mil hectáreas en el valle inferior de Río Negro. Por sólo U$S 1500 millones de inversión, los chinos plantarán soja, colza y otros cultivos, con la particularidad de que no pagarán un solo peso de impuestos y tasas, a pesar del daño al suelo que generan.
La preocupación apunta a indagar acerca de cómo depredará económica y medioambientalmente a la provincia este acuerdo. Según las ONG ambientalistas, se perderán las empresas familiares y pymes del agro, y se contaminarán los ríos.
En ese contexto, la legisladora del Movimiento Evita- FPV Silvia Horne, presentó un proyecto de ley para rechazar el acuerdo. Otros diputados locales opinan que el acuerdo es incostitucional.
Fecha de Publicación: 18/07/2011
Fuente: INTA
Provincia/Región: Río Negro
Sus técnicos consideraron que la firma extranjera es un “monstruo” que impondrá condiciones de comercialización.
Un experto de la Estación Experimental Agropecuaria del Valle Inferior del Río Negro, ubicado en la provincia homónima y que pertenece al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), se manifestó en contra de la idea de que cualquier proyecto de cultivo sojero o de una única especie agrícola pueda ser la llave del desarrollo regional, tal como las autoridades de Río Negro han señalado a la hora de “promover” su acuerdo de venta de tierras fiscales a una empresa china para que produzca soja.
El jueves pasado, técnicos del INTA de esta estación experimental expusieron sus reparos ante funcionarios provinciales y autoridades de entidades intermedias y cuestionaron abiertamente los acuerdos del Poder Ejecutivo provincial con la empresa china Heilongjang Beidahuang State Farm Business, que propone financiar las obras de irrigación de valles para la producción de alimentos producidos por esa misma firma, en particular soja. Como contrapartida, Río Negro otorgaría una serie de facilidades, entre las que se encuentra la concesión del puerto de San Antonio Este por 50 años.
Oscar Lascano, técnico de la Estación Experimental, dijo en una entrevista con Radio Nacional que se ha presentado un “proyecto de desarrollo adecuado para la región” porque “es importante poner en valor las tierras con procesos de irrigación”, lo cual fue considerado “estratégico para el desarrollo de la zona”. Además resaltó que las obras de irrigación “implican un gran avance, somos partidarios de los procesos de irrigación, pero tienen que darse en un marco de desarrollo, con la participación de muchos actores, con procesos de colonización, producciones pequeñas con procesos transformadores y agregado de valor posteriores”.
Lascano fustigó la idea de que “no vamos a tener clientes para estas producciones cuando hay un mundo ávido de alimentos”.
En ese sentido, el técnico del INTA resaltó que “lo opuesto” a ese proyecto alternativo que plantearon “es desarrollar un valle o varios valles, como se piensa, con proyectos sojeros tratando de producir commodities en competencia con la pampa húmeda”.
El experto describió a la empresa china como un “monstruo” que impondrá las condiciones de comercialización y “negociaría en condiciones inequitativas”. En el documento elaborado por el INTA, los técnicos manifestaron que “es técnicamente inviable” desarrollar áreas irrigadas “a través de un modelo de monocultivo basado en la soja o en cualquier otro producto a gran escala”.
Un convenio Cuestionado
El cuestionado acuerdo sojero firmado el año pasado con la mayor productora de alimentos de China generó una fuerte polémica en Río negro.
El pacto le otorga a la estatal Heilongjiang Farms la concesión por hasta 50 años de 320 mil hectáreas en el valle inferior de Río Negro. Por sólo U$S 1500 millones de inversión, los chinos plantarán soja, colza y otros cultivos, con la particularidad de que no pagarán un solo peso de impuestos y tasas, a pesar del daño al suelo que generan.
La preocupación apunta a indagar acerca de cómo depredará económica y medioambientalmente a la provincia este acuerdo. Según las ONG ambientalistas, se perderán las empresas familiares y pymes del agro, y se contaminarán los ríos.
En ese contexto, la legisladora del Movimiento Evita- FPV Silvia Horne, presentó un proyecto de ley para rechazar el acuerdo. Otros diputados locales opinan que el acuerdo es incostitucional.
Minería: donde la riqueza divide a la sociedad
La historia de una región en donde la riqueza divide a la sociedad
Fecha de Publicación: 17/07/2011
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: La Rioja - Nacional
La más cruda de las exclusiones impera en una zona en la que se extraen minerales y metales "preciosos" valuados en millones de dólares. ¿Por qué no hay pueblos mineros ricos en la Argentina?
Andalgalá, su controvertida situación y su intendente electo, Alejandro Páez, no son una casualidad. Todo ocurre en la primera provincia argentina en donde se produjo el desembarco de los megaproyectos de la minería a cielo abierto, que hoy también se instalaron o planean instalarse en las zonas montañosas de distritos como San Juan, Salta y La Rioja.
Sin pueblos ricos. Una frase común de quienes critican la actual situación en que se desenvuelve la megaminería en Argentina dice que en el país no hay pueblos mineros ricos. Esto es verdad al menos en el caso de Catamarca, provincia que demoró años en dar un ordenamiento de distribución de regalías, favoreciendo así que continúe la desigualdad entre sus diferentes regiones.
Los dos más grandes emprendimientos mineros catamarqueños, la mina de oro y cobre La Alumbrera, en funciones desde la década pasada, y la mina de cobre, molibdeno y oro Agua Rica, que todavía no comenzó a producir, están ubicados en dos de los departamentos más pobres de la provincia.
Los ranchos, las enfermedades de la pobreza, el desempleo, los caminos destruidos, la falta de infraestructura, de servicios mínimos y de oportunidades son una imagen repetida en una zona de la que se extraen metales preciosos por valor de miles de millones de dólares, que acaban engalanando vidrieras o alimentando tesoros bancarios en destinos remotos.
La injusticia es muy evidente para pasar inadvertida. Y la sufren más los habitantes de los pueblos argentinos cercanos a estos grandes emprendimientos, que no tienen un marco legal ni político que los favorezca y que les reconozca algo que merecen: una devolución especial a sus distritos, ya que son los que poseen el recurso natural y serán los afectados por el agotamiento del recurso y sus consecuencias ambientales.
La cena de la megaminería quedó servida de esta manera y las reacciones de los grupos ambientalistas o directamente antimineros, aunque más de una vez destempladas y exageradas, han sido una consecuencia lógica de la manera en que el país desarrolló su nuevo marco minero durante la administración del presidente Carlos Menem .
Hoy, la megaminería a cielo abierto es una política de Estado para la Argentina. Política que comparte con el resto de las naciones sudamericanas, con las que recientemente firmó un acuerdo favorable a este tipo de explotación. Se trata de una política ampliamente criticada por ser muy favorable desde lo económico para las grandes compañías mineras internacionales (Argentina no tiene ninguna empresa que pueda desarrollar un emprendimiento de estas dimensiones) y por dejar dividendos directos casi inexistentes para el país.
Las autoridades nacionales que recalcan los enormes beneficios que dejaría la actividad (miles de empleos directos e indirectos, alto nivel de sueldos, creación de redes de proveedores en cada provincia, tecnologización, etcétera) deben lidiar de manera permanente con los cuestionamientos al marco legal actual y no han respondido la pregunta que se hacen Andalgalá y otros distritos mineros: si la megaminería genera riqueza, ¿por qué Argentina no tiene pueblos mineros ricos?
Negociación cerrada. Las grandes compañías, que obtuvieron un marco legal acorde a sus expectativas gananciales, realizan sus acuerdos primarios en Buenos Aires y luego no prestan más que una atención subsidiaria a las realidades locales donde deben efectuar su actividad extractiva.
En algunos casos, acaban actuando como modestas organizaciones de caridad, donando dineros para un club deportivo local, apoyando iglesias o institutos educativos. Las expectativas de los pueblos mineros hacia ellas son desproporcionadas respecto de lo que finalmente obtienen.
Para Agua Rica, uno de los emprendimientos que genera la división popular en Andalgalá, se suscribió un convenio de cooperación con el municipio en 2006, con el objetivo de “comprometerse con el desarrollo de la comunidad andalgalense y por extensión de toda la provincia a través de distintos programas relacionados con el ambiente, la seguridad social, los proyectos productivos, la capacitación y los proveedores locales”.
Alejandro, contra las mineras
El intendente electo de Andalgalá denuncia que su pueblo vive sumido en la miseria, al lado de minas de oro que producen ganancias de miles de millones de dólares.
Vive en una casa de adobe y techo de chapa que perteneció a su abuela materna. Su vehículo es una moto Gilera de 200 centímetros cúbicos. Alejandro Páez es maestro de matemáticas, tiene 37 años y fue una sorpresa en las últimas elecciones en la provincia de Catamarca. Contra todos los pronósticos, ganó la intendencia de Andalgalá, una ciudad antigua, pequeña y hermosa, ubicada 250 kilómetros al noroeste de la capital.
Páez empuñó un discurso beligerante hacia las autoridades provinciales y las compañías mineras internacionales que, dice, permiten que su pueblo continúe sumido en la pobreza mientras, a pocos kilómetros de ahí, se extraen miles de millones de dólares en metales preciosos.
Andalgalá está ubicada en uno de los ombligos mineros de la Argentina.
En las cercanías de la ciudad funciona la mina de oro La Alumbrera, el más grande emprendimiento minero a cielo abierto del país hasta tanto alcance su desarrollo mayor el proyecto áureo de Pascua Lama, que se construye entre la provincia de San Juan y Chile. Y a muy pocos kilómetros de la plaza principal de los andalgalenses está prevista la apertura de otra mina de oro y cobre gigante: Agua Rica.
Como todo el oeste catamarqueño, Andalgalá vivió una época de sueños dorados. Fue cuando autoridades locales y nacionales les prometieron un futuro de desarrollo a la vuelta de la esquina gracias a los beneficios económicos que les traería la minería en gran escala. Las promesas se vertieron sobre la mejor caja de resonancia: Andalgalá está en la región con mayor índice de necesidades básicas insatisfechas de Catamarca.
Pero como lo sabe cualquiera que haya recorrido recientemente esa zona del país, la megaminería no la ha conducido hacia el desarrollo. El sueño de los miles de habitantes con empleo en la actividad es hoy una recatada realidad de 50 habitantes con trabajo directo en las compañías mineras. Andalgalá no ve claro su futuro y tiene complicado su presente: la ciudad está profundamente dividida entre quienes apoyan y quienes condenan los emprendimientos a cielo abierto.
–¿Cómo se puede estar en contra de la megaminería y ganar las elecciones en una de las zonas mineras más importantes de la Argentina?
–El tema mío con la problemática minera es que tengo una visión escéptica sobre lo que ha dejado hasta hoy la minería a gran escala que se da en mi departamento y en otras zonas de la provincia. Esto no ha dejado certeza en lo económico ni en lo ambiental. Por eso, aun teniendo un superemprendimiento como Bajo La Alumbrera, que ha aportado una ganancia sustancial a la Provincia y sobre todo a la Nación, y que dio ganancias excepcionales a las empresas a las que hasta les permiten evadir cuestiones fiscales, a nosotros y al oeste de la provincia no nos dejó nada.
–¿Cómo cree que deberían cambiar las cosas?
–Mire, tenemos una población de casi 20 mil habitantes y no contamos siquiera con un centro de salud adecuado para la gente; hay que viajar más de 200 kilómetros por cualquier enfermedad. Existe un hospital, pero no tiene profesionales. No hay oftalmólogo, no hay nefrólogo, no hay traumatólogo, no hay un oncólogo, pese a que tenemos una proliferación de casos de cáncer de mama. Justamente ayer, cuando usted me llamó para esta entrevista, no lo pude atender porque estaba en el velorio de una familiar que murió por cáncer de mama. Estuvimos a gritos pidiendo un mamógrafo, por la gran cantidad de decesos que tenemos; nos enviaron uno y hace más de un año que lo tenemos empaquetado y sin funcionar porque no hay personal que lo sepa manejar. Imagínese, si hasta la sala de rayos X está toda partida, por una falla estructural de los cimientos. Lo único que hay es una ambulancia que, cuando llega un caso grave, carga al paciente y lo lleva a la capital por una ruta provincial que está en un estado desastroso. Ni eso tenemos; estamos marginados hasta por las rutas.
–¿Cómo se supera eso?
–Tenemos un solo instituto de estudios superiores, que es la única salida educativa para gente de escasos recursos, y hoy ni siquiera tiene edificio propio: alquila. Esas son cosas que deberían cambiar, para darnos la posibilidad de ir accediendo a un mejor nivel de vida, para no depender siempre del Estado y poder emanciparnos, dentro de nuestras posibilidades. Hoy, una chica que sale del secundario en Andalgalá no tiene el mismo apoyo ni estímulo que un chico que vive en la ciudad. Y si ese adolescente tiene múltiples inconvenientes para acceder al estudio superior y no cuenta con estímulo familiar, porque los padres económicamente por ahí no tienen para pagarle un libro, termina sin estudiar en un tercer nivel y es una persona que en poco tiempo se convierte en mamá o papá muy joven, con dificultades económicas. Eso genera falta de salida laboral, de capacitación, y los deja en manos de las presiones de los políticos de turno. Yo quiero una rama de la universidad de la capital, una oferta laboral más amplia, para que los chicos tengan otras opciones. Si no, siempre emigran a estudiar a La Rioja, Tucumán o Córdoba, si sus padres pueden pagarlo. Tenemos cuatro escuelas secundarias de las que egresan unos 200 alumnos por año, y de los estudios terciarios ninguno está relacionado con la minería.
–¿Los dirigentes anteriores a usted no levantaron esos reclamos?
–Creo que soy parte de una camada de dirigentes que tiene una diferencia generacional clara respecto de los anteriores. Mi partido, el radicalismo provincial, ha estado dominado por una clase económica alta, integrada por comerciantes que usaron la estructura política en favor de sus intereses económicos. Nosotros queremos resguardar los lugares donde vivimos contra el saqueo y el avasallamiento que han sufrido siempre los pobladores de menores recursos. Los viejos políticos entregaron nuestro patrimonio.
-¿Por qué van a creer que usted no va a hacer lo mismo?
-¡Ja, ja! Yo busco mi bienestar personal, pero también el de mis semejantes. Vivo en una casa humilde, soy docente. Ni auto tengo; mi patrimonio personal es una moto común. No soy un potentado. Antes, los candidatos tenían que tener un buen patrimonio; era como que la sociedad veía que si uno había sido exitoso en el manejo de cuestiones económicas, iba a ser buen administrador del municipio. Yo llevo cuatro años ejerciendo de concejal; se dice que la clase política pacta y hace arreglos, pero yo los arreglos los tengo que hacer en la casa de mis abuelos, donde vivo...
–¿La llegada de las grandes mineras les ha solucionado algún problema?
–De empleo, no. Habrá 50 personas de Andalgalá trabajando en la minera, entre más de mil empleados. El municipio tiene 10 veces más empleados: 500. En el caso de la minera Agua Rica, tiene una oficina para cuestiones administrativas en la que está a cargo un ciudadano chileno. Es como si a mí me pusieran a manejar las relaciones sociales en un lugar de Chile del que no conozco sus costumbres. Las mineras sólo hacen acuerdos con nuestra comunidad para dar pequeños beneficios o contribuciones subsidiarias y casi que terminan cogobernando con el municipio. Es como una oficina de caridad grande; no hay programas. La Provincia debería aportar a estos municipios, porque tenemos derechos propios. Es esta la jurisdicción extractiva del recurso no renovable. Agua Rica quiere explotar la montaña a escasos 16 kilómetros del casco céntrico, sobre nuestra cuenca hídrica. Y ambientalmente aquí nadie ha hecho una demostración clara de que la explotación no va a generar contaminación.
–¿Qué respuesta han recibido ante ese temor por una posible contaminación?
–¿Quién va a dar explicaciones? ¡Nadie! Nadie del gobierno actual vino nunca desde que se suscitó esta problemática social. Nunca nadie dio la cara, menos el gobierno. Y la gobernadora electa de Catamarca (la kirchnerista Lucía Corpacci), en vez de venir a conversar a Andalgalá y hablar con los sectores en pugna, para decir “vamos a tener una relación cordial entre quienes defienden y quienes objetan la minería”, lo primero que hizo fue ir a San Juan a reunirse con el gobernador (José Luis) Gioja y luego decir desde la capital que va a instalar un modelo minero similar al de San Juan. Es una estrategia incomprensible; primero debería haber venido a hablar acá.
–¿Ya tuvo contactos con miembros de las mineras?
–Cero contacto. Conmigo nunca se reunieron, porque subestimaron mis posibilidades. Pensaron que no iba a ser elegido. Además, las empresas tienden a ayudar económicamente al candidato afín a sus intereses, no a quienes tienen una visión escéptica del tema.
–¿Sus rivales recibieron ayuda de las mineras?
–Mire, no en los papeles, pero se sobreentiende. Los otros dos candidatos estaban vinculados al poder. Uno era el actual intendente y el otro es proveedor de las mineras. Por eso, jamás pensaron que un joven que hacía campaña en una moto iba a ganar la elección.
–¿Esa división se ve también en la calle?
–Claro. Acá en Andalgalá hay una disyuntiva muy grande, que afectó las relaciones, caló en el seno mismo de las familias. Estamos divididos, porque unos están a favor y otros en contra. Hasta los bares que hay en el casco céntrico están divididos: a uno van los que están a favor de las mineras y a otro los que están en contra. Eso también llévelo al plano educativo. En las escuelas se produce esta disyuntiva que nos ha destruido como sociedad y, mientras le prestamos atención a esto, se nos pasan de largo problemas como el alcoholismo y las drogas, porque focalizamos la atención sólo en esto otro.
–¿Cómo piensa gobernar con esa división?
–Sé que cuando asuma tengo que gobernar para todos, promineros y antimineros. Nuestra estrategia será de cordura. Respecto de la minería, hay cuestiones que puedo trabajar y operar, pero en los grandes problemas la potestad no la tiene el municipio, sino la Provincia o la Nación. A mí me queda ser alcalde de la ciudad y mantener limpias las calles y usar los fondos que lleguen para volcarlos en beneficios productivos para el departamento. Hay que sanear este divisionismo y buscar una sociedad más pujante, defendiendo nuestro territorio.
–¿Se definiría como un intendente antiminero?
–No. No puedo definirme como antiminero, porque acá tenemos otros intereses en la pequeña minería, tenemos otras actividades extractivas, como la de la rodocrosita. El problema es la minería a cielo abierto; soy escéptico respecto de lo que produce esa minería.
–¿Cree incompatible la minería a cielo abierto con el desarrollo de Andalgalá?
–Simplemente, no voy a poder cambiar el contexto nacional e internacional, la política capitalista de la mayor parte del mundo occidental favorece esta actividad. Yo soy simplemente el intendente elegido del pueblo, con una visión determinada. Me han dado la facultad de gobernar para el bien de mi comunidad. No voy a hacer como el intendente actual, que tomó partida por una opinión y se metió en una máquina de picar carne. Tengo que ver cuáles son mis posibilidades; no puedo cambiar la política internacional.
–Pero eso no le impide tener una opinión sobre el problema...
–Este marco es muy malo, muy malo. Cuestiono el marco legal nacional por sus excepcionalidades grandiosas a favor de las mineras y los capitales internacionales.
–Si cambiara el marco legal, ¿aceptaría la megaminería?
–Primero tendrían que demostrarle a mi pueblo que no nos van a contaminar luego de agotar un recurso natural. Como esa demostración nunca se produjo, soy escéptico.
–¿Está en marcha algún estudio para darles esa tranquilidad?
–Si es así, lo desconozco.
–¿Qué le ha respondido el Gobierno provincial?
–Todavía no tengo vinculación alguna con las autoridades provinciales.
–¿Guarda algún recuerdo de las promesas vinculadas a la minería que recibió la región?
–Uh... había una expectativa generalizada, un sueño tan grande... Creíamos que la minería nos iba a cambiar el panorama al ciento por ciento, que íbamos a tener un buen futuro. Cuando vimos las camionetas cuatro por cuatro en que se movían los de las empresas, creímos cuando nos decían que íbamos a tener un sistema de salud grandioso, que íbamos a expandir las rutas, a conectarnos con otras urbes, que habría más de 1.500 empleados en la minera... Era una expectativa grandiosa.
–¿Con qué sueñan ahora en Andalgalá?
–Con las cosas que ya le dije: nada vinculado con el oro.
Fecha de Publicación: 17/07/2011
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: La Rioja - Nacional
La más cruda de las exclusiones impera en una zona en la que se extraen minerales y metales "preciosos" valuados en millones de dólares. ¿Por qué no hay pueblos mineros ricos en la Argentina?
Andalgalá, su controvertida situación y su intendente electo, Alejandro Páez, no son una casualidad. Todo ocurre en la primera provincia argentina en donde se produjo el desembarco de los megaproyectos de la minería a cielo abierto, que hoy también se instalaron o planean instalarse en las zonas montañosas de distritos como San Juan, Salta y La Rioja.
Sin pueblos ricos. Una frase común de quienes critican la actual situación en que se desenvuelve la megaminería en Argentina dice que en el país no hay pueblos mineros ricos. Esto es verdad al menos en el caso de Catamarca, provincia que demoró años en dar un ordenamiento de distribución de regalías, favoreciendo así que continúe la desigualdad entre sus diferentes regiones.
Los dos más grandes emprendimientos mineros catamarqueños, la mina de oro y cobre La Alumbrera, en funciones desde la década pasada, y la mina de cobre, molibdeno y oro Agua Rica, que todavía no comenzó a producir, están ubicados en dos de los departamentos más pobres de la provincia.
Los ranchos, las enfermedades de la pobreza, el desempleo, los caminos destruidos, la falta de infraestructura, de servicios mínimos y de oportunidades son una imagen repetida en una zona de la que se extraen metales preciosos por valor de miles de millones de dólares, que acaban engalanando vidrieras o alimentando tesoros bancarios en destinos remotos.
La injusticia es muy evidente para pasar inadvertida. Y la sufren más los habitantes de los pueblos argentinos cercanos a estos grandes emprendimientos, que no tienen un marco legal ni político que los favorezca y que les reconozca algo que merecen: una devolución especial a sus distritos, ya que son los que poseen el recurso natural y serán los afectados por el agotamiento del recurso y sus consecuencias ambientales.
La cena de la megaminería quedó servida de esta manera y las reacciones de los grupos ambientalistas o directamente antimineros, aunque más de una vez destempladas y exageradas, han sido una consecuencia lógica de la manera en que el país desarrolló su nuevo marco minero durante la administración del presidente Carlos Menem .
Hoy, la megaminería a cielo abierto es una política de Estado para la Argentina. Política que comparte con el resto de las naciones sudamericanas, con las que recientemente firmó un acuerdo favorable a este tipo de explotación. Se trata de una política ampliamente criticada por ser muy favorable desde lo económico para las grandes compañías mineras internacionales (Argentina no tiene ninguna empresa que pueda desarrollar un emprendimiento de estas dimensiones) y por dejar dividendos directos casi inexistentes para el país.
Las autoridades nacionales que recalcan los enormes beneficios que dejaría la actividad (miles de empleos directos e indirectos, alto nivel de sueldos, creación de redes de proveedores en cada provincia, tecnologización, etcétera) deben lidiar de manera permanente con los cuestionamientos al marco legal actual y no han respondido la pregunta que se hacen Andalgalá y otros distritos mineros: si la megaminería genera riqueza, ¿por qué Argentina no tiene pueblos mineros ricos?
Negociación cerrada. Las grandes compañías, que obtuvieron un marco legal acorde a sus expectativas gananciales, realizan sus acuerdos primarios en Buenos Aires y luego no prestan más que una atención subsidiaria a las realidades locales donde deben efectuar su actividad extractiva.
En algunos casos, acaban actuando como modestas organizaciones de caridad, donando dineros para un club deportivo local, apoyando iglesias o institutos educativos. Las expectativas de los pueblos mineros hacia ellas son desproporcionadas respecto de lo que finalmente obtienen.
Para Agua Rica, uno de los emprendimientos que genera la división popular en Andalgalá, se suscribió un convenio de cooperación con el municipio en 2006, con el objetivo de “comprometerse con el desarrollo de la comunidad andalgalense y por extensión de toda la provincia a través de distintos programas relacionados con el ambiente, la seguridad social, los proyectos productivos, la capacitación y los proveedores locales”.
Alejandro, contra las mineras
El intendente electo de Andalgalá denuncia que su pueblo vive sumido en la miseria, al lado de minas de oro que producen ganancias de miles de millones de dólares.
Vive en una casa de adobe y techo de chapa que perteneció a su abuela materna. Su vehículo es una moto Gilera de 200 centímetros cúbicos. Alejandro Páez es maestro de matemáticas, tiene 37 años y fue una sorpresa en las últimas elecciones en la provincia de Catamarca. Contra todos los pronósticos, ganó la intendencia de Andalgalá, una ciudad antigua, pequeña y hermosa, ubicada 250 kilómetros al noroeste de la capital.
Páez empuñó un discurso beligerante hacia las autoridades provinciales y las compañías mineras internacionales que, dice, permiten que su pueblo continúe sumido en la pobreza mientras, a pocos kilómetros de ahí, se extraen miles de millones de dólares en metales preciosos.
Andalgalá está ubicada en uno de los ombligos mineros de la Argentina.
En las cercanías de la ciudad funciona la mina de oro La Alumbrera, el más grande emprendimiento minero a cielo abierto del país hasta tanto alcance su desarrollo mayor el proyecto áureo de Pascua Lama, que se construye entre la provincia de San Juan y Chile. Y a muy pocos kilómetros de la plaza principal de los andalgalenses está prevista la apertura de otra mina de oro y cobre gigante: Agua Rica.
Como todo el oeste catamarqueño, Andalgalá vivió una época de sueños dorados. Fue cuando autoridades locales y nacionales les prometieron un futuro de desarrollo a la vuelta de la esquina gracias a los beneficios económicos que les traería la minería en gran escala. Las promesas se vertieron sobre la mejor caja de resonancia: Andalgalá está en la región con mayor índice de necesidades básicas insatisfechas de Catamarca.
Pero como lo sabe cualquiera que haya recorrido recientemente esa zona del país, la megaminería no la ha conducido hacia el desarrollo. El sueño de los miles de habitantes con empleo en la actividad es hoy una recatada realidad de 50 habitantes con trabajo directo en las compañías mineras. Andalgalá no ve claro su futuro y tiene complicado su presente: la ciudad está profundamente dividida entre quienes apoyan y quienes condenan los emprendimientos a cielo abierto.
–¿Cómo se puede estar en contra de la megaminería y ganar las elecciones en una de las zonas mineras más importantes de la Argentina?
–El tema mío con la problemática minera es que tengo una visión escéptica sobre lo que ha dejado hasta hoy la minería a gran escala que se da en mi departamento y en otras zonas de la provincia. Esto no ha dejado certeza en lo económico ni en lo ambiental. Por eso, aun teniendo un superemprendimiento como Bajo La Alumbrera, que ha aportado una ganancia sustancial a la Provincia y sobre todo a la Nación, y que dio ganancias excepcionales a las empresas a las que hasta les permiten evadir cuestiones fiscales, a nosotros y al oeste de la provincia no nos dejó nada.
–¿Cómo cree que deberían cambiar las cosas?
–Mire, tenemos una población de casi 20 mil habitantes y no contamos siquiera con un centro de salud adecuado para la gente; hay que viajar más de 200 kilómetros por cualquier enfermedad. Existe un hospital, pero no tiene profesionales. No hay oftalmólogo, no hay nefrólogo, no hay traumatólogo, no hay un oncólogo, pese a que tenemos una proliferación de casos de cáncer de mama. Justamente ayer, cuando usted me llamó para esta entrevista, no lo pude atender porque estaba en el velorio de una familiar que murió por cáncer de mama. Estuvimos a gritos pidiendo un mamógrafo, por la gran cantidad de decesos que tenemos; nos enviaron uno y hace más de un año que lo tenemos empaquetado y sin funcionar porque no hay personal que lo sepa manejar. Imagínese, si hasta la sala de rayos X está toda partida, por una falla estructural de los cimientos. Lo único que hay es una ambulancia que, cuando llega un caso grave, carga al paciente y lo lleva a la capital por una ruta provincial que está en un estado desastroso. Ni eso tenemos; estamos marginados hasta por las rutas.
–¿Cómo se supera eso?
–Tenemos un solo instituto de estudios superiores, que es la única salida educativa para gente de escasos recursos, y hoy ni siquiera tiene edificio propio: alquila. Esas son cosas que deberían cambiar, para darnos la posibilidad de ir accediendo a un mejor nivel de vida, para no depender siempre del Estado y poder emanciparnos, dentro de nuestras posibilidades. Hoy, una chica que sale del secundario en Andalgalá no tiene el mismo apoyo ni estímulo que un chico que vive en la ciudad. Y si ese adolescente tiene múltiples inconvenientes para acceder al estudio superior y no cuenta con estímulo familiar, porque los padres económicamente por ahí no tienen para pagarle un libro, termina sin estudiar en un tercer nivel y es una persona que en poco tiempo se convierte en mamá o papá muy joven, con dificultades económicas. Eso genera falta de salida laboral, de capacitación, y los deja en manos de las presiones de los políticos de turno. Yo quiero una rama de la universidad de la capital, una oferta laboral más amplia, para que los chicos tengan otras opciones. Si no, siempre emigran a estudiar a La Rioja, Tucumán o Córdoba, si sus padres pueden pagarlo. Tenemos cuatro escuelas secundarias de las que egresan unos 200 alumnos por año, y de los estudios terciarios ninguno está relacionado con la minería.
–¿Los dirigentes anteriores a usted no levantaron esos reclamos?
–Creo que soy parte de una camada de dirigentes que tiene una diferencia generacional clara respecto de los anteriores. Mi partido, el radicalismo provincial, ha estado dominado por una clase económica alta, integrada por comerciantes que usaron la estructura política en favor de sus intereses económicos. Nosotros queremos resguardar los lugares donde vivimos contra el saqueo y el avasallamiento que han sufrido siempre los pobladores de menores recursos. Los viejos políticos entregaron nuestro patrimonio.
-¿Por qué van a creer que usted no va a hacer lo mismo?
-¡Ja, ja! Yo busco mi bienestar personal, pero también el de mis semejantes. Vivo en una casa humilde, soy docente. Ni auto tengo; mi patrimonio personal es una moto común. No soy un potentado. Antes, los candidatos tenían que tener un buen patrimonio; era como que la sociedad veía que si uno había sido exitoso en el manejo de cuestiones económicas, iba a ser buen administrador del municipio. Yo llevo cuatro años ejerciendo de concejal; se dice que la clase política pacta y hace arreglos, pero yo los arreglos los tengo que hacer en la casa de mis abuelos, donde vivo...
–¿La llegada de las grandes mineras les ha solucionado algún problema?
–De empleo, no. Habrá 50 personas de Andalgalá trabajando en la minera, entre más de mil empleados. El municipio tiene 10 veces más empleados: 500. En el caso de la minera Agua Rica, tiene una oficina para cuestiones administrativas en la que está a cargo un ciudadano chileno. Es como si a mí me pusieran a manejar las relaciones sociales en un lugar de Chile del que no conozco sus costumbres. Las mineras sólo hacen acuerdos con nuestra comunidad para dar pequeños beneficios o contribuciones subsidiarias y casi que terminan cogobernando con el municipio. Es como una oficina de caridad grande; no hay programas. La Provincia debería aportar a estos municipios, porque tenemos derechos propios. Es esta la jurisdicción extractiva del recurso no renovable. Agua Rica quiere explotar la montaña a escasos 16 kilómetros del casco céntrico, sobre nuestra cuenca hídrica. Y ambientalmente aquí nadie ha hecho una demostración clara de que la explotación no va a generar contaminación.
–¿Qué respuesta han recibido ante ese temor por una posible contaminación?
–¿Quién va a dar explicaciones? ¡Nadie! Nadie del gobierno actual vino nunca desde que se suscitó esta problemática social. Nunca nadie dio la cara, menos el gobierno. Y la gobernadora electa de Catamarca (la kirchnerista Lucía Corpacci), en vez de venir a conversar a Andalgalá y hablar con los sectores en pugna, para decir “vamos a tener una relación cordial entre quienes defienden y quienes objetan la minería”, lo primero que hizo fue ir a San Juan a reunirse con el gobernador (José Luis) Gioja y luego decir desde la capital que va a instalar un modelo minero similar al de San Juan. Es una estrategia incomprensible; primero debería haber venido a hablar acá.
–¿Ya tuvo contactos con miembros de las mineras?
–Cero contacto. Conmigo nunca se reunieron, porque subestimaron mis posibilidades. Pensaron que no iba a ser elegido. Además, las empresas tienden a ayudar económicamente al candidato afín a sus intereses, no a quienes tienen una visión escéptica del tema.
–¿Sus rivales recibieron ayuda de las mineras?
–Mire, no en los papeles, pero se sobreentiende. Los otros dos candidatos estaban vinculados al poder. Uno era el actual intendente y el otro es proveedor de las mineras. Por eso, jamás pensaron que un joven que hacía campaña en una moto iba a ganar la elección.
–¿Esa división se ve también en la calle?
–Claro. Acá en Andalgalá hay una disyuntiva muy grande, que afectó las relaciones, caló en el seno mismo de las familias. Estamos divididos, porque unos están a favor y otros en contra. Hasta los bares que hay en el casco céntrico están divididos: a uno van los que están a favor de las mineras y a otro los que están en contra. Eso también llévelo al plano educativo. En las escuelas se produce esta disyuntiva que nos ha destruido como sociedad y, mientras le prestamos atención a esto, se nos pasan de largo problemas como el alcoholismo y las drogas, porque focalizamos la atención sólo en esto otro.
–¿Cómo piensa gobernar con esa división?
–Sé que cuando asuma tengo que gobernar para todos, promineros y antimineros. Nuestra estrategia será de cordura. Respecto de la minería, hay cuestiones que puedo trabajar y operar, pero en los grandes problemas la potestad no la tiene el municipio, sino la Provincia o la Nación. A mí me queda ser alcalde de la ciudad y mantener limpias las calles y usar los fondos que lleguen para volcarlos en beneficios productivos para el departamento. Hay que sanear este divisionismo y buscar una sociedad más pujante, defendiendo nuestro territorio.
–¿Se definiría como un intendente antiminero?
–No. No puedo definirme como antiminero, porque acá tenemos otros intereses en la pequeña minería, tenemos otras actividades extractivas, como la de la rodocrosita. El problema es la minería a cielo abierto; soy escéptico respecto de lo que produce esa minería.
–¿Cree incompatible la minería a cielo abierto con el desarrollo de Andalgalá?
–Simplemente, no voy a poder cambiar el contexto nacional e internacional, la política capitalista de la mayor parte del mundo occidental favorece esta actividad. Yo soy simplemente el intendente elegido del pueblo, con una visión determinada. Me han dado la facultad de gobernar para el bien de mi comunidad. No voy a hacer como el intendente actual, que tomó partida por una opinión y se metió en una máquina de picar carne. Tengo que ver cuáles son mis posibilidades; no puedo cambiar la política internacional.
–Pero eso no le impide tener una opinión sobre el problema...
–Este marco es muy malo, muy malo. Cuestiono el marco legal nacional por sus excepcionalidades grandiosas a favor de las mineras y los capitales internacionales.
–Si cambiara el marco legal, ¿aceptaría la megaminería?
–Primero tendrían que demostrarle a mi pueblo que no nos van a contaminar luego de agotar un recurso natural. Como esa demostración nunca se produjo, soy escéptico.
–¿Está en marcha algún estudio para darles esa tranquilidad?
–Si es así, lo desconozco.
–¿Qué le ha respondido el Gobierno provincial?
–Todavía no tengo vinculación alguna con las autoridades provinciales.
–¿Guarda algún recuerdo de las promesas vinculadas a la minería que recibió la región?
–Uh... había una expectativa generalizada, un sueño tan grande... Creíamos que la minería nos iba a cambiar el panorama al ciento por ciento, que íbamos a tener un buen futuro. Cuando vimos las camionetas cuatro por cuatro en que se movían los de las empresas, creímos cuando nos decían que íbamos a tener un sistema de salud grandioso, que íbamos a expandir las rutas, a conectarnos con otras urbes, que habría más de 1.500 empleados en la minera... Era una expectativa grandiosa.
–¿Con qué sueñan ahora en Andalgalá?
–Con las cosas que ya le dije: nada vinculado con el oro.
Salí-Dulce: a juicio dos causas por contaminación
El juez Racedo eleva a juicio oral dos causas por contaminación de la cuenca Salí-Dulce
Fecha de Publicación: 16/07/2011
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
Las resoluciones del magistrado federal subrogante involucran a tres directivos: dos de la citrícola Cota y uno del frigorífico La Barraca. El juez consideró probado que los establecimientos contaminan los cauces de agua por medio del vertido de residuos industriales La unidad judicial a cargo del juez subrogante Mario Racedo investiga a 22 establecimientos fabriles tucumanos por supuesta contaminación de la Cuenca Salí-Dulce.
Tras al menos seis años de discusión judicial, Mario Racedo, magistrado subrogante del Juzgado Federal Nº2, ha decidido elevar a juicio oral dos expedientes por contaminación del río Salí iniciados a raíz de una denuncia genérica que el Gobierno de Santiago del Estero presentó a mediados de la década pasada. Las resoluciones han recaído en procesos que involucran a directivos de la citrícola Cota (José Antonio Trujillo y Miguel Paz Posse) y del frigorífico La Barraca (Manuel Aarón Bliman), todos ellos con procesamientos confirmados por la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán.
Racedo consideró que las instrucciones a cargo del fiscal Carlos Brito prueban que los establecimientos mencionados alteran nocivamente -mediante el vertido de efluentes industriales- los cursos de agua de la provincia que desembocan en la cuenca Salí-Dulce. El magistrado ha encuadrado las conductas delictivas de los procesados en el artículo 55 de la Ley de Desechos Peligrosos (Nº24.051), que reprime con reclusión o prisión de tres a diez años al que, utilizando los residuos a los que hace referencia la norma, envenenare, adulterare o contaminare -con riesgo para la salud- el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general.
Aunque el auto de elevación a juicio oral es inapelable en virtud del artículo 352 del Código Procesal Penal de la Nación, ambas causas tienen excepciones, nulidades y otros planteos pendientes de resolución en el tribunal de alzada. En paralelo, los procesados pueden solicitar el beneficio de la suspensión del proceso a prueba (ver "Analizan una ’probation"...) hasta antes de la apertura del debate en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán.
Vida acuática reducida
Diferentes peritajes practicados con control de parte determinaron que los residuos fabriles de la citrícola Cota contaminaban las aguas del canal a cielo abierto denominado arroyo "Tafí". Emitido en mayo de este año, el auto de elevación a juicio oral estableció la ruta de este cauce, que cruza la ciudad de Tafí Viejo, atraviesa la zona este de la Capital, se conecta con el canal Norte y, por fin, desemboca en el río que, a su vez, es tributario del dique Frontal de Las Termas de Río Hondo (Santiago del Estero).
Los imputados Trujillo y Paz Posse negaron que los desechos que Cota vierte en el arroyo Tafí sean peligrosos: "estos provienen del lavado de la cáscara del limón, proceso que los convierte en aguas con azúcares disueltos... que se van decantando en el trayecto hacia el Salí". Sin embargo, el juez advirtió que una sustancia que no es tóxica en sí misma se transforma en peligrosa cuando es arrojada en grandes cantidades a un arroyo: "como consecuencia de ello, el Tafí presenta parámetros elevados de demanda biológica y química de oxígeno (DBO y DQO), lo que deriva en el agotamiento considerable de las reservas de oxígeno y, por ende, en la reducción de la vida acuática".
El auto de Racedo recuerda que el propio Paz Posse admitió que Cota había intentado bajar los niveles de DBO y DQO, y alegó que los parámetros que fija la ley son de imposible cumplimiento para este tipo de industria. Dicho reconocimiento ha autorizado al magistrado a considerar que los imputados conocían las deficiencias de la planta en materia de tratamiento de residuos industriales y, sin embargo, no dispusieron las acciones útiles para reducir la contaminación del arroyo.
Delito de peligro
Diversas inspecciones ejecutadas en el frigorífico La Barraca, situado en el Municipio de Banda del Río Salí, concluyeron que este establecimiento descarga sus efluentes por un conducto subterráneo que llega hasta el río. Al igual que en el caso "Cota", las muestras de desechos fabriles estudiadas en el laboratorio de la División Medio Ambiente de Gendarmería Nacional permitieron constatar un exceso en los niveles de DBO y DQO, y en otros valores analizados según los parámetros de la Ley 24.051.
En la indagatoria, Bliman, propietario del frigorífico, afirmó que la planta no vierte los residuos directamente sobre el Salí, sino que aquellos entran en el sistema cloacal de responsabilidad de la Sociedad Aguas del Tucumán y que, por ende, esta empresa está obligada aplicar un tratamiento secundario de los efluentes. Bliman explicó además que el conducto fue creado antes de que allí se instalaran familias que, con el tiempo, incluso rompieron las tuberías para volcar sus desechos cloacales a la red que usa La Barraca.
Pese a esos y otros argumentos, nuevos peritajes técnicos confirmaron que los efluentes del frigorífico alteraban el suelo, el agua y la atmósfera. En el auto firmado en junio de 2011, Racedo aseveró que el ilícito discutido es un delito de peligro: "por lo que no se requiere una efectiva lesión del bien jurídico protegido (la salud pública), sino que resulta suficiente colocar en riesgo dicho bien".
"Pantanal putrefacto"
Cota y La Barraca integran el grupo de 22 empresas tucumanas investigadas por el Juzgado Federal Nº2 a instancias de la denuncia "madre" que el Gobierno de Santiago del Estero presentó en 2005, después de una serie de acciones, reclamos y gestiones inconducentes en la Justicia local, el Poder Ejecutivo tucumano y la Nación. Durante aquel año, las autoridades de la provincia vecina hicieron público un informe técnico que afirmaba que el vertido de desechos cloacales e industriales en los ríos Salí (Tucumán) y Dulce (Santiago) habían transformado al dique Frontal de Las Termas de Río Hondo en un "pantanal putrefacto".
Este diagnóstico no ha mejorado pese a los anuncios de inversiones, los programas de reconversión industrial (el último de ellos fue anunciado este 7 de julio, en la Casa de Gobierno de Tucumán) y los compromisos contraídos por empresarios y el Estado. Por el contrario, a finales de mayo, un equipo del Comité de la Cuenca Salí-Dulce (órgano creado en marzo de 2007 a instancias del entonces presidente Néstor Kirchner) constató que la contaminación es aún más grave que la observada en años anteriores.
Los procesos sustanciados en la Justicia Federal atacan el origen de ese problema interjurisdiccional (atañe a cinco provincias argentinas: Salta, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero y Córdoba). Pero los Tribunales no pueden resolver -en soledad- este viejo y complejo conflicto cultural, económico y social: los avances significativos y consistentes dependen de una política de Estado que permita superar la frustrante dicotomía entre producción -es decir, generación y sostenimiento de fuentes de trabajo- y protección del ambiente actualmente implícita en las acciones judiciales dirigidas al saneamiento de la cuenca Salí-Dulce.
Fecha de Publicación: 16/07/2011
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
Las resoluciones del magistrado federal subrogante involucran a tres directivos: dos de la citrícola Cota y uno del frigorífico La Barraca. El juez consideró probado que los establecimientos contaminan los cauces de agua por medio del vertido de residuos industriales La unidad judicial a cargo del juez subrogante Mario Racedo investiga a 22 establecimientos fabriles tucumanos por supuesta contaminación de la Cuenca Salí-Dulce.
Tras al menos seis años de discusión judicial, Mario Racedo, magistrado subrogante del Juzgado Federal Nº2, ha decidido elevar a juicio oral dos expedientes por contaminación del río Salí iniciados a raíz de una denuncia genérica que el Gobierno de Santiago del Estero presentó a mediados de la década pasada. Las resoluciones han recaído en procesos que involucran a directivos de la citrícola Cota (José Antonio Trujillo y Miguel Paz Posse) y del frigorífico La Barraca (Manuel Aarón Bliman), todos ellos con procesamientos confirmados por la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán.
Racedo consideró que las instrucciones a cargo del fiscal Carlos Brito prueban que los establecimientos mencionados alteran nocivamente -mediante el vertido de efluentes industriales- los cursos de agua de la provincia que desembocan en la cuenca Salí-Dulce. El magistrado ha encuadrado las conductas delictivas de los procesados en el artículo 55 de la Ley de Desechos Peligrosos (Nº24.051), que reprime con reclusión o prisión de tres a diez años al que, utilizando los residuos a los que hace referencia la norma, envenenare, adulterare o contaminare -con riesgo para la salud- el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general.
Aunque el auto de elevación a juicio oral es inapelable en virtud del artículo 352 del Código Procesal Penal de la Nación, ambas causas tienen excepciones, nulidades y otros planteos pendientes de resolución en el tribunal de alzada. En paralelo, los procesados pueden solicitar el beneficio de la suspensión del proceso a prueba (ver "Analizan una ’probation"...) hasta antes de la apertura del debate en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán.
Vida acuática reducida
Diferentes peritajes practicados con control de parte determinaron que los residuos fabriles de la citrícola Cota contaminaban las aguas del canal a cielo abierto denominado arroyo "Tafí". Emitido en mayo de este año, el auto de elevación a juicio oral estableció la ruta de este cauce, que cruza la ciudad de Tafí Viejo, atraviesa la zona este de la Capital, se conecta con el canal Norte y, por fin, desemboca en el río que, a su vez, es tributario del dique Frontal de Las Termas de Río Hondo (Santiago del Estero).
Los imputados Trujillo y Paz Posse negaron que los desechos que Cota vierte en el arroyo Tafí sean peligrosos: "estos provienen del lavado de la cáscara del limón, proceso que los convierte en aguas con azúcares disueltos... que se van decantando en el trayecto hacia el Salí". Sin embargo, el juez advirtió que una sustancia que no es tóxica en sí misma se transforma en peligrosa cuando es arrojada en grandes cantidades a un arroyo: "como consecuencia de ello, el Tafí presenta parámetros elevados de demanda biológica y química de oxígeno (DBO y DQO), lo que deriva en el agotamiento considerable de las reservas de oxígeno y, por ende, en la reducción de la vida acuática".
El auto de Racedo recuerda que el propio Paz Posse admitió que Cota había intentado bajar los niveles de DBO y DQO, y alegó que los parámetros que fija la ley son de imposible cumplimiento para este tipo de industria. Dicho reconocimiento ha autorizado al magistrado a considerar que los imputados conocían las deficiencias de la planta en materia de tratamiento de residuos industriales y, sin embargo, no dispusieron las acciones útiles para reducir la contaminación del arroyo.
Delito de peligro
Diversas inspecciones ejecutadas en el frigorífico La Barraca, situado en el Municipio de Banda del Río Salí, concluyeron que este establecimiento descarga sus efluentes por un conducto subterráneo que llega hasta el río. Al igual que en el caso "Cota", las muestras de desechos fabriles estudiadas en el laboratorio de la División Medio Ambiente de Gendarmería Nacional permitieron constatar un exceso en los niveles de DBO y DQO, y en otros valores analizados según los parámetros de la Ley 24.051.
En la indagatoria, Bliman, propietario del frigorífico, afirmó que la planta no vierte los residuos directamente sobre el Salí, sino que aquellos entran en el sistema cloacal de responsabilidad de la Sociedad Aguas del Tucumán y que, por ende, esta empresa está obligada aplicar un tratamiento secundario de los efluentes. Bliman explicó además que el conducto fue creado antes de que allí se instalaran familias que, con el tiempo, incluso rompieron las tuberías para volcar sus desechos cloacales a la red que usa La Barraca.
Pese a esos y otros argumentos, nuevos peritajes técnicos confirmaron que los efluentes del frigorífico alteraban el suelo, el agua y la atmósfera. En el auto firmado en junio de 2011, Racedo aseveró que el ilícito discutido es un delito de peligro: "por lo que no se requiere una efectiva lesión del bien jurídico protegido (la salud pública), sino que resulta suficiente colocar en riesgo dicho bien".
"Pantanal putrefacto"
Cota y La Barraca integran el grupo de 22 empresas tucumanas investigadas por el Juzgado Federal Nº2 a instancias de la denuncia "madre" que el Gobierno de Santiago del Estero presentó en 2005, después de una serie de acciones, reclamos y gestiones inconducentes en la Justicia local, el Poder Ejecutivo tucumano y la Nación. Durante aquel año, las autoridades de la provincia vecina hicieron público un informe técnico que afirmaba que el vertido de desechos cloacales e industriales en los ríos Salí (Tucumán) y Dulce (Santiago) habían transformado al dique Frontal de Las Termas de Río Hondo en un "pantanal putrefacto".
Este diagnóstico no ha mejorado pese a los anuncios de inversiones, los programas de reconversión industrial (el último de ellos fue anunciado este 7 de julio, en la Casa de Gobierno de Tucumán) y los compromisos contraídos por empresarios y el Estado. Por el contrario, a finales de mayo, un equipo del Comité de la Cuenca Salí-Dulce (órgano creado en marzo de 2007 a instancias del entonces presidente Néstor Kirchner) constató que la contaminación es aún más grave que la observada en años anteriores.
Los procesos sustanciados en la Justicia Federal atacan el origen de ese problema interjurisdiccional (atañe a cinco provincias argentinas: Salta, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero y Córdoba). Pero los Tribunales no pueden resolver -en soledad- este viejo y complejo conflicto cultural, económico y social: los avances significativos y consistentes dependen de una política de Estado que permita superar la frustrante dicotomía entre producción -es decir, generación y sostenimiento de fuentes de trabajo- y protección del ambiente actualmente implícita en las acciones judiciales dirigidas al saneamiento de la cuenca Salí-Dulce.
Reacciones por la caída de la ley de fitosanitarios
Reacciones por la caída de la ley de fitosanitarios
Fecha de Publicación: 15/07/2011
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe
El ministro de Gobierno de la provincia, Antonio Bonfatti, calificó de "lamentable" que la ley de fitosanitarios 11.273, una iniciativa que intentaba limitar el abundante uso de químicos aplicados al agro cerca de comunidades santafesinas, haya perdido estado parlamentario en la Cámara de Senadores, y atribuyó esa situación a que "en ese ámbito los temas trascendentes se bloquean pese a que en la de Diputados fue aprobado. Los senadores tienen que ponerse los pantalones largos y si no acuerdan con ese proyecto, por lo menos que traten otro consensuado", disparó.
Desde hace cinco años hay proyectos para limitar el uso de agroquímicos en la Legislatura, los que no fueron tratados por los senadores, en su mayoría reutemista y obeidistas. "Hay que buscar una solución justa entre lo que significa la producción y la salud de la población. Pero desde Senadores es sistemática la oposición para tratar este tema, como sucedió también con la reforma tributaria", dijo Bonfatti.
A su juicio, "habrá que volver a enviar un proyecto a la Legislatura para que sea debatido y se busque un consenso. El Senado tendría que abordar este tema, al menos para decir que no están de acuerdo con lo que se aprobó en Diputados y hay que cambiarlo. Pero ni siquiera eso se da".
En sintonía con Bonfatti se expresó el diputado firmatense por el Frente Progresista, Gabriel Real, quien resaltó que "fue una vergüenza que la ley haya perdido estado parlamentario. Estas son cosas que no deben volver a suceder y por eso es necesario que el próximo gobierno cuente con mayoría en Diputados y Senadores".
Fecha de Publicación: 15/07/2011
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe
El ministro de Gobierno de la provincia, Antonio Bonfatti, calificó de "lamentable" que la ley de fitosanitarios 11.273, una iniciativa que intentaba limitar el abundante uso de químicos aplicados al agro cerca de comunidades santafesinas, haya perdido estado parlamentario en la Cámara de Senadores, y atribuyó esa situación a que "en ese ámbito los temas trascendentes se bloquean pese a que en la de Diputados fue aprobado. Los senadores tienen que ponerse los pantalones largos y si no acuerdan con ese proyecto, por lo menos que traten otro consensuado", disparó.
Desde hace cinco años hay proyectos para limitar el uso de agroquímicos en la Legislatura, los que no fueron tratados por los senadores, en su mayoría reutemista y obeidistas. "Hay que buscar una solución justa entre lo que significa la producción y la salud de la población. Pero desde Senadores es sistemática la oposición para tratar este tema, como sucedió también con la reforma tributaria", dijo Bonfatti.
A su juicio, "habrá que volver a enviar un proyecto a la Legislatura para que sea debatido y se busque un consenso. El Senado tendría que abordar este tema, al menos para decir que no están de acuerdo con lo que se aprobó en Diputados y hay que cambiarlo. Pero ni siquiera eso se da".
En sintonía con Bonfatti se expresó el diputado firmatense por el Frente Progresista, Gabriel Real, quien resaltó que "fue una vergüenza que la ley haya perdido estado parlamentario. Estas son cosas que no deben volver a suceder y por eso es necesario que el próximo gobierno cuente con mayoría en Diputados y Senadores".
Central nuclear de Embalse: Postergan la parada
Postergan un año la parada de la central nuclear de Embalse
Fecha de Publicación: 15/07/2011
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Lo admitió el ministro Julio De Vido en Córdoba. El proceso es necesario para que la planta energética tenga mayor vida útil.
Autoridades nacionales admitieron que la central nuclear de Embalse continuará en servicio hasta que se ponga en marcha la usina de Atucha II. De este modo, confirmaron el anticipo de La Voz del Interior , en marzo pasado, de que no sería en 2011 la parada de la planta cordobesa, tal como se había programado al anunciarse el proyecto de extensión de su vida útil.
La central de Embalse, con su reactor ya envejecido, debe salir de servicio tras 26 años de actividad. En lugar de desmantelarla, el Gobierno nacional eligió la otra opción posible: reciclar la planta renovando sus equipamientos vitales, para que genere energía por 25 años más. Para esas obras debería estar al menos un año y medio parada.
En su visita a Río Tercero, el miércoles último, para inaugurar una usina termoeléctrica de la empresa Gecor, el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, ratificó la continuidad del proyecto de extensión de vida útil de la atómica de Calamuchita y reconoció que la fecha de su salida de servicio depende de la puesta en marcha de la tercera central atómica, en construcción.
“Estamos combinando lo de Embalse con el arranque de Atucha II, generando con menor potencia que es lo que está permitido dentro de la norma. Y la vamos a ir apagando de a poco, a medida que vayamos poniendo también de a poco en marcha Atucha II”, señaló el ministro.
De Vido calculó que “en el primer trimestre de 2012” estaría en marcha la nueva usina bonaerense, pegada a otra atómica ya existente. Según anunció, en octubre próximo sería inaugurada.
La planta cordobesa genera alrededor del cuatro por ciento del total de la energía que consume hoy el país. Su salida de servicio, sin el ingreso de otra fuente, representaría un problema dado que la oferta de energía está en el límite de la demanda.
Mientras, directivos de Nucleoeléctrica Argentina, la empresa estatal que administra las centrales nucleares, admitieron que por razones de seguridad la salida de servicio no se puede prorrogar indefinidamente, aunque aclararon que la situación se va “relevando permanentemente” para tener garantías sobre el estado de funcionamiento.
El proyecto de extensión de vida útil fue iniciado hace tres años y aprobado por el Congreso. Demandaría unos mil millones de dólares. En la empresa, señalan que ese costo sería la mitad del de una central nueva.
Hace un mes, el diario Perfil publicó que tras el accidente en la central japonesa de Fukushima, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) resolvió introducir una modificación al diseño original de Atucha II, para permitir una parada rápida del reactor en caso de accidente severo, y adaptarlo a las nuevas normas de seguridad internacional. Esa modificación, si efectivamente se aplica, generaría una demora adicional en la puesta en marcha.
Tras el accidente en Japón, provocado por el terremoto, algunos países europeos anunciaron revisiones a sus planes de generación nuclear. En Argentina, se ratificó la continuidad de los proyectos previstos.
Fecha de Publicación: 15/07/2011
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Lo admitió el ministro Julio De Vido en Córdoba. El proceso es necesario para que la planta energética tenga mayor vida útil.
Autoridades nacionales admitieron que la central nuclear de Embalse continuará en servicio hasta que se ponga en marcha la usina de Atucha II. De este modo, confirmaron el anticipo de La Voz del Interior , en marzo pasado, de que no sería en 2011 la parada de la planta cordobesa, tal como se había programado al anunciarse el proyecto de extensión de su vida útil.
La central de Embalse, con su reactor ya envejecido, debe salir de servicio tras 26 años de actividad. En lugar de desmantelarla, el Gobierno nacional eligió la otra opción posible: reciclar la planta renovando sus equipamientos vitales, para que genere energía por 25 años más. Para esas obras debería estar al menos un año y medio parada.
En su visita a Río Tercero, el miércoles último, para inaugurar una usina termoeléctrica de la empresa Gecor, el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, ratificó la continuidad del proyecto de extensión de vida útil de la atómica de Calamuchita y reconoció que la fecha de su salida de servicio depende de la puesta en marcha de la tercera central atómica, en construcción.
“Estamos combinando lo de Embalse con el arranque de Atucha II, generando con menor potencia que es lo que está permitido dentro de la norma. Y la vamos a ir apagando de a poco, a medida que vayamos poniendo también de a poco en marcha Atucha II”, señaló el ministro.
De Vido calculó que “en el primer trimestre de 2012” estaría en marcha la nueva usina bonaerense, pegada a otra atómica ya existente. Según anunció, en octubre próximo sería inaugurada.
La planta cordobesa genera alrededor del cuatro por ciento del total de la energía que consume hoy el país. Su salida de servicio, sin el ingreso de otra fuente, representaría un problema dado que la oferta de energía está en el límite de la demanda.
Mientras, directivos de Nucleoeléctrica Argentina, la empresa estatal que administra las centrales nucleares, admitieron que por razones de seguridad la salida de servicio no se puede prorrogar indefinidamente, aunque aclararon que la situación se va “relevando permanentemente” para tener garantías sobre el estado de funcionamiento.
El proyecto de extensión de vida útil fue iniciado hace tres años y aprobado por el Congreso. Demandaría unos mil millones de dólares. En la empresa, señalan que ese costo sería la mitad del de una central nueva.
Hace un mes, el diario Perfil publicó que tras el accidente en la central japonesa de Fukushima, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) resolvió introducir una modificación al diseño original de Atucha II, para permitir una parada rápida del reactor en caso de accidente severo, y adaptarlo a las nuevas normas de seguridad internacional. Esa modificación, si efectivamente se aplica, generaría una demora adicional en la puesta en marcha.
Tras el accidente en Japón, provocado por el terremoto, algunos países europeos anunciaron revisiones a sus planes de generación nuclear. En Argentina, se ratificó la continuidad de los proyectos previstos.
Santa Catalina ya es reserva natural en Lomas
El predio Santa Catalina ya es reserva natural en Lomas
Fecha de Publicación: 14/07/2011
Fuente: El Día
Provincia/Región: Buenos Aires
Fue convertido en ley por la Legislatura. La empresa Covelia había empezado una obra en ese lugar, que pertenece a la UNLP
La Legislatura bonaerense convirtió hoy en ley el proyecto que convierte al predio de la UNLP Santa Catalina, en Lomas de Zamora, en una reserva natural, frenando una obra que la empresa Covelia había empezado a realizar en ese lugar y que la Justicia ya había frenado semanas antes.
Con la sanción definitiva que este miércoles dio la Cámara de Diputados de la Provincia, la iniciativa se convirtió en ley y Santa Catalina ya es reserva natural. Pero días atrás un juez federal de Quilmes ordenó a la firma -cuya vinculación presunta con el titular de la CGT Hugo Moyano es investigada por la Justicia- frenar las obras que había iniciado allí.
Covelia, que también es investigada por la Justicia bonaerense por presunta extorsión a intendentes por la contratación de sus servicios, adquirió 300 hectáreas de ese predio a la Universidad platense con la intención de construir allí una "base operativa" para el traslado de basura. El proyecto generó la inmediata reacción de organizaciones ambientalistas y vecinos de Lomas de Zamora.
El predio es considerado "el último pulmón verde del Conurbano", y alberga una diversidad de ambientes, con una gran variedad de especias autóctonas de flora y fauna, de acuerdo a la demanda de los ambientalistas Y en ese marco, la empresa, en una misma jornada y por vías distintas, recibió un duro revés para ese proyecto.
Que Santa Catalina sea declarada reserva natural implica que será considerada un paisaje protegido y deja sin efecto cualquier emprendimiento que pueda generar impacto ambiental, un temor que se acentuó luego de que la casa de altos estudios vendiera parte de esas tierras a la firma Covelia.
"Teníamos algunas dudas y temores con respecto a declarar todo el predio como reserva natural. Por eso pedimos informes al Organismo de Promoción del Desarrollo Sustentable (OPDS) y resolvimos que una parte del predio, las hectáreas que son propiedad del Estado nacional, sean declaradas paisaje protegido", explicó la senadora Viviana Arcidiácono (FpV) oriunda de Lomas de Zamora.
Días atrás el juez Luis Armella, a cargo del Juzgado Federal de Quilmes, ordenó a la empresa la inmediata paralización de toda obra, construcción o actividad en el Predio y Laguna Santa Catalina y la remoción de todo vehículo, maquinaria y material constructivo que se encuentre en el mismo, así como también la prohibición del ingreso de cualquier vehículo, maquinaria y material.
Así, el magistrado hizo lugar a una medida cautelar en el marco de la causa "Mendoza", donde la Corte Suprema de Justicia ordenara en 2008 la puesta en marcha de un plan integral de saneamiento de esa zona hídrica.
Fecha de Publicación: 14/07/2011
Fuente: El Día
Provincia/Región: Buenos Aires
Fue convertido en ley por la Legislatura. La empresa Covelia había empezado una obra en ese lugar, que pertenece a la UNLP
La Legislatura bonaerense convirtió hoy en ley el proyecto que convierte al predio de la UNLP Santa Catalina, en Lomas de Zamora, en una reserva natural, frenando una obra que la empresa Covelia había empezado a realizar en ese lugar y que la Justicia ya había frenado semanas antes.
Con la sanción definitiva que este miércoles dio la Cámara de Diputados de la Provincia, la iniciativa se convirtió en ley y Santa Catalina ya es reserva natural. Pero días atrás un juez federal de Quilmes ordenó a la firma -cuya vinculación presunta con el titular de la CGT Hugo Moyano es investigada por la Justicia- frenar las obras que había iniciado allí.
Covelia, que también es investigada por la Justicia bonaerense por presunta extorsión a intendentes por la contratación de sus servicios, adquirió 300 hectáreas de ese predio a la Universidad platense con la intención de construir allí una "base operativa" para el traslado de basura. El proyecto generó la inmediata reacción de organizaciones ambientalistas y vecinos de Lomas de Zamora.
El predio es considerado "el último pulmón verde del Conurbano", y alberga una diversidad de ambientes, con una gran variedad de especias autóctonas de flora y fauna, de acuerdo a la demanda de los ambientalistas Y en ese marco, la empresa, en una misma jornada y por vías distintas, recibió un duro revés para ese proyecto.
Que Santa Catalina sea declarada reserva natural implica que será considerada un paisaje protegido y deja sin efecto cualquier emprendimiento que pueda generar impacto ambiental, un temor que se acentuó luego de que la casa de altos estudios vendiera parte de esas tierras a la firma Covelia.
"Teníamos algunas dudas y temores con respecto a declarar todo el predio como reserva natural. Por eso pedimos informes al Organismo de Promoción del Desarrollo Sustentable (OPDS) y resolvimos que una parte del predio, las hectáreas que son propiedad del Estado nacional, sean declaradas paisaje protegido", explicó la senadora Viviana Arcidiácono (FpV) oriunda de Lomas de Zamora.
Días atrás el juez Luis Armella, a cargo del Juzgado Federal de Quilmes, ordenó a la empresa la inmediata paralización de toda obra, construcción o actividad en el Predio y Laguna Santa Catalina y la remoción de todo vehículo, maquinaria y material constructivo que se encuentre en el mismo, así como también la prohibición del ingreso de cualquier vehículo, maquinaria y material.
Así, el magistrado hizo lugar a una medida cautelar en el marco de la causa "Mendoza", donde la Corte Suprema de Justicia ordenara en 2008 la puesta en marcha de un plan integral de saneamiento de esa zona hídrica.
Sigue la tala de los bosques en Chaco
Sigue la tala de los bosques: refuerzan controles satelitales
Fecha de Publicación: 14/07/2011
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco
El Sistema de Georreferencia instalado en Sáenz Peña reforzó los controles y emisiones de fotografías digitales con el fin de avanzar en la detección de imágenes de los bosques chaqueños.
El último informe al que accedió NORTE da cuenta de numerosos puntos en distintos departamentos de la provincia, pero que se concentran con mayor intensidad en el Almirante Brown con cabecera en Pampa del Infierno, y que abarca Los Frentones, Río Muerto y Taco Pozo.
Este centro fue dotado de un sistema de detección instrumentado por la Subsecretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente. “La idea es ponerle frenos a este flagelo y en protección de los bosques nativos”, dicen los técnicos que trabajan en esta repartición.
Ayer, la información daba cuenta que con la lectura de las imágenes, que se actualizan cada 15 días, se detectaron nuevos casos de tala ilegal sin permisos correspondientes, la mayoría en predios fiscales.
“La cuestión es muy sencilla, porque mientras van sacando los árboles, se empieza a ver en las imágenes satelitales verdaderos agujeros en el monte, y eso se ve en el reporte gráfico”, indicaron a NORTE los técnicos del GEO.
La tarea del Centro de Geoinformación es monitoreada a través de imágenes satelitales actualizadas cada 15 días las áreas protegidas, los bosques nativos, las forestas implantadas y nichos y hábitats de fauna silvestre a nivel provincial. Tiene la novedad que se puede aplicar una verdadera ingeniería para el funcionamiento del control de infracciones. El plan técnico de cada nuevo permiso de explotación de recursos naturales deberá ir acompañado de soporte digital, y ese soporte se enviará al Centro de Geoinformación que acumulará los datos correspondientes.
Pero todo esto no estaría ocurriendo -aunque la aplicación de las leyes en vigencia sigue siendo materia de discusión- y la información “no llega en tiempo y en forma, es extremadamente lento”, señalaron algunas fuentes vinculadas con el sector forestal.
Hay nuevas denuncias que se surgen desde la zona de mayor incidencia forestal, como Río Muerto y Los Frentones, donde el área de superficie cultivada creció de manera significativa
Fecha de Publicación: 14/07/2011
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco
El Sistema de Georreferencia instalado en Sáenz Peña reforzó los controles y emisiones de fotografías digitales con el fin de avanzar en la detección de imágenes de los bosques chaqueños.
El último informe al que accedió NORTE da cuenta de numerosos puntos en distintos departamentos de la provincia, pero que se concentran con mayor intensidad en el Almirante Brown con cabecera en Pampa del Infierno, y que abarca Los Frentones, Río Muerto y Taco Pozo.
Este centro fue dotado de un sistema de detección instrumentado por la Subsecretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente. “La idea es ponerle frenos a este flagelo y en protección de los bosques nativos”, dicen los técnicos que trabajan en esta repartición.
Ayer, la información daba cuenta que con la lectura de las imágenes, que se actualizan cada 15 días, se detectaron nuevos casos de tala ilegal sin permisos correspondientes, la mayoría en predios fiscales.
“La cuestión es muy sencilla, porque mientras van sacando los árboles, se empieza a ver en las imágenes satelitales verdaderos agujeros en el monte, y eso se ve en el reporte gráfico”, indicaron a NORTE los técnicos del GEO.
La tarea del Centro de Geoinformación es monitoreada a través de imágenes satelitales actualizadas cada 15 días las áreas protegidas, los bosques nativos, las forestas implantadas y nichos y hábitats de fauna silvestre a nivel provincial. Tiene la novedad que se puede aplicar una verdadera ingeniería para el funcionamiento del control de infracciones. El plan técnico de cada nuevo permiso de explotación de recursos naturales deberá ir acompañado de soporte digital, y ese soporte se enviará al Centro de Geoinformación que acumulará los datos correspondientes.
Pero todo esto no estaría ocurriendo -aunque la aplicación de las leyes en vigencia sigue siendo materia de discusión- y la información “no llega en tiempo y en forma, es extremadamente lento”, señalaron algunas fuentes vinculadas con el sector forestal.
Hay nuevas denuncias que se surgen desde la zona de mayor incidencia forestal, como Río Muerto y Los Frentones, donde el área de superficie cultivada creció de manera significativa
Embargan empresas por contaminar el Riachuelo
Cuenca Matanza Riachuelo: 12 empresas embargadas por no cumplir orden judicial
Fecha de Publicación: 13/07/2011
Fuente: La Noticia 1
Provincia/Región: Capital - Buenos Aires
En el marco de las medidas tomadas por el saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo, la Justicia dispuso el embargo de 12 empresas que no cumplieron con la orden del Juez Federal de Quilmes quien había solicitado el desalojo del camino de sirga.
El Juez Federal de Quilmes que solicitó el desalojo es Luis Armella. Esta medida fue tomada para avanzar con las tareas de saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo.
El magistrado dispuso la implementación de la traba de embargos, por lo que las compañías afectadas deben responder materialmente por la falta de cumplimiento.
Las empresas de más renombre que fueron embargadas son: CICSA, MAKRO S.A., SIAT S.A., MARK SERVI S.R.L., DEPOSITO LEVALLE 31 S.A., entre otras.
Hasta que las empresas no acrediten los depósitos bancarios correspondientes no levantarán el embargo determinado por la Justicia.
Fecha de Publicación: 13/07/2011
Fuente: La Noticia 1
Provincia/Región: Capital - Buenos Aires
En el marco de las medidas tomadas por el saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo, la Justicia dispuso el embargo de 12 empresas que no cumplieron con la orden del Juez Federal de Quilmes quien había solicitado el desalojo del camino de sirga.
El Juez Federal de Quilmes que solicitó el desalojo es Luis Armella. Esta medida fue tomada para avanzar con las tareas de saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo.
El magistrado dispuso la implementación de la traba de embargos, por lo que las compañías afectadas deben responder materialmente por la falta de cumplimiento.
Las empresas de más renombre que fueron embargadas son: CICSA, MAKRO S.A., SIAT S.A., MARK SERVI S.R.L., DEPOSITO LEVALLE 31 S.A., entre otras.
Hasta que las empresas no acrediten los depósitos bancarios correspondientes no levantarán el embargo determinado por la Justicia.
Confirma desertificación en varias Provincias
Universidad Nacional confirma desertificación en Salta, Tucumán y Santiago del Estero
Fecha de Publicación: 12/07/2011
Fuente: InfoAmbiente
Provincia/Región: Salta - Tucumán y Santiago del Estero
En concordancia con los resultados a que arribara la Unidad de Manejo del Sistema de Evaluación Forestal sobre Pérdida de Bosque Nativo en el Norte de Argentina correspondiente a Diciembre 2007 – Octubre 2008 , un grupo de investigadores de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional de Santiago del Estero advierten sobre el proceso de desertificacíón y estudian desde 1975 a la fecha la extensa zona denominada Chaco argentino o región neotropical, formada por Santiago del Estero, este de Salta y este de Tucumán, y llega, en su límite inferior, hasta La Rioja y Catamarca.
Según el responsable de la investigación, el Ingeniero Forestal Pedro Boleta, desde aproximadamente 1970, en el Chaco seco argentino hubo sobreexplotación del bosque, como consecuencia de la práctica indiscriminada de desmonte y de la tala rasa con topadoras. Esto provocó alteraciones irreversibles en el suelo. Entre esas alteraciones está la desertificación de lo que antes fueran tierras fértiles. La desertificación es la degradación de la tierra en regiones áridas, semiáridas y subhúmedas secas, resultante de diversos factores, incluso variaciones climáticas y actividades humanas. Ésta es la definición internacional del fenómeno de la desertificación establecida por la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, aprobada en París, el 17 de Junio de 1994 (fecha conmemorada desde entonces como día internacional de lucha contra la desertificación).
Los investigadores santiagueños documentaron su trabajo con fotografías de las diferentes degradaciones que sufre el ecosistema. Los efectos de la degradación tienen su causa en la acción humana no conservacionista que realiza talas y desmontes de extensas zonas y acrecientan el riesgo climático de la desertificación.
El área estudiada está incluida en la región neotropical, conformada por varias provincias: casi la totalidad de Santiago del Estero, este de Salta y este de Tucumán, y llega, en su límite inferior, hasta La Rioja y Catamarca. El estudio se realiza en una porción de este gran distrito fitogeográfico, circunscripto a la superficie ocupada por el departamento Moreno, en la provincia de Santiago del Estero. Se consideran, además, localidades vecinas de los departamentos colindantes y algunas limítrofes de las provincias del Chaco, Santa Fe y Tucumán. Esta área tiene un clima subhúmedo seco y semiárido que se caracteriza por tener un fuerte déficit hídrico debido a las escasas o nulas precipitaciones y una fuerte demanda hídrica de la atmósfera por las altas temperaturas, que agrava aún más la situación ambiental.
En este tipo de climas la eliminación de la cobertura vegetal con topadoras que perturban la estructura del suelo es uno de los principales factores que activan la desertificación. En general, hasta hace poco tiempo, el laboreo del suelo desmontado para cultivos anuales se realizaba mediante el uso de maquinaria y tecnología empleadas en la Pampa húmeda, lo que provocaba la remoción del suelo, alterando su estructura y quedando expuesto a los fuertes vientos, calientes y desecantes de fines de invierno y comienzos de primavera. Esta situación provocaba la erosión eólica en las ‘tormentas de tierra’”. Por otra parte, entre los factores que favorecen el fenómeno de la desertificación, el investigador señaló que, en los últimos tiempos, comenzó a incrementarse la siembra directa que aunque atenúa el daño, sigue siendo dañina.
Por su parte, la Unidad de Manejo del Sistema de Evaluación Forestal en su Informe sobre Pérdida de Bosque Nativo en el Norte de Argentina correspondiente a Diciembre 2007 – Octubre 2008 , pone en evidencia la existencia de deforestación en el período comprendido entre la sanción de la Ley Nº 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos y el presente, a pesar de la prohibición de desmontes estipulada en el Artículo 8 de dicha ley.
Dentro del área de estudio una superficie de aproximadamente 136.000 ha corresponde a desmontes realizados en el período de prohibición.
En las provincias de Salta y Jujuy, las áreas desmontadas corresponden a la transición entre las regiones Parque Chaqueño y Selva Tucumano Boliviana, ocupando principalmente el pedemonte. En las provincias de Santiago del Estero y Chaco, la deforestación se localiza en el límite entre ambas que históricamente ha presentado unuso tradicionalmente agrícola. A su vez, hacia el centro de la provincia de Santiago del Estero se evidencian áreas deforestadas principalmente para uso ganadero debido a las restricciones hídricas en esta zona. Asimismo, el mismo patrón se observa en la zona del Impenetrable en la provincia del Chaco donde las condiciones climáticas tampoco son propicias para la agricultura.
Sostiene que el área de estudio presentó en los últimos 10años los registros de deforestación más importantes del país. Este hecho se evidencia a partir de los datos de los períodos 1998-2002 y 2002-2006 que corresponden al monitoreo de bosque nativo que realiza cada cuatro años la Unidad de Manejo del Sistema de Evaluación Forestal (UMSEF) dependiente de la Dirección de Bosques de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación Argentina .
Asimismo destaca una tendencia en la pérdida de bosque nativo debida al aumento de la deforestación. En este sentido, la superficie de bosque disminuyó entre 1998 y 2002 y aún con mayor intensidad entre los años 2002 y 2006. Luego, en el período previo a la sanción de la Ley Nº 26.331, el proceso de deforestación se intensificó notablemente y por último, a pesar de la sanción de la misma, se registraron desmontes. Es decir, que si bien en el período 2007-2008 disminuyó la intensidad de la deforestación en relación al período anterior, dicho proceso no dejó de ocurrir y superó el valor correspondiente al período 1998-2002.
Agrega que en las provincias analizadas los procesos de pérdida de superficie de bosque fueron causados principalmente por el avance de la frontera agropecuaria. Las imágenes satelitales ponen de manifiesto la existencia de nuevos cultivos, que en varias oportunidades corresponden a soja. En este análisis también se consideraron como áreas deforestadas a aquellas donde se producen técnicas de desarbustado o desbarejado dado que estos sitios pierden su funcionamiento como ecosistema de bosque al no tenerse en cuenta la regeneración del mismo entre otros factores. Desde COPENOA expresamos nuestra preocupación por esta situación de desertificación que se acelera a pasos agigantados y pone en peligro la vida tanto de seres humanos como la de todo el ecosistema de la región sin que las autoridades responsables se hagan cargo de sus obligaciones al respecto y cesen con el avance criminal de desmontes.
Fecha de Publicación: 12/07/2011
Fuente: InfoAmbiente
Provincia/Región: Salta - Tucumán y Santiago del Estero
En concordancia con los resultados a que arribara la Unidad de Manejo del Sistema de Evaluación Forestal sobre Pérdida de Bosque Nativo en el Norte de Argentina correspondiente a Diciembre 2007 – Octubre 2008 , un grupo de investigadores de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional de Santiago del Estero advierten sobre el proceso de desertificacíón y estudian desde 1975 a la fecha la extensa zona denominada Chaco argentino o región neotropical, formada por Santiago del Estero, este de Salta y este de Tucumán, y llega, en su límite inferior, hasta La Rioja y Catamarca.
Según el responsable de la investigación, el Ingeniero Forestal Pedro Boleta, desde aproximadamente 1970, en el Chaco seco argentino hubo sobreexplotación del bosque, como consecuencia de la práctica indiscriminada de desmonte y de la tala rasa con topadoras. Esto provocó alteraciones irreversibles en el suelo. Entre esas alteraciones está la desertificación de lo que antes fueran tierras fértiles. La desertificación es la degradación de la tierra en regiones áridas, semiáridas y subhúmedas secas, resultante de diversos factores, incluso variaciones climáticas y actividades humanas. Ésta es la definición internacional del fenómeno de la desertificación establecida por la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, aprobada en París, el 17 de Junio de 1994 (fecha conmemorada desde entonces como día internacional de lucha contra la desertificación).
Los investigadores santiagueños documentaron su trabajo con fotografías de las diferentes degradaciones que sufre el ecosistema. Los efectos de la degradación tienen su causa en la acción humana no conservacionista que realiza talas y desmontes de extensas zonas y acrecientan el riesgo climático de la desertificación.
El área estudiada está incluida en la región neotropical, conformada por varias provincias: casi la totalidad de Santiago del Estero, este de Salta y este de Tucumán, y llega, en su límite inferior, hasta La Rioja y Catamarca. El estudio se realiza en una porción de este gran distrito fitogeográfico, circunscripto a la superficie ocupada por el departamento Moreno, en la provincia de Santiago del Estero. Se consideran, además, localidades vecinas de los departamentos colindantes y algunas limítrofes de las provincias del Chaco, Santa Fe y Tucumán. Esta área tiene un clima subhúmedo seco y semiárido que se caracteriza por tener un fuerte déficit hídrico debido a las escasas o nulas precipitaciones y una fuerte demanda hídrica de la atmósfera por las altas temperaturas, que agrava aún más la situación ambiental.
En este tipo de climas la eliminación de la cobertura vegetal con topadoras que perturban la estructura del suelo es uno de los principales factores que activan la desertificación. En general, hasta hace poco tiempo, el laboreo del suelo desmontado para cultivos anuales se realizaba mediante el uso de maquinaria y tecnología empleadas en la Pampa húmeda, lo que provocaba la remoción del suelo, alterando su estructura y quedando expuesto a los fuertes vientos, calientes y desecantes de fines de invierno y comienzos de primavera. Esta situación provocaba la erosión eólica en las ‘tormentas de tierra’”. Por otra parte, entre los factores que favorecen el fenómeno de la desertificación, el investigador señaló que, en los últimos tiempos, comenzó a incrementarse la siembra directa que aunque atenúa el daño, sigue siendo dañina.
Por su parte, la Unidad de Manejo del Sistema de Evaluación Forestal en su Informe sobre Pérdida de Bosque Nativo en el Norte de Argentina correspondiente a Diciembre 2007 – Octubre 2008 , pone en evidencia la existencia de deforestación en el período comprendido entre la sanción de la Ley Nº 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos y el presente, a pesar de la prohibición de desmontes estipulada en el Artículo 8 de dicha ley.
Dentro del área de estudio una superficie de aproximadamente 136.000 ha corresponde a desmontes realizados en el período de prohibición.
En las provincias de Salta y Jujuy, las áreas desmontadas corresponden a la transición entre las regiones Parque Chaqueño y Selva Tucumano Boliviana, ocupando principalmente el pedemonte. En las provincias de Santiago del Estero y Chaco, la deforestación se localiza en el límite entre ambas que históricamente ha presentado unuso tradicionalmente agrícola. A su vez, hacia el centro de la provincia de Santiago del Estero se evidencian áreas deforestadas principalmente para uso ganadero debido a las restricciones hídricas en esta zona. Asimismo, el mismo patrón se observa en la zona del Impenetrable en la provincia del Chaco donde las condiciones climáticas tampoco son propicias para la agricultura.
Sostiene que el área de estudio presentó en los últimos 10años los registros de deforestación más importantes del país. Este hecho se evidencia a partir de los datos de los períodos 1998-2002 y 2002-2006 que corresponden al monitoreo de bosque nativo que realiza cada cuatro años la Unidad de Manejo del Sistema de Evaluación Forestal (UMSEF) dependiente de la Dirección de Bosques de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación Argentina .
Asimismo destaca una tendencia en la pérdida de bosque nativo debida al aumento de la deforestación. En este sentido, la superficie de bosque disminuyó entre 1998 y 2002 y aún con mayor intensidad entre los años 2002 y 2006. Luego, en el período previo a la sanción de la Ley Nº 26.331, el proceso de deforestación se intensificó notablemente y por último, a pesar de la sanción de la misma, se registraron desmontes. Es decir, que si bien en el período 2007-2008 disminuyó la intensidad de la deforestación en relación al período anterior, dicho proceso no dejó de ocurrir y superó el valor correspondiente al período 1998-2002.
Agrega que en las provincias analizadas los procesos de pérdida de superficie de bosque fueron causados principalmente por el avance de la frontera agropecuaria. Las imágenes satelitales ponen de manifiesto la existencia de nuevos cultivos, que en varias oportunidades corresponden a soja. En este análisis también se consideraron como áreas deforestadas a aquellas donde se producen técnicas de desarbustado o desbarejado dado que estos sitios pierden su funcionamiento como ecosistema de bosque al no tenerse en cuenta la regeneración del mismo entre otros factores. Desde COPENOA expresamos nuestra preocupación por esta situación de desertificación que se acelera a pasos agigantados y pone en peligro la vida tanto de seres humanos como la de todo el ecosistema de la región sin que las autoridades responsables se hagan cargo de sus obligaciones al respecto y cesen con el avance criminal de desmontes.
Se reúne el Comité de Cuenca del Salí-Dulce
Por la contaminación en el Salí-Dulce, se reúne el Comité de Cuenca en Santiago
Fecha de Publicación: 12/07/2011
Fuente: El Diario 24
Provincia/Región: Tucumán - Santiago del Estero - Córdoba - Catamarca y Salta
En el marco de las causas judiciales que se llevan adelante contra sendos empresarios tucumanos por la contaminación de la Cuenca Salí-Dulce, el Comité de Cuenca se reunirá el miércoles en Santiago del Estero con el objetivo de continuar discutiendo sobre la problemática que afecta, principalmente, al embalse de Termas de Río Hondo.
De la reunión participarán el secretario de Medio Ambiente de nuestra provincia, Alfredo Montalván, y varios funcionarios del área de Santiago, Córdoba Catamarca y Salta.
El Comité de Cuenca, según se informó, “continuará analizando y debatiendo las acciones conjuntas y coordinadas que se abordan tendientes a facilitar una gestión eficiente, equitativa y sustentable de las aguas de la Cuenca de los ríos Salí-Dulce”.
La reunión tendrá lugar en medio de una fuerte embestida de la vecina provincia de Santiago y de la Justicia Federal con asiento en esa provincia y en Tucumán, en contra las industrias locales (ingenios, citrícolas, papeleras), sindicadas como principales responsables por la contaminación de los cauces tributarios del río Salí que, a su vez, daña las aguas del dique El Frontal.
Fecha de Publicación: 12/07/2011
Fuente: El Diario 24
Provincia/Región: Tucumán - Santiago del Estero - Córdoba - Catamarca y Salta
En el marco de las causas judiciales que se llevan adelante contra sendos empresarios tucumanos por la contaminación de la Cuenca Salí-Dulce, el Comité de Cuenca se reunirá el miércoles en Santiago del Estero con el objetivo de continuar discutiendo sobre la problemática que afecta, principalmente, al embalse de Termas de Río Hondo.
De la reunión participarán el secretario de Medio Ambiente de nuestra provincia, Alfredo Montalván, y varios funcionarios del área de Santiago, Córdoba Catamarca y Salta.
El Comité de Cuenca, según se informó, “continuará analizando y debatiendo las acciones conjuntas y coordinadas que se abordan tendientes a facilitar una gestión eficiente, equitativa y sustentable de las aguas de la Cuenca de los ríos Salí-Dulce”.
La reunión tendrá lugar en medio de una fuerte embestida de la vecina provincia de Santiago y de la Justicia Federal con asiento en esa provincia y en Tucumán, en contra las industrias locales (ingenios, citrícolas, papeleras), sindicadas como principales responsables por la contaminación de los cauces tributarios del río Salí que, a su vez, daña las aguas del dique El Frontal.
Glifosato: científicos comprueban efectos nocivos
Glifosato: científicos comprobaron sus efectos nocivos en arroyos y lagunas
Fecha de Publicación: 12/07/2011
Fuente: UBA
Provincia/Región: Nacional
Un equipo de investigadoras demostraron que el herbicida inhibe el crecimiento y la producción de clorofila en las algas que habitan cursos de agua y que son la base de la cadena alimentaria de los peces y otros animales.
Los herbicidas y pesticidas que se aplican en el campo suelen ser arrastrados por el viento hacia arroyos y lagunas, poniendo en riesgo la vida que allí se desarrolla, como el conjunto de algas (fitoplancton) que viven dispersas en el agua y efectúan fotosíntesis.
Esas algas forman la base de la cadena alimentaria, y son el alimento de los peces y otros habitantes de esos cursos de agua.
Un equipo de investigadoras de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEyN) de la UBA probó en un alga cuál es el efecto de una de las formulaciones más usadas de glifosato, que se aplica en la Pampa húmeda para el control de las malezas. La acción de este herbicida, que se emplea especialmente en los cultivos de soja resistente al compuesto, consiste en inhibir la producción de una enzima que participa en la fabricación de proteínas fundamentales para la vida de la planta.
Se creía que los organismos que no poseen esa enzima, como por ejemplo los animales, no se verían afectados por la toxicidad del compuesto. Sin embargo, los investigadores demostraron que el compuesto produce efectos que también alcanzan a los organismos que no son el blanco del herbicida.
“Expusimos una cepa del alga unicelular Chlorella kessleri a una dosis de glifosato, y tras 96 horas observamos que se inhibía el crecimiento celular”, explica la doctora María del Carmen Ríos de Molina, investigadora del CONICET y directora del Laboratorio de Enzimología, Estrés y Metabolismo (LEEM) de la FCEyN.
La cepa del alga fue aislada de una laguna de aguas muy ácidas, y mostró alta tolerancia a ciertos pesticidas y metales como el cromo y el cobre. Sin embargo, no pudo hacer frente al glifosato.
“Lo primero que vimos fue una caída en la producción de clorofila”, relata Ríos de Molina, y agrega: “Creemos que, en general, el efecto en los organismos que no son el blanco del herbicida se debe a mecanismos diferentes a lo que sucede en las malezas”. Por ello, las investigadoras postularon que la causa podría residir en la generación de sustancias muy reactivas que atacan a las proteínas celulares y al ADN. Es lo que se denomina estrés oxidativo.
Para confirmar si fue eso lo que inhibió el crecimiento del alga, se midió el contenido de clorofila y de proteínas, así como los niveles de las enzimas antioxidantes.
“Todos los parámetros de estrés oxidativo estaban alterados”, confirma Delfina Romero, primera autora del trabajo publicado en Ecotoxicology and Environmental Safety, realizado bajo la dirección conjunta de las doctoras Ríos de Molina y Ángela Juárez, docente del Departamento de Biodiversidad y Biología Experimental de la FCEyN y miembro del LEEM.
Las investigadoras confirmaron el efecto tóxico del herbicida, porque midieron una mayor producción de enzimas antioxidantes y una disminución de la clorofila.
Luego de haber demostrado las consecuencias letales del glifosato en un alga, los investigadores actualmente analizan bivalvos, para determinar qué les pasa cuando se alimentan de fitoplancton que ha sufrido la acción del herbicida. Las etiquetas de los envases del glifosato suelen afirmar que el producto es inocuo para los animales. Sin embargo, muchos organismos se alimentan de plantas y algas que pueden estar afectadas.
Por ello, Ríos de Molina advierte: “La legislación no contempla los fenómenos a largo plazo de los herbicidas y pesticidas, ni la acu- mulación y magnificación de efectos, y tampoco las consecuencias de la acción conjunta de diferentes contaminantes”.
Estudio en poblaciones
La doctora María del Carmen Ríos de Molina dirige un proyecto que acaba de ponerse en marcha y que tiene como objetivo evaluar el efecto del glifosato en la población que vive en las áreas que son fumigadas regularmente con glifosato, en par ticular en los alrededores de la ciudad de Gualeguaychú, Entre Ríos.
Se trata de un trabajo multidisciplinario, financiado por el programa UBANEX, de la Secretaría de Extensión de la Universidad de Buenos Aires.
Fecha de Publicación: 12/07/2011
Fuente: UBA
Provincia/Región: Nacional
Un equipo de investigadoras demostraron que el herbicida inhibe el crecimiento y la producción de clorofila en las algas que habitan cursos de agua y que son la base de la cadena alimentaria de los peces y otros animales.
Los herbicidas y pesticidas que se aplican en el campo suelen ser arrastrados por el viento hacia arroyos y lagunas, poniendo en riesgo la vida que allí se desarrolla, como el conjunto de algas (fitoplancton) que viven dispersas en el agua y efectúan fotosíntesis.
Esas algas forman la base de la cadena alimentaria, y son el alimento de los peces y otros habitantes de esos cursos de agua.
Un equipo de investigadoras de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEyN) de la UBA probó en un alga cuál es el efecto de una de las formulaciones más usadas de glifosato, que se aplica en la Pampa húmeda para el control de las malezas. La acción de este herbicida, que se emplea especialmente en los cultivos de soja resistente al compuesto, consiste en inhibir la producción de una enzima que participa en la fabricación de proteínas fundamentales para la vida de la planta.
Se creía que los organismos que no poseen esa enzima, como por ejemplo los animales, no se verían afectados por la toxicidad del compuesto. Sin embargo, los investigadores demostraron que el compuesto produce efectos que también alcanzan a los organismos que no son el blanco del herbicida.
“Expusimos una cepa del alga unicelular Chlorella kessleri a una dosis de glifosato, y tras 96 horas observamos que se inhibía el crecimiento celular”, explica la doctora María del Carmen Ríos de Molina, investigadora del CONICET y directora del Laboratorio de Enzimología, Estrés y Metabolismo (LEEM) de la FCEyN.
La cepa del alga fue aislada de una laguna de aguas muy ácidas, y mostró alta tolerancia a ciertos pesticidas y metales como el cromo y el cobre. Sin embargo, no pudo hacer frente al glifosato.
“Lo primero que vimos fue una caída en la producción de clorofila”, relata Ríos de Molina, y agrega: “Creemos que, en general, el efecto en los organismos que no son el blanco del herbicida se debe a mecanismos diferentes a lo que sucede en las malezas”. Por ello, las investigadoras postularon que la causa podría residir en la generación de sustancias muy reactivas que atacan a las proteínas celulares y al ADN. Es lo que se denomina estrés oxidativo.
Para confirmar si fue eso lo que inhibió el crecimiento del alga, se midió el contenido de clorofila y de proteínas, así como los niveles de las enzimas antioxidantes.
“Todos los parámetros de estrés oxidativo estaban alterados”, confirma Delfina Romero, primera autora del trabajo publicado en Ecotoxicology and Environmental Safety, realizado bajo la dirección conjunta de las doctoras Ríos de Molina y Ángela Juárez, docente del Departamento de Biodiversidad y Biología Experimental de la FCEyN y miembro del LEEM.
Las investigadoras confirmaron el efecto tóxico del herbicida, porque midieron una mayor producción de enzimas antioxidantes y una disminución de la clorofila.
Luego de haber demostrado las consecuencias letales del glifosato en un alga, los investigadores actualmente analizan bivalvos, para determinar qué les pasa cuando se alimentan de fitoplancton que ha sufrido la acción del herbicida. Las etiquetas de los envases del glifosato suelen afirmar que el producto es inocuo para los animales. Sin embargo, muchos organismos se alimentan de plantas y algas que pueden estar afectadas.
Por ello, Ríos de Molina advierte: “La legislación no contempla los fenómenos a largo plazo de los herbicidas y pesticidas, ni la acu- mulación y magnificación de efectos, y tampoco las consecuencias de la acción conjunta de diferentes contaminantes”.
Estudio en poblaciones
La doctora María del Carmen Ríos de Molina dirige un proyecto que acaba de ponerse en marcha y que tiene como objetivo evaluar el efecto del glifosato en la población que vive en las áreas que son fumigadas regularmente con glifosato, en par ticular en los alrededores de la ciudad de Gualeguaychú, Entre Ríos.
Se trata de un trabajo multidisciplinario, financiado por el programa UBANEX, de la Secretaría de Extensión de la Universidad de Buenos Aires.
2011, con déficit energético
2011, con déficit energético por primera vez en años
Fecha de Publicación: 11/07/2011
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
En los últimos 12 meses, el desequilibrio alcanzó los U$S 21 millones. Y en los primeros cinco meses del año, el rojo acumulado fue de U$S 432 millones.
Buenos Aires. La balanza comercial en el sector combustibles registró en los primeros cinco meses del año un déficit de 432 millones de dólares, según un informe de Ieral, el instituto de estudios de la Fundación Mediterránea.
“Todo indica que este año el resultado de la balanza comercial energética será negativo por primera vez en mucho tiempo”, advirtió el informe.
Si se analiza el comportamiento de los últimos 12 meses, el intercambio comercial del rubro combustibles verificó un saldo negativo de 21 millones de dólares.
“Luego de muchos años de saldo comercial positivo, que incluso llegó a superar los 6.000 millones de dólares a mediados de 2006, el sector presenta un importante deterioro”, alertó el estudio.
Según detalló, por el lado de las exportaciones de combustibles, los tres primeros meses del año se ubicaron en un nivel intermedio entre las ventas en dólares de 2009 y 2010. “Sin embargo, abril y mayo marcaron una importante diferencia, incluso ubicándose por debajo de 2009, que se caracterizó por una reducción en el comercio en general por la crisis mundial”, destacó.
En cuanto a las importaciones del sector, precisó que “en lo que va de 2011 se registra un fuerte incremento respecto de 2010, tanto por mayores precios (27 por ciento) como por mayores cantidades compradas (64 por ciento)”.
Así, las exportaciones en los primeros cinco meses del año verificaron un descenso de 10 por ciento interanual, mientras que las importaciones son un 108 por ciento superior en dólares.
En tanto, la escasez de combustibles genera complicaciones en varios sectores productivos del país. En Corrientes, el subsecretario de la Producción, Cristian Vilas, calificó de “preocupante” el panorama ya que se complica el inicio de la campaña arrocera por falta de gasoil.
En San Juan, ayer empezó a regir una suba en las tarifas de colectivos, en parte a raíz de la supresión parcial del subsidio al gasoil para las empresas.
Así, el boleto escolar se elevó de 70 a 75 centavos, mientras la tarifa general mínima pasó de 1,75 peso a 2 pesos.
Fecha de Publicación: 11/07/2011
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
En los últimos 12 meses, el desequilibrio alcanzó los U$S 21 millones. Y en los primeros cinco meses del año, el rojo acumulado fue de U$S 432 millones.
Buenos Aires. La balanza comercial en el sector combustibles registró en los primeros cinco meses del año un déficit de 432 millones de dólares, según un informe de Ieral, el instituto de estudios de la Fundación Mediterránea.
“Todo indica que este año el resultado de la balanza comercial energética será negativo por primera vez en mucho tiempo”, advirtió el informe.
Si se analiza el comportamiento de los últimos 12 meses, el intercambio comercial del rubro combustibles verificó un saldo negativo de 21 millones de dólares.
“Luego de muchos años de saldo comercial positivo, que incluso llegó a superar los 6.000 millones de dólares a mediados de 2006, el sector presenta un importante deterioro”, alertó el estudio.
Según detalló, por el lado de las exportaciones de combustibles, los tres primeros meses del año se ubicaron en un nivel intermedio entre las ventas en dólares de 2009 y 2010. “Sin embargo, abril y mayo marcaron una importante diferencia, incluso ubicándose por debajo de 2009, que se caracterizó por una reducción en el comercio en general por la crisis mundial”, destacó.
En cuanto a las importaciones del sector, precisó que “en lo que va de 2011 se registra un fuerte incremento respecto de 2010, tanto por mayores precios (27 por ciento) como por mayores cantidades compradas (64 por ciento)”.
Así, las exportaciones en los primeros cinco meses del año verificaron un descenso de 10 por ciento interanual, mientras que las importaciones son un 108 por ciento superior en dólares.
En tanto, la escasez de combustibles genera complicaciones en varios sectores productivos del país. En Corrientes, el subsecretario de la Producción, Cristian Vilas, calificó de “preocupante” el panorama ya que se complica el inicio de la campaña arrocera por falta de gasoil.
En San Juan, ayer empezó a regir una suba en las tarifas de colectivos, en parte a raíz de la supresión parcial del subsidio al gasoil para las empresas.
Así, el boleto escolar se elevó de 70 a 75 centavos, mientras la tarifa general mínima pasó de 1,75 peso a 2 pesos.
Carrera por la conservación de especies
Carrera por la conservación de especies
Fecha de Publicación: 10/07/2011
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Dave Chamberlain busca que se tome conciencia sobre el peligro que corren el yaguareté, en la Argentina, y el rinoceronte, en Africa
Dave Chamberlain está a punto de emprender la mayor aventura de su vida, pero lo que representaría un desafío sin precedente para la mayoría de las personas, recorrer los 5224 kilómetros de la ruta 40, desde La Quiaca a Río Gallegos, para él no lo es. "Cualquiera puede hacerlo", afirma Chamberlain, un sudafricano de 34 años que todavía no logra ubicarse en Buenos Aires. "Yo no tengo el físico de un corredor de fondo, por lo cual no es mi intención batir récords."
El sudafricano tiene como objetivo correr un promedio de 26 kilómetros por día en un periplo que lo llevará a atravesar 20 parques nacionales, cruzar 18 ríos de los más importantes del país y experimentar alturas de hasta 5000 metros sobre el nivel del mar.
El viaje lo realizará a bordo de un motorhome con dos compañeras, Marilu Matthee, su compatriota de 30 años que lo acompañará en el asfalto; y Mariana Courtney, mexicana, que estará a cargo de manejar el vehículo además de retratar la hazaña con fotos y videos.
Durante el trayecto, Chamberlain ayudará a difundir el proyecto de La Fundación Vida Silvestre Argentina para crear conciencia del peligro en extinción en que se encuentra el yaguareté. Y también difundirá los peligros que corre el rinoceronte africano como especie de su continente.
"Tenía planes para ir a las islas Maldivas en enero pasado, para enseñar submarinismo, pero perdí mi pasaporte", confiesa con una sonrisa. "Mientras realizaba los trámites para sacar otro, mi mamá me propuso correr junto a toda la familia la Maratón de la Antártida en la isla Rey Jorge para festejar su cumpleaños, en marzo. Así que miré el mapa del mundo, vi que la ruta 40 atraviesa la Argentina de punta a punta y decidí llevar adelante este proyecto antes de reencontrarme con ellos."
El recorrido por la ruta 40 comenzaría a fines de este mes y el plazo que se ha puesto Chamberlain es llegar a Río Gallegos al concluir febrero.
Para este hombre de 34 años, oriundo de la ciudad de Pretoria, todo es posible en la vida. Aunque cuenta con un bajo presupuesto y no se entrenó demasiado, el espíritu que persigue la carrera es otro: "No es tan difícil correr 26 kilómetros por día. Además, me parece una buena iniciativa mostrar que este desafío puede ser realizado por cualquier persona". Su único objetivo: concientizar, a través de su aventura, sobre el peligro de dos especies que peligran en su país y en la Argentina.
En el continente americano se estima que quedan entre 7000 y 15.000 yaguaretés, de los cuales se conservan menos de 200 en las provincias de Chaco, Formosa, Jujuy, Salta, Santiago del Estero y Misiones.
Poco más de un siglo atrás, esta especie llegaba hasta la provincia de Buenos Aires, pero hoy se encuentra recluida en los sitios menos alterados del norte de nuestro país.
La pérdida de su hábitat, selva y bosque, como consecuencia de la deforestación; su caza ilegal o la caza indiscriminada de sus presas y los conflictos con animales domésticos afectan su supervivencia.
Fecha de Publicación: 10/07/2011
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Dave Chamberlain busca que se tome conciencia sobre el peligro que corren el yaguareté, en la Argentina, y el rinoceronte, en Africa
Dave Chamberlain está a punto de emprender la mayor aventura de su vida, pero lo que representaría un desafío sin precedente para la mayoría de las personas, recorrer los 5224 kilómetros de la ruta 40, desde La Quiaca a Río Gallegos, para él no lo es. "Cualquiera puede hacerlo", afirma Chamberlain, un sudafricano de 34 años que todavía no logra ubicarse en Buenos Aires. "Yo no tengo el físico de un corredor de fondo, por lo cual no es mi intención batir récords."
El sudafricano tiene como objetivo correr un promedio de 26 kilómetros por día en un periplo que lo llevará a atravesar 20 parques nacionales, cruzar 18 ríos de los más importantes del país y experimentar alturas de hasta 5000 metros sobre el nivel del mar.
El viaje lo realizará a bordo de un motorhome con dos compañeras, Marilu Matthee, su compatriota de 30 años que lo acompañará en el asfalto; y Mariana Courtney, mexicana, que estará a cargo de manejar el vehículo además de retratar la hazaña con fotos y videos.
Durante el trayecto, Chamberlain ayudará a difundir el proyecto de La Fundación Vida Silvestre Argentina para crear conciencia del peligro en extinción en que se encuentra el yaguareté. Y también difundirá los peligros que corre el rinoceronte africano como especie de su continente.
"Tenía planes para ir a las islas Maldivas en enero pasado, para enseñar submarinismo, pero perdí mi pasaporte", confiesa con una sonrisa. "Mientras realizaba los trámites para sacar otro, mi mamá me propuso correr junto a toda la familia la Maratón de la Antártida en la isla Rey Jorge para festejar su cumpleaños, en marzo. Así que miré el mapa del mundo, vi que la ruta 40 atraviesa la Argentina de punta a punta y decidí llevar adelante este proyecto antes de reencontrarme con ellos."
El recorrido por la ruta 40 comenzaría a fines de este mes y el plazo que se ha puesto Chamberlain es llegar a Río Gallegos al concluir febrero.
Para este hombre de 34 años, oriundo de la ciudad de Pretoria, todo es posible en la vida. Aunque cuenta con un bajo presupuesto y no se entrenó demasiado, el espíritu que persigue la carrera es otro: "No es tan difícil correr 26 kilómetros por día. Además, me parece una buena iniciativa mostrar que este desafío puede ser realizado por cualquier persona". Su único objetivo: concientizar, a través de su aventura, sobre el peligro de dos especies que peligran en su país y en la Argentina.
En el continente americano se estima que quedan entre 7000 y 15.000 yaguaretés, de los cuales se conservan menos de 200 en las provincias de Chaco, Formosa, Jujuy, Salta, Santiago del Estero y Misiones.
Poco más de un siglo atrás, esta especie llegaba hasta la provincia de Buenos Aires, pero hoy se encuentra recluida en los sitios menos alterados del norte de nuestro país.
La pérdida de su hábitat, selva y bosque, como consecuencia de la deforestación; su caza ilegal o la caza indiscriminada de sus presas y los conflictos con animales domésticos afectan su supervivencia.
Riachuelo: mudanza lenta
Riachuelo: en tres años sólo mudaron al 0,32% de las personas de la ribera
Fecha de Publicación: 09/07/2011
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Capital - Buenos Aires
Muy pocas cosas se acataron de la orden de saneamiento dispuesta por la Corte Suprema
Dos secretarios de Estado, 100.000 toneladas de basura recogidas de las márgenes, 258 resoluciones judiciales, $ 55.000 de multas a funcionarios y apenas el 0,32 por ciento de viviendas prometidas son algunas de las cifras que muestra el largamente demorado proceso de saneamiento del Riachuelo, ordenado por la Corte Suprema de Justicia hace tres años.
Sobre los plazos establecidos en aquel fallo, cabe decir que están todos incumplidos. Y no es que falle el accionar de la Justicia -se celebraron más de 584 audiencias, se emitieron 2052 cédulas y la causa ya cuenta con 29.011 fojas-, pero la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar) apenas comenzó a funcionar acabadamente hace un año.
La gran deuda, además del saneamiento del río, claramente es la salud. Todavía hoy no se sabe cuál es el universo de enfermedades que hay en la cuenca por causa de la contaminación ni su distribución geográfica.
En 2008, el máximo tribunal dispuso un plazo de 90 días para la confección de un mapa sociodemográfico que determine la población en situación de riesgo y, en un período posterior de 60 días, poner en marcha un programa sanitario para la población afectada.
Tampoco se produjeron avances en la mudanza del Polo Petroquímico de Dock Sud, prometida desde 2004.
A principios de este año, en enero, el ministro de Economía de la Nación, Amado Boudou, anunció que se dispondrían 3173 millones de pesos para la construcción de 17.771 viviendas sociales para la Cuenca Matanza-Riachuelo. De ese universo, 2500 son viviendas en la Capital.
Seis meses después de ese anuncio, se entregaron 58 casas: se mudaron 18 familias en Avellaneda; 10, en Lomas de Zamora, y 30, en el asentamiento Luján, en la ciudad de Buenos Aires. Todas estas mudanzas son las necesarias para dejar libre el camino de sirga, el espacio donde deben empezar las construcciones. Cabe recordar que el juez federal de Quilmes, Luis Armella, que ejecuta el fallo de la Corte, estableció plazos definitivos para las mudanzas de todos los asentamientos, entre los que se encuentran las villas 21-24 y 26 de la Capital. El plazo es 2013.
Por retrasar esa mudanza y haber permitido la ocupación de un complejo de viviendas, Armella multó con $ 35.000 a Cristina Camaño, secretaria de Seguridad de la Nación. La funcionaria apeló el fallo. Fuentes con acceso al expediente indicaron que hay muchas viviendas en construcción y que se espera que las mudanzas aumenten desde 2012.
Sirga y buques hundidos
El avance en la liberación del camino de sirga es uno de los puntos que más destacan los funcionarios, a la hora de hablar del proceso de saneamiento. Hasta hoy, se liberó la sirga en Avellaneda y buena parte del camino en Lanús, en la Capital y en Lomas de Zamora. En este último distrito, se adeuda la relocalización de la feria La Saladita.
En todo este proceso, se concretó la erradicación total de los 60 buques y sus cascos que permanecían hundidos en las pestilentes aguas del Riachuelo.
"Durante el último año, se notan algunos aspectos positivos que se orientan a lograr una mejora de la situación de la cuenca, como el incremento de la tarea de fiscalización industrial, el avanzado en el despeje del borde de sirga del Riachuelo y una evidente mejora en la limpieza de las márgenes. Sin embargo, existen notables falencias en lo que hace al control de los vertidos en los más de 340 basurales a cielo abierto, donde se han saneado menos del 10 por ciento", dijo a La Nacion Andrés Nápoli, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales.
Respecto de los basurales, por ejemplo, la Corte había dispuesto 180 días de plazo para su eliminación. No sólo la mayoría de ellos persiste, sino que todavía no se ha concretado ninguna acción sobre la localización de las personas que habitan en ellos. Por esta falta, entre otras, se multó al ex secretario de Ambiente, Homero Bibiloni, con 20.000 pesos.
El adjunto del defensor del Pueblo, Anselmo Sella, opinó: "Se deben redoblar esfuerzos en una política ambiental que garantice la vigencia de los derechos humanos en la cuenca". Ese defensor encabeza el Cuerpo Colegiado, encargado de supervisar el proceso del saneamiento del Riachuelo junto con un grupo de ONG, entre las que se encuentran FARN y Greenpeace.
El secretario de Ambiente y Recursos Naturales de la Nación, Juan José Mussi, quien aseguró que en seis años se verá un avance en el saneamiento del río, ayer no quiso hacer declaraciones tras ser consultado por La Nacion. Respecto de las industrias, por ejemplo, la Corte había ordenado que se presente el inventario de empresas radicadas en la cuenca y las muestras de calidad de aire, de agua y de suelo, en septiembre de 2008.
Fecha de Publicación: 09/07/2011
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Capital - Buenos Aires
Muy pocas cosas se acataron de la orden de saneamiento dispuesta por la Corte Suprema
Dos secretarios de Estado, 100.000 toneladas de basura recogidas de las márgenes, 258 resoluciones judiciales, $ 55.000 de multas a funcionarios y apenas el 0,32 por ciento de viviendas prometidas son algunas de las cifras que muestra el largamente demorado proceso de saneamiento del Riachuelo, ordenado por la Corte Suprema de Justicia hace tres años.
Sobre los plazos establecidos en aquel fallo, cabe decir que están todos incumplidos. Y no es que falle el accionar de la Justicia -se celebraron más de 584 audiencias, se emitieron 2052 cédulas y la causa ya cuenta con 29.011 fojas-, pero la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar) apenas comenzó a funcionar acabadamente hace un año.
La gran deuda, además del saneamiento del río, claramente es la salud. Todavía hoy no se sabe cuál es el universo de enfermedades que hay en la cuenca por causa de la contaminación ni su distribución geográfica.
En 2008, el máximo tribunal dispuso un plazo de 90 días para la confección de un mapa sociodemográfico que determine la población en situación de riesgo y, en un período posterior de 60 días, poner en marcha un programa sanitario para la población afectada.
Tampoco se produjeron avances en la mudanza del Polo Petroquímico de Dock Sud, prometida desde 2004.
A principios de este año, en enero, el ministro de Economía de la Nación, Amado Boudou, anunció que se dispondrían 3173 millones de pesos para la construcción de 17.771 viviendas sociales para la Cuenca Matanza-Riachuelo. De ese universo, 2500 son viviendas en la Capital.
Seis meses después de ese anuncio, se entregaron 58 casas: se mudaron 18 familias en Avellaneda; 10, en Lomas de Zamora, y 30, en el asentamiento Luján, en la ciudad de Buenos Aires. Todas estas mudanzas son las necesarias para dejar libre el camino de sirga, el espacio donde deben empezar las construcciones. Cabe recordar que el juez federal de Quilmes, Luis Armella, que ejecuta el fallo de la Corte, estableció plazos definitivos para las mudanzas de todos los asentamientos, entre los que se encuentran las villas 21-24 y 26 de la Capital. El plazo es 2013.
Por retrasar esa mudanza y haber permitido la ocupación de un complejo de viviendas, Armella multó con $ 35.000 a Cristina Camaño, secretaria de Seguridad de la Nación. La funcionaria apeló el fallo. Fuentes con acceso al expediente indicaron que hay muchas viviendas en construcción y que se espera que las mudanzas aumenten desde 2012.
Sirga y buques hundidos
El avance en la liberación del camino de sirga es uno de los puntos que más destacan los funcionarios, a la hora de hablar del proceso de saneamiento. Hasta hoy, se liberó la sirga en Avellaneda y buena parte del camino en Lanús, en la Capital y en Lomas de Zamora. En este último distrito, se adeuda la relocalización de la feria La Saladita.
En todo este proceso, se concretó la erradicación total de los 60 buques y sus cascos que permanecían hundidos en las pestilentes aguas del Riachuelo.
"Durante el último año, se notan algunos aspectos positivos que se orientan a lograr una mejora de la situación de la cuenca, como el incremento de la tarea de fiscalización industrial, el avanzado en el despeje del borde de sirga del Riachuelo y una evidente mejora en la limpieza de las márgenes. Sin embargo, existen notables falencias en lo que hace al control de los vertidos en los más de 340 basurales a cielo abierto, donde se han saneado menos del 10 por ciento", dijo a La Nacion Andrés Nápoli, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales.
Respecto de los basurales, por ejemplo, la Corte había dispuesto 180 días de plazo para su eliminación. No sólo la mayoría de ellos persiste, sino que todavía no se ha concretado ninguna acción sobre la localización de las personas que habitan en ellos. Por esta falta, entre otras, se multó al ex secretario de Ambiente, Homero Bibiloni, con 20.000 pesos.
El adjunto del defensor del Pueblo, Anselmo Sella, opinó: "Se deben redoblar esfuerzos en una política ambiental que garantice la vigencia de los derechos humanos en la cuenca". Ese defensor encabeza el Cuerpo Colegiado, encargado de supervisar el proceso del saneamiento del Riachuelo junto con un grupo de ONG, entre las que se encuentran FARN y Greenpeace.
El secretario de Ambiente y Recursos Naturales de la Nación, Juan José Mussi, quien aseguró que en seis años se verá un avance en el saneamiento del río, ayer no quiso hacer declaraciones tras ser consultado por La Nacion. Respecto de las industrias, por ejemplo, la Corte había ordenado que se presente el inventario de empresas radicadas en la cuenca y las muestras de calidad de aire, de agua y de suelo, en septiembre de 2008.
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