Para Mussi, Tucumán "hace las cosas bien"
Para Mussi, Tucumán "hace las cosas bien" en materia ambiental
Fecha de Publicación: 08/07/2011
Fuente: El Libertario
Provincia/Región: Santiago del Estero - Tucumán
“Estamos trabajando con esta provincia (por Tucumán) para seguir avanzando en el cuidado y responsabilidad del medio ambiente. Me voy con la convicción de que acá se están haciendo las cosas bien”, aseguró el secretario de Ambiente de la Nación, Juan José Mussi, durante la firma de otorgamiento de créditos, en el marco del Programa de Reconversión Industrial (PRI), para citrícolas tucumanas que se comprometen a no contaminar la cuenca Salí-Dulce.
El funcionario nacional consideró que la provincia avanza a pasos agigantados en materia ambiental, en un acto que compartió con el gobernador José Alperovich.
Luego de visitar la ciudad de Las Termas el último miércoles, Mussi estuvo en la vecina provincia con el fin de profundizar las acciones para la erradicación de los problemas de contaminación, aunque reconoció que la tarea demandará tiempo. “Es la mejor respuesta decir que estamos haciendo, de un día para el otro no se va a resolver”, se sinceró. En ese sentido, comentó que cuando se hizo cargo del organismo nacional, “hablé sobre El Riachuelo, y nosotros hacíamos referencia a cinco o seis años más; ahora estamos firmando convenios con empresas que en 12 a 36 meses van a reconvertir sus industrias”.
Acerca de la problemática ambiental que afecta al Embalse Río Hondo, el funcionario nacional sostuvo que “lo más importante es saber que esto se va a resolver”.
Asimismo señaló que las empresas se han dado cuenta que así no se puede funcionar y que la comunidad se está organizando en torno de esta cosas.”El Estado, las organizaciones, los recursos privados, los recursos ciudadanos, se deben juntar para resolver estas cosas”, indicó en tal sentido.
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Mussi firmó convenios con empresas tucumanas en el marco del Programa de Reconversión Industrial
Fecha de Publicación: 08/07/2011
Fuente: Secretaría de Ambiente
Provincia/Región: Santiago del Estero - Tucumán
“Me voy con la convicción de que acá se están haciendo las cosas bien", aseguró el secretario de Ambiente de la Nación, Juan José Mussi, durante la firma de otorgamiento de créditos para citrícolas tucumanas que se comprometieron a no contaminar la cuenca Salí-Dulce, en el marco del Programa de Reconversión Industrial (PRI). Por este motivo, días atrás, el funcionario visitó la vecina provincia de Santiago del Estero.
“Las empresas se han dado cuenta que así no se puede funcionar y que la comunidad se está organizando; el Estado, las organizaciones, los recursos privados, los recursos ciudadanos, se deben juntar para resolver estas problemáticas", indicó Mussi en un acto realizado en la Casa de Gobierno de Tucumán encabezado por el gobernador José Alperovich, y Secretario de Estado de Medio Ambiente, Alfredo Montalván.
Acerca de la problemática ambiental que afecta al Embalse Río Hondo, el funcionario nacional sostuvo que "lo más importante es saber que esto se va a resolver", aunque es difícil hablar de plazos. “Cuando asumí en la secretaría –dijo Mussi- hablé sobre el Riachuelo, y nosotros hacíamos referencia a cinco o seis años más; ahora estamos firmando convenios con empresas que en 12 a 36 meses van a reconvertir sus industrias".
Mediante la firma del PRI, las empresas San Miguel, Citrusvil, Citromax, COTA, Calsa y Sociedad Aguas del Tucumán accederán a créditos con tasas subsidiadas por la Nación a fin de realizar obras para el tratamiento de sus residuos y evitar de esta forma el vuelco de los desechos a la cuenca Salí-Dulce.
Además, tres empresas recibieron certificados de crédito. Se trata de la Compañía Azucarera Concepción, a la cual le asignaron 7,5 millones de pesos; La Corona, 5,4 millones; y Bioenergía Santa Rosa, 5 millones de pesos. En los próximos 10 días se sumarían una decena de ingenios, según estimó el ministro de Desarrollo Productivo, Jorge Gassenbauer.
Por su parte, según trascendidos de prensa, el gobernador agradeció la predisposición de los industriales tucumanos para avanzar hacia la reconversión. "Es imposible resolver mágicamente los problemas ambientales. Lleva su tiempo", puntualizó en su discurso.
“No es cuestión de cerrar empresas porque sí, es cuestión de darles a las empresas la posibilidad de reconvertir, y aquellas que no tengan esa voluntad, que las debe haber, serán clausuradas definitivamente", concluyó Mussi.
Sobre el final del acto, el titular de la cartera nacional hizo hincapié en la importancia de la educación ambiental desde los más chicos para generar un cambio de hábitos y presentó la IDEA.AR (Iniciativa de Educación Ambiental en Argentina). La misma incluye la publicación y distribución de 350 mil manuales destinados a los tres niveles educativos de todos los colegios del país; conformación de los equipos provinciales; capacitación a formadores, docentes y directivos; y la confección de un sitio web incorporando las tecnologías de la información y la comunicación (TICs) a este proceso educativo.
Según fuentes provinciales, en Tucumán será coordinada por el equipo de Educación Ambiental, integrado por profesionales de Medio Ambiente y del Ministerio de Educación, quienes a su vez capacitarán a los docentes tucumanos.
Santa Catalina : Duro revés para Covelia
Duro revés para Covelia por el predio de Santa Catalina
Fecha de Publicación: 07/07/2011
Fuente: El Día
Provincia/Región: Buenos Aires
Avanzó una ley que declara el lugar como reserva natural y la Justicia frenó la obra que la empresa había iniciado allí
En la mira de la justicia suiza por presuntas maniobras de lavado de dinero, la empresa de recolección de residuos Covelia sufrió ayer un duro revés que le impedirá avanzar con la construcción de un emprendimiento vinculado al traslado de residuos en el predio Santa Catalina, ubicado en Lomas de Zamora y cuya propiedad comparte con la Universidad Nacional de La Plata.
Mientras que en la Legislatura avanzó un proyecto de ley que busca declarar reserva natural ese predio, un juez federal de Quilmes ordenó a la firma -cuya vinculación presunta con el titular de la CGT Hugo Moyano es investigada por la Justicia- frenar las obras que había iniciado allí.
Covelia, que también es investigada por la Justicia bonaerense por presunta extorsión a intendentes por la contratación de sus servicios, adquirió 300 hectáreas de ese predio a la Universidad platense con la intención de construir allí una "base operativa" para el traslado de basura. El proyecto generó la inmediata reacción de organizaciones ambientalistas y vecinos de Lomas de Zamora.
El predio es considerado "el último pulmón verde del Conurbano", y alberga una diversidad de ambientes, con una gran variedad de especias autóctonas de flora y fauna, de acuerdo a la demanda de los ambientalistas Y en ese marco, la empresa, en una misma jornada y por vías distintas, recibió un duro revés para ese proyecto.
Primero, el juez Luis Armella, a cargo del Juzgado Federal de Quilmes, ordenó a la empresa la inmediata paralización de toda obra, construcción o actividad en el Predio y Laguna Santa Catalina y la remoción de todo vehículo, maquinaria y material constructivo que se encuentre en el mismo, así como también la prohibición del ingreso de cualquier vehículo, maquinaria y material.
Así, el magistrado hizo lugar a una medida cautelar en el marco de la causa "Mendoza", donde la Corte Suprema de Justicia ordenara en 2008 la puesta en marcha de un plan integral de saneamiento de esa zona hídrica.
Reserva Natural
Por la tarde, en tanto, el Senado provincial aprobó con modificaciones el proyecto que busca declarar como Reserva Natural al predio. La iniciativa, que ya había sido aprobada por Diputados, generó una dura polémica en la cámara Alta, ya que el oficialismo demoró su tratamiento y durante la sesión anterior el tema fue postergado a última hora.
Las modificaciones, se explicó, apuntan a que la ley tenga una "verdadera ejecución" y compatibilizar las zonas que serán declaradas de paisaje protegido y aquellas que serán reserva natural.
La iniciativa apunta a dejar sin efecto cualquier emprendimiento que pueda generar impacto ambiental, un temor que se acentuó luego de que la casa de altos estudios vendiera parte de esas tierras a la firma Covelia.
"Teníamos algunas dudas y temores con respecto a declarar todo el predio como Reserva natural. Por eso pedimos informes al Organismo de Promoción del Desarrollo Sustentable (OPDS) y resolvimos que una parte del predio, las hectáreas que son propiedad del Estado nacional, sean declaradas paisaje protegido", explicó la senadora Viviana Arcidiácono (FpV) oriunda de Lomas de Zamora.
Emergencia en la justicia
En otro orden, durante la sesión de ayer los senadores prorrogaron por un año la autorización a la Suprema Corte de Justicia provincial para disponer el traslado de los juzgados de garantías y los juzgados unipersonales de familia.
En igual sentido se prorrogó por un año la emergencia de la Infraestructura Edilicia del Poder Judicial provincial.
Fecha de Publicación: 07/07/2011
Fuente: El Día
Provincia/Región: Buenos Aires
Avanzó una ley que declara el lugar como reserva natural y la Justicia frenó la obra que la empresa había iniciado allí
En la mira de la justicia suiza por presuntas maniobras de lavado de dinero, la empresa de recolección de residuos Covelia sufrió ayer un duro revés que le impedirá avanzar con la construcción de un emprendimiento vinculado al traslado de residuos en el predio Santa Catalina, ubicado en Lomas de Zamora y cuya propiedad comparte con la Universidad Nacional de La Plata.
Mientras que en la Legislatura avanzó un proyecto de ley que busca declarar reserva natural ese predio, un juez federal de Quilmes ordenó a la firma -cuya vinculación presunta con el titular de la CGT Hugo Moyano es investigada por la Justicia- frenar las obras que había iniciado allí.
Covelia, que también es investigada por la Justicia bonaerense por presunta extorsión a intendentes por la contratación de sus servicios, adquirió 300 hectáreas de ese predio a la Universidad platense con la intención de construir allí una "base operativa" para el traslado de basura. El proyecto generó la inmediata reacción de organizaciones ambientalistas y vecinos de Lomas de Zamora.
El predio es considerado "el último pulmón verde del Conurbano", y alberga una diversidad de ambientes, con una gran variedad de especias autóctonas de flora y fauna, de acuerdo a la demanda de los ambientalistas Y en ese marco, la empresa, en una misma jornada y por vías distintas, recibió un duro revés para ese proyecto.
Primero, el juez Luis Armella, a cargo del Juzgado Federal de Quilmes, ordenó a la empresa la inmediata paralización de toda obra, construcción o actividad en el Predio y Laguna Santa Catalina y la remoción de todo vehículo, maquinaria y material constructivo que se encuentre en el mismo, así como también la prohibición del ingreso de cualquier vehículo, maquinaria y material.
Así, el magistrado hizo lugar a una medida cautelar en el marco de la causa "Mendoza", donde la Corte Suprema de Justicia ordenara en 2008 la puesta en marcha de un plan integral de saneamiento de esa zona hídrica.
Reserva Natural
Por la tarde, en tanto, el Senado provincial aprobó con modificaciones el proyecto que busca declarar como Reserva Natural al predio. La iniciativa, que ya había sido aprobada por Diputados, generó una dura polémica en la cámara Alta, ya que el oficialismo demoró su tratamiento y durante la sesión anterior el tema fue postergado a última hora.
Las modificaciones, se explicó, apuntan a que la ley tenga una "verdadera ejecución" y compatibilizar las zonas que serán declaradas de paisaje protegido y aquellas que serán reserva natural.
La iniciativa apunta a dejar sin efecto cualquier emprendimiento que pueda generar impacto ambiental, un temor que se acentuó luego de que la casa de altos estudios vendiera parte de esas tierras a la firma Covelia.
"Teníamos algunas dudas y temores con respecto a declarar todo el predio como Reserva natural. Por eso pedimos informes al Organismo de Promoción del Desarrollo Sustentable (OPDS) y resolvimos que una parte del predio, las hectáreas que son propiedad del Estado nacional, sean declaradas paisaje protegido", explicó la senadora Viviana Arcidiácono (FpV) oriunda de Lomas de Zamora.
Emergencia en la justicia
En otro orden, durante la sesión de ayer los senadores prorrogaron por un año la autorización a la Suprema Corte de Justicia provincial para disponer el traslado de los juzgados de garantías y los juzgados unipersonales de familia.
En igual sentido se prorrogó por un año la emergencia de la Infraestructura Edilicia del Poder Judicial provincial.
Ayuí: negocio en desmedro de la naturaleza
El Ayuí, un proyecto privado en desmedro de la naturaleza
Fecha de Publicación: 06/07/2011
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Corrientes
La construcción de la represa Ayuí Grande que los empresarios José Aranda, vicepresidente del Grupo Clarín, y George Soros impulsan en el departamento correntino de Mercedes, y que fue denunciada en una investigación de Tiempo Argentino, sigue cosechando críticas. El emprendimiento implicaría interrumpir el flujo natural de un importante curso de agua, eliminando sus bosques de ribera y extensos pastizales.
Se dedicarían así unas 28 milnuevas hectáreas al cultivo de arroz y otros cereales. El doctor Monjeau es uno de los científicos que se oponen a este proyecto, al considerar que “el Ayuí es uno de los pocos espacios que queda virgen o relativamente virgen en la provincia de Corrientes, donde hay pocos espacios forestales protegidos”.
El director del IARN analizó que los estudios de impacto ambiental, por más que sean hechos por investigadores muy reconocidos, como es en el caso del Ayuí, “pueden decir: no se va a extinguir ninguna especie; pero la extinción de especies no se hace de manera repentina y puntual, sino en un lento proceso en el que los espacios naturales son degradados y desplazados, poco a poco, por espacios productivos”. Y observó: “Una cosa es remplazar un espacio productivo por otro; otra es crear un nuevo espacio productivo en desmedro de uno natural. Hay que combatir esa tendencia.”
“El deterioro a escala global es realizado por la suma de pequeñas decisiones, que no miran el conjunto, y así se destruye el patrimonio natural de manera irreversible”, continuó. Y dio un ejemplo extremo para entender la problemática: “Cortar un árbol no afecta de manera notoria al cambio climático, y si se hiciera un estudio de impacto ambiental no se percibiría su incumbencia en la disminución de la capacidad de absorción de gases de efecto invernadero en comparación con los 5000 pesos que puede valer su madera. Sin embargo, por la suma de malas decisiones basadas en casos concretos, se pueden llegar a cortar millones.”
Fecha de Publicación: 06/07/2011
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Corrientes
La construcción de la represa Ayuí Grande que los empresarios José Aranda, vicepresidente del Grupo Clarín, y George Soros impulsan en el departamento correntino de Mercedes, y que fue denunciada en una investigación de Tiempo Argentino, sigue cosechando críticas. El emprendimiento implicaría interrumpir el flujo natural de un importante curso de agua, eliminando sus bosques de ribera y extensos pastizales.
Se dedicarían así unas 28 milnuevas hectáreas al cultivo de arroz y otros cereales. El doctor Monjeau es uno de los científicos que se oponen a este proyecto, al considerar que “el Ayuí es uno de los pocos espacios que queda virgen o relativamente virgen en la provincia de Corrientes, donde hay pocos espacios forestales protegidos”.
El director del IARN analizó que los estudios de impacto ambiental, por más que sean hechos por investigadores muy reconocidos, como es en el caso del Ayuí, “pueden decir: no se va a extinguir ninguna especie; pero la extinción de especies no se hace de manera repentina y puntual, sino en un lento proceso en el que los espacios naturales son degradados y desplazados, poco a poco, por espacios productivos”. Y observó: “Una cosa es remplazar un espacio productivo por otro; otra es crear un nuevo espacio productivo en desmedro de uno natural. Hay que combatir esa tendencia.”
“El deterioro a escala global es realizado por la suma de pequeñas decisiones, que no miran el conjunto, y así se destruye el patrimonio natural de manera irreversible”, continuó. Y dio un ejemplo extremo para entender la problemática: “Cortar un árbol no afecta de manera notoria al cambio climático, y si se hiciera un estudio de impacto ambiental no se percibiría su incumbencia en la disminución de la capacidad de absorción de gases de efecto invernadero en comparación con los 5000 pesos que puede valer su madera. Sin embargo, por la suma de malas decisiones basadas en casos concretos, se pueden llegar a cortar millones.”
Salí-Dulce: ordenan nuevos procesamientos
Contaminación de la cuenca Salí-Dulce: La Justicia ordenó nuevos procesamientos
Fecha de Publicación: 05/07/2011
Fuente: El Siglo
Provincia/Región: Tucumán
La embestida de la Justicia Federal con asiento en Tucumán para ponerle freno a la contaminación de la cuenca Salí-Dulce, por la que son investigadas varias industrias radicadas en nuestra provincia, no se detiene.
Ahora, el titular del Juzgado Federal II, Mario Racedo, ordenó el procesamiento, sin prisión preventiva, de los responsables del Ingenio y Destilería La Trinidad, Santiago Daniel Gasep y Luis Alberto Drube, por considerarlos presuntos autores, penalmente responsables, del delito de contaminación con riesgo para la salud. Dicho ilícito está previsto y penado por el artículo 55 de la Ley 24.051, de Residuos Peligrosos, que contempla reprimir "con reclusión de tres a diez años al que envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general". Además, prevé que dicha pena "será de diez a veinticinco años de prisión o reclusión si el hecho fuere seguido de la muerte de alguna persona".
En su fallo, al cual EL SIGLO tuvo acceso, Racedo responsabilizó a Gasep y a Drube, como directivos de esa fábrica azucarera, ubicada en la localidad de Villa La Trinidad, en el Sur provincial, de haber contaminado con desechos industriales las aguas del río Chico, que desemboca en el embalse de Termas de Río Hondo, en Santiago del Estero.
La causa se inició en 2007, a partir de una denuncia penal promovida por el Gobierno de la vecina provincia y de las denuncias de los propios vecinos de Villa La Trinidad.
Por orden judicial, expertos de Gendarmería Nacional realizaron un allanamiento a la fábrica y constataron que "los efluentes sin tratamiento previo de la misma eran derivados al canal Monteagudo, el que finaliza su recorrido ingresa a la Estancia Austerlitz, donde el ingenio tiene una laguna de sacrificio". Los efluentes, de acuerdo a la pericia realizada por esa fuerza del orden, luego proseguían su curso atravesando las estancias La Reina, Leiva y Gambarte, donde desbordaban, formaban su propio cause y se desplazaban hasta unirse con el cauce del río Chico, tributario de la cuenca Salí-Dulce
Las muestras de los líquidos que el ingenio arrojaba a ese curso, según los estudios realizados por Gabinete Técnico Pericial de Gendarmería Nacional y corroborados por expertos de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNT, demostraron valores prohibidos respecto a la presencia de sólidos sedimentables, demanda química de oxígeno y demanda biológica de oxígeno.
Según los mismos estudios, los efluentes de la planta fabril (vinaza y aguas de lavado de caña y de enfriamiento de maquinarias) superaban los valores permitidos por las normas ambientales locales, nacionales e inclusive internacionales.
Argumentos de defensa
Tanto Gasep como Drube negaron ser responsables por la contaminación del río Chico. El primero de los acusados aseguró que su función dentro de la firma es meramente administrativa y aseguró que el ingenio está cumpliendo desde 2007 con distintos planes para tratar los efluentes. Además, Gasep aseguró que tanto la vinaza como las aguas con las que se lava la caña y se enfrían las maquinarias son utilizadas para el riego de fincas vecinas, mientras que el desecho es enviado a la laguna de sacrificio de la finca Austerlitz.
A su turno, Drube dijo que "es imposible" que los líquidos contaminantes que llegan al cause del río Chico provengan del ingenio La Trinidad, "ya que no se ajusta a las condiciones físicas del terreno, en razón de que cuando la vinaza llega a la laguna de sacrificio tiende a desplazarse hacia un bajo hondo que la aleja del curso del río Chico". También recordó que la empresa "está dando cumplimiento con el PRI, con la finalidad de disminuir la cantidad de vinaza".
La sentencia
Sin embargo, el juez Racedo llegó a la conclusión de que "el tipo de delito del delito del artículo 55 de la Ley 24.051 se encontraría acreditado, en tanto se ha verificado que el Ingenio y Destilería La Trinidad habría contaminado el curso de agua del río Chico, al arrojar sus efluentes líquidos al mismo, el que finalmente desemboca en el dique El Frontal, creando de esta manera un peligro jurídicamente desaprobado". Según el magistrado, esto "se encuentra acreditado en los elementos de juicio recolectados hasta ahora" en la causa "fundamentalmente a través de las pericias realizadas por Gendarmería Nacional y los informes confeccionados por miembros de la facultad de Ciencias Exactas de la UNT".
Finalmente, aclaró que "si bien los imputados manifiestan contar con el aval de autoridades administrativas para el funcionamiento de la planta a su cargo, ello no excluye la responsabilidad penal que les cupiera en el marco de la aplicación de la Ley 24.051".
Además del procesamiento de Gasep y Drube, Racedo ordenó trabar un embargo sobre los bienes de ambos por un monto de 200 mil pesos (cada uno), a los fines de garantizar las responsabilidades civiles y costas procesales derivadas de la causa.
Fecha de Publicación: 05/07/2011
Fuente: El Siglo
Provincia/Región: Tucumán
La embestida de la Justicia Federal con asiento en Tucumán para ponerle freno a la contaminación de la cuenca Salí-Dulce, por la que son investigadas varias industrias radicadas en nuestra provincia, no se detiene.
Ahora, el titular del Juzgado Federal II, Mario Racedo, ordenó el procesamiento, sin prisión preventiva, de los responsables del Ingenio y Destilería La Trinidad, Santiago Daniel Gasep y Luis Alberto Drube, por considerarlos presuntos autores, penalmente responsables, del delito de contaminación con riesgo para la salud. Dicho ilícito está previsto y penado por el artículo 55 de la Ley 24.051, de Residuos Peligrosos, que contempla reprimir "con reclusión de tres a diez años al que envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general". Además, prevé que dicha pena "será de diez a veinticinco años de prisión o reclusión si el hecho fuere seguido de la muerte de alguna persona".
En su fallo, al cual EL SIGLO tuvo acceso, Racedo responsabilizó a Gasep y a Drube, como directivos de esa fábrica azucarera, ubicada en la localidad de Villa La Trinidad, en el Sur provincial, de haber contaminado con desechos industriales las aguas del río Chico, que desemboca en el embalse de Termas de Río Hondo, en Santiago del Estero.
La causa se inició en 2007, a partir de una denuncia penal promovida por el Gobierno de la vecina provincia y de las denuncias de los propios vecinos de Villa La Trinidad.
Por orden judicial, expertos de Gendarmería Nacional realizaron un allanamiento a la fábrica y constataron que "los efluentes sin tratamiento previo de la misma eran derivados al canal Monteagudo, el que finaliza su recorrido ingresa a la Estancia Austerlitz, donde el ingenio tiene una laguna de sacrificio". Los efluentes, de acuerdo a la pericia realizada por esa fuerza del orden, luego proseguían su curso atravesando las estancias La Reina, Leiva y Gambarte, donde desbordaban, formaban su propio cause y se desplazaban hasta unirse con el cauce del río Chico, tributario de la cuenca Salí-Dulce
Las muestras de los líquidos que el ingenio arrojaba a ese curso, según los estudios realizados por Gabinete Técnico Pericial de Gendarmería Nacional y corroborados por expertos de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNT, demostraron valores prohibidos respecto a la presencia de sólidos sedimentables, demanda química de oxígeno y demanda biológica de oxígeno.
Según los mismos estudios, los efluentes de la planta fabril (vinaza y aguas de lavado de caña y de enfriamiento de maquinarias) superaban los valores permitidos por las normas ambientales locales, nacionales e inclusive internacionales.
Argumentos de defensa
Tanto Gasep como Drube negaron ser responsables por la contaminación del río Chico. El primero de los acusados aseguró que su función dentro de la firma es meramente administrativa y aseguró que el ingenio está cumpliendo desde 2007 con distintos planes para tratar los efluentes. Además, Gasep aseguró que tanto la vinaza como las aguas con las que se lava la caña y se enfrían las maquinarias son utilizadas para el riego de fincas vecinas, mientras que el desecho es enviado a la laguna de sacrificio de la finca Austerlitz.
A su turno, Drube dijo que "es imposible" que los líquidos contaminantes que llegan al cause del río Chico provengan del ingenio La Trinidad, "ya que no se ajusta a las condiciones físicas del terreno, en razón de que cuando la vinaza llega a la laguna de sacrificio tiende a desplazarse hacia un bajo hondo que la aleja del curso del río Chico". También recordó que la empresa "está dando cumplimiento con el PRI, con la finalidad de disminuir la cantidad de vinaza".
La sentencia
Sin embargo, el juez Racedo llegó a la conclusión de que "el tipo de delito del delito del artículo 55 de la Ley 24.051 se encontraría acreditado, en tanto se ha verificado que el Ingenio y Destilería La Trinidad habría contaminado el curso de agua del río Chico, al arrojar sus efluentes líquidos al mismo, el que finalmente desemboca en el dique El Frontal, creando de esta manera un peligro jurídicamente desaprobado". Según el magistrado, esto "se encuentra acreditado en los elementos de juicio recolectados hasta ahora" en la causa "fundamentalmente a través de las pericias realizadas por Gendarmería Nacional y los informes confeccionados por miembros de la facultad de Ciencias Exactas de la UNT".
Finalmente, aclaró que "si bien los imputados manifiestan contar con el aval de autoridades administrativas para el funcionamiento de la planta a su cargo, ello no excluye la responsabilidad penal que les cupiera en el marco de la aplicación de la Ley 24.051".
Además del procesamiento de Gasep y Drube, Racedo ordenó trabar un embargo sobre los bienes de ambos por un monto de 200 mil pesos (cada uno), a los fines de garantizar las responsabilidades civiles y costas procesales derivadas de la causa.
Agrotóxicos: exposición de trabajadores rurales
Consecuencias de exposición de trabajadores rurales a los agrotóxicos
Fecha de Publicación: 04/07/2011
Fuente: Terra
Provincia/Región: Nacional
El 30 por ciento de los aplicadores de pesticidas sufre exposición acumulada a agrotóxicos y no cumple con los requisitos básicos de protección, según escalas elaboradas por un grupo de investigadores en Epidemiología Ambiental de la Universidad Nacional de Córdoba.
La exposición a agroquímicos es uno de los factores de riesgo asociados a la aparición de distintos tipos de cánceres, informó la UNC.
En tanto, la exposición a agrotóxicos puede englobarse en dos tipos: las masivas y de breves períodos, que requieren atención inmediata y en muchas ocasiones tienen consecuencias letales, y las más comunes, que son las exposiciones prolongadas con menor intensidad.
Estas últimas están caracterizadas por promover mayores dosis acumulativas y se asocian a malestares como el cáncer, malformaciones, trastornos inmunes, afecciones neurotóxicas, entre otras.
Sobre esta base, los integrantes del Grupo de Epidemiología Ambiental construyeron dos escalas para medir el nivel de exposición de los trabajadores rurales de Córdoba.
Una, sobre el "nivel de intensidad a la exposición" y la otra, sobre "exposición acumulada".
Los datos fueron recolectados en entrevistas individuales a 929 trabajadores rurales de toda la provincia realizadas en los cursos para aplicadores dictados durante 2007 y 2008, y avaladas por el ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos de la provincia de Córdoba.
Se indagó en aspectos como si el trabajador mezcla plaguicidas, si los aplica, los métodos que utiliza, la distancia de su vivienda al cultivo más cercano y su nivel de protección.
A cada uno de estos indicadores se le asignó un puntaje y luego, se realizaron cálculos algorítmicos para medir la intensidad de exposición acumulada (EA) y la intensidad de exposición (IE).
Ambas escalas muestran que por lo menos un 30 por ciento de los trabajadores rurales sufre una exposición alta.
Un 20 por ciento posee "algún nivel de IE" y, por las características del trabajo que realizan y su antigüedad en el rubro, la exposición también es acumulada.
Según señalaron los científicos a InfoUniversidades, la paridad de los índices "indica que la exposición a los tóxicos es básicamente en el tiempo".
"Las dos escalas construidas constituyen instrumentos útiles de monitoreo de la intensidad de la exposición en la población de agro-aplicadores; sirven como una herramienta de control en aquellos subgrupos pertenecientes a las áreas provinciales tradicionales por su actividad netamente agrícola", expresaron los investigadores.
Los resultados del relevamiento mostraron que el tiempo de exposición a agrotóxicos de la población de trabajadores rurales es superior a 10 años y que inician la actividad a muy temprana edad.
También se verificó que alrededor del 30 por ciento de los trabajadores vive a menos de 100 metros de los cultivos y más del 50 por ciento de los encuestados aseguró realizar anualmente aplicaciones en hasta cinco mil hectáreas.
Además, el 60 por ciento de los aplicadores admitió no cumplir con los elementos de protección recomendados: menos del 50 por ciento usa careta anti-gas o protectores de cara, sólo el 20 por ciento emplea ropa impermeable y apenas el 40 por ciento se coloca guantes de tela o cuero.
"Los plaguicidas -sostienen los especialistas- poseen un marcado impacto ambiental al contaminar suelos, aguas superficiales y subterráneas y aire, que causan la intoxicación de todos los seres vivos".
Fecha de Publicación: 04/07/2011
Fuente: Terra
Provincia/Región: Nacional
El 30 por ciento de los aplicadores de pesticidas sufre exposición acumulada a agrotóxicos y no cumple con los requisitos básicos de protección, según escalas elaboradas por un grupo de investigadores en Epidemiología Ambiental de la Universidad Nacional de Córdoba.
La exposición a agroquímicos es uno de los factores de riesgo asociados a la aparición de distintos tipos de cánceres, informó la UNC.
En tanto, la exposición a agrotóxicos puede englobarse en dos tipos: las masivas y de breves períodos, que requieren atención inmediata y en muchas ocasiones tienen consecuencias letales, y las más comunes, que son las exposiciones prolongadas con menor intensidad.
Estas últimas están caracterizadas por promover mayores dosis acumulativas y se asocian a malestares como el cáncer, malformaciones, trastornos inmunes, afecciones neurotóxicas, entre otras.
Sobre esta base, los integrantes del Grupo de Epidemiología Ambiental construyeron dos escalas para medir el nivel de exposición de los trabajadores rurales de Córdoba.
Una, sobre el "nivel de intensidad a la exposición" y la otra, sobre "exposición acumulada".
Los datos fueron recolectados en entrevistas individuales a 929 trabajadores rurales de toda la provincia realizadas en los cursos para aplicadores dictados durante 2007 y 2008, y avaladas por el ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos de la provincia de Córdoba.
Se indagó en aspectos como si el trabajador mezcla plaguicidas, si los aplica, los métodos que utiliza, la distancia de su vivienda al cultivo más cercano y su nivel de protección.
A cada uno de estos indicadores se le asignó un puntaje y luego, se realizaron cálculos algorítmicos para medir la intensidad de exposición acumulada (EA) y la intensidad de exposición (IE).
Ambas escalas muestran que por lo menos un 30 por ciento de los trabajadores rurales sufre una exposición alta.
Un 20 por ciento posee "algún nivel de IE" y, por las características del trabajo que realizan y su antigüedad en el rubro, la exposición también es acumulada.
Según señalaron los científicos a InfoUniversidades, la paridad de los índices "indica que la exposición a los tóxicos es básicamente en el tiempo".
"Las dos escalas construidas constituyen instrumentos útiles de monitoreo de la intensidad de la exposición en la población de agro-aplicadores; sirven como una herramienta de control en aquellos subgrupos pertenecientes a las áreas provinciales tradicionales por su actividad netamente agrícola", expresaron los investigadores.
Los resultados del relevamiento mostraron que el tiempo de exposición a agrotóxicos de la población de trabajadores rurales es superior a 10 años y que inician la actividad a muy temprana edad.
También se verificó que alrededor del 30 por ciento de los trabajadores vive a menos de 100 metros de los cultivos y más del 50 por ciento de los encuestados aseguró realizar anualmente aplicaciones en hasta cinco mil hectáreas.
Además, el 60 por ciento de los aplicadores admitió no cumplir con los elementos de protección recomendados: menos del 50 por ciento usa careta anti-gas o protectores de cara, sólo el 20 por ciento emplea ropa impermeable y apenas el 40 por ciento se coloca guantes de tela o cuero.
"Los plaguicidas -sostienen los especialistas- poseen un marcado impacto ambiental al contaminar suelos, aguas superficiales y subterráneas y aire, que causan la intoxicación de todos los seres vivos".
Eólicos: La Rioja es proveedora de energía
A través del parque eólico, por primera vez La Rioja es proveedora de energía
Fecha de Publicación: 04/07/2011
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: La Rioja
El emprendimiento estatal se encuentra ubicado en la zona de Arauco.
La provincia de La Rioja se convirtió por primera vez en su historia en proveedora de energía eléctrica al Sistema Interconectado Nacional (SIN), a través de su parque eólico ubicado en la zona de Arauco (Ver características en la página del Inti).
El emprendimiento estatal, financiado por los estados nacional y provincial, recibió la certificación oficial como agente proveedor de energía del SIN, por lo que de ahora en más cobrará "126 dólares por megavatio generado" mediante sistemas no convencionales, como es el eólico.
El secretario de Obras Públicas de la provincia, Juan Cárbel, recorrió las instalaciones del parque eólico ubicado a unos 120 kilómetros al norte de esta capital.
Allí constató el avance de la segunda y tercera etapas de la obra, junto a la empresa PRICE, que es la encargada de realizar la auditoría externa de los movimientos económicos de la SAPEM Parque Eólico Arauco.
El secretario aseguró que ser "agente generador definitivo del sistema interconectado nacional" es "muy significativo, porque es una de las primera empresa del país que tiene el titulo de agente generador oficial".
"Ya estamos realizando actividades comerciales, estamos vendiendo energía y en veinte días rubricaremos el contrato que nos vinculará por 15 años con la empresa (distribuidora de energía) Camesa, con una tarifa de 126 dólares por megavatio generado en el Parque", manifestó.
El parque eólico de Arauco fue inaugurado por la presidenta Cristina Fernández el pasado 29 de mayo, cuando visitó la ciudad de La Rioja para el aniversario de su fundación.
Fecha de Publicación: 04/07/2011
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: La Rioja
El emprendimiento estatal se encuentra ubicado en la zona de Arauco.
La provincia de La Rioja se convirtió por primera vez en su historia en proveedora de energía eléctrica al Sistema Interconectado Nacional (SIN), a través de su parque eólico ubicado en la zona de Arauco (Ver características en la página del Inti).
El emprendimiento estatal, financiado por los estados nacional y provincial, recibió la certificación oficial como agente proveedor de energía del SIN, por lo que de ahora en más cobrará "126 dólares por megavatio generado" mediante sistemas no convencionales, como es el eólico.
El secretario de Obras Públicas de la provincia, Juan Cárbel, recorrió las instalaciones del parque eólico ubicado a unos 120 kilómetros al norte de esta capital.
Allí constató el avance de la segunda y tercera etapas de la obra, junto a la empresa PRICE, que es la encargada de realizar la auditoría externa de los movimientos económicos de la SAPEM Parque Eólico Arauco.
El secretario aseguró que ser "agente generador definitivo del sistema interconectado nacional" es "muy significativo, porque es una de las primera empresa del país que tiene el titulo de agente generador oficial".
"Ya estamos realizando actividades comerciales, estamos vendiendo energía y en veinte días rubricaremos el contrato que nos vinculará por 15 años con la empresa (distribuidora de energía) Camesa, con una tarifa de 126 dólares por megavatio generado en el Parque", manifestó.
El parque eólico de Arauco fue inaugurado por la presidenta Cristina Fernández el pasado 29 de mayo, cuando visitó la ciudad de La Rioja para el aniversario de su fundación.
Santa Fe: "duermen" proyecto sobre fumigaciones
Cayó el proyecto de ley para que se limite el uso de agroquímicos en la provincia
Fecha de Publicación: 04/07/2011
Fuente: NotiPress
Provincia/Región: Santa Fe
Luego de tener en estudio durante 12 meses la media sanción que venía de Diputados, la Cámara de Senadores de Santa Fe no trató los cambios a la ley de fitosanitarios y perdió estado parlamentario
Hace justo un año, la Cámara de Diputados de la provincia daba media sanción a la ley que limitaba el uso de agroquímicos. El proyecto, ampliamente discutido durante los meses que siguieron, perdió estado parlamentario porque después de transcurrir 24 meses de ser presentado en la Legislatura (fue en 2009) nunca salió de la comisión de Salud del Senado. De esa manera, los santafesinos siguen presos de las consecuencias que a la salud le puede provocar el boom del monocultivo.
En tal sentido, algunos legisladores provinciales y entidades medioambientales se mostraron decepcionados por la falta de tratamiento que tuvo la polémica iniciativa, y este fin de semana cruzaron información para comenzar a reflotar el tema. Por ejemplo, el diputado de Pares-FPCyS, Antonio Riestra, dijo que “es difícil consensuar un texto que conforme a todos”, pero advirtió que “peor es no cambiar la vieja ley de fitosanitarios”, que quedó relegada por las propias derivaciones del modelo productivo.
También, varias organizaciones santafesinas –como el Centro de Protección a la Naturaleza (Cepronat)– que desde hace años denuncian el uso intensivo y desmedido del glifosato iniciaron conversaciones con instituciones que abordan la misma problemática en Córdoba y en Entre Ríos. La idea es conformar un frente común en la Región Centro, donde la soja tiene una importancia suprema en la economía, para trabajar sobre esa falsa dicotomía que separa a la salud pública de la rentabilidad.
Es de recordar que la norma que perdió estado parlamentario en el Cámara alta, de mayoría justicialista, establecía límites físicos (distancias) y legales más claros en cuanto a la utilización de agroquímicos. Entre otras cosas, prohibía la aplicación aérea de glifosato dentro de los 1.000 metros del límite de la planta urbana y su aplicación terrestre dentro de los 500 metros de la misma, de las escuelas rurales, de parques industriales, de complejos deportivos y cursos de agua.
Al respecto, Riestra aclaró que el mencionado proyecto era una síntesis de lo posible y no de lo ideal, pero así y todo constituía un avance real en materia sanitaria. “Este modelo productivo está signado por las condiciones del mercado”, indicó el legislador del oficialismo, y recalcó que hoy la producción está presa de la alta rentabilidad que tiene el monocultivo, situación que la Nación tampoco desalienta.
Por lo pronto, en la actualidad el glifosato es considerado como un producto de Banda Verde (“probablemente no presente riesgos agudos en las condiciones normales de uso”) por los organismos nacionales –como el Conicet– que deben determinar la toxicidad. No obstante, son innumerables los especialistas que manifiestan que se trata de un producto de Banda Roja (“productos muy peligrosos y muy tóxicos”).
En julio de 2010, apenas llegó al Senado la media sanción que proponía limitaciones a los agroquímicos, diversos actores vinculados con la producción de soja comenzaron a presionar para que la norma –en caso de salir– sea más flexible a los intereses de mercado. En aquella ocasión, entre otras situaciones que se produjeron, la Sociedad Rural de Rosario planteó a los legisladores que el proyecto dejaba “sin protección al sector (agropecuario)” y pidió que “las decisiones se tomen en base a estudios científicos”.
Luego de varias reuniones de trabajo que tuvieron los senadores, donde escucharon las distintas posturas que existen sobre la utilización de los agroquímicos, el tema comenzó a diluirse entre las prioridades legislativas. Tal vez la última noticia de la ley de fitosanitarios y su discusión fue en septiembre del año pasado, cuando integrantes del bloque justicialistas se entrevistaron con productores sojeros de Las Rosas.
En esa oportunidad, el entonces jefe de la bancada del PJ, Ricardo Spinozzi, dijo a los presentes: “Ésta es la continuidad de una serie de encuentros que venimos sosteniendo en toda la provincia con personas relacionadas a la producción, con entidades, con organizaciones preocupadas por el medio ambiente y vecinos que quieren opinar, porque somos conscientes de que es un tema en el que hay opiniones diversas y por eso queremos escucharlas a todas, sin excepción”. Luego de ello, el proyecto no se reflotó más.
Pero además desde el propio Ejecutivo santafesino aparecieron algunas barreras. También en septiembre último, el ministro de la Producción de la provincia, Juan José Bertero, admitió sus “reparos” a la norma que estaba en estudio y desparramó un poco de culpas a los municipios y comunas, ya que en esa fecha dos tercios de las localidades no habían definido sus respectivas líneas agronómicas, que es donde se determinan las distancias para sembrar y fumigar, entre otras cosas.
Finalmente, dos años después de presentarse la iniciativa en Diputados, un año después de tener media sanción en esa Cámara, ahora el tema duerme en un cajón del Senado.
Fecha de Publicación: 04/07/2011
Fuente: NotiPress
Provincia/Región: Santa Fe
Luego de tener en estudio durante 12 meses la media sanción que venía de Diputados, la Cámara de Senadores de Santa Fe no trató los cambios a la ley de fitosanitarios y perdió estado parlamentario
Hace justo un año, la Cámara de Diputados de la provincia daba media sanción a la ley que limitaba el uso de agroquímicos. El proyecto, ampliamente discutido durante los meses que siguieron, perdió estado parlamentario porque después de transcurrir 24 meses de ser presentado en la Legislatura (fue en 2009) nunca salió de la comisión de Salud del Senado. De esa manera, los santafesinos siguen presos de las consecuencias que a la salud le puede provocar el boom del monocultivo.
En tal sentido, algunos legisladores provinciales y entidades medioambientales se mostraron decepcionados por la falta de tratamiento que tuvo la polémica iniciativa, y este fin de semana cruzaron información para comenzar a reflotar el tema. Por ejemplo, el diputado de Pares-FPCyS, Antonio Riestra, dijo que “es difícil consensuar un texto que conforme a todos”, pero advirtió que “peor es no cambiar la vieja ley de fitosanitarios”, que quedó relegada por las propias derivaciones del modelo productivo.
También, varias organizaciones santafesinas –como el Centro de Protección a la Naturaleza (Cepronat)– que desde hace años denuncian el uso intensivo y desmedido del glifosato iniciaron conversaciones con instituciones que abordan la misma problemática en Córdoba y en Entre Ríos. La idea es conformar un frente común en la Región Centro, donde la soja tiene una importancia suprema en la economía, para trabajar sobre esa falsa dicotomía que separa a la salud pública de la rentabilidad.
Es de recordar que la norma que perdió estado parlamentario en el Cámara alta, de mayoría justicialista, establecía límites físicos (distancias) y legales más claros en cuanto a la utilización de agroquímicos. Entre otras cosas, prohibía la aplicación aérea de glifosato dentro de los 1.000 metros del límite de la planta urbana y su aplicación terrestre dentro de los 500 metros de la misma, de las escuelas rurales, de parques industriales, de complejos deportivos y cursos de agua.
Al respecto, Riestra aclaró que el mencionado proyecto era una síntesis de lo posible y no de lo ideal, pero así y todo constituía un avance real en materia sanitaria. “Este modelo productivo está signado por las condiciones del mercado”, indicó el legislador del oficialismo, y recalcó que hoy la producción está presa de la alta rentabilidad que tiene el monocultivo, situación que la Nación tampoco desalienta.
Por lo pronto, en la actualidad el glifosato es considerado como un producto de Banda Verde (“probablemente no presente riesgos agudos en las condiciones normales de uso”) por los organismos nacionales –como el Conicet– que deben determinar la toxicidad. No obstante, son innumerables los especialistas que manifiestan que se trata de un producto de Banda Roja (“productos muy peligrosos y muy tóxicos”).
En julio de 2010, apenas llegó al Senado la media sanción que proponía limitaciones a los agroquímicos, diversos actores vinculados con la producción de soja comenzaron a presionar para que la norma –en caso de salir– sea más flexible a los intereses de mercado. En aquella ocasión, entre otras situaciones que se produjeron, la Sociedad Rural de Rosario planteó a los legisladores que el proyecto dejaba “sin protección al sector (agropecuario)” y pidió que “las decisiones se tomen en base a estudios científicos”.
Luego de varias reuniones de trabajo que tuvieron los senadores, donde escucharon las distintas posturas que existen sobre la utilización de los agroquímicos, el tema comenzó a diluirse entre las prioridades legislativas. Tal vez la última noticia de la ley de fitosanitarios y su discusión fue en septiembre del año pasado, cuando integrantes del bloque justicialistas se entrevistaron con productores sojeros de Las Rosas.
En esa oportunidad, el entonces jefe de la bancada del PJ, Ricardo Spinozzi, dijo a los presentes: “Ésta es la continuidad de una serie de encuentros que venimos sosteniendo en toda la provincia con personas relacionadas a la producción, con entidades, con organizaciones preocupadas por el medio ambiente y vecinos que quieren opinar, porque somos conscientes de que es un tema en el que hay opiniones diversas y por eso queremos escucharlas a todas, sin excepción”. Luego de ello, el proyecto no se reflotó más.
Pero además desde el propio Ejecutivo santafesino aparecieron algunas barreras. También en septiembre último, el ministro de la Producción de la provincia, Juan José Bertero, admitió sus “reparos” a la norma que estaba en estudio y desparramó un poco de culpas a los municipios y comunas, ya que en esa fecha dos tercios de las localidades no habían definido sus respectivas líneas agronómicas, que es donde se determinan las distancias para sembrar y fumigar, entre otras cosas.
Finalmente, dos años después de presentarse la iniciativa en Diputados, un año después de tener media sanción en esa Cámara, ahora el tema duerme en un cajón del Senado.
Riachuelo: abrirán 5 plantas de reciclaje
Riachuelo: abrirán 5 plantas de reciclaje
Fecha de Publicación: 03/07/2011
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Buenos Aires
El gobierno bonaerense anunció, aunque sin precisar fechas estimativas, la instalación de cinco plantas de tratamiento de residuos en localidades que se encuentran en la Cuenca Matanza-Riachuelo.
El proyecto forma parte de las acciones encaradas por el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, bajo la órbita de Juan José Mussi, para el saneamiento de la cuenca que deberán cumplir ambos estados junto al gobierno porteño, según lo ordenó la Corte Suprema de Justicia en julio de 2008.
Se informó que las nuevas plantas de tratamiento o ecopuntos, tal como fueron denominados por las autoridades ambientales involucradas, estarán instaladas en los distritos de Cañuelas, Las Heras, Marcos Paz, en la cuenca alta de San Vicente y en General Perón.
Durante el anuncio que se realizó en la casa de gobierno bonaerense, en el que participaron el titular del Poder Ejecutivo, Daniel Scioli; el jefe de Gabinete, Alberto Pérez, y el director del OPDS, José Molina, se destacó que las futuras plantas recibirán todo tipo de residuos. Eso significa que quedarían incluidos los denominados restos verdes, producto de las podas municipales. Para este tipo de desperdicios, por ejemplo, se prevé un tratamiento especial que derivará los productos a los viveros que se instalarán en el predio de la planta.
También están contemplados los residuos áridos, como los son los escombros y restos de obras de construcción. En estos casos, los elementos serán triturados para su posterior reciclaje.
En el municipio de Cañuelas, que acopiará los desperdicios de la ciudad cabecera y las restantes localidades del distrito, se dispondrá de un predio para el tratamiento de restos verdes, áridos e industriales asimilables a domiciliarios. En Las Heras, en tanto, se prevé la ubicación de la planta de tratamiento de residuos en un predio lindante a la planta depuradora, a 1500 metros del casco urbano, al lado del arroyo Morales.
Los ecopuntos tendrán, según el anuncio, tecnología moderna para la recepción, separación y clasificación de los residuos, que luego son almacenados en galpones y empaquetados según su origen y destino.
Fecha de Publicación: 03/07/2011
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Buenos Aires
El gobierno bonaerense anunció, aunque sin precisar fechas estimativas, la instalación de cinco plantas de tratamiento de residuos en localidades que se encuentran en la Cuenca Matanza-Riachuelo.
El proyecto forma parte de las acciones encaradas por el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, bajo la órbita de Juan José Mussi, para el saneamiento de la cuenca que deberán cumplir ambos estados junto al gobierno porteño, según lo ordenó la Corte Suprema de Justicia en julio de 2008.
Se informó que las nuevas plantas de tratamiento o ecopuntos, tal como fueron denominados por las autoridades ambientales involucradas, estarán instaladas en los distritos de Cañuelas, Las Heras, Marcos Paz, en la cuenca alta de San Vicente y en General Perón.
Durante el anuncio que se realizó en la casa de gobierno bonaerense, en el que participaron el titular del Poder Ejecutivo, Daniel Scioli; el jefe de Gabinete, Alberto Pérez, y el director del OPDS, José Molina, se destacó que las futuras plantas recibirán todo tipo de residuos. Eso significa que quedarían incluidos los denominados restos verdes, producto de las podas municipales. Para este tipo de desperdicios, por ejemplo, se prevé un tratamiento especial que derivará los productos a los viveros que se instalarán en el predio de la planta.
También están contemplados los residuos áridos, como los son los escombros y restos de obras de construcción. En estos casos, los elementos serán triturados para su posterior reciclaje.
En el municipio de Cañuelas, que acopiará los desperdicios de la ciudad cabecera y las restantes localidades del distrito, se dispondrá de un predio para el tratamiento de restos verdes, áridos e industriales asimilables a domiciliarios. En Las Heras, en tanto, se prevé la ubicación de la planta de tratamiento de residuos en un predio lindante a la planta depuradora, a 1500 metros del casco urbano, al lado del arroyo Morales.
Los ecopuntos tendrán, según el anuncio, tecnología moderna para la recepción, separación y clasificación de los residuos, que luego son almacenados en galpones y empaquetados según su origen y destino.
UNSE analizará muestras de agua del Dulce
La UNSE aceptó analizar muestras de agua del Dulce
Fecha de Publicación: 02/07/2011
Fuente: Nuevo Diario
Provincia/Región: Santiago del Estero
Tras el pedido realizado por el defensor del Pueblo de la ciudad, Luis Ger, la Facultad de Ciencias Exactas de la UNSE, a cargo del Ing. Héctor Paz, aceptó realizar la toma de muestras y análisis de agua del río Dulce a fin de determinar “si contiene metales provenientes de minera la Alumbrera”. “El decano de la facultad se comunicó telefónicamente para informarme sobre la factibilidad del estudio y sólo falta que me pasen el presupuesto de los insumos y otros rubros de los cuales se va a hacer cargo esta defensoría, gastos que por supuesto aceptaría cualquiera sea el costo, porque bien vale monitorear el daño que produce Minera Bajo la Alumbrera en nuestro país en general y en nuestra ciudad y provincia en particular”, manifestó Luis Ger.
Según lo explicó a Nuevo Diario, el trabajo se realizará la semana próxima, “a fin de que podamos presentar el resultado en el próximo encuentro de defensores de todo el país y se pueda avanzar un poco en el caso de que se compruebe que las aguas del Dulce acarrean metales pesados”.
Dijo que “también hay que tener en cuenta que se está instalando la mina a cielo abierto denominada Agua Rica”, que también está en la mira.
El defensor del Pueblo expresó que los ciudadanos de Andalgalá, provincia de Catamarca, “ya se vienen manifestando contra esa iniciativa” y agregó que hoy tienen previsto realizar una marcha de protesta no sólo porque contaminan sino porque genera enfermedades crónicas en la población. “En caso de que se determine que la Alumbrera contamina iniciaré acciones penales a nivel de la Justicia Federal contra los dueños de la mina”, puntualizó Luis Ger.
El Comité de Cuenca se reunirá el 13 de julio
Por su parte, el secretario del Agua, Abel Tévez, confirmó que el próximo miércoles 13 de julio se reunirán en esta provincia los integrantes del Comité de Cuenca, oportunidad en la que se abordarán temáticas varias, pero especialmente la problemática de la contaminación en la provincia.
Allí estarán presentes el secretario de Medio Ambiente de Tucumán, Alfredo Montalván, representantes de las provincias de Catamarca, Salta y Córdoba, y “resta confirmar la visita de funcionarios de la Nación”, manifestó el ingeniero Tévez.
Fecha de Publicación: 02/07/2011
Fuente: Nuevo Diario
Provincia/Región: Santiago del Estero
Tras el pedido realizado por el defensor del Pueblo de la ciudad, Luis Ger, la Facultad de Ciencias Exactas de la UNSE, a cargo del Ing. Héctor Paz, aceptó realizar la toma de muestras y análisis de agua del río Dulce a fin de determinar “si contiene metales provenientes de minera la Alumbrera”. “El decano de la facultad se comunicó telefónicamente para informarme sobre la factibilidad del estudio y sólo falta que me pasen el presupuesto de los insumos y otros rubros de los cuales se va a hacer cargo esta defensoría, gastos que por supuesto aceptaría cualquiera sea el costo, porque bien vale monitorear el daño que produce Minera Bajo la Alumbrera en nuestro país en general y en nuestra ciudad y provincia en particular”, manifestó Luis Ger.
Según lo explicó a Nuevo Diario, el trabajo se realizará la semana próxima, “a fin de que podamos presentar el resultado en el próximo encuentro de defensores de todo el país y se pueda avanzar un poco en el caso de que se compruebe que las aguas del Dulce acarrean metales pesados”.
Dijo que “también hay que tener en cuenta que se está instalando la mina a cielo abierto denominada Agua Rica”, que también está en la mira.
El defensor del Pueblo expresó que los ciudadanos de Andalgalá, provincia de Catamarca, “ya se vienen manifestando contra esa iniciativa” y agregó que hoy tienen previsto realizar una marcha de protesta no sólo porque contaminan sino porque genera enfermedades crónicas en la población. “En caso de que se determine que la Alumbrera contamina iniciaré acciones penales a nivel de la Justicia Federal contra los dueños de la mina”, puntualizó Luis Ger.
El Comité de Cuenca se reunirá el 13 de julio
Por su parte, el secretario del Agua, Abel Tévez, confirmó que el próximo miércoles 13 de julio se reunirán en esta provincia los integrantes del Comité de Cuenca, oportunidad en la que se abordarán temáticas varias, pero especialmente la problemática de la contaminación en la provincia.
Allí estarán presentes el secretario de Medio Ambiente de Tucumán, Alfredo Montalván, representantes de las provincias de Catamarca, Salta y Córdoba, y “resta confirmar la visita de funcionarios de la Nación”, manifestó el ingeniero Tévez.
Minera Vale: piden "flexibilidad"
Vale: piden que se flexibilice acuerdo con la Provincia
Fecha de Publicación: 01/07/2011
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
Lo hizo el cónsul de Brasil en Diputados. Admitió que la minera tiene "dificultades" para cumplir con el compre mendocino.
Mientras el Gobierno define si levantará o no la suspensión del proyecto Potasio Río Colorado, la comisión de Economía de la Cámara de Diputados recibió la visita del cónsul General de Brasil, Sergio Couri para analizar la situación de la minera Vale, de la que el Estado brasileño es principal accionista.
Del encuentro surgieron nuevas aristas que prometen dilatar el proceso, a raíz de que el funcionario planteó la necesidad de reajustar los términos del acta acuerdo firmada por Vale y el Ejecutivo mendocino.
Entre otras consideraciones, Couri dijo que es partidario de "flexibilizar el convenio existente", porque éste "se hizo a priori de la organización y el inicio de los trabajos". Esto, además de referirse a "dificultades prácticas que han impedido que el compre mendocino se lleve a cabo como se estableció en un principio".
Antes, la Comisión de la Cámara Baja le había expuesto la necesidad de que Vale determine un cronograma de obras a licitar y les permita a las empresas locales mejorar precios.
Cabe citar que acorde al acta acuerdo firmado hace más de un año por Vale y el Gobierno mendocino y ratificado por la Legislatura, la minera debe cumplir con una serie de requisitos, como el compre mendocino, la contratación de mano de obra local y una cifra estipulada en concepto de fondo de compensación de obra.
Frente a lo expuesto por Couri, la respuesta casi al unísono fue que, al margen de cualquier consideración, "la empresa firmó el acuerdo y se comprometió a cumplirlo. Por lo tanto, no es imposible", como lo expresó la diputada Patricia Gutiérrez (Unidad Popular).
Para darle un cariz de consenso a su pretensión de rediscutir condiciones, junto a un cambio en el monitoreo, Couri resumió la idea en una propuesta: formar un consejo mixto de discusión (Vale-Gobierno-legisladores), de modo de "mejorar" el convenio existente, el cual admitió no conocer en detalle. Y con "suficiente peso político para influir en decisiones que deba tomar el Ejecutivo".
De constituirse, el Consejo debería "acordar el camino a seguir", de acuerdo a lo propuesto por Gutiérrez, y encargarse de 3 temas claves: condiciones de inversión (con la chance de privilegiar a firmas locales), determinar el organigrama de inversiones, y el cronograma de licitaciones durante las 5 etapas del proyecto hasta la explotación.
En principio, el Gobierno se muestra proclive a tratar tanto la constitución del Consejo como la modalidad de supervisión. Según el secretario de Medio Ambiente, Pablo Gudiño, "no veo problema en otra modalidad de control y de discusión. Igual tenemos la obligación de controlar, con o sin Comisión. Todo lo que sume, sirve", aseguró. El asunto de fondo es la información del plan de obras previsto, motivo por el cual el Gobierno suspendió sus actividades el viernes 17 de junio.
Fecha de Publicación: 01/07/2011
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
Lo hizo el cónsul de Brasil en Diputados. Admitió que la minera tiene "dificultades" para cumplir con el compre mendocino.
Mientras el Gobierno define si levantará o no la suspensión del proyecto Potasio Río Colorado, la comisión de Economía de la Cámara de Diputados recibió la visita del cónsul General de Brasil, Sergio Couri para analizar la situación de la minera Vale, de la que el Estado brasileño es principal accionista.
Del encuentro surgieron nuevas aristas que prometen dilatar el proceso, a raíz de que el funcionario planteó la necesidad de reajustar los términos del acta acuerdo firmada por Vale y el Ejecutivo mendocino.
Entre otras consideraciones, Couri dijo que es partidario de "flexibilizar el convenio existente", porque éste "se hizo a priori de la organización y el inicio de los trabajos". Esto, además de referirse a "dificultades prácticas que han impedido que el compre mendocino se lleve a cabo como se estableció en un principio".
Antes, la Comisión de la Cámara Baja le había expuesto la necesidad de que Vale determine un cronograma de obras a licitar y les permita a las empresas locales mejorar precios.
Cabe citar que acorde al acta acuerdo firmado hace más de un año por Vale y el Gobierno mendocino y ratificado por la Legislatura, la minera debe cumplir con una serie de requisitos, como el compre mendocino, la contratación de mano de obra local y una cifra estipulada en concepto de fondo de compensación de obra.
Frente a lo expuesto por Couri, la respuesta casi al unísono fue que, al margen de cualquier consideración, "la empresa firmó el acuerdo y se comprometió a cumplirlo. Por lo tanto, no es imposible", como lo expresó la diputada Patricia Gutiérrez (Unidad Popular).
Para darle un cariz de consenso a su pretensión de rediscutir condiciones, junto a un cambio en el monitoreo, Couri resumió la idea en una propuesta: formar un consejo mixto de discusión (Vale-Gobierno-legisladores), de modo de "mejorar" el convenio existente, el cual admitió no conocer en detalle. Y con "suficiente peso político para influir en decisiones que deba tomar el Ejecutivo".
De constituirse, el Consejo debería "acordar el camino a seguir", de acuerdo a lo propuesto por Gutiérrez, y encargarse de 3 temas claves: condiciones de inversión (con la chance de privilegiar a firmas locales), determinar el organigrama de inversiones, y el cronograma de licitaciones durante las 5 etapas del proyecto hasta la explotación.
En principio, el Gobierno se muestra proclive a tratar tanto la constitución del Consejo como la modalidad de supervisión. Según el secretario de Medio Ambiente, Pablo Gudiño, "no veo problema en otra modalidad de control y de discusión. Igual tenemos la obligación de controlar, con o sin Comisión. Todo lo que sume, sirve", aseguró. El asunto de fondo es la información del plan de obras previsto, motivo por el cual el Gobierno suspendió sus actividades el viernes 17 de junio.
Alumbrera: relevamiento de muertes por cáncer
Alumbrera, pedirán relevamiento muertes de cáncer
Fecha de Publicación: 30/06/2011
Fuente: No a la Mina
Provincia/Región: Santiago del Estero - Catamarca - Tucumán
La ex edit Anita Loto solicitará a los concejales que impulsen recopilación de datos sobre causales de deceso de los últimos años. En el marco de la causa por contaminación de la cuenca Salí-Dulce, la ex concejal de Las Termas de Río Hondo, Ana Loto, seguirá avanzando en investigación a fin de dar más elementos a la justicia.
"En los próximos días pediré al Concejo Deliberante que solicite un relevamiento de las personas fallecidas en Las Termas de Río Hondo de los últimos años por problemas de cáncer", manifestó a Nuevo Diario.
Según su evaluación, son "muchísimas" las personas que dejaron de existir con este pronóstico, lo cual "hace sospechar" está ligado al consumo del agua y la alimentación.
En este caso particular apunta específicamente a los metales pesados que acarrea la cuenca como consecuencia de la explotación que realiza la minera La Alumbrera en la provincia de Catamarca desde hace más de una década.
Dijo que de manera progresiva y con los años "han modificado la ley de residuos peligros y acomodado en la época del gobierno de Bussi para que La Alumbrera pueda trabajar sin importar el perjuicio en el territorio tucumano.
"Cada gobierno iba ampliando una resolución que permitía violar los parámetros que encuadran el delito absolutamente constitucional", puntualizó.
Compás de espera
Con respecto a los industriales azucareros, sostuvo que "estamos esperando que el juez federal de Santiago evalué la situación y lo llame a indagatoria porque sinceramente es gente que no tiene vergüenza", dijo en clara referencia a secretario de Medio Ambiente de Tucumán, Alfredo Montalván.
Tanto en el caso de la minera de La Alumbrera, como la problemática de los industriales tucumanos, la ex concejal resaltó que se está poniendo en juego "la salud como un bien publico, con derecho a tenerla y defenderla por envenenamiento de agua".
Fecha de Publicación: 30/06/2011
Fuente: No a la Mina
Provincia/Región: Santiago del Estero - Catamarca - Tucumán
La ex edit Anita Loto solicitará a los concejales que impulsen recopilación de datos sobre causales de deceso de los últimos años. En el marco de la causa por contaminación de la cuenca Salí-Dulce, la ex concejal de Las Termas de Río Hondo, Ana Loto, seguirá avanzando en investigación a fin de dar más elementos a la justicia.
"En los próximos días pediré al Concejo Deliberante que solicite un relevamiento de las personas fallecidas en Las Termas de Río Hondo de los últimos años por problemas de cáncer", manifestó a Nuevo Diario.
Según su evaluación, son "muchísimas" las personas que dejaron de existir con este pronóstico, lo cual "hace sospechar" está ligado al consumo del agua y la alimentación.
En este caso particular apunta específicamente a los metales pesados que acarrea la cuenca como consecuencia de la explotación que realiza la minera La Alumbrera en la provincia de Catamarca desde hace más de una década.
Dijo que de manera progresiva y con los años "han modificado la ley de residuos peligros y acomodado en la época del gobierno de Bussi para que La Alumbrera pueda trabajar sin importar el perjuicio en el territorio tucumano.
"Cada gobierno iba ampliando una resolución que permitía violar los parámetros que encuadran el delito absolutamente constitucional", puntualizó.
Compás de espera
Con respecto a los industriales azucareros, sostuvo que "estamos esperando que el juez federal de Santiago evalué la situación y lo llame a indagatoria porque sinceramente es gente que no tiene vergüenza", dijo en clara referencia a secretario de Medio Ambiente de Tucumán, Alfredo Montalván.
Tanto en el caso de la minera de La Alumbrera, como la problemática de los industriales tucumanos, la ex concejal resaltó que se está poniendo en juego "la salud como un bien publico, con derecho a tenerla y defenderla por envenenamiento de agua".
Chaco protejerá tierras de estancia La Fidelidad
La provincia estableció zona de protección para tierras de la estancia La Fidelidad
Fecha de Publicación: 30/06/2011
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco
La Legislatura decidió postergar una semana más el tratamiento de los proyectos de ley que permitan que las tierras de la estancia La Fidelidad se conviertan en un área protegida y en un futuro crear un parque provincial o nacional.
La finalidad de esta demora es conocer la posición de distintos sectores ambientalistas antes de dar el visto bueno a una de las iniciativas. Esta decisión llegó pocas horas después de que la comisión legislativa de Agricultura, junto a otros diputados de distintos bloques, recibió al ministro de la Producción, Enrique Orban, quien hizo pública la posición del gobierno de preservar esas tierras como “reserva ecológica, parque nacional o área protegida”. Este encuentro con el ministro permitió a los diputados que conozcan que la provincia estableció como “zona roja” a las tierras de La Fidelidad para su protección a fin de que no se produzcan explotaciones ni tampoco ocupaciones. De todos modos el funcionario resaltó la necesidad de contar con un puesto de Gendarmería con la logística necesaria, “para custodiar realmente toda esa propiedad, que es de muy difícil control si no se tienen los medios para realizarlo”. Durante el debate participaron también familiares del terrateniente asesinado Manuel Roseo, quienes fueron recibidos por los legisladores una vez que culminó la exposición del ministro Orban. Así lo informó Alicia Mastandrea, quien señaló que “los familiares de Roseo fueron recibidos fuera del ámbito de la comisión de Agricultura y los escuchamos, ellos están preocupados porque vivían de la explotación de La Fidelidad, aparentemente están con algunos problemas en este momento, y les dijimos que lo que corresponde es que se dirijan al Poder Ejecutivo ya que no es esta Cámara de Diputados la que puede solucionar el tema laboral que está teniendo la gente que trabaja en La Fidelidad”.
La preservación
Orban confirmó que “todos estamos de acuerdo en que queremos preservar La Fidelidad como una reserva ecológica, como un parque nacional, o como un área protegida. Cualquiera sea la figura que vaya a preservar este predio, nosotros tenemos que tomar algunas decisiones que van a pasar por el marco legal que permita hacer, por ejemplo, una expropiación para el tema de parques nacionales”. Rescató como “muy oportuno discutir con los legisladores y ver cuáles son las ópticas que tenemos cada uno, para hacer más perfectible el sistema de expropiación, o de utilización de esas tierras, a fin de tener una reserva importante dentro de nuestra provincia”. Además planteó también “invitar a la Legislatura formoseña para que con el sector de más de 85.000 hectáreas que queda del otro lado del río Bermejo se puedan tomar las mismas decisiones, entonces quedaría un pulmón verde de más de 240 mil hectáreas en conjunto”. Explicó que “si se expropia, podemos hacernos cargo nosotros, como provincia, pero hasta tanto se resuelva esto se debe tener un puesto de Gendarmería que custodie La Fidelidad. La expropiación -que también está en análisis en la comisión- es una herramienta válida para de ahí en más determinar con Nación cómo se hace el abordaje de esa tierra”.
Las posiciones
En la comisión el justicialismo planteó impulsar un proyecto de resolución dirigido a la Nación a efectos de que lleve adelante la expropiación de La Fidelidad, o que en su defecto contemple la posibilidad de proveer los fondos para que desde el Estado provincial se efectivice dicha expropiación. De todas maneras los legisladores adelantaron que se programará un nuevo encuentro con la participación de organizaciones ambientalistas o referentes en ese sentido, que plantean la necesidad de constituir la reserva y la idea que adelantaron es “escucharlos y después tomar una decisión” consideró Fabricio Bolatti. Mastandrea destacó la importancia que reviste el tema y consideró que “para nosotros el corredor biológico -que se inicia incluso en Salta, Santiago del Estero y llega hasta Formosa- tiene interés no solo para el Chaco, sino también para Argentina y para América del Sur, por lo que vamos a insistir en darle la importancia que el tema se merece” aseveró. Durante el encuentro el diputado Marcelo Castelán planteó la figura de la “servidumbre ecológica” como alternativa para aportar al análisis y sobre lo cual está trabajando en una iniciativa en ese sentido. No obstante, los legisladores acordaron seguir buscando el marco legal y las alternativas que permitan preservar esas tierras.
Fecha de Publicación: 30/06/2011
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco
La Legislatura decidió postergar una semana más el tratamiento de los proyectos de ley que permitan que las tierras de la estancia La Fidelidad se conviertan en un área protegida y en un futuro crear un parque provincial o nacional.
La finalidad de esta demora es conocer la posición de distintos sectores ambientalistas antes de dar el visto bueno a una de las iniciativas. Esta decisión llegó pocas horas después de que la comisión legislativa de Agricultura, junto a otros diputados de distintos bloques, recibió al ministro de la Producción, Enrique Orban, quien hizo pública la posición del gobierno de preservar esas tierras como “reserva ecológica, parque nacional o área protegida”. Este encuentro con el ministro permitió a los diputados que conozcan que la provincia estableció como “zona roja” a las tierras de La Fidelidad para su protección a fin de que no se produzcan explotaciones ni tampoco ocupaciones. De todos modos el funcionario resaltó la necesidad de contar con un puesto de Gendarmería con la logística necesaria, “para custodiar realmente toda esa propiedad, que es de muy difícil control si no se tienen los medios para realizarlo”. Durante el debate participaron también familiares del terrateniente asesinado Manuel Roseo, quienes fueron recibidos por los legisladores una vez que culminó la exposición del ministro Orban. Así lo informó Alicia Mastandrea, quien señaló que “los familiares de Roseo fueron recibidos fuera del ámbito de la comisión de Agricultura y los escuchamos, ellos están preocupados porque vivían de la explotación de La Fidelidad, aparentemente están con algunos problemas en este momento, y les dijimos que lo que corresponde es que se dirijan al Poder Ejecutivo ya que no es esta Cámara de Diputados la que puede solucionar el tema laboral que está teniendo la gente que trabaja en La Fidelidad”.
La preservación
Orban confirmó que “todos estamos de acuerdo en que queremos preservar La Fidelidad como una reserva ecológica, como un parque nacional, o como un área protegida. Cualquiera sea la figura que vaya a preservar este predio, nosotros tenemos que tomar algunas decisiones que van a pasar por el marco legal que permita hacer, por ejemplo, una expropiación para el tema de parques nacionales”. Rescató como “muy oportuno discutir con los legisladores y ver cuáles son las ópticas que tenemos cada uno, para hacer más perfectible el sistema de expropiación, o de utilización de esas tierras, a fin de tener una reserva importante dentro de nuestra provincia”. Además planteó también “invitar a la Legislatura formoseña para que con el sector de más de 85.000 hectáreas que queda del otro lado del río Bermejo se puedan tomar las mismas decisiones, entonces quedaría un pulmón verde de más de 240 mil hectáreas en conjunto”. Explicó que “si se expropia, podemos hacernos cargo nosotros, como provincia, pero hasta tanto se resuelva esto se debe tener un puesto de Gendarmería que custodie La Fidelidad. La expropiación -que también está en análisis en la comisión- es una herramienta válida para de ahí en más determinar con Nación cómo se hace el abordaje de esa tierra”.
Las posiciones
En la comisión el justicialismo planteó impulsar un proyecto de resolución dirigido a la Nación a efectos de que lleve adelante la expropiación de La Fidelidad, o que en su defecto contemple la posibilidad de proveer los fondos para que desde el Estado provincial se efectivice dicha expropiación. De todas maneras los legisladores adelantaron que se programará un nuevo encuentro con la participación de organizaciones ambientalistas o referentes en ese sentido, que plantean la necesidad de constituir la reserva y la idea que adelantaron es “escucharlos y después tomar una decisión” consideró Fabricio Bolatti. Mastandrea destacó la importancia que reviste el tema y consideró que “para nosotros el corredor biológico -que se inicia incluso en Salta, Santiago del Estero y llega hasta Formosa- tiene interés no solo para el Chaco, sino también para Argentina y para América del Sur, por lo que vamos a insistir en darle la importancia que el tema se merece” aseveró. Durante el encuentro el diputado Marcelo Castelán planteó la figura de la “servidumbre ecológica” como alternativa para aportar al análisis y sobre lo cual está trabajando en una iniciativa en ese sentido. No obstante, los legisladores acordaron seguir buscando el marco legal y las alternativas que permitan preservar esas tierras.
Alumbrera y Montalbán
Alumbrera se llevara puesto un secretario de ambiente
Fecha de Publicación: 29/06/2011
Fuente: No a la Mina
Provincia/Región: Nacional
La justicia santiagueña complica la situación procesal del funcionario tucumano Montalbán. Es secretario de Medio Ambiente y lo acusan por contaminar. Abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. En gran parte por omitir controles a La Alumbrera. En la parte final del escrito, el fiscal Gimena sostuvo que el dolo directo del secretario de Medio Ambiente de Tucumán se encuentra acreditado puesto que no ejecutó las leyes cuya observancia debía, "cuando sabía que la contaminación del río Salí, del embalse de Las Termas de Río Hondo y toda la cuenca hídrica Salí – Dulce que termina en la provincia de Córdoba (laguna Mar Chiquita) es generada principalmente por el vertido impune de efluentes líquidos y sólidos altamente contaminados por parte de industrias ubicadas en la provincia de Tucumán y la empresa Minera La Alumbrera cuya planta de secado se encuentra en la tucumana localidad de Ranchillos". l
Con relación a la causa ambiental radicada en el Juzgado Federal local contra las industrias asentadas en Tucumán y que contaminan con sus desechos la cuenca Salí-Dulce, la Fiscalía Federal pidió al juez Guillermo Molinari que se amplíe la instrucción y que cite a indagatoria al actual secretario de Medio Ambiente de Tucumán, Alfredo Montalván, a quien se acusa de permitir que se contamine y no aplicar las debidas sanciones a los responsables.
Así se confirmó la complicada situación legal que puede enfrentar el presidente del también Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema).
El requerimiento fue realizado por el fiscal federal, Gustavo Gimena, que subroga al fiscal Pedro Simón, respondiendo al pedido de imputación penal efectuada por la querellante Ana Loto, ex concejal de Las Termas, en contra de Alfredo Montalván y también del ministro de Producción, Jorge Salvador Gasembauer, por considerarlos presuntos autores del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario Público previsto y penado en el artículo 248 del Código Penal. ...
Según el escrito del fiscal Gimena, la imputación le cabe únicamente al secretario de Medio Ambiente, "por haber omitido el control de la normativa ambiental nacional y de la Provincia de Tucumán que posibilitó la comisión de los delitos de contaminación ambiental que se investigan en la presente instrucción".
Consideró que Montalván vulneró los bienes jurídicos protegidos "como son el respeto y el acatamiento debidos a las normas constitucionales y legales, configurándose la conducta descripta en el artículo 248 del Código Penal", es decir abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.
Responsabilidad
Gimena arribó a esta conclusión, al considerar que de "la conducta del funcionario público Montalván surge a las claras que es responsable de la no ejecución de leyes cuyo cumplimiento le incumbían en razón de su cargo".
"Este funcionario conocía y conoce muy bien las normativas nacionales y de la provincia de Tucumán creadas con el objeto de proteger el ambiente y la salud de las personas las cuales no dejan lugar a dudas en cuanto a su tiempo y modo de aplicación y debido control", señaló el funcionario judicial sobre Montalván.
Sin embargo, sostuvo que el funcionario "abusando de sus funciones, desarrolló mecanismos y estrategias para prorrogar" la aplicación de las normas ambientales, permitiendo y dando "el marco adecuado para que empresarios industriales contaminadores continúen acrecentando ganancias económicas a costa de violentar el derecho a la salud y a un ambiente sano que tienen todos los habitantes conforme al artículo 41 de la Constitución Nacional".
El fiscal federal general también enrostró a Montalván ser responsable de omitir las sanciones debidas a quienes infringieron "ostensiblemente la ley, no dar trámite a los reclamos constantes de los ciudadanos, no denunciar - como están obligados - el delito de contaminación del cual conocían perfectamente su existencia y desarrollo, y no ejercer el debido control a las empresas que alteraban el hábitat".
Dijo que esto posibilitó el "fragrante daño al ambiente, poniendo en serio peligro la salud de las poblaciones de Tucumán y Santiago del Estero afectando una cuenca hídrica interjurisdiccional".
Señaló que como secretario de Estado de Medio Ambiente de Tucumán, sus principales funciones son "la íntegra aplicación del ordenamiento legal en la materia", pero que ello "le resultó totalmente indiferente en relación al vertido de desechos industriales en la cuenca hídrica Salí – Dulce por parte de industrias asentadas en Tucumán".
Por todas las razones esgrimidas, consideró que es únicamente Montalván quien "perpetró la acción típica contenida en el art. 248 del CP, al prescindir de la ley, actuando como si ella no existiera".
En la parte final del escrito, Gimena sostuvo que el dolo directo del secretario de Medio Ambiente de Tucumán se encuentra acreditado puesto que no ejecutó las leyes cuya observancia debía, "cuando sabía que la contaminación del río Salí, del embalse de Las Termas de Río Hondo y toda la cuenca hídrica Salí – Dulce que termina en la provincia de Córdoba (laguna Mar Chiquita) es generada principalmente por el vertido impune de efluentes líquidos y sólidos altamente contaminados por parte de industrias ubicadas en la provincia de Tucumán y la empresa Minera La Alumbrera cuya planta de secado se encuentra en la tucumana localidad de Ranchillos".
Fecha de Publicación: 29/06/2011
Fuente: No a la Mina
Provincia/Región: Nacional
La justicia santiagueña complica la situación procesal del funcionario tucumano Montalbán. Es secretario de Medio Ambiente y lo acusan por contaminar. Abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. En gran parte por omitir controles a La Alumbrera. En la parte final del escrito, el fiscal Gimena sostuvo que el dolo directo del secretario de Medio Ambiente de Tucumán se encuentra acreditado puesto que no ejecutó las leyes cuya observancia debía, "cuando sabía que la contaminación del río Salí, del embalse de Las Termas de Río Hondo y toda la cuenca hídrica Salí – Dulce que termina en la provincia de Córdoba (laguna Mar Chiquita) es generada principalmente por el vertido impune de efluentes líquidos y sólidos altamente contaminados por parte de industrias ubicadas en la provincia de Tucumán y la empresa Minera La Alumbrera cuya planta de secado se encuentra en la tucumana localidad de Ranchillos". l
Con relación a la causa ambiental radicada en el Juzgado Federal local contra las industrias asentadas en Tucumán y que contaminan con sus desechos la cuenca Salí-Dulce, la Fiscalía Federal pidió al juez Guillermo Molinari que se amplíe la instrucción y que cite a indagatoria al actual secretario de Medio Ambiente de Tucumán, Alfredo Montalván, a quien se acusa de permitir que se contamine y no aplicar las debidas sanciones a los responsables.
Así se confirmó la complicada situación legal que puede enfrentar el presidente del también Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema).
El requerimiento fue realizado por el fiscal federal, Gustavo Gimena, que subroga al fiscal Pedro Simón, respondiendo al pedido de imputación penal efectuada por la querellante Ana Loto, ex concejal de Las Termas, en contra de Alfredo Montalván y también del ministro de Producción, Jorge Salvador Gasembauer, por considerarlos presuntos autores del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario Público previsto y penado en el artículo 248 del Código Penal. ...
Según el escrito del fiscal Gimena, la imputación le cabe únicamente al secretario de Medio Ambiente, "por haber omitido el control de la normativa ambiental nacional y de la Provincia de Tucumán que posibilitó la comisión de los delitos de contaminación ambiental que se investigan en la presente instrucción".
Consideró que Montalván vulneró los bienes jurídicos protegidos "como son el respeto y el acatamiento debidos a las normas constitucionales y legales, configurándose la conducta descripta en el artículo 248 del Código Penal", es decir abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.
Responsabilidad
Gimena arribó a esta conclusión, al considerar que de "la conducta del funcionario público Montalván surge a las claras que es responsable de la no ejecución de leyes cuyo cumplimiento le incumbían en razón de su cargo".
"Este funcionario conocía y conoce muy bien las normativas nacionales y de la provincia de Tucumán creadas con el objeto de proteger el ambiente y la salud de las personas las cuales no dejan lugar a dudas en cuanto a su tiempo y modo de aplicación y debido control", señaló el funcionario judicial sobre Montalván.
Sin embargo, sostuvo que el funcionario "abusando de sus funciones, desarrolló mecanismos y estrategias para prorrogar" la aplicación de las normas ambientales, permitiendo y dando "el marco adecuado para que empresarios industriales contaminadores continúen acrecentando ganancias económicas a costa de violentar el derecho a la salud y a un ambiente sano que tienen todos los habitantes conforme al artículo 41 de la Constitución Nacional".
El fiscal federal general también enrostró a Montalván ser responsable de omitir las sanciones debidas a quienes infringieron "ostensiblemente la ley, no dar trámite a los reclamos constantes de los ciudadanos, no denunciar - como están obligados - el delito de contaminación del cual conocían perfectamente su existencia y desarrollo, y no ejercer el debido control a las empresas que alteraban el hábitat".
Dijo que esto posibilitó el "fragrante daño al ambiente, poniendo en serio peligro la salud de las poblaciones de Tucumán y Santiago del Estero afectando una cuenca hídrica interjurisdiccional".
Señaló que como secretario de Estado de Medio Ambiente de Tucumán, sus principales funciones son "la íntegra aplicación del ordenamiento legal en la materia", pero que ello "le resultó totalmente indiferente en relación al vertido de desechos industriales en la cuenca hídrica Salí – Dulce por parte de industrias asentadas en Tucumán".
Por todas las razones esgrimidas, consideró que es únicamente Montalván quien "perpetró la acción típica contenida en el art. 248 del CP, al prescindir de la ley, actuando como si ella no existiera".
En la parte final del escrito, Gimena sostuvo que el dolo directo del secretario de Medio Ambiente de Tucumán se encuentra acreditado puesto que no ejecutó las leyes cuya observancia debía, "cuando sabía que la contaminación del río Salí, del embalse de Las Termas de Río Hondo y toda la cuenca hídrica Salí – Dulce que termina en la provincia de Córdoba (laguna Mar Chiquita) es generada principalmente por el vertido impune de efluentes líquidos y sólidos altamente contaminados por parte de industrias ubicadas en la provincia de Tucumán y la empresa Minera La Alumbrera cuya planta de secado se encuentra en la tucumana localidad de Ranchillos".
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Alumbrera,
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Tucumán
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Agroquímicos. Intiman a reclasificarlos
Agroquímicos. Intiman al ministro de Agricultura a reclasificarlos
Fecha de Publicación: 28/06/2011
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Nacional
El ministro de Agricultura, Pesca y Ganadería, Julián Domínguez, será intimado a contestar acerca de la resolución 147 emitida por la Defensoría del Pueblo de La Nación para que se actualice la reclasificación de los agroquímicos.
El ministro de Agricultura, Pesca y Ganadería, Julián Domínguez, será intimado a contestar acerca de la resolución 147 emitida por la Defensoría del Pueblo de La Nación. La presentación realizada por la Doctora Graciela Gómez, le advierte acerca del delito de incumplimiento de funciones de funcionario público si no lo hace en un tiempo perentorio. Además le advierte que la ley de Riesgo de Trabajo es sistemáticamente violada por las fumigaciones que no se controlan.
A su vez le reclama una respuesta expedita, fundada y razonable a la recomendación emanada desde el Defensor del Pueblo, y a la cual adhieren organizaciones ambientalistas de todo el país, conforme a la Ley 24.284, la Constitución Nacional artículos 14 y 41, Pactos Internacionales, y conforme al espíritu del Principio Precautorio plasmado en la Ley Nacional General del Ambiente N° 25.675.
La resolución de la Defensoría fue pronunciada en noviembre del año pasado y pide la modificación de la metodología utilizada en la clasificación de los agroquímicos. En este sentido el Defensor del Pueblo, Anselmo Sella recomendó a Domínguez que impulse las medidas necesarias para modificar la metodología utilizada en la clasificación de toxicidad de los productos agroquímicos. También indica que se estudio y abarque el daño a la salud que el producto pueda ocasionar. A su vez Sella pide que hasta tanto se realice la revisión de la clasificación, los agroquímicos aprobados que no tengan evaluado el grado de su toxicidad en las dosis subletales y crónicas, sean clasificados como "I.a: sumamente peligrosos, muy tóxicos", e identificados con banda roja. Para evitar complicaciones la Defensoría recomendó a Domínguez que la fórmula de los agroquímicos sean clasificados con la toxicidad mayor que puede corresponder a la del componente más tóxico o al formulado considerado integralmente, y que los estudios deben ser realizados por entidades de acreditada y reconocida independencia de criterio.
Gómez indicó que Domínguez podría incurrir en obstaculización y entorpecimiento ya que impide la efectivización de una denuncia ante el Defensor del Pueblo u obstaculice las investigaciones a su cargo, mediante la negativa al envío de los informes requeridos, o impida el acceso a expedientes o documentación necesarios para el curso de la investigación, incurre en el delito de desobediencia que prevé el artículo 239 del Código Penal.
Para la abogada la legislación garantiza en forma obsoleta y engañosa la seguridad de glifosato Round up, cuya aprobación actual no está actualizada y es científicamente insostenible. “El sistema de aprobación actual no es transparente, cuya dependencia es exclusiva de los estudios de la industria para la evaluación de la seguridad, con los conflictos de intereses inherentes, con protocolos anticuados que deberían someterse a estándares más rigurosos y actualizados”.
Fecha de Publicación: 28/06/2011
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Nacional
El ministro de Agricultura, Pesca y Ganadería, Julián Domínguez, será intimado a contestar acerca de la resolución 147 emitida por la Defensoría del Pueblo de La Nación para que se actualice la reclasificación de los agroquímicos.
El ministro de Agricultura, Pesca y Ganadería, Julián Domínguez, será intimado a contestar acerca de la resolución 147 emitida por la Defensoría del Pueblo de La Nación. La presentación realizada por la Doctora Graciela Gómez, le advierte acerca del delito de incumplimiento de funciones de funcionario público si no lo hace en un tiempo perentorio. Además le advierte que la ley de Riesgo de Trabajo es sistemáticamente violada por las fumigaciones que no se controlan.
A su vez le reclama una respuesta expedita, fundada y razonable a la recomendación emanada desde el Defensor del Pueblo, y a la cual adhieren organizaciones ambientalistas de todo el país, conforme a la Ley 24.284, la Constitución Nacional artículos 14 y 41, Pactos Internacionales, y conforme al espíritu del Principio Precautorio plasmado en la Ley Nacional General del Ambiente N° 25.675.
La resolución de la Defensoría fue pronunciada en noviembre del año pasado y pide la modificación de la metodología utilizada en la clasificación de los agroquímicos. En este sentido el Defensor del Pueblo, Anselmo Sella recomendó a Domínguez que impulse las medidas necesarias para modificar la metodología utilizada en la clasificación de toxicidad de los productos agroquímicos. También indica que se estudio y abarque el daño a la salud que el producto pueda ocasionar. A su vez Sella pide que hasta tanto se realice la revisión de la clasificación, los agroquímicos aprobados que no tengan evaluado el grado de su toxicidad en las dosis subletales y crónicas, sean clasificados como "I.a: sumamente peligrosos, muy tóxicos", e identificados con banda roja. Para evitar complicaciones la Defensoría recomendó a Domínguez que la fórmula de los agroquímicos sean clasificados con la toxicidad mayor que puede corresponder a la del componente más tóxico o al formulado considerado integralmente, y que los estudios deben ser realizados por entidades de acreditada y reconocida independencia de criterio.
Gómez indicó que Domínguez podría incurrir en obstaculización y entorpecimiento ya que impide la efectivización de una denuncia ante el Defensor del Pueblo u obstaculice las investigaciones a su cargo, mediante la negativa al envío de los informes requeridos, o impida el acceso a expedientes o documentación necesarios para el curso de la investigación, incurre en el delito de desobediencia que prevé el artículo 239 del Código Penal.
Para la abogada la legislación garantiza en forma obsoleta y engañosa la seguridad de glifosato Round up, cuya aprobación actual no está actualizada y es científicamente insostenible. “El sistema de aprobación actual no es transparente, cuya dependencia es exclusiva de los estudios de la industria para la evaluación de la seguridad, con los conflictos de intereses inherentes, con protocolos anticuados que deberían someterse a estándares más rigurosos y actualizados”.
Aconsejan preservar árboles añosos
Aconsejan preservar árboles añosos
Fecha de Publicación: 27/06/2011
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Los huecos que se producen por la degradación de la madera permiten que aniden más de 1000 especies
Cuando todos daban por sentado que la perseverancia del pájaro carpintero era clave para que otros animales encontraran dónde anidar, un equipo liderado por una argentina descubrió que más de mil especies de aves y mamíferos del mundo cuentan con otro "atajo" para conseguir un buen refugio.
Es nada más ni nada menos que el paso del tiempo. El envejecimiento, la degradación producida por hongos e insectos y hasta el viento van debilitando la madera de los árboles y, así, loros, tucanes, lechuzas, ardillas, serpientes o ranas, entre tantos otros, pueden armar sus nidos con gran facilidad.
"Cuando los animales dependen de huecos formados por degradación natural están dependiendo de árboles grandes, vivos. La mayoría tienen más de 100 años antes de que se les formen huecos, aunque los más grandes, para animales como los tucanes o los loros, llevarían más tiempo aún", explicó la doctora Kristina Cockle, coordinadora del Proyecto Selva De Pino Paraná de la Fundación Azara-Universidad Maimónides e investigadora posdoctoral del Conicet.
Ella en la Argentina; la doctora Kathy Martin en la Universidad de British Columbia, Canadá, y el doctor Tomasz Wesolowski, en la Universidad de Wroclaw, Polonia, organizaron grupos de voluntarios, estudiantes e investigadores para relevar pacientemente durante un período de entre 5 y 25 años un total de 2805 huecos en árboles de bosques y selvas de los tres países. Además, revisaron los resultados de investigaciones similares en 17 sitios de 10 países de Europa, Oceanía, Asia y América.
Ese estado de situación de los cuatro continentes proporcionó datos desconocidos, como que el 75% de los huecos que usan las aves en el mundo se formaron por el daño o la degradación de los troncos durante más de 100 o 200 años, mientras que la enorme familia de carpinteros u otros "excavadores" (trogones, trepadores o los carboneros sibilinos y de capucha negra) son los verdaderos responsables de la mayoría de esos agujeros (77%) sólo en América del Norte, donde llegan a permanecer utilizables hasta una década. En cambio, en América del Sur y los otros tres continentes los huecos por degradación son hasta 12 veces más duraderos (como en la Argentina).
También, según los resultados publicados en Frontiers and the Environment y comentados en Science , algunos de los huecos relevados en la selva misionera, por ejemplo, pueden servir de refugio seguro para cuatro especies de aves hasta siete veces en cinco años.
El equipo de Cockle, se lee en Science del 14 de este mes, halló que los pájaros carpinteros "podrían reducir algunos de los efectos que está teniendo la tala de árboles sobre las especies que utilizan los huecos para anidar en América del Norte, pero que eso no daría resultado en otras regiones", incluido nuestro país.
Aquí, un grupo de estudiantes de la carrera de guardaparques, colonos y chacreros de la localidad misionera de San Pedro ayudó a Cockle a trepar a algunos árboles y revisar otros para verificar si el hueco era un nido o no.
"Si el hueco está a menos de 15 metros del suelo, usamos una camarita montada en un poste telescópico que puede alcanzar esa altura", explicó Cockle por correo electrónico a La Nacion desde Canadá, donde trabaja en el Centro de Investigación Aplicada a la Conservación de la Universidad de Vancouver.
En la pantalla de un televisor portátil, los observadores determinan si en el hueco hay huevos o pichones. "Muchas veces los pájaros entran a los huecos y pueden pasar ahí bastante tiempo sin que sea su nido -explicó-. A veces no tiene las características que buscan para anidar, como cuando está mojado o no es suficientemente profundo."
Esta singular investigación demuestra la importancia que tiene cuidar los árboles añosos para la fauna autóctona. "Si queremos que nuestros hijos vean aves como los tucanes y los loros en nuestros bosques -señaló Cockle-, debemos asegurar que siempre haya árboles viejos, grandes y vivos, donde se forman los huecos más duraderos."
Es que, sin esos refugios, esos habitantes ocasionales no se pueden reproducir. "En la Argentina hay muchas especies de aves que necesitan huecos para anidar y que están en peligro de extinción, como el loro vinoso y el tucán banana en Misiones", recordó.
Para revertir la disminución de árboles añosos vivos, la doctora Cockle recomendó proteger reservas y conservar bosques completos, "especialmente los prístinos, como La Fidelidad, en Chaco". También habría que modificar el proceso de extracción de la madera, ya que las leyes establecen un diámetro mínimo del tronco para la tala. "En el Parque Provincial Cruce Caballero, de Misiones, la selva tenía 3 veces menos árboles grandes, 9 veces menos huecos y 17 veces menos nidos de aves (en huecos). Eso significa que la forma en que aprovechamos la madera en esa provincia está haciendo desaparecer los lugares donde los animales pueden reproducirse."
El Proyecto Selva De Pino Paraná ( http://pinoparana.fundacionazara.org.ar ) está trabajando con alumnos y colonos de Misiones "antes de que sea demasiado tarde para estos animales".
Fecha de Publicación: 27/06/2011
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Los huecos que se producen por la degradación de la madera permiten que aniden más de 1000 especies
Cuando todos daban por sentado que la perseverancia del pájaro carpintero era clave para que otros animales encontraran dónde anidar, un equipo liderado por una argentina descubrió que más de mil especies de aves y mamíferos del mundo cuentan con otro "atajo" para conseguir un buen refugio.
Es nada más ni nada menos que el paso del tiempo. El envejecimiento, la degradación producida por hongos e insectos y hasta el viento van debilitando la madera de los árboles y, así, loros, tucanes, lechuzas, ardillas, serpientes o ranas, entre tantos otros, pueden armar sus nidos con gran facilidad.
"Cuando los animales dependen de huecos formados por degradación natural están dependiendo de árboles grandes, vivos. La mayoría tienen más de 100 años antes de que se les formen huecos, aunque los más grandes, para animales como los tucanes o los loros, llevarían más tiempo aún", explicó la doctora Kristina Cockle, coordinadora del Proyecto Selva De Pino Paraná de la Fundación Azara-Universidad Maimónides e investigadora posdoctoral del Conicet.
Ella en la Argentina; la doctora Kathy Martin en la Universidad de British Columbia, Canadá, y el doctor Tomasz Wesolowski, en la Universidad de Wroclaw, Polonia, organizaron grupos de voluntarios, estudiantes e investigadores para relevar pacientemente durante un período de entre 5 y 25 años un total de 2805 huecos en árboles de bosques y selvas de los tres países. Además, revisaron los resultados de investigaciones similares en 17 sitios de 10 países de Europa, Oceanía, Asia y América.
Ese estado de situación de los cuatro continentes proporcionó datos desconocidos, como que el 75% de los huecos que usan las aves en el mundo se formaron por el daño o la degradación de los troncos durante más de 100 o 200 años, mientras que la enorme familia de carpinteros u otros "excavadores" (trogones, trepadores o los carboneros sibilinos y de capucha negra) son los verdaderos responsables de la mayoría de esos agujeros (77%) sólo en América del Norte, donde llegan a permanecer utilizables hasta una década. En cambio, en América del Sur y los otros tres continentes los huecos por degradación son hasta 12 veces más duraderos (como en la Argentina).
También, según los resultados publicados en Frontiers and the Environment y comentados en Science , algunos de los huecos relevados en la selva misionera, por ejemplo, pueden servir de refugio seguro para cuatro especies de aves hasta siete veces en cinco años.
El equipo de Cockle, se lee en Science del 14 de este mes, halló que los pájaros carpinteros "podrían reducir algunos de los efectos que está teniendo la tala de árboles sobre las especies que utilizan los huecos para anidar en América del Norte, pero que eso no daría resultado en otras regiones", incluido nuestro país.
Aquí, un grupo de estudiantes de la carrera de guardaparques, colonos y chacreros de la localidad misionera de San Pedro ayudó a Cockle a trepar a algunos árboles y revisar otros para verificar si el hueco era un nido o no.
"Si el hueco está a menos de 15 metros del suelo, usamos una camarita montada en un poste telescópico que puede alcanzar esa altura", explicó Cockle por correo electrónico a La Nacion desde Canadá, donde trabaja en el Centro de Investigación Aplicada a la Conservación de la Universidad de Vancouver.
En la pantalla de un televisor portátil, los observadores determinan si en el hueco hay huevos o pichones. "Muchas veces los pájaros entran a los huecos y pueden pasar ahí bastante tiempo sin que sea su nido -explicó-. A veces no tiene las características que buscan para anidar, como cuando está mojado o no es suficientemente profundo."
Esta singular investigación demuestra la importancia que tiene cuidar los árboles añosos para la fauna autóctona. "Si queremos que nuestros hijos vean aves como los tucanes y los loros en nuestros bosques -señaló Cockle-, debemos asegurar que siempre haya árboles viejos, grandes y vivos, donde se forman los huecos más duraderos."
Es que, sin esos refugios, esos habitantes ocasionales no se pueden reproducir. "En la Argentina hay muchas especies de aves que necesitan huecos para anidar y que están en peligro de extinción, como el loro vinoso y el tucán banana en Misiones", recordó.
Para revertir la disminución de árboles añosos vivos, la doctora Cockle recomendó proteger reservas y conservar bosques completos, "especialmente los prístinos, como La Fidelidad, en Chaco". También habría que modificar el proceso de extracción de la madera, ya que las leyes establecen un diámetro mínimo del tronco para la tala. "En el Parque Provincial Cruce Caballero, de Misiones, la selva tenía 3 veces menos árboles grandes, 9 veces menos huecos y 17 veces menos nidos de aves (en huecos). Eso significa que la forma en que aprovechamos la madera en esa provincia está haciendo desaparecer los lugares donde los animales pueden reproducirse."
El Proyecto Selva De Pino Paraná ( http://pinoparana.fundacionazara.org.ar ) está trabajando con alumnos y colonos de Misiones "antes de que sea demasiado tarde para estos animales".
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