Minería: Una prohibición Suprema
16:37 | 
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Una prohibición Suprema
Fecha de Publicación: 11/04/2011
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
El Superior Tribunal de Justicia de Neuquén denegó una apelación del gobierno neuquino y convalidó la prohibición de que la empresa minera Cormine avance sobre territorio mapuche. El reclamo lo había presentado la comunidad de Campana Mahuida.
Otro revés para una empresa y un estado provincial que impulsan la minería a cielo abierto. Y, al mismo tiempo, un nuevo reconocimiento a los derechos de los pueblos originarios y de los pueblos que rechazan la actividad extractiva con grandes consumos de agua y sustancias tóxicas. El Superior Tribunal de Justicia (STJ) denegó un pedido del gobierno de Neuquén que, mediante una compañía de origen chino, pretende extraer cobre en la zona de Campana Mahuida (al oeste provincial), donde la población local y la comunidad Mellao Morales habían logrado, en 2009, la prohibición de la actividad. Con la nueva decisión de la Justicia se reafirmó la paralización de la actividad minera en territorio mapuche y se remarcó la necesidad de atender el derecho indígena, que legisla sobre la obligatoriedad de consultar a los pueblos originarios en toda actividad territorial que pudiera afectarlos.
La comunidad mapuche Mellao Morales habita la localidad de Campana Mahuida desde el siglo XIX. Está integrada por 300 familias que se dedican a la cría de ganado y pequeñas chacras para autoconsumo. En octubre de 2007 comenzaron a observar vehículos que se internaban en el paraje y subían para la zona del cerro Tres Puntas. Se sorprendieron por la existencia de exploración minera en su territorio e, incluso, de un contrato entre Cormine y la compañía china Emprendimientos Mineros SA.
La comunidad presentó en 2008 un juicio por nulidad de contrato por no respetar los derechos de los pueblos originarios. También denunciaron que el gobierno provincial había cedido sin licitación pública el yacimiento a tres millones de dólares. Infima cifra para un emprendimiento con al menos quince años de vida útil y reservas por, según la misma empresa china, 1800 millones de dólares.
La jueza de primera instancia Paula Stanislavski, del Juzgado 1 de Neuquén, se declaró incompetente y derivó la causa al Superior Tribunal (STJ). El 28 de septiembre de 2009, el máximo tribunal de Neuquén devolvió la causa a primera instancia, pero antes hizo lugar a la medida cautelar de frenar toda acción hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo, la legalidad o no del contrato. En la práctica, implicó el freno de la actividad minera. El STJ dejó constancia de que el avance minero había omitido el derecho de consulta a la comunidad indígena, tal como lo establecen el Convenio 169 de la OIT, el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional y el artículo 53 de la Constitución de la Provincia de Neuquén.
La Fiscalía de Estado y Cormine apelaron con un recurso extraordinario. Y el Superior Tribunal acaba de volver a fallar contra el gobierno neuquino. La resolución 141, del 29 de marzo pero difundida esta semana, aclara que no corresponde una presentación como la realizada (por no tratarse de una sentencia definitiva) y cuestiona duramente a Cormine y a la Fiscalía porque su apelación “no logra realizar una crítica razonada a las circunstancias que fueron ponderadas para tomar la decisión (de detener la actividad minera)”. Precisa que el recurso extraordinario carece de argumentos que permitan tomar otra decisión respecto de lo vigente en el Convenio 169, en los “derechos (indígenas) involucrados (...) y los principios constitucionales”.
“Esperábamos el fallo porque es claro que no se respetaron nuestros derechos. Los políticos nos maltrataron para que demos marcha atrás, pero es una decisión tomada. Como pueblo mapuche no queremos minería en nuestro territorio”, afirmó el lonko de la comunidad Mellao Morales, Pedro Beroiza.
El máximo tribunal fue particularmente duro con la Fiscalía de Estado. “No guarda coherencia la conducta desplegada por la Fiscalía.” Y reafirma la vigencia de la resolución 6941 del Superior Tribunal porque, en la presentación judicial, Cormine y Fiscalía “no han logrado desvirtuar los argumentos allí brindados”.
La resolución 6941, dictada el 28 de septiembre de 2009, marca la prevalencia del derecho indígena, la necesidad de prohibir la actividad minera y es un antecedente de peso para otros conflictos entre pueblos originarios y empresas extractivas. Ordenó respetar los derechos indígenas y frenar el avance minero.
Remarcó el derecho a consulta de las comunidades y recuerda que la propia Constitución de Neuquén determina la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, disponiendo que no serán enajenables ni transmisibles ni susceptibles de gravámenes o embargos, asegurando su participación en la gestión de sus recursos naturales y demás intereses que los afecten.
Desde la Fiscalía de Estado, a cargo de Raúl Gaitán, no respondieron los llamados de este diario. Idéntica decisión tomó el presidente de Cormine, Martín Irigoyen. Desde el área de prensa de la Gobernación emitieron un comunicado y adelantaron que será la única expresión sobre el caso: “Nada dice la resolución sobre la cuestión discutida en el juicio y lejos está de afectar el Informe de Impacto Ambiental o cualquier otro documento relacionado con el Proyecto”.
Aún falta la sentencia que dirima la cuestión de fondo (la legalidad del contrato minero sin consulta a la comunidad mapuche).
Elena Picasso, abogada de la comunidad y del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa), está a cargo de la defensa de la comunidad junto a Cristian Hendrickse, de la Asamblea de Loncopué. Deja claro que aún no hay que festejar porque la disputa judicial continúa, pero sí se permite una sonrisa: “El derecho indígena está muy por encima del Código de Minería. Y, sobre todo, la tierra y el agua están más protegidas al cuidado de los pueblos originarios que en manos de las mineras”.
Fecha de Publicación: 11/04/2011
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
El Superior Tribunal de Justicia de Neuquén denegó una apelación del gobierno neuquino y convalidó la prohibición de que la empresa minera Cormine avance sobre territorio mapuche. El reclamo lo había presentado la comunidad de Campana Mahuida.
Otro revés para una empresa y un estado provincial que impulsan la minería a cielo abierto. Y, al mismo tiempo, un nuevo reconocimiento a los derechos de los pueblos originarios y de los pueblos que rechazan la actividad extractiva con grandes consumos de agua y sustancias tóxicas. El Superior Tribunal de Justicia (STJ) denegó un pedido del gobierno de Neuquén que, mediante una compañía de origen chino, pretende extraer cobre en la zona de Campana Mahuida (al oeste provincial), donde la población local y la comunidad Mellao Morales habían logrado, en 2009, la prohibición de la actividad. Con la nueva decisión de la Justicia se reafirmó la paralización de la actividad minera en territorio mapuche y se remarcó la necesidad de atender el derecho indígena, que legisla sobre la obligatoriedad de consultar a los pueblos originarios en toda actividad territorial que pudiera afectarlos.
La comunidad mapuche Mellao Morales habita la localidad de Campana Mahuida desde el siglo XIX. Está integrada por 300 familias que se dedican a la cría de ganado y pequeñas chacras para autoconsumo. En octubre de 2007 comenzaron a observar vehículos que se internaban en el paraje y subían para la zona del cerro Tres Puntas. Se sorprendieron por la existencia de exploración minera en su territorio e, incluso, de un contrato entre Cormine y la compañía china Emprendimientos Mineros SA.
La comunidad presentó en 2008 un juicio por nulidad de contrato por no respetar los derechos de los pueblos originarios. También denunciaron que el gobierno provincial había cedido sin licitación pública el yacimiento a tres millones de dólares. Infima cifra para un emprendimiento con al menos quince años de vida útil y reservas por, según la misma empresa china, 1800 millones de dólares.
La jueza de primera instancia Paula Stanislavski, del Juzgado 1 de Neuquén, se declaró incompetente y derivó la causa al Superior Tribunal (STJ). El 28 de septiembre de 2009, el máximo tribunal de Neuquén devolvió la causa a primera instancia, pero antes hizo lugar a la medida cautelar de frenar toda acción hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo, la legalidad o no del contrato. En la práctica, implicó el freno de la actividad minera. El STJ dejó constancia de que el avance minero había omitido el derecho de consulta a la comunidad indígena, tal como lo establecen el Convenio 169 de la OIT, el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional y el artículo 53 de la Constitución de la Provincia de Neuquén.
La Fiscalía de Estado y Cormine apelaron con un recurso extraordinario. Y el Superior Tribunal acaba de volver a fallar contra el gobierno neuquino. La resolución 141, del 29 de marzo pero difundida esta semana, aclara que no corresponde una presentación como la realizada (por no tratarse de una sentencia definitiva) y cuestiona duramente a Cormine y a la Fiscalía porque su apelación “no logra realizar una crítica razonada a las circunstancias que fueron ponderadas para tomar la decisión (de detener la actividad minera)”. Precisa que el recurso extraordinario carece de argumentos que permitan tomar otra decisión respecto de lo vigente en el Convenio 169, en los “derechos (indígenas) involucrados (...) y los principios constitucionales”.
“Esperábamos el fallo porque es claro que no se respetaron nuestros derechos. Los políticos nos maltrataron para que demos marcha atrás, pero es una decisión tomada. Como pueblo mapuche no queremos minería en nuestro territorio”, afirmó el lonko de la comunidad Mellao Morales, Pedro Beroiza.
El máximo tribunal fue particularmente duro con la Fiscalía de Estado. “No guarda coherencia la conducta desplegada por la Fiscalía.” Y reafirma la vigencia de la resolución 6941 del Superior Tribunal porque, en la presentación judicial, Cormine y Fiscalía “no han logrado desvirtuar los argumentos allí brindados”.
La resolución 6941, dictada el 28 de septiembre de 2009, marca la prevalencia del derecho indígena, la necesidad de prohibir la actividad minera y es un antecedente de peso para otros conflictos entre pueblos originarios y empresas extractivas. Ordenó respetar los derechos indígenas y frenar el avance minero.
Remarcó el derecho a consulta de las comunidades y recuerda que la propia Constitución de Neuquén determina la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, disponiendo que no serán enajenables ni transmisibles ni susceptibles de gravámenes o embargos, asegurando su participación en la gestión de sus recursos naturales y demás intereses que los afecten.
Desde la Fiscalía de Estado, a cargo de Raúl Gaitán, no respondieron los llamados de este diario. Idéntica decisión tomó el presidente de Cormine, Martín Irigoyen. Desde el área de prensa de la Gobernación emitieron un comunicado y adelantaron que será la única expresión sobre el caso: “Nada dice la resolución sobre la cuestión discutida en el juicio y lejos está de afectar el Informe de Impacto Ambiental o cualquier otro documento relacionado con el Proyecto”.
Aún falta la sentencia que dirima la cuestión de fondo (la legalidad del contrato minero sin consulta a la comunidad mapuche).
Elena Picasso, abogada de la comunidad y del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa), está a cargo de la defensa de la comunidad junto a Cristian Hendrickse, de la Asamblea de Loncopué. Deja claro que aún no hay que festejar porque la disputa judicial continúa, pero sí se permite una sonrisa: “El derecho indígena está muy por encima del Código de Minería. Y, sobre todo, la tierra y el agua están más protegidas al cuidado de los pueblos originarios que en manos de las mineras”.
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Entre Ríos: demolerán un terraplén ilegal
Colón: el gobierno demolerá un terraplén ilegal
Fecha de Publicación: 11/04/2011
Fuente: InfoAlternativa
Provincia/Región: Entre Ríos
Se demolerá el terraplén que una empresa construyó ilegalmente en Colón. Se trata de la firma Iberpapel Argentina S.A. La senadora nacional Blanca Osuna valoró la decisión del gobierno entrerriano de rechazar el recurso de apelación interpuesto por la empresa.
El secretario de Ambiente Sustentable de Entre Ríos, Fernando Raffo, dijo que esa área del gobierno provincial fue habilitada para ingresar al campo "con la fuerza pública y la maquinaria pertinente" para cumplir con esta demolición. El terraplén fue construido por la firma Iberpapel Argentina S.A en los humedales de la cuenca del Arroyo Caraballo, en Pueblo Liebig, departamento Colón.
En diálogo con Sexto sentido, el secretario de Ambiente, Fernando Raffo, recordó que el gobierno entrerriano rechazó la apelación interpuesta por la empresa Iberpapel Argentina, luego de que la Secretaría de Ambiente Sustentable le ordenara el año pasado la demolición del terraplén de ocho kilómetros que levantó ilegalmente. Según se observó, el terraplén afectaría irremediablemente el equilibrio natural del área.
Osuna valoró la decisión del gobierno de demoler el terraplén ilegal
La senadora nacional Blanca Osuna valoró la decisión del gobierno entrerriano de rechazar el recurso de apelación interpuesto por la empresa Iberpapel Argentina luego de que la Secretaría de Ambiente Sustentable de la provincia le ordenara el año pasado la demolición del terraplén de ocho kilómetros de extensión que la firma levantó ilegalmente en el departamento Colón, al sur del arroyo Caraballo y se avance efectivamente en su demolición.
"Entre Ríos, a partir de la decisión del gobernador Urribarri, crea un importante precedente en protección ambiental y de los recursos naturales en el país y una clara señal que hace al verdadero y real desarrollo sustentable de la actividad productiva de la provincia", señaló Osuna. A la vez, consideró que se trató de "una acción preventiva de un gobierno comprometido con los intereses de los entrerrianos, al evitar un ataque a la naturaleza y a la biodiversidad y lo que podría haber sido un nuevo conflicto puesto que el impacto ambiental de esta obra podría afectar el río Uruguay y eventualmente violarse un tratado internacional como el Estatuto del Río Uruguay".
Cabe recordar que la senadora venía trabajando fuertemente en este tema. Entre otras cuestiones, había llevado al Congreso a través de un proyecto de declaración, su preocupación por la falta de cumplimiento por parte de la empresa de la orden emanada de demoler el terraplén de más de 8 kilómetros que levantó en la zona de humedales del arroyo Caraballo, que desemboca en el río Uruguay.
"Ese murallón fue levantado ilegalmente, ya que no sólo se violó la legislación vigente y no se pidieron las autorizaciones correspondientes, sino también porque no se realizaron estudios de impacto ambiental para evaluar su viabilidad ecológica". "La falta de realización de estos estudios ha impedido evaluar las consecuencias del terraplén sobre el régimen y la calidad de las aguas del río Uruguay y determinar que la obra efectivamente viola las disposiciones del Estatuto del Río Uruguay", explicó.
En este mismo sentido recordó que la Constitución provincial protege los humedales entrerrianos y prohíbe la "construcción de obras de infraestructura a gran escala que puedan interrumpir o degradar la libertad de sus aguas y el desarrollo natural de sus ecosistemas asociados".
Osuna destacó la resolución del Gobierno provincial como un avance frente la actitud de la empresa Iberpapel -que consideró como un "atropello"- de no acatar la medida y que, al igual que en los casos de la represa en el arroyo Ayuí en Corrientes como en el terraplén construido en la estancia La Calera de Pedro Pou en Gualeguay, "son emprendimientos que nada tienen que ver con un desarrollo productivo sustentable sino de empresas que anteponen el interés económico por sobre el cuidado de los recursos, del ambiente y de las personas".
Fecha de Publicación: 11/04/2011
Fuente: InfoAlternativa
Provincia/Región: Entre Ríos
Se demolerá el terraplén que una empresa construyó ilegalmente en Colón. Se trata de la firma Iberpapel Argentina S.A. La senadora nacional Blanca Osuna valoró la decisión del gobierno entrerriano de rechazar el recurso de apelación interpuesto por la empresa.
El secretario de Ambiente Sustentable de Entre Ríos, Fernando Raffo, dijo que esa área del gobierno provincial fue habilitada para ingresar al campo "con la fuerza pública y la maquinaria pertinente" para cumplir con esta demolición. El terraplén fue construido por la firma Iberpapel Argentina S.A en los humedales de la cuenca del Arroyo Caraballo, en Pueblo Liebig, departamento Colón.
En diálogo con Sexto sentido, el secretario de Ambiente, Fernando Raffo, recordó que el gobierno entrerriano rechazó la apelación interpuesta por la empresa Iberpapel Argentina, luego de que la Secretaría de Ambiente Sustentable le ordenara el año pasado la demolición del terraplén de ocho kilómetros que levantó ilegalmente. Según se observó, el terraplén afectaría irremediablemente el equilibrio natural del área.
Osuna valoró la decisión del gobierno de demoler el terraplén ilegal
La senadora nacional Blanca Osuna valoró la decisión del gobierno entrerriano de rechazar el recurso de apelación interpuesto por la empresa Iberpapel Argentina luego de que la Secretaría de Ambiente Sustentable de la provincia le ordenara el año pasado la demolición del terraplén de ocho kilómetros de extensión que la firma levantó ilegalmente en el departamento Colón, al sur del arroyo Caraballo y se avance efectivamente en su demolición.
"Entre Ríos, a partir de la decisión del gobernador Urribarri, crea un importante precedente en protección ambiental y de los recursos naturales en el país y una clara señal que hace al verdadero y real desarrollo sustentable de la actividad productiva de la provincia", señaló Osuna. A la vez, consideró que se trató de "una acción preventiva de un gobierno comprometido con los intereses de los entrerrianos, al evitar un ataque a la naturaleza y a la biodiversidad y lo que podría haber sido un nuevo conflicto puesto que el impacto ambiental de esta obra podría afectar el río Uruguay y eventualmente violarse un tratado internacional como el Estatuto del Río Uruguay".
Cabe recordar que la senadora venía trabajando fuertemente en este tema. Entre otras cuestiones, había llevado al Congreso a través de un proyecto de declaración, su preocupación por la falta de cumplimiento por parte de la empresa de la orden emanada de demoler el terraplén de más de 8 kilómetros que levantó en la zona de humedales del arroyo Caraballo, que desemboca en el río Uruguay.
"Ese murallón fue levantado ilegalmente, ya que no sólo se violó la legislación vigente y no se pidieron las autorizaciones correspondientes, sino también porque no se realizaron estudios de impacto ambiental para evaluar su viabilidad ecológica". "La falta de realización de estos estudios ha impedido evaluar las consecuencias del terraplén sobre el régimen y la calidad de las aguas del río Uruguay y determinar que la obra efectivamente viola las disposiciones del Estatuto del Río Uruguay", explicó.
En este mismo sentido recordó que la Constitución provincial protege los humedales entrerrianos y prohíbe la "construcción de obras de infraestructura a gran escala que puedan interrumpir o degradar la libertad de sus aguas y el desarrollo natural de sus ecosistemas asociados".
Osuna destacó la resolución del Gobierno provincial como un avance frente la actitud de la empresa Iberpapel -que consideró como un "atropello"- de no acatar la medida y que, al igual que en los casos de la represa en el arroyo Ayuí en Corrientes como en el terraplén construido en la estancia La Calera de Pedro Pou en Gualeguay, "son emprendimientos que nada tienen que ver con un desarrollo productivo sustentable sino de empresas que anteponen el interés económico por sobre el cuidado de los recursos, del ambiente y de las personas".
Malargüe sin controles en la minería del uranio
En Malargüe tampoco hay controles en la minería del uranio
Fecha de Publicación: 10/04/2011
Fuente: Renace
Provincia/Región: Mendoza
Pasan los años y los sitios contaminados y abandonados por CNEA continúan aguardando una remediación que no llega. Se suman problemas asociados a gases peligrosos en zonas turísticas aledañas a los pasivos ambientales, que tampoco son tenidos en cuenta.
En marzo de 2010 quien firma tuvo que informar a la Dirección de Recursos Naturales Renovables de Mendoza (donde ocupo un espacio de técnico a cargo del PROGRAMA PROVINCIAL DE ESPELEOLOGÍA y del Plan de Manejo del ANP Caverna de Las Brujas), sobre un estudio que la investigadora de la CNEA Dra. Miriam Kundt llevó a cabo en la Caverna de Las Brujas, en el que advertía que en algunos puntos del circuito turístico actualmente vigente se detectó una concentración de gas radón superior a lo normal.
Literalmente el informe a mis superiores decía: “Habiendo tomado nota del informe elevado a la Dirección por la Dra. Miriam Kundt (CNEA), quien a comienzos del 2008 llevó a cabo mediciones de gas radón en el interior del ANP Caverna de Las Brujas (Zona Turística y Zona Intangible), solicito a Ud. que dicho informe sea incorporado a la Matriz Biofísica para la elaboración del futuro plan de manejo, con el agregado de las siguientes recomendaciones y comentarios: 1) Que se tenga en cuenta que en su informe la Dra. Kundt hace referencia a 15 puntos de la caverna donde se hicieron las mediciones del caso y que en 7 de ellos “se observa que los valores de gas radón medidos superan el nivel de acción citado”. De la lectura de los detalles del informe surge que, de esos 7 puntos, dos de ellos se encuentran en la zona turística y otros dos no están identificados en la topografía, pero que por el relato corresponderían también a espacios visitados por turistas y frecuentado por guías y guardaparques. 2) La Dra. Kundt fue acompañada, durante sus estudios, por un grupo de espeleólogos malargüinos. Dos de ellos (Sres. Martín Bravo y Pablo Cabrera), que además se desempeñan como técnicos de la Dirección Municipal de Ambiente en Malargüe, nos transmitieron la inquietud, antes de presentarse este informe, de que sería importante que la DRNR firme un convenio con la CNEA para llevar este tipo de estudios a mayor escala, no solamente dentro de esta cavidad, sino también en otras de espeleogénesis kárstica, lo que implicaría incluir esta temática en el Programa Provincial de Espeleología (PPE). Al respecto, dichos colegas han manifestado haber llevado a cabo conversaciones informales con técnicos ambientales de ese organismo nacional en la CNEA-Malargüe, pero que se requiere de gestiones a nivel institucional para llevar a cabo la tarea”
El informe se había originado no sólo en lo manifestado por escrito por la especialista de la CNEA, sino también en una visita hecha a la Caverna junto a técnicos de la RENACE – Red Nacional de Acción Ecologista- , la que incluyó también la mina de uranio abandonada Huemul (cerca de la Caverna) y, junto a la concejal malargüina Norma Bouza, a las colas de uranio a sólo diez cuadras del centro de la ciudad. La periodista en ciencias Lic. Silvana Buján publicó el estado riesgoso de la zona, y la necesidad de que se liberaran los fondos para financiar la remediación de las colas de uranio. Para consultar a las fuentes, lleva dos años solicitando una entrevista a la Autoridad Regulatoria Nuclear sin que jamás le haya sido otorgada.
Quien escribe solicitó formalmente un convenio entre el gobierno mendocino y la CNEA para los estudios de gas radón en Las Brujas, a fin de avanzar en el plan de manejo de la misma (que no lo tiene, incumpliendo la Ley 6045).
“La minería del uranio en Malargüe no tiene controles externos”, decía entonces un artículo que publicamos en el semanario Sin Pelos en la Lengua. Malargüe, Nro. 28. Y agregaba que “No hay estudios de epidemiología”, y que “La CNEA sigue adelante sin responder voces de advertencia”.
Esa situación sigue sin resolverse y la Dirección de Recursos Naturales Renovables de la Provincia de Mendoza, indiferente a este tipo de pedidos, como asimismo a los reclamos en general de que las 14 áreas protegidas provinciales tengan planes de manejo adecuados y los asociados planes de seguridad.
A modo ilustrativo, en febrero ppdo. en Parque Aconcagua murieron dos andinistas y en Caverna de Las Brujas murió un turista norteamericano por causas naturales, pero que pudieron haberse evitado si en Las Brujas hubiese habido al menos un enfermero con equipo médico; el guardaparques no estaba en la reserva y la ambulancia de auxilio tardó 40 minutos en llegar. Días antes de ésto hubo un escándalo público (que continúa) en Malargüe, cuando un concejal llegó de sorpresa a Las Brujas a constatar que faltaba agua potable y servicios sanitarios para guardaparques, guías de turismo y turistas. Mientras tanto, el jefe del Departamento de Áreas Naturales Protegidas estaba de vacaciones mientras otros funcionarios se ocupaban de que la prensa no diera detalles de lo que estaba ocurriendo.
El problema no se resolvió, y los funcionarios denunciados en Fiscalía de Estado estarían estudiando la forma de rescindir los contratos a los técnicos que hicieron tales denuncias, que coordinan planes de investigación paleoclimáticas y biogeográficas en el interior de las cuevas y dejaron filtrar la información a la opinión pública.
Fecha de Publicación: 10/04/2011
Fuente: Renace
Provincia/Región: Mendoza
Pasan los años y los sitios contaminados y abandonados por CNEA continúan aguardando una remediación que no llega. Se suman problemas asociados a gases peligrosos en zonas turísticas aledañas a los pasivos ambientales, que tampoco son tenidos en cuenta.
En marzo de 2010 quien firma tuvo que informar a la Dirección de Recursos Naturales Renovables de Mendoza (donde ocupo un espacio de técnico a cargo del PROGRAMA PROVINCIAL DE ESPELEOLOGÍA y del Plan de Manejo del ANP Caverna de Las Brujas), sobre un estudio que la investigadora de la CNEA Dra. Miriam Kundt llevó a cabo en la Caverna de Las Brujas, en el que advertía que en algunos puntos del circuito turístico actualmente vigente se detectó una concentración de gas radón superior a lo normal.
Literalmente el informe a mis superiores decía: “Habiendo tomado nota del informe elevado a la Dirección por la Dra. Miriam Kundt (CNEA), quien a comienzos del 2008 llevó a cabo mediciones de gas radón en el interior del ANP Caverna de Las Brujas (Zona Turística y Zona Intangible), solicito a Ud. que dicho informe sea incorporado a la Matriz Biofísica para la elaboración del futuro plan de manejo, con el agregado de las siguientes recomendaciones y comentarios: 1) Que se tenga en cuenta que en su informe la Dra. Kundt hace referencia a 15 puntos de la caverna donde se hicieron las mediciones del caso y que en 7 de ellos “se observa que los valores de gas radón medidos superan el nivel de acción citado”. De la lectura de los detalles del informe surge que, de esos 7 puntos, dos de ellos se encuentran en la zona turística y otros dos no están identificados en la topografía, pero que por el relato corresponderían también a espacios visitados por turistas y frecuentado por guías y guardaparques. 2) La Dra. Kundt fue acompañada, durante sus estudios, por un grupo de espeleólogos malargüinos. Dos de ellos (Sres. Martín Bravo y Pablo Cabrera), que además se desempeñan como técnicos de la Dirección Municipal de Ambiente en Malargüe, nos transmitieron la inquietud, antes de presentarse este informe, de que sería importante que la DRNR firme un convenio con la CNEA para llevar este tipo de estudios a mayor escala, no solamente dentro de esta cavidad, sino también en otras de espeleogénesis kárstica, lo que implicaría incluir esta temática en el Programa Provincial de Espeleología (PPE). Al respecto, dichos colegas han manifestado haber llevado a cabo conversaciones informales con técnicos ambientales de ese organismo nacional en la CNEA-Malargüe, pero que se requiere de gestiones a nivel institucional para llevar a cabo la tarea”
El informe se había originado no sólo en lo manifestado por escrito por la especialista de la CNEA, sino también en una visita hecha a la Caverna junto a técnicos de la RENACE – Red Nacional de Acción Ecologista- , la que incluyó también la mina de uranio abandonada Huemul (cerca de la Caverna) y, junto a la concejal malargüina Norma Bouza, a las colas de uranio a sólo diez cuadras del centro de la ciudad. La periodista en ciencias Lic. Silvana Buján publicó el estado riesgoso de la zona, y la necesidad de que se liberaran los fondos para financiar la remediación de las colas de uranio. Para consultar a las fuentes, lleva dos años solicitando una entrevista a la Autoridad Regulatoria Nuclear sin que jamás le haya sido otorgada.
Quien escribe solicitó formalmente un convenio entre el gobierno mendocino y la CNEA para los estudios de gas radón en Las Brujas, a fin de avanzar en el plan de manejo de la misma (que no lo tiene, incumpliendo la Ley 6045).
“La minería del uranio en Malargüe no tiene controles externos”, decía entonces un artículo que publicamos en el semanario Sin Pelos en la Lengua. Malargüe, Nro. 28. Y agregaba que “No hay estudios de epidemiología”, y que “La CNEA sigue adelante sin responder voces de advertencia”.
Esa situación sigue sin resolverse y la Dirección de Recursos Naturales Renovables de la Provincia de Mendoza, indiferente a este tipo de pedidos, como asimismo a los reclamos en general de que las 14 áreas protegidas provinciales tengan planes de manejo adecuados y los asociados planes de seguridad.
A modo ilustrativo, en febrero ppdo. en Parque Aconcagua murieron dos andinistas y en Caverna de Las Brujas murió un turista norteamericano por causas naturales, pero que pudieron haberse evitado si en Las Brujas hubiese habido al menos un enfermero con equipo médico; el guardaparques no estaba en la reserva y la ambulancia de auxilio tardó 40 minutos en llegar. Días antes de ésto hubo un escándalo público (que continúa) en Malargüe, cuando un concejal llegó de sorpresa a Las Brujas a constatar que faltaba agua potable y servicios sanitarios para guardaparques, guías de turismo y turistas. Mientras tanto, el jefe del Departamento de Áreas Naturales Protegidas estaba de vacaciones mientras otros funcionarios se ocupaban de que la prensa no diera detalles de lo que estaba ocurriendo.
El problema no se resolvió, y los funcionarios denunciados en Fiscalía de Estado estarían estudiando la forma de rescindir los contratos a los técnicos que hicieron tales denuncias, que coordinan planes de investigación paleoclimáticas y biogeográficas en el interior de las cuevas y dejaron filtrar la información a la opinión pública.
Santiago: caza furtiva está diezmando la fauna
La caza furtiva está diezmando la fauna en toda la provincia
Fecha de Publicación: 10/04/2011
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Santiago del Estero
Las grandes extensiones de monte que existen en la provincia y la intrincada red de caminos dificultan la lucha contra este delito. Un importante cargamento fue secuestrado cerca del límite con Santa Fe.
De norte a sur y de este a oeste, la provincia es un terreno fértil para los cazadores furtivos, que por año se llevan miles de ejemplares de especies autóctonas –muchas en peligro de extinción- como parte de un negocio que mueve cifras millonarias.
Este viejo drama que se repite en casi todo el norte del país volvió a salir a la luz ayer, luego de conocerse que Gendarmería Nacional había rescatado más de 670 animales en peligro de extinción en un operativo realizado en la ruta 34, cerca de la ciudad santafesina de Ceres, a 15 kilómetros del límite con Santiago del Estero, cuando eran transportados escondidos en el sector de equipajes de un ómnibus que circulaba por la ruta 34, cerca de la ciudad de Ceres, en límite con Santa Fe.
En el operativo fueron rescatadas: 186 tortugas terrestres, la mayoría con pocos días de vida; 63 lampalaguas; 63 boas arcoiris; 48 culebras narigudas; 89 culebras verdes; 105 culebras terrícolas; 32 culebras grises y 44 víboras falsa coral. También había 40 iguanas overas y coloradas, además de una mulita.
El traficante dijo haber permanecido durante casi tres meses cazando en distintos lugares de Santiago del Estero, y que se dirigía al conurbano bonaerense para vender los animales
Los gendarmes del Escuadrón de Seguridad Vial Rafaela manejaban información sobre un sujeto que transportaba animales silvestres y que se dirigía a Buenos Aires. Cuando revisaron el micro le devolvieron el documento a uno de los pasajeros y en ese instante percibieron que dos bolsos del asiento contiguo se movían. Al abrirlos se encontraron con decenas de culebras. Luego al observar el equipaje que el hombre llevaba en el baúl del colectivo se encontraron con cajas donde estaba el resto de los animales.
El traficante fue puesto a disposición del juez Hugo Tallarico, de San Cristóbal, acusado de violar la ley 22.421, que pena con uno a tres años de cárcel la captura de animales silvestres.
Ayer por la noche un guardafaunas de Santa Fe liberó los animales en distintas zonas del departamento 9 de Julio, de esa provincia.
Fecha de Publicación: 10/04/2011
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Santiago del Estero
Las grandes extensiones de monte que existen en la provincia y la intrincada red de caminos dificultan la lucha contra este delito. Un importante cargamento fue secuestrado cerca del límite con Santa Fe.
De norte a sur y de este a oeste, la provincia es un terreno fértil para los cazadores furtivos, que por año se llevan miles de ejemplares de especies autóctonas –muchas en peligro de extinción- como parte de un negocio que mueve cifras millonarias.
Este viejo drama que se repite en casi todo el norte del país volvió a salir a la luz ayer, luego de conocerse que Gendarmería Nacional había rescatado más de 670 animales en peligro de extinción en un operativo realizado en la ruta 34, cerca de la ciudad santafesina de Ceres, a 15 kilómetros del límite con Santiago del Estero, cuando eran transportados escondidos en el sector de equipajes de un ómnibus que circulaba por la ruta 34, cerca de la ciudad de Ceres, en límite con Santa Fe.
En el operativo fueron rescatadas: 186 tortugas terrestres, la mayoría con pocos días de vida; 63 lampalaguas; 63 boas arcoiris; 48 culebras narigudas; 89 culebras verdes; 105 culebras terrícolas; 32 culebras grises y 44 víboras falsa coral. También había 40 iguanas overas y coloradas, además de una mulita.
El traficante dijo haber permanecido durante casi tres meses cazando en distintos lugares de Santiago del Estero, y que se dirigía al conurbano bonaerense para vender los animales
Los gendarmes del Escuadrón de Seguridad Vial Rafaela manejaban información sobre un sujeto que transportaba animales silvestres y que se dirigía a Buenos Aires. Cuando revisaron el micro le devolvieron el documento a uno de los pasajeros y en ese instante percibieron que dos bolsos del asiento contiguo se movían. Al abrirlos se encontraron con decenas de culebras. Luego al observar el equipaje que el hombre llevaba en el baúl del colectivo se encontraron con cajas donde estaba el resto de los animales.
El traficante fue puesto a disposición del juez Hugo Tallarico, de San Cristóbal, acusado de violar la ley 22.421, que pena con uno a tres años de cárcel la captura de animales silvestres.
Ayer por la noche un guardafaunas de Santa Fe liberó los animales en distintas zonas del departamento 9 de Julio, de esa provincia.
Salta: Intereses sojeros y deforestación
Salta de candidatos: Intereses sojeros y deforestación
Fecha de Publicación: 09/04/2011
Fuente: Comunicación Ambiental
Provincia/Región: Salta
Este domingo será el turno de Salta de elegir gobernador. La elección tiene la particularidad de presentar dos candidatos que respaldan a la Presidenta. También, un productor sojero acusado de trabajo esclavo y beneficiado por los mismos kirchneristas. Las alternativas de cambio, entre partidos del centro y la izquierda. En este artículo, una crónica de los últimos años en la provincia escenario de discusión de la Ley de Bosques.
Las problemáticas socioambientales del territorio provincial son variadas. De todos modos, la más importante es la deforestación, debido sobre todo al avance de la frontera agrícola, por lo cual los intereses provinciales fueron los que más se opusieron a la Ley de Bosques. Estos fueron los causales principales de las grandes inundaciones en la ciudad del Tartagal, que también sufre por los daños causados río arriba en Bolivia. Los intereses mineros también están presentes y el actual gobernador promovió una Ley de Glaciares similar a la propuesta por San Juan.
Walter Wayar (Frente Popular para la Victoria). Es uno de los candidatos kirchnerista y la prensa menciona el apoyo del dirigente sindical Hugo Moyano. Fue vicegobernador de 1995 hasta el 2007, acompañando los tres mandatos del actual senador justicialista Juan Carlos Romero (quien fue en el 2003 candidato a vicepresidente de la Nación de Carlos Menem). El último periodo de gobierno de la fórmula Romero - Wayar en la provincia, del 2003 al 2007, ya aliados al kirchnerismo, estuvo signado por la discusión de la Ley de Bosques.
El primer incidente que trascendió a la opinión pública fue el intento de venta de la reserva natural Pizarro en el departamento de Anta. La iniciativa dirigida a beneficiar a los agronegocios incluía también el desalojo de pueblos wichi y, en ese momento, una campaña liderada por Greenpeace Argentina consiguió detenerla. Por la misma época, el diputado Miguel Bonasso, (entonces kirchnerista y hoy en Proyecto Sur) impulsó la Ley de Bosques Nativos, cuya principal oposición se realizó desde la bancada del justicialismo salteño.
De hecho, en retrospectiva, en el 2008 Bonasso publicó un fuerte artículo titulado "Un ecocida llamado Romero", quien en ese momento se desempeñaba como vicepresidente del Senador por el PJ- Frente para la Victoria. De todos modos, este panorama de debate sobre la deforestación tiñó las elecciones del 2007, donde Wayar se presentó como sucesor de Romero por el "Frente Justicialista para la Victoria" pero perdió frente a otro candidato kirchnerista, Urtubey, por muy estrecho margen. Aunque ahora Wayar declare que está alejado de Romero, los 12 años de gestión en conjunto no pueden ser desdeñados.
Juan Manuel Urtubey (Frente Justicialista Renovador de la Victoria). El actual gobernador de Salta sucedió en el cargo a Romero en el 2008 y este domingo va por la reelección hasta el 2016. En su sector confluyen kirchneristas con miembros del tradicional Partido Renovador Salteño. Durante su gestión, la provincia volvió a ser el escenario de discusión nacional cuando fue luego de una segunda gran inundación en Tartagal en el 2009 cuando la Presidenta Cristina Fernández decidió la muy demorada reglamentación de la Ley de Bosques, 14 meses después de su sanción.
El 17 de diciembre del 2008, la Legislatura Provincial había aprobado una ley de ordenamiento territorial presentada por Alfredo Olmedo y convalidada por Urtubey, con oposición de solo tres diputados. Días después, ante un amparo de comunidades indígenas y campesinas, la Corte Suprema de Justicia frenó pedidos de desmonte, pero sólo sobre las casi 500 mil hectáreas que venían de los últimos años de Romero y la nueva gestión no había desautorizado. Para ese entonces, se dio a conocer que los hermanos del gobernador eran dueños de la empresa JOFA, dedicada al negocio forestal.
Luego de todo ello, en los últimos meses el gobernador Urtubey fue uno de los que pidió que se aplique el Fondo Compensatorio que establece la Ley de Bosques, que fuera una de las modificaciones que pidió la provincia en su momento. La partida corresponde a la Jefatura de Gabinete de la Nación y el año pasado se discutió su afectación al programa Fútbol para Todos, algo que luego se modificó. Greenpeace celebró que la Provincia celebró convenios con organizaciones en el marco de una inversión para el cumplimiento de la Ley de Bosques. En febrero de este año, recién, se distribuyeron los primeros fondos para tal fin.
Alfredo Olmedo (Salta Somos Todos - PRO). El actual diputado nacional es uno de los fenómenos mediáticos del último año, conocido por su campera amarilla, su oposición a la Ley de Matrimonio Igualitario y su proyecto para reinstalar el servicio militar. Su familia es conocida como los "Reyes de la Soja", ya que su padre produce 110 mil hectáreas en tierras propias. Siempre según un artículo de Tiempo Argentino. De hecho, la familia se benefició con concesiones realizadas por el mismo ex-gobernador Romero, para una empresa agropecuaria, irónicamente llamada EcoDesarrollo.
Pero también, como ya fue señalado, como senador provincial presentó la Ley de Ordenamiento Territorial que fue aprobada por la Legislatura Provincial y promulgada por el actual gobernador Urtubey.
Vinculado con este tema, el dirigente ha sido en los últimos meses acusado por trabajo esclavo en sus establecimientos. Por esta razón, la diputada nacional Victoria Donda, de Proyecto Sur, propone la destitución de Olmedo como miembro de ese mismo cuerpo legislativo.
Carlos Morello (Proyecto Sur y Partido Socialista): Ingresó como diputado provincial en una lista que acompañó a Urtubey y, como su agrupación Libres del Sur hizo a nivel nacional, se alejó del kirchnerismo en el año 2008 por incumplimiento de la plataforma política. Entre las cinco causas de Proyecto Sur, se consiga una que incluye el "Plan Agrario Nacional: con el objetivo de garantizar la autosuficiencia alimentaria y la diversidad agropecuaria que está en riesgo por la expansión de la frontera sojera".
En este contexto, Morello fue uno de los tres diputados que votó en contra de la Ley de Reordenamiento Territorial de Olmedo. Asimismo, acompañó la presentación de un proyecto de ley nacional para evitar los desalojos firmado por los diputados nacionales de Proyecto Sur, y acompañado también por organizaciones de pequeños productores, campesinos e indígenas que participan en la Mesa de Agricultura Familiar. Un caso particular es el que se da en el departamento de Rivadavia con el empresario Gianfranco Macri. El conflicto por la tierra continúa a pesar de una ley provincial que busca detener también los desalojos.
Claudio Del Pla (Partido Obrero): Los otros dos diputados provinciales que votaron contra la Ley de Olmedo fueron de la izquierda representada por el Partido Obrero, que ahora presenta al diputado provincial Del Pla como candidato a gobernador. En este sentido, la posición del partido es clara: "La denuncia contra Olmedo intenta ser explotada por los candidatos que son igual que el. Defienden los mismos intereses sociales, los de los terratenientes, las mineras y petroleras, como lo son Wayar y Urtubey".
Así, dentro de su propuesta política, expresan: "Un fuerte desarrollo del PO pondrá al pueblo de Salta entre dos verdaderas alternativas políticas: la del gobierno cómplice de un verdadero saqueo de los recursos a favor de las mineras, los sojeros, los ingenios, las petroleras y, por lo tanto, promotor de la miseria social, o el desarrollo de una movimiento clasista de masas, condición para la transformación social que está planteada en el país y en Salta".
Alberto Tito Tonda (Coalición Cívica - ARI). El candidato advirtió a los medios: "Que las promesas del 1º de abril de 2011 van a ser las excusas de 2015 y ya habrán pasado 4 años de mortandad infantil, del mayor desempleo en todo el país. De los mayores índices de desnutrición, del menor índice de construcción de viviendas".
Diego Mariño (Unión Cívica Radical). El partido tiene en la provincia dos diputados provinciales. Según destacó el candidato: “Lo que estamos propiciando desde el radicalismo es de alguna manera esta suerte de reparación histórica para Salta y para la región en general. Creemos que desde Salta debe constituirse y desarrollarse verdaderas políticas regionales que hagan justicia al desequilibrio permanente que se ha venido manifestando a lo largo de la historia”.
Kirchnerismos. A nivel discursivo, el oficialismo nacional se presenta como lo opuesto al sojero Olmedo. Sin embargo, los dos candidatos avalaron de diferentes formas y en dos momentos el agronegocio de su contrincante político. Otro dato importante es que hubo un precandidato del kirchnerismo "puro", Tupac Puggioni, pero fue bajado por el propio gobernador Urtubey, de quien dijo con acierto que "continúa el modelo de Romero". Por supuesto, es Wayar quien fue 12 años su vicegobernador, y de él opinó que se presenta "sin plantear con convencimiento su adherencia al proyecto”. Para este domingo, parece que las dos propuestas relacionadas a Frente y Victoria no hacen más que "hacerle el juego" a la derecha sojera.
Fecha de Publicación: 09/04/2011
Fuente: Comunicación Ambiental
Provincia/Región: Salta
Este domingo será el turno de Salta de elegir gobernador. La elección tiene la particularidad de presentar dos candidatos que respaldan a la Presidenta. También, un productor sojero acusado de trabajo esclavo y beneficiado por los mismos kirchneristas. Las alternativas de cambio, entre partidos del centro y la izquierda. En este artículo, una crónica de los últimos años en la provincia escenario de discusión de la Ley de Bosques.
Las problemáticas socioambientales del territorio provincial son variadas. De todos modos, la más importante es la deforestación, debido sobre todo al avance de la frontera agrícola, por lo cual los intereses provinciales fueron los que más se opusieron a la Ley de Bosques. Estos fueron los causales principales de las grandes inundaciones en la ciudad del Tartagal, que también sufre por los daños causados río arriba en Bolivia. Los intereses mineros también están presentes y el actual gobernador promovió una Ley de Glaciares similar a la propuesta por San Juan.
Walter Wayar (Frente Popular para la Victoria). Es uno de los candidatos kirchnerista y la prensa menciona el apoyo del dirigente sindical Hugo Moyano. Fue vicegobernador de 1995 hasta el 2007, acompañando los tres mandatos del actual senador justicialista Juan Carlos Romero (quien fue en el 2003 candidato a vicepresidente de la Nación de Carlos Menem). El último periodo de gobierno de la fórmula Romero - Wayar en la provincia, del 2003 al 2007, ya aliados al kirchnerismo, estuvo signado por la discusión de la Ley de Bosques.
El primer incidente que trascendió a la opinión pública fue el intento de venta de la reserva natural Pizarro en el departamento de Anta. La iniciativa dirigida a beneficiar a los agronegocios incluía también el desalojo de pueblos wichi y, en ese momento, una campaña liderada por Greenpeace Argentina consiguió detenerla. Por la misma época, el diputado Miguel Bonasso, (entonces kirchnerista y hoy en Proyecto Sur) impulsó la Ley de Bosques Nativos, cuya principal oposición se realizó desde la bancada del justicialismo salteño.
De hecho, en retrospectiva, en el 2008 Bonasso publicó un fuerte artículo titulado "Un ecocida llamado Romero", quien en ese momento se desempeñaba como vicepresidente del Senador por el PJ- Frente para la Victoria. De todos modos, este panorama de debate sobre la deforestación tiñó las elecciones del 2007, donde Wayar se presentó como sucesor de Romero por el "Frente Justicialista para la Victoria" pero perdió frente a otro candidato kirchnerista, Urtubey, por muy estrecho margen. Aunque ahora Wayar declare que está alejado de Romero, los 12 años de gestión en conjunto no pueden ser desdeñados.
Juan Manuel Urtubey (Frente Justicialista Renovador de la Victoria). El actual gobernador de Salta sucedió en el cargo a Romero en el 2008 y este domingo va por la reelección hasta el 2016. En su sector confluyen kirchneristas con miembros del tradicional Partido Renovador Salteño. Durante su gestión, la provincia volvió a ser el escenario de discusión nacional cuando fue luego de una segunda gran inundación en Tartagal en el 2009 cuando la Presidenta Cristina Fernández decidió la muy demorada reglamentación de la Ley de Bosques, 14 meses después de su sanción.
El 17 de diciembre del 2008, la Legislatura Provincial había aprobado una ley de ordenamiento territorial presentada por Alfredo Olmedo y convalidada por Urtubey, con oposición de solo tres diputados. Días después, ante un amparo de comunidades indígenas y campesinas, la Corte Suprema de Justicia frenó pedidos de desmonte, pero sólo sobre las casi 500 mil hectáreas que venían de los últimos años de Romero y la nueva gestión no había desautorizado. Para ese entonces, se dio a conocer que los hermanos del gobernador eran dueños de la empresa JOFA, dedicada al negocio forestal.
Luego de todo ello, en los últimos meses el gobernador Urtubey fue uno de los que pidió que se aplique el Fondo Compensatorio que establece la Ley de Bosques, que fuera una de las modificaciones que pidió la provincia en su momento. La partida corresponde a la Jefatura de Gabinete de la Nación y el año pasado se discutió su afectación al programa Fútbol para Todos, algo que luego se modificó. Greenpeace celebró que la Provincia celebró convenios con organizaciones en el marco de una inversión para el cumplimiento de la Ley de Bosques. En febrero de este año, recién, se distribuyeron los primeros fondos para tal fin.
Alfredo Olmedo (Salta Somos Todos - PRO). El actual diputado nacional es uno de los fenómenos mediáticos del último año, conocido por su campera amarilla, su oposición a la Ley de Matrimonio Igualitario y su proyecto para reinstalar el servicio militar. Su familia es conocida como los "Reyes de la Soja", ya que su padre produce 110 mil hectáreas en tierras propias. Siempre según un artículo de Tiempo Argentino. De hecho, la familia se benefició con concesiones realizadas por el mismo ex-gobernador Romero, para una empresa agropecuaria, irónicamente llamada EcoDesarrollo.
Pero también, como ya fue señalado, como senador provincial presentó la Ley de Ordenamiento Territorial que fue aprobada por la Legislatura Provincial y promulgada por el actual gobernador Urtubey.
Vinculado con este tema, el dirigente ha sido en los últimos meses acusado por trabajo esclavo en sus establecimientos. Por esta razón, la diputada nacional Victoria Donda, de Proyecto Sur, propone la destitución de Olmedo como miembro de ese mismo cuerpo legislativo.
Carlos Morello (Proyecto Sur y Partido Socialista): Ingresó como diputado provincial en una lista que acompañó a Urtubey y, como su agrupación Libres del Sur hizo a nivel nacional, se alejó del kirchnerismo en el año 2008 por incumplimiento de la plataforma política. Entre las cinco causas de Proyecto Sur, se consiga una que incluye el "Plan Agrario Nacional: con el objetivo de garantizar la autosuficiencia alimentaria y la diversidad agropecuaria que está en riesgo por la expansión de la frontera sojera".
En este contexto, Morello fue uno de los tres diputados que votó en contra de la Ley de Reordenamiento Territorial de Olmedo. Asimismo, acompañó la presentación de un proyecto de ley nacional para evitar los desalojos firmado por los diputados nacionales de Proyecto Sur, y acompañado también por organizaciones de pequeños productores, campesinos e indígenas que participan en la Mesa de Agricultura Familiar. Un caso particular es el que se da en el departamento de Rivadavia con el empresario Gianfranco Macri. El conflicto por la tierra continúa a pesar de una ley provincial que busca detener también los desalojos.
Claudio Del Pla (Partido Obrero): Los otros dos diputados provinciales que votaron contra la Ley de Olmedo fueron de la izquierda representada por el Partido Obrero, que ahora presenta al diputado provincial Del Pla como candidato a gobernador. En este sentido, la posición del partido es clara: "La denuncia contra Olmedo intenta ser explotada por los candidatos que son igual que el. Defienden los mismos intereses sociales, los de los terratenientes, las mineras y petroleras, como lo son Wayar y Urtubey".
Así, dentro de su propuesta política, expresan: "Un fuerte desarrollo del PO pondrá al pueblo de Salta entre dos verdaderas alternativas políticas: la del gobierno cómplice de un verdadero saqueo de los recursos a favor de las mineras, los sojeros, los ingenios, las petroleras y, por lo tanto, promotor de la miseria social, o el desarrollo de una movimiento clasista de masas, condición para la transformación social que está planteada en el país y en Salta".
Alberto Tito Tonda (Coalición Cívica - ARI). El candidato advirtió a los medios: "Que las promesas del 1º de abril de 2011 van a ser las excusas de 2015 y ya habrán pasado 4 años de mortandad infantil, del mayor desempleo en todo el país. De los mayores índices de desnutrición, del menor índice de construcción de viviendas".
Diego Mariño (Unión Cívica Radical). El partido tiene en la provincia dos diputados provinciales. Según destacó el candidato: “Lo que estamos propiciando desde el radicalismo es de alguna manera esta suerte de reparación histórica para Salta y para la región en general. Creemos que desde Salta debe constituirse y desarrollarse verdaderas políticas regionales que hagan justicia al desequilibrio permanente que se ha venido manifestando a lo largo de la historia”.
Kirchnerismos. A nivel discursivo, el oficialismo nacional se presenta como lo opuesto al sojero Olmedo. Sin embargo, los dos candidatos avalaron de diferentes formas y en dos momentos el agronegocio de su contrincante político. Otro dato importante es que hubo un precandidato del kirchnerismo "puro", Tupac Puggioni, pero fue bajado por el propio gobernador Urtubey, de quien dijo con acierto que "continúa el modelo de Romero". Por supuesto, es Wayar quien fue 12 años su vicegobernador, y de él opinó que se presenta "sin plantear con convencimiento su adherencia al proyecto”. Para este domingo, parece que las dos propuestas relacionadas a Frente y Victoria no hacen más que "hacerle el juego" a la derecha sojera.
Agroquimicos: Verde que te quiero verde
Verde que te quiero verde (sin plaguicidas)
Fecha de Publicación: 08/04/2011
Fuente: Diario Judicial
Provincia/Región: Nacional
El senador Daniel Pérsico planteó un proyecto de ley en el que prohíbe el uso de agroquímicos en un radio de 1.500 metros en aplicación aérea y 800 metros terrestres “a partir del límite de las plantas urbanas”.
El legislador, integrante de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, propuso prohibir el uso de plaguicidas, sin importar cual sea su composición o dosis “en aplicación aérea dentro de un radio de 1.500 metros y en aplicación terrestre dentro de un radio de 800 metros, en ambos casos a partir del límite de las plantas urbanas”. Esta medida, según propone Pérsico, se aplicará a nivel nacional.
Los criterios para determinar esta medida fueron tomados del fallo en los autos “Peralta, Viviana v. Municipalidad de San Jorge y otros s/amparo”, pronunciado por la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Santa Fe en 2009.
Pérsico aseguró que “si bien la gravedad del impacto del uso de productos químicos sobre el medio ambiente y la salud de la población podrá evaluarse recién con el paso del tiempo, este principio precautorio nos obliga, como legisladores, a tomar medidas en forma inmediata para evitar que esas potenciales amenazas se tornen daños irreversibles”.
“Las nuevas prácticas de explotación agro-productiva presentan una seria amenaza para el medio ambiente y para la salud de los pobladores vecinos, ya que requieren del uso intensivo de plaguicidas químicos. En Argentina, son más de 12.000.000 las personas expuestas en forma permanente a la fumigación aérea y terrestre de agrotóxicos”, aseveró Pérsico.
La aplicación del principio precautorio está establecida en el artículo 4 de la Ley General del Ambiente, y dice que “cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente”.
Para los que no cumplan con la normativa, la iniciativa del senador Pérsico establece la aplicación de sanciones contempladas en los artículos 200 y 203 del Código Penal, que están relacionados con delitos contra la salud pública (envenenar o adulterar aguas potables, alimentos o medicinas).
En otro orden, la senadora María José Bongiorno presentó un proyecto de Ley para incorporar al régimen jurídico una variante del pagaré hipotecario, que apunta a “generar una mayor seguridad para su cobro y facilitar los mecanismos para el acceso al crédito”.
“Facilitar la posibilidad de financiamiento es vital para cualquier economía, es un deber de los legisladores buscar los instrumentos adecuados a fin de dinamizar el movimiento de nuestras fuerzas productivas que, en definitiva, redundará en beneficio de la comunidad toda”, aseguró Bongiorno.
Fecha de Publicación: 08/04/2011
Fuente: Diario Judicial
Provincia/Región: Nacional
El senador Daniel Pérsico planteó un proyecto de ley en el que prohíbe el uso de agroquímicos en un radio de 1.500 metros en aplicación aérea y 800 metros terrestres “a partir del límite de las plantas urbanas”.
El legislador, integrante de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, propuso prohibir el uso de plaguicidas, sin importar cual sea su composición o dosis “en aplicación aérea dentro de un radio de 1.500 metros y en aplicación terrestre dentro de un radio de 800 metros, en ambos casos a partir del límite de las plantas urbanas”. Esta medida, según propone Pérsico, se aplicará a nivel nacional.
Los criterios para determinar esta medida fueron tomados del fallo en los autos “Peralta, Viviana v. Municipalidad de San Jorge y otros s/amparo”, pronunciado por la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Santa Fe en 2009.
Pérsico aseguró que “si bien la gravedad del impacto del uso de productos químicos sobre el medio ambiente y la salud de la población podrá evaluarse recién con el paso del tiempo, este principio precautorio nos obliga, como legisladores, a tomar medidas en forma inmediata para evitar que esas potenciales amenazas se tornen daños irreversibles”.
“Las nuevas prácticas de explotación agro-productiva presentan una seria amenaza para el medio ambiente y para la salud de los pobladores vecinos, ya que requieren del uso intensivo de plaguicidas químicos. En Argentina, son más de 12.000.000 las personas expuestas en forma permanente a la fumigación aérea y terrestre de agrotóxicos”, aseveró Pérsico.
La aplicación del principio precautorio está establecida en el artículo 4 de la Ley General del Ambiente, y dice que “cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente”.
Para los que no cumplan con la normativa, la iniciativa del senador Pérsico establece la aplicación de sanciones contempladas en los artículos 200 y 203 del Código Penal, que están relacionados con delitos contra la salud pública (envenenar o adulterar aguas potables, alimentos o medicinas).
En otro orden, la senadora María José Bongiorno presentó un proyecto de Ley para incorporar al régimen jurídico una variante del pagaré hipotecario, que apunta a “generar una mayor seguridad para su cobro y facilitar los mecanismos para el acceso al crédito”.
“Facilitar la posibilidad de financiamiento es vital para cualquier economía, es un deber de los legisladores buscar los instrumentos adecuados a fin de dinamizar el movimiento de nuestras fuerzas productivas que, en definitiva, redundará en beneficio de la comunidad toda”, aseguró Bongiorno.
Campaña contra la Barrick
Campaña contra la Barrick y por la aplicación de la Ley de Glaciares
Fecha de Publicación: 08/04/2011
Fuente: Greenpeace
Provincia/Región: Nacional
Greenpeace, junto a más de cuarenta asambleas ciudadanas, organizaciones sociales, ambientalistas y políticas, lanzaron una campaña contra los amparos judiciales presentados por la minera canadiense Barrick Gold que impiden la plena aplicación de la Ley de Glaciares. Además, reclaman al Gobierno Nacional la urgente realización del inventario en las áreas prioritarias y las auditorías ambientales a las empresas mineras para corroborar si están afectando glaciares.
Las organizaciones juntarán firmas en la calle y desde sus páginas webs para reclamar “la plena vigencia de la Ley de Glaciares en todo el país, la urgente realización de las auditorías ambientales y el levantamiento de las medidas cautelares presentadas por la empresa Barrick Gold”.
Advirtieron que “hoy en la Argentina los glaciares se ven amenazados por un número cada vez mayor de grandes proyectos mineros que avanzan sobre áreas glaciares y periglaciares. Es preciso que ese proceso de destrucción se detenga de inmediato. Es incomprensible que el Gobierno Nacional esté demorando la aplicación de la Ley de Glaciares, aprobada en septiembre de 2010. La Ley de Glaciares debe comenzar a ejecutarse sin más demoras, e iniciarse de manera urgente las auditorías ambientales sobre los proyectos mineros en ejecución”.
“Los amparos judiciales presentados en la provincia de San Juan, principalmente por la empresa Barrick, que inhiben la aplicación de la ley en esa provincia, deben ser resueltos inmediatamente. Es un imperativo moral y un principio de responsabilidad colectiva elemental frente a los derechos de las actuales y próximas generaciones que los impulsores de los amparos, desistan de los mismos y se levanten de inmediato las arbitrarias medidas cautelares que bloquean la ley”, señalan en el petitorio conjunto.
“Debemos ponerle un freno a la Barrick. Esta empresa ya afectó glaciares del lado chileno en la etapa exploratoria del proyecto Pascua Lama y ahora, con sus amparos judiciales, está impidiendo que se la audite para corroborar si, como se sospecha, está afectando glaciares del lado argentino”, señaló Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Cambio Climático de Greenpeace.
La campaña está teniendo fuerte aceptación de la gente: en sólo tres días ya participaron más de 30.000 personas. El reclamo puede firmarse en www.greenpeace.org.ar.
“La Ley de Glaciares fue un gran logro en materia ambiental, pero su aplicación está congelada. Los recursos de amparo presentados por Barrick y por un conjunto de empresas proveedoras de la minera en San Juan son un acto de autoincriminación. Lo más grave es que el Gobierno Nacional actúa de manera cómplice al no avanzar con el inventario y las auditorías ambientales a las empresas. Convocamos a todos los argentinos a frenar a la Barrick y a sus cómplices”, afirmó Giardini.
Nota:
Convocan: Amigos de la Tierra Argentina (CABA), Asamblea Ambiental Ciudadana de Río Gallegos (Santa Cruz), Asamblea Ciudadanos por la Vida. Chilecito (La Rioja), Asociación Amigos de los Parques Nacionales (CABA), Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (CABA), Asociación Civil Energía Sustentable (CABA), Asociación de Viñateros Independientes (San Juan), Asociación Ecologista Inti Chuteh (San Juan), Ave Fénix Fundación Ecológica (Tucumán), Calingasta por Siempre (San Juan), Centro Ecologista Renacer (Santa Fe), Coalición Cívica – ARI (CABA), Comisión Ambientalista Xanaes (Córdoba), Comunidad Indígena del Pueblo Kolla Tinkunaku (Salta), Diálogo por el Ambiente (CABA), Eco-Sitio (Córdoba), Espacio Oikos (Buenos Aires), Espacio por el Agua (San Juan), Foro Cívico y Social por la Defensa de la Constitución y el Agua (San Juan), Frente Cívico por la Vida (San Juan), Fundación Ambiente y Recursos Naturales (CABA), Fundación Argentina del Medio Ambiente (Buenos Aires), Fundación Banco de Bosques (CABA), Fundación de Ciudadanos Independientes (San Juan), Fundación Ecosur (CABA), Fundación Patagonia Natural (Chubut), Fundación Proteger (Santa Fe), Fundación M´Biguá, Ciudadanía y Justicia Ambiental (Entre Ríos), Greenpeace Argentina (CABA), Grupo Ambiental para el Desarrollo (Santiago del Estero), Grupo de Acción Ecológica Pampa Natural (Buenos Aires), Hermanos de la Tierra (Buenos Aires), Instituto de Estudios para una Nueva Generación (CABA), Jóvenes por la Igualdad (CABA), Oikos Red Ambiental (Mendoza), Proyecto Cambio Climático (CABA), Proyecto Lemu (Epuyén, Chubut), Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas en América Latina (CABA), Red Provincial de ONGs de San Juan, Taller de Comunicación Ambiental(Santa Fe), Taller Ecologista (Santa Fe) y Voces de Alerta (CABA).
Fecha de Publicación: 08/04/2011
Fuente: Greenpeace
Provincia/Región: Nacional
Greenpeace, junto a más de cuarenta asambleas ciudadanas, organizaciones sociales, ambientalistas y políticas, lanzaron una campaña contra los amparos judiciales presentados por la minera canadiense Barrick Gold que impiden la plena aplicación de la Ley de Glaciares. Además, reclaman al Gobierno Nacional la urgente realización del inventario en las áreas prioritarias y las auditorías ambientales a las empresas mineras para corroborar si están afectando glaciares.
Las organizaciones juntarán firmas en la calle y desde sus páginas webs para reclamar “la plena vigencia de la Ley de Glaciares en todo el país, la urgente realización de las auditorías ambientales y el levantamiento de las medidas cautelares presentadas por la empresa Barrick Gold”.
Advirtieron que “hoy en la Argentina los glaciares se ven amenazados por un número cada vez mayor de grandes proyectos mineros que avanzan sobre áreas glaciares y periglaciares. Es preciso que ese proceso de destrucción se detenga de inmediato. Es incomprensible que el Gobierno Nacional esté demorando la aplicación de la Ley de Glaciares, aprobada en septiembre de 2010. La Ley de Glaciares debe comenzar a ejecutarse sin más demoras, e iniciarse de manera urgente las auditorías ambientales sobre los proyectos mineros en ejecución”.
“Los amparos judiciales presentados en la provincia de San Juan, principalmente por la empresa Barrick, que inhiben la aplicación de la ley en esa provincia, deben ser resueltos inmediatamente. Es un imperativo moral y un principio de responsabilidad colectiva elemental frente a los derechos de las actuales y próximas generaciones que los impulsores de los amparos, desistan de los mismos y se levanten de inmediato las arbitrarias medidas cautelares que bloquean la ley”, señalan en el petitorio conjunto.
“Debemos ponerle un freno a la Barrick. Esta empresa ya afectó glaciares del lado chileno en la etapa exploratoria del proyecto Pascua Lama y ahora, con sus amparos judiciales, está impidiendo que se la audite para corroborar si, como se sospecha, está afectando glaciares del lado argentino”, señaló Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Cambio Climático de Greenpeace.
La campaña está teniendo fuerte aceptación de la gente: en sólo tres días ya participaron más de 30.000 personas. El reclamo puede firmarse en www.greenpeace.org.ar.
“La Ley de Glaciares fue un gran logro en materia ambiental, pero su aplicación está congelada. Los recursos de amparo presentados por Barrick y por un conjunto de empresas proveedoras de la minera en San Juan son un acto de autoincriminación. Lo más grave es que el Gobierno Nacional actúa de manera cómplice al no avanzar con el inventario y las auditorías ambientales a las empresas. Convocamos a todos los argentinos a frenar a la Barrick y a sus cómplices”, afirmó Giardini.
Nota:
Convocan: Amigos de la Tierra Argentina (CABA), Asamblea Ambiental Ciudadana de Río Gallegos (Santa Cruz), Asamblea Ciudadanos por la Vida. Chilecito (La Rioja), Asociación Amigos de los Parques Nacionales (CABA), Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (CABA), Asociación Civil Energía Sustentable (CABA), Asociación de Viñateros Independientes (San Juan), Asociación Ecologista Inti Chuteh (San Juan), Ave Fénix Fundación Ecológica (Tucumán), Calingasta por Siempre (San Juan), Centro Ecologista Renacer (Santa Fe), Coalición Cívica – ARI (CABA), Comisión Ambientalista Xanaes (Córdoba), Comunidad Indígena del Pueblo Kolla Tinkunaku (Salta), Diálogo por el Ambiente (CABA), Eco-Sitio (Córdoba), Espacio Oikos (Buenos Aires), Espacio por el Agua (San Juan), Foro Cívico y Social por la Defensa de la Constitución y el Agua (San Juan), Frente Cívico por la Vida (San Juan), Fundación Ambiente y Recursos Naturales (CABA), Fundación Argentina del Medio Ambiente (Buenos Aires), Fundación Banco de Bosques (CABA), Fundación de Ciudadanos Independientes (San Juan), Fundación Ecosur (CABA), Fundación Patagonia Natural (Chubut), Fundación Proteger (Santa Fe), Fundación M´Biguá, Ciudadanía y Justicia Ambiental (Entre Ríos), Greenpeace Argentina (CABA), Grupo Ambiental para el Desarrollo (Santiago del Estero), Grupo de Acción Ecológica Pampa Natural (Buenos Aires), Hermanos de la Tierra (Buenos Aires), Instituto de Estudios para una Nueva Generación (CABA), Jóvenes por la Igualdad (CABA), Oikos Red Ambiental (Mendoza), Proyecto Cambio Climático (CABA), Proyecto Lemu (Epuyén, Chubut), Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas en América Latina (CABA), Red Provincial de ONGs de San Juan, Taller de Comunicación Ambiental(Santa Fe), Taller Ecologista (Santa Fe) y Voces de Alerta (CABA).
Comunidad Diaguita contra Agua Rica
Comunidad indígena fue a la Corte contra minera
Fecha de Publicación: 07/04/2011
Fuente: El Ancasti
Provincia/Región: Catamarca
La Comunidad Diaguita de Andalgalá, representada por el abogado mediático Gregorio Jorge Dalbón, interpuso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación una acción de amparo ambiental a fin de que se ordene a la minera Agua Rica "el cese inmediato de su actividad y/o explotación para extraer cobre, molibdeno y oro", en el yacimiento ubicado en ese departamento. El argumento principal de la presentación es que el proceso de extracción de los minerales conlleva el uso de solventes altamente tóxicos, y que éstos pueden contaminar el aire, agua, suelos, vegetación, vida silvestre, arqueología, y la salud de los habitantes de la región. De esta manera, se vulneraría la garantía constitucional a un ambiente sano y sustentable para las generaciones presentes y futuras.
Asimismo, se trabaron demandas contra los Estados provinciales de Catamarca, Salta, Tucumán y La Rioja, además del Estado nacional.
En el caso de Catamarca, la presentación sostiene que "a través de sus órganos dictó la resolución que allanó el camino para que se agrave la contaminación del medio ambiente omitiendo actuar a fines de asegurar y garantizar un ambiente sano para sus propios habitantes y de sus generaciones futuras".
A Tucumán, en tanto, le cuestiona que ha "omitido ejercer su poder de policía al permitir que en su territorio se instale la planta de filtrado y el minaroloducto, omitiendo velar por el mantenimiento de un medio ambiente sano (...)".
A Salta le objeta de igual manera su falta de oposición a la instalación de la megamina, "la cual producirá contaminación sobre las aguas de la cuenca del Río Juramento, viéndose así afectado el río Santa María, cuyas aguas atraviesan esa provincia".
Similares argumentos se usaron contra La Rioja, ya que no tendría en cuenta el impacto ambiental de Agua Rica en la cuenca del Salar de Pipanaco, de donde también se abastecen de agua.
Por último, con respecto al Estado nacional, la presentación sostiene que "omitió realizar una adecuada gestión ambiental y arbitrar las medidas conducentes a resguardar el medio ambiente, ya que es razonable que el Estado actúe para evitar los daños en las personas".
Fecha de Publicación: 07/04/2011
Fuente: El Ancasti
Provincia/Región: Catamarca
La Comunidad Diaguita de Andalgalá, representada por el abogado mediático Gregorio Jorge Dalbón, interpuso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación una acción de amparo ambiental a fin de que se ordene a la minera Agua Rica "el cese inmediato de su actividad y/o explotación para extraer cobre, molibdeno y oro", en el yacimiento ubicado en ese departamento. El argumento principal de la presentación es que el proceso de extracción de los minerales conlleva el uso de solventes altamente tóxicos, y que éstos pueden contaminar el aire, agua, suelos, vegetación, vida silvestre, arqueología, y la salud de los habitantes de la región. De esta manera, se vulneraría la garantía constitucional a un ambiente sano y sustentable para las generaciones presentes y futuras.
Asimismo, se trabaron demandas contra los Estados provinciales de Catamarca, Salta, Tucumán y La Rioja, además del Estado nacional.
En el caso de Catamarca, la presentación sostiene que "a través de sus órganos dictó la resolución que allanó el camino para que se agrave la contaminación del medio ambiente omitiendo actuar a fines de asegurar y garantizar un ambiente sano para sus propios habitantes y de sus generaciones futuras".
A Tucumán, en tanto, le cuestiona que ha "omitido ejercer su poder de policía al permitir que en su territorio se instale la planta de filtrado y el minaroloducto, omitiendo velar por el mantenimiento de un medio ambiente sano (...)".
A Salta le objeta de igual manera su falta de oposición a la instalación de la megamina, "la cual producirá contaminación sobre las aguas de la cuenca del Río Juramento, viéndose así afectado el río Santa María, cuyas aguas atraviesan esa provincia".
Similares argumentos se usaron contra La Rioja, ya que no tendría en cuenta el impacto ambiental de Agua Rica en la cuenca del Salar de Pipanaco, de donde también se abastecen de agua.
Por último, con respecto al Estado nacional, la presentación sostiene que "omitió realizar una adecuada gestión ambiental y arbitrar las medidas conducentes a resguardar el medio ambiente, ya que es razonable que el Estado actúe para evitar los daños en las personas".
El cianuro hallado en Las Grutas fue devuelto
El cianuro hallado en Las Grutas fue devuelto a Sierra Grande
Fecha de Publicación: 07/04/2011
Fuente: Río Negro On Line
Provincia/Región: Río Negro
Los tambores de cianuro de potasio que fueron hallados el lunes en un campo cercano a esta villa balnearia regresaron ayer a Sierra Grande, la localidad de la que, según se manifestó desde el Consejo de Ecología y Medio Ambiente, provenían, ya que formaban parte de los pasivos ambientales de la ex Hiparsa que el gobierno rionegrino debe remediar.
"El material químico será almacenado en uno de los polvorines de la ex firma serrana, específicamente el que se halla junto al que contiene el PCB que en su momento fue trasvasado por la empresa 'Escudelatti" y aún espera su disposición final" manifestó Oscar Echeverría, el presidente del organismo de control ambiental rionegrino.
"Por lo que manifestaron los profesionales consultados no es contraproducente que permanezcan en una zona cercana al depósito de PCB, aunque la idea es acelerar las gestiones para realizar la pronta entrega de esa sustancia a una empresa minera que pueda utilizarla para el desarrollo de sus actividades, ya que aunque en nuestra provincia está prohibida su utilización no ocurre lo mismo en otros puntos del país" apuntó el funcionario ante la consulta.
El material partió poco después de las 8 de ayer en un camión de la firma neuquina Comarsa, que llegó antenoche a las 22 a los talleres de la cooperativa Cotrasao adonde habían remitido nuevamente los toneles el lunes, luego del hallazgo ocurrido en el campo de la familia Tarruella, ubicado a 2 kilómetros de Piedras Coloradas.
Comarsa cargó los barriles el martes por la noche en un rodado descubierto y permaneció en el predio de la cooperativa del que partió ayer.
No obstante, hasta último momento el Codema mantuvo reserva con respecto al destino del material, ya que luego de la negativa de Neuquén de permitir el ingreso del cianuro, sus miembros especulaban que podían reiterarse las objeciones con respecto a la recepción de la peligrosa sustancia.
Tomaron muestras
Por otra parte ayer alrededor de las 16, miembros de ese organismo acompañados por personal de bomberos realizaron en el campo de Tarruella una recolección de muestras del suelo donde estuvieron apoyados los tres toneles, que fueron depositados allí por Cotrasao.
El resultado del análisis de ese suelo permitirá descartar o no que hayan quedado vestigios del componente en el lugar, aunque según manifestaron los bomberos que el lunes intervinieron ante el hallazgo, una importante capa de la tierra que se hallaba debajo de los tambores ya había sido retirada por ellos, ya que aunque no había derrames de la sustancia, los procedimientos indicaban que debían obrar de este modo.
Tercer tambor
Otro análisis que queda por efectuar es el del contenido de uno de los tres barriles, que se hallaba abierto, ya que en los otros se encontraron sendos bolsones sellados de 50 kilos, etiquetados muy claramente con la leyenda Cianuro de potasio, pero aún queda por determinar si en el tercero, la contenida es la misma sustancia.
Dudas de Piccinini
Entre otras de las repercusiones (ver recuadro) generadas por lo ocurrido la defensora del pueblo, Ana Piccinini, indicó ayer que la denuncia penal que hizo en Viedma el Codema "está mal hecha porque debería haber enviado ese organismo un representante a San Antonio".
Además expresó que "va a tener que hacerse una profunda investigación porque ¿qué hace Sierra Grande con cianuro? ¿No es que allí están sacando hierro? O a ver si están sacando oro y nosotros no estamos enterados."
Fecha de Publicación: 07/04/2011
Fuente: Río Negro On Line
Provincia/Región: Río Negro
Los tambores de cianuro de potasio que fueron hallados el lunes en un campo cercano a esta villa balnearia regresaron ayer a Sierra Grande, la localidad de la que, según se manifestó desde el Consejo de Ecología y Medio Ambiente, provenían, ya que formaban parte de los pasivos ambientales de la ex Hiparsa que el gobierno rionegrino debe remediar.
"El material químico será almacenado en uno de los polvorines de la ex firma serrana, específicamente el que se halla junto al que contiene el PCB que en su momento fue trasvasado por la empresa 'Escudelatti" y aún espera su disposición final" manifestó Oscar Echeverría, el presidente del organismo de control ambiental rionegrino.
"Por lo que manifestaron los profesionales consultados no es contraproducente que permanezcan en una zona cercana al depósito de PCB, aunque la idea es acelerar las gestiones para realizar la pronta entrega de esa sustancia a una empresa minera que pueda utilizarla para el desarrollo de sus actividades, ya que aunque en nuestra provincia está prohibida su utilización no ocurre lo mismo en otros puntos del país" apuntó el funcionario ante la consulta.
El material partió poco después de las 8 de ayer en un camión de la firma neuquina Comarsa, que llegó antenoche a las 22 a los talleres de la cooperativa Cotrasao adonde habían remitido nuevamente los toneles el lunes, luego del hallazgo ocurrido en el campo de la familia Tarruella, ubicado a 2 kilómetros de Piedras Coloradas.
Comarsa cargó los barriles el martes por la noche en un rodado descubierto y permaneció en el predio de la cooperativa del que partió ayer.
No obstante, hasta último momento el Codema mantuvo reserva con respecto al destino del material, ya que luego de la negativa de Neuquén de permitir el ingreso del cianuro, sus miembros especulaban que podían reiterarse las objeciones con respecto a la recepción de la peligrosa sustancia.
Tomaron muestras
Por otra parte ayer alrededor de las 16, miembros de ese organismo acompañados por personal de bomberos realizaron en el campo de Tarruella una recolección de muestras del suelo donde estuvieron apoyados los tres toneles, que fueron depositados allí por Cotrasao.
El resultado del análisis de ese suelo permitirá descartar o no que hayan quedado vestigios del componente en el lugar, aunque según manifestaron los bomberos que el lunes intervinieron ante el hallazgo, una importante capa de la tierra que se hallaba debajo de los tambores ya había sido retirada por ellos, ya que aunque no había derrames de la sustancia, los procedimientos indicaban que debían obrar de este modo.
Tercer tambor
Otro análisis que queda por efectuar es el del contenido de uno de los tres barriles, que se hallaba abierto, ya que en los otros se encontraron sendos bolsones sellados de 50 kilos, etiquetados muy claramente con la leyenda Cianuro de potasio, pero aún queda por determinar si en el tercero, la contenida es la misma sustancia.
Dudas de Piccinini
Entre otras de las repercusiones (ver recuadro) generadas por lo ocurrido la defensora del pueblo, Ana Piccinini, indicó ayer que la denuncia penal que hizo en Viedma el Codema "está mal hecha porque debería haber enviado ese organismo un representante a San Antonio".
Además expresó que "va a tener que hacerse una profunda investigación porque ¿qué hace Sierra Grande con cianuro? ¿No es que allí están sacando hierro? O a ver si están sacando oro y nosotros no estamos enterados."
Denuncia por contaminación a un ingenio
Denuncia por contaminación a un ingenio
Fecha de Publicación: 06/04/2011
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
La Federación de Organizaciones No gubernamentales planteó una acción de amparo en contra de la Azucarera Juan M. Terán (ingenio Santa Bárbara), ubicado a la vera del río Chico, en el sur tucumano. El objetivo del pedido judicial -según dijeron- apunta a impedir que los desechos de la planta azucarera sean volcados al cauce de agua.
La demanda fue presentada por Pedro Ottonello, presidente de la ONG ambientalista, y por Juan Manuel Prado Iratchet, secretario general ante la Justicia Federal. "La empresa demandada traslada vinaza desde la fábrica azucarera, por medio de canales de tierra a cielo abierto, sin ningún tipo de protección, a través de campos y viviendas existentes, cruzando caminos públicos, con un recorrido de casi seis mil metros hasta la laguna donde se dispone el líquido para su evaporación", dijeron en la denuncia.
"La empresa demandada -se advierte en el escrito-, ha agregado un canal suplementario, que recorre el costado más bajo de la laguna, lo que le permite recoger todo el volumen excedente de la laguna y volcarlo directamente al cauce del río Chico".
Además del escrito, los denunciantes presentaron imágenes (fotografías) como documentos de prueba. La Federación de Organizaciones Ambientalistas No Gubernamentales de Tucumán está integrada por 15 instituciones, entre las que figuran los colegios de Agrimensores, de Arquitectos, de Abogados y de Ingenieros, entre otros.
Los denunciantes insistieron en que se ocasiona una "enorme contaminación atmosférica en razón de que la vinaza se traslada a cielo abierto sin ningún tipo de tratamiento conforme surge de un relevamiento fotográfico".
"Están equivocados"
Por su parte, Julio Colombres, titular del ingenio Santa Bárbara negó la contaminación que afirman los denunciantes. "Están equivocados. Es una situación muy compleja, porque durante el verano llovió mucho y por ahí muchos pueden confundirse. Nosotros no volcamos vinaza", afirmó en diálogo con LA GACETA. "Lo único que puedo decir es que hace 20 años trabajamos con el mismo sistema, y que esta sería la primera vez que alguien hace una denuncia de este tipo en contra de nuestra empresa", resaltó.
Mientras tanto, los ambientalistas pidieron que se oficie informes a la Dirección de Medio Ambiente de la provincia a fin de que informe si el ingenio Santa Bárbara ha firmado el Programa de Reconversión Industrial, y si se utilizaron membranas impermeables en los canales y en las lagunas de tratamiento de vinaza para evitar filtraciones. "La urgencia de poner coto a una situación desgraciada y recurrente no admite demoras", señalaron Ottonello e Iratchet.
Fecha de Publicación: 06/04/2011
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
La Federación de Organizaciones No gubernamentales planteó una acción de amparo en contra de la Azucarera Juan M. Terán (ingenio Santa Bárbara), ubicado a la vera del río Chico, en el sur tucumano. El objetivo del pedido judicial -según dijeron- apunta a impedir que los desechos de la planta azucarera sean volcados al cauce de agua.
La demanda fue presentada por Pedro Ottonello, presidente de la ONG ambientalista, y por Juan Manuel Prado Iratchet, secretario general ante la Justicia Federal. "La empresa demandada traslada vinaza desde la fábrica azucarera, por medio de canales de tierra a cielo abierto, sin ningún tipo de protección, a través de campos y viviendas existentes, cruzando caminos públicos, con un recorrido de casi seis mil metros hasta la laguna donde se dispone el líquido para su evaporación", dijeron en la denuncia.
"La empresa demandada -se advierte en el escrito-, ha agregado un canal suplementario, que recorre el costado más bajo de la laguna, lo que le permite recoger todo el volumen excedente de la laguna y volcarlo directamente al cauce del río Chico".
Además del escrito, los denunciantes presentaron imágenes (fotografías) como documentos de prueba. La Federación de Organizaciones Ambientalistas No Gubernamentales de Tucumán está integrada por 15 instituciones, entre las que figuran los colegios de Agrimensores, de Arquitectos, de Abogados y de Ingenieros, entre otros.
Los denunciantes insistieron en que se ocasiona una "enorme contaminación atmosférica en razón de que la vinaza se traslada a cielo abierto sin ningún tipo de tratamiento conforme surge de un relevamiento fotográfico".
"Están equivocados"
Por su parte, Julio Colombres, titular del ingenio Santa Bárbara negó la contaminación que afirman los denunciantes. "Están equivocados. Es una situación muy compleja, porque durante el verano llovió mucho y por ahí muchos pueden confundirse. Nosotros no volcamos vinaza", afirmó en diálogo con LA GACETA. "Lo único que puedo decir es que hace 20 años trabajamos con el mismo sistema, y que esta sería la primera vez que alguien hace una denuncia de este tipo en contra de nuestra empresa", resaltó.
Mientras tanto, los ambientalistas pidieron que se oficie informes a la Dirección de Medio Ambiente de la provincia a fin de que informe si el ingenio Santa Bárbara ha firmado el Programa de Reconversión Industrial, y si se utilizaron membranas impermeables en los canales y en las lagunas de tratamiento de vinaza para evitar filtraciones. "La urgencia de poner coto a una situación desgraciada y recurrente no admite demoras", señalaron Ottonello e Iratchet.
Chaco reforestó más de 2000 hectáreas
Chaco reforestó más de 2000 hectáreas en lo que va de 2011
Fecha de Publicación: 06/04/2011
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco
El desarrollo en esta ciudad del seminario del Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial Federal fue el espacio donde el ministro de la Producción, Enrique Orban, adelantó que en estos primeros meses del año se reforestaron dos mil hectáreas, que pretenden ser cinco mil al finalizar 2011.
“Estamos dando la buena noticia de que están prontos a concretarse los trabajos de reforestación de dos mil de las cinco mil hectáreas solicitadas por los productores de distintas zonas de la provincia”, señaló con entusiasmo el titular de la cartera chaqueña de la Producción.
En este marco cabe señalar que hasta 2011, el año en que mayor cantidad de superficie forestada fue 1998, con ochocientas hectáreas que fueron asistidas exclusivamente con fondos provinciales, ya que hasta ese momento aún no se contaba en el país con una ley de incentivo a la forestación, como lo es la 25080.
Al entusiasmo que mostró Orban por el anuncio se le sumaron los integrantes del Instituto de Investigaciones Forestales y Agrícolas, presidido por María Rosa Vargas de Farana. Todos coincidieron en remarcar que en la real concreción de los planes presentados por los productores, “mucho tiene que ver el accionar de la provincia, que realiza un adelanto del dinero que desde la Nación se aportará por los trabajos de plantación”.
Un año histórico
“Los plantines ya están disponibles en los viveros y se entregan a carpetas que los productores presentaron en 2010 para aprovechar que en abril aún se permite la realización de los trabajos de transplante en los predios”, explicó el ministro de la Producción.
Posteriormente se ingresa en un período de meses pausa para las plantaciones, “por los inconvenientes que puedan provocar las bajas temperaturas”. “Pasado el tiempo de las heladas, se retomará la entrega de plantines para que los productores continúen con la forestación, estimándose que para fin de año se alcanzarán las cinco mil hectáreas”, dijo el ministro Orban.
“Lo que estamos logrando este año en reforestación nunca había sucedido en la provincia y queremos apostar a repetirlo continuamente. Así como damos permisos de usos de suelo y autorizaciones de desmontes, queremos también trabajar fuertemente en todo lo que es la reforestación de especies nativas básicamente”, sintetizó el funcionario.
Fecha de Publicación: 06/04/2011
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco
El desarrollo en esta ciudad del seminario del Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial Federal fue el espacio donde el ministro de la Producción, Enrique Orban, adelantó que en estos primeros meses del año se reforestaron dos mil hectáreas, que pretenden ser cinco mil al finalizar 2011.
“Estamos dando la buena noticia de que están prontos a concretarse los trabajos de reforestación de dos mil de las cinco mil hectáreas solicitadas por los productores de distintas zonas de la provincia”, señaló con entusiasmo el titular de la cartera chaqueña de la Producción.
En este marco cabe señalar que hasta 2011, el año en que mayor cantidad de superficie forestada fue 1998, con ochocientas hectáreas que fueron asistidas exclusivamente con fondos provinciales, ya que hasta ese momento aún no se contaba en el país con una ley de incentivo a la forestación, como lo es la 25080.
Al entusiasmo que mostró Orban por el anuncio se le sumaron los integrantes del Instituto de Investigaciones Forestales y Agrícolas, presidido por María Rosa Vargas de Farana. Todos coincidieron en remarcar que en la real concreción de los planes presentados por los productores, “mucho tiene que ver el accionar de la provincia, que realiza un adelanto del dinero que desde la Nación se aportará por los trabajos de plantación”.
Un año histórico
“Los plantines ya están disponibles en los viveros y se entregan a carpetas que los productores presentaron en 2010 para aprovechar que en abril aún se permite la realización de los trabajos de transplante en los predios”, explicó el ministro de la Producción.
Posteriormente se ingresa en un período de meses pausa para las plantaciones, “por los inconvenientes que puedan provocar las bajas temperaturas”. “Pasado el tiempo de las heladas, se retomará la entrega de plantines para que los productores continúen con la forestación, estimándose que para fin de año se alcanzarán las cinco mil hectáreas”, dijo el ministro Orban.
“Lo que estamos logrando este año en reforestación nunca había sucedido en la provincia y queremos apostar a repetirlo continuamente. Así como damos permisos de usos de suelo y autorizaciones de desmontes, queremos también trabajar fuertemente en todo lo que es la reforestación de especies nativas básicamente”, sintetizó el funcionario.
Santa Fe prohibe sembrar banquinas
Es oficial la prohibición de sembrar banquinas y fumigar camiones
Fecha de Publicación: 05/04/2011
Fuente: Rosario Net
Provincia/Región: Santa Fe
El Comité Provincial de Salud Ambiental de Santa Fe aprobó la veda al sembrado de cereales y oleaginosas en la vera de rutas santafesinas y la aspersión con fosfina u otros agroquímicos en camiones o vagones
El gobierno de Santa Fe prohibió el sembrado de cereales y oleaginosas en las banquinas de rutas provinciales y la fumigación con fosfina y cualquier otro tipo de agroquímico de los cargamentos con granos en camiones o vagones.
El secretario de Medio Ambiente santafesino, César Mackler, explicó que el Comité Provincial Interministerial de Salud Ambiental resolvió la prohibición de sembrar las banquinas "para avanzar en la recuperación de corredores biológicos en los costados de las banquinas" de las rutas de esa provincia.
Además, dijo que "se prohibió el tratamiento con fosfina y cualquier otro tipo de agroquímicos de los granos, productos y subproductos de cereales y oleaginosas, durante su cargamento en camiones o vagones y tránsito por la provincia de Santa Fe".
También se estableció que los titulares de la carga tendrán que presentar el formulario único para el transporte en el territorio provincial que tendrá valor de declaración jurada y deberá acompañar a la Carta de Porte.
Por otra parte, la provincia "recomienda a las autoridades comunales y municipales tener en cuenta en sus planes de urbanización la ubicación fuera de los ejidos urbanos de los locales destinados a depósitos de fitosanitarios".
La sugerencia abarca "todo lo relacionado a la elaboración, formulación, transporte, almacenamiento, distribución, fraccionamiento, expendio o aplicación de tales productos en sus jurisdicciones".
Para Mackler, la prohibición de sembrar en las banquinas es "una herramienta más para poder mitigar los fenómenos no sólo de orden ecológico, sino también ambiental que impactan los subsistemas económico y social".
El Comité Provincial Interministerial de Salud Ambiental fue creado en 2010 con el objetivo de avanzar en la generación de espacios de discusión y toma de decisiones sobre políticas transversales para la protección de la salud de la población.
Fecha de Publicación: 05/04/2011
Fuente: Rosario Net
Provincia/Región: Santa Fe
El Comité Provincial de Salud Ambiental de Santa Fe aprobó la veda al sembrado de cereales y oleaginosas en la vera de rutas santafesinas y la aspersión con fosfina u otros agroquímicos en camiones o vagones
El gobierno de Santa Fe prohibió el sembrado de cereales y oleaginosas en las banquinas de rutas provinciales y la fumigación con fosfina y cualquier otro tipo de agroquímico de los cargamentos con granos en camiones o vagones.
El secretario de Medio Ambiente santafesino, César Mackler, explicó que el Comité Provincial Interministerial de Salud Ambiental resolvió la prohibición de sembrar las banquinas "para avanzar en la recuperación de corredores biológicos en los costados de las banquinas" de las rutas de esa provincia.
Además, dijo que "se prohibió el tratamiento con fosfina y cualquier otro tipo de agroquímicos de los granos, productos y subproductos de cereales y oleaginosas, durante su cargamento en camiones o vagones y tránsito por la provincia de Santa Fe".
También se estableció que los titulares de la carga tendrán que presentar el formulario único para el transporte en el territorio provincial que tendrá valor de declaración jurada y deberá acompañar a la Carta de Porte.
Por otra parte, la provincia "recomienda a las autoridades comunales y municipales tener en cuenta en sus planes de urbanización la ubicación fuera de los ejidos urbanos de los locales destinados a depósitos de fitosanitarios".
La sugerencia abarca "todo lo relacionado a la elaboración, formulación, transporte, almacenamiento, distribución, fraccionamiento, expendio o aplicación de tales productos en sus jurisdicciones".
Para Mackler, la prohibición de sembrar en las banquinas es "una herramienta más para poder mitigar los fenómenos no sólo de orden ecológico, sino también ambiental que impactan los subsistemas económico y social".
El Comité Provincial Interministerial de Salud Ambiental fue creado en 2010 con el objetivo de avanzar en la generación de espacios de discusión y toma de decisiones sobre políticas transversales para la protección de la salud de la población.
Cada vez se utiliza más soja para biodiésel
Cada vez se utiliza más soja para producir biodiésel
Fecha de Publicación: 04/04/2011
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Por el boom de los biocombustibles, en la Argentina se usa cada vez más soja para producir biodiésel. Además, el sector se perfila para que este año genere más divisas que la exportación de carne vacuna.
En 2011, alrededor del 30% de la producción de aceite de la oleaginosa tendrá como fin la elaboración de biodiésel, que representará unos 2,5 millones de toneladas. En 2010, en el país la producción de biodiésel se ubicó en 1,9 millones de toneladas, ya un 58% más que en 2009, y de ese volumen, el 70% se colocó en la Unión Europea.
"Sobre la producción de aceite, la producción de biodiésel será de alrededor del 30%", comentó Claudio Molina, director ejecutivo de la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno.
Empresas agrupadas en la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio), en la que están firmas como AGD, Bunge, Molinos Río de la Plata, Cargill, Explora, Vicentín, Villuco, Renova, Patagonia Bioenergía, Dreyfus, Los Balcanes y Unitec Bio ya invirtieron 700 millones de dólares en los últimos cuatro años.
De esas compañías sale la producción y la exportación de más del 95% del biocombustible, según Carbio. La Argentina es el cuarto productor mundial de biodiésel y el principal exportador.
En 2010, el sector vendió 1,3 millones de toneladas. "Las exportaciones de biodiésel durante 2010 fue de aproximadamente US$ 1300 millones. Para el presente año, estimo una exportación mínima de 1,4 millones de toneladas, con un valor de entre 1700 y 1800 millones de dólares", indicó Molina.
Para el INTA, inclusive hacia fines de 2011 las exportaciones de biocombustibles podrían acercarse a los US$ 2200 millones. Para comparar, en 2010, las exportaciones de carne vacuna y menudencias dejaron US$ 1373 millones.
Se suman más inversiones. Molina recordó que Cargill está construyendo una fábrica de 250.000 toneladas, Terminal 6 Industrial se encuentra inaugurando la ampliación de su fábrica en Puerto San Martín, lo que le permitirá duplicar su capacidad y llevarla a 480.000 toneladas, mientras que LDC Argentina (Dreyfus) está levantando una nueva planta que sumará 305.000 toneladas.
"Se estima que en 2011 se harán efectivas ampliaciones. Las inversiones previstas son del orden de los 200 millones de dólares", explicaron en Carbio, que preside Fernando Peláez.
En la Cámara Argentina de Energías Renovables (Cader), precisaron que con los proyectos en marcha la capacidad instalada trepará este año a 3,08 millones de toneladas. "Existen en el país 23 plantas de biodiésel en operación", señalaron.
Por la ley 26.093 se implementó un corte obligatorio del gasoil con el biodiésel. Arrancó con 5% en enero de 2010, luego pasó a 7% en julio pasado y, según Carbio, para 2011 "la expectativa es crecer hasta por lo menos el 10 por ciento".
También etanol
También viene el bioetanol, usado para cortar la nafta con 5%. En este caso, es la industria azucarera la que está realizando inversiones. Según Molina, los ingenios azucareros invirtieron unos US$ 300 millones para producir etanol. Pero, además, hay planes para hacer nuevas destilerías para etanol con maíz.
Según Molina, en 2010 la producción de bioetanol anhidro fue de 100.000 metros cúbicos y para este año "debería duplicarse". Molina explicó que para obtener 200.000 metros cúbicos se requeriría la molienda de aproximadamente 2,5 millones de toneladas de caña.
A nivel interno, con el biodiésel, según Molina, "no se está cumpliendo efectivamente con la obligación de cortar el 7%; se llega a poco más del 5%. Una o dos petroleras son la excepción a la regla". No obstante, cualquiera que carga gasoil tiene el combustible cortado. En tanto, el corte de las naftas con etanol es parcial, porque la oferta no cubre toda la demanda. "El expendio de nafta cortada con etanol está generalizado en el NOA y es parcial en el NEA, parte de Córdoba, Santa Fe, norte de la provincia de Buenos Aires y Cuyo", concluyó Molina.
Fecha de Publicación: 04/04/2011
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Por el boom de los biocombustibles, en la Argentina se usa cada vez más soja para producir biodiésel. Además, el sector se perfila para que este año genere más divisas que la exportación de carne vacuna.
En 2011, alrededor del 30% de la producción de aceite de la oleaginosa tendrá como fin la elaboración de biodiésel, que representará unos 2,5 millones de toneladas. En 2010, en el país la producción de biodiésel se ubicó en 1,9 millones de toneladas, ya un 58% más que en 2009, y de ese volumen, el 70% se colocó en la Unión Europea.
"Sobre la producción de aceite, la producción de biodiésel será de alrededor del 30%", comentó Claudio Molina, director ejecutivo de la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno.
Empresas agrupadas en la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio), en la que están firmas como AGD, Bunge, Molinos Río de la Plata, Cargill, Explora, Vicentín, Villuco, Renova, Patagonia Bioenergía, Dreyfus, Los Balcanes y Unitec Bio ya invirtieron 700 millones de dólares en los últimos cuatro años.
De esas compañías sale la producción y la exportación de más del 95% del biocombustible, según Carbio. La Argentina es el cuarto productor mundial de biodiésel y el principal exportador.
En 2010, el sector vendió 1,3 millones de toneladas. "Las exportaciones de biodiésel durante 2010 fue de aproximadamente US$ 1300 millones. Para el presente año, estimo una exportación mínima de 1,4 millones de toneladas, con un valor de entre 1700 y 1800 millones de dólares", indicó Molina.
Para el INTA, inclusive hacia fines de 2011 las exportaciones de biocombustibles podrían acercarse a los US$ 2200 millones. Para comparar, en 2010, las exportaciones de carne vacuna y menudencias dejaron US$ 1373 millones.
Se suman más inversiones. Molina recordó que Cargill está construyendo una fábrica de 250.000 toneladas, Terminal 6 Industrial se encuentra inaugurando la ampliación de su fábrica en Puerto San Martín, lo que le permitirá duplicar su capacidad y llevarla a 480.000 toneladas, mientras que LDC Argentina (Dreyfus) está levantando una nueva planta que sumará 305.000 toneladas.
"Se estima que en 2011 se harán efectivas ampliaciones. Las inversiones previstas son del orden de los 200 millones de dólares", explicaron en Carbio, que preside Fernando Peláez.
En la Cámara Argentina de Energías Renovables (Cader), precisaron que con los proyectos en marcha la capacidad instalada trepará este año a 3,08 millones de toneladas. "Existen en el país 23 plantas de biodiésel en operación", señalaron.
Por la ley 26.093 se implementó un corte obligatorio del gasoil con el biodiésel. Arrancó con 5% en enero de 2010, luego pasó a 7% en julio pasado y, según Carbio, para 2011 "la expectativa es crecer hasta por lo menos el 10 por ciento".
También etanol
También viene el bioetanol, usado para cortar la nafta con 5%. En este caso, es la industria azucarera la que está realizando inversiones. Según Molina, los ingenios azucareros invirtieron unos US$ 300 millones para producir etanol. Pero, además, hay planes para hacer nuevas destilerías para etanol con maíz.
Según Molina, en 2010 la producción de bioetanol anhidro fue de 100.000 metros cúbicos y para este año "debería duplicarse". Molina explicó que para obtener 200.000 metros cúbicos se requeriría la molienda de aproximadamente 2,5 millones de toneladas de caña.
A nivel interno, con el biodiésel, según Molina, "no se está cumpliendo efectivamente con la obligación de cortar el 7%; se llega a poco más del 5%. Una o dos petroleras son la excepción a la regla". No obstante, cualquiera que carga gasoil tiene el combustible cortado. En tanto, el corte de las naftas con etanol es parcial, porque la oferta no cubre toda la demanda. "El expendio de nafta cortada con etanol está generalizado en el NOA y es parcial en el NEA, parte de Córdoba, Santa Fe, norte de la provincia de Buenos Aires y Cuyo", concluyó Molina.
El proyecto sobre extranjerización de la tierra
El proyecto de Verónica Benas sobre extranjerización de la tierra
Fecha de Publicación: 03/04/2011
Fuente: Sin Mordaza
Provincia/Región: Nacional
Benas recordó que hoy no hay límites para vender a extranjeros.La diputada rosarina Verónica Benas es autora de una de las siete iniciativas que comenzarán a debatirse en el Congreso. A pesar del año electoral, cree que se reunirá el consenso.
La cantidad de tierras argentinas en manos extrajeras parece interesar y preocupar tanto al Ejecutivo nacional como a varios diputados. Detectaron que más del 10 por ciento del país pertenece a personas o empresas foráneas. Las leyes actuales no proporcionan límites y se han vendido grandes extensiones con riquezas incalculables y otras de importante valor estratégico. En el Congreso ya hubo una ronda de reuniones y los proyectos salen del cajón. Uno de ellos lo presentó hace dos años la rosarina Verónica Benas. Perdió estado parlamentario y decidió arremeter. Son seis o siete los proyectos presentados, sus autores estuvieron en reuniones con la Comisión de Legislación General, el Ministerio del Interior y la Secretaría de Ambiente. También hay que destacar que no pasó desapercibido el interés sobre el tema de la presidenta Cristina Fernández en la inauguración del año legislativo donde hizo una manifestación pública y mostró su compromiso para poner restricciones a la compara de tierras argentinas a los capitales extranjeros.
La diputada nacional Verónica Benas del partido PARES (Participación, Ética y Solidaridad) dice que la gran cantidad de tierras en manos extranjeras "es una amenaza a la seguridad nacional ya que muchas de esas tierras son estratégicas por los usos en la superficie y las riquezas del subsuelo como los minerales, los hidrocarburos y por supuesto: El agua dulce", y agrega sobre las que están en el margen del mar patagónico "es claramente un problema para la soberanía. Argentina tiene un conflicto con Gran Bretaña y grandes extensiones pertenecen a ingleses y están sobre el mar con puertos y aeropuertos que nadie controla", remató.
Un informe de la Auditoría General de la Nación revela que una importante cantidad de expedientes tienen una autorización dudosa de la Secretaría de Seguridad Interior. La diputada Benas relata que la mayoría de los expedientes aprobados entre 2003 y 2007 sobre la cordillera fueron autorizados vía de excepción. Hay casos emblemáticos por lo exagerado como el de la familia Benetton que compró 900 mil hectáreas y Ted Turner, Douglas Tompkins, Joseph Lewis, Huber Grosse entre otros.
-¿Qué sucedería con las tierras extranjerizadas?
-En primer lugar investigar cada caso. Y los que no cumplan deberán ajustarse a la Ley. Los actos jurídicos que no cumplan con ésta norma serán de nulidad absoluta. Y también plantea un plazo para adaptarse. Las personas jurídicas que son titulares de grandes extensiones de tierras tendrán un año para cumplir con la Ley y vender sus terrenos siendo que las personas físicas lo podrán hacer en dos años y así volver a los causes normales.
-¿Volverían a manos del Estado sin pagar expropiación?
-Exacto. Porque el inconveniente lo tienen los terratenientes extranjeros que no cumplen con la Ley. La mayoría adquirieron sus inmuebles en la dictadura o en los '90 con un grado de connivencia revelada por el informe de la AGN.
-¿Cuáles son los límites para evitar la figura del testaferro?
-Es un tema difícil. En primer lugar exigimos crear un registro de inmuebles de propietarios extranjeros para al menos avanzar con datos y poder cruzarlos. Además el proyecto plantea límites para las personas o empresas con domicilio o socios mayoritarios radicados en el extranjero. En el registro aparecen claramente los datos y si el comprador es un argentino los organismos correspondientes tendrán que investigar el origen de esos capitales.
En las reuniones de la Secretaria de Ambiente sugirió incorporar en la Ley la protección de las tierras de los pueblos originarios y la diputada Benas amplió sobre éste punto por entender que "hay muchos argentinos excluidos de la posesión de la tierra y que no sólo es un espacio para vivir o producir sino que tiene el peso de darle valor a la identidad de cada habitante".
Fecha de Publicación: 03/04/2011
Fuente: Sin Mordaza
Provincia/Región: Nacional
Benas recordó que hoy no hay límites para vender a extranjeros.La diputada rosarina Verónica Benas es autora de una de las siete iniciativas que comenzarán a debatirse en el Congreso. A pesar del año electoral, cree que se reunirá el consenso.
La cantidad de tierras argentinas en manos extrajeras parece interesar y preocupar tanto al Ejecutivo nacional como a varios diputados. Detectaron que más del 10 por ciento del país pertenece a personas o empresas foráneas. Las leyes actuales no proporcionan límites y se han vendido grandes extensiones con riquezas incalculables y otras de importante valor estratégico. En el Congreso ya hubo una ronda de reuniones y los proyectos salen del cajón. Uno de ellos lo presentó hace dos años la rosarina Verónica Benas. Perdió estado parlamentario y decidió arremeter. Son seis o siete los proyectos presentados, sus autores estuvieron en reuniones con la Comisión de Legislación General, el Ministerio del Interior y la Secretaría de Ambiente. También hay que destacar que no pasó desapercibido el interés sobre el tema de la presidenta Cristina Fernández en la inauguración del año legislativo donde hizo una manifestación pública y mostró su compromiso para poner restricciones a la compara de tierras argentinas a los capitales extranjeros.
La diputada nacional Verónica Benas del partido PARES (Participación, Ética y Solidaridad) dice que la gran cantidad de tierras en manos extranjeras "es una amenaza a la seguridad nacional ya que muchas de esas tierras son estratégicas por los usos en la superficie y las riquezas del subsuelo como los minerales, los hidrocarburos y por supuesto: El agua dulce", y agrega sobre las que están en el margen del mar patagónico "es claramente un problema para la soberanía. Argentina tiene un conflicto con Gran Bretaña y grandes extensiones pertenecen a ingleses y están sobre el mar con puertos y aeropuertos que nadie controla", remató.
Un informe de la Auditoría General de la Nación revela que una importante cantidad de expedientes tienen una autorización dudosa de la Secretaría de Seguridad Interior. La diputada Benas relata que la mayoría de los expedientes aprobados entre 2003 y 2007 sobre la cordillera fueron autorizados vía de excepción. Hay casos emblemáticos por lo exagerado como el de la familia Benetton que compró 900 mil hectáreas y Ted Turner, Douglas Tompkins, Joseph Lewis, Huber Grosse entre otros.
-¿Qué sucedería con las tierras extranjerizadas?
-En primer lugar investigar cada caso. Y los que no cumplan deberán ajustarse a la Ley. Los actos jurídicos que no cumplan con ésta norma serán de nulidad absoluta. Y también plantea un plazo para adaptarse. Las personas jurídicas que son titulares de grandes extensiones de tierras tendrán un año para cumplir con la Ley y vender sus terrenos siendo que las personas físicas lo podrán hacer en dos años y así volver a los causes normales.
-¿Volverían a manos del Estado sin pagar expropiación?
-Exacto. Porque el inconveniente lo tienen los terratenientes extranjeros que no cumplen con la Ley. La mayoría adquirieron sus inmuebles en la dictadura o en los '90 con un grado de connivencia revelada por el informe de la AGN.
-¿Cuáles son los límites para evitar la figura del testaferro?
-Es un tema difícil. En primer lugar exigimos crear un registro de inmuebles de propietarios extranjeros para al menos avanzar con datos y poder cruzarlos. Además el proyecto plantea límites para las personas o empresas con domicilio o socios mayoritarios radicados en el extranjero. En el registro aparecen claramente los datos y si el comprador es un argentino los organismos correspondientes tendrán que investigar el origen de esos capitales.
En las reuniones de la Secretaria de Ambiente sugirió incorporar en la Ley la protección de las tierras de los pueblos originarios y la diputada Benas amplió sobre éste punto por entender que "hay muchos argentinos excluidos de la posesión de la tierra y que no sólo es un espacio para vivir o producir sino que tiene el peso de darle valor a la identidad de cada habitante".
Buenos Aires: otra vez agua marrón
Otra vez, agua marrón en la Ciudad
Fecha de Publicación: 02/04/2011
Fuente: El Día
Provincia/Región: Buenos Aires
Lo sufrieron miles de usuarios. Absa lo atribuyó a tareas de "reparación" para "mejorar la presión"
Cuando Eva Schomfeld abrió la canilla, primero se sorprendió y luego protestó por lo que estaba viendo. En la pileta del baño, un líquido amarronado y con arena corría por el lugar en el que tendría que haber habido sólo agua, incolora. "Estuvimos así durante casi todo el día, y no es la primera vez que sucede", reclamó.
abre comillas'Ya nos acostumbramos al agua turbia. Pero aunque es habitual, nunca había salido tan oscura', destacó Cristina, de 62 y 25cierra comillas
Al igual que ella, que vive en 27 y 58, miles de vecinos se vieron afectados ayer en una amplia zona del casco urbano por la presencia de agua turbia en sus tanques y cañerías. El motivo, según la empresa proveedora, fue la reparación de un caño en la zona de 25 y 55.
Como consecuencia de esas tareas, realizadas con la idea de mejorar la presión en dicha zona, se generó "turbidez en el agua en un sector de la red comprendido por las calles 24 a 31 y de 54 a 72", según informó Aguas Bonaerenses.
Para algunos, la presencia del agua marrón motivó sensaciones desagradables, como en el caso de Susana Sosa, vecina de Plaza Brandsen.
"Volví de trabajar y quise ponerme a tomar unos mates. Llené la pava y me la tomé entera con el agua marrón, sin darme cuenta. Recién me enteré de lo que pasaba cuando fui a preparar jugo y mi marido me advirtió que el agua estaba turbia. Tuvimos que tirar el jugo y llenamos la jarra de nuevo para ver qué era lo que salía de la canilla. Enseguida cayeron todos los sedimentos al fondo", explicó Susana.
Para la gente de la zona afectada, la de ayer "no fue la primera vez". Según contaron, ya se han tenido que enfrentar al mismo problema en repetidas ocasiones durante los últimos meses.
"Lamentablemente, ya nos acostumbramos al agua turbia. Pero aunque es habitual en todo el barrio, nunca había salido tan oscura como esta vez", destacó Cristina, de 62 y 25.
"Me fui a lavar los dientes y encontré el agua sucia. La pusimos en un vaso y enseguida se acumuló más de un centímetro de sedimentos", agregó la vecina, aún sorprendida por lo ocurrido.
Durante toda la jornada, los reclamos y consultas se sucedieron sin cesar. Saber si el agua turbia era peligrosa, en caso de consumirla accidentalmente, fue una de las preguntas más repetidas.
También se registraron dudas entre los vecinos sobre lo que se debía hacer para solucionar el inconveniente. Para algunos, se debía dejar correr el agua; para otros, en cambio, se debían cerrar las llaves de paso para que la suciedad no ingresara a las cañerías.
Varios vecinos, por su parte, optaron por la protesta directa. "Esto no se puede creer. Abrí la canilla y me encontré con esta sorpresa. Ya nos está pasando cada vez más seguido esto de encontrar basura en las cañerías. No sé quien va a venir a limpiarme el tanque ahora", se lamentó Carlos, de la zona de 29 y 68.
Fecha de Publicación: 02/04/2011
Fuente: El Día
Provincia/Región: Buenos Aires
Lo sufrieron miles de usuarios. Absa lo atribuyó a tareas de "reparación" para "mejorar la presión"
Cuando Eva Schomfeld abrió la canilla, primero se sorprendió y luego protestó por lo que estaba viendo. En la pileta del baño, un líquido amarronado y con arena corría por el lugar en el que tendría que haber habido sólo agua, incolora. "Estuvimos así durante casi todo el día, y no es la primera vez que sucede", reclamó.
abre comillas'Ya nos acostumbramos al agua turbia. Pero aunque es habitual, nunca había salido tan oscura', destacó Cristina, de 62 y 25cierra comillas
Al igual que ella, que vive en 27 y 58, miles de vecinos se vieron afectados ayer en una amplia zona del casco urbano por la presencia de agua turbia en sus tanques y cañerías. El motivo, según la empresa proveedora, fue la reparación de un caño en la zona de 25 y 55.
Como consecuencia de esas tareas, realizadas con la idea de mejorar la presión en dicha zona, se generó "turbidez en el agua en un sector de la red comprendido por las calles 24 a 31 y de 54 a 72", según informó Aguas Bonaerenses.
Para algunos, la presencia del agua marrón motivó sensaciones desagradables, como en el caso de Susana Sosa, vecina de Plaza Brandsen.
"Volví de trabajar y quise ponerme a tomar unos mates. Llené la pava y me la tomé entera con el agua marrón, sin darme cuenta. Recién me enteré de lo que pasaba cuando fui a preparar jugo y mi marido me advirtió que el agua estaba turbia. Tuvimos que tirar el jugo y llenamos la jarra de nuevo para ver qué era lo que salía de la canilla. Enseguida cayeron todos los sedimentos al fondo", explicó Susana.
Para la gente de la zona afectada, la de ayer "no fue la primera vez". Según contaron, ya se han tenido que enfrentar al mismo problema en repetidas ocasiones durante los últimos meses.
"Lamentablemente, ya nos acostumbramos al agua turbia. Pero aunque es habitual en todo el barrio, nunca había salido tan oscura como esta vez", destacó Cristina, de 62 y 25.
"Me fui a lavar los dientes y encontré el agua sucia. La pusimos en un vaso y enseguida se acumuló más de un centímetro de sedimentos", agregó la vecina, aún sorprendida por lo ocurrido.
Durante toda la jornada, los reclamos y consultas se sucedieron sin cesar. Saber si el agua turbia era peligrosa, en caso de consumirla accidentalmente, fue una de las preguntas más repetidas.
También se registraron dudas entre los vecinos sobre lo que se debía hacer para solucionar el inconveniente. Para algunos, se debía dejar correr el agua; para otros, en cambio, se debían cerrar las llaves de paso para que la suciedad no ingresara a las cañerías.
Varios vecinos, por su parte, optaron por la protesta directa. "Esto no se puede creer. Abrí la canilla y me encontré con esta sorpresa. Ya nos está pasando cada vez más seguido esto de encontrar basura en las cañerías. No sé quien va a venir a limpiarme el tanque ahora", se lamentó Carlos, de la zona de 29 y 68.
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