Bosques y glaciares continúan esperando
19:22 | 
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Los bosques y los glaciares continúan esperando
Fecha de Publicación: 15/02/2011
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Las arbitrarias reasignaciones de fondos que dicta la Jefatura de Gabinete atentan contra el resguardo de la biodiversidad
Nuevamente la Jefatura de Gabinete desvía los fondos que deben destinarse a la protección ambiental. No es una novedad. La medida coincide con una política que sistemáticamente ha tratado con desdén las preocupaciones ambientales: ha exacerbado el conflicto por las papeleras; ha intentado dejar sin contenido la ley que protege los glaciares; ha ido convirtiendo a la máxima autoridad ambiental en una mera dependencia que, si bien posee técnicos capacitados, funciona bajo una dirección que no está al servicio del ambiente, sino a sus órdenes o las de la Presidencia de la Nación.
Ahora, la partida presupuestaria destinada a sustanciar el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques (unos trescientos millones de pesos) ha sido reasignada "por razones operativas".
Sin duda, se trata de una política coherente: el gobierno nacional aún no ha reglamentado la ley de glaciares, pese a que el plazo para hacerlo ha vencido. La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable no ha definido las áreas prioritarias para realizar el inventario de glaciares, lo que demora el establecimiento del verdadero impacto ambiental de varios emprendimientos en marcha. Es un retraso comprensible si se recuerda la tenacidad de varios legisladores oficialistas para evitar que la norma fuera aprobada.
Hay resistencia a medir y planificar las políticas extractivas. Varias organizaciones gubernamentales y buena parte de la sociedad civil están reclamando no sólo una mayor razonabilidad en el uso de nuestros recursos naturales, sino también el respeto a las normas aprobadas en la materia.
La ley de bosques de 2007 establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para la restauración, conservación, aprovechamiento y manejo sostenible de los bosques nativos y de los servicios ambientales que éstos brindan a la sociedad. Esa ley surgió como consecuencia de la desaparición de un porcentaje sustancial de la masa boscosa de nuestro país a raíz del avance de la frontera agropecuaria. La norma fijó la obligación de las provincias de completar un ordenamiento territorial de sus bosques nativos como condición para hacer uso de un fondo destinado a compensar a quienes no pudieran utilizar su propiedad con algún objetivo productivo.
El principal obstáculo para su efectiva implementación es la ausencia de la puesta en marcha de su más valioso instrumento: el fondo establecido dentro de la órbita de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación "con el objeto de compensar a las jurisdicciones que conservan los bosques nativos, por los servicios ambientales que éstos brindan". Ese fondo, que no puede ser inferior al 0,3 por ciento del presupuesto nacional, está destinado a compensar directamente a los titulares que realicen tareas de conservación y manejo sostenible de bosques en esas provincias.
Sin embargo, a más de tres años de la promulgación de la ley, está lejos de cumplirse. El presupuesto del año pasado había asignado menos del 37 por ciento de lo estipulado por la ley de bosques. En marzo de 2010, la Jefatura de Gabinete anunció la reasignación de 144 millones de pesos del presupuesto 2010 y los dirigió al programa Fútbol para Todos. Ahora, la partida presupuestaria destinada a sustanciar el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos, rubricada por una decisión administrativa el 29 de diciembre, fue reasignada sólo un día después, el 30 de diciembre, mediante otra decisión administrativa de la Jefatura de Gabinete, que dio marcha atrás con esa asignación "por razones operativas".
Es otro hecho lamentable para nuestro país y una burla al sistema federal: hay 13 provincias que han cumplido con sus obligaciones, pero no han podido compensar a los propietarios en forma adecuada. Hace meses destacamos en estas mismas columnas que Salta fue una de las primeras provincias en realizar el ordenamiento y reclamar la incorporación en el presupuesto 2011 de la totalidad de los fondos establecidos por la ley de bosques. Incluso el propio gobernador Urtubey realizó una presentación ante la Cámara de Diputados de la Nación para hacer efectivo el cumplimiento de lo dispuesto por la ley.
En un año en el cual lo único que pareciera importar son los votos, es difícil que se piense en el resguardo de nuestra biodiversidad, la conservación del suelo, la regulación del clima y el mantenimiento de las fuentes de agua. Es difícil, pero es imprescindible reclamar que ocurra.
Fecha de Publicación: 15/02/2011
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Las arbitrarias reasignaciones de fondos que dicta la Jefatura de Gabinete atentan contra el resguardo de la biodiversidad
Nuevamente la Jefatura de Gabinete desvía los fondos que deben destinarse a la protección ambiental. No es una novedad. La medida coincide con una política que sistemáticamente ha tratado con desdén las preocupaciones ambientales: ha exacerbado el conflicto por las papeleras; ha intentado dejar sin contenido la ley que protege los glaciares; ha ido convirtiendo a la máxima autoridad ambiental en una mera dependencia que, si bien posee técnicos capacitados, funciona bajo una dirección que no está al servicio del ambiente, sino a sus órdenes o las de la Presidencia de la Nación.
Ahora, la partida presupuestaria destinada a sustanciar el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques (unos trescientos millones de pesos) ha sido reasignada "por razones operativas".
Sin duda, se trata de una política coherente: el gobierno nacional aún no ha reglamentado la ley de glaciares, pese a que el plazo para hacerlo ha vencido. La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable no ha definido las áreas prioritarias para realizar el inventario de glaciares, lo que demora el establecimiento del verdadero impacto ambiental de varios emprendimientos en marcha. Es un retraso comprensible si se recuerda la tenacidad de varios legisladores oficialistas para evitar que la norma fuera aprobada.
Hay resistencia a medir y planificar las políticas extractivas. Varias organizaciones gubernamentales y buena parte de la sociedad civil están reclamando no sólo una mayor razonabilidad en el uso de nuestros recursos naturales, sino también el respeto a las normas aprobadas en la materia.
La ley de bosques de 2007 establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para la restauración, conservación, aprovechamiento y manejo sostenible de los bosques nativos y de los servicios ambientales que éstos brindan a la sociedad. Esa ley surgió como consecuencia de la desaparición de un porcentaje sustancial de la masa boscosa de nuestro país a raíz del avance de la frontera agropecuaria. La norma fijó la obligación de las provincias de completar un ordenamiento territorial de sus bosques nativos como condición para hacer uso de un fondo destinado a compensar a quienes no pudieran utilizar su propiedad con algún objetivo productivo.
El principal obstáculo para su efectiva implementación es la ausencia de la puesta en marcha de su más valioso instrumento: el fondo establecido dentro de la órbita de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación "con el objeto de compensar a las jurisdicciones que conservan los bosques nativos, por los servicios ambientales que éstos brindan". Ese fondo, que no puede ser inferior al 0,3 por ciento del presupuesto nacional, está destinado a compensar directamente a los titulares que realicen tareas de conservación y manejo sostenible de bosques en esas provincias.
Sin embargo, a más de tres años de la promulgación de la ley, está lejos de cumplirse. El presupuesto del año pasado había asignado menos del 37 por ciento de lo estipulado por la ley de bosques. En marzo de 2010, la Jefatura de Gabinete anunció la reasignación de 144 millones de pesos del presupuesto 2010 y los dirigió al programa Fútbol para Todos. Ahora, la partida presupuestaria destinada a sustanciar el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos, rubricada por una decisión administrativa el 29 de diciembre, fue reasignada sólo un día después, el 30 de diciembre, mediante otra decisión administrativa de la Jefatura de Gabinete, que dio marcha atrás con esa asignación "por razones operativas".
Es otro hecho lamentable para nuestro país y una burla al sistema federal: hay 13 provincias que han cumplido con sus obligaciones, pero no han podido compensar a los propietarios en forma adecuada. Hace meses destacamos en estas mismas columnas que Salta fue una de las primeras provincias en realizar el ordenamiento y reclamar la incorporación en el presupuesto 2011 de la totalidad de los fondos establecidos por la ley de bosques. Incluso el propio gobernador Urtubey realizó una presentación ante la Cámara de Diputados de la Nación para hacer efectivo el cumplimiento de lo dispuesto por la ley.
En un año en el cual lo único que pareciera importar son los votos, es difícil que se piense en el resguardo de nuestra biodiversidad, la conservación del suelo, la regulación del clima y el mantenimiento de las fuentes de agua. Es difícil, pero es imprescindible reclamar que ocurra.
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Un saneamiento cada vez más turbio
Un saneamiento cada vez más turbio
Fecha de Publicación: 15/02/2011
Fuente: Diario Hoy
Provincia/Región: Capital - Buenos Aires
La Auditoría General de la Nación detectó irregularidades en el uso de los fondos que se destinan a los municipios para el saneamiento ambiental en la cuenca Matanza-Riachuelo. Un gobierno provincial ausente y muchos niños condenados.
Muchos niños del Conurbano bonaerense están prácticamente condenados. No pueden jugar a la pelota ni a las escondidas. Y varios de ellos, lamentablemente, ni siquiera llegarán a la adolescencia, ya que en su sangre hay una alta concentración de metales pesados, producto de la contaminación de la cuenca Matanza-Riachuelo. Sus padres también están enfermos y prácticamente ya perdieron toda esperanza de que, desde el gobierno provincial, les den alguna solución a sus angustiantes reclamos.
Pasaron más de tres años desde el momento en que la Corte Suprema de Justicia ordenó al Gobierno nacional, a la Provincia, a la jefatura de Gobierno porteña y a varios municipios la puesta en marcha de un plan de acciones concretas para combatir la contaminación en la cuenca Matanza-Riachuelo, donde viven 3 millones de personas en situaciones límite. La realidad es que poco y nada se ha hecho.
También existe un manto de sospecha respecto al destino de los fondos que se están girando desde el Estado nacional para las tareas de saneamiento en la que, sin lugar a dudas, es la
zona más contaminada del país.
Un claro ejemplo es que, según un reciente estudio de la Auditoría General de la Nación al que tuvo acceso este diario, en los últimos tres años la Autoridad de Cuenca Matanza- Riachuelo (Acumar) -organismo público que reúne a representantes del Gobierno nacional, de la ciudad de Buenos Aires y de la Provincia- transfirió $ 20.424.568 a las comunas afectadas mediante “un acuerdo que no tiene objetivos, condiciones ni plazos definidos”.
Además, el reparto no habría sido para nada parejo: la ciudad de Buenos Aires recibió sólo $ 539,
mientras que Avellaneda obtuvo $ 1.398.500 para el mismo período. En tanto, de los catorce municipios que forman parte del convenio, sólo cuatro recibieron sin excepción los fondos correspondientes a los años 2007, 2008 y 2009. A ello se le sumaron, según el organismo contralor, demoras en la entrega de fondos y falencias en las rendiciones de gastos. “La laxitud de sus cláusulas, la vaguedad de los objetos y condiciones, más el exceso de anexos hacen que el acuerdo sea difícil de interpretar”, afirmó la AGN (es el organismo que asiste técnicamente al Congreso nacional en el control del estado de las cuentas del sector público) en su informe.
Ante una consulta de Hoy, desde la organización ecologista Greenpeace, también encendieron la alarma. “Hay retrasos muy significativos. Prácticamente no fue relocalizada ninguna de las villas y asentamientos de la cuenca. Solamente en 2006, hubo 25 viviendas de Villa Inflamable que fueron trasladadas, pero luego poco se hizo. Ni siquiera se terminó el censo de las familias que están en riesgo. El fallo de la Corte hizo que adquiriera un poco más de dinamismo en algunas tareas, como la limpieza de los márgenes. Pero hay demoras de todo tipo: por ejemplo, aún no se terminó el relevamiento de las industrias más contaminantes, que la propia Corte estipuló que debería haberse concluido treinta días después de emitido el fallo en 2008”, le dijo a Hoy Consuelo Bilbao, coordinadora de Greenpeace de la campaña Riachuelo.
El convenio implica la realización de obras de remediación ambiental, como así también la urbanización de villas y asentamientos. Los reiterados incumplimientos hicieron que, el año pasado, la Justicia Federal, a través del magistrado de Quilmes, Luis Armella, intimara en reiteradas ocasiones a los funcionarios nacionales y provinciales y a los intendentes, para que cumplan con las obras.
Contaminación en números
Se estima que a la cuenca Matanza-Riachuelo se tira alrededor de 8.500 toneladas de chatarra que contienen: cascos de barcos, esqueletos de autos, basura de todo tipo y un fondo letal formado por numerosos metales pesados y sedimentados en concentraciones muy altas y muy alejadas de los porcentajes internacionalmente tolerados, con un espesor que llega a siete metros de profundidad. Las concentraciones de zinc, plomo y cromo son superiores en 50 veces a los niveles máximos permitidos.
Ejemplos preocupantes
La Autoridad de Cuenca explicó, en el descargo de la auditoría realizada por la AGN, que hubo una obra en la que se ejecutó casi el total de los fondos asignados, un 91%, pero llamativamente se hizo menos de la mitad de los trabajos.
Para colmo la Autoridad de Cuenca omitió aclarar ese “desfasaje con la ejecución financiera”. Se trata del servicio de limpieza y mantenimiento de agua y desmalezamiento y el mantenimiento de márgenes del río Matanza, que tenía un valor inicial de $13.224.198 y debía terminarse para diciembre de 2009.
Otro ejemplo es el de la obra de ampliación de la planta depuradora de afluentes cloacales sudoeste, en el partido de La Matanza, cuyo valor fue de $93.538.417. Debía estar terminada para agosto de 2009, pero, sin embargo, para esa fecha los trabajos habían avanzado sólo un 44%. La AGN aseguró que “no surgieron constancias que aprueben la ampliación del plazo”.
La auditoría concluyó que hubo varias obras que “presentan ejecuciones financieras y físicas que no guardan relación armónica”.
Esto quiere decir que hay trabajos que no avanzaron, en tiempo y forma, conforme a la ejecución de los presupuestos.
Fecha de Publicación: 15/02/2011
Fuente: Diario Hoy
Provincia/Región: Capital - Buenos Aires
La Auditoría General de la Nación detectó irregularidades en el uso de los fondos que se destinan a los municipios para el saneamiento ambiental en la cuenca Matanza-Riachuelo. Un gobierno provincial ausente y muchos niños condenados.
Muchos niños del Conurbano bonaerense están prácticamente condenados. No pueden jugar a la pelota ni a las escondidas. Y varios de ellos, lamentablemente, ni siquiera llegarán a la adolescencia, ya que en su sangre hay una alta concentración de metales pesados, producto de la contaminación de la cuenca Matanza-Riachuelo. Sus padres también están enfermos y prácticamente ya perdieron toda esperanza de que, desde el gobierno provincial, les den alguna solución a sus angustiantes reclamos.
Pasaron más de tres años desde el momento en que la Corte Suprema de Justicia ordenó al Gobierno nacional, a la Provincia, a la jefatura de Gobierno porteña y a varios municipios la puesta en marcha de un plan de acciones concretas para combatir la contaminación en la cuenca Matanza-Riachuelo, donde viven 3 millones de personas en situaciones límite. La realidad es que poco y nada se ha hecho.
También existe un manto de sospecha respecto al destino de los fondos que se están girando desde el Estado nacional para las tareas de saneamiento en la que, sin lugar a dudas, es la
zona más contaminada del país.
Un claro ejemplo es que, según un reciente estudio de la Auditoría General de la Nación al que tuvo acceso este diario, en los últimos tres años la Autoridad de Cuenca Matanza- Riachuelo (Acumar) -organismo público que reúne a representantes del Gobierno nacional, de la ciudad de Buenos Aires y de la Provincia- transfirió $ 20.424.568 a las comunas afectadas mediante “un acuerdo que no tiene objetivos, condiciones ni plazos definidos”.
Además, el reparto no habría sido para nada parejo: la ciudad de Buenos Aires recibió sólo $ 539,
mientras que Avellaneda obtuvo $ 1.398.500 para el mismo período. En tanto, de los catorce municipios que forman parte del convenio, sólo cuatro recibieron sin excepción los fondos correspondientes a los años 2007, 2008 y 2009. A ello se le sumaron, según el organismo contralor, demoras en la entrega de fondos y falencias en las rendiciones de gastos. “La laxitud de sus cláusulas, la vaguedad de los objetos y condiciones, más el exceso de anexos hacen que el acuerdo sea difícil de interpretar”, afirmó la AGN (es el organismo que asiste técnicamente al Congreso nacional en el control del estado de las cuentas del sector público) en su informe.
Ante una consulta de Hoy, desde la organización ecologista Greenpeace, también encendieron la alarma. “Hay retrasos muy significativos. Prácticamente no fue relocalizada ninguna de las villas y asentamientos de la cuenca. Solamente en 2006, hubo 25 viviendas de Villa Inflamable que fueron trasladadas, pero luego poco se hizo. Ni siquiera se terminó el censo de las familias que están en riesgo. El fallo de la Corte hizo que adquiriera un poco más de dinamismo en algunas tareas, como la limpieza de los márgenes. Pero hay demoras de todo tipo: por ejemplo, aún no se terminó el relevamiento de las industrias más contaminantes, que la propia Corte estipuló que debería haberse concluido treinta días después de emitido el fallo en 2008”, le dijo a Hoy Consuelo Bilbao, coordinadora de Greenpeace de la campaña Riachuelo.
El convenio implica la realización de obras de remediación ambiental, como así también la urbanización de villas y asentamientos. Los reiterados incumplimientos hicieron que, el año pasado, la Justicia Federal, a través del magistrado de Quilmes, Luis Armella, intimara en reiteradas ocasiones a los funcionarios nacionales y provinciales y a los intendentes, para que cumplan con las obras.
Contaminación en números
Se estima que a la cuenca Matanza-Riachuelo se tira alrededor de 8.500 toneladas de chatarra que contienen: cascos de barcos, esqueletos de autos, basura de todo tipo y un fondo letal formado por numerosos metales pesados y sedimentados en concentraciones muy altas y muy alejadas de los porcentajes internacionalmente tolerados, con un espesor que llega a siete metros de profundidad. Las concentraciones de zinc, plomo y cromo son superiores en 50 veces a los niveles máximos permitidos.
Ejemplos preocupantes
La Autoridad de Cuenca explicó, en el descargo de la auditoría realizada por la AGN, que hubo una obra en la que se ejecutó casi el total de los fondos asignados, un 91%, pero llamativamente se hizo menos de la mitad de los trabajos.
Para colmo la Autoridad de Cuenca omitió aclarar ese “desfasaje con la ejecución financiera”. Se trata del servicio de limpieza y mantenimiento de agua y desmalezamiento y el mantenimiento de márgenes del río Matanza, que tenía un valor inicial de $13.224.198 y debía terminarse para diciembre de 2009.
Otro ejemplo es el de la obra de ampliación de la planta depuradora de afluentes cloacales sudoeste, en el partido de La Matanza, cuyo valor fue de $93.538.417. Debía estar terminada para agosto de 2009, pero, sin embargo, para esa fecha los trabajos habían avanzado sólo un 44%. La AGN aseguró que “no surgieron constancias que aprueben la ampliación del plazo”.
La auditoría concluyó que hubo varias obras que “presentan ejecuciones financieras y físicas que no guardan relación armónica”.
Esto quiere decir que hay trabajos que no avanzaron, en tiempo y forma, conforme a la ejecución de los presupuestos.
Minería: inversiones y cuestionamientos
El sector minero, con inversiones y cuestionamientos
Fecha de Publicación: 14/02/2011
Fuente: No a la Mina
Provincia/Región: San Juan
La de ayer fue una jornada con luces y sombras para el sector minero local. Por un lado, se anunciaron inversiones importantes en exploración de cobre en el departamento sanjuanino de Calingasta , y por otro, se conoció que el diputado Pino Solanas llevará su discurso antiminero ante organizaciones ambientalistas de Canadá, donde planea denunciar un supuesto lobby entre el gobierno de San Juan y la minera Barrick. Ambas informaciones fueron anunciadas oficialmente.
Lo de las inversiones fue una noticia que dio a conocer la Secretaría de Minería de la Nación. Ayer Jorge Mayoral recibió a los directivos de la junior estadounidense Minera Andes quienes le comunicaron que desembolsarán más de $60 millones para buscar la prefactibilidad en el proyecto sanjuanino Los Azules, ubicado cerca de Pachón, en Calingasta. Prevén realizar muestreos y 14 mil metros de perforaciones, con el objetivo de alcanzar el año próximo la prefactibilidad del emprendimiento. Además informaron que continuaran realizando inversiones en el proyecto productivo de oro y plata San José (Santa Cruz), que poseen en concesión junto al operador minero peruano Hoschild.
Por otro lado, el área de prensa del diputado Pino Solanas informó que el viaje a Canadá del legislador tiene como motivo "devolver la visita que le han hecho varios legisladores de allá, dar conferencias de prensa y entrevistas a distintos medios y ONG\'s sobre la situación que generan las empresas canadienses en Argentina". A través de un mail a DIARIO DE CUYO se informó que en particular "hablará sobre la reciente sanción de la ley de glaciares y el lobby realizado por las empresas mineras para detener su aplicación", para lo cual "expondrá el caso de la Barrick Gold y el gobierno de la provincia de San Juan".
Fecha de Publicación: 14/02/2011
Fuente: No a la Mina
Provincia/Región: San Juan
La de ayer fue una jornada con luces y sombras para el sector minero local. Por un lado, se anunciaron inversiones importantes en exploración de cobre en el departamento sanjuanino de Calingasta , y por otro, se conoció que el diputado Pino Solanas llevará su discurso antiminero ante organizaciones ambientalistas de Canadá, donde planea denunciar un supuesto lobby entre el gobierno de San Juan y la minera Barrick. Ambas informaciones fueron anunciadas oficialmente.
Lo de las inversiones fue una noticia que dio a conocer la Secretaría de Minería de la Nación. Ayer Jorge Mayoral recibió a los directivos de la junior estadounidense Minera Andes quienes le comunicaron que desembolsarán más de $60 millones para buscar la prefactibilidad en el proyecto sanjuanino Los Azules, ubicado cerca de Pachón, en Calingasta. Prevén realizar muestreos y 14 mil metros de perforaciones, con el objetivo de alcanzar el año próximo la prefactibilidad del emprendimiento. Además informaron que continuaran realizando inversiones en el proyecto productivo de oro y plata San José (Santa Cruz), que poseen en concesión junto al operador minero peruano Hoschild.
Por otro lado, el área de prensa del diputado Pino Solanas informó que el viaje a Canadá del legislador tiene como motivo "devolver la visita que le han hecho varios legisladores de allá, dar conferencias de prensa y entrevistas a distintos medios y ONG\'s sobre la situación que generan las empresas canadienses en Argentina". A través de un mail a DIARIO DE CUYO se informó que en particular "hablará sobre la reciente sanción de la ley de glaciares y el lobby realizado por las empresas mineras para detener su aplicación", para lo cual "expondrá el caso de la Barrick Gold y el gobierno de la provincia de San Juan".
Argentina se opone a la caza de ballenas
Argentina se opone a la caza de ballenas
Fecha de Publicación: 14/02/2011
Fuente: Terra
Provincia/Región: Nacional
El Gobierno argentino hizo público su rechazo a la caza de cerca de mil ballenas, incluidas especies clasificadas como amenazadas en el Santuario de Ballenas del Océano Austral, y en un comunicado de prensa junto con otros países latinoamericanos exhortó a Japón a que cese la "caza científica" de estos cetáceos.
Ante el inicio de una nueva temporada de "caza científica" en aguas antárticas, los Gobiernos de la Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Perú y Uruguay, países miembros de la Comisión Ballenera Internacional (CBI), integrantes del llamado "Grupo de Buenos Aires" (GBA), hicieron público su enérgico rechazo.
El GBA reafirmó su compromiso con la conservación de las ballenas, el mantenimiento de la moratoria comercial en vigencia desde 1986, la promoción del uso no letal del recurso y el respeto a la integridad de los santuarios balleneros reconocidos por la CBI.
Exhortó al Gobierno del Japón a poner fin a la "caza científica" que realiza en un santuario que fue establecido por la CBI precisamente con el objetivo de proteger a las ballenas.
Los Gobiernos del GBA consideran que la continuación de aquellas capturas realizadas año tras año a pesar del rechazo de la comunidad internacional no contribuye a mantener el ambiente de confianza que propicie un diálogo constructivo en el seno de la CBI, único foro multilateral que reconocen para el manejo y la conservación de las ballenas.
Fecha de Publicación: 14/02/2011
Fuente: Terra
Provincia/Región: Nacional
El Gobierno argentino hizo público su rechazo a la caza de cerca de mil ballenas, incluidas especies clasificadas como amenazadas en el Santuario de Ballenas del Océano Austral, y en un comunicado de prensa junto con otros países latinoamericanos exhortó a Japón a que cese la "caza científica" de estos cetáceos.
Ante el inicio de una nueva temporada de "caza científica" en aguas antárticas, los Gobiernos de la Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Perú y Uruguay, países miembros de la Comisión Ballenera Internacional (CBI), integrantes del llamado "Grupo de Buenos Aires" (GBA), hicieron público su enérgico rechazo.
El GBA reafirmó su compromiso con la conservación de las ballenas, el mantenimiento de la moratoria comercial en vigencia desde 1986, la promoción del uso no letal del recurso y el respeto a la integridad de los santuarios balleneros reconocidos por la CBI.
Exhortó al Gobierno del Japón a poner fin a la "caza científica" que realiza en un santuario que fue establecido por la CBI precisamente con el objetivo de proteger a las ballenas.
Los Gobiernos del GBA consideran que la continuación de aquellas capturas realizadas año tras año a pesar del rechazo de la comunidad internacional no contribuye a mantener el ambiente de confianza que propicie un diálogo constructivo en el seno de la CBI, único foro multilateral que reconocen para el manejo y la conservación de las ballenas.
Ceamse: Nuevo round en la Justicia
Nuevo round en la Justicia por el futuro de la Ceamse
Fecha de Publicación: 14/02/2011
Fuente: El Día
Provincia/Región: Buenos Aires
Ambientalistas de la Región se presentan en la Corte para reclamar el cumplimiento de un fallo que prohíbe ampliar el predio de Diagonal 74. Esa sentencia está apelada
En un nuevo capítulo de la batalla judicial cuyo resultado decidirá el futuro del relleno sanitario de Ensenada, organizaciones de defensa del medio ambiente de la Región realizarán hoy una presentación contra el intento de CEAMSE de ampliar el vertedero.
Concretamente, las ONG pedirán a la Suprema Corte bonaerense que mantenga firme su decisión de impedir al ente estatal que se encarga de la disposición final de residuos que abra nuevos módulos de enterramiento en el predio de diagonal 74 y arroyo El Gato. Esa resolución, dictada a inicios de diciembre pasado, fue apelada por CEAMSE -cuyo presidente es designado por el Ejecutivo provincial- con un pedido de "recurso extraordinario" que busca llevar la cuestión al ámbito de la Corte Suprema de la Nación.
"Vamos a expresar nuestro firme rechazo y nuestros fundamentos, tal como lo marca la ley, porque estamos convencidos de que el recurso extraordinario es improcedente" expresó Marcelo Martínez, titular de Nuevo Ambiente: "se pretende seguir enterrando indiscriminadamente y violando leyes ambientales cuando ya se estipularon plazos de cierre, el municipio platense adjudicó a una empresa la construcción de una planta de tratamiento integral de residuos, y el propio gobernador predica otras estrategias en cuanto a la disposición final de los desechos en la Región Capital".
Nuevo Ambiente y el Centro Vecinal Punta Lara son las entidades integrantes de la Asamblea "No+CEAMSE" que desde hace más de un lustro dan pelea en la Justicia para lograr la clausura definitiva del relleno que recibe a diario alrededor de 900 toneladas de basura generada en la región.
Fecha de Publicación: 14/02/2011
Fuente: El Día
Provincia/Región: Buenos Aires
Ambientalistas de la Región se presentan en la Corte para reclamar el cumplimiento de un fallo que prohíbe ampliar el predio de Diagonal 74. Esa sentencia está apelada
En un nuevo capítulo de la batalla judicial cuyo resultado decidirá el futuro del relleno sanitario de Ensenada, organizaciones de defensa del medio ambiente de la Región realizarán hoy una presentación contra el intento de CEAMSE de ampliar el vertedero.
Concretamente, las ONG pedirán a la Suprema Corte bonaerense que mantenga firme su decisión de impedir al ente estatal que se encarga de la disposición final de residuos que abra nuevos módulos de enterramiento en el predio de diagonal 74 y arroyo El Gato. Esa resolución, dictada a inicios de diciembre pasado, fue apelada por CEAMSE -cuyo presidente es designado por el Ejecutivo provincial- con un pedido de "recurso extraordinario" que busca llevar la cuestión al ámbito de la Corte Suprema de la Nación.
"Vamos a expresar nuestro firme rechazo y nuestros fundamentos, tal como lo marca la ley, porque estamos convencidos de que el recurso extraordinario es improcedente" expresó Marcelo Martínez, titular de Nuevo Ambiente: "se pretende seguir enterrando indiscriminadamente y violando leyes ambientales cuando ya se estipularon plazos de cierre, el municipio platense adjudicó a una empresa la construcción de una planta de tratamiento integral de residuos, y el propio gobernador predica otras estrategias en cuanto a la disposición final de los desechos en la Región Capital".
Nuevo Ambiente y el Centro Vecinal Punta Lara son las entidades integrantes de la Asamblea "No+CEAMSE" que desde hace más de un lustro dan pelea en la Justicia para lograr la clausura definitiva del relleno que recibe a diario alrededor de 900 toneladas de basura generada en la región.
El supermercado del basural
El supermercado del basural
Fecha de Publicación: 13/02/2011
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Buenos Aires
Son 130 hectáreas junto al barrio De la Cárcova donde van a parar toneladas de alimentos, electrodomésticos, metales, cartón, plásticos y todo lo que sobra en una ciudad. La policía cobra peaje para la “carrera” de los chicos que viven de este recurso.
“En el basural encontrás de todo: carne picada en bolsas enormes que tira la empresa que hace las hamburguesas marca Paty, alfajores y galletitas de Arcor o Terrabusi, salchichas de Viena y hasta electrodomésticos. Hay de todo.” Los chicos, que tienen entre 12 y 20 años, juran que en el cinturón ecológico del Ceamse, en la zona de José León Suárez, se pueden encontrar mercaderías “en perfecto estado, como si fuera un supermercado para indigentes”, que sirven para mitigar el hambre de miles de familias de los barrios más pobres del partido de San Martín. Claro que, para encontrar el “tesoro”, hay que revolver basura maloliente que se apila desde hace décadas, a la vera de una autovía que irónicamente se llama Camino del Buen Ayre. “Te aseguro que la comida que se tira no está vencida. En algunos casos tiene fecha de vencimiento para dentro de tres o cuatro semanas o más”, le asegura a Página/12 un hombre que ahora forma parte de una cooperativa, pero que vivió muchos años “levantando comida de la basura”. El entrevistado sostiene con un toque de humor negro: “Hasta ahora nunca supimos de nadie que se haya muerto por comer estos desechos, pero sí hubo varios muertos o heridos por el accionar de la policía”.
Se refiere a los casos recientes de Franco Almirón, de 16 años, y Mauricio Arce Ramos, de 17, asesinados en un hecho por el que fue detenido el oficial subinspector Ezequiel Vega, que además hirió con su escopeta a Joaquín Romero, de 19. También a casos que ocurrieron en años anteriores, como el de Diego Duarte (ver aparte). Almirón, Ramos y Romero formaban parte de una legión de miles de personas de “4 a 80 años” que concurren todos los días al cinturón ecológico a revolver la basura.
“El horario de verano es de 18 a 19, de lunes a sábado, pero a veces la policía que custodia el predio nos echa quince minutos antes. Ellos deciden cuándo entramos y cuándo salimos. Muchas veces nos golpean al entrar y al salir, para que nos apuremos, y se ríen si se nos cae el carrito en el que llevamos lo que pudimos juntar”, afirma uno de los tantos chicos del barrio De la Cárcova, en José León Suárez, que antes de las cinco preparan su bicicleta, sus bolsas o su carrito, para entrar al Ceamse y treparse a las montañas de basura.
“Es un tema muy complejo, donde hay muchos intereses de por medio, y donde los pibes son las víctimas principales”, dice a este diario la socióloga María Magdalena Gagey, del Movimiento Evita, quien le planteó el problema al jefe de la Policía Bonaerense Juan Carlos Paggi, al subsecretario de Política Criminal e Investigaciones Judiciales César Albarracín, y al titular del Centro de Protección de los Derechos de las Víctimas, Alberto Palacio. “Les señalamos la necesidad de buscar formas de organización de los chicos de las villas que van al Ceamse de generar sistemas de reciclado, invirtiendo y organizando cooperativas de trabajo. El problema es preocupante porque hay algunos sectores que tienen un accionar violento, y la situación con la policía es muy tensa, sobre todo después de lo que ocurrió en Suárez”, con la muerte de los dos chicos y el ataque que sufrió un tercero que sigue hospitalizado.
Adán Guevara, vecino del barrio Independencia, organizó en 2004 la primera cooperativa de recuperadores urbanos en la zona de José León Suárez, donde ahora funcionan nueve plantas similares donde tienen su lugar cientos de vecinos. Para la primera se contó con el aporte del Ministerio de Desarrollo Humano bonaerense y del Ceamse. Con el dinero aportado entonces por el gobierno provincial se compraron máquinas que sirven para el reciclaje. Los que trabajan en esas plantas usan barbijos y guantes para separar el cartón y el plástico para luego venderlo. La experiencia, aunque positiva, no alcanza para todos los que revuelven la basura, la mayoría jóvenes remisos a nuclearse en cooperativas, porque “prefieren seguir como ahora, porque sacan una renta que no debe ser muy importante, pero que les permite conseguir algunas cosas, en medio de las enormes dificultades que atraviesan ellos y sus familias”, señala Gagey.
Los chicos del barrio De la Cárcova se quejan de la policía y de algunos personajes civiles. “Hay dos grupos, muy conocidos por todos, que están entongados con la policía y que son los primeros en ser autorizados a entrar al Ceamse. Cuando a nosotros nos dan la orden de largada, ellos ya están arriba de la montaña de basura y se llevan las mejores cosas.” Los líderes de esos dos grupos son conocidos por la policía y también por la Justicia, dado que se han presentado denuncias en las cuales se aportaron datos concretos, pero “hasta ahora parecen gozar de una impunidad que alguien les garantiza”, advierte el entrevistado, que siendo joven solía subirse a la montaña de de-sechos.
“La policía es la que fija los horarios, que se adelantan para el invierno, porque oscurece antes. A nosotros nos cobran 150 pesos por cabeza para poder ingresar por las dos puertas de acceso que tiene el predio, pero los acomodados entran gratis. Durante todo el día, no hay policía controlando el lugar, ellos llegan sólo a la hora señalada, para cobrar el ‘peaje’. A nosotros nos acusan de descarrilar los trenes y de robar la mercadería, pero la verdad es que cuando se produjeron dos hechos, el año pasado, los que más se llevaron cosas fueron los propios policías.” De acuerdo con varios testimonios coincidentes, en dos descarrilamientos hubo saqueo de azúcar y de aceite.
“Muchos de los pibes se llevaron cosas, pero lo hicieron, la mayoría, porque la policía los incitaba: ‘Dale, agarrá eso y llevátelo’.” Los chicos “les hicieron caso y se llevaron mercadería, pero en un momento dado, los mismos policías dijeron: ‘Basta, se acabó, váyanse’”. Luego de eso, de acuerdo con los testimonios recogidos por Página/12, “los que empezaron a cargar cosas, en un móvil que apareció en el lugar, fueron los propios policías, que se llevaron bolsas de azúcar y envases con aceite”. Los personajes policiales “fuertes” en la zona son tres: uno al que se lo conoce por su apelativo “Cadenita de Plata”, un ex jefe de calle de la comisaría cuarta y un tercero del que se tienen pocos datos.
El entrevistado, que hoy tiene una cooperativa, afirma que “es muy difícil agarrar a estos tipos, porque ya hubo varios intentos de la televisión por registrar escenas de la violencia policial, pero no lo lograron porque ellos se portan bien cuando llegan las cámaras y como tienen cómplices entre los que revuelven la basura, aportan testimonios falsos que hablan a favor de la policía”.
“Los policías nos desprecian y nos discriminan. Ellos siempre hacen ostentación de chapa, de uniforme y de pistola. Más de una vez, después que estuvimos juntando cosas arriba de la mierda, cuando bajamos nos sacan algunos metros de cobre o paquetes con salchichas. A mediados del año pasado, un policía grandote le pegó a una nena que estaba con un familiar. El hombre, que era corpulento, se peleó con el policía, pero aparecieron varios y lo golpearon. Estuvo internado y dicen que perdió un ojo”, cuentan varios chicos que se reúnen, en la “previa” al ingreso al Ceamse, en una esquina del De la Cárcova. La historia es conocida en todo el barrio.
El momento de ingreso al Ceamse, de lunes de sábados, es mencionado por todos los pibes como “la largada”. Lo hacen porque los que van a pie se sienten en un maratón y los que van en bicicleta actúan como si corrieran un “sprint”. Cada segundo vale oro. “La presencia policial es lo peor. En la puerta del Ceamse se comportan igual que cuando entran al barrio. ‘Tirate al piso’, ‘Parate contra la pared’ y si te negás, te ponen la pistola en la cabeza. La solución es que todos los chicos tengan un trabajo digno y que se acabe el cirujeo. Mientras tanto, que por lo menos pongan a los gendarmes, que tratan mucho mejor que los canas”, afirma el hombre de la cooperativa.
Fecha de Publicación: 13/02/2011
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Buenos Aires
Son 130 hectáreas junto al barrio De la Cárcova donde van a parar toneladas de alimentos, electrodomésticos, metales, cartón, plásticos y todo lo que sobra en una ciudad. La policía cobra peaje para la “carrera” de los chicos que viven de este recurso.
“En el basural encontrás de todo: carne picada en bolsas enormes que tira la empresa que hace las hamburguesas marca Paty, alfajores y galletitas de Arcor o Terrabusi, salchichas de Viena y hasta electrodomésticos. Hay de todo.” Los chicos, que tienen entre 12 y 20 años, juran que en el cinturón ecológico del Ceamse, en la zona de José León Suárez, se pueden encontrar mercaderías “en perfecto estado, como si fuera un supermercado para indigentes”, que sirven para mitigar el hambre de miles de familias de los barrios más pobres del partido de San Martín. Claro que, para encontrar el “tesoro”, hay que revolver basura maloliente que se apila desde hace décadas, a la vera de una autovía que irónicamente se llama Camino del Buen Ayre. “Te aseguro que la comida que se tira no está vencida. En algunos casos tiene fecha de vencimiento para dentro de tres o cuatro semanas o más”, le asegura a Página/12 un hombre que ahora forma parte de una cooperativa, pero que vivió muchos años “levantando comida de la basura”. El entrevistado sostiene con un toque de humor negro: “Hasta ahora nunca supimos de nadie que se haya muerto por comer estos desechos, pero sí hubo varios muertos o heridos por el accionar de la policía”.
Se refiere a los casos recientes de Franco Almirón, de 16 años, y Mauricio Arce Ramos, de 17, asesinados en un hecho por el que fue detenido el oficial subinspector Ezequiel Vega, que además hirió con su escopeta a Joaquín Romero, de 19. También a casos que ocurrieron en años anteriores, como el de Diego Duarte (ver aparte). Almirón, Ramos y Romero formaban parte de una legión de miles de personas de “4 a 80 años” que concurren todos los días al cinturón ecológico a revolver la basura.
“El horario de verano es de 18 a 19, de lunes a sábado, pero a veces la policía que custodia el predio nos echa quince minutos antes. Ellos deciden cuándo entramos y cuándo salimos. Muchas veces nos golpean al entrar y al salir, para que nos apuremos, y se ríen si se nos cae el carrito en el que llevamos lo que pudimos juntar”, afirma uno de los tantos chicos del barrio De la Cárcova, en José León Suárez, que antes de las cinco preparan su bicicleta, sus bolsas o su carrito, para entrar al Ceamse y treparse a las montañas de basura.
“Es un tema muy complejo, donde hay muchos intereses de por medio, y donde los pibes son las víctimas principales”, dice a este diario la socióloga María Magdalena Gagey, del Movimiento Evita, quien le planteó el problema al jefe de la Policía Bonaerense Juan Carlos Paggi, al subsecretario de Política Criminal e Investigaciones Judiciales César Albarracín, y al titular del Centro de Protección de los Derechos de las Víctimas, Alberto Palacio. “Les señalamos la necesidad de buscar formas de organización de los chicos de las villas que van al Ceamse de generar sistemas de reciclado, invirtiendo y organizando cooperativas de trabajo. El problema es preocupante porque hay algunos sectores que tienen un accionar violento, y la situación con la policía es muy tensa, sobre todo después de lo que ocurrió en Suárez”, con la muerte de los dos chicos y el ataque que sufrió un tercero que sigue hospitalizado.
Adán Guevara, vecino del barrio Independencia, organizó en 2004 la primera cooperativa de recuperadores urbanos en la zona de José León Suárez, donde ahora funcionan nueve plantas similares donde tienen su lugar cientos de vecinos. Para la primera se contó con el aporte del Ministerio de Desarrollo Humano bonaerense y del Ceamse. Con el dinero aportado entonces por el gobierno provincial se compraron máquinas que sirven para el reciclaje. Los que trabajan en esas plantas usan barbijos y guantes para separar el cartón y el plástico para luego venderlo. La experiencia, aunque positiva, no alcanza para todos los que revuelven la basura, la mayoría jóvenes remisos a nuclearse en cooperativas, porque “prefieren seguir como ahora, porque sacan una renta que no debe ser muy importante, pero que les permite conseguir algunas cosas, en medio de las enormes dificultades que atraviesan ellos y sus familias”, señala Gagey.
Los chicos del barrio De la Cárcova se quejan de la policía y de algunos personajes civiles. “Hay dos grupos, muy conocidos por todos, que están entongados con la policía y que son los primeros en ser autorizados a entrar al Ceamse. Cuando a nosotros nos dan la orden de largada, ellos ya están arriba de la montaña de basura y se llevan las mejores cosas.” Los líderes de esos dos grupos son conocidos por la policía y también por la Justicia, dado que se han presentado denuncias en las cuales se aportaron datos concretos, pero “hasta ahora parecen gozar de una impunidad que alguien les garantiza”, advierte el entrevistado, que siendo joven solía subirse a la montaña de de-sechos.
“La policía es la que fija los horarios, que se adelantan para el invierno, porque oscurece antes. A nosotros nos cobran 150 pesos por cabeza para poder ingresar por las dos puertas de acceso que tiene el predio, pero los acomodados entran gratis. Durante todo el día, no hay policía controlando el lugar, ellos llegan sólo a la hora señalada, para cobrar el ‘peaje’. A nosotros nos acusan de descarrilar los trenes y de robar la mercadería, pero la verdad es que cuando se produjeron dos hechos, el año pasado, los que más se llevaron cosas fueron los propios policías.” De acuerdo con varios testimonios coincidentes, en dos descarrilamientos hubo saqueo de azúcar y de aceite.
“Muchos de los pibes se llevaron cosas, pero lo hicieron, la mayoría, porque la policía los incitaba: ‘Dale, agarrá eso y llevátelo’.” Los chicos “les hicieron caso y se llevaron mercadería, pero en un momento dado, los mismos policías dijeron: ‘Basta, se acabó, váyanse’”. Luego de eso, de acuerdo con los testimonios recogidos por Página/12, “los que empezaron a cargar cosas, en un móvil que apareció en el lugar, fueron los propios policías, que se llevaron bolsas de azúcar y envases con aceite”. Los personajes policiales “fuertes” en la zona son tres: uno al que se lo conoce por su apelativo “Cadenita de Plata”, un ex jefe de calle de la comisaría cuarta y un tercero del que se tienen pocos datos.
El entrevistado, que hoy tiene una cooperativa, afirma que “es muy difícil agarrar a estos tipos, porque ya hubo varios intentos de la televisión por registrar escenas de la violencia policial, pero no lo lograron porque ellos se portan bien cuando llegan las cámaras y como tienen cómplices entre los que revuelven la basura, aportan testimonios falsos que hablan a favor de la policía”.
“Los policías nos desprecian y nos discriminan. Ellos siempre hacen ostentación de chapa, de uniforme y de pistola. Más de una vez, después que estuvimos juntando cosas arriba de la mierda, cuando bajamos nos sacan algunos metros de cobre o paquetes con salchichas. A mediados del año pasado, un policía grandote le pegó a una nena que estaba con un familiar. El hombre, que era corpulento, se peleó con el policía, pero aparecieron varios y lo golpearon. Estuvo internado y dicen que perdió un ojo”, cuentan varios chicos que se reúnen, en la “previa” al ingreso al Ceamse, en una esquina del De la Cárcova. La historia es conocida en todo el barrio.
El momento de ingreso al Ceamse, de lunes de sábados, es mencionado por todos los pibes como “la largada”. Lo hacen porque los que van a pie se sienten en un maratón y los que van en bicicleta actúan como si corrieran un “sprint”. Cada segundo vale oro. “La presencia policial es lo peor. En la puerta del Ceamse se comportan igual que cuando entran al barrio. ‘Tirate al piso’, ‘Parate contra la pared’ y si te negás, te ponen la pistola en la cabeza. La solución es que todos los chicos tengan un trabajo digno y que se acabe el cirujeo. Mientras tanto, que por lo menos pongan a los gendarmes, que tratan mucho mejor que los canas”, afirma el hombre de la cooperativa.
No logran que las industrias dejen de contaminar
Saneamiento del Riachuelo: No logran que las industrias dejen de contaminar la cuenca
Fecha de Publicación: 12/02/2011
Fuente: Clarin
País/Región: Capital - Buenos Aires
Inspeccionaron 9.000 de 23.000: probaron que 350 contaminan. Pero sólo 12 presentaron planes de reconversión y ninguno está en marcha. Y deben hacer cloacas, trasladar gente, y sacar basurales. Saneamiento del Riachuelo
A dos años y medio de la orden de saneamiento del Riachuelo, la contaminación que producen las industrias sigue sin tratarse y no para. Hasta ahora sólo se han inspeccionado 9.000 de 23.000 establecimientos y se encontraron las primeras 350 que contaminan.
Este uno de los ejes del plan de saneamiento que más se viene demorando. Los vertidos son los que tienen peores consecuencias para la salud , y los que menos se ven: mercurio, zinc, plomo y cromo, hasta 50 veces por encima de los valores legalmente admitidos.
La ACUMAR (Autoridad de la cuenca Matanza-Riachuelo) es la responsable de inspeccionar las curtiembres, frigoríficos, industrias químicas, petroquímicas y metalúrgicas que tiran sus fluidos sin tratar a la cuenca. La Autoridad está a cargo del secretario de Ambiente y ex intendente de Berazategui, Juan José Mussi, quien llegó al puesto a fines de diciembre tras dos gestiones cuestionadas, las de Homero Bibiloni, y antes, de Romina Picolotti.
El plazo inicial previsto era de 30 días, pero dos años y medio más tarde sólo se llevan inspeccionadas 9.000 fábricas: en 350 se probó que contaminan. De esas, sólo 12 presentaron planes de reconversión , y ninguno está en marcha. Para las tareas de control, ACUMAR cuenta únicamente con 42 inspectores. Según Consuelo Bilbao, coordinadora de la Campaña de Riachuelo de Greenpeace, “esta cifra da idea de que no se puede proceder con mucha celeridad”.
Para Andrés Napoli, director del Area Riachuelo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) –otra de las ONGS encargadas de controlar el saneamiento de la cuenca–, esta demora “habla de un déficit, a pesar de los constantes reclamos de las ONGS y del Juzgado Federal de Quilmes, que lleva adelante la causa”.
En 2008, la Corte dictó un fallo que provocó la creación de la ACUMAR –el organismo compuesto por representantes de la Nación, Ciudad y la Provincia de Buenos Aires– que debía trabajar sobre el plan de saneamiento. La sentencia se basó en una demanda presentada por vecinos de Villa Inflamable, en Dock Sud, afectados por los altos niveles de contaminación.
Bilbao explica que los avances son “muy lentos. Las medidas implementadas hasta ahora son aspectos ‘cosméticos’. En la cuestión de fondo no se están tomando medidas para recomponer la cuenca”. Sin embargo, el juez federal de Quilmes Luis Armella, que lleva la causa, tiene un enfoque más positivo: “Lo importante es que se está haciendo, más allá de los tiempos”, le explicó a Clarín .
Además, el fallo contempla otros ejes dentro del plan. Uno es sobre otro tipo de desechos : el 65% de las viviendas de la cuenca, la mayoría en villas, no tiene cloacas y sus desechos van a parar directamente al río, sin tratamiento.
Para hacer nuevas obras –agua potable y cloacas– y construir una planta de tratamiento, se aprobó un préstamo del Banco Mundial por 640 millones de dólares. Fuentes de la empresa estatal AySA explicaron que recién a fin de año comenzarían las obras.
La Corte Suprema también dio un plazo de un año para la erradicación de los 220 basurales a cielo abierto que hay a lo largo del Riachuelo (los más grandes de la Ciudad están en Villa Lugano y Barracas). Si bien el año pasado sacaron 70 mil toneladas de basura, apenas se removieron 25 basurales. “Son ‘dinámicos’, los cierran pero vuelven a aparecer. Por eso pasan las gestiones y en vez de disminuir, cada vez hay más”, explica Bilbao.
Pero para Nápoli lo más urgente es reubicar a las personas que aún están viviendo entre los desechos, “que son quienes presentan la situación de mayor riesgo sanitario. Y aún seguimos sin saber cuántas son”.
El plomo en sangre de los habitantes de la cuenca supera los niveles máximos tolerables. Por eso aparecen las consecuencias: pérdida de peso y capacidad intelectual, trastornos en embarazos, cáncer, enfermedades respiratorias y de la piel. ACUMAR debía presentar en 2008 un programa sanitario en 90 días, que nunca se llevó a cabo, y todavía sigue sin saberse el número concreto de personas en situación de emergencia.
El titular de la ACUMAR, Juan José Mussi no respondió a los pedidos de este diario para hablar sobre el plan de saneamiento. Alfredo Alberti, presidente de la Asociación Vecinos por La Boca criticó: “Se estará trabajando mucho, pero todo es visual. En lo profundo están los caños con residuos industriales. Es lo más grave, lo que enferma y sobre lo que no se hace nada. Con eso estamos muy en deuda”.
Fecha de Publicación: 12/02/2011
Fuente: Clarin
País/Región: Capital - Buenos Aires
Inspeccionaron 9.000 de 23.000: probaron que 350 contaminan. Pero sólo 12 presentaron planes de reconversión y ninguno está en marcha. Y deben hacer cloacas, trasladar gente, y sacar basurales. Saneamiento del Riachuelo
A dos años y medio de la orden de saneamiento del Riachuelo, la contaminación que producen las industrias sigue sin tratarse y no para. Hasta ahora sólo se han inspeccionado 9.000 de 23.000 establecimientos y se encontraron las primeras 350 que contaminan.
Este uno de los ejes del plan de saneamiento que más se viene demorando. Los vertidos son los que tienen peores consecuencias para la salud , y los que menos se ven: mercurio, zinc, plomo y cromo, hasta 50 veces por encima de los valores legalmente admitidos.
La ACUMAR (Autoridad de la cuenca Matanza-Riachuelo) es la responsable de inspeccionar las curtiembres, frigoríficos, industrias químicas, petroquímicas y metalúrgicas que tiran sus fluidos sin tratar a la cuenca. La Autoridad está a cargo del secretario de Ambiente y ex intendente de Berazategui, Juan José Mussi, quien llegó al puesto a fines de diciembre tras dos gestiones cuestionadas, las de Homero Bibiloni, y antes, de Romina Picolotti.
El plazo inicial previsto era de 30 días, pero dos años y medio más tarde sólo se llevan inspeccionadas 9.000 fábricas: en 350 se probó que contaminan. De esas, sólo 12 presentaron planes de reconversión , y ninguno está en marcha. Para las tareas de control, ACUMAR cuenta únicamente con 42 inspectores. Según Consuelo Bilbao, coordinadora de la Campaña de Riachuelo de Greenpeace, “esta cifra da idea de que no se puede proceder con mucha celeridad”.
Para Andrés Napoli, director del Area Riachuelo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) –otra de las ONGS encargadas de controlar el saneamiento de la cuenca–, esta demora “habla de un déficit, a pesar de los constantes reclamos de las ONGS y del Juzgado Federal de Quilmes, que lleva adelante la causa”.
En 2008, la Corte dictó un fallo que provocó la creación de la ACUMAR –el organismo compuesto por representantes de la Nación, Ciudad y la Provincia de Buenos Aires– que debía trabajar sobre el plan de saneamiento. La sentencia se basó en una demanda presentada por vecinos de Villa Inflamable, en Dock Sud, afectados por los altos niveles de contaminación.
Bilbao explica que los avances son “muy lentos. Las medidas implementadas hasta ahora son aspectos ‘cosméticos’. En la cuestión de fondo no se están tomando medidas para recomponer la cuenca”. Sin embargo, el juez federal de Quilmes Luis Armella, que lleva la causa, tiene un enfoque más positivo: “Lo importante es que se está haciendo, más allá de los tiempos”, le explicó a Clarín .
Además, el fallo contempla otros ejes dentro del plan. Uno es sobre otro tipo de desechos : el 65% de las viviendas de la cuenca, la mayoría en villas, no tiene cloacas y sus desechos van a parar directamente al río, sin tratamiento.
Para hacer nuevas obras –agua potable y cloacas– y construir una planta de tratamiento, se aprobó un préstamo del Banco Mundial por 640 millones de dólares. Fuentes de la empresa estatal AySA explicaron que recién a fin de año comenzarían las obras.
La Corte Suprema también dio un plazo de un año para la erradicación de los 220 basurales a cielo abierto que hay a lo largo del Riachuelo (los más grandes de la Ciudad están en Villa Lugano y Barracas). Si bien el año pasado sacaron 70 mil toneladas de basura, apenas se removieron 25 basurales. “Son ‘dinámicos’, los cierran pero vuelven a aparecer. Por eso pasan las gestiones y en vez de disminuir, cada vez hay más”, explica Bilbao.
Pero para Nápoli lo más urgente es reubicar a las personas que aún están viviendo entre los desechos, “que son quienes presentan la situación de mayor riesgo sanitario. Y aún seguimos sin saber cuántas son”.
El plomo en sangre de los habitantes de la cuenca supera los niveles máximos tolerables. Por eso aparecen las consecuencias: pérdida de peso y capacidad intelectual, trastornos en embarazos, cáncer, enfermedades respiratorias y de la piel. ACUMAR debía presentar en 2008 un programa sanitario en 90 días, que nunca se llevó a cabo, y todavía sigue sin saberse el número concreto de personas en situación de emergencia.
El titular de la ACUMAR, Juan José Mussi no respondió a los pedidos de este diario para hablar sobre el plan de saneamiento. Alfredo Alberti, presidente de la Asociación Vecinos por La Boca criticó: “Se estará trabajando mucho, pero todo es visual. En lo profundo están los caños con residuos industriales. Es lo más grave, lo que enferma y sobre lo que no se hace nada. Con eso estamos muy en deuda”.
Se desarrolló una reunión del COFEMA
Se desarrolló una reunión del Consejo Federal de Medio Ambiente en Buenos Aires
Fecha de Publicación: 11/02/2011
Fuente: Territorio Digital
Provincia/Región: Nacional
El 8 y 9 de febrero se desarrolló en la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación la reunión de la Secretaría Ejecutiva del COFEMA (Consejo Federal de Medio Ambiente) en la que se trataron distintas temáticas.
El secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Juan José Mussi, quien se hizo presente en el encuentro, expresó su compromiso para la revitalización del COFEMA. A la vez, se refirió a la necesidad de consensuar políticas para lograr acuerdos.
En tanto, el subsecretario de Coordinación de Políticas Ambientales, Armando Gandía, y la subsecretaria de Planificación y Política Ambiental, Silvia Révora, abrieron la reunión que contó con la participación de representantes de organismos ambientales de las regiones NOA, NEA, Patagonia, Cuyo y Centro.
En la primera jornada, se debatió sobre los manuales de educación ambiental que lanzará la Secretaría de Ambiente durante este año, bosques nativos y las conclusiones de la Asamblea sobre residuos sólidos urbanos realizada por el COFEMA a fines de 2010 en San Juan, que delineó, entre otros objetivos, la reglamentación a nivel nacional y la optimización del manejo integral de los desechos. Con relación a esto, Mussi manifestó su voluntad de generar una Estrategia Nacional de gestión de residuos (ENGIRSU).
En el último día del encuentro, Gandía presentó el programa de Desarrollo de Derivados Climáticos, que tiene como fin reducir los impactos negativos de eventos climáticos en la economía de la Argentina.
Asimismo, se abordó la situación actual y se definieron actividades en torno a las leyes de glaciares y de aguas.
Estuvieron presentes además de los funcionarios mencionados, Marcelo Zetlenok, director Nacional de Articulación Institucional de la Subsecretaria de Coordinación de Políticas Ambientales de la SAyDS; Eduardo Manghi, de la Dirección de Bosques; Guillermo Priotto, coordinador de la Unidad de Educación Ambiental; Sergio La Rocca, asesor de la Subsecretaría de Planificación y Política Ambiental; Yolanda Ortíz, asesora del COFEMA y el presidente del Consejo y Secretario de Ambiente de Tucumán, Alfredo Montalván.
Asimismo, estuvieron presentes los representantes de los organismos ambientales de Salta, Juan Godoy y Emiliano Venier; Hugo Bay, de Formosa; Darío Mariani, de La Pampa; Oscar Echeverría, de Río Negro; Nora Martinez, de Catamarca; Viviana Rovira, de Misiones; Sebastián Presti y Mónica Casanovas de la provincia de Bs As; Omar Saá, de San Luis; Javier Corcuera, Adrián González, Damián Ingrisani y Máximo Cafici, de la ciudad de Bs As; Ariel Martínez, de Tierra del Fuego; Verónica Derna y Graciela Villanueva de Misiones.
Fecha de Publicación: 11/02/2011
Fuente: Territorio Digital
Provincia/Región: Nacional
El 8 y 9 de febrero se desarrolló en la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación la reunión de la Secretaría Ejecutiva del COFEMA (Consejo Federal de Medio Ambiente) en la que se trataron distintas temáticas.
El secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Juan José Mussi, quien se hizo presente en el encuentro, expresó su compromiso para la revitalización del COFEMA. A la vez, se refirió a la necesidad de consensuar políticas para lograr acuerdos.
En tanto, el subsecretario de Coordinación de Políticas Ambientales, Armando Gandía, y la subsecretaria de Planificación y Política Ambiental, Silvia Révora, abrieron la reunión que contó con la participación de representantes de organismos ambientales de las regiones NOA, NEA, Patagonia, Cuyo y Centro.
En la primera jornada, se debatió sobre los manuales de educación ambiental que lanzará la Secretaría de Ambiente durante este año, bosques nativos y las conclusiones de la Asamblea sobre residuos sólidos urbanos realizada por el COFEMA a fines de 2010 en San Juan, que delineó, entre otros objetivos, la reglamentación a nivel nacional y la optimización del manejo integral de los desechos. Con relación a esto, Mussi manifestó su voluntad de generar una Estrategia Nacional de gestión de residuos (ENGIRSU).
En el último día del encuentro, Gandía presentó el programa de Desarrollo de Derivados Climáticos, que tiene como fin reducir los impactos negativos de eventos climáticos en la economía de la Argentina.
Asimismo, se abordó la situación actual y se definieron actividades en torno a las leyes de glaciares y de aguas.
Estuvieron presentes además de los funcionarios mencionados, Marcelo Zetlenok, director Nacional de Articulación Institucional de la Subsecretaria de Coordinación de Políticas Ambientales de la SAyDS; Eduardo Manghi, de la Dirección de Bosques; Guillermo Priotto, coordinador de la Unidad de Educación Ambiental; Sergio La Rocca, asesor de la Subsecretaría de Planificación y Política Ambiental; Yolanda Ortíz, asesora del COFEMA y el presidente del Consejo y Secretario de Ambiente de Tucumán, Alfredo Montalván.
Asimismo, estuvieron presentes los representantes de los organismos ambientales de Salta, Juan Godoy y Emiliano Venier; Hugo Bay, de Formosa; Darío Mariani, de La Pampa; Oscar Echeverría, de Río Negro; Nora Martinez, de Catamarca; Viviana Rovira, de Misiones; Sebastián Presti y Mónica Casanovas de la provincia de Bs As; Omar Saá, de San Luis; Javier Corcuera, Adrián González, Damián Ingrisani y Máximo Cafici, de la ciudad de Bs As; Ariel Martínez, de Tierra del Fuego; Verónica Derna y Graciela Villanueva de Misiones.
Sali-Dulce: el Defensor del Pueblo se expide
El defensor del Pueblo de la Nación planteó el daño de la cuenca Salí-Dulce a Mussi
Fecha de Publicación: 10/02/2011
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Santiago del Estero - Tucumán - Salta y Córdoba
Sella dijo que habrá créditos a tasa cero para los ingenios tucumanos que arrojan vinaza.
“La contaminación de la cuenca Salí-Dulce están entre los temas que más nos preocupa”, remarcó el defensor del Pueblo de la Nación, Anselmo Sella, en diálogo con EL LIBERAL, luego del encuentro que mantuviera con el secretario de Medio Ambiente de la Nación, Juan José Mussi.
Sella sostuvo que le manifestó todas las acciones que se llevaron adelante tanto desde la Defensoría de la Nación como desde el Consejo de Defensores que conforman los representantes de las provincias de Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Córdoba desde hace tres años.
Le detalló a Mussi las gestiones que se hicieron. “Le exigimos al Comité de Cuenca acciones concretas y consideramos que estas acciones son insuficientes y eso es lo que le transmitimos al secretario de Medio Ambiente y le pedimos que la Nación se involucre claramente en la cuestión para colaborar en la solución a los problemas”, indicó.
Sella dijo que tuvo una recepción “muy favorable” por parte del funcionario nacional que es “una persona que está muy empapada de la problemática e incluso nos comentó que estuvo considerando esta situación con el secretario de Ambiente deTucumán y con el ministro de Salud de la Nación (Juan Manzur), que es tucumano”.
“Nos manifestó que hay un problema inmediato e importante en la contaminación producida por la vinaza y que hay créditos disponibles para los ingenios que producen acohol de caña –explicó- y que generan una cantidad importante de vinaza que contamina, intentando que se tomen créditos a tasa cero para tratar de elaborar un sistema de reconversión y tratamientos de los desechos”.
“Esto es algo que si bien estaba disponible desde hace un año, la Secretaría está intentando motorizar el acceso al crédito por parte de las empresas. No sabemos hoy con qué resultados, pero dentro de las funciones de la Defensoría está intentar que eso se concrete”, señaló.
Fecha de Publicación: 10/02/2011
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Santiago del Estero - Tucumán - Salta y Córdoba
Sella dijo que habrá créditos a tasa cero para los ingenios tucumanos que arrojan vinaza.
“La contaminación de la cuenca Salí-Dulce están entre los temas que más nos preocupa”, remarcó el defensor del Pueblo de la Nación, Anselmo Sella, en diálogo con EL LIBERAL, luego del encuentro que mantuviera con el secretario de Medio Ambiente de la Nación, Juan José Mussi.
Sella sostuvo que le manifestó todas las acciones que se llevaron adelante tanto desde la Defensoría de la Nación como desde el Consejo de Defensores que conforman los representantes de las provincias de Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Córdoba desde hace tres años.
Le detalló a Mussi las gestiones que se hicieron. “Le exigimos al Comité de Cuenca acciones concretas y consideramos que estas acciones son insuficientes y eso es lo que le transmitimos al secretario de Medio Ambiente y le pedimos que la Nación se involucre claramente en la cuestión para colaborar en la solución a los problemas”, indicó.
Sella dijo que tuvo una recepción “muy favorable” por parte del funcionario nacional que es “una persona que está muy empapada de la problemática e incluso nos comentó que estuvo considerando esta situación con el secretario de Ambiente deTucumán y con el ministro de Salud de la Nación (Juan Manzur), que es tucumano”.
“Nos manifestó que hay un problema inmediato e importante en la contaminación producida por la vinaza y que hay créditos disponibles para los ingenios que producen acohol de caña –explicó- y que generan una cantidad importante de vinaza que contamina, intentando que se tomen créditos a tasa cero para tratar de elaborar un sistema de reconversión y tratamientos de los desechos”.
“Esto es algo que si bien estaba disponible desde hace un año, la Secretaría está intentando motorizar el acceso al crédito por parte de las empresas. No sabemos hoy con qué resultados, pero dentro de las funciones de la Defensoría está intentar que eso se concrete”, señaló.
Reclaman por los fondos de la Ley de Bosques
Organizaciones ambientalistas reclaman la restitución de los fondos de la Ley de Bosques
Fecha de Publicación: 10/02/2011
Fuente: Greenpeace
Provincia/Región: Nacional
Greenpeace, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales y la Fundación Vida Silvestre Argentina manifestaron su profunda preocupación ante la decisión de la Jefatura de Gabinete de Ministros que dejó sin efecto la asignación y distribución de los fondos de la Ley de Bosques correspondientes al año 2010.
Organizaciones ambientalistas expresan una profunda preocupación por la falta de claridad en el manejo de los fondos para la protección de los bosques.
La partida presupuestaria destinada a sustanciar el “Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos” del año 2010 (cerca de $ 300 millones) fue distribuida en la Asamblea Extraordinaria de Bosques Nativos del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) el 15 de diciembre de 2010 y rubricada por la Decisión Administrativa 926/2010 del día 29 del mismo mes y año. Sólo un día después, el 30 de diciembre, y mediante la Decisión Administrativa 1037/2010 , la Jefatura de Gabinete de la Nación dio marcha atrás con dicha asignación “por razones operativas”. (1)
Frente a esta decisión, las organizaciones ambientalistas enviaron una carta dirigida al Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Juan José Mussi, manifestando su “profunda preocupación” por la falta de claridad en el manejo de los fondos. (2)
“Sin entender ni encontrar explicaciones oficiales a este cambio de rumbo en la conformación y utilización del Fondo para la protección de los bosques y, teniendo en cuenta que varias provincias con sus Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos realizados ya han presentado planes de manejo forestal, y asumiendo la necesidad de las diferentes jurisdicciones de contar con un presupuesto adecuado para el control y monitoreo del cumplimiento de la Ley 26.331, es que pedimos una respuesta oficial a fin de entender cuál es el motivo de tal decisión”, afirman en la carta.
De acuerdo al artículo 31 de la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos, el fondo no podrá ser inferior al 0,3% del presupuesto nacional, a lo que deberá sumarse el dos por ciento del total de las retenciones a las exportaciones de productos primarios y secundarios provenientes de la agricultura, ganadería y sector forestal, correspondientes al año anterior del ejercicio en consideración. Según esta normativa, por lo tanto, los fondos deberían ascender a más de 1.000 millones de pesos.
Las organizaciones advirtieron que “la partida presupuestaria asignada para el año 2010 es insuficiente y lo mismo ocurre con lo presupuestado para 2011, según lo establecido por la Ley N° 26.331. Llamando la atención sobre el riesgo al que se ponen los últimos bosques nativos del país por el incumplimiento de la Ley 26.331 por parte del Estado Nacional, en el Año Internacional de los Bosques, establecido bajo la Resolución 61/193 de la Organización de Naciones Unidas, es que pedimos se revea la medida adoptada bajo la Decisión Administrativa N° 1037 y asimismo, se proceda a conformar la totalidad del Fondo para la protección de los bosques nativos tal como la Ley 26.331 lo establece”.
Dicho fondo se debe distribuir entre las provincias que sancionen por ley provincial el Ordenamiento Territorial de sus Bosques Nativos bajo los criterios de la Ley 26.331. El 30% del mismo estará destinado a fortalecer la capacidad técnica y de control de las provincias y fomentar las actividades productivas sustentables que los pequeños productores rurales y comunidades indígenas realizan en los bosques, y el 70% restante tiene como objetivo compensar a los titulares de bosques nativos que realicen tareas de conservación y manejo sostenible.
El 28 de noviembre de 2007, el Congreso Nacional sancionó la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, que establece la suspensión de nuevos permisos de desmontes hasta que cada provincia realice el Ordenamiento Territorial de sus Bosques Nativos en forma participativa, obliga a hacer un Estudio de Impacto Ambiental y una audiencia pública antes de autorizar un desmonte, exige respetar los derechos de indígenas y campesinos sobre los bosques que habitan, y crea un fondo para la protección de los bosques.
Fecha de Publicación: 10/02/2011
Fuente: Greenpeace
Provincia/Región: Nacional
Greenpeace, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales y la Fundación Vida Silvestre Argentina manifestaron su profunda preocupación ante la decisión de la Jefatura de Gabinete de Ministros que dejó sin efecto la asignación y distribución de los fondos de la Ley de Bosques correspondientes al año 2010.
Organizaciones ambientalistas expresan una profunda preocupación por la falta de claridad en el manejo de los fondos para la protección de los bosques.
La partida presupuestaria destinada a sustanciar el “Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos” del año 2010 (cerca de $ 300 millones) fue distribuida en la Asamblea Extraordinaria de Bosques Nativos del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) el 15 de diciembre de 2010 y rubricada por la Decisión Administrativa 926/2010 del día 29 del mismo mes y año. Sólo un día después, el 30 de diciembre, y mediante la Decisión Administrativa 1037/2010 , la Jefatura de Gabinete de la Nación dio marcha atrás con dicha asignación “por razones operativas”. (1)
Frente a esta decisión, las organizaciones ambientalistas enviaron una carta dirigida al Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Juan José Mussi, manifestando su “profunda preocupación” por la falta de claridad en el manejo de los fondos. (2)
“Sin entender ni encontrar explicaciones oficiales a este cambio de rumbo en la conformación y utilización del Fondo para la protección de los bosques y, teniendo en cuenta que varias provincias con sus Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos realizados ya han presentado planes de manejo forestal, y asumiendo la necesidad de las diferentes jurisdicciones de contar con un presupuesto adecuado para el control y monitoreo del cumplimiento de la Ley 26.331, es que pedimos una respuesta oficial a fin de entender cuál es el motivo de tal decisión”, afirman en la carta.
De acuerdo al artículo 31 de la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos, el fondo no podrá ser inferior al 0,3% del presupuesto nacional, a lo que deberá sumarse el dos por ciento del total de las retenciones a las exportaciones de productos primarios y secundarios provenientes de la agricultura, ganadería y sector forestal, correspondientes al año anterior del ejercicio en consideración. Según esta normativa, por lo tanto, los fondos deberían ascender a más de 1.000 millones de pesos.
Las organizaciones advirtieron que “la partida presupuestaria asignada para el año 2010 es insuficiente y lo mismo ocurre con lo presupuestado para 2011, según lo establecido por la Ley N° 26.331. Llamando la atención sobre el riesgo al que se ponen los últimos bosques nativos del país por el incumplimiento de la Ley 26.331 por parte del Estado Nacional, en el Año Internacional de los Bosques, establecido bajo la Resolución 61/193 de la Organización de Naciones Unidas, es que pedimos se revea la medida adoptada bajo la Decisión Administrativa N° 1037 y asimismo, se proceda a conformar la totalidad del Fondo para la protección de los bosques nativos tal como la Ley 26.331 lo establece”.
Dicho fondo se debe distribuir entre las provincias que sancionen por ley provincial el Ordenamiento Territorial de sus Bosques Nativos bajo los criterios de la Ley 26.331. El 30% del mismo estará destinado a fortalecer la capacidad técnica y de control de las provincias y fomentar las actividades productivas sustentables que los pequeños productores rurales y comunidades indígenas realizan en los bosques, y el 70% restante tiene como objetivo compensar a los titulares de bosques nativos que realicen tareas de conservación y manejo sostenible.
El 28 de noviembre de 2007, el Congreso Nacional sancionó la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, que establece la suspensión de nuevos permisos de desmontes hasta que cada provincia realice el Ordenamiento Territorial de sus Bosques Nativos en forma participativa, obliga a hacer un Estudio de Impacto Ambiental y una audiencia pública antes de autorizar un desmonte, exige respetar los derechos de indígenas y campesinos sobre los bosques que habitan, y crea un fondo para la protección de los bosques.
Vecinos se rebelan contra la minera San Jorge
Vecinos de Uspallata reaccionan tras el visto bueno a la minería
Fecha de Publicación: 09/02/2011
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Mendoza
Los uspallatinos autoconvocados anunciaron que intentarán frenar con protestas “en la calle” a la minera San Jorge, autorizada por Celso Jaque. La ecologista Oikos acudirá otra vez a la Justicia.
Organizaciones ecologistas y los vecinos de Uspallata que se oponen a la instalación de la minera San Jorge reaccionaron duro el día después de conocida la autorización del gobernador Celso Jaque para que se pueda explotar cobre en la zona.
Eduardo Sosa, de la organización defensora del ambiente Oikos, anticipó que en los próximos días podría acudir a la Justicia “a través de un amparo o bien con una acción procesal ante la Suprema Corte de Justicia” para frenar el avance de la minera ya que, según entiende, “la declaración de impacto ambiental firmada por el Ejecutivo no habría subsanado todos los vicios administrativos que tiene el expediente”.
Por su parte los vecinos autoconvocados de Uspallata, el grupo de uspallatinos que militaron durante los últimos dos años en contra de San Jorge, emitió un comunicado en donde lanza la advertencia de “salir a la calle para detener a la minera” ya que “proyectos perjudiciales como éste no contribuyen al desarrollo de nadie más que de algunos bolsillos corruptos”.
Ayer el Gobierno finalmente firmó la autorización para la extracción de cobre en Uspallata tras un largo y controvertido proceso que ahora pasa a la Legislatura. “Será una autorización con condicionamientos”, expresó el subsecretario de Hidrocarburos, Walter Vázquez, durante el anuncio de la firma de la declaración de impacto ambiental que será enviada a la Legislatura, en donde le espera un largo debate.
Las exigencias impuestas por las autoridades mineras y ambientalistas de la provincia están relacionadas con el informe final de la Comisión Evaluadora Interdisciplinaria Ambiental Minera (CEIAM), que se conoció a fines de diciembre pasado y que estableció, entre otros puntos, la obligatoriedad de que toda la superficie del proyecto donde se depositará el dique de colas (unas 800 hectáreas) sea protegida con al menos una doble barrera impermeable, con sensores de alerta temprana, para evitar contaminaciones. La empresa, para cumplir este objetivo, deberá hacer una inversión millonaria.
Además se impuso la realización de una etapa piloto y la formación de varios fondos. Uno de ellos de garantías para las operaciones de cierre de la mina (una vez concluida la extracción del mineral) y otro de “compensación socioambiental” en el que aportarán la Comuna de Las Heras, la propia empresa y el Gobierno.
“Hay que ver cómo se constituyen estos fondos, porque las empresas por lo general contratan un seguro de caución simple que luego no cubre los gastos en caso de grandes catástrofes”, advirtió Sosa, anticipando la presentación judicial que se terminaría realizando durante los próximos días, luego de que la DIA sea publicada en el Boletín Oficial y antes de los diez días corridos desde esa publicación.
Este es el segundo intento de Oikos por frenar el proceso en tribunales. En diciembre ya había denunciado penalmente a funcionarios y empresarios por los delitos de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, en el primer caso, y de “ falsedad ideológica”, en el segundo.
“Yo creo que vamos a ir a juicio, si es que la DIA, como pensamos, no tiene lo que tiene que tener”, argumentó Sosa, quien dijo que se evaluará un aspecto clave: si quedó resuelta o no la “incertidumbre científica” acerca de si la cuenca del arroyo El Tigre es abierta o no. “Si lo es –explicó Sosa– deberían intervenir todos los municipios de la cuenca y no sólo Las Heras”, como se habría establecido.
Postura vecinal
A través de un comunicado, los vecinos autoconvocados de Uspallata calificaron de “vergonzosa” la aprobación de San Jorge y denunciaron que su ratificación “es parte del modelo extractivo minero agroexportador que imponen desde la Nación”.
Y concluye: “Sabemos que proyectos perjudiciales como éste, que no contribuyen al desarrollo de nadie más que de algunos bolsillos corruptos, no se detienen en circos burocráticos y fachadas de representación sino en la calle. Y es ahí donde se detendrá San Jorge”.
Fecha de Publicación: 09/02/2011
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Mendoza
Los uspallatinos autoconvocados anunciaron que intentarán frenar con protestas “en la calle” a la minera San Jorge, autorizada por Celso Jaque. La ecologista Oikos acudirá otra vez a la Justicia.
Organizaciones ecologistas y los vecinos de Uspallata que se oponen a la instalación de la minera San Jorge reaccionaron duro el día después de conocida la autorización del gobernador Celso Jaque para que se pueda explotar cobre en la zona.
Eduardo Sosa, de la organización defensora del ambiente Oikos, anticipó que en los próximos días podría acudir a la Justicia “a través de un amparo o bien con una acción procesal ante la Suprema Corte de Justicia” para frenar el avance de la minera ya que, según entiende, “la declaración de impacto ambiental firmada por el Ejecutivo no habría subsanado todos los vicios administrativos que tiene el expediente”.
Por su parte los vecinos autoconvocados de Uspallata, el grupo de uspallatinos que militaron durante los últimos dos años en contra de San Jorge, emitió un comunicado en donde lanza la advertencia de “salir a la calle para detener a la minera” ya que “proyectos perjudiciales como éste no contribuyen al desarrollo de nadie más que de algunos bolsillos corruptos”.
Ayer el Gobierno finalmente firmó la autorización para la extracción de cobre en Uspallata tras un largo y controvertido proceso que ahora pasa a la Legislatura. “Será una autorización con condicionamientos”, expresó el subsecretario de Hidrocarburos, Walter Vázquez, durante el anuncio de la firma de la declaración de impacto ambiental que será enviada a la Legislatura, en donde le espera un largo debate.
Las exigencias impuestas por las autoridades mineras y ambientalistas de la provincia están relacionadas con el informe final de la Comisión Evaluadora Interdisciplinaria Ambiental Minera (CEIAM), que se conoció a fines de diciembre pasado y que estableció, entre otros puntos, la obligatoriedad de que toda la superficie del proyecto donde se depositará el dique de colas (unas 800 hectáreas) sea protegida con al menos una doble barrera impermeable, con sensores de alerta temprana, para evitar contaminaciones. La empresa, para cumplir este objetivo, deberá hacer una inversión millonaria.
Además se impuso la realización de una etapa piloto y la formación de varios fondos. Uno de ellos de garantías para las operaciones de cierre de la mina (una vez concluida la extracción del mineral) y otro de “compensación socioambiental” en el que aportarán la Comuna de Las Heras, la propia empresa y el Gobierno.
“Hay que ver cómo se constituyen estos fondos, porque las empresas por lo general contratan un seguro de caución simple que luego no cubre los gastos en caso de grandes catástrofes”, advirtió Sosa, anticipando la presentación judicial que se terminaría realizando durante los próximos días, luego de que la DIA sea publicada en el Boletín Oficial y antes de los diez días corridos desde esa publicación.
Este es el segundo intento de Oikos por frenar el proceso en tribunales. En diciembre ya había denunciado penalmente a funcionarios y empresarios por los delitos de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, en el primer caso, y de “ falsedad ideológica”, en el segundo.
“Yo creo que vamos a ir a juicio, si es que la DIA, como pensamos, no tiene lo que tiene que tener”, argumentó Sosa, quien dijo que se evaluará un aspecto clave: si quedó resuelta o no la “incertidumbre científica” acerca de si la cuenca del arroyo El Tigre es abierta o no. “Si lo es –explicó Sosa– deberían intervenir todos los municipios de la cuenca y no sólo Las Heras”, como se habría establecido.
Postura vecinal
A través de un comunicado, los vecinos autoconvocados de Uspallata calificaron de “vergonzosa” la aprobación de San Jorge y denunciaron que su ratificación “es parte del modelo extractivo minero agroexportador que imponen desde la Nación”.
Y concluye: “Sabemos que proyectos perjudiciales como éste, que no contribuyen al desarrollo de nadie más que de algunos bolsillos corruptos, no se detienen en circos burocráticos y fachadas de representación sino en la calle. Y es ahí donde se detendrá San Jorge”.
Bioetanol: la producción aumentará un 252%
La producción de bioetanol aumentará un 252% este año
Fecha de Publicación: 09/02/2011
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Nacional
Se estima que se podrá alcanzar la meta de un corte de 5% con las naftas. El aporte de Tucumán continuará a cargo de los ingenios Santa Rosa, La Trinidad, La Florida, La Corona y Santa Bárbara.
La Secretaría de Energía estableció los volúmenes anuales de bioetanol para incrementar la producción de biocombustibles, que este año se prevé que alcanzarán los 210.691 metros cúbicos en todo el país, lo que representará un crecimiento de 252% con relación a 2010. Lo hizo a través de la Resolución 1.673, que lleva la firma del secretario de Energía, Daniel Cameron, publicada ayer en el Boletín Oficial.
En Tucumán, la producción de bioetanol continuará exclusivamente a cargo de los ingenios Santa Rosa, La Corona, La Trinidad, La Florida y Santa Bárbara, mientras que en el plano nacional se incorporarán dos nuevos jugadores. Se autorizó a la firma Promaíz la disponibilidad de 49.200 metros cúbicos anuales de bioetanol a partir de diciembre próximo, y de 135.000 para febrero de 2012. También le dio el visto bueno a la empresa Vicentín, para producir 48.000 metros cúbicos anuales, a partir de julio del año próximo.
Las firmas autorizadas son Compañía Bioenergía Santa Rosa, Bioenergía La Corona, Alconoa, Biotrinidad, Compañía Bioenergética La Florida, Río Grande Energía, Río Ledesma, Bío San Isidro, Energías Ecológicas de Tucumán, Biomadero y Promaíz. De esta manera, este año se producirán 11.353 metros cúbicos mensuales de bioetanol hasta mayo próximo, cuando aumentarán a 14.433, para pasar en junio a 19.983. En julio esa cifra subirá a 20.483; en noviembre, a 20.563; para trepar en diciembre a 28.668 metros cúbicos de bioetanol. Los mayores montos fueron asignados a las firmas Bioledesma, integrante del grupo agropecuario Ledesma, con un cupo de 48.996 metros cúbicos; Alconoa (Tabacal) con 39.500 metros cúbicos y Compañía Bioenergética La Florida con 39.000 metros cúbicos. De esta forma, Ledesma (compañía argentina perteneciente a la familia Blaquier); Tabacal (empresa controlada por la corporación estadounidense Seabord), y el ingenio La Florida (Los Balcanes SA) concentran el 60% del cupo de 210.691 metros cúbicos de etanol asignado.
El presidente de Compañía Bioenergética La Florida, Gabriel Sustaita, ponderó el hecho de que el porcentaje de corte de bioetanol con las naftas pasará este año del 2,5% a casi el 5% a partir del aporte de los ingenios, y del 5% con la incorporación de nuevas empresas productoras del biocombustible.
Promedio
La autoridad de aplicación informará mensualmente a las empresas encargadas de realizar las mezclas de nafta con etanol el volumen de dicho biocombustible asignado a cada una de ellas para realizar la mezcla con nafta. Para esto se tomará como base el promedio de la participación de cada una de ellas en el mercado interno del último año.
Las empresas encargadas de realizar las mezclas de nafta con bioetanol y de distribuir el combustible deberán concentrar el abastecimiento de las mezclas de nafta con bioetanol en la zona geográfica más acotada posible, acorde a las características logísticas de la empresa en particular.
Fecha de Publicación: 09/02/2011
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Nacional
Se estima que se podrá alcanzar la meta de un corte de 5% con las naftas. El aporte de Tucumán continuará a cargo de los ingenios Santa Rosa, La Trinidad, La Florida, La Corona y Santa Bárbara.
La Secretaría de Energía estableció los volúmenes anuales de bioetanol para incrementar la producción de biocombustibles, que este año se prevé que alcanzarán los 210.691 metros cúbicos en todo el país, lo que representará un crecimiento de 252% con relación a 2010. Lo hizo a través de la Resolución 1.673, que lleva la firma del secretario de Energía, Daniel Cameron, publicada ayer en el Boletín Oficial.
En Tucumán, la producción de bioetanol continuará exclusivamente a cargo de los ingenios Santa Rosa, La Corona, La Trinidad, La Florida y Santa Bárbara, mientras que en el plano nacional se incorporarán dos nuevos jugadores. Se autorizó a la firma Promaíz la disponibilidad de 49.200 metros cúbicos anuales de bioetanol a partir de diciembre próximo, y de 135.000 para febrero de 2012. También le dio el visto bueno a la empresa Vicentín, para producir 48.000 metros cúbicos anuales, a partir de julio del año próximo.
Las firmas autorizadas son Compañía Bioenergía Santa Rosa, Bioenergía La Corona, Alconoa, Biotrinidad, Compañía Bioenergética La Florida, Río Grande Energía, Río Ledesma, Bío San Isidro, Energías Ecológicas de Tucumán, Biomadero y Promaíz. De esta manera, este año se producirán 11.353 metros cúbicos mensuales de bioetanol hasta mayo próximo, cuando aumentarán a 14.433, para pasar en junio a 19.983. En julio esa cifra subirá a 20.483; en noviembre, a 20.563; para trepar en diciembre a 28.668 metros cúbicos de bioetanol. Los mayores montos fueron asignados a las firmas Bioledesma, integrante del grupo agropecuario Ledesma, con un cupo de 48.996 metros cúbicos; Alconoa (Tabacal) con 39.500 metros cúbicos y Compañía Bioenergética La Florida con 39.000 metros cúbicos. De esta forma, Ledesma (compañía argentina perteneciente a la familia Blaquier); Tabacal (empresa controlada por la corporación estadounidense Seabord), y el ingenio La Florida (Los Balcanes SA) concentran el 60% del cupo de 210.691 metros cúbicos de etanol asignado.
El presidente de Compañía Bioenergética La Florida, Gabriel Sustaita, ponderó el hecho de que el porcentaje de corte de bioetanol con las naftas pasará este año del 2,5% a casi el 5% a partir del aporte de los ingenios, y del 5% con la incorporación de nuevas empresas productoras del biocombustible.
Promedio
La autoridad de aplicación informará mensualmente a las empresas encargadas de realizar las mezclas de nafta con etanol el volumen de dicho biocombustible asignado a cada una de ellas para realizar la mezcla con nafta. Para esto se tomará como base el promedio de la participación de cada una de ellas en el mercado interno del último año.
Las empresas encargadas de realizar las mezclas de nafta con bioetanol y de distribuir el combustible deberán concentrar el abastecimiento de las mezclas de nafta con bioetanol en la zona geográfica más acotada posible, acorde a las características logísticas de la empresa en particular.
Jaque dio luz verde a San Jorge
Jaque dio luz verde a San Jorge
Fecha de Publicación: 08/02/2011
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: Mendoza
Después de 2 años, el gobernador mendocino firmó finalmente ayer la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de la mina San Jorge y autorizó así, la explotación de cobre y oro en la localidad de Uspallata a la minera de capitales canadienses. Inmediatamente conocida la noticia comenzaron las protestas y amenazas desde algunas ONG ambientalistas en contra del proyecto, que prometieron movilizarse durante la semana por el centro mendocino y la Legislatura. El anuncio lo realizó ayer el subsecretario de Minería e Hidrocarburos, Walter Vázquez, quien explicó además, que el "documento" ya se encuentra en la Legislatura Provincial para su revisión y aprobación definitiva. Asimismo, el funcionario de Jaque, explicó que "la DIA ha sido emitida con algunos condicionamientos para la empresa en cuanto al inicio de obra, planta piloto y cierre de la mina, especialmente se ha tenido en cuenta todo lo que tiene que ver con la remediación de los pasivos ambientales y la creación -para ese cometido- de un fondo de garantía (fideicomiso) y seguro ambiental". "Esto no es solamente terminar de explotar, sino también remediar todos los pasivos y dejar la mina como corresponde. Asimismo, Vázquez insistió que estos anuncios deben generar "tranquilidad" en los mendocinos y los sectores ambientalistas: "todos han estado ampliamente representados en esta discusión, mediante el Consejo del Ambiente", indicó el funcionario. El proyecto minero San Jorge consiste en la explotación de cobre (en un 0,47%) y Oro (0,191 gr/Tn), minerales descubiertos en la década de 1960 en la Estancia Yalguaraz, en el distrito de Uspallata, departamento de Las Heras a unos 45 kilómetros del límite con San Juan.
El Ejecutivo local también envió a la Legislatura otro proyecto de Ley para crear la Agencia de Protección Ambiental en la órbita de la Secretaría de Ambiente.
Fecha de Publicación: 08/02/2011
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: Mendoza
Después de 2 años, el gobernador mendocino firmó finalmente ayer la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de la mina San Jorge y autorizó así, la explotación de cobre y oro en la localidad de Uspallata a la minera de capitales canadienses. Inmediatamente conocida la noticia comenzaron las protestas y amenazas desde algunas ONG ambientalistas en contra del proyecto, que prometieron movilizarse durante la semana por el centro mendocino y la Legislatura. El anuncio lo realizó ayer el subsecretario de Minería e Hidrocarburos, Walter Vázquez, quien explicó además, que el "documento" ya se encuentra en la Legislatura Provincial para su revisión y aprobación definitiva. Asimismo, el funcionario de Jaque, explicó que "la DIA ha sido emitida con algunos condicionamientos para la empresa en cuanto al inicio de obra, planta piloto y cierre de la mina, especialmente se ha tenido en cuenta todo lo que tiene que ver con la remediación de los pasivos ambientales y la creación -para ese cometido- de un fondo de garantía (fideicomiso) y seguro ambiental". "Esto no es solamente terminar de explotar, sino también remediar todos los pasivos y dejar la mina como corresponde. Asimismo, Vázquez insistió que estos anuncios deben generar "tranquilidad" en los mendocinos y los sectores ambientalistas: "todos han estado ampliamente representados en esta discusión, mediante el Consejo del Ambiente", indicó el funcionario. El proyecto minero San Jorge consiste en la explotación de cobre (en un 0,47%) y Oro (0,191 gr/Tn), minerales descubiertos en la década de 1960 en la Estancia Yalguaraz, en el distrito de Uspallata, departamento de Las Heras a unos 45 kilómetros del límite con San Juan.
El Ejecutivo local también envió a la Legislatura otro proyecto de Ley para crear la Agencia de Protección Ambiental en la órbita de la Secretaría de Ambiente.
Respaldo a la planta de residuos en Buenos Aires
Fuerte respaldo a la construcción de la planta de residuos
Fecha de Publicación: 08/02/2011
Fuente: El Día
Provincia/Región: Buenos Aires
Los intendentes de la Región coincidieron ayer en que el funcionamiento de la planta de tratamiento de residuos domiciliarios que recorrieron en España, se ajusta a las necesidades de un sistema que permita dejar de enterrar la basura en el predio que la Ceamse posee en Punta Lara y expresaron que, además de resolver la disposición final de los desechos, "permitirá solucionar el problema de las canteras abandonadas".
Los jefes comunales de La Plata, Pablo Bruera; Ensenada, Mario Secco; Berisso, Enrique Slezack; Brandsen, Mirta Sargiotti y Punta Indio, Héctor Equiza, acordaron además entrevistarse con vecinos y representantes de instituciones de poblaciones cercanas a las plantas de tratamiento que fueron a inspeccionar y que pertenecen a la empresa Sanea, una de las firmas que ganó la licitación para la puesta en marcha del proyecto Basura Cero en nuestra región.
Como se ha informado, una delegación integrada, entre otros funcionarios, por los intendentes del Consorcio Regional; el titular del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, OPDS, José Manuel Molina y el presidente de la Agencia Ambiental La Plata, Sergio Federovisky, viajó a Constantí, en la provincia española de Tarragona, para conocer en detalle el funcionamiento de la planta de tratamiento de residuos de Sanea, que integra la UTE -junto con las firmas platenses Esur y MGM- ganadora de la licitación para construir una planta similar en nuestra zona.
La delegación fue recibida por el consejero delegado Joan Griñó, quien informó a los visitantes sobre los procesos de recuperación de residuos domiciliarios y las alternativas que ofrecen las tecnologías modernas.
Al finalizar la primera jornada de visita, el intendente Pablo Bruera sostuvo que la aplicación de esas tecnologías "será un gran avance para la Ciudad porque los procesos que le dan valor a los residuos es algo de lo que veníamos hablando pero que no hemos podido desarrollar hasta ahora".
Bruera expresó que "esto viene de la mano del plan de La Plata sobre reciclado que, en colaboración con la Universidad, durante estos dos últimos años ha demostrado ser de gran valor". Por su parte, Molina sostuvo que "ambientalmente el tratamiento de residuos en la planta de Sanea es el correcto" y que "estos trabajos con el compost vienen en la línea de lo que se ha planteado en la Provincia sobre la necesidad de solucionar el problema de las canteras". Como se ha informado, una parte de los residuos inorgánicos serán convertidos en bloques secos con los que se planea rellenar canteras abandonadas.
La delegación mantendrá encuentros institucionales con organismos de la Generalitat de Catalunya y otros municipios catalanes y entrevistará a vecinos de zonas aledañas a las plantas de tratamiento.
Fecha de Publicación: 08/02/2011
Fuente: El Día
Provincia/Región: Buenos Aires
Los intendentes de la Región coincidieron ayer en que el funcionamiento de la planta de tratamiento de residuos domiciliarios que recorrieron en España, se ajusta a las necesidades de un sistema que permita dejar de enterrar la basura en el predio que la Ceamse posee en Punta Lara y expresaron que, además de resolver la disposición final de los desechos, "permitirá solucionar el problema de las canteras abandonadas".
Los jefes comunales de La Plata, Pablo Bruera; Ensenada, Mario Secco; Berisso, Enrique Slezack; Brandsen, Mirta Sargiotti y Punta Indio, Héctor Equiza, acordaron además entrevistarse con vecinos y representantes de instituciones de poblaciones cercanas a las plantas de tratamiento que fueron a inspeccionar y que pertenecen a la empresa Sanea, una de las firmas que ganó la licitación para la puesta en marcha del proyecto Basura Cero en nuestra región.
Como se ha informado, una delegación integrada, entre otros funcionarios, por los intendentes del Consorcio Regional; el titular del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, OPDS, José Manuel Molina y el presidente de la Agencia Ambiental La Plata, Sergio Federovisky, viajó a Constantí, en la provincia española de Tarragona, para conocer en detalle el funcionamiento de la planta de tratamiento de residuos de Sanea, que integra la UTE -junto con las firmas platenses Esur y MGM- ganadora de la licitación para construir una planta similar en nuestra zona.
La delegación fue recibida por el consejero delegado Joan Griñó, quien informó a los visitantes sobre los procesos de recuperación de residuos domiciliarios y las alternativas que ofrecen las tecnologías modernas.
Al finalizar la primera jornada de visita, el intendente Pablo Bruera sostuvo que la aplicación de esas tecnologías "será un gran avance para la Ciudad porque los procesos que le dan valor a los residuos es algo de lo que veníamos hablando pero que no hemos podido desarrollar hasta ahora".
Bruera expresó que "esto viene de la mano del plan de La Plata sobre reciclado que, en colaboración con la Universidad, durante estos dos últimos años ha demostrado ser de gran valor". Por su parte, Molina sostuvo que "ambientalmente el tratamiento de residuos en la planta de Sanea es el correcto" y que "estos trabajos con el compost vienen en la línea de lo que se ha planteado en la Provincia sobre la necesidad de solucionar el problema de las canteras". Como se ha informado, una parte de los residuos inorgánicos serán convertidos en bloques secos con los que se planea rellenar canteras abandonadas.
La delegación mantendrá encuentros institucionales con organismos de la Generalitat de Catalunya y otros municipios catalanes y entrevistará a vecinos de zonas aledañas a las plantas de tratamiento.
Se demora en aplicar la ley de glaciares
El Gobierno se demora en aplicar la ley de glaciares
Fecha de Publicación: 07/02/2011
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Ya se cumplió el plazo y sigue sin reglamentarla ni darle presupuesto
El Congreso la convirtió en ley, el Gobierno la vetó, el Congreso la volvió a convertir en ley, y ahora duerme en un cajón oficial esperando que la reglamenten. Si el azar tuviera algo que ver en esto, se podría pensar que la ley de glaciares nació sin suerte, aunque las leyes casi nunca dependen del azar.
Es que a fines de enero venció el plazo de 90 días para reglamentar la ley que busca proteger las áreas periglaciares y sus cursos de agua de la contaminación que provoca la minería. Por lo tanto, el futuro de la norma es incierto.
La demora es más grave porque, además, el Gobierno no asignó los fondos para inventariar los glaciares, una tarea previa ineludible que sólo se puede hacer en verano. "Si no se empieza ya mismo el relevamiento, se les regala un año más a las mineras", alertó el vocero de Greenpeace, Juan Carlos Villalonga, al recordar que inventariar los glaciares es el paso obligado antes de auditar los yacimientos ubicados en esas zonas.
En diciembre, el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla) cumplió su parte y entregó a la Secretaría de Ambiente de la Nación un listado de áreas prioritarias donde debían inventariarse los glaciares, pero desde entonces el Poder Ejecutivo guarda silencio.
No es el primer inconveniente que enfrenta la ley de glaciares. Una primera versión fue vetada en 2008 por la presidenta Cristina Kirchner. El Congreso insistió (con apoyo incluso de algunos kirchneristas) y sancionó una ley similar en septiembre de 2010. En noviembre, sin embargo, cámaras y sindicatos mineros de San Juan consiguieron, mediante un amparo, que la justicia provincial suspendiera los artículos decisivos de la norma en ese distrito. Poco después, el mismo juez aceptó una medida cautelar de dos mineras que pidieron la inconstitucionalidad de la ley.
Según el proceso habitual en estos casos, la Procuraduría del Tesoro (los abogados que representan al Gobierno) debía apelar en las dos causas, pero en el organismo no respondieron las llamadas de La Nacion solicitando esa información. Tampoco lo hizo la justicia sanjuanina.
Críticas de la oposición
Para los ecologistas, los procesos abiertos en San Juan no son excusa: toman como punto de comparación la ley de medios que el Poder Ejecutivo reglamentó y empezó a aplicar a pesar de los múltiples amparos que hay en su contra. También la oposición, que batalló el tema en el Congreso, hizo oír su reclamo.
"La Presidenta está violando la ley, que impone obligaciones presupuestarias y de reglamentación. El Poder Ejecutivo ejecuta las leyes, no decide si las cumple o no", se quejó Federico Pinedo, jefe del bloque Pro de Diputados.
Desde el Senado, el titular del bloque de la UCR, Gerardo Morales, apuntó al rechazo que siempre mostró el Gobierno en el tema. "La presión de las mineras fue muy fuerte para que vetaran la ley en 2008, espero que ahora no hayan vuelto a ceder y por eso no la reglamenten", sugirió suspicaz.
"Esto muestra el poco interés y compromiso del Gobierno en el cuidado del medio ambiente", se sumó el diputado Adrián Pérez (CC).
El gerente general de la Cámara de Empresarios Mineros, Damián Altgelt, dijo que ellos también esperan la reglamentación, pero supuso que la demora podría obedecer a los cambios en la Secretaría de Ambiente con la asunción de Juan José Mussi en reemplazo de Homero Bibiloni, aunque tampoco descartaban que la demora respondiera a que "no es fácil de reglamentar una ley con conceptos que no están claros o son imprecisos". Sea cual fuere el motivo, la ley para proteger a los glaciares todavía no se puso en marcha.
Fecha de Publicación: 07/02/2011
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Ya se cumplió el plazo y sigue sin reglamentarla ni darle presupuesto
El Congreso la convirtió en ley, el Gobierno la vetó, el Congreso la volvió a convertir en ley, y ahora duerme en un cajón oficial esperando que la reglamenten. Si el azar tuviera algo que ver en esto, se podría pensar que la ley de glaciares nació sin suerte, aunque las leyes casi nunca dependen del azar.
Es que a fines de enero venció el plazo de 90 días para reglamentar la ley que busca proteger las áreas periglaciares y sus cursos de agua de la contaminación que provoca la minería. Por lo tanto, el futuro de la norma es incierto.
La demora es más grave porque, además, el Gobierno no asignó los fondos para inventariar los glaciares, una tarea previa ineludible que sólo se puede hacer en verano. "Si no se empieza ya mismo el relevamiento, se les regala un año más a las mineras", alertó el vocero de Greenpeace, Juan Carlos Villalonga, al recordar que inventariar los glaciares es el paso obligado antes de auditar los yacimientos ubicados en esas zonas.
En diciembre, el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla) cumplió su parte y entregó a la Secretaría de Ambiente de la Nación un listado de áreas prioritarias donde debían inventariarse los glaciares, pero desde entonces el Poder Ejecutivo guarda silencio.
No es el primer inconveniente que enfrenta la ley de glaciares. Una primera versión fue vetada en 2008 por la presidenta Cristina Kirchner. El Congreso insistió (con apoyo incluso de algunos kirchneristas) y sancionó una ley similar en septiembre de 2010. En noviembre, sin embargo, cámaras y sindicatos mineros de San Juan consiguieron, mediante un amparo, que la justicia provincial suspendiera los artículos decisivos de la norma en ese distrito. Poco después, el mismo juez aceptó una medida cautelar de dos mineras que pidieron la inconstitucionalidad de la ley.
Según el proceso habitual en estos casos, la Procuraduría del Tesoro (los abogados que representan al Gobierno) debía apelar en las dos causas, pero en el organismo no respondieron las llamadas de La Nacion solicitando esa información. Tampoco lo hizo la justicia sanjuanina.
Críticas de la oposición
Para los ecologistas, los procesos abiertos en San Juan no son excusa: toman como punto de comparación la ley de medios que el Poder Ejecutivo reglamentó y empezó a aplicar a pesar de los múltiples amparos que hay en su contra. También la oposición, que batalló el tema en el Congreso, hizo oír su reclamo.
"La Presidenta está violando la ley, que impone obligaciones presupuestarias y de reglamentación. El Poder Ejecutivo ejecuta las leyes, no decide si las cumple o no", se quejó Federico Pinedo, jefe del bloque Pro de Diputados.
Desde el Senado, el titular del bloque de la UCR, Gerardo Morales, apuntó al rechazo que siempre mostró el Gobierno en el tema. "La presión de las mineras fue muy fuerte para que vetaran la ley en 2008, espero que ahora no hayan vuelto a ceder y por eso no la reglamenten", sugirió suspicaz.
"Esto muestra el poco interés y compromiso del Gobierno en el cuidado del medio ambiente", se sumó el diputado Adrián Pérez (CC).
El gerente general de la Cámara de Empresarios Mineros, Damián Altgelt, dijo que ellos también esperan la reglamentación, pero supuso que la demora podría obedecer a los cambios en la Secretaría de Ambiente con la asunción de Juan José Mussi en reemplazo de Homero Bibiloni, aunque tampoco descartaban que la demora respondiera a que "no es fácil de reglamentar una ley con conceptos que no están claros o son imprecisos". Sea cual fuere el motivo, la ley para proteger a los glaciares todavía no se puso en marcha.
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