Entrega de CFK ante la Barrick en Canadá
15:22 | 
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La Presidenta prometió a los canadienses que la ley minera del menemismo no se tocará
Fecha de Publicación: 28/06/2010
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Así lo dijo hoy el gobernador riojano Luis Beder Herrera, quien la acompañó en la gira. La Ley otorga apenas 3% de regalías y exime de impuestos a las empresas. Aseguran que habrá una “explosión” de desarrollos mineros canadienses.
El gobernador riojano Luis Beder Herrera evaluó hoy como "muy positiva" la visita de la presidenta Cristina Fernández a Canadá, de la que formó parte, durante la cual la delegación argentina mantuvo reuniones con empresarios mineros, y vaticinó un "desarrollo explosivo" de esa cuestionada industria.
Durante el viaje, la jefa de Estado ratificó ante directivos de varias mineras con intereses en el país, que no habrá cambios en la legislación del sector dictadas durante el gobierno de Carlos Menem y que establece para las provincias un 3 por ciento en regalías.
La semana pasada, antes de viajar a Canadá con la mandataria, Herrera había afirmado que ese porcentaje "no nos conforma porque las provincias somos las dueñas de los recursos naturales y por ese porcentaje no vamos a explotarlos".
El gobernador riojano fue invitado a formar parte de la comitiva presidencial que participó de la reunión del Grupo de los 20, junto a sus pares de Salta, Juan Manuel Urtubey; Santiago del Estero, Gerardo Zamora; Jujuy, Walter Barrionuevo y el secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral. Allí, la Presidenta insistió en que "no" cambiarán las reglas de juego para las multinacionales mineras, al entrevistarse en Canadá con representantes de Barrick Gold y otras empresas del sector.
En ese sentido, garantizó a los directivos de empresas de primer nivel de Canadá que "no serán tocadas en absoluto" las leyes que rigen las inversiones en el país.
Herrera, al regresar al país, vaticinó, a través de un parte oficial de la gobernación, que la minería en Argentina tendrá "un desarrollo explosivo" porque, al menos en La Rioja "se comprometieron varias empresas a visitarnos" y "tarde o temprano las empresas van a llegar" porque necesitan de los recursos mineros que posee el país.
Además, el gobernador manifestó que "en Canadá valoran mucho el Gobierno de Cristina y que se haya recuperado el país de la manera que lo hizo".
Sostuvo que al gobierno nacional lo "contrastan con el resto del mundo, porque en nuestro país hay superávit, ventas, la Argentina impresiona y nuestra Presidente vende muy bien al país", por lo cual "ahora se abre la posibilidad de conseguir créditos internacionales más baratos"
Fecha de Publicación: 28/06/2010
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Así lo dijo hoy el gobernador riojano Luis Beder Herrera, quien la acompañó en la gira. La Ley otorga apenas 3% de regalías y exime de impuestos a las empresas. Aseguran que habrá una “explosión” de desarrollos mineros canadienses.
El gobernador riojano Luis Beder Herrera evaluó hoy como "muy positiva" la visita de la presidenta Cristina Fernández a Canadá, de la que formó parte, durante la cual la delegación argentina mantuvo reuniones con empresarios mineros, y vaticinó un "desarrollo explosivo" de esa cuestionada industria.
Durante el viaje, la jefa de Estado ratificó ante directivos de varias mineras con intereses en el país, que no habrá cambios en la legislación del sector dictadas durante el gobierno de Carlos Menem y que establece para las provincias un 3 por ciento en regalías.
La semana pasada, antes de viajar a Canadá con la mandataria, Herrera había afirmado que ese porcentaje "no nos conforma porque las provincias somos las dueñas de los recursos naturales y por ese porcentaje no vamos a explotarlos".
El gobernador riojano fue invitado a formar parte de la comitiva presidencial que participó de la reunión del Grupo de los 20, junto a sus pares de Salta, Juan Manuel Urtubey; Santiago del Estero, Gerardo Zamora; Jujuy, Walter Barrionuevo y el secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral. Allí, la Presidenta insistió en que "no" cambiarán las reglas de juego para las multinacionales mineras, al entrevistarse en Canadá con representantes de Barrick Gold y otras empresas del sector.
En ese sentido, garantizó a los directivos de empresas de primer nivel de Canadá que "no serán tocadas en absoluto" las leyes que rigen las inversiones en el país.
Herrera, al regresar al país, vaticinó, a través de un parte oficial de la gobernación, que la minería en Argentina tendrá "un desarrollo explosivo" porque, al menos en La Rioja "se comprometieron varias empresas a visitarnos" y "tarde o temprano las empresas van a llegar" porque necesitan de los recursos mineros que posee el país.
Además, el gobernador manifestó que "en Canadá valoran mucho el Gobierno de Cristina y que se haya recuperado el país de la manera que lo hizo".
Sostuvo que al gobierno nacional lo "contrastan con el resto del mundo, porque en nuestro país hay superávit, ventas, la Argentina impresiona y nuestra Presidente vende muy bien al país", por lo cual "ahora se abre la posibilidad de conseguir créditos internacionales más baratos"
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Si el glifosato es inocuo lo tiene que demostrar
"El que diga que el glifosato es inocuo lo tiene que demostrar"
Fecha de Publicación: 27/06/2010
Fuente: Rosario/12
Provincia/Región: Nacional
Santa Fe está en el centro de un modelo productivo que incluye, según este científico unos 20 millones de hectáreas de soja con 200 millones de litros de glifosato arrojados al año durante muchos años. "Este es tema serio para hacer un estudio de impacto ambiental, donde entran los insectos, las plantas y el ser humano", asegura Carrasco.
"Cuando hay comunidades que relatan sus enfermedades, y exigen respuestas y aparecen estudios que advierten las consecuencias de los agroquímicos, el Estado no puede entender esto como un delirio, debe hacer los estudios epidemiológicos, que no está haciendo. Este ya no es un problema científico, es un problema político". La frase pertenece a Andrés Carrasco, el científico que reveló el carácter cancerígeno del glifosato en su laboratorio de embriología molecular, quien estuvo en Rosario brindando una charla en la Facultad de Medicina, donde dejó otras frases para la polémica: "Quien diga que el glifosato es inocuo, que muestre los estudios que lo prueban".
¿Cómo fue el estudio sobre el glifosato?
-Respeto mucho a todos los profesionales que vienen trabajado desde hace mucho tiempo en Santa Fe, Chaco y Misiones que han estado percibiendo los efectos, lo que va ocurriendo en la localidades donde se usan agroquímicos en particular el glifosato. Lo que hicimos fue diseñar en forma experimental en un modelo animal el efecto glifosato y la conclusión es que en un modelo de desarrollo embrionario como pollos y anfibio, creemos que en cualquier otros vertebrado, los hombres somos parte de ese grupo de animales, el glifosato podría producir lo mismo. De hecho creemos tener las razones y el mecanismo de la acción del glifosato para la producción de enfermedades. La expermientación que hicimos es una cosa sencilla y humilde, no es compleja y fue a los efectos de ver si había una correlación experimental con lo que se venia observando en el territorio, en distintos pueblos: hay muchos en Córdoba, en Santa Fe por ejemplo está el amparo de San Jorge en el que la Cámara de Apelaciones ha decidido la aplicación del principio precautorio, donde se invierte la carga de la prueba y en el cual el gobierno de la provincia y la Universidad Nacional del Litoral tienen que demostrar que no produce ningún daño. Esto en medio ambiente es muy importante, y en este sentido inspirado y preocupado por estas cosas, hicimos este trabajo experimental que ya fue enviado a publicar, por lo que creemos que básicamente está terminado porque los venenos no son buenos proyectos de investigación, simplemente probamos que es un veneno y de qué manera puede afectar a un organismo animal que se está desarrollando en su período embrionario. Sabemos por lo mecanismos que tenemos que hay una fuerte correlación, y que existe una probabilidad cierta de que esto pase con los mamíferos, que pase con los humanos, por lo que reclamaría que como no es un problema de la ciencia, no un problema de investigación sino un problema de salud pública, entonces la corroboración o no de estos resultados, de estas presunciones debería ser hecha a través de estudios epidemiológicos en los lugares donde la gente reclama permanentemente por determinadas enfermedades como malformaciones, cáncer y algunas otras.Quiero decir que me trasciende a mí la solución del problema, uno está en el medio de esto.
¿Por qué cree que no se están desarrollando estos estudios epidemiológicos?
Es no lo puedo decir yo, porque en realidad debieron hacerse. En febrero de 2009 el gobierno nacional sacó un decreto comisionando al Ministerio de Salud, a realizar estos estudios , en uno de los lugares que había sido un caso líder, que es el barrio Ituzaingó anexo a la ciudad de Córdoba. Y a pesar de muchos reclamos de la gente de este barrio, nunca se llevó a cabo, las madres de Ituzaingó, nunca recibieron los medios para llevar adelante el estudio epidemiológico. Y no veo al Ministerio de Salud (de la Nación) hablando de este tema, como si estos temas no existieran, y esto es llamativo porque más allá del trabajo que hicimos, hay otros trabajos, en Córdoba hay gente estudiando el glifosato en otras situaciones biológicas, hay gente en La Plata estudiando cómo el glifosato afecta a los insectos y grupos de artrópodos, y todos van encontrando que los efectos existen, con lo que es muy sugestivo que habiendo reclamos en el territorio de las comunidades que están en el centro de esta zonas sojeras, no se hable del tema. Son 20 millones de hectáreas de soja con 200 millones de litros de glifosato arrojados al año durante muchos años. Este es tema serio para hacer un estudio de impacto ambiental, donde entran los insectos, las plantas y el ser humano. No puedo dar una respuesta acerca de porqué no se hacen estudios. Tengo formación médica, no ejerzo la medicina, pero en la facultad me enseñaron que en términos deontólogicos existe el principio precautorio, es decir de pre ocuparse por posibles efectos de salud, más allá del grado de certeza científica que hay o no, este es un problema de la política. Y podría no tener la certeza pero igual estoy obligado como Estado a ocuparme y pre ocuparme de eso. Para eso hay un Estado, este no un problema de la ciencia en si, ya hay grupos en Francia y en Estado Unidos, que han encontrado montones de efectos de estos herbicidas que son venenos por definición, y que deberían servir como antecedentes para decir "esto nos debería preocupar". Y si por esa información aparece el reclamo de muchos foros que están reclamando en forma local, provincial y nacionalmente que se dé cuenta de esta situación, más que abrir un juicio de valor, preguntaría porqué no se hacen los estudios. El Estado no puede estar ausente de este tema como el médico no puede negarse a escuchar a un paciente, cuando este le está relatando un dolor o un malestar: lo debe tener en cuenta y no puede suponer que es un delirio o una alucinación y lo debe poner dentro del acto de contención que tiene que tener el médico. Asi que si el Ministerio de Salud recibe de la comunidad este reclamo debería tener la misma actitud.
¿Cuáles son según sus estudios las consecuencias que trae el glifosato al ser humano?
Nosotros probamos con estos modelos animales que hay un efecto en concentraciones muy bajas del glifosato, que tiene la propiedad de producir malformaciones, y creemos saber el mecanismo de acción. Son mecanismos conocidos y están descriptos en clínica, no hay sorpresas, hay un nexo casual y de buen suerte de haber encontrado la explicación de esto. Nosotros trabajamos en el área de las malformaciones, cuando hay otras áreas que tienen que ver con la oncología, con el cáncer, y con algunas otras enfermedades menos establecidas. Las correlaciones sin embargo las tienen que establecer los estudios de epidemilogía. Lo que rescato de todo esto, es que si hay un relato de un pueblo que dice "acá está pasando esto", uno no puede negarlo. Y lo tiene que poner dentro de una acción política, que es lo hace un Estado.
¿Qué pasó con su frustrada presentación en la Feria del Libro en Buenos Aires?
Fue una "gaffe" del Conicet que tiene un ámbito institucional para organizar charlas de sus propios cientificos, y yo ofrecí una charla de este tema, y decidieron que no era conveniente que lo hiciera. Este es un problema del Conicet, no mío: si ellos piensan que a no hablar de ciertas cosas van a bajar el nivel de debate se equivocan, porque esto va en detrimento de la propia institución. No está bien visto acallar algunas voz o cerrar un debate. Lo que hay es un excusa formal del Conicet, que dice que no hay certeza absoluta de estos experimentos: en el marco de la epistemología la certeza absoluta no existe, y la gente tiene derecho a saber las cosas que pasan por que lo incumbe directamente. Esta información no se trata de una ecuación matemática o de una delicadeza científica que solo le interesa a los expertos de esa disciplina, sino que tiene un impacto social inmediato, y me parece que son los primeros que se tienen que enterar de qué está pasando en los lugares donde viven. Y el Estado debe dar cuenta de eso. Los destinatarios de este tema no son mis pares, sino que tiene un objetivo claro que es el proveer información que genere acciones de alivio. Si eso no sucede, supera mis posibilidades.
El ministro de Salud de Santa Fe Miguel Cappiello dijo a este diario que no está probada la teratogénesis del glifosato. ¿Qué opina?
Eso corre por cuenta de él, supongo que habrá hecho los experimentos que demuestran lo contrario a lo que nosotros demostramos, que fue que al menos en dos modelos animales hay teratogénesis por el aumento del ácido retinoico que es un conocido teratógeno. Pero hay otros estudios, en Canadá, en Francia, en Córdoba, en La Plata. Más allá de la certeza u opinión, existe un principio precautorio, que ante una situación dada, hay que parar y ver lo que está sucediendo. Este es el principio precautorio, que es el fallo de San Jorge. No soy yo ni los científicos los que están reclamando por eso: son los pueblos de Córdoba, de Entre Ríos, Santa Fe y Chaco, que me cuesta pensar que se han puesto de acuerdo para denunciar lo mismo. Y denuncian enfermedades crónicas que el Estado tendría que contemplar. Asi que más allá de todos los científicos que hemos estudiado el tema, este no es un problema científico, sino que es un problema ambiental y político de salud. Y ante la duda lo que hay que hacer son los estudios epidemiológicos y ambientales. Creo que si van a buscar al agua o a la tierra van a encontrar cosas pero habría que considerar el aire porque la contaminación es por inhalación en el caso de los humanos lo mismo que en el ganado vacuno, donde aparecen casos de teratogénesis observados espontáneamente en el campo por la gente. Soy muy respetuoso del relato de la gente que observa lo que pasa a su alrededor. Sería interesante confrontar las comprobaciones de esto estudios con lo que se descubrió en el laboratorio, pero no los hacen. En cambio muchas veces el Estado se maneja con lo que dicen las empresas o los organismos de control de otros países, como la Agencia de Promoción Ambiental de los Estados Unidos, que está seriamente sospechados de ser muy laxos con los controles. El problema es que estos productos tecnológicos se ponen en el mercado bajo consignas o protocolos de testeo de toxicidad que hoy ya son disfuncionales. Esto es que estas sustancias deberían tener otras formas más sutiles para ser chequeadas, como medir tratamientos crónicos, con dosis subletales y verlas a mediano plazo. Cualquier científico diría que las pruebas con las que se lanzan estas cosas al mercado son insuficientes. Ahora, esta no es culpa solo de la empresa, que ofrece las pruebas sino de los organismos de control de los estados que deberían poner las suyas. Esto, vale decir, pasa también con los medicamentos. Por eso el que dice que el glifosato es inocuo debería poder probarlo.
Analizando estos reclamos que se repiten en distintos rincones del país, ¿Cómo ve a la Argentina dentro de una década mirando puntualmente los parámetros de salud y medio ambiente?
Acá hay un modo de apropiación de los bienes naturales, y esto no es solo con la tierra sino en la minería o el agua. Por eso digo que no hay política pensada racionalmente para un uso serio. Sobre todo porque esos recursos o bienes están siendo explotados no por necesidades internas de la población argentina, sino por la necesidad de participar en un mercado internacional que consume esos productos. Y esto hay que debatirlo, porque por participar de ese mercado se sacrifica la salud y el medio ambiente con consecuencias que van desde lo biológico ambiental, hasta lo cultural social y económico, a mediano plazo. No sé cómo va a ser la Argentina para mis nietos, pero no estamos en un camino adecuado porque es distinto a lo que está discutiendo Bolivia, Ecuador, Brasil o Venezuela. Si estamos en un Mercosur no entiendo porque la Argentina no está discutiendo lo mismo que estos países hermanos con sus recursos, aún con sus contradicciones. Acá no hay ni siquiera contradicciones, porque no hay debate y cuando alguien da una mala noticia, hay que barrerlo debajo de la alfombra.
Fecha de Publicación: 27/06/2010
Fuente: Rosario/12
Provincia/Región: Nacional
Santa Fe está en el centro de un modelo productivo que incluye, según este científico unos 20 millones de hectáreas de soja con 200 millones de litros de glifosato arrojados al año durante muchos años. "Este es tema serio para hacer un estudio de impacto ambiental, donde entran los insectos, las plantas y el ser humano", asegura Carrasco.
"Cuando hay comunidades que relatan sus enfermedades, y exigen respuestas y aparecen estudios que advierten las consecuencias de los agroquímicos, el Estado no puede entender esto como un delirio, debe hacer los estudios epidemiológicos, que no está haciendo. Este ya no es un problema científico, es un problema político". La frase pertenece a Andrés Carrasco, el científico que reveló el carácter cancerígeno del glifosato en su laboratorio de embriología molecular, quien estuvo en Rosario brindando una charla en la Facultad de Medicina, donde dejó otras frases para la polémica: "Quien diga que el glifosato es inocuo, que muestre los estudios que lo prueban".
¿Cómo fue el estudio sobre el glifosato?
-Respeto mucho a todos los profesionales que vienen trabajado desde hace mucho tiempo en Santa Fe, Chaco y Misiones que han estado percibiendo los efectos, lo que va ocurriendo en la localidades donde se usan agroquímicos en particular el glifosato. Lo que hicimos fue diseñar en forma experimental en un modelo animal el efecto glifosato y la conclusión es que en un modelo de desarrollo embrionario como pollos y anfibio, creemos que en cualquier otros vertebrado, los hombres somos parte de ese grupo de animales, el glifosato podría producir lo mismo. De hecho creemos tener las razones y el mecanismo de la acción del glifosato para la producción de enfermedades. La expermientación que hicimos es una cosa sencilla y humilde, no es compleja y fue a los efectos de ver si había una correlación experimental con lo que se venia observando en el territorio, en distintos pueblos: hay muchos en Córdoba, en Santa Fe por ejemplo está el amparo de San Jorge en el que la Cámara de Apelaciones ha decidido la aplicación del principio precautorio, donde se invierte la carga de la prueba y en el cual el gobierno de la provincia y la Universidad Nacional del Litoral tienen que demostrar que no produce ningún daño. Esto en medio ambiente es muy importante, y en este sentido inspirado y preocupado por estas cosas, hicimos este trabajo experimental que ya fue enviado a publicar, por lo que creemos que básicamente está terminado porque los venenos no son buenos proyectos de investigación, simplemente probamos que es un veneno y de qué manera puede afectar a un organismo animal que se está desarrollando en su período embrionario. Sabemos por lo mecanismos que tenemos que hay una fuerte correlación, y que existe una probabilidad cierta de que esto pase con los mamíferos, que pase con los humanos, por lo que reclamaría que como no es un problema de la ciencia, no un problema de investigación sino un problema de salud pública, entonces la corroboración o no de estos resultados, de estas presunciones debería ser hecha a través de estudios epidemiológicos en los lugares donde la gente reclama permanentemente por determinadas enfermedades como malformaciones, cáncer y algunas otras.Quiero decir que me trasciende a mí la solución del problema, uno está en el medio de esto.
¿Por qué cree que no se están desarrollando estos estudios epidemiológicos?
Es no lo puedo decir yo, porque en realidad debieron hacerse. En febrero de 2009 el gobierno nacional sacó un decreto comisionando al Ministerio de Salud, a realizar estos estudios , en uno de los lugares que había sido un caso líder, que es el barrio Ituzaingó anexo a la ciudad de Córdoba. Y a pesar de muchos reclamos de la gente de este barrio, nunca se llevó a cabo, las madres de Ituzaingó, nunca recibieron los medios para llevar adelante el estudio epidemiológico. Y no veo al Ministerio de Salud (de la Nación) hablando de este tema, como si estos temas no existieran, y esto es llamativo porque más allá del trabajo que hicimos, hay otros trabajos, en Córdoba hay gente estudiando el glifosato en otras situaciones biológicas, hay gente en La Plata estudiando cómo el glifosato afecta a los insectos y grupos de artrópodos, y todos van encontrando que los efectos existen, con lo que es muy sugestivo que habiendo reclamos en el territorio de las comunidades que están en el centro de esta zonas sojeras, no se hable del tema. Son 20 millones de hectáreas de soja con 200 millones de litros de glifosato arrojados al año durante muchos años. Este es tema serio para hacer un estudio de impacto ambiental, donde entran los insectos, las plantas y el ser humano. No puedo dar una respuesta acerca de porqué no se hacen estudios. Tengo formación médica, no ejerzo la medicina, pero en la facultad me enseñaron que en términos deontólogicos existe el principio precautorio, es decir de pre ocuparse por posibles efectos de salud, más allá del grado de certeza científica que hay o no, este es un problema de la política. Y podría no tener la certeza pero igual estoy obligado como Estado a ocuparme y pre ocuparme de eso. Para eso hay un Estado, este no un problema de la ciencia en si, ya hay grupos en Francia y en Estado Unidos, que han encontrado montones de efectos de estos herbicidas que son venenos por definición, y que deberían servir como antecedentes para decir "esto nos debería preocupar". Y si por esa información aparece el reclamo de muchos foros que están reclamando en forma local, provincial y nacionalmente que se dé cuenta de esta situación, más que abrir un juicio de valor, preguntaría porqué no se hacen los estudios. El Estado no puede estar ausente de este tema como el médico no puede negarse a escuchar a un paciente, cuando este le está relatando un dolor o un malestar: lo debe tener en cuenta y no puede suponer que es un delirio o una alucinación y lo debe poner dentro del acto de contención que tiene que tener el médico. Asi que si el Ministerio de Salud recibe de la comunidad este reclamo debería tener la misma actitud.
¿Cuáles son según sus estudios las consecuencias que trae el glifosato al ser humano?
Nosotros probamos con estos modelos animales que hay un efecto en concentraciones muy bajas del glifosato, que tiene la propiedad de producir malformaciones, y creemos saber el mecanismo de acción. Son mecanismos conocidos y están descriptos en clínica, no hay sorpresas, hay un nexo casual y de buen suerte de haber encontrado la explicación de esto. Nosotros trabajamos en el área de las malformaciones, cuando hay otras áreas que tienen que ver con la oncología, con el cáncer, y con algunas otras enfermedades menos establecidas. Las correlaciones sin embargo las tienen que establecer los estudios de epidemilogía. Lo que rescato de todo esto, es que si hay un relato de un pueblo que dice "acá está pasando esto", uno no puede negarlo. Y lo tiene que poner dentro de una acción política, que es lo hace un Estado.
¿Qué pasó con su frustrada presentación en la Feria del Libro en Buenos Aires?
Fue una "gaffe" del Conicet que tiene un ámbito institucional para organizar charlas de sus propios cientificos, y yo ofrecí una charla de este tema, y decidieron que no era conveniente que lo hiciera. Este es un problema del Conicet, no mío: si ellos piensan que a no hablar de ciertas cosas van a bajar el nivel de debate se equivocan, porque esto va en detrimento de la propia institución. No está bien visto acallar algunas voz o cerrar un debate. Lo que hay es un excusa formal del Conicet, que dice que no hay certeza absoluta de estos experimentos: en el marco de la epistemología la certeza absoluta no existe, y la gente tiene derecho a saber las cosas que pasan por que lo incumbe directamente. Esta información no se trata de una ecuación matemática o de una delicadeza científica que solo le interesa a los expertos de esa disciplina, sino que tiene un impacto social inmediato, y me parece que son los primeros que se tienen que enterar de qué está pasando en los lugares donde viven. Y el Estado debe dar cuenta de eso. Los destinatarios de este tema no son mis pares, sino que tiene un objetivo claro que es el proveer información que genere acciones de alivio. Si eso no sucede, supera mis posibilidades.
El ministro de Salud de Santa Fe Miguel Cappiello dijo a este diario que no está probada la teratogénesis del glifosato. ¿Qué opina?
Eso corre por cuenta de él, supongo que habrá hecho los experimentos que demuestran lo contrario a lo que nosotros demostramos, que fue que al menos en dos modelos animales hay teratogénesis por el aumento del ácido retinoico que es un conocido teratógeno. Pero hay otros estudios, en Canadá, en Francia, en Córdoba, en La Plata. Más allá de la certeza u opinión, existe un principio precautorio, que ante una situación dada, hay que parar y ver lo que está sucediendo. Este es el principio precautorio, que es el fallo de San Jorge. No soy yo ni los científicos los que están reclamando por eso: son los pueblos de Córdoba, de Entre Ríos, Santa Fe y Chaco, que me cuesta pensar que se han puesto de acuerdo para denunciar lo mismo. Y denuncian enfermedades crónicas que el Estado tendría que contemplar. Asi que más allá de todos los científicos que hemos estudiado el tema, este no es un problema científico, sino que es un problema ambiental y político de salud. Y ante la duda lo que hay que hacer son los estudios epidemiológicos y ambientales. Creo que si van a buscar al agua o a la tierra van a encontrar cosas pero habría que considerar el aire porque la contaminación es por inhalación en el caso de los humanos lo mismo que en el ganado vacuno, donde aparecen casos de teratogénesis observados espontáneamente en el campo por la gente. Soy muy respetuoso del relato de la gente que observa lo que pasa a su alrededor. Sería interesante confrontar las comprobaciones de esto estudios con lo que se descubrió en el laboratorio, pero no los hacen. En cambio muchas veces el Estado se maneja con lo que dicen las empresas o los organismos de control de otros países, como la Agencia de Promoción Ambiental de los Estados Unidos, que está seriamente sospechados de ser muy laxos con los controles. El problema es que estos productos tecnológicos se ponen en el mercado bajo consignas o protocolos de testeo de toxicidad que hoy ya son disfuncionales. Esto es que estas sustancias deberían tener otras formas más sutiles para ser chequeadas, como medir tratamientos crónicos, con dosis subletales y verlas a mediano plazo. Cualquier científico diría que las pruebas con las que se lanzan estas cosas al mercado son insuficientes. Ahora, esta no es culpa solo de la empresa, que ofrece las pruebas sino de los organismos de control de los estados que deberían poner las suyas. Esto, vale decir, pasa también con los medicamentos. Por eso el que dice que el glifosato es inocuo debería poder probarlo.
Analizando estos reclamos que se repiten en distintos rincones del país, ¿Cómo ve a la Argentina dentro de una década mirando puntualmente los parámetros de salud y medio ambiente?
Acá hay un modo de apropiación de los bienes naturales, y esto no es solo con la tierra sino en la minería o el agua. Por eso digo que no hay política pensada racionalmente para un uso serio. Sobre todo porque esos recursos o bienes están siendo explotados no por necesidades internas de la población argentina, sino por la necesidad de participar en un mercado internacional que consume esos productos. Y esto hay que debatirlo, porque por participar de ese mercado se sacrifica la salud y el medio ambiente con consecuencias que van desde lo biológico ambiental, hasta lo cultural social y económico, a mediano plazo. No sé cómo va a ser la Argentina para mis nietos, pero no estamos en un camino adecuado porque es distinto a lo que está discutiendo Bolivia, Ecuador, Brasil o Venezuela. Si estamos en un Mercosur no entiendo porque la Argentina no está discutiendo lo mismo que estos países hermanos con sus recursos, aún con sus contradicciones. Acá no hay ni siquiera contradicciones, porque no hay debate y cuando alguien da una mala noticia, hay que barrerlo debajo de la alfombra.
Promesa de inversiones canadienses
Promesa de inversiones canadienses
Fecha de Publicación: 26/06/2010
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Tal vez haya platos típicos, como salmón ahumado, en la entrada, y miel de maple, en el postre, aunque para la presidenta Cristina Kirchner el plato principal de su almuerzo de hoy con empresarios canadienses será la promesa de aumentar sus inversiones en la Argentina, sobre todo en el área de la minería.
Un aspecto importante para lograrlo sería poder avanzar en un acuerdo con el Club de París, ya que la Corporación de Desarrollo de las Exportaciones (que financia inversiones canadienses en el exterior) no puede otorgar garantías al sector privado local mientras esa deuda se mantenga en default.
El encuentro fue organizado por el presidente de la firma Barrick Gold, Peter Munk, que ya se reunió con la Presidenta varias veces, una de ellas antes del veto de la ley de protección a los glaciares que había sido votada en forma unánime por el Congreso. Barrick desarrolla el ambicioso proyecto Pascua Lama en Huasco (Chile) y en San Juan.
Munk recibirá a la Presidenta junto con otros ejecutivos "muy interesados en ampliar o comenzar sus inversiones en la Argentina, sobre todo en minería", según dijo a LA NACION el canciller Héctor Timerman.
El sector minero es uno de los que gozan de las regulaciones fiscales más estables del país. El acuerdo tributario secreto firmado por Pascua Lama trajo una polémica y renuncias en el Gobierno. Barrick ha prometido una inversión cercana a los US$ 3000 millones en este proyecto, que constituye la primera iniciativa minera binacional para extraer oro, con una producción estimada de 800.000 onzas anuales.
Fecha de Publicación: 26/06/2010
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Tal vez haya platos típicos, como salmón ahumado, en la entrada, y miel de maple, en el postre, aunque para la presidenta Cristina Kirchner el plato principal de su almuerzo de hoy con empresarios canadienses será la promesa de aumentar sus inversiones en la Argentina, sobre todo en el área de la minería.
Un aspecto importante para lograrlo sería poder avanzar en un acuerdo con el Club de París, ya que la Corporación de Desarrollo de las Exportaciones (que financia inversiones canadienses en el exterior) no puede otorgar garantías al sector privado local mientras esa deuda se mantenga en default.
El encuentro fue organizado por el presidente de la firma Barrick Gold, Peter Munk, que ya se reunió con la Presidenta varias veces, una de ellas antes del veto de la ley de protección a los glaciares que había sido votada en forma unánime por el Congreso. Barrick desarrolla el ambicioso proyecto Pascua Lama en Huasco (Chile) y en San Juan.
Munk recibirá a la Presidenta junto con otros ejecutivos "muy interesados en ampliar o comenzar sus inversiones en la Argentina, sobre todo en minería", según dijo a LA NACION el canciller Héctor Timerman.
El sector minero es uno de los que gozan de las regulaciones fiscales más estables del país. El acuerdo tributario secreto firmado por Pascua Lama trajo una polémica y renuncias en el Gobierno. Barrick ha prometido una inversión cercana a los US$ 3000 millones en este proyecto, que constituye la primera iniciativa minera binacional para extraer oro, con una producción estimada de 800.000 onzas anuales.
Proponen policía ambiental en Río Negro
Proponen crear policía ambiental
Fecha de Publicación: 25/06/2010
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
La ong Aluvión 21 impulsa la creación del departamento ciudadano de policía ambiental, un organismo que tendrá como misión preservar el medio ambiente local frente a las amenazas relacionadas con la explotación de recursos sin control. La iniciativa, enmarcada dentro de la defensa que esta entidad viene llevando adelante sobre el acuífero local, ya ingresó al Concejo Deliberante y será sometida a tratamiento en el transcurso de los próximos días.
"El departamento ambiental tendrá el objetivo de desarrollar políticas de Estado municipal para el cuidado de nuestro medio ambiente sustentable, además del contralor, y posterior denuncia, de todo tipo de contaminación y explotación de nuestros recursos renovables y no renovables por parte de privados o entidades públicas", dice el proyecto. Además plantea que "será un complemento del defensor del Pueblo y del Tribunal de Faltas".
La iniciativa establece que el nuevo organismo deberá estar conformado por representantes del municipio, del Concejo Deliberante y de organizaciones ambientales como la asamblea popular.
"La participación ciudadana en defensa de nuestro medio ambiente, ante los factores de contaminación y los intentos de explotación de los recursos naturales, expusieron la necesidad de establecer una política de Estado Municipal para las futuras generaciones", dice el comunicado.
Fecha de Publicación: 25/06/2010
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
La ong Aluvión 21 impulsa la creación del departamento ciudadano de policía ambiental, un organismo que tendrá como misión preservar el medio ambiente local frente a las amenazas relacionadas con la explotación de recursos sin control. La iniciativa, enmarcada dentro de la defensa que esta entidad viene llevando adelante sobre el acuífero local, ya ingresó al Concejo Deliberante y será sometida a tratamiento en el transcurso de los próximos días.
"El departamento ambiental tendrá el objetivo de desarrollar políticas de Estado municipal para el cuidado de nuestro medio ambiente sustentable, además del contralor, y posterior denuncia, de todo tipo de contaminación y explotación de nuestros recursos renovables y no renovables por parte de privados o entidades públicas", dice el proyecto. Además plantea que "será un complemento del defensor del Pueblo y del Tribunal de Faltas".
La iniciativa establece que el nuevo organismo deberá estar conformado por representantes del municipio, del Concejo Deliberante y de organizaciones ambientales como la asamblea popular.
"La participación ciudadana en defensa de nuestro medio ambiente, ante los factores de contaminación y los intentos de explotación de los recursos naturales, expusieron la necesidad de establecer una política de Estado Municipal para las futuras generaciones", dice el comunicado.
Cristina y la Barrick: una amistad que vale oro
Cristina y la Barrick: una amistad que vale oro
Fecha de Publicación: 24/06/2010
Fuente: Medio & Medio
Provincia/Región: Nacional
Van a almorzar juntos otra vez. Se extrañaban. La última oportunidad en que tuvieron tiempo de estar a solas fue en estas tierras del sur, más precisamente en la Casa Rosada. En esa ocasión –abril de 2009-, la presidente Cristina Fernández de Kirchner recibió en su despacho al mandamás de la Barrick Gold, Peter Munk. El amor entre ambos fue a primera vista, por no decir, a primera exploración y explotación. Semanas después de ese encuentro, Cristina lo invitó una vez más a su casa, pero Munk ya se había ido. A la reunión fueron otros directivos de su compañía junto al mejor amigo de los Barricks Boys, el gobernador de San Juan, José Luis Gioja.
Ahora es el turno de Munk de ofrecer de anfitrión. Durante su visita a Canadá, prevista para este sábado y domingo, Cristina se hará un lugar en la agenda para visitar a su amigo. Será el único compromiso fuera de los motivos que la llevan al país del norte. Por supuesto, acompañará a la Presidente el inefable Gioja. La comitiva también estará integrada por otros notables defensores de la minería: Luis Beder Herrera, gobernador de Tucumán, Walter Barrionuevo, gobernador de Jujuy y Juan Manuel Uturbuy, gobernador de Salta. Faltó Das Neves.
El tema que más le preocupa al lobby minero son las medidas ambientales impulsadas por el Parlamento Europeo para el sector y que, según los suramericanos, constituirían una barrera a sus exportaciones de minerales hacia el territorio comunitario. La intención de los europeos fue drásticamente rechazada por el bloque del MERCOSUR, y que posiblemente será tema de conversación en la reunión Fernández de Kirchner-Munk.
Reunidos el 16 de junio pasado en Buenos Aires, los secretarios y ministros de Minería del bloque fundado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay emitió una declaración de rechazo a la resolución aprobada en mayo pasado por el Parlamento Europeo, en la que pide una prohibición total del uso de cianuro en la minería europea antes del fin de 2011 con el objetivo de proteger los recursos hídricos y la biodiversidad.
"Ante las recientes normativas impulsadas por el Parlamento de la Comunidad Europea, que proponen trabas a la industrialización y comercialización de productos de sectores productivos como la minería de nuestro continente, los países de la región rechazaron las medidas por considerarlas restrictivas y perjudiciales para el desarrollo de nuestras actividades productivas", señaló la declaración del Mercosur.
Para los funcionarios, “la minería constituye una actividad fundamental de desarrollo” para sus pueblos. Parece que en Andalgalá, por poner sólo un ejemplo, no se piensa lo mismo.
Hipocresía al más alto nivel ejemplificada en las palabras del secretario de Minería de la Argentina, Jorge Mayoral, quien invitó a los europeos “a que conozcan la forma en que llevamos adelante la minería, en cumplimiento con los estándares de calidad más exigentes que el mundo conoce". Estamos en el horno.
Fecha de Publicación: 24/06/2010
Fuente: Medio & Medio
Provincia/Región: Nacional
Van a almorzar juntos otra vez. Se extrañaban. La última oportunidad en que tuvieron tiempo de estar a solas fue en estas tierras del sur, más precisamente en la Casa Rosada. En esa ocasión –abril de 2009-, la presidente Cristina Fernández de Kirchner recibió en su despacho al mandamás de la Barrick Gold, Peter Munk. El amor entre ambos fue a primera vista, por no decir, a primera exploración y explotación. Semanas después de ese encuentro, Cristina lo invitó una vez más a su casa, pero Munk ya se había ido. A la reunión fueron otros directivos de su compañía junto al mejor amigo de los Barricks Boys, el gobernador de San Juan, José Luis Gioja.
Ahora es el turno de Munk de ofrecer de anfitrión. Durante su visita a Canadá, prevista para este sábado y domingo, Cristina se hará un lugar en la agenda para visitar a su amigo. Será el único compromiso fuera de los motivos que la llevan al país del norte. Por supuesto, acompañará a la Presidente el inefable Gioja. La comitiva también estará integrada por otros notables defensores de la minería: Luis Beder Herrera, gobernador de Tucumán, Walter Barrionuevo, gobernador de Jujuy y Juan Manuel Uturbuy, gobernador de Salta. Faltó Das Neves.
El tema que más le preocupa al lobby minero son las medidas ambientales impulsadas por el Parlamento Europeo para el sector y que, según los suramericanos, constituirían una barrera a sus exportaciones de minerales hacia el territorio comunitario. La intención de los europeos fue drásticamente rechazada por el bloque del MERCOSUR, y que posiblemente será tema de conversación en la reunión Fernández de Kirchner-Munk.
Reunidos el 16 de junio pasado en Buenos Aires, los secretarios y ministros de Minería del bloque fundado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay emitió una declaración de rechazo a la resolución aprobada en mayo pasado por el Parlamento Europeo, en la que pide una prohibición total del uso de cianuro en la minería europea antes del fin de 2011 con el objetivo de proteger los recursos hídricos y la biodiversidad.
"Ante las recientes normativas impulsadas por el Parlamento de la Comunidad Europea, que proponen trabas a la industrialización y comercialización de productos de sectores productivos como la minería de nuestro continente, los países de la región rechazaron las medidas por considerarlas restrictivas y perjudiciales para el desarrollo de nuestras actividades productivas", señaló la declaración del Mercosur.
Para los funcionarios, “la minería constituye una actividad fundamental de desarrollo” para sus pueblos. Parece que en Andalgalá, por poner sólo un ejemplo, no se piensa lo mismo.
Hipocresía al más alto nivel ejemplificada en las palabras del secretario de Minería de la Argentina, Jorge Mayoral, quien invitó a los europeos “a que conozcan la forma en que llevamos adelante la minería, en cumplimiento con los estándares de calidad más exigentes que el mundo conoce". Estamos en el horno.
Ahora las pasteras Argentinas
Diputado santafesino y Raffo se reunieron por la pastera de Corrientes
Fecha de Publicación: 24/06/2010
Fuente: Uno Entre Ríos
Provincia/Región: Mesopotamia
El funcionario y el legislador coincidieron en propiciar acuerdos regionales con las provincias que comparten el Paraná para avanzar en el desarrollo sostenible del recurso.
El secretario de Ambiente Sustentable, Fernando Raffo, se reunió ayer con el diputado santafesino, Enrique Marín para interiorizarlo acerca de la postura del gobierno entrerriano respecto a la posible instalación de una pastera en Corrientes.
El funcionario y el legislador acordaron entablar acuerdos regionales con todas las provincias que comparten el río Paraná para avanzar en el desarrollo sostenible de ese recurso que es interjurisdiccional, según Diario Junio.
El legislador santafesino comentó que se acercó hasta la provincia alertado por “las declaraciones del gobernador de Corrientes y del ministro de la Producción de esa provincia quienes afirmaron que necesitan instalar varias pasteras y que lo podían hacer en forma indistinta en las márgenes de los ríos Paraná o Uruguay”.
“Con todo lo que acontece en relación a este tipo de industrias mi preocupación es que el gobierno santafesino no ha mostrado interés en averiguar qué es lo que está pensando Corrientes, interiorizarse, anticiparse, prevenir”, dijo y luego expresó que al primer mandatario de su provincia le solicitó, “a través de la Legislatura y con el apoyo de todos los legisladores, mayores precisiones”.
Consultado sobre la reunión con Raffo, el legislador dijo que lo recibió “muy bien” y lo “ interiorizó sobre todas las inquietudes que tienen y sobre los pasos que van a dar”. “Decidimos elevar esta información y esta inquietud a otros funcionarios gubernamentales y ojalá que en los próximos días veamos a nuestros gobernadores y funcionarios juntos trabajando sobre el particular”, acotó.
Tras mencionar que “existe un Consejo Federal de Medio Ambiente”, Marín dijo que “no hay que esperar que nos convoquen. Nosotros tenemos que mostrar interés e intercambiar opiniones”.
Por su parte, Raffo explicó que la reunión se desarrolló en un ambiente muy cordial y ambos planteamos sus posturas. “En el gobierno entrerriano, apenas conocida la noticia, existió una gran preocupación ya que se trata de un tema muy sensible teniendo en cuenta todo lo acontecido vinculado a la instalación de fábricas de celulosa y que llevó a la Argentina a tener una causa ante el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya ”, indicó.
En el encuentro con el legislador se acordó “buscar entablar acuerdos regionales con las provincias que comparten el río Paraná, como son Corrientes, Chaco y Misiones, para avanzar en el desarrollo sostenible del recurso que es interjurisdiccional”.
“Se trata de acordar entre todas las provincias el uso del río para que cada jurisdicción tenga el derecho de desarrollarse como crea más convenientes sin afectar a las provincias vecinas”, manifestó el titular de Ambiente Sustentable.
En este sentido, Raffo puso como ejemplo lo que se realiza a través del Plan Integral de Desarrollo del Delta del río Paraná que integran Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires y que se conformó a partir de la firma de un acuerdo entre los gobernadores de las tres provincias con las autoridades nacionales.
“Esto puede servir como modelo para buscar un acuerdo regional en cuanto al uso del río como recurso único y empezar a tener una visión de cuenca respecto a este tema”, manifestó Raffo.
Fecha de Publicación: 24/06/2010
Fuente: Uno Entre Ríos
Provincia/Región: Mesopotamia
El funcionario y el legislador coincidieron en propiciar acuerdos regionales con las provincias que comparten el Paraná para avanzar en el desarrollo sostenible del recurso.
El secretario de Ambiente Sustentable, Fernando Raffo, se reunió ayer con el diputado santafesino, Enrique Marín para interiorizarlo acerca de la postura del gobierno entrerriano respecto a la posible instalación de una pastera en Corrientes.
El funcionario y el legislador acordaron entablar acuerdos regionales con todas las provincias que comparten el río Paraná para avanzar en el desarrollo sostenible de ese recurso que es interjurisdiccional, según Diario Junio.
El legislador santafesino comentó que se acercó hasta la provincia alertado por “las declaraciones del gobernador de Corrientes y del ministro de la Producción de esa provincia quienes afirmaron que necesitan instalar varias pasteras y que lo podían hacer en forma indistinta en las márgenes de los ríos Paraná o Uruguay”.
“Con todo lo que acontece en relación a este tipo de industrias mi preocupación es que el gobierno santafesino no ha mostrado interés en averiguar qué es lo que está pensando Corrientes, interiorizarse, anticiparse, prevenir”, dijo y luego expresó que al primer mandatario de su provincia le solicitó, “a través de la Legislatura y con el apoyo de todos los legisladores, mayores precisiones”.
Consultado sobre la reunión con Raffo, el legislador dijo que lo recibió “muy bien” y lo “ interiorizó sobre todas las inquietudes que tienen y sobre los pasos que van a dar”. “Decidimos elevar esta información y esta inquietud a otros funcionarios gubernamentales y ojalá que en los próximos días veamos a nuestros gobernadores y funcionarios juntos trabajando sobre el particular”, acotó.
Tras mencionar que “existe un Consejo Federal de Medio Ambiente”, Marín dijo que “no hay que esperar que nos convoquen. Nosotros tenemos que mostrar interés e intercambiar opiniones”.
Por su parte, Raffo explicó que la reunión se desarrolló en un ambiente muy cordial y ambos planteamos sus posturas. “En el gobierno entrerriano, apenas conocida la noticia, existió una gran preocupación ya que se trata de un tema muy sensible teniendo en cuenta todo lo acontecido vinculado a la instalación de fábricas de celulosa y que llevó a la Argentina a tener una causa ante el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya ”, indicó.
En el encuentro con el legislador se acordó “buscar entablar acuerdos regionales con las provincias que comparten el río Paraná, como son Corrientes, Chaco y Misiones, para avanzar en el desarrollo sostenible del recurso que es interjurisdiccional”.
“Se trata de acordar entre todas las provincias el uso del río para que cada jurisdicción tenga el derecho de desarrollarse como crea más convenientes sin afectar a las provincias vecinas”, manifestó el titular de Ambiente Sustentable.
En este sentido, Raffo puso como ejemplo lo que se realiza a través del Plan Integral de Desarrollo del Delta del río Paraná que integran Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires y que se conformó a partir de la firma de un acuerdo entre los gobernadores de las tres provincias con las autoridades nacionales.
“Esto puede servir como modelo para buscar un acuerdo regional en cuanto al uso del río como recurso único y empezar a tener una visión de cuenca respecto a este tema”, manifestó Raffo.
Cristina se reúne en Canadá con la Barrick
Cristina se reúne en Canadá con la minera Barrick
Fecha de Publicación: 23/06/2010
Fuente: Indimedia
Provincia/Región: Nacional
En medio de la polémica por Botnia, la Presidenta tiene agendado un almuerzo en Canadá con Peter Munk, el CEO de la minera Barrick Gold acusada de contaminar con cianuro en San Juan. El lobby para concretar el encuentro lo hizo Mariana Llorente, cuñada del renunciado canciller Taiana. También contribuyó el empresario Santiago Soldati, habitual operador de la minera canadiense.
Cristina Kirchner es una mujer audaz. En medio de un nuevo pico de la polémica por Botnia, que tiene sumergido a su gobierno en una de las tareas políticas más delicadas de su historia: esto es convencer a los asambleístas de Gualeguaychú de que impulsarán un control férreo de la papelera acusada de contaminación, no tuvo mejor idea que aceptar un almuerzo con Peter Munk, CEO de la denunciada minera Barrick Gold.
El encuentro está agendado para la semana que viene en Canadá, durante la visita de Cristina Kirchner, que aprovechará para combinar algunos compromisos internacionales con el descanso, en ese agradable país de base agroindustrial, que alguna vez tuvo a la Argentina como modelo.
El almuerzo con el CEO de la Barrick Gold, el inglés Peter Munk, es la única actividad extraoficial de la Presidenta, que primero asistirá en la franco-parlante Vancouver al Congreso Internacional Sindical donde podrá hacer gala de la fibra obrerista del peronismo –claro que acaso soporte algún mal trago por la demora en reconocer a la CTA- y luego se trasladará a Toronto para asistir a la cumbre del G 20 y despecharse con sus conocidas arengas contra el FMI, la especulación financiera global y demás pestes del siglo XXI –y anteriores-.
Lidiar con la agenda poco edificante del encuentro es el primer desafió que enfrentará el flamante canciller Héctor Timerman. Se trata de un regalo envenenado que deja la gestión Taiana y que se selló gracias a la acción coordinada de dos lobbystas eficaces. La hasta ahora poderosa jefa de Gabinete de la Cancillería, Mariana Llorente -cuñada de Taiana- y conocida en el Ministerio de Relaciones Exteriores como la “cuñadísima” por el amplio poder que desplegaba rompiendo sin mayores miramientos con las jerarquías de esa alambicada estructura burocrática.
Mariana Llorente, que solía incidir sobre el destino, el ascenso y la caída de embajadores con años de experiencia, es la contratara femenina de la otra pata sobre la que Taiana asentaba su poder en el mundo diplomático y que también enfrentará ahora la mirada escrutadora de Timerman: el implacable secretario de Coordinación, Rodolfo “Tojo” Ojea Quintana.
Opinóloga en cuanta discusión de política internacional se le cruce por el camino, Llorente sufrió en los últimos tiempos un veto parcial de la Presidenta que ordenó a Taiana que no la lleve más en los viajes en el Tango 01, al parecer molesta por ciertos escándalos que protagonizó en la aeronave.
Sin embargo, en este caso, para introducir la cita con la Barrick en la agenda presidencial, Llorente contó con una ayuda inestimable: el empresario Santiago Soldati, amigo personal de Munk y conocido lobbysta de la Barrick. Con esa plasticidad que tiene el kirchnerismo para tomar lo que le conviene de la demonizada década del 90, Soldati logró penetrar en el núcleo duro del Ejecutivo.
Acaso su relación con los Kirchner se haya afianzado cuando le vendió Sociedad Comercial del Plata al zar del juego Cristóbal López.
Como sea, Soldati fue clave para destrabar la última gran apuesta de la Barrick en la región, el proyecto binacional Pascua Lama, que se expande entre San Juan y la Tercera Región de Chile, y tiene reservas declaradas por 17 millones de onzas de oro. La gestión, que incluyó encuentros directos con Cristina Kirchner, le deparó la gratitud incondicional del gobernador José Luis Gioja, uno de los más fanáticos defensores de la actividad de esta minera, que le depara gruesos dividendos a San Juan.
De hecho, el gobernador Gioja también ofició d emediador para que en abril del año pasado Cristina recibiera en la Casa Rosada a Munk; y no sólo eso, tan fuertes son los lazos que unen a los Kirchner con esta minera, que semanas después la Presidenta volvió a recibir -otra vez junto a Gioja- a los directivos de la compañía, esta vez sin Munk.
Pero el inconveniente de la nueva cita, que exigirá a Timerman que agudice sus dotes diplomáticas, estriba en que vuelve a colocar a la Presidenta al frente de la agenda anti medio ambiente, con una coherencia que es justo reconocerle. Así como vetó la ley de glaciares y ahora puja porque Botnia pueda operar sin inconvenientes, siempre fue una abanderada del desarrollo minero, posición que seguramente incidió para que el octogenario Munk la agasaje con un merecido almuerzo canadiense.
Fecha de Publicación: 23/06/2010
Fuente: Indimedia
Provincia/Región: Nacional
En medio de la polémica por Botnia, la Presidenta tiene agendado un almuerzo en Canadá con Peter Munk, el CEO de la minera Barrick Gold acusada de contaminar con cianuro en San Juan. El lobby para concretar el encuentro lo hizo Mariana Llorente, cuñada del renunciado canciller Taiana. También contribuyó el empresario Santiago Soldati, habitual operador de la minera canadiense.
Cristina Kirchner es una mujer audaz. En medio de un nuevo pico de la polémica por Botnia, que tiene sumergido a su gobierno en una de las tareas políticas más delicadas de su historia: esto es convencer a los asambleístas de Gualeguaychú de que impulsarán un control férreo de la papelera acusada de contaminación, no tuvo mejor idea que aceptar un almuerzo con Peter Munk, CEO de la denunciada minera Barrick Gold.
El encuentro está agendado para la semana que viene en Canadá, durante la visita de Cristina Kirchner, que aprovechará para combinar algunos compromisos internacionales con el descanso, en ese agradable país de base agroindustrial, que alguna vez tuvo a la Argentina como modelo.
El almuerzo con el CEO de la Barrick Gold, el inglés Peter Munk, es la única actividad extraoficial de la Presidenta, que primero asistirá en la franco-parlante Vancouver al Congreso Internacional Sindical donde podrá hacer gala de la fibra obrerista del peronismo –claro que acaso soporte algún mal trago por la demora en reconocer a la CTA- y luego se trasladará a Toronto para asistir a la cumbre del G 20 y despecharse con sus conocidas arengas contra el FMI, la especulación financiera global y demás pestes del siglo XXI –y anteriores-.
Lidiar con la agenda poco edificante del encuentro es el primer desafió que enfrentará el flamante canciller Héctor Timerman. Se trata de un regalo envenenado que deja la gestión Taiana y que se selló gracias a la acción coordinada de dos lobbystas eficaces. La hasta ahora poderosa jefa de Gabinete de la Cancillería, Mariana Llorente -cuñada de Taiana- y conocida en el Ministerio de Relaciones Exteriores como la “cuñadísima” por el amplio poder que desplegaba rompiendo sin mayores miramientos con las jerarquías de esa alambicada estructura burocrática.
Mariana Llorente, que solía incidir sobre el destino, el ascenso y la caída de embajadores con años de experiencia, es la contratara femenina de la otra pata sobre la que Taiana asentaba su poder en el mundo diplomático y que también enfrentará ahora la mirada escrutadora de Timerman: el implacable secretario de Coordinación, Rodolfo “Tojo” Ojea Quintana.
Opinóloga en cuanta discusión de política internacional se le cruce por el camino, Llorente sufrió en los últimos tiempos un veto parcial de la Presidenta que ordenó a Taiana que no la lleve más en los viajes en el Tango 01, al parecer molesta por ciertos escándalos que protagonizó en la aeronave.
Sin embargo, en este caso, para introducir la cita con la Barrick en la agenda presidencial, Llorente contó con una ayuda inestimable: el empresario Santiago Soldati, amigo personal de Munk y conocido lobbysta de la Barrick. Con esa plasticidad que tiene el kirchnerismo para tomar lo que le conviene de la demonizada década del 90, Soldati logró penetrar en el núcleo duro del Ejecutivo.
Acaso su relación con los Kirchner se haya afianzado cuando le vendió Sociedad Comercial del Plata al zar del juego Cristóbal López.
Como sea, Soldati fue clave para destrabar la última gran apuesta de la Barrick en la región, el proyecto binacional Pascua Lama, que se expande entre San Juan y la Tercera Región de Chile, y tiene reservas declaradas por 17 millones de onzas de oro. La gestión, que incluyó encuentros directos con Cristina Kirchner, le deparó la gratitud incondicional del gobernador José Luis Gioja, uno de los más fanáticos defensores de la actividad de esta minera, que le depara gruesos dividendos a San Juan.
De hecho, el gobernador Gioja también ofició d emediador para que en abril del año pasado Cristina recibiera en la Casa Rosada a Munk; y no sólo eso, tan fuertes son los lazos que unen a los Kirchner con esta minera, que semanas después la Presidenta volvió a recibir -otra vez junto a Gioja- a los directivos de la compañía, esta vez sin Munk.
Pero el inconveniente de la nueva cita, que exigirá a Timerman que agudice sus dotes diplomáticas, estriba en que vuelve a colocar a la Presidenta al frente de la agenda anti medio ambiente, con una coherencia que es justo reconocerle. Así como vetó la ley de glaciares y ahora puja porque Botnia pueda operar sin inconvenientes, siempre fue una abanderada del desarrollo minero, posición que seguramente incidió para que el octogenario Munk la agasaje con un merecido almuerzo canadiense.
Visitarán industrias que contaminan el Salí-Dulce
Defensores del Pueblo visitarán las industrias que contaminan el Salí-Dulce
Fecha de Publicación: 22/06/2010
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Santiago del Estero - Tucumán
El ombudsman santiagueño, Martín Díaz Achával, indicó que el debate a desarrollarse en Tucumán tendrá un alto contenido en materia ambiental.
El 1 y 2 de julio se desarrollará en la ciudad tucumana de Tafí del Valle el Encuentro Nacional de Defensores del Pueblo, en el que el representante local, Martín Díaz Achával, planteará nuevamente la problemática de la Cuenca Salí-Dulce, contaminada por industrias, ingenios y empresas tucumanas; dado que la agenda de debate del próximo plenario nacional tendrá un alto contenido en materia ambiental.
“En primer lugar, vamos con la expectativa de seguir contando con el apoyo del resto de los defensores en lo que hace a las causas ambientales; en segundo lugar, esperamos que se defina un mecanismo para hacer el seguimiento al trabajo que viene realizando el Comité de Cuenca para los fines de trabajar en conjunto, porque ése es el objetivo y esperar los resultados de esta medición que se está realizando ahora, que seguramente será con cuestiones positivas”, detalló a EL LIBERAL Díaz Achával.
Por otra parte, el defensor del Pueblo santiagueño expresó que a partir de este plenario, “la intención es organizar una agenda de visitas a las distintas industrias que, según los informes de la Secretaría de Ambiente de Tucumán, habrían reconvertido parte del proceso para ver en qué consiste, qué utilidades y qué mejoras realmente implican en cuanto al tratamiento del afluente”.
Consultado acerca de la propuesta que presentó la concejala de Las Termas de Río Hondo, Ana Elena Loto, quien solicitó al juez Federal de Santiago del Estero, Guillermo Molinari, que pidiera a la Cámara Federal de Tucumán la remisión de todas las pericias realizadas por la contaminación de la cuenca Salí-Dulce, Díaz Achával expresó: “Nos opusimos cuando se quiso hacer la acumulación de las causas porque son cuestiones distintas, es decir, no es la misma situación las denuncias que tienen sobre un tema y las que se tienen sobre otros; seguramente hay un criterio judicial”.
En ese sentido, el ombudsman justificó su negación debido a que “cuando las causas son tan complejas no avanzan, porque no es lo mismo que puede ejercer un ingenio, un frigorífico o una petrolera; los parámetros no son los mismos y mientras más partes existan, más demoras judiciales se producen”.
Fecha de Publicación: 22/06/2010
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Santiago del Estero - Tucumán
El ombudsman santiagueño, Martín Díaz Achával, indicó que el debate a desarrollarse en Tucumán tendrá un alto contenido en materia ambiental.
El 1 y 2 de julio se desarrollará en la ciudad tucumana de Tafí del Valle el Encuentro Nacional de Defensores del Pueblo, en el que el representante local, Martín Díaz Achával, planteará nuevamente la problemática de la Cuenca Salí-Dulce, contaminada por industrias, ingenios y empresas tucumanas; dado que la agenda de debate del próximo plenario nacional tendrá un alto contenido en materia ambiental.
“En primer lugar, vamos con la expectativa de seguir contando con el apoyo del resto de los defensores en lo que hace a las causas ambientales; en segundo lugar, esperamos que se defina un mecanismo para hacer el seguimiento al trabajo que viene realizando el Comité de Cuenca para los fines de trabajar en conjunto, porque ése es el objetivo y esperar los resultados de esta medición que se está realizando ahora, que seguramente será con cuestiones positivas”, detalló a EL LIBERAL Díaz Achával.
Por otra parte, el defensor del Pueblo santiagueño expresó que a partir de este plenario, “la intención es organizar una agenda de visitas a las distintas industrias que, según los informes de la Secretaría de Ambiente de Tucumán, habrían reconvertido parte del proceso para ver en qué consiste, qué utilidades y qué mejoras realmente implican en cuanto al tratamiento del afluente”.
Consultado acerca de la propuesta que presentó la concejala de Las Termas de Río Hondo, Ana Elena Loto, quien solicitó al juez Federal de Santiago del Estero, Guillermo Molinari, que pidiera a la Cámara Federal de Tucumán la remisión de todas las pericias realizadas por la contaminación de la cuenca Salí-Dulce, Díaz Achával expresó: “Nos opusimos cuando se quiso hacer la acumulación de las causas porque son cuestiones distintas, es decir, no es la misma situación las denuncias que tienen sobre un tema y las que se tienen sobre otros; seguramente hay un criterio judicial”.
En ese sentido, el ombudsman justificó su negación debido a que “cuando las causas son tan complejas no avanzan, porque no es lo mismo que puede ejercer un ingenio, un frigorífico o una petrolera; los parámetros no son los mismos y mientras más partes existan, más demoras judiciales se producen”.
Alertan a Entre Ríos sobre el uso de agrotóxicos
Alertan a Entre Ríos sobre el uso intensivo de agrotóxicos
Fecha de Publicación: 22/06/2010
Fuente: Diario El Argentino
Provincia/Región: Entre Ríos
La semana pasada se dio a conocer el primer informe oficial dentro del territorio nacional que confirmó el vínculo directo entre el uso de agroquímicos y el aumento de enfermedades. Fue en la provincia de Chaco, donde una comisión conformada por el gobierno provincial analizó estadísticas en zonas de utilización intensiva de esos químicos.
Alertan a Entre Ríos sobre el uso intensivo de agrotóxicos
Los resultados confirmaron las denuncias de vecinos a lo largo del país y lo que especialistas en salud manejan por lo bajo pero no se animan a decirlo públicamente: en una década se triplicaron los casos de cáncer de niños y cuadruplicaron los nacimientos con malformaciones.
Todos esos estudios se focalizaron en la localidad de La Leonesa, cercana a Resistencia y epicentro de las denuncias por el uso de herbicidas y plaguicidas.
Monocultivo
Pues bien, la Bolsa de Cereales de Entre Ríos por medio de su Sistema de Información Agrícola realizó la estimación del área cultivada, rendimientos y producción de soja por departamento en el ámbito provincial. No tan sorpresivamente, ese sondeo arrojó que Gualeguaychú fue el departamento que más soja produjo en la campaña 2009/10, con casi 490 mil toneladas. Son inherentes e intensivos a ese tipo de cultivos el endosulfan, metamidofos, picloran y clopirifos. La pregunta surge de inmediato: ¿Cuál es el verdadero impacto a la salud por utilizar estos químicos de manera intensiva en campos cercanos a casas y escuelas rurales, además de centros urbanos como Larroque, Urdinarrain, Gualeguaychú, y decenas de poblados menores?
Como era de esperar, a nivel local y regional no existen estudios oficiales que den cuenta el impacto de los agrotóxicos, a pesar de que se trata de una provincia sojera por excelencia.
No obstante, existen casos reveladores. EL ARGENTINO ya había advertido a fines del año pasado de la aparición de casos locales como el de la niña de seis años Clara Monti.
Cuando estaba en los primeros días de gestación, sus papás trabajaban en un campo de Costa Uruguay Norte y a su mamá, Carolina, le pasó un avión fumigador por encima.
La apacible vida de este matrimonio dio un vuelco de inmediato. A los pocos días del hecho, Carolina comenzó a experimentar cambios extraños en su cuerpo. Se le irritaron y despelecharon los labios. Su salud comenzó a deteriorarse pero ese sería el inicio de una odisea que en arrancaría nueve meses después, con el nacimiento de Clara.
El duro diagnóstico de los médicos no tardó en llegar. La beba salió con una anomalía en el tubo neural denominada mielomeningocele. La enfermedad se manifestó en espina bífida –sus huesos no se forman completamente, lo que dio como resultado un conducto raquídeo incompleto-.
Seis años después, los Monti apuntan sus energías a tratar de mejorar la calidad de vida de Clara, que pelea para tener una infancia como cualquier niña de su edad, aunque para lograrlo debe tomar máximos recaudos.
Realidades como la de Clara, que aún no ocupan un lugar destacado en el debate familiar ni en los medios de comunicación, se multiplica en familias que viven en zonas donde se hace abuso de agrotóxicos. Pese a que existen defensores de este tipo de productos, la misma palabra lleva en si misma la revelación: ¿Por qué se permite el uso de tóxicos, entendidos estos como substancias venenosas?
Volviendo al trascendente estudio en el Chaco, los datos parecen ser contundentes y confirman las denuncias que allí si efectivizan desde hace años los vecinos: los casos de cáncer en niños se triplicaron en La Leonesa y las malformaciones en recién nacidos aumentaron 400 por ciento en esa provincia. A tal punto es alarmante, que se producen 17 casos de malformaciones por mes, según datos oficiales.
En La Leonesa residen 10 mil habitantes, algunos de los cuales iniciaron las primeras denuncias contra al efecto sanitario de los agroquímicos utilizados en el arroz, muy similares a los que se aplican en los cultivos de soja. Ahora, los resultados del primer informe oficial revelan un incremento de patologías oncológicas infantiles, leucemias, tumores cerebrales y linfomas en los últimos ocho años.
Mientras que en el período 1990-1999 se registró un promedio de 0,2 casos por año (1 caso cada 60 meses), en el período 2000-2009 se contabilizaron 0,6 casos por año (1 caso cada 20 meses). Sobre esta problemática, el relevamiento y los especialistas concuerdan que los casos se incrementaron por encima de lo esperado.
En este contexto, la media mundial de cáncer en menores de 15 años es de 12-14 casos cada 100 mil niños. Los datos oficiales de Chaco muestran que en La Leonesa el registro trepa a 20,2.
Una cuestión de percepción
Como suele suceder en el resto del territorio argentino, los médicos hablan de una multicausalidad en la irrupción de casos de cáncer. No obstante, también admiten que creció proporcionalmente a la expansión de la frontera agrícola, que tuvo su punto de inflexión en la cosecha 1996/07.
En ese año la Argentina, y más especialmente Entre Ríos se convirtió en una de las provincias sojeras por excelencia. Pero, pese a ser pionera en la incorporación de soja transgénica y en el uso de agrotóxicos, la Provincia no encomendó estudios oficiales que corroboren la inmediata relación entre la utilización de los mismos y sus efectos en la salud. Lo que si comienzan a irrumpir de a poco en los juzgados son numerosas denuncias de particulares. Para ilustrar, hace unos años atrás las autoridades del hospital San miguel de San Salvador elevaron una advertencia a las autoridades de salud ante la aparición de numerosos abortos espontáneos y el incremento de casos de cáncer. Los denunciantes creen que los hechos referidos estarían vinculados al uso indiscriminado de agroquímicos. Al no haber precisiones científicas, las presentaciones judiciales solo pueden ser calificadas de sospechas. Sin embargo, los médicos saben que con la expansión de la soja y, por ende, del glifosato, aumentaron considerablemente las consultas médicas.
Dada esta realidad, cada vez más especialistas entienden que debe ser muy tenida en cuenta la percepción de la comunidad sobre el tema, dados los estudios de investigación básica que evidencian la toxicidad de agroquímicos como el endusolfan, que se suman a investigaciones como las dadas a conocer en Chaco.
Aunque dentro del territorio ya hay empresas que están pensando en discontinuar el endusolfan desde fines de 2010, otras firmas lo siguen utilizando, simplemente porque la normativa argentina lo permite, más allá de que este tipo de productos fueron vedados en más de cien países. “Debe prevalecer la percepción de los habitantes y la prevención hasta tanto sean esclarecidas las relaciones de causalidad, la escala en la cual se utilizan los tóxicos y la incidencia sobre varias patologías”, explicaron los expertos en salud.
Es que en época de fumigaciones, crecen las visitas de pacientes con reacciones en la piel, los ojos y la garganta.
Beatriz Nicolini es pediatra, trabaja desde hace 25 años con pacientes oncológicos, integra la Comisión oficial y confiesa que, “a pesar de la magnitud de las cifras”, no le asombraron los datos. “Hace tiempo que vemos cómo se multiplican los chiquitos con cáncer. Pareciera no detenerse. Y, aunque no hay una sola causa de ese incremento, los casos aumentaron al mismo tiempo que aumentaba el uso de agroquímicos, ya sea en arroceras o soja”, explica y detalla que sobresalen los casos de leucemia, seguidos por tumores cerebrales y linfomas, según publicó el portal Chaco día por día.
Riesgo y controles por fumigaciones
En el marco de una reunión en Rosario, la Federación Entrerriana de Transporte Automotor de Cargas (FETAC) decidió pedir a los gobernadores de la Región Centro mas controles ante la muerte de otro chofer, aparentemente producto de las fumigaciones .
“El tema ya lo empezó la gente de Fetra hace un tiempo, cuando ocurrieron las primeras muertes. Ya en dos años van seis”, contó Hermes Ludi, presidente de esa Federación.
En ese momento “se hizo un pedido de amparo y tomó intervención Procuraduría de la Nación porque corresponde a la Justicia Federal”, precisó.
Concretamente, asocian las muertes “no con lo que se transporta sino con la fumigación. Inclusive alguien contó en la reunión que en la última muerte se efectuó el traslado del cadáver con una rapidez inusitada, sin hacer una autopsia ni averiguar un poco la causa del deceso”, relató el titular de la Federación.
Por eso “ahora se acordó hacer un reclamo general a las tres provincias y ver como sigue esto para evitar muertes futuras”. Además, “si no hay muertes las consecuencias de estar al lado de estos gases trae otras secuelas”, aclaró, en referencia a la utilización en las cargas de pastillas de fosfuro de aluminio.
Por eso, pedirán al gobernador “que intervengan en un control más estricto y que se pida a los acopiadores y a todos los que intervienen en la cadena de comercialización que la fumigada se haga antes o después de que haya un espacio físico donde se pueda hacer, nunca más arriba del camión”, consignó el dirigente.
Fecha de Publicación: 22/06/2010
Fuente: Diario El Argentino
Provincia/Región: Entre Ríos
La semana pasada se dio a conocer el primer informe oficial dentro del territorio nacional que confirmó el vínculo directo entre el uso de agroquímicos y el aumento de enfermedades. Fue en la provincia de Chaco, donde una comisión conformada por el gobierno provincial analizó estadísticas en zonas de utilización intensiva de esos químicos.
Alertan a Entre Ríos sobre el uso intensivo de agrotóxicos
Los resultados confirmaron las denuncias de vecinos a lo largo del país y lo que especialistas en salud manejan por lo bajo pero no se animan a decirlo públicamente: en una década se triplicaron los casos de cáncer de niños y cuadruplicaron los nacimientos con malformaciones.
Todos esos estudios se focalizaron en la localidad de La Leonesa, cercana a Resistencia y epicentro de las denuncias por el uso de herbicidas y plaguicidas.
Monocultivo
Pues bien, la Bolsa de Cereales de Entre Ríos por medio de su Sistema de Información Agrícola realizó la estimación del área cultivada, rendimientos y producción de soja por departamento en el ámbito provincial. No tan sorpresivamente, ese sondeo arrojó que Gualeguaychú fue el departamento que más soja produjo en la campaña 2009/10, con casi 490 mil toneladas. Son inherentes e intensivos a ese tipo de cultivos el endosulfan, metamidofos, picloran y clopirifos. La pregunta surge de inmediato: ¿Cuál es el verdadero impacto a la salud por utilizar estos químicos de manera intensiva en campos cercanos a casas y escuelas rurales, además de centros urbanos como Larroque, Urdinarrain, Gualeguaychú, y decenas de poblados menores?
Como era de esperar, a nivel local y regional no existen estudios oficiales que den cuenta el impacto de los agrotóxicos, a pesar de que se trata de una provincia sojera por excelencia.
No obstante, existen casos reveladores. EL ARGENTINO ya había advertido a fines del año pasado de la aparición de casos locales como el de la niña de seis años Clara Monti.
Cuando estaba en los primeros días de gestación, sus papás trabajaban en un campo de Costa Uruguay Norte y a su mamá, Carolina, le pasó un avión fumigador por encima.
La apacible vida de este matrimonio dio un vuelco de inmediato. A los pocos días del hecho, Carolina comenzó a experimentar cambios extraños en su cuerpo. Se le irritaron y despelecharon los labios. Su salud comenzó a deteriorarse pero ese sería el inicio de una odisea que en arrancaría nueve meses después, con el nacimiento de Clara.
El duro diagnóstico de los médicos no tardó en llegar. La beba salió con una anomalía en el tubo neural denominada mielomeningocele. La enfermedad se manifestó en espina bífida –sus huesos no se forman completamente, lo que dio como resultado un conducto raquídeo incompleto-.
Seis años después, los Monti apuntan sus energías a tratar de mejorar la calidad de vida de Clara, que pelea para tener una infancia como cualquier niña de su edad, aunque para lograrlo debe tomar máximos recaudos.
Realidades como la de Clara, que aún no ocupan un lugar destacado en el debate familiar ni en los medios de comunicación, se multiplica en familias que viven en zonas donde se hace abuso de agrotóxicos. Pese a que existen defensores de este tipo de productos, la misma palabra lleva en si misma la revelación: ¿Por qué se permite el uso de tóxicos, entendidos estos como substancias venenosas?
Volviendo al trascendente estudio en el Chaco, los datos parecen ser contundentes y confirman las denuncias que allí si efectivizan desde hace años los vecinos: los casos de cáncer en niños se triplicaron en La Leonesa y las malformaciones en recién nacidos aumentaron 400 por ciento en esa provincia. A tal punto es alarmante, que se producen 17 casos de malformaciones por mes, según datos oficiales.
En La Leonesa residen 10 mil habitantes, algunos de los cuales iniciaron las primeras denuncias contra al efecto sanitario de los agroquímicos utilizados en el arroz, muy similares a los que se aplican en los cultivos de soja. Ahora, los resultados del primer informe oficial revelan un incremento de patologías oncológicas infantiles, leucemias, tumores cerebrales y linfomas en los últimos ocho años.
Mientras que en el período 1990-1999 se registró un promedio de 0,2 casos por año (1 caso cada 60 meses), en el período 2000-2009 se contabilizaron 0,6 casos por año (1 caso cada 20 meses). Sobre esta problemática, el relevamiento y los especialistas concuerdan que los casos se incrementaron por encima de lo esperado.
En este contexto, la media mundial de cáncer en menores de 15 años es de 12-14 casos cada 100 mil niños. Los datos oficiales de Chaco muestran que en La Leonesa el registro trepa a 20,2.
Una cuestión de percepción
Como suele suceder en el resto del territorio argentino, los médicos hablan de una multicausalidad en la irrupción de casos de cáncer. No obstante, también admiten que creció proporcionalmente a la expansión de la frontera agrícola, que tuvo su punto de inflexión en la cosecha 1996/07.
En ese año la Argentina, y más especialmente Entre Ríos se convirtió en una de las provincias sojeras por excelencia. Pero, pese a ser pionera en la incorporación de soja transgénica y en el uso de agrotóxicos, la Provincia no encomendó estudios oficiales que corroboren la inmediata relación entre la utilización de los mismos y sus efectos en la salud. Lo que si comienzan a irrumpir de a poco en los juzgados son numerosas denuncias de particulares. Para ilustrar, hace unos años atrás las autoridades del hospital San miguel de San Salvador elevaron una advertencia a las autoridades de salud ante la aparición de numerosos abortos espontáneos y el incremento de casos de cáncer. Los denunciantes creen que los hechos referidos estarían vinculados al uso indiscriminado de agroquímicos. Al no haber precisiones científicas, las presentaciones judiciales solo pueden ser calificadas de sospechas. Sin embargo, los médicos saben que con la expansión de la soja y, por ende, del glifosato, aumentaron considerablemente las consultas médicas.
Dada esta realidad, cada vez más especialistas entienden que debe ser muy tenida en cuenta la percepción de la comunidad sobre el tema, dados los estudios de investigación básica que evidencian la toxicidad de agroquímicos como el endusolfan, que se suman a investigaciones como las dadas a conocer en Chaco.
Aunque dentro del territorio ya hay empresas que están pensando en discontinuar el endusolfan desde fines de 2010, otras firmas lo siguen utilizando, simplemente porque la normativa argentina lo permite, más allá de que este tipo de productos fueron vedados en más de cien países. “Debe prevalecer la percepción de los habitantes y la prevención hasta tanto sean esclarecidas las relaciones de causalidad, la escala en la cual se utilizan los tóxicos y la incidencia sobre varias patologías”, explicaron los expertos en salud.
Es que en época de fumigaciones, crecen las visitas de pacientes con reacciones en la piel, los ojos y la garganta.
Beatriz Nicolini es pediatra, trabaja desde hace 25 años con pacientes oncológicos, integra la Comisión oficial y confiesa que, “a pesar de la magnitud de las cifras”, no le asombraron los datos. “Hace tiempo que vemos cómo se multiplican los chiquitos con cáncer. Pareciera no detenerse. Y, aunque no hay una sola causa de ese incremento, los casos aumentaron al mismo tiempo que aumentaba el uso de agroquímicos, ya sea en arroceras o soja”, explica y detalla que sobresalen los casos de leucemia, seguidos por tumores cerebrales y linfomas, según publicó el portal Chaco día por día.
Riesgo y controles por fumigaciones
En el marco de una reunión en Rosario, la Federación Entrerriana de Transporte Automotor de Cargas (FETAC) decidió pedir a los gobernadores de la Región Centro mas controles ante la muerte de otro chofer, aparentemente producto de las fumigaciones .
“El tema ya lo empezó la gente de Fetra hace un tiempo, cuando ocurrieron las primeras muertes. Ya en dos años van seis”, contó Hermes Ludi, presidente de esa Federación.
En ese momento “se hizo un pedido de amparo y tomó intervención Procuraduría de la Nación porque corresponde a la Justicia Federal”, precisó.
Concretamente, asocian las muertes “no con lo que se transporta sino con la fumigación. Inclusive alguien contó en la reunión que en la última muerte se efectuó el traslado del cadáver con una rapidez inusitada, sin hacer una autopsia ni averiguar un poco la causa del deceso”, relató el titular de la Federación.
Por eso “ahora se acordó hacer un reclamo general a las tres provincias y ver como sigue esto para evitar muertes futuras”. Además, “si no hay muertes las consecuencias de estar al lado de estos gases trae otras secuelas”, aclaró, en referencia a la utilización en las cargas de pastillas de fosfuro de aluminio.
Por eso, pedirán al gobernador “que intervengan en un control más estricto y que se pida a los acopiadores y a todos los que intervienen en la cadena de comercialización que la fumigada se haga antes o después de que haya un espacio físico donde se pueda hacer, nunca más arriba del camión”, consignó el dirigente.
Córdoba: En defensa de una ley ambientalista
En defensa de una ley ambientalista
Fecha de Publicación: 21/06/2010
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Córdoba
Empresarios mineros y profesionales de energía atómica pidieron a la Corte cordobesa la inconstitucionalidad de la Ley 9526, que prohíbe las actividades mineras más riesgosas, incluyendo la extracción de uranio. Asambleas vecinales alertan sobre los peligros latentes.
La Ley 9526 fue aprobada hace menos de dos años sin votos en contra. Protege las nacientes de agua, limita el uso de sustancias tóxicas en minería (cianuro, ácido sulfúrico y clorhídrico, entre otros), prohíbe los yacimientos metalíferos a cielo abierto y la extracción de minerales nucleares (uranio y torio). “El pueblo cordobés nuevamente en peligro”, advierte el reciente comunicado de la asamblea Ongamira Despierta, uno de los epicentros donde se impulsó la ley. Es que la Cámara de Empresario Mineros de Córdoba (Cemincor) y la Asociación de Profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Actividad Nuclear (Apcnean) solicitaron al Tribunal Superior de Justicia que determine la inconstitucionalidad de la norma. El máximo tribunal aún no se expidió, pero ya aceptó tratar el caso. Córdoba ya cuenta con antecedentes graves de contaminación en yacimientos de uranio –emprendimiento Los Gigantes–, con un pasivo ambiental de cuatro millones de toneladas de mineral desde la década del ’80.
La 9526 tiene sólo seis artículos y es contundente. “Prohíbase en todo el territorio provincial la actividad minera metalífera a cielo abierto y en todas sus etapas (cateo, prospección, exploración, explotación, preparación, extracción)”, detalla el artículo uno. El número dos aborda una cuestión con poca prensa, pero conocida para los cordobeses. “Prohíbase en todo el territorio de Córdoba la actividad minera, en todas sus etapas, de minerales nucleares tales como el uranio y el torio. Dicha prohibición regirá, asimismo, para las minas actualmente concedidas, las que deberán proceder al cierre.”
La ley fue aprobada el 24 de septiembre de 2008. No limita ni afecta otras actividades mineras, como canteras, cuarzo y áridos. La Cámara Minera y la Asociación de Profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Actividad Nuclear (Apcnean) apelaron el 4 de mayo de 2009. Y El 18 de mayo de 2010, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) aceptó formalmente tratar el pedido de inconstitucionalidad, aunque no tiene plazos para expedirse. La Cámara Minera también había solicitado, hasta que se expida el STJ, la suspensión de la ley. Pero el máximo tribunal denegó ese pedido.
El secretario general de la Apcnean, Agustín Arbor González, afirmó a Página/12 que “la Ley 9526 es absurda porque no tiene en cuenta que también hay minería responsable, que cuida el ambiente, y no tiene presente que el uranio es un recurso energético para el país”. Consultado sobre las denuncias de contaminación, González derivó la consulta con “quien más sabe de medio ambiente y actividades nucleares”, Hugo Plaza, también miembro del secretariado general de la Apcnean. Plaza explicó que en Argentina hubo ocho yacimientos de uranio. “Soy uno de los encargados de los controles en centros productores. Nunca se detectó contaminación”, aseguró con firmeza. Consultado sobre el caso de Los Gigantes, luego de un silencio, reconoció: “Ahí sí hubo problemas y hay un pasivo ambiental que hace falta resolver, es que la empresa no cumplió con lo prometido”.
El presidente de la Cámara de Empresarios Mineros de Córdoba (Cemincor), Hugo Apfelbaum, explicó que en la provincia no hay reservas metalíferas en cantidad como para una explotación como en San Juan o Catamarca, y señaló que el tipo de minería en la provincia es de áridos y rocas. “Presentamos la inconstitucionalidad de la ley por el temor a que quieran prohibir toda la minería”, argumentó Apfelbaum.
En Córdoba (ni en ninguna provincia donde existen asambleas que rechazan las industrias extractivas) no se solicita la prohibición de toda la minería, sino la metalífera a gran escala, los usos masivos de explosivos, grandes remociones de tierras y químicos, además con derroche de enormes cantidades de agua.
El presidente de la Cámara Minera reconoció que la actual ley no afecta a la industria cordobesa, pero insiste que la ley es “inconstitucional y retrógrada”. Aseguró que viola la Constitucional Nacional y el Código de Minería.
“El sector minero funda su reclamo en afirmaciones falaces, llegando al extremo de sostener que la actividad minera de uranio no ha producido ningún tipo de contaminación, ni daño a la salud de persona alguna. Esta contaminación ha sucedido y es de público y notorio conocimiento”, denuncian las asambleas Ongamira Despierta y Traslasierra Despierta. En Córdoba, a 30 kilómetros de la turística Villa Carlos Paz, funcionó hasta 1989 el yacimiento de uranio Los Gigantes, denunciada por contaminar la cuenta del río San Antonio y dejar cuatro millones de toneladas de residuos de uranio. La Fundación para la Defensa del Ambiente (Funam), en base a datos de la CNEA, alertó el otro gran riesgo, el dique principal, de 28.000 metros cuadrados y con 100.000 metros cúbicos de químicos (uranio, radio, manganeso, amonio, sulfatos y nitratos, entre otros).
En Córdoba también acumula denuncias Dioxitek (productora de dióxido de uranio para las centrales de Atucha y Embalse I), que mantiene un depósito de residuos radioactivos en el barrio Alta Córdoba, en la ciudad capital. “En ambos casos, las responsabilidades recaen sobre la Comisión Nacional de Energía Atómica, son focos contaminantes que siguen lamentablemente activos. En el caso de Dioxitek, que pertenece a la CNEA, mantiene 36.000 toneladas de residuos radioactivos”, afirmaron desde Funam.
Las asambleas cordobesas adelantaron que defenderán la vigencia de la ley y se mantendrán movilizadas en defensa del ambiente sano.
Fecha de Publicación: 21/06/2010
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Córdoba
Empresarios mineros y profesionales de energía atómica pidieron a la Corte cordobesa la inconstitucionalidad de la Ley 9526, que prohíbe las actividades mineras más riesgosas, incluyendo la extracción de uranio. Asambleas vecinales alertan sobre los peligros latentes.
La Ley 9526 fue aprobada hace menos de dos años sin votos en contra. Protege las nacientes de agua, limita el uso de sustancias tóxicas en minería (cianuro, ácido sulfúrico y clorhídrico, entre otros), prohíbe los yacimientos metalíferos a cielo abierto y la extracción de minerales nucleares (uranio y torio). “El pueblo cordobés nuevamente en peligro”, advierte el reciente comunicado de la asamblea Ongamira Despierta, uno de los epicentros donde se impulsó la ley. Es que la Cámara de Empresario Mineros de Córdoba (Cemincor) y la Asociación de Profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Actividad Nuclear (Apcnean) solicitaron al Tribunal Superior de Justicia que determine la inconstitucionalidad de la norma. El máximo tribunal aún no se expidió, pero ya aceptó tratar el caso. Córdoba ya cuenta con antecedentes graves de contaminación en yacimientos de uranio –emprendimiento Los Gigantes–, con un pasivo ambiental de cuatro millones de toneladas de mineral desde la década del ’80.
La 9526 tiene sólo seis artículos y es contundente. “Prohíbase en todo el territorio provincial la actividad minera metalífera a cielo abierto y en todas sus etapas (cateo, prospección, exploración, explotación, preparación, extracción)”, detalla el artículo uno. El número dos aborda una cuestión con poca prensa, pero conocida para los cordobeses. “Prohíbase en todo el territorio de Córdoba la actividad minera, en todas sus etapas, de minerales nucleares tales como el uranio y el torio. Dicha prohibición regirá, asimismo, para las minas actualmente concedidas, las que deberán proceder al cierre.”
La ley fue aprobada el 24 de septiembre de 2008. No limita ni afecta otras actividades mineras, como canteras, cuarzo y áridos. La Cámara Minera y la Asociación de Profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Actividad Nuclear (Apcnean) apelaron el 4 de mayo de 2009. Y El 18 de mayo de 2010, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) aceptó formalmente tratar el pedido de inconstitucionalidad, aunque no tiene plazos para expedirse. La Cámara Minera también había solicitado, hasta que se expida el STJ, la suspensión de la ley. Pero el máximo tribunal denegó ese pedido.
El secretario general de la Apcnean, Agustín Arbor González, afirmó a Página/12 que “la Ley 9526 es absurda porque no tiene en cuenta que también hay minería responsable, que cuida el ambiente, y no tiene presente que el uranio es un recurso energético para el país”. Consultado sobre las denuncias de contaminación, González derivó la consulta con “quien más sabe de medio ambiente y actividades nucleares”, Hugo Plaza, también miembro del secretariado general de la Apcnean. Plaza explicó que en Argentina hubo ocho yacimientos de uranio. “Soy uno de los encargados de los controles en centros productores. Nunca se detectó contaminación”, aseguró con firmeza. Consultado sobre el caso de Los Gigantes, luego de un silencio, reconoció: “Ahí sí hubo problemas y hay un pasivo ambiental que hace falta resolver, es que la empresa no cumplió con lo prometido”.
El presidente de la Cámara de Empresarios Mineros de Córdoba (Cemincor), Hugo Apfelbaum, explicó que en la provincia no hay reservas metalíferas en cantidad como para una explotación como en San Juan o Catamarca, y señaló que el tipo de minería en la provincia es de áridos y rocas. “Presentamos la inconstitucionalidad de la ley por el temor a que quieran prohibir toda la minería”, argumentó Apfelbaum.
En Córdoba (ni en ninguna provincia donde existen asambleas que rechazan las industrias extractivas) no se solicita la prohibición de toda la minería, sino la metalífera a gran escala, los usos masivos de explosivos, grandes remociones de tierras y químicos, además con derroche de enormes cantidades de agua.
El presidente de la Cámara Minera reconoció que la actual ley no afecta a la industria cordobesa, pero insiste que la ley es “inconstitucional y retrógrada”. Aseguró que viola la Constitucional Nacional y el Código de Minería.
“El sector minero funda su reclamo en afirmaciones falaces, llegando al extremo de sostener que la actividad minera de uranio no ha producido ningún tipo de contaminación, ni daño a la salud de persona alguna. Esta contaminación ha sucedido y es de público y notorio conocimiento”, denuncian las asambleas Ongamira Despierta y Traslasierra Despierta. En Córdoba, a 30 kilómetros de la turística Villa Carlos Paz, funcionó hasta 1989 el yacimiento de uranio Los Gigantes, denunciada por contaminar la cuenta del río San Antonio y dejar cuatro millones de toneladas de residuos de uranio. La Fundación para la Defensa del Ambiente (Funam), en base a datos de la CNEA, alertó el otro gran riesgo, el dique principal, de 28.000 metros cuadrados y con 100.000 metros cúbicos de químicos (uranio, radio, manganeso, amonio, sulfatos y nitratos, entre otros).
En Córdoba también acumula denuncias Dioxitek (productora de dióxido de uranio para las centrales de Atucha y Embalse I), que mantiene un depósito de residuos radioactivos en el barrio Alta Córdoba, en la ciudad capital. “En ambos casos, las responsabilidades recaen sobre la Comisión Nacional de Energía Atómica, son focos contaminantes que siguen lamentablemente activos. En el caso de Dioxitek, que pertenece a la CNEA, mantiene 36.000 toneladas de residuos radioactivos”, afirmaron desde Funam.
Las asambleas cordobesas adelantaron que defenderán la vigencia de la ley y se mantendrán movilizadas en defensa del ambiente sano.
Minería en Mendoza al "rojo vivo"
El debate sobre la minería en Mendoza al "rojo vivo" por la violencia sindical
Fecha de Publicación: 21/06/2010
Fuente: Mendoza On Line
Provincia/Región: Mendoza
En una semana, dos incidentes protagonizados por miembros de la UOCRA han tensado la polémica sobre el desarrollo minero. El viernes de la semana pasada y ante funcionarios de la Subsecretaría de Trabajo, los gremialistas destrozaron oficinas de la minera Potasio Río Colorado. Y el miércoles, un legislador y ambientalistas también fueron agredidos por los gremialistas.
El debate sobre la minería se han tensionado al punto tal que en la última semana ocurrieron dos violentos incidentes protagonizados por un gremio que, históricamente, se ha caracterizado por su dureza, la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA).
La agresión recibida por un legislador y ambientalistas no fue la única: hace una semana, un grupo de sindicalistas agredió y amenazó a empleados de la minera Potasio Río Colorado, en Malargüe.
La polémica por el desarrollo de la minería está abierta desde hace tiempo en nuestra provincia. A la par de los emprendimientos anunciados, millonarios por cierto, también hubo un movimiento que impugnó esas iniciativas en defensa del medio ambiente. Así ha sido hasta ahora y las tensiones han estado marcadas fundamentalmente por cortes de ruta en distintas localidades -como en San Carlos y General Alvear, en su momento-.
Sin embargo, hasta la fecha no se habían registrado incidentes. Pero finalmente, la violencia se desencadenó y se acumuló en dos oportunidades en el lapso de una semana. Ambos hechos tienen como denominador común a, por un lado, la minera Vale Do Río Doce, que gestiona el yacimiento de sales de potasio en Río Colorado, Malargüe; y, por el otro, el protagonismo de un gremio combativo, tildado de "duro", la UOCRA.
El primer incidente ocurrió el viernes 18, en las oficinas que la minera tiene en Cañadón Amarillo. Al lugar, llegó una camioneta con inspectores de la Subsecretaría de Trabajo. Al parecer, no fueron los únicos que ingresaron cuando la barrera se levantó: también entraron otros vehículos, en los que venían miembros del gremio de la construcción.
Según consta un pedido de informes aprobado por la Legislatura -y presentado por el diputado justicialista Daniel Cassia-, los funcionarios del ministerio de Gobierno recorrieron las instalaciones de la minera acompañados no sólo por los empleados, sino también por los sindicalistas. En el interín, fue naciendo una discusión cuando los gremialistas de la UOCRA plantearon sus diferencias con los empleados porque la empresa estaría contratando mano de obra foránea. Las palabras se fueron endureciendo, el tono se fue elevando y la situación se desmadró.
Amenazas a los empleados y una sala destrozada -según se supo, los gremialistas sacaron de las instalaciones equipos electrónicos para videoconferencias que estrellaron contra el piso-. Todo esto ante la mirada de los inspectores de la Subsecretaría de Trabajo -según la denuncia-.
"Los funcionarios no hicieron nada y no tiene nada que ver que ingrese el sindicato a este acto jurídico", explicó Cassia, subrayando el poder de policía de la Subsecretaría de Trabajo para ingresar a las empresas.
Por este incidente, la minera radicó una denuncia ante la Justicia -causa Nº 1134/10- donde interviene la 2º Fiscalía Correccional.
Para evitar nuevos actos de violencia, el Gobierno habría dispuesto una custodia policial para las oficinas de Río Colorado, hasta que se normalice la situación. En tanto, el hecho llamó la atención de Cassia, que presentó un pedido de informe al ministro de Gobierno, Mario Adaro, para saber por qué los inspectores de Trabajo ingresaron acompañados de los gremialistas.
La inspección la pidió el gremio
La versión del ministro Adaro es distinta a lo denunciado por Cassia. El titular de la cartera de Gobierno, de la cual depende la Subsecretaría de Trabajo, aclaró que cuando se produjeron los incidentes, los funcionarios públicos no se encontraban presentes.
Adaro explicó que la inspección había sido solicitada por el gremio de la construcción y que además se encontraban otros gremios, mineros y petroleros, pero que no participaron de la misma. Los sindicalistas, sostuvo Adaro, permanecieron en la playa de estacionamiento de la minera.
"Queríamos constatar las condiciones de los trabajadores y se hicieron actas de infracción por faltas de seguridad e higiene", informó el ministro de Gobierno. Así, Adaro señaló que las multas a la empresa brasileña llegarían a los 300 mil pesos.
Adaro sostuvo que se enteró de los incidentes por parte de la empresa y reiteró que los inspectores de Trabajo no estaban al momento de producirse los desmanes.
Un gremio duro
Este no fue el único acto violento. El miércoles 9, durante la sesión en la Cámara Baja, un legislador fue agredido verbalmente por el grupo de gremialistas de la UOCRA que esperaba en la calle con bombos y pancartas.
Blanco es uno de los legisladores que se ha mostrado crítico al plan de las obras que financiará la minera en Malargüe. Sus objeciones, ante los vacíos mostrados por el acuerdo firmado entre Vale y el Gobierno de la provincia, son consideradas como "palos en la rueda" a los ojos del gremio.
A Blanco le preocupan algunos puntos poco claros del convenio: entre ellas, la gran provisión de energía -gas, sobre todo, pero también el consumo eléctrico- que requerirá la mina para funcionar a pleno; los aportes de Vale para el Fondo de Impacto Ambiental que financiarán obras en Malargüe por 12 millones de dólares.
Mientras este acuerdo espera la ratificación legislativa, el secretario de Ambiente, Guillermo Carmona, explicó que los recursos del fondo no serán aportados a obras que necesita la empresa para funcionar, sino que estarán destinadas a Malargüe.
Roberto Blanco no fue el único que recibió las "gentilezas" de los muchachos de la construcción: también dos ambientalistas que se habían movilizado en contra del proyecto de la minera, resultaron con lesiones y fueron a parar al hospital.
El gremio que a nivel provincial dirige Néstor Romero reclama que la minera Vale emplee mano de obra mendocina. Los trabajadores han denunciado que el acuerdo entre la empresa brasileña y el gobierno "duerme" en la Casa de las Leyes.
Fecha de Publicación: 21/06/2010
Fuente: Mendoza On Line
Provincia/Región: Mendoza
En una semana, dos incidentes protagonizados por miembros de la UOCRA han tensado la polémica sobre el desarrollo minero. El viernes de la semana pasada y ante funcionarios de la Subsecretaría de Trabajo, los gremialistas destrozaron oficinas de la minera Potasio Río Colorado. Y el miércoles, un legislador y ambientalistas también fueron agredidos por los gremialistas.
El debate sobre la minería se han tensionado al punto tal que en la última semana ocurrieron dos violentos incidentes protagonizados por un gremio que, históricamente, se ha caracterizado por su dureza, la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA).
La agresión recibida por un legislador y ambientalistas no fue la única: hace una semana, un grupo de sindicalistas agredió y amenazó a empleados de la minera Potasio Río Colorado, en Malargüe.
La polémica por el desarrollo de la minería está abierta desde hace tiempo en nuestra provincia. A la par de los emprendimientos anunciados, millonarios por cierto, también hubo un movimiento que impugnó esas iniciativas en defensa del medio ambiente. Así ha sido hasta ahora y las tensiones han estado marcadas fundamentalmente por cortes de ruta en distintas localidades -como en San Carlos y General Alvear, en su momento-.
Sin embargo, hasta la fecha no se habían registrado incidentes. Pero finalmente, la violencia se desencadenó y se acumuló en dos oportunidades en el lapso de una semana. Ambos hechos tienen como denominador común a, por un lado, la minera Vale Do Río Doce, que gestiona el yacimiento de sales de potasio en Río Colorado, Malargüe; y, por el otro, el protagonismo de un gremio combativo, tildado de "duro", la UOCRA.
El primer incidente ocurrió el viernes 18, en las oficinas que la minera tiene en Cañadón Amarillo. Al lugar, llegó una camioneta con inspectores de la Subsecretaría de Trabajo. Al parecer, no fueron los únicos que ingresaron cuando la barrera se levantó: también entraron otros vehículos, en los que venían miembros del gremio de la construcción.
Según consta un pedido de informes aprobado por la Legislatura -y presentado por el diputado justicialista Daniel Cassia-, los funcionarios del ministerio de Gobierno recorrieron las instalaciones de la minera acompañados no sólo por los empleados, sino también por los sindicalistas. En el interín, fue naciendo una discusión cuando los gremialistas de la UOCRA plantearon sus diferencias con los empleados porque la empresa estaría contratando mano de obra foránea. Las palabras se fueron endureciendo, el tono se fue elevando y la situación se desmadró.
Amenazas a los empleados y una sala destrozada -según se supo, los gremialistas sacaron de las instalaciones equipos electrónicos para videoconferencias que estrellaron contra el piso-. Todo esto ante la mirada de los inspectores de la Subsecretaría de Trabajo -según la denuncia-.
"Los funcionarios no hicieron nada y no tiene nada que ver que ingrese el sindicato a este acto jurídico", explicó Cassia, subrayando el poder de policía de la Subsecretaría de Trabajo para ingresar a las empresas.
Por este incidente, la minera radicó una denuncia ante la Justicia -causa Nº 1134/10- donde interviene la 2º Fiscalía Correccional.
Para evitar nuevos actos de violencia, el Gobierno habría dispuesto una custodia policial para las oficinas de Río Colorado, hasta que se normalice la situación. En tanto, el hecho llamó la atención de Cassia, que presentó un pedido de informe al ministro de Gobierno, Mario Adaro, para saber por qué los inspectores de Trabajo ingresaron acompañados de los gremialistas.
La inspección la pidió el gremio
La versión del ministro Adaro es distinta a lo denunciado por Cassia. El titular de la cartera de Gobierno, de la cual depende la Subsecretaría de Trabajo, aclaró que cuando se produjeron los incidentes, los funcionarios públicos no se encontraban presentes.
Adaro explicó que la inspección había sido solicitada por el gremio de la construcción y que además se encontraban otros gremios, mineros y petroleros, pero que no participaron de la misma. Los sindicalistas, sostuvo Adaro, permanecieron en la playa de estacionamiento de la minera.
"Queríamos constatar las condiciones de los trabajadores y se hicieron actas de infracción por faltas de seguridad e higiene", informó el ministro de Gobierno. Así, Adaro señaló que las multas a la empresa brasileña llegarían a los 300 mil pesos.
Adaro sostuvo que se enteró de los incidentes por parte de la empresa y reiteró que los inspectores de Trabajo no estaban al momento de producirse los desmanes.
Un gremio duro
Este no fue el único acto violento. El miércoles 9, durante la sesión en la Cámara Baja, un legislador fue agredido verbalmente por el grupo de gremialistas de la UOCRA que esperaba en la calle con bombos y pancartas.
Blanco es uno de los legisladores que se ha mostrado crítico al plan de las obras que financiará la minera en Malargüe. Sus objeciones, ante los vacíos mostrados por el acuerdo firmado entre Vale y el Gobierno de la provincia, son consideradas como "palos en la rueda" a los ojos del gremio.
A Blanco le preocupan algunos puntos poco claros del convenio: entre ellas, la gran provisión de energía -gas, sobre todo, pero también el consumo eléctrico- que requerirá la mina para funcionar a pleno; los aportes de Vale para el Fondo de Impacto Ambiental que financiarán obras en Malargüe por 12 millones de dólares.
Mientras este acuerdo espera la ratificación legislativa, el secretario de Ambiente, Guillermo Carmona, explicó que los recursos del fondo no serán aportados a obras que necesita la empresa para funcionar, sino que estarán destinadas a Malargüe.
Roberto Blanco no fue el único que recibió las "gentilezas" de los muchachos de la construcción: también dos ambientalistas que se habían movilizado en contra del proyecto de la minera, resultaron con lesiones y fueron a parar al hospital.
El gremio que a nivel provincial dirige Néstor Romero reclama que la minera Vale emplee mano de obra mendocina. Los trabajadores han denunciado que el acuerdo entre la empresa brasileña y el gobierno "duerme" en la Casa de las Leyes.
Carem dejará unas 57 tn de residuos radiactivos
Ambientalistas afirman que Carem dejará unas 57 toneladas de residuos radiactivos
Fecha de Publicación: 21/06/2010
Fuente: El Comercial
Provincia/Región: Formosa
El Movimiento Ecologista Vida y Salud de Formosa se pronunció enfáticamente en contra de la instalación del reactor nuclear Carem ante un largo listado de interrogantes sin respuesta en el marco del proyecto. Advierten que en 30 años dejará 57 toneladas de residuos radiactivos, tóxicos por 20 mil años y que por un accidente, serían suficientes para terminar con toda la vida humana, animal y vegetal de la provincia de Formosa.
“Teniendo en cuenta el grado de publicidad alcanzado, el interés y la preocupación existente sobre la instalación en nuestra provincia del primer reactor nuclear del proyecto argentino CAREM y donde el Gobierno de la Provincia, acepta una ratificación por parte de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) para la instalación en nuestro territorio del nombrado reactor nuclear y que el proyecto según lo expresado por la presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica Lic. Norma Bóreo, tiene como objetivo la construcción del prototipo del primer reactor de diseño nacional y sobre el cual existen ya diferentes posturas contrarias y favorables de análisis realizados por científicos y profesores entendidos en la materia y más allá de la acción política emprendida sobre el tema y definiendo la importancia que la misma representa y que nos interesa como movimiento ambientalista, preocupados por todo lo que hace a la salud de la gente y en contra de la contaminación, deseamos dar a conocer nuestra opinión sobre este tema tan publicitado en los últimos días” dijo Víctor Cuyé, presidente de la organización.
Planteo ambientalista
Según el estudio “en un breve informe de la situación que planteamos sobre la instalación del rector CAREM en Formosa y que es importante que lo tengamos en cuenta. Los reactores nucleares pueden ser para: investigación, producción de radioisotopos y producción de energía; Para ello se admite un cierto grado de combinación de estas finalidades que son: Reactores nucleares de potencia o generadores de energía: Actualmente existen dos reactores de potencia funcionando en el país, y son: Atucha I Que es un desarrollo derivado de tecnología alemana muy eficiente y comprobado a través de muchos años; Embalse Río Tercero; Que es un desarrollo de origen canadiense ‘Candu’ que permite una eficiente producción de energía” comentaron.
Los proyectos
Al hablar de los planificados indicaron “Atucha II, se inició su construcción real en el año 1980 y va a entrar en funcionamiento supuestamente en el 2010 ¿o sea ahora?; Atucha III, que fue anunciado en varios discursos públicos, sólo existe en la mente del actual Presidente; Candu II, fue firmado el acuerdo para su construcción en septiembre 2007 con la corporación nuclear China para poner en funcionamiento reactores del tipo Candu; Carem 25, esbozado en cercanías del Atucha I. realizándose hasta la fecha el estudio geológico del terreno”, describió el ambientalista.
El proyecto a nivel local
“El Carem Formosa todavía está en estudio, sólo se cuenta con la información que existe a nivel público. La pregunta que se deben hacer los impulsores de este proyecto, ¿es más importante la producción de unos 70 o más megavatios de electricidad, que la salud, la vida y la seguridad de la gente?, nosotros creemos que existen otros recursos menos costosos para generar electricidad sin contaminar y por ello planteamos esta cuestión ambiental explicando el por qué no es conveniente la instalación de un reactor nuclear en la provincia de Formosa” señalaron.
“Si bien sabemos que un reactor nuclear de potencia bien instalado, que requiere un cuidado especial y el uso de artefactos que correctamente correspondan, es muy eficiente y limpio en la generación de energía eléctrica.
Pero el problema que surgirá es posterior y está representada por el pasivo ambiental que presentan las unidades de barras portadoras del uranio, que fue usado y que por efecto de la actividad, física nuclear, pasan a contener elementos que son altamente radiactivos y perdurables por muchísimos años”, alertó.
Aspectos relevantes
Por otro lado remarcaron: “Tenemos que tener en cuenta que el núcleo generador del reactor Carem que se quiere instalar en Formosa, debe ser renovado en su mitad cada 330 días, esto significa que en el término de 30 años, que es la vida estimada de estos reactores, nos dejará de pasivo, el equivalente a 15 reactores guardados en piletas de contención en el mismo edificio de la planta.
Estos ‘residuos’ no son basura, se los debe considerar contenedores de subproductos valiosos, como ser plutonio, cesio y diversos radioisótopos que tiene aplicación industrial, pero también la tienen en la construcción de armas nucleares y artefactos explosivos denominados sucios. Sin llegar a esto, de por sí constituyen un problema que se genera, al proceder a la gestión de los elementos irradiados y su gran potencial contaminante de efectos catastróficos” evaluaron.
Cuánta basura radiactiva generará
Por otro lado, desde MEVyS alertaron que “el núcleo del Carem tiene 3.800 kilogramos de material radiactivo por 15 recambios es igual a 57.000 kilogramos de veneno radiactivo, este material emite radiación peligrosa que dura hasta 20.000 años, y estimando lo peor, es que lo peor también puede ocurrir, esta cantidad puede terminar con toda la vida humana, animal y vegetal de la provincia de Formosa” graficó.
Pero además de estos “residuos mencionados, quedan los otros verdaderos residuos constituidos por una cantidad importantísima de elementos metálicos que por la acción de la radiación se tornan activos y quedan depositados en el lugar, ¿qué pasará cuando al fin de la vida útil del reactor ya no exista interés económico y los cuidados pasen a un segundo plano?
Es una pregunta obligada que debemos exigir que se responda antes de la construcción del reactor como así también el respeto y la aplicación de la Ley Provincial Nº 1060; Ley Nacional 24.051 de Residuos Peligrosos y Ley Nacional Nº 25.675 Ley General del Ambiente, donde se establece entre otros la obligatoriedad de los estudios de impacto ambiental y llamado a las audiencias públicas”, cerró Claudio R. Rocca, secretario del movimiento ecologista.
Fecha de Publicación: 21/06/2010
Fuente: El Comercial
Provincia/Región: Formosa
El Movimiento Ecologista Vida y Salud de Formosa se pronunció enfáticamente en contra de la instalación del reactor nuclear Carem ante un largo listado de interrogantes sin respuesta en el marco del proyecto. Advierten que en 30 años dejará 57 toneladas de residuos radiactivos, tóxicos por 20 mil años y que por un accidente, serían suficientes para terminar con toda la vida humana, animal y vegetal de la provincia de Formosa.
“Teniendo en cuenta el grado de publicidad alcanzado, el interés y la preocupación existente sobre la instalación en nuestra provincia del primer reactor nuclear del proyecto argentino CAREM y donde el Gobierno de la Provincia, acepta una ratificación por parte de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) para la instalación en nuestro territorio del nombrado reactor nuclear y que el proyecto según lo expresado por la presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica Lic. Norma Bóreo, tiene como objetivo la construcción del prototipo del primer reactor de diseño nacional y sobre el cual existen ya diferentes posturas contrarias y favorables de análisis realizados por científicos y profesores entendidos en la materia y más allá de la acción política emprendida sobre el tema y definiendo la importancia que la misma representa y que nos interesa como movimiento ambientalista, preocupados por todo lo que hace a la salud de la gente y en contra de la contaminación, deseamos dar a conocer nuestra opinión sobre este tema tan publicitado en los últimos días” dijo Víctor Cuyé, presidente de la organización.
Planteo ambientalista
Según el estudio “en un breve informe de la situación que planteamos sobre la instalación del rector CAREM en Formosa y que es importante que lo tengamos en cuenta. Los reactores nucleares pueden ser para: investigación, producción de radioisotopos y producción de energía; Para ello se admite un cierto grado de combinación de estas finalidades que son: Reactores nucleares de potencia o generadores de energía: Actualmente existen dos reactores de potencia funcionando en el país, y son: Atucha I Que es un desarrollo derivado de tecnología alemana muy eficiente y comprobado a través de muchos años; Embalse Río Tercero; Que es un desarrollo de origen canadiense ‘Candu’ que permite una eficiente producción de energía” comentaron.
Los proyectos
Al hablar de los planificados indicaron “Atucha II, se inició su construcción real en el año 1980 y va a entrar en funcionamiento supuestamente en el 2010 ¿o sea ahora?; Atucha III, que fue anunciado en varios discursos públicos, sólo existe en la mente del actual Presidente; Candu II, fue firmado el acuerdo para su construcción en septiembre 2007 con la corporación nuclear China para poner en funcionamiento reactores del tipo Candu; Carem 25, esbozado en cercanías del Atucha I. realizándose hasta la fecha el estudio geológico del terreno”, describió el ambientalista.
El proyecto a nivel local
“El Carem Formosa todavía está en estudio, sólo se cuenta con la información que existe a nivel público. La pregunta que se deben hacer los impulsores de este proyecto, ¿es más importante la producción de unos 70 o más megavatios de electricidad, que la salud, la vida y la seguridad de la gente?, nosotros creemos que existen otros recursos menos costosos para generar electricidad sin contaminar y por ello planteamos esta cuestión ambiental explicando el por qué no es conveniente la instalación de un reactor nuclear en la provincia de Formosa” señalaron.
“Si bien sabemos que un reactor nuclear de potencia bien instalado, que requiere un cuidado especial y el uso de artefactos que correctamente correspondan, es muy eficiente y limpio en la generación de energía eléctrica.
Pero el problema que surgirá es posterior y está representada por el pasivo ambiental que presentan las unidades de barras portadoras del uranio, que fue usado y que por efecto de la actividad, física nuclear, pasan a contener elementos que son altamente radiactivos y perdurables por muchísimos años”, alertó.
Aspectos relevantes
Por otro lado remarcaron: “Tenemos que tener en cuenta que el núcleo generador del reactor Carem que se quiere instalar en Formosa, debe ser renovado en su mitad cada 330 días, esto significa que en el término de 30 años, que es la vida estimada de estos reactores, nos dejará de pasivo, el equivalente a 15 reactores guardados en piletas de contención en el mismo edificio de la planta.
Estos ‘residuos’ no son basura, se los debe considerar contenedores de subproductos valiosos, como ser plutonio, cesio y diversos radioisótopos que tiene aplicación industrial, pero también la tienen en la construcción de armas nucleares y artefactos explosivos denominados sucios. Sin llegar a esto, de por sí constituyen un problema que se genera, al proceder a la gestión de los elementos irradiados y su gran potencial contaminante de efectos catastróficos” evaluaron.
Cuánta basura radiactiva generará
Por otro lado, desde MEVyS alertaron que “el núcleo del Carem tiene 3.800 kilogramos de material radiactivo por 15 recambios es igual a 57.000 kilogramos de veneno radiactivo, este material emite radiación peligrosa que dura hasta 20.000 años, y estimando lo peor, es que lo peor también puede ocurrir, esta cantidad puede terminar con toda la vida humana, animal y vegetal de la provincia de Formosa” graficó.
Pero además de estos “residuos mencionados, quedan los otros verdaderos residuos constituidos por una cantidad importantísima de elementos metálicos que por la acción de la radiación se tornan activos y quedan depositados en el lugar, ¿qué pasará cuando al fin de la vida útil del reactor ya no exista interés económico y los cuidados pasen a un segundo plano?
Es una pregunta obligada que debemos exigir que se responda antes de la construcción del reactor como así también el respeto y la aplicación de la Ley Provincial Nº 1060; Ley Nacional 24.051 de Residuos Peligrosos y Ley Nacional Nº 25.675 Ley General del Ambiente, donde se establece entre otros la obligatoriedad de los estudios de impacto ambiental y llamado a las audiencias públicas”, cerró Claudio R. Rocca, secretario del movimiento ecologista.
Biocombustibles en la Argentina
Biocombustibles en la Argentina
Fecha de Publicación: 20/06/2010
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Nacional
La llamada economía de los biocombustibles ha tenido un notable, y casi silencioso, desarrollo en muy poco tiempo. Un número basta para mostrar su magnitud: según la Asociación de Productores de Biocombustibles, el negocio alcanzará este año unos 2.100 millones de dólares.
La legislación vigente en nuestro país expresa: “Se entiende por biocombustibles al bioetanol, biodiésel y biogás, que se produzcan a partir de materias primas de origen agropecuario, agroindustrial o desechos orgánicos, que cumplan los requisitos de calidad que establezca la autoridad de aplicación”.
Cada uno de estos combustibles, cuya denominación alude a la diferencia con aquellos de origen mineral (petróleo y carbón), tiene una situación distinta en cuanto a producción y uso. Países como Alemania, Italia, Francia, Suecia son pioneros en la producción, ensayo y uso de biodiésel en automóviles; Brasil en la producción y uso de bioetanol.
La intensificación del uso de estos combustibles tiene que ver tanto con cuestiones económicas (el alto precio del petróleo), como con cuestiones ambientales dado que se trata de productos menos contaminantes.
En nuestro país la elaboración de los bíos se inició hace menos de cuatro años y en ese corto tiempo se ha convertido en el mayor exportador de biodiésel, cuya demanda se concentra en Europa.
Para comprender mejor la situación actual y lo que puede ocurrir en el futuro, es necesario tener en cuenta algunos aspectos técnicos y económicos. En cuanto a los primeros, en el caso del biodiésel, si bien las materias primeras para su elaboración pueden ser diversas, vegetales y animales, aquí es casi excluyente el uso del aceite de soja.
El aceite es un derivado del procesamiento del poroto, el otro es la harina de soja y finalmente residuos también utilizados para alimentación animal. El aceite, sometido luego a nuevo proceso industrial, termina en combustible utilizable por los motores diésel. El uso normal es mezclar una pequeña proporción del combustible vegetal con el mineral.
En el caso del bioetanol, en nuestro país la materia prima es la caña de azúcar, de la cual se extrae alcohol, con una cierta proporción de agua que luego debe ser eliminada, para poder mezclar con las naftas de origen mineral. Para el biogás se utilizan residuos industriales diversos, como pueden ser los enterraderos de residuos domiciliarios, pero su desarrollo en nuestro país es incipiente.
Los aspectos económicos están entre los más llamativos por, al menos, dos causas: una es la abundancia de materia prima, soja y caña de azúcar, la otra es un régimen promocional de producción y uso de los bíos. En el año 2006 se sancionó la Ley 26.093 sobre el “Régimen de regulación y promoción para la producción y uso sustentable de biocombustibles”.
Esta norma, compleja e intervencionista, estableció importantes beneficios fiscales para la producción, imponiendo condiciones de tamaño a las empresas y que no tuviesen participación de extranjeros, entre otras. También establece cómo se determinará el precio del producto.
Pero en realidad el estímulo mas importante es la obligación impuesta a las elaboradoras de combustibles de incorporar, a partir de este año, un porcentaje de 5% de biocombustibles a las naftas y al gasoil. Está previsto que este porcentaje se incremente año a año. Es muy importante tener en cuenta que similar obligación rige en EEUU y en la mayoría de los países europeos. Esto implica para estos nuevos productos una demanda que no tiene techo.
El resultado de este proceso es una extraordinaria transformación de la tradicional industria azucarera localizada en Tucumán, Salta y Jujuy: expansión de los cultivos de caña en cifras que asombran, nuevas formas de cultivo más eficientes y gigantescas plantas de elaboración de bioetanol. En el caso de la soja más de una veintena de plantas productoras se han instalado, la mayoría en la provincia de Santa Fe, cercanas a los puertos de exportación.
Esta transformación poco conocida también tiene su promoción industrial. Quizás deberíamos estudiarla mientras nos peleamos con nuestros vecinos por la irracional prórroga de la antigua.
Fecha de Publicación: 20/06/2010
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Nacional
La llamada economía de los biocombustibles ha tenido un notable, y casi silencioso, desarrollo en muy poco tiempo. Un número basta para mostrar su magnitud: según la Asociación de Productores de Biocombustibles, el negocio alcanzará este año unos 2.100 millones de dólares.
La legislación vigente en nuestro país expresa: “Se entiende por biocombustibles al bioetanol, biodiésel y biogás, que se produzcan a partir de materias primas de origen agropecuario, agroindustrial o desechos orgánicos, que cumplan los requisitos de calidad que establezca la autoridad de aplicación”.
Cada uno de estos combustibles, cuya denominación alude a la diferencia con aquellos de origen mineral (petróleo y carbón), tiene una situación distinta en cuanto a producción y uso. Países como Alemania, Italia, Francia, Suecia son pioneros en la producción, ensayo y uso de biodiésel en automóviles; Brasil en la producción y uso de bioetanol.
La intensificación del uso de estos combustibles tiene que ver tanto con cuestiones económicas (el alto precio del petróleo), como con cuestiones ambientales dado que se trata de productos menos contaminantes.
En nuestro país la elaboración de los bíos se inició hace menos de cuatro años y en ese corto tiempo se ha convertido en el mayor exportador de biodiésel, cuya demanda se concentra en Europa.
Para comprender mejor la situación actual y lo que puede ocurrir en el futuro, es necesario tener en cuenta algunos aspectos técnicos y económicos. En cuanto a los primeros, en el caso del biodiésel, si bien las materias primeras para su elaboración pueden ser diversas, vegetales y animales, aquí es casi excluyente el uso del aceite de soja.
El aceite es un derivado del procesamiento del poroto, el otro es la harina de soja y finalmente residuos también utilizados para alimentación animal. El aceite, sometido luego a nuevo proceso industrial, termina en combustible utilizable por los motores diésel. El uso normal es mezclar una pequeña proporción del combustible vegetal con el mineral.
En el caso del bioetanol, en nuestro país la materia prima es la caña de azúcar, de la cual se extrae alcohol, con una cierta proporción de agua que luego debe ser eliminada, para poder mezclar con las naftas de origen mineral. Para el biogás se utilizan residuos industriales diversos, como pueden ser los enterraderos de residuos domiciliarios, pero su desarrollo en nuestro país es incipiente.
Los aspectos económicos están entre los más llamativos por, al menos, dos causas: una es la abundancia de materia prima, soja y caña de azúcar, la otra es un régimen promocional de producción y uso de los bíos. En el año 2006 se sancionó la Ley 26.093 sobre el “Régimen de regulación y promoción para la producción y uso sustentable de biocombustibles”.
Esta norma, compleja e intervencionista, estableció importantes beneficios fiscales para la producción, imponiendo condiciones de tamaño a las empresas y que no tuviesen participación de extranjeros, entre otras. También establece cómo se determinará el precio del producto.
Pero en realidad el estímulo mas importante es la obligación impuesta a las elaboradoras de combustibles de incorporar, a partir de este año, un porcentaje de 5% de biocombustibles a las naftas y al gasoil. Está previsto que este porcentaje se incremente año a año. Es muy importante tener en cuenta que similar obligación rige en EEUU y en la mayoría de los países europeos. Esto implica para estos nuevos productos una demanda que no tiene techo.
El resultado de este proceso es una extraordinaria transformación de la tradicional industria azucarera localizada en Tucumán, Salta y Jujuy: expansión de los cultivos de caña en cifras que asombran, nuevas formas de cultivo más eficientes y gigantescas plantas de elaboración de bioetanol. En el caso de la soja más de una veintena de plantas productoras se han instalado, la mayoría en la provincia de Santa Fe, cercanas a los puertos de exportación.
Esta transformación poco conocida también tiene su promoción industrial. Quizás deberíamos estudiarla mientras nos peleamos con nuestros vecinos por la irracional prórroga de la antigua.
La pelea por la basura de la Capital
La pelea por la basura de la ciudad
Fecha de Publicación: 19/06/2010
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Capital
El gobierno porteño emplea sólo el 50% de los 4000 recuperadores urbanos que realizan un importante trabajo de limpieza y reciclado
"Soy una bruja más conocida que la ruda", dice María Julia Navarro, parada en la esquina de Uriarte y Charcas, mientras se asoma por detrás de la enorme bolsa de arpillera. La Bruja se ufana del alcance del apodo que le dieron sus compañeros de la Cooperativa El Ceibo , que desde 1997 recolecta, puerta a puerta, los residuos secos (prácticamente todo aquello que no es o no tiene restos de comida) para destinarlos al reciclado. Y por ese nombre la conocen también los 2600 vecinos que participan del proyecto.
Ella es uno de los 70 trabajadores que a partir de 2002 pasaron de ser cartoneros a recuperadores urbanos, según la denominación en el marco de la ley 992, y que les brinda una entidad más específica. ¿Pero qué importancia tiene un rótulo si no encuentra su correlato en lo real? Así es como ellos armaron y mantienen día a día una logística que busca hacer productiva una gran porción de lo que llamamos basura. Eso de lo que cada habitante produce 450 kilos al año y de lo que la ciudad envía 5000 toneladas diarias a los rellenos sanitarios del conurbano.
Según estimaciones oficiales, existen en la ciudad unos 4000 recuperadores urbanos. Alrededor del 50% está empleado por el gobierno y una buena parte de ese porcentaje se aglutina bajo el ala de las cooperativas.
El Ceibo es una de las once cooperativas recuperadoras que hoy figuran en el Registro Permanente de Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas (Repyme) del gobierno porteño. Otras tres están en proceso de trámite. Posee dos bases de tareas: una sede en Paraguay 4742 y un centro verde, en el barrio de Retiro.
La rutina de trabajo está perfectamente sincronizada. Por la mañana, de 8 a 14, se retira el material de casas y comercios de los alrededores. Por la tarde, los residuos se someten a una segunda clasificación y posterior prensado en Retiro, quedando listos para la venta. "En el caso de El Ceibo, la mayor parte se vende a intermediarios que revenden a recicladoras como Papelera del Sur y Reciclar SA", explica Valeria Corbalán, secretaria de la cooperativa.
Además de la basura que aportan los vecinos, reciben cargas de empresas, Cliba, Aesa y siete rutas que realiza el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE). "Procesamos doce toneladas por día, pero tendríamos que estar en cien. Hace más de un año que no recibimos ningún subsidio. Si nos hubieran bancado habríamos crecido más", sostiene Corbalán.
Cristina Lescano, presidenta de El Ceibo, asegura que, por convenio, el gobierno porteño debería mantener el centro verde, construido en terrenos del Organismo Nacional de Administración de Bienes del Estado (Onabe), pero no lo hace. Lo que sí les dio, en cumplimiento con la ley 992, son uniformes y guantes.
En la espalda del mameluco de la Bruja se puede leer la inscripción Con mi trabajo, Palermo más limpio. Y ella hace honor a lo puesto. Su primera parada es frente a una librería de la calle Uriarte. A su encuentro sale Soledad, vecina que colabora desde hace tres años con papeles y cartones. "Hay días que acumulo tanto que si no aparece la quiero matar", dice entretenida. Mientras tanto, María Julia hace alarde de su destreza y se vuelve todo trabajo: volcar, compactar, remontar el carrito.
Anita, encargada de un edificio de Güemes al 4500, guarda los residuos que le separan algunos propietarios. "¿De qué programa vinieron a entrevistarte hoy?", bromea, mientras le alcanza las bolsas a María Julia.
La tarea de El Ceibo en Palermo captó la atención de la ONU. Fue uno de los cinco emprendimientos sociales que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) seleccionó para participar de la Feria del Conocimiento, que se realizó en Marruecos este año.
* * *
Es una mañana soleada y Sergio Sánchez está sentado en el camión que se dirige hacia las oficinas de Oca para cargar material. Sólo mira para adelante concentrado en cómo sortear el desafío del tránsito en horas pico. Sánchez es el presidente de la Asociación El Amanecer de los Cartoneros del MTE, que hoy reúne a 2000 recuperadores.
A primera hora del día, los choferes se distribuyen 22 rutas establecidas para pasar a recolectar por los grandes generadores, como supermercados, hoteles, fábricas y hospitales. Por la tarde, en esos camiones se trasladan los carritos de los cartoneros, que viajan en un micro aparte, hacia la ciudad, llevándolos de regreso con la carga. Y por último, durante la noche, distribuyen el material acopiado a las cooperativas.
"También tenemos una guardería donde los recuperadores pueden dejar a sus hijos el tiempo que se encuentran en la calle. En Villa Fiorito da apoyo escolar, comida y aseo a 153 chicos de hasta 15 años", explica Vanesa, operaria efectiva hace un mes.
"Los dos últimos años encontramos voluntad para solucionar el problema de los cartoneros. Tenemos ropa, credencial, obra social y un convenio con el gobierno porteño por el cual los choferes y operarios de la mañana tienen su sueldo, y los cartoneros de la tarde un incentivo. Pero la lucha es constante. Necesitamos más camiones y un centro verde, por ejemplo, para seguir creciendo", indica el líder de este movimiento ajeno a cualquier bandería política, que por día traslada unas 20 toneladas provenientes de los generadores a El Ceibo, El Alamo, Madreselvas, Reciclando Sueños y Cooperativa del Oeste.
* * *
La Cooperativa del Oeste se gestó en el garaje de una casa. Era 2003 cuando Jorge Olmedo y otros vecinos del barrio de Liniers empezaron a pensar alternativas frente a la crisis. Jorge era cerrajero, tenía un auto nuevo, un departamento en la costa y alquilaba un negocio en pleno centro. De a poco fue perdiendo todo.
"Nos constituimos en cooperativa cuando un vecino que trabajaba en el Banco Credicoop nos acercó un proyecto. Empezamos puerta por puerta a pedir cartón, papel, diarios. Hoy gestionamos el centro verde de Villa Soldati", cuenta.
La cooperativa hace un trabajo fino sobre 3500 a 4000 kilos diarios de residuos sólidos. "Nuestro termómetro de la realidad económica son los materiales con los que trabajamos. Por ejemplo, si la cosa va bien tenemos muchas más botellas de gaseosas de primera línea." A diferencia de El Ceibo, Olmedo sostiene que los 28 trabajadores de la planta no recibieron vestimenta ni guantes.
Sobre las dificultades con las que se topan las cooperativas consultadas, Diego Santilli, ministro de Ambiente y Espacio Público porteño, admitió: "Existe un problema presupuestario. Hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos. Es muy difícil incluir a todos los cartoneros".
En este sentido, la discusión de los pliegos de licitación del servicio de recolección de basura puede ser una oportunidad. Uno involucra los residuos húmedos, no reciclables por el momento en nuestro país, y otro los sólidos, mediante el cual se elegirá a las cooperativas. "Con este proyecto queremos garantizar la logística y concientizar sobre la separación de residuos en origen", agregó el funcionario. Además dijo que con la nueva licitación, el próximo año, todas las esquinas de la ciudad tendrán un contenedor (hoy lo está en un 28 por ciento).
En las cooperativas, por supuesto, se están debatiendo los pliegos. "Es una locura pensar que las cooperativas harán el trabajo sin ningún apoyo, valiéndose tan sólo del beneficio económico que puedan dar los residuos", asegura Olmedo.
Con esta puesta a consulta, las cooperativas temen también una explosión de entidades.
Más allá de estas dificultades, la labor cotidiana de los cartoneros mejora la limpieza de las calles y, en muchos casos, les brinda una forma de vida.
Una ley que todavía no se aplica
La cuestión de los residuos sólidos urbanos continúa siendo para la ciudad de Buenos Aires uno de sus problemas más acuciantes. A más de cuatro años de la sanción por unanimidad de la ley basura cero, el gobierno porteño no ha dado pasos significativos en la implementación efectiva de esta ley, a pesar de las demandas de las organizaciones de la sociedad civil.
A su vez, las autoridades han asumido obligaciones legales y contractuales que no están cumpliendo. La asignatura pendiente más significativa es la ausencia de un enfoque integral para abordar el tema de los residuos, haciendo foco en la separación en origen -lo cual constituye una obligación para los generadores domiciliarios y especiales- y en la recolección diferenciada de los residuos secos y húmedos. Mientras no se promueva el cumplimiento de esta obligación con campañas sostenidas en el tiempo, de la mano de un servicio de recolección diferenciada, la ciudad no logrará disminuir de manera contundente la cantidad de toneladas diarias que envía al territorio bonaerense para su enterramiento en rellenos.
En este contexto es importante destacar el inestimable trabajo de los recuperadores urbanos, que claramente prestan un servicio a la ciudad, reconocido por la ley 992.
Ellos son los artífices de que al menos parte de la ciudadanía haya tomado conciencia de la importancia crucial de separar aquellos materiales con valor económico que aún pueden ser reincorporados a procesos productivos o reusados.
En breve, el gobierno deberá definir los pliegos para el llamado a licitación del servicio de recolección de residuos, y en este sentido tiene la oportunidad histórica de cumplir con lo que indica la ley basura cero. De aquí en adelante la ciudadanía estará entonces en condiciones de evaluar si el ambiente y la sociedad constituyen una prioridad para la actual administración.
Fecha de Publicación: 19/06/2010
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Capital
El gobierno porteño emplea sólo el 50% de los 4000 recuperadores urbanos que realizan un importante trabajo de limpieza y reciclado
"Soy una bruja más conocida que la ruda", dice María Julia Navarro, parada en la esquina de Uriarte y Charcas, mientras se asoma por detrás de la enorme bolsa de arpillera. La Bruja se ufana del alcance del apodo que le dieron sus compañeros de la Cooperativa El Ceibo , que desde 1997 recolecta, puerta a puerta, los residuos secos (prácticamente todo aquello que no es o no tiene restos de comida) para destinarlos al reciclado. Y por ese nombre la conocen también los 2600 vecinos que participan del proyecto.
Ella es uno de los 70 trabajadores que a partir de 2002 pasaron de ser cartoneros a recuperadores urbanos, según la denominación en el marco de la ley 992, y que les brinda una entidad más específica. ¿Pero qué importancia tiene un rótulo si no encuentra su correlato en lo real? Así es como ellos armaron y mantienen día a día una logística que busca hacer productiva una gran porción de lo que llamamos basura. Eso de lo que cada habitante produce 450 kilos al año y de lo que la ciudad envía 5000 toneladas diarias a los rellenos sanitarios del conurbano.
Según estimaciones oficiales, existen en la ciudad unos 4000 recuperadores urbanos. Alrededor del 50% está empleado por el gobierno y una buena parte de ese porcentaje se aglutina bajo el ala de las cooperativas.
El Ceibo es una de las once cooperativas recuperadoras que hoy figuran en el Registro Permanente de Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas (Repyme) del gobierno porteño. Otras tres están en proceso de trámite. Posee dos bases de tareas: una sede en Paraguay 4742 y un centro verde, en el barrio de Retiro.
La rutina de trabajo está perfectamente sincronizada. Por la mañana, de 8 a 14, se retira el material de casas y comercios de los alrededores. Por la tarde, los residuos se someten a una segunda clasificación y posterior prensado en Retiro, quedando listos para la venta. "En el caso de El Ceibo, la mayor parte se vende a intermediarios que revenden a recicladoras como Papelera del Sur y Reciclar SA", explica Valeria Corbalán, secretaria de la cooperativa.
Además de la basura que aportan los vecinos, reciben cargas de empresas, Cliba, Aesa y siete rutas que realiza el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE). "Procesamos doce toneladas por día, pero tendríamos que estar en cien. Hace más de un año que no recibimos ningún subsidio. Si nos hubieran bancado habríamos crecido más", sostiene Corbalán.
Cristina Lescano, presidenta de El Ceibo, asegura que, por convenio, el gobierno porteño debería mantener el centro verde, construido en terrenos del Organismo Nacional de Administración de Bienes del Estado (Onabe), pero no lo hace. Lo que sí les dio, en cumplimiento con la ley 992, son uniformes y guantes.
En la espalda del mameluco de la Bruja se puede leer la inscripción Con mi trabajo, Palermo más limpio. Y ella hace honor a lo puesto. Su primera parada es frente a una librería de la calle Uriarte. A su encuentro sale Soledad, vecina que colabora desde hace tres años con papeles y cartones. "Hay días que acumulo tanto que si no aparece la quiero matar", dice entretenida. Mientras tanto, María Julia hace alarde de su destreza y se vuelve todo trabajo: volcar, compactar, remontar el carrito.
Anita, encargada de un edificio de Güemes al 4500, guarda los residuos que le separan algunos propietarios. "¿De qué programa vinieron a entrevistarte hoy?", bromea, mientras le alcanza las bolsas a María Julia.
La tarea de El Ceibo en Palermo captó la atención de la ONU. Fue uno de los cinco emprendimientos sociales que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) seleccionó para participar de la Feria del Conocimiento, que se realizó en Marruecos este año.
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Es una mañana soleada y Sergio Sánchez está sentado en el camión que se dirige hacia las oficinas de Oca para cargar material. Sólo mira para adelante concentrado en cómo sortear el desafío del tránsito en horas pico. Sánchez es el presidente de la Asociación El Amanecer de los Cartoneros del MTE, que hoy reúne a 2000 recuperadores.
A primera hora del día, los choferes se distribuyen 22 rutas establecidas para pasar a recolectar por los grandes generadores, como supermercados, hoteles, fábricas y hospitales. Por la tarde, en esos camiones se trasladan los carritos de los cartoneros, que viajan en un micro aparte, hacia la ciudad, llevándolos de regreso con la carga. Y por último, durante la noche, distribuyen el material acopiado a las cooperativas.
"También tenemos una guardería donde los recuperadores pueden dejar a sus hijos el tiempo que se encuentran en la calle. En Villa Fiorito da apoyo escolar, comida y aseo a 153 chicos de hasta 15 años", explica Vanesa, operaria efectiva hace un mes.
"Los dos últimos años encontramos voluntad para solucionar el problema de los cartoneros. Tenemos ropa, credencial, obra social y un convenio con el gobierno porteño por el cual los choferes y operarios de la mañana tienen su sueldo, y los cartoneros de la tarde un incentivo. Pero la lucha es constante. Necesitamos más camiones y un centro verde, por ejemplo, para seguir creciendo", indica el líder de este movimiento ajeno a cualquier bandería política, que por día traslada unas 20 toneladas provenientes de los generadores a El Ceibo, El Alamo, Madreselvas, Reciclando Sueños y Cooperativa del Oeste.
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La Cooperativa del Oeste se gestó en el garaje de una casa. Era 2003 cuando Jorge Olmedo y otros vecinos del barrio de Liniers empezaron a pensar alternativas frente a la crisis. Jorge era cerrajero, tenía un auto nuevo, un departamento en la costa y alquilaba un negocio en pleno centro. De a poco fue perdiendo todo.
"Nos constituimos en cooperativa cuando un vecino que trabajaba en el Banco Credicoop nos acercó un proyecto. Empezamos puerta por puerta a pedir cartón, papel, diarios. Hoy gestionamos el centro verde de Villa Soldati", cuenta.
La cooperativa hace un trabajo fino sobre 3500 a 4000 kilos diarios de residuos sólidos. "Nuestro termómetro de la realidad económica son los materiales con los que trabajamos. Por ejemplo, si la cosa va bien tenemos muchas más botellas de gaseosas de primera línea." A diferencia de El Ceibo, Olmedo sostiene que los 28 trabajadores de la planta no recibieron vestimenta ni guantes.
Sobre las dificultades con las que se topan las cooperativas consultadas, Diego Santilli, ministro de Ambiente y Espacio Público porteño, admitió: "Existe un problema presupuestario. Hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos. Es muy difícil incluir a todos los cartoneros".
En este sentido, la discusión de los pliegos de licitación del servicio de recolección de basura puede ser una oportunidad. Uno involucra los residuos húmedos, no reciclables por el momento en nuestro país, y otro los sólidos, mediante el cual se elegirá a las cooperativas. "Con este proyecto queremos garantizar la logística y concientizar sobre la separación de residuos en origen", agregó el funcionario. Además dijo que con la nueva licitación, el próximo año, todas las esquinas de la ciudad tendrán un contenedor (hoy lo está en un 28 por ciento).
En las cooperativas, por supuesto, se están debatiendo los pliegos. "Es una locura pensar que las cooperativas harán el trabajo sin ningún apoyo, valiéndose tan sólo del beneficio económico que puedan dar los residuos", asegura Olmedo.
Con esta puesta a consulta, las cooperativas temen también una explosión de entidades.
Más allá de estas dificultades, la labor cotidiana de los cartoneros mejora la limpieza de las calles y, en muchos casos, les brinda una forma de vida.
Una ley que todavía no se aplica
La cuestión de los residuos sólidos urbanos continúa siendo para la ciudad de Buenos Aires uno de sus problemas más acuciantes. A más de cuatro años de la sanción por unanimidad de la ley basura cero, el gobierno porteño no ha dado pasos significativos en la implementación efectiva de esta ley, a pesar de las demandas de las organizaciones de la sociedad civil.
A su vez, las autoridades han asumido obligaciones legales y contractuales que no están cumpliendo. La asignatura pendiente más significativa es la ausencia de un enfoque integral para abordar el tema de los residuos, haciendo foco en la separación en origen -lo cual constituye una obligación para los generadores domiciliarios y especiales- y en la recolección diferenciada de los residuos secos y húmedos. Mientras no se promueva el cumplimiento de esta obligación con campañas sostenidas en el tiempo, de la mano de un servicio de recolección diferenciada, la ciudad no logrará disminuir de manera contundente la cantidad de toneladas diarias que envía al territorio bonaerense para su enterramiento en rellenos.
En este contexto es importante destacar el inestimable trabajo de los recuperadores urbanos, que claramente prestan un servicio a la ciudad, reconocido por la ley 992.
Ellos son los artífices de que al menos parte de la ciudadanía haya tomado conciencia de la importancia crucial de separar aquellos materiales con valor económico que aún pueden ser reincorporados a procesos productivos o reusados.
En breve, el gobierno deberá definir los pliegos para el llamado a licitación del servicio de recolección de residuos, y en este sentido tiene la oportunidad histórica de cumplir con lo que indica la ley basura cero. De aquí en adelante la ciudadanía estará entonces en condiciones de evaluar si el ambiente y la sociedad constituyen una prioridad para la actual administración.
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