Piden que Filmus declare por la Ley de Glaciares
19:24 | 
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Piden que Filmus declare en la causa sobre el veto a la Ley de Glaciares
Fecha de Publicación: 03/08/2009
Fuente: La Política On Line
Provincia/Región: Nacional
El fiscal a cargo del expediente donde se investiga si hubo funcionarios que hicieron lobby a favor de la minera Barrick Gold pidió que el senador kirchnerista preste declaración. Es una de las tantas voces del oficialismo que criticaron el veto de Cristina.
La controversia sobre el veto presidencial a la Ley de Protección de Glaciares llegó a la Justicia. Allí se investiga, desde el año pasado, si hubo funcionarios que hicieron lobby a favor de la minera Barrick Gold, tal como denunció el diputado nacional alejado del kirchnerismo, Miguel Bonasso.
Bonasso había señalado que el veto, había sido impulsado por los intereses cercanos a la industria minera del gobernador de San Juan, José Luis Gioja y de su hermano el senador César Ambrosio Gioja, presidente de la Comisión de Minería del Senado. El caso llegó a Tribunales cuando el fiscal federal Federico Delgado hizo la denuncia.
El expediente quedó en manos del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi y del fiscal Jorge Di Lello. En diciembre del año pasado De Lello impulsó la investigación judicial para determinar si hubo negociaciones incompatibles con al función pública de alguno de los funcionarios que intervinieron para que fuera vetada la ley de Glaciares. El veto realizado por Cristina Fernández de Kirchner a la Ley que había sido aprobada por el Parlamento, abrió fisuras en el oficialismo. Una de las tantas voces en contra del veto fue la del senador nacional kirchnerista por la Capital, Daniel Filmus.
Después de meses de investigación, el fiscal pidió la semana pasada algunas medidas de prueba para seguir acumulando datos en el expediente. Di Lello quiere que el senador oficialista Filmus, declare en los Tribunales para incorporar sus apreciaciones a la investigación, según informa el blog periodístico Política&Pelotas.
También pidió que declare la ex diputada nacional Marta Maffei, autora del proyecto que se transformó en Ley y luego fue vetado por CFK. Y además quiere escuchar la voz de Ricardo Villalba, director del Instituto de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales, del ambientalista Javier Rodríguez Pardo, de Raúl Montero, vocal del Instituto de Exploraciones y Explotaciones Mineras y del periodista Juan Carlos Aguirre de la revista sanjuanina “La Séptima” que reveló la relación entre los Gioja y los intereses de la industria minera.
El fiscal quiere que declare el dueño de la publicación, Carlos Castro Espinosa y el escribano Rodolfo Mó. Fue Mó quien, a pedido de Castro Espinosa, certificó la existencia de una página de Internet de la firma minera Bentonitas Santa Gema en la que César Gioja figuraba como dueño de la empresa que, a su vez, era proveedora de Barrick Gold. Eso sería una incompatibilidad. La página web desapareció luego de la publicación de la revista.
No es la primera vez que De Lello pide medidas en la investigación que, paso a paso, avanza en Tribunales. Diez días antes de las elecciones, pidió que tanto la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas cuanto la Oficina Anticorrupción fueran informadas de la existencia de la investigación judicial.
También solicitó documentación al Ministerio de Planificación, a la secretaría Legal y Técnica, al Senado de la Nación, a la Comisión Interdisciplinaria de Evaluación Ambiental Minera del Gobierno de la Provincia de San Juan y la Unidad de gestión Ambiental Minera de la Provincia de San Juan, informes sobre los proyecto mineros Pascua Lama y Veladero.
Fecha de Publicación: 03/08/2009
Fuente: La Política On Line
Provincia/Región: Nacional
El fiscal a cargo del expediente donde se investiga si hubo funcionarios que hicieron lobby a favor de la minera Barrick Gold pidió que el senador kirchnerista preste declaración. Es una de las tantas voces del oficialismo que criticaron el veto de Cristina.
La controversia sobre el veto presidencial a la Ley de Protección de Glaciares llegó a la Justicia. Allí se investiga, desde el año pasado, si hubo funcionarios que hicieron lobby a favor de la minera Barrick Gold, tal como denunció el diputado nacional alejado del kirchnerismo, Miguel Bonasso.
Bonasso había señalado que el veto, había sido impulsado por los intereses cercanos a la industria minera del gobernador de San Juan, José Luis Gioja y de su hermano el senador César Ambrosio Gioja, presidente de la Comisión de Minería del Senado. El caso llegó a Tribunales cuando el fiscal federal Federico Delgado hizo la denuncia.
El expediente quedó en manos del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi y del fiscal Jorge Di Lello. En diciembre del año pasado De Lello impulsó la investigación judicial para determinar si hubo negociaciones incompatibles con al función pública de alguno de los funcionarios que intervinieron para que fuera vetada la ley de Glaciares. El veto realizado por Cristina Fernández de Kirchner a la Ley que había sido aprobada por el Parlamento, abrió fisuras en el oficialismo. Una de las tantas voces en contra del veto fue la del senador nacional kirchnerista por la Capital, Daniel Filmus.
Después de meses de investigación, el fiscal pidió la semana pasada algunas medidas de prueba para seguir acumulando datos en el expediente. Di Lello quiere que el senador oficialista Filmus, declare en los Tribunales para incorporar sus apreciaciones a la investigación, según informa el blog periodístico Política&Pelotas.
También pidió que declare la ex diputada nacional Marta Maffei, autora del proyecto que se transformó en Ley y luego fue vetado por CFK. Y además quiere escuchar la voz de Ricardo Villalba, director del Instituto de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales, del ambientalista Javier Rodríguez Pardo, de Raúl Montero, vocal del Instituto de Exploraciones y Explotaciones Mineras y del periodista Juan Carlos Aguirre de la revista sanjuanina “La Séptima” que reveló la relación entre los Gioja y los intereses de la industria minera.
El fiscal quiere que declare el dueño de la publicación, Carlos Castro Espinosa y el escribano Rodolfo Mó. Fue Mó quien, a pedido de Castro Espinosa, certificó la existencia de una página de Internet de la firma minera Bentonitas Santa Gema en la que César Gioja figuraba como dueño de la empresa que, a su vez, era proveedora de Barrick Gold. Eso sería una incompatibilidad. La página web desapareció luego de la publicación de la revista.
No es la primera vez que De Lello pide medidas en la investigación que, paso a paso, avanza en Tribunales. Diez días antes de las elecciones, pidió que tanto la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas cuanto la Oficina Anticorrupción fueran informadas de la existencia de la investigación judicial.
También solicitó documentación al Ministerio de Planificación, a la secretaría Legal y Técnica, al Senado de la Nación, a la Comisión Interdisciplinaria de Evaluación Ambiental Minera del Gobierno de la Provincia de San Juan y la Unidad de gestión Ambiental Minera de la Provincia de San Juan, informes sobre los proyecto mineros Pascua Lama y Veladero.
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Ambientalistas alertan sobre el Garabí
Ambientalistas alertan que Garabí es el paso previo a la instalación de pasteras
Fecha de Publicación: 03/08/2009
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Corrientes
Desde las organizaciones de protección ambiental de Corrientes manifestaron su oposición a la construcción de la hidroeléctrica Garabí y advirtieron que se trata del paso previo a la radicación de pasteras. Además, ponen en duda los beneficios energéticos que prevé la obra.
La polémica instalada principalmente en la provincia de Misiones por la construcción de la central hidroeléctrica de Garabí cruzó la frontera y llegó a las asociaciones ambientalistas de nuestra provincia. Además de oponerse a la concreción del proyecto energético, los ecologistas consideran que la radicación de la hidroeléctrica es el paso previo a la instalación de una industria pastera dentro de los límites provinciales y sobre la costa del río Uruguay, cuestión que rechazan de lleno por el alto impacto que recibiría el recurso hídrico y las poblaciones radicadas en la zona. En este aspecto, llamaron a que las autoridades plebisciten el proyecto, tal cual propusieron desde la Legislatura misionera.
A la oposición del Ejecutivo de Misiones, desde donde consideran que la provincia recibirá todos los impactos ambientales por la radicación de Garabí, se sumó en los últimos días la del sector ambientalista de Corrientes. En este caso, Eduardo Basso del Pont, ex presidente de la Asociación Ambientalista Goya y actual consultor de distintas entidades ecologistas de la provincia, consideró negativa la construcción de la represa hidroeléctrica en la localidad de Garruchos, dado que afectará enormemente la biodiversidad del río Uruguay, el cual ya está muy castigado por la instalación de la represa de Salto Grande, en Entre Ríos, y la pastera Botnia, en Uruguay.
Pero la consideración más importante de Basso del Pont -y de los ambientalistas correntinos- es que la búsqueda por construir Garabí tiene como fin la generación de la energía suficiente que permita el funcionamiento de una industria pastera. “Garabí es el paso previo a la instalación de una pastera en Corrientes, con las consecuencias que esto acarrearía para el río”, dijo el abogado ambientalista.
En este sentido, el letrado alertó que la central no producirá los beneficios energéticos que promete, ya que “está demostrado que las hidroeléctricas generan sólo el 43% de su capacidad por todos los cambios que tienen los ríos”, sostuvo el ecologista goyano, quien a la vez comentó que “en Brasil pudrieron todos los ríos con centrales hidroeléctricas y aún hoy tienen un déficit energético muy importante”. Es por esto -señaló- que en el vecino país se están llevando a cabo varios proyectos de energía eólica.
Basso del Pont anunció que las asociaciones estudiarán la situación, y pidió que se realicen audiencias públicas “serias” para debatir el proyecto Garabí y sus impactos ambientales. En este caso, el letrado goyano celebró la iniciativa de Misiones de llamar a un plebiscito para que la población decida si está de acuerdo o no con la construcción de la represa hidroeléctrica. “Corrientes tendría que hacer lo mismo que Misiones con la participación ciudadana”, sostuvo.
Fecha de Publicación: 03/08/2009
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Corrientes
Desde las organizaciones de protección ambiental de Corrientes manifestaron su oposición a la construcción de la hidroeléctrica Garabí y advirtieron que se trata del paso previo a la radicación de pasteras. Además, ponen en duda los beneficios energéticos que prevé la obra.
La polémica instalada principalmente en la provincia de Misiones por la construcción de la central hidroeléctrica de Garabí cruzó la frontera y llegó a las asociaciones ambientalistas de nuestra provincia. Además de oponerse a la concreción del proyecto energético, los ecologistas consideran que la radicación de la hidroeléctrica es el paso previo a la instalación de una industria pastera dentro de los límites provinciales y sobre la costa del río Uruguay, cuestión que rechazan de lleno por el alto impacto que recibiría el recurso hídrico y las poblaciones radicadas en la zona. En este aspecto, llamaron a que las autoridades plebisciten el proyecto, tal cual propusieron desde la Legislatura misionera.
A la oposición del Ejecutivo de Misiones, desde donde consideran que la provincia recibirá todos los impactos ambientales por la radicación de Garabí, se sumó en los últimos días la del sector ambientalista de Corrientes. En este caso, Eduardo Basso del Pont, ex presidente de la Asociación Ambientalista Goya y actual consultor de distintas entidades ecologistas de la provincia, consideró negativa la construcción de la represa hidroeléctrica en la localidad de Garruchos, dado que afectará enormemente la biodiversidad del río Uruguay, el cual ya está muy castigado por la instalación de la represa de Salto Grande, en Entre Ríos, y la pastera Botnia, en Uruguay.
Pero la consideración más importante de Basso del Pont -y de los ambientalistas correntinos- es que la búsqueda por construir Garabí tiene como fin la generación de la energía suficiente que permita el funcionamiento de una industria pastera. “Garabí es el paso previo a la instalación de una pastera en Corrientes, con las consecuencias que esto acarrearía para el río”, dijo el abogado ambientalista.
En este sentido, el letrado alertó que la central no producirá los beneficios energéticos que promete, ya que “está demostrado que las hidroeléctricas generan sólo el 43% de su capacidad por todos los cambios que tienen los ríos”, sostuvo el ecologista goyano, quien a la vez comentó que “en Brasil pudrieron todos los ríos con centrales hidroeléctricas y aún hoy tienen un déficit energético muy importante”. Es por esto -señaló- que en el vecino país se están llevando a cabo varios proyectos de energía eólica.
Basso del Pont anunció que las asociaciones estudiarán la situación, y pidió que se realicen audiencias públicas “serias” para debatir el proyecto Garabí y sus impactos ambientales. En este caso, el letrado goyano celebró la iniciativa de Misiones de llamar a un plebiscito para que la población decida si está de acuerdo o no con la construcción de la represa hidroeléctrica. “Corrientes tendría que hacer lo mismo que Misiones con la participación ciudadana”, sostuvo.
Presenta Indicadores de Desarrollo Sostenible
Secretaría de Ambiente presenta Indicadores de Desarrollo Sostenible de Argentina
Fecha de Publicación: 03/08/2009
Fuente: Secretaría de Ambiente
Provincia/Región: Nacional
Elaborada por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS) junto a técnicos de 39 organismos del Estado nacional, el próximo martes 4 de agosto a las 11 hs., en la sede de la cartera ambiental -San Martín 451-, se llevará a cabo la presentación oficial de la cuarta edición del “Sistema de Indicadores de Desarrollo Sostenible” de la República Argentina. La lectura integrada de los 68 indicadores de sustentabilidad analizados para este estudio revela que las políticas implementadas desde 2005 han mejorado fundamentalmente aspectos económicos y sociales.
“Asumimos el compromiso de trabajar por una armonía entre ambiente y producción, que implique la generación de empleo, inclusión social y equidad en nuestra sociedad,” asevera el secretario de Ambiente de la Nación, Homero M. Bibiloni, al hablar del trabajo cuyos resultados arrojaron una mejora en los aspectos económicos y sociales, desde el 2005 a la fecha.
Dicha publicación ofrece un conjunto de indicadores referidos a temas sociales, económicos, ambientales e institucionales que permiten una visión integral del desarrollo en los últimos años.
En referencia a patrones ambientales destaca la mayor responsabilidad empresarial evidenciada mediante el aumento del porcentaje de empresas que incorporan medidas de gestión ambiental. Desde el año 2002, empresas encuestadas han incorporado sistemas para el tratamiento de efluentes líquidos y gaseosos, ahorro energético, reciclado y reutilización de insumos y productos.
Además, la publicación da cuenta de que se registra un aumento del uso de la superficie destinada a la agricultura, con su correlato en el aumento del consumo de plaguicidas y fertilizantes, al mismo tiempo que el trabajo destaca una importante reducción en el uso de clorofluorocarbonados (CFCs), sustancias que agotan la capa de ozono, alcanzando un valor mínimo para el año 2008. Este dato permite afirmar que el país ha cumplido con creces las metas comprometidas en el Protocolo de Montreal.
Abordado desde una mirada multidisciplinaria e interinstitucional, este informe anual se actualiza y revisa desde hace cuatro años, con el objeto de constituir una herramienta para la gestión e información pública ya que permita monitorear a nivel nacional la trayectoria del desarrollo sostenible, definir prioridades y mejorar la adopción de decisiones.
La supervisión y redacción general del documento estuvo a cargo de Patricia Maccagno, Directora de Impacto Ambiental y Social de la SAyDS. Esfuerzo de trabajo coordinado con 39 organismos nacionales, que le valió ser declarado de interés parlamentario por la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, en el año 2006.
Al respecto, Bibiloni señaló que “también nos planteamos el desafío de apoyar a los gobiernos provinciales y municipales para obtener en un futuro cercano, estos indicadores a otras escalas, para facilitar la toma de decisiones a nivel territorial.”
Por último, cabe recordar que las distintas publicaciones de Indicadores de Desarrollo Sostenible se encuentran disponibles en www.ambiente.gob.ar/indicadores, donde se detalla cada indicador, su importancia para el desarrollo sostenible, fuentes de datos y explicitación de las variables que lo componen, entro otros aspectos.
Fecha de Publicación: 03/08/2009
Fuente: Secretaría de Ambiente
Provincia/Región: Nacional
Elaborada por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS) junto a técnicos de 39 organismos del Estado nacional, el próximo martes 4 de agosto a las 11 hs., en la sede de la cartera ambiental -San Martín 451-, se llevará a cabo la presentación oficial de la cuarta edición del “Sistema de Indicadores de Desarrollo Sostenible” de la República Argentina. La lectura integrada de los 68 indicadores de sustentabilidad analizados para este estudio revela que las políticas implementadas desde 2005 han mejorado fundamentalmente aspectos económicos y sociales.
“Asumimos el compromiso de trabajar por una armonía entre ambiente y producción, que implique la generación de empleo, inclusión social y equidad en nuestra sociedad,” asevera el secretario de Ambiente de la Nación, Homero M. Bibiloni, al hablar del trabajo cuyos resultados arrojaron una mejora en los aspectos económicos y sociales, desde el 2005 a la fecha.
Dicha publicación ofrece un conjunto de indicadores referidos a temas sociales, económicos, ambientales e institucionales que permiten una visión integral del desarrollo en los últimos años.
En referencia a patrones ambientales destaca la mayor responsabilidad empresarial evidenciada mediante el aumento del porcentaje de empresas que incorporan medidas de gestión ambiental. Desde el año 2002, empresas encuestadas han incorporado sistemas para el tratamiento de efluentes líquidos y gaseosos, ahorro energético, reciclado y reutilización de insumos y productos.
Además, la publicación da cuenta de que se registra un aumento del uso de la superficie destinada a la agricultura, con su correlato en el aumento del consumo de plaguicidas y fertilizantes, al mismo tiempo que el trabajo destaca una importante reducción en el uso de clorofluorocarbonados (CFCs), sustancias que agotan la capa de ozono, alcanzando un valor mínimo para el año 2008. Este dato permite afirmar que el país ha cumplido con creces las metas comprometidas en el Protocolo de Montreal.
Abordado desde una mirada multidisciplinaria e interinstitucional, este informe anual se actualiza y revisa desde hace cuatro años, con el objeto de constituir una herramienta para la gestión e información pública ya que permita monitorear a nivel nacional la trayectoria del desarrollo sostenible, definir prioridades y mejorar la adopción de decisiones.
La supervisión y redacción general del documento estuvo a cargo de Patricia Maccagno, Directora de Impacto Ambiental y Social de la SAyDS. Esfuerzo de trabajo coordinado con 39 organismos nacionales, que le valió ser declarado de interés parlamentario por la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, en el año 2006.
Al respecto, Bibiloni señaló que “también nos planteamos el desafío de apoyar a los gobiernos provinciales y municipales para obtener en un futuro cercano, estos indicadores a otras escalas, para facilitar la toma de decisiones a nivel territorial.”
Por último, cabe recordar que las distintas publicaciones de Indicadores de Desarrollo Sostenible se encuentran disponibles en www.ambiente.gob.ar/indicadores, donde se detalla cada indicador, su importancia para el desarrollo sostenible, fuentes de datos y explicitación de las variables que lo componen, entro otros aspectos.
El problema de la basura en La Rioja
El caso Draco puso en evidencia el problema de la basura
Fecha de Publicación: 02/08/2009
Fuente: La Nueva Rioja
Provincia/Región: La Rioja
El municipio admitió que los residuos son quemados, los concejales denunciaron que el basurero municipal está colapsado y la empresa concesionaria del servicio se va.
Qué puede pasar
En los primeros meses de su gestión como intendente, Ricardo Quintela hizo suya la frase: "La ciudad más limpia es la que menos se ensucia" y determinó como eje de su gestión el tema de la basura. Seis años después, su administración muestra serias carencias en materia ambiental, con un basurero que no funciona como debería y con recicladoras ilegales que desarrollan su actividad en pleno casco urbano.
El escándalo por la concesión del tratamiento final de los residuos a la empresa Draco no sólo evidenció la falta de controles del municipio, sino que alertó sobre el grave problema ambiental que se está viviendo en la ciudad Capital.
Según la información oficial del Concejo Deliberante del municipio capitalino, hoy la basura en la ciudad se está quemando y no se está tratando, con las graves consecuencias ambientales que todo este proceso tiene (ver recuadro).
Historia
En el año 2004 se determinó la remodelación de todo el predio del basurero municipal, con la instalación de las fosas de enterramiento y con el compromiso de poner en funcionamiento un horno pirolítico.
Las diferencias entre el Gobierno municipal y la gestión provincial, que por entonces comandaba Ángel Maza, determinó que nunca se pusiera en marcha el horno y que se realizarán enterramientos y quemas al aire libre de los residuos sólidos, así como de lo patológicos.
Finalmente, en el año 2008 el municipio anunció la concesión del tratamiento de la basura a la empresa Draco, la cual iba a tratar toda la basura con moderna tecnología, logrando reciclar las 160 toneladas que se generan diariamente en la ciudad.
Qué está pasando hoy
El municipio capitalino, el Concejo Deliberante y la propia empresa Draco confirmaron que el tratamiento de los residuos que se está realizando en la ciudad no es el correcto.
"La empresa no cumplía con el debido tratamiento integral de los residuos, prendiendo fuego a los mismos en innumerables ocasiones, causando humo y olores tóxicos a los que respondían con artilugios legales", advierte el informe técnico que generó la Gerencia de Disposición Final de Residuos Urbanos y Patológicos de la Municipalidad.
Este informe, que fue elevado al intendente Ricardo Quintela el pasado 15 de julio, agrega: "Actualmente el predio de disposición final de los residuos se encuentra en una deplorable situación, basura en las calles que están destinadas al recorrido de los camiones y las fosas se encuentran saturadas de residuos".
Es decir, que el organismo de contralor de la Municipalidad advierte: que la basura se quema, que se está contaminando el medio ambiente con los gases y que las fosas en las cuales se deposita la basura no tienen más espacio.
Mientras tanto, en la reunión que los titulares de la empresa mantuvieron con las autoridades de la Municipalidad confirmaron que la empresa no está funcionando y que la basura se está tratando exactamente igual que antes que ellos asumieran la concesión del servicio de tratamiento final de los residuos.
Las denuncias también llegaron desde el Concejo Deliberante, en donde la concejal Claudia López denunció: "Hoy la basura se quema y el basural está saturado".
Todos coinciden: en la ciudad hoy la basura no se trata como corresponde. Una deuda con los vecinos que la gestión quintelista no logró resolver.
Fecha de Publicación: 02/08/2009
Fuente: La Nueva Rioja
Provincia/Región: La Rioja
El municipio admitió que los residuos son quemados, los concejales denunciaron que el basurero municipal está colapsado y la empresa concesionaria del servicio se va.
Qué puede pasar
En los primeros meses de su gestión como intendente, Ricardo Quintela hizo suya la frase: "La ciudad más limpia es la que menos se ensucia" y determinó como eje de su gestión el tema de la basura. Seis años después, su administración muestra serias carencias en materia ambiental, con un basurero que no funciona como debería y con recicladoras ilegales que desarrollan su actividad en pleno casco urbano.
El escándalo por la concesión del tratamiento final de los residuos a la empresa Draco no sólo evidenció la falta de controles del municipio, sino que alertó sobre el grave problema ambiental que se está viviendo en la ciudad Capital.
Según la información oficial del Concejo Deliberante del municipio capitalino, hoy la basura en la ciudad se está quemando y no se está tratando, con las graves consecuencias ambientales que todo este proceso tiene (ver recuadro).
Historia
En el año 2004 se determinó la remodelación de todo el predio del basurero municipal, con la instalación de las fosas de enterramiento y con el compromiso de poner en funcionamiento un horno pirolítico.
Las diferencias entre el Gobierno municipal y la gestión provincial, que por entonces comandaba Ángel Maza, determinó que nunca se pusiera en marcha el horno y que se realizarán enterramientos y quemas al aire libre de los residuos sólidos, así como de lo patológicos.
Finalmente, en el año 2008 el municipio anunció la concesión del tratamiento de la basura a la empresa Draco, la cual iba a tratar toda la basura con moderna tecnología, logrando reciclar las 160 toneladas que se generan diariamente en la ciudad.
Qué está pasando hoy
El municipio capitalino, el Concejo Deliberante y la propia empresa Draco confirmaron que el tratamiento de los residuos que se está realizando en la ciudad no es el correcto.
"La empresa no cumplía con el debido tratamiento integral de los residuos, prendiendo fuego a los mismos en innumerables ocasiones, causando humo y olores tóxicos a los que respondían con artilugios legales", advierte el informe técnico que generó la Gerencia de Disposición Final de Residuos Urbanos y Patológicos de la Municipalidad.
Este informe, que fue elevado al intendente Ricardo Quintela el pasado 15 de julio, agrega: "Actualmente el predio de disposición final de los residuos se encuentra en una deplorable situación, basura en las calles que están destinadas al recorrido de los camiones y las fosas se encuentran saturadas de residuos".
Es decir, que el organismo de contralor de la Municipalidad advierte: que la basura se quema, que se está contaminando el medio ambiente con los gases y que las fosas en las cuales se deposita la basura no tienen más espacio.
Mientras tanto, en la reunión que los titulares de la empresa mantuvieron con las autoridades de la Municipalidad confirmaron que la empresa no está funcionando y que la basura se está tratando exactamente igual que antes que ellos asumieran la concesión del servicio de tratamiento final de los residuos.
Las denuncias también llegaron desde el Concejo Deliberante, en donde la concejal Claudia López denunció: "Hoy la basura se quema y el basural está saturado".
Todos coinciden: en la ciudad hoy la basura no se trata como corresponde. Una deuda con los vecinos que la gestión quintelista no logró resolver.
Al Ministerio Fiscal por la quema de cañaverales
El Ombudsman acudirá hoy al Ministerio Fiscal por la incontrolable quema de cañaverales
Fecha de Publicación: 31/07/2009
Fuente: Primera Fuente
Provincia/Región: Tucumán
Vecinos del sur de la provincia también responsabilizan a delegaods comunales e intendentes por su inacción ante la quema de los campos.
El Defensor del Pueblo pretende que la Justicia detenga de una vez a algún responsable por las innumerables quemas de cañaverales que todos los días suceden en la provincia. Además, salió al cruce de los funcionarios del Gobierno que aseveran que los incendios son producto de actos vandálicos. “Acá se producen los incendios por factores económicos más que por hechos fortuitos”, disparó García Mena. También agregó que mediante sistemas satelitales los responsables pueden ser individualizados y localizados para su detención.
El Defensor del Pueblo, Jorge García Mena, se reunirá hoy, desde las 10, con el titular del Ministerio Público Fiscal, Luis De Mitri, para plantear una acción más directa por parte de la Justicia provincial ante la incontrolable violación de la ley que prohíbe la quema de cañaverales.
El Ombudsman adelantó que llevará pruebas aportadas por particulares y por la propia Defensoría que demuestran la gravedad de la situación.
“Haremos llegar una serie de inquietudes referentes a las actuaciones que se realizaron desde la Defensoría del Pueblo en cuento a este tema. Pretendemos que la Justicia impulse un inaccionar más efectivo y que se persigan a los culpables de estos hechos delictuosos”, agregó García Mena.
Según el ombudsman, la quema de cañaverales en vez de detenerse por los controles del Estado, crece durante cada zafra. “De acuerdo a estudios, desde 2005 este tipo de hechos fue aumentado considerablemente lo que genera una alarma para toda la ciudadanía”, añadió.
El funcionario insistió en la necesidad de que se detengan a los responsables de los incendios debido a que este accionar corresponde a una actitud dolosa más que culposa.
“Son quemas intencionales que, no por causalidad, se acrecientan luego de las heladas, por ejemplo. El Instituto de Ecología Regional dependiente de la Facultad de Ciencias Naturales, realizó estudios satelitales que comprueban que las 800 quemas detectadas el año pasado tienen una individualización y localización particular. Acá se producen los incendios por factores económicos más que por hechos fortuitos”, disparó García Mena.
Fecha de Publicación: 31/07/2009
Fuente: Primera Fuente
Provincia/Región: Tucumán
Vecinos del sur de la provincia también responsabilizan a delegaods comunales e intendentes por su inacción ante la quema de los campos.
El Defensor del Pueblo pretende que la Justicia detenga de una vez a algún responsable por las innumerables quemas de cañaverales que todos los días suceden en la provincia. Además, salió al cruce de los funcionarios del Gobierno que aseveran que los incendios son producto de actos vandálicos. “Acá se producen los incendios por factores económicos más que por hechos fortuitos”, disparó García Mena. También agregó que mediante sistemas satelitales los responsables pueden ser individualizados y localizados para su detención.
El Defensor del Pueblo, Jorge García Mena, se reunirá hoy, desde las 10, con el titular del Ministerio Público Fiscal, Luis De Mitri, para plantear una acción más directa por parte de la Justicia provincial ante la incontrolable violación de la ley que prohíbe la quema de cañaverales.
El Ombudsman adelantó que llevará pruebas aportadas por particulares y por la propia Defensoría que demuestran la gravedad de la situación.
“Haremos llegar una serie de inquietudes referentes a las actuaciones que se realizaron desde la Defensoría del Pueblo en cuento a este tema. Pretendemos que la Justicia impulse un inaccionar más efectivo y que se persigan a los culpables de estos hechos delictuosos”, agregó García Mena.
Según el ombudsman, la quema de cañaverales en vez de detenerse por los controles del Estado, crece durante cada zafra. “De acuerdo a estudios, desde 2005 este tipo de hechos fue aumentado considerablemente lo que genera una alarma para toda la ciudadanía”, añadió.
El funcionario insistió en la necesidad de que se detengan a los responsables de los incendios debido a que este accionar corresponde a una actitud dolosa más que culposa.
“Son quemas intencionales que, no por causalidad, se acrecientan luego de las heladas, por ejemplo. El Instituto de Ecología Regional dependiente de la Facultad de Ciencias Naturales, realizó estudios satelitales que comprueban que las 800 quemas detectadas el año pasado tienen una individualización y localización particular. Acá se producen los incendios por factores económicos más que por hechos fortuitos”, disparó García Mena.
Combustible de las aguas del Nahuel Huapi
Aseguran que se recuperó todo el combustible de las aguas del Nahuel Huapi
Fecha de Publicación: 30/07/2009
Fuente: Indimedia
Provincia/Región: Río Negro
Así lo informaron autoridades de la subsecretaría de Hidrocarburos y Energía. Ahora analizan un plan de seguimiento y monitoreo de este incidente ocurrido el 22 de julio pasado, cuando un camión cargado de gasoil derrapó sobre la ruta 231 por el hielo y cayó al lago.
El coordinador técnico de la subsecretaría de Hidrocarburos y Energía, Ricardo Esquivel, confirmó que “si bien la contaminación fue muy importante ya que afectó suelos y agua (casi 24 mil litros de gasoil derramados sobre un total de 34 mil que transportaba el camión), con un impacto ambiental de magnitud y realmente trascendente, lo derramado en agua fue recuperado totalmente, en una tarea que incluyó varios días”. Añadió que el combustible que afectó suelos “también fue saneado, sólo resta una etapa final que ya se inició”.
Esquivel aseguró que “para información y tranquilidad de la población, felizmente este incidente ambiental ya está solucionado, el daño ambiental reparado, sin representar riesgo alguno para la población ni el ambiente”.
Luego de detallar que “el camión con acoplado fue retirado del lugar, y felizmente el conductor del vehículo resultó ileso, sólo presentando heridas de poca consideración”, anunció que hoy se desarrolla en San Carlos de Bariloche una reunión con representantes de los organismos, entes e instituciones nacionales y provinciales de de Río y Neuquén, para establecer un plan de seguimiento y monitoreo de este incidente y diagramar un programa específico a futuro.
El funcionario informó que participan del encuentro de trabajo autoridades y especialistas de la Administración Nacional de Parques, Prefectura Naval, del área de Evaluación y Fiscalización de la subsecretaría de Medio Ambiente de Neuquén, de la dirección nacional de Biología Acuática y de la dirección provincial de Recursos Hídricos. También estará presente un representante de la empresa Petrolera Argentina, dueña del camión siniestrado.
Destacó que el área de Medio Ambiente de la provincia “concurre en función de ser autoridad de aplicación de la ley 1875 cuyo objeto es establecer dentro de la política de desarrollo integral de la Provincia, los principios rectores para la preservación, conservación, defensa y mejoramiento del ambiente en todo el territorio del Neuquén, para lograr y mantener una óptima calidad de vida de sus habitantes”.
En tanto que “Recursos Hídricos provinciales está presente por cumplir similar función por la ley 899 que regula el accionar sobre los cursos de agua de la provincia y el Código de Agua de Neuquén”. Esta área también representa el enlace entre el Estado neuquino y la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas de los ríos Neuquén, Limay y Negro (AIC), toda vez que este impacto ambiental sobre el lago afecta tanto a Río Negro como Neuquén.
Ricardo Esquivel sostuvo que “durante la reunión de hoy en Bariloche se tratarán y discutirán todas las prácticas que se realizaron sobre el área afectada del lago Nahuel Huapi, la forma en la que se ejecutaron las tareas” y afirmó que “la idea es, al final de la jornada, concluir con la redacción de un acta que refrenden los representantes de los organismos que actuaron en el hecho y también de la empresa responsable del accidente de tránsito que ocasionó la caída del camión”.
“Esa acta deberá contener las pautas a instrumentar de aquí en más” aseveró “para establecer la fiscalización y control que se deberán hacer sobre los efectos definitivos de este impacto ambiental”.
El 22 de este mes, un camión perteneciente a la empresa Petrolera Argentina volcó a las 10.30 de la mañana sobre la ruta nacional 231, en cercanías de la localidad de Villa La Angostura que, debido a la helada presenta en esta época condiciones imprevisibles. El vehículo llevaba 34 mil litros de combustible con destino a la central térmica del Ente Provincial de Energía (EPEN) en dicha localidad.
La rápida acción de los organismos intervinientes, logró recuperar en un día 18 mil litros de gasoil de las aguas del Nahuel Huapi, gracias a la aplicación -por parte de la Prefectura Naval Argentina- de barreras oleolíficas y productos absorbentes. El remolque del camión no alcanzó a hundirse, sólo la parte delantera del camión se semi sumergió y su contenido se diseminó en un espacio de 600 metros de superficie, una parte se derramó en el lago y otra en el suelo y asfalto.
Por su parte, la dirección de Defensa Civil, realizó en aguas del lago tareas de remediación del medio ambiente, mediante la colocación de mangas que impiden la extensión de las manchas; y de turba, una sustancia compuesta por materiales orgánicos originados por descomposición incompleta de restos vegetales carentes de aire, que permite atrapar el hidrocarburo y luego recogerlo por medio de bombas.
Esquivel recordó hoy que “las partes intervinientes, desde Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, la Administración de Parques Nacionales que es la autoridad de aplicación en la región de las leyes y normas ambientales, así como el Estado neuquino a través de las áreas de Medio Ambiente, Defensa Civil y Recursos Hídricos, estuvieron desde un primer momento en el acontecimiento y también, en el seguimiento de la limpieza y retiro del combustible de las agua, en una primera instancia y del suelo, con posterioridad. Y que la empresa también se hizo cargo de la responsabilidad que le cabía en el accidente”.
Rescató “el invalorable aporte de la Prefectura Naval en la intervención de contingencias de este tipo por su vasta experiencia y contando además con los elementos técnicos y químicos, para frenar la mancha de combustible de forma inmediata sobre el lago, para luego ser recuperado en su totalidad el líquido contaminante”.
También hizo hincapié en “la colaboración de la empresa Repsol-YPF con su servicio especializado en contingencias ambientales y la contratación -por su cuenta y cargo- de firmas anexas que prestan también este tipo de tareas”. Por lo cual podemos concluir que “en aplicación de la ley, las prácticas técnicas adecuadas y necesarias para estos hechos resultaron cumplidas”, según relató Esquivel.
Por último, desde Medio Ambiente de la provincia se informó oportunamente que si bien desde la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) se exigen condiciones de seguridad en cuestiones de colisión, la experiencia dice que en cada vuelco siempre hay producto derramado. Es por ello que, una vez producido el accidente, toda circunstancia que constituya una infracción legal es informada por los técnicos en las actuaciones, por lo tanto, de corresponder, el hecho será sancionado”, según surja de la reunión de hoy en la ciudad rionegrina.
Fecha de Publicación: 30/07/2009
Fuente: Indimedia
Provincia/Región: Río Negro
Así lo informaron autoridades de la subsecretaría de Hidrocarburos y Energía. Ahora analizan un plan de seguimiento y monitoreo de este incidente ocurrido el 22 de julio pasado, cuando un camión cargado de gasoil derrapó sobre la ruta 231 por el hielo y cayó al lago.
El coordinador técnico de la subsecretaría de Hidrocarburos y Energía, Ricardo Esquivel, confirmó que “si bien la contaminación fue muy importante ya que afectó suelos y agua (casi 24 mil litros de gasoil derramados sobre un total de 34 mil que transportaba el camión), con un impacto ambiental de magnitud y realmente trascendente, lo derramado en agua fue recuperado totalmente, en una tarea que incluyó varios días”. Añadió que el combustible que afectó suelos “también fue saneado, sólo resta una etapa final que ya se inició”.
Esquivel aseguró que “para información y tranquilidad de la población, felizmente este incidente ambiental ya está solucionado, el daño ambiental reparado, sin representar riesgo alguno para la población ni el ambiente”.
Luego de detallar que “el camión con acoplado fue retirado del lugar, y felizmente el conductor del vehículo resultó ileso, sólo presentando heridas de poca consideración”, anunció que hoy se desarrolla en San Carlos de Bariloche una reunión con representantes de los organismos, entes e instituciones nacionales y provinciales de de Río y Neuquén, para establecer un plan de seguimiento y monitoreo de este incidente y diagramar un programa específico a futuro.
El funcionario informó que participan del encuentro de trabajo autoridades y especialistas de la Administración Nacional de Parques, Prefectura Naval, del área de Evaluación y Fiscalización de la subsecretaría de Medio Ambiente de Neuquén, de la dirección nacional de Biología Acuática y de la dirección provincial de Recursos Hídricos. También estará presente un representante de la empresa Petrolera Argentina, dueña del camión siniestrado.
Destacó que el área de Medio Ambiente de la provincia “concurre en función de ser autoridad de aplicación de la ley 1875 cuyo objeto es establecer dentro de la política de desarrollo integral de la Provincia, los principios rectores para la preservación, conservación, defensa y mejoramiento del ambiente en todo el territorio del Neuquén, para lograr y mantener una óptima calidad de vida de sus habitantes”.
En tanto que “Recursos Hídricos provinciales está presente por cumplir similar función por la ley 899 que regula el accionar sobre los cursos de agua de la provincia y el Código de Agua de Neuquén”. Esta área también representa el enlace entre el Estado neuquino y la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas de los ríos Neuquén, Limay y Negro (AIC), toda vez que este impacto ambiental sobre el lago afecta tanto a Río Negro como Neuquén.
Ricardo Esquivel sostuvo que “durante la reunión de hoy en Bariloche se tratarán y discutirán todas las prácticas que se realizaron sobre el área afectada del lago Nahuel Huapi, la forma en la que se ejecutaron las tareas” y afirmó que “la idea es, al final de la jornada, concluir con la redacción de un acta que refrenden los representantes de los organismos que actuaron en el hecho y también de la empresa responsable del accidente de tránsito que ocasionó la caída del camión”.
“Esa acta deberá contener las pautas a instrumentar de aquí en más” aseveró “para establecer la fiscalización y control que se deberán hacer sobre los efectos definitivos de este impacto ambiental”.
El 22 de este mes, un camión perteneciente a la empresa Petrolera Argentina volcó a las 10.30 de la mañana sobre la ruta nacional 231, en cercanías de la localidad de Villa La Angostura que, debido a la helada presenta en esta época condiciones imprevisibles. El vehículo llevaba 34 mil litros de combustible con destino a la central térmica del Ente Provincial de Energía (EPEN) en dicha localidad.
La rápida acción de los organismos intervinientes, logró recuperar en un día 18 mil litros de gasoil de las aguas del Nahuel Huapi, gracias a la aplicación -por parte de la Prefectura Naval Argentina- de barreras oleolíficas y productos absorbentes. El remolque del camión no alcanzó a hundirse, sólo la parte delantera del camión se semi sumergió y su contenido se diseminó en un espacio de 600 metros de superficie, una parte se derramó en el lago y otra en el suelo y asfalto.
Por su parte, la dirección de Defensa Civil, realizó en aguas del lago tareas de remediación del medio ambiente, mediante la colocación de mangas que impiden la extensión de las manchas; y de turba, una sustancia compuesta por materiales orgánicos originados por descomposición incompleta de restos vegetales carentes de aire, que permite atrapar el hidrocarburo y luego recogerlo por medio de bombas.
Esquivel recordó hoy que “las partes intervinientes, desde Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, la Administración de Parques Nacionales que es la autoridad de aplicación en la región de las leyes y normas ambientales, así como el Estado neuquino a través de las áreas de Medio Ambiente, Defensa Civil y Recursos Hídricos, estuvieron desde un primer momento en el acontecimiento y también, en el seguimiento de la limpieza y retiro del combustible de las agua, en una primera instancia y del suelo, con posterioridad. Y que la empresa también se hizo cargo de la responsabilidad que le cabía en el accidente”.
Rescató “el invalorable aporte de la Prefectura Naval en la intervención de contingencias de este tipo por su vasta experiencia y contando además con los elementos técnicos y químicos, para frenar la mancha de combustible de forma inmediata sobre el lago, para luego ser recuperado en su totalidad el líquido contaminante”.
También hizo hincapié en “la colaboración de la empresa Repsol-YPF con su servicio especializado en contingencias ambientales y la contratación -por su cuenta y cargo- de firmas anexas que prestan también este tipo de tareas”. Por lo cual podemos concluir que “en aplicación de la ley, las prácticas técnicas adecuadas y necesarias para estos hechos resultaron cumplidas”, según relató Esquivel.
Por último, desde Medio Ambiente de la provincia se informó oportunamente que si bien desde la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) se exigen condiciones de seguridad en cuestiones de colisión, la experiencia dice que en cada vuelco siempre hay producto derramado. Es por ello que, una vez producido el accidente, toda circunstancia que constituya una infracción legal es informada por los técnicos en las actuaciones, por lo tanto, de corresponder, el hecho será sancionado”, según surja de la reunión de hoy en la ciudad rionegrina.
Energía solar en Jujuy
Licitarán 1.500 paneles solares para zona rural
Fecha de Publicación: 29/07/2009
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Jujuy
Sobre la base de un presupuesto de alrededor de dos millones de dólares y para beneficiar a habitantes de áreas rurales muy aisladas, a las que no llegan las redes de distribución de electricidad, el Gobierno de Jujuy licitó oportunamente la adquisición de 1500 paneles solares para generación de energía.
Tales paneles se instalarán en las viviendas que así lo necesiten, sin costo alguno para el usuario. En esto cooperan intendencias y comisiones municipales aportando el listado de habitantes que residan en viviendas muy aisladas en las respectivas jurisdicciones. Fueron adquiridos siete pliegos, de empresas nacionales asociadas con extranjeras y uno de una firma danesa. Las ofertas presentadas serán abiertas hoy partir de las 10, en dependencias del Ministerio de Infraestructura y Planificación.
El acto será encabezado por el titular de la cartera, Fernando José Frías, junto a funcionarios de la jurisdicción y autoridades de Ejesa y Ejsedsa. Esta licitación internacional para la adquisición de 1.500 paneles de 100 watts, se encuentra enmarcada en el Proyecto de Energía Renovable para Mercados Rurales (Permer), que prevé la generación de electricidad más las correspondientes instalaciones internas en viviendas rurales de nuestra provincia, todo ello está comprendido en la concesión de la Empresa Jujeña de Servicios Eléctricos Dispersos S.A. (Ejsedsa). Cabe recordar, por su trascendencia, que desde al año 2000 a la fecha se han incorporado en cumplimiento de las disposiciones del Permer, 1900 viviendas aisladas, diseminadas en todo el territorio provincial y en el presente caso, en solo un año casi se va a duplicar esa cifra. Esto significa que toda la población rural de Jujuy estará incorporada al sistema sin ningún costo para los usuarios.
Fecha de Publicación: 29/07/2009
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Jujuy
Sobre la base de un presupuesto de alrededor de dos millones de dólares y para beneficiar a habitantes de áreas rurales muy aisladas, a las que no llegan las redes de distribución de electricidad, el Gobierno de Jujuy licitó oportunamente la adquisición de 1500 paneles solares para generación de energía.
Tales paneles se instalarán en las viviendas que así lo necesiten, sin costo alguno para el usuario. En esto cooperan intendencias y comisiones municipales aportando el listado de habitantes que residan en viviendas muy aisladas en las respectivas jurisdicciones. Fueron adquiridos siete pliegos, de empresas nacionales asociadas con extranjeras y uno de una firma danesa. Las ofertas presentadas serán abiertas hoy partir de las 10, en dependencias del Ministerio de Infraestructura y Planificación.
El acto será encabezado por el titular de la cartera, Fernando José Frías, junto a funcionarios de la jurisdicción y autoridades de Ejesa y Ejsedsa. Esta licitación internacional para la adquisición de 1.500 paneles de 100 watts, se encuentra enmarcada en el Proyecto de Energía Renovable para Mercados Rurales (Permer), que prevé la generación de electricidad más las correspondientes instalaciones internas en viviendas rurales de nuestra provincia, todo ello está comprendido en la concesión de la Empresa Jujeña de Servicios Eléctricos Dispersos S.A. (Ejsedsa). Cabe recordar, por su trascendencia, que desde al año 2000 a la fecha se han incorporado en cumplimiento de las disposiciones del Permer, 1900 viviendas aisladas, diseminadas en todo el territorio provincial y en el presente caso, en solo un año casi se va a duplicar esa cifra. Esto significa que toda la población rural de Jujuy estará incorporada al sistema sin ningún costo para los usuarios.
Energía solar en Salta
Llega la energía eléctrica a más de 1.400 familias en pueblos remotos
Fecha de Publicación: 29/07/2009
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta
Desde 2006 el PERMER llevó energía solar a 178 escuelas y a otras 317 dependencias públicas.Ahora empieza a llegar con pequeñas redes de suministro a lejanos poblados de la Puna y el Chaco.
En agosto estarán concluidas las miniredes que suministrarán energía eléctrica a las poblaciones de La Misión, El Espinillo, Santa Victoria Este, Pozo del Tigre (Rivadavia), Cobres (La Poma) y Campo La Cruz (Santa Victoria).
Así lo informó la unidad ejecutora del PERMER, el proyecto de energías renovables que funciona en ámbito del Ente Regulador de los Servicios Públicos de Salta y cuenta con apoyo financiero del Banco Mundial.
Numerosos beneficiarios
Pequeñas usinas de generación térmica, líneas de media y baja tensión, alumbrado público e instalaciones internas en viviendas forman parte de las obras que están en construcción con las que más de 1.400 familias, escuelas, puestos sanitarios y otras dependencias públicas accederán al servicio eléctrico en lejanos poblados dispersos en la Puna, la alta cuenca del Bermejo y el Chaco salteño.
Varias de las redes no convencionales ejecutadas a través del Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales (PERMER) ya están finalizadas en Pie de la Cuesta, Campo Carreras, San Isidro, Pueblo Viejo y Colanzulí (Iruya); Pluma de Pato, Rivadavia, La Unión, La Iglesia y El Tandil (Rivadavia); Amblayo (San Carlos) y El Arazay, paraje del municipio de Los Toldos, en el departamento Santa Victoria.
Familias que habitan en esas lejanas poblaciones salteñas ya cuentan con sistemas habilitados que ayudarán a mejorar sus condiciones de vida con las conexiones domiciliarias al servicio eléctrico y los sistemas de alumbrado público complementarios.
En los tramos finales
Una de las miniredes que se encuentran próximas a habilitarse dotará de energía eléctrica a las poblaciones de La Misión y El Espinillo, en Rivadavia.
Los trabajos registran un avance del 90 por ciento y la inspección final está prevista la semana entrante, precisó la unidad ejecutora con base en el ENRESP.
En Santa Victoria Este y Pozo de Tigre, también en Rivadavia, las obras presentan una avance de ejecución del 65 por ciento y se prevé su finalización en agosto.
En Cobres, poblado de La Poma, la red de suministro muestra un avance del 80 por ciento y los trabajos estarían concluidos la semana entrante, según indicó la coordinación técnica del PERMER con base en el Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Provincia (ENRESP).
Informes de obra
De acuerdo con el último informe que se dio a conocer oficialmente, en Campo La Cruz, paraje de Nazareno, la obra registra un avance del 55 por ciento y se estima su finalización para dentro de tres semanas aproximadamente.
En la zona de Estrella, La Gracia y La Paz (Rivadavia) los trabajos presentan un avance del 55 por ciento y comenzó a gestionarse desde el Gobierno de la Provincia una ampliación del proyecto para que la energía eléctrica llegue también a los cercanos poblados de Kilómetro 1 y Kilómetro II.
Fecha de Publicación: 29/07/2009
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta
Desde 2006 el PERMER llevó energía solar a 178 escuelas y a otras 317 dependencias públicas.Ahora empieza a llegar con pequeñas redes de suministro a lejanos poblados de la Puna y el Chaco.
En agosto estarán concluidas las miniredes que suministrarán energía eléctrica a las poblaciones de La Misión, El Espinillo, Santa Victoria Este, Pozo del Tigre (Rivadavia), Cobres (La Poma) y Campo La Cruz (Santa Victoria).
Así lo informó la unidad ejecutora del PERMER, el proyecto de energías renovables que funciona en ámbito del Ente Regulador de los Servicios Públicos de Salta y cuenta con apoyo financiero del Banco Mundial.
Numerosos beneficiarios
Pequeñas usinas de generación térmica, líneas de media y baja tensión, alumbrado público e instalaciones internas en viviendas forman parte de las obras que están en construcción con las que más de 1.400 familias, escuelas, puestos sanitarios y otras dependencias públicas accederán al servicio eléctrico en lejanos poblados dispersos en la Puna, la alta cuenca del Bermejo y el Chaco salteño.
Varias de las redes no convencionales ejecutadas a través del Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales (PERMER) ya están finalizadas en Pie de la Cuesta, Campo Carreras, San Isidro, Pueblo Viejo y Colanzulí (Iruya); Pluma de Pato, Rivadavia, La Unión, La Iglesia y El Tandil (Rivadavia); Amblayo (San Carlos) y El Arazay, paraje del municipio de Los Toldos, en el departamento Santa Victoria.
Familias que habitan en esas lejanas poblaciones salteñas ya cuentan con sistemas habilitados que ayudarán a mejorar sus condiciones de vida con las conexiones domiciliarias al servicio eléctrico y los sistemas de alumbrado público complementarios.
En los tramos finales
Una de las miniredes que se encuentran próximas a habilitarse dotará de energía eléctrica a las poblaciones de La Misión y El Espinillo, en Rivadavia.
Los trabajos registran un avance del 90 por ciento y la inspección final está prevista la semana entrante, precisó la unidad ejecutora con base en el ENRESP.
En Santa Victoria Este y Pozo de Tigre, también en Rivadavia, las obras presentan una avance de ejecución del 65 por ciento y se prevé su finalización en agosto.
En Cobres, poblado de La Poma, la red de suministro muestra un avance del 80 por ciento y los trabajos estarían concluidos la semana entrante, según indicó la coordinación técnica del PERMER con base en el Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Provincia (ENRESP).
Informes de obra
De acuerdo con el último informe que se dio a conocer oficialmente, en Campo La Cruz, paraje de Nazareno, la obra registra un avance del 55 por ciento y se estima su finalización para dentro de tres semanas aproximadamente.
En la zona de Estrella, La Gracia y La Paz (Rivadavia) los trabajos presentan un avance del 55 por ciento y comenzó a gestionarse desde el Gobierno de la Provincia una ampliación del proyecto para que la energía eléctrica llegue también a los cercanos poblados de Kilómetro 1 y Kilómetro II.
Alarma por la calidad del agua
Alarma por la calidad del agua
Fecha de Publicación: 28/07/2009
Fuente: Diario Hoy
Provincia/Región: Buenos Aires
Estudios realizados por expertos de la UNLP detectaron altos niveles de nitrato y bacterias en el agua de pozo que se extrae en el Gran La Plata. Al mismo tiempo, la localidad bonaerense de Carlos Casares tiene serios problemas con la potabilización. Otro de los distritos con inconvenientes es Berazategui, donde se demoraron las obras dispuestas por la Justicia. Los usuarios aguardan una respuesta
Estudios realizados por expertos de la UNLP detectaron altos niveles de nitrato y bacterias en el agua de pozo que se extrae en el Gran La Plata. Al mismo tiempo, la localidad bonaerense de Carlos Casares tiene serios problemas con la potabilizaci?n. Otro de los distritos con inconvenientes es Berazategui, donde se demoraron las obras dispuestas por la Justicia. Los usuarios aguardan una respuesta
Tanto el agua de red como la de pozo que se consume en La Plata y en distintos puntos de la Provincia presentan inconvenientes que van desde el fuerte olor a cloro hasta la excesiva presencia de nitratos, nitritos y bacterias. Tan es así que la preocupación va indefectiblemente en aumento.
Desde la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) ya lo han advertido con diferentes estudios. Sin ir más lejos, el Taller de Aguas (equipo de investigación integrado por docentes y estudiantes de las facultades de Exactas y Trabajo Social) comprobó la contaminación que registran los pozos del Gran La Plata.
En ese sentido, un informe -cuyos resultados se conocieron a fines del último año- demostró que el 90% estaba contaminado. Entre los elementos contaminantes del tipo bacteriano encontraron Escherichia coli y coliformes, que pueden causar diarreas y vómitos. Mientras que, sobre la presencia de nitratos y nitritos, la directora del proyecto Taller de Aguas, Leda Giannuzzi, explicó a Hoy que producen “un cuadro en el que la sangre no transporta oxígeno en forma adecuada”.
Por otro lado, Giannuzzi también investiga las algas que durante el verano están presentes en el Río de la Plata, del que se extrae el agua para su posterior potabilización. De hecho, asegura haber encontrado nitritos y nitratos en la red de agua corriente que abastece a la ciudad y que nada tiene que ver con los pozos.
Consultado por Hoy, el secretario de Relaciones Institucionales de ABSA (empresa distribuidora del servicio), Luis Manzur, dijo que la compañía no está al tanto de dichos estudios.
Antecedente
En lo que hace al Conurbano bonaerense, una de las regiones más castigadas por la contaminación, cabe subrayar que el municipio de Berazategui entró en un litigio judicial con la ex prestadora del servicio, Aguas Argentinas, por la contaminación de la costa del río y del agua potable, con desechos cloacales sin tratamiento que provenían de Capital Federal.
Tras una audiencia de conciliación, llevada adelante en septiembre de 2004, la Corte Suprema de Justicia ordenó la construcción de una planta depuradora de líquidos cloacales que debería estar lista para 2008. Pero las obras recién comenzaron este año; mientras tanto, el riesgo continuó en aumento.
En Casares
Otro caso emblemático es el de la localidad bonaerense de Carlos Casares, cuyos vecinos llevan una década implorando por agua potable apta para el consumo.
Hace unos años, los análisis realizados al agua de red arrojaron un alto contenido de arsénico (más de 200 microgramos por litro de agua) y la comuna inició gestiones, tanto ante la ex prestataria Azurix como ante la actual ABSA.
En septiembre de 2006, ABSA construyó una planta de abatimiento de arsénico. En un primer momento, la planta lograba bajar notablemente los niveles de arsénico en el agua, pero meses después el arsénico comenzó a subir.
En diálogo con Hoy, el intendente de Carlos Casares, Omar Foglia, explicó que “a los seis meses, la planta empezó a fallar y encontramos altos niveles de arsénico. Incluso, en
los últimos análisis descubrimos aluminio en niveles que se hallaban al doble de lo permitido”.
Ante esa situación, el jefe comunal y la comisión fiscalizadora denunciaron a ABSA ante el Defensor del Pueblo de la Nación y le solicitaron la entrega de bidones de agua potable a los sectores más empobrecidos de la población. Pero la compañía argumentó que no le correspondía esa responsabilidad.
En el último análisis -realizado hace menos de un mes por la Comisión de Energía Atómica- se reveló arsénico en 80 microgramos por litro de agua y aluminio en 392 microgramos por litro, cuando los valores de referencia son: el de arsénico, 10 microgramos por litro; y de aluminio, 200 microgramos por litro.
El intendente tiene previsto reunirse con el gobernador de la Provincia, Daniel Scioli, y elevar un petitorio al Gobierno nacional. “Hemos agotado todos los canales, hemos sido tolerantes, hemos tenido charlas, nos juntamos intendentes de los distritos vecinos para presionar. Esta situación ya no se soporta”, sostuvo Foglia.
El intendente afirmó que, si no hay respuesta favorable por parte de la compañía, el próximo paso será iniciarle acciones judiciales. Consultados por este medio, voceros de ABSA dijeron que en las últimas horas hubo un contacto “muy positivo entre las autoridades de la compañía y la intendencia”.
También recordaron que esa firma tiene previsto poner en actividad la celda n° 5, adquirida en Brasil, que permitirá filtrar un volumen mayor optimizando el proceso. Pero, al menos hasta ahora, el agua sigue generando una marcada preocupación.
Fecha de Publicación: 28/07/2009
Fuente: Diario Hoy
Provincia/Región: Buenos Aires
Estudios realizados por expertos de la UNLP detectaron altos niveles de nitrato y bacterias en el agua de pozo que se extrae en el Gran La Plata. Al mismo tiempo, la localidad bonaerense de Carlos Casares tiene serios problemas con la potabilización. Otro de los distritos con inconvenientes es Berazategui, donde se demoraron las obras dispuestas por la Justicia. Los usuarios aguardan una respuesta
Estudios realizados por expertos de la UNLP detectaron altos niveles de nitrato y bacterias en el agua de pozo que se extrae en el Gran La Plata. Al mismo tiempo, la localidad bonaerense de Carlos Casares tiene serios problemas con la potabilizaci?n. Otro de los distritos con inconvenientes es Berazategui, donde se demoraron las obras dispuestas por la Justicia. Los usuarios aguardan una respuesta
Tanto el agua de red como la de pozo que se consume en La Plata y en distintos puntos de la Provincia presentan inconvenientes que van desde el fuerte olor a cloro hasta la excesiva presencia de nitratos, nitritos y bacterias. Tan es así que la preocupación va indefectiblemente en aumento.
Desde la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) ya lo han advertido con diferentes estudios. Sin ir más lejos, el Taller de Aguas (equipo de investigación integrado por docentes y estudiantes de las facultades de Exactas y Trabajo Social) comprobó la contaminación que registran los pozos del Gran La Plata.
En ese sentido, un informe -cuyos resultados se conocieron a fines del último año- demostró que el 90% estaba contaminado. Entre los elementos contaminantes del tipo bacteriano encontraron Escherichia coli y coliformes, que pueden causar diarreas y vómitos. Mientras que, sobre la presencia de nitratos y nitritos, la directora del proyecto Taller de Aguas, Leda Giannuzzi, explicó a Hoy que producen “un cuadro en el que la sangre no transporta oxígeno en forma adecuada”.
Por otro lado, Giannuzzi también investiga las algas que durante el verano están presentes en el Río de la Plata, del que se extrae el agua para su posterior potabilización. De hecho, asegura haber encontrado nitritos y nitratos en la red de agua corriente que abastece a la ciudad y que nada tiene que ver con los pozos.
Consultado por Hoy, el secretario de Relaciones Institucionales de ABSA (empresa distribuidora del servicio), Luis Manzur, dijo que la compañía no está al tanto de dichos estudios.
Antecedente
En lo que hace al Conurbano bonaerense, una de las regiones más castigadas por la contaminación, cabe subrayar que el municipio de Berazategui entró en un litigio judicial con la ex prestadora del servicio, Aguas Argentinas, por la contaminación de la costa del río y del agua potable, con desechos cloacales sin tratamiento que provenían de Capital Federal.
Tras una audiencia de conciliación, llevada adelante en septiembre de 2004, la Corte Suprema de Justicia ordenó la construcción de una planta depuradora de líquidos cloacales que debería estar lista para 2008. Pero las obras recién comenzaron este año; mientras tanto, el riesgo continuó en aumento.
En Casares
Otro caso emblemático es el de la localidad bonaerense de Carlos Casares, cuyos vecinos llevan una década implorando por agua potable apta para el consumo.
Hace unos años, los análisis realizados al agua de red arrojaron un alto contenido de arsénico (más de 200 microgramos por litro de agua) y la comuna inició gestiones, tanto ante la ex prestataria Azurix como ante la actual ABSA.
En septiembre de 2006, ABSA construyó una planta de abatimiento de arsénico. En un primer momento, la planta lograba bajar notablemente los niveles de arsénico en el agua, pero meses después el arsénico comenzó a subir.
En diálogo con Hoy, el intendente de Carlos Casares, Omar Foglia, explicó que “a los seis meses, la planta empezó a fallar y encontramos altos niveles de arsénico. Incluso, en
los últimos análisis descubrimos aluminio en niveles que se hallaban al doble de lo permitido”.
Ante esa situación, el jefe comunal y la comisión fiscalizadora denunciaron a ABSA ante el Defensor del Pueblo de la Nación y le solicitaron la entrega de bidones de agua potable a los sectores más empobrecidos de la población. Pero la compañía argumentó que no le correspondía esa responsabilidad.
En el último análisis -realizado hace menos de un mes por la Comisión de Energía Atómica- se reveló arsénico en 80 microgramos por litro de agua y aluminio en 392 microgramos por litro, cuando los valores de referencia son: el de arsénico, 10 microgramos por litro; y de aluminio, 200 microgramos por litro.
El intendente tiene previsto reunirse con el gobernador de la Provincia, Daniel Scioli, y elevar un petitorio al Gobierno nacional. “Hemos agotado todos los canales, hemos sido tolerantes, hemos tenido charlas, nos juntamos intendentes de los distritos vecinos para presionar. Esta situación ya no se soporta”, sostuvo Foglia.
El intendente afirmó que, si no hay respuesta favorable por parte de la compañía, el próximo paso será iniciarle acciones judiciales. Consultados por este medio, voceros de ABSA dijeron que en las últimas horas hubo un contacto “muy positivo entre las autoridades de la compañía y la intendencia”.
También recordaron que esa firma tiene previsto poner en actividad la celda n° 5, adquirida en Brasil, que permitirá filtrar un volumen mayor optimizando el proceso. Pero, al menos hasta ahora, el agua sigue generando una marcada preocupación.
La invasión forestal
La invasión forestal
Fecha de Publicación: 26/07/2009
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional
Organizaciones sociales advierten sobre los riesgos del monocultivo de árboles para la industria de la celulosa y aserraderos: concentración de tierras, pérdida de biodiversidad y desalojos campesinos e indígenas. Algo parecido a lo que ocurrió con la soja. Una legislación generosa incentiva su avance.
Verdes, prolijos y en línea. Son como un ejército en formación. El norte de Misiones está invadido por árboles que parecen clonados, miles de hectáreas de pinos, el cultivo más popular de la provincia, materia prima básica para plantas de celulosa y aserraderos. Impulsada por los gobiernos y el sector empresarial, la siembra masiva de árboles es un fenómeno en crecimiento, pero con consecuencias silenciadas: pérdida de biodiversidad y desalojo compulsivo de campesinos e indígenas. “Es un avance como el de la soja, que expulsa pobladores ancestrales, arrasa la vegetación nativa, utiliza agrotóxicos y exprime territorios con el único fin de obtener dinero. Es que las forestales no siembran bosques, siembran monocultivo industrial”, sostiene el Consejo Asesor Indígena (CAI), una de las organizaciones que se han declarado en alerta por el avance forestal en la Patagonia, con conflictos crecientes en Río Negro y Neuquén. En la última década, la forestación intensiva duplicó su producción y la superficie sembrada, al abrigo de una generosa ley –aprobada durante el menemismo y prorrogada luego– que otorga subsidios a las compañías, devolución de IVA y exención de Ingresos Brutos, entre otras ventajas. En definitiva, una industria de bajo perfil y alta rentabilidad.
Industria poderosa
Las estadísticas de la Secretaría de Agricultura de Nación muestran que en 1999, primer año de vigencia de ley forestal 25.080, se extrajeron 4,7 millones de toneladas de “madera de bosque implantado”. En 2006, el último registro disponible, el tonelaje aumentó a 7,9 millón. Misiones es la provincia maderera por excelencia, con el 59 por ciento, seguida de lejos por Entre Ríos con el 11 por ciento, Buenos Aires y Corrientes con el 8 por ciento. Río Negro y Neuquén son jugadores menores, pero en ascenso. Neuquén extraía en 1999 sólo 22.000 toneladas. En 2006 ya lo triplicaba: 69.000 toneladas. En cuanto al pino, la estrella forestal, Río Negro exhibe un crecimiento notable: en el 2000 extraía seis mil toneladas. En 2006 ya había duplicado la cifra: 13.000 toneladas. “Mesopotamia y Patagonia son los polos productivos del país”, explican desde la Asociación Forestal Argentina (AFOA), entidad que reúne a las grandes y medianas empresas del sector.
La implantación industrial de árboles tiene como fin, casi en su totalidad, las fábricas de celulosa y los aserraderos. “En 2007 se exportó por mil millones de dólares”, detalla el vocero de AFOA, Jorge Barros, y explica que el país cuenta con 1,2 millón de hectáreas de monocultivo forestal, de las cuales la mitad fue sembrada en la última década, al abrigo de la 25.080. El objetivo, a diez años, es llegar a los tres millones de hectáreas, 150 veces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires.
Consultado sobre los efectos sociales de la avanzada forestal, Barros no dudó. “En la Argentina no hay campesinos. La Argentina tiene pequeños productores, pero no campesinos. Y hay muy pocos indígenas. ¿Conflictos? Pudo existir alguno puntual, pero son la excepción.”
Según la Secretaría de Agricultura, en la Argentina habitan 220 mil familias campesinas. El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas reconoce en la actualidad a 24 pueblos originarios.
Provincia modelo
Organizaciones sociales, movimientos campesinos y pueblos originarios advertían a fines de la década del ‘90 sobre el corrimiento de la frontera agropecuaria, de la mano del monocultivo de soja, y alertaban también sobre las consecuencias sociales, económicas y sanitarias. Fueron sistemáticamente desoídos. Recién el año pasado –conflicto por las retenciones mediante–, el Gobierno reconoció el avance del monocultivo y sus efectos nocivos. En la actualidad, alertan sobre el avance forestal.
La comunidad guaraní Alecrín cuenta con 14.300 hectáreas. Está ubicada en el municipio de San Pedro, 170 kilómetros al sur de Puerto Iguazú. La empresa forestal Harriet ingresó en 2007 a territorio indígena, volteó bosque nativo, alambró, contaminó el pozo de agua y arrasó la chacra de la comunidad y hasta el cementerio. Tenía como objetivo talar el bosque nativo y luego sembrar pinos.
Misiones creció al abrigo de la actividad agropecuaria familiar (yerba mate, té y tabaco). Había grandes plantaciones y se trabajaba para un patrón, pero también subsistía el pequeño colono que comercializaba su producción. Esa historia comenzó a cambiar hace tres décadas por la desregulación en la producción (las grandes empresas fijaron precios tan bajos que los colonos no podían subsistir, perdieron sus chacras y emigraron a los cordones urbanos) y, por otro lado, la provincia mutó el perfil productivo, impulsó el turismo, la energía hidroeléctrica (con las cuestionadas represas) y los negocios forestales.
Misiones cuenta con tres plantas de celulosa (Alto Paraná, Puerto Piray y Papel Misionero). En los primeros eslabones de su cadena productiva, cultivo de árboles y extracción, participan contratistas que suelen hacer punta en el avance sobre tierras de familias rurales. El resultado es la concentración de tierras por parte de privados.
Según el último Censo Nacional Agropecuario, en la provincia existen 27.000 explotaciones agropecuarias. Sólo 161 de ellas (el 0,6 por ciento del total) poseen el 44 por ciento de la tierra de Misiones (917.000 hectáreas). En la última década y en la zona de las pasteras (noroeste), descendió un 27 por ciento la cantidad de pequeñas chacras. “La producción forestal artificial nos pone frente a un modelo de monocultivo y concentración. Con su lógica de maximización del beneficio en el menor plazo posible, el sector forestal no respeta las normas de preservación, produce despoblación de las zonas y exterminio de gran parte de los recursos naturales”, afirma Raúl Gorriti, ingeniero agrónomo e integrante de la Red de Agricultura Orgánica (RAOM).
Ilustrativo de la concentración de tierras es el caso de la Papelera Alto Paraná, propietaria del diez por ciento del suelo provincial, 233 mil hectáreas.
Patagonia forestal
La Empresa Forestal Rionegrina (Emforsa) y la Corporación Forestal Neuquina (Corfone), ambas compañías con participación mayoritaria de los gobiernos provinciales, son las que encabezan el corrimiento de la frontera forestal patagónica.
“Las forestaciones con pinos no son bosques, son plantaciones industriales como lo es la soja”, denuncia la comunidad mapuche José Manuel Pichún, a quince kilómetros de El Bolsón, en pleno conflicto con Emforsa. Pese a que la comunidad habita el lugar desde fines del siglo XIX, la Dirección de Bosques de Río Negro ingresó a territorio ancestral en 1987, alambró y comenzó la siembra de pinos en 250 hectáreas comunitarias. Le sucedieron decenas de reclamos administrativos que nunca obtuvieron respuesta. La comunidad, que jamás abandonó el lugar, siempre reivindicó su derecho sobre el territorio. En mayo último, cuando un integrante de la comunidad extraía leña, se reavivó el conflicto. Fue denunciado por “robo” en su propia tierra.
“Cansados de soportar tanto atropello e injusticia, la comunidad Pichún decidió reafirmar la posesión que usurpa la empresa forestal”, explicó la organización en un comunicado el 18 de junio pasado. Se negaron a retirar sus animales y comenzaron la construcción de una vivienda en el corazón del pinar. Y fueron por más: ahora la comunidad exige que la empresa estatal se retire definitivamente de sus hectáreas.
El Consejo Asesor Indígena (CAI), donde participa la comunidad Pichún, apuntó al fondo del asunto. “Sabemos que la plantación de pinos, especies exóticas de estos lugares, está fomentada por el Estado y los organismos financieros internacionales. Otorgan subsidios y beneficios fiscales por hectárea plantada, armando engranajes de especulación y extracción de beneficios económicos de la naturaleza. No permitiremos que nuestro territorio sea parte de ese control y saqueo.”
Convenios internacionales de rango constitucional (el 169 de la OIT), la Constitución Nacional y legislaciones provinciales son muy claras. Toda actividad que se desarrolle en territorio indígena debe contar con el visto bueno de las comunidades afectadas.
La empresa Emforsa no respondió las preguntas de este diario. Derivó las consultas a la Dirección de Bosques, que tampoco respondió los llamados.
En Neuquén, la compañía Corfone planifica sembrar 3500 hectáreas durante 2009 y tiene como meta –para el corto plazo– llegar a las 10 mil hectáreas anuales. Desde la empresa no respondieron los llamados de este diario, pero en declaraciones a medios provinciales el presidente de Corfone y subsecretario de Desarrollo Económico de la provincia, Javier Van Houtte, explicó que apuestan a forestar 300 mil hectáreas en toda la provincia.
La Sociedad Rural de Neuquén es una aliada en esa cruzada. “La provincia cuenta con 1,2 millón de hectáreas para la actividad. Y cabe destacar que el 40 por ciento son tierras fiscales”, festeja en una publicidad corporativa.
Lo que Sociedad Rural y gobierno neuquino consideran tierras fiscales son, en gran parte, parcelas de pequeños campesinos y comunidades indígenas. En toda la zona se practica la ganadería trashumante, que consiste en el desplazamiento de animales según la estación del año. Durante los meses fríos (invernada) el ganado permanece en las tierras bajas. En los períodos cálidos (veranada) los animales son trasladados a las zonas de cerros, donde los pastos son abundantes y sirven de buena alimentación. El arreo de animales demanda días, hasta semanas, a cientos de kilómetros de distancia. Los conflictos suelen producirse en las zonas de veranada y en los caminos de arreo.
“Es parte de una política para el despojo del territorio indígena”, resume Relmú Ñamku, de la Confederación Mapuche de Neuquén. La Mesa Campesina del Norte Neuquino amplía: “Extender la superficie implantada fue uno de los ejes de la campaña del actual gobernador, que proponía quintuplicar la superficie forestada. En términos de espacio es una avanzada directa con los campos de veranada de campesinos y mapuches”, explica Diego Solana, integrante de la Mesa. El dirigente advierte que Corfone ingresa a tierras de familias rurales “por las buenas”, entrega materiales para el cierre de campos (postes, alambres) a cambio de que le cedan temporalmente una porción de tierras para forestación. “Una vez adentro, no la abandona más, y comienza a avanzar. Estos ‘acuerdos’ se repiten en todo el norte provincial, y luego sobrevienen los conflictos donde la empresa quiere echar las familias.”
Argentina, capital forestal
Las grandes empresas del sector alaban las facilidades que el Gobierno otorga a la industria forestal. Por esa sintonía entre el sector privado y estatal no sorprendió que Buenos Aires sea, en octubre próximo, la sede del XIII Congreso Forestal Mundial, el evento internacional más importante del sector, organizado cada seis años y clave para negocios a gran escala.
A pesar de las críticas que recaen sobre la industria forestal –consecuencias sociales y ambientales–, el Congreso Forestal Mundial cuenta con el apoyo del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y de Parques Nacionales. Las máximas autoridades del evento internacional son Carlos Cheppi, secretario de Agricultura, y Homero Bibilo-ni, el secretario de Ambiente de Nación.
Fecha de Publicación: 26/07/2009
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional
Organizaciones sociales advierten sobre los riesgos del monocultivo de árboles para la industria de la celulosa y aserraderos: concentración de tierras, pérdida de biodiversidad y desalojos campesinos e indígenas. Algo parecido a lo que ocurrió con la soja. Una legislación generosa incentiva su avance.
Verdes, prolijos y en línea. Son como un ejército en formación. El norte de Misiones está invadido por árboles que parecen clonados, miles de hectáreas de pinos, el cultivo más popular de la provincia, materia prima básica para plantas de celulosa y aserraderos. Impulsada por los gobiernos y el sector empresarial, la siembra masiva de árboles es un fenómeno en crecimiento, pero con consecuencias silenciadas: pérdida de biodiversidad y desalojo compulsivo de campesinos e indígenas. “Es un avance como el de la soja, que expulsa pobladores ancestrales, arrasa la vegetación nativa, utiliza agrotóxicos y exprime territorios con el único fin de obtener dinero. Es que las forestales no siembran bosques, siembran monocultivo industrial”, sostiene el Consejo Asesor Indígena (CAI), una de las organizaciones que se han declarado en alerta por el avance forestal en la Patagonia, con conflictos crecientes en Río Negro y Neuquén. En la última década, la forestación intensiva duplicó su producción y la superficie sembrada, al abrigo de una generosa ley –aprobada durante el menemismo y prorrogada luego– que otorga subsidios a las compañías, devolución de IVA y exención de Ingresos Brutos, entre otras ventajas. En definitiva, una industria de bajo perfil y alta rentabilidad.
Industria poderosa
Las estadísticas de la Secretaría de Agricultura de Nación muestran que en 1999, primer año de vigencia de ley forestal 25.080, se extrajeron 4,7 millones de toneladas de “madera de bosque implantado”. En 2006, el último registro disponible, el tonelaje aumentó a 7,9 millón. Misiones es la provincia maderera por excelencia, con el 59 por ciento, seguida de lejos por Entre Ríos con el 11 por ciento, Buenos Aires y Corrientes con el 8 por ciento. Río Negro y Neuquén son jugadores menores, pero en ascenso. Neuquén extraía en 1999 sólo 22.000 toneladas. En 2006 ya lo triplicaba: 69.000 toneladas. En cuanto al pino, la estrella forestal, Río Negro exhibe un crecimiento notable: en el 2000 extraía seis mil toneladas. En 2006 ya había duplicado la cifra: 13.000 toneladas. “Mesopotamia y Patagonia son los polos productivos del país”, explican desde la Asociación Forestal Argentina (AFOA), entidad que reúne a las grandes y medianas empresas del sector.
La implantación industrial de árboles tiene como fin, casi en su totalidad, las fábricas de celulosa y los aserraderos. “En 2007 se exportó por mil millones de dólares”, detalla el vocero de AFOA, Jorge Barros, y explica que el país cuenta con 1,2 millón de hectáreas de monocultivo forestal, de las cuales la mitad fue sembrada en la última década, al abrigo de la 25.080. El objetivo, a diez años, es llegar a los tres millones de hectáreas, 150 veces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires.
Consultado sobre los efectos sociales de la avanzada forestal, Barros no dudó. “En la Argentina no hay campesinos. La Argentina tiene pequeños productores, pero no campesinos. Y hay muy pocos indígenas. ¿Conflictos? Pudo existir alguno puntual, pero son la excepción.”
Según la Secretaría de Agricultura, en la Argentina habitan 220 mil familias campesinas. El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas reconoce en la actualidad a 24 pueblos originarios.
Provincia modelo
Organizaciones sociales, movimientos campesinos y pueblos originarios advertían a fines de la década del ‘90 sobre el corrimiento de la frontera agropecuaria, de la mano del monocultivo de soja, y alertaban también sobre las consecuencias sociales, económicas y sanitarias. Fueron sistemáticamente desoídos. Recién el año pasado –conflicto por las retenciones mediante–, el Gobierno reconoció el avance del monocultivo y sus efectos nocivos. En la actualidad, alertan sobre el avance forestal.
La comunidad guaraní Alecrín cuenta con 14.300 hectáreas. Está ubicada en el municipio de San Pedro, 170 kilómetros al sur de Puerto Iguazú. La empresa forestal Harriet ingresó en 2007 a territorio indígena, volteó bosque nativo, alambró, contaminó el pozo de agua y arrasó la chacra de la comunidad y hasta el cementerio. Tenía como objetivo talar el bosque nativo y luego sembrar pinos.
Misiones creció al abrigo de la actividad agropecuaria familiar (yerba mate, té y tabaco). Había grandes plantaciones y se trabajaba para un patrón, pero también subsistía el pequeño colono que comercializaba su producción. Esa historia comenzó a cambiar hace tres décadas por la desregulación en la producción (las grandes empresas fijaron precios tan bajos que los colonos no podían subsistir, perdieron sus chacras y emigraron a los cordones urbanos) y, por otro lado, la provincia mutó el perfil productivo, impulsó el turismo, la energía hidroeléctrica (con las cuestionadas represas) y los negocios forestales.
Misiones cuenta con tres plantas de celulosa (Alto Paraná, Puerto Piray y Papel Misionero). En los primeros eslabones de su cadena productiva, cultivo de árboles y extracción, participan contratistas que suelen hacer punta en el avance sobre tierras de familias rurales. El resultado es la concentración de tierras por parte de privados.
Según el último Censo Nacional Agropecuario, en la provincia existen 27.000 explotaciones agropecuarias. Sólo 161 de ellas (el 0,6 por ciento del total) poseen el 44 por ciento de la tierra de Misiones (917.000 hectáreas). En la última década y en la zona de las pasteras (noroeste), descendió un 27 por ciento la cantidad de pequeñas chacras. “La producción forestal artificial nos pone frente a un modelo de monocultivo y concentración. Con su lógica de maximización del beneficio en el menor plazo posible, el sector forestal no respeta las normas de preservación, produce despoblación de las zonas y exterminio de gran parte de los recursos naturales”, afirma Raúl Gorriti, ingeniero agrónomo e integrante de la Red de Agricultura Orgánica (RAOM).
Ilustrativo de la concentración de tierras es el caso de la Papelera Alto Paraná, propietaria del diez por ciento del suelo provincial, 233 mil hectáreas.
Patagonia forestal
La Empresa Forestal Rionegrina (Emforsa) y la Corporación Forestal Neuquina (Corfone), ambas compañías con participación mayoritaria de los gobiernos provinciales, son las que encabezan el corrimiento de la frontera forestal patagónica.
“Las forestaciones con pinos no son bosques, son plantaciones industriales como lo es la soja”, denuncia la comunidad mapuche José Manuel Pichún, a quince kilómetros de El Bolsón, en pleno conflicto con Emforsa. Pese a que la comunidad habita el lugar desde fines del siglo XIX, la Dirección de Bosques de Río Negro ingresó a territorio ancestral en 1987, alambró y comenzó la siembra de pinos en 250 hectáreas comunitarias. Le sucedieron decenas de reclamos administrativos que nunca obtuvieron respuesta. La comunidad, que jamás abandonó el lugar, siempre reivindicó su derecho sobre el territorio. En mayo último, cuando un integrante de la comunidad extraía leña, se reavivó el conflicto. Fue denunciado por “robo” en su propia tierra.
“Cansados de soportar tanto atropello e injusticia, la comunidad Pichún decidió reafirmar la posesión que usurpa la empresa forestal”, explicó la organización en un comunicado el 18 de junio pasado. Se negaron a retirar sus animales y comenzaron la construcción de una vivienda en el corazón del pinar. Y fueron por más: ahora la comunidad exige que la empresa estatal se retire definitivamente de sus hectáreas.
El Consejo Asesor Indígena (CAI), donde participa la comunidad Pichún, apuntó al fondo del asunto. “Sabemos que la plantación de pinos, especies exóticas de estos lugares, está fomentada por el Estado y los organismos financieros internacionales. Otorgan subsidios y beneficios fiscales por hectárea plantada, armando engranajes de especulación y extracción de beneficios económicos de la naturaleza. No permitiremos que nuestro territorio sea parte de ese control y saqueo.”
Convenios internacionales de rango constitucional (el 169 de la OIT), la Constitución Nacional y legislaciones provinciales son muy claras. Toda actividad que se desarrolle en territorio indígena debe contar con el visto bueno de las comunidades afectadas.
La empresa Emforsa no respondió las preguntas de este diario. Derivó las consultas a la Dirección de Bosques, que tampoco respondió los llamados.
En Neuquén, la compañía Corfone planifica sembrar 3500 hectáreas durante 2009 y tiene como meta –para el corto plazo– llegar a las 10 mil hectáreas anuales. Desde la empresa no respondieron los llamados de este diario, pero en declaraciones a medios provinciales el presidente de Corfone y subsecretario de Desarrollo Económico de la provincia, Javier Van Houtte, explicó que apuestan a forestar 300 mil hectáreas en toda la provincia.
La Sociedad Rural de Neuquén es una aliada en esa cruzada. “La provincia cuenta con 1,2 millón de hectáreas para la actividad. Y cabe destacar que el 40 por ciento son tierras fiscales”, festeja en una publicidad corporativa.
Lo que Sociedad Rural y gobierno neuquino consideran tierras fiscales son, en gran parte, parcelas de pequeños campesinos y comunidades indígenas. En toda la zona se practica la ganadería trashumante, que consiste en el desplazamiento de animales según la estación del año. Durante los meses fríos (invernada) el ganado permanece en las tierras bajas. En los períodos cálidos (veranada) los animales son trasladados a las zonas de cerros, donde los pastos son abundantes y sirven de buena alimentación. El arreo de animales demanda días, hasta semanas, a cientos de kilómetros de distancia. Los conflictos suelen producirse en las zonas de veranada y en los caminos de arreo.
“Es parte de una política para el despojo del territorio indígena”, resume Relmú Ñamku, de la Confederación Mapuche de Neuquén. La Mesa Campesina del Norte Neuquino amplía: “Extender la superficie implantada fue uno de los ejes de la campaña del actual gobernador, que proponía quintuplicar la superficie forestada. En términos de espacio es una avanzada directa con los campos de veranada de campesinos y mapuches”, explica Diego Solana, integrante de la Mesa. El dirigente advierte que Corfone ingresa a tierras de familias rurales “por las buenas”, entrega materiales para el cierre de campos (postes, alambres) a cambio de que le cedan temporalmente una porción de tierras para forestación. “Una vez adentro, no la abandona más, y comienza a avanzar. Estos ‘acuerdos’ se repiten en todo el norte provincial, y luego sobrevienen los conflictos donde la empresa quiere echar las familias.”
Argentina, capital forestal
Las grandes empresas del sector alaban las facilidades que el Gobierno otorga a la industria forestal. Por esa sintonía entre el sector privado y estatal no sorprendió que Buenos Aires sea, en octubre próximo, la sede del XIII Congreso Forestal Mundial, el evento internacional más importante del sector, organizado cada seis años y clave para negocios a gran escala.
A pesar de las críticas que recaen sobre la industria forestal –consecuencias sociales y ambientales–, el Congreso Forestal Mundial cuenta con el apoyo del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y de Parques Nacionales. Las máximas autoridades del evento internacional son Carlos Cheppi, secretario de Agricultura, y Homero Bibilo-ni, el secretario de Ambiente de Nación.
Ocultan graves impactos de Garabí
El Gobierno ocultó un informe sobre los graves impactos de Garabí
Fecha de Publicación: 26/07/2009
Fuente: AVnoticias
Provincia/Región: Misiones
Es un texto de siete mil folios elaborado por expertos de la Universidad Nacional de Misiones, con aportes de Corrientes, la Nación y del Banco Mundial
Allí se alerta sobre la veintena de enfermedades que acarreará el proyecto hidroeléctrico, en cualquiera de sus variantes; la destrucción de los ecosistemas costeros del Uruguay; y el daño al tejido social de los pueblos afectados
Bajo siete llaves y a espaldas de la población, desde hace más de tres años el Gobierno de Misiones tiene en su poder un informe de siete mil folios sobre el Proyecto Hidroeléctrico Garabí. Este invalorable documento -al que PRIMERA EDICION tuvo acceso exclusivo- fue elaborado por equipos profesionales de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM), con aportes del Banco Mundial, Emprendimientos Energéticos Binacionales Sociedad Anónima (EBISA) y el Gobierno de Corrientes, y brinda datos escalofriantes -de gran extensión y precisión- acerca de los impactos sanitarios, ambientales y sociales que subyacen al proyecto en sus dos hipótesis (uno o dos cortes). Fuentes reservadas de la casa de estudios confirmaron que el estudio lo poseen, conocen y manejan tanto los gobiernos provinciales como EBISA, la sociedad anónima con capital estatal mayoritario representada en acciones cuya titularidad corresponde a la Secretaría de Energía (99%) y a Nucleoeléctrica Argentina SA (1%)
Además, el mamotreto ofrece guías para la aplicación de programas destinados a la persuasión para la aceptación del proyecto en las comunidades y otros ámbitos de afectación. Entre otros tópicos, incluye un listado detallado acerca de las múltiples enfermedades epidemiológicas que provocaría la represa, un inventario de 950 hojas con respecto a la aplicación de leyes ambientales y hasta un manual para la implementació n de campañas destinadas a la captación -por medio de la manipulación de la información- de opiniones positivas sobre el proyecto en los medios de comunicación y los estratos legislativos.
“Nuestra propuesta, como cualquier iniciativa de información y comunicación, apuntará a resaltar aquellos aspectos positivos resultantes y atenuar los negativos”, advierte un amplio apartado sobre las estrategias educativas pensadas para su aplicación en los niveles primario, secundario y terciario de la educación pública, resumiendo el espíritu de las más de siete mil páginas del diagnóstico: escamotear la información para evitar posturas contrarias a la ejecución del multimillonario emprendimiento hidroeléctrico. Como si fuera poco, también se adosa un instructivo discursivo “para el caso de actores gubernamentales” que aconseja “poner énfasis en que el proyecto otorga la capacidad para mejorar la calidad de vida de la población presente y futura”.
Pueblos afectados
Proyecto Represa Hidroeléctrica Garabí “Estructura poblacional y social, Patrimonio cultural y turístico” se denomina uno de los informes del documento secreto del Gobierno, donde se explicita que “la estimación del área afectada por la represa arroja una cifra de aproximadamente 32.304 hectáreas o 323 kilómetros cuadrados para Misiones, o sea el 1,05% de sus 3.074.038 kilómetros cuadrados; este total de afectación se distribuye en 15.336 hectáreas en el departamento de Apóstoles, 12.139 en Concepción de la Sierra, y 4.779 en San Javier, con unas escasas 54 hectáreas en el departamento de Oberá”. Asimismo se informa que la población que deberá ser relocalizada oscila entre las 15 mil y las 20 mil personas.
Sobre las consecuencias sociales, el informe reconoce que “el reasentamiento involuntario puede tener consecuencias traumáticas para la vida de aquellos que viven en la zona de influencia del proyecto. Constituye una ruptura repentina de la continuidad del tejido social y puede tener como resultado el empobrecimiento de la población reubicada. Los cambios que causa se pueden distinguir de los procesos de desarrollo normales ya que desbarata los patrones de asentamiento y las formas de producción, desorganiza las redes sociales y reduce la sensación de control sobre su vida que tiene la gente”. El área de influencia en la margen derecha, abarca los siguientes municipios de Misiones: Apóstoles, Azara, y Tres Capones (departamento Apóstoles); Concepción de la Sierra y Santa María (departamento Concepción); Itacaruaré, San Javier, Mojón Grande y Florentino Ameghino (departamento San Javier) y Panambí (departamento Oberá). Según este informe, los asentamientos que serán totalmente afectados - desaparecerán por completo- son: Puerto Azara, Puerto Concepción, Puerto San Lucas, Puerto San Isidro, Puerto Itacaruaré, Isla Itacaruaré, Puerto Blanes, Puerto Sara y Puerto Rosario”.
San Javier es el núcleo urbano más importante entre los afectados por el embalse y el que recibirá un impacto mayor en cuanto a la cantidad de personas, viviendas, infraestructura y equipamiento que deberá relocalizarse, de acuerdo a este informe.
Enfermedades en puerta
“Los nuevos asentamientos de migrantes en la región debido a los cambios económicos o culturales incorporarán factores negativos, facilitarán el ingreso o aumento de los vectores de hábitos domiciliarios como la vinchuca, los animales domésticos, mosquitos causantes del contagio de la fiebre amarilla, paludismo y dengue y la aparición de distintas parasitosis”, revela el diagnóstico oficial.
“El impacto más relevante tiene que ver con el establecimiento, como resultado de la formación del embalse de Garabí, de condiciones ambientales favorables para la proliferación de especies transmisoras de enfermedades humanas”, advierte el capítulo “Control de plaga”, que pone de manifiesto información específica sobre enfermedades ocasionadas por las represas, que nunca fueron divulgadas a la población de manera oficial pese a la presencia de éstas en buena parte de la provincia. Se detalla: “En los relevamientos efectuados se constató la presencia de culicideos y simulidos que son citados en la literatura como potenciales vectores de endemias humanas”.
“Los mosquitos de los géneros anopheles y aedes, potenciales transmisores del paludismo el primero y de fiebre amarilla y dengue el segundo, encontrarán también incrementados los ambientes aptos para su cría. En cuanto a los moluscos de importancia sanitaria, se han encontrado en el área los planorbideos biomphalaria tenagophila y limnas columella potenciales transmisores del schitosoma mansoni el primero y de fasciola hepática el segundo”, prosigue el aterrador informe científico que el Gobierno y la UNaM venían ocultando a los misioneros.
“Algunos hirudineos y turbelarios tienen, como principal fuente alimentaria a larvas, insectos y algunos moluscos gasterópodos, muchos de los cuales son vectores de patogenias humanas y de vertebrados silvestres. Las nuevas condiciones ambientales pueden tornarse desfavorables para estas especies provocando la disminución o exterminio de sus poblaciones y en consecuencia favorecer al desarrollo de poblaciones de las especies transmisoras de enfermedades que mantenían bajo control”, vaticina el apartado sanitario, prediciendo un apocalíptico panorama epidemiológico si la represa llegara a construirse.
Siempre en materia de aparición de enfermedades, el informe es pesismista en cuanto a las dos opciones técnicas que baraja el proyecto: “Con relación a las condiciones ambientales favorables para la proliferación de especies transmisoras de enfermedades humanas, ambas alternativas tendrían un impacto negativo”.
Entre las enfermedades inevitables que traerá aparejadas la concreción del proyecto Garabí, el informe reconoce: malaria, dengue, fiebre amarilla, encefalitis, leishmaniasis, esquistosiomiasis, dermatitis esquistosómica y otras siete patologías de afectación en el ganado y otras especies animales.
Devastación de fauna y flora autóctona
Otro apartado especial es el Programa de diagnóstico del sistema ambiental. Allí se explica: “La fauna regional afectada al proyecto está integrada por especies chaqueñas y paranaenses. Algunos mamíferos están en vías de extinción regional, entre ellos el yaguareté, tapir, chancho del monte, ciervo de los pantanos y ciervo de las pampas; otros mamíferos presentes en el área son: zorro pampa, puma, zorrino común, mulita chica, etc; las aves son abundantes, entre ellas, el ñandú, inambúes, chuña patas rojas, el amenazado tordo amarillo y la cachirla dorada”.
Este segmento de incomensurable valor informativo, además detalla críticas académicas hacia otros proyectos hidroeléctricos ya consumados: “Las grandes represas hidroeléctricas de Yacyretá (Corrientes) y Urugua-í (Misiones), al anegar vastas superficies han provocando la desaparición de ecosistemas y especies. Las comunidades más sensibles a estos cambios son las asociadas a los cursos rápidos y someros y a las selvas en galería, que ven interrumpidos los ciclos de inundaciones habituales”, expresa un párrafo de los 874 folios que conforman el apartado sobre fauna y flora. “En particular la reducción del hábitat constituido por la selva en galería de río y arroyos representa una afectación importante para las especies que la habitan, muchas de las cuales se hallan actualmente con poblaciones numéricamente muy disminuidas y en algunos casos con riesgo de extinción para el área. De las especies de fauna autóctona presentes en el área, 26 están listadas por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) como amenazadas y deberán implementarse acciones tendientes a su protección. De ellas al menos catorce -nueve mamíferos, tres aves y dos reptiles- están presentes en el área de impacto inmediato del Aprovechamiento Garabí. Estas son: ciervo de los pantanos (Blastocerus dichotomus), aguará-guazú (Chrisocyon brachyurus), lobito de río (Lutra platensis), gato onza (felis pardalis), gato tigre (felis tigrina), margay (felis wiedii), yaguarete (Panthera onca), ciervo de las pampas (Ozotocerus bezoarticus) , nutria gigante (Pteronura brasiliensis) , yacutinga (Aburria yacutinga), guacamayo violáceo (Anodorhynchus glaucus), chorao (Amazona pretrei), yacaré ñato (Caiman latirrostris) , yacaré negro(Caimán crocodylus). Estas especies dependen significativamente de los ambientes de bosque nativo en el área del futuro embalse de Garabí”, agrega el tétrico diagnóstico que la población desconocía, hasta hoy.
Manual para desinformar a la población
Increíblemente, el documento secreto del Gobierno comprende un programa sobre información pública cuyo objetivo es, según reza el prefacio, “determinar el contenido clave a difundir, los ejes principales de la información y comunicación del proyecto. En cuanto al programa de información y comunicación, los mensajes deberán poner su eje, en primer lugar, en los aspectos positivos del proyecto Garabí, con la intención de dotarlos de visibilidad pública, concientizando a la población de los beneficios del mismo”.
Así, entre los “aspectos negativos del proyecto Garabí” que el instructivo sugiere obviar se enumeran en el texto: “Efectos ambientales de la Construcción, polución del agua/aire por la construcción y residuos, erosión del suelo, destrucción de vegetación, problemas sanitarios y de salud, desalojos en la zona a inundar, pérdidas de tierra por la inundación (agrícolas, bosques, etc.), pérdida de rasgos culturales, históricos y estéticos, pérdida de tierras vírgenes y hábitat natural. Peligro de especies animales, proliferación de malezas acuáticas en el embalse y aguas abajo perjudicando liberación de agua, irrigación, navegación, fauna íctica, deterioro de la calidad de agua en el embalse, sedimentación del embalse y pérdida de la capacidad de almacenamiento, perjuicios para la agricultura recesiva, daño a pesquerías por cambios en el caudal, bloqueo de migraciones y menor calidad del agua, aumento de enfermedades de origen hídrico, desorden social por caída del nivel de vida de los reasentados, degradación ambiental por presión sobre la capacidad de la tierra, perjuicio a tribus y grupos indígenas, migraciones excesivas de personas en un área por las nuevas facilidades de acceso y líneas de transmisión, problemas ambientales por el mayor desarrollo derivado del embalse (irrigación, industrias, crecimiento de núcleos urbanos), pobre uso de la tierra aguas arriba y efectos sobre la calidad del agua”.
Estrategias para desinformar
El plan de desinformació n está pensado para su aplicación en ámbitos educativos públicos: “En el caso de la educación formal-nos referimos especialmente a los ciclos preescolar, educación general básica y polimodal- los contenidos necesariamente deberán ser consensuados con el Consejo Federal de Educación, las instancias de diseño de los contenidos básicos comunes en el orden provincial y las escuelas mismas, dado que formarán parte de la currícula formal de las instituciones” . Más adelante, en el mismo apartado, se deja en claro la estrategia de manipular la información antes de brindarla a la población: “Los aspectos débiles del proyecto son la materia prima para potenciales argumentos contrarios y acciones que pueden amenazar el éxito final y obstruir su desarrollo, sobre todo en las etapas iniciales. El propósito de esta sección es identificar las dimensiones fuertes y débiles del proyecto Garabí con el objeto de emplearlas eficazmente en el diseño del programa de información”.
El proyecto reconoce que persigue el objetivo de obtener -a partir de la desinformació n- la aprobación y no el debate del proyecto Garabí, cuando enuncia: “La difusión y enseñanza de los aspectos positivos o fuertes resultantes deberá correr paralelamente, a fin de provocar los cambios de actitud deseados”.
El informe le advierte al Gobierno que “las cuestiones sociales y ambientales se acumulan dando argumentos válidos a los defensores del medio ambiente para oponerse a este tipo de inversión en infraestructura. Salvo que estos aspectos sean mitigados metódicamente a través de políticas explícitas, legislación protectora, inversiones y planificación adecuadas, la construcción de obras hidroeléctricas como Garabí será retardada por tensiones sociales y una creciente oposición política y ambientalista” .
“Las principales amenazas para el normal desarrollo del proyecto están representadas por los siguientes actores: asentamientos aborígenes, ONG contrarias (locales, nacionales o internacionales) , principalmente ambientalistas, medios de comunicación, oposición de las autoridades locales y legislación contraria”, añade.
El documento adjunta en esta fracción un índice detallado de cada asociación ambientalista y un listado de ONG señaladas como “opositoras al proyecto”. “La oposición de ONG ambientalistas a la construcción de represas es un fenómeno creciente que es necesario considerar en toda su dimensión, dada su elevada representatividad social, la amplitud de la cobertura mediática de su accionar y su capacidad de hacer oír sus reclamos internacionalmente y ante organismos internacionales de financiamiento. No puede desestimarse su influencia sobre la opinión pública en general e incluso sobre los gobiernos”, advierte.
Según el texto, “las principales organizaciones no gubernamentales identificadas en la actualidad como abiertamente opuestas a la construcción de represas tienen base tanto nacional como local y regional. Entre ellas cabe destacar al Taller Ecologista-Foro Ecologista y Fundación Proteger, Amigos de la Tierra, Salus Térrea y Greenpeace Argentina. Muchas de estas organizaciones se oponen en general a cuestiones de cambio climático, como las nucleadas en el Foro del Buen Ayre (FBA), y utilizan estos argumentos en contra de las represas criticándolas como alternativas ecológicas frente al fenómeno del calentamiento global y cambio climático”.
Sustento teórico
“El intento de influir sobre los individuos mediante la comunicación persuasiva para que modifiquen sus actitudes y la conducta con ellos vinculada es algo habitual, como por ejemplo, el político que utiliza sus campañas para conquistar los votos, o los organismos tanto sociales como cívicos que desean tener una injerencia en el cambio social; todos ellos utilizan la comunicación persuasiva, en la que está implícita la intención de ejercer una influencia social”, prologa una guía del informe, destinada a la aplicación de una antiética “comunicación persuasiva”.
El plan de persuasión tiene sustento académico y científico: “Existen dos vías para la persuasión. Los investigadores sobre este tema, Richard Petty, John Caciooppo, Alice Eagly y Shelly Chaiken, demostraron con sus estudios, que aquellas personas que podían estar capacitadas para pensar en un tema se persuaden mejor a través de una ‘ruta central’, donde se reúnen elementos sistemáticos que estimulan un curso de pensamiento favorable”, describe el apartado de 213 folios destinados a estrategias para convencer a la población para que acepte el proyecto Garabí.
Fecha de Publicación: 26/07/2009
Fuente: AVnoticias
Provincia/Región: Misiones
Es un texto de siete mil folios elaborado por expertos de la Universidad Nacional de Misiones, con aportes de Corrientes, la Nación y del Banco Mundial
Allí se alerta sobre la veintena de enfermedades que acarreará el proyecto hidroeléctrico, en cualquiera de sus variantes; la destrucción de los ecosistemas costeros del Uruguay; y el daño al tejido social de los pueblos afectados
Bajo siete llaves y a espaldas de la población, desde hace más de tres años el Gobierno de Misiones tiene en su poder un informe de siete mil folios sobre el Proyecto Hidroeléctrico Garabí. Este invalorable documento -al que PRIMERA EDICION tuvo acceso exclusivo- fue elaborado por equipos profesionales de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM), con aportes del Banco Mundial, Emprendimientos Energéticos Binacionales Sociedad Anónima (EBISA) y el Gobierno de Corrientes, y brinda datos escalofriantes -de gran extensión y precisión- acerca de los impactos sanitarios, ambientales y sociales que subyacen al proyecto en sus dos hipótesis (uno o dos cortes). Fuentes reservadas de la casa de estudios confirmaron que el estudio lo poseen, conocen y manejan tanto los gobiernos provinciales como EBISA, la sociedad anónima con capital estatal mayoritario representada en acciones cuya titularidad corresponde a la Secretaría de Energía (99%) y a Nucleoeléctrica Argentina SA (1%)
Además, el mamotreto ofrece guías para la aplicación de programas destinados a la persuasión para la aceptación del proyecto en las comunidades y otros ámbitos de afectación. Entre otros tópicos, incluye un listado detallado acerca de las múltiples enfermedades epidemiológicas que provocaría la represa, un inventario de 950 hojas con respecto a la aplicación de leyes ambientales y hasta un manual para la implementació n de campañas destinadas a la captación -por medio de la manipulación de la información- de opiniones positivas sobre el proyecto en los medios de comunicación y los estratos legislativos.
“Nuestra propuesta, como cualquier iniciativa de información y comunicación, apuntará a resaltar aquellos aspectos positivos resultantes y atenuar los negativos”, advierte un amplio apartado sobre las estrategias educativas pensadas para su aplicación en los niveles primario, secundario y terciario de la educación pública, resumiendo el espíritu de las más de siete mil páginas del diagnóstico: escamotear la información para evitar posturas contrarias a la ejecución del multimillonario emprendimiento hidroeléctrico. Como si fuera poco, también se adosa un instructivo discursivo “para el caso de actores gubernamentales” que aconseja “poner énfasis en que el proyecto otorga la capacidad para mejorar la calidad de vida de la población presente y futura”.
Pueblos afectados
Proyecto Represa Hidroeléctrica Garabí “Estructura poblacional y social, Patrimonio cultural y turístico” se denomina uno de los informes del documento secreto del Gobierno, donde se explicita que “la estimación del área afectada por la represa arroja una cifra de aproximadamente 32.304 hectáreas o 323 kilómetros cuadrados para Misiones, o sea el 1,05% de sus 3.074.038 kilómetros cuadrados; este total de afectación se distribuye en 15.336 hectáreas en el departamento de Apóstoles, 12.139 en Concepción de la Sierra, y 4.779 en San Javier, con unas escasas 54 hectáreas en el departamento de Oberá”. Asimismo se informa que la población que deberá ser relocalizada oscila entre las 15 mil y las 20 mil personas.
Sobre las consecuencias sociales, el informe reconoce que “el reasentamiento involuntario puede tener consecuencias traumáticas para la vida de aquellos que viven en la zona de influencia del proyecto. Constituye una ruptura repentina de la continuidad del tejido social y puede tener como resultado el empobrecimiento de la población reubicada. Los cambios que causa se pueden distinguir de los procesos de desarrollo normales ya que desbarata los patrones de asentamiento y las formas de producción, desorganiza las redes sociales y reduce la sensación de control sobre su vida que tiene la gente”. El área de influencia en la margen derecha, abarca los siguientes municipios de Misiones: Apóstoles, Azara, y Tres Capones (departamento Apóstoles); Concepción de la Sierra y Santa María (departamento Concepción); Itacaruaré, San Javier, Mojón Grande y Florentino Ameghino (departamento San Javier) y Panambí (departamento Oberá). Según este informe, los asentamientos que serán totalmente afectados - desaparecerán por completo- son: Puerto Azara, Puerto Concepción, Puerto San Lucas, Puerto San Isidro, Puerto Itacaruaré, Isla Itacaruaré, Puerto Blanes, Puerto Sara y Puerto Rosario”.
San Javier es el núcleo urbano más importante entre los afectados por el embalse y el que recibirá un impacto mayor en cuanto a la cantidad de personas, viviendas, infraestructura y equipamiento que deberá relocalizarse, de acuerdo a este informe.
Enfermedades en puerta
“Los nuevos asentamientos de migrantes en la región debido a los cambios económicos o culturales incorporarán factores negativos, facilitarán el ingreso o aumento de los vectores de hábitos domiciliarios como la vinchuca, los animales domésticos, mosquitos causantes del contagio de la fiebre amarilla, paludismo y dengue y la aparición de distintas parasitosis”, revela el diagnóstico oficial.
“El impacto más relevante tiene que ver con el establecimiento, como resultado de la formación del embalse de Garabí, de condiciones ambientales favorables para la proliferación de especies transmisoras de enfermedades humanas”, advierte el capítulo “Control de plaga”, que pone de manifiesto información específica sobre enfermedades ocasionadas por las represas, que nunca fueron divulgadas a la población de manera oficial pese a la presencia de éstas en buena parte de la provincia. Se detalla: “En los relevamientos efectuados se constató la presencia de culicideos y simulidos que son citados en la literatura como potenciales vectores de endemias humanas”.
“Los mosquitos de los géneros anopheles y aedes, potenciales transmisores del paludismo el primero y de fiebre amarilla y dengue el segundo, encontrarán también incrementados los ambientes aptos para su cría. En cuanto a los moluscos de importancia sanitaria, se han encontrado en el área los planorbideos biomphalaria tenagophila y limnas columella potenciales transmisores del schitosoma mansoni el primero y de fasciola hepática el segundo”, prosigue el aterrador informe científico que el Gobierno y la UNaM venían ocultando a los misioneros.
“Algunos hirudineos y turbelarios tienen, como principal fuente alimentaria a larvas, insectos y algunos moluscos gasterópodos, muchos de los cuales son vectores de patogenias humanas y de vertebrados silvestres. Las nuevas condiciones ambientales pueden tornarse desfavorables para estas especies provocando la disminución o exterminio de sus poblaciones y en consecuencia favorecer al desarrollo de poblaciones de las especies transmisoras de enfermedades que mantenían bajo control”, vaticina el apartado sanitario, prediciendo un apocalíptico panorama epidemiológico si la represa llegara a construirse.
Siempre en materia de aparición de enfermedades, el informe es pesismista en cuanto a las dos opciones técnicas que baraja el proyecto: “Con relación a las condiciones ambientales favorables para la proliferación de especies transmisoras de enfermedades humanas, ambas alternativas tendrían un impacto negativo”.
Entre las enfermedades inevitables que traerá aparejadas la concreción del proyecto Garabí, el informe reconoce: malaria, dengue, fiebre amarilla, encefalitis, leishmaniasis, esquistosiomiasis, dermatitis esquistosómica y otras siete patologías de afectación en el ganado y otras especies animales.
Devastación de fauna y flora autóctona
Otro apartado especial es el Programa de diagnóstico del sistema ambiental. Allí se explica: “La fauna regional afectada al proyecto está integrada por especies chaqueñas y paranaenses. Algunos mamíferos están en vías de extinción regional, entre ellos el yaguareté, tapir, chancho del monte, ciervo de los pantanos y ciervo de las pampas; otros mamíferos presentes en el área son: zorro pampa, puma, zorrino común, mulita chica, etc; las aves son abundantes, entre ellas, el ñandú, inambúes, chuña patas rojas, el amenazado tordo amarillo y la cachirla dorada”.
Este segmento de incomensurable valor informativo, además detalla críticas académicas hacia otros proyectos hidroeléctricos ya consumados: “Las grandes represas hidroeléctricas de Yacyretá (Corrientes) y Urugua-í (Misiones), al anegar vastas superficies han provocando la desaparición de ecosistemas y especies. Las comunidades más sensibles a estos cambios son las asociadas a los cursos rápidos y someros y a las selvas en galería, que ven interrumpidos los ciclos de inundaciones habituales”, expresa un párrafo de los 874 folios que conforman el apartado sobre fauna y flora. “En particular la reducción del hábitat constituido por la selva en galería de río y arroyos representa una afectación importante para las especies que la habitan, muchas de las cuales se hallan actualmente con poblaciones numéricamente muy disminuidas y en algunos casos con riesgo de extinción para el área. De las especies de fauna autóctona presentes en el área, 26 están listadas por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) como amenazadas y deberán implementarse acciones tendientes a su protección. De ellas al menos catorce -nueve mamíferos, tres aves y dos reptiles- están presentes en el área de impacto inmediato del Aprovechamiento Garabí. Estas son: ciervo de los pantanos (Blastocerus dichotomus), aguará-guazú (Chrisocyon brachyurus), lobito de río (Lutra platensis), gato onza (felis pardalis), gato tigre (felis tigrina), margay (felis wiedii), yaguarete (Panthera onca), ciervo de las pampas (Ozotocerus bezoarticus) , nutria gigante (Pteronura brasiliensis) , yacutinga (Aburria yacutinga), guacamayo violáceo (Anodorhynchus glaucus), chorao (Amazona pretrei), yacaré ñato (Caiman latirrostris) , yacaré negro(Caimán crocodylus). Estas especies dependen significativamente de los ambientes de bosque nativo en el área del futuro embalse de Garabí”, agrega el tétrico diagnóstico que la población desconocía, hasta hoy.
Manual para desinformar a la población
Increíblemente, el documento secreto del Gobierno comprende un programa sobre información pública cuyo objetivo es, según reza el prefacio, “determinar el contenido clave a difundir, los ejes principales de la información y comunicación del proyecto. En cuanto al programa de información y comunicación, los mensajes deberán poner su eje, en primer lugar, en los aspectos positivos del proyecto Garabí, con la intención de dotarlos de visibilidad pública, concientizando a la población de los beneficios del mismo”.
Así, entre los “aspectos negativos del proyecto Garabí” que el instructivo sugiere obviar se enumeran en el texto: “Efectos ambientales de la Construcción, polución del agua/aire por la construcción y residuos, erosión del suelo, destrucción de vegetación, problemas sanitarios y de salud, desalojos en la zona a inundar, pérdidas de tierra por la inundación (agrícolas, bosques, etc.), pérdida de rasgos culturales, históricos y estéticos, pérdida de tierras vírgenes y hábitat natural. Peligro de especies animales, proliferación de malezas acuáticas en el embalse y aguas abajo perjudicando liberación de agua, irrigación, navegación, fauna íctica, deterioro de la calidad de agua en el embalse, sedimentación del embalse y pérdida de la capacidad de almacenamiento, perjuicios para la agricultura recesiva, daño a pesquerías por cambios en el caudal, bloqueo de migraciones y menor calidad del agua, aumento de enfermedades de origen hídrico, desorden social por caída del nivel de vida de los reasentados, degradación ambiental por presión sobre la capacidad de la tierra, perjuicio a tribus y grupos indígenas, migraciones excesivas de personas en un área por las nuevas facilidades de acceso y líneas de transmisión, problemas ambientales por el mayor desarrollo derivado del embalse (irrigación, industrias, crecimiento de núcleos urbanos), pobre uso de la tierra aguas arriba y efectos sobre la calidad del agua”.
Estrategias para desinformar
El plan de desinformació n está pensado para su aplicación en ámbitos educativos públicos: “En el caso de la educación formal-nos referimos especialmente a los ciclos preescolar, educación general básica y polimodal- los contenidos necesariamente deberán ser consensuados con el Consejo Federal de Educación, las instancias de diseño de los contenidos básicos comunes en el orden provincial y las escuelas mismas, dado que formarán parte de la currícula formal de las instituciones” . Más adelante, en el mismo apartado, se deja en claro la estrategia de manipular la información antes de brindarla a la población: “Los aspectos débiles del proyecto son la materia prima para potenciales argumentos contrarios y acciones que pueden amenazar el éxito final y obstruir su desarrollo, sobre todo en las etapas iniciales. El propósito de esta sección es identificar las dimensiones fuertes y débiles del proyecto Garabí con el objeto de emplearlas eficazmente en el diseño del programa de información”.
El proyecto reconoce que persigue el objetivo de obtener -a partir de la desinformació n- la aprobación y no el debate del proyecto Garabí, cuando enuncia: “La difusión y enseñanza de los aspectos positivos o fuertes resultantes deberá correr paralelamente, a fin de provocar los cambios de actitud deseados”.
El informe le advierte al Gobierno que “las cuestiones sociales y ambientales se acumulan dando argumentos válidos a los defensores del medio ambiente para oponerse a este tipo de inversión en infraestructura. Salvo que estos aspectos sean mitigados metódicamente a través de políticas explícitas, legislación protectora, inversiones y planificación adecuadas, la construcción de obras hidroeléctricas como Garabí será retardada por tensiones sociales y una creciente oposición política y ambientalista” .
“Las principales amenazas para el normal desarrollo del proyecto están representadas por los siguientes actores: asentamientos aborígenes, ONG contrarias (locales, nacionales o internacionales) , principalmente ambientalistas, medios de comunicación, oposición de las autoridades locales y legislación contraria”, añade.
El documento adjunta en esta fracción un índice detallado de cada asociación ambientalista y un listado de ONG señaladas como “opositoras al proyecto”. “La oposición de ONG ambientalistas a la construcción de represas es un fenómeno creciente que es necesario considerar en toda su dimensión, dada su elevada representatividad social, la amplitud de la cobertura mediática de su accionar y su capacidad de hacer oír sus reclamos internacionalmente y ante organismos internacionales de financiamiento. No puede desestimarse su influencia sobre la opinión pública en general e incluso sobre los gobiernos”, advierte.
Según el texto, “las principales organizaciones no gubernamentales identificadas en la actualidad como abiertamente opuestas a la construcción de represas tienen base tanto nacional como local y regional. Entre ellas cabe destacar al Taller Ecologista-Foro Ecologista y Fundación Proteger, Amigos de la Tierra, Salus Térrea y Greenpeace Argentina. Muchas de estas organizaciones se oponen en general a cuestiones de cambio climático, como las nucleadas en el Foro del Buen Ayre (FBA), y utilizan estos argumentos en contra de las represas criticándolas como alternativas ecológicas frente al fenómeno del calentamiento global y cambio climático”.
Sustento teórico
“El intento de influir sobre los individuos mediante la comunicación persuasiva para que modifiquen sus actitudes y la conducta con ellos vinculada es algo habitual, como por ejemplo, el político que utiliza sus campañas para conquistar los votos, o los organismos tanto sociales como cívicos que desean tener una injerencia en el cambio social; todos ellos utilizan la comunicación persuasiva, en la que está implícita la intención de ejercer una influencia social”, prologa una guía del informe, destinada a la aplicación de una antiética “comunicación persuasiva”.
El plan de persuasión tiene sustento académico y científico: “Existen dos vías para la persuasión. Los investigadores sobre este tema, Richard Petty, John Caciooppo, Alice Eagly y Shelly Chaiken, demostraron con sus estudios, que aquellas personas que podían estar capacitadas para pensar en un tema se persuaden mejor a través de una ‘ruta central’, donde se reúnen elementos sistemáticos que estimulan un curso de pensamiento favorable”, describe el apartado de 213 folios destinados a estrategias para convencer a la población para que acepte el proyecto Garabí.
Cupos de exportación de peces de río
La Nación establecerá cupos de exportación de peces de río
Fecha de Publicación: 25/07/2009
Fuente: La Capital (Rosario)
Provincia/Región: Nacional
El gobierno nacional resolvió establecer límites a la exportación de especies como el sábalo, el surubí, la boga y la tararira. La fauna ictícola se podrá explotar hasta completar los cupos que fije la Secretaría de Agricultura, a fin de mantener la preservación del recurso.
El decreto 931 fue publicado ayer en el Boletín Oficial, y tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2010. En tanto, el organismo evaluará periódicamente el estado de los recursos involucrados y recomendará cuál deberá ser la extensión de los cupos con el fin de proveer a la preservación del estado del recurso.
El secretario del Sistema Hídrico, Forestal y Minero de la Provincia, Ricardo Biani, sostuvo que el decreto significa algo "que se reclama desde principio de año y está dentro del marco de la ley provincial de valores de captura que habíamos establecido".
El funcionario saludó la decisión de asignarle potestad a la órbita de pesca porque "pone un poco de orden en la actividad y permite planificar para todo el 2010". Del mismo modo agregó que "se deberán solucionar problemas de jurisdicción ya que hay provincias con distintas legislaciones que tienen similares características y están beneficiadas por ríos", recordó Biani, que fue duramente cuestionado el año pasado y principios de este por el Sindicato de Pescadores de Santa Fe y por miembros del Consejo Pesquero provincial.
El funcionario destacó que uno de los avances con este decreto es que ya "no se habla de especies sino que de cuestiones aduaneras lo cual implica que el que no cumpla no sólo tendrá una sanción administrativa sino que intervendrá la Justicia federal".
Fecha de Publicación: 25/07/2009
Fuente: La Capital (Rosario)
Provincia/Región: Nacional
El gobierno nacional resolvió establecer límites a la exportación de especies como el sábalo, el surubí, la boga y la tararira. La fauna ictícola se podrá explotar hasta completar los cupos que fije la Secretaría de Agricultura, a fin de mantener la preservación del recurso.
El decreto 931 fue publicado ayer en el Boletín Oficial, y tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2010. En tanto, el organismo evaluará periódicamente el estado de los recursos involucrados y recomendará cuál deberá ser la extensión de los cupos con el fin de proveer a la preservación del estado del recurso.
El secretario del Sistema Hídrico, Forestal y Minero de la Provincia, Ricardo Biani, sostuvo que el decreto significa algo "que se reclama desde principio de año y está dentro del marco de la ley provincial de valores de captura que habíamos establecido".
El funcionario saludó la decisión de asignarle potestad a la órbita de pesca porque "pone un poco de orden en la actividad y permite planificar para todo el 2010". Del mismo modo agregó que "se deberán solucionar problemas de jurisdicción ya que hay provincias con distintas legislaciones que tienen similares características y están beneficiadas por ríos", recordó Biani, que fue duramente cuestionado el año pasado y principios de este por el Sindicato de Pescadores de Santa Fe y por miembros del Consejo Pesquero provincial.
El funcionario destacó que uno de los avances con este decreto es que ya "no se habla de especies sino que de cuestiones aduaneras lo cual implica que el que no cumpla no sólo tendrá una sanción administrativa sino que intervendrá la Justicia federal".
La contaminación y sus víctimas
La contaminación y sus víctimas
Fecha de Publicación: 24/07/2009
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Pese a la información que se posee, los focos contaminantes siguen creciendo y nuestra población los sufre
Mucho se sabe desde hace tiempo acerca de la contaminación ambiental. También son conocidos los lugares del país donde es más intensa y quiénes son sus víctimas. Tampoco se ignora lo que debería hacerse para evitar la continuidad de ese perjuicio que enferma y mata a la población, especialmente a la que se encuentra en etapas más vulnerables: la infancia y la adolescencia. No obstante, a pesar de la información que se posee de la existencia de organismos de distinta jerarquía cuya función es evitar que el mal prospere, la triste verdad es que la contaminación crece y la población sigue sufriendo el deterioro.
El aire sufre el impacto de las emisiones de dióxido de carbono resultantes de la combustión de los hidrocarburos empleados en las industrias o los medios de transporte y de otros gases como el óxido de nitrógeno o el dióxido de azufre, todo lo cual afecta las vías respiratorias. El agua se ha convertido en vertedero de residuos, y en el curso de ríos o arroyos se vuelcan sustancias que contienen nitratos que se descomponen y concluyen siendo sustancias cancerígenas. Ello contribuye a que, además, sea imposible contar con agua potable. Por su parte, la presencia en el suelo de metales pesados, como ocurre cerca de ciertas plantas industriales, permite que el plomo u otros metales que intoxican el ambiente en finísimo polvo, sea llevado por el viento y respirado. De ese modo se provocan severos males que dañan tanto vísceras como el funcionamiento orgánico.
Estos enunciados, aplicables a nuestro medio, han sido confirmados por distintas fuentes de una manera categórica. Así, la Organización Mundial de la Salud ha considerado que un ambiente tan contaminado, como el que se vive en la cuenca del Matanza, del Riachuelo o del río Reconquista, puede ser causante del 24 por ciento de las enfermedades, que pueden llegar a ser mortales cuando afectan a menores entre 0 y 14 años; el riesgo es todavía mayor para los menores de 5 años.
La Defensoría del Pueblo de la Nación presentó un Atlas del Riesgo Ambiental de la Niñez Argentina en cuya conclusión se señala que cerca del 50 por ciento de los menores de 18 años, sobre un total de 12 millones, viven en zonas vulnerables sin que se observen políticas destinadas a encarar la contaminación ambiental que amenaza a tantos menores. Por último, la directora de la subcomisión de Salud Infantil y Ambiente de la Sociedad Argentina de Pediatría, doctora María Inés Lutz, ha indicado la presencia de factores de riesgo en otras regiones del país. Para cerrar estas referencias, habría que asomarse a un barrio de La Matanza, denominado "Nicole" (en razón de que no tenía ni colegio ni colectivo) y en cuyo espacio se da una crítica abundancia de elementos contaminantes, que intoxican el aire, el agua y el suelo.
Los males que aquejan a los lugares citados son tanto o más graves que una epidemia, si se tiene en cuenta la cantidad de niños en riesgo. Es indispensable, entonces, que se comience a obrar de una vez seria y efectivamente, con la continuidad necesaria, para remediar tanto daño ambiental y humano.
Fecha de Publicación: 24/07/2009
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Pese a la información que se posee, los focos contaminantes siguen creciendo y nuestra población los sufre
Mucho se sabe desde hace tiempo acerca de la contaminación ambiental. También son conocidos los lugares del país donde es más intensa y quiénes son sus víctimas. Tampoco se ignora lo que debería hacerse para evitar la continuidad de ese perjuicio que enferma y mata a la población, especialmente a la que se encuentra en etapas más vulnerables: la infancia y la adolescencia. No obstante, a pesar de la información que se posee de la existencia de organismos de distinta jerarquía cuya función es evitar que el mal prospere, la triste verdad es que la contaminación crece y la población sigue sufriendo el deterioro.
El aire sufre el impacto de las emisiones de dióxido de carbono resultantes de la combustión de los hidrocarburos empleados en las industrias o los medios de transporte y de otros gases como el óxido de nitrógeno o el dióxido de azufre, todo lo cual afecta las vías respiratorias. El agua se ha convertido en vertedero de residuos, y en el curso de ríos o arroyos se vuelcan sustancias que contienen nitratos que se descomponen y concluyen siendo sustancias cancerígenas. Ello contribuye a que, además, sea imposible contar con agua potable. Por su parte, la presencia en el suelo de metales pesados, como ocurre cerca de ciertas plantas industriales, permite que el plomo u otros metales que intoxican el ambiente en finísimo polvo, sea llevado por el viento y respirado. De ese modo se provocan severos males que dañan tanto vísceras como el funcionamiento orgánico.
Estos enunciados, aplicables a nuestro medio, han sido confirmados por distintas fuentes de una manera categórica. Así, la Organización Mundial de la Salud ha considerado que un ambiente tan contaminado, como el que se vive en la cuenca del Matanza, del Riachuelo o del río Reconquista, puede ser causante del 24 por ciento de las enfermedades, que pueden llegar a ser mortales cuando afectan a menores entre 0 y 14 años; el riesgo es todavía mayor para los menores de 5 años.
La Defensoría del Pueblo de la Nación presentó un Atlas del Riesgo Ambiental de la Niñez Argentina en cuya conclusión se señala que cerca del 50 por ciento de los menores de 18 años, sobre un total de 12 millones, viven en zonas vulnerables sin que se observen políticas destinadas a encarar la contaminación ambiental que amenaza a tantos menores. Por último, la directora de la subcomisión de Salud Infantil y Ambiente de la Sociedad Argentina de Pediatría, doctora María Inés Lutz, ha indicado la presencia de factores de riesgo en otras regiones del país. Para cerrar estas referencias, habría que asomarse a un barrio de La Matanza, denominado "Nicole" (en razón de que no tenía ni colegio ni colectivo) y en cuyo espacio se da una crítica abundancia de elementos contaminantes, que intoxican el aire, el agua y el suelo.
Los males que aquejan a los lugares citados son tanto o más graves que una epidemia, si se tiene en cuenta la cantidad de niños en riesgo. Es indispensable, entonces, que se comience a obrar de una vez seria y efectivamente, con la continuidad necesaria, para remediar tanto daño ambiental y humano.
Pidieron cambios en la Ley de Reserva del Iberá
Ganaderos, arroceros y forestales pidieron cambios en la Ley de Reserva del Iberá
Fecha de Publicación: 24/07/2009
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Corrientes
Referentes de la Mesa Coordinadora de Entidades Productivas manifestaron algunas diferencias respecto al proyecto para reglamentar las explotaciones agrícolas en el Iberá. Pidieron revisiones en los límites dispuestos para la Reserva y que el Ministerio de Producción sea el ente de control. Asimismo, anunciaron que continuarán trabajando en forma conjunta con el Gobierno.
Si bien durante la reunión que mantuvieron el miércoles con el gobernador, Arturo Colombi, lograron un acuerdo general respecto a la reglamentación de la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de Bosques Nativos, el sector productivo de la provincia mantiene algunas diferencias con el Gobierno respecto a otra reglamentación, en este caso, la de la Ley de Reserva del Iberá. Los principales pedidos de ganaderos, arroceros y forestales serían modificaciones en los límites dispuestos para la reserva y en la autoridad de aplicación. En todos los casos, los referentes de los distintos sectores anunciaron que continuarán trabajando en forma coordinada con el Ministerio de la Producción, con el fin de lograr una norma que contemple la capacidad de producir de manera sustentable.
Durante el encuentro que mantuvieron el miércoles los referentes de la Mesa Coordinadora de Entidades Productivas junto al gobernador Colombi y los funcionarios del Ministerio de la Producción, los representantes del sector productivo coincidieron en la reglamentación de la Ley de Bosques. En este aspecto, anunciaron que la respuesta final la tendrán el 4 de agosto, dado que los representantes del sector ganadero no habían analizado a fondo algunas correcciones en el documento final del Ordenamiento Territorial elaborado por la Dirección de Recursos Forestales.
Donde existen algunas discrepancias es en la reglamentación de la Ley de Reserva del Iberá, una norma que data de la década del ‘80. En este caso, los productores manifestaron algunas diferencias con las propuestas del Gobierno provincial en lo que respecta a la autoridad de aplicación de la Ley y a los límites dispuestos por la legislación para la reserva. Cabe recordar en este aspecto, que el Gobierno provincial realizó varias reuniones -desde hace al menos un par de años- con los referentes de distintas áreas de la producción y el turismo, con el fin de llegar a acuerdos para las explotaciones sustentables.
En el primer punto, los tres sectores nucleados en la Mesa Coordinadora (ganaderos, arroceros y forestales) coincidieron en su oposición a que la autoridad de aplicación sea la Dirección de Parques de la provincia, y solicitaron que sea el Ministerio de la Producción el ente que supervise la aplicación de la norma. “Es una superficie demasiado extensa para que esté en manos de un director, y consideramos que debe ser el Ministerio de la Producción, a través de todas sus áreas, el que maneje la aplicación de la Ley”, dijo a El Litoral el presidente de la Asociación Correntina de Plantadores de Arroz (Acpa), Jorge Vara.
Respecto a los límites de la reserva, los dirigentes de estos sectores manifestaron que existen desigualdades entre los distintos límites, que perjudican sobre todo a los productores de los departamentos Mercedes y San Martín, dado que allí se concentran mayor número de pobladores dentro de la Reserva del Iberá. En este aspecto, Vara explicó que en lo que respecta a arroceros, dentro de la reserva existen seis explotaciones de esta actividad, y que también se desarrolla la ganadería y la forestación. “Entendemos que son las únicas actividades que se realizan dentro de la reserva, por eso los referentes de los tres sectores estamos trabajando junto al Gobierno en la elaboración de la reglamentación para la Ley”, dijo el arrocero.
Por su parte, el titular de la Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes, Miguel Marticorena, explicó a este diario que también les resta analizar los manuales de buenas prácticas agrícolas para desarrollar dentro de la reserva. El curuzucuateño comentó respecto a estos documentos, que ya está listo el del sector arrocero, mientras que restan finalizar los de los sectores ganadero y forestal.
Fecha de Publicación: 24/07/2009
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Corrientes
Referentes de la Mesa Coordinadora de Entidades Productivas manifestaron algunas diferencias respecto al proyecto para reglamentar las explotaciones agrícolas en el Iberá. Pidieron revisiones en los límites dispuestos para la Reserva y que el Ministerio de Producción sea el ente de control. Asimismo, anunciaron que continuarán trabajando en forma conjunta con el Gobierno.
Si bien durante la reunión que mantuvieron el miércoles con el gobernador, Arturo Colombi, lograron un acuerdo general respecto a la reglamentación de la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de Bosques Nativos, el sector productivo de la provincia mantiene algunas diferencias con el Gobierno respecto a otra reglamentación, en este caso, la de la Ley de Reserva del Iberá. Los principales pedidos de ganaderos, arroceros y forestales serían modificaciones en los límites dispuestos para la reserva y en la autoridad de aplicación. En todos los casos, los referentes de los distintos sectores anunciaron que continuarán trabajando en forma coordinada con el Ministerio de la Producción, con el fin de lograr una norma que contemple la capacidad de producir de manera sustentable.
Durante el encuentro que mantuvieron el miércoles los referentes de la Mesa Coordinadora de Entidades Productivas junto al gobernador Colombi y los funcionarios del Ministerio de la Producción, los representantes del sector productivo coincidieron en la reglamentación de la Ley de Bosques. En este aspecto, anunciaron que la respuesta final la tendrán el 4 de agosto, dado que los representantes del sector ganadero no habían analizado a fondo algunas correcciones en el documento final del Ordenamiento Territorial elaborado por la Dirección de Recursos Forestales.
Donde existen algunas discrepancias es en la reglamentación de la Ley de Reserva del Iberá, una norma que data de la década del ‘80. En este caso, los productores manifestaron algunas diferencias con las propuestas del Gobierno provincial en lo que respecta a la autoridad de aplicación de la Ley y a los límites dispuestos por la legislación para la reserva. Cabe recordar en este aspecto, que el Gobierno provincial realizó varias reuniones -desde hace al menos un par de años- con los referentes de distintas áreas de la producción y el turismo, con el fin de llegar a acuerdos para las explotaciones sustentables.
En el primer punto, los tres sectores nucleados en la Mesa Coordinadora (ganaderos, arroceros y forestales) coincidieron en su oposición a que la autoridad de aplicación sea la Dirección de Parques de la provincia, y solicitaron que sea el Ministerio de la Producción el ente que supervise la aplicación de la norma. “Es una superficie demasiado extensa para que esté en manos de un director, y consideramos que debe ser el Ministerio de la Producción, a través de todas sus áreas, el que maneje la aplicación de la Ley”, dijo a El Litoral el presidente de la Asociación Correntina de Plantadores de Arroz (Acpa), Jorge Vara.
Respecto a los límites de la reserva, los dirigentes de estos sectores manifestaron que existen desigualdades entre los distintos límites, que perjudican sobre todo a los productores de los departamentos Mercedes y San Martín, dado que allí se concentran mayor número de pobladores dentro de la Reserva del Iberá. En este aspecto, Vara explicó que en lo que respecta a arroceros, dentro de la reserva existen seis explotaciones de esta actividad, y que también se desarrolla la ganadería y la forestación. “Entendemos que son las únicas actividades que se realizan dentro de la reserva, por eso los referentes de los tres sectores estamos trabajando junto al Gobierno en la elaboración de la reglamentación para la Ley”, dijo el arrocero.
Por su parte, el titular de la Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes, Miguel Marticorena, explicó a este diario que también les resta analizar los manuales de buenas prácticas agrícolas para desarrollar dentro de la reserva. El curuzucuateño comentó respecto a estos documentos, que ya está listo el del sector arrocero, mientras que restan finalizar los de los sectores ganadero y forestal.
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