Romina no hacía ecología de gastos
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Romina no hacía ecología de gastos
Fecha de Publicación: 05/06/2009
Fuente: Crítica Digital
Provincia/Región: Nacional
La Justicia detectó presuntas irregularidades en rendimientos de gastos relacionados con la “conservación del loro hablador”, entre otros planes. Incluían facturaciones injustificadas y gran cantidad de gastos superfluos.
La justicia federal está a punto de darle malas noticias a la ex secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable Romina Picolotti. Los peritos contables de la Corte Suprema terminaron de procesar los comprobantes de gastos durante la gestión de Picolotti y encontraron decenas de recibos que no se aplicaban a los programas ambientales. La ex funcionaria está siendo investigada desde 2007 por el supuesto uso sin control de fondos públicos a través de una fundación llamada ArgenInta. En la misma causa también está involucrado el ex intendente de Córdoba y candidato en las próximas elecciones Luis Juez.
La investigación –que está a cargo del fiscal Guillermo Marijuán– se concentró en diez acuerdos entre la secretaría y la fundación a la que se derivó dinero para destinos específicos. En el primer lugar de la lista está el proyecto Elé, cuyo objetivo principal era conservar la especie “loro hablador”. Con ese fin, se asignaron tres partidas que alcanzan los 200 mil pesos. Con la información que recolectó en el allanamiento a ArgenInta, el fiscal envió a los peritos los rendimientos de gastos de estos programas. En el caso del “loro hablador”, hay de todo: facturas de $ 7.500 a una persona de nombre Juan Agustín Aguirre sin el detalle de cuáles fueron sus servicios, órdenes de pago por insumos, viáticos, almuerzos, combustibles, comunicaciones y mantenimiento de autos sin especificar los motivos. En otro proyecto, llamado Nutria, el esquema es similar. Se asignaron partidas por 290 mil pesos que incluyen gastos como la factura 442, del taller mecánico “RG” por reparación de un vehículo que no está identificado en ningún lado.
A lo largo del peritaje, se repiten los gastos inexplicables: en el proyecto Tupinambis, para la preservación de iguanas, figura un almuerzo para tres en la rotisería ¿Y hoy qué Comemos?, un ticket de supermercados Carrefour por siete sidras premium, mantecol con nueces, cinco botellas de champagne, dos de vino tinto, turrones y pan dulce por $543. En ese listado aparece también un servicio de lavandería de 5àSec y varios tickets de Lava Autos Mosconi. En los rendimientos de los demás acuerdos hay almuerzos en Sushi Club, regalos de cumpleaños y hasta la compra de El Principito en la librería El Ateneo.
El expediente contra Picolotti comenzó por una investigación periodística publicada en el diario Clarín que revelaba contrataciones muy bien pagas a parientes y amigos, gastos sin control en compras de camionetas 4x4 y muebles para oficinas, alquiler de aviones privados, entre otras actividades sospechosas a través del convenio con ArgenInta.
Con el avance de la causa, se sumaron otras anomalías: la más importante siguió la pista de un giro de $ 650.000 otorgado por Picolotti a la intendencia de Córdoba, su ciudad de origen, cuando estaba manejada por Luis Juez. El objetivo de ese dinero era jerarquizar el área de Ambiente municipal. Sin embargo, según el expediente, ese dinero no habría tenido el destino pautado. En los papeles analizados por los peritos consta que los comprobantes de una de las partidas fueron rendidos con facturas de globos, escarapelas, mil plantas aromáticas y pauta publicitaria. Los abogados de Juez dijeron a este diario que cada uno de esos gastos fue aprobado por la jefatura de Gabinete de la Nación.
Fuente judiciales reconocieron que los dos ex funcionarios están muy cerca de ser llamados a indagatoria.
Fecha de Publicación: 05/06/2009
Fuente: Crítica Digital
Provincia/Región: Nacional
La Justicia detectó presuntas irregularidades en rendimientos de gastos relacionados con la “conservación del loro hablador”, entre otros planes. Incluían facturaciones injustificadas y gran cantidad de gastos superfluos.
La justicia federal está a punto de darle malas noticias a la ex secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable Romina Picolotti. Los peritos contables de la Corte Suprema terminaron de procesar los comprobantes de gastos durante la gestión de Picolotti y encontraron decenas de recibos que no se aplicaban a los programas ambientales. La ex funcionaria está siendo investigada desde 2007 por el supuesto uso sin control de fondos públicos a través de una fundación llamada ArgenInta. En la misma causa también está involucrado el ex intendente de Córdoba y candidato en las próximas elecciones Luis Juez.
La investigación –que está a cargo del fiscal Guillermo Marijuán– se concentró en diez acuerdos entre la secretaría y la fundación a la que se derivó dinero para destinos específicos. En el primer lugar de la lista está el proyecto Elé, cuyo objetivo principal era conservar la especie “loro hablador”. Con ese fin, se asignaron tres partidas que alcanzan los 200 mil pesos. Con la información que recolectó en el allanamiento a ArgenInta, el fiscal envió a los peritos los rendimientos de gastos de estos programas. En el caso del “loro hablador”, hay de todo: facturas de $ 7.500 a una persona de nombre Juan Agustín Aguirre sin el detalle de cuáles fueron sus servicios, órdenes de pago por insumos, viáticos, almuerzos, combustibles, comunicaciones y mantenimiento de autos sin especificar los motivos. En otro proyecto, llamado Nutria, el esquema es similar. Se asignaron partidas por 290 mil pesos que incluyen gastos como la factura 442, del taller mecánico “RG” por reparación de un vehículo que no está identificado en ningún lado.
A lo largo del peritaje, se repiten los gastos inexplicables: en el proyecto Tupinambis, para la preservación de iguanas, figura un almuerzo para tres en la rotisería ¿Y hoy qué Comemos?, un ticket de supermercados Carrefour por siete sidras premium, mantecol con nueces, cinco botellas de champagne, dos de vino tinto, turrones y pan dulce por $543. En ese listado aparece también un servicio de lavandería de 5àSec y varios tickets de Lava Autos Mosconi. En los rendimientos de los demás acuerdos hay almuerzos en Sushi Club, regalos de cumpleaños y hasta la compra de El Principito en la librería El Ateneo.
El expediente contra Picolotti comenzó por una investigación periodística publicada en el diario Clarín que revelaba contrataciones muy bien pagas a parientes y amigos, gastos sin control en compras de camionetas 4x4 y muebles para oficinas, alquiler de aviones privados, entre otras actividades sospechosas a través del convenio con ArgenInta.
Con el avance de la causa, se sumaron otras anomalías: la más importante siguió la pista de un giro de $ 650.000 otorgado por Picolotti a la intendencia de Córdoba, su ciudad de origen, cuando estaba manejada por Luis Juez. El objetivo de ese dinero era jerarquizar el área de Ambiente municipal. Sin embargo, según el expediente, ese dinero no habría tenido el destino pautado. En los papeles analizados por los peritos consta que los comprobantes de una de las partidas fueron rendidos con facturas de globos, escarapelas, mil plantas aromáticas y pauta publicitaria. Los abogados de Juez dijeron a este diario que cada uno de esos gastos fue aprobado por la jefatura de Gabinete de la Nación.
Fuente judiciales reconocieron que los dos ex funcionarios están muy cerca de ser llamados a indagatoria.
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El parque eólico más grande del mundo
Santa Cruz podrá tener el parque eólico más grande del mundo
Fecha de Publicación: 04/06/2009
Fuente: La Opinión Austral
Provincia/Región: Santa Cruz
Con el furor por el Interconectado a Río Gallegos, pasó casi desapercibida la carta intención firmada por Osvaldo Maimo con el presidente del grupo Guascor y el secretario de Energía Daniel Cameron. Se invertirán 2.400 millones de dólares en el proyecto que contará con 700 aerogeneradores. Se espera que esté funcionando a fines de 2013.
El Gobierno y el grupo español Guascor, uno de los líderes mundiales en materia de energía, anunciaron que construirán el parque eólico más grande del mundo en la localidad de Pico Truncado, con una inversión de 2.400 millones de dólares.
Según se informó oficialmente, el parque estará funcionando entre fines de 2013 y principios de 2014.
La energía eólica es la obtenida del viento, es decir, la energía cinética generada por turbinas especialmente diseñadas para aprovechar las corrientes de aire. A su vez, los parques eólicos son utilizados para producir grandes cantidades de energía eléctrica mediante aerogeneradores, que brindan luz a miles de hogares en el mundo.
La Argentina ya cuenta con varios parques eólicos ubicados en la Patagonia que, en su mayoría, están conectados a la red de servicios públicos y son gerenciados por cooperativas locales.
Al pequeño que ya existe en Pico Truncado se suman otros en Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, en Chubut; Claromecó, Darregueira, Mayor Buratovich, Punta Alta y Tandil, en la provincia de Buenos Aires; Cutral Có, en Neuquén, y General Acha, en La Pampa.
El proyecto
En el acto del lunes, se firmó un Acuerdo de Intenciones para comenzar a realizar el proyecto. Durante el proceso de construcción el mismo demandará 300 nuevos puestos de trabajo y unos 900 indirectos.
El parque aprovechará el gran potencial en energía eólica por los vientos persistentes de la Patagonia e involucrará un total de 700 aerogeneradores que se construirán en 6.500 hectáreas alquiladas por la provincia por 30 años.
Tendrá una potencia de entre 600 y 900 megavatios, cuando en la actualidad el más potente está ubicado en Comodoro Rivadavia y alcanza sólo poco más de 17 megavatios.
El parque eólico, que se emplazará en la zona de Pico Truncado, aumentaría en 600-900MW la capacidad del Sistema Argentino de Interconexión (SADI).
Guascor contempla financiar el 30% del proyecto con recursos propios y el resto lo obtendrá del mercado financiero local e internacional, según Télam.
Con este proyecto “Argentina se convierte en líder de Latinoamérica en las llamadas nuevas energías verdes”, señaló el presidente de Guascor, José Grajales, durante una visita a la zona en que se construirá el parque eólico.
Guascor, que pretende comenzar las obras de construcción dentro de un año, formó para este fin la filial local Eólica-Pico Truncado.
“Dentro del área local se generará un gran centro de control energético que será modelo a nivel internacional por su tecnología y se creará un centro de formación específica para buscar y formar técnicos en el mundo de la energía eólica”, anticipó.
Grajales es uno de los fundadores de Gamesa, uno de los principales fabricantes internacionales de aerogeneradores del mundo y líder en España en el sector de fabricación, venta e instalación de turbinas eólicas.
La empresa ya comenzó los estudios ambientales iniciales y las negociaciones por el contrato de suministro eléctrico, de acuerdo con la información.
Según un informe que presentó el mes pasado la Cámara Argentina de Energías Renovables (Cader), podrían desarrollarse cerca de 2GW de capacidad eólica en el país.
La región de la Patagonia, en el sur del país, tiene las mayores velocidades de viento de Argentina, pero cerca del 70% del territorio nacional experimenta velocidades promedio de 6m/s o más a 50m de altura, según la cámara.
Es probable que una ley que exigirá que un 8% de la electricidad argentina provenga de fuentes renovables para el 2016 no tenga un amplio impacto en la industria, ya que esta no establece penalidades por incumplimiento, agregó.
Fecha de Publicación: 04/06/2009
Fuente: La Opinión Austral
Provincia/Región: Santa Cruz
Con el furor por el Interconectado a Río Gallegos, pasó casi desapercibida la carta intención firmada por Osvaldo Maimo con el presidente del grupo Guascor y el secretario de Energía Daniel Cameron. Se invertirán 2.400 millones de dólares en el proyecto que contará con 700 aerogeneradores. Se espera que esté funcionando a fines de 2013.
El Gobierno y el grupo español Guascor, uno de los líderes mundiales en materia de energía, anunciaron que construirán el parque eólico más grande del mundo en la localidad de Pico Truncado, con una inversión de 2.400 millones de dólares.
Según se informó oficialmente, el parque estará funcionando entre fines de 2013 y principios de 2014.
La energía eólica es la obtenida del viento, es decir, la energía cinética generada por turbinas especialmente diseñadas para aprovechar las corrientes de aire. A su vez, los parques eólicos son utilizados para producir grandes cantidades de energía eléctrica mediante aerogeneradores, que brindan luz a miles de hogares en el mundo.
La Argentina ya cuenta con varios parques eólicos ubicados en la Patagonia que, en su mayoría, están conectados a la red de servicios públicos y son gerenciados por cooperativas locales.
Al pequeño que ya existe en Pico Truncado se suman otros en Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, en Chubut; Claromecó, Darregueira, Mayor Buratovich, Punta Alta y Tandil, en la provincia de Buenos Aires; Cutral Có, en Neuquén, y General Acha, en La Pampa.
El proyecto
En el acto del lunes, se firmó un Acuerdo de Intenciones para comenzar a realizar el proyecto. Durante el proceso de construcción el mismo demandará 300 nuevos puestos de trabajo y unos 900 indirectos.
El parque aprovechará el gran potencial en energía eólica por los vientos persistentes de la Patagonia e involucrará un total de 700 aerogeneradores que se construirán en 6.500 hectáreas alquiladas por la provincia por 30 años.
Tendrá una potencia de entre 600 y 900 megavatios, cuando en la actualidad el más potente está ubicado en Comodoro Rivadavia y alcanza sólo poco más de 17 megavatios.
El parque eólico, que se emplazará en la zona de Pico Truncado, aumentaría en 600-900MW la capacidad del Sistema Argentino de Interconexión (SADI).
Guascor contempla financiar el 30% del proyecto con recursos propios y el resto lo obtendrá del mercado financiero local e internacional, según Télam.
Con este proyecto “Argentina se convierte en líder de Latinoamérica en las llamadas nuevas energías verdes”, señaló el presidente de Guascor, José Grajales, durante una visita a la zona en que se construirá el parque eólico.
Guascor, que pretende comenzar las obras de construcción dentro de un año, formó para este fin la filial local Eólica-Pico Truncado.
“Dentro del área local se generará un gran centro de control energético que será modelo a nivel internacional por su tecnología y se creará un centro de formación específica para buscar y formar técnicos en el mundo de la energía eólica”, anticipó.
Grajales es uno de los fundadores de Gamesa, uno de los principales fabricantes internacionales de aerogeneradores del mundo y líder en España en el sector de fabricación, venta e instalación de turbinas eólicas.
La empresa ya comenzó los estudios ambientales iniciales y las negociaciones por el contrato de suministro eléctrico, de acuerdo con la información.
Según un informe que presentó el mes pasado la Cámara Argentina de Energías Renovables (Cader), podrían desarrollarse cerca de 2GW de capacidad eólica en el país.
La región de la Patagonia, en el sur del país, tiene las mayores velocidades de viento de Argentina, pero cerca del 70% del territorio nacional experimenta velocidades promedio de 6m/s o más a 50m de altura, según la cámara.
Es probable que una ley que exigirá que un 8% de la electricidad argentina provenga de fuentes renovables para el 2016 no tenga un amplio impacto en la industria, ya que esta no establece penalidades por incumplimiento, agregó.
El seguro ambiental ya es obligatorio
El seguro ambiental ya es obligatorio para las empresas
Fecha de Publicación: 04/06/2009
Fuente: El Cronista
Provincia/Región: Nacional
En el año 2002 fue sancionada la Ley General de Ambiente, Nº 25675, que en su artículo 22 estableció que toda persona física o jurídica que realice actividades riesgosas para el ambiente deberá contratar un seguro de cobertura con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la recomposición del daño que pudiere producir.
Con la mencionada norma fue cumplido el mandato de la Constitución Nacional, que en el Art. 41 de la Reforma de 1994 consagró el derecho de los habitantes a gozar de un ambiente sano, impuso a la actividad productiva el deber de preservarlo y estableció también la obligación de recomponer los daños ambientales provocados.
Estas disposiciones, al incorporar obligaciones, principalmente las de recomposición y resarcimiento, generan la noción del riesgo ambiental. Con las exigencias aludidas, los costos de la recomposición y resarcimiento, hasta ahora pagados por la sociedad toda, comienzan a ser internalizados por las empresas.
Allí cobra importancia el rol de la actividad aseguradora en la materia ambiental, como un agente que diluye dichos costos, que aporta previsión en la actividad empresaria, y mejora la eficiencia y la razonabilidad en la distribución de los costos ambientales.
La norma dice que el que “cause un daño ambiental es responsable” de su restablecimiento al estado anterior al deterioro provocado, y, en el caso de que no sea técnicamente factible, deberá depositar la indemnización sustitutiva que determine la justicia ordinaria en un Fondo creado para instrumentar acciones de reparación.
Dictada la norma, el sector asegurador pudo aportar su visión e inquietudes en el tema ambiental y logró la aprobación de una póliza específica para cubrir la exigencia referida.
La póliza en cuestión es un instrumento contractual que, ante el incumplimiento del obligado, se obliga a reparar en vía administrativa los daños ambientales definidos por la Ley. Se basa en un régimen de responsabilidad objetiva, sin intervención de culpa o infracción normativa de quienes contaminen, y coexiste, a su vez, con un sistema de responsabilidad por culpa o negligencia.
Este instrumento le genera valor agregado al titular del interés asegurable ya que prevé un programa de prevención del riesgo y procedimientos de monitoreos y actuación ante el conocimiento de un incidente ambiental.
Por medio de normas complementarias a la Ley 25675 -las Resoluciones 177/07 y 303/07- se establecieron los tipos de empresas obligadas al aseguramiento, que es generalizado. La nómina incluye tanto a las sociedades de patrimonios importantes, como a las pequeñas y medianas empresas. Lo significativo es el tipo de actividad. El listado de rubros alcanzados abarca un número relevante de entidades, chicas, medianas y grandes.
La Ley está vigente, es de orden público, aplicable en todo el país, sin perjuicio de la coordinación interjuridiccional que resulta de lo dispuesto en el artículo 9º y que obviamente no puede ir en contra de lo dispuesto por la norma.
Por tanto, para las empresas la contratación de la póliza ya es obligatoria y paulatinamente la exigibilidad se irá acentuando en la medida que la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, como así también los organismos provinciales y municipales o la Ciudad de Buenos Aires, comiencen a requerir la presentación con mayor rigurosidad.
Por último, es de señalar que el concepto aplicado para definir el alcance de la cobertura, no fue abordado con los criterios de los seguros clásicos. El hecho de tener que realizar las acciones de reparación tanto primarias como complementarias o compensatorias, que reflejan obligaciones de hacer, y no puramente monetarias, ha creado un mercado especializado de seguros ambientales con una oferta limitada de aseguradoras, pero muy profesionalizada en el tratamiento técnico de esta clase de riesgos no tradicionales.
Fecha de Publicación: 04/06/2009
Fuente: El Cronista
Provincia/Región: Nacional
En el año 2002 fue sancionada la Ley General de Ambiente, Nº 25675, que en su artículo 22 estableció que toda persona física o jurídica que realice actividades riesgosas para el ambiente deberá contratar un seguro de cobertura con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la recomposición del daño que pudiere producir.
Con la mencionada norma fue cumplido el mandato de la Constitución Nacional, que en el Art. 41 de la Reforma de 1994 consagró el derecho de los habitantes a gozar de un ambiente sano, impuso a la actividad productiva el deber de preservarlo y estableció también la obligación de recomponer los daños ambientales provocados.
Estas disposiciones, al incorporar obligaciones, principalmente las de recomposición y resarcimiento, generan la noción del riesgo ambiental. Con las exigencias aludidas, los costos de la recomposición y resarcimiento, hasta ahora pagados por la sociedad toda, comienzan a ser internalizados por las empresas.
Allí cobra importancia el rol de la actividad aseguradora en la materia ambiental, como un agente que diluye dichos costos, que aporta previsión en la actividad empresaria, y mejora la eficiencia y la razonabilidad en la distribución de los costos ambientales.
La norma dice que el que “cause un daño ambiental es responsable” de su restablecimiento al estado anterior al deterioro provocado, y, en el caso de que no sea técnicamente factible, deberá depositar la indemnización sustitutiva que determine la justicia ordinaria en un Fondo creado para instrumentar acciones de reparación.
Dictada la norma, el sector asegurador pudo aportar su visión e inquietudes en el tema ambiental y logró la aprobación de una póliza específica para cubrir la exigencia referida.
La póliza en cuestión es un instrumento contractual que, ante el incumplimiento del obligado, se obliga a reparar en vía administrativa los daños ambientales definidos por la Ley. Se basa en un régimen de responsabilidad objetiva, sin intervención de culpa o infracción normativa de quienes contaminen, y coexiste, a su vez, con un sistema de responsabilidad por culpa o negligencia.
Este instrumento le genera valor agregado al titular del interés asegurable ya que prevé un programa de prevención del riesgo y procedimientos de monitoreos y actuación ante el conocimiento de un incidente ambiental.
Por medio de normas complementarias a la Ley 25675 -las Resoluciones 177/07 y 303/07- se establecieron los tipos de empresas obligadas al aseguramiento, que es generalizado. La nómina incluye tanto a las sociedades de patrimonios importantes, como a las pequeñas y medianas empresas. Lo significativo es el tipo de actividad. El listado de rubros alcanzados abarca un número relevante de entidades, chicas, medianas y grandes.
La Ley está vigente, es de orden público, aplicable en todo el país, sin perjuicio de la coordinación interjuridiccional que resulta de lo dispuesto en el artículo 9º y que obviamente no puede ir en contra de lo dispuesto por la norma.
Por tanto, para las empresas la contratación de la póliza ya es obligatoria y paulatinamente la exigibilidad se irá acentuando en la medida que la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, como así también los organismos provinciales y municipales o la Ciudad de Buenos Aires, comiencen a requerir la presentación con mayor rigurosidad.
Por último, es de señalar que el concepto aplicado para definir el alcance de la cobertura, no fue abordado con los criterios de los seguros clásicos. El hecho de tener que realizar las acciones de reparación tanto primarias como complementarias o compensatorias, que reflejan obligaciones de hacer, y no puramente monetarias, ha creado un mercado especializado de seguros ambientales con una oferta limitada de aseguradoras, pero muy profesionalizada en el tratamiento técnico de esta clase de riesgos no tradicionales.
Plaguicidas: malformaciones en la fauna
Un estudio afirma que algunos plaguicidas provocan malformaciones en la fauna
Fecha de Publicación: 03/06/2009
Fuente: NotiFe
Provincia/Región: Santa Fe
Lo confirmó un investigador de la UNL, especialista en la materia. Rafael Lajmanovich afirmó que el grupo de trabajo que dirige evalúa desde hace años el modo en que los plaguicidas afectan a los animales. Si bien no se pronunció sobre la manera en que inciden en las personas, recordó que hay leyes que limitan la distancia del lugar de aplicación con respecto a los asentamientos poblacionales.
Rafael Lajmanovich, investigador de la UNL especialista en Plaguicidas, dialogó esta mañana con LT10 sobre la polémica que desató un estudio de su autoría que indaga en el desastre que genera en el ecosistema el uso de agroquímicos. El catedrático explicó que, junto al grupo de trabajo que dirige, se aboca “desde hace muchos años al tema del impacto de los agroecosistemas sobre la fauna silvestre”.
Según dijo, se trata de “evaluaciones de tipo integral que no sólo incluyen a plaguicidas sino la degradación del hábitat en general y todo lo que hace al ecosistema luego de que un agroecosistema se instala en él”. Al respecto reveló que “los plaguicidas son una de las causas que -se comenta- producen muchísimos problemas en la fauna silvestre, entre ellos, distintos tipos de malformaciones en animales”.
Si bien evitó ahondar en la afectación que puede tener esto sobre las personas argumentando que “extrapolar resultados es aventurado” determinó que “se supone que cuando se estudian animales considerados como indicadores ambientales, uno de los objetivos es alertar sobre lo que podría suceder eventualmente en poblaciones humanas”.
“No opino sobre la salud humana, sólo me remito a decir que existen leyes que reglamentan la distancia donde se debe aplicar el agroquímico, con respecto a las poblaciones humanas” señaló.
En cuanto a su estudio, el facultativo dejó en claro que “en el año 2003 trabajamos con el glifosato, hicimos algunas publicaciones y evidenciábamos algunos de los problemas que causaban en el sistema esquelético de anfibios anuros”.
Incluso, fue consultado sobre la disminución de sapos y ranas que se observa en algunos hábitats donde, hasta hace poco, se contaban por varios cientos: “Lamentablemente es una apreciación que podemos casi decir que es cierta y no sólo se observa en nuestro país sino también a nivel mundial. El fenómeno de la declinación de anfibios se observa en todo el mundo y es multicausal pero una de las causas a las que se atribuye la disminución en las poblaciones de anfibios es el uso de agroquímicos” afirmó.
Fecha de Publicación: 03/06/2009
Fuente: NotiFe
Provincia/Región: Santa Fe
Lo confirmó un investigador de la UNL, especialista en la materia. Rafael Lajmanovich afirmó que el grupo de trabajo que dirige evalúa desde hace años el modo en que los plaguicidas afectan a los animales. Si bien no se pronunció sobre la manera en que inciden en las personas, recordó que hay leyes que limitan la distancia del lugar de aplicación con respecto a los asentamientos poblacionales.
Rafael Lajmanovich, investigador de la UNL especialista en Plaguicidas, dialogó esta mañana con LT10 sobre la polémica que desató un estudio de su autoría que indaga en el desastre que genera en el ecosistema el uso de agroquímicos. El catedrático explicó que, junto al grupo de trabajo que dirige, se aboca “desde hace muchos años al tema del impacto de los agroecosistemas sobre la fauna silvestre”.
Según dijo, se trata de “evaluaciones de tipo integral que no sólo incluyen a plaguicidas sino la degradación del hábitat en general y todo lo que hace al ecosistema luego de que un agroecosistema se instala en él”. Al respecto reveló que “los plaguicidas son una de las causas que -se comenta- producen muchísimos problemas en la fauna silvestre, entre ellos, distintos tipos de malformaciones en animales”.
Si bien evitó ahondar en la afectación que puede tener esto sobre las personas argumentando que “extrapolar resultados es aventurado” determinó que “se supone que cuando se estudian animales considerados como indicadores ambientales, uno de los objetivos es alertar sobre lo que podría suceder eventualmente en poblaciones humanas”.
“No opino sobre la salud humana, sólo me remito a decir que existen leyes que reglamentan la distancia donde se debe aplicar el agroquímico, con respecto a las poblaciones humanas” señaló.
En cuanto a su estudio, el facultativo dejó en claro que “en el año 2003 trabajamos con el glifosato, hicimos algunas publicaciones y evidenciábamos algunos de los problemas que causaban en el sistema esquelético de anfibios anuros”.
Incluso, fue consultado sobre la disminución de sapos y ranas que se observa en algunos hábitats donde, hasta hace poco, se contaban por varios cientos: “Lamentablemente es una apreciación que podemos casi decir que es cierta y no sólo se observa en nuestro país sino también a nivel mundial. El fenómeno de la declinación de anfibios se observa en todo el mundo y es multicausal pero una de las causas a las que se atribuye la disminución en las poblaciones de anfibios es el uso de agroquímicos” afirmó.
“Cierre” del relleno de González Catán
Comenzó a funcionar convenio que menciona el “cierre” del relleno de González Catán
Fecha de Publicación: 03/06/2009
Fuente: Diarionco
Provincia/Región: Buenos Aires
En tanto se deja ver, que con el cumplimiento de este plazo legal, el gobierno de la Provincia deberá apurar la definición de los dos lugares donde corresponderá construirse los rellenos sanitarios.
Cabe aclarar que este acuerdo incluye la construcción de dos plantas de transferencia y de dos rellenos sanitarios, trabajos que serán costeados por el gobierno porteño.
Cada una de esas plantas de transferencia tendrá una capacidad de 6.000 toneladas diarias, mientras que los rellenos deberán cumplir esa misma exigencia y una vida útil no menor a 12 años.
Este convenio, declara que “se obliga por única vez a hacerse cargo, mediante aportes de carácter extraordinario, de la totalidad de los costos que demandarán la construcción y puesta en marcha de las plantas y los rellenos”.
En ese marco, se estipula que ambas jurisdicciones se comprometen a reducir “sustancialmente” la cantidad de residuos que generan.
El arreglo, denota que “la sustentabilidad y vida útil de un relleno sanitario dependerá de la cantidad y calidad de residuos depositados, razón por la cual resulta sustantivo el fomento de políticas que propendan a la reducción en origen, tratamiento previo y valorización de los residuos”.
Por otro lado se hace mención al “cierre próximo” de los rellenos de González Catán y Ensenada. Sin embargo, aún no hay fecha efectiva para que ello suceda.
Fecha de Publicación: 03/06/2009
Fuente: Diarionco
Provincia/Región: Buenos Aires
En tanto se deja ver, que con el cumplimiento de este plazo legal, el gobierno de la Provincia deberá apurar la definición de los dos lugares donde corresponderá construirse los rellenos sanitarios.
Cabe aclarar que este acuerdo incluye la construcción de dos plantas de transferencia y de dos rellenos sanitarios, trabajos que serán costeados por el gobierno porteño.
Cada una de esas plantas de transferencia tendrá una capacidad de 6.000 toneladas diarias, mientras que los rellenos deberán cumplir esa misma exigencia y una vida útil no menor a 12 años.
Este convenio, declara que “se obliga por única vez a hacerse cargo, mediante aportes de carácter extraordinario, de la totalidad de los costos que demandarán la construcción y puesta en marcha de las plantas y los rellenos”.
En ese marco, se estipula que ambas jurisdicciones se comprometen a reducir “sustancialmente” la cantidad de residuos que generan.
El arreglo, denota que “la sustentabilidad y vida útil de un relleno sanitario dependerá de la cantidad y calidad de residuos depositados, razón por la cual resulta sustantivo el fomento de políticas que propendan a la reducción en origen, tratamiento previo y valorización de los residuos”.
Por otro lado se hace mención al “cierre próximo” de los rellenos de González Catán y Ensenada. Sin embargo, aún no hay fecha efectiva para que ello suceda.
200 basurales a cielo abierto en Tucumán
Unos 200 basurales a cielo abierto dan una imagen lamentable de la ciudad
Fecha de Publicación: 02/06/2009
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
Los vecinos de diversos barrios responsabilizan a los carreros de crear vaciaderos de residuos en baldíos o calles. Un funcionario dijo que aunque se limpie, los sitios son ensuciados a las pocas horas. No se salvan ni las plazas ni los parques.
Acaba de pasar el camión recolector y ya empiezan a desfilar los carros que descargan basura. En menos de tres horas la montaña de desperdicios ocupa media calzada detrás del parque Avellaneda. En la plaza San Martín, los residuos se amontonan a pocos metros del Hospital de Niños. Estos espacios verdes, que se encuentran entre las zonas más bonitas de la ciudad, reflejan una imagen lamentable.
Basura e inseguridad. Estas son las dos cuestiones principales que aquejan a los vecinos de San Miguel de Tucumán, de acuerdo con un sondeo que se realizó en los barrios. La encuesta, que estuvo a cargo de la Patrulla Urbana, develó, además, que hay más de 200 basurales clandestinos. Sólo en el centro hay 25, que generan más de 50 toneladas de residuos por día, según un relevamiento de la subsecretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad.
Pese a que se incrementaron los controles, no se logra frenar la acumulación ilegal de residuos. El año pasado, Urbanidad e Higiene labró 15.000 actas de infracción por este motivo. Algunos meses se hicieron 1.800.
Testimonios
“Esto es un asco; y un peligro para los chicos que vienen a jugar”, comentó Rubén Sica, que vende golosinas en el parque Avellaneda. Agregó que algunos vecinos les pagan a los dueños de de carros para que se lleven las cosas que no usan, pero “los carritos hacen dos cuadras y tiran todo acá”, explicó.
En Jujuy y La Plata, los contenedores de la Municipalidad están casi vacíos. Alrededor, la montaña de basura supera el metro y medio de altura. Se ven desde cartones y pañales sucios hasta huesos de animales. “Hace años que vivimos así. Ya no soportamos esta inmundicia. A toda hora los carreros arrojan residuos. Después vienen los cartoneros o los perros, rompen las bolsas y dejan los desperdicios desparramados. Sufrimos no sólo por los olores nauseabundos, sino porque prolifera todo tipo de alimañas”, se quejó Viviana Rivas, vecina de la zona.
La Municipalidad inició un plan para erradicar los basurales a cielo abierto, debido a que una ley provincial le dio plazo para hacerlo hasta 2013. Sin embargo, la tarea no parece fácil.
“Algunos sectores no llegan a durar ni tres horas limpios”, admitió el subsecretario de Servicios Públicos, Alfredo Toscano. “Sólo en los lugares vigilados con inspectores, los carreros tiran la basura en los contenedores. Si no hay nadie, desparraman todo en la calle”, contó Toscano.
Además del mal olor y de la pésima imagen que ofrece, la acumulación de basura causa otros problemas. Uno de ellos se advierte cuando llueve: los residuos tapan las alcantarillas y desagües, y provocan inundaciones
Fecha de Publicación: 02/06/2009
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
Los vecinos de diversos barrios responsabilizan a los carreros de crear vaciaderos de residuos en baldíos o calles. Un funcionario dijo que aunque se limpie, los sitios son ensuciados a las pocas horas. No se salvan ni las plazas ni los parques.
Acaba de pasar el camión recolector y ya empiezan a desfilar los carros que descargan basura. En menos de tres horas la montaña de desperdicios ocupa media calzada detrás del parque Avellaneda. En la plaza San Martín, los residuos se amontonan a pocos metros del Hospital de Niños. Estos espacios verdes, que se encuentran entre las zonas más bonitas de la ciudad, reflejan una imagen lamentable.
Basura e inseguridad. Estas son las dos cuestiones principales que aquejan a los vecinos de San Miguel de Tucumán, de acuerdo con un sondeo que se realizó en los barrios. La encuesta, que estuvo a cargo de la Patrulla Urbana, develó, además, que hay más de 200 basurales clandestinos. Sólo en el centro hay 25, que generan más de 50 toneladas de residuos por día, según un relevamiento de la subsecretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad.
Pese a que se incrementaron los controles, no se logra frenar la acumulación ilegal de residuos. El año pasado, Urbanidad e Higiene labró 15.000 actas de infracción por este motivo. Algunos meses se hicieron 1.800.
Testimonios
“Esto es un asco; y un peligro para los chicos que vienen a jugar”, comentó Rubén Sica, que vende golosinas en el parque Avellaneda. Agregó que algunos vecinos les pagan a los dueños de de carros para que se lleven las cosas que no usan, pero “los carritos hacen dos cuadras y tiran todo acá”, explicó.
En Jujuy y La Plata, los contenedores de la Municipalidad están casi vacíos. Alrededor, la montaña de basura supera el metro y medio de altura. Se ven desde cartones y pañales sucios hasta huesos de animales. “Hace años que vivimos así. Ya no soportamos esta inmundicia. A toda hora los carreros arrojan residuos. Después vienen los cartoneros o los perros, rompen las bolsas y dejan los desperdicios desparramados. Sufrimos no sólo por los olores nauseabundos, sino porque prolifera todo tipo de alimañas”, se quejó Viviana Rivas, vecina de la zona.
La Municipalidad inició un plan para erradicar los basurales a cielo abierto, debido a que una ley provincial le dio plazo para hacerlo hasta 2013. Sin embargo, la tarea no parece fácil.
“Algunos sectores no llegan a durar ni tres horas limpios”, admitió el subsecretario de Servicios Públicos, Alfredo Toscano. “Sólo en los lugares vigilados con inspectores, los carreros tiran la basura en los contenedores. Si no hay nadie, desparraman todo en la calle”, contó Toscano.
Además del mal olor y de la pésima imagen que ofrece, la acumulación de basura causa otros problemas. Uno de ellos se advierte cuando llueve: los residuos tapan las alcantarillas y desagües, y provocan inundaciones
Regulan los agroquímicos en San Luis
Informaron los alcances del decreto de la Ley Provincial de Agroquímicos
Fecha de Publicación: 02/06/2009
Fuente: Gobierno de San Luis
Provincia/Región: San Luis
El ministro de Medio Ambiente, Lic. Eduardo Gomina y el ministro del Campo, Med. Vet. Sebastián Lavandeira, dieron a conocer alcances y características del decreto 1675 que regula el uso de agroquímicos.
La norma tiene como objetivo primordial regular el uso y aplicación de productos agroquímicos, fertilizantes, pesticidas, herbicidas entre otros.
Por otra parte, regula también los sitios de exposición y venta de estos productos, previniendo que los mismos sean expuestos o vendidos en sitios donde se expenden alimentos.
Se dan claramente pautas a seguir para habilitar los diferentes sitios donde se guarden, acumulen o vendan este tipo de productos, y los protocolos a seguir para habilitar un transportista o aplicador de productos fitosanitarios con fórmulas de agroquímicos.
Todos estos puntos deberán ser controlados y respaldados con la firma de un responsable técnico en la materia que por ley deberá ser un Ing. Agrónomo matriculado en el CIAPASL (Colegio de Ingenieros Agrónomos de San Luis).
El Ministro de Medio Ambiente indicó que, “es una gran satisfacción haber logrado este objetivo en esto han trabajado el Ministerio del Campo y Medio Ambiente buscamos apoyo y consenso del colegio de ing. agrónomos de San Luis como otros actores de la sociedad que tienen que ver con la vida del campo”.
Este decreto normaliza el uso de agroquímicos, pesticidas, herbicidas y fertilizantes, “la idea rectora de este decreto es lograr el acuerdo, trabajo en conjunto, pacto entre el progreso y el cuidado del medio ambiente de modo de usar estos agroquímicos de forma correcta para que cumplan con sus objetivos y tengan especial cuidado del medio ambiente” dijo Eduardo Gomina en referencia a la forma de de regulación de la venta, distribución, y almacenaje de los agroquímicos en toda la Provincia”.
El decreto reglamenta la ley del año 2004 que dispone una serie de medidas para garantizar la seguridad, “esto implica también el recupero de los envases que tiene que tener un recupero, que tiene que tener un tratamiento especial por su nivel de contaminación”, señaló el Ministro de Medio Ambiente.
El decreto regula aspectos como evitar que el almacenamiento se haga en conjunto con alimentos y otros productos de uso humano, “apunta a proteger el medio ambiente y la salud humana”.
Protección del Suelo y el agua
El ministro del Campo, Med. Vet. Sebastián Lavandeira destacó que para el ministerio del campo es muy importante este decreto.
“La agricultura está en un incremento permanente por eso lo tenemos que acompañar con el cuidado del agua, del suelo y el uso correcto de los agroquímicos, todo esto se acompaña con la evolución tecnológica y lo importante es regular para que la producción sea sustentable, hay que producir y avanzar en el crecimiento”, señaló el Ministro del Campo.
Lavandeira, enfatizó en que desde ahora hay una base de datos y se hará una regulación para evitar el mal uso, “la evolución es constante en todos los aspectos por eso también va cambiando la legislación”, puntualizó.
Fecha de Publicación: 02/06/2009
Fuente: Gobierno de San Luis
Provincia/Región: San Luis
El ministro de Medio Ambiente, Lic. Eduardo Gomina y el ministro del Campo, Med. Vet. Sebastián Lavandeira, dieron a conocer alcances y características del decreto 1675 que regula el uso de agroquímicos.
La norma tiene como objetivo primordial regular el uso y aplicación de productos agroquímicos, fertilizantes, pesticidas, herbicidas entre otros.
Por otra parte, regula también los sitios de exposición y venta de estos productos, previniendo que los mismos sean expuestos o vendidos en sitios donde se expenden alimentos.
Se dan claramente pautas a seguir para habilitar los diferentes sitios donde se guarden, acumulen o vendan este tipo de productos, y los protocolos a seguir para habilitar un transportista o aplicador de productos fitosanitarios con fórmulas de agroquímicos.
Todos estos puntos deberán ser controlados y respaldados con la firma de un responsable técnico en la materia que por ley deberá ser un Ing. Agrónomo matriculado en el CIAPASL (Colegio de Ingenieros Agrónomos de San Luis).
El Ministro de Medio Ambiente indicó que, “es una gran satisfacción haber logrado este objetivo en esto han trabajado el Ministerio del Campo y Medio Ambiente buscamos apoyo y consenso del colegio de ing. agrónomos de San Luis como otros actores de la sociedad que tienen que ver con la vida del campo”.
Este decreto normaliza el uso de agroquímicos, pesticidas, herbicidas y fertilizantes, “la idea rectora de este decreto es lograr el acuerdo, trabajo en conjunto, pacto entre el progreso y el cuidado del medio ambiente de modo de usar estos agroquímicos de forma correcta para que cumplan con sus objetivos y tengan especial cuidado del medio ambiente” dijo Eduardo Gomina en referencia a la forma de de regulación de la venta, distribución, y almacenaje de los agroquímicos en toda la Provincia”.
El decreto reglamenta la ley del año 2004 que dispone una serie de medidas para garantizar la seguridad, “esto implica también el recupero de los envases que tiene que tener un recupero, que tiene que tener un tratamiento especial por su nivel de contaminación”, señaló el Ministro de Medio Ambiente.
El decreto regula aspectos como evitar que el almacenamiento se haga en conjunto con alimentos y otros productos de uso humano, “apunta a proteger el medio ambiente y la salud humana”.
Protección del Suelo y el agua
El ministro del Campo, Med. Vet. Sebastián Lavandeira destacó que para el ministerio del campo es muy importante este decreto.
“La agricultura está en un incremento permanente por eso lo tenemos que acompañar con el cuidado del agua, del suelo y el uso correcto de los agroquímicos, todo esto se acompaña con la evolución tecnológica y lo importante es regular para que la producción sea sustentable, hay que producir y avanzar en el crecimiento”, señaló el Ministro del Campo.
Lavandeira, enfatizó en que desde ahora hay una base de datos y se hará una regulación para evitar el mal uso, “la evolución es constante en todos los aspectos por eso también va cambiando la legislación”, puntualizó.
Chicos de Santiago con extrañas malformaciones
Chicos de Santiago con extrañas malformaciones
Fecha de Publicación: 01/06/2009
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Santiago del Estero
El Gobierno Nacional puso en marcha en Bandera, departamento Belgrano, una investigación para determinar la veracidad de lo que sostiene una denuncia radicada hace meses por Víctor Krieguel, un vecino que aportó como pruebas documentación y testimonios de familiares de trabajadores rurales que sufren distintas enfermedades, o bien sus hijos nacieron con malformaciones. Todos aseguran que son causadas por los químicos que se utilizan para fumigar los campos que rodean la ciudad.
La antropóloga Leticia Lahitte estuvo en Bandera entre el miércoles y el viernes pasados, enviada por la Comisión de Investigación sobre el Uso de Agroquímicos, dependiente del Ministerio de Salud de la Nación. Allí se entrevistó con autoridades municipales, sanitarias, vecinos y otros sectores involucrados en lo que fue presentada como una vieja problemática que se repite en distintos lugares del país donde la soja tiene marcada presencia, al igual que los potentes insecticidas y herbicidas utilizados para el cultivo.
Pero en Bandera nadie habla en contra de la siembra del grano como una amenaza para la población, más bien plantea el riesgo que corren quienes deben estar en contacto diario con las sustancias que se utilizan para eliminar plagas, tanto animales como vegetales.
“No queremos que dejen de sembrar soja, lo que se pide es la creación de una zona de interfase, que proteja al pueblo de los químicos y que se respete la ley que habla de una zona libre de fumigación, de un kilómetro y medio alrededor de la zona urbanizada. También queremos que se prohíba el paso por la ciudad de máquinas fumigadoras y la existencia de depósitos de estas sustancias que son muy nocivas para la salud de la gente”, reclamó Krieguel en una entrevista con EL LIBERAL.
Leticia Lahitte vino al sur santiagueño precisamente en respuesta al alerta del denunciante, el único de toda la provincia que llamó al 0800 que habilitó la comisión investigadora para que la gente radique denuncias sobre este tipo de amenazas.
Fue así que se arregló una serie de entrevistas en un hotel de Bandera, donde la antropóloga recibió durante la siesta del jueves a una decena de familiares de personas que aseguran ser víctimas del uso desmedido de los agroquímicos.
Fueron entrando por grupos, porque las madres con sus hijos desbordaban el pequeño salón habilitado para la reunión. Fueron casi dos horas de escuchar historias de vecinos de distintos sectores periféricos de la ciudad donde apenas una calle de tierra separa las viviendas de la zona cultivada donde en temporada alta se fumiga casi a diario.
Luego, en diálogo con EL LIBERAL, Lahitte reconoció que la comisión no tiene poder de policía ni facultades para promover acciones legales en contra de quienes serían responsables de la desgracia de las familias cuyos hijos nacieron con malformaciones o padecen algún tipo de cáncer. No hace más que acopiar información y elaborar informes que pasan a manos de funcionarios de más alto rango, quienes deciden qué hacer.
“La comisión define las estrategias a seguir, las que son consensuadas para determinadas situaciones, a partir del asesoramiento de técnicos y de funcionarios de las áreas del Ministerio de Salud”, explicó. Aunque remarcó que a partir de la información recogida se podrá “trabajar de manera más articulada con los gobiernos locales para que adopten las medidas necesarias”.
De todas formas, su visita a Bandera le permitió comprobar la existencia de silos y depósitos de agroquímicos cerca o dentro de la ciudad; también que muchas familias no asumen el peligro que representan los plaguicidas porque utilizan los envases para almacenar agua de lluvia que recogen de los techos y que utilizan para beber y cocinar, agravado esto porque en las chapas quedan impregnados restos de plaguicidas rociados por avionetas sobre los campos aledaños.
Durante los tres días que estuvo en Bandera, la investigadora se pudo entrevistar con el intendente Oscar Gorosito, quien –según afirmó- “tiene más cosas en común que diferencias” con las personas que piden un mayor control al uso de los agroquímicos. Pese a que precisamente las autoridades municipales están entre las más comprometidas en la denuncia de Krieguel, quien se queja por la inacción del municipio para resguardar la salud de la población, fijando un cordón protector alrededor de la zona urbanizada, donde no se permita fumigar.
La Rural dice: “No es tan grave”, pero propone medidas
Omar Chiatti es presidente de la Sociedad Rural de Bandera y, si bien intenta restar seriedad a las denuncias de personas que aseguran haber sufrido los efectos de los agroquímicos, reconoce que muchos productores de la zona no respetan las normas mínimas para proteger a la población de los efectos nocivos de los plaguicidas.
La enviada de la Nación tenía previsto entrevistarse también con los representantes de esta institución antes de regresar a Capital Federal, pero eso no ocurrió.
No obstante, el dirigente expresó a EL LIBERAL la postura de la Rural sobre un tema que ya es viejo para los asociados pero que “por falta de decisiones firmes” nunca se pudo avanzar.
Coincide en la necesidad de reunir a todas las partes y buscar puntos de coincidencias para adoptar medidas para reducir la amenaza de los plaguicidas sobre la población. Es más, ofrece las instalaciones de la Rural para hacerlo.
“Hay que reunirse las entidades, los vecinos que denuncian y los que forman parte del sistema, para ponernos de acuerdo para tomar medidas, como por ejemplo no dejar ingresar a la ciudad los equipos fumigadores sucios y tomar distancia prudencial del pueblo para aplicar los productos que son autorizados por ingenieros bajo receta”, dijo.
También dijo que es factible una salida diplomática para crear una zona de protección, que mantenga a la ciudad alejada de las nubes de agroquímicos que son regados con máquinas terrestres y aéreas.
“No son muchos los linderos al pueblo que tienen campos, ni las empresas que fumigan y que entran al pueblo”, aseguró.
Dijo además que “la institución colabora con la municipalidad y las instituciones que quieren que se erradiquen del pueblo los equipos de fumigaciones, y prueba de ello es que se ofreció tras instalaciones de la Rural para que los propietarios de los campos linderos se reúnan, que serán no más de diez, para ver que en esos campos se fumigue con recetas de ingenieros y que no afecten a la población”.
Fecha de Publicación: 01/06/2009
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Santiago del Estero
El Gobierno Nacional puso en marcha en Bandera, departamento Belgrano, una investigación para determinar la veracidad de lo que sostiene una denuncia radicada hace meses por Víctor Krieguel, un vecino que aportó como pruebas documentación y testimonios de familiares de trabajadores rurales que sufren distintas enfermedades, o bien sus hijos nacieron con malformaciones. Todos aseguran que son causadas por los químicos que se utilizan para fumigar los campos que rodean la ciudad.
La antropóloga Leticia Lahitte estuvo en Bandera entre el miércoles y el viernes pasados, enviada por la Comisión de Investigación sobre el Uso de Agroquímicos, dependiente del Ministerio de Salud de la Nación. Allí se entrevistó con autoridades municipales, sanitarias, vecinos y otros sectores involucrados en lo que fue presentada como una vieja problemática que se repite en distintos lugares del país donde la soja tiene marcada presencia, al igual que los potentes insecticidas y herbicidas utilizados para el cultivo.
Pero en Bandera nadie habla en contra de la siembra del grano como una amenaza para la población, más bien plantea el riesgo que corren quienes deben estar en contacto diario con las sustancias que se utilizan para eliminar plagas, tanto animales como vegetales.
“No queremos que dejen de sembrar soja, lo que se pide es la creación de una zona de interfase, que proteja al pueblo de los químicos y que se respete la ley que habla de una zona libre de fumigación, de un kilómetro y medio alrededor de la zona urbanizada. También queremos que se prohíba el paso por la ciudad de máquinas fumigadoras y la existencia de depósitos de estas sustancias que son muy nocivas para la salud de la gente”, reclamó Krieguel en una entrevista con EL LIBERAL.
Leticia Lahitte vino al sur santiagueño precisamente en respuesta al alerta del denunciante, el único de toda la provincia que llamó al 0800 que habilitó la comisión investigadora para que la gente radique denuncias sobre este tipo de amenazas.
Fue así que se arregló una serie de entrevistas en un hotel de Bandera, donde la antropóloga recibió durante la siesta del jueves a una decena de familiares de personas que aseguran ser víctimas del uso desmedido de los agroquímicos.
Fueron entrando por grupos, porque las madres con sus hijos desbordaban el pequeño salón habilitado para la reunión. Fueron casi dos horas de escuchar historias de vecinos de distintos sectores periféricos de la ciudad donde apenas una calle de tierra separa las viviendas de la zona cultivada donde en temporada alta se fumiga casi a diario.
Luego, en diálogo con EL LIBERAL, Lahitte reconoció que la comisión no tiene poder de policía ni facultades para promover acciones legales en contra de quienes serían responsables de la desgracia de las familias cuyos hijos nacieron con malformaciones o padecen algún tipo de cáncer. No hace más que acopiar información y elaborar informes que pasan a manos de funcionarios de más alto rango, quienes deciden qué hacer.
“La comisión define las estrategias a seguir, las que son consensuadas para determinadas situaciones, a partir del asesoramiento de técnicos y de funcionarios de las áreas del Ministerio de Salud”, explicó. Aunque remarcó que a partir de la información recogida se podrá “trabajar de manera más articulada con los gobiernos locales para que adopten las medidas necesarias”.
De todas formas, su visita a Bandera le permitió comprobar la existencia de silos y depósitos de agroquímicos cerca o dentro de la ciudad; también que muchas familias no asumen el peligro que representan los plaguicidas porque utilizan los envases para almacenar agua de lluvia que recogen de los techos y que utilizan para beber y cocinar, agravado esto porque en las chapas quedan impregnados restos de plaguicidas rociados por avionetas sobre los campos aledaños.
Durante los tres días que estuvo en Bandera, la investigadora se pudo entrevistar con el intendente Oscar Gorosito, quien –según afirmó- “tiene más cosas en común que diferencias” con las personas que piden un mayor control al uso de los agroquímicos. Pese a que precisamente las autoridades municipales están entre las más comprometidas en la denuncia de Krieguel, quien se queja por la inacción del municipio para resguardar la salud de la población, fijando un cordón protector alrededor de la zona urbanizada, donde no se permita fumigar.
La Rural dice: “No es tan grave”, pero propone medidas
Omar Chiatti es presidente de la Sociedad Rural de Bandera y, si bien intenta restar seriedad a las denuncias de personas que aseguran haber sufrido los efectos de los agroquímicos, reconoce que muchos productores de la zona no respetan las normas mínimas para proteger a la población de los efectos nocivos de los plaguicidas.
La enviada de la Nación tenía previsto entrevistarse también con los representantes de esta institución antes de regresar a Capital Federal, pero eso no ocurrió.
No obstante, el dirigente expresó a EL LIBERAL la postura de la Rural sobre un tema que ya es viejo para los asociados pero que “por falta de decisiones firmes” nunca se pudo avanzar.
Coincide en la necesidad de reunir a todas las partes y buscar puntos de coincidencias para adoptar medidas para reducir la amenaza de los plaguicidas sobre la población. Es más, ofrece las instalaciones de la Rural para hacerlo.
“Hay que reunirse las entidades, los vecinos que denuncian y los que forman parte del sistema, para ponernos de acuerdo para tomar medidas, como por ejemplo no dejar ingresar a la ciudad los equipos fumigadores sucios y tomar distancia prudencial del pueblo para aplicar los productos que son autorizados por ingenieros bajo receta”, dijo.
También dijo que es factible una salida diplomática para crear una zona de protección, que mantenga a la ciudad alejada de las nubes de agroquímicos que son regados con máquinas terrestres y aéreas.
“No son muchos los linderos al pueblo que tienen campos, ni las empresas que fumigan y que entran al pueblo”, aseguró.
Dijo además que “la institución colabora con la municipalidad y las instituciones que quieren que se erradiquen del pueblo los equipos de fumigaciones, y prueba de ello es que se ofreció tras instalaciones de la Rural para que los propietarios de los campos linderos se reúnan, que serán no más de diez, para ver que en esos campos se fumigue con recetas de ingenieros y que no afecten a la población”.
El show de las ballenas ya llegó
El show de las ballenas en la Península de Valdés
Fecha de Publicación: 30/05/2009
Fuente: ADN Mundo
Provincia/Región: Chubut
Las primeras ballenas de la temporada hicieron su aparición ayer por la mañana frente a las costas de Chubut y el número se incrementó durante la tarde, lo que llevó a muchos turistas que estaban por la zona a trasladarse a Puerto Pirámide.
Desde la pequeña localidad de Puerto Pirámide ubicada en la reserva natural que conforma toda la península, partieron las embarcaciones para acercarse a los gigantes mamíferos en aguas del Golfo Nuevo.
Las hembras, con varios machos en su derredor cada una, se acercaron a la costa chubutense, donde cada año llegan para aparearse, en períodos que son cada vez más extensos, ya que antes no llegaban hasta avanzado julio o agosto.
Las imágenes comenzaron a ser transmitidas en directo y sin pausa, por cuarto año consecutivo, a través de los sitios de Internet “www.vigiliadeballenas.com” y “www.chubut.gov.ar/ballenas”, y ya fueron visitados por miles de personas de todo el mundo.
Fecha de Publicación: 30/05/2009
Fuente: ADN Mundo
Provincia/Región: Chubut
Las primeras ballenas de la temporada hicieron su aparición ayer por la mañana frente a las costas de Chubut y el número se incrementó durante la tarde, lo que llevó a muchos turistas que estaban por la zona a trasladarse a Puerto Pirámide.
Desde la pequeña localidad de Puerto Pirámide ubicada en la reserva natural que conforma toda la península, partieron las embarcaciones para acercarse a los gigantes mamíferos en aguas del Golfo Nuevo.
Las hembras, con varios machos en su derredor cada una, se acercaron a la costa chubutense, donde cada año llegan para aparearse, en períodos que son cada vez más extensos, ya que antes no llegaban hasta avanzado julio o agosto.
Las imágenes comenzaron a ser transmitidas en directo y sin pausa, por cuarto año consecutivo, a través de los sitios de Internet “www.vigiliadeballenas.com” y “www.chubut.gov.ar/ballenas”, y ya fueron visitados por miles de personas de todo el mundo.
Argentina, Córdoba: Alarma por agroquímicos
Argentina, Córdoba: Alarma por agroquímicos
Fecha de Publicación: 29/05/2009
Fuente: Prensa Red
Provincia/Región: Córdoba
Piden a Schiaretti suspender el uso de glifosato y endosulfán en fumigaciones, hasta que se expida la Comisión Nacional de Investigación. La solicitud fue formulada por un particular y presidente de una asociación civil.
El uso de los agroquímicos glifosato y endosulfán en las fumigaciones que se llevan a cabo en el territorio provincial llevó a que horas atrás un particular y titular de una asociación civil le solicitara por nota al gobernador Juan Schiaretti la “inmediata suspensión de la comercialización y utilización por cualquier medio” de los productos mencionados, “hasta tanto se expida la Comisión Nacional de Investigación creada por el decreto 21/09 del Poder Ejecutivo Nacional”.
La presentación fue efectuada por Eduardo Ahamendaburu, domiciliado en Córdoba y presidente del Instituto de Salud Laboral y Medio Ambiente (ISLYMA), asociación civil inscripta en la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas de la Provincia de Córdoba.
Asimismo, Ahamendaburu le pide a Schiaretti “se suspenda por el mismo período la comercialización de todo producto tratado con dichos químicos”. A la vez, la presentación hace reserva de “iniciar las acciones de amparo, para el hipotético caso que no se dispusieran las medidas preventivas solicitadas u otras que la autoridad de aplicación considere útiles y necesarias”.
También se deja expresa mención de que la solicitud se realiza en “los términos de los artículos 41 a 43 incluido de la Constitución Nacional; de los artículos 11, 19, 20, 52, 53, 59, 66 y 68 de la Constitución Provincial; el artículo 2 de la ley Provincial 7343 y de los artículos 1 a 6 incluido, y 30 de la Ley Nacional 25675”.
La presentación recuerda “la sanción por parte del Poder Ejecutivo Nacional del Decreto 21/2009 de fecha 16 de enero de 2009, producto del Expediente N° 2002-181/09-0 del registro del Ministerio de Salud de la Nación, por el cual se crea una Comisión Nacional de Investigación ‘tendiente a dictar acciones a fin de investigar las causas, motivos y efectos vinculados a los contaminantes’ agroquímicos.
Que entre otras consideraciones, el mencionado decreto del Ejecutivo Nacional se basa en ‘los casos denunciados de intoxicación con agroquímicos por fumigación de campos linderos al barrio cordobés de Ituzaingó de la Provincia de Córdoba que salieran a la luz luego de haberse detectado determinadas enfermedades oncológicas y diversas patologías en vecinos de la población urbana’”.
El pedido de Ahamendaburu también se basa en “los resultados de la investigación dados a conocer por el Dr. Andrés Carrasco, microbiólogo y actualmente subsecretario de Investigación Científica de Defensa, y profusamente difundidos por los medios de comunicación a partir del 13 de abril de 2009, por la cual establece que los herbicidas en base a glifosato pueden producir malformaciones neuronales, intestinales y cardíacas, aún en dosis ‘muy por debajo de los niveles que se usan en las fumigaciones’”.
Una práctica que sigue sumando denuncias
La polémica por el uso de agroquímicos y sus consecuencias sobre la salud humana se acrecentó con el correr de los años, sumándose en ese lapso gran cantidad de denuncias por graves casos de contaminación. Sin ir más lejos, este diario dio cuenta el viernes de la semana pasada de una denuncia efectuada por el presidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Santiago del Estero, Juan Tula Peralta, quien aseguró que en esa provincia se producen más de cien nacimientos anuales de bebés con malformaciones relacionadas con el uso de agroquímicos.
Además, las enfermedades que se presentan con mayor asiduidad, como daño colateral por el contacto con estos productos, son el cáncer de piel e inconvenientes en las vías digestiva y respiratoria. La denuncia en Santiago del Estero tiene otro aspecto preocupante: la incidencia de los tóxicos en los menores de edad, dado que muchos de ellos colaboran con sus padres en las tareas rurales.
Fecha de Publicación: 29/05/2009
Fuente: Prensa Red
Provincia/Región: Córdoba
Piden a Schiaretti suspender el uso de glifosato y endosulfán en fumigaciones, hasta que se expida la Comisión Nacional de Investigación. La solicitud fue formulada por un particular y presidente de una asociación civil.
El uso de los agroquímicos glifosato y endosulfán en las fumigaciones que se llevan a cabo en el territorio provincial llevó a que horas atrás un particular y titular de una asociación civil le solicitara por nota al gobernador Juan Schiaretti la “inmediata suspensión de la comercialización y utilización por cualquier medio” de los productos mencionados, “hasta tanto se expida la Comisión Nacional de Investigación creada por el decreto 21/09 del Poder Ejecutivo Nacional”.
La presentación fue efectuada por Eduardo Ahamendaburu, domiciliado en Córdoba y presidente del Instituto de Salud Laboral y Medio Ambiente (ISLYMA), asociación civil inscripta en la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas de la Provincia de Córdoba.
Asimismo, Ahamendaburu le pide a Schiaretti “se suspenda por el mismo período la comercialización de todo producto tratado con dichos químicos”. A la vez, la presentación hace reserva de “iniciar las acciones de amparo, para el hipotético caso que no se dispusieran las medidas preventivas solicitadas u otras que la autoridad de aplicación considere útiles y necesarias”.
También se deja expresa mención de que la solicitud se realiza en “los términos de los artículos 41 a 43 incluido de la Constitución Nacional; de los artículos 11, 19, 20, 52, 53, 59, 66 y 68 de la Constitución Provincial; el artículo 2 de la ley Provincial 7343 y de los artículos 1 a 6 incluido, y 30 de la Ley Nacional 25675”.
La presentación recuerda “la sanción por parte del Poder Ejecutivo Nacional del Decreto 21/2009 de fecha 16 de enero de 2009, producto del Expediente N° 2002-181/09-0 del registro del Ministerio de Salud de la Nación, por el cual se crea una Comisión Nacional de Investigación ‘tendiente a dictar acciones a fin de investigar las causas, motivos y efectos vinculados a los contaminantes’ agroquímicos.
Que entre otras consideraciones, el mencionado decreto del Ejecutivo Nacional se basa en ‘los casos denunciados de intoxicación con agroquímicos por fumigación de campos linderos al barrio cordobés de Ituzaingó de la Provincia de Córdoba que salieran a la luz luego de haberse detectado determinadas enfermedades oncológicas y diversas patologías en vecinos de la población urbana’”.
El pedido de Ahamendaburu también se basa en “los resultados de la investigación dados a conocer por el Dr. Andrés Carrasco, microbiólogo y actualmente subsecretario de Investigación Científica de Defensa, y profusamente difundidos por los medios de comunicación a partir del 13 de abril de 2009, por la cual establece que los herbicidas en base a glifosato pueden producir malformaciones neuronales, intestinales y cardíacas, aún en dosis ‘muy por debajo de los niveles que se usan en las fumigaciones’”.
Una práctica que sigue sumando denuncias
La polémica por el uso de agroquímicos y sus consecuencias sobre la salud humana se acrecentó con el correr de los años, sumándose en ese lapso gran cantidad de denuncias por graves casos de contaminación. Sin ir más lejos, este diario dio cuenta el viernes de la semana pasada de una denuncia efectuada por el presidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Santiago del Estero, Juan Tula Peralta, quien aseguró que en esa provincia se producen más de cien nacimientos anuales de bebés con malformaciones relacionadas con el uso de agroquímicos.
Además, las enfermedades que se presentan con mayor asiduidad, como daño colateral por el contacto con estos productos, son el cáncer de piel e inconvenientes en las vías digestiva y respiratoria. La denuncia en Santiago del Estero tiene otro aspecto preocupante: la incidencia de los tóxicos en los menores de edad, dado que muchos de ellos colaboran con sus padres en las tareas rurales.
Residuos en Chubut
Das Neves “vamos camino a erradicar los basurales a cielo abierto”
Fecha de Publicación: 28/05/2009
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Chubut
El gobernador Mario Das Neves aseguró que “en Chubut vamos camino a erradicar los basurales a cielo abierto” y afirmó “no tener dudas” de que la provincia “hará punta en el país”, al destacar la política medioambiental que se está llevando adelante.
Das Neves expresó estos conceptos luego de firmar en la Casa Rosada con el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Sergio Massa, y con el secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Homero Bibiloni, un convenio que permitirá realizar el llamado a licitación para ejecutar por 70 millones de pesos, mediante financiamiento del Banco Mundial, una planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos que concentrará los desechos de un área habitada por 200.000 personas de la Comarca del Valle Inferior del Río Chubut-Península Valdés.
El acuerdo rubricado en la tarde de ayer en la Casa Rosada, con la asistencia de los intendentes de las ciudades de la Comarca VIRCh-Valdés, permitirá que a partir del 5 de junio próximo se publique el llamado a licitación pública internacional convocando a interesados para realizar las obras, estimándose la apertura de ofertas para el día 21 de agosto en la ciudad de Trelew.
“Es un hecho trascendental en la política ambiental que venimos llevando adelante”, dijo Das Neves en referencia al plan integral puesto en marcha por el Gobierno provincial para erradicar los basurales a cielo abierto en todo el territorio chubutense.
Cabe recordar que el llamado a licitación pública internacional se puede llevar adelante por haber recibido Chubut la no objeción del Banco Mundial para el financiamiento del proyecto en virtud de la solvencia fiscal que presenta la provincia y tras las múltiples gestiones realizadas en Buenos Aires por el propio gobernador Das Neves.
Dada la trascendencia de las obras a ejecutarse, además de concurrir junto a los ministros Coordinador de Gabinete, Pablo Korn, y de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, Juan Garitazo, Das Neves asistió al encuentro acompañado por los intendentes de Rawson, Adrián López; Trelew, Gustavo Mac Karthy; Puerto Madryn, Carlos Eliceche y Gaiman, Gabriel Restucha.
Por su parte el ministro de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, Juan Garitano, destacó “la impronta muy fuerte del gobernador Das Neves en toda la temática medioambiental”, y resaltó el haber “obtenido de parte del Banco Mundial la no objeción para el llamado a licitación internacional por la solidez fiscal de la provincia”.
Asimismo, destacó “el trabajo de técnicos” y valoró la mancomunión de esfuerzos entre los gobiernos nacional, provincial y de los municipios.
Cabe destacar que dicho plan consiste en implementar en toda la provincia los elementos funcionales que hacen a la gestión integral de los residuos sólidos urbanos desde su generación, pasando por la disposición inicial, la recolección, transferencia, transporte, tratamiento y disposición final con obras de ingeniería que cumplen con las medidas necesarias para preservar el ambiente y la salud de la población. También está contemplada la remediación de basurales a cielo abierto que llevará a la ejecución de planes de inclusión social de los trabajadores informales que actualmente desarrollan actividades en los basurales en condiciones muy lejanas a las óptimas.
La propuesta permitirá asimismo poner en marcha el Plan de Comunicación (concientización), con la realización de charlas, conferencias y presentaciones, además de publicaciones en los diferentes medios de comunicación de toda la provincia, dado que se considera que la información a la población es fundamental para el éxito del proyecto y que es indispensable la participación activa del conjunto de los habitantes, cada uno desde su lugar.
La iniciativa busca la implementación de sistemas de GIRSU (Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos) ambientalmente adecuados, socialmente aceptables y sostenibles financieramente, a efectos de lograr una mejora de la salud pública y la calidad de vida de la población.
Fecha de Publicación: 28/05/2009
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Chubut
El gobernador Mario Das Neves aseguró que “en Chubut vamos camino a erradicar los basurales a cielo abierto” y afirmó “no tener dudas” de que la provincia “hará punta en el país”, al destacar la política medioambiental que se está llevando adelante.
Das Neves expresó estos conceptos luego de firmar en la Casa Rosada con el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Sergio Massa, y con el secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Homero Bibiloni, un convenio que permitirá realizar el llamado a licitación para ejecutar por 70 millones de pesos, mediante financiamiento del Banco Mundial, una planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos que concentrará los desechos de un área habitada por 200.000 personas de la Comarca del Valle Inferior del Río Chubut-Península Valdés.
El acuerdo rubricado en la tarde de ayer en la Casa Rosada, con la asistencia de los intendentes de las ciudades de la Comarca VIRCh-Valdés, permitirá que a partir del 5 de junio próximo se publique el llamado a licitación pública internacional convocando a interesados para realizar las obras, estimándose la apertura de ofertas para el día 21 de agosto en la ciudad de Trelew.
“Es un hecho trascendental en la política ambiental que venimos llevando adelante”, dijo Das Neves en referencia al plan integral puesto en marcha por el Gobierno provincial para erradicar los basurales a cielo abierto en todo el territorio chubutense.
Cabe recordar que el llamado a licitación pública internacional se puede llevar adelante por haber recibido Chubut la no objeción del Banco Mundial para el financiamiento del proyecto en virtud de la solvencia fiscal que presenta la provincia y tras las múltiples gestiones realizadas en Buenos Aires por el propio gobernador Das Neves.
Dada la trascendencia de las obras a ejecutarse, además de concurrir junto a los ministros Coordinador de Gabinete, Pablo Korn, y de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, Juan Garitazo, Das Neves asistió al encuentro acompañado por los intendentes de Rawson, Adrián López; Trelew, Gustavo Mac Karthy; Puerto Madryn, Carlos Eliceche y Gaiman, Gabriel Restucha.
Por su parte el ministro de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, Juan Garitano, destacó “la impronta muy fuerte del gobernador Das Neves en toda la temática medioambiental”, y resaltó el haber “obtenido de parte del Banco Mundial la no objeción para el llamado a licitación internacional por la solidez fiscal de la provincia”.
Asimismo, destacó “el trabajo de técnicos” y valoró la mancomunión de esfuerzos entre los gobiernos nacional, provincial y de los municipios.
Cabe destacar que dicho plan consiste en implementar en toda la provincia los elementos funcionales que hacen a la gestión integral de los residuos sólidos urbanos desde su generación, pasando por la disposición inicial, la recolección, transferencia, transporte, tratamiento y disposición final con obras de ingeniería que cumplen con las medidas necesarias para preservar el ambiente y la salud de la población. También está contemplada la remediación de basurales a cielo abierto que llevará a la ejecución de planes de inclusión social de los trabajadores informales que actualmente desarrollan actividades en los basurales en condiciones muy lejanas a las óptimas.
La propuesta permitirá asimismo poner en marcha el Plan de Comunicación (concientización), con la realización de charlas, conferencias y presentaciones, además de publicaciones en los diferentes medios de comunicación de toda la provincia, dado que se considera que la información a la población es fundamental para el éxito del proyecto y que es indispensable la participación activa del conjunto de los habitantes, cada uno desde su lugar.
La iniciativa busca la implementación de sistemas de GIRSU (Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos) ambientalmente adecuados, socialmente aceptables y sostenibles financieramente, a efectos de lograr una mejora de la salud pública y la calidad de vida de la población.
Otra polémica ambiental a la Corte
Otra polémica ambiental a la Corte
Fecha de Publicación: 27/05/2009
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Cuarenta organizaciones mendocinas recurrieron a la Corte Suprema nacional para preservar los reservorios de agua. Piden que se prohíba la exploración y explotación minera y petrolífera hasta que no se sancione una ley ambiental.
Prohibir la exploración y explotación minera y petrolífera en el ambiente glacial y periglacial de todo el país. Es uno de los pedidos centrales del amparo ambiental presentado ante la Corte Suprema de Justicia por la Multisectorial del Sur –conformada por cuarenta instituciones mendocinas–. La acción judicial destaca que los glaciares son reserva estratégica de agua dulce y, al no protegerlos, denuncia al Estado por incurrir en una violación constitucional que pone en riesgo a la población. El amparo también reflota la urgente necesidad de una Ley de Glaciares, norma aprobada en octubre último, pero luego vetada por la presidenta Cristina Fernández. “Los fundamentos del Decreto 1837 (veto del Ejecutivo) son irrazonables y profundizan la inconstitucionalidad por omisión. Viola el artículo 41 de la Constitución y el principio de prevención”, afirma la presentación judicial. La marcha atrás con la Ley de Glaciares posibilitó el avance del cuestionado proyecto minero Pascua-Lama, de la empresa Barrick Gold, lanzado oficialmente hace veinte días en la misma Casa de Gobierno.
“Solicitamos que se ordene al Estado que se abstenga de autorizar la realización de cualquier actividad que implique la destrucción o traslado de los glaciares y periglaciares, o que interfiera en su avance. Como así también, que posibilite la liberación, dispersión o disposición de sustancias o elementos contaminantes, productos químicos o residuos de cualquier naturaleza o volumen”, señala el recurso de amparo que, en sus 56 carillas, argumenta con fundamentos técnicos, judiciales y políticos para exigir la medida que, de prosperar, detendrá la actividad minera y petrolera. “Solicitamos la prohibición hasta que se sancione una ley de protección integral de glaciares”, explicó Paulina Martínez, abogada patrocinante junto al constitucionalista Andrés Gil Domínguez.
Impulsado por la ONG Multisectorial del Sur, de la localidad mendocina de San Rafael, la presentación también solicita el freno para “la construcción de obras de arquitectura o infraestructura que pudieran afectar las zonas glaciares” y aclara que, ante la ausencia de leyes, se ve perjudicada casi la totalidad de las provincias. “No sólo son afectadas las provincias cordilleranas, donde hay glaciares y/o periglaciar saturado en hielo (glaciar de escombros que existe incluso en Tucumán), sino todas las que están aguas abajo en las cuencas hídricas”, explica el amparo, presentado el 22 de mayo último. “Además de ser importantes reservas hídricas, y que permiten la vida misma de las poblaciones circundantes, los glaciares brindan importantes servicios ambientales y productivas, por cuanto han permitido en todo el oeste del país la agricultura, la vitivinicultura, el turismo y la generación de energía eléctrica; todas ellas susceptibles de una valoración económica, que también debe ser tutelada por la ley”, explicó la abogada.
La acción judicial hace eje en la “inconstitucionalidad por omisión” en la que estaría incurriendo el Estado. “Se trata de la falta de sanción de aquellas normas constitucionales de obligatorio y concreto desarrollo”, explica la Multisectorial, y recuerda que el derecho al ambiente y al nivel de vida adecuado fue incorporado por la reforma constitucional de 1994. “Han pasado quince años sin que se dictara una normativa que establezca los presupuestos mínimos de protección de los glaciares y periglaciares”, denuncia la presentación.
Aunque también rescata la Ley de Glaciares. “Intentó subsanar la inconstitucionalidad por omisión en la que el Estado había incurrido”, afirma la ONG. La norma establecía los presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial, los entendía como reservas estratégicas de recursos hídricos y proveedores de agua de recarga de cuencas hidrográficas, definía claramente qué se entendía por glaciares y periglaciares, creaba un inventario nacional de glaciares, prohibía actividades riesgosas, establecía como obligatorio el procedimiento de evaluación de impacto ambiental y determinaba infracciones y sanciones.
La ley había contado con una elaboración participativa de organizaciones sociales, ambientalistas y ámbitos de la ciencia, como el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla, del Conicet). “En años pobres en precipitaciones de nieve en alta montaña, los glaciares aportan más del 60 por ciento del agua de los ríos de Mendoza y San Juan, son nuestra reserva de agua, la caja de ahorro para los años críticos. En el desierto cuyano, cuando escaseen las nevadas, si no tenemos enteros nuestros glaciares no habrá vida posible río abajo, ni urbana ni rural”, explicaba el director del Ianigla, Ricardo Villalba.
El amparo ante la Corte Suprema también hace hincapié en el accionar del Estado en la desprotección de los reservorios de agua. “El decreto de veto utiliza un argumento falaz. Señala la preocupación de los gobernadores de la zona cordillerana respecto de la repercusión negativa de la norma en el desarrollo económico y también apunta a la falta de un mayor debate. Hay que recordar que la ley 26.148 fue sancionada con el voto unánime de la Cámara de Diputados y el voto unánime (en general) de la Cámara de Senadores. El veto se configura como una norma regresiva, que atenta contra un derecho económico, social y cultural”, denuncia la presentación.
Fecha de Publicación: 27/05/2009
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Cuarenta organizaciones mendocinas recurrieron a la Corte Suprema nacional para preservar los reservorios de agua. Piden que se prohíba la exploración y explotación minera y petrolífera hasta que no se sancione una ley ambiental.
Prohibir la exploración y explotación minera y petrolífera en el ambiente glacial y periglacial de todo el país. Es uno de los pedidos centrales del amparo ambiental presentado ante la Corte Suprema de Justicia por la Multisectorial del Sur –conformada por cuarenta instituciones mendocinas–. La acción judicial destaca que los glaciares son reserva estratégica de agua dulce y, al no protegerlos, denuncia al Estado por incurrir en una violación constitucional que pone en riesgo a la población. El amparo también reflota la urgente necesidad de una Ley de Glaciares, norma aprobada en octubre último, pero luego vetada por la presidenta Cristina Fernández. “Los fundamentos del Decreto 1837 (veto del Ejecutivo) son irrazonables y profundizan la inconstitucionalidad por omisión. Viola el artículo 41 de la Constitución y el principio de prevención”, afirma la presentación judicial. La marcha atrás con la Ley de Glaciares posibilitó el avance del cuestionado proyecto minero Pascua-Lama, de la empresa Barrick Gold, lanzado oficialmente hace veinte días en la misma Casa de Gobierno.
“Solicitamos que se ordene al Estado que se abstenga de autorizar la realización de cualquier actividad que implique la destrucción o traslado de los glaciares y periglaciares, o que interfiera en su avance. Como así también, que posibilite la liberación, dispersión o disposición de sustancias o elementos contaminantes, productos químicos o residuos de cualquier naturaleza o volumen”, señala el recurso de amparo que, en sus 56 carillas, argumenta con fundamentos técnicos, judiciales y políticos para exigir la medida que, de prosperar, detendrá la actividad minera y petrolera. “Solicitamos la prohibición hasta que se sancione una ley de protección integral de glaciares”, explicó Paulina Martínez, abogada patrocinante junto al constitucionalista Andrés Gil Domínguez.
Impulsado por la ONG Multisectorial del Sur, de la localidad mendocina de San Rafael, la presentación también solicita el freno para “la construcción de obras de arquitectura o infraestructura que pudieran afectar las zonas glaciares” y aclara que, ante la ausencia de leyes, se ve perjudicada casi la totalidad de las provincias. “No sólo son afectadas las provincias cordilleranas, donde hay glaciares y/o periglaciar saturado en hielo (glaciar de escombros que existe incluso en Tucumán), sino todas las que están aguas abajo en las cuencas hídricas”, explica el amparo, presentado el 22 de mayo último. “Además de ser importantes reservas hídricas, y que permiten la vida misma de las poblaciones circundantes, los glaciares brindan importantes servicios ambientales y productivas, por cuanto han permitido en todo el oeste del país la agricultura, la vitivinicultura, el turismo y la generación de energía eléctrica; todas ellas susceptibles de una valoración económica, que también debe ser tutelada por la ley”, explicó la abogada.
La acción judicial hace eje en la “inconstitucionalidad por omisión” en la que estaría incurriendo el Estado. “Se trata de la falta de sanción de aquellas normas constitucionales de obligatorio y concreto desarrollo”, explica la Multisectorial, y recuerda que el derecho al ambiente y al nivel de vida adecuado fue incorporado por la reforma constitucional de 1994. “Han pasado quince años sin que se dictara una normativa que establezca los presupuestos mínimos de protección de los glaciares y periglaciares”, denuncia la presentación.
Aunque también rescata la Ley de Glaciares. “Intentó subsanar la inconstitucionalidad por omisión en la que el Estado había incurrido”, afirma la ONG. La norma establecía los presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial, los entendía como reservas estratégicas de recursos hídricos y proveedores de agua de recarga de cuencas hidrográficas, definía claramente qué se entendía por glaciares y periglaciares, creaba un inventario nacional de glaciares, prohibía actividades riesgosas, establecía como obligatorio el procedimiento de evaluación de impacto ambiental y determinaba infracciones y sanciones.
La ley había contado con una elaboración participativa de organizaciones sociales, ambientalistas y ámbitos de la ciencia, como el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla, del Conicet). “En años pobres en precipitaciones de nieve en alta montaña, los glaciares aportan más del 60 por ciento del agua de los ríos de Mendoza y San Juan, son nuestra reserva de agua, la caja de ahorro para los años críticos. En el desierto cuyano, cuando escaseen las nevadas, si no tenemos enteros nuestros glaciares no habrá vida posible río abajo, ni urbana ni rural”, explicaba el director del Ianigla, Ricardo Villalba.
El amparo ante la Corte Suprema también hace hincapié en el accionar del Estado en la desprotección de los reservorios de agua. “El decreto de veto utiliza un argumento falaz. Señala la preocupación de los gobernadores de la zona cordillerana respecto de la repercusión negativa de la norma en el desarrollo económico y también apunta a la falta de un mayor debate. Hay que recordar que la ley 26.148 fue sancionada con el voto unánime de la Cámara de Diputados y el voto unánime (en general) de la Cámara de Senadores. El veto se configura como una norma regresiva, que atenta contra un derecho económico, social y cultural”, denuncia la presentación.
Acuífero Guaraní será controlado por 21 países
El Acuífero Guaraní será controlado por 21 países
Fecha de Publicación: 26/05/2009
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Nacional
Para garantizar el cuidado de los recursos naturales las Entidades Fiscalizadoras Superiores acordaron realizar una auditoría multilateral al Acuífero Guaraní. Según difundieron en un documento, están preocupados porque las perforaciones indiscriminadas para hacer termas en la Mesopotamia aumenta el riesgo de aumentar la salinidad del agua.
Las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) de 21 países latinoamericanos, europeos y asiáticos, entre ellos la Argentina, acordaron realizar una auditoría multilateral al Acuífero Guaraní para garantizar la calidad los recursos naturales de importancia global que se encuentran en el litoral sudamericano.
Cabe recordar que el Acuífero Guaraní es considerado el tercer reservorio mundial de agua dulce por su tamaño, y el primero si se tiene en cuenta la pureza del agua. Sin embargo, se encuentra en serio riesgo de aumentar su salinidad debido a las perforaciones indiscriminadas de pozos destinados al negocio de las termas en la región Mesopotámica.
Por ese motivo, la zona de Corrientes y Entre Ríos estará en la mira de los 21 países que harán la auditoría multilateral ya que son las dos provincias donde se encuentra la mayor cantidad de emprendimientos de este tipo. Si bien Corrientes, en la costa del Uruguay recién está iniciando varios estudios de factibilidad, en la vecina provincia existen hace varios años complejos termales de gran importancia para el desarrollo turístico.
En marzo de 2007 la Auditoría General de la Nación elevó un informe al Subsecretario de Recursos Hídricos que da cuenta que en el Acuífero Guaraní “están apareciendo, y especialmente en Entre Ríos, aguas del acuífero saladas; lo cual constituye un problema ambiental.”
Esto se debe, a que “cuando se empieza a explotar el agua subterránea con perforaciones, pueden aflorar manantiales y cursos de agua. Las perforaciones tienen toda una implicancia ambiental en su construcción. La mayoría de las que se realizan en el Acuífero Guaraní, no tienen una parte superior de encamisado que las aísle”, dice el documento.
En ese marco, “las EFS se comprometen dentro del marco de sus competencias al desarrollo sostenible en el sector económico, social y en especial ecológico, dado que el creciente consumo de recursos naturales y los cambios climáticos y el aumento de la pobreza ponen en peligro nuestro futuro”, según dice el convenio.
Fecha de Publicación: 26/05/2009
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Nacional
Para garantizar el cuidado de los recursos naturales las Entidades Fiscalizadoras Superiores acordaron realizar una auditoría multilateral al Acuífero Guaraní. Según difundieron en un documento, están preocupados porque las perforaciones indiscriminadas para hacer termas en la Mesopotamia aumenta el riesgo de aumentar la salinidad del agua.
Las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) de 21 países latinoamericanos, europeos y asiáticos, entre ellos la Argentina, acordaron realizar una auditoría multilateral al Acuífero Guaraní para garantizar la calidad los recursos naturales de importancia global que se encuentran en el litoral sudamericano.
Cabe recordar que el Acuífero Guaraní es considerado el tercer reservorio mundial de agua dulce por su tamaño, y el primero si se tiene en cuenta la pureza del agua. Sin embargo, se encuentra en serio riesgo de aumentar su salinidad debido a las perforaciones indiscriminadas de pozos destinados al negocio de las termas en la región Mesopotámica.
Por ese motivo, la zona de Corrientes y Entre Ríos estará en la mira de los 21 países que harán la auditoría multilateral ya que son las dos provincias donde se encuentra la mayor cantidad de emprendimientos de este tipo. Si bien Corrientes, en la costa del Uruguay recién está iniciando varios estudios de factibilidad, en la vecina provincia existen hace varios años complejos termales de gran importancia para el desarrollo turístico.
En marzo de 2007 la Auditoría General de la Nación elevó un informe al Subsecretario de Recursos Hídricos que da cuenta que en el Acuífero Guaraní “están apareciendo, y especialmente en Entre Ríos, aguas del acuífero saladas; lo cual constituye un problema ambiental.”
Esto se debe, a que “cuando se empieza a explotar el agua subterránea con perforaciones, pueden aflorar manantiales y cursos de agua. Las perforaciones tienen toda una implicancia ambiental en su construcción. La mayoría de las que se realizan en el Acuífero Guaraní, no tienen una parte superior de encamisado que las aísle”, dice el documento.
En ese marco, “las EFS se comprometen dentro del marco de sus competencias al desarrollo sostenible en el sector económico, social y en especial ecológico, dado que el creciente consumo de recursos naturales y los cambios climáticos y el aumento de la pobreza ponen en peligro nuestro futuro”, según dice el convenio.
La Ley de Glaciares llega a la Corte
La Ley de Glaciares llega a la Corte Suprema
Fecha de Publicación: 26/05/2009
Fuente: Crítica Digital
Provincia/Región: Nacional
Una ONG presentó una "acción de amparo ambiental" por la demora del Gobierno en sancionar una norma que proteja los hielos continentales.
La Asociación Multisectorial del Sur en Defensa del Desarrollo Sustentable presentó ante la Corte Suprema una "acción de amparo ambiental" contra la demora del Poder Ejecutivo en "sancionar y promulgar" la reglamentación de la ley de protección de los glaciares.
Los abogados Andrés Gil Domínguez y María Paulina Martínez, en representación de la ONG, denunciaron al Gobierno por "la omisión inconstitucional que consiste en la omisión de sancionar yo promulgar la pertinente normativa que establezca los presupuestos mínimos de protección de los glaciares y del ambiente periglacial".
La acción de amparo advierte que se trata de "reservas estratégicas de recursos hídricos y proveedores de agua de recarga de cuencas hidrográficas".
La presentación reclama el dictado de una medida cautelar de "no innovar" que ordene al Estado "que se abstenga de autorizar la realización de cualquier actividad que implique la destrucción o traslado de los glaciares y periglaciares, o bien que interfiera en su avance".
El escrito apunta esencialmente a prohibir "la liberación,dispersión o disposición de sustancias o elementos contaminantes, productos químicos o residuos de cualquier naturaleza y volumen, y la construcción de obras de arquitectura o infraestructura con excepción de aquellas necesarias para la investigación científica".
Así, se limitaría sustancialmente la "exploración y explotación minera o petrolífera" y la "instalación o desarrollo de obras o actividades industriales", sostiene la presentación.
Fecha de Publicación: 26/05/2009
Fuente: Crítica Digital
Provincia/Región: Nacional
Una ONG presentó una "acción de amparo ambiental" por la demora del Gobierno en sancionar una norma que proteja los hielos continentales.
La Asociación Multisectorial del Sur en Defensa del Desarrollo Sustentable presentó ante la Corte Suprema una "acción de amparo ambiental" contra la demora del Poder Ejecutivo en "sancionar y promulgar" la reglamentación de la ley de protección de los glaciares.
Los abogados Andrés Gil Domínguez y María Paulina Martínez, en representación de la ONG, denunciaron al Gobierno por "la omisión inconstitucional que consiste en la omisión de sancionar yo promulgar la pertinente normativa que establezca los presupuestos mínimos de protección de los glaciares y del ambiente periglacial".
La acción de amparo advierte que se trata de "reservas estratégicas de recursos hídricos y proveedores de agua de recarga de cuencas hidrográficas".
La presentación reclama el dictado de una medida cautelar de "no innovar" que ordene al Estado "que se abstenga de autorizar la realización de cualquier actividad que implique la destrucción o traslado de los glaciares y periglaciares, o bien que interfiera en su avance".
El escrito apunta esencialmente a prohibir "la liberación,dispersión o disposición de sustancias o elementos contaminantes, productos químicos o residuos de cualquier naturaleza y volumen, y la construcción de obras de arquitectura o infraestructura con excepción de aquellas necesarias para la investigación científica".
Así, se limitaría sustancialmente la "exploración y explotación minera o petrolífera" y la "instalación o desarrollo de obras o actividades industriales", sostiene la presentación.
El primer sitio Ramsar de Entre Ríos
Uribarri y Bibiloni presentan el primer sitio Ramsar de Entre Ríos
Fecha de Publicación: 26/05/2009
Fuente: Secretaría de Ambiente
Provincia/Región: Entre Ríos
El Gobernador de la provincia de Entre Ríos, Sergio Uribarri, entregará mañana al Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Homero M. Bibiloni, el documento por el cual se propone la designación de la cuenca del Arroyo El Palmar como Humedal de Importancia Internacional en el marco de la Convención de Ramsar, lo que constituye el inicio del trámite formal para que la zona se convierta en un área protegida.
El encuentro de los funcionarios tendrá lugar a las 12 en el Hotel Quirinale, sito en Avenida Quiroz y Noalles, de la ciudad de Colón, oportunidad en la que también estarán presentes los Presidentes Municipales de Gualeguaychú, Juan José Bahillo y de Colón, Hugo José María Marsó y el Secretario de Medio Ambiente de Entre Ríos, Fernando Raffo.
La cuenca del Arroyo El Palmar, que a propuesta del gobierno entrerriano se convertirá en el primer sitio Ramsar de esa provincia, abarca unas 25.000 hectáreas correspondientes a la cuenca baja, nucleando al Parque Nacional El Palmar, la reserva privada La Aurora del Palmar y la población de Arroyo Barú y Ubajay.
Dado el carácter federal de nuestro país, la designación de humedales para la Lista de Ramsar se propone en base a la solicitud formal de las autoridades provinciales competentes, etapa que se iniciará con la presentación del gobierno entrerriano.
El siguiente paso corresponde a la cartera a cargo de Bibiloni, que es la encargada de remitir la solicitud a la Secretaría de Ramsar –con sede en Suiza– a fin de que se incorpore formalmente el sitio a la Lista de Ramsar.
Los humedales de la cuenca de los arroyos El Palmar y Barú, así como la Laguna Mala, son de vital importancia para las comunidades locales debido a los servicios ambientales que brindan y al papel que cumplen en la regulación hídrica, por lo que su protección es fundamental para el desarrollo sustentable de la zona.
La flora del lugar cuenta con palmares de Yatay y bosque ripario; la fauna, de gran importancia para la conservación, incluye desde grandes mamíferos como los carpinchos hasta más de 200 especies de aves como el capuchino de collar, una especie rara y amenazada. Además, se destacan la vizcacha, zorro de monte, mulita grande, tuco de collar, lobito de río, gato de pajonal, gato montés y el yaguarundí, además de distintas especies reptiles y anfibios y una rica fauna ictícola.
La importancia de los humedales
La protección y uso racional de humedales en el ámbito internacional fue acordado en la Convención sobre los Humedales, el 2 de febrero de 1971 en la ciudad iraní de Ramsar, (http://www.ramsar.org/), y en la actualidad tiene más de 145 países adheridos. Uno de los pilares de la Convención de Ramsar es la Lista de Humedales de Importancia Internacional.
La Argentina aprobó la Convención sobre los Humedales en el año 1991 a través de la sanción de la Ley 23.919. En 1993, se creó el Comité Nacional Ramsar para coordinar y asesorar en relación a la aplicación de la Convención sobre los Humedales en nuestro país. Actualmente, el país cuenta con dieciocho sitios incluidos en la Lista de Humedales de Importancia Internacional que totalizan una superficie de 4.090.312 hectáreas.
Ellos son: Laguna de los Pozuelos (Jujuy), Parque Nacional Río Pilcomayo (Formosa), Laguna Blanca (Neuquén), Reserva Costa Atlántica Tierra del Fuego, Reserva Provincial Laguna de Llancanelo (Mendoza), Bahía de Samborombón (Buenos Aires), Lagunas de Guanacache, Desaguadero y Del Bebedero (Mendoza, San Juan y San Luis), Lagunas de Vilama (Jujuy), Jaaukanigás (Santa Fé), Lagunas y Esteros del Iberá (Corrientes), Bañados del Rio Dulce y Laguna de Mar Chiquita (Córdoba), Refugio Provincial Laguna Brava (La Rioja), Humedales Chaco (Chaco), Reserva Ecológica Costanera Sur (Ciudad A. de Buenos Aires) Parque Provincial El Tromen (Neuquén), Reserva Natural Otamendi (Buenos Aires), Humedal Laguna Melincué (Santa Fe) y Lagunas Puneñas y Altoandinas de Catamarca.
Fecha de Publicación: 26/05/2009
Fuente: Secretaría de Ambiente
Provincia/Región: Entre Ríos
El Gobernador de la provincia de Entre Ríos, Sergio Uribarri, entregará mañana al Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Homero M. Bibiloni, el documento por el cual se propone la designación de la cuenca del Arroyo El Palmar como Humedal de Importancia Internacional en el marco de la Convención de Ramsar, lo que constituye el inicio del trámite formal para que la zona se convierta en un área protegida.
El encuentro de los funcionarios tendrá lugar a las 12 en el Hotel Quirinale, sito en Avenida Quiroz y Noalles, de la ciudad de Colón, oportunidad en la que también estarán presentes los Presidentes Municipales de Gualeguaychú, Juan José Bahillo y de Colón, Hugo José María Marsó y el Secretario de Medio Ambiente de Entre Ríos, Fernando Raffo.
La cuenca del Arroyo El Palmar, que a propuesta del gobierno entrerriano se convertirá en el primer sitio Ramsar de esa provincia, abarca unas 25.000 hectáreas correspondientes a la cuenca baja, nucleando al Parque Nacional El Palmar, la reserva privada La Aurora del Palmar y la población de Arroyo Barú y Ubajay.
Dado el carácter federal de nuestro país, la designación de humedales para la Lista de Ramsar se propone en base a la solicitud formal de las autoridades provinciales competentes, etapa que se iniciará con la presentación del gobierno entrerriano.
El siguiente paso corresponde a la cartera a cargo de Bibiloni, que es la encargada de remitir la solicitud a la Secretaría de Ramsar –con sede en Suiza– a fin de que se incorpore formalmente el sitio a la Lista de Ramsar.
Los humedales de la cuenca de los arroyos El Palmar y Barú, así como la Laguna Mala, son de vital importancia para las comunidades locales debido a los servicios ambientales que brindan y al papel que cumplen en la regulación hídrica, por lo que su protección es fundamental para el desarrollo sustentable de la zona.
La flora del lugar cuenta con palmares de Yatay y bosque ripario; la fauna, de gran importancia para la conservación, incluye desde grandes mamíferos como los carpinchos hasta más de 200 especies de aves como el capuchino de collar, una especie rara y amenazada. Además, se destacan la vizcacha, zorro de monte, mulita grande, tuco de collar, lobito de río, gato de pajonal, gato montés y el yaguarundí, además de distintas especies reptiles y anfibios y una rica fauna ictícola.
La importancia de los humedales
La protección y uso racional de humedales en el ámbito internacional fue acordado en la Convención sobre los Humedales, el 2 de febrero de 1971 en la ciudad iraní de Ramsar, (http://www.ramsar.org/), y en la actualidad tiene más de 145 países adheridos. Uno de los pilares de la Convención de Ramsar es la Lista de Humedales de Importancia Internacional.
La Argentina aprobó la Convención sobre los Humedales en el año 1991 a través de la sanción de la Ley 23.919. En 1993, se creó el Comité Nacional Ramsar para coordinar y asesorar en relación a la aplicación de la Convención sobre los Humedales en nuestro país. Actualmente, el país cuenta con dieciocho sitios incluidos en la Lista de Humedales de Importancia Internacional que totalizan una superficie de 4.090.312 hectáreas.
Ellos son: Laguna de los Pozuelos (Jujuy), Parque Nacional Río Pilcomayo (Formosa), Laguna Blanca (Neuquén), Reserva Costa Atlántica Tierra del Fuego, Reserva Provincial Laguna de Llancanelo (Mendoza), Bahía de Samborombón (Buenos Aires), Lagunas de Guanacache, Desaguadero y Del Bebedero (Mendoza, San Juan y San Luis), Lagunas de Vilama (Jujuy), Jaaukanigás (Santa Fé), Lagunas y Esteros del Iberá (Corrientes), Bañados del Rio Dulce y Laguna de Mar Chiquita (Córdoba), Refugio Provincial Laguna Brava (La Rioja), Humedales Chaco (Chaco), Reserva Ecológica Costanera Sur (Ciudad A. de Buenos Aires) Parque Provincial El Tromen (Neuquén), Reserva Natural Otamendi (Buenos Aires), Humedal Laguna Melincué (Santa Fe) y Lagunas Puneñas y Altoandinas de Catamarca.
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